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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 250, de 08/05/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 250
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 241
celebrada el jueves, 8 de mayo de 2003


ORDEN DEL DÍA: Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica. ("BOE" núm. 100, de 26 de abril de 2003.) (Número de expediente 130/000037.) ... (Página 12839)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-1, de 21 de junio de 2002. (Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 99-2, de 11 de julio de 2002.) (Número de expediente 121/000099.) ... (Página 12860)

- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 121-1, de 22 de noviembre de 2002. (Número de expediente 121/000121.) ... (Página 12864)

Página 12838


Propuestas de Resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2001:

- Propuestas de Resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2001. (Número de expediente 245/000004.) ... (Página 12873)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 12839)

Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica ... (Página 12839)

Presenta el Real Decreto-ley el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) Tras agradecer a Convergència i Unión y a Coalición Canaria su apoyo y colaboración, pasa a explicar el conjunto de medidas dirigidas a amplios sectores sociales y productivos de la economía española, con el objetivo de mejorar las posibilidades de la economía y mantener un crecimiento por encima de la media europea e impulsar, por tanto, la convergencia real, haciéndolo en un contexto internacional especialmente significativo y complejo, que viene evolucionando durante las últimas semanas de una manera positiva, tanto desde el punto de vista del crecimiento interno -especialmente intenso en la creación de empleo, y de empleo estable- como en comparación con los demás países de la OCDE y, en especial, con el resto de países de la Unión Europea.


En turno en contra interviene el señor Sevilla Segura, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que el Grupo Socialista no está satisfecho con un crecimiento del 2 por ciento de la economía, aunque se congratula de que crezcamos más que la media de la Unión Europea, porque considera que es un crecimiento poco sólido, basado en la especulación inmobiliaria, en el endeudamiento de las familias y en la subvención implícita que significa la política monetaria del Banco Central Europeo para un país en el que el Gobierno no es capaz de controlar la inflación.
También se congratula de cualquier descenso del paro que se produzca en España, pero sospecha que éste se debe a una manipulación estadística de las cifras que el Gobierno publica. A continuación hace una crítica de las medidas contenidas en el real decreto-ley y una serie de preguntas también sobre las rectificaciones que ha sufrido el real decreto-ley que fue aprobado el 25 de abril.


En turno a favor de la convalidación interviene el señor Martínez-Pujalte López, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Utiliza el turno a favor porque entiende su grupo que se está convalidando un decreto-ley que contiene medidas muy importantes de impulso al tejido productivo y que, además, va a ayudar a millones de pequeños empresarios, de autónomos, a millones de familias españolas que han suscrito hipotecas y va a garantizar crecimiento y empleo. Anuncia que el Grupo Popular va a pedir la tramitación de este decreto-ley como proyecto de ley y muestra su buena disposición al diálogo, pero no a las imposiciones que vengan del Grupo Socialista. Defiende la política económica del Gobierno y el equilibrio presupuestario, que conduce, dice, al crecimiento y al empleo, y critica la política de gasto público, propugnada por los socialistas, que tan malos resultados está dando en Europa.


Replica el señor Sevilla Segura, y duplica el señor Martínez-Pujalte López.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Declaración institucional ... (Página 12859)

La Presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de una declaración institucional en contra del asesinato brutal por las FARC de Colombia de diez personas que se hallaban secuestradas en su poder, entre las que se encontraban representantes democráticamente elegidos, junto con otros civiles y militares comprometidos en la defensa de la paz, que es aprobada por asentimiento.


Página 12839


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Continuación.) ...
(Página 12859)

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decereto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, se aprueba por 153 votos a favor, 101 en contra y siete abstenciones.


Sometida a continuación a votación la tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado, se aprueba por 261 votos a favor y uno en contra.


Enmiendas del Senado ... (Página 12860)

Proyecto de Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas ... (Página 12860)

En turno de fijación de posiciones con respecto a las enmiendas del Senado a este proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y López-Amor García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado, que son aprobadas.


Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ...
(Página 12864)

En turno de fijación de posiciones con respecto a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A continuación se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/19981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que son aprobadas.


Propuestas de resolución relativas a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente a 2001 ... (Página 12873)

Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia correspondiente al año 2001 ... (Página 12873)

En defensa de las propuestas de resolución intervienen el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; la señora López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas a las propuestas de resolución intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Finalmente se someten a votación las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Catalán (Convergència i Unió).


Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 2/2003, DE 25 DE ABRIL, DE MEDIDAS DE REFORMA ECONÓMICA. (Número de expediente 130/000037.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que ocupen sus escaños. Se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica.


Para la presentación del real decreto-ley tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Buenos días, señora presidenta.


Señorías, es para mí un honor tener la oportunidad de presentar ante la Cámara, para su convalidación, el real decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del mes de abril, el pasado día 25, y agradezco -para comenzar- el respaldo público que las medidas que el mismo contiene han obtenido ya de varios grupos parlamentarios, en concreto, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, con los que -junto con otros- hemos colaborado especialmente a lo largo de esta legislatura y de la anterior en la elaboración de medidas económicas que han precedido a las que contiene este real decreto-ley.


Este real decreto-ley contiene un conjunto de medidas dirigidas a amplios sectores sociales y productivos de la economía española y su objetivo es sin duda mejorar las posibilidades de nuestra economía, mantener un crecimiento por encima de la media europea e impulsar por tanto lo que llamamos convergencia real, haciéndolo en un contexto internacional especialmente significativo y complejo, que está evolucionando durante las últimas semanas en una dirección que me gustaría mencionar a la Cámara. En cualquier caso es indudable que la economía española, durante el ejercicio de 2002 y lo que va del primer cuatrimestre de 2003, está teniendo una situación positiva, tanto desde el punto de vista del crecimiento interno -especialmente intenso en la creación de empleo, y de empleo estable- como en comparación con los demás países de la OCDE, en especial, con los países de la Unión Europea. Todo parece apuntar a que, en 2003, España volverá a crecer significativamente por encima de la media europea y que lo hará además con una creación de empleo muy superior también a la media europea. El objetivo, compartido por esta Cámara, de acelerar nuestra convergencia real volverá a ser una realidad en 2003, que será el séptimo año de crecimiento sostenido, con una clara disminución de los desequilibrios de precios y de nuestro diferencial de precios con la Unión Europea y el mantenimiento de una política de equilibrio presupuestario.


En este contexto, el decreto-ley que hoy tengo el honor de presentar ante la Cámara no supone, como decretos-leyes que este Gobierno y otros se vieron obligados a presentar ante el Parlamento en momentos de crisis internacional, una búsqueda de recobrar un equilibrio macroeconómico, que por otra parte España mantiene de manera muy clara, sino que supone una serie de medidas microeconómicas dirigidas a sectores que el Gobierno entiende que tienen un largo recorrido, desde el punto de vista de su capacidad para aumentar el crecimiento de la economía española y especialmente mejorar las expectativas como son la empleabilidad de las mujeres, la estabilidad de los autónomos y su confianza en nuestro sistema de protección social, mejorar y ampliar las posibilidades del sector de la construcción, dirigido a viviendas en alquiler, y robustecer los mecanismos de financiación de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Vuelvo a subrayar que no estamos ante un intento por parte de este Gobierno de buscar un equilibrio macroeconómico, ya conseguido a través de la política macroeconómica en los últimos años, que insisto de nuevo en que tendrá una mejora importante a lo largo del año 2003 en el frente de la inflación, sino de garantizar que se prolongue en el tiempo más allá de este año un crecimiento diferencial por encima de la media europea intenso en empleo.


Muchas de las medidas que contiene este decreto-ley van a tener un efecto muy importante, en opinión del Gobierno, sobre las expectativas de amplios colectivos de la sociedad española, porque desde el punto de vista financiero y fiscal el Gobierno ya había puesto en marcha poderosas medidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que entraron en vigor el 1 de enero de 2003, después de su preceptiva aprobación por esta Cámara. La búsqueda de esa continuidad de crecimiento de la economía española pasa en gran parte, en opinión del Gobierno y creo que podemos compartirla con todos los grupos, por una mayor y más intensa incorporación de la mujer al mercado laboral. Continúa siendo uno de los ejes de nuestra política social, creo que compartida, aunque no tenga por qué serlo, en las medidas, pero sí en el objetivo, por todos los grupos de la Cámara. No en balde en todas las comunidades autónomas españolas la diferencia de empleo entre mujeres y hombres continúa siendo significativa. También consolidar un sector esencial para la economía española como es el de la construcción, que ha tenido una fase expansiva muy larga, y hacerlo en una vertiente o en un aspecto que ha eludido una gran parte de la actividad constructora de nuestro país como es el negocio de la vivienda en alquiler, y sin duda buscar nuevos incentivos y mejores situaciones financieras y tributarias para las pequeñas empresas y para los emprendedores. Todo ello en un marco de cierre de nuestro proceso de protección social para los trabajadores por cuenta propia.
Quisiera subrayar por tanto que el Gobierno entiende la necesidad de utilizar la figura del decreto-ley dentro de la doctrina del Tribunal Constitucional, que lo considera, en una sentencia de hace ya 20 años, del año 1983, como -leo textualmente- un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual.


¿Cuáles son esos cambios que se están produciendo? Sus señorías podrán coincidir conmigo en que a partir de finales de marzo se han producido dos hechos muy importantes en el contexto de la economía mundial y esto es especialmente relevante para la economía española habida cuenta de que, como ha puesto de manifiesto recientemente el Banco de España pero también

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otras instituciones públicas y privadas, el crecimiento interno de nuestra economía es suficientemente robusto, siendo necesario un nuevo impulso en el sector exterior, que como es natural no depende exclusivamente de nosotros, para que la economía española vuelva a crecer a tasas de crecimiento potencial, en el entorno, según los expertos, del 3 por ciento. En ese sentido y en opinión del Gobierno, a finales de marzo se producen dos cambios muy importantes en el entorno internacional. El primero viene marcado por un cambio de tendencia sostenido ya durante más de un mes de los mercados de capitales. Como saben SS.SS., con datos del 6 de mayo todos los índices bursátiles más importantes de Europa (Ibex, índices de Francfurt, Londres, Milán, por mencionar sólo algunos) han tenido crecimientos importantes respecto a sus cotizaciones de fin de año, cambiando una tendencia que se había mantenido en los últimos 24 meses de reducción de los índices bursátiles. No sólo es que los mercados de capitales tengan una incidencia sobre la riqueza de las familias, que sin duda la tienen, sino que además marcan un cambio de expectativas que indicaría una confianza por parte de los inversores internacionales en que la fase más tenue del crecimiento del comercio mundial habría tocado fondo y estaríamos empezando a percibir una recuperación. Los datos de producción industrial conocidos esta semana en España apuntarían también en la misma dirección. Por tanto, el Gobierno entiende que hay un estable cambio de las expectativas a nivel internacional.


El segundo hecho que el Gobierno entiende de relevancia de la economía mundial es el cambio de tendencia del precio del petróleo, que ha vuelto a los niveles del otoño, en el entorno de los 23/24 dólares el barril, con una incidencia indudable sobre las posibilidades de crecimiento de todos los países, especialmente de los países desarrollados, entre los cuales se encuentra el nuestro.


Como he puesto de manifiesto en la presentación del decreto-ley después del Consejo de Ministros, las medidas que en él se contienen no son medidas improvisadas, sino que son fruto de un largo trabajo por parte de los equipos económicos del Gobierno (de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos) y han sido discutidas ampliamente con sectores sociales para su mejor instrumentación en beneficio de todos los españoles. Quiero también significar que prácticamente todas las medidas que el decreto-ley contiene son medidas que profundizan políticas que el Gobierno ya está realizando -políticas de mejora de la empleabilidad de las mujeres, políticas de mejora de fiscalidad de las pymes, políticas de mejora de la protección social de los autónomos- y que han dado muy buenos resultados en cuanto a la consecución de una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, un mayor dinamismo de nuestras pequeñas empresas, manifestado, por ejemplo, en la creación de empleo, y también sin duda una mejor respuesta por parte de los autónomos en sus expectativas sobre su futuro económico y social. Como no puede ser de otra manera y siendo ésta una decisión de la Cámara en la que el Gobierno no tiene por qué influir, si SS.SS. deciden una posible tramitación como ley ordinaria de este decreto-ley tendremos ocasión de poder discutir las medidas concretas con los grupos parlamentarios. Ha habido una predisposición al diálogo político por parte del Gobierno con los grupos parlamentarios que he mencionado, a los que una vez más quiero agradecer su colaboración, Coalición Canaria y Convergència i Unió, así como con el resto de los grupos de la Cámara, con los que esperamos perfeccionar las medidas que el Gobierno plantea.


Señora presidenta, señorías, paso ya a analizar las medidas que contiene el real decreto-ley que tengo el honor de presentar. Creo que todas ellas persiguen el objetivo común de, a través de una mayor profundidad en el proceso de reformas iniciado por el Partido Popular y otros grupos parlamentarios hace siete años, conseguir que se mantengan y se incrementen las posibilidades de una convergencia real sostenida en el tiempo, que también ha sido una realidad durante estos siete años. Si me lo permiten, dividiría el decreto en tres grandes bloques: medidas sociales y de fomento del empleo, medidas de promoción de acceso a la vivienda y medidas dirigidas al fomento de la inversión empresarial.
Comenzaré por las primeras, señora presidenta.


Las medidas sociales y de fomento del empleo se dirigen a colectivos como las mujeres, jóvenes, discapacitados y en general a los trabajadores autónomos, a los trabajadores por cuenta propia. El objetivo que persiguen estas medidas es remover los obstáculos que impiden la plena integración de la mujer en el mercado laboral, especialmente durante los años de mayor fertilidad de las mujeres, que las estadísticas indican que tiene un efecto indudable en su tasa de actividad. Es bueno recordar que la tasa de actividad femenina cae 10 puntos entre los 29 y los 39 años en nuestro país; por tanto nos parece indudable que profundizar en la compatibilidad de la vida laboral y familiar continúa siendo un objetivo imprescindible de la política social y de la política económica española.
Al mismo tiempo, las medidas sociales y de fomento que contiene el real decreto-ley buscan facilitar la incorporación al empleo de los jóvenes y mejorar las prestaciones sociales de los trabajadores por cuenta propia.
En concreto, mediante el establecimiento de bonificaciones empresariales de la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporen a la vida laboral después de la maternidad, se crearán, en nuestra opinión y según los cálculos del Ministerio de Trabajo, en torno a 17.000 nuevos empleos anuales, lo cual va a beneficiar a un conjunto de unas 200.000 mujeres.
Como saben SS.SS., se produce una bonificación del cien por cien de la cuota de la Seguridad Social durante 12 meses para las mujeres que hayan tenido hijos en los últimos 24 meses y además esa bonificación se extiende a 18 meses si va acompañada de una transformación de un contrato temporal

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en uno fijo; también se incluyen en el mismo paquete bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social para la contratación de mujeres discapacitadas, siendo ésta del 90 por ciento cuando la mujer sea mayor de 45 años y del 80 por ciento por debajo de esa edad.


En esta misma línea, señorías, se flexibilizan los requisitos vigentes hasta la fecha para la capitalización de las prestaciones por desempleo por incorporación como socio de una cooperativa de los trabajadores de la misma, fomentando con ello la incorporación de desempleados a estas entidades en el entorno de la economía social. En el mismo marco todavía de este primer paquete de medidas sociales, se procede a incrementar las prestaciones sociales de los autónomos. En concreto, a través de esta reforma, se reduce durante tres años la base mínima de cotización hasta un 75 por ciento a los menores de 30 años y a las mujeres de 45 años que se reincorporen al régimen social de trabajadores por cuenta propia. El Gobierno estima que esta medida afectará en los próximos tres años a unos 400.000 jóvenes y a cerca de 100.000 mujeres mayores de 45 años. Asimismo se amplía la cobertura por incapacidad temporal de contingencias comunes para los trabajadores autónomos, que cobrarán desde el cuarto día en vez de desde el decimosexto, como se estaba produciendo hasta la fecha; a su vez, se plantea la percepción desde el primer día por prestación de contingencias profesionales. Son estas dos medidas que afectarán a un colectivo de aproximadamente tres millones de trabajadores autónomos en España.


Otros aspectos que me gustaría significar en esta parte de medidas sociales del decreto se refieren a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social para los afiliados de más de 65 años de los regímenes especiales agrario y de trabajadores del mar, que afecta a 18.000 trabajadores, pero que además supone, como saben SS.SS., permitir que los trabajadores de estos regímenes especiales, de más de 65 años, tengan las mismas condiciones que los trabajadores del régimen general, en cuanto a la posibilidad de seguir trabajando sin tener que cotizar, beneficiarse al mismo tiempo de una mejora de sus prestaciones por pensiones y mantener sus prestaciones por incapacidad temporal. También -y creo que esta es una medida muy importante desde el punto de vista cualitativo y que afecta a un colectivo muy específico como es el de las mujeres rurales- se suprimen las limitaciones que existían hasta ahora en materia de rendimientos para la incorporación de la mujer del medio rural al régimen especial agrario. Se establece la posibilidad de que estas mujeres puedan cotizar, entendiendo que la definición de su relación con el trabajo de su marido en labores rurales o agrícolas queda completamente simplificada, lo cual permite a unas 18.000 mujeres que puedan tener pensiones y que puedan estar cubiertas ante enfermedades profesionales y por el régimen de incapacidad temporal. Creo que aquí se produce una mejora social muy importante en un colectivo muy concreto, pero que sin duda tenía la necesidad de poder estar cubierto por un sistema de protección social.


No menos importante es la posibilidad de acumular cotizaciones superpuestas en diferentes regímenes para la determinación de la base reguladora de las pensiones de Seguridad Social. Esto afecta a colectivos muy concretos, como pueden ser los funcionarios que tienen la capacidad de compatibilizar su régimen de funcionarios con trabajos en el sector privado -los trabajadores del sector sanitario serían un buen ejemplo- y también profesionales de todo tipo, como muchos de medios de comunicación, que hasta ahora no tenían la posibilidad de compatibilizar sus varias cotizaciones al régimen de la Seguridad Social y que esto tuviera influencia sobre la base reguladora de sus futuras pensiones.


Con respecto a los trabajadores agrarios por cuenta propia, quisiera subrayar que el Gobierno plantea el seguimiento de la recomendación sexta del Pacto de Toledo, respaldado por esta Cámara, y también lo dispuesto textualmente en el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social que firmó el Gobierno con empresarios y sindicatos en el año 2001. Quiero agradecer -entonces lo hicimos y lo volvemos a hacer ahora- el respaldo de todos los grupos de la Cámara así como de los agentes sociales en la concreción de estas medidas en el año 2001 y manifestar la satisfacción del Gobierno por poder proponer a la Cámara su cumplimiento en estos momentos, lo que supone sin duda una homogeneización de nuestro sistema público de pensiones. Como SS.SS.
probablemente saben, esta reforma va a suponer un notable incremento de las prestaciones que van a recibir los trabajadores agrarios por cuenta propia, que a partir de febrero de 2004 tendrán aumentos en el entorno del 26 por ciento, y aumentos también considerables del 68 por ciento para los trabajadores autónomos agrarios en la cobertura de incapacidad temporal. A partir de febrero del año 2004 tendrán estos beneficios y sin embargo sus aportaciones se harán en una escala de 15 años, siendo el primero el próximo ejercicio, en el que el promedio estará en el entorno de un incremento de aportaciones de 11 euros mensuales. Pongo un ejemplo para la Cámara, que seguramente podrán completar sus señorías. Un trabajador autónomo del campo que se jubilara en el año 2009, con el sistema que ha estado en vigor hasta la aprobación de este decreto ley, percibiría una pensión de aproximadamente 501 euros al mes, mientras que ese mismo trabajador con el nuevo sistema va a percibir una pensión de 545 euros; una diferencia en pesetas antiguas de 7.400 mensuales a percibir durante un periodo de 20 años. Hay por tanto un cambio cuantitativo y cualitativo muy importante en la protección de los trabajadores agrícolas por cuenta propia, que supone, en opinión del Gobierno, la homogeneización

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del cierre de nuestro sistema público de pensiones y un cumplimiento más del Pacto de Toledo, con el que este Gobierno, como el resto de la Cámara, está comprometido. Quiero subrayar que, siguiendo el principio de contributividad, la reforma establece un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes a partir de 2004 pero durante un periodo escalonado de 15 años, aunque las percepciones se puedan recibir totalmente desde el primer año, y, como decía, con un aumento de las cuotas en el primer año del ejercicio 2004 de unos 11 euros mensuales.


Señora presidenta, señorías, paso a mencionar las medidas de promoción de acceso a la vivienda, que tienen por destinatarios sin duda al conjunto de la sociedad española, también al sector de la construcción en nuestro país, pero especialmente a aquellos colectivos que todavía ven insatisfechas sus necesidades de vivienda, en parte como consecuencia de un debate más amplio, que es el del encarecimiento de las viviendas en nuestro país, y también como consecuencia de un hecho que la Cámara conoce muy bien y es la falta de dinamismo del sector de vivienda en alquiler en nuestro país. Baste recordar un solo dato. Entre el año 1982 y 2002 se ha reducido el número de viviendas en alquiler en España en números absolutos, lo cual es muy significativo teniendo en cuenta el importante incremento del parque de viviendas construidas en ese dilatado periodo de tiempo. Los objetivos que contiene el real decreto son tres: incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles para todos los ciudadanos, incentivando un marco fiscal, creemos que muy beneficioso, para la creación de sociedades específicas que gestionen la puesta en alquiler en inmuebles con unas determinadas condiciones. Si estas son cumplidas, el real decreto establece tipos efectivos del 5 por ciento y del 1 por ciento en el impuesto sobre sociedades, dependiendo del cumplimiento total de las condiciones, y del 4 por ciento en el impuesto sobre el valor añadido cuando dichas sociedades adquieran inmuebles para ponerlos en alquiler.


El Gobierno entiende que estas medidas contienen unas determinadas condiciones que me gustaría repasar ante la Cámara. Por un lado, estamos hablando de sociedades que se dediquen en exclusiva al alquiler de viviendas. En segundo lugar, tienen que ser sociedades que al menos pongan en el mercado 10 viviendas. En tercer lugar, esas viviendas tienen que ser iguales o inferiores a 110 metros cuadrados. En cuarto lugar, un tercio de los contratos de alquiler tienen que ofrecer una cláusula de opción de compra. Y en quinto lugar, los alquileres tienen que ser inferiores a la evolución del índice real de precios al consumo menos un 0,75. Si se reúnen todas esas condiciones, se puede tener una tributación efectiva del 5 por ciento del impuesto sobre sociedades y de las plusvalías, que llegaría a reducirse hasta el 1 por ciento si además los contratos de alquiler están topados por las reglas de las viviendas de protección oficial y por cada contrato que contenga cláusulas de opción de compra en beneficio del inquilino. Las previsiones del Gobierno son que esta medida puede aumentar el parque de viviendas en alquiler en 100.000 viviendas en los próximos tres años, entendiendo que estas viviendas en el mercado pueden sin duda beneficiar a los colectivos que hoy tienen mayores dificultades para encontrar viviendas, especialmente en alquiler. No quiero dejar de subrayar ante la Cámara que esta no es una medida aislada, sino que viene a completar un paquete importante de medidas desde el punto de vista político y tributario contenidas en el acuerdo político entre el Gobierno y los grupos PNV, Convergència i Unió, Coalición Canaria y Popular con las comunidades autónomas de las que son responsables, para agilizar los trámites urbanísticos y también tener una política de suelo público, así como las medidas tributarias contenidas en la última reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que permiten reducir en un 50 por ciento el efecto fiscal que puedan tener los ingresos para las personas físicas del alquiler de viviendas.


En este mismo paquete dirigido a la vivienda en estos momentos el Ministerio de Justicia está ultimando una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aumentar la seguridad jurídica de los arrendadores en los procedimientos por falta de pago, que entendemos que va a ir en la dirección de reducir los plazos para la ejecución de los desahucios y también para las posibilidades que tienen los arrendatarios de enervar la acción de desahucio depositando las deudas contraídas en el juzgado. En cualquier caso, estas medidas que formarán parte de este paquete serán propuestas a la Cámara por el Ministerio de Justicia o en su caso por los grupos parlamentarios que quieran hacerlo, necesitando, en el caso de ser instadas por el Gobierno, el informe preceptivo del Consejo de Estado que el Ministerio de Justicia planteará. Asimismo, en este mismo paquete de medidas dirigidas a la vivienda me gustaría subrayar las políticas para abaratar la subrogación y novación de los créditos hipotecarios reduciendo los costes, lo cual debe permitir a las familias españolas contar con más instrumentos de cobertura en un marco en el que pudieran evolucionar los tipos de interés al alza. Bien es cierto que en estos momentos vivimos una situación extraordinariamente beneficiosa para los que demandan créditos y créditos hipotecarios, como lo indica el crecimiento muy importante de los créditos hipotecarios en nuestro país. Como saben SS.SS., en el último ejercicio se suscribieron en España 728.900 créditos hipotecarios, manteniéndose un ritmo muy importante de crecimiento de los mismos, que continúa a lo largo del primer cuatrimestre del año 2003 y que sin duda está motivado por una serie de razones, entre ellas la situación de muy bajos tipos de interés, del Mibor y del Euribor. El Gobierno vuelve a aprovechar esta ocasión para subrayar que las familias y el resto de los ciudadanos,

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pero especialmente las familias, deben tener en cuenta que esa evolución de los tipos de interés está en estos momentos en su nivel probablemente más bajo.


Por último, el tercer grupo de medidas serían aquellas que podríamos denominar medidas dirigidas al fomento de la inversión empresarial. En este ámbito tiene cabida un amplio abanico de actuaciones de carácter tanto general como sectorial. La finalidad de estas medidas, señora presidenta, señorías, es mejorar las condiciones en que se desarrollan las decisiones de inversión. Creo que todos los grupos de la Cámara podemos coincidir en que la clave de la recuperación económica, no sólo en España, sino en el conjunto de los países de la OCDE, estriba en la recuperación de la inversión empresarial. Desde luego, en España ese no es un problema desde el punto de vista de la inversión en construcción, pero sí es más tenue la situación de la inversión en bienes de equipo, que sin duda ha tenido una evolución positiva en los últimos meses y que continúa a lo largo de estas últimas semanas, como indica el último índice de producción industrial. El Gobierno entiende que debe ser afianzada, especialmente en un momento de cambio de expectativas como el que se está produciendo en la economía mundial. En ese sentido, se contienen varias medidas. En primer lugar, la puesta en marcha de una cuenta ahorro empresa, con un tratamiento fiscal similar al de la cuenta ahorro vivienda y establecida con la finalidad de incentivar la generación de actividades productivas mediante la creación de un marco fiscal favorable que, como SS.SS. saben, supone una reducción de un máximo de un 15 por ciento para cantidades que no pueden superar los 9.000 euros anuales durante un período de 4 años y que en un período subsiguiente debe dar lugar a la creación de una empresa, con la fórmula societaria establecida en la nueva empresa, que esta Cámara conoce muy bien, que debe contar con un local, con un empleado al menos y mantenerse durante un período de dos años como mínimo. Según nuestros cálculos estaríamos hablando de un incentivo que afectaría a unos 190.000 nuevos empresarios anualmente. En segundo lugar -en opinión del Gobierno es muy significativa, puede introducir aproximadamente 275 millones de euros en mejora de liquidez de las empresas españolas-, planteamos una modificación de los coeficientes de amortización multiplicándolos por un índice corrector de 1,1, que va a suponer un efecto muy positivo para las empresas y para los contribuyentes que declaran ingresos por actividades económicas. Estamos hablando aproximadamente, entre unos y otros, de más de 3.600.000 sujetos del impuesto sobre sociedades, lo que va a suponer en un período de tres años una mejora de liquidez -como he dicho- de 275 millones de euros. En tercer lugar, y dentro de este paquete para mejorar las condiciones que desarrollan las decisiones de inversión, hay un incremento en la transparencia de los procesos de concentración empresarial estableciendo que se hagan públicos, previamente a la decisión del Consejo de Ministros, los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia, porque los informes del Servicio de Defensa de la Competencia en cuanto se remiten al Tribunal ya son públicos. También hay un incremento del umbral de facturación en la aplicación del régimen especial del impuesto sobre sociedades del 30 por ciento, en vez del 35 por ciento, para las pequeñas empresas elevándolo de 5 a 6 millones de euros en facturación anual.


En medidas más concretas, hay mejoras del acceso de los discapacitados a la sociedad de la información; se incentiva la inversión destinada al aprovechamiento de fuentes de energías renovables, aplicando la deducción del 10 por ciento de la cuota íntegra del impuesto sobre sociedades para las pymes por adquisición de bienes de equipo material destinado a esta finalidad, no sólo a las pequeñas empresas, sino a todas las empresas, por tanto, la puesta en marcha de esta medida pretende incrementar la demanda de estas instalaciones de energía renovables y también hay una medida destinada al fomento de la inversión y de los sistemas de aprovechamiento de energía solar para autoconsumo, permitiendo a los ayuntamientos conceder bonificaciones de hasta un 50 por ciento en el impuesto sobre bienes inmuebles.


Igualmente, aunque no formen parte de este decreto, existen medidas que van en reales decretos que me gustaría mencionar. Por un lado, las que se refieren a la participación de las mutuas de accidentes de trabajo en el sistema de control de los accidentes de los supuestos de incapacidad del régimen especial de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia; la aplicación del régimen simplificado de contabilidad para facilitar el cumplimiento de las obligaciones contables a las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas que tienen facturaciones inferiores a 6 millones de euros, y la sustitución de registrador en el plazo de 10 días, si no se ha producido la inscripción en el registro solicitada por la empresa o por el ciudadano y el procedimiento de sustitución del registrador sin coste alguno para la persona física o jurídica que solicite la inscripción en el Registro Mercantil.


Desde el punto de vista del coste de estas medidas el Gobierno ha evaluado una previsión de aproximadamente unos 600 millones de euros en un plazo de tres años, sin tener en cuenta los efectos dinamizadores de estas medidas, que sin duda reducirán esta cantidad, puesto que hemos tenido experiencias previas. Quiero recordar a la Cámara que desde junio del año 1996 el Gobierno, con el apoyo de los grupos parlamentarios que también nos apoyan en estas medidas, ha puesto en marcha medidas similares, por ejemplo, las que afectaban a las amortizaciones de los activos de las empresas, que han tenido costes muy inferiores a los que inicialmente se podían prever. En cualquier caso, señora presidenta, señorías, creo que este conjunto de medidas

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profundiza en políticas que la Cámara en otros momentos ha respaldado, al menos parcialmente; sin duda se producen en un momento de cambio de expectativas de la economía mundial que el Gobierno quiere afianzar en nuestra economía para garantizar que las actuales condiciones de crecimiento sostenido estable, y además significativamente por encima de la media europea, se mantienen en el tiempo y además para conseguir que determinados colectivos españoles, como puede ser el caso de jóvenes respecto a la vivienda, el caso de mujeres con hijos con respecto a la mayor capacidad de encontrar empleo o el caso de los autónomos, vean mejoradas sustancialmente sus condiciones sociales en una búsqueda de una sociedad más próspera y con mayores igualdades de oportunidades en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.) Señor Sevilla, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Rato, el Grupo Socialista no está satisfecho con un crecimiento del 2 por ciento de la economía; nos gustaría crecer más. Nos congratula que crezcamos más que la media de la Unión Europea, aunque nos preocupa que sea un crecimiento poco sólido, basado en la especulación inmobiliaria, en el endeudamiento de las familias y en la subvención implícita que significa la política monetaria del Banco Central Europeo para un país en el que usted no está siendo capaz de controlar la inflación.


El Grupo Socialista se congratula de cualquier descenso del paro que se produzca en España, pero se congratularía más si no tuviera sospechas de que hay manipulación estadística en las cifras que ustedes publican del paro registrado en el Inem. Ayer se hizo; hoy se ha publicado que en la Comunidad Valenciana se han dado instrucciones para reducir el número de parados en las oficinas del Inem para que se computen como demandantes en suspensión personas que estaban solicitando empleo. Llama la atención que el día 30 se cerrara en principio el plazo de inscripción en las oficinas del Inem, el día 1 fuera fiesta, el día 2 fuera fiesta en Madrid y puente en casi toda España, 3 sábado, 4 domingo y el lunes 5 a las ocho de la mañana el ministro Zaplana sabía ya cuál era el paro registrado. ¿En qué día se cerró la recogida de datos? ¿Cómo sabemos cuál es el paro registrado cuando las oficinas del Inem todavía no han publicado el total de inscritos? Todavía hoy en la página web del Inem no figura el total de inscritos. ¿Cómo podemos saber cuál es la razón o la explicación de que se esté incrementando de manera anormal el número de inscritos como demandantes de empleo en suspensión? Creo que hay suficientes sospechas como para que las aclaren y desde luego les anuncio que el Grupo Socialista va a presentar preguntas, iniciativas parlamentarias, para que haya luz y taquígrafos en algo tan importante como es la credibilidad de las estadísticas del Inem y del desempleo.


La verdad, señor Rato, es que yo no sé ya muy bien qué estamos convalidando hoy aquí, si la lista de horrores que ustedes aprobaron el 25 de abril o la lista de errores con la que lo han ido corrigiendo con posterioridad, antes incluso de que llegara este decreto-ley a la Cámara.
El caso más obvio de rectificación es el del régimen especial agrario de la Seguridad Social, tan perjudicial para miles y miles de agricultores que ha sido criticado y condenado por las tres principales organizaciones agrarias, incluso con amenazas de movilizaciones, lo que les ha obligado a ustedes -en esa técnica del repliegue y marcha atrás que tan bien han aprendido a partir del decretazo- a hacer una corrección de errores que altera sustancialmente el contenido de la aprobado el 25 de abril, aunque mantiene lo esencial: mantiene la subida de las cotizaciones sociales para los agricultores del REASS, mantiene la voluntad clara del Gobierno de proceder a una supresión del régimen especial agrario de la Seguridad Social, vulnerando la letra y el espíritu del Pacto de Toledo. Es bueno que los agricultores que disfrutan de ese régimen sepan que la voluntad del Gobierno del Partido Popular es subirles las cotizaciones sociales y suprimir el régimen especial agrario. No es esa la posición de los socialistas, que queremos modificar, pero no suprimir el régimen especial agrario, pero queremos hacerlo de acuerdo con lo que se estableció y se pactó en el Pacto de Toledo, con diálogo, con negociación y con consenso y no con el trágala de un decreto-ley o con la técnica de tirar la piedra y esconder la mano detrás de la corrección de errores, que se está convirtiendo en el estilo del Partido Popular.


Señor Rato, conocemos algunas de las soluciones que el Gobierno del Grupo Popular ofrece en este decreto-ley, lo que todavía no sabemos es cuáles son los problemas que pretenden resolver. Ustedes han mezclado problemas de la economía, de las familias, de las empresas y de los trabajadores con problemas políticos de su partido, que aborda un proceso electoral con miedo a perderlo y en medio de grandes incertidumbres sobre su liderazgo presente y futuro. Cuando el presidente del Gobierno anunció algunas de estas medidas, las prensa recogió, sin que nadie lo desmintiera, una expresión suya, señor Rato. Cito: Por fin empezamos a hacer bien las cosas. La pregunta es obvia: ¿Bien para quién, señor Rato? ¿Para los ciudadanos o para ustedes como partido en campaña electoral permanente? La historia reciente demuestra que cada vez que el Gobierno del Partido Popular se ha encontrado con problemas y dificultades ha intentado

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salir mediante la propuesta de un plan que vende a bombo y platillo en el telediario y en sus mítines aunque no tenga la menor intención de llevarlo luego a la práctica. Son planes pensados para resolverles a ustedes problemas políticos, no para resolver a los ciudadanos problemas derivados de su mala gestión como Gobierno. Por tanto, la credibilidad de las medidas que hoy ofrecen aquí es la misma que la de los planes presentados con anterioridad. ¿Dónde está y con qué resultado ese plan que iba a barrer de las calles españolas la pequeña delincuencia? ¿Dónde está y con qué resultado el plan para hacer frente a su incapacidad de resolver y abordar el problema del Prestige? ¿Dónde están esos planes sociales anunciados a bombo y platillo sin respaldo presupuestario? ¿Qué fue de ese otro gran paquete de medidas de reforma económica que usted mismo presentó en esta Cámara, también por decreto-ley, en junio de 2000? Ustedes no han llevado a la práctica ninguno de esos planes en esta legislatura y los que han llevado no han servido más que para la agitación y la propaganda de corto recorrido. ¿Hay alguna razón para que este vaya a ser distinto? Me temo que no.


Con las medidas aquí propuestas ustedes no han pretendido mejorar ninguno de los problemas de la economía española, ni de la sociedad española, ni de las familias españolas, se han limitado a pasearse por el supermercado electoral y a escoger algunas medidas que suenen bien para aquellos colectivos que según sus encuestas tienen el voto más indeciso. En lugar de medidas de reforma económica, el decreto-ley que hoy quieren convalidar se debería llamar de intento de pesca electoral en aguas revueltas. Para mantenerse en el poder ustedes parecen confiar no ya en su capacidad de gestión (muy puesta en duda por recientes actuaciones como el Prestige, el AVE, o el control de la inflación), sino que tampoco parecen quererse basar en lo atractivo de su talante desautorizado y destrozado por la guerra de Irak y por las declaraciones sin límites de ese ejemplo de centrismo, moderación y tolerancia política que es su líder y presidente de Gobierno. Ustedes ya sólo parecen confiar en la propaganda, en el control de los medios de comunicación y en el apoyo de esa coalición político- empresarial que han creado en torno a las grandes empresas privatizadas por ustedes. Es en ese contexto en el que se inscribe este real decreto-ley que incluye medidas de todo tipo -algunas irrelevantes- cuya trascendencia práctica no va más allá del titular de prensa y del estupor entre los entendidos. Por ejemplo, pensar que una cuenta fiscal de ahorro empresa es hoy la solución a los múltiples problemas burocráticos, fiscales y de financiación que tienen las pymes españolas es no entender nada o haber perdido ya la capacidad de entender después de demasiados años de Gobierno; pensar que las dificultades que ustedes han creado, para el desarrollo de las energías renovables y su aplicación en viviendas españolas se resuelven con una bonificación en el IVA, eso raya en lo esperpéntico.


El decreto-ley incluye medidas precipitadas tanto que, ya antes de traerlas a la Cámara, las han tenido que corregir mediante la corrección de errores. También incluye algunas medidas que son positivas. Señor Rato, reconozco que este decreto-ley incluye medidas positivas; tan positivas que los socialistas las llevamos planteando en esta Cámara a lo largo de la legislatura y ustedes las han estado votando en contra. Si hoy no existe un estatuto del trabajador autónomo; si hoy los autónomos no tienen reconocida la baja por enfermedad a partir del cuarto día; si hoy los autónomos no tienen recogida la posibilidad de contratar familiares o un esquema parecido al desempleo o la posibilidad de la contratación a tiempo parcial es porque el Grupo Popular votó en contra de esas propuestas hechas por el Grupo Socialista. Esa es la verdad y la realidad de los hechos. (Aplausos.) También aquí hacen ahora una rectificación de errores; pues bienvenida sea, pero que sea completa, señor Rato. Acepten el conjunto de propuestas que en defensa de los trabajadores autónomos hizo y hace el Grupo Socialista para mejorar de verdad y no sólo de escaparate la situación de los trabajadores autónomos, de los dependientes también. Por cierto, la semana pasada se quedaron solos votando también aquí en contra de un conjunto de medidas que propuso el Grupo Socialista para mejorar la situación de los miles y miles de trabajadores autónomos dependientes de nuestro país. Otras medidas simplemente intentan ocultar o enmascarar su responsabilidad como Gobierno, por ejemplo, a la hora del elevadísimo crecimiento del precio de la vivienda que se ha producido en España. Señor Rato, hacía mucho tiempo que no se veía en esta Cámara una chapuza como ésta. (Un señor diputado: ¡Bueno, bueno!) Hecha además por decreto-ley y con medidas que entran en vigor en enero; de nuevo vulnerando la Constitución española, por lo que le anuncio ya un recurso de inconstitucionalidad.


El Grupo Socialista está convencido de que existe una extraordinaria y urgente necesidad de adoptar medidas de reforma económica que signifiquen un giro respecto a la política autocomplaciente seguida hasta la fecha.
Le ofrecemos un pacto: que en la tramitación como proyecto de ley de este decreto-ley acepten las propuestas que el Grupo Socialista les va a hacer; propuestas como el compromiso de discutir con la Unión Europea un IVA superreducido para consumos familiares básicos de bienes esenciales como agua, gas, electricidad y teléfono; propuestas como el fortalecimiento de la política de la defensa de la competencia, mediante la integración del servicio en el tribunal y la ampliación de las competencias y la independencia para los órganos reguladores sectoriales para que no se puedan volver a reproducir escándalos como el que hemos vistos con la Comisión Nacional de la Energía en la reciente OPA de Gas Natural sobre Iberdrola; propuestas

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como la reducción de un punto porcentual en el régimen general de la Seguridad Social por contingencia común para los contratos indefinidos; o como la elevación de las pensiones mínimas por encima de la inflación; o como la aprobación de un estatuto del trabajador autónomo que equipare su protección social con la del régimen general, permita la contratación de familiares, reconozca su interlocución ante las administraciones y establezca prestaciones equivalentes a las del desempleo; o propuestas como incrementar en un punto del PIB al año el gasto en I+D para aproximarnos en cinco años a la media de la Unión Europea; o establecer un plan de ayudas públicas que permita el acceso a la vivienda de no menos de 150.000 hogares al año y garantice la disponibilidad de suelo para viviendas protegidas; o elaborar una ley que proteja a las familias ante la situación de sobreendeudamiento; o el compromiso de crear guarderías de cero a tres años para atender las necesidades de 250.000 familias en una legislatura; o aumentar las plazas de residencia para la tercera edad y los servicios de ayuda domiciliaria en el marco de una ley de dependencia con respaldo presupuestario suficiente. Acepten esas propuestas. Acepten la necesidad de introducir, de verdad, reformas económicas y de hacer un cambio en la política que ustedes están planteando. Eso es lo que hoy están pidiendo nuestras familias en España.
Eso es lo que hoy están exigiendo nuestra situación económica y nuestras empresas. Eso es lo que estamos hoy proponiendo los socialistas.


Los ciudadanos merecen más respeto del que ustedes demuestran con medidas como las que hoy debatimos; por ese respeto a los ciudadanos, porque este decreto-ley ni presenta reformas, ni mejora el acceso a la vivienda, ni a la estabilidad laboral, ni mejora la competitividad de nuestras empresas, ni alivia la angustia de nuestras familias y empresas endeudadas, los socialistas votaremos en contra y exigiremos en su tramitación como proyecto de ley que se tengan en cuenta todas nuestras propuestas, todas nuestras medidas en defensa de las familias, de las empresas y de los trabajadores autónomos, pero todas, no sólo aquellas que a ustedes les vengan bien para el telediario de cada día.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.


Para turno a favor de la convalidación, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a utilizar un turno a favor porque entendemos que se está convalidando un decreto-ley que contiene medidas muy importantes de impulso al tejido productivo y que además va a ayudar a millones de pequeños empresarios, de autónomos, a millones de familias españolas que han suscrito hipotecas y va a garantizar crecimiento y empleo en nuestro país. En primer lugar, señor Sevilla, le digo que vamos a tramitar este decreto-ley como proyecto de ley, y se lo digo además abierto a hablar; pero no se suba a esta tribuna y diga: Vamos a exigir al Grupo Popular que apruebe todo lo que nosotros decimos; si no, no hay diálogo. No, señor Sevilla, el diálogo es que hablemos entre los dos y que podamos llegar a acuerdos. Eso es el diálogo, eso es estar preocupados por los ciudadanos, y no diga en esta tribuna: Hoy los autónomos no tienen cobertura desde el cuarto día de enfermedad, porque no es verdad, señor Sevilla. Desde que el decreto-ley se publicó los autónomos tienen cobertura, y hoy usted propone quitársela. Esa es la realidad. Hoy usted propone no convalidar el decreto-ley y quitar todas esas coberturas a los autónomos, señor Sevilla, diga usted la verdad en esta Cámara.
(Aplausos.)

Señor Sevilla, dice usted que este es un decreto-ley que no tiene medidas positivas para los ciudadanos españoles y nos lanza un discurso sobre la política, sobre las elecciones, sobre el Prestige y sobre problemas pasados. Ahora estamos hablando de economía y de garantizar crecimiento y empleo, y España -yo creo que usted se entristece- está creciendo más del doble que la media europea. Usted puede decir: Tenemos que crecer todavía mucho más, pero es que en 2002 estamos creciendo más del doble que la media europea; estamos creciendo en el primer trimestre de este año muchísimo más que los países que han sido tradicionalmente motores de Europa y estamos creando empleo. Esto se está repitiendo año tras año desde que el Partido Popular tiene responsabilidad de Gobierno; desde 1996 hasta hoy se está creciendo más que la media europea, y por eso nuestra renta per cápita se está acercando a la media europea.


Cuando usted, señor Sevilla, se bajó del coche oficial en el Ministerio de Economía España estaba en el 78 por ciento de la media europea, y hoy estamos en el 86, vamos a mejor, sin tenerle a usted en el coche oficial.
Usted puede decir: Podríamos haber corrido más. Sí, pero es que cuando ustedes eran Gobierno corríamos menos. Si hablamos de empleo, señor Sevilla, ¿qué quiere que le diga? Cuando usted se bajó del coche oficial dejó en este país 3.600.000 parados y hoy hay 1.500.000 parados menos, cuando la población activa ha aumentado casi en tres millones de personas. Cuando ustedes gobernaban, la tasa de paro era del 22 por ciento, y hoy es del 11. Usted puede decir: Es poco. Usted dice: Ninguna de las medidas que ustedes han adoptado ha servido para nada. Debo convenir, como dijo el otro día el líder Blanco, estadista contrastado, que todo se debía al Gobierno de Felipe González, que el empleo en España en el último trimestre de 2003 se debía al Gobierno de Felipe González.
Eso no es serio.


Los datos comparativos son claros, pero como no le gustan los datos de empleo dijo usted el otro día: ¿Por

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qué el Gobierno tiene dos estadísticas de empleo? Como si usted no supiera que hay un paro registrado y una encuesta de población activa. Como no les gustan los datos del paro del último mes, ¿qué hacen ustedes? Lo de siempre, llamar prevaricadores a los funcionarios, decir que se manipulan los datos, sin una prueba, pero eso sí, levantan muchísimas sospechas.
¿Eso le parece ético, señor Sevilla? ¿Le parece ético subirse a esta tribuna sin una prueba y levantar sospechas sobre los miles de funcionarios que trabajan en los servicios del Inem? A mí desde luego que no. (Aplausos.) Si no le gustan los datos, si usted se entristece porque a los españoles les va bien, ese es su problema. Si a usted le parece mal que por tercer mes consecutivo el paro vaya mejor, que en España se esté creando empleo, que estemos creando empleo cada mes, que se estén batiendo récords de cotizantes a la Seguridad Social, que hayamos llegado ya a más de 16.500.000 cotizantes a la Seguridad Social, cuando se partía de 12.300.000, es que usted se alegra del mal de los españoles y se entristece cuando a los españoles les va bien, y eso no nos parece una posición adecuada.


¿Por qué van bien las cosas en materia económica? ¿Por qué España crece más que la media europea? ¿Por qué hemos crecido más que la media europea durante siete años? ¿Por qué pasamos del 22 por ciento de paro al 11 por ciento? Usted puede decir: Eso se debe a la suerte. Yo creo que se debe al esfuerzo de toda la sociedad española y a una política económica correcta. Creo que esa es la verdad y además eso es lo que ponen todos los informes -que usted conoce bien, señor Sevilla- de todos los organismos internacionales, que es el esfuerzo de la sociedad española y la política económica, que está siguiendo una buena senda. Una política económica, señor Sevilla, que pasa por la estabilidad presupuestaria. El otro día, su líder, señor Zapatero, tuvo una ocurrencia y dijo que iba a suprimir el déficit cero. Señor Sevilla, a lo mejor ustedes creen que la política del gasto público, la política del déficit público conduce al crecimiento y al empleo. Ustedes la practicaron y les fue mal, la están practicando otros países europeos con gobiernos socialistas y les está yendo mal. Con nosotros, que modestamente hemos iniciado una política de equilibrio presupuestario, eso está produciendo empleo y crecimiento, está suponiendo mejora en los niveles de renta per cápita de los españoles, está suponiendo bienestar. Ustedes pretenden suprimir ahora eso. Pues bien, nosotros creemos que es uno de los ejes importantes.


Otro de los ejes de la política económica española es la rebaja de impuestos, y ustedes votan que no siempre. Hoy, en este decreto-ley se contemplan rebajas de impuestos a pymes y nuevamente ustedes votan que no, como votaron que no a la rebaja del IRPF, a la rebaja de impuestos de pymes y a la supresión del IAE, porque todo lo que no proponen ustedes les parece mal, aunque esté dando buenos resultados. Se están consiguiendo mayores ingresos rebajando los impuestos a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay 16,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social, porque hay cuatro millones más de ciudadanos que trabajan, y eso permite bajar impuestos a todos y, sin embargo, que la recaudación vaya bien y por tanto se puedan hacer políticas sociales, políticas de inversión, políticas de modernización de nuestro país.


Queremos seguir haciendo reformas estructurales, porque han dado un excelente resultado en nuestro país, y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y ahí es donde entra de lleno este real decreto-ley que se va a tramitar como proyecto de ley. Son medidas de apoyo a las pymes y medidas que contemplan reformas en nuestro país, en la línea de lo que se ha hecho desde 1996, porque no tenemos los problemas que tienen otros gobiernos socialistas, como el alemán, que tiene que plantear rebajas de pensiones y recortes sociales. Porque hemos hecho las cosas bien en nuestro país, podemos seguir ampliando las coberturas sociales y, sin embargo, tomar medidas para dar continuidad al crecimiento y al empleo.
Este real decreto-ley que hoy convalidamos garantiza que España en 2003 va a crecer más que la media europea, y usted, señor Sevilla, sabe que eso hoy está reconocido por todos los observatorios económicos, por la Comisión Europea. Nadie duda que en 2003 España va a crecer más que la media europea y que vamos a seguir creando empleo. Las medidas ayudan en ese camino y las podemos tomar porque tenemos una economía saneada, porque tenemos unas cuentas saneadas, porque la Seguridad Social tiene superávit, porque, señor Sevilla, se han hecho las cosas bien hasta ahora. Ahora podemos decir: Vamos a apostar por los autónomos. Y dice usted: Yo coincido con ustedes en este punto. Pues se lo agradezco, estaba en nuestro programa electoral, en el suyo no, señor Sevilla.
Ciertamente, usted no lo hizo -no sé si hará el próximo-, pero en el suyo no estaba. En el nuestro sí y hoy lo llevamos a cabo. Además, decimos: Si a usted le parece bien, vótelas. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Si a usted le parece bien que los autónomos tengan cobertura desde el cuarto día -eso beneficia a tres millones de autónomos y la Asociación de Trabajadores Autónomos ha dicho que son las mejores medidas que se han tomado parar el colectivo de autónomos en los últimos 20 años-, si a usted le parece bien, apóyelo. Se establecen mayores prestaciones, mayores garantías y además se bonifican porque las cuentas de la Seguridad Social están bien, para que los jóvenes puedan fabricarse su propio empleo, para que puedan incorporarse al mundo laboral como autónomos con bonificaciones del 25 por ciento, para que las mujeres mayores de 45 años se puedan incorporar al mundo laboral como autónomas con bonificaciones del 25 por ciento. ¿Eso le parece mal, señor Sevilla? Dice que le parece bien, pues vote a favor.


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Nos habla del régimen agrario, señor Sevilla. Hay 300.000 personas en el régimen agrario. Recomendación sexta del Pacto de Toledo, acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social. Decía que había que ir procurando que los agricultores tuvieran capacidad de dotarse de mayores prestaciones. Los agricultores tienen actualmente, con el régimen vigente, una base de cotización fija y lo que se hace ahora es apostar para que los agricultores puedan tener mayores prestaciones en el futuro, para que sus pensiones puedan ser dignas en el futuro; se apuesta para que los agricultores españoles coticen y puedan tener unas pensiones dignas que les permitan calidad de vida en el futuro ¿Y ustedes van a votar que no a eso? (Aplausos.) ¿Van a votar que no a que los agricultores españoles tengan mejores prestaciones? (El señor Cuadrado Bausela: ASAJA también.) ASAJA dijo ayer que le parecía muy bien. (El señor Cuadrado Bausela: ¡Qué novedad!)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuadrado, no está en el uso de la palabra.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: La base de cotización se aumenta en un 26 por ciento y además se les da a los agricultores capacidad para que su cotización no tenga que ser fija, sino que, como en el sistema de autónomos, puedan graduar la aportación que quieran realizar y eso les facilite tener mejores pensiones en el futuro. ¿Se niegan a que los agricultores puedan tener libertad para decidir si quieren mayores prestaciones de futuro? ¿Creen que los agricultores tienen que estar limitados por una cotización fija? ¿No creen que es mejor que puedan decidir libremente si quieren una cotización mayor para tener mayores prestaciones de futuro? ¿No les parece bueno que los agricultores tengan también prestaciones desde el cuarto día y además con una base que se mejore en el 26 por ciento y la aportación sea mínima? ¿No les parece bien que se dé una solución en este real decreto-ley para que las mujeres rurales, para que las mujeres de los agricultores puedan cotizar a la Seguridad Social y puedan incorporarse al régimen agrario, ya que ahora mismo lo tenían prohibido y había colectivos que lo estaban demandando?

La voluntad de este decreto-ley es clara, y es la voluntariedad del aportante y vamos a fijar el mismo sistema a través de las enmiendas de voluntariedad para los agricultores. El que quiera el nuevo sistema tendrá el nuevo sistema y el que quiera continuar con el anterior tendrá el anterior. No habrá nadie que quiera continuar con el anterior porque tiene menores prestaciones, pero vamos a dar la posibilidad de voluntariedad para los agricultores ¿Les parece mal que los agricultores estén exentos de cotización cuando cumplan 65 años y quieran seguir trabajando?

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.


¿Les parece mal que los agricultores estén exentos de cotización cuando ahora tienen que cotizar cada mes? Señorías, yo les pido un favor: por hacer ustedes electoralismo, no perjudiquen a los agricultores españoles, no hagan que los agricultores españoles tengan menores prestaciones, no confundan a los agricultores españoles. Este real decreto-ley que hoy convalidamos supone mayores prestaciones para todos los agricultores, mayor libertad para que los agricultores decidan su base de cotización, supone capacidad para cotizar a las mujeres de los agricultores, supone mejoras para los agricultores mayores de 65 años, eso es lo que supone este decreto-ley.


¿Van a votar ustedes que no a que mejoremos el sistema de vivienda de alquiler, que va a beneficiar a miles de personas? ¿Van a votar ustedes que no a que mejoremos la fiscalidad de las pymes, dando a un mayor número de empresas el tipo reducido del 30 por ciento? ¿Van ustedes a votar que no, señorías, a la creación de la cuenta ahorro-empresa, que nos han demandado asociaciones de empresarios jóvenes, que va a permitir que se creen empresas en España en mayor medida?

Señorías, concluyo, pero quiero decir muy claro en esta Cámara que hoy estamos convalidando un decreto-ley que garantiza que España en 2003 va a crecer más que el resto de países europeos, que garantiza que España va a crecer más en 2003 que en 2002, que garantiza que vamos a dar continuidad a la creación de empleo, que vamos a ir reduciendo las tasas de paro y que vamos a ir haciendo que en España haya más ocupados, sobre todo más jóvenes ocupados, más mujeres ocupadas y con mayor cobertura social para jóvenes y para mujeres, y además ampliando el parque de viviendas en alquiler, para que todos los jóvenes tengan acceso a la vivienda. Y hoy el Partido Socialista -porque no lo han hecho ellos, que es lo que peor les sienta- va a votar que no a este decreto-ley.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, presidenta.


Señor Pujalte, si fuera todo tan bueno como usted dice, ¿por qué no ha subido a defenderlo el señor Rato? ¿Por qué están ustedes tan nerviosos de cara a estas elecciones municipales y autonómicas? (Rumores.) ¿Tan bien creen que les van las cosas? Yo estoy encantado y preocupado del alejamiento de la realidad en la que ustedes se han instalado, pero si quieren continuar

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por la senda de la autocomplacencia, allá ustedes. Señor Pujalte, hoy a las doce hay manifestaciones de agricultores en contra de estas medidas tan fantásticas que el Gobierno les ha propuesto. Las tres, repito, las tres organizaciones mayoritarias del sector agrario se han manifestado en contra de estas medidas, que, si eran tan buenas, ¿por qué las han tenido que corregir aprisa y corriendo por corrección de errores? Usted dice que mejoran las prestaciones, pero se callan que a costa de subir las cotizaciones. Esa es la generosidad, pague más y recibirá más, el que pague más, el que tenga dinero y recursos para pagar más será el único que podrá recibir más. Esa es la reforma que ustedes les proponen a los agricultores ricos, eso sí. (Aplausos.)

¿Les preocupan los autónomos? Acepten nuestra propuesta de elaborar un estatuto del trabajador autónomo, reconozcan la interlocución de las organizaciones de los trabajadores autónomos, reconozcan la posibilidad de contratar familiares, reconozcan la posibilidad de que se inscriban en la jubilación anticipada, de que tengan derecho a los trabajos a tiempo parcial y de que tengan algo parecido al desempleo cuando se encuentren en esa situación por razones ajenas a su voluntad. Ahí se demostrará si de verdad les preocupan los autónomos o sólo quieren hacer electoralismo con ellos.


Yo no sospecho, en absoluto, de los funcionarios del INEM. Es más, son los funcionarios del INEM, escandalizados, los que nos pasan la información de lo que están haciendo las autoridades políticas del Partido Popular.
(Aplausos.) ¿Cuándo cerraron la recogida de datos en el mes de abril? ¿Por qué no han dado los datos del total de demandantes inscritos en ese mes? ¿Cómo explican las subidas que se producen en la clave 43, que son las demandas suspendidas, y que se anulan como sumandos del paro? Eso es lo que nos cuentan los funcionarios del INEM, escandalizados por el deterioro del servicio público que lleva a cabo un partido que no se detiene ante el desprestigio de lo público, que no se detiene ante nada, con tal de dar un buen titular en el Telediario.


Ya lo he dicho muchas veces, y lo repito ahora, señor Pujalte: me siento globalmente satisfecho de los 14 años de Gobierno del Partido Socialista.
(Un señor diputado: Eso es bueno.-Rumores.) Gracias a eso, ingresamos en la Comunidad Económica Europea; gracias a eso, hoy tenemos un sistema sanitario universal, en contra del voto de Alianza Popular; gracias a eso, disponemos de una revalorización de las pensiones, con el voto en contra de Alianza Popular; y gracias a eso, existe un sistema de pensiones no contributivas, con el voto en contra de Alianza Popular.
¿Sabe lo que hicimos en la última legislatura? Transferir dinero del Estado a la Seguridad Social. ¿Sabe lo que hacen ustedes ahora? Apropiarse del superávit de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas del Estado; esa es la diferencia. (Aplausos.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sevilla.


Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor Sevilla, no sé si habrá estado usted atento, pero el señor Rato ha presentado el decreto-ley, como se hace habitualmente; y, además, lo ha presentado con una solidez de la que su discurso carecía. Ha presentado el decreto-ley hablando de crecimiento, de empleo y del porqué de las medidas, mientras que usted sube a esta tribuna a decir que estamos haciendo electoralismo. No sé, señor Sevilla; me parece que el nervio por las elecciones se lo tiene que hacer usted 'de mirar', como dicen en mi pueblo. (Risas.-Rumores.-La señora Fernández de la Vega Sanz: ¡Qué bien se expresa! ¡Qué buen parlamentario que es!) Creo que últimamente no les van las cosas como ustedes sospechaban. (Rumores.-La señora López i Chamosa: El 26 lo veremos.) Eso, sí; eso es evidente.


Empezaré por las medidas para los agricultores. Señor Sevilla, que venga usted aquí a hacer otro discurso de ricos y pobres, cuando tenían a los agricultores sumidos en la obligación de tener pensiones absolutamente injustas, es incomprensible. (Aplausos.) Además, no les dejaban cotizar por más; los agricultores españoles están recibiendo hoy pensiones absolutamente injustas porque no les dejaron cotizar por más. Señor Sevilla, creo que su discurso responde a un talante que no es el de debatir las medidas, sino que pretende hacer electoralismo con todo, como usted muy bien dice.


Ayer, ASAJA, como usted sabe, emitió un comunicado -ahí está- diciendo que le parecen muy bien las medidas y pidiendo voluntariedad al Gobierno, cosa que yo he ofrecido. Ayer, señor Sevilla, Unió de Pagesos Catalans estuvo en el ministerio, manifestó que estaba de acuerdo en lo fundamental con el decreto y nos pedía que incluyéramos algunas enmiendas en la tramitación (El señor Sevilla Segura: ¿Qué contestan?); cosa que haremos. Decir en este debate que la negociación del Mercado Común fue muy buena... ¿Qué hicieron ustedes con los agricultores en esa negociación? (Rumores.) Señor Sevilla, usted está en el ministerio, usted ha tenido responsabilidad en el ministerio y vienen ahora a prometer a los autónomos el cielo. ¿Vienen a prometer el cielo cuando los tenían sumidos absolutamente en la imposibilidad de sacar el negocio adelante? Con el Partido Popular los autónomos han visto desaparecer el IAE, han visto reducir los impuestos, han visto cómo se simplificaban los trámites administrativos y hoy estamos dándoles mayores coberturas sociales, que son las que se debatieron durante meses en la subcomisión parlamentaria a la que

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usted no asistió, señor Sevilla, pero sí lo hicieron otros miembros de su grupo. Las conclusiones de la subcomisión se aprobaron en este Pleno por mayoría amplia, no sólo con nuestro voto, también con el apoyo muy importante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que hicieron muchísimas sugerencias que se han incorporado. Hoy los autónomos están mejor y por eso lo manifiestan, señor Sevilla. Hablan de la Seguridad Social. Ustedes la dejaron en quiebra, señor Sevilla. (Aplausos.-La señora López i Chamosa: ¡Pero qué mentira!-El señor Cuadrado Bausela: ¡Eso es falso!) En quiebra; no había dinero para pagar las pensiones. Y dice usted: Es que transferíamos dinero del Estado a la Seguridad Social. ¡Claro que transferían! Transferían dinero y les daban créditos porque no tenían para pagar las pensiones, porque 12 millones de cotizantes no daban para pagar las pensiones, señor Sevilla. (Aplausos.-Protestas. Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Porque el secreto de la Seguridad Social es que ahora hay 16 millones y medio de cotizantes y por eso se pueden ampliar, mejorar y garantizar las pensiones, y además mejorar las más bajas, señor Sevilla.


Hablar de sombras de dudas sobre una encuesta no es nuevo, ya lo ha hecho con el INE, con el Banco de España y con Eurostat. Cuando no les gusta un dato, cuando el dato no es el que ustedes creían que iba a ser, denuncian a los funcionarios, denuncian al Gobierno, denuncian a todo el mundo.
Señor Sevilla, usted cree que los 14 años de Gobierno socialista fueron buenísimos para el empleo, cuando ustedes cogieron una tasa de parados en España de dos millones y la dejaron en tres millones y medio, millón y medio de parados más. Ahora, siete años después, hay millón y medio menos. Nos dejaron 12 millones de ocupados y ahora hay más de 16 millones; más de cuatro millones han encontrado un trabajo, señor Sevilla. Usted puede hablar de muchas cosas; ahora bien, en materia económica, señor Sevilla, el paso que ha dado este país en los últimos años es tremendo, prueba de ello es que hay más empleo, más crecimiento, la Seguridad Social tiene superávit, estamos con posibilidad de ir acercándonos a los países más ricos de Europa y eso además se traslada en bienestar de las familias, señor Sevilla, y usted lo sabe.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, debe concluir su intervención.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señora presidenta, pero quiero reiterar que hoy el Partido Socialista vuelve a votar que no a un conjunto de medidas buenas para millones de ciudadanos españoles, buenas para millones de jóvenes españoles, buenas para millones de autónomos españoles, buenas para cientos de miles de agricultores porque cotizan menos en ese régimen y que desde luego garantizan que España siga en la buena senda. Si ustedes gobernaran, señor Sevilla, sería otra vez la España del paro, la España del despilfarro, la España donde no se tiene déficit cero ni se crea empleo.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Martínez-Pujalte.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego, el Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, es una norma con clara vocación electoralista más que un paquete de medidas económicas destinado a atajar los problemas que afectan a la economía del Estado español porque no responde a las demandas de la sociedad de incrementar los gastos destinados a la protección social para incrementar así la calidad de vida y el bienestar de todas las personas. Este real decreto-ley entra, sin duda, en la práctica de una política de reforma permanente en materia económica y social muy del gusto del Gobierno del Partido Popular, caracterizada por modificaciones parciales en este campo. Si bien a veces introduce novedades que favorecen a las clases sociales más desfavorecidas, encubre una serie de medidas cuya orientación clara es favorecer las rentas más altas. Esta política de reforma permanente demuestra también el oportunismo económico y social del Partido Popular, guiado por la coyuntura y por los intereses electorales dentro, eso sí, de su diseño neoliberal dominante.


Empezaremos por los aspectos positivos del real decreto-ley que debemos admitir. Primero, la instauración de la cuenta ahorro-empresa, que permitirá deducir por las cantidades depositadas en cuentas bancarias destinadas a la promoción de nuevas empresas; segundo, la reducción en las cotizaciones de nuevos autónomos menores de 30 años; tercero, la cobertura de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) a las personas del régimen especial de autónomos; cuarto, la cobertura de incapacidad temporal de los autónomos y trabajadores por cuenta propia del mar y del campo a partir del cuarto día, matizado, pues tendrán que incrementar las cotizaciones; quinto, la posibilidad de inclusión de colaboradores de explotaciones familiares agrarias en el régimen especial agrario si se dedican fundamentalmente a tareas agrarias; y por fin, dos medidas, que son el cómputo de las cotizaciones superpuestas a los efectos del cálculo de la pensión en el caso de más de un empleo al mismo tiempo y la reducción de tributos

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(comisiones bancarias y aranceles notariales) en el caso de subrogación de préstamos hipotecarios. Hasta aquí lo positivo.


Pero, señorías, resulta necesario realizar la siguiente aproximación crítica a esta norma. Las medidas destinadas al fomento del arrendamiento de viviendas son, en realidad, estímulos fiscales, ayudas vía deducción de impuestos, a las empresas inmobiliarias que se dediquen preferentemente al arrendamiento de viviendas. Se introducen bonificaciones en el impuesto de sociedades por el mero hecho de dedicar la mayor parte de la actividad empresarial al arrendamiento de viviendas en opción de compra, pero ello no se traduce en beneficios sociales. No se establece como requisito fijar determinados límites absolutos en las rentas de alquiler para que esas empresas tengan que arrendar viviendas por debajo del precio del mercado; sólo así se favorecería a las personas con rentas más bajas y con mayores dificultades para acceder a la vivienda, además de influir directamente en los precios del mercado de alquiler. Sólo se condiciona el incremento anual de la renta al aplicar un coeficiente de actualización inferior al IPC. En suma, señorías, es un regalo para las inmobiliarias a cambio de apenas nada. No se verán obligadas a ofertar viviendas con rentas de alquiler por debajo de precios de mercado a aquellas personas con dificultades objetivas para poder arrendar o comprar una vivienda, simplemente se les obliga a situar las actualizaciones de la renta por debajo del IPC. Ya que se introducen estímulos fiscales para el arrendamiento de la vivienda, parecería más oportuno volver a incluir las deducciones en el impuesto de la renta de los importes satisfechos por los arrendatarios en concepto de rentas en las viviendas de residencia habitual. Esa ayuda fiscal iría directamente a las personas que sufren el encarecimiento de la vivienda.


Las medidas de mejora en la protección de los autónomos son escasas. El Bloque Nacionalista Galego defendió en varias ocasiones la necesidad de que los trabajadores incluidos en el RETA tuviesen el mismo nivel de protección que los trabajadores del régimen general. Después de la aprobación de estas medidas aún existen diferencias en cuanto al nivel de protección, por ejemplo, el reconocimiento de la prestación por incapacidad permanente parcial y lesiones permanentes no invalidantes; la inclusión de las lagunas de cotización para el cálculo de las pensiones; el reconocimiento de la incapacidad permanente cualificada a todos los beneficiarios; el reconocimiento de la jubilación parcial; el derecho a jubilación anticipada en estos regímenes especiales sin que exista la necesidad de cotizar una cuarta parte de la vida laboral al régimen general; la supresión de la necesidad de que el trabajador autónomo acredite que otra persona regente el negocio o empresa en los casos de incapacidad temporal inferior a seis meses, e implantar una prestación de desempleo en los casos de cese de actividades por causas objetivas de carácter técnico económico. Aspiraciones todas estas que se dan siempre con el muro de incomprensión del Partido Popular. Por otra parte, la extensión de la cobertura por incapacidad temporal a partir del cuarto día -antes era el decimoquinto- a los trabajadores del RETA y por cuenta propia del campo no es un regalo del Partido Popular dado que tendrán que cotizar más. Las cotizaciones por incapacidad temporal se incrementan en los regímenes de la Seguridad Social, con lo que el aumento de la cobertura por las bajas de enfermedad va a ser sufragado por los mismos trabajadores con los aumentos de las aportaciones a la Seguridad Social que les impone este Real Decreto-ley 2/2003.


Estos son, por tanto, señorías, los aspectos negativos, a los que tenemos que añadir las medidas especialmente preocupantes desde el punto de vista de los sectores agrarios que están especialmente en crisis, en una grave situación. Se prevé la equiparación en la cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario a los del RETA en el horizonte temporal, como dijo el señor vicepresidente, del año 2018. Esta medida supone avanzar en la desaparición del régimen especial agrario y pasar a integrarlo en el RETA, tal y como había pactado el Gobierno con la patronal y Comisiones Obreras. Esta medida nunca fue negociada con el resto de los sindicatos representativos ni con las organizaciones profesionales agrarias, que mostraron su rechazo. Por tanto, no debe aceptarse que el Gobierno imponga de forma urgente esta voluntad unilateral sin negociaciones con los representantes de los interesados. Por lo demás, la medida de aumento en las contribuciones de los afiliados al régimen especial agrario es puramente recaudatoria, pues no va acompañada de un plan para mejorar la cobertura social de ese régimen y, por tanto, de la mejora de la protección social de los trabajadores del campo, lo único que podría justificarla.


Desde el punto de vista del bienestar y del pleno empleo, tendremos que decir que no deja de ser una medida regresiva y antisocial el avance en la aplicación de medidas regresivas para permitir compatibilizar la pensión con la vida laboral, a pesar de los graves problemas de empleo entre la gente joven, al establecer la exoneración de la mayoría de las cuotas de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del RETA que trabajen después de los 65 años.


Por último, se insiste en incentivar el empleo por la vía de la deducción en las cotizaciones sociales que deben satisfacer las empresas, en este caso, por las mujeres trabajadoras que se reincorporen al trabajo después de la maternidad. Se sigue avanzando así en la línea de bonificar a las empresas en las cotizaciones de la Seguridad Social, lo que supone una transferencia de rentas a las mismas a pesar de haberse demostrado por la experiencia que eso no estimula el empleo. Precisamente los casos más claros son el de la juventud y el de

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las mujeres, los dos colectivos con índices de paro más elevados y que al mismo tiempo las empresas pueden contratar con posibilidad de una mayor reducción en las cotizaciones a la Seguridad Social. Pues bien, después de muchos años concediendo bonificaciones a las empresas para contratar a mujeres y jóvenes, esos colectivos, señorías, siguen mostrando altos porcentajes de desempleo, con lo que los recursos públicos destinados a ese fin no consiguieron el objetivo de contribuir a fomentar el empleo.


Creo, señorías, que las anteriormente expuestas son razones suficientes, contrastadas las positivas con las negativas, para que el Bloque Nacionalista no pueda votar favorablemente este real decreto-ley. Nos vamos a abstener y vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley, y pensamos que lo sustantivo es que va destinado más a la agitación propagandística que a una política coherente y concluyente favorable al Estado del bienestar y a los trabajadores como destinatarios fundamentales del mismo.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mauricio tiene la palabra.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, mi grupo va a apoyar este decreto que presenta el Gobierno porque, para empezar, hablando en términos políticos y coloquiales, tenemos un elemento de carácter positivo: es una suerte que nadie lo haya calificado de decretazo. Estamos ante un decreto, que no es poca cosa. Se trata de un decreto de reformas económicas que viene de alguna manera a marcar un giro sobre lo que fue el decretazo que presentó el Gobierno el año anterior. Efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, en una Europa que está pasando por una fase de estancamiento y de dificultades económicas y en la que las únicas medidas de reforma para impulsar el crecimiento son recortes de derechos sociales, como está pasando en este momento en Alemania, con un conflicto social importante, o en Austria, o incluso una reforma sanitaria muy polémica que se ha aprobado ayer por el Parlamento británico en el Reino Unido, el hecho de que nosotros tengamos aquí un debate de carácter menor sobre un conjunto de medidas económicas ya de por sí es un dato positivo, muy positivo.


Se pretende, a través de un conjunto de medidas fiscales, de incentivos económicos y de medidas laborales, recuperar el impulso hacia el crecimiento. Me parece que todas las medidas que se proponen tienen un carácter positivo. En cualquier caso, solicito de manera muy especial -y pongo énfasis en lo que ya ha sugerido el señor vicepresidente del Gobierno- que este decreto tenga una tramitación parlamentaria como proyecto de ley, lo que nos permitirá corregirlo y mejorarlo. El portavoz del Grupo Popular nos ha dicho algo que a nosotros nos interesaba mucho referido al tema de las reformas en seguridad agraria, y que ha sido su ofrecimiento de introducir mejoras. Ha dicho que ayer se ha reunido la Unió de Pagesos de Catalunya con el Ministerio y que el Grupo Popular acepta algunas enmiendas. Nosotros ya tenemos algunas previstas y esperamos pactarlas, pero para eso es necesario que haya una tramitación como proyecto de ley.


Respecto a algunas medidas de empleo o bonificaciones, la salud de la Seguridad Social es lo único que nos da margen para poder incluso avanzar algunas más. Deberíamos reflexionar sobre si para seguir creando empleo, en la medida que podemos hacerlo con un crecimiento del 2 por ciento, podemos hacer bonificaciones a colectivos de jóvenes un poco más amplias, me parecen interesantes las de la mujer, e incluso se podría avanzar también en la de discapacitados. Por tanto, nuestro grupo cree que la situación saludable de 16,5 millones de afiliados a la Seguridad Social permite algunas bonificaciones a colectivos especiales que pueden mejorar el mercado laboral, sobre todo incentivar el empleo, fundamentalmente el empleo estable. En esa dirección nosotros nos vamos a mover.


Es cierto que en las otras medidas hay poco margen. La reforma fiscal ya tiene un límite en el marco actual. Los incentivos de inversión a las pymes son interesantes, sin duda, pero hay poco margen porque las reformas fiscales que hemos aprobado a lo largo de los últimos años para generar e impulsar el consumo interior tienen un cierto límite en el crecimiento del 2 por ciento en el que estamos ahora. Porque, eso sí -no nos hagamos ilusiones-, vamos a seguir con ese crecimiento y ojalá no lo bajemos. El año próximo, si en un conjunto de elementos, como son una cierta mejora de la economía mundial, la posible bajada de los precios del petróleo, etcétera, se produce una recuperación, España está bien colocada para aprovecharla, pero este año no está previsto que haya una mejora del crecimiento superior al del 2 por ciento que anuncia el Gobierno. Con ese crecimiento no entramos en una crisis social, que crearía elementos de crispación, ni el Gobierno se ve obligado a reformas de carácter quirúrgico como las que intentó con el decreto del año pasado, y lo único que hace es esperar a ver si el sector exterior nos proporciona en un futuro las posibilidades de crecimiento que en este momento no tenemos. Al Partido Popular le vendría muy bien, con vistas a las elecciones del próximo año, que el crecimiento tuviese lugar lo antes posible, pero me parece que las cosas no van por ese camino. Bastante tenemos con mantenernos en el 2 por ciento.


Insisto en que mi grupo va a intentar mejorar mediante enmiendas algunas de las medidas que se proponen, que en conjunto son positivas, pero no son audaces.


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No creo que haya mucho margen ni muchas posibilidades para hacer reformas de fondo. Se trata de una serie de medias coyunturales que intentan infundir tranquilidad a la sociedad, crear estímulos y despejar incertidumbres. Y yo terminaría diciendo, señora presidenta, que las incertidumbres también se resuelven en el plano político. Después de la primera guerra de Irak, metidos todos en ella, llegó el señor Clinton y dijo: La economía, tontos. Y da la impresión de que este Gobierno, después de esa guerra, también dice: la economía. Pero yo le diría: No olviden la política, señor Martínez-Pujalte. Cuando está en marcha un proceso electoral siempre corren malos tiempos, pues se crea un clima tenso y de crispación. Ahora bien, en este caso el origen de ese clima ha sido un conflicto de fractura social tan grave como la guerra, y después de las elecciones municipales hay que volver a crear tranquilidad porque en la economía influye mucho la psicología social, y para las incertidumbres y las crispaciones, por muchas medidas económicas de carácter parcial que se tomen, lo importante es generar tranquilidad en la sociedad española. Esa es una importante función que tiene este Gobierno, y por eso mi grupo, en su afán por crear tranquilidad, va a apoyar el decreto, vamos a intentar mejorarlo y hacerlo un poco más audaz en algunas medidas interesantes, sobre todo las relacionadas con el empleo, y tratar de corregir alguna punta no necesaria de la Seguridad Social agraria. En definitiva, vamos a apoyar este proyecto con la voluntad de crear un clima favorable para que, después de las elecciones municipales, volvamos a los consensos necesarios que en gran parte hemos perdido.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mauricio.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, señoras y señores diputados, egunon danori, buenos días a todos. Esta mañana el vicepresidente del Gobierno señor Rato nos ha explicado con cierto detalle y empeño el conjunto de medidas económicas que el pasado 25 de abril aprobó el Gobierno mediante la fórmula de real decreto-ley y que se denomina ni más ni menos que de medidas de reforma económica. Lógicamente, ha defendido en esta Cámara la figura del real decreto basándose, según su criterio, en la urgencia de adoptar tales medidas.


Como habrá podido comprobar, señor vicepresidente, las diputadas y diputados presentes hemos escuchado con respeto y atención sus explicaciones, pero permítame señalarle que más de uno, entre los que me incluyo, hemos sentido cierta perplejidad. El simple hecho de que un vicepresidente y seis ministros de su Gobierno firmen el real decreto-ley no concede a este la credibilidad necesaria, como tampoco se la concede que se denomine de medidas de reforma económica. Como se dice vulgarmente, demasiado tomate para pocos huevos. La parafernalia externa no es capaz de dar consistencia a unas medidas inconexas, diversas y dispersas, que no responden de ninguna manera al concepto de reforma. No quiero decir que todas ellas sean negativas ni que estemos necesariamente en desacuerdo. Cuando hablamos de medidas de reforma, señor Rato, deberíamos referirnos, en mi opinión, a una serie de actuaciones encaminadas a resolver un problema o determinada situación que se ha detectado al realizar un diagnóstico previo. Estas actuaciones deben ser coherentes y servir al objetivo preestablecido.


Pues bien, en este real decreto, en lugar de un diagnóstico económico serio y mediatizado, hay una simple palabrería, utilizando terminología supuestamente económica, que pretende disfrazar una realidad y unas medidas cuyo fin no es resolver un problema de naturaleza económica y social. ¿Cuál es pues la intención del Gobierno al aprobar este real decreto-ley y al traerlo a esta Cámara para su convalidación? ¿Dónde está la urgencia para aprobar estas medidas? ¿Se ha producido alguna catástrofe social o fenómeno económico que justifique la medida en los términos que se plantea? Usted, señor vicepresidente, al igual que los presentes, conoce la sencilla y verdadera respuesta a estas cuestiones.
Usted sabe, como yo, que no existe motivación extraordinaria económica alguna para traer hoy este real decreto-ley a esta Cámara para su convalidación. Sí hubo hace unos meses una catástrofe económica, pero sobre todo ecológica y social: la del Prestige. Una catástrofe que afectó a asturianos, cántabros, vascos y especialmente a gallegos. Una catástrofe en la que las instituciones vascas, el Gobierno Vasco, las diputaciones forales de Vizcaya y de Guipúzcoa, los pescadores vascos y multitud de ciudadanos voluntarios colaboraron y aún están colaboraron activamente, al igual que otros muchos ciudadanos e instituciones del Estado, para solucionar el impacto ocasionado por el hundimiento del Prestige. Hace menos tiempo aún ha habido una cruel e injusta guerra, que continúa y de la que su presidente ha querido que seamos tristes protagonistas. No se ha encontrado en Irak ni la resistencia militar esperada ante la invasión angloamericana con apoyo español, ni las tan cacareadas armas de destrucción masiva que supuestamente justificaban para el Partido Popular, para el señor Aznar, para George Bush y para Tony Blair la actuación militar. Ahora, ya con mayor desvergüenza, y tras dejar sangre y lágrimas en aquel país, se dice incluso que aunque en Irak no haya armas de destrucción masiva, alguna vez las hubo. También conocemos las motivaciones profundas de la invasión de Irak, los profundos intereses económicos y las consecuencias políticas derivadas de la guerra en la Unión Europea y en Naciones Unidas. Todo esto es lo que ha

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pasado y está pasando, y a ustedes no les viene bien porque estamos a las puertas de unas elecciones municipales, autonómicas y forales.


Saben que lo del Prestige y, sobre todo, lo de Irak, les va a pasar factura en las urnas y quieren evitarlo, y ello es legítimo, señores del Partido Popular, pero no lo hagan utilizando maniobras de distracción y engañando a los ciudadanos ofreciéndoles improvisados beneficios económicos que ni tan siquiera han sido cuantificados en términos de coste para el erario público. Los ciudadanos, señor Rato, son maduros, tanto en Euskadi como en España, no se dejan engañar con fuegos de artificio y saben discernir entre el ruido y la realidad. Los ciudadanos no se olvidarán de la nefasta gestión del Partido Popular porque arremetan contra el nacionalismo vasco y contra el documento político que defiende el lehendakari Ibarretxe, ni tampoco lo harán porque el Gobierno trate apresuradamente de aprobar unas medidas económicas con la intención de tapar y ocultar la actuación del Gobierno del Partido Popular en Irak.
El real decreto-ley incorpora medidas de diferente intensidad destinadas a colectivos importantes en los que el Partido Popular puede cosechar malos resultados electorales. Por ello las medidas afectan supuestamente a jóvenes, mujeres, autónomos, minusválidos y ciudadanos en general; todas las medidas, por supuesto, urgentes y coherentes, señor Rato, pero tan sólo teniendo en cuenta que quedan poco más de dos semanas para las elecciones. Ahí está la urgencia. Su Gobierno quiere utilizar estas supuestas medidas económicas en la campaña electoral para tapar los problemas de fondo y los errores del Partido Popular.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso quiere dejar constancia del carácter electoralista de las denominadas medidas de reforma económica que se incluyen en el real decreto-ley que trae hoy el Gobierno al Congreso para su convalidación. Sin embargo, también he de señalar que nos gustaría discutir las medidas planteadas, y otras, a partir del 26 de mayo, cuando se tramite este decreto como proyecto de ley, tal como lo ha anunciado usted esta mañana, señor Rato. He de decirle, señor vicepresidente, aunque supongo que ya lo sabrá, que varias de las medidas que se contemplan en el real decreto-ley, y en concreto las de carácter fiscal, estaban ya aprobadas y en funcionamiento en Euskadi. La cuenta ahorro-empresa, con otros porcentajes y límites cuantitativos, es una realidad en las diputaciones forales. Los coeficientes de amortización acelerada son incluso más elevados en el impuesto de sociedades que se aplica en los territorios económicos de Euskadi. Ustedes plantean en este sentido cierto acercamiento a nuestro modelo. El nivel de facturación máximo de las pymes para acceder a las ventajas fiscales está en Euskadi en seis millones de euros, que es lo que ahora ustedes proponen. También en el impuesto de sociedades del País Vasco se ha contemplado una deducción por inversión con el fin de respetar el medio ambiente. Nuestra deducción se sitúa para las pymes en el 15 por ciento, y en su real decreto-ley plantean una deducción del 10 por ciento para todas las empresas, independientemente de su tamaño.


Sus medidas no son, por tanto, ni novedosas ni urgentes. Podemos discutirlas tranquilamente después de las elecciones. Podemos discutir igualmente sobre las medidas más adecuadas en materia de vivienda, con el fin de que el conjunto de los ciudadanos, pero especialmente los jóvenes, puedan acceder a las viviendas en alquiler. En Euskadi, el Gobierno vasco está dando pasos firmes en esta dirección desde hace años. Desde nuestro punto de vista, es más efectivo y correcto incentivar la demanda y no la oferta, y menos de la manera tan parcial como lo hacen ustedes, pero todo es discutible.


También son discutibles, en sentido político, las medidas que se plantean en el ámbito de los trabajadores autónomos, mujeres, minusválidos, etcétera, así como las orientadas a flexibilizar y abaratar los costes de los créditos hipotecarios. En muchas de ellas, como la referida a los autónomos, podemos llegar a acuerdos sin mayores problemas; en estas y el resto de las medidas, así como otras que pudieran incluirse con el fin de abordar una reforma económica que parta de un razonado diagnóstico económico y social, si es posible, pero sin electoralismo, señor Rato, a partir del día 26.


Para concluir quisiera emplear una cita realmente ilustrativa, entresacada de un artículo reciente de Miguel Ángel Fernández Ordóñez precisamente sobre las medidas que hoy nos ha presentado usted en esta Cámara. En dicho artículo se señala que el procedimiento de estudiar y escuchar antes de aprobar las medidas no garantiza un óptimo resultado, pero la mayoría de las veces asegura que las tonterías se quedan en el camino. Y esto lo añado yo: A medida que se acerca una jornada electoral la tentación de hacer tonterías desde el Gobierno crece de manera exponencial. (El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, De Rato y Figaredo: ¿Este Gobierno o todos?) Me estoy refiriendo a este, señor Rato.


Por las razones expuestas, no podemos apoyar la convalidación del decreto-ley que nos ha traído hoy el Gobierno a esta Cámara. El Grupo Vasco, señor vicepresidente, se va a abstener a la espera de debatir con detenimiento estas otras medidas a lo largo de la tramitación de las mismas como proyecto de ley a partir del día 26.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


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El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor vicepresidente, uno, desde la lejanía provinciana, desde su pelillo de la dehesa político, miraba con mucho respeto a un personaje como el señor Rato, con su convicción de político de la derecha, naturalmente, pero aquí cada uno es como le da la gana. Uno esperaba siempre de ese personaje un rigor y una seriedad, no en las intervenciones -cada uno puede tener el día como lo tenga-, pero sí a la hora de diseñar un plan de política económica, teniendo siempre en cuenta que estamos ante una de las ciencias menos exactas que hay en este mundo. Yo esperaba que los acnés juveniles, los prontos y las improvisaciones quedaran para cualquier quinceañero o quinceañera que se dejara embobar ante cualquier galán maduro heredero de un Tyrone Power de nuestra infancia, no en los jardines de Moncloa. Pero hete aquí que parece que el acné juvenil -sanamente- también le ha afectado a usted, a quien siempre tuve por un gran corredor de fondo o por un delfín sesudo.


Señor ministro, ha traído usted aquí una serie de iniciativas, pero cuando uno lee transversalmente o como quiera la introducción del real decreto-ley, se pregunta cuáles son las razones por las cuales ahora sí y antes no y de qué forma ahora. Le voy a leer textualmente lo que dice esa parte: En el momento actual, en el que alguna de esas incertidumbres se ha empezado a despejar, es preciso adoptar medidas extraordinarias y urgentes de continuación con el proceso de reformas. Uno, desde su humildad, empieza a repasar todas las publicaciones económicas y no entiende cuáles son esas incertidumbres. Usted podrá decir que se ha resuelto el conflicto de Oriente Medio. El conflicto de Oriente Medio ha venido a demostrar que el señor Sadam Husein tenía menos potencia militar que una casa cuartel de la sierra de Cádiz, y la potencia militar de este señor, como la de todos los tiranos, sólo suponía un peligro para sus ciudadanos, que por sí es bastante grave, pero no supone ningún problema para el entorno y por tanto no afectaba al sistema económico mundial ni estaba provocando un tapón de crisis. Ustedes dicen: Esto ya está resuelto y hay que continuar. Expansión publicó hace unos días un magnífico titular que decía: La caída de Sadam devuelve la economía a la cruda realidad. Es decir, la economía está tal cual. Ha habido un momento en el que ustedes han tenido la cabeza y otras partes metidas en el conflicto iraquí, y de pronto, cuando termina el conflicto iraquí, la economía vuelve a mandar y se vuelven a plantear una serie de elementos que estaban antes y que siguen después, incluso se han agravado, y a los que ni los países europeos ni Japón ni Estados Unidos -curiosamente la única que parece que puede levantar cabeza es Hispanoamérica- parece que les estén dando respuesta. Usted viene aquí con esta propuesta porque, según usted, se han resuelto algunos de los temas. Mire, señoría, alguien tan poco sospechoso de ser izquierdista, rojo o comunista -a mucha honra además- como el Fondo Monetario Internacional hacía unos planteamientos que hunden todas las previsiones del Gobierno. Frente a la previsión de crecimiento del 2,9 que ustedes tenían, se encuentran con un 2,2; la previsión de precios del consumo en España se dispara de 2,4 a 3,2; la previsión del desempleo del 9,9 que tenían ustedes se dispara a 11,4; por cierto, a la media europea se le dispara cuatro o cinco décimas y a ustedes se les dispara un punto y medio. ¿Cómo me habla usted de convergencia o de crecimiento por encima? Sí, crecimiento por encima en el tema del desempleo. Hay cronistas, como Lafont, que dicen: Según el Fondo Monetario Internacional, la fortaleza del crecimiento de España refleja sobre todo el respaldo de las condiciones monetarias, ya que la inflación supera la media de la zona. Así, frente al 2 por ciento que se espera que aumente el IPC en la zona del euro este año, las previsiones para España se sitúan en 3,2, frente a 1 en Alemania, lo que refleja la debilidad de la economía.


Otro punto negativo es que España vuelva a destacar como la economía con mayor nivel de desempleo porque, frente a una tasa del 6,6 prevista en el conjunto de la economía avanzada, España registrará un 11,4 este año.
Señor ministro, dígame cuáles han sido las razones de fondo por las cuales nos encontramos con este real decreto-ley porque, aunque es cierto que está en la línea de su política económica, plantea algunas cuestiones que, a nuestro entender, deberían haberse resuelto en otro momento, en otro marco y con un proceso más largo. Quisiera entender las causas, tal como decían otros portavoces y especialmente el del Partido Nacionalista Vasco. Aquí uno tiene que pensar que, debido al desgaste de la boda imperial -imperial y cateta, así de claro- de la niña, del caso del Prestige, del conflicto de la guerra y de otras cuestiones, nos traen este decreto-ley. Como pierden votos por desgaste, traen unas medidas de carácter económico, supuestamente social, algunas de las cuales nos parecen interesantes, pero no son el camino para resolverlo.


En el título I ustedes recogen fundamentalmente las medidas dirigidas a impulsar la actividad y la creación en la pequeña y mediana empresa.
Señor ministro, elevar el umbral de facturación de la empresa de 5 a 6 millones de euros para ser considerada pyme a efectos del impuesto sobre sociedades, no es ninguna novedad, lo han dicho aquí distintos intervinientes, porque el Gobierno ya lo ha hecho en otra ocasión. Esta medida significa aplicar los incentivos fiscales que reducen la carga tributaria de la empresa, libertad de amortización y tributación a un tipo reducido del 30 por ciento, en lugar del 35 por ciento, para los primeros 90.151 euros de beneficios. Con este volumen de facturación, no estamos hablando de microempresas o pequeñas empresas, sino que el Gobierno va a consolidar una reducción casi general del tipo impositivo.
La llamada cuenta-ahorro recomendada en el libro verde de la

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Unión Europea, puesta en práctica en la Comunidad Autónoma vasca -por cierto, con la crítica de sus portavoces, léanse el "Diario de Sesiones"-, es una medida interesante, pero no nos explica que se tenga que tomar con prisas y mediante un real decreto. Esta medida hubiera sido bien recibida con mayor tiempo, al principio de su mandato. Hay que ir formando a nuestro naciente empresariado. No todo el territorio español tiene una cultura como la burguesía catalana o la burguesía vasca, en algunas comunidades autónomas ya nos hubiera gustado haber tenido burguesía en un momento determinado o incluso ahora. Las cuentas-ahorro para crear empresas deducibles del IRPF es un canto publicitario, salvo para personas que puedan permitirse el lujo de planificar a medio y largo plazo la constitución de una empresa y aprovechar la desgravación fiscal por el ahorro destinado a tal fin. Eso significa mucha formación. La puesta en práctica de esta iniciativa en el País Vasco tuvo períodos en los que el resultado fue prácticamente cero durante los primeros años.
Hubiera sido muy bueno que lo hubieran propuesto al principio de su mandato. Usted me contestará que todavía no estaba el libro verde, pero tampoco existía el libro verde cuando aquellos señores lo pusieron en marcha.


El título II agrupa las medidas de política de vivienda establecidas para potenciar el mercado del arrendamiento. El acceso a la vivienda -y creo que estamos todos de acuerdo- es un problema social en nuestro país de primera magnitud. Las medidas del Gobierno sobre el alquiler reduciendo la fiscalidad de la empresa destinada al alquiler de viviendas son irrelevantes. Sólo una intervención decidida de los poderes públicos potenciando el parque de viviendas públicas en alquiler podría tener un impacto positivo. El que le diga que son irrelevantes no significa que no sean buenas. ¡Claro que lo son! Pero algo más que una aspirina sería conveniente para resolver el problema. Son buenas, pero escasas y también irrelevantes. España, señor ministro -usted lo sabe mejor que yo-, tiene una proporción de viviendas en alquiler tres veces inferior al promedio europeo, y nuestro parque de viviendas sociales en régimen de alquiler es irrisorio. Aproximadamente, el 2 por ciento de las viviendas principales en España lo constituyen viviendas públicas en alquiler, frente a porcentajes que ronda el 18 por ciento en la media europea. Claro está que es positivo rebajar el coste de las hipotecas minorando las comisiones bancarias, y se lo agradezco en la parte que me corresponda, pero difícilmente va a solventar un problema de gran calado, como es el elevado endeudamiento de las familias. La falta de previsión del Gobierno y el fracaso de su política en materia de vivienda han provocado que muchas familias se hayan endeudado por encima de sus posibilidades, máxime si en el futuro cambian los tipos de interés.


Para ir terminando, señora presidenta, señalaré que en el título III se refería usted al conjunto de medidas de mejora de la acción protectora de la Seguridad Social. Señor ministro, quiero repetirle muchas de las cosas que le han dicho algunos otros diputados, entre ellos el portavoz del Grupo Socialista. Este decreto es el decreto modificado del modificado del corregido. Primar al empresario e insistir en reducir las cotizaciones sociales para hacer compatible la maternidad con la actividad laboral de las mujeres no parece ser muy efectivo, al menos no comparable con la creación de guarderías y servicios sociales. Y la reducción en un 20 por ciento de la cotización mínima para los jóvenes autónomos menores de 30 años puede parecer, si se aplica de verdad y se mantiene, una medida positiva -no me importa reconocerlo- para incentivar el autoempleo, pero no nos parece apropiado establecerla de forma indiscriminada, sin considerar sus niveles de renta. En todo caso, la otra medida, el cobro de la prestación económica por incapacidad temporal desde el cuarto día es, a nuestro entender, una medida positiva, siempre que el Gobierno tenga previsto el crecimiento del gasto por este concepto y el control. Si es así, no me importa reconocerlo, señor ministro.


Poco más tengo que añadir, y termino, de verdad, señora presidenta. El Gobierno, en estos problemas de vivienda y empleo, lanza cortinas de humo sin afrontar el fondo del asunto: publicidad, propaganda y poco más. El bueno del señor Trillo, culto él, por lo menos en sus publicaciones sobre Shakespeare, diría que estamos ante una obra de mucho ruido y pocas nueces.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto sobre medidas económicas ya que tiene razones muy poderosas, potentes, para adoptar esta posición favorable, como lo son que aspectos muy relevantes son iniciativas y planteamientos que tienen la marca y el sello característicos de nuestra formación política. Señorías, señor vicepresidente, Convergència i Unió va a apoyar esta iniciativa ya que, en cierta manera, hemos sido los promotores, los impulsores de dichas iniciativas. También es cierto que en este paquete hay nuevas medidas que ha complementado el Gobierno que, junto a las nuestras que en su momento el Gobierno aceptó, conforman un paquete que tiene la fuerza y la potencia necesarias para seguir impulsando la economía productiva en nuestro país y la generación de puestos de trabajo.


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¿Cuáles son aquellos aspectos relevantes en los que nuestro grupo parlamentario ha tenido una posición determinante o de los que hemos sido pioneros? En el campo de los autónomos, hemos insistido desde hace varias legislaturas, concretamente en esta última, en la creación de la subcomisión para la elaboración de un estudio y conclusiones sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre los emprendedores y los trabajadores autónomos. Hoy, con este real decreto, empezamos a hacerles justicia en dos planteamientos que Convergència i Unió viene reclamando desde hace muchísimos años. En primer lugar, que los trabajadores autónomos puedan empezar a cobrar su prestación cuando están de baja a partir del cuarto día y no del decimoquinto, como ocurría en la actualidad. En segundo lugar, resolvemos una injusticia tremenda que sufría este colectivo -como ha explicado el señor vicepresidente-, la pluriactividad. A partir de la promulgación en el Boletín Oficial del Estado, todos aquellos trabajadores autónomos que compatibilicen el trabajo propio con otro por cuenta ajena tendrán el día de mañana las prestaciones de jubilación con la suma de las diferentes cotizaciones, que hasta la fecha no había ocurrido. No obstante, como diré más adelante, quedan algunos puntos por resolver.


El segundo aspecto relevante en el que Convergència i Unió ha tenido una posición definitiva es todo aquello que hace referencia al fomento, a la construcción y realización de viviendas destinadas al alquiler de nuestros jóvenes españoles. Pensamos que estos incentivos fiscales que se han incorporado en este real decreto van a fomentar que los precios de las viviendas de alquiler bajen y sean mucho más asequibles para nuestros jóvenes.


El tercer punto relevante que Convergència i Unió ha intentado incorporar desde hace varias legislaturas y que finalmente recoge la nueva iniciativa que está contemplada en este real decreto son aquellas medidas que hacen referencia a que cuando las cooperativas hagan socio a un trabajador que antes estaba contratado temporalmente, el citado trabajador podrá capitalizar la prestación de desempleo para poderla aportar como capital. Es un paso significativo y cualitativo muy importante para fomentar las cooperativas y la generación de empleo a través de estas figuras.


El cuarto aspecto relevante en el cual hemos tenido una posición determinante son aquellos elementos que completan el círculo de prestaciones para la integración definitiva de las mujeres en el mundo del trabajo. Nosotros acogemos muy favorablemente una iniciativa que finalmente han incorporado, cual es la posibilidad de que las mujeres puedan volver a incorporarse a los puestos de trabajo después del período de gestación y de la maternidad con bonificaciones del cien por cien en las cotizaciones de la Seguridad Social. También consideramos aspectos relevantes en los que hemos tenido una aportación positiva lo relativo al incremento del umbral de rentabilidad para la facturación de las pymes, para ampliar los beneficios fiscales en este umbral de rentabilidad, que hasta ahora estaba en 5 millones de pesetas y que ustedes han aumentado a 6 millones, y la generación y potenciación de nuevas empresas, de nuevos emprendedores. En estos cinco aspectos relevantes Convergència i Unió ha tenido una participación positiva.


Me atrevería a manifestar aquí, señor vicepresidente -y perdonen mi falta de modestia-, que sin la intervención decisiva de Convergència i Unió hoy este decreto sería diferente, faltarían algunos aspectos importantes que hacen que, producto de una negociación conjunta con el Partido Popular y con otros grupos que van a apoyarlo, hoy sea posible convalidarlo en esta Cámara. Señorías, señor vicepresidente, señoras y señores diputados, no queremos renunciar a la paternidad de estas medidas, como han manifestado públicamente los sectores afectados, organizaciones empresariales, organizaciones de autónomos de toda España, que nos han felicitado públicamente, como el presidente del Gobierno en una última reunión con la asociación de trabajadores autónomos, así como el ministro de trabajo y usted al inicio de su intervención, donde ha dado credibilidad a mis manifestaciones en el sentido de que hemos colaborado y aportado propuestas interesantes para que finalmente el decreto estuviera en las condiciones que hoy lo vamos a convalidar. Indudablemente, estas medidas tienen la huella genética de Convergència i Unió. Al mismo tiempo, no queremos restarle méritos al Gobierno, ni muchísimo menos, ya que gracias a su sensibilidad ha incorporado nuestras propuestas -no todas, es cierto- a este real decreto-ley y lo ha complementado con medidas imaginativas que van a tener un impacto positivo en el campo de las hipotecas, del endeudamiento de las familias y en el de la promoción de la economía productiva.


Con la aprobación de este real decreto-ley no finalizan los compromisos que nuestro grupo parlamentario, el Gobierno y los grupos que apoyaron estas medidas en la subcomisión tienen con el colectivo, importantísimo, de los autónomos a los que hoy, gracias a esta convalidación, les empezamos a hacer justicia. Convergència i Unió va a seguir insistiendo para que antes de que finalice este año los autónomos en España puedan disponer de una contratación efectiva de sus familiares en el régimen general de la Seguridad Social, vamos a seguir trabajando para que puedan tener este fondo de garantía, esta especie de desempleo en caso de que por condiciones objetivas tengan que cerrar sus negocios, y vamos a seguir insistiendo para crear esa subcomisión del autónomo. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular tienen el compromiso de resolver estas tres cuestiones antes de que finalice esta legislatura. Estamos convencidos de que vamos a ser capaces de entendernos para que estas propuestas sean una realidad antes de que finalice esta legislatura y España pueda

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continuar trabajando en el fomento de la economía productiva y de la microempresa, para que pueda existir una legislación moderna, ágil y efectiva para incrementar las vocaciones empresariales de nuestros jóvenes emprendedores, y también de las mujeres emprendedoras, este gran potencial que empieza a caminar, y que alcancen los niveles europeos.


Señor vicepresidente, señorías -voy terminando, señora presidenta-, el decreto-ley contiene una medida que nos ha sorprendido, por cuanto era inesperada: la modificación del régimen agrario de la Seguridad Social.
Este es un tema muy sensible pues afecta a las expectativas futuras de un colectivo muy importante como es el de los agricultores y ganaderos.
Reconocemos que la medida por ustedes planteada puede suponer una mejora para aquellos agricultores con una larga carrera de cotización, también reconocemos los efectos positivos que esta medida puede tener para la determinación de la pensión de incapacidad temporal o de la pensión de viudedad -se lo reconocemos, señor vicepresidente-, pero ustedes tendrán que reconocer también que esta medida se ha aplicado sin la existencia de un debate previo con el sector y que habrá un número importante de agricultores y ganaderos que van a verse obligados a cotizar más sin obtener a cambio mayores prestaciones. Esta es la realidad, señor vicepresidente, señorías. En el campo, no todas las carreras de cotización son de 35 años puesto que, como usted sabrá, más de la mitad de las pensiones del régimen especial llevan aparejados complementos de mínimos. Por ello, señor ministro, nosotros vamos a solicitar -y de su intervención se desprende que lo van a aprobar- que este decreto-ley se tramite como proyecto de ley para poder acomodar a su futura implementación las pretensiones de un sector tan importante. En este ámbito de protección social agraria, nuestro grupo valora muy positivamente la disposición contenida en el real decreto mediante la cual los trabajadores del régimen especial agrario podrán acceder a la prestación por incapacidad permanente total cualificada a partir de los 55 años. Sin embargo, es cierto, tal y como está estructurado este real decreto-ley, que los afectados que pudieran cobrar el 20 por ciento adicional deben renunciar a la propiedad y al usufructo de las explotaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Sánchez i Llibre, debe finalizar su intervención.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Ya termino.


Creemos que esta medida es para la industria o para el comercio, pero no debe ser aplicada para la agricultura puesto que crearíamos situaciones injustas y sin sentido que espero podamos corregir en el debate parlamentario.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: La presidencia, con la conformidad de los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración institucional. Congreso de los Diputados: Ante el asesinato brutal por las FARC de Colombia de diez personas que se hallaban secuestradas en su poder, entre las que se encontraban representantes democráticamente elegidos como el gobernador de la provincia de Antioquía, juntamente con otros civiles y militares comprometidos con la defensa de la paz, manifiesta su más firme condena de estos hechos infames; reitera su rechazo a toda violencia terrorista, así como su preocupación por los centenares de mujeres y hombres que en aquel país continúan secuestrados por grupos armados ilegales; reclama la urgente liberación de dichos secuestrados y hace un llamamiento para que estos grupos armados ilegales cesen de inmediato y definitivamente en su actividad terrorista, para que así el Gobierno y el pueblo colombiano encuentren las vías adecuadas que devuelvan al país la paz y la reconciliación nacional.


¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Asentimiento.-Aplausos.)

Queda aprobada.


- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (CONTINUACIÓN.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, 153; en contra, 101; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Sometemos a votación la tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 261; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la tramitación por el procedimiento de urgencia como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


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ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
(Número de expediente 121/000099.)

La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado.


En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.


Grupos que desean fijar posición respecto a las enmiendas del Senado de este proyecto de ley. (Pausa.-Rumores.)

Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio, con objeto de poder continuar con el debate.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.) Espere un momento, señor Mardones, a ver si es posible que se le oiga.


Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que ha introducido el Senado en esta norma reguladora del contrato de concesión de obras públicas, fundamentalmente porque en su mayoría son puramente complementarias y de carácter técnico para una ley compleja como es esta.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Mardones.


Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Queremos resaltar especialmente nuestro apoyo a la enmienda introducida en el título V, capítulo III, sección 1.ª, artículo 242, de la Ley de contratos de las administraciones públicas. Entendemos que la enmienda del Senado ofrece garantía al aclarar y precisar cuál es la administración a la que corresponde la competencia para otorgar las autorizaciones previstas en este artículo. Se ha dado paso, con una redacción más clara, a que recaiga sobre las administraciones competentes en cada caso la gestión del dominio público correspondiente, con lo cual no habrá conflictos de interpretación entre la Administración general del Estado y las competentes de las comunidades autónomas.


También hay que destacar la enmienda al título V, capítulo III, sección 4.ª, artículo 249.2 de la Ley de contratos de las administraciones públicas, por la que se introduce la exigencia preceptiva del dictamen del Consejo de Estado u órganos consultivos equivalentes de las comunidades autónomas. En aquellas comunidades autónomas que, como Canarias y otras del territorio peninsular, tienen consejo consultivo, será esta la entidad legitimada para extender el dictamen; sobre todo, en casos de interpretación, modificación, nulidad o resolución de los contratos, o cuando el concesionario formule oposición, o existan modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que podrían dar lugar a la resolución del contrato. Este es un aspecto muy conflictivo, a veces, por las variaciones que se introducen en los contratos, por los modificados de obra, etcétera, cuya interpretación deberá dejarse ahora preceptivamente a los consejos consultivos o al Consejo de Estado en el caso de licitaciones que abarquen todo el territorio nacional o se refieran a obras de los departamentos ministeriales.


Queremos destacar igualmente la enmienda a la disposición adicional segunda, apartado cuarto, donde rige el principio de colaboración entre administraciones dando paso a lo que se llama soluciones negociadas.
Antes de recurrir a los tribunales de justicia correspondientes, por vía de la jurisdicción contencioso-administrativa, es esta una fórmula práctica y pragmática de llegar a una solución negociada en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación urbanística que puedan afectar al ejercicio de competencias estatales.


Termino, señora presidenta, refiriéndome a las enmiendas de la Cámara Alta a la disposición final primera, apartados 1, 2, 3 y 4. Nos parece de sentido común la eliminación del carácter básico de algunos preceptos del texto del Congreso de los Diputados, sobre todo, en lo que se refiere a aspectos de procedimiento, así como que se hayan calificado de no básicos los límites máximos de las penalizaciones previstas en varios apartados de la Ley de contratos de las administraciones públicas.


Señora presidenta, por estas razones, expuestas sucintamente, votaremos favorablemente estas enmiendas del Senado.


Nada más y gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.


Las enmiendas recibidas del Senado a la ley que nos toca discutir finalmente no hacen sino corroborar la opinión negativa que sobre ella teníamos y que expusimos en el anterior paso por esta Cámara. Si entonces dijimos que ésta no es una ley al servicio de la ciudadanía, que es una ley que posibilita la arbitrariedad del Gobierno y de la Administración y que no hace sino primar a los entes privados, en este momento, insisto, tenemos que ratificarnos en lo dicho viendo,

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por ejemplo, que lo que se hace en la enmienda al artículo 248 es aún más discrecional, se da la posibilidad a la Administración de hacer de su capa un sayo -como diríamos en expresión popular-, a nuestro juicio penosa para las administraciones locales, en la materia que nos ocupa.
Sólo me queda resaltar, que aunque en la disposición adicional y en la final se hayan introducido modificaciones, son absolutamente escasas y no cumplen lo que nosotros solicitamos en su momento. No podemos por tanto dar nuestro voto favorable, nos abstendremos en estas modificaciones y votaremos negativamente a la totalidad del proyecto.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Otxoa.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no va a apoyar las enmiendas que vienen del Senado, no porque el Senado haya introducido modificaciones sustanciales o haya modificado el tenor del proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obra pública, sino porque de manera coherente seguimos manteniendo nuestra posición contraria al proyecto de ley que en su día presentó el Gobierno en esta Cámara.


Se supone que el Senado debe ser la Cámara de representación territorial que vela por los intereses de las comunidades autónomas, por una parte, como representantes elegidos de una manera directa por la ciudadanía en sufragio universal y, por otra, como representantes de los parlamentos autónomos, pero la verdad es que deja mucho que desear con esa mayoría absoluta que hoy ostenta el Partido Popular y con esa forma de entender las competencias de las comunidades autónomas cuando uno se lee las modificaciones que se han planteado, porque uno de los aspectos más negativo de esta ley, además de la privatización encubierta de la obra pública, es precisamente la reducción de las competencias autonómicas en esta materia, sobre todo en lo que tiene que ver con planificación urbanística, tanto de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. El Senado intenta solucionarlo -reconozco que el Senado, al menos, ha hecho el esfuerzo de intentarlo- con la modificación que introduce en la disposición adicional segunda, apartado 4, que plantea que, cuando haya desacuerdo en la planificación territorial o urbanística que pueda ver afectadas las competencias del Estado se intentará proceder a una solución negociada. Si no se llega a esa solución, señorías, al final lo que predomina es lo que decida el Consejo de Ministros, perjudique o no a una comunidad autónoma, por mucho que el Gobierno de turno intente defender el interés general. Eso no es de recibo, porque no se trata sólo de las comunidades autónomas sino de las corporaciones locales. Es significativo que continúen ustedes manteniendo, cuando se trata de planificación territorial o urbanística, que en caso de que el informe que se ha de evacuar por la comunidad autónoma no se haga en el tiempo previsto, se considere un informe positivo. Eso, señorías, desde nuestro punto de vista. es vaciar de contenido las competencias que tienen las comunidades autónomas en planificación territorial y urbanística y fundamentalmente vaciar de contenido las competencias que tienen las corporaciones locales.


En el Título V, capítulo III, intentan ustedes modificar a través del Senado algo que puede ser importante, hablan ustedes de la exigencia preceptiva del dictamen del Consejo de Estado o cualquier otro órgano consultivo de la comunidad autónoma que se vea afectada o que le corresponda, pero solo y exclusivamente cuando exista un criterio dispar en la interpretación en los casos de modificación, nulidad y resolución del contrato habiéndose producido ya una concesión de obra pública. Es importante que se haga este informe preceptivo del Consejo de Estado, pero no solamente cuando se pueda producir este tipo de actuaciones, sino que habría que ampliarlo mucho más para que el Consejo de Estado o el organismo de la comunidad autónoma tuviera una mayor incidencia en este tipo de actuaciones.


El resto de enmiendas que presenta el Senado son de carácter semántico.
Pondré como ejemplo la segunda enmienda introducida en el Senado al título V, capítulo III, sección 1.ª, artículo 242 c) de la Ley de contratos de las administraciones públicas. El apartado c) del citado artículo decía: la administración titular del dominio público correspondiente. El Senado plantea la siguiente modificación, diciendo que es una corrección técnica que da claridad al texto: la administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público correspondiente. Sin menospreciar la labor digna de elogio que hacen nuestros senadores y nuestras senadoras en muchas ocasiones, no parece que el trabajo desarrollado con este tipo de enmiendas sea el que requiere una ley de las características de la ley reguladora del contrato de concesión de obras pública, por la manera en que afecta a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


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Nuestro grupo va a votar favorablemente las enmiendas que provienen del Senado porque suponen dar un paso más en relación con la ley que salió del Congreso. Ya en el debate de totalidad de la ley que nos ocupa, hicimos constar que no llegaba a los mínimos que nosotros creíamos necesarios en una serie de temas. A partir de ese momento, se establecieron conversaciones con el ministerio y, a través de transacciones en el trámite del Senado, se pudo avanzar con algunas de las enmiendas que habíamos presentado allí.


Nuestro grupo va a apoyar las enmiendas del Senado porque supone avanzar un poco, pero mantenemos nuestra valoración negativa tanto de las disposiciones adicionales segunda y tercera como de las disposiciones finales primera y segunda. Nuestro voto no variará en el concepto total de estas disposiciones por cuanto continuamos considerando que no están suficientemente preservadas las competencias tanto de las comunidades autónomas como de las corporaciones locales. ¿Por qué aceptamos entonces las enmiendas? Porque, gota a gota, vamos avanzando. Si hemos conseguido algo, algo tenemos, pero la ley en este aspecto queda muy pobre.


En la disposición adicional segunda se produce una mejora importante, pero solamente en su epígrafe cuarto, cuando realmente todos sus epígrafes habían sido objeto de enmiendas por nuestra parte, algunas de ellas de supresión.


Al apartado 2.b) del artículo 248, referido al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, habíamos presentado una enmienda aclaratoria relativa a las causas de fuerza mayor, cuya redacción había sido más o menos aceptada en conversaciones; después, por las circunstancias que sean, deriva en una simple transacción que se nos presenta y que sólo elimina la palabra exclusivamente. ¿La eliminación de la palabra exclusivamente varía el contenido del apartado? Sí lo varía, pero no lo deja muy claro porque incluso no se permite en el Senado que esta variación quede reflejada en la exposición de motivos, por cuanto, según se dice, técnicamente no había posibilidad de colgar una enmienda al articulado en la exposición de motivos. A mi entender, si una enmienda referida al articulado influye en la exposición de motivos, debería trasladarse a la misma de manera automática.


En fin, todo lo que se ha podido realizar a través de la discusión, tanto en el Congreso como en el Senado, ha resultado francamente deficitario para nuestro grupo. Por tanto, nosotros mantenemos nuestra posición negativa respecto a la ley en cuanto las disposiciones adicionales y finales citadas.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, la verdad es que son pocas las enmiendas que vienen del Senado a este proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Son pocas y tampoco tienen tanta transcendencia porque, salvo dos o tres que tienen algún sentido, el resto son modificaciones que no varían en nada el texto que salió del Congreso.


Destacaríamos la enmienda que está relacionada con el artículo 248.2 de la ley, que supone la eliminación del término exclusivamente, cuando se hace referencia a los supuestos en los que la Administración deberá restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión. No entendemos a qué viene esta supresión porque esta flexibilidad que se plantea respecto a la eliminación de este término, indudablemente, deja las manos libres a la Administración para que, cuando lo estime oportuno, se restablezcan ese equilibrio financiero, y puede ser a favor o en contra. El hecho de que esos casos estén tasados por ley nos parecía una fórmula mejor que la eliminación del término exclusivamente. Ustedes lo han planteado así y nosotros no lo compartimos, por lo que votaremos en contra de esa enmienda concreta.


Igualmente, se modifica la disposición adicional segunda, punto cuarto, cuando se incorpora la fórmula de la solución negociada entre administraciones cuando los instrumentos de planificación territorial urbanística puedan afectar al ejercicio de competencias estatales. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Aunque sea un mínimo avance porque ya plantean en la propia ley una solución negociada a estos hipotéticos conflictos, lo cierto es que no tienen perfilado en qué ámbito, qué cauces se arbitran o qué tipo de relaciones va a haber entre unas administraciones y otras para superar estas dificultades. Es cierto que fijan un plazo de dos meses, pero yo no sé, señorías, si esto no va a introducir mayores elementos de inseguridad jurídica, a los que haré referencia posteriormente. No es la fórmula más correcta ni adecuada para solucionar estas desavenencias que hay entre las administraciones y tendrían que haber hecho un esfuerzo mayor en buscar cauces que permitieran plantear quiénes son los que van a discutir, cuándo lo van a hacer, de qué forma lo van a plantear, con qué instrumentos y qué tipo de aspectos tienen que plantearse en la negociación. Esta no es la manera más adecuada para solucionar estos conflictos institucionales.


Se modifica también la disposición final primera en la que se determinan qué artículos son básicos en esta ley, cuando se apruebe, pero la fórmula que ustedes han planteado no se adecua a lo que nosotros hemos planteado en nuestras enmiendas. Es cierto que introduce algunas variaciones que podemos compartir, pero no introduce todas las variaciones que nosotros consideramos básicas para el conjunto de la ley. Por tanto, señorías,

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ni estas enmiendas introducidas en el Senado ni las que se produjeron en esta Cámara cuando se debatió este proyecto de ley en el Congreso han hecho variar nuestra oposición a este proyecto de ley. Nuestra oposición estaba basada en la enmienda de devolución que se planteó en su momento.
Desde nuestro punto de vista, se genera una inseguridad jurídica clara en la ley de contratos de administraciones públicas, donde mantienen los contratos de obras y los contratos de servicios e introducen un nuevo régimen concesional que de alguna manera solapa, confunde y dificulta la interpretación de qué tipo de norma es aplicable en determinados casos cuando se produzca la contratación de obra pública y de servicios.
Ustedes siguen manteniendo la diferencia entre concesión de construcción y explotación de obras y concesión de explotación simplemente, cuando las directivas comunitarias plantean que las concesiones deben ser de construcción y explotación. No sabemos cuál es el alcance de dicha diferenciación, pero de ello nos vamos a enterar en la práctica, cuando ustedes otorguen concesiones de explotación sobre obras que en este momento pueden estar construidas. Los elementos de inseguridad jurídica que genera este proyecto de ley van a permanecer vivos y se van a trasladar a los tribunales en un momento determinado.


Por último, señorías, ustedes siguen manteniendo las modificaciones relativas a la Ley de Costas y a la Ley de Aguas, modificaciones que lo único que hacen es empeorar los textos actualmente vigentes en ambas regulaciones. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas en el Congreso y en el Senado y ustedes no las han querido aceptar. Por una parte, ustedes han planteado el incremento de la concesión hasta 65 años en materia de aguas y, por otra, con la modificación de la Ley de Costas y con otras modificaciones que han hecho en la Ley de acompañamiento, han llevado a cabo una especie de atentado, entre comillas, contra los dominios públicos hidráulico y marítimo, por lo que entendemos que no es un proyecto de ley que podamos avalar con nuestro voto. Aunque hoy votemos a favor de algunas de las enmiendas que se han presentado, en modo alguno se debe entender que damos el visto bueno al proyecto, puesto que no hay ninguna variación sustancial con respecto a su planteamiento inicial, cuando requerimos su devolución, que nos haga cambiar de criterio sobre el conjunto de la ley.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Morlán.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-Amor.


El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señorías, mi intervención va a ser breve.


Quiero resaltar que las siete enmiendas procedentes del Senado, en el último trámite de aprobación definitiva de la ley de concesiones, demuestran la fortaleza con que el proyecto de ley salió de la Cámara Baja y llegó al Senado. El Senado, en uso de sus prerrogativas, ha introducido siete enmiendas, algunas de las cuales, manteniendo una opinión diferente a la de algunos de mis compañeros que han intervenido antes que yo, tienen un carácter sustantivo y verdaderamente importante.
El fin teleológico de las enmiendas es básicamente el de ajustar aquellos artículos del proyecto de ley que pueden presentar en el futuro una mayor rigidez para hacerlos más posibilistas y también para eliminar algunos obstáculos de carácter de conciencia que tienen algunos grupos parlamentarios. Sin embargo, no se trata solamente de enmiendas técnicas, sino que algunas son de fondo, y me interesa resaltar una al artículo 248, de la que concretamente el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que es de difícil asunción. La simple supresión de la palabra exclusivamente hace que no se contemple una enumeración tasada de las causas por las cuales se exige el restablecimiento del equilibrio económico-financiero, esto es, se posibilita pasar de un régimen de numerus clausus a uno de numerus apertus, quedando la tipicidad impuesta por este artículo en las tres causas contempladas abierta a cualquier otra sobrevenida y que no esté contemplada de forma directa en la ley. Esto es importante, viniendo a consagrar el artículo 248 una cláusula de enorme raigambre jurídica, la sic rebus stantibus, por la cual cualquiera puede exigir en el cumplimiento de sus obligaciones la alteración de las obligaciones contractuales derivadas, siempre que se hubiera producido una obligación no contemplada con anterioridad y que desnaturalizara el proyecto original o el proyecto de las obligaciones contraídas en virtud del artículo determinado.


También se ha tenido especial cuidado en que las administraciones acudan, en el ejercicio de sus competencias, como es doctrina del Tribunal Constitucional, a los principios de colaboración y coparticipación, exigiendo eso sí una serie de requisitos para hacer posible la actuación, la no demora con carácter indefinido en el caso de que haya desacuerdo entre las administraciones.


También se ha incluido en alguno de los artículos la presencia del Consejo de Estado u órgano de la comunidad autónoma equivalente para que emita informe preceptivo y vinculante, en el caso de que un concesionario solicitara la revisión o nulidad de alguna de las concesiones adjudicadas.


Por último, en las disposiciones finales se ajusta lo que se considera legislación básica, que corresponde al Estado, y se diferencia de lo que es legislación no básica, lo que hace que el proyecto sea más claro que el que salió del Congreso.


Tengo que decir que, felizmente, asistimos hoy al alumbramiento de una ley que sin duda va a tener enorme juego en el futuro. Es una ley muy importante y, sobre todo, es una ley que da juego suficiente, no sólo a

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las administraciones públicas, sino que también establece los derechos que tienen los usuarios, así como las obligaciones y los derechos que van a tener los concesionarios. Por tanto, en defensa de ese interés público, este proyecto de ley, que vamos a convertir en ley en unos instantes, es un gran proyecto de ley porque establece las reglas de juego para todos los que intervienen en el ámbito, no sólo de la concesión de la obra pública, sino también de su explotación.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López-Amor. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas.


En primer lugar la enmienda al artículo 1.5, que añade un nuevo título V al libro II de la Ley de contratos de las administraciones públicas en lo relativo al artículo 248.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 145; en contra, 102.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmiendas al apartado 4 de la disposición adicional segunda y a los apartados 1 a 4 de la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 145; en contra, cuatro; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, 237; en contra, ocho; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 121/000121.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente las dos enmiendas que nos llegan del Senado a este todavía proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. La transición política a la democracia y el ministerio fiscal deben mucho a esta ley.
Es una ley que no se había tocado prácticamente en nada sustancial desde 1981, fecha en la que se aprobó aquí, con un Gobierno de la Unión del Centro Democrático entonces, y que ha venido prestando un inestimable servicio al ministerio fiscal y por tanto a la justicia y a la democracia constitucional española. Ahora llegan estas dos enmiendas del Senado, enmiendas que vamos a votar favorablemente.


La enmienda fundamental es la que da una nueva redacción al artículo 5.º del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, como artículo único dentro del proyecto de ley, por entender que se ha hecho una mejora, aunque no máxima. Nosotros teníamos nuestras reticencias ya que el texto que salió del Congreso de los Diputados respecto a este artículo daba lo que entendíamos muy poco tiempo al ministerio fiscal, al fiscal que estuviera en una determinada operación, ante una presunción de delito. Pensábamos que le daba un tiempo muy escaso -se limitaba a seis meses- para la duración de estas diligencias que, se decía, habrían de ser proporcionadas a la naturaleza del hecho investigado. Cuando el hecho investigado es, por ejemplo, un presunto delito de corrupción, las cosas no son muy fáciles. No se trata de incoar unas diligencias previas a un delito manifiesto, bien evidenciado visual y testimonialmente, sino que se trata de cuestiones con muchos recovecos, que demuestran mucha inteligencia al utilizar instrumentos humanos y técnicos para la corrupción en cualquiera de sus medidas. Esto había sido denunciado precisamente por el fiscal Anticorrupción, porque significaba acaso alguna limitación para una acumulación de pruebas en estas diligencias.


Ahora se trata, digamos, de subsanar esta limitación de los seis meses en la duración de estas diligencias para que, sin ceder -se sigue manteniendo el plazo de seis meses sin distinción alguna del tipo y naturaleza del hecho investigado-, al menos sea mediante prórroga acordada por decreto motivado del fiscal general del Estado. Esto va a permitir alguna ampliación y espero que el fiscal general del Estado, en su línea consecuente del principio de legalidad, que imprime toda la filosofía jurídica del Estatuto del ministerio fiscal, junto al de jerarquía, permita que aquellos fiscales que lo soliciten, en diligencias de delitos muy tortuosos y

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muy difíciles de llevar a la evidencia probatoria, puedan realizar su tarea con plena satisfacción en la lucha contra la corrupción y contra cualquier otro delito como el narcotráfico, en los que muchas veces no es fácil la acumulación de las pruebas testimoniales.


Por estas razones, señorías, y porque este decreto motivado del fiscal general del Estado supone al menos la posibilidad de superar el plazo de los seis meses, vamos a votar favorablemente.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, ¿qué se puede decir de un proyecto de ley respecto del cual la formación política a la que represento esperaba más? No presentamos en su día enmienda a la totalidad, eso sí, porque nos conformábamos con que se aparcase para mejor ocasión la reforma funcional, que para nosotros es fundamental, vinculada a que de una vez, tras 25 años de vigencia constitucional, seamos capaces de elegir el modelo de proceso penal, es decir, de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aún así, a pesar de haber aceptado lo pretendido por el proyecto, nos parece que los principios que recoge la Constitución en el artículo 124, aunque se hace énfasis en la exposición de motivos una y otra vez, no quedan debidamente garantizados con el proyecto que hoy vamos a aprobar definitivamente. En la exposición de motivos se dice que de su modernidad y del grado de eficacia con el que se ejerzan las funciones que le son asignadas dependerá en buena manera la efectiva vigencia de algunos de los valores constitucionales comprometidos en todo proceso jurisdiccional.


Nos parece sin embargo que estos valores estaban mejor recogidos -y nos hemos quejado de ello a lo largo de la tramitación- en la moción aprobada por todo el Pleno de esta Cámara el 27 de mayo de 1997 -aquellos tiempos en los que la mayoría absoluta del gobernante necesitaba los votos de los demás-, de la que ahora en el proyecto y en toda la tramitación de la ley se ha pasado olímpicamente, a pesar de haber hecho referencia una y otra vez a ella las distintas formaciones políticas. Poca importancia se da desde la mayoría a lo que se aprobó en esta Cámara por mayoría absoluta -insisto-, aunque fuese en legislaturas precedentes. La temporalidad en el desempeño de los cargos con criterios de mérito, especialización y formación para el ejercicio de determinadas responsabilidades, así como el fortalecimiento del papel que corresponde al Consejo Fiscal es criterio que también se esgrime en la exposición de motivos y en principio, señorías, esto puede ser bueno o no, depende de cómo se ejerza, y tal como ha quedado plasmado en el texto nos lleva a la idea de una vinculación mucho más estrecha de la figura del fiscal al Poder Ejecutivo. No se introduce además elemento de temporalidad alguno en la figura del fiscal general del Estado, como también era pretensión esgrimida por numerosas formaciones políticas. La secretaría técnica ha quedado regulada de una manera más completa, pero tampoco todo lo correctamente que hubiera sido deseable, si se hace caso de las enmiendas que casi todas las formaciones políticas hemos presentado.


Hay asimismo que señalar -lo hemos hecho en todos y cada uno de los trámites y también lo han hecho otras formaciones, nacionalistas o no- lo que de involución tiene en materia autonómica, incluso de engaño a las comunidades autónomas que tienen competencias asumidas en la materia, que ni el proyecto inicial ni el que ahora llega a su último paso por esta Cámara tengan para nada en cuenta lo acordado en la Comisión de coordinación de las comunidades autónomas de 18 de octubre de 2002, que es recientísimo; no es como el acuerdo de 1997, sino de hace casi dos días. Parece que se engaña a las comunidades autónomas cuando se les lleva a adoptar determinadas cuestiones en foros autonómicos, en foros conjuntos. Se les convence de que existe una cierta idea de descentralización territorial y sin embargo nada de esto queda recogido en los proyectos que desde el Gobierno llegan a esta Cámara. A ello se refería, hice mención en el momento inicial, al comienzo de la tramitación de este proyecto, el voto particular del vocal del Consejo General del Poder Judicial Alfons López Tena, en términos que mi formación política recoge íntegramente.


No quisiera dejar de mencionar tampoco otra cuestión que para nada ha quedado resuelta, a la que hizo referencia en alguna de sus exposiciones el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y es a la dificultad, al laborioso camino, que tienen los fiscales jefes de las comunidades autónomas cuando deciden instar la actuación del ministerio público en nombre de la comunidad autónoma. He sido testigo, durante el tiempo en que fui directora de lo contencioso, de las dificultades de relación que tenía con el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hoy fiscal general del Estado, para que a través del Ministerio de Justicia lograse que se le instase a que interpusiese algunas acciones en defensa de derechos o intereses de la comunidad autónoma. Señorías, si creemos en las comunidades autónomas y si tutelan intereses públicos, debería reconocerse la posibilidad de acercamiento al ministerio público de estas entidades, de estos poderes públicos, insisto, por un camino mucho menos tortuoso que el que esta reforma del estatuto todavía perpetúa.


De las enmiendas que se han introducido en el Senado, una de ellas es una distinta redacción. Otra sí tiene un mayor alcance y es la que hace referencia al contenido

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del artículo 5 en cuanto a la posibilidad de diligencias que se tramiten a instancias del ministerio público. Mi formación política no se va a oponer a que se vote esta enmienda. En todo caso -y lo dije también ya en Comisión- sorprende que se pongan tantas cortapisas a las posibilidades de investigación del ministerio fiscal, cuando en nuestro sistema existen normas que permiten a la policía, sin ningún control judicial, estar efectuando actuaciones respecto de ciudadanos de los que ellos no tengan noticia alguna.


Está en estos momentos también en tramitación en la Cámara, la semana que viene llegará a su punto final, la ley de bloqueo de capitales en materia de terrorismo. No nos parece en absoluto mal que se bloqueen estos capitales, pero esta ley permite que sin ningún control judicial sea posible que la policía esté interviniendo en capitales de personas que no necesariamente cooperen, pueden haber sido incluso objeto de extorsión, y sin embargo respecto de ellas puede haber abiertas diligencias sine die.
De la misma manera, la normativa que regula el Centro Nacional de Inteligencia también permite, con alusiones ambiguas y sin que siquiera exista sospecha ni imputación de actuaciones delictivas, que existan averiguaciones, investigaciones, escuchas en concreto, respecto de determinadas personas. ¿Por qué tantas cautelas respecto del ministerio fiscal, que -insistimos en ello- tiene atribuidas en el artículo 124 de la Constitución misiones de una trascendencia que, desde la perspectiva de la formación política a la que represento, merecen todo el respeto del mundo? Creemos además que los funcionarios que lo sirven lo cumplen con dedicación y con absoluto acierto en muchas ocasiones, en relación sobre todo con el respeto a los principios que este precepto constitucional recoge. A pesar de ello, a pesar de que a mi formación política le parece -como he dicho al principio- una ocasión perdida, se refuerza la hegemonía del fiscal general del Estado sobre el conjunto del ministerio público, saliendo esta figura reforzada, en la medida en que se resta poder a los fiscales jefes y queda claramente delimitado el distinto tipo de mandato que rige para unos y para otros. Además, por esa vía se refuerza la influencia del Gobierno sobre un conjunto de instituciones que funciona bajo el principio de jerarquía y unidad de criterio. Al igual que ocurre ahora, el Parlamento no podrá tener control ninguno respecto de la actuación del fiscal general del Estado, aunque sí reconozco -y justo es hacerlo así, señorías- que el fiscal general del Estado actual está a disposición de esta Cámara cuantas veces es requerido para ello. De la misma manera también nos parece motivo de queja que las fiscalías especiales vean en alguna medida recortadas sus funciones.


He aprovechado mi intervención en esta tribuna para quejarme de estos aspectos, pero el trámite actual se refiere única y exclusivamente a las enmiendas procedentes del Senado. Una de ellas es de corrección terminológica y la otra, a pesar de las críticas que han sido efectuadas por esta portavoz, no daña -todo lo que sea aumento de las garantías no nos parece mal-, si bien hemos expuesto el porqué de estas suspicacias respecto de actuaciones del ministerio fiscal. Por tanto, no podemos por menos que manifestar que votaremos a favor de las dos enmiendas que se han introducido en la Cámara Alta.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, en su momento mi grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad, tanto al texto como al contexto en el cual se movía este proyecto de ley. Y el tiempo creo que ha venido a darnos la razón. El otro día, un fiscal jefe de Madrid se atrevió a hacer un comentario sobre la problemática de la puesta en marcha de los juicios rápidos e inmediatamente todos los dardos del Júpiter ministerial cayeron sobre él, de tal manera que dicho fiscal ha tenido que plantearse defender su honor, acusando al ministro y diciendo que iba llevar el asunto a los tribunales. Yo espero que las cosas no lleguen a tal extremo y que se resuelvan dentro de una zona de diálogo, pero, indiscutiblemente, esto muestra el talante con que el Gobierno, soportado por el Partido Popular, está encarando algunas críticas y algunas actuaciones de fiscales, ellos y ellas, díscolos con lo que entienden que tiene que ser la normalización, también entre comillas, en el mundo del ministerio fiscal. Nosotros ya decíamos que detrás de esta ley, cuando se pusiera en marcha, íbamos a tener un Cardenal perpetuo y varios fiscales que iban a ir a por pipas, molestos para el Gobierno y molestos, díscolos y críticos, con la actuación del Gobierno. Como decía, el tiempo ha venido a darnos la razón.


Segunda cuestión. En una intervención brillante y elegante, como siempre, la señora Uría ha dicho que ellos también pusieron una esperanza en el trámite del Senado, esperanza que, indiscutiblemente y como ustedes comprenderán, se ha visto defraudada. Las enmiendas que se nos traen son: éste pásese al esté -porque no podía ser menos-, que podría llevar a una disertación casi quevediana, magnífica, sobre el acento y la tilde -eso en primer lugar- y sobre todo respecto a algunas teorías gramaticales de la tilde en las palabras llanas. Estas cuestiones aparte, la otra enmienda viene a solventar, por reducción, algunos de los problemas que se pueden producir entre los fiscales, ellos y ellas, y sus propios o propias, si se atreven a ejercer la abogacía o la procuraduría en la misma zona en que ellos actuaban. En el texto original se fijaba una ciudad de medio millón de habitantes y ahora lo que se fija es una circunscripción territorial de medio millón de habitantes.


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Es una cuestión interesante, pero de tono menor en este momento.


Sin embargo, señorías, me llama muchísimo la atención -y sería conveniente que quien haga la redacción sepa verdaderamente si se dice lo que se quiere decir- que se diga que el fiscal podrá recibir denuncias que enviará a la autoridad judicial o decretará su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la adhesión al denunciante. No crean SS.SS. que es una mera cuestión de estilo, máxime cuando la utilización del fiscal como elemento en el que depositar muchas denuncias es una práctica muy habitual de personas, de colectivos, incluso de partidos políticos, en ámbitos determinados, en los que no se quiere ir a la denuncia o la querella y se utiliza la vía del fiscal para presentar una denuncia. La modificación que se ha introducido en el Senado parte de una tremenda desconfianza hacia el fiscal. Aquí la gramática esconde toda una desconfianza, porque, señorías, y siento mucho ser pesado en este tema, al construir el entrecomillado en enviándola a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando hay una denuncia se plantea que, cuando el fiscal no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, tiene dos posibilidades: a) decretar su archivo o b) enviarla a la autoridad judicial. Pero en el texto anterior el fiscal tenía la capacidad, en un momento determinado, de decretar el archivo cuando no encuentre fundamentos o la posibilidad b), que era enviarlo a la autoridad judicial. Aquí es: cuando usted no encuentre fundamentos, puede hacer una cosa u otra, con lo cual entiendo, vuelvo a insistir, que se parte de una desconfianza.


Es evidente que vamos a votar que no, no por la enmienda -éste o esté nos importa un rábano y sólo es una mejora de estilo-, sino porque creemos que las razones de los miedos y los temores por los cuales presentamos la enmienda a la totalidad han rebrotado en esta extraña primavera y se ha abierto la caza y captura del fiscal díscolo. Por eso mi grupo parlamentario no va a amparar ni mucho menos cualquier cosa que pueda servir de soporte legal a estas actuaciones políticas.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, ciertamente son pocas las enmiendas que nos llegan del Senado para ser consideradas en este Pleno, pero no quiero dejar de iniciar mi intervención haciendo referencia a cuál era el planteamiento de mi grupo parlamentario en esta ley, cuál era el sentido de las 55 enmiendas -que no son pocas, aunque luego fundamentalmente sólo se ha hablado de una- que habíamos presentado. Pretendíamos primero la adaptación del estatuto orgánico del ministerio fiscal al Estado de las autonomías en una triple vertiente, como indicaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco: en primer lugar, normalizar las relaciones entre el ministerio fiscal y las comunidades autónomas, tal y como por lo demás señalaba el Libro Blanco del ministerio fiscal; en segundo lugar, pretendíamos el reconocimiento de la lengua propia de las comunidades autónomas en este ámbito así como la territorialización de las pruebas de acceso, y finalmente la configuración del fiscal superior de las comunidades autónomas, en el mismo sentido que la comisión de coordinación de comunidades autónomas con competencia en materia de Administración de justicia había aprobado el 18 de octubre de 2002, el año pasado.


Pretendíamos también potenciar los órganos colegiados del ministerio fiscal y por tanto el Consejo Fiscal y la Junta de fiscales de Sala, muy fundamentalmente de cara a los nombramientos discrecionales y a los ascensos. Ciertamente esta es una reforma que potencia la figura del fiscal general del Estado. Lo que nosotros intentábamos era poder establecer en aquellos casos unos instrumentos de contrapeso. Debo decir que no nos hemos salido, como decimos en Cataluña no nos hem sortit, con estas enmiendas. Teníamos también otro interés y era potenciar la garantía de los investigados por el ministerio fiscal, fundamentalmente a través de las diligencias prejudiciales o preprocesales que se regulan en el artículo 5.º. Y a ello haré alguna referencia a continuación, sobre todo para tranquilizar, después de la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco y de la intervención del señor Rejón, y con carácter preventivo, aunque reconozco que todo lo preventivo es malo, en función de lo que pueda manifestar el Grupo Parlamentario Socialista.


Quiero decir, para acabar esta introducción, que mi grupo parlamentario era y es partidario de la introducción del principio de temporalidad en el nombramiento de los fiscales jefes, porque temporalidad para nosotros significa responsabilidad y por tanto introducir ese aspecto nos parecía importante. Sin embargo, esa temporalidad aplicada al fiscal general del Estado tiene problemas, porque, si hay alguien temporal, es el fiscal general del Estado, que puede ser cesado por el Gobierno y mayor temporalidad que esa por descontado que no existe. Además, lo que se pretende es establecer no la temporalidad, sino la inamovilidad durante un período determinado de tiempo; eso es complicado para nuestra configuración del ministerio fiscal, que, si no es un instrumento de política criminal del Gobierno, es algo parecido, y yo creo que, como tuve ocasión de señalar en un Pleno anterior, la propia posición del Grupo Parlamentario Socialista, manteniendo la inamovilidad pero haciéndole cesar en los supuestos en que se apruebe una moción de censura o se disuelvan

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las Cámaras, pone muy claramente de manifiesto la imposibilidad de establecer una inamovilidad, salvo que vayamos de cabeza al fiscal parlamentario. Mi grupo parlamentario, valga la redundancia, no es partidario de esa figura y por tanto ahí no entramos.


Quiero hacer una referencia muy somera al tema que ha sido citado, y que ha sido controvertido, de las diligencias prejudiciales de la fiscalía, en primer lugar, para poner de manifiesto que todos los grupos parlamentarios somos partidarios de su regulación. Si SS.SS. tienen a bien examinar las enmiendas que se han presentado en el Congreso, y fundamentalmente las del Senado, se darán cuenta de que todos grupos entendíamos que la regulación en el artículo 5 y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal era insuficiente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó una enmienda en el Congreso, que ha reiterado en el Senado a los efectos de garantizar el derecho de defensa en ese tipo de diligencias, así como se defendieron las enmiendas 23 del Grupo de Entesa y 115 del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado en las que se establece la necesidad de convocar al investigado, de que esté asistido de letrado y de que pueda tener conocimiento de las diligencias practicadas o entendiendo el problema de la duración imponiendo una duración proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, como plantea la enmienda número 81 de los senadores de Izquierda Unida a los que he hecho referencia anteriormente, Cámara y Cabrero, y por descontado la del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió cara a fijar una prórroga por parte del fiscal general del Estado. Debo decir que esa posibilidad de prórroga ya se contenía en nuestra enmienda originaria en el Congreso. Por lo tanto, si algo cabe concluir es que debían ser reguladas.


Hay un segundo aspecto, que es el de la temporalidad o de la duración de estas diligencias. Yo creo que el propio hecho de reconocer que esta duración tiene que ser proporcionada pone de manifiesto que estamos en presencia de un problema. Mi grupo estableció un plazo de seis meses -ciertamente, las duraciones son contingentes-; podía haberse establecido un plazo diferente, pero quiero decir a SS.SS. que no es un plazo irracional. Los portavoces de justicia de los distintos grupos parlamentarios seguro que tienen el libro homenaje al fiscal Luis Portero, asesinado por ETA. Quiero recordarles que en la página 285 de este libro homenaje consta, en artículos (porque este libro homenaje está integrado por artículos publicados por el fiscal Luis Portero, que no era cualquiera en la carrera judicial), literalmente, que la investigación del fiscal habría de limitarse también, pero en el aspecto temporal, no pudiendo exceder de seis meses, con excepcional prórroga de otros seis, debidamente razonada y motivadamente concedida por el fiscal jefe. Por tanto, señorías, siendo perfectamente consciente de que en lugar de seis meses se podía haber establecido cinco, ocho o nueve, lo que quiero decir es que el plazo de seis meses tampoco es arbitrario y en última instancia viene avalado por quien fue un magnífico fiscal jefe de un tribunal superior de justicia, que precisamente fue asesinado por ello, sin lugar a dudas.


Está también el tema de las garantías, por lo tanto, en qué medida los principios de contradicción y principios de defensa tienen que regir en estas diligencias. Yo quiero recordar a SS.SS. y además animarles a que lean la circular 1/1989 del fiscal general del Estado -tiempos del fiscal Granados, creo recordar- sobre estas diligencias, porque hay algo que yo creo que es importante, y es cuando fija cuál es su naturaleza. En ella se dice: Las diligencias investigadoras se encuentran, por ello, en una posición intermedia entre el simple atestado policial y la propia investigación judicial. Trascienden el carácter de mera denuncia y aún de declaración testifical que el artículo 297 concede a los atestados.
Participan del valor informativo para la fundamentación de la acusación, a efectos de acordarse el pase al enjuiciamiento que es propio de la instrucción judicial, pero carecen del valor probatorio de las diligencias practicadas en forma contradictoria ante el juez de instrucción. Sigue diciendo esa circular que debiera poderse abrir un juicio oral sin necesidad de una reiteración más bien burocrática y dilatoria de las mismas y que el juez debiera abstenerse de duplicar tales diligencias. ¿Qué es lo que quiero decirles, señorías? Quiero decirles (y lo pongo encima de la mesa fundamentalmente por la equiparación que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco entre lo que puede durar una investigación policial y lo que puede durar una investigación por el ministerio fiscal) que la investigación policial no tiene más que valor de mera denuncia, como dice el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y como mucho el de una declaración testifical, pero las diligencias que practica el fiscal, sin llegar a tener el valor probatorio de una instrucción judicial, tienen un valor muy superior desde el punto de vista probatorio. Por tanto, cabe entender que haya cosas, tanto desde el punto de vista de duración como incluso del de garantías de contradicción, que no deban exigirse en una investigación policial y que, sin embargo, sí deban exigirse en una investigación que practica el ministerio fiscal, sin dejar de reconocer una cosa en la que puedo dar absolutamente la razón a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco porque mi grupo ha hecho enmienda. En el proyecto de ley de bloqueo de financiación de los grupos terroristas mi grupo parlamentario presentó las enmiendas correspondientes para que hubiese un control judicial temprano y no pudiese producirse, por así decirlo, esa situación de secreto, de desconocimiento por parte de la persona que estaba siendo investigada y de ausencia de control judicial hasta que transcurriesen, creo recordar, seis meses. Ahí no puedo estar más de acuerdo con doña Margarita Uría.


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A mi grupo le hubiese gustado que el debate sobre estas diligencias prejudiciales no se hubiese basado tanto en juicio de intenciones, porque es muy complicado hacer juicios de intenciones y están condenados las más de las veces al fracaso. No debiera haber sido un debate de juicio de intenciones, en los que mi grupo no va a entrar, pero sí un debate jurídico constitucional porque el problema existe. ¿Puede el ministerio fiscal, puede el fiscal investigar ilimitadamente en secreto y sin contradicción a una persona? ¿Sí o no? Como creo que ninguna de SS. SS.
lo va a defender y como no lo ha hecho ningún miembro del ministerio fiscal, da la impresión de que el hecho de establecer un límite temporal y trasladar algunas de las garantías de las que rigen para la instrucción judicial es importante. Quiero decir una cosa a efectos interpretativos: El texto que tiene este artículo 5 en ningún momento debiera interpretarse, y no puede interpretarse de ninguna manera, ya que lo primero que tiene que hacer el fiscal cuando inicia unas diligencias de investigación es notificar su existencia al investigado, lo cual no quiere decir que deba ser lo último que haga, porque eso también lo hace el juez de instrucción. El juez de instrucción puede recibir testificales y en un momento posterior acordar la imputación de una persona. Aquí debiéramos estar en una situación similar. Lo que por descontado no debe producirse es que después cuando se notifica, cuando comparece el investigado pueda o deba asumir el contenido de unas diligencias testificales practicadas con anterioridad sin posibilidad de someterlas a contradicción. El tema es importante y lo único que puedo decir es que a mi grupo le hubiese gustado que más que juicios de intenciones, que más que juicios hipotéticos sobre quienes son los nombres y apellidos, cuáles son los nombres y apellidos de los perjudicados o de los favorecidos (porque diligencias prejudiciales se practicaron el año pasado 7.350, por tanto, averiguar los nombres de los hipotéticos beneficiados como investigados y de los hipotéticos perjudicados como fiscales sería tremendamente complicado), hubiésemos tenido un debate jurídico constitucional importante porque eso es lo que nos debiera incumbir.
Hemos dado una mayor garantía, un mayor elemento de protección de derechos.


Agradezco por descontado el voto favorable del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Vasco a esta enmienda, al establecimiento de prórroga establecido por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En cualquier caso, que nadie piense que parte de una desconfianza hacia el ministerio fiscal. Debo decirles otra cosa, señorías, de quien no tenemos en ningún caso desconfianza es respecto del Poder Judicial, y algunas defensas y algunas críticas que se han hecho de este artículo si algo ponen de manifiesto es una enorme desconfianza respecto de la independencia del Poder Judicial.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, se va a proceder a aprobar por la mayoría absoluta del Grupo Popular un proyecto de ley importante o que debiera al menos haber sido importante, el de la reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, ya del año 1981, una buena ley que es cierto que necesitaba modificación, pero hemos perdido una gran ocasión de hacer una reforma global, rigurosa, adecuada de esta institución tan importante en el sistema democrático cual es la institución del ministerio público, del ministerio fiscal. Hubiéramos querido acercar más esta institución a los principios de nuestra Constitución, hubiéramos querido disociar claramente la figura del juez y la del fiscal, teniendo al juez más como un garante de derechos y al fiscal dirigiendo la función de investigación penal de acuerdo con el principio acusatorio, pero hay temas que nos preocupan al Grupo Socialista, que brevemente pondré sobre la mesa y uno inicial, que es la propia actitud del Grupo Parlamentario Popular.


Señorías, pese a existir un pacto de Estado para la reforma de la justicia, el Grupo Parlamentario Socialista se ha visto obligado a presentar una enmienda de totalidad en el Congreso con texto alternativo y veto en el Senado con un montón de enmiendas que en definitiva es una alternativa diferente, legítima, tanto como la que ha presentado lógicamente el Grupo Popular desde un punto de vista formal. Lo preocupante es que desde el punto de vista de fondo, existiendo un pacto de Estado, no se ha tenido en cuenta absolutamente nada de la totalidad de un texto con modelo alternativo desde el punto de vista global, puntual y particular. Esto, señorías, es una agresión al pacto de Estado.
Estas no son formas de legislar una institución tan importante como la del ministerio público, porque, aunque la regulación fuera adecuada, que no lo es, nacería ya mal, nacería coja, nacería sin consenso, nacería sin seguridad jurídica, sin estabilidad, sin ese poso que debe dar el necesario consenso en esta institución, o al menos haberlo intentado.
Ustedes, una vez más, han actuado de forma partidaria y han despreciado al conjunto de la oposición.


De las enmiendas del Senado, por cierto del Grupo Popular, que son dos, una, que sí es relevante, vamos a votarla en contra, porque lo que hacen en las diligencias que practica el fiscal es temporalizar ni más ni menos en un máximo de seis meses para que judicialice el asunto y, en definitiva, se proceda a la actuación judicial contra las personas que resulten implicadas; si no, se procederá al archivo. Es cierto que en la enmienda del Senado recogen la posibilidad, para que esto no fuera tan alarmante, de que el fiscal general del Estado

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mediante decreto motivado pudiera excepcionar sobre esta situación. Les pregunto: ¿Ustedes consideran adecuada esta situación en delitos económicos, delitos económicos importantes o delitos complejos que puedan quedar impunes? Yo estoy seguro de que al Grupo Popular le preocupa, y mucho, sobre todo los delincuentes de cuello blanco y no estará de acuerdo con esta medida que al parecer va a ratificar y a consolidar hoy, por cierto, con un precedente anterior preocupante también, que es la última reforma, la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que ha entrado en vigor hace poco más de una semana, la que es conocida como Ley de juicios rápidos. En el artículo 805 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se reforma, también se comete otra -permítanme la expresión- barbaridad jurídica, entre comillas, al dar tan solo dos días de plazo al fiscal para que formule acusación; si no la formulare se daría traslado por otras cuarenta y ocho horas al ministerio fiscal superior jefe, y si en dos días no formula acusación o pide la apertura del juicio oral formulando acusación se entiende sobreseída la causa. Otro ejemplo, otro precedente de lo que no debe ser actuar en esta reforma en temas importantes. Tendremos ocasión además en las próximas semanas, señorías, lamentablemente, de ver cómo el Grupo Popular sigue utilizando su rodillo de mayoría absoluta pese a la existencia del pacto de Estado para la reforma de la justicia, para cometer algunos atropellos -lo digo con conocimiento de causa- contra los derechos y libertades de los ciudadanos y contra la protección de sus garantías.


Señorías, nuestro modelo de ministerio fiscal es absolutamente diferente.
Insisto, puede ser mejor o puede no serlo, dialécticamente así hay que reconocerlo, pero una institución de este tipo -insisto- no puede regularse partidariamente sin consenso y, lo que es peor, sin siquiera negociación ni diálogo. En ponencia se despreciaron en minutos la totalidad de enmiendas, la totalidad de modelos alternativos, y así ha ocurrido también en el Senado. Permítanme recordarles esquemáticamente algunos aspectos importantes que el Grupo Parlamentario Socialista considera que sería conveniente recoger en el modelo, y que han sido rechazados por el Grupo Popular; por esta mayoría absoluta que se impone sin contemplaciones, sin negociación y sin respeto, no ya a la forma sino siquiera al fondo y al contenido del pacto de Estado por la justicia. Lo más importante -lo apuntaba al principio- serían los cambios en las funciones del ministerio fiscal, consistentes en atribuirle la dirección de la investigación penal en el proceso penal -valga la redundancia-.
Esta sería la principal cuestión, unida lógicamente a una disposición transitoria que dijera que mientras no se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente seguirá ejerciendo las funciones actuales.


En cuanto al fiscal general del Estado apostamos por la limitación de su mandato a cinco años y cese por causas tasadas; por la ampliación de las posibilidades de que sea llamado a comparecer ante el Parlamento -o ante el Congreso, en todo caso-, antes de su nombramiento, para que pueda ser interpelado y preguntado por los parlamentarios; por la posibilidad de que los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia comparezcan en los mismos términos, para la presentación de la memoria anual, ante las Cortes autonómicas; por la motivación de las propuestas de nombramiento que le competen; por la posibilidad de adscripción de funcionarios juristas -un máximo de tres-, no pertenecientes a la carrera judicial, para asistir al fiscal general del Estado. En cuanto al Consejo Fiscal (lo dejan todo a regulación reglamentaria) apostamos por que la elección de sus miembros se lleve a cabo mediante sistema proporcional; y por que se amplíen sus competencias actuales, en orden a informar no sólo los nombramientos, sino también los ceses. La Fiscalía Anticorrupción se ve atacada también por la reforma. No entendemos por qué les gusta tan poco a los señores del Grupo Popular que la Fiscalía Anticorrupción tenga competencias, las ejerza y funcione. Apostamos por una mayor protección de esta fiscalía; por el incremento de su ámbito de actuación; por su fortalecimiento, y por que pueda intervenir automáticamente en delitos de especial trascendencia, sin tanto cobijo, control o fiscalización del fiscal general del Estado. El Gobierno propone la regulación de una nueva figura -los delegados de jefatura-, que ya existe. Nosotros apostamos por la creación en todas las fiscalías -en todas- de al menos un delegado de jefatura que coordine la persecución de los delitos de violencia de género, contra el medio ambiente, y durante la vigilancia penitenciaria, y que su cese no se vincule al de los fiscales jefes, que son de carrera.


Voy abreviando. Proponemos la abstención del fiscal general del Estado -y ha sido rechazada por el Grupo Popular- en la posible imputación o investigación de delitos de miembros del Gobierno. No entendemos por qué no les gusta a los señores del Grupo Popular. Pueden consultar tranquilamente al señor Piqué o al señor Matas para que les digan si están de acuerdo en que el señor fiscal general se abstenga en las causas contra ellos. En el proyecto aumenta la provisión de destinos por designación discrecional del Gobierno. Pretendemos continuar con la situación actual, y añadir que se motive la propuesta del fiscal general del Estado al Gobierno. En cuanto al cese de los fiscales jefes nos parece bien el mandato por cinco años, pero pretendemos que no sean destituidos más que por causas tasadas, suprimiéndose la posibilidad de remoción libre de un fiscal jefe si no se acuerda mediante expediente disciplinario. Respecto a la finalización del mandato de los fiscales jefes, tanto de audiencias provinciales como territoriales, ¿por qué no esperar, señorías, a la elección de un nuevo Consejo Fiscal? Se va a producir un vacío en el organigrama del ministerio público, cuando podríamos esperar tranquilamente dos años sin provocar

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esa situación. Además tenemos un precedente claro. Cuando se aprobó la Ley orgánica del Poder Judicial, en 1985, se hizo así para la remoción, los ceses y los cambios de los presidentes de audiencias territoriales y provinciales.


Concluyo. Se ha perdido la ocasión de una reforma seria, global y consensuada de la institución del ministerio fiscal. Se aumenta la utilización y control de la institución del ministerio fiscal por el Gobierno, se falta al respeto en la forma y en el fondo al pacto de Estado, se hace un flaco favor a la mejora del servicio público de la justicia y a la necesidad reiterativa y reiterada, insisto, de consenso en los grandes temas. Señores del Grupo Popular, ustedes están llevando a cabo en los últimos meses de forma atropellada reformas unilaterales que deterioran y debilitan nuestro sistema de derechos y libertades y sus garantías. Esto es necesario que pare, que no continúe, que se vuelva a otro talante y que se recupere el consenso; de lo contrario la seguridad jurídica será efímera porque habrá que cambiar todas estas normas que ustedes indebidamente están llevando a cabo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con este proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Nuestro grupo va a apoyar, como no podía ser de otra forma, las enmiendas que vienen del Senado, puesto que una de ellas, la fundamental, expone clarísimamente que hay casos excepcionales por su complejidad en los que seis meses resultan insuficientes para una investigación del ministerio fiscal; por eso debe preverse la posibilidad de prórroga motivada de este plazo temporal por el fiscal general del Estado, no por ninguna otra razón; no hay que buscar ninguna otra razón a pesar de que algún interviniente haya hecho algunas alusiones a algún ministro que no tiene por qué hacer puesto que no tiene absolutamente nada que ver.


En segundo lugar, entrando en cuestiones puntuales, en relación con la modificación del sistema de nombramiento y limitación del mandato del fiscal general del Estado, esta posibilidad no está prevista en la Constitución de 1978 y supone establecer límites a las potestades del Gobierno. El sistema de nombramiento del fiscal general del Estado está regulado en la Constitución correspondiendo la competencia al Gobierno, y no se prevé la emisión de más informes que el del Consejo General del Poder Judicial, ello sin perjuicio de que el nombramiento del fiscal general, del Estado, como acto político con carácter general esté sometido al control de las Cortes Generales. Una vez nombrado el fiscal general puede ser llamado a comparecer ante las Cortes Generales según lo previsto en el propio estatuto orgánico del ministerio fiscal, correspondiendo el nombramiento y cese del fiscal general del Estado constitucionalmente al Gobierno, por lo que no puede establecerse por vía de ley ordinaria un mecanismo de destitución del mismo no previsto en la Constitución. En cuanto a la figura del fiscal general de la comunidad autónoma, la figura del fiscal jefe de los tribunales superiores de justicia ya se encuentra regulada en otros preceptos del estatuto y culmina la organización del ministerio fiscal en el ámbito de cada comunidad autónoma, que viene a conformar la singularidad de esta figura.
La introducción de modificaciones en este precepto sólo induce a error en cuanto a su configuración. No hay que olvidar que el ministerio fiscal es una institución del Estado por lo que sólo debe responder por su actuación ante las Cortes Generales, siendo éstas las únicas que pueden requerirle para informar de asuntos. La Constitución no prevé la existencia de los fiscales generales de los tribunales de las comunidades autónomas, por lo que la aceptación de lo contrario podría resultar perturbadora de los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica que ordena el funcionamiento de la institución del ministerio fiscal. En cuanto a la atribución de la instrucción al ministerio fiscal, dado que la existencia de una comisión para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha resuelto todavía esta cuestión, debe excluirse la introducción en este estatuto de esta norma de carácter procesal ya que de establecerse condicionaría una determinada decisión. En cuanto a la Fiscalía especial para la prevención y represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, consideramos que la intervención de esta fiscalía debe ser apreciada en todo caso por el fiscal general, puesto que el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción no puede ser quien determine los asuntos a conocer porque ello le diferenciaría de los demás fiscales jefes de igual rango. La Fiscalía Anticorrupción, a diferencia de otras, no está vinculada a órgano judicial alguno, por lo cual si el fiscal general no tuviera intervención en la decisión podría producirse una colisión de criterios, por ejemplo, entre el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ya que ambos podrían considerar que un determinado asunto es de su competencia; teniendo en cuenta el principio de jerarquía que rige la institución, la decisión sólo puede recaer en el fiscal general. Esa fiscalía especial debe responder al mismo principio de actuación que el resto de las fiscalías como garantía para los ciudadanos. En cuanto los fiscales del Tribunal Supremo, si se aceptara, supondría la promoción a la categoría de fiscal de sala por mandato de la ley a todos los fiscales del Tribunal Supremo.


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Respecto del Consejo Fiscal consideramos que es un órgano de asesoramiento del fiscal general, especialmente en cuanto a la valoración de méritos de los candidatos. La exigencia de un número determinado de avales desnaturalizaría esa función, puesto que podría darse el caso absurdo de considerar avalado un candidato a cuyo nombramiento se oponga un mayor número de miembros del Consejo Fiscal; y un candidato no obtiene la idoneidad por el hecho de que sea apoyado por una minoría del Consejo Fiscal frente a la mayoría. La función del Consejo Fiscal, señorías, debe limitarse a valorar los méritos de los candidatos y formular propuestas motivadas sobre su idoneidad o no para acceder al puesto. En cuanto a la autonomía presupuestaria del ministerio fiscal, la singularización presupuestaria del ministerio sería de gran complejidad porque muchos de los gastos que genera el mantenimiento de edificios, funcionamiento de las infraestructuras de la fiscalías, etcétera es común a la de juzgados y tribunales.


Finalmente, agradezco a todos los grupos parlamentarios el tono de su intervención, de manera especial a los que apoyan con su voto favorable las enmiendas que vienen del Senado. En lo que respecta a determinadas afirmaciones que se han hecho, concretamente por parte de Izquierda Unida, hablando del talante del Gobierno, lo mismo que a las del Grupo Socialista, tengo que decir que el Gobierno en toda la tramitación y en periodo anterior a la tramitación, porque todo forma parte de la misma, ha tenido un trato exquisito y que el resultado ha sido fruto del diálogo. Esto no ha sido ninguna imposición de ninguna mayoría absoluta.
El hecho de que existan enmiendas, unas aceptadas y otras no, no quiere decir que el texto haya sido por imposición del Grupo Popular en este caso, de ninguna manera. Por tanto, rechazo esa actitud a la que se ha hecho referencia tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Socialista.
En todo lo relativo al Cardenal perpetuo, según Izquierda Unida, y fiscales que van a por pipas, creo que por sí solo define a quien ha hecho esas referencias.


Finalmente, he de decir que entender, como entiende el Grupo Socialista, que esto es una agresión al pacto de Estado y que en los próximos días se va a ver el rodillo de la mayoría absoluta para cometer atropellos con los derechos y las libertades de los ciudadanos, etcétera -discurso al que nos tienen acostumbrados en las últimas fechas, posiblemente por estar próxima una campaña electoral- no se ajusta a la realidad, como se va a ver no solamente en los próximos días sino más adelante, puesto que no hay que olvidar que esta es una reforma enmarcada en el conjunto de medidas que está impulsando el pacto de Estado para la reforma de la justicia, a fin de actualizar y modernizar el marco jurídico en el cual se desenvuelve el servicio a los ciudadanos. La nueva planta fiscal exige una nueva estructura, más dinámica y ágil, y el texto que hoy se terminará aprobando es fruto del diálogo para modernizar la justicia, potenciándose el papel del ministerio fiscal en la protección de los ciudadanos y en la defensa de las víctimas. La organización interna del ministerio fiscal se adapta a las nuevas responsabilidades y al extraordinario incremento de la plantilla fiscal para que los fiscales puedan ejercer con más agilidad su función, creando la figura de los fiscales delegados y de fiscales que se especialicen en la atención de sectores penales singulares, como son los de las víctimas de violencia doméstica y de responsabilidad penal del menor; se moderniza el funcionamiento incorporando plenamente principios democráticos y constitucionales, por ejemplo, superando el hecho de que los fiscales jefes sean cargos vitalicios y que el ascenso no sólo sea por antigüedad sino también por la especialización; se da una mayor relevancia al papel que le corresponde al Consejo Fiscal, designando al fiscal delegado de nueva creación y participando en la resolución de los recursos y de los expedientes disciplinarios. La reforma respeta el modelo constitucional, dando a los fiscales mejores instrumentos para desarrollar con más plenitud su alta cualificación al servicio precisamente de todos los ciudadanos. Nuestra Constitución es la primera en nuestra historia que constitucionaliza con un cierto detalle la figura del ministerio público, la incardinación del ministerio fiscal y la figura del fiscal general del Estado. Esa constitucionalización hace que los principios de jerarquía y de imparcialidad del ministerio público estén garantizados con la conexión que en el vértice de la carrera tiene el fiscal general del Estado con la soberanía popular, a través de quienes son elegidos por la misma, el Poder Ejecutivo, para impulsar la política nacional contra el crimen.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.


Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. En primer lugar, enmienda al artículo único, punto 3, que da una nueva redacción al artículo 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 146; en contra, 94; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 1, punto 18, que da nueva redacción al artículo 58.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 237; en contra, cuatro.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LA MEMORIA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE A 2001.


- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001. (Número de expediente 245/000004.)

La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Propuestas de resolución relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2001. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que ruego de forma encarecida que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible y que el resto ocupe sus escaños, a ser posible, también en silencio.


En primer lugar, para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y asimismo para la defensa de sus enmiendas a otras propuestas, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, al abordar las propuestas de resolución que los diversos grupos hemos presentado con motivo de la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara, debo ante todo reiterar la satisfacción del Grupo Popular, ya expresada en aquel trámite, por los datos que se nos aportaron en aquella sesión, que en gran número respaldaban los buenos resultados que, gracias a la laboriosidad y al rigor de los miembros del Poder Judicial, pero también sin duda a las reformas procesales que hemos llevado a cabo en esta Cámara, se podían apreciar en la memoria que se nos ofrecía. Comenzando, lógicamente, por la propuesta de resolución del propio Grupo Popular, esa satisfacción se concreta de un modo particular en la actitud de las diversas instituciones con motivo de la puesta en marcha de la llamada Ley de juicios inmediatos o juicios rápidos (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.), concretamente el papel que el propio Consejo ha jugado en esa puesta en práctica junto con la Fiscalía General del Estado, los consejos generales de la Abogacía y de los Procuradores y las propias comunidades autónomas con competencias transferidas. En segundo lugar, estamos satisfechos por el grado de profesionalización de la justicia, al que se ha llegado eliminando centenares de situaciones en las que se recurría a jueces sustitutos para ocupar las plazas que el Gobierno había ido creando. En tercer lugar, nos sentimos satisfechos porque en el año 2002 se han resuelto más asuntos judiciales que en el año anterior, gracias precisamente a la dotación de medios que se ha hecho. Y por último están los buenos resultados que se derivan de la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que está permitiendo que los procesos se resuelvan con mayor agilidad. No deja de ser significativo que disminuya el número de sentencias como consecuencia del proceso monitorio, que en su día fue criticadísimo, porque está consiguiendo la resolución de muchos problemas sin necesidad siquiera de sentencia.


En cuanto a las propuestas de los otros grupos, en primer lugar, por el orden numérico, me voy a referir a las del Grupo Parlamentario Socialista. Hemos ofrecido una serie de enmiendas transaccionales, algunas referidas expresamente a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y otras combinadas con las del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Una vez que hemos tenido un laborioso contacto en el trámite previo a este debate, nos queda por afirmar que en principio vamos a respaldar todas las propuestas de resolución que se nos plantean, excepto las que voy a enumerar ahora.


Nuestro grupo no va a votar a favor de la propuesta número 6, en la que se propone que no solamente comparezca ante la Comisión de Justicia de esta Cámara el presidente del Consejo General del Poder Judicial, sino también vocales del mismo. Entendemos que eso sería una distorsión, porque acabaría trasladando el legítimo debate interno propio del Consejo, que allí tiene su marco lógico -por cierto, el Grupo Parlamentario Socialista se quejó de que era excesivo, porque a su juicio había demasiadas discrepancias y, sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular prefirió no entrar en ese juicio de valor-, a esta Cámara, dándole a la minoría ocasional -la que sea- una posibilidad de partido de revancha y consideramos que este estadio no está para eso, porque debe ser allí, en el campo del Consejo General del Poder Judicial, en la calle Marqués de la Ensenada, donde midan sus fuerzas y que Dios reparta suerte. Pero no consideramos que, respecto del Consejo, esto deba ser una especie de segunda Cámara.


Igualmente respecto a la propuesta número 8. Lamentamos mucho que el Grupo Parlamentario Socialista no acepte nuestra enmienda, en la que, a la hora de los cargos, al hablar de los nombramientos y de la presencia de las mujeres jueces, simplemente pretendíamos sustituir el término "equiparable", que supondría una operación aritmética y por tanto nos trasladaría a un sistema de cuotas, por "que no sea desproporcionada esa presencia respecto al número de las existentes en la carrera judicial".
Esto lógicamente nos sitúa en un juicio de valor y de razonabilidad que nos parece más adecuado que una operación aritmética, que llevaría inevitablemente a una cuota. Si el Grupo Parlamentario Socialista insiste en no aceptar nuestra enmienda, con harto dolor no podremos apoyar una propuesta de

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resolución que, salvo ese matiz, nos parecía enormemente oportuna.


La propuesta número 10 no la vamos a apoyar porque no la hemos entendido.
Hace referencia a una facultad que en teoría confiere el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero hemos leído el artículo bastantes veces y no vemos facultad alguna por ningún sitio, porque es un artículo que impone deberes. No habla de ninguna facultad y mucho menos en los términos un tanto cabalísticos que maneja esta proposición. No la hemos llegado a entender y, por esa simple razón, la votaremos en contra.


Lo mismo sucede con la propuesta número 14, donde se pretende que en la memoria se recojan los criterios de actuación del Consejo en el desarrollo de actividades tales como política de nombramientos, etcétera.
Lo del etcétera queda divertido, porque solamente se hace alusión a una actividad, lo cual no deja de ser curioso. Pensamos que esta no es una Cámara de apelación para revisar los criterios que haya podido seguir el Consejo, aparte de que en un órgano colegiado tampoco es tan fácil determinar cuál sería la voluntas del Consejo. Vaya usted a saber. Habría que dejar campo abierto a los hermeneutas y a lo mejor algún día nos enteramos. Entendemos que por ahí no vamos a llegar a grandes conclusiones. Respecto al resto de las propuestas, una vez que, al parecer, se aceptan nuestras enmiendas, las apoyaremos con mucho gusto.


En cuanto a las propuestas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en algún caso hemos planteado alguna enmienda transaccional que entendemos que se nos acepta y en otros casos aprobaremos las propuestas sin mayor problema. Solamente a última hora, por una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente del Bloque Nacionalista Galego, surge un problema respecto a la propuesta número 25, que nosotros íbamos a aprobar en sus propios términos sin mayor problema. Al añadir que la página web del Consejo debía estar en todas las lenguas oficiales, si la página web, como pretende la Carta de los Derechos de los Ciudadanos, es un dechado de información, mucho nos tememos que se va a producir una disfunción y que al final podría tener el efecto pernicioso de que contenga menos información precisamente ante la imposibilidad de disponer de una multitraducción con la debida rapidez, porque las páginas de información están para disponer de ellas con rapidez. Entendemos que no se trata de apreciar más o menos las lenguas, que todos las apreciamos porque las defiende la Constitución, sino de la funcionalidad de la página web en concreto. De ahí que si Convergència i Unió se vincula a esa enmienda, no la aprobemos.


En cuanto a la otra enmienda del Bloque Nacionalista Gallego, la aprobaremos si -al parecer no tiene inconveniente, se nos ha dicho- se añade al final: en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pondremos este papel a disposición de los servicios de la Cámara para que puedan añadirlo, porque estamos haciendo enmienda sobre enmienda y es bastante complicado.


Por último, respecto a la de Coalición Canaria, sobre los datos en la memoria, para que se precise en qué medida los casos de separación matrimonial terminan en divorcio, estimamos que va a ser bastante laborioso establecer esa información, pero como conocemos la buena voluntad del Consejo General del Poder Judicial, en la medida en que los medios de que disponen lo permitan -estamos seguros que no tendrá inconveniente en que se le solicite-, vamos a apoyar esa solicitud siendo conscientes de que es un tanto laboriosa. Confiamos en que hallarán alguna respuesta.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Socialista para presentar las 13 propuestas de resolución, una vez presentada la memoria por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial en la correspondiente Comisión de Justicia e Interior de esta Cámara. Este grupo parlamentario entiende que estas 13 propuestas de resolución deben de servir fundamentalmente para mejorar las tareas que realiza el Consejo y para que se aborden algunas otras cuestiones que este grupo parlamentario entiende que no se han abordado o por lo menos no de manera suficiente.


Quiero hacer referencia a las cuestiones que nos parecen más importantes, una vez que tuvimos la posibilidad de oír al presidente del Consejo General del Poder Judicial, no sin previamente agradecer al presidente del Consejo General del Poder Judicial su comparecencia en esta Cámara, aunque no es suficiente. Vamos a reiterar una y otra vez, siempre que subamos a esta tribuna, que el presidente del Consejo no debe limitarse a hacer la mera exposición, una vez al año, de una memoria que normalmente suele presentarse con mucho retraso y a referirse a lo que ha sido la actividad judicial no en el año que nos ha precedido, sino en años anteriores. El deseo y la reivindicación de este grupo parlamentario es que el contacto que tengamos con el presidente del Consejo no sea sólo a efectos de la memoria, sino de otro tipo de actividades que se puedan desarrollar.


A pesar de lo que nos ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo entiende que no sólo ha de estar presente en los contactos con esta Cámara el presidente del Consejo, sino también los vocales del mismo. No pretendemos en ningún

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momento inmiscuirnos en los debates internos que pueda tener el Consejo, que, como muy bien ha dicho el señor Ollero, pertenecen lógicamente al secreto de esa institución, pero sí que algunos asuntos que los vocales del Consejo tratan específicamente se abordaran de forma fluida con los miembros de esta Cámara.


Hay una cuestión que a nosotros nos parece importante, sobre todo porque este grupo la ha mencionado en todas las modificaciones legales que se han efectuado a lo largo de estos meses, y es la implantación de las oficinas multidisciplinares para la atención al ciudadano, para que el ciudadano se sienta más cercano a la Administración de justicia y ésta sea mucho más creíble. El Consejo debe dar instrucciones en este sentido, no debe ser un mero consentidor, sino un agente activo.


Además, estamos acostumbrados a que el Consejo, igual que el resto de la Administración de justicia, vaya por detrás de las necesidades de los ciudadanos. Con nuestras iniciativas tenemos que conseguir que el Consejo General del Poder Judicial se adelante a las necesidades de los ciudadanos españoles, que se las crea y que empiece a tomar decisiones antes de que esos problemas se produzcan. Me estoy refiriendo exactamente a la fijación de los módulos en las cargas judiciales que tienen los órganos judiciales y fundamentalmente a la creación de las 30 plazas de jueces que este año ha aprobado el Gobierno, porque estimamos que se ha amparado en una mentira para justificar algo que nosotros creemos que no es así. El Consejo debe creerse la Ley de planta, que además fue una buena ley, una ley muy sólida; su único inconveniente es que, como todas las legislaciones, se tiene que ir modificando con arreglo a las circunstancias que se producen posteriormente, y las circunstancias no han sido otras que la creación de nuevos órganos judiciales, como los juzgados penales, los juzgados de menores, los juzgados de vigilancia o los juzgados de familia. Lógicamente, el número de órganos judiciales que se cuantificó en la Ley de planta se ha quedado obsoleto y el Consejo General del Poder Judicial debería haber tenido en cuenta este extremo.
Por tanto, no es verdad que sólo haya que crear las 34 plazas que faltan entre las 4.069 plazas a las que se refería la Ley de Planta y las 4.035 que se han creado hasta este momento según el Gobierno, porque la realidad hace necesario un mayor número de órganos judiciales.


Por otra parte, he de hacer referencia a la propuesta que ha dado lugar a la enmienda transaccional que ha planteado el señor Ollero. Esta enmienda se refería a la presencia de las mujeres en el Consejo General del Poder Judicial. La redacción de la propuesta del Grupo Socialista es la más adecuada, fundamentalmente si tenemos en cuenta que el 52 por ciento de la población de nuestro país son mujeres y el 40 por ciento de los jueces y de las personas que componen la plantilla judicial también son mujeres.
Sin embargo, la proporción no es la misma si nos detenemos en las propuestas del Consejo para determinados puestos de cierta responsabilidad, pues éstas no han llegado ni al 5 por ciento. Es decir, no estamos intentando que se establezca una cuota, simplemente queremos que la representatividad sea proporcional a la realidad actual de la plantilla y del Consejo General del Poder Judicial. Esta es una reivindicación que mi grupo parlamentario quiere mantener, de ahí que no aceptemos la enmienda transaccional que nos propone el Grupo Popular.


Hay una cuestión que cada vez preocupa más a la ciudadanía, que es la violencia de género, la violencia doméstica. Aunque nos tenemos que congratular porque el Consejo General del Poder Judicial ha hecho un gran esfuerzo este último año con la creación del Observatorio de violencia dentro del mismo, creemos que tanto el Consejo como el Observatorio deben dar algún paso más en este sentido. Es una cuestión necesaria. La ciudadanía está esperando una respuesta contundente y el Consejo ha de tomar resoluciones en ese sentido que den respuesta a la ciudadanía.


Ha hecho también referencia el portavoz del Partido Popular a una propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista sobre la transparencia y los criterios objetivos para los nombramientos del Consejo. Quisiéramos saber, y queríamos además que se incluyera en la memoria, qué criterios tiene el Consejo a la hora de modificar, nombrar o alterar los asesores que en un momento determinado forman parte del mismo. Queremos saber exclusivamente cuáles son esos criterios o que se establezcan unos criterios objetivos que se incluyan en la memoria, con el fin de saber por qué se producen determinadas alteraciones en momentos muy determinados y en circunstancias muy concretas.


Quisiera referirme también a la situación de los juicios rápidos. Por la unanimidad con la que se adoptó la nueva legislación, los juicios rápidos han sido, y están siendo ahora mismo, objeto de una observancia quizá muy específica no sólo por los grupos parlamentarios, sino incluso por el Consejo. Debo reconocer que el Consejo ha hecho un gran esfuerzo para la puesta en marcha de los juicios rápidos. De igual forma, las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia han hecho en los últimos meses, junto con el Consejo, un verdadero esfuerzo para su puesta en marcha. Mi grupo propone que a la mayor brevedad posible -hemos indicado el plazo de 3 meses- el Consejo emita un informe a esta Cámara en el que nos diga cuál está siendo la evolución de esos juicios.
Asimismo queremos conocer no sólo cómo se están produciendo los juicios y qué juicios son los que se están practicando y resolviendo, sino también qué incidencias son las que están dando lugar a que haya juicios que no se hayan podido celebrar. ¿Para qué? Sencillamente, para poder poner los medios que estén a nuestro alcance a fin de subsanar todas las deficiencias que se puedan producir. Quiero hacer una reflexión. El Gobierno ha sido rácano en alguna medida con la dotación

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de la partida presupuestaria para que se pudieran practicar estos juicios de una forma correcta. Siento decir que ha habido una restricción bastante fuerte en el presupuesto para los juicios rápidos.


Respecto a las propuestas de resolución de los demás grupos parlamentarios, voy a empezar por las del Partido Popular. No podemos mostrar satisfacción cuando un trabajo no se ha terminado. Sintiéndolo mucho, nuestro voto va a ser negativo respecto a las propuestas de resolución que ha presentado el Partido Popular porque no podemos congratularnos, sino que tenemos que seguir insistiendo en que ese trabajo se mejore, ya que se siguen produciendo deficiencias y hay que solventarlas.


En cuanto a la segunda propuesta de resolución que propone el Partido Popular, no es cierto que la plantilla esté cubierta el 12 de mayo. Ese día se entregan los despachos, pero la plantilla no estará funcionando plenamente hasta meses después. Por tanto, no podemos congratularnos por algo que todavía no se va a producir.


La propuesta de resolución cuarta se refiere a las sentencias de los juzgados y de los órganos judiciales, tanto individuales como colectivos, que han quedado pendientes de resolución. Ha habido un incentivo económico para que los jueces resolvieran todas aquellas sentencias que estaban muy atrasadas.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora López, le ruego concluya.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.


Por ejemplo, en los contencioso-administrativos se están dictando resoluciones del año 1997. Pero no podemos congratularnos por eso fundamentalmente porque ahora el atasco se ha producido en las ejecuciones. Los jueces han estado ocupados resolviendo sentencias que tenían la obligación de haber resuelto, y ahora resulta que tenemos en las ejecuciones el atasco que teníamos en la resolución de sentencias.


Con referencia a las propuestas de resolución de Convergència i Unió, vamos a mantener nuestra posición favorable respecto a todas excepto dos, que ya hemos tenido la posibilidad de comentar con el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por lo que conocemos perfectamente su posición.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López.


Para la defensa de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo muy brevemente para defender las propuestas de resolución que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, así como para fijar nuestra posición, aunque también lo haré muy rápida y genéricamente, sobre las que han presentado los otros grupos. Pero vaya por anticipado que aceptamos todas las enmiendas tanto originarias como transaccionales, por escrito o in voce, que se nos han formulado, en la medida en que entendemos que lo importante es lograr consensos amplios en esta materia y trasladar a este trámite el pacto de Estado por la justicia.


La primera de nuestras propuesta de resolución trata de constatar que estamos llegando a un buen nivel de diálogo con el Consejo General del Poder Judicial, por lo que, aunque la presentación de las memorias se realiza muy tardíamente, creemos que al menos se van incorporando aquellas propuestas de modificación, de inclusión de contenidos, que año tras año vamos aprobando en este Congreso de los Diputados.


Nos preocupa, a raíz de la última memoria -y ese es el origen de nuestras propuestas de resolución números 2 y 3, las que después han sido numeradas 19 y 20-, el número de reclamaciones que se han presentado ante el Consejo y ante otros órganos de gobierno, por así decirlo, del Poder Judicial. La memoria constata 3.410 reclamaciones, que ponen de manifiesto el importante grado de madurez de nuestros ciudadanos y litigantes, porque son pocas las reclamaciones que afectan a la función jurisdiccional, lo que indica que el ciudadano sabe que una cosa es que le fallen en contra y otra que le traten mal. Respecto a ese maltrato nos preocupa que un 15 por ciento de las quejas, 333 exactamente, hacen referencia al trato recibido por los ciudadanos por parte de los órganos jurisdiccionales. Hablo de trato dejando aparte, como señalaba anteriormente, cualquier aspecto vinculado a la función jurisdiccional y, por tanto, al contenido o al fallo de las resoluciones. De ahí que lo que pretendemos sea inquirir más información del Consejo General del Poder Judicial sobre esta materia, impulsar la actuación de las unidades de atención al ciudadano y conocer qué es lo que ocurre una vez que se han planteado estas reclamaciones, de tal manera que se nos mejore la información, que ha mejorado sustancialmente en el último año, desde el punto de vista de desagregación de datos. Pedimos que se nos informe sobre el resultado de estas reclamaciones, si el Consejo ha entendido que la reclamación formulada por los ciudadanos ha sido correcta o no, si la ha aceptado o no, qué es lo que dicen los órganos juirisdiccionales y cuánto tiempo han tardado en tramitarse esas reclamaciones. Por tanto, constatando que el ciudadano es consciente de que puede formular estas reclamaciones y de los derechos que le atribuye la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia, y que sabe distinguir, como he señalado anteriormente, que una cosa es que le fallen en contra y otra que no le traten bien, quisiéramos

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saber cuál ha sido el resultado y la progresión de estas reclamaciones.


El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha tenido siempre un enorme interés por la estabilidad de las plantillas judiciales, no sólo de los funcionarios sino también de los jueces, magistrados y fiscales. En la Ley de retribuciones intentamos introducir como un concepto retributivo el complemento por estabilidad en el órgano y en la función jurisdiccional, lo que obviamente contribuiría a evitar situaciones de vacancia o de interinidad de órganos judiciales y reforzaría la especialización. De ahí que solicitemos del Consejo que en futuras memorias se nos faciliten datos referentes a la movilidad de jueces y magistrados en los distintos órdenes y órganos jurisdiccionales.


Señalamos también -lo he dicho anteriormente- la importancia de que la memoria se elabore y se presente con celeridad y, desde el punto de vista estadístico, de la misma manera que pedíamos datos respecto a la movilidad y estabilidad en los órganos judiciales, tenemos también interés en conocer el grado de revocación de las resoluciones judiciales.
Era una información que se suministraba en memorias anteriores, en las que pudimos comprobar que, sin perjuicio de que hubiese realmente errores estadísticos respecto a sentencias dictadas por los juzgados mixtos, el grado de revocación por las audiencias provinciales era muy importante.
Es una información que ya no se nos facilita y queremos que se nos proporcione porque en última instancia yo creo que uno de los elementos para medir la calidad del funcionamiento del sistema es precisamente ver en qué medida las sentencias son revocadas.


También nos hemos congratulado por los trabajos realizados para la implantación de la ley denominada de juicios rápidos. Saben SS.SS. que era un objetivo fundamental de Convergència i Unió, que lo incorporamos al pacto de Estado por la justicia, que facilitamos el primer borrador, y sin lugar a dudas se ha hecho un esfuerzo muy importante. Aquí se ha señalado el esfuerzo realizado por el Consejo y por las comunidades autónomas, y por lo menos en lo que hace referencia a lo que me es propio, que es la situación en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la colaboración del ministerio fiscal y de los colegios de abogados y de procuradores ha sido extraordinaria, lo que yo creo que hay poner de manifiesto. Debo decir que el grado de celebración de estos juicios en Cataluña -85 juicios diarios- y el hecho de que en estos momentos podamos decir que hay aproximadamente 800 víctimas que han visto que al día siguiente de la comisión del delito o falta se ha producido un juicio es un elemento de prestigio del sistema y de reafirmación de la confianza en el Poder Judicial en cuanto a evitar situaciones de impunidad que, bien por desestimiento de la víctima o bien porque tuviese que volver a su lugar o a su ciudad de origen, o incluso, como pasaba en los supuestos de violencia doméstica, por la presión del agresor sobre la ofendida, acababan en muchos casos en absolución. Creo que es esto nos debe permitir mostrarnos prudentemente satisfechos. Habrá que esperar más tiempo para ver el resultado y para comprobar en qué medida se han producido disfunciones, pero desde luego estamos contentos.


De la misma manera estamos contentos con la puesta en marcha de la página web por el Consejo General del Poder Judicial. Ya he señalado anteriormente con carácter genérico -en este caso lo hago con un motivo muy concreto- la satisfacción por que el Grupo Parlamentario Mixto (el Bloque Nacionalista Galego) haya formulado una enmienda en el sentido de que la web tiene que estar accesible -sólo faltaría- en las lenguas propias de los diferentes territorios del Estado. Lamentablemente eso va a suponer que el Partido Popular no vote la propuesta de resolución, pero en este caso preferimos estar con ustedes derrotados que estar con otros victoriosos en cuanto a la propuesta de resolución.


Finalmente, tenemos interés, desde el punto de vista estadístico, en conocer qué es lo que ocurre con la aplicación de los módulos. Lo decimos porque la memoria ha puesto de manifiesto que aproximadamente un tercio de los juzgados de familia -por tanto, un 33 por ciento-, un 30 por ciento de los juzgados de instrucción y el 25 por ciento de los juzgados mixtos no cubren el módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial, y queremos saber es a qué se debe esto, si se debe a que entran asuntos pero no se resuelven, no salen, en cuyo caso estaríamos en presencia de supuestos de una escasa productividad de los órganos jurisdiccionales, o si, por el contrario, lo que se produce es que no entran asuntos como para cubrir los módulos, en cuyo caso debemos echar un vistazo a la demarcación y a la planta judicial. Vaya por anticipado que mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, que es firme y decidido partidario de la comarcalización del mapa judicial, no quiere extraer la consecuencia directa de que si un órgano jurisdiccional no cubre módulos porque no llegan asuntos, debe procederse a su supresión o a su traslado, no, pero sí queremos contrastar si hay elementos que justifiquen la existencia de ese órgano, como puede ser -al menos lo hemos defendido siempre desde Convergència i Unió- la comarcalización del mapa y de la planta judicial, o si, por el contrario, estamos en presencia, trasladado al ámbito de la Administración de justicia, de aquellos denominados burgos podridos del sistema electoral anglosajón o del sistema electoral de Gran Bretaña en los que la evolución de la economía, la evolución de la población y la evolución de las circunstancias determinan que donde en su día estuvo justificada la existencia de un órgano jurisdiccional, ahora no lo esté en modo alguno.


Finalmente valoramos positivamente, cómo no, la coordinación del Consejo y las administraciones para

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la persecución y la prevención de los delitos y faltas de violencia doméstica, y pongo también de manifiesto que a través de nuestras enmiendas a los proyectos de ley de prisión provisional y de medidas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los inmigrantes, pretendemos que la reacción penal sea más decidida en estos supuestos, como lo es la eficacia de los juicios rápidos. En algún caso se ha señalado que la entrada en vigor de la Ley de juicios rápidos inmediatos determina la necesidad de trasladar a este ámbito elementos del ministerio fiscal dejando abandonados otros, como delincuencia económica o violencia doméstica. Yo creo que uno de los motivos fundamentales para el establecimiento de la justicia rápida inmediata fue precisamente el de contrarrestar la violencia doméstica, la violencia de género, y por lo tanto no cabe señalar esa contradicción. En cualquier caso, estamos por ello.


Aceptaremos también la enmienda que nos ha sido formulada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, así como las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, y vamos a votar en contra de tres propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista. Hago un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista y le digo por anticipado que vamos a votar a favor de su propuesta de resolución número 8, que hace referencia a que la presencia de las mujeres en el ámbito del Consejo, en los órganos de gobierno y en su política de nombramientos sea equiparable a su presencia en la carrera judicial. Mi grupo parlamentario cree que se correspondería mejor con lo que hay que hacer, incluso con lo que votamos hace unos días -con escaso éxito, todo hay que decirlo- en cuanto a la toma en consideración de diversas proposiciones de ley de modificación de la Ley orgánica de régimen electoral general, y considera más adecuada la enmienda que le ha formulado el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que la presencia no fuese desproporcionada.
Cuando votamos hace unos días la reforma de la Ley orgánica de régimen electoral general, recuerden SS.SS. que había un planteamiento bastante de consenso respecto a que ninguno de los géneros tuviese una representación inferior al 40 por ciento. Una cosa es establecer una equiparación, es decir, tanta presencia de género en la carrera judicial, tanta presencia en los órganos de gobierno o en el Tribunal Supremo, y otra es entender que tiene que haber unos niveles mínimos por debajo de los cuales no puede estar representado el género masculino o el género femenino. Pero como no queremos problemas, y ya que usted nos va a aceptar la enmienda, la vamos a votar porque aquí, además de técnica, también hacemos política.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Tengo para mí que la Administración de justicia en el Estado español estará plenamente democratizada cuando asuma de verdad el carácter plurilingüe del Estado español. Hablo en primera persona porque se trata de un elemento fundamental desde el punto de vista vivencial y también desde el punto de vista colectivo del pueblo al que pertenezco. Digo esto porque cuando escuchamos que la justicia debe estar al servicio de la gente, ser concebida como un servicio público y tener muy en cuenta la proximidad, creo que se está fallando en el aspecto de considerar el servicio público y la proximidad como elementos fundamentales de la dignidad de las personas, de su identidad colectiva y por lo tanto de la lengua que hablan, que es indicativa por lo menos de una diferencia de carácter nacional.


Para nosotros los derechos lingüísticos son inalienables, y en el Estado español hay sobre ellos una legislación parcial, limitada, que muchas veces ni siquiera se respeta. La Constitución española optó por una alternativa de carácter territorial para algunas lenguas que declaró cooficiales con el español en sus respectivos territorios y, al mismo tiempo, parece asumir también el derecho a la libertad individual del uso del idioma en cada territorio que tiene lengua propia. Sin embargo, estos términos legales tan exiguos y limitados no se están respetando como se debe y hay sucesos indicativos de que muchas veces, por lo menos en Galicia -hablo con conocimiento de causa-, se producen situaciones en las que somos tratados peor que extranjeros en el propio país. Hace unos quince días se produjo un suceso que habla por sí mismo y que no es un caso excepcional. En un municipio costero donde prácticamente el 90 por ciento de la población habla de forma coloquial y cotidiana la lengua gallega, una abogada con años de ejercicio y práctica por escrito de la lengua gallega ejercitó el derecho a hacer una demanda de divorcio en esta lengua. La respuesta de la juez de turno -leo textualmente- fue la siguiente: Observándose que la demanda viene redactada únicamente en gallego, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se concede a la parte el plazo de diez días para que presente una copia traducida al castellano, con la advertencia de que de no presentarla dentro del plazo, se enviará al organismo competente para su traducción al castellano. Y, lo que es más grave, en el tercer punto decía: Verificado que se traduce, se acordará lo procedente sobre la admisión a trámite de la demanda. Es decir, que por el hecho de hacer una demanda de divorcio en lengua gallega en un juzgado de una villa marinera de Galicia, la juez de turno se permite el lujo de no admitir a trámite la

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demanda. Cuando la abogada, en el ejercicio de sus derechos, reclama y realiza, a través de los correspondientes procuradores, un recurso de reposición basándose en la vulneración del artículo 3.2 de la Constitución española, el artículo 5 del Estatuto de Galicia, el artículo 142 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 231 de la Ley orgánica del Poder Judicial, la juez responde incoándole un expediente porque considera que le está faltando al respeto debido.


¿Saben de qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil hizo uso la juez? Un artículo que se refiere a defectos subsanables. La juez entiende que el hecho de escribir una demanda de divorcio en gallego es un defecto subsanable. Esto habla por sí solo para que se den cuenta de que estamos en situaciones de precariedad respecto a una legislación perfectamente bien limitada. Por eso nos parece que es muy oportuno insistir continuamente en el Poder Judicial para que eduquen -estoy hablando de una juez joven recién llegada, por cierto, no gallega- en un principio no solamente de respeto a la legalidad, sino también de respeto y tolerancia con algo tan sumamente íntimo y al mismo tiempo colectivo como es el derecho al uso de la lengua propia de un país. Cuando se dan casos de este tipo, abiertos, claros, incluso de cara al público, imagínense lo que puede pasar con demandas y actuaciones judiciales sobre los que juez no dice nada pero tiene esta mentalidad, con lo cual se está garantizando la discriminación, el perjuicio y la animadversión callada, que es mucho más grave todavía, porque esto por lo menos provoca alarma social y capacidad de reacción para defenderse.


Agradezco, en todo caso, que el Grupo Socialista acepte nuestra enmienda de adición para recordar al Poder Judicial que estamos muy distantes de pertenecer a un Estado de derecho conforme a las leyes que hemos promulgado y que teóricamente dice el Poder Judicial admitir. También quiero agradecer profundamente a Convergència i Unió que mantenga el criterio de que una página web plurilingüe es una cuestión perfectamente asumible, desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. Creo- acabo ya, señora presidenta- que esta es una de las asignaturas pendientes, por lo que en el Bloque Nacionalista Galego consideramos que en la medida en que el Poder Judicial vaya aceptando el pluralismo lingüístico del Estado español, ello va a ser sintomático de que es mejor servicio público, más sensible a las demandas ciudadanas y sobre todo de que nos respeta a todos.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Hemos presentado una única enmienda dirigida a la propuesta de resolución número 26 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y adelanto mi agradecimiento a su portavoz, don Manuel Silva, que ha mostrado ya desde la tribuna su aceptación de la misma.


Esta enmienda se refiere a una sensación que venimos percibiendo en el informe que en la memoria presenta anualmente el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, y es que entendemos que en la estadística relativa a las causas presentadas ante los juzgados de familia correspondientes de toda España de los expedientes de separación y después los de divorcio de los matrimonios que falta un dato importante, que es el número de causas de separación respecto a las que no se dice en qué terminan, si pasan al divorcio o hay reconducción de la vida conyugal.


Digo esto en relación con unas iniciativas parlamentarias que en sesiones pasadas el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado reiteradamente y que mi grupo ha apoyado, en cuanto a la necesidad de una revisión ya de la Ley del divorcio para abandonar lo que en sus orígenes, por una serie de razones sociológicas, fundamentalmente de opinión pública, motivaba una serie de reservas que justificaron dar un periodo de tiempo que nos parece excesivamente largo y ya innecesario para las causas de separación como requisito previo a la incoación de una demanda de divorcio. Entendemos que ya hay un grado suficiente de madurez en la sociedad española para aceptar directamente que, de mutuo acuerdo ambos cónyuges, que hayan acordado hacer ya un expediente de divorcio, no tengan que pasar por los largos periodos de uno o dos años de separación, puesto que, como se está evidenciando, esto está conduciendo a una situación verdaderamente insostenible. De aquí que, para reforzar esta postura, que tiene tanto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como el Grupo de Coalición Canaria, de ir a una línea de abolición de los periodos de separación, sea también muy importante y necesario evidenciar no solamente en esta Cámara sino también ante la opinión pública que si tenemos unos datos estadísticos que van a reforzar estos planteamientos, se haga la modificación del Código Civil y de las leyes que llevan en el matrimonio civil a la separación y al divorcio.


Para fijar nuestra posición respecto a otras enmiendas, anuncio que vamos a apoyar las del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la medida en que ellos también las mantengan, salvo las aceptaciones, que también apoyaremos, de las transaccionales que le puedan ofrecer, como ha dicho ya el señor Ollero en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
También vamos a votar a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, excepto las que voy a señalar. Nos parece que en su mayoría tienen una aportación muy

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positiva en cuanto a perfeccionar la estructura, composición y contenido de la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial, pero tenemos algunas reservas sobre la propuesta de resolución número 6 del Grupo Socialista respecto a que propone que puedan comparecer ante el Congreso no solamente el presidente del Consejo General del Poder Judicial sino también los vocales encargados de áreas concretas. Del Consejo General del Poder Judicial responde su presidente ante esta Cámara. No sé qué quiere decir con vocales de áreas concretas, si son las áreas territoriales o las áreas específicas de alguna materia, pero para eso está el presidente y para eso está la memoria. Las áreas específicas se reflejan en la memoria, y el señor presidente tiene por norma y costumbre ya consolidada aquí en el Parlamento, cuando comparece a presentar la memoria anual, de venir acompañado de un número significativo, yo diría que prácticamente todos, y si no todos, la mayoría de los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial. No hay por qué ir por esta vía; por la comparecencia de los vocales, los grupos parlamentarios no considerarán que la Administración de justicia funciona mejor. Los vocales el Consejo General del Poder Judicial, con todo respeto a su categoría, no son responsables del mejor funcionamiento de la justicia; lo será el órgano colegiado, el Consejo General del Poder Judicial, pero no un vocal. Es al presidente del Consejo al que mi grupo citaría -bien en la presentación de la memoria, o bien en cualquier otro acto parlamentario- para que dé las explicaciones pertinentes.


Mantenemos, igualmente, algunas reservas sobre la propuesta de resolución número 8. Estamos a favor de la enmienda que nos ha hecho llegar el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ollero, sobre la proporcionalidad. Como ha señalado el señor Silva, se trata de que no haya una desproporción entre el número de mujeres presentes en los altos tribunales y su presencia en la carrera judicial; es una cuestión de prudencia, puramente. No vamos a votar a favor de la propuesta de resolución número 10, porque no entendemos qué quiere decir. Dice que el Congreso de los Diputados insta al Consejo General del Poder Judicial a ejercer la facultad que le confiere el artículo 108 de la Ley orgánica del Poder Judicial, y, al ir al artículo 108, vemos que regula el deber que tiene el Consejo General del Poder Judicial de informar los anteproyectos de ley del Gobierno sobre las materias que especifica el citado artículo 108: demarcación judicial, peticiones sobre el personal -jueces, magistrados, secretarios judiciales, etcétera-, normas procesales, o régimen penitenciario. El que tiene que cumplir el precepto es el Gobierno; es él el que remite el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial, por tanto, si hay omisión del informe del Consejo, a quien tenemos que pedirle cuentas es al Gobierno, al ministro que ha mandado a este Parlamento el proyecto de ley, tras ser aprobado por el Gobierno, sin el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) No nos atrevemos a dudar de que el Consejo General del Poder Judicial esté cumpliendo lo que dice el artículo 108.


Finamente, las reservas de mi grupo sobre la propuesta de resolución número 14 tienen que ver con que se dice que se especifiquen en la memoria los criterios de actuación del Consejo en el desarrollo de actividades tales como la política de nombramientos, etcétera. Hay falta de concreción en el etcétera, y se trata de una materia delicada en la que hay que saber a qué se refiere. Que el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial explicite y especifique los criterios de la política de nombramiento, según cada caso, en su comparecencia correspondiente, a petición del portavoz del grupo parlamentario que entienda que debe pedirle explicaciones para hacer transparentes los criterios que hayan regido un nombramiento. Lo digo por respeto a la soberanía interna del Consejo General del Poder Judicial.


Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, quienes lo recuerden de años anteriores, sabrán que la formación política a la que represento no es muy partidaria de la utilización de este trámite de formulación de recomendaciones a la memoria del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de estar expresamente prevista en una resolución de la presidencia de la Cámara, del año 1984, creemos que la vinculación del Consejo General del Poder Judicial con las Cortes Generales se produce a través de la presentación de la memoria, y no instando al Consejo -que no está, en absoluto, obligado a obedecer a esta Cámara- ni instando al Gobierno a través de la presentación de estas propuestas de resolución.


Puesto que el debate se produce con la suficiente amplitud y al menos los tres presidentes del Consejo General del Poder Judicial que he tenido ocasión de conocer nos han permitido transitar por la memoria, y alrededores, el día de su comparecencia, creemos que poco añaden estas propuestas de resolución, sobre las que me gustaría, no obstante, hacer algún comentario. Quizá en un futuro sea posible que mi formación política cambie de criterio puesto que las presentadas por el grupo mayoritario constatan el esfuerzo realizado, se congratulan del éxito del plan de profesionalización, de la implantación de determinados órganos judiciales y evidencian los buenos resultados de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Mi formación política ha sido copartícipe y protagonista de estos sucesos, no sólo los ha apoyado

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sino que ha trabajado activamente en ellos, por lo que tenemos también la tentación de participar en años venideros en este autoincienso de otras formaciones políticas respecto de nosotros mismos diciendo lo bien que lo hacemos en esta materia.


Las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista también son, en general, aceptables, si bien las transacciones que respecto de algunas de ellas nos han sido dadas a conocer por el Grupo Parlamentario Popular nos satisfacen en mayor medida. Que se haga referencia a la carta de derechos de los ciudadanos, que aprobamos con el entusiasmo y el beneplácito de todas las formaciones políticas, nos parece un valor frente a la generalización que supone hablar simplemente de los derechos de quienes acuden a la Administración de justicia.
Generalizar la posible presencia de miembros del Consejo, nos parece en cierta medida peligroso. Una cosa es que se nos dé información o ayuda en determinadas materias y otra que el debate que se da en este momento -la separación en bloques dentro del Consejo es una obviedad, señorías- se tenga que reproducir en esta Cámara. Justo es señalar que en casos tales como la elaboración de la orden de protección respecto del maltrato a mujeres, hemos contado con la ayuda de dos miembros del Consejo General del Poder Judicial, que hasta el momento ha sido enormemente satisfactoria, si bien hay que reconocer que esta iniciativa todavía no ha llegado a plasmarse en norma.


En cuanto a la presencia de mujeres, a mi grupo le es especialmente grata, no sé si en términos de equiparación, porque ni siquiera sé si es posible, pero sí me gustaría que lo fuese en términos de instar a políticas de discriminación positiva porque el amparo, aunque hace poco tiempo que las mujeres han podido acceder a la judicatura, es ya viejo; hay mujeres de mi edad y hay magistradas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo más jóvenes que yo. Hay mujeres que, si ese hubiese sido su deseo, podrían estar en estos momentos en altos órganos judiciales, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional como en el propio Consejo, porque ejemplos ha habido.


La preocupación por la Escuela Judicial es también compartida por la representación política a la que pertenezco. Nos felicitamos, sobre todo, por que se le pide al Consejo que se consiga una mayor sensibilización en relación con la violencia de género, preocupación que no es única de esta formación política puesto que es compartida por otras. El procurar la formación en derecho comunitario, creíamos que ya era tarea del Consejo; no añade nada nuevo, pero tampoco sobra. Y nos es especialmente grata la propuesta número 3 cuando habla de las resoluciones y del funcionamiento de los tribunales en materia de extranjería. Los ciudadanos, especialmente los más desprotegidos, son quienes deben ser objeto de mayor tutela, y el desconocimiento de la lengua y sus mayores dificultades en el acceso a los tribunales hacen que resulte necesario pedirle al Consejo que se tenga especial cuidado y nos tenga informados de los procedimientos que afectan a estos ciudadanos. Los datos referidos a la duración de los procedimientos y a la ejecución de sentencias, son igualmente interesantes. De la misma manera, todos queremos saber cómo va a funcionar la reciente entrada en vigor de la Ley de juicios rápidos, ley que, por cierto, contó con el consentimiento, el apoyo y hasta la promoción de la formación política a la que represento.


Si uno examina las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es para congratularse de las números 18, 22, 24 y 27. Dicho sea con toda seriedad, creemos que el Consejo en su memoria de este año ha cometido un acto de cortesía hacia el Congreso de los Diputados al incluir un apartado expreso en el que hace una valoración de cómo ha cumplido las recomendaciones de años anteriores, no estando obligado, como no está, a cumplir lo que desde esta Cámara se le insta dada la separación de poderes. Queremos hacernos también eco de lo manifestado por el representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) al aceptar la enmienda que le proponía el Bloque Nacionalista Galego, referida a la utilización de otras lenguas oficiales distintas del castellano en los documentos que tengan que ver con el funcionamiento de la Justicia, incluida la página web, que ha sido puesta a disposición de los ciudadanos y que es meritorio, pero debiera estarlo, cuando menos, en todas las lenguas oficiales. Conocer el grado de movilidad de los magistrados y el resto de las cuestiones planteadas por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) nos parece interesante, si bien seguimos manteniendo nuestro criterio. Gustándonos unas más que otras, las votaremos todas, pero insistimos en que nada añaden a lo que todos tuvimos ocasión de manifestar en el amplísimo debate que en días pasados sostuvimos las formaciones políticas con el presidente del Consejo General del Poder Judicial.


Señorías, no me quedaría tranquila y no sería honesta con el grupo a que pertenezco en esta Cámara si frente a las manifestaciones contenidas en las propuestas de resolución, en términos generales laudatorias puesto que en todas ellas se reconoce la existencia de más medios, la existencia y la elaboración de buenas normas procesales en las que mi formación política ha tenido también participación y la voluntad de acierto que nos anima a todos, tanto a los ejecutivos con competencias en la materia como a quienes tenemos encomendada la labor legislativa, no me quedaría tranquila, repito, si dejara pasar este trámite sin ocultar la inquietud que a mi formación política le produce cierta regresión en materia de tutela y garantía de derechos respecto de normas que han sido informadas en fecha reciente y que entran de lleno en el contenido de la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que también hace referencia a aquellos asuntos en los que su informe era preceptivo: el retroceso que, a nuestro juicio, se ha producido en materia de vigilancia penitenciaria, de

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cumplimiento íntegro de penas, de penalización de determinados delitos -me parece importante señalarlo-, no sólo respecto del grupo mayoritario sino también del grupo de la oposición que, como leit motiv de su campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas, habla de regresión e incluso de estafa democrática. Me parece justo recordarle que algunos de estos retrocesos en tutela y garantía de derechos se han producido también con el voto favorable de esta formación política. Tiempo hay, puesto que son leyes en tramitación, para reconsiderar determinadas posturas. El no formalismo que rige este trámite, y en todo caso mi libertad de expresión en esta tribuna, avalan o propician estas manifestaciones junto a la intención de voto que ya ha quedado aclarada.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Señorías, les ruego que ocupen sus escaños.


Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios, relativas a la memoria del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2001.


En primer lugar, sometemos a votación la propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Popular, con la enmienda del propio grupo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 137; en contra, 85; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Propuestas de resolución números 2 a 4, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 137; en contra, 84; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Iniciamos la votación de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 6, 10 y 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 89; en contra, 134.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta número 8, también del Grupo Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 96; en contra, 126; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista con las enmiendas afectadas a las números 5, 9, 11, 15, 16 y 17. La enmienda que afecta a la propuesta número 5 es una transaccional y la número 7 se somete a votación con una corrección técnica de error.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 216; en contra, dos; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Iniciamos la votación de las propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 25, que se somete a votación con la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 12; en contra, 126; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con enmienda afectada a la número 26, que tiene asimismo una corrección de error. También quiero indicar que han sido ya votadas con propuestas anteriores las números 19 y 20, 21, 23, 24 y 27, que no se someten a votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 223; a favor, 219; en contra, uno; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" núm. 249, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 7 de mayo de 2003, en la intervención del señor Mayoral Cortés sobre el grave y reiterado incremento de la inseguridad ciudadana producido en Madrid a lo largo del año 2002, en la página 12818, segunda columna, línea 17, se dice por error "Nosotros no creemos en el criminal dato del ombroso...", cuando la frase correcta es: "Nosotros no creemos en el criminal nato de Lombroso...".

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