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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 252, de 14/05/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 252
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 243
celebrada el miércoles, 14 de mayo de 2003


ORDEN DEL DÍA: Enmiendas del Senado: ...


- Proyecto de Ley por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 73-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 121/000070.) ... (Página 12936)

- Proyecto de Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 111-1, de 8 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000111.) ...
(Página 12939)

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 123-1, de 3 de diciembre de 2002. (Número de expediente 121/000123.) ... (Página 12944)

- Proyecto de Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 126-1, de 13 de diciembre de 2002. (Número de expediente 121/000126.) ... (Página 12949)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado ... (Página 12936)

Proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ... (Página 12936)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Romero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal ... (Página 12939)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva Sánchez,

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 132-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000132.) ... (Página 12958)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. (Número de expediente 121/000148.) ... (Página 12967)

Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:

- Solicitud, de los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de creación de una Comisión de Investigación sobre las ayudas a la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años. (Número de expediente 156/000025.) ... (Página 12968)

Preguntas ... (Página 12976)

Interpelaciones urgentes: - Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda. (Número de expediente 172/000281.) ... (Página 13002)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda. (Número de expediente 172/000282.) ... (Página 13002)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector . (Número de expediente 172/000284.) ... (Página 13011)

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del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió; la señora López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial ... (Página 12944)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud ...
(Página 12949)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Cierra el debate la señora ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián), agradeciendo, en nombre del Gobierno, a todos y cada uno de los grupos parlamentarios la acogida que desde un primer momento han dado a esta ley, así como a los grupos parlamentarios del Senado, a los agentes sociales, sindicatos, asociaciones y a todos los profesionales.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado a los diferentes proyectos de ley debatidos.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 12958)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar ... (Página 12958)

En defensa de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sanjuán de la Rocha, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A continuación se procede a la votación de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.


Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 262 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones.


Votación final de conjunto ... (Página 12967)

Sometido finalmente a votación de conjunto por tratarse de un proyecto de ley orgánica, se aprueba por 262 votos a favor y siete abstenciones.


Votación final de conjunto ... (Página 12967)

Enmiendas del Senado ... (Página 12967)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial ... (Página 12967)

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Sometido a votación final de conjunto el proyecto de ley por su carácter de orgánica, se aprueba por 260 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 12967)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria ... (Página 12967)

La Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, lo que se aprueba por 252 votos a favor, cuatro en contra y 13 abstenciones.


Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 12968)

Solicitud, de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de creación de una comisión de investigación sobre las ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años ...
(Página 12968)

Presenta y defiende la iniciativa el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la solicitud de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto de la creación de la comisión de investigación sobre ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años, se rechaza por cuatro votos a favor, 156 en contra y 82 abstenciones.


Se suspende la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 12976)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál será la presencia española en la posguerra de Iraq? (Número de expediente 180/001926.) ... (Página 12976)

Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de los últimos datos de creación de empleo? (Número de expediente 180/001930.) ... (Página 12977)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Es consciente el Presidente del Gobierno de las dificultades de las familias españolas para acceder a la vivienda? (Número de expediente 180/001939.) ... (Página 12978)

Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuándo van a ser ratificados por la Comisión Mixta para el 1% cultural los compromisos del Ministerio de Fomento para la rehabilitación del castillo de San Felipe, en Ferrol? (Número de expediente 180/001927.) ... (Página 12979)

Del Diputado don Enrique Belda Pérez-Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas recientemente por el Consejo de Ministros para fomentar el alquiler de viviendas

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para jóvenes? (Número de expediente 180/001935.) ... (Página 12980)

Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles son las instrucciones o normas dadas por la Dirección General de Aviación Civil u otras instancias administrativas o gubernamentales, a los pilotos de aeronaves comerciales españolas en relación al modo de operar en casos de que se produzca interceptación en vuelo porparte de aeronaves militares del Ejército del Aire en servicio de vigilancia y auxilio (secuestros, antiterrorismo), para que los pilotos dispongan de información clara y precisa? (Número de expediente 180/001949.) ...
(Página 12980)

Del Diputado don Ricardo Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Puede informar el Vicepresidente Segundo del Gobierno sobre las líneas actuales de la política de competencia en España? (Número de expediente 180/001931.) ... (Página 12982)

Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Por qué el Ministro de Economía, transcurridos casi tres años del escándalo Gescartera, no ha desvelado aún la identidad de los titulares de las cuentas secretas existentes en el Banco HSBC? (Número de expediente 180/001940.) ...
(Página 12983)

De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué iniciativas ha tomado el Ministro de Economía para identificar a los titulares de las cuentas secretas existentes en el Banco HSBC? (Número de expediente 180/001941.) ... (Página 12984)

Del Diputado don Amador Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte: ¿Con qué objeto ha convocado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el Primer Concurso Nacional para la mejora e innovación de las Bibliotecas Escolares? (Número de expediente 180/001938.) ... (Página 12985)

Del Diputado don Carlos Revuelta Méndez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Qué valoración hace el Gobierno del último Consejo Extraordinario de Ministros de Salud de la Unión Europea relativo al Síndrome Respiratorio Agudo Severo? (Número de expediente 180/001934.) ... (Página 12986)

De la Diputada doña Carmen Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Por qué participa el Gobierno en la fuerza de ocupación de Irak bajo mando estadounidense? (Número de expediente 180/001944.) ... (Página 12987)

Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿Tiene intención el Gobierno de consultar al Parlamento antes de comprometer la participación de fuerzas españolas en la ocupación de Irak? (Número de expediente 180/001945.) ... (Página 12989)

Del Diputado don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Qué evaluación hace el Gobierno del primer año de

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vigencia de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria? (Número de expediente 180/001932.) ... (Página 12990)

Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno para estimular la actividad de los trabajadores autónomos? (Número de expediente 180/001933.) ... (Página 12991)

Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Asuntos Exteriores: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno impulsar la regulación del Estatuto del Cooperante? (Número de expediente 180/001915.) ... (Página 12991)

Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología: ¿Cuándo piensa el Gobierno presentar el Proyecto de Ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en el anteproyecto de texto articulado de la Ley Especial de Barcelona, conocido como Carta Municipal de Barcelona? (Número de expediente 180/001914.) ... (Página 12993)

Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología: ¿Apoya el Gobierno que la futura Agencia Estatal de Radiocomunicaciones tenga su ubicación en Barcelona? (Número de expediente 180/001929.) ... (Página 12994)

Del Diputado don Cándido Reguera Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología: ¿Qué

medidas está adoptando el Gobierno para incentivar la capacidad inversora de las empresas en el ámbito de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información? (Número de expediente 180/001936.) ... (Página 12995)

De la Diputada doña Berta Rodríguez Callao, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología: ¿Cómo valora el Gobierno el reciente Informe de la Comisión Especial de Estudio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información? (Número de expediente 180/001937.) ... (Página 12996)

De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuándo piensa el Gobierno establecer un salario mínimo interprofesional que recupere el poder adquisitivo perdido? (Número de expediente 180/001942.) ... (Página 12997)

Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Considera aceptable el Gobierno el fuerte incremento en las cotizaciones que van a soportar los cerca de 300.000 trabajadores agrarios por cuenta propia? (Número de expediente 180/001943.) ...
(Página 12998)

Del Diputado don Ramón Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Es cierto que las bases de cotización de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social son un 37% inferiores a la media de las existentes? (Número de expediente 180/001946.) ... (Página 12999)

De la Diputada doña Carmen Olmedo Checa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Por qué no toma medidas el Gobierno para acabar

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con la discriminación salarial de las mujeres? (Número de expediente 180/001947.) ... (Página 13000)

Del Diputado don Rafael Velasco Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cuál es el nivel de temporalidad en los contratos de jóvenes entre 18 y 30 años en España? (Número de expediente 180/001948.) ...
(Página 13001)

Interpelaciones urgentes ... (Página 13002)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política de vivienda ...
(Página 13002)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda ... (Página 13002)

Presenta la primera interpelación el señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar se queja de la ausencia del señor ministro de Fomento y le acusa de supeditar una interpelación en política de vivienda a la colocación de una traviesa del AVE en campaña electoral. Considera al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales el menos adecuado para tratar en estos momentos los problemas relacionados con la vivienda. Plantea los problemas económicos con que se encuentra una familia para hacer frente a sus obligaciones hipotecarias para acceder a una vivienda y, en cuanto al Plan de vivienda 2002-2005 del Gobierno, dice que si las cosas van bien es porque las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante en política de vivienda de protección oficial, pero que de todas formas los resultados no son tan buenos. Considera insuficientes las últimas medidas aprobadas en el real decreto para fomentar el alquiler de la vivienda y, añade, lo único que está demostrado es que la especulación sigue funcionando y que los precios de la vivienda sigue subiendo, sin que el Gobierno consiga atajarlo.


En defensa de la segunda interpelación interviene la señora Urán González, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere a la Ley del Suelo de 1996, al comienzo de la legislatura, que pretendía contrarrestar los altos precios que tenían las viviendas entonces, a las modificaciones posteriores que hicieron falta para abaratar el suelo y al reciente paquete de medidas del real decreto aprobado la semana pasada en esta Cámara; medidas todas ellas que considera fracasadas totalmente.
Acusa al Gobierno de beneficiar a unos cuantos en detrimento de la mayoría de los ciudadanos que sigue quedándose fuera del mercado de la vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, y pide más dinero para llevar a cabo políticas de vivienda en condiciones.


Contesta a los dos interpelantes el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro) Aclara en primer lugar que el Gobierno es solidario y cualquier miembro del mismo puede defender las políticas que son del Gobierno y, en este caso, las ejecutadas y dirigidas por el titular del ministerio de Fomento que, por motivos evidentes, conocidos y programados anteriormente, no puede comparecer esta tarde en la Cámara, lo que por otra parte ya estaba anunciado hacía bastante tiempo. A continuación pasa a exponer la política de vivienda del Gobierno que se ha centrado en tres ejes fundamentales: el impulso de la vivienda protegida, la solución de las limitaciones del mercado del suelo y la reactivación del mercado del alquiler de viviendas.


Replican el señor Morlán Gracia y la señora Urán González, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro).


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector ... (Página 13011)

El señor Campuzano i Canadès presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una interpelación orientada a dar un nuevo impulso a la capacidad de iniciativa de la sociedad civil organizada, y especialmente a aquellos sectores de dicha sociedad que orientan sus actividades a las necesidades de interés general. Lo hacen desde la confianza y la seguridad que les da el hecho de haber liderado desde los años ochenta un discurso que pone el énfasis en la sociedad civil y el haber impulsado iniciativas legislativas en este sentido, muchas veces, dice, con la incomprensión de la mayoría de los grupos de la Cámara, y partiendo también de la convicción de que su grupo representa a Cataluña, que se caracteriza precisamente por una alta densidad social. Reconoce que se han producido avances

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en esta materia en esta legislatura, como la Ley de asociaciones, la Ley de fundaciones, la Ley de mecenazgo, mejoras en la gestión de la asignación a otros fines de interés social del 0,52 por ciento del IRPF o la creación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, pero considera que se ha de dar un nuevo impulso ante los nuevos retos de la sociedad a través de mayores capacidades a las comunidades autónomas para activar a su sociedad civil.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Zaplana Hernández-Soro) Agradece en primer lugar la interpelación presentada por el Grupo Catalán y coincide plenamente con ellos en la destacada importancia que reviste la tarea desarrollada por el tercer sector para avanzar en la integración y en la cohesión social, resaltando el auge que ha tomado en nuestro país en los últimos años, lo que es una muestra evidente de dinamismo y de madurez de la sociedad civil. Se refiere también a la Ley de asociaciones, a la Ley de fundaciones y a la Ley de mecenazgo, que conforman, dice, un nuevo marco legislativo de la actividad del tercer sector plenamente adecuado a las exigencias constitucionales, que favorece la autonomía de las entidades, ha simplificado su procedimiento de gestión y ha mejorado notablemente el tratamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, estimulando asimismo a través de nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre sociedades las aportaciones voluntarias a dichas entidades. Asegura, finalmente, que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con todas las entidades del tercer sector y en el marco de ese diálogo está dispuesto a estudiar cuantas medidas sean necesarias, anunciando la presentación de un libro blanco el próximo mes de julio.


Replica el señor Campuzano i Canadès, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Se levanta la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (Número de expediente 121/000070.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto IV del orden del día: Enmiendas del Senado.


Antes de iniciar el debate de este punto del orden del día, quiero comunicar a la Cámara que las sucesivas votaciones de las enmiendas del Senado a los proyectos de ley que van a ser debatidos a lo largo de esta mañana se someterán a votación al finalizar el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, excepto la votación de conjunto, por tener carácter de orgánica, del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, que se someterá a votación al finalizar el debate del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, no produciéndose las votaciones de conjunto de ambos proyectos de ley orgánica antes de las 12 del mediodía.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta

Mi grupo va a votar favorablemente las cuatro enmiendas que ha remitido el Senado al proyecto de ley que ha anunciado la señora presidenta de la Cámara, por entender que introducen una serie de mejoras técnicas que van en la línea de una garantía jurídica, así como de aclaración. La primera enmienda aclara la titularidad de los bienes, que siempre la ostentará el Estado español, para prever las incidencias en los supuestos de utilización provisional de dicha titularidad. Hay que destacar la necesidad de que en los Presupuestos Generales del Estado estén perfectamente diferenciados, en el sentido de que los créditos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas no pueden ser reconocidos como créditos ampliables. La tercera enmienda procedente del Senado introduce la posibilidad de revocar la cesión de bienes a terceros en los supuestos de incumplimiento de las condiciones establecidas para la cesión y no solamente cuando esté por medio la intermediación del convenio bilateral entre ambas partes. La cuarta enmienda añade un apartado a la disposición adicional primera. Nos parece acertado que se regule con rango de ley el régimen de los gastos necesarios para la conservación y mantenimiento de los bienes y derechos de aquellos instrumentos decomisados en la lucha contra el narcotráfico y a los narcotraficantes.


Por todas estas razones, señora presidenta, vamos a votar a favor de las enmiendas del Senado, entendiendo que se elabora una buena norma legal regulando el

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fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Es una realidad y conviene utilizar todos los medios pragmáticos a nuestro alcance para que la lucha reporte aquellos beneficios que puedan derivarse de la incautación y el decomiso de esos bienes que los narcotraficantes han utilizado para cometer delitos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Si cuando pase el tiempo alguien examina los productos normativos de esta época en relación con la convicción o la confianza que al Gobierno o al grupo mayoritario que le sustenta le merece la creencia en el Estado autonómico, se llevará una auténtica desilusión. En la ley que hoy estamos examinando, que no ha sido objeto de enmienda a la totalidad de la formación política a la que represento, las policías distintas de las del Estado solamente se mencionan a los efectos de poder ser destinatarios de los bienes, pero desde luego no se ha conseguido su presencia, cuando es evidente que las que tienen el carácter de integral, como la Ertzaintza o los Mossos d'esquadra, tienen competencia en materia de aprehensión de drogas y merecen alguna mención en el texto del proyecto. A mi formación política le suscitó una impresión optimista que en el informe de la ponencia se propusiera a la comisión la adición, en el artículo 3.2, de alguna mención a las policías autonómicas como usuarias de los bienes o instrumentos decomisados, con arreglo a lo previsto en el Código Penal y en la Ley Orgánica 12/1995. Si uno examina el contenido del artículo 3, se ve que, de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco que pretendían la presencia de las comunidades autónomas, algo se ha conseguido, pero no su presencia en la mesa de coordinación de adjudicaciones, haciendo únicamente referencia el artículo 3, tal y como ha quedado redactado, a las policías, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, como todos sabemos examinando la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son sólo Policía Nacional y Guardia Civil, puesto que, cuando se quiere incluir a las autonómicas, se habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin mencionar la palabra Estado; es decir ni Ertzaintza ni Mossos d'esquadra se mencionan en el apartado 3.


Con respecto al resto de las enmiendas del Senado, en algunos casos -precisiones presupuestarias refiriendo el procedimiento a lo aprobado por la Ley General Presupuestaria-, se trata de una corrección técnica, de procedimiento ceñido a la generalidad de los trámites; en otros casos, al hablar de resolución de convenios por revocación, se trata de una corrección de carácter técnico-jurídico; finalmente, la que se refiere a las disposiciones adicionales, desde nuestra perspectiva tiene un cierto matiz restrictivo en cuanto a los casos de habilitación de fondos. Aun teniendo en cuenta que la ley podía haber sido mejor, con el mismo espíritu con el que empezamos la tramitación de esta ley, la formación política a la que represento votará a favor de las enmiendas aprobadas por el Senado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a intervenir muy brevemente para avanzar en este trámite el sentido del voto del Grupo Parlamentario Catalán que va a ser favorable a las cuatro enmiendas que vienen de la Cámara Alta, del Senado. Debo empezar comentando que este voto favorable se justifica en el mismo sentido al que se ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, porque estas enmiendas mejoran técnicamente el texto que se aprobó en el Congreso, por tanto lo perfeccionan y, en términos generales, vienen a actualizar la Ley 36/1995, de 11 de diciembre.


Dicho esto, mi grupo parlamentario no puede dejar pasar por alto dos puntualizaciones que, tanto en el trámite en esta Cámara, como en el trámite del Senado, ya tuvimos ocasión de expresar los portavoces de mi grupo parlamentario, dos aspectos en los que ha incidido la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Marga Uría, con los que no estamos de acuerdo, por lo que en su momento presentamos enmiendas, tanto en el Congreso como en el Senado, que fueron rechazadas, que pretendían incidir en la dirección de articular un texto que respetara mucho más las competencias autonómicas en esta materia. Me refiero, en primer lugar, a los instrumentos de articulación de las policías autonómicas en los distintos mecanismos de coordinación existentes, expresamente la mesa de coordinación de adjudicaciones de los bienes y fondos decomisados. Es de toda lógica política, y exigible desde el punto de vista de la distribución competencial en esta materia, que las comunidades autónomas que disponen de policía propia, como es el caso de Euskadi con la Ertzaintza y de Cataluña con los Mossos d'esquadra, puedan participar y estar presentes en esa mesa de coordinación de adjudicaciones. Por analogía, quiero recordar, tal como se hizo en el trámite de debate en el Senado, que en la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, prevista en la ley de 1993, se contempla la presencia de un representante de cada una de las comunidades autónomas que disponen de policía propia. Por tanto, no entendemos por qué el Grupo Parlamentario

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Popular y el Gobierno no han hecho un esfuerzo a lo largo del trámite parlamentario de esta ley para dar cauce a una realidad que consideramos que es plenamente constitucional y pareja con esa realidad autonómica del Estado.


En segundo lugar, el Grupo Parlamentario Catalán, con independencia del apoyo global que hemos avanzado a esta ley y a las cuatro enmiendas que vienen del Senado, no puede aceptar -por ello presentamos una enmienda en el trámite del Senado- que se margine a las comunidades autónomas con policía propia de la titularidad parcial -en este caso parcial- de los fondos o bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas. Consideramos que es exigible la participación de las comunidades autónomas con policía propia -repito- en una distribución de esos fondos, en coherencia con la intervención de esos cuerpos en la persecución y en la resolución de los delitos a los que se refiere este proyecto legislativo. La titularidad de esos bienes no debe ser exclusiva y única del Estado, hablando con propiedad, de la Administración general del Estado, siempre que los mismos hayan sido decomisados en comunidades autónomas con competencias en policía, es decir, País Vasco y Cataluña, como antes ha referido la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.


Para terminar, nuestro voto va a ser favorable a la ley y a las cuatro enmiendas que proceden del Senado, pero mi grupo parlamentario no quería dejar pasar la ocasión de reiterar nuestra oposición al planteamiento que han dado el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular a los dos aspectos concretos a los que me acabo de referir.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Romero.


La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar afirmativamente estas enmiendas del Senado, aunque no las considera imprescindibles. Nos parecen cautelas que en algún caso podrían ser obvias y en otro pueden parecer pertinentes desde el punto de vista de la técnica jurídica. Incluso parece que algunas de estas cautelas vienen a disuadir a algunas asociaciones no gubernamentales de usar los bienes inmuebles que se decomisan, que ha sido una de las grandes reivindicaciones. Parece obvio que, si no se cumplen los requisitos, la cesión de uso, que con esta ley se convierte en una excepcionalidad, puede ser revocada. Nosotros creemos que algunas de estas enmiendas podrían haber sido perfectamente prescindibles, es decir, ni siquiera haberse discutido. Este proyecto de ley tiene el mismo tono, el ministro Rajoy ni siquiera lo defendió con mucho énfasis, no ha generado un gran debate. Salvo algunas inclusiones que parecerían inocentes, que afortunadamente se han corregido a lo largo de su tramitación, no habría sido necesario que este proyecto de ley pasara por la Cámara, pues muchas de las modificaciones se podrían haber hecho reglamentariamente. De hecho, nos habíamos olvidado de que este texto estaba tramitándose; algunos portavoces me preguntaban si no pertenecía a la legislatura anterior, ya que data de marzo de 2002, y no porque las negociaciones hayan sido precisamente exhaustivas. Como decía antes, nos parece que su tramitación era perfectamente prescindible.


Nosotros creemos que su sentido es evitar que el marchamo de esta ley fuera el de una ley perteneciente a la etapa socialista. No se ha traducido lo que ha parecido como una especie de conjuro de lo que organizaciones no gubernamentales estaban demandando acerca de la subasta anticipada de bienes, ya que ese problema sigue pendiente. Las lentas tramitaciones que se han producido se podrían haber corregido perfectamente por vía reglamentaria, como mi grupo defendió con su enmienda a la totalidad. Ese fue el sentido de nuestra enmienda a la totalidad y el de las enmiendas que se presentan ahora.


Se podría haber hecho un esfuerzo en cuanto a la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar este fondo cuando tenga su origen en cada una de las comunidades autónomas donde estos bienes se decomisan.
Lamentablemente, no se ha hecho ese esfuerzo pues en este punto se podría haber llegado a un consenso y, como digo, este proyecto de ley pasa sin pena ni gloria.


Realmente, no ha habido un debate de fondo sobre algunos temas que preocupan a las asociaciones no gubernamentales; de hecho, no se concede una de las demandas más evidentes, que llegue el producto de este fondo donde se decomisa más o donde más problemas hay de adicción a las drogas.
Lamentablemente, este proyecto de ley, que pocos países han incorporado, ha servido para que la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas cubra sus presupuestos con lo que se decomisa. El propio delegado del Plan Nacional sobre Drogas se encargó en la etapa socialista de decir que ése no sería el destino del fondo, y paradójicamente ha sido así.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las cuatro enmiendas que presenta el Senado, enmiendas que tienen una importancia significativa desde el punto de vista de técnica jurídica y alguna también desde el punto de vista de la precisión legislativa, que tenemos obligación de incorporar a nuestra tarea para dar seguridad jurídica a los destinatarios de la norma.


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Señorías, quiero comentar dos cuestiones brevemente. Por una parte, la contradicción que he observado entre el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de los grupos intervinientes en cuanto a la participación de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están contempladas en esta ley que estamos regulando en cuanto que beneficiarias de los fondos.
El criterio para el reparto de los fondos puede ser el que ha apuntado la señora Romero -dónde se incauta más- o un criterio igualitario. Dice que no nos hemos puesto de acuerdo, que ni siquiera hemos incidido gran cosa en esta materia. De cualquier manera, tanto las comunidades autónomas, como las policías autonómicas con competencia en materia de represión del tráfico ilícito de drogas, como las corporaciones locales, a las que nadie se ha referido, están contempladas en la ley como beneficiarias del fondo y como impulsoras de políticas de prevención y rehabilitación.


Señorías, este proyecto es muy importante. El fenómeno de las drogas es un fenómeno transnacional, por lo que la competencia del Estado tiene que ser absolutamente respetada. ¿Por qué? Porque las acciones no solamente son de orden interno o de orden local. El proyecto de ley incorpora algo que no estaba previsto en la ley anterior. Antes estaba prevista únicamente la cooperación internacional o la cooperación multilateral en la lucha contra el fenómeno del tráfico de drogas; ahora incorporamos también la posibilidad de utilizar fondos procedentes del Fondo de bienes decomisados para la dotación de los convenios bilaterales.


Señorías, no hay ninguna razón para la crítica que hacía la señora Romero en cuanto a que las organizaciones no gubernamentales pueden verse desmotivadas a la hora de solicitar la cesión de inmuebles, que estaba prevista, o de bienes muebles, que se prevé ahora. Lo que prevé la enmienda que hoy vamos a votar no es la resolución del convenio sino su revocación -creo que este es un término jurídico mucho más preciso-, y no por el incumplimiento de requisitos, sino por el incumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo de cesión, es decir un mal uso de los bienes o no ajustarse a la letra exacta de este convenio de cesión.


Señorías, estamos ante un proyecto importantísimo, un proyecto que da cumplimiento al Convenio de Naciones Unidas de 1998 sobre tráfico ilícito de drogas. Las mejoras técnicas que se han introducido en este nuevo proyecto vienen a mejorar con mucho la Ley 36/1995. El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas. Quiero agradecer a todos los portavoces que han participado en la elaboración de este proyecto de ley la magnífica disposición que han mostrado en todo momento para que pudiera llegar a buen término, como hoy está llegando.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.


- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL. (Número de expediente 121/000111.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos ha remitido el Senado a este proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. En primer lugar, tengo que me mostrar mi satisfacción porque una de las enmiendas que Coalición Canaria presentó en el trámite de primera lectura en esta Cámara ha sido recogida en la Cámara Alta, pero también tengo que mostrar alguna decepción.


Como las enmiendas que nos vienen del Senado son las que son y las que constan en este trámite, quiero destacar nuestro voto favorable a aquellas dirigidas al artículo 4, que hacen referencia expresa a la cantidad proporcional al complemento de destino, dado que hay que mantener una coherencia con la Ley 52/2002, de Presupuestos Generales del Estado. También nos parece oportuna la enmienda aprobada en el Senado a la disposición adicional cuarta, destinada a aclarar el régimen retributivo de los jueces que están en expectativa de destino que aún no han sido llamados al ejercicio de la función a la que se refieren los artículos 212 y 216 bis de la Ley orgánica del Poder Judicial. Esto está en concordancia con la disposición adicional sexta nueva que ha introducido el Senado, para que haya una referencia expresa al régimen retributivo de los magistrados destinados en secciones desplazadas de una Audiencia Provincial, que percibirán, como ya vienen percibiendo algunos, el mismo complemento de destino en concepto de población que el resto de los magistrados destinados en la sede de aquélla. Estas casuísticas no fueron consideradas en el trámite del Congreso de los Diputados, se corrigen en el Senado y vamos a ratificarlo ahora con nuestro voto de apoyo.


También vamos a votar favorablemente la adición de una nueva disposición transitoria séptima, para que el proyecto de ley contemple la existencia de un complemento personal transitorio, con el fin de que en ningún caso pueda producirse, como consecuencia del nuevo sistema retributivo, una merma en las retribuciones percibidas.


Paso a referirme a los anexos. Señora presidenta, queremos destacar con satisfacción que una enmienda de mi grupo que no tuvo la fortuna de ser aprobada en este trámite ha sido reconsiderada positivamente en el

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Senado. Esta enmienda iba dirigida a reclasificar la unidad jurisdiccional de Santa Cruz de Tenerife, que estaba clasificada en el grupo tercero, frente a la de Las Palmas de Gran Canaria, que lo estaba en el segundo.
Esto habría introducido un motivo de conflicto, una reminiscencia en la vía de la jurisdicción de lo que denominamos en el archipiélago canario el pleito insular, figura histórica que queremos enterrar en el olvido para llegar a un principio de solidaridad, como señalan nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias. Si el Estatuto de Autonomía de Canarias consagra el principio constitucional de la doble capitalidad en el archipiélago canario, parecería absurdo que entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ambas islas mayores y capitales respectivas de su provincia, hubiera una discriminación en la estructura de clasificación de la organización judicial. Este tema es inadmisible para nosotros desde un punto de vista político, constitucional y estatutario. Esto se ha corregido y queremos mostrar nuestra satisfacción -asimismo, queremos acompañar en esta satisfacción a Palma de Mallorca, que también se incorpora al grupo número dos- por esta reincorporación, pues desde el Poder Judicial se ha venido actuando para llegar a una equiparación de competencias entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.


Lamentablemente, en el Senado no se ha recogido una enmienda que habíamos presentado en el trámite del Congreso de los Diputados y mis compañeros senadores de Coalición Canaria lo habían hecho en la Cámara Alta. Esta enmienda trata del complemento de destino por circunstancias especiales.
El proyecto de ley diferencia una retribución del complemento de destino para jueces, magistrados y fiscales, por circunstancias especiales, entre los que están destinados y ejerciendo su función jurisdiccional en las islas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria frente a los que realizan su función profesional en las denominadas islas menores o periféricas. Esto es lo que nosotros defendemos con el nombre de plus canario.
Lamentablemente no se ha recogido así. Nuestras enmiendas, presentadas en esta Cámara y en el Senado, proponían una equiparación, sin perjuicio de nadie, del nivel de retribución explicitado para los jueces, magistrados y fiscales que ejercen su actividad en las islas menores o periféricas y aquellos que la ejercen en las islas capitalinas. La diferencia entre unos y otros era muy escasa, 335 euros. Nosotros entendíamos que debía unificarse la retribución de este complemento de destino por circunstancias especiales.


En los debates en la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre el estatus de Canarias, hablábamos de región ultraperiférica, que no se trata de diferenciar islas periféricas de islas centralizadas, islas mayores de islas menores, sino una equiparación del archipiélago canario, que es la unidad política, social, económica y administrativa. No se ha podido recoger este plus canario, y quiero anunciar aquí que será una reivindicación permanente de Coalición Canaria. En cualquier iniciativa parlamentaria que se nos presente en el futuro, seguiremos planteando la defensa de esta igualdad de complemento de destino para hacer del territorio insular del archipiélago canario una sola unidad administrativa, sin diferencias.


El resto de las enmiendas nos parecen acertadas técnicamente y son clarificadoras. Celebramos este proyecto de ley porque las carreras de magistrados, jueces y fiscales se merecen este reconocimiento económico, sobre todo cuando la Cámara está aprobando una serie de disposiciones emanadas del Ministerio de Justicia que significan una sobrecarga de trabajo para los mismos, desde los juicios de menores a los juicios rápidos. Mi grupo quiere dedicar a los magistrados, jueces y fiscales un homenaje a su eficacia y laboriosidad y piensa que su función tiene que ser recompensada con estas retribuciones.


Por todas estas razones mostramos nuestra satisfacción, con la salvedad mencionada anteriormente de los complementos de destino, y vamos a votar de manera positiva todas las enmiendas.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo se felicita de que por fin en el día de hoy termine la tramitación de este proyecto de ley que, nunca mejor dicho, es una auténtica deuda respecto de quienes sirven en la carrera como jueces y fiscales. Se establecía inicialmente un régimen retributivo, debo manifestarlo, que para personas poco expertas en cuestiones presupuestarias o en cuestiones retributivas resultaba bastante más claro que el que finalmente ha quedado establecido en el Senado. Entiendo que las disposiciones adicionales y transitorias que se han introducido sin duda obedecen a situaciones concretas o de colectivos concretos que han de ser contemplados. Por ello la formación política a la que represento dará su voto favorable a lo introducido en la Cámara Alta.


Tres cuestiones me gustaría puntualizar. La primera es que, teniendo en cuenta, tal y como he indicado también respecto del proyecto anterior, que estamos hablando de un Estado autonómico, al introducir el parámetro del plan de transparencia en relación con las retribuciones debiera haber sido más claro, más explícito, respecto a que dentro de ese plan de transparencia hay elementos que hacen referencia a la dación de medios materiales, que es competencia de las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en esta materia. Habrían de tenerse más en cuenta las posibilidades de que, al establecerse las retribuciones, hubiera un conjunto de los tres elementos o de las tres patas que creemos que componen quienes controlan o tienen algo que ver con este

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plan de transparencia: la Administración de justicia de las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia, por supuesto, y el Consejo General del Poder Judicial.


Un carácter más puntual tiene otra cuestión que nos hubiera gustado ver satisfecha ya que la presentamos a través de enmiendas y es que los fiscales y magistrados de Vitoria y de Santander hubieran podido ver un régimen más rápido de acceso al tercer grupo, del que van a formar parte conforme a esta ley, en la percepción de sus retribuciones, lo que no ha sido posible, al no haber sido aceptadas esas enmiendas nuestras.
Finalmente, una tercera cuestión es lamentar que el diputado señor Carriegas, candidato a la Alcaldía de Barakaldo, no haya conseguido convencer ni al Gobierno ni a su grupo de que se incluya esta localidad dentro del tercer grupo de población.


Con estas matizaciones, señora presidenta, señorías, mi grupo va a votar que sí a todas las enmiendas que proceden del Senado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo, como lo han hecho los anteriores grupos parlamentarios a través de sus representantes, se congratula de que hoy se ponga fin a la tramitación legislativa de una ley absolutamente necesaria y justa y a la que quizá si algo puede criticársele es si no llega demasiado tarde o si lo que debieran constituir realmente incrementos retributivos no sean sino compensaciones de pérdidas de poder adquisitivo que se han ido produciendo a lo largo de los años anteriores.


Sin embargo y en primer lugar debemos mostrar la satisfacción por cumplir ese objetivo marcado en el pacto de Estado por la justicia y por la introducción de algunos conceptos retributivos, muy concretamente uno que es, dentro de las retribuciones variables, la retribución variable por objetivos, lo que pudiera denominarse o que se denomina a veces el complemento de productividad, que además juega a favor y en contra, en este caso, del funcionario de la carrera judicial o fiscal. Junto con esta sensación de satisfacción tenemos otras no tan gratificantes. Nos hubiese gustado haber podido introducir en esta ley un complemento de permanencia en el órgano jurisdiccional y en la jurisdicción, entendiendo que tanto la estabilidad en el órgano y en la jurisdicción como la especialidad que deriva de esa permanencia y estabilidad son objetivos que debemos intentar alcanzar, son valores positivos para el funcionamiento de nuestra Administración de justicia. Hemos oído muy buenas palabras pero no se ha producido la incorporación de este objetivo.


Por lo que hace referencia a las retribuciones fijas complementarias, muy concretamente al complemento de destino, ya saben SS.SS. la discrepancia que mantenemos respecto del cálculo del grupo de población como elemento determinante de este complemento. Para nosotros, el grupo de población que debe tenerse en cuenta no es el número de habitantes de la ciudad capital de partido o capital de la provincia correspondiente, sino el número de habitantes del conjunto del partido judicial o del conjunto de la provincia. El partido judicial es la división básica precisamente en nuestra Administración de justicia y la provincia es también un elemento básico de cara a la existencia de juzgados de lo Penal o juzgados de lo Social, aunque ciertamente existen provincias que cuentan con más de uno de estos órganos. En cualquier caso la vinculación de la población de una provincia a la Audiencia Provincial es algo absolutamente evidente. Nos hubiese gustado que hubiese sido el cómputo de esta cifra de población provincial o de partido la que hubiese sido determinante para la inclusión de las poblaciones en los órganos jurisdiccionales en una u otra categoría dentro del anexo. No ha sido así y lo lamentamos al igual que no haber reconocido a las comunidades autónomas una participación más determinante en la definición de los planes de transparencia. Hubiéramos querido que ciudades como Girona o Tarragona, las audiencias provinciales de estas dos provincias, tuviesen la categoría que les corresponde a efectos de grupo de población; de otras ciudades también, como es el caso de Mataró o Granollers. No entendemos tampoco el trato diferente que se da a ciudades como Pontevedra, Castellón o Cáceres.


Por volver a lo agradable, manifestamos nuestra satisfacción por culminar esta tramitación legislativa y votaremos a favor de las enmiendas incorporadas en el Senado. En algún momento hemos estado tentados de votar en contra de algunas de las modificaciones que se producen en el anexo para manifestar con más evidencia nuestra discrepancia al respecto; sin embargo tenemos que decir que ni los magistrados ni los fiscales de Palma de Mallorca o de Tenerife merecen ser los paganos de que existan algunos órganos jurisdiccionales de Cataluña que no reciban el tratamiento que se merecen y por tanto procederemos a votar a favor de las enmiendas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista en relación con el texto remitido por el Senado para este proyecto de ley. Ya adelanto que el voto de mi grupo va a ser afirmativo, si bien, al igual que ha hecho el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, en algún

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momento, al no haber visto reflejadas algunas de las enmiendas que nosotros queríamos que se hubiesen incorporado, hemos tenido la intención de no votar favorablemente algunas de ellas. Pero creemos que algunas de las incorporaciones que se han hecho merecen nuestro voto afirmativo.
Este proyecto, como ya dijimos en su momento, se encuadra dentro del pacto para la justicia. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todos los grupos parlamentarios para llegar a este texto, aunque no se haya recogido toda su sensibilidad. Era un texto muy esperado y muy necesario.
Nos parece que dar estabilidad a las retribuciones en la carrera judicial y fiscal era absolutamente necesario así como que esas retribuciones tuviesen criterios objetivos de valoración como puede ser el rendimiento.


Hemos de poner de manifiesto que en la tramitación de esta ley el Grupo Socialista desde un principio manifestó su colaboración con el Gobierno y con el Partido Popular. Así ha sido. Entendíamos que, a pesar de que, como decía anteriormente, haya habido algunas propuestas que no se han recogido, sí que es importante que haya habido un consenso prácticamente generalizado en esos criterios de valoración. No obstante queremos destacar algunas cuestiones que nos parecen importantes, como es el hecho de que algunas poblaciones no hayan sido incluidas en determinados grupos, por ejemplo en el grupo 2 y en el grupo 3, donde el Grupo Socialista mantuvo y sigue manteniendo que no sólo debe tenerse en cuenta el criterio poblacional de la población en que se encuentra el órgano judicial. Seguimos insistiendo en que deberían tenerse en cuenta otros criterios que nos parecen importantes a la hora de hacer ese tipo de valoraciones en la inclusión en los grupos 2 y 3. Insisto en que nos referimos fundamentalmente a la incidencia que tiene la población en que se encuentra el órgano jurisdiccional; no sólo eso sino todo el partido judicial, en donde debemos considerar otros criterios; es el caso de la Audiencia Provincial de Algeciras, que es la única que queda fuera del grupo. Además se han debido tener en cuenta criterios como el de inmigración, la especial incidencia que tienen los delitos de tráfico de estupefacientes o que es una población de un territorio donde se realiza una fuerte contención de fronteras y donde el nivel de litigiosidad es enormemente alto. Al igual que en Algeciras está ocurriendo en otro tipo de poblaciones, como son casi todas las que queríamos incluir -era la propuesta del Grupo Socialista- de toda Cataluña.


Tenemos que hacer referencia necesariamente a la situación de Canarias, donde a pesar de que se ha producido la incorporación al grupo 2 de la isla de Tenerife, igual que ha ocurrido con Mallorca, hemos seguido sin saber resolverlo de una forma definitiva a nuestro entender. Tampoco se ha resuelto en el Senado la situación del trabajo y la distribución de las retribuciones en islas menores y en islas mayores. Esa es una asignatura pendiente y la reflexión que ha hecho este grupo parlamentario, como grupo que además tiene intención de ser Gobierno, ha sido la que manifestaba anteriormente: no votar en contra, porque creemos que ha habido una parte que se ha podido solventar y que se ha solucionado con esa enmienda en el Senado, aunque sigan pendientes de resolver todos los criterios en la valoración del trabajo, la distribución que se hace de ese trabajo, y la presión con la que trabajan tanto los magistrados como los fiscales que realizan sus labores en las islas mayores y en las islas menores. La situación de algunos magistrados de la Audiencia Nacional tampoco ha quedado con una regulación excesivamente adecuada. Sólo hemos tenido en cuenta el criterio de penosidad para la Sala de lo penal y hemos dejado fuera a los magistrados de lo contencioso y de lo social. Es una discriminación errónea. Hemos debido hacer un esfuerzo más en ese sentido, el Gobierno y el Grupo Popular debieran haber hecho ese esfuerzo para incluir la situación de esos magistrados. La situación de los contenciosos está siendo muy difícil en general en todas las circunscripciones, pero fundamentalmente en la Audiencia Nacional es donde está habiendo un atasco de asuntos, tanto en la resolución de sentencias como en la tramitación de procedimientos y en su ejecución y debería haberse tenido en cuenta en su momento.


Voy a hacer una última reflexión poniendo de manifiesto que las cuantías de estas remuneraciones proceden del momento en que se inicia la tramitación de este proyecto. Habría de tenerse en cuenta la reivindicación que están haciendo también las asociaciones profesionales referente a que, como estas retribuciones se fijaron cuando se inició el texto del proyecto, habría que contar con la revalorización que hayan podido tener a lo largo de este año y que su estabilización se haga según ese criterio.


Como anunciaba al principio de mi intervención, el Grupo Socialista va a votar afirmativamente el texto que ha remitido el Senado, teniendo en cuenta las anteriores reflexiones. A pesar de ello seguimos pensando que el Gobierno y el Grupo Popular debieran haber hecho más esfuerzos para que algunas de esas situaciones hubieran quedado resueltas y que tuviéramos un texto mejor que el que tenemos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.


Desde el escaño, atendiendo la sugerencia que se hizo en Mesa y portavoces, quiero, en nombre del Grupo Popular, expresar nuestra satisfacción por estas enmiendas que llegan del Senado, que son un ejemplo de lo que es una rigurosa segunda lectura del proyecto y que recoge aspectos que ya incluso en el debate inicial en esta Cámara habíamos adelantado.


Como es bien sabido, este proyecto, que en efecto llega con notable retraso puesto que se prometió hace

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18 años, debe ser bienvenido y es fruto de un consenso laborioso, que lógicamente exige respeto, con las diversas asociaciones judiciales, entre otros. Dentro de ese consenso se fijó que fuera el padrón municipal y en concreto el referido a las capitales de provincia el determinante respecto al criterio de población, que por cierto quiero recordar que con este nuevo sistema de retribuciones tiene un menor peso que con el anterior. Eso es algo que se debería respetar y de ahí que mi grupo no entienda que, quizás a efectos pirotécnicos, se mantengan aquí alusiones, a lo mejor porque estamos en campaña electoral, a determinadas localidades donde por lo visto se considera que se puede conseguir un concejal más por estas alusiones, lo cual no deja de ser una muestra de optimismo hartamente encomiable. Nosotros mantenemos con rigor el requisito del padrón municipal y adelantamos que, de acuerdo con el decreto de 27 de diciembre de 2002, que establecía cuáles eran las cifras del padrón a uno de enero de ese año, surgían ya determinados cambios como el de Palma de Mallorca o el de Badajoz, que en su día recordamos al Grupo Socialista que no aspiraba a un concejal más en Badajoz y no había aludido a él.


En cuanto a la doble capitalidad canaria, a mí me alegra que se haya recogido, porque en efecto se creaba un problema quizás innecesario, y me alegra también, como dije en mi intervención anterior en Pleno, que el diputado de mi grupo don Alfonso Soriano Benítez de Lugo fuera el primero que planteó en la Cámara esa cuestión y haya seguido insistiendo hasta el final con una contumacia digna de aplauso, porque así debemos comportarnos los diputados cuando defendemos intereses de nuestra circunscripción. En las otras islas el problema es el concepto del incentivo. El incentivo, por definición, implica desigualdad; de otra forma no se incentiva nada. Entonces, una de dos, o incentivamos a los que están en las pequeñas islas, porque se entiende que hay menor querencia a ir a esas pequeñas islas, o no los incentivamos. Ahora, generalizar el incentivo es hacerlo desaparecer. Además, habría que explicar por qué razón los de una isla que no tiene esas características iban a tener esas retribuciones y no, por ejemplo, los de Pontevedra, que han sido citados antes. Una vez considerado el fundamento objetivo y razonable, que es precisamente el carácter peculiar de esas islas, pasar analógicamente al concepto de isla en general es un salto lógico que no admite mucho fundamento. Por tanto mantengamos el incentivo, porque si no dentro de unos años vendrá algún portavoz, no necesariamente de Coalición Canaria, a quejarse de que nadie va a esas pequeñas islas, como ocurre en toda la Función pública. Pongámonos de acuerdo, incentivemos, y el incentivo y la generalización, por muy bien que quede a efectos argumentales, no soportan en modo alguno ese tratamiento.


Me alegra igualmente ver que los fiscales del antiguo grupo 8 de retribuciones tienen mucha menor movilidad y en consecuencia muchos de ellos no han cambiado de destino o se mantienen en la misma localidad y han visto recogida su reivindicación, que vinieron a exponernos a esta Cámara a todos los portavoces. Es bueno que también los ciudadanos y los colectivos vean que sus gestiones, a veces laboriosas, resultan atendidas. Hay algunas otras modificaciones de detalle; por ejemplo no se contemplaba la posibilidad, que por otra parte debe ser lo habitual, de que el presidente de la Audiencia Nacional no sea magistrado del Tribunal Supremo, con lo cual paradójicamente iba a cobrar menos que los presidentes de Sala. En cuanto al resto de los magistrados de la Audiencia Nacional, la portavoz socialista ha aludido a la carga de trabajo. No tiene nada que ver la retribución peculiar de la Sala de lo penal con la carga de trabajo. Tiene que ver con que se ocupan del terrorismo y de la delincuencia organizada. No sé qué tiene que ver la carga de trabajo con eso y es un modo más de querer quedar bien con unos profesionales con los que uno puede tener una estupenda relación. Pero una vez más el fundamento objetivo y razonable brilla por su ausencia, porque no hay un tercio en comparaciones que resista. Sobre los jueces en expectativa de destino, no estaba contemplado qué ocurría antes de que fueran llamados al ejercicio de funciones jurisdiccionales. Se contempla acertadamente que sea el Consejo General del Poder Judicial el que aborde sus retribuciones en esa fase. En la disposición transitoria séptima se contempla que habrá un complemento personal transitorio en todo caso, para evitar que ningún miembro de la carrera judicial o fiscal sufra merma en sus retribuciones con motivo de este nuevo sistema que ahora ya se consolida.


Se ha observado asimismo cómo existen programas piloto para el segundo semestre de 2003, donde determinados jueces y magistrados van a desempeñar funciones que están contempladas en este mismo proyecto. Se podría dar el caso como consecuencia de que cobraran dos veces por la misma función. Obviamente se ha corregido con gran acierto esa realidad.
Se alude a las secciones desplazadas de las audiencias provinciales, entre las cuales está Algeciras. Sigamos con Algeciras a ver si se consigue algún concejal. Algeciras está contemplada entre todas las secciones desplazadas de las audiencias provinciales y por tanto los miembros de esa sección desplazada van a cobrar igual que si estuvieran en Cádiz. Es algo que ahí queda y que no se había dicho con anterioridad.
Lo digo por si eso empata a concejales la situación.


De la situación de los decanos, liberados de funciones jurisdiccionales, como es sabido, están equiparados a los magistrados de las audiencias provinciales, hasta el punto de que cuando cesan en el cargo quedan adscritos a ese órgano. Era lógico por tanto que también las retribuciones contemplaran esa realidad. Por último hay algunas otras correcciones de redacción que han sido muy oportunas, sobre todo una de ellas, porque se hablaba del resto de destinos correspondientes a órganos judiciales servidos por magistrados y se hablaba de localidades y no de destinos, cuando es sabido que en la

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misma localidad puede haber órganos donde sirven jueces y órganos donde sirven magistrados.


Por esta tarea rigurosa y seria que ha realizado el Senado en este proyecto, sobre todo por el hecho de que entre en vigor con ese consenso tan ejemplar por parte de los afectados, nuestro grupo vuelve a expresar su satisfacción.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, LA LEY ORGÁNICA 1/1979, DE 26 DE SEPTIEMBRE, GENERAL PENITENCIARIA Y LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (Número de expediente 121/000123.)

La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de este proyecto de ley, iniciamos el correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para anunciar el voto contrario del Bloque Nacionalista Galego a las enmiendas introducidas por el Senado en este proyecto de ley que mereció también nuestro rechazo por razones ya conocidas, por pensar que se establece, en la peor tradición del derecho penal de autor, un órgano judicial de carácter excepcional, de carácter especial, para juzgar determinados delitos en función de los caracteres subjetivos de los autores y no en función de la gravedad objetiva de los daños o de los hechos cometidos. Precisamente son estas razones, esta excepcionalidad, lo que nos lleva también a rechazar las enmiendas introducidas en el Senado, que desde nuestro punto de vista inciden y agravan estos caracteres; por ejemplo las introducidas en la disposición adicional quinta de la Ley orgánica del Poder Judicial estableciendo la competencia preferente de esta sala especial, de este juzgado central de vigilancia penitenciaria, en el supuesto de que existan varias condenas.


Voy a referirme ahora a las enmiendas introducidas en el Senado y que vuelven a reformar pocos días después de que se aprobara la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que introduce los denominados juicios rápidos. Se hace con nocturnidad y casi diría que con alevosía a través de enmiendas del Senado, intentando, como decía antes el señor Ollero, arañar algún voto. Intentar arañar algún voto al extender determinadas regulaciones excepcionales a determinados delitos y faltas nos parece una forma de legislar totalmente reprobable. En vez de acometer una reforma que está pendiente de la elaboración de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular es establecer y proponer parches. Esta forma de proceder, tanto por la forma como por el fondo, va a merecer el voto negativo del Bloque Nacionalista Galego.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que nos llegan del Senado a este proyecto de ley orgánica por las siguientes razones. De los tres bloques de enmiendas que remite la Cámara Alta, aparte de la enmienda a la disposición final que viene a establecer únicamente una agrupación orgánica y técnica de qué preceptos tienen carácter de orgánico y cuáles tienen carácter de ley ordinaria, no tenemos que confirmar más que nuestra concordancia con este criterio. En cuanto a las enmiendas dirigidas a la disposición adicional única, nos parece que se ha hecho una corrección técnica adecuada y que es una clarificación para que, cuando sean las partes las que designen abogados, se sustancien las exigencias, bien de que sean abogados de turno de oficio o no, lo cual era necesario aclararlo en la ley.


Me voy a referir con mayor detalle, señora presidenta, a las enmiendas del artículo 1 de este proyecto de ley orgánica. Vamos a votarlas también favorablemente, pero es necesario explicitar algunas razones por su importancia. En primer lugar consideramos oportuno que se haya buscado una clarificación -y en el texto que salió de esta Cámara mi grupo ya había hecho observaciones- en cuanto a la modificación del punto 3, apartado 1, del artículo 82 de la Ley orgánica del Poder Judicial, cuya redacción podía presentar interpretaciones muy contradictorias y por tanto entrar en un vacío jurídico de quién era el órgano o tribunal sentenciador competente para conocer los recursos en materia de ejecución de penas. Creemos que se armoniza con la enmienda introducida, se da una clarificación y se quita lo que es indeseable en todo proceso de administración de justicia, que es la incertidumbre, que llega a dañar el principio propio de la justicia, aparte de los daños que pueda ocasionar al justiciable o a las partes, en cuanto a las atribuciones. Nos parece que la atribución de la competencia del tribunal sentenciador para conocer de los recursos en materia de educación de penas queda suficientemente regulado, aclarado y que se sale de toda incertidumbre o toda interpretación contradictoria. En

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cuanto a la enmienda que hemos recibido para el nuevo apartado 4, que se añade al artículo 94 de la Ley orgánica del Poder Judicial, nos parece oportuno que se concrete cuándo ha de conocer el juez central de vigilancia penitenciaria en el supuesto de que el penado cumpla varias condenas, cosa que en delitos de terrorismo vemos que es una circunstancia reiterativa y habitual, y cuando algunas de estas condenas no derivan de la pena impuesta por la Audiencia Nacional. Entendemos que con esta enmienda quedan atribuidas claramente las competencias de forma excluyente al juez central de vigilancia penitenciaria. Con ello despejamos también contradicciones e incertidumbres de los problemas interpretativos que se habían planteado sobre el texto remitido en su día desde este Congreso de los Diputados.


Finalmente, creemos acertadas las modificaciones que se han introducido en la enmienda a la disposición adicional quinta de la Ley orgánica del Poder Judicial en cuanto a la referencia a los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria. Entendemos que aquí había tres niveles competenciales que quedan aclarados con la enmienda. Primero, se determina cuándo se atribuye la competencia al tribunal sentenciador; segundo, cuándo se atribuye esta competencia a la audiencia provincial correspondiente al establecimiento penitenciario donde está el penado para el cumplimiento de su pena y, tercero, cuándo se atribuyen estas competencias a las salas de lo penal de la Audiencia Nacional. Esto ha ordenado una clarificación en estos tres niveles jurisdiccionales y competenciales para que no haya ninguna confrontación contradictoria en las competencias respectivas. Por tanto, nos parece una enmienda acertada, tanto desde un ordenamiento técnico, como en las garantías para evitar aquí una confusión que no conducía a nada bueno en su interpretación. Por todas estas razones, reitero, señora presidenta, mi grupo votará favorablemente todas y cada una de estas enmiendas del Senado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, conocido es por quienes siguen los asuntos de justicia que del importante número de iniciativas que sobre estas materias ha habido en esta legislatura mi formación política se ha opuesto frontalmente a dos, a la que hace referencia al cumplimiento íntegro de las penas, que ayer tuvimos ocasión de debatir en Comisión, y a esta que llega ahora en este último trámite en esta Cámara, que es el de la centralización o el de la creación de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. A esta norma mi formación política sólo presentó enmienda a la totalidad y no enmiendas parciales, puesto que la lógica nos llevaba a pensar que, no siendo partidarios de la existencia de esta centralización de la vigilancia penitenciaria, carecía de todo sentido el que intentásemos mejorar, corregir o enmendar el texto que el Gobierno proponía. Repito, no queríamos que existieran, seguimos sin querer que existan, y este va a ser también el criterio que va a guiar nuestro posicionamiento respecto de las enmiendas aprobadas por el Senado. Solamente daremos el voto favorable a una de ellas, que es la que hace referencia a la disposición adicional única, que en realidad no tiene excesivamente que ver con el otro objeto fundamental del proyecto. Estamos también habituados a esto.
Ahora en las normas, si viene a mano, si resulta que se percibe que hay que corregir algún defecto en el ordenamiento, venga o no a cuento, pegue o no -si se me permite utilizar esta expresión coloquial- con el título o lo que se enuncia como contenido de la norma, se hace la modificación correspondiente y ahí queda. Sí tiene sentido que la disposición adicional del proyecto de ley refleje diversas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto de los apartados 1 y 2 del artículo 962 y del apartado 1 del artículo 964, así como la supresión del apartado 2 del artículo 963. La enmienda del Senado se justifica -así lo entendemos también nosotros- en la nueva regulación que se hace de los juicios de faltas en la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que mantiene el carácter facultativo de la intervención del abogado en los mismos, por lo que resulta más correcto técnicamente que sean las partes las que designen abogado en su caso, teniendo presente que el abono de los honorarios sólo está cubierto por la asistencia jurídica gratuita en los supuestos en los que se alude al artículo 6.3 de la ley homónima, es decir, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o cuando no siéndolo sea expresamente requerida por el juzgado o por el tribunal, mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso, algo que nada tiene que ver con la vigilancia penitenciaria centralizada, sino con la regulación de los juicios de faltas. Pareciéndonos sensata esta parte, a esta única enmienda sí daremos el voto favorable. El resto tendrá, como el resto del texto de esta norma legal, el voto negativo del Grupo Vasco.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor de algunas de las enmiendas que nos llegan del Senado, pero también va votar en contra de alguna de ellas.


Respecto de la posición de fondo ante esta ley, después de haber tenido un debate de totalidad -como se ha reconocido hubo enmiendas de totalidad- y después de haber tenido también ocasión de debatir en la aprobación inicial por el Congreso, poco más hay que

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decir. Mi grupo ayer precisamente en el debate en Comisión sobre el proyecto de ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas puso de manifiesto que si algo justificaba un tratamiento específico de los delincuentes terroristas no era un tratamiento específico respecto de los instrumentos penitenciarios, sino garantizar la homogeneización de la interpretación de esos instrumentos a través de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, y también describir con una mayor concreción cuáles son las conductas que pueden hacernos entender que el delincuente terrorista está en vías de resocialización. Por tanto, al final, en la votación de conjunto votaremos favorablemente a la ley orgánica. Sin embargo, por lo que hace referencia al debate en el Senado, la opinión que tiene mi grupo parlamentario es variada, porque, por un lado, estamos absolutamente tentados de invocar a Santa Rita, porque una enmienda que nos fue aceptada en el trámite en el Congreso, la número 11 del Grupo Parlamentario Catalán, que era coincidente con alguna enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido suprimida a través de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Ciertamente al tratarse de una ley de justicia quizá debiéramos hablar de aquello de la reformatium peius, porque efectivamente se nos ha reformado para peor y se nos ha eliminado una enmienda que, sin embargo, se nos había aceptado en el Congreso; era una enmienda importante.


Saben SS.SS. que en el año 1994 se produce una reunión de los jueces de vigilancia penitenciaria que aprueban un criterio, llamado criterio 84, que es el que determinaba la competencia de la audiencia provincial del lugar donde radicaba el establecimiento penitenciario para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria tanto en ejecución de pena como en régimen penitenciario.
Posteriormente, en el año 2000 se produce, primero, una sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2002 y luego un acuerdo gubernativo del 9 de julio, donde se vuelve a separar la competencia en materia de ejecución de penas, que se atribuye a los tribunales sentenciadores y el régimen penitenciario que se mantiene en las audiencias provinciales del lugar donde radicaba el establecimiento penitenciario. Eso genera problemas importantes de inmediación y de defensa, hasta el punto de que en esta tramitación en la fase prelegislativa la Fiscalía General del Estado hizo una apuesta por la unificación de esas competencias en la audiencia provincial del lugar donde radica el establecimiento penitenciario. Eso también se recogió en el voto particular que se hizo en el informe al Consejo General del Poder Judicial. Me imagino que esa pinza, Fiscalía General del Estado y voto particular, lo cual quiere decir sector minoritario del Consejo General del Poder Judicial, debió enervar a algunas personas, que determinó lo que determinó, y que, a pesar de que la enmienda fue aprobada después en el Congreso, han entendido que aquí estamos en presencia de algo sobre lo que cabía efectuar un pulso; y nada más lejos de la realidad, lo que pretendíamos era resolver un problema que sin lugar a dudas existía. Por tanto, procederemos a votar en contra de esa enmienda incorporada en el Senado.


También manifestamos nuestra decepción por no haber podido avanzar en la delimitación de las competencias de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria. Saben SS.SS. que el planteamiento de la ley es identificar con todas aquellas competencias que se atribuyen a la Audiencia Nacional; el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista era limitarlo a los temas de terrorismo; el planteamiento de mi grupo parlamentario es un criterio que se recoge en el proyecto de ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, que es atribuir la competencia en materia de terrorismo y en materia de criminalidad organizada. Es un concepto que para otras finalidades se hace valer, como he dicho, en el proyecto de ley sobre cumplimiento íntegro de las penas, por tanto, entendíamos que aquí podía servir de punto medio. Llegué a hablar de aquello de la pista de aterrizaje, por algunas eventualidades o su utilización para definir alguna actuación parlamentaria vinculada precisamente a la guerra de Irak. No se ha podido avanzar en esa línea, en consecuencia, debemos manifestar nuestra decepción.


Queremos manifestar nuestra satisfacción porque sí se ha incorporado en el Senado una enmienda de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de juicios rápidos e inmediatos. Ciertamente puede parecer, por así decirlo, que no responde al contenido de la ley, pero en última instancia estaríamos, señorías, en presencia de un puro problema de etiqueta. Por tanto, si en la denominación de la ley tiene que hacerse esa referencia, que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se haga. Cuando se trata de legislar y cuando hay que atender a problemas que se van poniendo de manifiesto, quedará más o menos bonito formalmente; para bonito aquellas leyes de procedimiento administrativo de los años cincuenta y sesenta, pero nosotros tenemos que legislar de esta manera, tenemos que abordar problemas. Mi grupo parlamentario presentó y utilizó este proyecto de ley como una vía para modificar en este sentido la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, etiquetas aparte, queremos manifestar nuestra satisfacción. Como ve nuestros sentimientos son dispares, porque en la vida no todo es del mismo color.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


Grupo Parlamentario Socialista, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señorías, con la aprobación segura por la mayoría parlamentaria del Grupo Popular, en todo caso, vamos a concluir hoy la tramitación de este proyecto de ley que modifica la Ley orgánica del Poder Judicial del año 1985, la Ley orgánica General Penitenciaria de

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1979 y también la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988. A ello tenemos que añadir también la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su redacción dada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que ha entrado en vigor precisamente el 28 de abril de 2003. Es decir, poco más de dos semanas después de la entrada en vigor de una ley, la de juicios rápidos, estamos ya modificándola. Alguien se congratula -el propio portavoz de Convergència i Unió- diciendo que aunque no sea esa ley, la propia viene bien para modificar los juicios rápidos y también otro portavoz aludía a que no se había recogido en la regulación de los juicios rápidos. Muy al contrario; algo que voluntariamente no quisieron regular en los juicios rápidos, que era la no procedencia del abogado en turno de oficio, que ya estaba, no lo enmiendan; ahora, quince días después, para ayudar un poco más a la ceremonia de la confusión en la implantación de los juicios rápidos habrá que llamar a todos los jueces y fiscales y decirles que ahora no hay abogado de oficio, y ello con una particularidad. Con la nueva regulación de que cuatro faltas son constitutivas de delito, no tener abogado de oficio, cuando el hecho ya puede ser constitutivo de delito, plantea algún problema, al menos de debate intelectual y de principios. Señorías -especialmente me dirijo ahora al portavoz del Grupo Popular-, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos tremenda y profundamente decepcionados por la forma de actuar de su grupo; yo diría, para no utilizar ningún calificativo más grueso, indignados. ¿Qué tiene hoy que decir en esta Cámara el portavoz del Grupo Popular después de que en el Pleno del 13 de marzo este portavoz agradeció el talante del propio grupo mayoritario, confundido ingenuamente por lo que hemos podido comprobar? Llegamos a un consenso en esta Cámara en temas importantes de esta ley y verbalmente acordamos con el grupo mayoritario que en el Senado se iban a rectificar otras cuestiones y que íbamos a negociar. Pues bien, ¿saben ustedes lo que ha hecho el Grupo Popular? No sólo no ha negociado, no sólo no ha consensuado los aspectos importantes de esta ley, sino que con nocturnidad, con engaño manifiesto, modificó lo que aquí ya estaba pactado, retrotrayéndolo a peor; pero además de eso, este filibusterismo político y parlamentario es absolutamente intolerable, es una auténtica provocación. ¿Qué pretenden ustedes, romper el consenso? ¿Una vez más? ¿Qué justificación pueden dar a que reformen ustedes unilateralmente algo que se ha consensuado en el Parlamento, en el Congreso, sin ningún tipo no ya de consenso, sino siquiera de explicación? ¿A qué intereses se deben ustedes, a qué grupos de presión obedece esta modificación unilateral, insisto? Ustedes legislan precipitadamente, atropelladamente.
Estamos viendo cómo están ustedes modificando una ley que acaba de entrar en vigor: artículos 962, 963 y 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Señorías, esta negociación extraparlamentaria que han tenido ustedes con algún grupo de presión, como han reconocido privadamente, no puede justificar en modo alguno este desprecio a los representantes del pueblo, a los parlamentarios, que son los que tienen y ostentan la representación de la soberanía popular. Espero, señor Bueso, que sea usted capaz de dar alguna justificación medianamente rigurosa de este atropello que ustedes han cometido, de este desprecio al fondo, pero también a la forma poco democrática, absolutamente autoritaria y que hace que, si siguen actuando así, no podamos fiarnos de ustedes ni de su palabra ni siquiera del sentido de su voto producido ante esta Cámara.


Señorías, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario Socialista no va a aprobar ni una sola de las enmiendas del Grupo Popular ni por su contenido ni por la forma. Por responsabilidad, votaremos la ley orgánica a favor. No vamos a negar un instrumento al Gobierno de la nación en la lucha contra el terrorismo, no vamos a cometer ese error y vamos a votar a favor la ley orgánica, pero sepan ustedes que junto con esa cuestión principal, que es la creación del juzgado central de vigilancia penitenciaria con jurisdicción en toda España, con las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria y en las demás leyes, como el Código Penal, no estamos de acuerdo, y queremos que quede constancia expresa, que se amplíe a todos los delitos competencia de la Audiencia Nacional recogidos en el artículo 65 de la Ley orgánica del Poder Judicial. Nuestra opinión es que debe quedar para los delitos de terrorismo y, si acaso, como propone Convergència i Unió en su enmienda número 11, incluir los delitos relacionados con el crimen organizado, pero no con el resto. Mantenemos, señorías, el respeto y la defensa a ultranza de los principios recogidos en el artículo 25 de la Constitución española y en la Ley orgánica General Penitenciaria, algunos de cuyos principios ustedes ponen en riesgo. En todo caso merman derechos y merman garantías. Nuestra apuesta por la reeducación y la reinserción social está muy por encima del carácter punitivo, del carácter retributivo de la pena. La idea de proximidad y de inmediación la conculcan ustedes de forma expresa, con conocimiento de causa. Ustedes crean un juzgado central de vigilancia penitenciaria, además sólo uno, aunque la ley permita que por decreto pueda crearse alguno más, pero de momento un solo juzgado para 3.667 penados. ¿Qué inmediación va a haber? Absolutamente ninguna. Incluso en la intervención del portavoz del Grupo Popular así se recoge. Se acude al auxilio judicial, por eso en el artículo segundo modificamos el artículo 76, apartado 2, de la Ley orgánica General Penitenciaria. Esto es un atropello a principios constitucionales, como el principio de proximidad o el principio de inmediación que el propio Consejo General del Poder Judicial tiene expresamente recogido.


Señorías, todo ello supone un paso atrás importante. En la disposición adicional quinta se había recogido el sistema de recursos, la regulación íntegra propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, que había sido apoyada también por Convergència i Unió y otros grupos.


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Ustedes vuelven atrás y lo modifican unilateralmente en el Senado. Este importante problema de articulación del sistema de recursos y la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones de los juzgados de vigilancia penitenciaria, quedando aclarado además que todos los recursos iban a la Audiencia Provincial, que había principios -nuevamente hablamos de principios- como el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, ahora queda en entredicho con la regulación que ustedes traen, con la propia naturaleza jurídica del recurso de apelación, con el quebranto a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley, que produce esta nueva regulación que ustedes con filibusterismo parlamentario han introducido a través del Senado. Insisto en que es un paso atrás; menos mal que respetan -algo positivo queda- el recurso de casación para unificación de doctrina que recogía el Grupo Parlamentario Socialista.


Voy concluyendo. Señores del Grupo Popular, ustedes otra vez aprueban una ley mala, además con filibusterismo parlamentario, lamentablemente -lo digo con todo el rigor, a los hechos me remito-, y con ruptura del consenso. Así, señores del Grupo Popular, ustedes van por muy mal camino.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas del Senado, pero antes quiero decir al portavoz del Grupo Socialista en relación con las afirmaciones que ha hecho en el sentido de que están decepcionados e indignados, que se ha actuado con nocturnidad y engaño manifiesto, que se ha roto el consenso y que a qué intereses se debe y a qué grupos de presión, que no tienen por qué estar decepcionados ni indignados, puesto que no se ha actuado con nocturnidad ni con engaño de ninguna clase, que no se ha roto por parte de este grupo ningún consenso y que no se debe a ningún interés ni a ningún grupo de presión. No representa en absoluto un paso atrás ni existe bajo ningún concepto el filibusterismo parlamentario al que S.S. ha hecho referencia.
La ley no es mala, señor Villarrubia. Si usted recuerda, al final de mi intervención, a pesar de que agradecí a todos los grupos, también y de manera especial al suyo, el esfuerzo realizado, manifesté que profundizaríamos en el Senado sobre alguna otra cuestión que han planteado y sobre problemas -leo textualmente- que puedan plantearse cuando exista una refundición de condenas impuestas por diferentes órganos judiciales, casos en los que no existe un único tribunal sentenciador, introduciendo alguna previsión, como puede ser -le dije- que fuera competente el tribunal que hubiese impuesto la pena más grave o incluso el que haya impuesto la última pena. Eso consta en el "Diario de Sesiones", habiendo sido dicho por este portavoz en el Pleno que se celebró en el Congreso de los Diputados con anterioridad a este trámite parlamentario. Por tanto, no puedo aceptar absolutamente nada de lo que ha manifestado. Otra cosa es que por estrategia parlamentaria S.S. haga gala de esa serie de afirmaciones.


Entro en el fondo de la cuestión. La modificación del punto tercero del apartado 1 del artículo 82 de la Ley orgánica del Poder Judicial se debe a que la redacción actual de esta es contradictoria con la atribución al tribunal sentenciador para conocer de los recursos en materia de ejecución de penas. Con la nueva redacción, señoría, se armoniza la regulación y se acaba con la actual situación de incertidumbre. La enmienda aprobada en relación con el nuevo apartado 4, que se añade al artículo 94 de la Ley orgánica del Poder Judicial, pretende mediante la adición del correspondiente inciso concretar cuándo ha de conocer el juez central de vigilancia penitenciaria en el supuesto de que el penado cumpla varias condenas, alguna o algunas de las cuales no deriven de la pena impuesta por la Audiencia Nacional. El texto aprobado por el Senado atribuye la competencia de forma excluyente al juez central de vigilancia penitenciaria, superando así los problemas interpretativos que se habían planteado sin la modificación acordada. Por otro lado, se han llevado a cabo diversas modificaciones del texto de la disposición adicional quinta de la Ley orgánica del Poder Judicial remitido por el Congreso, que se refiere a los recursos contra las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria. El precepto ha sido objeto de una nueva ordenación y redacción que afecta al fondo de los apartados 2 y 3 y añade un nuevo apartado 5, determinándose cuándo se atribuye la competencia del tribunal sentenciador, cuándo a la Audiencia Provincial correspondiente al establecimiento penitenciario y cuándo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las modificaciones que se han introducido en el párrafo inicial del apartado 4 del proyecto de ley orgánica, así como en los apartados de la disposición adicional quinta de la Ley orgánica del Poder Judicial -ahora numerados como 6, 7, 8 y 9-, son de carácter simplemente técnico y sistemático. El texto del proyecto atribuye la competencia para conocer de las resoluciones en materia de ejecución de penas al tribunal sentenciado, y a su vez la competencia de las resoluciones que se refieren al régimen penitenciario y a las demás materias que no sean de ejecución de penas se atribuye a la audiencia provincial correspondiente al establecimiento penitenciario. La enmienda atribuye la competencia tanto en materia de ejecución de penas como del régimen de su cumplimiento a la audiencia provincial correspondiente al establecimiento penitenciario. Asimismo, la enmienda introduce un recurso de casación y de unificación de doctrina contra las resoluciones del juez de vigilancia penitenciaria, regula la tramitación del recurso de apelación y prevé la especialización

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de secciones de la audiencia provincial para el conocimiento de los recursos.


En cuanto a la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones del juez central de vigilancia penitenciaria la enmienda introduce la modificación con relación al proyecto de atribuir la competencia para el conocimiento de los recursos contra todas las resoluciones, tanto en materia de ejecución de penas como sobre el régimen penitenciario y sobre el resto de cuestiones, a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Se considera que el tribunal que ha conocido del asunto con más inmediación, que es precisamente el que ha juzgado al interno, está en mejores condiciones para decidir las cuestiones que, por referirse al cumplimiento de la pena -por ejemplo, la progresión de grado-, van a afectar a la propia eficacia de la sentencia que ha dictado en función de las características personales del sujeto.
Ello propicia un tratamiento personalizado y diferenciado de los penados.
Para evitar, señoría, precisamente que puedan plantearse problemas -como le he recordado que dije en mi anterior intervención-, cuando exista una refundición de condenas impuestas por diferentes órganos judiciales, en los casos en los que no exista un único tribunal sentenciador, se introduce la previsión de que sea competente el tribunal que haya impuesto la pena más grave y en caso de coincidencia de penas entre dos o más tribunales el que haya impuesto la última de las penas más graves.


Por otro lado, la disposición adicional del proyecto de ley pasa a reflejar ahora diversas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto de los apartados 1 y 2 del artículo 962 y del apartado 1 del artículo 964, así como la supresión del apartado 2 del artículo 963. La enmienda del Senado se justifica por el hecho de que la nueva regulación de los juicios de faltas en la Ley 38/2002, de 24 de octubre, mantiene el carácter facultativo de la intervención del abogado en los mismos, por lo que resulta técnicamente más correcto que sean las partes las que designen abogado en su caso, teniendo presente que el abono de los honorarios del abogado sólo está cubierto por la asistencia jurídica gratuita en los supuestos aludidos en el artículo 6.3 de la Ley de justicia gratuita, es decir, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el juzgado o tribunal, mediante auto motivado, para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.


Finalmente, la disposición final primera regula ahora la materia antes contemplada en la disposición adicional única del texto remitido por el Congreso y establece qué preceptos, de la ley orgánica que se apruebe, tendrán carácter de ley ordinaria. Como consecuencia de este cambio en la ordenación del proyecto, la antigua disposición final única se convierte en disposición final segunda sin variaciones en su texto. Por tanto, señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista, esta es la justificación y, en mi opinión, considero honestamente que es una justificación rigurosa y, desde luego, no es autoritaria. Usted podrá estar de acuerdo o no, pero esta es la exposición. Independientemente de su oposición, le agradezco el tono, a pesar de que no estemos de acuerdo.
Desde luego, no tenga ninguna duda de que no se ha actuado con nocturnidad ni alevosía ni nada parecido, pues usted me conoce perfectamente. Mi grupo ha actuado con corrección en todo momento. Desde luego, se ha dado un paso importante y con arreglo al ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo juzgar lo ejecutado, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales determinados por la ley, con arreglo al artículo 117 de la Constitución, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan, así como que los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el texto y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. De eso no le quede ninguna duda, señoría.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.


- PROYECTO DE LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
(Número de expediente 121/000126.)

La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y otras leyes, entramos en el debate de las enmiendas al proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego dio su apoyo en conjunto a este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, a pesar de que en ambas cámaras expresamos, y seguimos expresando, nuestras diferencias y nuestras cautelas respecto de algunas de las cuestiones que en el mismo se regulan. En concreto, las que se refieren a la financiación. Nos alegramos de que en el caso de Canarias hayan encontrado, al parecer, solución en el Senado. Desde luego, nos tememos que en el caso de Galicia el problema va a seguir y que la experiencia en la aplicación de la ley va a poner de manifiesto que no hay recursos y que el sistema de financiación establecido en el artículo 7 no es en ningún caso suficiente. Llegados a ese punto, esperamos encontrar en el ministerio el mismo diálogo, la misma capacidad de entendimiento que existió durante la discusión del proyecto.


Nos hubiese gustado también una mayor institucionalización del Consejo Interterritorial y que muchas de las competencias que residen -y que al parecer va a

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quedar así de acuerdo con el texto que nos remite el Senado- en el Ministerio de Sanidad hubiesen sido competencias propias de un consejo interterritorial con personalidad jurídica propia, con aparato administrativo propio. Nos manifestamos a favor de limitar las funciones de la alta inspección. No entendíamos por qué, estando ya regulada la alta inspección en la Ley General de Sanidad de 1986, con una nueva ley como ésta no se aprovechaba para ampliar y profundizar esas funciones.
Nos han expresado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en la transferencia de los bienes inmuebles pertenecientes a la Seguridad Social, aunque en otros departamentos ministeriales no existe la misma disposición.


Entrando a valorar las enmiendas del Senado, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la que se refiere a la Ley del Medicamento, que precisa el precio unitario y el precio de referencia con relación a determinados grupos de fármacos. Nos parece una reforma necesaria y en todo caso criticable por el procedimiento empleado, igual que hacíamos en el proyecto de ley anterior. Una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado impide el debate sereno por parte de los demás grupos de esa modificación y nos obliga simplemente a refrendar la enmienda y a no introducir ninguna modificación en el texto. Supongo que el ministerio pensará, porque lo que hizo el Grupo Popular fue actuar por orden del ministerio, que era una reforma urgente y necesaria y que había que aprovechar el autobús. Parece que se trata de una especie de ley ómnibus, como una especie de autobús que pasa y que hay que cogerlo para introducir la reforma en la Ley del Medicamento.


En cualquier caso, esta enmienda que vamos a apoyar supone el reconocimiento del fracaso del Partido Popular en el control del gasto farmacéutico, seguramente no imputable a la actual responsable de sanidad, pero sí a su grupo y a su Gobierno. Por cierto, echamos de menos otra enmienda que presentó el Grupo Popular en el Senado para reformar la Ley del Medicamento y para incidir en una cuestión que a nuestro grupo -con modificaciones y matices a los que luego me referiré- le parece necesaria, como es impedir, prohibir y sancionar los tratos de favor y los obsequios en forma de viajes y de asistencia a congresos, en los que el congreso es una mera excusa, al personal sanitario por parte de las multinacionales farmacéuticas. Ahí se sanciona a quien ofrece el obsequio o la bonificación y a quien la recibe. Nuestro matiz estaba en que normalmente quien lo ofrece es el representante, es decir, un mero empleado de la empresa, y la sanción debería recaer en la multinacional farmacéutica. Nos gustaría que el Grupo Popular nos explicase por qué una enmienda introducida con cierta celeridad y con cierta precipitación en el Senado -aunque, como digo, estamos de acuerdo con su contenido- decae en esa Cámara y no llega al Congreso, cuando es una cuestión como mínimo tan urgente como la otra y que tendría una influencia benéfica en el control del gasto sanitario. Como nos explicaban en el Ministerio de Sanidad, si hay márgenes que puedan ser aprovechados, si hay márgenes que no han sido ofrecidos al ministerio, pero que sí se ofrecen a cada facultativo en particular, esos márgenes deben ser aprovechados por el ministerio y deben incidir en la reducción y en el control del gasto sanitario. Espero que el portavoz del Grupo Popular nos ofrezca esa explicación.


Hay dos enmiendas para las que vamos a pedir votación separada y a las que el Bloque Nacionalista Galego se va a oponer por motivos de coherencia.
Nos vamos a oponer a la modificación de las funciones de la alta inspección que se realiza en el artículo 36, ya que ahondan en una dirección con la que nosotros ya expresamos nuestro desacuerdo. También nos vamos a oponer a las enmiendas introducidas por el Senado en el artículo 67, en lo que se refiere a la participación social, por una razón de coherencia que el Grupo Popular y el ministerio conocen. Desde nuestro punto de vista, el sistema estatal de salud debe ser un lugar de encuentro de los diferentes servicios públicos autonómicos de salud, y es en cada uno de ellos donde se debe producir esa participación social.
Digo esto por razones de coherencia y también por razones de experiencia, porque la experiencia nos indica que esos órganos de participación de ámbito estatal suponen en la mayor parte de los casos -y tenemos ejemplos sobrados en el ámbito laboral- la exclusión de organizaciones profesionales, sindicales y sociales de ámbito inferior al Estado, en el caso que no ocupa de ámbito gallego. Así, se da el caso de que organizaciones sindicales consideradas como más representativas son excluidas, sin que se sepa la razón, de cierto tipo de negociaciones. Por esa razón, salvando nuestro apoyo de conjunto al proyecto de ley, votaremos negativamente estas dos enmiendas.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


En términos generales, la valoración que hace mi grupo de las enmiendas que nos llegan del Senado es positiva, salvo algunas excepciones que señalaré más adelante.


Mi grupo valora todas las enmiendas del Senado que introducen textos que perfeccionan la norma anterior. Nos hubiéramos sentido muy satisfechos -al menos este diputado- si en los debates en los que intervino mi compañera, la diputada doña María del Mar Julios, y en los que mi grupo finalmente se abstuvo se hubiera recogido la enmienda que hoy llega del Senado, introduciendo una nueva disposición adicional novena que viene a respetar la peculiaridad fiscal y económica del régimen de la Comunidad Autónoma de Canarias. Quiero reconocer

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aquí la comprensión de la señora ministra de Sanidad en esta cuestión.


El problema que nos hemos encontrado en Canarias con los servicios públicos que han sido transferidos, en este caso el de la sanidad, es el de la financiación incidental o colateral por la población visitante, sea española o de cualquier país de la Unión Europea. No olvidemos que Canarias tiene un censo de población oficial de 1.600.000 personas sobre las que se dirige la protección del Servicio Nacional de Salud. Canarias se encuentra a lo largo del año, no de una manera estacional sino repartida en los doce meses, con una población visitante, fundamentalmente de países europeos y del territorio español peninsular, que acceden, por sus incidencias sanitarias, a los centros públicos de salud. Aproximadamente doce millones de ciudadanos visitaron Canarias el año pasado. Esta incidencia sobrecarga las listas de espera, las urgencias y la asistencia facultativa. Esta es la razón de que siempre hayamos solicitado a los poderes públicos -y se refleja con nuestras enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado- que estudien quién paga este excedente de atención a la población. El servicio canario de salud y las competencias de sanidad en Canarias transmiten un aspecto negativo incluso en el ámbito de la sanidad nacional. El turista europeo que llega a Canarias procedente de Francia, Alemania o Reino Unido, si ve que están colapsadas las listas de espera en los hospitales no va a hablar de la sanidad canaria sino de la sanidad en España. Señora ministra, en este tema queremos llegar al mayor entendimiento, algo que estamos recibiendo en estos últimos meses por parte de su persona y de su departamento. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por ello nos congratulamos por la enmienda a la disposición adicional novena, referente a las peculiaridades y al respeto al régimen económico y fiscal de Canarias.


El resto de las enmiendas, salvo dos a las que luego me referiré, merecen nuestra aprobación. Han sido significativamente positivas y enriquecen lo que, a juicio de este diputado y de mi grupo, es un proyecto de ley sobre la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en España muy bueno.
Vamos a tener una magnífica ley, cuando la vote la Cámara. Esto nos satisface porque ha significado una toma de conciencia desde el ministerio, desde el Gobierno, desde las comunidades autónomas y desde todos los ciudadanos.


En el Senado han planteado, sobre todo mis compañeros de grupo, dos observaciones por hacer un reconocimiento a las oficinas de farmacia de Canarias. Estas observaciones van dirigidas a los medicamentos y a las oficinas de farmacia, y nosotros hemos pedido votación separada de la disposición derogatoria segunda y de la segunda parte de la disposición final tercera. Los problemas que hemos tenido con el coste del gasto farmacéutico en los servicios públicos de salud en el archipiélago canario han tenido que ser soportados -reconocimiento que hago desde aquí- por la profesión farmacéutica, por las oficinas de farmacia, que han hecho unos sacrificios extraordinarios. Con la redacción que nos llega del Senado se sigue penalizando a la oficina de farmacia, no sale bien parada, al menos por los datos que manejamos del archipiélago canario, y se favorece a las multinacionales de la industria farmacéutica. Hemos recibido infinidad de quejas de los colegios de farmacéuticos y de los representantes profesionales de las oficinas de farmacia.


Señora ministra, ya que tiene usted la deferencia de estar presente en este debate, le pedimos que se siga reconsiderando a las oficinas de farmacia, porque están dolidas y se ven perjudicadas económicamente.
Sería contrario al interés público y al bien común que saliesen más beneficiadas las multinacionales que fabrican y patentan productos farmacéuticos que la oficina de farmacia, sobre la que recaen todos los sistemas de ahorro del gasto farmacéutico del servicio canario de salud.
Creo que esto tiene solución, pero no podemos hacer soportar economías de escala restrictivas sobre las oficinas de farmacia y no sobre quienes pueden ser más directamente responsables de la política de precios que hay aquí. A nosotros nos consta la preocupación que sienten la señora ministra y el departamento de Sanidad, así como la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la reducción del gasto farmacéutico, pero no se debe ir por la vía del atajo, que no soluciona sino que complica sobre todo el problema económico de un profesional como el farmacéutico, en su oficina de farmacia, que no tiene por qué ser el perjudicado de una política de ahorro cuando esta es unidireccional.


Por lo demás, nosotros votaremos favorablemente el conjunto del proyecto y las enmiendas, con la única salvedad del tema de los medicamentos en lo relativo a las oficinas de farmacia. Repito que Coalición Canaria plantea estas reticencias por el problema que existe en el archipiélago canario.
No entramos en la cuestión del gasto farmacéutico y el soporte de las oficinas de farmacia en otras comunidades autónomas, a las que sólo tengo que dirigir una palabra de agradecimiento por el esfuerzo que vienen haciendo en este papel.


Por consiguiente, nos volvemos a congratular del reconocimiento de la peculiaridad financiera canaria y seguiremos insistiendo, vía Presupuestos Generales del Estado, vía acuerdos bilaterales entre la Administración central y la Administración autonómica, para conseguir todas las garantías acordes al esfuerzo que se está haciendo. También tengo que señalar aquí la petición que me ha hecho el señor consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias de que exprese un reconocimiento a la señora ministra de Sanidad, añadiendo que va a encontrar en nosotros la mejor línea de colaboración y apoyo. Asimismo, quiero felicitarle por el contenido de fondo de este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, punto final, hoy, de este proyecto de ley respecto del cual ya le habrán llegado ecos de la buena opinión que lo que suele llamarse doctrina autorizada está empezando a manifestar en coloquios o en artículo doctrinales.


Sabe usted que a lo que inicialmente nos pareció un proyecto de texto legal jurídicamente correcto le encontrábamos, sin embargo, pegas en lo que hacía referencia a la delimitación competencial o a su adecuación a la distribución de competencias con las comunidades autónomas. Dije ya en ocasión anterior desde la tribuna que la actitud manifestada por el equipo ministerial -usted y su equipo- fue en eso modélica, siendo un ejemplo de lo que significa negociar: ceder en algunos terrenos parte de su criterio para que en ellos puedan entrar los criterios o las opiniones de otros. Por ello, en el trámite final en esta Cámara, antes de su llegada al Senado, la formación política a la que represento dio su voto afirmativo a la casi totalidad de la norma, con algunas excepciones: una, la referida al artículo 43, cuando se hace referencia a la movilidad o a la carrera profesional, no porque no seamos partidarios de ella, somos conscientes de que cualquier médico ha de poder moverse por todo el Sistema Nacional de Salud, sino por la fijación mediante real decreto, a pesar de que sea previo acuerdo en el Consejo Interterritorial.


En todo caso, tal y como ha quedado redactado en el Senado, estamos ya en la fase siguiente. Por lo menos con la formación política a la que represento, ya se ha hablado de la existencia de un anteproyecto en el que habrán de regularse las carreras y las profesiones sanitarias. Tiempo habrá para que este aspecto, que no nos gusta como queda esbozado en la norma, si existe el mismo espíritu de negociación y de deseo de consenso, pueda llegar a estar regulado de forma que parezca aceptable a la formación política a la que pertenezco. Por ello, no haremos cuestión de esto y votaremos a favor de cómo ha quedado redactado el artículo 93 en su paso por el Senado.


En relación con la alta inspección se han hecho observaciones por parte de alguna formación política y realmente no es la parte que más le gusta al partido al que pertenezco. Sin embargo, tenemos la percepción de que las enmiendas introducidas en el Senado no empeoran el tenor del texto en relación con lo que era nuestro punto de vista cuando hablábamos respecto a la salvaguardia de las competencias propias de las comunidades autónomas. Por tanto, tampoco en este caso haremos causa del no voto respecto de la enmienda de la que se trata.


Sí ha quedado pendiente el eterno tema, señora ministra, de los inmuebles que pertenecen a la Tesorería de la Seguridad Social y que debieran haber ido unidos a las transferencias competenciales a distintas comunidades autónomas. Sin embargo, sabemos que la culpa, si es que cabe hablar de culpa, no es imputable al departamento al que usted pertenece, o por lo menos ésas son las noticias que tenemos, e incluso se nos ha advertido que el grupo mayoritario de la oposición no es excesivamente feliz con la idea de que se lleguen a producir estas transferencias. Sé que existe vocación y deseo de ello en el equipo ministerial y por ello seguirá peleando la formación política a la que represento cuantas veces sea traído a colación.


En cuanto a las enmiendas introducidas en el Senado, debo manifestar que respecto del grupo al que pertenezco sí hubo explicaciones y aclaración por parte del grupo mayoritario y por parte del equipo ministerial cuando se preguntó respecto de las mismas, y las referidas a la farmacia y al medicamento nos parecen particularmente acertadas. Sin embargo, nos hubiera gustado que además de las que se han introducido en el texto hubiese sido posible incluir, si no se hubiese retirado por parte del grupo mayoritario, la enmienda número 61, puesto que la idea de que desaparezcan los incentivos, las primas o los obsequios que ofrecen fabricantes o distribuidores es especialmente querida por la formación política a la que represento.


Con todo ello, señora ministra, mi formación política dará su voto favorable a las enmiendas provenientes del Senado, de la misma forma que lo ha dado a este texto legal y de la misma manera que desea felicitar al equipo que ha participado en su elaboración y hace votos para que en el futuro, respecto de los proyectos que usted ahora baraja y respecto de los que todavía nuestro entusiasmo no es excesivo, podamos llegar a consensos parecidos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para hacer una serie de consideraciones acerca de las enmiendas que vienen del Senado respecto a la Ley de cohesión de la sanidad pública.


Señora ministra, la necesidad de una ley de coordinación que permitiera la articulación del Sistema Nacional de Salud es una propuesta que, como usted sabe, ha sido planteada por los grupos de oposición de esta Cámara como paso previo, entendíamos nosotros, a la finalización del proceso de transferencias y la negociación del marco de financiación de los servicios de salud autonómicos. Entre los hechos que, desde el punto de vista del

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Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, justificaban la necesidad de esta ley se encontraba la necesaria redefinición de las competencias ministeriales una vez realizadas las transferencias y la necesaria homogeneización y coordinación de los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas. En su día compartimos todos los grupos de la Cámara las diversas cautelas y preocupaciones respecto a muchísimos problemas. Nosotros valorábamos el proyecto como un proyecto centralista -así se lo hicimos saber- y por tanto entendíamos por aquel entonces que era difícil de asumir por parte de las comunidades autónomas. Valorábamos también con cierta preocupación la participación de las comunidades autónomas en los organismos y en las agencias que se creaban y se planteaban desde el proyecto del ministerio. Valorábamos también con preocupación, señora ministra, la financiación de la ley de cohesión, cuyo proyecto, como usted bien sabe, contempla nuevas prestaciones y nuevos ámbitos de actuación que hacían imprescindible una financiación complementaria. Planteábamos que ésta podría instrumentarse a través del Fondo de suficiencia, contemplado en la Ley 21/2001, o en su caso, de no ser esto factible, estableciendo un nuevo fondo para la mejora de la cobertura y de la calidad del Sistema Nacional de Salud. Nos preocupaba también, y entonces hacíamos una valoración negativa, todo lo referente a la participación. Aunque un capítulo se denominaba de la participación social, entendíamos nosotros que planteaba unos mecanismos de participación regresivos con respecto a la Ley General de Sanidad. El texto del proyecto también hacía referencia a la creación de organismos y agencias en las que la participación social era nula y las posibilidades de control democrático estaban ausentes.


El concepto de salud contemplado en el texto del proyecto también era discutible, ya que entendíamos nosotros que no era más que un listado de problemas que se abordan a través del catálogo de prestaciones.
Entendíamos, señora ministra, señorías, que había serias diferencias, pero que desde el talante democrático que afortunadamente ha venido usted derrochando en esta Cámara, todos los grupos, desde la responsabilidad política que nos asiste y teniendo en cuenta que estamos tratando de un derecho fundamental como es el derecho a la salud, en aras del diálogo, del consenso y del interés común de los ciudadanos y de las ciudadanas, que esperan mucho en esta materia, hicimos un esfuerzo que quiero agradecer al equipo del Gobierno y a la señora ministra en particular.
También quiero felicitar y felicitarnos a todos los grupos de la Cámara, que hemos hecho posible este trabajo y este consenso.


Hoy llegan aquí las enmiendas del Senado. Nosotros en su día dimos un sí crítico a este proyecto de ley con la esperanza de que en el Senado se resolvieran algunos problemas importantes en lo relativo, sobre todo, a la participación, que es un tema clave para las democracias avanzadas, por tanto un tema importante para mi grupo parlamentario, y a la redefinición de las profesiones sanitarias, a pesar de todas las preocupaciones que habíamos planteado. Hoy comprobamos que en el debate del Senado se han visto resueltas algunas relevantes preocupaciones del grupo parlamentario al que represento en esta Cámara, por tanto han sido aceptadas nuestras aportaciones y, en último caso, se ha llegado a acuerdos sindicales gracias a la generosidad política del Partido Popular, que estuvo dispuesto a propiciar el diálogo, y gracias sobre todo a la de mi grupo parlamentario, que diferió una enmienda importante para nosotros, relativa al artículo 67, que pudo ser aprobada en su día y que no tiene la tentación de caer en estas trampas porque en nuestro quehacer político los ciudadanos están siempre por encima, acuerdos de los que nos felicitamos hoy aquí, en esta Cámara. Por tanto, el texto remitido por el Senado confirma, una vez más hoy aquí, el espíritu de consenso existente en todo el proceso parlamentario e incorpora planteamientos que satisfacen, al menos moderadamente, en casi todas las cuestiones a mi grupo parlamentario, pero sobre todo y fundamentalmente un alto nivel de satisfacción en lo relativo a la participación social.


Señora ministra, en conclusión, mi grupo parlamentario entiende que se ha hecho un buen trabajo producto de ese esfuerzo, de ese diálogo, de ese espíritu de consenso que caracteriza a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados -que, por cierto, podía ser un buen ejemplo para el resto de las comisiones-, que configuramos un órgano de participación con capacidades dependiente de quien debe marcar los designios del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial, y que se presenta como un foro de interlocución entre todas las administraciones responsables de la salud, de la ciudadanía y la representación institucional de la sociedad. Si somos capaces y sabemos hacerlo, esta ley puede dar mucho juego en la confección de normas, en la fijación de criterios y en la definición de líneas estratégicas para el Sistema Nacional de Salud, sistema que debe seguir gozando de buena salud por el bien de los españoles.


Anunciamos, como no podía ser de otro modo, nuestro voto favorable a las enmiendas a los artículos 35 y 65, a la Comisión de recursos humanos y de participación social. Nos felicitamos nuevamente por el buen talante de la ministra, por el buen talante del grupo que sustenta al Gobierno y también de la oposición, que tiene un espíritu constructivo, que trabaja con sentido de la responsabilidad y porque, conviene decirlo alto y claro, no porque estemos en campaña electoral, este éxito es de todas y todos.


Nada más y muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


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El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, le agradezco en nombre de mi grupo parlamentario su presencia, que no es habitual en otros casos en otros miembros del Gobierno, pues creemos que es importante que también en los debates en los que se votan las enmiendas que vienen del Senado el titular del departamento esté aquí presente dando la cara.


Intentaré plasmar brevemente la posición del Grupo Parlamentario Catalán, ya conocida por todas SS.SS., en este trámite final del proyecto de ley de cohesión, y avanzo, como ya se preveía, el voto favorable de mi grupo parlamentario a las diferentes enmiendas que vienen del Senado, excepto dos para las que hemos pedido votación separada y a las que luego me referiré para argumentar por qué nuestro voto no va a ser favorable a las mismas. También tengo que decir respecto al discurso de fondo de la ley que mi grupo parlamentario en esta ocasión, por voz de este diputado que está en el uso de la palabra, no tiene otro remedio que reiterarse en cada una de las argumentaciones que defendí el pasado 13 de marzo con ocasión del debate del proyecto de ley de cohesión en esta Cámara antes de ir al Senado. Debemos, por lo tanto, reiterarnos en una valoración positiva que nos merece el conjunto de esta importante ley, y lo hacemos porque en ella se han integrado de manera generosa distintos puntos de vista, distintas aportaciones y planteamientos defendidos por todos los grupos parlamentarios, y digo por todos porque esto es a veces difícil, sobre todo en una ley tan trascendente como la que ahora estamos acabando de tramitar.


Nos felicitamos porque ha habido un gran consenso político, y creo que una ley de la relevancia política que tiene esta no podía ser aprobada sólo con el voto del grupo mayoritario o con algún apoyo puntual más y requería el apoyo mayoritario de esta Cámara. Nos felicitamos también porque el Grupo Parlamentario Catalán ha contribuido decididamente a una mejora sustancial del proyecto de ley en numerosos aspectos, desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de conseguir mayores garantías de financiación con vistas al futuro y a las nuevas prestaciones que en el futuro puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud. Nos felicitamos también en su día por la capacidad de negociación y por la voluntad política del Grupo Parlamentario Popular, de la ministra y de su equipo ministerial orientada a obtener este importante y necesario consenso político, voluntad que es compartida por el resto de los grupos, como decía la portavoz de Izquierda Unida.


La ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud es una ley que, junto con el estatuto marco y con la futura ley de ordenación de profesionales sanitarias, que próximamente va a traer el Gobierno a esta Cámara, configurará un Sistema Nacional de Salud de calidad, creemos que altamente equitativo y altamente capaz de dar respuesta a los requerimientos no sólo presentes sino también futuros de nuestra ciudadanía en los próximos años. Aunque debo recordar que este esquema sanitario al que me refería, ley de cohesión, estatuto-marco y ley de ordenación de profesionales sanitarias, no se va a completar, si es que alguna ley completa un esquema sanitario de un país como el nuestro, hasta que no llegue a esta Cámara, seguramente en la próxima legislatura, una ley tan importante como esta, la ley que va a regular situaciones de dependencia, que es el gran reto sociosanitario del futuro de la sociedad española pero sobre todo la sociedad de nuestro contexto geopolítico, que es la Unión Europea.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor de las enmiendas, como decía, incorporadas en trámite del Senado, excepto las referidas a los artículos que regulan la alta inspección -debemos sumarnos a las reticencias, reservas y cautelas que han expresado otros grupos parlamentarios al respecto-, y la referida a la nueva disposición final tercera, que modifica la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento, introducida ex novo por el Grupo Parlamentario Popular en este trámite anterior en el Senado. El motivo de esas reservas, en relación con la primera enmienda presentada al artículo 76, como tuve ocasión de argumentar en el debate de esta Cámara el pasado 13 de marzo, no es otro que el de la necesidad, a nuestro criterio, de que la alta inspección se mantenga en su actual regulación en la Ley General de Sanidad de 1986, por razón de oportunidad y por razón de coherencia normativa. Nosotros no valoramos la necesidad de trasladar esta regulación a una ley como la que ahora debatimos, más allá de alguna objeción que podamos tener a algunas modificaciones puntuales que se han introducido en la regulación de la alta inspección en relación con el texto que venía aprobado desde el Congreso de los Diputados.


También debemos expresar nuestras reservas, como decía hace unos instantes, en relación con la redacción dada a la nueva disposición final tercera. Mi grupo parlamentario, como saben la señora ministra y el Grupo Parlamentario Popular, está totalmente de acuerdo y coincide en la necesidad de adoptar medidas destinadas a profundizar el uso racional del medicamento y la contención de la factura farmacéutica, porque, en definitiva, todos somos corresponsables de este importante apartado de nuestro sistema sanitario, pero no podemos compartir, como también conocen perfectamente, la estrategia que siguió en su momento el Grupo Parlamentario Popular y también, naturalmente, el Gobierno para abordar esas cuestiones a través de una enmienda en el Senado que creemos que quedó finalmente a medio camino de lo que podía haber sido. Mi grupo parlamentario cree que cuando se cierra un acuerdo político incorporando aspectos de la política farmacéutica, como se cerró en el trámite del Congreso, no se puede reabrir unilateralmente a través de una enmienda, y menos aún -permítanme la expresión- una caja de Pandora como es la financiación del medicamento. Hemos dicho muchas veces que estas cuestiones deben consensuarse previa negociación y previo pacto entre

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toda la cadena del medicamento. Hemos tenido infinidad de debates en comisión y en Pleno sobre estos temas en la anterior legislatura, y creemos que también deben intervenir activamente aquellas instancias que son responsables de su regulación, y me refiero especialmente a las comunidades autónomas y al conjunto del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y especialmente el Ministerio de Hacienda. Es decir, creemos que no se pueden abordar estos temas sin un consenso previo entre la industria farmacéutica, la distribución, la oficina de farmacia y el usuario, aparte de las administraciones competentes. Entendemos que abordar la política del medicamento a pellizcos, como se aborda con esta enmienda, no sirve más que para desestabilizar el sector y para conseguir, si se consigue, un ahorro en la factura farmacéutica que está por ver. Mi grupo parlamentario hubiera preferido, en relación con esta enmienda, que la sustitución de un medicamento por la especialidad farmacéutica genérica de menor precio hubiese podido ser por una de las tres especialidades de menor precio y no por una única especialidad, como establece la enmienda, por razones de gestión de stocks y de disponibilidad de algunas especialidades en determinadas zonas territoriales de nuestro país.


Entendemos que el resto de enmiendas incorporadas en el Senado mejoran el texto del proyecto de ley y por ello votaremos a favor de las mismas, como decía anteriormente.


Para concluir, señora presidenta, señorías, señora ministra, quisiera reiterar nuestra satisfacción por la contribución que ha tenido el Grupo Parlamentario Catalán en la arquitectura de esta ley, una ley que sin duda habrá servido para reorientar aspectos difícilmente encajables inicialmente en el marco de la distribución de competencias en materia sanitaria, como indicaba anteriormente la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, y así también hacemos votos para que el desarrollo de esta ley y el funcionamiento del nuevo consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud apuntalen y consoliden nuestro sistema sanitario. Creemos que el nuevo consejo interterritorial va a jugar un papel trascendental en la gestión de este sistema, con alta corresponsabilidad de las comunidades autónomas que ya gestionamos la asistencia sanitaria, pero no podía concluir sin instar finalmente al Grupo Parlamentario Popular, que da apoyo al Gobierno del Estado y al Ministerio de Sanidad, a esforzarse desde el mismo consenso político que se ha logrado con esta ley, si es posible. Va a ser difícil porque estamos en un período preelectoral y este portavoz es consciente de que algún grupo parlamentario no va a esforzarse lo que debería para lograr un consenso similar al que hemos obtenido en esta ley para la tramitación y final aprobación tanto del estatuto marco como de la ley de ordenación de profesiones sanitarias. Nuestro grupo parlamentario va a hacer el esfuerzo y hemos tenido ya contactos, como todas SS.SS. conocen, con el ministerio y con el Grupo Parlamentario Popular al respecto, pues creemos que esas dos leyes van a configurar, junto con la ley de cohesión que hoy aprobamos, un trípode básico del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, creemos que estos textos legales deben encajar perfectamente con la filosofía que se sustenta en esta ley de cohesión y vamos a intentar aportar nuestro grano de arena para que haya el máximo grado de consenso para el futuro, con algunas condiciones que vamos a plantear en el trámite parlamentario y que creemos que son necesarias para que finalmente nuestro grupo dé apoyo a esas dos leyes.


Creemos que si estas dos leyes no se aprueban con el suficiente consenso, pueden afectar negativamente en su aplicación a la ley de cohesión, que creemos que puede perder parte de la virtualidad que entre todos le hemos dado en el debate parlamentario que hoy se cierra. Por tanto, les animamos, porque ustedes tienen la máxima responsabilidad política -me refiero al Grupo Parlamentario Popular y al ministerio, a la señora ministra- y estamos convencidos de que van a ser sensibles a esta necesidad de consenso en estas futuras leyes que en próximas fechas vamos a tramitar. Deseamos que acabe bien el proceso global y esperamos que en la próxima legislatura seamos capaces, como señalaba anteriormente en relación con la ley de situaciones de dependencia, de regular entre todos un aspecto que yo creo que va a ser el más trascendental después del conjunto de las tres leyes a las que ahora nos estamos refiriendo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Arola.


El señor AROLA BLANQUET: Señora ministra, quiero también agradecer su presencia hoy aquí, ya que es la continuación de un proceso negociador y nos alegra a todos los que hemos participado de una manera u otra en el proceso de elaboración de la ley. Quiero que mis primeras palabras empiecen por reconocer la labor de consenso y las aportaciones que todos los grupos parlamentarios -reitero, todos los grupos parlamentarios- hemos hecho con el objetivo fundamental, como no podía ser de otra manera, de mejorar un proyecto de ley remitido por usted, por el Gobierno. Pero hay una cosa que quiero que quede clara, y es que nuestra posición viene además dada, cuando saludamos la aprobación de la nueva ley, desde la legitimidad de representar al grupo parlamentario del partido político que impulsó la Ley General de Sanidad de 1986, una ley entonces conflictiva -todos ustedes lo recuerdan-, y hoy podemos dar a muchos grupos, pero también al Popular, la bienvenida al consenso sobre lo que ha sido y es todavía una ley fundamental, la pieza básica sobre la que descansa el Sistema Nacional de Salud. Nuestra capacidad de acuerdo es también reconocer que hay elementos que hay que modernizar y cambiar, pero reconociendo el

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origen en el que se produjo la creación del Sistema Nacional de Salud.


Yendo a lo que nos ocupa hoy, señora ministra, le diré que vamos a votar en sentido positivo mayoritariamente, pero no totalmente, las enmiendas procedentes del Senado. No vamos a reiterar lo que ha sido nuestra ley, pero damos nuestro voto afirmativo a la profundización en la participación social, en la que todos nos podemos sentir reconocidos, en lo que ha sido un correcto tratamiento de las competencias de las comunidades autónomas después del proceso de transferencias, o la participación de estas en la toma de decisiones, que serán elementos que después serán las propias comunidades autónomas las que deban ejecutar y llevar adelante. Sin embargo, debemos decir que no en algún caso, como en lo relativo a algunos elementos relacionados con la política del medicamento, aunque sólo sea por la timidez -por no hablar de confusión o contradicción- con la que, en nuestra opinión, se abordaron, por ejemplo, las enmiendas al artículo 31. Creemos que, porque no todas las enmiendas de todos los grupos han entrado en la ley, de haber sido aceptada nuestra enmienda sobre un plan estratégico quinquenal, habría mejorado la situación. Ello nos lleva a recordar que el Grupo Parlamentario Popular hace en ocasiones una utilización desconcertante, por no decir otra cosa, de su mayoría en el Senado, con la introducción de determinadas enmiendas -y estoy hablando en general, pero también en los temas de sanidad-, que no se debería producir. No sé si es bueno que la modificación de una ley como la del medicamento haya sufrido tantas variaciones en los escasos seis meses que llevamos de este año, y recuerdo también los Presupuestos Generales del Estado, en los que ya se introdujeron modificaciones al respecto.


Esta Cámara conoce bien cómo hemos abordado esta ley desde el Grupo Parlamentario Socialista, con la legitimidad que se deriva de nuestro comportamiento político, pero hay otro elemento que también queremos resaltar, que es el retraso con el que finalmente se ha producido esta ley, retraso que no es atribuible a usted, señora ministra, pero sí lo es al gabinete del señor Aznar, puesto que esta ley debería haber llevado fecha de 2002 y no de 2003. De todas maneras, bien está lo que bien acaba, aunque nos parece que de alguna manera hemos perdido un año.
Queremos recordar que esta ley para nosotros supone un reforzamiento del sistema público de salud y que la aplicación de la misma, por ejemplo en lo relativo al fondo de cohesión, deberá servir para la lucha contra las desigualdades territoriales que todos sabemos que existen todavía. Esta ley también tiene unas exigencias para el Gobierno de la nación, como, por ejemplo, establecer un horizonte de estabilidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y la sostenibilidad del sistema, señoría, descansa todavía en muy buena medida en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Estaremos, pues, atentos y vigilantes. Hemos dicho que poseemos una constante en nuestra identidad del Sistema Nacional de Salud. Pero también queremos decir que desde esa legitimidad, desde la capacidad de acuerdo, desde la capacidad de consenso, que no se acaba en esta ley pero que no será sólo responsabilidad nuestra sino que tendrá que existir la voluntad ya anunciada de algunos para poder llegar a acuerdos en lo que tiene que ser el futuro legislativo en lo que se refiere a la materia de sanidad, practicaremos la lealtad institucional de no cambiar las reglas de juego de forma unilateral. En este sentido, de la misma manera que ustedes han contado con nuestro consenso, estén seguros de que podrán contar también con la vigilancia y el seguimiento para que lo que hoy aprobemos tenga el cumplimiento correcto y ajustado al espíritu de acuerdo que ha informado toda la tramitación.


Por lo anteriormente expuesto, quiero decir a todos los grupos parlamentario y también a la señora ministra que vamos a aprobar una buena ley, aunque podría ser mejor, y tendrán ustedes nuestra vigilancia y seguimiento, como han tenido nuestro apoyo, y nuestra voluntad de consenso para el futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Arola.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, mi grupo parlamentario va a apoyar las enmiendas que la Cámara Alta envía después de un proceso que ha sido exactamente igual que el seguido en esta Cámara a la hora de llegar a acuerdos en esta ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, porque prácticamente todas las enmiendas que nos envía el Senado son enmiendas de acuerdo, después de trabajo de enmiendas y de contraenmiendas para llegar a un punto de encuentro en el que todos los grupos de la Cámara se sintieran satisfechos. Se han recogido en la Cámara Alta aquellos aspectos y flecos a los que todavía no habíamos podido llegar en el transcurso de las negociaciones en este Congreso de los Diputados. Así, hemos llegado a acuerdos con distintos grupos parlamentarios, Coalición Canaria, el Grupo Vasco o Convergència i Unió en materia de recursos humanos, dando entrada y posibilidad de negociación a las dos leyes que la ministra está negociando con las distintas formaciones políticas, que son el futuro estatuto marco y la ley de profesiones sanitarias.


También hemos encontrado en las enmiendas del Senado un acuerdo en el ámbito de la participación. Lo hicimos con Izquierda Unida y con otros grupos parlamentarios que entendían que tenía que haber un acuerdo entre los grupos y los sindicatos. De esa manera, en la enmienda del Senado hay una nueva definición del comité consultivo, con definición de las funciones, la composición y la presencia de elementos de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas,

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de los entes locales, de las organizaciones empresariales y también de las organizaciones sindicales, en un acuerdo global de todos los grupos, y una definición del foro abierto de salud. Hemos encontrado también consenso con el Grupo de Coalición Canaria en relación con su financiación, aspecto importante que les ha hecho modificar el voto de la abstención al voto afirmativo. Hemos encontrado acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista en relación con la alta inspección del Estado, modificando la redacción que se envió desde este Congreso al Senado y ampliándola al manejo de la ley. En este sentido hemos encontrado políticas de consenso y acercamiento entre todos los grupos, y quiero destacar el trabajo de negociación y de cesión que la ministra de Sanidad ha realizado con todos los grupos políticos.


Voy a referirme brevemente a las enmiendas del Senado que afectan a la política del medicamento, una política que importa a todos los grupos políticos y que ha seguido un sinfín de debates y los que vengan a continuación. En definitiva, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que el Partido Popular -y lo ha dicho en distintas manifestaciones- cree en el modelo de farmacia; ha tenido negociaciones con todos los farmacéuticos y con todos los representantes colegiales de los mismos y ha aplicado unos criterios, con la participación de las farmacias, en lo que entendemos que tiene que ser la defensa del uso racional del medicamento, en la educación de los consumidores y en la educación de los profesionales. Ahí es donde está la enmienda del Senado, introducida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en relación con el uso racional del medicamento, y no en balde decía a todos los ciudadanos españoles, al Estado y a las comunidades autónomas que van a gastar menos dinero por la misma función cuando modificamos los precios de referencia e introducimos la política de genéricos, que ya hemos multiplicado por cuatro y que debemos seguir incrementando extraordinariamente no solamente para el uso racional del medicamento, sino también, repito, para que el Estado, las comunidades autónomas y los ciudadanos que pagan una parte de la política de medicamentos tengan medicamentos de la misma calidad con un precio menor, garantizando que cuando los médicos prescriban un principio activo, se les de un medicamento seguro y de calidad, que sea genérico y sea más barato. En esa línea creo que marcamos el consenso y la política abierta de medicamentos que todo el mundo comparte y que entendemos que, con independencia de que se haya hecho en el Senado, debe tener el acuerdo de todos los grupos.


Finalmente, señora ministra, la felicito por el acuerdo alcanzado, como felicito y agradezco a todos los grupos políticos la tramitación de esta ley, que entiendo que va a mejorar la salud de todos los ciudadanos españoles.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo.


Señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Señora presidenta, señorías, quisiera agradecer a la presidencia de esta Cámara que me haya permitido hacer uso de la palabra en este momento de satisfacción para todos, y quisiera hacerlo, por esa deferencia que ha tenido, de forma muy breve.


Debo expresar en nombre del Gobierno el agradecimiento a todos y cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso por la acogida que desde un primer momento han dado a esta ley. También quiero agradecerles sus aportaciones, cuyo fin ha sido, me consta, mejorar el contenido y la composición de los textos.


Aprovecho también para agradecer a los grupos parlamentarios del Senado sus aportaciones, a todos los grupos, agentes sociales, sindicatos, asociaciones y a todos los profesionales. Hemos logrado entre todos con esta tramitación parlamentaria una ley que es ya de todos, una ley que se asienta sobre el principio de equidad en la atención a la asistencia sanitaria, el principio de calidad y el principio de participación ciudadana de todos. Señorías, hoy asistimos a la tramitación de una ley del Sistema Nacional de Salud que es de todos y que hemos hecho entre todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora ministra. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 274.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 270; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y la Ley 38/1988,

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de 28 de diciembre, de Demarcación y de Plan Judicial. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda al artículo 1.4, apartados 2 y 3, de la disposición adicional quinta, de la Ley orgánica del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 158; en contra, 19; abstenciones, 97.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición adicional única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 174; en contra, siete; abstenciones, 91.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 168; en contra, 12; abstenciones, 93.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Recuerdo a SS.SS. que la votación final de conjunto, por tener carácter orgánico esta ley, se producirá al finalizar el debate del punto 14.


Enmiendas del Senado al proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, enmiendas al artículo 31, apartado 2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 178; en contra, 92; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado al artículo 31, apartados 3 y 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 271; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 67.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 271; en contra, dos; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas al artículo 76.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 256; en contra, tres; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas a la disposición derogatoria segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 178; en contra, uno; abstenciones, 95.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmienda a la disposición final tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 167; en contra, dos; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 273; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 4/1987, DE 15 DE JULIO, DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MILITAR.
(Número de expediente 121/000132.)

La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Rumores.)

Señorías, ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo, lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible. (Continúan los rumores.) Señorías, les agradecería que mantuvieran sus conversaciones fuera del hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate.


Dictamen de Comisión. Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la jurisdicción militar. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


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El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Para este trámite, mi grupo ha mantenido viva la enmienda número 39 y, para explicitar sus razones, voy a hacer una valoración del contexto en el que se inserta, dado que se trata de una enmienda que tiene el carácter de una disposición transitoria nueva. Pocas veces el Ministerio de Defensa ha mandado a esta Cámara un proyecto de ley con una exposición de motivos tan escrupulosamente correcta. Digo esto -está presente el señor ministro de Defensa, don Federico Trillo- porque verdaderamente es una exposición de motivos ejemplar. Cuando leyes distintas, de otro orden, han venido a este Parlamento porque tenían como motivación la trasposición de directivas comunitarias al ordenamiento jurídico español, se hizo la invocación de que era necesario trasladar una directiva de la Unión Europea al derecho positivo español y, por tanto, era necesario recoger esa normativa. Aquí hay una similitud parecida, porque ha habido dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han producido un efecto corrector de la vigente Ley de la jurisdicción militar, de 1987. En este preámbulo, del que he hecho un elogio por su corrección y por su sentido ortodoxo al interpretar la adecuación al derecho español de dos sentencias, en este caso, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos damos cuenta de que de los diez párrafos iniciales que tenía, que hoy en día han aumentado con unas aportaciones muy loables del Grupo Parlamentario Socialista que se han incorporado al dictamen de la Comisión, lo que motiva fundamentalmente este proyecto de ley orgánica son las dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha aprovechado esta coyuntura, como dicen los dos o tres párrafos finales de la exposición de motivos, para elaborar unas correcciones y adecuaciones, en las que no es cuestión menor que con esa enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que mencionaba antes, se haya producido la desaparición de esa figura que -como bien decía su portavoz- no tenía parangón en el derecho comparado y que es la legitimación especial de los mandos militares superiores para interponer recurso de casación.
Bienvenida y afortunada sea esta corrección.


Para entrar en la explicación de nuestra enmienda, cuyo motivo -como digo- son las dos sentencias, quiero destacar que la de 28 de octubre de 1998 fue promovida por el ciudadano que estaba en la carrera militar, el entonces coronel Castillo Algar, y la de 25 de julio de 2002 fue promovida por el ciudadano señor Perote Pellón. En primer lugar, tengo que manifestar el celo que ha tenido en esta segunda etapa el Ministerio de Defensa, porque cuando se dicta la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el caso del coronel Castillo Algar en 1998, en la anterior legislatura, el ministerio no mueve ficha. Quiero valorar aquí el posicionamiento del señor Trillo, que hace honor en su currículum al ser jurídico de la Armada, por su sensibilidad porque, de la misma manera que cuando se dictó la sentencia del coronel Castillo Algar no se movió un papel en el Ministerio de Defensa con ninguna iniciativa, ahora al producirse el año pasado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha actuado diligentemente. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre ha habido unos magistrados españoles de ejemplar currículum profesional. En aquel momento la persona que estaba al frente de esa magistratura por parte de España era el señor Pastor Ridruejo y hoy es don Javier Borrego, abogado del Estado, que ha estado en los servicios jurídicos de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Estos magistrados honran la presencia española, porque ellos también sumaron su voto a esta sentencia.


¿En qué consistía fundamentalmente la sentencia? En que los demandantes consideraban que habían estado en una situación de indefensión al ser juzgados por un tribunal militar que, de acuerdo con la legislación vigente, podía carecer de imparcialidad o neutralidad por el principio de contaminación. ¿Por qué? Porque no había ninguna causa aviesa ni distorsionadora extraña en el Ministerio de Defensa, sino que estaba aplicando la legislación militar, carente también de muchos miembros, que obligaba a una duplicidad en cuanto a la presencia de instructores y juzgadores después en el tribunal. Se estaba conculcando un principio soberano en derecho que es que quien instruye no puede fallar.
Precisamente en la sentencia de 2002, que afecta al señor Perote Pellón, su representación presenta la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al amparo del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, por entender que ha habido una violación o conculcación del artículo 6.1. En ambos casos, la demanda alegaba que no había sido examinada su causa por un tribunal independiente e imparcial, dado que dos jueces, el presidente y el ponente de la sala del Tribunal Militar Central que examinó el fondo del asunto y le condenó, también eran miembros del mismo tribunal que desestimó la apelación con el proceso de casación. Los mismos habían formado parte del tribunal que decidió prorrogar la prisión provisional del demandante, en el caso del señor Perote Pellón, y del que desestimó el recurso de súplica contra esta resolución. Era necesario adecuar y hacer similitud de los principios legislativos entre la sentencia del Tribunal Europeo y el Convenio de 1950 que el Gobierno español, durante la democracia, había ratificado. Yo creo que el Ministerio de Defensa ha estado diligente durante el mandato de don Federico Trillo para que esto se tuviera en cuenta. Por esa razón, el tribunal unánimemente, con el voto del representante español señor Pastor Ridruejo, dice que ha habido violación del artículo 6.1 del convenio, que establece que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera justa por un tribunal independiente e imparcial, que decidirá sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. Con esto se rectifica -y quiero felicitar al señor ministro de Defensa por esta sensibilidad

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y prontitud- y no se da lugar, con otra sentencia, a un segundo tirón de orejas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Gobierno español y al Ministerio de Defensa, que habían hecho oídos sordos a la primera sentencia de 1998. Ahora ya se puede decir por fin que quien instruye no puede fallar, que quien instruya no contaminará al tribunal que emita el fallo.


Por otra parte, la ley ha tenido en cuenta la motivación de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero se produce por una acogida de parte del recurso de amparo y de casación ante esta instancia europea.
La Administración española tiene que estar obligada a su cumplimiento porque si no estaríamos hablando de una entelequia en la aplicación de la justicia, dirigida solamente a rectificar. Teniendo en cuenta la adecuación de la norma, señor ministro, se olvidaba de algo muy importante: el justiciable. La ley está personada en la sentencia y esa personificación tiene que tener el amparo y la reparación del tribunal.
Si no no se entendería que se hicieran leyes que vienen a corregir violaciones de artículos de convenios internacionales y al mismo tiempo dejaran en el limbo al justiciable. Una vez aprobada la norma, tiene que haber el derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución, del justiciable. A ello se dirige nuestra enmienda número 39, que adelanto que es compatible con las enmiendas número 11, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y 13, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que vamos a votar favorablemente, porque son complementarias. La primera se refiere a la inmediatez de la aplicación de la sentencia y la otra a unos plazos mayores, pero ambas, igual que la nuestra, dirigidas a la reparación de la situación del justiciable. No es ningún prejuicio en el mejor sentido de la palabra, no es prejuzgar que se tenga que cambiar la sentencia, sino que las cosas se hagan según lo que el Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales ha señalado para estas dos contundentes sentencias.


Se me dijo por algunos diputados presentes en el trámite de Comisión que la extensión de esto obligaría a una infinidad de causas. No. Me he informado en la jurisdicción militar y solamente hay dos sentencias, las dos citadas en el preámbulo del proyecto de ley: la del coronel Castillo Algar y la del coronel, en su momento, del Ejército español señor Perote Pellón. No hay más. A éstas son a las que se dirige nuestra enmienda. Lo que pretendemos es que exista un principio de reparación a petición de parte. Abrimos una puerta para que las medidas reparadoras que procedan en el derecho sean hechas a instancia de parte. No tratamos de imponer nada con nuestra enmienda. Precisamente el texto de nuestra enmienda dice: Por el Ministerio de Defensa se adoptarán, en el plazo de tres meses a contar desde la solicitud del interesado -la petición de parte-, las medidas de reparación y rehabilitación, incluida la reposición en el empleo y situaciones anteriores -esto corresponde ya al trámite interno del ministerio-. A estos efectos, los particulares afectados podrán realizar la solicitud pertinente ante el excelentísimo señor ministro de Defensa en el plazo de veinte días a contar desde su entrada en vigor, a la que acompañaran la documentación acreditativa de los posibles daños y perjuicios padecidos.


Es muy loable -y lo vuelvo a resaltar aquí- el propósito del Gobierno, concretamente del señor ministro de Defensa, para no incurrir en el futuro en nuevas violaciones por tal causa. Si en la anterior legislatura el ministerio hizo oídos sordos o se desinteresó de este tema, ahora, después de dos sentencias, se han tomado medidas correctoras. Ya no proceden nuevas violaciones por tal causa, cuando se ha realizado una adecuación en los principios de la sentencia. Esperamos que los cuerpos jurídicos militares tengan los efectivos humanos necesarios, porque esta violación del artículo 6 se ha debido muchas veces a una limitación de medios y no a una aviesa intención de la jurisdicción militar.


La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le ruego concluya, por favor.


El señor MARDONES SEVILLA: Concluyo, señora presidenta.


Por estas razones, se echa en falta una previsión reparadora de los errores cometidos, que serían subsanados con nuestra enmienda. Con el fin de colaborar a la defensa constitucional de los justiciables, que es lo que justifica la aplicación de la justicia, queremos que la norma sea aplicada con una reparación adecuada.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado 11 enmiendas, alguna de ellas importante, como la que se refiere a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay una sentencia importantísima del citado tribunal que dice que dos causas españolas seguidas por la jurisdicción militar están contaminadas por la dependencia y la parcialidad. Estamos ante un tema de enorme importancia.
Es verdad que en otras sentencias que se han producido en la jurisdicción española se ha seguido este procedimiento absolutamente irregular, lo que pasa es que no han existido demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nos atenemos a estas dos demandas que ha citado el señor Mardones para resaltar la necesidad de corregir este tema en la legislación española. Si se hubiera aplicado la Constitución, esta cuestión ya estaría corregida, pero hay una presión histórica y cultural constante en

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este país que no ha permitido la aplicación de la Constitución española en la jurisdicción militar en este aspecto tan fundamental de evitar la contaminación a la hora de no identificar el que instruye con el que juzga.


Las enmiendas que mejor se corresponden con esta corrección necesaria son algunas de las que se han defendido anteriormente o la que presentamos con el número 11, que dice textualmente: Procederá igualmente la declaración de nulidad de sentencias o resoluciones judiciales definitivas y firmes, aun cuando hayan sido cumplidas, en aquellos casos en que hubiesen sido adoptadas con violación de algún derecho fundamental constatado por resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o cualquier otro tribunal internacional reconocido por España, a instancia de parte, para tramitarse con arreglo a las previsiones establecidas en los apartados anteriores. La resolución que declare la nulidad adoptará además, en su caso, las medidas reparadores o rehabilitadoras del derecho vulnerado que fuesen procedentes. Esto es lo que corresponde en puridad, sin tener en cuenta para nada la personalidad de los demandantes, que no tiene por qué tenerse en cuenta. La reforma de esta ley que pretende el Partido Popular con sus enmiendas no es la adecuada, no llega al fondo de la cuestión, es parcial y, desde nuestro punto de vista, no es aceptable.


Presentamos una serie de enmiendas técnicas y otra de contenido. Se nos dijo en Comisión que no se correspondían con la necesidad de una revisión de la sentencia singular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que pasa es que se ha aprovechado esta reforma de la ley para introducir otras enmiendas importantes, una de ellas importantísima a la hora de quitar la legitimación de los mandos superiores para interponer recurso de casación. No se puede argumentar que cuando decimos que la Guardia Civil debe acogerse a una estructura policial conjunta y separada de la estructura militar, aprovechamos el terreno de manera inadecuada porque esto ya se ha hecho en otra enmienda importante que se ha admitido en el trámite correspondiente. Ahora me contestará el señor Atencia con su fervor consuetudinario.


Cada vez está más clara la necesidad de separar a la Guardia Civil de la estructura militar, por razones de coordinación policial. Todo el tema de la inseguridad ciudadana tiene muchísimo que ver con la posibilidad ahora coartada de una coordinación respecto al cuerpo de la Guardia Civil, que tiene muchísimos agentes y una gran estructura de mandos. Eso no es posible en estos momentos por la dependencia militar de la Guardia Civil, más acusada desde que está el señor Trillo en el ministerio. En segundo lugar, esa coordinación es tan necesaria que los últimos porcentajes que se dan sobre delincuencia rural son absolutamente escandalosos. El orden y la seguridad en el mundo rural dependen singularmente de la Guardia Civil. Por unas razones o por otras -no sólo la dependencia de la estructura militar, pero sí importante-, la Guardia Civil no se puede ocupar, en coordinación racional, de la seguridad en el mundo rural, seguridad, que, repito, ha disminuido de manera contundente, escandalosa.
Ha aumentado la inseguridad en el mundo rural un 25 por ciento en el último período y sigue en esta dialéctica de aumento porque la Guardia Civil está empezando a tener otras funciones que le asigna el Ministerio de Defensa, como va a ser su próxima participación, sin mandato de la ONU, en la seguridad de una parte del fabuloso desierto de Irak. Junto a otras enmiendas importantes que se han admitido y que no tenían nada que ver con el objetivo primordial, habría sido importante haber debatido esta enmienda, las causas de esta situación, pero el Grupo Popular no lo ha tenido a bien y supongo que de nuevo despachará el tema aquí con un bajonazo dialéctico. Estas son las dos enmiendas del Grupo de Izquierda Unida que defendemos sabiendo que no van a ser aprobadas, pero con la misma consistencia que si tuviéramos oportunidad de introducirlas en el texto que ha mandado el Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Para la defensa de las enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dejar claro que el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo es un paso importante en la adecuación de la normativa a la realidad actual, sobre todo una mejora en el funcionamiento de la actual jurisdicción militar. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Es cierto que se ha incorporado una serie de enmiendas que han mejorado el texto, acción positiva de la que nos felicitamos todos. No obstante, y sin querer poner en duda la equidad y la independencia de los tribunales militares, lo cierto es que, basándose en una posible contravención de la sala, ya que en algunos casos el juez que ha visto el caso había participado en la instrucción del mismo, adoptando algún tipo de decisión o valoración en la elaboración del material probatorio, se puede poner en entredicho la independencia de los mismos, como prueban las sentencias de 28 de octubre de 1998 y de 25 de julio de 2002 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho de una forma clara, el Gobierno, con la actual modificación, pretende solucionar lo que se viene llamando imparcialidad objetiva y dar respuesta a la propia sentencia que de una forma clara dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de una forma justa, por un tribunal independiente e imparcial, que decidirá sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra él. Lo que nuestro grupo demandaba, y demanda, son reformas legislativas más profundas, así como adaptar la actual normativa para que el Estado pueda dar cumplimiento,

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de una forma satisfactoria, a las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tal como hemos solicitado en diferentes ocasiones, en atención a que en España no se dispone de un procedimiento legislativo específico para corregir lo dispuesto en las resoluciones judiciales que, siendo firmes en el derecho interno, han sido declaradas contrarias al Convenio Europeo de los Derechos Humanos por el tribunal de Estrasburgo.


Nos parecía de sentido común que, aprovechando la actual modificación de la ley, diésemos un paso más en la adecuación de la justicia militar a la civil y en el hecho de que se concediera a los militares la posibilidad de ejercer la acusación particular o la acción civil, en el caso de que un militar crea que sus derechos se han visto conculcados por una decisión o un acto de un superior con el cual tiene relación jerárquica.
Esa posibilidad supondría un paso más en la normalización y, por encima de todo, un reconocimiento de ese derecho fundamental amparado en la propia Constitución y que debería amparar a todos los ciudadanos, también a los militares, pero que en ningún caso, a nuestro entender, puede poner en entredicho la lógica disciplina militar. De hecho, el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia 115/2001, dice de una forma clara que esos preceptos quebrantan o rompen la igualdad ante la ley y que existe un diferente trato legislativo en la jurisdicción ordinaria y en la militar. Termina diciendo que no existe justificación razonable y objetiva que lo legitime. La falta de esos derechos podría quebrantar el derecho fundamental a obtener una tutela efectiva de jueces y tribunales.


No voy a profundizar más en ese tema porque ya lo debatimos en comisión.
No obstante, me cuesta ver razones de entidad suficiente que permitan esa dicotomía de carácter negativo, Nos gustaría que en las próximas modificaciones, que estoy seguro de que las habrá, se profundizase en el sentido de normalizarlo y de evitar que exista cualquier posibilidad de que un ciudadano, por el sólo hecho de ser militar, pueda creer que sus derechos fundamentales quedan al margen del marco constitucional, a diferencia de los de un civil.


Con esto termino, señora presidenta. Con toda seguridad, una mayor desconexión entre el Ministerio de Defensa y la jurisdicción militar sería un indicio claro de que también la justicia militar se suma a esa modernización global de las Fuerzas Armadas, pues todos estamos convencidos de que es imprescindible.


Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Companys.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sanjuán.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro, subo a la tribuna para defender dos grupos de enmiendas, aunque antes señalaría que todos los intervinientes han puesto de manifiesto -también lo hace la exposición de motivos- que el proyecto de ley responde a la necesidad de adecuar la jurisdicción militar a las exigencias doctrinales y jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; tribunal que exige que en la constitución de los tribunales que juzgan no haya intervenido ningún miembro de ese tribunal, tanto en la instrucción del procedimiento como en la resolución de los recursos que se hayan podido plantear. Es lo que la jurisprudencia denomina el derecho a un juez imparcial, a que ningún juez esté contaminado.


Dos grupos de enmiendas, repito, mantenemos a este proyecto de ley. Uno lo constituyen la enmienda número 15, con sus aditamentos o correlatos, las números 29, 30 y 34, que hacen referencia a las modificaciones a realizar para garantizar la imparcialidad objetiva de los miembros de los tribunales militares y acentuar -es la segunda parte de nuestra enmienda- la independencia de la jurisdicción militar respecto de la Administración militar. En efecto, el proyecto de ley, para solucionar el problema de la contaminación, lo que hace es reducir los miembros que tienen que constituir el tribunal de sala; reducimos de cinco a tres (dos vocales togados y un vocal militar) el número de miembros del tribunal que va a juzgar y sentenciar. Nosotros mantenemos el criterio de la antigua ley, es decir, que la sala esté constituida por cinco miembros, tres vocales togados -el presidente consejero togado y dos vocales togados- y dos militares. El escabinado, que era el procedimiento clásico de la jurisdicción militar, queda bastante diluido en el tribunal militar de cinco miembros, pero en el tribunal de tres miembros realmente queda hecho polvo, como acaba de decir el señor ministro, y además con una circunstancia singular y extraña como es que puede haber disconformidad entre los dos vocales togados. A la hora de dictar una sentencia, a veces, hay votos particulares, pudiendo un vocal togado pronunciarse en un sentido y otro vocal en otro sentido, siendo entonces el vocal militar el que tiene que dirimir la diferencia entre uno y otro, cosa bastante singular, sobre todo cuando la cuestión que tiene que dilucidar ese vocal militar es estrictamente jurídica. Por ello, creemos que sería mucho mejor aceptar nuestra enmienda, aumentando en uno los miembros del tribunal militar central, es decir, en vez de un presidente consejero togado y cuatro vocales togados, un presidente y cinco vocales togados, de los cuales uno podría ser un coronel con aptitud para el ascenso aunque ello no significara que necesariamente después tendría que ascender a general. Se nos dirá que eso lleva consigo un incremento de la plantilla del Cuerpo Jurídico Militar en cuanto al número de generales.
Yo significo al señor ministro que acaba de aumentar la plantilla del Cuerpo Jurídico Militar en dos generales sin que todavía hayamos recibido ninguna explicación; uno de ellos podría servir perfectamente para integrar el tribunal militar central y por consiguiente para mantener la sala en su conjunto.


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La segunda enmienda al artículo 15 propone modificar el artículo 37 en cuanto al sistema de nombramiento del auditor presidente. Si queremos incrementar la independencia de los tribunales militares, bueno sería reformar aquí la forma de nombramiento, estableciendo un sistema análogo al que se establece para nombrar a los jurídicos militares que van a constituir la Sala sexta del Tribunal Supremo. Como saben perfectamente SS.SS., el sistema consiste en que, de una terna que propone el ministro de Defensa, el Consejo General del Poder Judicial elige al miembro del Tribunal Supremo y el ministro de Defensa firma el real decreto.


El segundo grupo de enmiendas está compuesto por la 17, 31 y su correlativa la número 35. A nuestro juicio, son unas enmiendas especialmente importantes que proponen la modificación del artículo 108 de la presente Ley orgánica y el artículo 127 de la Ley Procesal Militar.
Queremos que de esos dos artículos desaparezca la prohibición de ejercer la acusación particular y la acción civil ante la jurisdicción militar cuando el perjudicado y el inculpado sean militares si entre ellos existe relación jerárquica de subordinación. No deja de ser en cierto sentido chocante que nos apresuremos, y es de alabar, a adecuar nuestra legislación a lo que dispone el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la vista de una sentencia y no tengamos la misma prisa en adecuar la jurisdicción militar a lo que una sentencia del Tribunal Constitucional, resolviendo en amparo un tema sobre esta cuestión, ha resuelto anteriormente. Nos referimos a la sentencia número 115/2001, de 10 de mayo, del Pleno del Tribunal Constitucional, que sin duda SS. SS.
conocen.


¿Cuál es la razón de estos dos preceptos que imposibilita el ejercicio de la acusación particular? Sin duda su eje es la disciplina, un concepto determinado y específico de la disciplina. No cabe cuestionar -no lo hará el diputado que les habla- que la disciplina es un valor imprescindible en toda organización jerárquica y, que en el caso de las Fuerzas Armadas, es un principio configurador y absolutamente necesario para el cumplimiento de los cometidos que la Constitución asigna a nuestras Fuerzas Armadas. Ese concepto de disciplina hace sin duda referencia a la observancia del conjunto de reglas o preceptos a los cuales un militar debe acomodar su conducta. Sin embargo, como hace el Tribunal Constitucional, y como deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros y especialmente los diputados del Grupo Popular, la cuestión en este caso es determinar si el principio de disciplina y jerarquía propio de la institución militar es justificación bastante para establecer esta limitación de derechos y evitar el enfrentamiento jurisdiccional. ¿Por qué no nos preguntamos si la oposición entre partes, con sujeción a unas normas procesales específicas y bajo la autoridad de un juez o tribunal, puede suponer un riesgo o deterioro para la disciplina militar? El Tribunal Constitucional no ve ninguna razón para pensar que una actuación procesal reglada puede poner en riesgo la disciplina o la jerarquía. Ello es así porque, si la disciplina se configura como expresión de acatamiento a reglas internas y externas que configuran las Fuerzas Armadas, la jurisdicción militar es el instrumento más adecuado para la defensa de esa disciplina. Señorías, sólo desde una antigua concepción de lo que es la jurisdicción militar o desde la desconfianza de dicha jurisdicción puede pensarse que el enfrentamiento procesal entre militares unidos por una relación de subordinación puede afectar a la disciplina. Así lo dice expresamente el Tribunal Constitucional, que concluye que estos preceptos conculcan el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y el derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. ¿Por qué esta contumacia del Partido Popular en mantener estos preceptos? ¿Es porque son ustedes antiguos, es porque son desconfiados de la jurisdicción militar, es porque son oscuros, es una mezcla de las tres cosas?

No se puede decir que el precepto sea baladí y que no tenga consecuencias, es un precepto que tiene a veces muchas y profundas consecuencias con relación a justiciables. Creo que lo que se pretende a veces es mantener a la jurisdicción militar en un arcano, que no puedan intervenir respecto de ella, en determinados supuestos, personas que son ajenas al supuesto que se ha planteado en esa jurisdicción. Me refiero concretamente, y lo pongo de manifiesto ante SS. SS. y especialmente ante el señor ministro, a aquellos supuestos y casos de accidentes que se producen en maniobras militares. Suelen afectar generalmente a inferiores respecto de un superior jerárquico, que es el que ha planteado y el que dirige la maniobra militar, y se pueden producir en los supuestos de accidentes de maniobras militares graves daños, la muerte de personas, soldados, tenientes, capitanes sometidos a un responsable superior. Pues bien, en todos estos casos no se permite un acusador particular que pueda ayudar a investigar lo que de verdad ha ocurrido en el ejercicio de esas maniobras. Generalmente, el culpable ab initio es el soldado el teniente o el capitán al cual le ha explotado la bomba, que no ha tenido la suficiente diligencia, que no ha tenido el suficiente cuidado; los padres, a veces militares también, se desesperan intentando encontrar un resquicio que al menos haga constar que su hijo no ha sido responsable de su propia muerte y que pueden haber intervenido otras personas.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Sanjuán, le ruego concluya.


El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Concluyo ya, puesto que he terminado en definitiva, diciendo que vamos a votar a favor la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán con relación al tema sobre el cual ha intervenido también el señor Mardones, porque nos parece la más adecuada, y por otro lado, creemos que las propias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya establecen las indemnizaciones o las correcciones necesarias para las sentencias.


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Vamos a votar el proyecto de ley en su conjunto a favor y vamos a volver a presentar estar enmiendas en el Senado. Esperamos que se reflexione sobre las mismas y que no se nos haga reflexionar a nosotros también, después del trámite del Senado, en cuanto a la consideración última que nos merece este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sanjuán.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, como usted bien sabe, no es mi formación política proclive a participar en asuntos militares. Sin embargo, en este caso el hecho de que se tratase de justicia militar y de que el motivo del proyecto fuese la adecuación de la normativa, tanto procesal como sustantiva, al contenido de dos concretas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos, nos animó a la participación, tanto en ponencia como en comisión, siendo ambas participaciones enormemente fructíferas desde el momento que se tuvo la posibilidad de conocer el criterio de miembros de otras formaciones políticas, algunos de ellos tan expertos como mi admirado el diputado Carlos Sanjuán, por quien siempre he tenido especial aprecio y consideración.


Especialmente grato le resultó a la formación política a la que represento el contenido del proyecto por cuanto pretendía adecuarse a jurisprudencia europea, pero además las demás formaciones políticas habían presentado enmiendas de un indudable interés, alguna de ellas incorporadas ya en el dictamen de la comisión, como es terminar con algo que se podría calificar de antiguo, que algunos mandos tuviesen la legitimación respecto a la interposición o no del recurso de casación en determinados supuestos.


Igualmente, nos parecería enormemente interesante que en este trámite de llegada del proyecto a Pleno se pudiesen aceptar las enmiendas números 39 de Coalición Canaria, 11 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, o la 13 del Grupo Parlamentario Catalán, que alientan parecidas pretensiones de adecuación del cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos de una ejecución más completa que la que se produce en relación con nuestro ordenamiento, y además las referidas a los números 17, 31 y 35 del Grupo Socialista en cuanto que pretenden la participación de las acusaciones particulares, tanto en lo penal como en lo civil, en relación con los procedimientos que se tramiten ante la jurisdicción militar.


Como bien conoce el señor ministro, sólo en el ámbito de la jurisdicción penal existen restricciones a esta participación de las acusaciones particulares y allí viene motivada por el interés del Estado, que se supone que es el primero en tutelar el superior interés antes que la garantía o la tutela judicial efectiva de quien es parte afectada por el procedimiento. No habiendo un interés de este estilo en este caso, tiene todos los sesgos de una protección de índole corporativa que a la formación política a la que pertenezco le gustaría que desapareciera.
Apoyamos por eso estas tres enmiendas, números 17, 31 y 35, que se contienen en lo que ha defendido en la tribuna el diputado señor Sanjuán.


No concluyo con esto, señor ministro, sino que hay dos aspectos respecto de los cuales me gustaría hacerle alguna referencia y que suscitan problemas en relación con la normativa actual vigente en materia de proceso militar. Una de ellas es la materia vigente en relación con aquellas detenciones de militares en activo cuando deben ser efectuadas por cuerpos policiales de los que se denominan policías de sustitución o de las que tienen competencias integrales; casos ha habido -escasos, es verdad- de detención de militares por la Ertzaintza, y no sé si las peculiaridades y prevenciones especiales que existen al respecto no debieran ser objeto de alguna adecuación o de alguna revisión en este momento.


Pongo en conocimiento del señor ministro, aunque sin duda él lo conoce como gourmet que es también de las cuestiones judiciales, que, si uno examina los índices de las cuestiones de inconstitucionalidad en este momento pendientes ante el Tribunal Constitucional, hay un número importante de ellas que se refieren a asuntos que provienen de tribunales militares por vulneración de los artículos 14 y 24.1. Ojalá resulte que todas ellas tienen solución en la modificación de la norma que hoy se hace. En otro caso, sí sería conveniente que se tuviese en cuenta que quizás queden todavía revisiones por hacer.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señor ministro, en este trámite final en el que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Defensa en relación con este proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley del año 1987, sobre competencias y organización de la jurisdicción militar, tengo que decir, en primer lugar, que nos satisface que llegue este texto al Pleno de la Cámara, que el Gobierno haya mandado a la Cámara un proyecto de ley para modificar la legislación del año 1987 que está en vigor, sin alterar lo que eran las esencias de un sistema que ha funcionado correcta y adecuadamente de acuerdo al sistema de administración de justicia y al Estado de Derecho. Era necesario, como ha sido destacado por algunas de SS.SS., adecuar nuestra normativa en materia de jurisdicción

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militar a la doctrina, a la jurisprudencia en relación con el derecho a un juez imparcial, especialmente lo que significa la denominada imparcialidad objetiva, y a las resoluciones que se han producido en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en desarrollo del artículo 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales del año 1990. En ese sentido, se ha dado una solución razonable en términos prácticos y creo que hay una coincidencia general en todos los grupos, sin perjuicio de algunas de las enmiendas que aún están vivas, especialmente del Grupo Socialista, en cuanto a la formación de los tribunales, que analizan un número distinto para dar solución a la problemática planteada. Yo no voy a entrar más en esa cuestión, pues mi compañero el señor Ayala respondió en el trámite de comisión suficientemente a ese planteamiento, que en cualquier caso no altera el conjunto del modelo, sino que simplemente es un tema numérico.
Ustedes plantean que se puede resolver mejor la problemática con una ampliación del número de miembros del tribunal y nosotros entendemos que, incluso con su ampliación, las circunstancias que ustedes plantean pueden volver a coincidir. Eso pudimos analizarlo ampliamente en comisión y se puede seguir analizando en los próximos trámites parlamentarios.


El dictamen que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara procede de un texto que el Gobierno presentó y que todas SS.SS. han analizado como un texto bien planteado en términos jurídicos y desde el punto de vista del momento procesal en que se realiza. Yo quisiera destacar que se ha incorporado un importante número de enmiendas; de las treinta y nueve enmiendas que se presentaron, se incorporaron nueve ya en el trámite de ponencia, una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), dos del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y seis del Grupo Socialista, y en el trámite de comisión, mediante transaccionales, se incorporaron dos enmiendas más, la 32 y la 27 del Grupo Socialista.


En cuanto a una de las enmiendas del Grupo Socialista que incorporamos, concretamente la número 27, que planteaba suprimir la facultad de interponer recurso de casación por los mandos militares superiores, coincidimos con la apreciación que hacían SS.SS. No era una cuestión que inicialmente fuera objeto del proyecto que el Gobierno mandó a esta Cámara, pero parece que esa legitimación especial no tiene mucho sentido en este momento, no tiene mucho sentido que alguien ajeno al propio procedimiento tenga capacidad de interponer recurso de casación. Creo que hemos encontrado una fórmula adecuada que respeta o conoce lo que ha sido la tradición de la normativa vigente, entre otras cosas la ley del año 1987 que SS.SS. plantearon cuando gobernaban, pero en este momento creo que se le da una salida razonable a la preocupación que tienen SS.SS. y que este grupo parlamentario comparte.


Por lo demás, señora presidenta, siguen vivas varias enmiendas. No voy a entrar a comentar las que se referían a la alteración del número de miembros de los tribunales militares -ya me he remitido a nuestra intervención en comisión y acabo de hacer alguna manifestación-, pero sí quería centrarme en algunas de distintos grupos. La enmienda 17 del Grupo Socialista, que se refiere al artículo 108 del texto en vigor, plantea fundamentalmente dos cuestiones, la primera de ellas referida al concepto de perjudicado. Ustedes plantean la dificultad de que un perjudicado, ajeno al procedimiento o que tuviera carácter militar, pudiera ejercer sus correspondientes derechos relativos a responsabilidades de carácter civil en el procedimiento militar. Vista la experiencia y la práctica que dan los tribunales militares, ya lo pudimos debatir oportunamente en comisión y ver que es una realidad que hoy no se da. Esa circunstancia que a ustedes les preocupa, y que inicialmente cuando lo hemos hablado podría ser razonable, no se da en la práctica y, por lo tanto, está bien resuelta desde el punto de vista de la práctica y de los tribunales militares.


Hay una segunda cuestión que S.S. plantea en su enmienda, que afecta notoriamente al principio de disciplina de las Fuerzas Armadas. Como SS.SS. saben, en este momento esta cuestión se encuentra pendiente de decisión del pleno del Tribunal Constitucional. A nosotros nos parece que es una cuestión que hay que resolver, pero a este grupo parlamentario le parece más oportuno y más prudente evitar precipitaciones en la materia y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie con una resolución que tendrá efectos anulatorios o efectos declaratorios, no sabemos lo que se producirá. En todo caso, nos parece oportuno esperar la resolución del Tribunal Constitucional para, a partir de ahí, hacer la modificación legislativa adecuada, respetando, cumpliendo y ejecutando los principios constitucionales y la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia; sin duda coincidimos en que hay que abordarla, pero nos parece que hacerlo en este momento sería adelantarnos a una resolución que todos esperamos que se produzca lo antes posible. Si da tiempo a que se produzca antes de la terminación del trámite parlamentario del Senado, podríamos plantearlo por vía de enmienda. En cualquier caso, coincidimos con la preocupación que anima al señor Sanjuan y al Grupo Socialista, pero entendemos que es más oportuno que se plantee en otro momento.


Pasando a enmiendas de otros grupos, voy hacer un comentario a las del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, del señor Alcaraz, que en estos momentos no me puede atender porque está en otro cometido. No sé si tengo la costumbre de intervenir con determinado fervor sobre algunos temas, pero es evidente que el Grupo Parlamentario Popular no va a respaldar las enmiendas que plantea S.S. que, con la excusa de la modificación de esta ley, pretende quitar a la Guardia Civil su carácter militar. Es un asunto que se ha discutido suficientemente en esta Cámara.
El carácter militar de la Guardia Civil no sólo está en el espíritu y naturaleza fundacional de este benemérito Cuerpo, sino que la historia, la tradición y las decisiones que hemos

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tomado en esta Cámara por vía de leyes han ratificado el carácter militar de la Guardia Civil. Por tanto, no sólo este grupo parlamentario, sino también los demás grupos de la Cámara no han objetado nada en ese sentido y no hay voluntad de respaldar su enmienda. A partir de ahí, no hace falta utilizar ningún fervor, sino simplemente ser consecuente con las decisiones que ha tomado esta Cámara y con lo que este grupo parlamentario defiende, que coincide más con la mayoría de los grupos de esta Cámara, para mantener algo que permite que funcione bien la Guardia Civil y que corresponde a su propia historia, a su tradición y a la legalidad vigente.


Hay un conjunto de enmiendas coincidentes -ya lo han dicho la señora Uría y otros diputados- de Coalición Canaria, de Convergencia i Unió y de Izquierda Unida. Hablo de memoria, pero me parece que es la enmienda 11 de Izquierda Unida, la 13 de Convergencia i Unió y la 39 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. La enmienda de Izquierda Unida propone algo que trasciende claramente el ámbito de normalización de la ley orgánica que se está modificando con el texto que el Gobierno trajo a esta Cámara y el dictamen que hemos aprobado en la comisión, que es simplemente una modificación parcial de una ley. Lo que se pretende en realidad es una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, que por su alcance e incidencia en el conjunto del sistema judicial español, merece un análisis más detallado, más detenido y sin duda en otras comisiones parlamentarias. En las enmiendas que han planteado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se plantea una serie de cuestiones absolutamente coincidentes.
Después me referiré a la de Coalición Canaria. Los efectos de las resoluciones de los tribunales internacionales sobre las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden ser los que en su caso se prevean en los tratados internacionales que los constituyen, y a nosotros nos parece que no es aconsejable la regulación de estos efectos según la norma de derecho interno por tres razones. En primer lugar porque conforme al artículo 96.1 de la Constitución española los tratados internacionales válidamente celebrados ya forman parte del derecho interno desde el momento de su publicación oficial en España. En segundo lugar porque las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pueden generar en los afectados por un fallo favorable el derecho a recibir una indemnización, pero no se contempla que dicha resolución produzca efecto alguno sobre la sentencia de los tribunales nacionales. Y en tercer lugar porque el reconocimiento genérico de efectos anulatorios a las resoluciones de los tribunales internacionales supondría una alteración del sistema jurisdiccional español sin previsión constitucional. Estos argumentos se refieren a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida y de Convergència i Unió.


Respecto a la defensa que ha hecho el señor Mardones de su enmienda -que por cierto había presentado tres y dos han sido incorporadas-, quiero decirle que los efectos de las resoluciones a las que me he referido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se precisan en la Convención europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales aprobado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y que fue ratificado por nuestro país el 4 de octubre del año 1979. El artículo 50 de la Convención de Roma prevé que las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reconozcan la violación de un derecho fundamental generarán en el interesado el derecho a recibir una justa compensación e indemnización. Generalmente, señorías, comprenderá los gastos y costas del proceso y una indemnización por los daños sufridos, siempre que la sentencia así lo establezca. Por otra parte, el ordenamiento español cuenta con mecanismos suficientes para ejercer el derecho a exigir esa indemnización, por lo que no sería necesario establecer un procedimiento específico con ese objeto. Por tanto, señorías, las enmiendas que permanecen vivas y que se han mantenido para esta sesión plenaria no podrán ser aceptadas por nuestro grupo parlamentario por las razones que ya dimos en Comisión y las que hemos podido dar en este trámite.


Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que el proyecto que el Gobierno trajo a esta Cámara era adecuado. Había que adaptar a la legislación vigente en materia de jurisdicción militar la doctrina y la jurisprudencia de lo que se llama el derecho a tener un juez imparcial y las propias dificultades que se han producido en otro ámbito normativo de la posible contaminación del que participa en el trámite instructorio resuelven cuestiones que afectan al trámite instructorio y después al definitivo y resolutorio.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Atencia, le ruego concluya.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Termino, señora presidenta.


El objeto del proyecto de ley en ese sentido está perfectamente claro y desde el punto de vista de técnica jurídica creo que es un gran proyecto de ley y además ha sido mejorado por las aportaciones de SS.SS. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, sintiendo rechazar las enmiendas que se han presentado, votará a favor, como no puede ser de otra forma, en la votación final del proyecto de ley, por su carácter orgánico.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.


Iniciamos la votación del dictamen de Comisión y de las enmiendas mantenidas para este Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica

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4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 19; en contra, 250.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar la número 11.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 20; en contra, 157; abstenciones, 92.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, seis; en contra, 248; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 115; en contra, 154.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar las enmiendas números 17, 31 y 35.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 113; en contra, 154; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 97; en contra, 155; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación del texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 262; en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIÓN FINAL DE CONJUNTO

La señora PRESIDENTA: Votación final sobre el conjunto del texto, por tratarse de un proyecto de ley orgánica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 262; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado el número de votos exigibles.


VOTACIÓN FINAL DE CONJUNTO:

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, LA LEY ORGÁNICA 1/L979, DE 26 DE SEPTIEMBRE, GENERAL PENITENCIARIA Y LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (Número de expediente 121/000123.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a continuación a votación final de conjunto el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley orgánica General Penitenciaria y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 260; en contra, cuatro; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1979, DE 26 DE SEPTIEMBRE, GENERAL PENITENCIARIA (Número de expediente 121/000148.)

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La señora PRESIDENTA: Señorías, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.


Vamos a someter a votación esta propuesta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 252; en contra, cuatro; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- SOLICITUD, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS AYUDAS DE LA PAC A LA ALFALFA EN CASTILLA-LA MANCHA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. (Número de expediente 156/000025.)

La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Solicitudes de creación de comisiones de investigación. Solicitud de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto de creación de una comisión de investigación sobre las ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años.


Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Centella. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen sus escaños en silencio. (Pausa.)

Adelante, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, realmente no es ningún descubrimiento, no es ninguna novedad afirmar que el régimen de ayudas de la política agraria comunitaria tiene muchos y muy influyentes detractores. Además, uno de los argumentos que utilizan aquellos que quieren acabar con este régimen de ayudas es intentar demostrar que se presenta como algo normal, como algo natural, toda una serie de irregularidades, toda una serie de ilegalidades. Se trata de presentar incluso a los países que más ayudas recibimos como países muy proclives cuando no cómplices de este sistema. Nada más lejos de la realidad, señorías, nada más lejos de la verdad.


La verdad y la realidad son que la inmensa mayoría de los agricultores, la inmensa mayoría de la gente que vive para y por el campo cumple regularmente y con un gran sacrificio la legalidad, hacen un gran esfuerzo para mantener toda la reglamentación y toda la burocracia que exige el sistema de ayudas de la PAC. Por eso es justo empezar haciendo este pronunciamiento y dejando muy claro que la mayoría de los agricultores españoles son gente honesta, son gente que cumple la legalidad y que quieren seguir cumpliéndola. Por eso los que defendemos el actual sistema de ayudas, los que buscamos mejorarlo con propuestas...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Centella, por favor. (Pausa.)

Señorías, el nivel de conversaciones en la Cámara hace imposible que pueda ser oída la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.
Les ruego que, por favor, las conversaciones las mantengan a ser posible fuera del hemiciclo.


Adelante, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, muchas gracias por su amparo.
Es una realidad que este debate no despierta gran entusiasmo. Si ustedes prestasen un poco de atención, verían lo interesante que resulta enterarse de hechos que, como digo, deben recibir la máxima atención de esta Cámara.


Decía que aquellos que defendemos el actual sistema de ayudas de la PAC, los que estamos convencidos de que hay que mejorarlo y perfeccionarlo -por eso presentamos ayudas a propuestas como la modulación y otras, que entendemos que van a mejorar el sistema- somos siempre los más interesados en separar a los buenos y a los malos agricultores, somos los más interesados en mostrar el máximo celo en el cumplimiento de la legalidad. Pensamos que debe ser responsabilidad de todas las administraciones asegurar el más riguroso cumplimiento de la normativa como la mejor garantía de unas mayores posibilidades de futuro para la PAC. Ello en un momento como el actual que está lleno de incertidumbres que todos conocemos. Intentar mirar hacia otro lado, tratar de esconder posibles fraudes, eludir responsabilidades, no es la mejor manera de resolver la situación, no es la mejor manera de avanzar y de ganarse a la mayor parte de la población en la defensa del futuro de la agricultura.
Con toda seguridad, lo que va a hacer a medio plazo va a ser agravar la situación, pudiendo suponer además un claro agravio comparativo con esos miles de agricultores que cumplen, como antes decía, con gran sacrificio toda la normativa y que ven en el futuro de la PAC la única posibilidad de mantener su actividad en el campo.


En este momento en que nos encontramos ante una situación, como ahora intentaré explicar, compleja pero muy evidente en lo que está relacionado con posibles fraudes es cuando los poderes públicos tenemos que pasar a la ofensiva y poner en evidencia que estamos siempre dispuestos a no tapar nada, que estamos dispuestos a investigar, a buscar el origen de la situación y sobre todo a proponer medidas que se puedan afrontar.
Nosotros no hacemos esta propuesta contra nadie, sino

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en favor de la agricultura y para poner de manifiesto que esta Cámara y la Administración central están dispuestas a que el régimen de ayudas de la PAC sea lo más limpio y transparente posible. Esta actuación se debe realizar a dos niveles. Uno, el autonómico, donde residen competencias nítidas en materia de fiscalidad así como también claras responsabilidades. Otro, el estatal, puesto que existe legislación que tiene carácter y responsabilidad estatal y también porque la Administración central no puede mirar hacia otro lado, ya que, como decía, cualquier situación de este tipo puede dañar al conjunto de la PAC y de la agricultura. De forma paralela a las responsabilidades administrativas existen responsabilidades políticas que hay que afrontar y existe también una situación que obligaría a que esta Cámara diese un paso al frente y se pusiese a investigar, pero repito que no en contra de nadie, sino para resolver y plantear soluciones de futuro que hagan que este cultivo no sólo tenga futuro, que evidentemente lo tiene, sino que al mismo tiempo sea limpio y fuera de cualquier duda. Con respecto al caso concreto que nos afecta, existe un informe de la Intervención General del Estado que, junto con la responsabilidad de la Administración autonómica, señala claramente los marcos estatales en los que nos movemos.


Existen por tanto razones jurídicas y políticas para que esta Cámara investigue las posibles irregularidades que se han cometido en torno al cultivo de la alfalfa en Castilla-La Mancha, entendiendo que sólo razones políticas podrían llevar a quienes, como el Grupo Popular, han denunciado la existencia de esas irregularidades en dicha comunidad autónoma a rechazar esta comisión de investigación. Dejarían incluso en evidencia a su propio portavoz, que no hace muchos días manifestó que había que dar la palabra a Izquierda Unida en este asunto. La verdad es que tal declaración, que el Grupo Popular nos quiera dar la palabra con respecto a algo, nos ha sorprendido, sobre todo en los tiempos que corren de caza de brujas. Posiblemente veamos que era sólo una afirmación más que se pierde en el tiempo. Con toda ingenuidad creemos que hoy se debe aprobar esta iniciativa que presentamos con el Grupo Mixto, ya que entendemos que, de hacerse, habremos dado un ejemplo de lo que tiene que hacer una Administración, que es no tapar nada y que al contrario estamos dispuestos a llegar al fondo de cualquier posible problema. Repito que se trata de una iniciativa que no pretende convertir en arma política esta investigación. La coherencia entre Castilla-La Mancha y el Congreso de los Diputados es una evidencia de que no tratan de competir ambas políticas, como a lo mejor pueden haberlo intentado otros grupos y hoy puede quedar aquí en evidencia. Se trata de dejar claro que no estamos ante un fraude generalizado y la mejor forma es demostrarlo investigando.
Sí estamos ante situaciones que son graves y que hay que corregir, porque al final podríamos conseguir que lo que hoy se puede subsanar aparezca dentro de poco a través de la Unión Europea y entonces los agricultores que hoy no tienen nada que temer pueden empezar a hacerlo, porque cuando la propuesta viene de la Unión Europea es cuando nos alarmamos y cuando nos llevamos las manos a la cabeza.


Señorías, es evidente que en este caso no tenemos conclusiones a priori, sí tenemos evidencias muy claras. Por eso pedimos precisamente la creación de la comisión de investigación, porque hay evidencias muy claras y porque consideramos que hay que investigar, que hay que dictaminar para que de una vez por todas separemos la alfalfa de la paja y se elimine la creencia de que todo el mundo está bajo sospecha, para que se deje bien claro que quien ha denunciado el asunto está dispuesto a investigarlo. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se nos ha acusado de que había algo así como un pacto de silencio y que no traíamos aquí esta propuesta porque había una especie de pacto entre Llamazares y Zapatero que quería tapar esto; está publicado en la propia prensa de Castilla-La Mancha. Vamos a ver quién es realmente el que se contradice y quién es el que tiene no un pacto de silencio sino algo más y hoy puede bloquear una iniciativa que podría liberar de sospecha a muchos cientos de agricultores honestos, que hoy pueden estar bajo sospecha simplemente porque no se puede investigar. No se trata de dar la palabra a Izquierda Unida, se trata de dar la palabra al sector, de dar la palabra a todo aquel que tenga algo que decir, no sólo jurídicamente -que también- sino políticamente; asimismo en el ámbito de la Administración estatal.


Crear hoy una comisión de investigación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, puede asegurar la comparecencia de todas las partes y es el mejor marco para investigar. Recordamos lo ocurrido recientemente en el Parlamento gallego; no todo el mundo va a comparecer a un Parlamento autonómico, representantes del Gobierno central no comparecen en los parlamentos autonómicos. En una comisión de investigación de esta Cámara sí podrían comparecer todos aquellos que tengan algo que decir, tanto de la Administración autonómica como de la Administración central, en este caso fundamentalmente los afectados, que pueden tener muchas cosas que comentar, las han denunciado a la prensa y están deseosos y dispuestos a venir para que la Administración, que es quien tiene que dirigir y quien tiene que legislar, tenga todos los datos para que al final tomemos las mejores determinaciones y aseguremos el futuro de un cultivo que -repito- quiere un futuro pero un futuro transparente y claro. Para nosotros no es una cuestión electoral y se va a ver claramente a la hora de la votación, se va a ver para quién esto es una cuestión electoral y quién dice una cosa en Castilla-La Mancha y puede decir otra cosa en Madrid. Porque no se puede ir a la prensa alegremente y luego venir aquí con su voto y decir lo contrario de lo que se ha dicho en los medios de comunicación o en otros sitios. Quien haga esto tendrá que dar sus explicaciones correspondientes y asumir su responsabilidad.


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La realidad es que, a una media de 11 pesetas por kilogramo de alfalfa desecada al 12 por ciento, se dice que las porciones medias han pasado de 8,6 toneladas por hectárea a 14,5 toneladas por hectárea. Se podrá decir que el rendimiento de 15 toneladas por hectárea es un valor aceptado, pero no se puede decir que sea como media, aunque en todo caso es evidente que, si mejora el rendimiento de la alfalfa desecada, debería haber mejorado también de forma similar el rendimiento en verde en la misma proporción. Los propios datos de la Comunidad de Castilla-La Mancha admiten el fraude y reconocen que el rendimiento en verde aumenta un 8 por ciento, mientras que el de la desecada aumenta en un 68 por ciento.
La verdad es que los datos son evidentes. En un principio se podía pensar que el fraude estaba en este ámbito, pero la realidad es que es algo bastante más grave, porque en dicho fraude aparecen elementos que ya han aparecido en otros casos y que esta Cámara también tuvo que investigar.
Lo más grave no es esto, es simple y llanamente que se declaran toneladas de alfalfa como deshidratada, por la que sí se cobra la subvención correspondiente, cuando la realidad es que no han pasado por la deshidratadora. Ahí es donde está realmente el fraude, eso es lo que hay que poner en su sitio. Hay que denunciar por qué se hace y cómo se hace.
Por eso se justifica la investigación en esta Cámara. Ustedes comprenderán que para llevar a cabo este engaño, este fraude, se necesita una compleja infraestructura y complicidades en las administraciones; se necesita tener implicaciones en las administraciones a todos los niveles.
Si no, es imposible que se pueda cometer un fraude de esta naturaleza.


Señorías, hemos señalado que el fraude supone el cobro de ayudas de forma indebida, pero también se ha cometido otro fraude, en este caso a los consumidores. El afán de justificar toneladas de salida de alfalfa que no han tenido ni siquiera entrada hace que en algunos casos se mezcle la alfalfa con otro producto de menor precio en el mercado, como la paja o el maíz. Así, señorías, se está cometiendo un fraude que va directamente al consumidor. Como ven, señorías, señora presidenta, existe al menos una duda razonable que llevaría a que esta Cámara no mirara hacia otro lado, sino a investigar, a tomar cartas en el asunto, porque además existe una investigación realizada por el Ministerio de Hacienda, ente que no tiene nada que ver con la política autonómica. Un informe muy claro y detallado viene a señalar la existencia de incumplimientos de normativas comunitarias y estatales. No comprendemos que este informe lleve todavía un retraso en su ejecución, por lo que creemos que también debería formar parte de la investigación de esa comisión. En ningún caso se podría investigar en ningún Parlamento autonómico. Una cosa es lo que se podría investigar en el Parlamento autonómico -que habría que hacerlo y si no se ha hecho alguien tendría que explicar el porqué- y otra que no se investigue aquí; pero lo que nos preocupa sobre todo es que hoy se pueda impedir que se investigue el ámbito de responsabilidad estatal. Si hoy se impide la creación de esta comisión de investigación el Grupo Popular habrá quedado claramente en evidencia; habrá quedado claramente en evidencia que ha utilizado un tema, muy sensible para los agricultores, exclusivamente por intentar sacar beneficio político, y eso, señorías, es grave. Es grave intentar jugar con un problema que todos sabemos que existe exclusivamente para sacar provecho electoral en un ámbito determinado, pero cuando pasamos a un ámbito donde ya puede rozar al Grupo Popular, al Gobierno central, ahí tapamos la boca, cerramos los ojos o miramos hacia otro lado. Eso sí es un pacto de silencio, señoría; eso sí es cercenar hoy aquí la posibilidad de llegar al fondo de la situación.


No quiero terminar sin pedir el apoyo, fundamentalmente al Grupo Popular, que es el que tiene la responsabilidad y donde hay diputados muy significativos, a los que yo quiero pedir su voto directamente, porque así lo han demandado en otras ocasiones. El Grupo Popular tiene hoy aquí una responsabilidad: o dejar claro a qué ha jugado en este caso o situarse donde tiene que situarse, abriendo las puertas y las ventanas de este Congreso para que se investigue y para que de una vez por todas podamos separar al agricultor honesto, honrado, el que está por la defensa de la PAC, de aquellos otros que vienen solamente a especular y a beneficiarse. Además, señorías, habremos hecho un buen servicio a la agricultura en general, porque habremos demostrado que este Parlamento está dispuesto a defender la transparencia, la legalidad de todas las ayudas y que no mira a otro lado cuando ocurre cualquier fraude. Ese creo que es el mejor servicio que se puede hacer hoy a la agricultura. Mirar a otro lado será, ni más ni menos, que dar la razón a aquellos que piensan que el fraude es el principal enemigo de la PAC.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.


¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, hace exactamente cuatro años tuvimos un debate en esta Cámara intentando resolver la posible creación de una comisión de investigación para estudiar los fraudes en las ayudas europeas concedidas al cultivo del lino. Sorprende la coincidencia de fechas, pues exactamente cuatro años más tarde, exactamente en el mes de mayo y exactamente cuando estamos de nuevo en periodo electoral -porque también la comisión anterior se debatió en periodo electoral- se repite un debate en esta Cámara para ver si es oportuna o no la creación de una comisión de investigación sobre un tema que afecta directamente a uno de los candidatos de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Por

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lo menos como dato empírico -si me permiten- no deja de ser sorprendente la coincidencia, que nos permite cuando menos sospechar -la sospecha siempre es libre- que la coincidencia temporal no es simple casualidad, sino que si estamos debatiendo esto aquí hoy es sencillamente porque unos, los autores de la iniciativa, tienen interés en desgastar políticamente a un candidato, y otros -y esto es lo más triste y lo más grave-, aquellos que tienen la llave del orden del día de los plenos, aquellos que por tener la mayoría absoluta de la Cámara y de la Mesa tienen la posibilidad de decir qué es lo que se debate aquí y qué es lo que no, aquellos que ya han anunciado su voto y que saben que van a votar hoy contra esa comisión de investigación, aquellos que han impedido que se debata en esta Cámara cualquier otra comisión de investigación, aceptan y han apoyado que esto se debata aquí simplemente para convertir hoy esta Cámara en altavoz de desgaste de un candidato a las próximas elecciones autonómicas. Nosotros, que no nos presentamos en esa comunidad autónoma y que también vamos a votar en contra de esta comisión de investigación, queremos denunciar esto. El Congreso de los Diputados no está para convertirse en instrumento de las maniobras electorales de nadie, ni de un grupo mayoritario, ni menos aún del grupo de la mayoría.
Por tanto, es bastante vergonzoso el timing -si me permiten- con el que estamos debatiendo esto hoy aquí.


Dicho esto, vamos a entrar en el fondo de la propuesta que hoy se formula.
En aquel momento aceptamos la creación de una comisión de investigación sobre las ayudas europeas al lino. ¿Por qué? En primer lugar, porque había indicios reales de fraude, muchos más que los que hoy se nos presentan; en segundo lugar, porque en ese momento no podíamos decir lo que hoy podemos decir; en ese momento, precisamente porque no había habido ninguna comisión de investigación al respecto, porque nadie había hecho el esfuerzo político de investigar ese tema, era confuso el reparto de responsabilidades entre el Estado y las comunidades autónomas en un tema tan complejo como las ayudas derivadas de la política agrícola común, pero ese trabajo ya lo hicimos. Hoy no comparecemos en este debate en los mismos términos que hace cuatro años; hoy este portavoz interviene en este debate después de tener perfectamente claro -y no ya a título personal, sino como grupo parlamentario-, y publicado en el "Diario de Sesiones" del Congreso y en el Boletín del Congreso en forma de conclusiones, que la legislación relativa a las ayudas derivadas de la política agrícola común, la normativa general corresponde al Estado y la gestión de esas ayudas, el control de esas ayudas corresponde a las comunidades autónomas. Lo repetimos en la aprobación de esas conclusiones, lo repetimos en otro debate posterior en el que el Grupo Socialista intentó reabrir la comisión de ayudas al lino y nos corresponde repetirlo hoy, sin cambiar ni una sola de nuestras palabras a ese respecto. Si hay fraude en las ayudas europeas -que no sé si lo hay-, una de dos, o estamos simplemente ante una situación de responsabilidad penal, por tanto, lo que hay que hacer es ir directamente a los tribunales, o ha habido un incumplimiento en la vigilancia del fraude. Si lo que se quiere es investigar el incumplimiento por parte de las autoridades administrativas del cual se deriva ese fraude, hay que investigar a esas autoridades administrativas, pero, señorías, a esas autoridades administrativas y políticas no las investiga esta Cámara; el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) repetirá eso durante todas las veces que sea necesario. El Congreso de los Diputados no investiga la responsabilidad política de un director general de agricultura o de un consejero de cultura de una comunidad autónoma, ni debería querer, pero además no puede. Me permito señalarlo especialmente a algunos de los firmantes, sorprendentes firmantes de la iniciativa que debatimos hoy, supuestamente federalistas, como es el caso de Izquierda Unida, o nacionalistas, como el Bloque Nacionalista Galego, Iniciativa per Catalunya o Esquerra Republicana, que se permiten pedir al Congreso de los Diputados que investigue la responsabilidad política nada menos que de una comunidad autónoma.


Si se han cobrado o no subvenciones a la alfalfa sin pasar por la deshidratadora y, sobre todo, si se ha permitido el pago de esas subvenciones sin fiscalización, lo tiene que investigar la comunidad autónoma correspondiente, en este caso la Junta de Castilla-La Mancha. Si no ha cumplido con sus obligaciones -no le voy a leer todos los decretos de traspaso-, quien tiene que comprobarlo y exigir responsabilidades políticas en su caso son Las Cortes de Castilla-La Mancha. Ustedes, conscientes de ello, el portavoz de Izquierda Unida y los autores de este texto que debatimos hoy, van más allá y dan una cabriola que no deja de tener cierta gracia. La exposición de motivos de la propuesta de creación de esta Comisión dice: La legislación estatal que regula la concesión de subvenciones a la desecación de la alfalfa no es todo lo estricta que sería necesario -hasta ahí podemos estar incluso de acuerdo-, por lo que urge proponer la creación de una comisión de investigación. No, cuando la legislación no funciona, los mecanismos parlamentarios son otros: se hace una proposición de ley o, si se considera que no se tiene capacidad técnica para hacer una proposición de ley, se hace una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar esa normativa, pero si vamos a crear una Comisión de investigación por cada ley que no funciona como debe, no sé qué futuro le espera a esta Cámara. Cuando las leyes no son todo lo buenas que deben ser, no se crean comisiones de investigación, se revisan las leyes, y eso sí es responsabilidad de esta Cámara. La posición de mi grupo hoy no prejuzga si la legislación general sobre ayudas derivadas de la política agrícola común es o no es todo lo correcta que debería ser.
Lo que sí decimos es que evidentemente la revisión de esa normativa no se hace, y es absurdo que alguien lo plantee mediante una comisión de investigación.


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Termino, señorías, diciendo lógicamente que no podemos apoyar esta iniciativa y pidiendo -me atrevo a decirlo- que saquen de una vez la lección. Un día fue el Partido Socialista, ahora es Izquierda Unida. Por favor, que cada uno de los portavoces de los distintos temas repase el título VIII de la Constitución, los decretos de traspasos y, antes de traer una iniciativa a esta Cámara -lo digo con enorme respeto a la libertad de cada grupo a proponer iniciativas, pero también respétese la de este grupo y no nos hagan trabajar en balde-, estudien si corresponde a esta Cámara o al ámbito autonómico. Eso nos ahorrará, por un lado, convertir a esta Cámara en puro elemento de desgaste electoral, porque no es su función y le hace perder dignidad o, por otro, que, por juego de mayorías y minorías, nos acabemos cargando el Estado autonómico, convirtiendo al Parlamento del Estado, a las Cortes Generales en inspector y fiscalizador de la actuación de las comunidades autónomas.
Con esto habremos puesto patas arriba todo el sistema de distribución de competencias del Estado autonómico. A ese juego, como pueden comprender, esperamos que no se apunte nadie, pero garantizamos que no se va a apuntar Convergència i Unió.


Gracias. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Marchando una de alfalfa!-Risas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz-Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, aunque existe una ligera discrepancia, porque no es lo mismo el asunto del lino que el supuesto asunto de la alfalfa; no es exactamente igual.
Sí estoy de acuerdo en que de la intervención del portavoz de Izquierda Unida y del texto que motiva la solicitud de creación de una comisión de investigación para ver o analizar las ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha no se desprende razón alguna de fuerza, consistente.
Yo he oído que no hay fraude generalizado, que hay que atender al sector, pero que yo sepa el sector dice precisamente eso, que no hay fraude generalizado y que, si hay una comunidad autónoma en España que plantee controles serios a las ayudas a la deshidratación de la alfalfa, esa comunidad autónoma es Castilla-La Mancha. ¡Si de lo que se quejan la interprofesional del forraje y los deshidratadores de Castilla-La Mancha es de que se aplica el horario más restrictivo de toda España y de toda la Unión Europea y de que en la presión inspectora a la industria deshidratadora de forraje está también a la cabeza la comunidad autónoma! Entonces, ¿qué justificación tiene plantear una iniciativa de estas características? Si no se explica por esas razones habrá que explicarlo por el calendario, por el calendario electoral naturalmente, porque, si no, mi grupo no encuentra razón alguna para que estemos debatiendo este asunto con la iniciativa de Izquierda Unida y la connivencia del Grupo Parlamentario Popular para que lo estudiemos en esa comisión el día 14 de mayo, 11 días antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, planteando una especie de acto electoral de desgaste del presidente y candidato de nuevo a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y de paso a un candidato al Ayuntamiento de Toledo, que es el consejero de Agricultura. A lo mejor es por eso.
(Rumores.)

De todas formas, creo que por una cuestión de oportunidad este asunto no debería haber venido. Que se sepa, no hay altos cargos de la Administración que estén cobrando subvenciones. Que se sepa, aquí no está el presidente o presidenta del FEGA, ni hay un director financiero de Mercasa, ni hay un director general de Ganadería, ni un delegado del Gobierno. De momento y que se sepa no existe. Hasta el momento aquí lo que hay es lo siguiente: Alguien se entera de que una empresa, Cereales Saltó, comete irregularidades; las ha cometido. Resulta que el propietario de esa empresa, casualmente, es natural de Salobre, provincia de Albacete, que es el pueblo de José Bono, y alguien piensa: Ya está aquí. ¡Ahora sí que lo hemos pillado! ¡Esta es la oportunidad! Atendiendo a esa conclusión, yo no sé en qué pueblo nació el señor Centella, pero seguro que en el pueblo del señor Centella hay buena gente y gente que es menos buena. Yo no considero que el señor Centella sea mala gente por eso ni que tenga relaciones con la mala gente de su pueblo, porque, si no, nos volveríamos todos locos. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Esa es la base que sustenta las acusaciones sobre fraude, hasta el punto de cometer alguna incongruencia, porque mientras se pide la dimisión del consejero de Agricultura desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Hacienda, que creo que el responsable es el señor Montoro, del Partido Popular, dice que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha realiza controles en exceso en este sector. ¿En qué quedamos? ¿No hay control o sí hay control? Habrá que quedarse con una de las dos cartas, porque jugar a las dos y no estar loco o no hacer electoralismo no parece que sea razón suficiente. Ese es el elemento que inicia este asunto: un empresario que es del pueblo del presidente de Castilla-La Mancha. Esta es la realidad.
Hay una formación política que no tiene proteínas, en forma de voto, en las urnas de Castilla-La Mancha, Izquierda Unida, y hay otro grupo que tiene algo más de proteínas pero no las suficientes, y parece que no van a ser suficientes el próximo 25 de mayo, y que se apunta al carro por si acaso: a desgastar. El portavoz del grupo un día dice que no se va a debatir este asunto en el Pleno del Congreso de los Diputados, pero como estamos ya más cerca de las elecciones a continuación dice: Sí se va a debatir. ¡Qué sorpresa le vamos a dar al grupo parlamentario y lo que nos vamos a divertir

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hablando de la alfalfa en el Pleno del Congreso, para gran disgusto de la comunidad autónoma y del Gobierno de Castilla-La Mancha! Una verdadera incongruencia; aparte de incongruencia, de una falta de oportunidad espectacular.


Dentro de poco 10 nuevos países se van a integrar en la Unión Europea, 10 países que tienen una tasa de población activa dedicada a la agricultura de un 20 por ciento, con una renta que supone el 40 por ciento de la media europea, y nosotros aquí hablando de supuestos fraudes generalizados de la alfalfa. Oiga, aquí la alfalfa se la comen las vacas; el lino se quemaba, desaparecía, pero, que se sepa, el forraje se lo siguen comiendo las vacas. (Aplausos.-El señor Gil Lázaro: Las vacas y no se sabe quién más.) Este es un argumento para el señor Aznar, para sus actos, sobre la confabulación socialcomunista. El día 11 de febrero de 2003, el Día de Toledo y el Día de Cuenca, se publica la siguiente información: El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Adolfo Suárez Illana (ese que va a 85 pueblos por segundo o a 85 segundos por pueblo, no sé muy bien) se reunió ayer con el coordinador regional de Izquierda Unida, Cayo Lara, y coincidieron en la necesidad de que se abra una comisión de investigación sobre el caso de las ayudas a la alfalfa. ¡Qué coincidencia! ¡Qué casualidad! Pero ¿la confabulación no era la socialcomunista? ¿O es que en Castilla-La Mancha esto se aísla y se plantea la confabulación Partido Popular-Izquierda Unida por la falta de alimento electoral en esta región? Yo creo que ese es el fondo del asunto. (Rumores.)

Desde el punto de vista de las competencias -lo ha planteado muy bien el señor Guardans-, quiero transmitir a la Cámara que la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, desde que salta el asunto Cereales Saltó, que por cierto está en los tribunales y algún diputado de su grupo les podría dar mucha información sobre ese asunto (actúa la intervención delegada de la Delegación de Hacienda y está en la Fiscalía Anticorrupción), está permanentemente planteándole al Ministerio de Agricultura y al FEGA que adopte controles más rigurosos y ha hecho propuestas concretas en este asunto (en febrero de 2001 el director general de cooperativas de Castilla-La Mancha, en noviembre de 2001 el consejero de Agricultura) para establecer controles en unas ayudas que, hay que reconocerlo, tienen una normativa llamémosle frágil. ¿Por qué? Porque depende del grado de humedad con la que la alfalfa entra a la deshidratadora. La primera comunidad autónoma que establece la obligación de colocar en el trómel un termómetro que regule la temperatura es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y es a partir de ese momento cuando se extiende al resto de comunidades autónomas. Si no existiera ese control exhaustivo ¿por qué la OLAF (oficina antifraude de la Unión Europea) está investigando a otras comunidades autónomas que no son Castilla-La Mancha? En estos momentos, la OLAF está investigando a otras comunidades autónomas y no a Castilla-La Mancha en el tema de las ayudas a la alfalfa. Alguna razón habrá, alguna razón habrá encontrado la oficina antifraude para visitar otras comunidades autónomas y no Castilla-La Mancha, siendo ésta la principal productora de alfalfa deshidratada de España. Si ustedes consideran que esto es motivo suficiente, adelante. Desde Castilla-La Mancha no hay nada que ocultar.
Sí hay que manifestar, resaltar y subrayar la coincidencia que comentaba el señor Guardans anteriormente. El 19 de abril de 1999 el diario El Mundo, que en esas épocas no estaba tan próximo a ustedes, publica lo siguiente: El PP tratará de implicar a Bono en casos de corrupción; es parte de la estrategia de la dirección regional del partido. Cuatro años después, más o menos por las mismas fechas, un semanario madrileño advierte que Suárez Illana pretende acosar la imagen de Bono en Castilla-La Mancha con el caso de la alfalfa. Se ve que esto de la investigación funciona de cuatro en cuatro años en la comunidad autónoma en la que yo resido y he nacido. En esto, al final, pasa como en cualquier ámbito de la vida, cada uno se alimenta con lo que puede y con lo que quiere. (Rumores.)

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Díaz-Cano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.


El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.


No sé, señor Díaz-Cano, de qué se alimenta S.S.; no sé si hará falta algo más de forraje en la producción de Castilla-La Mancha; no sé para quién, incluso para los caballos que se crían en las proximidades de la ciudad de Toledo.


Me corresponde fijar la posición de mi grupo sobre este tema de una eventual constitución de una comisión que investigue lo que está ocurriendo con la alfalfa en Castilla-La Mancha y quisiera antes de nada hacer alguna consideración previa. En el caso de Convergència i Unió el señor Guardans habla de altavoz de desgaste y el señor Díaz-Cano, portavoz en esta materia del Grupo Socialista, se suma a esa crítica.
Señorías, ¿les da miedo que se hable libremente? (Risas.-La señora Pajín Iraola: ¿Qué jeta!) No quieren que se hable libremente. A su señoría que le hace tanta gracia y hace gestos como de que no estamos bien de la cabeza le recuerdo que mi grupo no coarta la libertad de ningún otro grupo. (La señora Pajín Iraola y la señora Cunillera i Mestres pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, guarden silencio.


El señor MADERO JARABO: Señora presidenta, quería decir que mi grupo no coarta la libertad de ningún

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otro grupo y ya veo que a SS. SS. les molesta la libertad. Lo constato y lo lamentamos. (Aplausos.) Quería decir que el Grupo de Izquierda Unida, que es el grupo proponente de la iniciativa junto con el grupo virtual o grupo fantasma, ya que no veo a nadie del Grupo Mixto. Señor Centella, se busca cada socio... Se retira de la pancarta eventualmente del grupo poderoso y se alía con otros que ni siquiera vienen a apoyar sus palabras. Tiene S.S. una forma muy curiosa de buscarse aliados para la causa; necesita nuestros votos, nos los ha pedido con toda claridad, nos pide que apoyemos su propuesta y para ello utiliza S.S. argumentos que cuando menos los podemos considerar de falsos cuando no deinsultantes contra mi grupo. Es una forma curiosa de hacer amigos. Le voy a decir una cosa, señor Centella, se lo voy a decir descaradamente: En mi grupo pensamos que cuanto más lejos estemos de sus posiciones más nos acercamos a la verdad. (Aplausos.) Por tanto, no insista demasiado en pedir nuestro voto para nada ni siquiera para darle al Grupo Socialista la apariencia de que aquí hay alguna pinza, ni siquiera para eso. Además no nos fiamos de ese eventual distanciamiento de su grupo de pancarta, de esa coalición de comunistas y de socialistas que ahí está (Rumores.), que la tenemos que sufrir y la llevamos sin ningún problema. Cuando se hace referencia al caso del lino -la han hecho varios grupos- hay que decir tranquilamente que hace cuatro años cuando nos ocupamos de este tema el PSOE acusó al Gobierno de haber montado una trama, así consta en los "Diarios de Sesiones", para el cobro fraudulento de subvenciones. Pues bien, se aprobó que no había tal trama, que ningún alto cargo del Ministerio de Agricultura había cobrado una sola peseta del lino y que la responsabilidad total y absoluta era del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. Eso sí, como efecto colateral nada despreciable, se consiguió con esa patraña electoral que montó el Partido Socialista y el señor Bono desde Castilla-La Mancha que desapareciera el cultivo del lino, que los agricultores de Castilla-La Mancha se quedaran sin sus subvenciones y que tengan que pagar en su día -pendiente se está de ello- una corrección financiera. Eso es lo que se consiguió con esa mentira y esa patraña.
(Rumores.)

Quisiéramos decir que en el caso del lino, lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista, no solamente se cargaron las ayudas del lino, sino que -ahora lo señalo yo y se lo he dicho otra vez al portavoz anterior-, se cargaron el mercado de las vacas locas. Ya veremos a ver qué es lo que pasa con la alfalfa, y no es hipérbole afirmar -lo he dicho también en alguna ocasión- que el Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en España es la peor plaga que tiene el campo español. Diré más, es plaga endémica (Aplausos.), y me van a permitir que en nombre de mis compañeros de grupo rebata la torpe acusación que el señor Díaz-Cano, eventual diputado por mi provincia, ha hecho refiriéndose al candidato del Partido Popular de Castilla-La Mancha. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, ruego guarden silencio.


El señor MADERO JARABO: El candidato, señor Suárez Illana, celebró hace poco uno de los actos, y fue criticado por el señor Bono y por el Partido Socialista de toda la región que don Adolfo Suárez, padre, pueda hacer uso de su libertad apoyando al PP y a su hijo en un acto, es decir, al PSOE le parece mal que sea libre quien trajo la libertad a España. Eso es el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con un portavoz, el señor Díaz Cano, al más puro estilo Bono, demagogia pura. (Aplausos.)

Volviendo a la alfalfa, para que no quede la más mínima duda de que esta materia es competencia de quien es y de que la responsabilidad es única y exclusiva del Gobierno del señor Bono, voy a leer el Real Decreto 326/1996, sobre servicios traspasados por el Ministerio de Agricultura a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que dice textualmente: Artículo 4.º d): Se traspasan las actividades de gestión de ayudas a actividades que comprenden la recepción de solicitudes, verificación de datos, evaluación de solicitudes, resolución de expedientes, tramitación, liquidación y pago de las primas, indemnizaciones o subvenciones, así como la inspección y control de los compromisos adquiridos por los beneficiarios. Más claro, agua. La responsabilidad en Toledo, la responsabilidad en Castilla-La Mancha es del señor Bono, en el lino, en la alfalfa y en todos estos temas referidos a la agricultura.


Además, señorías, no habiendo ninguna duda de que el tema que nos ocupa es de la exclusiva responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, hay que señalar que, como en casos anteriores, se ha actuado con una absoluta frivolidad -marca de la casa- por parte del señor Bono y con una total negligencia y desacierto por el incompetente consejero de Agricultura, señor Alonso, hoy aspirante a jefe de la oposición en el Ayuntamiento de Toledo. Desde hace cuatro años hay dudas razonables sobre el cobro de las subvenciones por desecado de la alfalfa. Claro que hay dudas razonables, desde hace cuatro años existen denuncias que han dado lugar, de una parte, a un procedimiento judicial, que aquí se ha citado, y, de otra, a la intervención de Hacienda en Albacete, que pone en tela de juicio el procedimiento seguido en la empresa inspeccionada. Durante todo este tiempo, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y el señor consejero no hacen nada, absolutamente nada, y dejan que los indicios de fraude y las sospechas de ilegalidad se acrecienten sobre la forma en que se han gestionado sus 15.000 millones de pesetas abonados a 20 empresas. No se parece en nada al tema del lino ni de otros cultivos, los agricultores no perciben las subvenciones directamente, las perciben en este caso 20 empresas y suponen la no despreciable cifra de 15.000 millones de pesetas, que están sin aclarar.


Pues bien, se debían haber controlado, y no se ha hecho, los pesos y rendimientos del producto en verde y

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deshidratado; se deberían haber analizado, y no se ha hecho, partidas sospechosas de mezclas fraudulentas que el señor Centella da como ciertas y nosotros por lo menos damos como presuntas o como sospechosas, porque si tuviéramos esa certeza no estaríamos denunciando aquí el tema, lo estaríamos denunciando en los tribunales; se debería haber hecho frente a las responsabilidades que tiene el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y que allí tradicionalmente ignora; debería el señor consejero explicar adecuadamente sus palabras, que constan en el "Diario de Sesiones" de la Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla-La Mancha, cuando afirmó respecto a las ayudas de la alfalfa que se han encontrado muchas incidencias -curiosa palabra- sobre salidas de camiones, sobre datos de humedad y temperatura del tromel, sobre el funcionamiento de los controles termométricos, sobre la contabilidad, sobre los controles de salida, de entrada, etcétera.


Preguntamos desde aquí, si hay tantas incidencias, ¿por qué mira para otro lado el consejero? ¿Por qué no investiga a fondo este asunto el propio señor consejero? ¿Por qué deja que las sospechas de fraude sigan creciendo? ¿Es que tiene algo que ocultar el señor Alonso? ¿Por qué el señor Bono no aclara el asunto? Ya no el señor Alonso, el señor Bono, ¿por qué no lo aclara? Porque, como hemos visto, y si no lo reiteramos una vez más, por parte del Gobierno del señor Bono no hay más que demagogia y verbalismo, poca eficacia y no se investiga adecuadamente cuando la sospecha es creciente. Debía el consejero, señor Alonso, explicar adecuadamente estas interrogantes que he planteado. Además, el propio consejero manifestó en unas declaraciones que hizo en febrero de 2003 -tampoco hace tanto, hace apenas tres meses- que la situación en el sector de la alfalfa es preocupante y la actual OCM hace muy difícil el seguimiento total de las ayudas. Bonita frase, bonita perla, señorías. Es patético comprobar cómo el Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce por boca de su consejero de Agricultura su imposibilidad de cumplir con todas sus obligaciones y sobre todo de cumplir con la obligación de velar por la adecuada aplicación de los dineros públicos. Luego se les llenará la boca diciendo que lo hacen muy bien y que son muy escrupulosos con los dineros públicos, pero los hechos demuestran lo contrario. Además el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha debe dar una explicación, entre otras cosas, de por qué se negó a crear una comisión en las Cortes de Castilla-La Mancha para aclarar este asunto. Así lo solicitó el Partido Popular, pero lo denegó el Partido Socialista con el señor Bono a la cabeza. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué se vota que no en Toledo? ¿Por qué se vota que no a la formación de la comisión -y coincido con el señor Guardans-, que es donde debe estar residenciada la investigación de este tema regional?

Nos corresponde a nosotros -así lo hacemos desde mi grupo- instar y emplazar al Gobierno del señor Bono a actuar correctamente y estudiar, aclarar y resolver este tema en sede parlamentaria, dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha, que es donde debe sustanciarse un asunto regional.
No podemos estar aquí, señorías, en el Congreso de los Diputados, creando un día sí y otro también comisiones de investigación sobre los problemas y las irregularidades que los gobiernos socialistas originan en las comunidades autónomas donde gobiernan y, por lo que se aprecia, gobiernan mal. Cada comunidad autónoma tiene unas capacidades...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señoría, su tiempo ha concluido. Debe terminar.


El señor MADERO JARABO: Ya voy terminando, señora presidenta, pero quisiera acabar diciendo que cada comunidad autónoma tiene capacidades, medios e instrumentos para solventar cuantas incidencias surjan, cualquiera que sea su naturaleza. Lo que hace falta es capacidad en cada gobierno regional para afrontar problemas y, sobre todo, voluntad para solucionarlos, y en Castilla-La Mancha ni existe capacidad ni existe voluntad. Por lo que se ve, en Castilla-La Mancha, repito, ni esa capacidad ni esa voluntad se tienen en cuenta, y así ocurre que, después de 20 años de mal gobierno, mi comunidad autónoma sigue en los últimos lugares de las regiones españolas en cuanto a desarrollo y progreso, cualquiera que sea el índice que se contemple, y mi querida provincia de Cuenca está en el último lugar de España, la número 50 de 50 consideradas, en índices de bienestar. Ese es el resultado de 20 años de gobierno socialista, y así las cosas, señorías, el Partido Popular hará el seguimiento...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Madero, le ruego concluya, su tiempo ha cumplido de sobra.


El señor MADERO JARABO: Concluyo, señora presidenta, diciendo por último que mi grupo hará el seguimiento que el caso merece, que presentará cuantas iniciativas entienda oportunas, por ejemplo esta proposición no de ley; alguno de los grupos ha hablado de una proposición no de ley, ya está presentada en el registro de la Cámara. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) En coherencia con la actitud que hay que tomar en la materia, presentará las iniciativas oportunas en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes de Castilla-La Mancha para aclarar y determinar responsabilidades políticas en este y en cuantos casos se nos presenten originados, como hasta ahora, por la frivolidad, la incompetencia y la desidia del Gobierno socialista.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la solicitud, de los grupos parlamentarios Federal de

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Izquierda Unida y Mixto, de creación de una comisión de investigación sobre las ayudas de la PAC a la alfalfa en Castilla-La Mancha en los últimos años.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, cuatro; en contra, 156; abstenciones, 82.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Se suspende la sesión, que se reanudará esta tarde a las cuatro.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL SERÁ LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN LA POSGUERRA DE IRAK? (Número de expediente 180/001926.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VIII del orden del día: preguntas. En primer lugar, las dirigidas al presidente del Gobierno.


Pregunta número 19, que formula el diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, a riesgo de parecer más rojo y más radical, le quiero preguntar, ¿después del lío de la guerra nos va a liar también en la posguerra?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor presidente, al objeto de dar respuesta a la pregunta cuyo tenor figura en el orden del día y que dice: ¿Cuál será la presencia española en la posguerra de Irak?

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, la aportación española será la que está siendo: de ayuda humanitaria y de ayuda y de apoyo, naturalmente, a la reconstrucción del país y el establecimiento de un régimen libre y democrático en Irak.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, usted mismo decía que estas elecciones no eran las de la guerra, y resulta que empieza la campaña en Washington, hablando de la guerra y de la mano de George Bush. ¿Quién es el más extremista de esta Cámara, señoría?

Por otra parte, señor Aznar, habla usted de la seguridad después de la guerra. ¿Después de lo que ha ocurrido también recientemente en Arabia Saudí? ¿Este mundo es más seguro después de la guerra o, por el contrario, es más inseguro? Hemos provocado una espiral de violencia, de guerra y de terrorismo que probablemente hace que este mundo sea muy inseguro, al margen del derecho internacional y al margen de Naciones Unidas.


Para España, ¿España es más segura después de esta guerra, señor Aznar? ¿Es más segura con la lista de Estados Unidos o es más segura con la colaboración con Francia y con la Unión Europea que usted ha deteriorado por su compromiso con esta guerra?

Señor presidente del Gobierno, lo peor es la frivolidad. No es que usted sea un extremista o que sea un radical con relación a la política exterior, es que, además, es el frívolo que acusa a la oposición de frivolidad, porque al final, señor Aznar, la relevancia del Gobierno español en esta guerra es que les van a dar una subcontrata con derecho a terreno, desértico, claro está. Van ustedes a cuidar y gobernar un desierto con lagartos y con cactus.


Señor Aznar, lo peor de todo ello es que quiere enviar fuerzas españolas y funcionarios españoles a proteger el desierto, quiere enviar miles de ciudadanos españoles a proteger su subcontrata, a proteger su pequeña parcelita en Irak. Señor Aznar, eso no es serio. Es una frivolidad esa política exterior. Nosotros creemos que hay otra política exterior, la de la paz, de Naciones Unidas y del derecho internacional y no la de las aventuras en las que usted nos ha comprometido en los últimos tiempos.


Señor Aznar, lo que le quiero decir ahora al final de la intervención no es que se vaya, ni que se quede tampoco, como dice Felipe González. Es que se vaya de Irak, eso sí se lo pido, que se vaya de Irak y que deje Naciones Unidas. (Rumores.-El señor Gómez-Alba Ruiz: ¡Qué pesado!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señorías, guarden silencio. Señor Gómez-Alba, guarde silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, los españoles sabemos por experiencia propia, desgraciadamente, que la lucha contra el terrorismo es larga y, naturalmente, eso lo sabemos también en todo el mundo, que la lucha contra el terrorismo será una lucha larga. No me parece que sea una consecuencia del conflicto en Irak ni de la situación de Chechenia -no parece razonable decir eso-, ni tampoco la existencia de Al Qaeda, ni la existencia de Bin Laden. Tampoco eso es razonable a la vista de los acontecimientos que han pasado durante mucho tiempo.


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Le quiero decir, por otra parte, que con relación a la cooperación internacional estamos muy satisfechos de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo en España, especialmente también de la francesa. Su señoría ha sido muy oportuno, como suele ser casi siempre, y precisamente ha ido a apuntar este ejemplo unos días después de que la colaboración franco-española se ha demostrado ejemplar en la desarticulación de comandos terroristas en Francia.

Quiero decirle que España va a seguir haciendo ayuda humanitaria, a la que usted y sus compañeros de coalición se han negado en reiteradas ocasiones, que nosotros deseamos un papel central de las Naciones Unidas, un papel vital de Naciones Unidas, que para eso hemos presentado una resolución en el Consejo de Seguridad que está forjando el más amplio consenso en el Consejo de Seguridad, un papel institucional de reconstrucción humanitaria, un papel específico para el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas.


Evidentemente nosotros vamos a remodelar el contingente español. Quiero agradecer muy especialmente a todos los miembros de las fuerzas armadas que han estado desplegados en Irak durante todo este tiempo la tarea que han realizado y también agradecerles la que van a seguir realizando en el futuro; a los que han vuelto la tarea que han realizado y a los que siguen allí la tarea que están realizando. Queremos un futuro democrático en Irak y vamos a trabajar por ello, evidentemente en el marco de la legalidad internacional de las Naciones Unidas. Ya sé que no contamos con su ayuda, pero tampoco se la vamos a pedir, señoría.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ ILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LOS ÚLTIMOS DATOS DE CREACIÓN DE EMPLEO? (Número de expediente 180/001930.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula el diputado don José Eugenio Azpiroz Villar.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señoras y señores diputados. Señor presidente del Gobierno, hace tan solo escasos meses el principal partido de la oposición criticaba aquí con dureza la política de empleo del Gobierno; no sólo eso, sino que lo traducía en iniciativas como enmiendas de totalidad a la sección 19 y a la sección 60 de los Presupuestos Generales del Estado de 2003, es decir, a la Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo, y también formulaba un texto alternativo al Instituto Nacional de Empleo.


Por eso hoy, señor presidente, le pregunto qué valoración hace el Gobierno de los últimos datos de creación de empleo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, afortunadamente el crecimiento de la economía española en este momento dobla la media de la Unión Europea y todos los indicadores expresan que nuestro crecimiento va a ser mayor en el futuro. Creo sinceramente que en los próximos meses vamos a ver un mayor crecimiento de la economía española y, por tanto, un mayor incremento de las tasas de empleo en nuestro país y en la economía española, así como también un mayor incremento de los afiliados y cotizantes a la Seguridad Social.


Quiero decirle que estamos en récord histórico de ocupación en España en este momento y que estamos en récord histórico de afiliados cotizantes a la Seguridad Social en este momento. En el último año, que ha sido un año de decaimiento económico general en Europa -sabe S.S. que algunos países están absolutamente estancados, incluso algunos en recesión-, se han creado en España más de 377.000 nuevos puestos de trabajo, es decir, más de 1.000 empleos nuevos todos los días, por el crecimiento económico en nuestro país. En los últimos siete años, según la encuesta de población activa, han sido 3.800.000 españoles, en números redondos, los que han accedido al nuevo puesto de trabajo y más de 4.200.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Eso significa que hay un fondo de reserva de la Seguridad Social dotado con 7.300 millones de euros, significa que las pensiones están garantizadas y significa, además, que la tasa de ocupación garantiza un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de una manera muy sólida y muy estricta. Ese crecimiento nos permite tomar medidas como la que vamos a adoptar el próximo viernes: una nueva ley de familias numerosas y una ley de integración social de los minusválidos. Todo eso significa creación de empleo en España, señoría, y significa tasas de desempleo bajas, en algunas comunidades autónomas cercanas al pleno empleo, y significa nuevas oportunidades de empleo para la mujer, muy distinto de una tasa de desempleo del 25 por ciento como la que nos encontramos en este país.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


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- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ES CONSCIENTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LAS DIFICULTADES DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS PARA ACCEDER A LA VIVIENDA? (Número de expediente 180/001939.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Aznar, en el debate sobre el estado de la Nación de 2001 y también en el de 2002, y hace tres meses en una pregunta parlamentaria, me interesé por los problemas que tienen las familias y los ciudadanos en este país para acceder a la vivienda. Tiene usted un récord muy notable: desde que gobierna el precio de la vivienda ha subido en España el 80 por ciento, lo que ha originado un endeudamiento progresivo de las familias que están en unos niveles muy preocupantes, lo que está originando que la tasa de ahorro de las familias sea muy baja, lo que está originando la imposibilidad de acceso a la vivienda de muchos jóvenes, porque además cada vez hay menos viviendas de promoción pública.


En estos años de gobierno se han demostrado absolutamente incapaces de hacer una política de vivienda. Ha sido un fracaso, a pesar de sus buenos equipos, a pesar de esos programas, a pesar de esa gestión que todo el día anda explicando por ahí. Por eso, le pregunto: ¿Es usted consciente del problema que tienen los españoles y está dispuesto a tomar alguna medida a favor del acceso a la vivienda para las familias en España? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señoría, soy consciente de todas las dificultades que tienen los españoles y trabajamos para superarlas todos los días. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Sí, la verdad es que han trabajado con una filosofía muy significativa, la del señor Cascos cuando dijo que el precio de la vivienda estaba como estaba y era muy caro porque los españoles vivían muy bien. Yo creo que se equivocaron. Lo que pasa es que el Gobierno vive muy bien y por eso no se entera de lo que pasa con la vivienda y de los problemas que tienen las familias. (Aplausos.) Por eso, señor Aznar, debería de enterarse del dato que acaba de dar el Banco Central Europeo, que dice que el 20 por ciento de la subida del precio de la vivienda en España es fruto de la especulación. Es decir, que hay un 20 por ciento de lo que paga cada familia que está injustificado, que es sólo fruto de una política de suelo, de vivienda, de modificación legislativa por su parte que ha originado la especulación y, por tanto, la imposibilidad para muchas familias de acceder a la vivienda. Ya que le gusta hablar tanto de coaliciones, le voy a decir la coalición más evidente que hay aquí, que es la del Partido Popular y su Gobierno con los especuladores del suelo en detrimento de los ciudadanos de este país.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Muy agradecido por su rigor, señor Rodríguez Zapatero; muy agradecido por su rigor...
(Rumores.-El señor Ollero Tassara pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor presidente.


Señorías, guarden silencio. Señor Ollero, guarde silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Una vez más, señoría, es un ejemplo de solvencia en los datos y de rigor.


Quiero decirle que yo he citado varios récords importantes, porque creo que la mejor política social en España y fuera de España es crear empleo.
Cuatro millones de puestos de trabajo y tener las tasas más altas de afiliación de la Seguridad Social es muy importante. Nosotros hemos hecho un plan de vivienda del 2002 al 2005 en donde se duplican las ayudas a la vivienda, donde queremos facilitar el acceso a quien no pueda acceder a la vivienda libre, teniendo en cuenta que estamos ante los tipos hipotecarios más bajos que ha conocido la historia de nuestro país.
Además de eso, señorías, hemos aumentado las ayudas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y las hemos concentrado en las rentas más bajas. Evidentemente, le quiero decir, señoría, que hay algunos récords, y ya he visto que alguna coalición. Yo sé que el precio del suelo es excesivo en España y en los últimos años ha aumentado un 125 por ciento; lo que pasa es que nosotros debemos haber escogido los especuladores malos, los buenos debían estar con ustedes, porque el precio de la vivienda entonces subió un 225 por ciento, no un 125 por ciento. (Aplausos.)

Usted ha rechazado aquí un acuerdo sobre la vivienda que nosotros hemos ofrecido a sus comunidades autónomas. Usted ha votado en contra del fomento de

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las viviendas de alquiler nada menos que la semana pasada, y usted ha planteado una propuesta en la cual dice que el 30 por ciento de las ayudas debe ser para viviendas de los jóvenes. Señorías, es que en el plan actual de vivienda el 80 por ciento de las ayudas están destinadas a vivienda de los jóvenes. Por tanto, no le vamos a hacer caso. (Aplausos.) Por cierto, ya que habla S.S. de gestión, pregunte usted y entérese -de eso se puede enterar, basta con preguntar- cómo se han vendido 160.000 metros cuadrados de suelo en el Ayuntamiento de Barcelona, para qué. Verá usted como en esos 160.000 metros cuadrados, que son el equivalente a 16 manzanas del Ensanche de Barcelona, no hay ni una sola vivienda social.


Muchas gracias. (Aplausos. Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁNDO VAN A SER RATIFICADOS POR LA COMISIÓN MIXTA PARA EL 1 POR CIENTO CULTURAL LOS COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE SAN FELIPE, EN FERROL? (Número de expediente 180/001927.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.


En primer lugar, la número 20, que formula el diputado don Francisco Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Fomento, como usted sabe, el castillo de San Felipe, en Ferrol, es una joya de la arquitectura y de la ingeniería militar, y fue desafectado por Defensa y comprado por el Ayuntamiento de Ferrol después de inviabilizarse varias veces y venderlo en pública subasta.


El ayuntamiento desembolsó 160 millones de pesetas y hoy, afortunadamente, el castillo está abierto al público y puede ser visitado. Sin embargo, hay un compromiso del Ministerio de Fomento, que figura en el acta número 20 de la comisión mixta del 1 por ciento cultural, para participar en la rehabilitación de dicho castillo, que aún no se ha consumado. Por eso, le preguntamos: ¿Cuándo van a ser ratificadas por la comisión mixta para el 1 por ciento cultural los compromisos del Ministerio de Fomento para la rehabilitación del castillo de San Felipe, en Ferrol?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, cuando finalicen las obras del 1 por ciento cultural en Ferrol, relativas al teatro Jofre y al museo cuartel de La Herrería.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Celebro, señor ministro, que empiece a haber una perspectiva temporal planificada, que era algo que se venía obviando en las respuestas del Gobierno por escrito. Le invito a que participe activamente, una vez resuelto el problema de Jofre, que sabe que también es con participación del erario público local, y tome buena nota de este nuevo proceso rehabilitador, que redundará muy beneficiosamente en el espacio urbano de Ferrol, en sus características artísticas y en su importancia de carácter turístico y cultural.


Nada más, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor diputado.


El Ministerio de Fomento, con cargo al 1 por ciento cultural, tiene en marcha dos actuaciones que le he señalado, que suponen en conjunto 4.123.000 euros de inversión de este ministerio, aparte de otras instituciones.


En el ejercicio 2001 al museo Naval y al teatro Jofre se dedicaron 1.393.000 euros y en 2002 633.000 euros, lo cual significa que entre 2000 y 2002 el 1 por ciento cultural ha dedicado a Ferrol 2.094.000 euros.
Señoría, podrá parecer mucho o poco, pero supone el 57,5 por ciento de las inversiones del 1 por ciento cultural en todo Galicia en el período 2000-2002 y, concretamente, de la anualidad de 2000 fue el 36,85 por ciento.


El 1 por ciento cultural, como S.S. sabe, responde a una base inversora objetiva; para destinar el 1 por ciento hay que destinar el 100 a obras de conservación del patrimonio en el ámbito, con preferencia, dice la ley, en la propia obra o en su inmediato entorno. Por eso, en Ferrol hay un volumen de proyectos para ser financiados con cargo al 1 por ciento cultural muy estimable, entre ellos, la infraestructura por la que S.S.
se interesa. Sin embargo, no es menos cierto que el 1 por ciento cultural tiene sus propios límites y, por eso, teniendo en marcha otras dos actuaciones que se habían programado con anterioridad, si se dedicara más dotación a Ferrol, estaríamos prácticamente concentrando los esfuerzos del 1 por ciento cultural en la ciudad departamental, cuando Galicia y otras comarcas necesitan un reparto equitativo del 1 por ciento cultural.
En todo caso, el 1

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por ciento cultural en Ferrol en estos momentos es una inversión muy relevante, de las más relevantes que está haciendo el Ministerio de Fomento en España y la más relevante que está haciendo el Ministerio de Fomento en toda Galicia.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS MEDIDAS ADOPTADAS RECIENTEMENTE POR EL CONSEJO DE MINISTROS PARA FOMENTAR EL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA JÓVENES? (Número de expediente 180/001935.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don Enrique Belda Pérez-Pedrero.


El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, presidenta.


Señor ministro, mi grupo se viene interesando por las medidas de su ministerio acerca del alquiler para jóvenes. No hace ni diez minutos que nos han dado una auténtica lección de olvido histórico. Parece ser que algunas personas en su juventud no tuvieron que alquilar viviendas, no tuvieron que hacerse con ninguna vivienda. Queremos recordar que los que por aquel entonces, a principios de los noventa, tenían un buen cargo público probablemente no tuvieron que echar mano de ningún préstamo hipotecario y, si al final lo echaron, fue a un tipo del 16 por ciento, entre otras cuestiones porque los alquileres les costaba más que ahora.


A algunos habría que darles una clase de alfabetización competencial al decirles que la principal responsabilidad está en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales y, sobre todo, que, a raíz de alguna resolución del alto Tribunal, del Tribunal Constitucional, en el año 1997, esa responsabilidad se aborda mejor desde las comunidades autónomas.


Son precisamente algunos partidos como el nuestro los que en esta campaña están proponiendo medidas coherentes de fomento de la vivienda y de fomento del alquiler. Sin embargo, nosotros queremos -con mayor oportunidad después de las desafortunadas consideraciones de hace escasamente diez minutos- que esta tarde nos vuelva a ilustrar sobre las medidas de su gabinete acerca del alquiler de vivienda para jóvenes.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta.


Señor diputado, S.S. recordará que en el Plan de vivienda 2002-2005 uno de los capítulos más novedosos es el fomento de la vivienda en alquiler, que tiene como objetivo que exista un parque de viviendas con renta máxima del 7 por ciento del precio teórico de venta de la vivienda si el alquiler es a 10 años o del 4 por ciento del precio teórico de venta de la vivienda si el alquiler es a 25 años. Para eso se incentiva a los promotores de viviendas con destino al alquiler. Dentro del éxito del Plan de vivienda en el año 2002, que ha superado sus objetivos hasta alcanzar el 104 por ciento, uno de los programas con más aceptación en todas las comunidades autónomas ha sido el de ayudas a la vivienda en alquiler, de las que se benefician principalmente los jóvenes.


Además el Gobierno también ha querido favorecer la vivienda en alquiler a través de medidas fiscales y por eso, por medio de un decreto-ley convalidado por esta Cámara, con el voto en contra de la oposición, hemos añadido también beneficios fiscales para promotores que construyan viviendas, de las que al menos una tercera parte tenga opción de compra a favor del arrendatario sin contraprestación ni compensación alguna, no sólo para alquilar sino para que ese ahorro se convierta en capitalización de la posible futura compra de la vivienda. Para disfrutar de esos dos beneficios fiscales las viviendas no pueden tener una antigüedad mayor de tres años, su superficie no puede exceder de 110 metros cuadrados y la actualización del precio del alquiler durante los cinco primeros años tiene que ser inferior al IPC menos 0,75 puntos. Como ve, son medidas dirigidas a hacer accesibles los alquileres para la inmensa mayoría de los jóvenes que aspiran a poder alquiler una vivienda.
Se fomenta la opción de compra y a los promotores se les dan incentivos fiscales en la cuota íntegra de los alquileres de las viviendas que cumplan estos requisitos si, en el caso de viviendas de protección oficial, el incremento de la exención aumenta hasta el 97 por ciento de la cuota íntegra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS INSTRUCCIONES O NORMAS DADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AVIACIÓN CIVIL U OTRAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS O GUBERNAMENTALES, A LOS PILOTOS DE AERONAVES COMERCIALES ESPAÑOLAS CON RELACIÓN AL MODO DE OPERAR EN CASO DE QUE SE PRODUZCA INTERCEPTACIÓN EN VUELO POR PARTE DE AERONAVES

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MILITARES DEL EJÉRCITO DEL AIRE EN SERVICIO DE VIGILANCIA Y AUXILIO (SECUESTROS, ANTITERRORISMO), PARA QUE LOS PILOTOS DISPONGAN DE INFORMACIÓN CLARA Y PRECISA? (Número de expediente 180/001949.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 42, que formula el diputado don Luis Mardones Sevilla.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Fomento, ¿cuáles son las instrucciones o normas dadas por la Dirección General de Aviación Civil u otras instancias gubernamentales a los pilotos de aeronaves comerciales españolas en relación con el modo de operar en caso de que se produzca interceptación en vuelo por cazas del Ejército del Aire en servicio de vigilancia y auxilio como secuestros o antiterrorismo, para que los pilotos comerciales dispongan de información clara y precisa?

Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, la normativa que regula en España las interceptaciones en vuelo es la normativa internacional recogida en el convenio internacional de aviación civil de Chicago, del que España es Estado contratante. A modo de resumen, establece unas normas de procedimiento en estos supuestos por parte de aeronaves militares del Ejército del Aire en servicio de vigilancia y auxilio que, además, están públicamente regulados y ampliamente divulgados. Se establecen las responsabilidades del comandante al mando de la aeronave civil, las de los servicios de tránsito aéreo y las de la aeronave interceptora y todo ello, además, como le he dicho, conforme a la normativa internacional vigente respecto a esta materia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.


Mi pregunta venía motivada por el hecho de que desde los trágicos accidentes terroristas en Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001 los usuarios frecuentes en España -como somos muchos diputados y miles de ciudadanos- venimos observando una serie de medidas excepcionales en los aeropuertos de control de personas para evitar que puedan portar armas o cualquier instrumento de uso terrorista para el secuestro de aeronaves.


Nos llamó precisamente la atención también, hablando con comandantes de las compañías españolas comerciales, el hecho de que no tengan una instrucción clara ni por parte del Ministerio de Defensa ni por parte del Ministerio de Fomento y su Dirección General de Aviación Civil. Prueba de ello es que en la revista Aviador, órgano de expresión del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial Española, su decano, don Carlos Alós, en un artículo interesante publicado el año pasado decía que no es admisible que nuestros pilotos comerciales carezcan de una información clara y concisa sobre el modo de operar en el caso de interceptación en vuelo por parte de aeronaves militares en servicio de vigilancia. Esto ha llevado, y precisamente hemos estado apoyando la ley de seguridad de la aviación civil, en tramite actualmente en el Senado, a una serie de medidas no sólo de protección física de los pilotos -cabinas estanco, etcétera- que se habían puesto a raíz de estos atentados terroristas, sino antiterroristas. Era necesario saber a qué tenía que atenerse un piloto de aviación comercial si en una operación en vuelo con pasajeros civiles sufriera la interceptación por las razones que fueran -presunción de secuestro, etcétera-, qué normativa debería seguir el comandante de la aeronave. Había hecho referencia a este tratado internacional. Desearía que esas dudas que tienen los pilotos comerciales españoles pudieran ser atendidas preferentemente en combinación con el Ejército del Aire, que también...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias.


Señor diputado, me gustaría profundizar un poco más en las preocupaciones que subyacen en su pregunta porque, en lo que conozco, la divulgación de estos procedimientos figura en las publicaciones de información aeronáutica y están suficientemente explicitadas cada una de las causas y las respuestas en estos supuestos. Ya le he dicho que la legislación traslada fielmente las disposiciones internacionales sobre la materia y es obligación de todos los pilotos al mando de aeronaves civiles conocer estas medidas y también los operadores, que deberán asegurarse de disponer a bordo tanto de los procedimientos de interceptación como de las señales visuales aire a aire establecidas en el reglamento pertinente. La coordinación entre las dependencias de control e interceptación y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo también está reglamentada, está estipulada en el reglamento de circulación aérea operativa, que es el reglamento destinado a las necesidades específicas de tránsito aéreo militar, y la coordinación queda aún más delimitada, si cabe, en las normas de coordinación civil militar. El actual proyecto de ley de seguridad

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aérea recoge estas obligaciones tanto para personal aeronáutico como operadores y proveedores, que habrán de cumplir con diligencia estas normas, incluidas, por tanto, las relativas a la interceptación, y además deberán atender las órdenes, instrucciones o directrices adoptadas por las autoridades aeronáuticas en el ejercicio de sus funciones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RICARDO BUENO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿PUEDE INFORMAR EL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO SOBRE LAS LÍNEAS ACTUALES DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001931.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. En primer lugar, la número 24, que formula el diputado don Ricardo Bueno Fernández.


El señor BUENO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente segundo del Gobierno, la competencia como principio rector de toda economía de mercado representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra sociedad y constituye en el plano de las libertades individuales la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entronca directamente con el artículo 38 de la Constitución, en pocas palabras, garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público. Este es el motivo por el cual le formulo la siguiente pregunta: ¿Puede informar el vicepresidente segundo del Gobierno sobre las líneas actuales de la política de competencia en España? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.


Señorías, guarden silencio.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.


La política de competencia que el Partido Popular ha impulsado desde el año 1996 ocupa un lugar prioritario en el diseño de la política económica y me gustaría subrayar tres objetivos que hemos venido persiguiendo y creo que cumpliendo desde entonces: agilizar los procedimientos, incrementar la trasparencia y la seguridad jurídica de los ciudadanos afectados y reforzar la eficiencia general del sistema.


En cuanto a la agilización de procedimientos, quisiera subrayar que en estos momentos se han reducido notablemente los plazos en todos los casos, especialmente en el control de concentraciones. Hemos de recordar que a partir del año 1999 es obligatoria la notificación de las operaciones de concentración en nuestro país, cuyo procedimiento completo dura como máximo cuatro meses, si bien, como sabe la Cámara, en torno al 85 por ciento de las operaciones se aprueban en la primera fase, es decir en un mes. En materia de expedientes sancionadores se han introducido plazos máximos en el servicio y en el tribunal que no pueden alcanzar más de un año, en comparación creo que muy ventajosa con lo que sucede en otros países de la Unión Europea, en algunos de los cuales no hay ni siquiera plazos.


Para reforzar el segundo objetivo, mayor transparencia y seguridad jurídica, desde principios de este año se publican en la página web del ministerio los informes del Servicio de Defensa de la Competencia, y a partir del último decreto-ley que ratificó la semana pasada esta Cámara tendrán publicidad inmediata también los informes de concentraciones del tribunal, antes de que decida el Consejo de Ministros. Desde el punto de vista material, desde el año 1991 también se han reforzado los órganos de competencia multiplicando por tres sus recursos y también los medios personales notablemente. Quiero recordar también que siguiendo la sentencia del Tribunal Constitucional se ha puesto en marcha la Ley de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia y que desde el punto de vista práctico el incremento de las operaciones ha sido muy notable. En el año 2002 se ha llegado a un máximo histórico de 100 operaciones de concentración notificadas, y de las operaciones que pasan a la segunda fase, es decir las que van al tribunal, que representan aproximadamente el 15 por ciento de las notificadas, el 92 por ciento de las mismas se aprueban sin más o condicionadas, y sólo ha habido por parte del Consejo de Ministros una prohibición total de cuatro operaciones desde el año 1990. En cuanto a las prácticas restrictivas de la competencia, a lo largo del año pasado se finalizaron más de 100 expedientes por el Servicio de Defensa de la Competencia, por lo que nos encontramos ante un momento de gran madurez, eficiencia y transparencia en el sistema de defensa...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


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- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿POR QUÉ EL MINISTRO DE ECONOMÍA, TRANSCURRIDOS CASI TRES AÑOS DEL ESCÁNDALO GESCARTERA, NO HA DESVELADO AÚN LA IDENTIDAD DE LOS TITULARES DE LAS CUENTAS SECRETAS EXISTENTES EN EL BANCO HSBC? (Número de expediente 180/001940.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don Antonio Cuevas Delgado.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.


Señor Rato, es usted el responsable político del escándalo Gescartera y de que en España funcionara un banco como un paraíso fiscal, y no lo puede eludir. Llevamos dos años intentando que nos conteste a preguntas elementales y usted trata de confundirnos deliberadamente no diciendo la verdad y escudándose en cosas muy variopintas. La pregunta es: ¿Por qué no asume de una vez su responsabilidad y desvela ante esta Cámara, y de paso se lo dice a los tribunales, quienes son las personas que se encuentran detrás de esas más de 160 cuentas secretas del HSBC? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; gracias, señor diputado.


No entiendo por qué S.S. me hace una pregunta falsa. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Señor Rato, lo falso de la pregunta será seguramente que usted tiene responsabilidad en el Ministerio de Economía.
Por lo demás, creo que es una pregunta correctísima y no debería contestar de esa forma. (Rumores.)

El propio banco HSBC confirmó que usted, el señor Aznar, el señor Montoro y otros estuvieron en la sede de este banco en Londres en el año 1993.
Usted volvió en 1995 y el señor Montoro en 1996. En el año 1996 nombra al señor Giménez-Reyna director general de Tributos, que luego fue secretario de Estado y el hombre del Gobierno en Gescartera. Sustituye a los consejeros de la CNMV y a los responsables de la Agencia Tributaria por personas de su confianza y a sus órdenes. Desde el año 1996 comienza a crecer el fraude de Gescartera y en paralelo las cuentas cifradas del HSBC. Al menos desde el 11 de abril de 1999 usted sabía que Gescartera era una gran estafa y conocía la existencia de cuentas secretas en el HSBC, pero ni usted ni el Banco de España hacen nada. La CNMV oculta el fraude y la Agencia Tributaria paraliza expedientes. El 4 de diciembre de 2000, el HSBC le concede un crédito inverosímil que usted niega en un primer momento, mintiendo una vez más. Como responsable político puede proponer al Gobierno que cese a los responsables que incumplan con su obligación y no lo ha hecho. ¿Sabe por qué, señor Rato? Porque siempre estuvieron a sus órdenes. Usted y el señor Aznar son colaboradores necesarios para esta estafa, al igual que todos los que han intervenido, han paralizado expedientes y no han puesto los medios incumpliendo la ley. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; señor diputado.


Independientemente de que las acusaciones de comisión de delitos a mi persona y a otros miembros del Gobierno debería S.S. plantearlos en los tribunales si cree en ellas y, si no, no abusar de su condición de diputado. (Una señora diputada: ¡Muy bien!), respecto a la pregunta que me plantea, el día 18 de diciembre de este año, doña Luisa Fernanda Rudí Úbeda, creo que presidenta del Congreso de los Diputados (Rumores.), se dirige a la Mesa de la Cámara y comunica que la misma ha adoptado el acuerdo que es, dar documentación facilitada a Don Antonio Cuevas Delgado, creo que es usted, relativa de su solicitud de informe a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, recabando el informe realizado por el servicio ejecutivo y la secretaría de la comisión siguiendo directrices de su presidente. Se refiere a las 131 cuentas opacas abiertas en la entidad bancaria, etcétera. Por tanto S.S. desde el mes de diciembre de este año tiene toda la documentación, sabe los nombres, y ha hecho muy bien en no dar esos nombres porque está igual de obligado que el resto del Gobierno a no dar esos nombres porque están sometidos a secreto. Por tanto, yo tengo que felicitar a S.S. porque haya mantenido la reserva que impone la ley a cualquiera que tenga acceso a ese expediente; expediente que por cierto dio lugar a una sanción de más de dos millones de euros, ratificada por unanimidad por todos los miembros del servicio ejecutivo y la secretaría de la Comisión del blanqueo de capitales. Por lo tanto S.S. me hace una

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pregunta que desde el mes de diciembre tiene la información. Esa es la realidad.


Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿A qué efectos, señor Cuevas? ¿Qué artículo del reglamento menciona S.S.?

El señor CUEVAS DELGADO: Lo estaba buscando, pero le digo el motivo.
(Risas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Una señora diputada: ¿De qué te ríes?-Rumores.)

Señorías guarden silencio. Señor Martínez-Pujalte, guarde silencio, por favor.


El señor CUEVAS DELGADO: El documento al que he hecho referencia el señor ministro, al ser secreto, no permite conocer si él dice la verdad o la digo yo. Por lo tanto que se haga público y se lea. (Rumores.-Varios señores diputados: Que se lea.-Un señor diputados: ¡Qué barbaridad!) El artículo es el 72.2.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señorías. Guarden silencio. Señor Cuevas, ¿exactamente qué documento es el que está pidiendo que se lea?

El señor CUEVAS DELGADO: El que ha citado el vicepresidente y en el que constan los titulares de las cuentas secretas del HSBC. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, yo no he oído al señor vicepresidente que haya dicho que tiene un documento en el cual constan los nombres, porque si son secretas... (Rumores y protestas.) Yo no lo he deducido.
Señor Cuevas, lo que yo he deducido de la intervención del señor vicepresidente, y será lo que se pueda leer, es un acuerdo de la Mesa de esta Cámara recibiendo y calificando una documentación remitida por el Gobierno. Pero en cualquier caso, si el señor vicepresidente hace llegar a la Presidencia ese documento se dará lectura al mismo. (Aplausos.-El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía hace entrega del documento a la Presidencia.)

El documento que lleva el membrete del Congreso de los Diputados, Secretaría General, registro de salida, fecha 18 de diciembre de 2002, número de registro 069529 y dice lo siguiente: La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia, solicitud de informe a la Administración del Estado, artículo 7, autor Gobierno, documentación facilitada a don Antonio Cuevas Delgado, Grupo Socialista, relativa a su solicitud de informe a la Comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias, Ministerio de Economía, recabando el informe realizado por el servicio ejecutivo y la secretaría de la comisión, siguiendo directrices de su presidente, en relación con los movimientos realizados en España a través de las aproximadamente 138 cuentas opacas abiertas en la entidad bancaria HSBC, España, que la entidad bancaria suiza del HRBS, filial del HSBC, tenía abiertas mediante contratos de gestión patrimonial con clientes cuya identidad permaneció oculta sobre el uso que se dio a las mismas, compatibilidad con la normativa vigente, así como la identidad de los clientes finales. Entre paréntesis, se acompaña anejo. Acuerdo: Ratificar el acuerdo adoptado por la Presidencia de la Cámara el día 10 de octubre de 2002, de manera que la aludida documentación quedará bajo la custodia de la Secretaría General de la Cámara y sólo podrá ser consultada por V.E. de modo directo, sin que puedan facilitarse fotocopias (Rumores.), si bien tal consulta se realizará en las dependencias del departamento de Archivo de la Cámara y bajo la presencia de un funcionario de la administración parlamentaria.
Palacio del Congreso de los Diputados, a 17 de diciembre de 2002.
Firmado, presidenta del Congreso de los Diputados. (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)

Señor Cuevas, lo siento, pero doy por finalizado el debate.
(Protestas.-Aplausos.-El señor Encina Ortega: No hay nombres.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ INICIATIVAS HA TOMADO EL MINISTRO DE ECONOMÍA PARA IDENTIFICAR A LOS TITULARES DE LAS CUENTAS SECRETAS EXISTENTES EN EL BANCO HSBC? (Número de expediente 180/001941.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula la diputada doña María Teresa Costa Campi.


La señora COSTA CAMPI: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, su ministerio ha demostrado una gran ineficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y fraude fiscal. A fecha de hoy, a pesar de la pequeña discusión habida, seguimos sin saber quienes son los titulares de las cuentas opacas del HSBC, porque lo cierto es que el señor Cuevas señala que no aparecen los nombres. (Rumores.) El ejercicio de la función supervisora del Banco de España y de las obligaciones de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales están en cuestión por no actuar en materia de diligencia bancaria, conforme lo establecido por el Comité de supervisión bancaria vale de Basilea, y por la declaración que yo oí de su secretario de Estado y presidente de la citada comisión al afirmar que no podía llegar a conocer los titulares últimos de dichas cuentas.


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Señor ministro, el Banco de España sólo se ha dirigido a la autoridad supervisora británica en la fase final del expediente de sanción, un año después de que el gobernador reconociera la existencia de cuentas opacas, cuando -repito- lo correcto era solicitar inmediatamente la obligada colaboración del regulador del Reino Unido para acceder a la identificación de los clientes de la sucursal del banco británico. El procedimiento que ustedes han seguido no es el que fijan las directrices para la prevención del blanqueo de capitales en actividades de banca privada. Se ha incumplido la Ley de disciplina e intervención de entidades de crédito, la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto sobre prevención del blanqueo de capitales, que regulan la cooperación entre supervisores internacionales. La sanción al HSBC no cierra el tema.
Es preciso saber los nombres de los titulares y conocer si junto con la evasión y fraude fiscal se han realizado otras actividades delictivas. La información que hoy tenemos sigue siendo insuficiente. ¿Ha tomado alguna otra iniciativa para resolver el tema que tiene pendiente, que afecta a sus responsabilidades y compromete su gestión?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta; gracias, señora diputada.


Como sabe S.S., desde el 14 de junio de 2001, por denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se dio traslado al ministerio fiscal y se intervino la entidad Gescartera. El 21 de junio se presenta la denuncia ante la Audiencia Nacional y la copresidenta de la comisión en aquel momento comparece en el Parlamento el 2 de agosto. Además, se aprueba una comisión de investigación que hace un trabajo exhaustivo -por cierto, sin precedentes en esta Cámara en ningún asunto financiero- y que concluye con un dictamen, aprobado por mayoría, según el cual no se encuentran responsabilidades políticas.


Sobre las cuentas secretas del HSBC quiero recordar a la Cámara que yo personalmente he contestado 12 preguntas, muchas de ellas realizadas por S.S., y sobre Gescartera más de 20, aparte de otras iniciativas y de las comparecencias de otros miembros del Gobierno. En ese sentido, es el propio gobernador del Banco de España quien pone en conocimiento de la Cámara la existencia de unas cuentas a nombre de una de las filiales del banco HSBC en Suiza, sin titulares. Una vez que el Banco de España no puede identificar los titulares, se pasa a la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, cuyo expediente completo obra en esta Cámara a disposición de una serie de diputados. Además, en esa comisión, presidida por el secretario de Estado de Economía y con una larga presencia de personas que he citado otras veces en esta Cámara, se impone la sanción a la que he hecho referencia.


Respecto a las actuaciones del Banco de España -en relación con las cuales le ha contestado el gobernador y le he contestado yo-, efectivamente se han pedido tanto a las autoridades suizas como a las autoridades británicas investigaciones sobre esta cuestión, con contestación de ambas, en el caso suizo solicitando que sea una comisión rogatoria y en el caso británico indicando que las autoridades británicas no tenían nada que plantear sobre la cuestión.


Su señoría conoce todas estas informaciones, y yo se las ratifico con mucho gusto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Señor Rato, insisto en que el procedimiento ha sido equivocado. No se trataba de ir a la autoridad de regulación de Suiza sino a la autoridad supervisora británica; esta era la vía. No les han dado respuesta y puede deberse a que ustedes no han intentado encontrarla. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora presidenta.


Daré traslado al gobernador del Banco de España de su opinión sobre la gestión del Banco de España en esta cuestión.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON AMADOR ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CON QUÉ OBJETO HA CONVOCADO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EL PRIMER CONCURSO NACIONAL PARA LA MEJORA E INNOVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES? (Número de expediente 180/001938.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, la

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número 31, que formula el diputado don Amador Álvarez Álvarez.


El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, la incorporación de las nuevas tecnologías y medios audiovisuales al proceso educativo, acogida con verdadero entusiasmo en los colegios por los escolares, ha tenido un efecto no deseado en la lectura de libros, actividad que ha sufrido una desmotivación y abandono de la misma muy importante. Es alarmante y motivo de preocupación que sólo el 36 por ciento de los adolescentes de 15 y 16 años lee libros en su tiempo libre más de una vez por semana, que el 38 por ciento son lectores ocasionales -sólo leen más de una vez por trimestre- y que el 26 por ciento no lee nunca o casi nunca. Si tenemos en cuenta la importancia que tiene la lectura en la formación y desarrollo cultural de los estudiantes, no es extraño que con estos datos estemos asistiendo no sólo al fracaso escolar sino a una formación cultural cada vez más endeble en inconsistente. El manifiesto de la UNESCO dice que las bibliotecas escolares proporcionan a los alumnos capacidades para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuyen a desarrollar su imaginación, permitiéndoles comportarse como ciudadanos formados y responsables. Como ocurre con los árboles, que hay que formarlos y orientarlos desde pequeños, también las personas necesitan prepararse desde la infancia y juventud para conseguir una buena formación cultural e intelectual. Por ello, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación establece que la lectura debe ser el eje vertebrador de todo el sistema educativo desde la educación infantil hasta el bachillerato e incluye actividades de fomento de la lectura en los currículos de todas las etapas educativas.


Sabemos que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha el Plan de fomento de la lectura 2001-2004, con el objetivo de facilitar el incremento de los hábitos de lectura especialmente entre la población infantil y juvenil y, al mismo tiempo, estimular y potenciar otras iniciativas coincidentes que pudieran promover otras administraciones públicas y privadas. También sabemos que para fomentar la lectura su ministerio ha presentado recientemente las iniciativas Viaje por el mundo de los libros, Pasaporte de lectura y Guía de padres, que demuestran el compromiso del ministerio con esta actividad educativa. Señora ministra, nos gustaría saber con qué objeto ha convocado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el primer concurso nacional para la mejora e innovación de las bibliotecas escolares.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.


Señora ministra de Educación.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias señora presidenta.


Señoría, ha planteado usted un tema ciertamente muy importante. El primer concurso nacional sobre mejora e innovación de las bibliotecas escolares se inserta en el Plan de fomento de la lectura; un plan muy ambicioso y a la vez muy realista y necesario que ha concitado el esfuerzo de todos los sectores vinculados con la lectura -los industriales vinculados al libro o los profesionales educativos-, pero no solamente el de estos. De hecho, cada vez son más las fundaciones e instituciones, en último término organizaciones públicas y privadas, que se van sumando con iniciativas diversas a colaborar en el Plan de fomento de la lectura.


El Plan de fomento de la lectura tiene un objetivo fundamental: los niños y los adolescentes, edades en las que se forjan los hábitos y actitudes, y si queremos que la lectura sea un hábito que se desarrolle a lo largo de toda la vida hace falta adquirirlo en esas edades. En este contexto es obvio que las bibliotecas escolares juegan un papel fundamental, y para eso está pensado este concurso, para estimular los planes de innovación y mejora de las bibliotecas escolares. Está dirigido a todos los centros públicos españoles de educación infantil, primaria y secundaria y formación profesional. Queremos que estos premios sirvan a la vez para reconocer la labor que se realiza y para estimular proyectos para desarrollar las bibliotecas escolares, desde muchas dimensiones, una muy importante que le menciono: la relación de la biblioteca con su entorno social, que la biblioteca escolar no solamente sirva a los alumnos del centro, que es lo fundamental, sino también a todo el entorno social en el que está ese centro educativo, en el que está esa biblioteca escolar.
Hemos convocado una serie de premios; un primer premio de 230.000 euros, un segundo de 150.000 y un tercero de 100.000 euros. En total, una inversión de 960.000 euros, casi un millón de euros, para estimular el desarrollo y los planes de innovación de algo tan importante como las bibliotecas escolares.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS REVUELTA MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL ÚLTIMO CONSEJO EXTRAORDINARIO DE MINISTROS DE SALUD DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO AL SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO SEVERO? (Número de expediente 180/001934.)

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La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad y Consumo, la número 27, que formula el diputado don Carlos Revuelta Méndez.


El señor REVUELTA MÉNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, desde que hace poco más de dos meses y medio, el 26 de febrero, se detectó el primer caso de esa nueva enfermedad conocida como síndrome respiratorio agudo severo o más comúnmente neumonía asiática, se han producido en todo el mundo algo más de 7.500 casos y 570 fallecimientos, afectando con casos propios a China, Hong Kong, Singapur y Canadá, y con casos importados a un total de 26 países. El cuadro clínico, que comienza con fiebre superior a los 38 grados acompañado de síntomas respiratorios, presenta -como ya hemos visto- una elevada mortalidad. El virus causante pertenece a la familia de los coronavirus y tiene un periodo de incubación que se calcula no superior a los 10 días, siendo su mecanismo de transmisión más probable el contacto directo con las personas infectadas. A día de hoy aún no conocemos tratamientos específicos eficaces ni, pese a todos los esfuerzos, se dispone de una vacuna. En cuanto a su diagnóstico, el Centro nacional de microbiología tiene capacidad técnica y dispone de medios suficientes para identificar el agente causal.


España se ha significado desde un principio por su liderazgo internacional a la hora de tomar medidas preventivas ante esta crisis sanitaria, cuyo impacto es solamente comparable en las últimas décadas al de la aparición del sida en 1981. Así lo reflejaba ya la Sociedad española de neumología y cirugía torácica, la SEPAR, en un comunicado emitido el 2 de abril, en el que destacaba que el Ministerio de Sanidad y Consumo había actuado con mucha celeridad para prevenir la neumonía asiática mediante la puesta en marcha de las medidas adecuadas. El Gobierno creó por Real Decreto de 21 de marzo la Comisión interministerial para el seguimiento de esta enfermedad, dictó las normas necesarias para el control de puertos y aeropuertos y junto a las comunidades autónomas estableció los procedimientos de coordinación, adoptando las medidas de vigilancia y notificación oportunas. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la actualización de su página web, mantiene constante y puntualmente informada a la población española sobre todo lo relativo a esta enfermedad. Por todo ello, señora ministra, me gustaría formularle la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno del último Consejo extraordinario de ministros de Salud de la Unión Europea relativo al síndrome respiratorio agudo severo?

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Revuelta.


Señora ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como ya conocen, el pasado martes día 6 tuvo lugar efectivamente esa reunión del Consejo extraordinario de ministros de Salud, con la presencia de la directora general de la OMS. En el debate se identificaron los elementos más significativos de esta enfermedad que a todos nos preocupa, sobre todo el sistema de detección precoz de la misma, los mecanismos de vigilancia y los protocolos de actuación en puntos de entrada en Europa, los mecanismos para la adecuada protección de la población ante casos de enfermedad y la información a los profesionales sanitarios de qué deben de hacer en cada caso. Por mi parte, y en calidad de ministra de Sanidad del Gobierno de España, hice las siguientes propuestas. Primero, la creación de un consejo científico asesor en el ámbito europeo para investigar el SRAS; en segundo lugar, señorías, la búsqueda de escenarios de colaboración en la prevención y el tratamiento (en este sentido ofrecí la colaboración del Instituto de Salud Carlos III como centro de referencia); en tercer lugar, homogeneizar los protocolos y la información disponible con el objeto de minimizar los riesgos, y además propuse que la Unión Europea ponga a disposición de los países asiáticos más afectados todos sus medios para luchar contra la enfermedad. Debo informarles, señorías, que en el seno de la reunión se aprobaron varias de nuestras propuestas, en definitiva, los siguientes elementos que voy a señalar: primero, que se ha de progresar en el desarrollo de un test diagnóstico rápido; que se ha de ofrecer el potencial de la masa crítica investigadora europea, incluida la española, al Gobierno de China; que se ha de garantizar la adopción de medidas que permitan en el ámbito europeo promover, proveer y adquirir información, así como medidas que aseguren la trazabilidad de los viajeros internacionales, medida que como saben ha puesto en marcha España el día 16 de marzo; y propiciar el mejor intercambio de conocimiento sobre el tema a través de una red de expertos o comité científico que desarrolle modalidades comunes y consejos sobre medidas sanitarias.


En definitiva, la valoración que tengo que hacer es positiva porque en relación con esta patología existe la necesidad de trabajar coordinadamente y cooperando en el ámbito del artículo 152 del Tratado de la Unión Europea.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN SÁNCHEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿POR QUÉ PARTICIPA EL GOBIERNO EN LA FUERZA DE OCUPACIÓN DE IRAK BAJO MANDO ESTADOUNIDENSE? (Número de expediente 180/001944.)

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La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Defensa. En primer lugar, la número 37 que formula la diputada doña Carmen Sánchez Díaz.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: ¿Por qué participa el Gobierno en la fuerza de ocupación de Irak bajo mando estadounidense?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sánchez.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Señora Sánchez, las Fuerzas Armadas españolas desarrollan una misión humanitaria bajo mando nacional, en beneficio exclusivo del pueblo de Irak, a pesar de ustedes que primero dijeron que retornaran y que ahora siguen negando la realidad. En total 2.711 pacientes tratados hasta ayer.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Sánchez.


La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor Trillo, ya no hay ninguna sospecha de nuestra participación en Irak. Hemos formado parte de la coalición atacante, ahora somos potencia ocupante y en ambos casos sin legalidad internacional. Su Gobierno, además, hace un doble juego. Por un lado busca una cobertura legal a esta situación que saben que es ilegal y, por otro, renuncia a que Naciones Unidas tenga un papel central en la reconstrucción de Irak. La gran verdad, señor Trillo, es que nuestro país sigue estando fuera de la legalidad internacional y todo por esa sumisión a la Administración americana, la misma sumisión que hace que no hayan solucionado el problema a los trabajadores de Rota, la misma sumisión que hace que nuestros soldados en Irak se encuentren en situación de indefensión, sin amparo legal. Y al final, señor ministro, ¿para qué? Sus aliados le están tratando muy mal, no le están concediendo su deseo de situar a nuestro país en primera línea de esa operación, ocupación y reparto de Irak. Pobre señor Trillo, estará usted muy decepcionado porque de querer sacar a España del rincón de la historia a ponerla en el último rincón de Irak, y puede que bajo mando polaco, hay una gran diferencia.
Igual que está usted decepcionado con algunos países iberoamericanos.
Parece que ha recurrido a ellos para completar esa brigada de efectivos que necesitamos. Fíjese, su Gobierno iba incluso a correr con los gastos, pero esos países, muy coherentemente, prefieren esperar una resolución de la ONU. ¿Quién estaba equivocado, señor ministro? ¿No será usted y su Gobierno que no escuchan a este Parlamento ni a los ciudadanos españoles? Los socialistas sí escuchamos a la ciudadanía, por eso un próximo, muy próximo Gobierno socialista nunca promoverá una guerra contra la Carta de Naciones Unidas y la legalidad internacional, como ha hecho su Gobierno; nunca irá en contra de la voluntad de este Parlamento. Los socialistas vamos a recuperar la voluntad democrática que quiere la ciudadanía de este país y que su Gobierno le está quitando. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta.


Su señoría haría mejor con reservar los mítines para la campaña, que es dentro de un par de horas, y su grupo haría mejor con no perder tantas oportunidades en el Pleno, que es algo más serio, y poner a los portavoces adecuados en esta materia (Protestas.) para que pudiéramos hablar seriamente, señorías. Llevan ustedes perdiendo la oportunidad de estar mínimamente en el sitio que le corresponde a la leal oposición alternativa desde hace dos meses. Váyanse a dar mítines donde quieran, pero no vengan aquí a seguir con la misma martingala, que ya vale, que ya vale. (Protestas.-Rumores.-La señora Gallizo Llamas: ¡Que respete a la diputada!)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor.


Señorías, guarden silencio. Señora Gallizo, guarde silencio.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Todo mi respeto, y lo sabe su señoría; pero vamos a aprovechar el trámite de control para hablar en serio.


Señorías, les guste o no, porque metieron la pata el primer día que dijeron que volvieran las fuerzas con apoyo humanitario y siguen negándose a admitir la realidad, son 2.711 pacientes tratados, todos ellos iraquíes, ni uno solo...¡eh! Todos iraquíes (Rumores.), y en beneficio del pueblo iraquí. Ustedes decían que eso era imposible, que era un invento del ministro de Defensa.


Voy a seguir dando datos. La unidad sanitaria embarcada, la que preocupa a la señora diputada por Cádiz, del buque Galicia que salió de Rota, ha atendido a 311 personas y en Um Qsar en el pequeño hospital a 823 personas más, realizándose 113 intervenciones de cirugía mayor y 353 de cirugía menor. El escalón médico avanzado, el Ejército de Tierra, 1.577 personas asistidas, 15 intervenciones de cirugía mayor y 103 intervenciones de cirugía menor. Se han repartido 14 toneladas de alimentos, 25.000 desayunos, 3.000 raciones de previsión, 16 toneladas de agua; se han rehabilitado servicios, se han hecho reconocimientos radiológicos y químicos y se han desactivado miles de toneladas de explosivos.


Ustedes pueden seguir diciendo que esto no es ayuda humanitaria. Allá ustedes, si no quieren ver la realidad... (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE CONSULTAR AL PARLAMENTO ANTES DE COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN DE FUERZAS ESPAÑOLAS EN LA OCUPACIÓN DE IRAK? (Número de expediente 180/001945.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 38, que formula el diputado don Rafael Estrella Pedrola.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor ministro, hace cuatro años, con esa misma vena autoritaria y paternalista que acaba usted de exhibir (Rumores.), el presidente del Gobierno se comprometió ante la Cámara a traer una propuesta sobre consulta al Parlamento para la participación de España en conflictos internacionales, y lo que han hecho ustedes ha sido meter a España en una guerra ilegal en contra del Parlamento. ¿Va a consultar usted al Congreso antes de comprometerse a participar en la fuerza de ocupación de Irak?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.


Señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Parece mentira, señor Estrella, que usted que ha presidido la Asamblea Atlántica venga al Congreso de los Diputados a decir estas cosas. A ver si se lo explica usted a sus amigos los senadores americanos, porque luego fuera de aquí y de su grupo dice usted otras cosas, señor Estrella. (Rumores y protestas.) Este Gobierno ha sido el único Gobierno de la democracia que ha venido a decir desde esa tribuna y por voz de su presidente la aportación militar española -militar sí, pero de ayuda humanitaria- al conflicto de Irak antes de enviarla y no como hicieron ustedes que tardaron más de un mes y además siempre ocultaron la verdad a los españoles. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Usted que suele leer el "Diario de Sesiones" y tiene una amplia hemeroteca, sabe que hay una gran coherencia en todas mis intervenciones dentro y fuera de esta Cámara. El problema es que ustedes no tienen una política de seguridad, tienen una paranoia y ahora nos quieren convertir en potencia ocupante, marginal pero ocupante. El Parlamento tiene que ser consultado antes de comprometernos en otra operación tan ilegal como peligrosa. Queremos saber qué fuerzas pretenden ustedes comprometer, con qué mandato, con qué misión, con qué riesgos, por cuánto tiempo y dónde van a estar. Porque, ¿qué ha pasado? Usted lo sabe tan bien como yo, señor ministro. Fueron ustedes al americano a decirle, con esa falta de dignidad que les caracteriza: Vamos donde queráis y vamos con vosotros a donde queráis. El americano les dijo: con Polonia, en el sector polaco, y a ustedes no les gustó eso de la nueva Europa. Han ido al británico y el británico les ha dicho: llegáis tarde, con poco y mal, porque tengo ya al italiano, que no hizo tanto ruido en la guerra, pero que ha hecho la propuesta de una unidad formada, con participación por cierto portuguesa. Así que si queréis estar aquí, al rincón del desierto. Ustedes habían pedido un sitio tranquilo. Pues es tranquilo y además caluroso, bien soleado, señor ministro. Pero, ¿cuál va a ser el coste económico, político y de operatividad de nuestras Fuerzas Armadas en esta nueva aventura de Aznar del desierto? Díganoslo. Y sobre todo, ¿con qué base jurídica cuenta nuestra participación en esta ocupación? Dénosla por escrito. Enviar militares, guardias civiles o funcionarios sin el apoyo de la legalidad internacional y sin respaldo del Parlamento es una irresponsabilidad, señor ministro. No tienen ustedes ninguna credibilidad. En la guerra de Bush siguen ustedes solos en este Parlamento. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Si S.S.
hubiera estado aquí la pasada semana, cuando me interpeló el Grupo de Izquierda Unida sobre este punto, conocería la base jurídica. Le remito al "Diario de Sesiones". Si S.S. hubiera estado cuando contesté a preguntas anteriores, sabría que a los 900 efectivos iniciales añadimos por acuerdo del Consejo de Ministros, publicado en todos los medios de comunicación -para mi suerte dos veces, puesto que se publicó dos días después en otro diario-, hasta 1.500 efectivos. (El señor Estrella Pedrola pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Un momento.


Señor Estrella, guarde silencio.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Si S.S.
permaneciera atento a la realidad, sabría que los 900 efectivos se dedican a las tareas sanitarias de los 2.711, que no habrían sido asistidos si hubiéramos hecho caso a SS.SS. y hubieran vuelto los barcos o no hubiéramos prestado asistencia sanitaria. Si S.S. supiera algo más que decir no a todo lo que hace el Gobierno, sabría que estamos prestando asistencia a la seguridad, que lo vamos a hacer en los términos que resulten de la resolución que hemos propuesto en Naciones Unidas, y mientras tanto colaborando, de

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acuerdo con la legislación internacional, a lo que se llama una Administración de facto. Es lo menos que podemos hacer, pero ustedes han dicho siempre que no. Primero dijeron no a que exigiéramos el cumplimiento del derecho internacional, luego no a que exigiéramos un cumplimiento coactivo, después llamaron invasión a la intervención, posteriormente han dicho no a la misión humanitaria y ahora dicen también no a la Administración. Señoría, de un partido alternativo de la oposición se espera algo más que el no y la pancarta con Llamazares, se esperan ideas y propuestas sugestivas; mientras tanto, no son ustedes alternativa a nada. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿QUÉ EVALUACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL PRIMER AÑO DE VIGENCIA DE LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA? (Número de expediente 180/001932.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda.
La número 25, que formula el diputado don Juan Blancas Llamas.


El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Hacienda, la actualidad económica debe estar respaldada por la estabilidad política y en España desde hace siete años disfrutamos de un alto grado de estabilidad política. Llevado a los presupuestos, la estabilidad presupuestaria se basa en la confianza de la sociedad y de los mercados financieros, que han sido los motores del crecimiento económico experimentado en los últimos años. Ha sido la estabilidad presupuestaria un objetivo prioritario del Ministerio de Hacienda y más concretamente desde la aprobación de la Ley 18/2001 y de la ley complementaria, Ley 5/2001, orgánica por cierto, de estabilidad presupuestaria. Me viene a la memoria recordar ahora los presupuestos de los anteriores gobiernos socialistas. (Varios señores diputados: ¡Vaya por Dios!) Ya que dicen vaya por Dios hagan ustedes memoria, porque habitualmente al cerrar los presupuestos dejaban siempre un agujero de entre dos y tres billones de pesetas de déficit presupuestario. Esto quiere decir que gastaban más que recaudaban, así de sencillo. Desde 1991, año en que se aprobaron las citadas leyes de estabilidad y orgánica complementaria, los Presupuestos Generales del Estado se han ajustado al equilibrio presupuestario y no se gasta más de lo que se ingresa. Qué norma más sencilla, que ustedes jamás supieron aplicar. De hecho algunos países de la Unión Europea están solicitando y consultando, porque desean imitar, cómo España ha conseguido llegar al equilibrio presupuestario.
Por todo ello, señor ministro de Hacienda, le formulo hoy la siguiente pregunta: ¿Qué evaluación hace el Gobierno del primer año de vigencia de las leyes de estabilidad presupuestaria?

Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.


Señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señoría, efectivamente, ha transcurrido más de un año desde que entraron en vigor las leyes de estabilidad presupuestaria. Puede decirse que su aprobación fue la culminación de un proceso de consolidación presupuestaria iniciado en 1996 y que permitió a nuestro país ser miembro fundador del euro, situarse a la cabeza de los países desarrollados en crecimiento y en empleo y ampliar y garantizar la cobertura social del bienestar de los ciudadanos. Sin consolidación presupuestaria, no es posible la aplicación de un programa a medio y largo plazo que acabe con el problema del paro en nuestro país. En estos años se ha demostrado que cuando se controla el déficit público se genera confianza; se genera confianza porque mejora la financiación de la economía, se pueden bajar los impuestos, se pueden afrontar ambiciosos proyectos de inversión en infraestructuras e I+D y se crean las expectativas de estabilidad necesarias para que los agentes económicos inviertan, consuman y creen empleo. En estos años se han comprado muchas viviendas, millones de viviendas, se han creado prácticamente 4.000.000 de empleos y se ha puesto en marcha un plan de infraestructuras enormemente ambicioso que promoverá el crecimiento económico y la competitividad internacional de España. Todos estos importantes logros merecen salvaguardarse bajo el paraguas de la Ley del déficit cero, Hay otros grupos políticos en esta Cámara que prefieren cerrar el paraguas y que nos mojemos, que nos mojemos igual que otros países que en estos momentos atraviesan una difícil situación económica en toda Europa, viéndose obligados a restringir su protección social.


Desde el Gobierno vamos a hacer todo lo posible por aplicar una política económica que está permitiendo a nuestro país situarse a la cabeza de la recuperación, tal y como demuestran los últimos datos de empleo, con 540.000 afiliados más a la Seguridad Social en el último año hasta abril.


Sólo un ejemplo para terminar: desde la aprobación de las leyes de estabilidad la prima de riesgo país ha descendido 30 puntos básicos; esto supone que en la nueva deuda pública emitida en el año 2003 el Estado se va a ahorrar 1.400 millones de euros. Estos son los beneficios de unas leyes que van a verse reforzadas con los proyectos de ley de subvenciones y con la Ley general Presupuestaria, que remitiremos a las Cortes la próxima semana.


Gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro

- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS HA TOMADO EL GOBIERNO PARA ESTIMULAR LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS? (Número de expediente 180/001933.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula el diputado don Javier Gómez Darmendrail.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.


Saben SS.SS. que en los países en vías de desarrollo no hay muchas pequeñas y medianas empresas, no existe tejido industrial, no hay ese tejido que genera esos empresarios que crean riqueza y puestos de trabajo; no existe ese tejido que en definitiva es el que produce la revolución económica de los países. Sin embargo, cuanto más desarrollado es un país más autónomos hay, más microempresas hay, más pequeñas y medianas empresas hay, hasta tal punto que esos colectivos representan el 99,5 por ciento del total de las empresas en Alemania; el 99,6 de las empresas de Estados Unidos; el 99,7 de las empresas inglesas y el 99,8 por ciento de las empresas españolas y francesas. Por eso, señorías, no es razonable legislar para las grandes empresas y luego adaptar esa legislación para las pequeñas, que es lo que se venía haciendo anteriormente. Lo razonable es, como está haciendo el Gobierno, plantear reformas de carácter tributario, de carácter laboral, de carácter administrativo y financiero para propiciar no sólo el surgimiento, sino el desarrollo y la consolidación de las empresas. En ese sentido sabe muy bien el señor ministro que el conjunto de autónomos españoles ronda los tres millones de personas, lo que supone cerca del 20 por ciento del total de los trabajadores del país. Por tanto, se trata de un colectivo de gran importancia para la economía española, no sólo por su actividad sino por su importante aportación al producto interior bruto.


Por ello le pregunto, señor ministro, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno para estimular la actividad de los trabajadores autónomos?

Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.


Señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.


Señoría, efectivamente los trabajadores autónomos, ese entorno de tres millones de personas, constituyen el motor económico de nuestro país, de un país desarrollado en el que la actividad profesional y empresarial, y en definitiva el trabajo por cuenta propia, juega un papel clave determinante, razón por la que las políticas del Gobierno se orientan a favorecer objetivamente su actividad, a través de la mejora de las condiciones de financiación. Por eso equilibramos las cuentas del Estado, para que nuestros trabajadores autónomos tengan mejor acceso al crédito bancario y a las condiciones de financiación de su negocio. También hemos reducido, hemos simplificado considerablemente las trabas administrativas tanto a la hora de que un negocio nazca, aparezca, como en el momento de desarrollarse, y hemos abordado la mejora de infraestructuras y las mejores condiciones productivas para que puedan desarrollar su actividad a través de una política de reducción de los impuestos, de reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el que hemos reducido los módulos durante años y hemos congelado los módulos para este ejercicio del año 2003. Hemos cumplido con ellos un compromiso electoral que era fundamental para el Gobierno del Partido Popular: en el año 2000 nos comprometimos a suprimir el impuesto sobre actividades económicas para más del 90 por ciento de los contribuyentes de este impuesto y ello lo hemos podido plasmar en una nueva Ley de haciendas locales que lleva adelante la supresión de un impuesto obsoleto e ineficiente y que además garantiza la financiación a nuestras corporaciones locales para que no haya excusa o pretexto para subir otros impuestos de ámbito local a fin de compensar la merma de recaudación que pueda sufrir un ayuntamiento al desaparecer el impuesto sobre actividades económicas.


Somos muy conscientes de la importancia de este colectivo tanto para el crecimiento económico como para la creación de empleo, y por eso hemos aprobado también recientemente un bloque de medidas orientadas a mejorar su protección social, y lo hemos hecho precisamente cuando hemos saneado previamente las cuentas del Estado y tenemos también las cuentas de la Seguridad Social en condiciones de hacerlo.


Todas estas mejoras, insisto, son posibles gracias a la política de consolidación presupuestaria, y anuncian que seguiremos bajando los impuestos en nuestro país y estimulando el crecimiento económico.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO IMPULSAR LA REGULACIÓN DEL ESTATUTO DEL COOPERANTE? (Número de expediente 180/001915.)

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La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de Asuntos Exteriores, la número 18, que formula el diputado don Carles Campuzano i Canadés.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, usted sabe que el Gobierno tiene pendiente el cumplimiento de dos mandatos: por un lado aquello que prevé la Ley de cooperación al desarrollo, que contempla que el Gobierno promoverá cuantas acciones y reformas legislativas sean precisas para la aprobación en el plazo de un año del estatuto del cooperante, una ley de 1998; y por otro lado la moción que se aprobó en esta Cámara en febrero de 2002 a propuesta de CiU, con los votos del Grupo Popular, en la que se instaba al Gobierno a presentar en el plazo más breve posible un proyecto de ley regulador del estatuto del cooperante. Han pasado cinco años, el Gobierno no ha presentado este estatuto y mi grupo quisiera conocer cuándo tienen previsto cumplir con estas obligaciones.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señor diputado.


Me va a permitir una puntualización: el Gobierno viene trabajando en esta regulación del estatuto del cooperante desde el mismo momento de la aprobación de la ley a que ha hecho referencia, la Ley de cooperación internacional para el desarrollo, efectivamente, en julio de 1998. Hoy también se propone seguir trabajando teniendo en cuenta la moción aprobada en el año 2002 -a la que también ha hecho usted referencia-, en la que le recuerdo se erige en guía el consenso previo de las administraciones y actores implicados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, mi grupo espera que en lo que nos queda de legislatura el Gobierno cumpla con los mandatos, y cumplir quiere decir que mande este proyecto de ley a la Cámara. En segundo lugar, espera que este proyecto de ley resuelva de verdad los problemas reales de los españoles que participan en la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria y que no se limiten simplemente a cumplir formalmente estas obligaciones. Además, mi grupo espera que este sea un proyecto de ley no intervencionista, no basado en la desconfianza y el recelo hacia la sociedad civil, especialmente hacia aquellos sectores más independientes de esa sociedad, y espera también que llegue con el máximo consenso posible. Evidentemente el consenso o las dificultades para alcanzar el consenso no pueden ser excusas para que el Gobierno no cumpla con las obligaciones que marca la Ley de 1998, que le recuerdo señalaba el plazo de un año para que el Gobierno hiciese llegar ese proyecto a la Cámara.


Por las informaciones que mi grupo tiene de aquello que el Gobierno en el marco del Consejo de Cooperación está discutiendo con los agentes sociales directamente implicados en esta cuestión, le quiero manifestar nuestra preocupación. Nos parece que los actuales borradores del proyecto de estatuto del cooperante no resuelven los principales problemas del colectivo, expresan desconfianza hacia la sociedad civil, y por tanto difícilmente van a alcanzar el consenso que todos quisiéramos que tuviesen. Le invito a que dé un impulso político a ese mandato legal.


Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, le agradezco esa invitación a continuar, no a dar impulso político sino a continuar en el impulso político que el Gobierno viene dando a este estatuto del cooperante desde la pasada legislatura. En la pasada legislatura se avanzó, pero es un asunto complejo y no se llegó a culminar. En esta legislatura, como recordaba -y como recordaba también el señor diputado-, en un primer momento se creó un grupo de trabajo y se llegaron a debatir artículos concretos, más de cuatro artículos fueron consensuados. El 19 de febrero de 2000 el pleno de este Congreso aprobó esta moción, a instancias de su grupo parlamentario, determinaba que el estatuto del cooperante debía realizarse con el consenso de las administraciones y de los actores implicados, y en eso estamos.


Quiero decir que el cambio de decreto a ley supone una mayor complejidad de la negociación, que continuamos en la idea de ampliar este grupo de trabajo para que además de participar el Ministerio de Asuntos Exteriores participen los ministerios representados con categoría de vocales, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y las organizaciones sindicales y empresariales, igualmente con categoría de vocales. Quiero recordarle de nuevo esta idea, y da prueba de la complejidad de ese asunto que ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea haya conseguido todavía al día de hoy tener aprobado un estatuto del cooperante; por tanto no es que el Gobierno esté por detrás de lo que son los países de nuestro entorno. Quiero terminar diciendo que tenemos intención de presentarla en esta legislatura.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra; su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY QUE OTORGUE AL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS QUE SE RECOGEN EN EL ANTEPROYECTO DE TEXTO ARTICULADO DE LA LEY ESPECIAL DE BARCELONA, CONOCIDO COMO CARTA MUNICIPAL DE BARCELONA? (Número de expediente 180/001914.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Ciencia y Tecnología.


En primer lugar la número 17, que formula el diputado don Jordi Jané i Guasch.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en el año 1998 el Parlament de Cataluña aprobó por unanimidad la Ley de la Carta Municipal de Barcelona. Para cumplir la ley en su totalidad hay unos aspectos de la misma relativos a seguridad ciudadana, relativos a justicia, relativos a hacienda que precisan de una modificación de la normativa estatal. De ahí que le pregunte: ¿cuál es el calendario, qué previsiones tiene el Gobierno para presentar el proyecto de ley que dé respuesta y cumplimiento a las aspiraciones de Barcelona y a su Carta Municipal?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


Señor ministro.


EL señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.


Efectivamente, conozco muy bien esa posición unánime del Parlamento de Cataluña. Entre otros grupos parlamentarios lo votó el grupo parlamentario del partido del cual yo soy presidente, y por tanto el conjunto del Gobierno está trabajando para que todo eso tenga concreción.
Esta misma Cámara aprobó, el pasado 11 de marzo, una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley tendente a modernizar el Gobierno local y que contuviera determinados aspectos. Asimismo se instaba a desplegar la actividad necesaria para desarrollar el régimen de capitalidad de Madrid, por una parte, pero también para dar cumplimiento a la moción que aprobó el Senado, el 19 de febrero del año pasado, para que se presentase un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. Le puedo decir que el Gobierno está trabajando muy intensamente para dar cumplimiento a ambos requerimientos y esperamos que sea lo antes posible. Creo que es de sentido común que empecemos a concretar todo eso inmediatamente después del 25 de este mismo mes de mayo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Piqué.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, efectivamente el pasado 11 de marzo se aprobó una proposición no de ley en el Congreso, pero una proposición no de ley que va a tener sus resultados en la presentación de un proyecto de ley de grandes ciudades, un proyecto de ley que va a diluir Barcelona en un café para todos. Nosotros le pedimos que se acelere la carta de Barcelona. Hay mucha prisa en la ley de grandes ciudades; hay un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE en agilizar una ley de grandes ciudades que será de aplicación para Barcelona, pues mi grupo por enmienda propuso en esa proposición no de ley que no fuera de aplicación para Barcelona y no se aceptó la enmienda; por tanto la voluntad del Grupo Socialista y del Grupo Popular es que sea de aplicación para Barcelona la ley de grandes ciudades. Nosotros pedimos al Gobierno, señor ministro, que dé cumplimiento a la ley del Parlamento de Cataluña y que cuanto antes se lleve a cabo el proyecto de ley específico para Barcelona, que es un anhelo y una necesidad de la ciudad de Barcelona. Señor ministro, llevamos casi tres años de negociaciones.
Existe una comisión mixta y tiene prácticamente bloqueados sus trabajos.
Esa comisión ha generado diversos grupos de trabajo, pero no llegamos a unas conclusiones y no llegamos a articular lo que debe ser ese proyecto de ley que dé a Barcelona la respuesta que precisa como capital de Cataluña. Barcelona no es una gran ciudad más; no puede diluirse como un terrón de azúcar en un café para todos que será esa ley de grandes ciudades. Por tanto le pido que se agilice esa tramitación y que demos a Barcelona el proyecto de ley específico que necesita y en cumplimiento de la voluntad mayoritaria de todos los grupos de Cataluña.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


Señor ministro.


EL señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.


Estoy completamente de acuerdo en que Barcelona tiene unas especificidades a las que tenemos que dar respuesta y que se reflejan en la posición unánime del Parlamento de Cataluña, en el sentido de que Barcelona

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debe tener toda una serie de competencias que se recogen en el proyecto de carta municipal. Ahora tenemos que hacer algo que me parece absolutamente prioritario, y es no una ley de grandes ciudades sino una ley de medidas para la modernización del gobierno local, que la vamos a presentar en breve. Se trata de que Barcelona tenga todo aquello que necesita, todo aquello que requiere el acuerdo con el planteamiento de la carta municipal.


Le puedo informar que ayer mismo el ministro de Administraciones Públicas ha dirigido sendas cartas al alcalde de Barcelona y al conseller de Governació, señor Pelegrí, para que inmediatamente después del 25 de mayo, puede ser el día 26 o el 27, lo antes posible, nos pongamos a trabajar en el seno de la comisión mixta para que eso sea una auténtica realidad y Barcelona y Cataluña tengan lo que realmente necesitan y demandan de acuerdo con sus aspiraciones y sus ambiciones. No tenga duda de que lo vamos a hacer así, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿APOYA EL GOBIERNO QUE LA FUTURA AGENCIA ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES TENGA SU UBICACIÓN EN BARCELONA? (Número de expediente 180/001930.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don Jordi Jané i Guasch.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, se está tramitando en esta Cámara el proyecto de ley general de telecomunicaciones. En ese proyecto de ley se crea un nuevo organismo, se crea la agencia estatal de radiocomunicaciones. Mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, solicita que ese nuevo organismo tenga su sede en Barcelona y quiero preguntarle si el Gobierno apoya que Barcelona pueda ser la sede de la nueva agencia estatal de radiocomunicaciones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.


Sé muy bien cuál es el espíritu de la resolución que en su momento adoptó este Parlamento y estoy totalmente de acuerdo con ella. Tengo que decirle que es una posibilidad que yo personalmente, pero también como miembro de Gobierno no descarto en absoluto, y por tanto el Gobierno no la descarta, pero tenemos que valorarla con el necesario detenimiento, sin precipitaciones y sin situar ese tipo de debates, que son muy complejos, en el marco de la campaña electoral.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro, le agradezco y además no dudo de sus palabras pues sé que a usted también le gustaría tener esa agencia en Barcelona, pero el movimiento se demuestra andando. De ahí que mi grupo plantee lo siguiente.


Ayer, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, durante el debate del proyecto de ley general de telecomunicaciones, Convergència i Unió defendió la enmienda 184, pidiendo que esa sede estuviera en Barcelona, y el PP y el PSOE se unieron para rechazarla. Usted ahora nos comenta que lo ve con buenos ojos, con buena predisposición. Le pido, señor ministro, que demos cumplimiento a lo que se acuerda en esta Cámara, y en esta Cámara, el 15 de marzo del año 2001, se acordó por unanimidad a través de una proposición no de ley presentada por Convergència i Unió, la conveniencia de distribuir los órganos que ejercen competencias públicas en materia de telecomunicaciones entre las distintas comunidades autónomas, pero atendiendo especialmente al nivel de implantación en las mismas de la sociedad de la información.


Usted conoce bien que en Cataluña y en Barcelona hay un buen nivel de implantación de la sociedad de la información, y estaría plenamente justificado que Barcelona fuera la sede de esa futura agencia. No estamos ante una agencia ya creada que tiene una estructura, que ya tiene una sede y que en ocasiones trasladarla representa una complejidad añadida.
Aquí no, aquí estamos ante un nuevo organismo, y estamos ante una resolución unánime de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Le pido todos los esfuerzos, porque Barcelona sería una excelente capital de esa agencia, y además daría a dicha agencia un carácter más independiente y más ágil en su funcionamiento.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoría.


También yo pediría a S.S. el máximo esfuerzo para situar estos temas al margen de la campaña electoral en que estamos inmersos y que me parece determina también su propia exposición. Se lo digo por lo siguiente:

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Estamos hablando de una entidad que ni siquiera está constituida, estamos hablando de algo que es realmente complejo, porque la futura estructura administrativa de esta agencia no surge de la nada, en contra de lo que parece que quiere insinuar S.S. A la agencia le van a ser transferidas una serie de competencias, que actualmente están ejercidas por unidades administrativas de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información, ahí hay una serie de recursos humanos, unas dotaciones económicas, un equipamiento técnico necesario, y unos servicios que actualmente son prestados en materia de radiocomunicaciones por ese personal.


Para que tengamos en cuenta la complejidad de esta decisión, fíjese que estamos hablando de no menos de 600 personas que en su caso pudiesen ser transferidas; por tanto, por favor, no vayamos más rápido ni nos precipitemos. Tenemos que hacer las cosas bien, y hay que hacerlas en función de lo que realmente necesitamos. Le ruego que cuando hablemos de estas cosas recuerde que en su momento el Gobierno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el ministro que en estos momentos está en uso de la palabra apoyaron que la sede del segundo operador de telefonía fija estuviera en Barcelona o que este mismo ministro que les habla, cuando fue ministro de Asuntos Exteriores, puso en marcha la sede de la casa Asia, entidad estatal para proyectar internacionalmente España pero también Cataluña y Barcelona, precisamente en Barcelona, y lo hizo por su cuenta y de acuerdo con su iniciativa. Por tanto, le ruego que nos dé un margen de confianza. Iremos viendo lo que sucede, pero le ruego también que no precipite acontecimientos, que no saque conclusiones anticipadas y que no simplifique las cosas más allá de lo que su complejidad requiere.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CÁNDIDO REGUERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA INCENTIVAR LA CAPACIDAD INVERSORA DE LAS EMPRESAS EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/001936.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 29, que formula el diputado don Cándido Reguera Díaz.


El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ante la actual situación de crisis que atraviesa el sector de las telecomunicaciones, no sólo en España sino también en el resto del mundo, sabemos que el Gobierno ha presentado una serie de medidas par fomentar la competencia en el campo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información y así impulsar la oferta y la demanda del sector dentro de un nuevo modelo regulador más flexible y predecible.
Sabemos también que con estas medidas el Gobierno ha querido fomentar la competencia como fórmula efectiva para beneficiar a los usuarios y es que, en definitiva, lo que se pretende es que los consumidores puedan seguir eligiendo entre varios operadores, lo que redundará en la obtención de mejores y más innovadoras ofertas a precios interesantes.
Otra de las posibles medidas que el Gobierno anunció fue una flexibilización de los compromisos de los operadores de la tecnología LMDS, denominada telefonía fija inalámbrica o telefonía fija vía radio, de manera que puedan optimizar sus despliegues y dirigirlos en función de criterios de demanda.


Señor ministro, para España y para Canarias es muy importante fomentar que las empresas puedan invertir en infraestructuras para favorecer el acceso a las nuevas tecnologías, y es por eso por lo que le hago la siguiente pregunta: ¿qué medidas está adoptando el Gobierno para incentivar la capacidad inversora de las empresas en el ámbito de las telecomunicaciones y la sociedad de la información?

Gracias, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reguera.


Señor ministro de Ciencia y Tecnología.


El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.


Estamos adoptando una serie de medidas porque somos muy conscientes de que la sociedad de la información en España necesita un gran esfuerzo inversor de los operadores, de los fabricantes y de todos los actores de la sociedad de la información en infraestructuras, en redes de banda ancha y en general en todo lo que sirva para el desarrollo de la sociedad de la información. Por eso hemos adoptado una serie de acciones para que, por ejemplo, los operadores que tienen licencia de telefonía móvil puedan seguir con su proceso inversor, para que todos aquellos que obtuvieron en su momento licencias para operar con televisión digital así como los operadores de cable puedan seguir con ese enorme esfuerzo inversor.
Estamos convencidos de que hay que hacer bastantes más cosas y quiero informar a la Cámara y a S.S. en particular que estamos trabajando en tres medidas que me parece que pueden ser muy importantes. La primera es establecer una línea de crédito blando para financiar inversiones selectivas destinadas a la implantación de soluciones innovadoras en el acceso a banda ancha en zonas desfavorecidas y con baja densidad de población, llevando por lo tanto a los operadores de redes a realizar inversiones sustancialmente mayores a

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las actuales en zonas en las que las inversiones tengan un retorno económico a más largo plazo. La segunda línea de actuación, relacionada con la propiedad, consiste en fomentar el desarrollo de contenidos telemáticos y la distribución de los mismos con suficientes garantías para sus autores, abordando el problema de la gestión de los derechos digitales y desarrollando modelos de negocio que aseguren un retorno de la inversión en la producción de contenidos de alto valor. La tercera vía consiste en el establecimiento de incentivos a las actividades de innovación que estén directamente orientadas a desarrollar aplicaciones y concebidas para su uso y acceso mediante banda ancha y que sean independientes de la tecnología utilizada, lo que llamamos la neutralidad tecnológica. En especial me refiero a aquellas iniciativas dirigidas a la Administración electrónica y a la integración de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los ámbitos empresarial y educativo.


En suma, señoría, de lo que se trata es de equilibrar la capacidad comercial de los operadores y fortalecer su capacidad inversora a fin de que puedan desplegar más redes y más infraestructuras de banda ancha, en aras de una plena y rápida integración de España en la sociedad de la información.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA BERTA RODRÍGUEZ CALLAO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RECIENTE INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN? (Número de expediente 180/001937.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula la diputada doña Berta Rodríguez Callao.


La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, el Consejo de Ministros acordó el pasado 8 de noviembre, a propuesta de su ministerio, la creación de la Comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información en España.
Dicha comisión está formada por personas de reconocido prestigio en el ámbito profesional, tecnológico y académico. La globalización de la economía y la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación han creado un nuevo modelo social que requiere actuaciones de largo alcance que abarquen al conjunto de la sociedad, con el fin de acelerar la implantación de la sociedad de la información. El Gobierno, a través del Plan Info XXI, ha venido impulsando esta implantación en las administraciones públicas, en las escuelas a través de Internet en la escuela y en la sociedad a través del programa Internet para todos. Esta preocupación se ha visto puesta de manifiesto durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en las cumbres de Barcelona y Sevilla, donde los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, con el fin de acelerar el objetivo fijado en Lisboa de hacer de Europa en 2010 la economía basada en el conocimiento más competitivo del mundo, relanzaron y dieron un nuevo impulso a la iniciativa e-Europa. La crisis creada por las divergencias de ritmo entre las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, por un lado, y, por otro, la implantación de las mismas tanto en el ámbito comercial como en los hábitos de vida de la sociedad en general, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar este cambio a partir de una base social más amplia, en la que deben tener especial consideración las pequeñas y medianas empresas. Por todo ello, y teniendo en cuenta el espacio de tiempo transcurrido, ¿cómo valora el Gobierno el reciente informe de la Comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información?

Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez.


Señor ministro de Ciencia y Tecnología.


El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoría.


El Gobierno -ya lo ha dicho y lo reitero aquí, en sede parlamentaria-considera de enorme valor el esfuerzo realizado, por una parte, y los resultados obtenidos, por otra, por la Comisión de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información, presidida por un profesional reconocido, don Juan Soto -por eso se conoce como Comisión Soto-, que ha elaborado toda una serie de identificaciones de los obstáculos que existen para que la sociedad de la información sea una plena realidad en España, pero también todo un conjunto de recomendaciones para saber cómo avanzar. Debo decirle que el Gobierno asume en su totalidad ese informe y que, en cuestión de pocas semanas, va a presentar primero al Consejo de Ministros y después a la opinión pública un nuevo plan de acción para el desarrollo de la sociedad de la información en España que venga a sustituir al vigente Plan Info XXI, que culmina su vigencia el 31 de diciembre del presente año, y que permita dar ese salto cualitativo que todos necesitamos, que nuestro país necesita.


La comisión se ha centrado en tres aspectos fundamentales que nosotros consideramos a su vez absolutamente básicos y coincidimos plenamente. Por una parte, es absolutamente imprescindible desarrollar la Administración electrónica y, en ese contexto, el Ministerio

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de Administraciones Públicas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología presentaron la semana pasada un plan de choque para acelerar la implantación de la Administración electrónica en nuestro país, con toda una serie de actuaciones que me parecen enormemente importantes, desde desarrollar todas las potencialidades que se derivan del DNI electrónico a facilitar intercambio de información telemática entre las administraciones públicas, impulsar el desarrollo de los servicios administrativos para que los usuarios puedan, a través del portal del Ciudadano, tener toda una serie de prestaciones; ese sería un primer ámbito. El segundo ámbito, que me parece absolutamente fundamental, es acelerar la implantación de las nuevas tecnologías y del acceso a la red en las pequeñas y medianas empresas. Y el tercer gran ámbito es el de la formación, la formación entendida en su sentido más amplio (estamos hablando de la formación profesional, estamos hablando de la formación continuada, estamos hablando de la formación), pero quiero hacer un especial énfasis en la formación en nuevas tecnologías en nuestras escuelas, y tenemos que conseguir un cambio de mentalidad y un cambio de concepto que me parece muy claro: tenemos que pasar del aula de informática a la informática en el aula; si lo conseguimos, habremos ganado el futuro, y en eso estamos trabajando.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO ESTABLECER UN SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL QUE RECUPERE EL PODER ADQUISITIVO PERDIDO? (Número de expediente 180/001942.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la número 35, que formula la diputada doña Isabel López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señor Zaplana, según datos del Ministerio de Trabajo, la cobertura de los convenios cada vez es menor, es decir que cada vez hay más trabajadores a los que se les aplica el salario mínimo interprofesional. Si hace diez años hablábamos de que el salario mínimo afectaría a unas 200.000 personas, hoy podríamos estar hablando de que aproximadamente a dos millones de personas les afecta el salario mínimo. El deterioro de la negociación colectiva es consecuencia de las políticas que ha desarrollado su Gobierno y que el salario mínimo interprofesional haya dejado de ser un salario de referencia y se haya convertido en un salario real y efectivo. Por ello, le pregunto: ¿cuándo piensa el Gobierno establecer un salario mínimo interprofesional que recupere el poder adquisitivo perdido?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, desde mi punto de vista, establecer una relación exclusiva entre el salario mínimo interprofesional y poder adquisitivo de los trabajadores, como hace S.S., es absolutamente erróneo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señora López.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, la gente que cobra el salario mínimo interprofesional va perdiendo poder adquisitivo. En los últimos cuatro años de su Gobierno han perdido 6,1 puntos de poder adquisitivo, y desde los últimos siete años de gobierno del Partido Popular podemos hablar de una pérdida de 6,57 puntos. Si eso no es perder poder adquisitivo y nivel de vida de los trabajadores, como dice el refrán, que venga Dios y lo vea, porque los trabajadores no lo ven.


Señor ministro, yo no sé cómo ven ustedes las cosas. Yo no sé si usted puede entender que con 75.048 pesetas se pueda llegar a final de mes y se pueda vivir. Es más, yo le preguntaría: ¿usted cree que con 75.048 pesetas se puede aspirar a tener una vivienda, aunque no sea en la Castellana y no tenga 500 metros cuadrados? Yo creo que no. Ni si quiera se puede llegar a final de mes, señor ministro.


El salario mínimo interprofesional en España es de 516 euros; en Francia, de 1.126 euros, y en Luxemburgo, de 1.290 que, con una inflación inferior a la nuestra, ha subido el salario mínimo interprofesional mucho más.
Señor ministro, no me critique a mí y explíquele a esos dos millones de trabajadores por qué este Gobierno les niega casi siete puntos de poder adquisitivo y por qué les niega 5.000 pesetas en un salario de 75.000 pesetas. Explíqueselo, señor ministro, no me critique a mí, explíqueles a ellos cómo lo consideran...(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López i Chamosa.


Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Dios me libre de criticar a S.S., no lo he hecho ni tengo necesidad de hacerlo. Simplemente, me gustaría poner de manifiesto algunas cuestiones, apoyándome en datos y argumentos, sin tener que buscar otros argumentos que den solidez a lo que le voy a intentar trasladar a su señoría. En primer lugar, usted se contradice al hablar del deterioro de la negociación colectiva, porque hace muy poco tiempo pedían al Gobierno que se abstuviera de ningún tipo de legislación sobre esta materia, pero no me quiero desviar de lo fundamental. El salario mínimo viene incrementándose cada año de acuerdo con la inflación prevista, como sabe S.S., pero, desde luego, sabe también que no se puede medir exclusivamente desde los parámetros que usted ha utilizado, porque habrá que tener en cuenta el incremento del poder adquisitivo para valorar la reducción de los impuestos, de los tipos de interés, de los precios de servicios básicos como la electricidad y otros parámetros que, sin duda, afectan decisivamente al incremento del poder adquisitivo. Los trabajadores saben que con los gobiernos del Partido Popular han tenido una oportunidad que se les negaba antes del año 1996, como es poder encontrar un puesto de trabajo. Ustedes saben también que en el año 1996 se produjo un incremento del salario mínimo del 21,2 por ciento, que en el año 1997 fue del 17,7 por ciento para los menores de 18 años, con la intención de romper con la diferencia entre el salario mínimo de menores y de mayores de 18 años, y saben perfectamente que estamos hablando y no nos negamos a una regulación tremendamente compleja, que no solamente afecta a la política económica general, que le afecta de forma determinante, sino también a diversos índices y rentas previstas en disposiciones legales y reglamentarias referidas todas al salario mínimo.
Incluso, hemos ofertado la posibilidad de abrir una negociación para poder abordar esta cuestión, pero quiero recordarles a S.S. que los avances conseguidos, desde el punto de vista del poder adquisitivo y las rectificaciones a las que he hecho referencia, se han producido desde el año 1996 hasta aquí...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Su tiempo ha concluido.


- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CONSIDERA ACEPTABLE EL GOBIERNO EL FUERTE INCREMENTO EN LAS COTIZACIONES QUE VAN A SOPORTAR LOS CERCA DE 300.000 TRABAJADORES AGRARIOS POR CUENTA PROPIA? (Número de expediente 180/001943.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 36, que formula el diputado don Jesús Cuadrado Bausela.


El señor CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Zaplana, no sé si me trae ya la respuesta escrita, pero mi pregunta quiero que también sirva de respuesta a todos los agricultores españoles sobre los que está lloviendo lo que está lloviendo y les diga si pueden soportar una subida tan espectacular en las cotizaciones de la Seguridad Social como las que ustedes acaban de aprobar, diríjase a ellos, diríjase, por ejemplo, a los afiliados de ASAJA, de la COAG, de la UPA, a todos los agricultores españoles que se han manifestado y se están manifestando contra esta medida y explíqueles -seguro que lo va a hacer- qué beneficios tiene esa medida que no les gusta nada, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.


Señor ministro.


El señor El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señora presidenta, señoría, la subida no es la subida cuantiosa que S.S. refiere y, sin embargo, comporta la mejora inmediata de las prestaciones sociales de los trabajadores agrarios por cuenta propia. Y si usted ha hablado recientemente con ellos -yo lo he hecho esta misma mañana-, podrá llegar a la conclusión de que están bastante satisfechos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Señor ministro, si usted acaba de decir aquí que están bastante satisfechos los agricultores españoles, siguen en la misma línea que han mantenido la semana pasada diciendo cosas manifiestamente falsas. Señor ministro, usted dice que es una subida poco importante. Es una subida tan espectacular que casi es el doble en las cotizaciones -fíjese si es pequeña-, para unos agricultores que están pasando lo que están pasando. No sé si usted conoce los datos de una recesión que hay en el campo español desde hace varios años, con caídas constantes en el producto interior bruto. Pero, ¿qué hacen ustedes frente a una posición unánime de todos los agricultores que, cuando ustedes hacen un decreto-ley, ellos se han manifestado en la calle? Hay convocada una manifestación para el día 22 y ya se manifestaron el día 8. ¿Sabe lo que más me preocupa? Que ustedes enredan. Lo que está aprobado en el BOE dice usted que no vale para nada, que ahora van a hablar, crear mesas, etcétera. ¿Para eso han hecho un decreto-ley, para poner en marcha una medida de tan extraordinaria y urgente necesidad que entraría en vigor el día 1 de enero -dentro de

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siete meses- del año 2004? No enreden. ¿Saben cuál es el problema? Que ustedes toman medidas para uno o dos telediarios, como mucho, y lógicamente eso se acaba. Señor ministro, así es muy difícil poder solucionar problemas. Lo peor de todo es que, además, ustedes mienten; mienten constantemente. Han mentido el otro día diciendo que ASAJA había sacado un comunicado a favor de esta medida; sacó un comunicado justamente en contra. Mienten cuando dicen que han hablado con las organizaciones agrarias; yo he hablado con Miguel López, el responsable de la principal organización agraria, y me dice que usted ha anunciado que va a tener reuniones sin que ellos lo supieran. Por lo tanto, mienten constantemente. Usted va a pinchar... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el Pacto de Toledo recuerda en su recomendación sexta que hay que avanzar en la homogeneización entre los diversos regímenes de la Seguridad Social. Lo único que ha hecho este Gobierno ha sido dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Lo que ha hecho ha sido equiparar y lo ha hecho de una forma gradual y escalonada durante un período de 15 años para que, lógicamente, no se vea el trabajador agrario sometido en estos momentos a un desembolso para tener la misma prestación que un trabajador del régimen general, porque a lo mejor le podría venir mal hacer un desembolso de esa naturaleza. Así lo han entendido cuando se les ha explicado con detalle. Yo nunca he referenciado una reunión que no haya tenido. La reunión de esta mañana la he tenido, esta mañana he estado reunido con los agricultores y hemos llegado a un acuerdo muy sencillo: vamos a establecer que este régimen va a ser voluntario. Se van a acoger a él la inmensa mayoría porque es claramente beneficioso, pero si alguno cree que puede ser perjudicial, nadie le va a obligar a que se adscriba a este régimen, con lo cual no sé dónde puede estar la crítica. Cumplimos el Pacto de Toledo, equiparamos las prestaciones de todos los trabajadores y si alguno cree, aún así, con esas facilidades que les damos de una forma escalonada y gradual durante 15 años, que puede ser gravoso para él, está en el ejercicio de su libertad no acogerse al mismo. Vamos a ver a quién le dan la razón las cifras y vamos a ver quién se acoge voluntariamente y quién no.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN JÁUREGUI ATONDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿ES CIERTO QUE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS NUEVOS COTIZANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL SON UN 37 POR CIENTO INFERIORES A LA MEDIA DE LAS EXISTENTES? (Número de expediente 180/001946.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 39, que formula el diputado don Ramón Jáuregui Atondo.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿puede usted confirmarme que las bases de cotización de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social son, como yo creo, casi un 40 por ciento inferiores a la media de las cotizaciones existentes?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jaúregui.


Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Señor Jaúregui, es absolutamente lógico, y S.S. lo sabe, que las bases de cotización de los nuevos empleos sean inferiores a la media; es absolutamente normal y absolutamente lógico, y siempre ha sido así.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: A mí me parece una paradoja, señor ministro. No tiene lógica que suba la inflación, como ha subido -esta mañana he oído que ha subido otra vez ocho décimas-, que cada año suba un 4 por ciento, y con la inflación los precios de la vivienda, de los alimentos, incluso los convenios, y que bajen tanto, que sean tan bajas las nuevas cotizaciones. Yo creo que hay una explicación, que el 90 por ciento de los contratos son temporales y, sobre todo, de muy bajo salario; que hay un fraude generalizado en la contratación en materia de jornada, de salarios, etcétera. Los jóvenes contratados muchas veces lo son por la mitad del salario que les corresponde. Ustedes deben saber, por ejemplo, que la base de cotización de los trabajadores en el primer empleo es de 100.000 pesetas, lo que nos da un cuadro que refleja algunas referencias que conviene recordar. En España, un millón largo de trabajadores gana menos de 600 euros al mes. Un 55 por ciento de los hogares españoles manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes. Hay 7,6 millones de personas que viven en la pobreza; es decir, que su renta disponible está por debajo del 60 por ciento de la media nacional. Las mujeres, como ya sabemos, ganan un 30 por ciento menos que los hombres. Hay 500.000 inmigrantes

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irregulares que arrastran a la baja los mercados laborales porque están trabajando y son irregulares.


Estos problemas, señor ministro, tienen soluciones. Hay fórmulas de intervención, pero he llegado a la convicción de que ustedes no quieren resolverlos. Yo vengo oyendo sistemáticamente un discurso triunfalista sobre el empleo, pero ese discurso oculta que hay un mercado laboral barato y precario y un subempleo cada vez mayor. Esto no es un reproche, señor ministro, sino una invitación a que arreglemos el principal problema de los españoles juntos, porque hay que arreglarlo de una vez, se lo digo con toda franqueza, señor ministro. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jaúregui.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Señor Jáuregui, sin duda en los nuevos empleos hay un mayor índice de contratos a tiempo parcial, contratos de formación, contratos de prácticas, que están previstos en nuestra legislación laboral, precisamente para poder absorber a trabajadores que no tienen experiencia y esto, desde mi punto de vista, es un dato positivo y un dato que tenemos que valorar de forma satisfactoria en cuanto a creación de empleo. Por ejemplo, los contratos a tiempo parcial posibilitan la inserción en el mercado laboral de un gran número de personas que compatibilizan su actividad laboral con otro tipo de actividades formativas o laborales. Su señoría ha querido confundir con los datos para, al final, intentar trasladar la precariedad del mercado de trabajo, cosa que, como sabe S.S., hemos corregido sustancialmente. Pero le voy a dar un dato que es determinante, desde 1996 hasta 2003 la base media de cotización, que es el dato objetivo y serio, ha subido en España un 23,73 por ciento. Ya sabíamos que había más contratos, algo que nadie puede negar; ya sabíamos que los salarios eran más altos, que habían crecido; ya sabemos también que hay menos temporalidad, y este es un ejemplo evidente. Otra cosa es que tengamos que seguir avanzando, que tengamos que seguir trabajando, pero no confundamos; esos argumentos se pueden desmontar con cierta facilidad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN OLMEDO CHECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿POR QUÉ NO TOMA MEDIDAS EL GOBIERNO PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL DE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/001947.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 40, que formula doña Carmen Olmedo Checa.


La señora OLMEDO CHECA: Señor ministro, ¿por qué no toma medidas el Gobierno para acabar con la discriminación salarial de las mujeres?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señora presidenta.


Tomamos medidas, y muchas. Su señoría debe de conocerlas, porque son públicas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señora Olmedo.


La señora OLMEDO CHECA: Señor ministro, están haciendo poco o nada para garantizar el derecho a la igualdad salarial. Si la eficacia se mide por los resultados, usted sabe bien que los resultados no son buenos.


Puesto que presumen tanto de hechos, vamos a hablar de algunos; podríamos hablar de muchos, pero resumiremos. Uno: según el último informe de la OIT, somos el país europeo con más discriminación salarial; por cada 100 euros que cobran los hombres, las mujeres cobramos 70. Dos: 1.600.000 mujeres tienen un contrato laboral -dos veces más que la media europea-; la duración del 57 por ciento de ellos es inferior a tres meses. Tres: tenemos la población activa femenina más baja; si en España buscara trabajo el mismo porcentaje de mujeres que en el resto de Europa, el paro llegaría a los cuatro millones. Cuatro: España es el país que menos invierte en protección a la familia y a los niños, y en políticas de igualdad, a las que dedican apenas el 1 por ciento del presupuesto total de los planes de empleo. Está claro, señor ministro, que este Gobierno no tiene modelo social ni ha creído nunca en las políticas de igualdad. Se lo dice la Unión Europea; se lo voy a leer: resulta decepcionante que los países con mayores diferencias entre los sexos -España y Grecia- sólo hayan aplicado acciones limitadas para mejorar la situación y no propongan ninguna iniciativa general para solucionar este problema.


Ustedes repiten mucho que la mejor política social es crear empleo, pero el empleo que se crea es cada vez más precario; especialmente, para las mujeres. Mi madre me cuenta que, hace años, los empresarios iban a las plazas de los pueblos a ofrecer trabajo y, cuando algún trabajador se ofrecía para trabajar, el capataz decía: ¿quién lo hace por menos? Creo, señor ministro, que estamos volviendo a esa situación: la de quién lo hace por menos; y, en este caso, a pesar de que ha mejorado mucho su formación, son las mujeres. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señoría, sabía que haría referencia a la noticia, que se publicó ayer con gran difusión, sobre supuestos informes de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo. Pues bien, este es el documento que me han hecho llegar esta misma mañana desde dicha oficina. No se lo voy a leer entero; leeré solamente unos párrafos. Dice así: la información sobre la diferencia salarial entre hombres y mujeres en España no procede del informe presentado esta mañana. Dice más adelante: su opinión positiva -la manifestó, en este caso, la oficina de la OIT en España- sobre la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres que se ha producido en los últimos años en España -nos elogia-. Dice luego: en consecuencia, la comparación entre la Unión Europea y España que han hecho algunos medios no es procedente al compararse conceptos distintos, por lo que no es correcto concluir que la diferencia salarial de la mujer con respecto al hombre en España es el doble del porcentaje medio de la Unión. Luego, el informe en el que basamos toda una estrategia política es rigurosamente falso y ha sido desmentido por la propia Oficina Internacional del Trabajo.


Segunda cuestión. He tenido la posibilidad de llevar al Consejo de Ministros -y se ha aprobado- el IV Plan de igualdad de oportunidades. Una medida concreta del mismo es la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El programa se va a aplicar y tendrá gran incidencia no sólo en la vigilancia de las situaciones de discriminación salarial, sino también en el incumplimiento de las normas destinadas a la protección de la maternidad. Las denuncias que sobre esta materia se presenten ante la Inspección deberán investigarse en el plazo máximo de 24 horas -así está establecido-, y la Inspección acudirá a los juzgados de lo Social para que se restablezcan plenamente los derechos de las afectadas.


Señorías, puede que a este Gobierno le queden cosas por hacer, pero no se puede discutir lo mucho que ha hecho en políticas de igualdad, de conciliación de la vida familiar y laboral y para compatibilizar la maternidad con el trabajo. De hecho, ha reducido significativamente el desempleo de la mujer, y eso no es producto de la casualidad, sino fruto de las medidas económicas que se han venido tomando desde 1996 y que tratan de conseguir la equiparación real. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL VELASCO SIERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CUÁL ES EL NIVEL DE TEMPORALIDAD EN LOS CONTRATOS DE JÓVENES DE ENTRE 18 Y 30 AÑOS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001948.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 41, que formula el diputado don Rafael Velasco Sierra.


El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, lo que hemos vivido hoy en el Parlamento es algo increíble. Tanto el señor presidente del Gobierno como usted están rebosantes de satisfacción: los datos sobre el empleo son inmejorables, son ustedes unos monstruos creando empleo. (Rumores.) Es verdad, ¿no? Pues bien, nos encontramos con que el Ministerio de Trabajo, a través del informe de la Tesorería General de la Seguridad Social, os desmiente y dice muchas cosas, que las vamos a ver. Con esa satisfacción, ustedes se entretienen en decirnos a través de los medios de comunicación que no nos alegramos de que el paro baje. En primer lugar, desde que usted es ministro, el paro ha subido, y desde que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, el paro ha subido en más de 80.000 personas. Eso lo dice la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Pero qué datos son los que ustedes cogen? Los de la EPA, una encuesta que, como todos sabemos, se hace en torno a unas 50.000 personas; pero no cogen la de la Tesorería General de la Seguridad Social, una encuesta hecha a medio millón de españoles trabajando, que es donde vemos lo que ganan y lo que duran en sus puestos de trabajo.


A nosotros lo que nos preocupa es que haya tantos parados como hay, antes y ahora, y lo que queremos conseguir es el pleno empleo. Ahí, como bien le ha dicho el señor Jáuregui, debemos de estar todos; no tanta propaganda.


Por lo tanto, señor ministro, le hago la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de temporalidad en los contratos de jóvenes entre 18 y 30 años en España? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.


Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el nivel de temporalidad en la contratación en la franja de edad entre 16 y 29 años ha experimentado una reducción muy, muy considerable.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Velasco.


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El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.


Parece que ni porque es la hora ni porque estamos en familia ni porque posiblemente esto ya no salga en ningún medio de comunicación nos va a dar usted los datos que ha publicado la Tesorería General de la Seguridad Social, que demuestran que el 38 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social tienen contratos precarios o temporales, que el 75 por ciento de los nuevos afiliados son temporales, solamente hay un 6,4 por ciento en jornada completa, y que con estos contratos ganan el 41 por ciento menos que con los anteriores. Por lo tanto, el empleo que se crea hoy en España es de día y de miseria, se gana poco y a los pocos días se recibe el boleto del despido.


Usted habla de los contratos basura de otras épocas, se lo hemos escuchado aquí muchas veces; esos contratos eran de seis meses y ocho horas al día.
Entonces, ¿cómo les llamamos a los vuestros? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Gracias, señora presidenta.


Señoría, desde el año 1987, que es cuando la encuesta de población activa comienza a informar sobre esta cuestión, y hasta 1995, todos los gobiernos, como S.S. recuerda, estaban formados por miembros del Partido Socialista. En esa época, el índice de temporalidad en la contratación de jóvenes pasó del 27 al 64 por ciento, es decir, aumentó 37 puntos porcentuales. Hemos podido rebajar esa tasa de paro juvenil en 20 puntos y rebajar el índice de temporalidad en más de 12 puntos, hasta dejarlo en un 51,2 por ciento. Sigue siendo altísimo, pero no olvide S.S. que lo hemos rebajado en 12 puntos. Ustedes aumentaron la tasa de temporalidad de empleo juvenil en cerca de 40 puntos; nosotros la hemos bajado, sigo insistiendo, en 12 puntos. Y mientras que en 1995 sólo el 4 por ciento de los contratos con jóvenes eran indefinidos, ahora lo son el 10 por ciento, es decir, ha crecido el cien por cien. Sólo en el primer trimestre de este año se ha reducido en ocho décimas, desde el 52 por ciento del último trimestre de 2002 al 51,2 actual que nos acompaña en estos momentos.


Señoría, los datos del empleo son extraordinariamente positivos. Son tan positivos que el Grupo Socialista, a través de su portavoz en Economía, no ha podido decir lo contrario. Ha dicho simplemente que manipulábamos los datos. Ha llegado a decir, y le han tenido que rectificar incluso las propias organizaciones sindicales, que tenía dudas sobre la veracidad de esos datos, pero no ha aportado -no puede- la más mínima prueba porque esos datos se vienen midiendo exactamente igual desde hace 18 años. A eso es a lo que yo llamo enfadarse por unos datos tremendamente positivos, porque cuando las cosas van bien, cuando 61.620 personas consiguen en el mes de abril pasado abandonar la lista del desempleo... (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA DE VIVIENDA. (Número de expediente 172/000281.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES DEL FRACASO DEL GOBIERNO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN EL ACCESO A LA VIVIENDA. (Número de expediente 172/000282.)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día. Interpelaciones urgentes. Se debatirán conjuntamente la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre política de vivienda y la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre las razones del fracaso del Gobierno en las políticas públicas que permitan el acceso a la vivienda.


En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, cuando esta tarde he entrado en esta Cámara y he visto al señor Álvarez-Cascos sentado en ese escaño he pensado, en relación con todo lo que me habían dicho sobre quién iba a ser el interlocutor del Grupo Parlamentario Socialista en esta interpelación, que iba a ser el señor Álvarez-Cascos, pero cuál no habrá sido mi sorpresa cuando, de pronto, desaparece y todo porque tiene un acto electoral en el que tiene que colocar la primera traviesa de una línea del AVE en Toledo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Me parece una auténtica vergüenza, me parece una auténtica vergüenza, una falta de seriedad y de responsabilidad por parte del ministro Álvarez-Cascos que supedite una interpelación en política de vivienda a la colocación de una traviesa en campaña electoral. Podía haber ido Benigno Blanco o cualquier otro responsable político del departamento a clavar dos clavos, que es de lo que se trata. Pero, señorías, a ustedes, por lo que veo, el tema de la vivienda ni les va ni les viene. Ustedes se dedican a construir muchas viviendas para unos pocos y a impedir que otros muchos, jóvenes, familias con escasos recursos, tengan posibilidad de acceder a esas viviendas, por muchos planes que ustedes hagan, y luego entraré en el detalle del tema de los planes.


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Señor Zaplana, la verdad es que yo pensaba que iba a ser otro el ministro interlocutor en este proceso. Pensaba que podía ser el señor Rato, o el señor Montoro, que son ministros en asuntos económicos y que tienen mucho que ver con lo que ha sido la política constructiva en materia de vivienda y en materia económica en este país. Pero cuando he visto que es usted quien me va a contestar, me he preguntado: ¿por qué el señor Zaplana? ¿Porque es el ministro de Asuntos Sociales y porque las políticas sociales de vivienda están ahora en su ministerio o las quiere tratar desde su ministerio? No es usted el mejor ejemplo, porque si usted lo fuera, habría que plantearse que lo que usted ha hecho lo pueden hacer muchas otras personas de este país que quieren acceder a una vivienda en unas condiciones de venta y de créditos hipotecarios similares a los que ustedes tienen. Pero si esto tampoco es así, señor Zaplana, a usted le han metido un embolado porque, señor Zaplana, es usted el ministro menos adecuado en estos momentos para hablar de vivienda en este Pleno.
(Aplausos.) Con independencia de estos comentarios que me parecen muy serios, señor Zaplana, y que van para el conjunto del Gobierno -a pesar de que la interpelación es al Gobierno, es éste el que dice quién puede venir, lo sé porque llevo muchos años en esta Cámara-, creo que la decencia política, la ética política exige que dé la cara quien la tiene que dar. Si tuviera algún tipo de justificación mayor -porque tuviera que marcharse de viaje o a un encuentro con ministros de otros países- diría, ¡qué le vamos a hacer!, pero, ¡por colocar una traviesa! Me parece un poco fuerte y de muy poca seriedad, sobre todo cuando los datos que hay en materia de vivienda debieran preocupar y llamar la atención al conjunto del Gobierno. Si en el año 2002 se dice que la vivienda ha subido un 14 y medio por ciento, que la vivienda usada ha subido casi un 19 por ciento, que en el primer trimestre de 2003 ha subido la vivienda más de un 4 por ciento, tanto la de nueva construcción como la usada, creo que debería iluminarse todavía más ese farolillo rojo que tendría que tener el Gobierno permanentemente encendido en esta materia. Al final, quienes no van a acceder a una vivienda, por mucho plan que ustedes pongan encima de la mesa, son aquellos que no tienen capacidad económica, y aquí hay un problema de acceso. Se trata de ver en qué medida los recursos de que dispone cada familia española son suficientes para hacer frente a sus obligaciones crediticias, a sus obligaciones hipotecarias para acceder a la vivienda. El 55 por ciento de las familias españolas tienen problemas muy serios para llegar a final de mes y del sueldo que cobra una familia española casi el 50 por ciento lo tiene que dedicar a vivienda. ¿Cuál ha sido la respuesta de ustedes? Un Plan de Vivienda 2002-2005 que el señor ministro el otro día, contestando a una compañera mía, lo consideraba como un magnífico resultado. Coloquemos las cosas en su justo sentido. Cuando las cosas van bien, tiene que tener la responsabilidad quien las ha inducido y cuando las cosas van mal, también. Pero los datos que hay en el Plan de Vivienda 2002 están motivados porque las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante en política de vivienda de protección oficial. Aún así, ustedes que están hablando de fomento del alquiler de acuerdo con las últimas medidas que han planteado en este real decreto que aprobaron el otro día, del conjunto de viviendas de nueva construcción, que ustedes han puesto encima de la mesa, solamente 6.900 viviendas son para alquiler. Según las estimaciones, en Madrid son necesarias 30.000 viviendas. Por tanto, no presuman tanto de los buenos resultados de sus políticas de vivienda porque no los tienen. Indudablemente, lo que se está demostrando es que sigue subiendo el precio del suelo, que sigue la especulación funcionando, que sigue el precio de la vivienda subiendo y que ustedes no consiguen atajarlo. Eso debiera llevarles a una reflexión más profunda y aceptar en algún momento que las políticas de vivienda que ustedes hacen no son las mejores para solucionar el problema y que otros grupos podemos tener incluso parte de razón y considerar que cuando protestamos y criticamos lo estamos haciendo porque los elementos objetivos que hay en la sociedad española nos conducen a pensar que lo que se está haciendo se está haciendo mal.


Por mucho que ustedes me digan que han cumplido un 130 por ciento de los objetivos del Plan 2002-2005, nos encontramos con que han hecho 48.000 viviendas de nueva construcción. Si ustedes comparan la relación de viviendas construidas con las viviendas protegidas que se han construido en 2002, nos encontramos con que es la cifra más baja de viviendas de protección oficial que se ha hecho en España desde 1970. La relación entre vivienda construida y vivienda protegida es de un 8 por ciento en el año 2002. Habrán construido 500.000, pero solamente el 8 por ciento de esas viviendas son viviendas de protección oficial. No presuman de planes, porque cuando nosotros planteamos que tienen que duplicar los objetivos del plan, y no somos demagogos, como nos decía el otro día el señor ministro, lo estamos haciendo porque entendemos que existe una preocupación y una sensibilidad social que nos obliga a buscar medidas urgentes de actuación para conseguir que ese problema que tenemos encima de la mesa pueda tener soluciones. Y ustedes, como lo hace el Grupo Socialista, nos dan con la puerta en las narices y, si te he visto, no me acuerdo. Hagan ustedes lo que quieran, pero esto que está pasando forma parte de uno de sus débitos, de uno de sus problemas más serios que la ciudadanía española conoce y valora perfectamente. Y como ven que los datos que hay no se mueven, sino que se incrementan todos los precios que se producen en el mercado de la vivienda y en el mercado del suelo, ustedes verán si es necesario o no introducir alguna variable importante en el funcionamiento de este mercado.


Además de ese Plan de Vivienda 2002-2005, ustedes pusieron encima de la mesa este famoso real decreto-ley que fomenta el alquiler, como gran medida, y lo han considerado como uno de los aspectos fundamentales

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referidos a su preocupación por la vivienda. En el ámbito de aplicación -esta tarde el señor ministro ha hablado de ese tema y parece que esto es jauja y que todo el mudo puede acudir a buscar ayudas para la subvención de viviendas- del real decreto se dice concretamente: Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan por objeto social exclusivo el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español. Hay poquísimas sociedades que se dediquen al alquiler en exclusiva, la prueba es que estamos en un 11 por ciento de alquiler de viviendas en España en relación con el conjunto del mercado. Y además tenemos 2.894.000 viviendas vacías en España, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. ¿Quién se va a acoger a estas medidas? Los particulares no pueden, cualquier propietario que tenga un piso para arrendar no puede porque estas medidas no le afectan o se tiene que constituir en sociedad. A mí me gustaría saber cuántas viviendas de estas 2.894.000 están en manos de alguna sociedad, de la que es propietaria la sociedad.


Señorías, hay suficientes elementos para pensar que lo que han hecho hasta ahora es insuficiente y, permítame que se lo diga, oportunista. Es insuficiente porque ustedes hablan de viviendas en relación con las cuales no se establece un precio de alquiler. Ustedes hablan únicamente del incremento del 0,75 por ciento del IPC pero, señoría, para que la gente pueda acudir al mercado de la vivienda y pueda tener un piso es necesario que la repercusión del alquiler de dicho piso no agobie su propia economía familiar. Eso tiene que tener un tope, que nosotros pensamos debe ser del 30 por ciento y en este momento está entre el 45 y el 50 por ciento, señor ministro. Por tanto, unas medidas de estas características no le afectan, como tampoco afecta lo que ustedes están planteando. Desde luego no creo que los jóvenes tengan muchas posibilidades de acceder a una vivienda con este tipo de medidas, eso se lo garantizo, como tampoco creo que sea bueno el hecho de entender que se va a fomentar el alquiler a través de la opción de compra. Señor ministro, cuando hay alquiler con opción de compra, la gente acaba yendo a la compra y en un país como este, en el que existe abundante movilidad de trabajadores y trabajadoras, porque tienen que buscar trabajo por muchos sitios, como no haya un parque de viviendas en alquiler al que acudir nos vamos a encontrar con que eso no va a funcionar, puesto que ustedes están primando la fórmula del alquiler con opción de compra. Por tanto, señor ministro, se trata de medidas para nosotros insuficientes, medidas que están aprobadas en un momento determinado, esto es, en vísperas de un proceso electoral que deseo con todo mi corazón que ustedes pierdan, ya que lo que han hecho hasta ahora en relación con este tema concreto no es ni lo más acertado ni lo más adecuado para que la sociedad española tenga la posibilidad de legitimar y de hacer valer su derecho a la vivienda en España.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.


Para la defensa de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, probablemente si en lugar del Plan de Vivienda 2002-2005 diera usted los consejos oportunos a su compañero de gabinete, se podría hacer un plan Zaplana en el que se reflejara cómo el común de los mortales puede acceder a una vivienda a mitad de precio de mercado y además con un crédito preferente. Quizá eso evitaría que tuviéramos que hacer un plan de viviendas y también permitiría que la ciudadanía pudiera acceder a una vivienda, si no de las dimensiones de la del señor ministro, por lo menos digna. Pero como eso no es así, tenemos que hablar de las medidas que ha venido adoptando el Gobierno desde que está gobernando este país, que no es desde ayer, sino desde hace bastantes años, excesivos años para algunos sectores de esta ciudadanía.


Ustedes empezaron la legislatura de 1996 haciendo una modificación de la Ley del Suelo que iba a venir a contrarrestar los altos precios que tenían las viviendas en aquel momento y desde luego iban a mejorar las condiciones de acceso de los promotores al suelo, porque se iba a calificar más suelo y se le iban a quitar los gravámenes que tenían que hacer cuando las cesiones de volumetría tenían que fijarse en un 15 por ciento a los ayuntamientos. Eso era muy gravoso para los constructores, para los promotores y, por tanto, ustedes modificaron este aspecto de la ley porque así iban a conseguir que se abaratara el suelo. Fracaso, fracaso porque el suelo siguió subiendo de precio y porque ustedes seguían sin hacer lo que les correspondía. Y llegamos al año 2000 con esa misma situación y ustedes nos ponen, dentro de un paquete de medidas, en el mes de junio del año 2000, el Real Decreto 4/2000, famoso en esta Cámara en el tema de vivienda, sobre todo por la cantidad de tiempo que hemos tardado en discutirlo, donde volvían ustedes una vez más a incidir en el tema del suelo, volviendo otra vez a introducir modificaciones en las competencias de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas y volvían ustedes a vendernos que eso era en beneficio de que se abaratara el suelo, de que se promoviera más suelo para edificar y, por tanto, esa competencia vendría a equilibrar y reducir el precio de las viviendas. Un fracaso más.


Ustedes ese decreto lo dejaron dormir el sueño de los justos en esta Cámara durante dos años. A principios de este año llegan ustedes a un acuerdo en la Comisión sectorial del Ministerio de Fomento con la mayoría de las comunidades autónomas -algunas de ellas no lo firmaron-, en el que vuelven ustedes a adaptar la Ley del Suelo para conseguir, según ustedes una vez más, que se vuelva a abaratar el precio de la vivienda, que se

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ponga al alcance de los promotores más suelo urbanizable y que, por tanto, vuelva otra vez la competencia y eso beneficie al precio de la vivienda.
Salieron los promotores a continuación diciendo que eso no iba a servir para nada y que la vivienda iba a seguir subiendo porque, señor ministro, no es única y exclusivamente el precio del suelo el que incide en el precio final de la vivienda, hay muchas cosas más en las que ustedes no están haciendo ningún tipo de incidencia, porque ustedes no inciden en la especulación que se está generando con el suelo a través de las inversiones que se van a dedicar solo y exclusivamente a garantizarse beneficios con la compraventa de suelo. Ustedes, además de no cambiar esa política, de no incidir en esos aspectos que además, ya se ha comentado en esta Cámara, tienen que ver con un porcentaje muy elevado del precio final de la vivienda, el de la especulación, cuando ustedes no pretenden incidir en eso, siguen ustedes abriendo la espita, siguen ustedes abriendo la parte de beneficio hacia las empresas y de perjuicio hacia la mayoría de la ciudadanía, que sigue sin poder acceder a la vivienda en condiciones de igualdad.


Y no se quedan ustedes conformes con eso, ahora nos hablan de un nuevo Real Decreto, el 2/2003, las viviendas de alquiler. Solamente le voy a apuntar un dato además de los que ya se han apuntado por el interviniente anterior en esta tribuna: ustedes, cuando hablan precisamente de qué tipo de viviendas son las que se van a poder ofertar a través de estas empresas, que se tendrían que crear en todo caso para tener la exclusividad de las viviendas de alquiler, en el apartado c) dicen textualmente: En el caso de que las viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad no estén calificadas como de protección oficial o declaradas protegidas, habrán de cumplir una serie de requisitos. Es decir, ustedes van a poner al alcance de las empresas, que se van a tener que crear para tener viviendas de alquiler en el mercado, las viviendas de protección oficial. Se van a construir viviendas de protección oficial no para que acceda la ciudadanía que tiene los recursos económicos más escasos o mayores dificultades, sino que realmente las van a poner en el mercado para que las empresas se lucren de esas viviendas de protección oficial. Creo, señorías, que este sigue siendo el camino de siempre: beneficiar a unos cuantos, pero además normalmente a los que están más pegados al Gobierno y suelen tener algún tipo de relación, en lugar de beneficiar al común, al general, a la mayoría de la ciudadanía que sigue quedándose fuera del mercado de la vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler.


Ustedes han conseguido con sus medidas aumentar de manera considerable el precio de la vivienda. Los datos que ofrecen instituciones internacionales es que en nuestro país, desde el año 1987 a 2001, el aumento de la vivienda tiene que ver con más del 48 por ciento; pero además, señorías, el Banco de España ya habla de preocupación cuando el aumento del endeudamiento de las familias está ya en torno al 50 por ciento. Eso quiere decir, además, que son las familias que pueden acceder a una vivienda, pero no las que no pueden acceder, que están fuera del mercado. Miren ustedes, el Observatorio Joven de Viviendas en España -creo que no es dudoso de poder ser manipulado por ningún grupo de la oposición y mucho menos por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- dice en su boletín trimestral de 1 de abril de 2003: El precio medio para la compra de vivienda libre en España supera en un 93 por ciento el precio máximo tolerable para los jóvenes. El señor presidente del Gobierno, cuando a primera hora de la tarde contestaba a una pregunta, decía que en nuestro país habíamos mejorado el trabajo, el acceso al trabajo, etcétera. Vamos, que estábamos de maravilla. Pues los jóvenes dicen en este Observatorio que, con la precariedad laboral que hay, una persona joven o una familia encabezada por una persona joven no puede acceder a la vivienda; que en España cada vez se retrasa más la edad de emancipación porque no se puede acceder a una vivienda, no solamente de compra, sino ni tan siquiera de alquiler. Ustedes siguen sin poner medidas en su Plan de Vivienda, que sigue siendo un fracaso, ni siquiera explican las medidas que pretenden adoptar para poner viviendas de alquiler en el mercado a través de este nuevo real decreto.


Señorías, ustedes siguen trabajando en la misma línea que empezaron en el año 1996, línea que año tras año, plan de vivienda tras plan de vivienda, resulta fracasada. Los datos no los damos nosotros, los dan ustedes mismos a través de respuestas parlamentarias. Siguen ustedes sin cumplir los objetivos de las viviendas de protección oficial, siguen ustedes sin colaborar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para que realmente pueda haber viviendas de protección oficial, parques de viviendas públicas y parques de viviendas de alquiler. Se les han propuesto cosas distintas 55.000 veces para mejorar el acceso a la vivienda, sobre todo de los sectores más desfavorecidos de la población.
Ustedes siguen con su política porque siguen negando la mayor, que es que sea un fracaso. Pero la realidad está ahí, la realidad está en que las mujeres con cargas familiares no pueden acceder a una vivienda, las personas jóvenes no pueden acceder a una vivienda y ustedes siguen en su misma línea de actuación.


Inviertan ustedes más dinero. Los fondos que se tienen que dedicar a la creación de viviendas y a poner en marcha el Plan de Vivienda 2002-2005 los siguen reduciendo en los Presupuestos Generales del Estado, y difícilmente se puede llevar una política de vivienda en buenas condiciones si además se reducen los fondos. Reducen ustedes los fondos para promocionar, reducen ustedes los fondos para rehabilitar y reducen ustedes los fondos para que se pueda adquirir suelo público. Si a esto ustedes le añaden que se hacen eco de lo que dicen los promotores de que hace falta más suelo para poder edificar, están ustedes cerrando el círculo que todos sabemos ya que es seguir dando un determinado beneficio.


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Pero actuar como deberían hacerlo, contra la especulación y, desde luego, intentar colaborar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en una planificación real de la construcción de viviendas públicas y que realmente se pudiera acceder con precios tasados a esas viviendas por parte de los sectores que menos recursos tienen, sería hacer una política de vivienda que ustedes parecen no entender.


Señorías, se les ha propuesto -y existen dentro de la ley- que se creen los patrimonios públicos de vivienda; ustedes se niegan. Es más, habiendo, como hay en las ciudades, en las grandes y en las pequeñas, terrenos que son propiedad pública de la Administración general del Estado, ustedes, en lugar de ceder esos terrenos a la Administración local o autonómica para que se puedan empezar a crear los parques públicos de suelo, lo que hacen es venderlo y entrar en el círculo de la especulación más escandalosa. Se utiliza el suelo público, el suelo que es de toda la ciudadanía, para especular desde la propia Administración.
Señorías, señor ministro, dan ustedes el mejor ejemplo al resto de los que intervienen en el sector de la vivienda para seguir especulando.
Ustedes siguen sin incidir ahí. Ustedes se niegan a crear y se niegan a poder trabajar, de acuerdo con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, en los institutos de la vivienda, que permitirían una incidencia en el suelo, en la urbanización, en la promoción, en la venta de viviendas y en los parques públicos de alquiler desde las administraciones, para que realmente se pueda equilibrar el mercado de la vivienda; sin que deje de existir la vivienda libre, a la que nosotros no nos oponemos, es necesario que haya un equilibrio para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho a vivir en una casa en condiciones dignas al menos, no en las infraviviendas que se están poniendo en el mercado en régimen de alquiler a precios desorbitados, sobre todo en las grandes ciudades.


Señorías, estamos convencidos de que es posible otra política de vivienda, desde luego no con el Gobierno del Partido Popular. Por eso esperamos que las próximas elecciones no les sean favorables a ustedes y que la ciudadanía contribuya a cambiar, como ya lo ha hecho en algunas otras ocasiones, el Gobierno desde el ejercicio de su derecho al voto en las elecciones municipales y autonómicas.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Con la venia, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, sobre las consideraciones iniciales, el Gobierno es solidario y por tanto cualquier miembro del mismo puede defender, y desde luego lo hago con sumo orgullo, las políticas que son del Gobierno y que en este caso están ejecutadas y dirigidas por el titular del ministerio, que por motivos evidentes, conocidos y programados anteriormente, no puede comparecer esta tarde en esta Cámara, lo que había anunciado ya hace bastante tiempo. En segundo lugar, pocos argumentos sólidos se debe de tener para verse obligados a buscar siempre latiguillos que en cualquier caso sepan SS.SS. que no solamente no me afectan, sino que ojalá -y eso en toda mi vida política- fueran lo que se me tuviera que echar en cara después de un ejercicio de responsabilidad amplio y largo al frente de instituciones.


Entrando en la cuestión fundamental que nos ocupa, la política de vivienda del Gobierno se ha centrado en tres ejes fundamentales, que SS.SS. además conocen: el impulso de la vivienda protegida, la solución de las limitaciones del mercado del suelo, principal factor que incide en el precio de las viviendas, y la reactivación del mercado del alquiler de viviendas. Para garantizar el acceso a la vivienda protegida a todos aquellos que encuentran dificultades en el mercado libre el Gobierno diseñó y puso en marcha, y se está ejecutando con éxito, el Plan de Vivienda 2002-2005, que es sin duda el más social que hemos tenido nunca en este país, no sólo por su volumen de recursos, 3.380 millones de euros, un 32 por ciento más que el plan 1998-2001, sino porque las ayudas son más potentes y se concentran a medida que disminuye la renta de los beneficiarios para llegar con más intensidad a los que más lo necesitan, particularmente a los jóvenes. Es un plan además más flexible y que concede mayor margen de discrecionalidad a las comunidades autónomas para adaptarlo a las particularidades de sus diferentes territorios. Quiero recordar que la falta de flexibilidad fue una de las principales razones que motivaron que el último plan del Gobierno socialista, 1996-1999, quedara superado por la realidad, pues los tipos de interés del mercado bajaron por debajo de los del plan, y tuviera que ser interrumpido anticipadamente y sustituido por el plan 1998-2001, antecesor del actual.
El Plan de Vivienda 2002-2005 contempla las ayudas más potentes que jamás se hayan dado para facilitar el acceso a la vivienda protegida, que alcanzan a las familias con ingresos inferiores a 4,5 veces el salario mínimo interprofesional. En el caso del adquirente de viviendas protegidas de nueva construcción, las ayudas llegan hasta el 20 por ciento de la subsidiación de la cuota del préstamo cualificado durante diez años, más una ayuda directa a la entrada del 11 por ciento del precio de la vivienda. Si se opta sólo por la subsidiación, esta alcanza el 40 por ciento de la cuota del préstamo durante diez años para ingresos familiares por debajo de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, que es el tramo en el que las ayudas se hacen sin duda alguna más potentes. Me gustaría recordar, sobre todo a aquellos que acusan al Gobierno de falta de solidaridad con las familias de rentas más bajas, que ha sido precisamente un gobierno del Partido Popular y no otro el que ha creado este nuevo tramo de ayudas para ingresos por debajo de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Además, junto a estas ayudas genéricas, en el caso de

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jóvenes, familias numerosas o familias con personas mayores o con minusvalías, existen ayudas directas especiales a la entrada, que se acumulan a las anteriores entre sí y que pueden llegar hasta 11.340 euros si concurren todas estas circunstancias. Aparte de las ayudas a la adquisición de viviendas protegidas de nueva construcción, el plan incluye ayudas para la compra de viviendas existentes, para la rehabilitación de viviendas protegidas y para la urbanización de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas.


Como SS.SS. saben, el plan de vivienda se instrumenta por las comunidades autónomas que han asumido las competencias en materia de vivienda, tal y como preveía la Constitución española. Las comunidades tienen por tanto una participación activa en la gestión de los recursos del plan y en sus resultados. Para estimular una más eficiente gestión de estos recursos por parte de las comunidades autónomas, el Plan de Vivienda 2002-2005 introduce la reserva de eficacia, que se ha demostrado como un instrumento tremendamente útil. La reserva de eficacia supone reservar un 20 por ciento de los recursos del plan en cada anualidad para que las comunidades autónomas más diligentes puedan avanzar por encima de sus compromisos con cargo a esta reserva de eficacia y, agotada esta, con cargo a la ineficacia de las comunidades que sean menos activas, todo ello para garantizar que no se deje de emplear ni un solo euro destinado a vivienda protegida, en beneficio lógicamente de todos los ciudadanos.
Sin duda, ha debido ser este novedoso sistema que premia la buena gestión lo que ha confundido en este caso al Grupo Socialista y le lleva a referirse en su interpelación a confusos objetivos del plan de vivienda.
No existe, desde mi punto de vista, señorías, tal confusión, salvo para quien quiera que exista. Los objetivos son por el contrario los que se acordaron en los convenios firmados por el Ministerio de Fomento y las comunidades autónomas más este 20 por ciento adicional de la reserva de eficacia, que para todo el plan suponen más de 442.000 actuaciones protegidas de vivienda y suelo.


El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en su interpelación señala que los planes de vivienda han fracasado y que apenas han cubierto los objetivos. Lamento sinceramente que los datos les estropeen el argumento fundamental de la interpelación. El programa 2002, correspondiente a la primera anualidad del Plan de Vivienda 2002-2005, ha cumplido el 104,32 por ciento de los objetivos totales previstos, incluida la reserva de eficacia, que supone el 130,40 por ciento de los objetivos convenidos con las comunidades autónomas. Estos datos demuestran la buena acogida del plan y ponen de relieve que avanzamos en la dirección correcta para recuperar el impulso de la vivienda protegida. Estos buenos resultados suponen que el Ministerio de Fomento, a propuesta de las comunidades autónomas, ha autorizado la financiación de 119.717 actuaciones de vivienda y suelo dentro del programa 2002. Por programas, las viviendas protegidas de nueva construcción ascienden a 55.326 -un cumplimiento del 137,88 por ciento de los objetivos convenidos- de las que 48.377 lo son para venta -cumplimiento en este caso del 135,54 por ciento- y 6.949 para alquiler protegido -un cumplimiento del 156,69 por ciento de los objetivos de los convenios-. En el programa de adquisición protegida de viviendas existentes se han autorizado 7.739 actuaciones. En este caso, señorías, el cumplimiento es del 137,09 por ciento de los objetivos convenidos. En el programa de rehabilitación protegida se han financiado 37.370 viviendas, con un cumplimiento del 120,70 por ciento de los objetivos convenidos. Por último, se han financiado actuaciones en el programa de suelo para 19.282 viviendas protegidas, que suponen el 127,92 por ciento de los objetivos firmados en los convenios.


Sin ánimo de detenerme en los resultados de cada comunidad autónoma, me gustaría destacar algunos datos importantes. Once comunidades han superado los objetivos convenidos, concretamente, Madrid, 21.943 viviendas financiadas; Andalucía, 18.693 viviendas; Cataluña, 17.513 viviendas y la Comunidad Valenciana, 16.889 viviendas. Estas comunidades registran los resultados más altos. En porcentaje de ejecución sobre los objetivos convenidos, encabezan la lista Melilla con el 308,46 por ciento aunque con 401 viviendas, seguida de Andalucía con el 219,66 por ciento, la Comunidad Valenciana con el 168,22 por ciento y Madrid con el 156,40 por ciento. Permítanme, señorías, la licencia de destacar que la Comunidad Valenciana ha sido la única que ha superado los objetivos convenidos en todos los programas que acabo de citar.


Estos datos conjuntos demuestran que el plan están funcionado bien, especialmente el programa de viviendas protegidas de nueva construcción.
Las 55.326 viviendas protegidas financiadas de nueva construcción en el año 2002 suponen un incremento del 11,12 por ciento sobre el año anterior y del 48,94 por ciento sobre el año 2000. Dentro de estas, se ha alcanzado una cifra récord en viviendas de nueva construcción destinadas a alquiler al doblarse la media de los planes anteriores. Las potentísimas ayudas del Plan de Vivienda 2002-2005 están sin duda, señorías, permitiendo a las familias españolas y muy especialmente a los jóvenes comprar una vivienda. El esfuerzo para comprar una vivienda protegida en términos del porcentaje de la renta familiar que se destina al pago de la primera anualidad del préstamo hipotecario se sitúa hoy en el 19,24 por ciento.


Como SS.SS. saben, el suelo es el principal responsable de la evolución del precio de la vivienda. Saben también SS.SS. que la Constitución española atribuye la competencia en materia de suelo fundamentalmente a las comunidades autónomas en materia de legislación y a los ayuntamientos en materia de ejecución y gestión. Al amparo de esta distribución competencial se ha desarrollado un complicado entramado de regulaciones, cuya tramitación ha sido larga, difícil y complicada, para transformar suelo y ponerlo en el mercado, limitando la oferta de suelo urbanizable.
Se daba así, señorías,

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la paradoja de que una creciente demanda de viviendas se encontraba con una oferta rígida de suelo para construirlas, lo que se traduce en incremento de precio necesariamente. Era preciso avanzar hacia una mayor liberalización y una simplificación del proceso administrativo de transformación del suelo, lo que sólo podía lograrse desde el consenso con las comunidades autónomas, y por primera vez el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas, todas, señorías, menos, desgraciadamente, las gobernadas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, hemos alcanzado compromisos para promover medidas sobre el suelo, cada uno en el ámbito de sus competencias, en el marco de la conferencia sectorial de vivienda y suelo. Al Gobierno le corresponde impulsar medidas relativas a la legislación básica estatal sobre suelo. En este sentido, acordamos proponer la modificación de la Ley 6/1998 en la tramitación del proyecto de ley derivado del Real Decreto-ley 4/2000 en lo que respecta a la definición de suelo no urbanizable, al derecho de los propietarios a promover la transformación de suelo urbanizable y a las valoraciones para eliminar cualquier elemento especulativo y favorecer la contención del precio del suelo. Lo hemos hecho. El proyecto de ley recoge todas las medidas acordadas y ha sido recientemente aprobado definitivamente por el Pleno del Senado, por lo que su publicación como ley en el Boletín Oficial del Estado es inminente.


En relación con los suelos patrimoniales de las administraciones públicas acordamos utilizar el concurso como procedimiento general de enajenación, en lugar de la subasta como era práctica habitual, primando el mayor número de viviendas protegidas, especialmente las de alquiler, y el menor precio de venta de las viviendas libres. Estas medidas se han incluido en el proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en esta misma Cámara. Por su parte, las comunidades autónomas que han suscrito este acuerdo se comprometen a impulsar en su ámbito competencial medidas para agilizar, simplificar y flexibilizar los procesos de transformación del suelo, es decir, para reducir en complejidad, tramitación y tiempo el proceso de puesta de suelo urbanizable en el mercado. Con la simplificación y flexibilización de los instrumentos de ordenación y la aplicación de plazos máximos y de silencio positivo en la aprobación del planeamiento será más fácil aumentar la oferta de suelo urbanizado en plazos menores y con mayor seguridad jurídica, lo que sin duda dificultará la especulación con el valor de los suelos y su repercusión en el precio de la vivienda.


Por último, es necesario estimular el mercado del alquiler de viviendas en un país donde la compra de la misma forma parte de la cultura del ahorro.
Las políticas fiscales de incentivo de la demanda -deducciones fiscales al arrendatario- no aumentaron el mercado del alquiler y se tradujeron por el contrario en mayores precios. Era preciso por tanto incentivar el mercado de alquiler desde el lado de la oferta, y lo ha hecho el Gobierno con la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que introduce una deducción del 50 por ciento del rendimiento neto para los alquileres de viviendas; y lo ha hecho con la Ley de reforma de haciendas locales, que permite a los ayuntamientos aumentar el impuesto de bienes inmuebles para aquellos que estén desocupados. Además, en el reciente Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, el Gobierno ha puesto en marcha nuevas medidas fiscales para incentivar la promoción de viviendas en alquiler, estableciendo un régimen fiscal especial para las sociedades que tengan por objeto exclusivo el arrendamiento de viviendas en España y que cumplan las siguientes condiciones: en primer lugar, que el número de viviendas arrendadas sea superior a 10; en segundo lugar, que al menos una tercera parte de las viviendas arrendadas tenga una opción de compra a favor del arrendatario, sin contraprestación ni compensación alguna; en tercer lugar, si las viviendas son libres, se exigirá que no tengan una antigüedad superior a tres años, que tengan una superficie que no exceda de 110 metros cuadrados, que durante los cinco primeros años de vigencia del contrato de arrendamiento la actualización anual de la renta sea del índice de precios al consumo, menos 0,75 puntos, y que el derecho a opción de compra sea ejercitable en el plazo de dos años, a partir del quinto año de arrendamiento. Si las viviendas son protegidas, es preciso que el derecho de opción de compra reconocido al arrendatario sea ejercitable en el plazo máximo de seis meses, contados a partir del plazo establecido en la normativa de vivienda protegida. A las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas se aplicarán las siguientes bonificaciones fiscales: el 85 por ciento de la parte de cuota íntegra por alquiler de vivienda que cumpla los requisitos generales, y por las plusvalías por la venta de las viviendas en el ejercicio de opción de compra la reducción equivale a un tipo impositivo del 5 por ciento, en vez del 33 por ciento general; el 97 por ciento de la parte de cuota íntegra en caso de viviendas libres si, además de las restantes condiciones, la renta inicial no supera la correspondiente a la de una vivienda protegida según el vigente plan de vivienda, y para las protegidas, si el contrato incorpora la opción de compra. La reducción equivale a un tipo impositivo del 1 por ciento, en vez del 33 por ciento general, además de un IVA superreducido del 4 por ciento en las transmisiones de viviendas a estas sociedades, cuando les sea aplicable la bonificación fiscal del 97 por ciento.


Señorías, reactivar el mercado del alquiler va a beneficiar especialmente a nuestros jóvenes, principales demandantes de este mercado. He dejado a los jóvenes para el final porque quiero recordar a SS.SS que son el principal objetivo de la política de vivienda del Gobierno. Por primera vez, los planes de vivienda en España tienen en especial consideración a los jóvenes, en primer

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lugar, con la introducción de la ayuda a la entrada en el año 2001, especialmente pensada para los jóvenes que se enfrentan al problema de la falta de ahorro previo; en segundo lugar, con las ayudas especiales del Plan de Vivienda 2002-2005, de hasta 4.200 euros, sólo por el hecho de ser joven, eso sí, joven hasta 35 y no hasta 30 años, como se consideraba en los planes de vivienda anteriores, que no incluían ayudas específicas para los jóvenes; en tercer lugar, con el impulso del mercado de alquileres, principal demanda de los jóvenes.


Últimamente, desde las filas de la oposición se han lanzado propuestas para destinar el 30 por ciento de las viviendas protegidas a jóvenes.
Desde mi punto de vista, no solamente se equivocan, sino que se quedan cortos. No hace falta una política de cupos; basta con diseñar bien los planes de vivienda para que den respuesta a las necesidades concretas de los ciudadanos. Según las primeras cifras, el 81 por ciento de las ayudas del Plan de Vivienda 2002-2005 han sido destinadas a los jóvenes. Todo lo anterior pone de manifiesto que el Gobierno está afrontando decididamente el problema a través de la política de fomento de la vivienda protegida y muy particularmente está ayudando a acceder a la vivienda a las familias con menores ingresos, a las familias numerosas y a los jóvenes. Señorías, ustedes comprenderán que con estos datos el Gobierno puede sentirse satisfecho y hablar de realidades muy concretas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en principio le tengo que decir que yo entiendo que el Gobierno es solidario. ¡Cómo no va a serlo! Lo que sucede es que esta solidaridad tiene difícil justificación cuando se utiliza para lo que se ha utilizado en este caso concreto. Yo entiendo que hoy, cuando uno de los principales problemas de la sociedad española es la vivienda, quien tenía que responder no era usted, tenía que ser el señor Álvarez-Cascos, que ha estado aquí una hora antes. Por tanto, por mucha solidaridad que haya, yo no le acepto ningún tipo de justificación, aunque esté recogido en el Reglamento, pero en este caso concreto, señorías, no hay ninguna justificación para hacerlo así.


Señor ministro, usted ha planteado que los objetivos son de tres tipos: impulso de la VPO, mercado del suelo y reactivación del mercado del alquiler. El mercado del suelo y el precio de la vivienda están subiendo de manera tan descarada en los últimos tiempos, señor ministro, que no lo controlan, no lo saben controlar, y no me diga ahora que es competencia de las comunidades autónomas, porque es el latiguillo que ha mantenido siempre el señor Álvarez-Cascos: yo, financiación, y lo demás, las comunidades autónomas. Hablando de financiación, si mira los Presupuestos Generales del Estado de este año -que no creo que lo haga porque no es competencia suyo sino del señor Álvarez-Cascos-, se van a gastar lo mismo en 2002 que en 2003 en política de vivienda. Por lo tanto no vengamos presumiendo de algo que no es real. Si ustedes dicen que impulsan la VPO -se lo he dicho antes, señor ministro-, el año 2002 es el peor año en VPO desde los años setenta en comparación con las viviendas construidas, que es de lo que ustedes están haciendo gala en las últimas temporadas. Es el peor dato y tendrían que tener algo más de rigor cuando hacen ese tipo de aseveraciones tan claras y tan nítidas.


El plan 2002-2005, señor ministro, es un plan en el que han introducido una trampa, que es fijar pocos objetivos para después hablar de porcentajes. Hablamos de unos objetivos limitados y como sabemos que se van a cumplir, después presumimos de que los hemos cumplido. Respecto al Plan de Vivienda 2002-2005 que ustedes han pactado con cada comunidad autónoma -curiosamente, no ha habido conferencia sectorial todos juntos y a ver cómo nos repartimos la financiación, sino que han ido con cada una de ellas, sin que las demás se enteraran, a ver cómo se llevaba a cabo esa negociación- nosotros les dijimos: increméntenlo, dótenlo, marquen objetivos más ambiciosos porque se pueden conseguir, porque la necesidad existe, y como existe esa necesidad, amplíen los objetivos.
Ustedes han dicho que no, objetivos bajos y porcentajes altos, y nos encontramos con que ahora presumen de un 130 por ciento. Es otra patraña, que está diseñada desde el momento que ustedes fijan los objetivos de financiación y cuantificación del Plan de Vivienda 2002-2005. Ustedes pueden presumir lo que quieran, pero a la hora de la verdad nos encontramos con lo que le he dicho. Las viviendas de VPO no se incrementan, tal y como parece desprenderse de la interpretación de esos datos; el precio de la vivienda sigue subiendo, aunque ustedes digan lo contrario o no lo quieran aceptar; el precio del suelo sigue disparándose, aunque ustedes digan lo contrario o le echen la culpa a las comunidades autónomas, y nos encontramos en una situación bastante preocupante para el futuro del mercado de la vivienda. Las modificaciones que ha introducido el Gobierno, señor ministro, del que usted es solidario, son modificaciones que están fomentando la especulación del suelo. Si la OCDE ha dicho antes, tal y como ha dicho nuestro secretario general, que un 20 por ciento del precio final de la vivienda obedece a la especulación, ustedes tenían que coger la bombillita roja e intentar apagarla, pero no señor; ustedes lo dan por bueno, porque al fin y al cabo posiblemente sean sus amigos los que salgan beneficiados de esa operación. Pues muy bien, pero que lo sepamos todos.


En la reactivación del mercado del alquiler, señor ministro, mientras no se le diga a la gente joven y a la gente con necesidades que van a pagar una determinada cantidad, fija, porque hay una subvención o un apoyo

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institucional para que puedan llegar a esa cuantía, los jóvenes no entrarán, y la prueba la tienen en que el año 2002, del que tanto presumen en relación con el fomento del alquiler, únicamente ha habido 6.900 viviendas en todo el Estado. ¿Por qué? Porque no ha habido motivación para que la gente con necesidad y con posibilidad de alquilar acudiera a ese mercado.


Señor ministro, usted ha venido y nos ha leído lo que le han escrito; ha dado la cara y bastante hace con darla por el resto de sus compañeros.
Nos ha leído una serie de folios que, sin lugar a dudas, nos podía haber leído cualquier otro ministro del Gobierno, pero este tema habrá que tratarlo con quien hay que tratarlo, que es el ministro de Fomento, porque los datos que usted tiene son provenientes de una interpretación torticera y malintencionada de una actuación en política de vivienda.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.


Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, no nos ha contado nada que no conozcamos ya. Ustedes se empeñan en seguir diciendo que la política de vivienda que han hecho es maravillosa, que está dando sus frutos, que está aportando a la ciudadanía todos los recursos necesarios para poder acceder a una vivienda digna y la verdad, señor ministro, tendríamos que llegar a la conclusión de que la ciudadanía se queja de vicio. No se entiende que si ustedes lo están haciendo tan bien, si ustedes han puesto al alcance de todo el mundo el acceso a las viviendas de protección pública, incluso el acceso a viviendas de alquiler, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas siga diciendo que no puede acceder a una vivienda digna y, sobre todo y fundamentalmente, las personas jóvenes sigan diciendo que el acceso a la vivienda para ellos es algo menos que imposible.


Señor ministro, hay muchos datos sobre ello. Ustedes no pueden hablar de un plan de viviendas que no es que fije objetivos oscuros, es que no fija objetivos y, como no fija objetivos, ahora nos vienen a hablar de que se han cumplido el 104, el 130, etcétera. Como no los han fijado, cualquier objetivo que cubran, por mínimo que sea, es superior al del plan de viviendas, donde no los hay.


Además, no se puede hablar de la facilidad que tienen los ciudadanos para acceder a las subvenciones del plan de vivienda de la forma tan alegre que lo hacen ustedes porque es pretender engañarnos, y la verdad es que empieza a resultar un insulto a la inteligencia el que no reconozcan ustedes lo que la realidad, los hechos diarios y cotidianos expresan a todo el mundo. Cuando una persona joven pretende comprar una vivienda de protección pública y, por tanto, acceder a esas subvenciones, lo primero que tiene que tener es un empleo fijo, una nómina que presentar al banco que le permita, si además sus recursos económicos se lo pueden permitir, pagar la cuota mensual, por muy subvencionada que esté, cada uno de los meses del año porque la compra de una vivienda es -al menos lo que nosotros conocemos- algo para mucho tiempo de endeudamiento con el crédito hipotecario. Está bien, y eso lo ha reclamado mi grupo parlamentario desde hace mucho tiempo, que se subvencione la entrada, pero es que no todo el mundo tiene el recurso para poder acceder a ello.


Vuelvo otra vez al Observatorio de la Juventud en tema de vivienda. Los datos que da este observatorio cuando habla de porcentajes en relación con los jóvenes españoles -está hablando de edades comprendidas entre 18 y 34 años- son los siguientes. Respecto a condiciones laborales dicen que tan sólo 3,3 millones de jóvenes, el 30,7 por ciento, dispone de un contrato de trabajo indefinido y el salario medio es de 12.228 euros anuales, con un mínimo de 6.439 en el tramo más joven, el de 18 a 24 años, y un máximo de 17.349 euros para los de más de 30 años. Están hablando de las franjas de edad en que se inicia la emancipación, y se trata de que los que quieran formar una familia puedan hacerlo. Son datos del Instituto de la Juventud. Cuando esta gente quiere comprar una vivienda se encuentra con que el precio de la vivienda libre es de 128.773 euros y el de la protegida de 79.029 euros. ¿Qué pasa, entonces? Que no pueden comprarla; no la pueden pagar porque no tienen el salario adecuado, ni siquiera cuando viven en pareja y trabajan los dos. Dicen que la compra de una vivienda libre rebasaría en más del 50 por ciento el precio medio tolerable para una persona joven y que incluso la vivienda de protección oficial estaría un 16 por ciento por encima de lo tolerable como acceso a la vivienda para una persona joven. Eso ocurre hoy con los salarios que hay en nuestro país y que ustedes dicen tan alegremente que son una maravilla.


Siguen ustedes en la misma línea de actuación y siguen pretendiendo generar un mercado de vivienda libre que no sirve para cubrir las necesidades sociales, sino para ganar dinero; eso sí, para que ganen dinero unos cuantos. Se ha perdido la función social que debe tener la vivienda: cubrir las necesidades de las personas, en vez de generar beneficios impresionantes a determinados sectores.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señora presidenta, señorías, coincidirán conmigo al menos en que, según la realidad que vivimos en este momento en España, hay mucha más gente con empleo de la que había anteriormente -por tanto, más gente con recursos-

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y en que hemos conseguido un avance sustancial para la aspiración de muchísimos ciudadanos que veían imposible acceder al mercado laboral y que afortunadamente en los últimos años lo han conseguido. Coincidirán también -en esto no sé si coincidirán en el mismo grado, pero les aseguro que será así- en que la tendencia permanecerá y seguiremos generando empleo, lo que será una de las soluciones más importantes para las políticas de vivienda y para todas las políticas sociales y públicas. Las políticas sociales serán más fáciles si continuamos dando el récord histórico de afiliación a la Seguridad Social y de generación de empleo.


El Gobierno ha aportado medidas tremendamente razonables de acuerdo con las necesidades. Ha diseñado planes de vivienda que han demostrado ser muy eficaces. Los datos son incontestables, y SS.SS., tratando de desvirtuarlos, hacen el siguiente análisis: como no hay objetivos muy concretos, no debemos atender a los resultados. No discuten los resultados, que han sido conveniados todos con las comunidades autónomas y son incontestables por su rigor; pero dicen: no, los objetivos son difusos, no están establecidos. Bajo ningún concepto. Los objetivos son mucho más ambiciosos que los que hayan podido existir nunca. Son objetivos muy concretos, conveniados y, además, para sacar la máxima utilidad a todos los recursos, se establece una figura nueva que -créanme- es de gran utilidad: la reserva de eficacia. Antes, cuando se distribuían los recursos entre las comunidades autónomas, había algunas que no los ejecutaban al cien por cien y había partidas presupuestarias que se quedaban sin ejecutar y, por tanto, había ciudadanos que pudiendo haber accedido a una vivienda protegida no lo habían logrado.
Afortunadamente, eso ya es historia y se saca el máximo rendimiento y utilidad a todos los recursos públicos, absolutamente a todos.


Me han hecho llegar una serie de datos que son claramente ilustrativos: actuaciones financiadas en los planes de vivienda. En alquiler: año 1992, 1.936; año 2002, 6.949. Un número dicho así puede dejarnos fríos -6.949-; sin embargo, al repasar, veo que es el más alto, el mejor de todos los que han existido. Luego, vamos avanzando, tanto en venta como en alquiler, de forma sustancial. Su señoría ha citado, por ejemplo, en su primera intervención -no en la segunda, al menos no lo he oído-, el cálculo del esfuerzo de acceso de los jóvenes a la viviendo protegida, situándolo en un 50 por ciento, cuando la media es del 19,14 por ciento.
No quiero entrar en polémicas territoriales entre comunidades autónomas, pero hay alguna, como la de Baleares, que se sitúa en estos momentos en el 24,63 por ciento, o la de Asturias, en el 22,47 por ciento, y están gobernadas precisamente por el Partido Socialista.


Señorías, yo he dado aquí -y efectivamente me los ha facilitado, como no podía ser de otra forma, el Ministerio de Fomento- datos tremendamente concretos, ilustrativos, que ponen de relieve el buen cumplimiento y la eficacia del plan de vivienda. Sin embargo, SS.SS. siempre nos dicen que los que no estamos en la realidad somos nosotros, al margen de hacer augurios o más bien manifestaciones de deseo sobre el desenlace del próximo proceso electoral. Lógicamente ahí es donde menos nos vamos a entender porque tenemos intereses, legítimos todos, contrapuestos. Sin embargo, les querría decir que hay muchos ciudadanos, muchos -se lo puedo asegurar-, que están encantados y contentos porque han tenido la posibilidad de encontrar trabajo y de acceder a una vivienda, y que la realidad actual que nos acompaña tiene mucho más que ver con ese número de personas que han encontrado trabajo y que han accedido a una vivienda que con esa otra que ustedes nos quieren describir, que puede existir en casos puntuales y que sin duda tendremos que atender porque se habrá podido cometer algún error puntual, pero que desde luego no sirve para describir, ni muchísimo menos, la realidad que en estos momentos nos acompaña. Son unos planes de vivienda tremendamente efectivos, planes de vivienda que se están aplicando por encima de sus previsiones iniciales, planes de vivienda que además se están adaptando, con medidas concretas a las que he hecho referencia, a las nuevas realidades y situaciones que cualquier cambio social comporta y conlleva. Sus resultados dejan al descubierto estrategias que desde luego tienen poco que ver con el análisis riguroso y profundo de los planes de vivienda y probablemente más, señorías, con el momento electoral en el que nos encontramos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR MEDIDAS DE FOMENTO Y APOYO AL TERCER SECTOR. (Número de expediente 172/000284.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para impulsar medidas de fomento y apoyo al tercer sector.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro (subo a la tribuna un poco tarde y agradezco a los colegas parlamentarios que resisten en esta tarde de miércoles esta última interpelación), mi grupo plantea al Gobierno una interpelación orientada a dar un nuevo impulso a la capacidad de iniciativa de la sociedad civil organizada, y especialmente a aquellos

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sectores de dicha sociedad que orientan sus actividades a las necesidades de interés general. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Lo hacemos desde la confianza y la seguridad que nos da el hecho de haber liderado, desde los años ochenta, un discurso que pone el énfasis en esa confianza en la sociedad civil y haber impulsado iniciativas legislativas también en esa materia, muchas veces con la incomprensión de la mayoría de los grupos de la Cámara, y lógicamente partiendo también de la convicción de que somos diputados que representamos a un país, Cataluña, que precisamente se caracteriza por una alta densidad social. Si Cataluña es hoy lo que es, es fundamentalmente por la capacidad de nuestra sociedad civil para dar respuesta a cuestiones fundamentales en el campo de la educación, de la sanidad y de la cultura en épocas en las que el Estado era incapaz de responder a aquellas necesidades. Lo hacemos al final de una legislatura en la que debemos reconocer que se han producido avances en esa materia: la aprobación de la Ley de asociaciones, la nueva Ley de fundaciones, la nueva Ley de mecenazgo, mejoras en la gestión de la asignación a otros fines de interés social del 0,52 por ciento del IRPF, la creación del consejo estatal de las ONG de acción social.


Todo ello constituye mejoras indiscutibles, algunas de ellas reclamadas por Convergència i Unió a lo largo de los últimos tiempos, pero estamos convencidos de que esa política precisaa un nuevo impulso porque continuamos necesitando superar las reticencias, las desconfianzas, los reparos que aún muchos sectores de la Administración central del Estado expresan hacia esa vitalidad de la sociedad civil. Además, estamos convencidos de que determinadas evoluciones de nuestra sociedad, compartidas también por el conjunto de Europa, derivadas de las transformaciones habidas en el mundo del trabajo -el fin de las sociedades industriales, el fin de los modelos fordistas de la organización del mundo del trabajo, las transformaciones habidas en el mundo de la familia, con todas sus consecuencias, las transformaciones habidas en las comunidades locales- nos van a exigir en los próximos años tener un conjunto de instrumentos que refuercen el capital social de nuestra sociedad, que refuercen los lazos que permitan a la gente sentirse vinculada a su comunidad; necesitamos recuperar confianza; necesitamos recuperar sentimiento de comunidad; necesitamos lubricar nuestra sociedad, los mecanismos que permiten la vida en común.


Hoy la sociedad nos propone mayores niveles de participación política y social. Se nos plantea un debate sobre la calidad de nuestra democracia y sobre los límites de la democracia representativa para permitir a la ciudadanía participar de los proyectos en común. La sociedad hoy nos plantea nuevos retos y nuevas exigencias. Lo sucedido en el Estado español, especialmente en Cataluña, a raíz de la guerra demuestra que existe una ciudadanía que exige a las instituciones y a los partidos políticos nuevas maneras de dar respuesta a las inquietudes que expresa la ciudadanía. Además, señor ministro, nuevos fenómenos relacionados con la desigualdad nos exigen más y mejores recursos para hacer frente a esas desigualdades. El problema y el reto del envejecimiento, las nuevas realidades familiares con la aparición de nuevos núcleos de pobreza relacionados con mujeres que viven solas con hijos a cargo, la nueva inmigración, el mundo de la discapacidad. Ahí necesitamos también esa activa participación de una sociedad civil fuerte, potente y activa. En materia de creación de empleo y a pesar de que según las últimas cifras que mi grupo maneja alrededor de un millón y medio de personas están vinculadas al tercer sector directamente como profesionales y que el tercer sector representa una parte importante del producto interior bruto que genera España, necesitamos continuar creando más empleo alrededor del tercer sector, precisamente para aumentar nuestra respuesta a esas nuevas necesidades sociales, máxime en un Estado que respecto al conjunto de Estados de la Unión Europea tiene aún un número escaso de profesionales vinculados a los servicios de personal para esas nuevas necesidades sociales. Necesitamos mejorar la eficacia de nuestras políticas públicas en esa materia, unas políticas públicas que muchas veces pueden encontrar en el tercer sector formas más imaginativas, creativas y ágiles de dar respuesta a esos nuevos requerimientos. Además lo hacemos en un momento -y ahí mi grupo se siente especialmente satisfecho- en el que somos conscientes de que el interés público, el espacio público, ya no es exclusivo de la Administración pública; que el espacio público, el interés público, el interés general, son también el resultado de compartir, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, unos mismos objetivos.


El debate hoy no se sitúa ya en una discusión entre más mercado o menos Estado y viceversa, sino que somos conscientes de que dar respuesta a esos nuevos retos en esta nueva sociedad que se está construyendo nos exige compartir entre Estado, mercado y tercer sector la capacidad de dar respuestas. En definitiva, señor ministro, necesitamos más política, más confianza, más complicidad y menos liderazgo, capacidad de liberar y liderar las nuevas energías de nuestra sociedad.


Mi grupo, ¿cómo lo concreta? De entrada lo concretamos en dar mayores capacidades a las comunidades autónomas para activar a su sociedad civil.
La sociedad civil es real en el municipio, en la ciudad, en el país y necesitamos que quienes hoy tienen las competencias, por ejemplo, en materia de asistencia social, puedan gestionar el 0,52 de IRPF asignado a otros fines sociales. Estoy seguro además de que el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha sido presidente de la Generalitat valenciana, compartirá que es precisamente desde el ámbito autonómico desde donde se puede planificar a la hora de apoyar esa sociedad civil organizada. Necesitamos que el reglamento de utilidad pública que el Gobierno debe elaborar en desarrollo de la Ley de asociaciones aprobada hace escaso tiempo dé a las comunidades autónomas capacidad para determinar

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quién se puede beneficiar de esa utilidad pública. Apoyar al tercer sector, liberar las energías de nuestra sociedad civil pasa por dar mayor capacidad de gestión a las comunidades autónomas. Necesitamos, señor ministro, más y mejores recursos, y quizás recursos diferentes para movilizar a esa sociedad civil. Tal vez sea ya el momento de plantearnos si en lugar del 0,52 de la asignación del IRPF podemos marcarnos el objetivo del 1 por ciento del conjunto de la recaudación del IRPF, el 1 por ciento de aquello que aportan los ciudadanos para dar más recursos a ese tercer sector. Tal vez sea ya el momento, y el señor Martínez-Pujalte conoce nuestra posición, de abrir un debate a fondo para valorar que las primeras aportaciones de un ciudadano a una entidad declarada de utilidad pública sean cien por cien desgravables. La Ley de mecenazgo es una buena ley, facilita un entorno para el conjunto del sin ánimo de lucro mucho más sólido, mucho más transparente, mucho más claro y, sin embargo, en las deducciones fiscales sobre esa materia nos hemos quedado muy cortos, hemos sido muy tacaños. Nuestra propuesta es que los 150 primeros euros de cualquier donación sean cien por cien desgravables. Quizás sea ya el momento de plantearnos, como otros Estados de la Unión Europea, facilitar excedencias de funcionarios de la Administración pública que quieran trabajar en las asociaciones sin ánimo de lucro. En el caso de Francia tenemos un ejemplo muy interesante de los profesionales del mundo de la educación, que se incorporan a trabajar en entidades sin ánimo de lucro, siendo asumidos sus salarios por parte del Estado y teniendo derecho a retornar a su antigua función. Necesitamos dar un contenido real a la denominada cláusula social que Convergència i Unió incorporó en el trámite parlamentario de la Ley de contratos la pasada legislatura y que en la Administración central del Estado ha tenido un desarrollo escasísimo.


Necesitamos superar esa desconfianza. Por ejemplo, señor ministro, y eso no le compete a usted, no puede ser que a partir de este mes de junio las entidades sin ánimo de lucro que no están declaradas de utilidad pública tengan la obligación de hacer la declaración del impuesto sobre sociedades en los supuestos de las rentas exentas. Tan sólo desde una visión desconfiada de la Administración tributaria puede pretenderse que quien no se puede beneficiar de ningún tipo de ayuda de carácter fiscal se vea en la obligación de hacer frente a la multitud de burocracia que le va a ahogar. Estos días la prensa de Barcelona se está haciendo eco de la profunda preocupación del tejido asociativo catalán ante esa obligación que le marca la Agencia Tributaria y que en el caso de que no pueda cumplir corre el riesgo de verse sometida a las correspondientes multas. Necesitamos que esa declaración de la utilidad pública realmente funcione bajo criterios de objetividad y de transparencia, si queremos de verdad que esa Ley de mecenazgo llegue a la sociedad civil real.


Señor ministro, en la pasada legislatura, y como resultado de aquello que se impulsó por parte de las grandes ONG del Estado español bajo el paraguas de la Plataforma de organizaciones no gubernamentales de acción social, lideradas también desde Cataluña, el Gobierno asumió compromisos importantes, como la elaboración de un libro blanco o la elaboración de un plan estratégico, de los cuales aún no sabemos nada, y algunos compromisos que sí se han cumplido, como la Ley de asociaciones o la nueva Ley de mecenazgo. Nos parece que necesitamos un nuevo impulso del Gobierno en esta materia. Necesitamos que el Gobierno crea en la sociedad civil y que sea capaz de marcarnos unos nuevos horizontes, que quizás no podamos cumplir en esta legislatura, pero que nos marcarán una hoja de ruta inteligente y compartida de cara al futuro. Yo espero que de este debate, de la interpelación de hoy y de la moción que discutiremos próximamente, podamos alcanzar un acuerdo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Señora presidenta, con la venia.


Señorías, señor Campuzano, quiero agradecer desde esta tribuna -se lo he dicho a S.S. antes y se lo reitero ahora- la interpelación presentada por su grupo, pues sabe que coincidimos plenamente con ustedes en la destacada importancia que reviste la tarea desarrollada por el tercer sector para avanzar en la integración y en la cohesión social. Además, el auge del tercer sector en nuestro país en los últimos años es una evidente muestra de dinamismo y de madurez de nuestra sociedad civil que, créanme, defendemos con todas nuestras fuerzas y posibilidades, dinamismo que se refleja en el hecho de que hoy son ya en España, señoría, más de 11.000 las entidades dedicadas a la acción social, que, según mis datos -S.S. ha manejado otros-, proporcionan empleo a más de 200.000 trabajadores, contando con la colaboración de en torno a 1.000.000 de voluntarios. El tercer sector tiene ya un peso en nuestro producto interior bruto del 4,6 por ciento. Si en las configuraciones iniciales del denominado entonces Estado del bienestar prevaleció la idea de una sociedad pasiva, una sociedad que lo esperaba todo del Estado, hoy asistimos en todos los países desarrollados a una renovada toma de conciencia por la sociedad civil de sus propias responsabilidades. De este compromiso es un ejemplo, ejemplo particularmente cualificado, el tercer sector, que contribuye eficazmente a la puesta en práctica de las políticas públicas tendentes a garantizar el bienestar social, constituyendo en este sentido un indispensable complemento de la tarea realizada desde las administraciones. Por todas estas razones, el tercer sector merece sin duda alguna pleno apoyo por parte de los poderes públicos, un apoyo que hemos venido brindando desde

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el Gobierno al menos desde el año 1996. Si S.S. me lo permite, me referiré a continuación a algunas de las actuaciones más destacadas en ese sentido.


Hemos llevado a cabo un plan de informatización de entidades con participación del propio sector y de diversas empresas de informática, gracias al cual ha sido posible ofrecer la instalación de equipamientos informáticos a las ONG, con un importante ahorro con respecto al precio final del mercado. El 22 de junio del año 2001 se aprobó el Plan estatal del voluntariado 2001-2004, que se ha traducido en una dotación presupuestaria anual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales superior a 3.000.000 de euros, distribuida cada año entre las comunidades autónomas para el desarrollo de acciones de sensibilización y promoción del voluntariado. Su señoría ha hecho referencia, y yo quiero destacarlo también, a que la Ley de asociaciones, la Ley de fundaciones y la Ley de mecenazgo conforman un nuevo marco legislativo de la actividad del tercer sector plenamente adecuado a las exigencias constitucionales, que favorece la autonomía de las entidades, ha simplificado su procedimiento de gestión y ha mejorado notablemente el tratamiento fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, estimulando asimismo a través de nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta y en el impuesto sobre sociedades las aportaciones voluntarias a dichas entidades. Desde el programa de fomento del empleo para el año 2000 se han venido estableciendo bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las entidades sin ánimo de lucro que contraten a trabajadores desempleados en situación de exclusión social. En 1999, mediante un acuerdo suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda y la Plataforma de las ONG de acción social, se reformó el sistema de financiación de las ONG a través del 0,52 del impuesto sobre la renta, garantizando una cuantía mínima que para el año 2003 se ha incrementado en un 2 por ciento con respecto al ejercicio anterior y que alcanza en estos momentos la cifra de 93.180.916 euros, cantidad a la que hay que sumar otros 29.437.644 euros que en este año 2003 aportará el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a las ONG, con cargo a sus propios presupuestos, a través de las diversas convocatorias de subvenciones del régimen general. Hemos firmado, señoría, convenios de colaboración con empresas y otras entidades como RENFE, Iberia, el Grupo Santander y otras para que éstas oferten sus servicios en condiciones más ventajosas para las ONG, a los que pronto se van a sumar acuerdos que ya están concretados con nuevas entidades como la Confederación Española de Cajas de Ahorros o Coca-Cola España. Hemos prestado también apoyo y asesoramiento técnico a las ONG a través de numerosos cursos y seminarios que se han venido celebrando en todos estos años y de la publicación de la norma de calidad de las ONG y de su guía de implantación. Merece destacarse especialmente la creación, hace dos años, del Consejo estatal de las ONG de acción social como órgano estable de diálogo y colaboración entre los poderes públicos y las entidades sociales y como cauce de participación de las ONG en el diseño de las políticas sociales.


En esta línea vamos a continuar trabajando, señorías, porque estamos convencidos, absolutamente convencidos desde el Gobierno, de que el apoyo al trabajo del tercer sector tiene una indudable rentabilidad social. Por ello deseo anunciarles que el próximo mes de julio se publicará el Libro Blanco del tercer sector, en el que se ha venido trabajando durante todos estos años y que puede ayudar a profundizar en ese debate al que aludía también S.S. en su intervención anterior. Han participado en la elaboración de este libro blanco, además del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Cruz Roja Española, la Fundación Cruz Roja, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y la Plataforma de las ONG de acción social. Este libro blanco ofrecerá un diagnóstico amplio y riguroso sobre la situación del tercer sector en España y será la base de la elaboración de un plan estratégico que me comprometí a impulsar en mi primera comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo de esta Cámara, allá por el pasado mes de septiembre. Estoy seguro de que este libro blanco nos permitirá detectar las lagunas y las carencias de las entidades de acción social y nos permitirá identificar, por tanto, las nuevas acciones que deberemos emprender desde los poderes públicos.
Quiero señalar, asimismo, que en el marco del Consejo estatal de ONG de acción social se está trabajando en el diseño de un plan estratégico para el fomento de la calidad de las ONG y se ha constituido, igualmente en el seno del Consejo estatal , un grupo de trabajo sobre financiación con la finalidad de llevar a cabo una evaluación del sistema vigente y proceder, en el caso de que fuera necesario, a su revisión.


En suma, señoría, el Gobierno mantiene un diálogo permanente, como por otra parte conoce S.S., con las entidades del tercer sector, un diálogo iniciado hace años que ha dado frutos excelentes y que ha permitido enormes avances en el marco jurídico del tercer sector, en su financiación y en la mejora de su calidad y del servicio que presta. En el marco de ese diálogo, el Gobierno está dispuesto a estudiar cuantas medidas sean necesarias siempre para seguir impulsando el apoyo al tercer sector y avanzado en su eficacia. Y reitero una vez más mi convicción, señoría, de que para ese nuevo impulso nos ofrecerá una base excelente el libro blanco que presentaremos, como ya he referido, el próximo mes de julio. Además, confío y estoy seguro de que contaremos en ese debate y en la profundización de esas ideas con la colaboración de su señoría.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Señor Campuzano.


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El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, creo que hoy, con más o menos intensidad, con más o menos legitimidad, el conjunto de la Cámara comparte esas ideas que el Gobierno y el Grupo Catalán hemos coincidido en impulsar en estos últimos años.
Por tanto, cuando estas ideas son capaces de suscitar estos amplios consensos es indicativo de que estamos creando las condiciones para implementar políticas eficaces de verdad. Mi grupo se alegra de ello y de que el Gobierno haya sido consciente de esa necesidad y del mantenimiento de esas políticas. Al mismo tiempo mi grupo -y el señor ministro me lo va a permitir- valora positivamente que por fin el libro blanco se vaya a aprobar, porque es un compromiso asumido en la anterior legislatura. En concreto, el 13 de abril de 1999, el punto 1 de una moción que se aprobó a propuesta de Convergència i Unió marcaba la elaboración del libro blanco del tercer sector y el punto 2 marcaba la necesidad de impulsar ese plan estratégico. El Gobierno ha tardado casi cuatro años en cumplir aquellos mandatos. Son cuestiones que creo que ya tocaba que se pusiesen en marcha. En todo caso, bienvenido sea, porque lógicamente el libro blanco nos puede marcar esa hoja de ruta en la medida en que sea capaz de efectuar un buen análisis. Vamos a verlo.


Señor ministro, en los próximos meses necesitamos avanzar sobre cuestiones concretas que preocupan hoy al tercer sector y que quizá no toca situar en esa perspectiva del medio plazo a la que necesariamente nos va a llevar un libro blanco. Ser capaces de resolver los problemas de las entidades sin ánimo de lucro que no tienen la clasificación de utilidad pública, frente a la declaración en el impuesto sobre sociedades de sus rentas exentas, es una cuestión urgente. Mi colega el señor Jané le planteó una pregunta oral al señor Montoro sobre ese extremo y el señor Montoro se mostró abierto a buscarle una solución. Señor ministro, ya le anuncio que nuestra moción va a incorporar un punto específico sobre esa materia. Nos gustaría ver la capacidad del Gobierno para buscar alguna solución a la sociedad civil organizada, insisto, que no tiene la consideración de utilidad pública, y a la que hoy se va a cargar con unas obligaciones tributarias imposibles de asumir. En segundo lugar, señor ministro, vamos a necesitar, por ejemplo, traspasar la gestión del 0,52 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas. Quienes tienen las competencias exclusivas en materia de asistencia social deben tener los instrumentos que hoy tiene el Estado para dotar a la sociedad civil de medios para fortalecer esas actividades concretas que se desarrollan en el territorio. Creo que ello puede ser compartido por todas las fuerzas políticas. Nuestro modelo de Estado descentralizado, nuestro modelo de Estado que ha sido útil en la reducción de las diferencias sociales en España, necesita reforzarse en esa etapa. Un liderazgo claro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puede ayudar a que, por ejemplo -ya sabemos que es parte del problema-, las grandes estructuras estatales que desconfían de liberar esos recursos hacia sus propios asociados en el territorio así lo hagan. Señor ministro, le recomiendo que apueste claramente por lo que va a terminar imponiéndose en el medio plazo, y es que esos recursos se gestionen desde el territorio, desde la cercanía de la gente.


El Gobierno está elaborando un nuevo plan de inclusión para el periodo 2003-2007, si no recuerdo mal; hablo de memoria. Debemos ser capaces de incorporar en ese plan de inclusión medidas concretas que permitan crear empleo a las asociaciones sin ánimo de lucro, pero no sólo empleo para los sectores excluidos, que es aquello que pretendíamos impulsar con las modificaciones al empleo de las personas en exclusión social, sino por el solo hecho de ser nuevas iniciativas económicas destinadas a satisfacer necesidades sociales de carácter general. Va a ser importante ser capaces de vincular el plan de empleo con ese plan de inclusión. Necesitamos que el Gobierno se plantee ya lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat, la puesta en marcha de las cláusulas sociales en sus contratos, cosa que hasta ahora no se hace, o necesitamos articular mecanismos de plurianualidad para determinadas subvenciones, que también el Gobierno de Cataluña ya ha puesto en marcha. Junto con la hoja de ruta que va a suponer ese libro blanco necesitamos medidas concretas, porque hoy la sociedad civil nos las exige. En ello sí que mi grupo va a ser exigente, como no puede ser de otra manera, eso sí, esperando que con el diálogo y la discusión seamos capaces de alcanzar un acuerdo en la moción dentro de quince días. Por nuestra parte, haremos el mayor esfuerzo posible.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


Señor Ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Zaplana Hernández-Soro): Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor Campuzano.


Estoy seguro de que encontraremos puntos de entendimiento, como los hemos encontrado tantas veces para impulsar estas ideas, y estoy seguro de su voluntad, manifestada de nuevo hoy en esta Cámara, de colaboración y de diálogo. Tenga absoluta conciencia S.S. de que por nuestra parte vamos a continuar con esa vocación y con ese interés en llegar a acuerdos, que podrían extenderse muchísimo más, si SS.SS. quisieran, a muchos ámbitos.
En cualquier caso hoy estamos hablando de esta cuestión.


Efectivamente, me parece que el libro blanco -S.S. ha utilizado la expresión hoja de ruta- puede marcar ese camino de debate y de diálogo que nos permita avanzar en la aplicación de estas ideas. Estoy seguro también de que las medidas que está negociando con el

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Ministerio de Hacienda en estos momentos podrán encontrar alguna solución razonable. Solamente quería decir a S.S. que no nos confundamos, porque parece que el 0,52 por ciento lo gestione la Administración estatal, lo gestione el Gobierno, y sabe S.S. que no es verdad, que lo único que hace es la distribución y las ONG, que son de Cataluña, de Andalucía, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de cualquier lugar de España, acuden a sus convocatorias con programas determinados para poder hacer luego esas realizaciones y esas ejecuciones, y muchas de ellas -S.S. las conoce perfectísimamente- en el ámbito de Cataluña. En cualquier caso, sabe que cuenta siempre con mi predisposición al diálogo y que para ello siempre estaré abierto, pero probablemente habría que escuchar a las propias ONG que en algunas ocasiones ya se han manifestado en dirección contraria a la que plantea su señoría. Solamente apunto ese dato para que no quede la impresión en el debate de que es una competencia que ejercita directamente la Administración central, porque lo que hace a través de las correspondientes convocatorias la Administración central es la distribución de los fondos, fondos importantes, cuantiosos y sin duda con una gran utilidad.


Agradezco de nuevo a S.S. la iniciativa. Ya sabe que en algunas de las conversiones que hemos tenido hemos estado muy de acuerdo en la necesidad de avanzar de forma consensuada en algunas reformas que son necesarias realizar y, en cualquier caso, también reitero, como S.S. ha coincidido, que el libro blanco puede ser una oportunidad extraordinaria.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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