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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 275, de 11/09/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 275
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 262
celebrada el jueves, 11 de septiembre de 2003


ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 145-1, de 5 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000145.) ... (Página 14407)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 146-1, de 5 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000146.) ... (Página 14416)

Votaciones de conjunto ... (Página 14429)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación.)

- Proyecto de Ley de Montes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 138-1, de 28 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000138.) ... (Página 14430)

- Proyecto de Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 141-1, de 22 de abril de 2003. (Número de expediente 121/000141.) ... (Página 14440)

Página 14404


Declaraciones institucionales ... (Página 14449)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Continuación.)

- Proyecto de Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 142-1, de 22 de abril de 2003. (Número de expediente 121/000142.) ... (Página 14450)

- Proyecto de Ley del ruido. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 140-1, de 4 de abril de 2003. (Número de expediente 121/000140.) ... (Página 14457)

- Proyecto de Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 150-1, de 23 de mayo de 2003.
(Número de expediente 121/000150.) ... (Página 14462)

- Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 151-1, de 23 de mayo de 2003. (Número de expediente 121/000151.) ...
(Página 14477)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 14407)

Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página 14407)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barrero López y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por los diversos grupos parlamentarios, que son rechazadas.


A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 14416)

En defensa de las enmiendas intervienen los señores Labordeta Subías y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial por los diversos grupos parlamentarios, que son rechazadas.


A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que es aprobado.


Votación de conjunto ... (Página 14429)

Página 14405


Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 14429)

Sometido a votación final de conjunto el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por tener carácter orgánico, se aprueba por 180 votos a favor, 22 en contra y 108 abstenciones.


Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página 14430)

Sometida a votación final de conjunto el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, por tener también carácter orgánico, se aprueba por 191 votos a favor, 112 en contra y siete abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación.) ... (Página 14430)

Proyecto de ley de montes ... (Página 14430)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Simón de la Torre, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas al proyecto de ley de montes presentadas por los diversos grupos parlamentarios, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general ... (Página 14440)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado.


Declaraciones institucionales ... (Página 14449)

La Presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios, somete al Pleno de la Cámara la aprobación de tres declaraciones institucionales: la primera, sobre el golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973 en la República de Chile, que acabó con el régimen democrático y de libertades del que este país disfrutaba y con la vida de su legítimo presidente, el doctor Salvador Allende; la segunda sobre el segundo aniversario de los terribles atentados de Nueva York y Washington, que conmovieron por su singular brutalidad la conciencia de la opinión pública mundial, y la tercera por el fallecimiento de la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, doña Anna Lindh, víctima de una agresión en el día de ayer. Las tres declaraciones son aprobadas por asentimiento y con prolongados aplausos.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación.) ... (Página 14450)

Página 14406


Proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas ...
(Página 14450)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para dar por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sánchez Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley del ruido ... (Página 14457)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para dar por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias ... (Página 14462)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Blanco García, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado.


Asimismo se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley del ruido, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado.


Se procede a la votación de las enmiendas al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que son rechazadas.


A continuación se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado.


Proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud ... (Página 14477)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Arola Blanquet, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Zambrano Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, que son rechazadas, excepto la enmienda transaccional a la enmienda 16 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y a la enmienda 121 del Grupo Parlamentario Socialista, que es aprobada por 237 votos a favor, uno en contra y una abstención.


A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que es aprobado.


Se levanta la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve y cinco de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000145.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. De acuerdo con el cambio del orden del día que la Cámara aprobó en el día de ayer, en primer lugar, dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas presentadas por los grupos BNG y Eusko Alkartasuna, señores Aymerich y Begoña Lasagabaster. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría tiene la palabra.


La señoría URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, como bien conoce esta Cámara, no es práctica de la formación política a la que represento presentar enmiendas a la totalidad a todos los proyectos de ley. Únicamente lo hacemos a aquellos que nos parecen contrarios a los postulados políticos que defendemos o inadecuados para producir el efecto que pretenden aun con las enmiendas parciales que pudieran ser objeto de aprobación en el trámite parlamentario. Por ello -así le consta al señor ministro-, mi formación política no presentó enmienda a la totalidad a esta modificación del Código Penal, a pesar de que le criticábamos que se estuviesen haciendo las reformas por entregas, lo que podía suscitar en algunos casos inseguridad jurídica a la hora de abordar unas modificaciones en un texto u otro de los numerosos que han venido sobre esta materia a la Cámara.


Aprovecho para recordarle, señor ministro -lo he hecho oficialmente a través del artículo 7 del Reglamento de la Cámara, y vuelvo hacerlo ahora para que así conste en el "Diario de Sesiones", puesto que el señor ministro no me atiende-, que deseo contar con el producto de lo que ustedes denominan informe de la comisión de penas. He llegado a dudar de que tal informe exista, puesto que no nos ha sido dado conocerlo a los miembros que hemos sido ponentes en esta norma. Le indicaba también algunas pautas de actuación en relación con las modificaciones que el texto incluía y le exhortaba a que se tuviese especial cuidado en la tipificación de las conductas que se engloban bajo el nombre de maltrato de género o doméstico. Apostaba por transitar la vía de las enmiendas parciales, haciendo votos para que alguna de ellas pudiese ser aprobada en la tramitación parlamentaria. Pues bien, señorías, ni una sola de las enmiendas presentadas por el PNV ha sido objeto de aceptación. En el caso de las enmiendas 68 y 69, que están en parte asumidas por la número 152 que el propio Grupo Parlamentario Popular presentaba, el informe de la ponencia no las cita para nada. Debe ser que la mera cita de las siglas del Partido Nacionalista Vasco da calambres en este momento. De la misma manera, lo que pretendíamos con la enmienda 62 está incorporado a través de la número 104 del Grupo Parlamentario Socialista, pero la del PNV, siendo idéntica, no merece siquiera cita en el informe de la ponencia.


Para que vean SS.SS. cuáles eran las pretensiones del talante soberanista o del patrocinio a ETA que mi formación política pretendía en estas enmiendas, todas ellas absolutamente técnicas, voy a hacerles su enumeración. Nuestra primera enmienda, la 58, simplemente pretendía que en el artículo 31 se corrija un error, que ahí permanece, de no citar junto a los autores, a los cómplices. En el Código Penal la técnica legislativa exige esta cita inexcusablemente. En el artículo 56.1 pretendíamos que la suspensión de empleo público no hiciese de peor condición a los funcionarios públicos que a los ciudadanos en general, vinculándolos al objeto del tipo delictivo cometido. En el artículo 65, nuevamente poníamos de manifiesto a los ponentes, al propio Gobierno, que no había cita alguna a los cómplices, y esto es una exigencia, insisto, de la correcta técnica legislativa en materia penal. Más enjundia, si se quiere, o un calado de política legislativa tiene nuestra enmienda 61, que es coincidente con lo que pretendían otras formaciones políticas y que hace referencia a lo que nos parecía un retroceso en la evolución seguida hasta ahora en el derecho penal al desaparecer la cancelación de antecedentes penales en la remisión definitiva de la pena suspendida, con lo que creíamos que se echaba al traste una gran parte de los efectos beneficiosos que la suspensión tenía, y que ha tenido tanto éxito desde nuestra perspectiva hasta ahora.


Nuestra enmienda número 62 es idéntica a la 104 del Grupo Socialista, y ésta sí aparece citada como recogida, no así la nuestra; parece que no hemos tenido merecimientos bastantes. En cuanto a la número 63, nos parece inaudito que no haya sido aceptada, puesto que sólo pretende recoger, en lo que hace referencia a la Corte Penal Internacional, lo mismo que respecto de

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los procesos que se celebren dentro de España se recoge en los artículos 459 y 460 del Código Penal, cual es la posibilidad de que también pueda ser sujeto de la comisión de un delito quien actúa como testigo, perito o intérprete, puesto que también los peritos o los intérpretes pueden falsear las declaraciones que se hagan. Si en los procedimientos celebrados en España tiene la consideración de delito, de igual manera debe contemplarse cuando estas falsedades se produzcan en la Corte Penal Internacional.


Lo que solicitábamos en la enmienda número 64, al artículo 262.1, sí que es de libro en cuanto a la incorrección que contiene. Se mantiene en el texto que va a ser objeto de aprobación la inhabilitación referida a empresas. Que nosotros sepamos, la inhabilitación como pena sólo es posible predicarla de las personas físicas, jamás de las jurídicas. Por no hacer caso al PNV ahí queda esa incorrección en el texto de la norma.
Nuestra enmienda número 65 pretendía que se modificase el artículo 267 para que cuando se produzcan daños al patrimonio de una pluralidad de personas, el cómputo de la cuantía de 80.000 euros que se establece se haga sobre la suma de todos ellos. Tampoco ha tenido aceptación. La enmienda número 66 pretendía evitar la paradoja de que matar o lesionar a un gato o a un canario, como decíamos en la justificación de nuestra enmienda, pueda ser sancionado con pena más grave de lo que queda establecido en la modificación del Código, en el artículo 147.2 del Código Penal. Quizá obedezca a la escala de valores de alguna formación política, pero no es la nuestra y por ello pretendemos que los delitos referidos a las personas se califiquen con penas más graves que los referidos a los animales, por repugnante que pueda ser la conducta de maltrato a éstos. En la enmienda número 67 pretendíamos una adición, de tal forma que el delito de desobediencia, en los casos de ser requerido por agente de la autoridad en los delitos que se cometen con vehículos de motor, vaya siempre con la advertencia previa del agente de la autoridad de que puede incurrir en responsabilidad penal. Ha sido una exigencia generalizada en la doctrina y convertiría en técnicamente más correcto el actual tipo contemplado en el artículo 380. Insisto en que tampoco hemos tenido aceptación alguna. Las enmiendas 68, 69 y 71 son parcialmente aceptadas, a través de enmiendas de la formación política mayoritaria, del Grupo Parlamentario Popular, pero no obtienen cita expresa en el informe de la ponencia. La número 70, en la que por fin se recoge lo que ha sido petición constante en la legislatura pasada de esta diputada, que desapareciese del artículo 636 relativo a las faltas el que se considerase falta la conducción sin tener el correspondiente seguro, era más correcta. Damos por bienvenido este precepto, pero queda mucho más correcto si se evita el que parezca que el Código Penal considera impune tales conductas o no sancionables con la referencia expresa a que en todo caso estas conductas serán infracción administrativa. Es un pormenor absolutamente imprescindible desde el punto de vista de la tipicidad por la que se rige el Código Penal y podía llevar a una mayor seguridad jurídica al saber que no se considera falta, en el sentido de incluida dentro de las conductas penales, pero sí infracción administrativa y por tanto existe reproche social serio a quien cometa estas conductas.


Señorías, llegados al final de la tramitación, evidentemente mi formación política no puede decir que no al texto del dictamen que se ha aprobado en Comisión, puesto que no presentamos enmienda a la totalidad e incluso en el momento inicial considerábamos elogiables algunas de las cuestiones que en él se plantean. Felicitamos singularmente a la señora Pigem, presente en la Cámara, por cómo han quedado plasmadas en el Código Penal las cuestiones que hacen referencia a los delitos de violencia de género o violencia doméstica. Comprenderán ustedes que el trato que ha tenido mi formación política en esta tramitación en la que enmiendas rigurosamente técnicas, todas ellas de precisión y corrección legislativa en lo que hace referencia a la materia penal, no han tenido acogida -dos sí, pero no ha habido siquiera cita expresa-, nos coloca ante la tesitura de tener que decir que una tramitación que se ha hecho a espaldas de la formación política a la que represento, sin contar para nada con ella, tampoco va a tener nuestra aceptación expresa, simplemente nos abstendremos en la votación del dictamen que hoy se somete a la consideración del Pleno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, del Código Penal, se realizará al finalizar el debate del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, produciéndose al finalizar el debate de este último proyecto de ley las dos votaciones de conjunto por tener carácter orgánico y en ningún caso antes de las diez y media de la mañana.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán tuvo ocasión, el pasado 29 de mayo -creo recordar que fue la fecha del debate de totalidad de este proyecto de ley orgánica del Código Penal-, de manifestar su opinión favorable a la reforma; en algunos casos entendíamos que era un proyecto absolutamente debido, bien porque se trataba de dar cumplimiento a decisiones marco adoptadas en el seno de la Unión Europea, bien porque

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suponía un incremento de la protección de los derechos de propiedad intelectual. En otros supuestos, lo que hacía el proyecto era dar acogimiento a algunas de las proposiciones de ley y no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a lo largo de esta legislatura, incluso de la legislatura pasada. Eso fue lo que nos movió en aquella fecha a dar un voto en contra de las enmiendas de totalidad que fueron presentadas.


A lo largo de la tramitación parlamentaria -y aquí manifiesto el contraste, porque han sido realidades diferentes, con la formulación que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco-, mi grupo ha tenido una negociación intensa con el Ministerio de Justicia, concretamente con la subsecretaria, doña María José García Beato y con su equipo. De ahí que nos mostremos satisfechos del grado de incorporación de enmiendas de Convergència i Unió. La satisfacción no puede ser total y posteriormente pasaré a defender enmiendas no incorporadas. Pero debo añadir -y así lo manifiesta también la diputada señora Pigem- nuestra satisfacción por la incorporación de la casi totalidad de nuestros planteamientos en materia de violencia doméstica, porque bien sea en la letra bien sea en el espíritu, ha sido incorporada la mayor parte de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió. Por ejemplo, en menores se ha incorporado la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, que se acordará no sólo en relación con el menor contra el que se ha atentado, en un supuesto de prostitución de menor, entrega de hijo o hija a cambio de dinero, abusos sexuales, malos tratos, sino también respecto a los demás menores que estén a cargo del penado. En aspectos más concretos de violencia doméstica como la ampliación del círculo de los agresores a aquellos que tienen o han tenido una relación de afectividad, incluso sin convivencia -podemos hablar de novios o ex novios-, la suspensión de la ejecución de la pena y la sustitución de la misma se condiciona al cumplimiento por parte del reo de las obligaciones de prohibición de acudir a determinados lugares, de aproximarse o de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares que el juez determine, en ningún caso podría ponerse una pena simplemente de multa, y la pena de localización permanente será ejecutada en domicilio diferente y alejado de la víctima. Son enmiendas que, junto a aquellas incorporadas al proyecto de ley de prisión provisional y de seguridad ciudadana, violencia doméstica, integración social de los extranjeros, dan un vuelco muy importante a esta materia y aumentan la protección de las víctimas.


Tenemos, sin embargo, alguna enmienda pendiente. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene mucho interés en que la negativa del imputado a la utilización de medios técnicos que permitan comprobar y asegurar el alejamiento de la víctima equivalga al incumplimiento de la orden de alejamiento. Es algo en lo que seguiremos trabajando en el Senado. No son sólo estas las enmiendas que han sido incorporadas. Se ha incrementado la penalización de la omisión del deber de socorro; entendemos que es importante en unos momentos en los que la sociedad española se encuentra preocupada por el incremento de víctimas en accidentes de circulación.
Hemos logrado una transacción para que el abandono de animales domésticos sea constitutivo de falta, hecho que hasta estos momentos se consideraba impune; también hemos conseguido una transacción en materia de suspensión de la ejecución de la pena, modificación del artículo 80, de manera que no pueda acordarse en aquellos supuestos en los que el penado, aunque concurran en él los otros requisitos para acordarla, tenga diligencias abiertas en otros juzgados por delitos de esta misma naturaleza y, por tanto, se acredite de esta manera su peligrosidad criminal. Hay otras modificaciones en materia de propiedad intelectual -ya me he referido a ello- o hurto de uso de vehículo a motor. Sin embargo, tenemos todavía algunas cuestiones pendientes.


En primer lugar, debo señalar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte parcialmente el planteamiento que nos ha traído el proyecto de ley de reducción del ámbito del arresto de fin de semana. Siempre hemos entendido que la pena de arresto de fin de semana no es eficaz para aquellos supuestos de delincuencia reincidente u organizada, muchas veces vinculada también a situaciones de estancia irregular en España, de desconocimiento de identidad, nacionalidad y falta de localización segura de los penados o imputados. Compartimos asimismo el planteamiento del proyecto de reintroducción de la pena corta privativa de libertad. La pena corta privativa de libertad fue expulsada del Código Penal en el año 1995 por entender que, en la medida que no cumplía una orientación resocializadora, no merecía estar en el Código Penal de la democracia. Nosotros hemos entendido que esa pena corta privativa de libertad es eficaz y realiza las funciones básicas del derecho penal de retribución y de prevención, y si su ejecución no puede estar orientada en todos los casos a la resocialización del sujeto, la realización de esas funciones básicas de nuestro derecho penal determina la necesidad de reincorporarla al Código Penal a los puros efectos, entre otras cosas, de protección social. Sin embargo -y aquí empiezan las discrepancias-, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió entiende que esa pena de arresto de fin de semana -que ahora se conoce con el nombre de localización permanente y que puede cumplirse de forma periódica, en el mismo sentido que los antiguos arrestos de fin de semana- no debiera haberse excluido de los delitos. Si ustedes examinan el proyecto hay un planteamiento en el que aquellos delitos tipificados con una pena corta, entre comillas, de arresto de fin de semana pasan a tener una pena simplemente de multa, mientras que aquellos delitos que estaban

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sancionados con una pena larga de arresto de fin de semana, pasan a tener una pena de tres meses de privación de libertad. En algunos casos este incremento de pena puede ser discutible, y desde luego lo vamos a contemplar. Lo que es evidente es que la supresión del arresto de fin de semana, de esa pena corta privativa de libertad o de localización permanente en otros delitos, supone una solución poco razonable. Es una solución, sin lugar a dudas, propuesta por la comisión de penas, pero en cualquier caso poco razonable. Hemos tenido ya algunas conversaciones exploratorias con el Ministerio de Justicia, y estamos lo bastante animados como para entender que será algo que estaremos en condiciones de solucionar en el Senado. No queremos dejar de hacer constar que es algo que debe subsanarse.


Les voy a poner a SS.SS. dos de los ocho o nueve supuestos que en estos momentos se contemplan en el código. Un supuesto claro es el delito de aborto por imprudencia. No voy a entrar en modo alguno en el debate básico del problema de la tipificación del delito de aborto, sino concretamente en el delito de aborto por imprudencia causado por un tercero. Para que nos entendamos en román paladino, les digo la tipificación que se contenía en el Código Penal antes del nuevo Código Penal de 1995. Estoy hablando de lo que se tipificaba en el artículo 412: el aborto ocasionado violentamente a sabiendas del estado de embarazo de la mujer cuando no haya habido propósito de causarlo. Estamos hablando de una persona que con una imprudencia grave golpea a una mujer y la acaba ocasionando el aborto. Este era un delito que hasta 1995 tenía una pena de prisión menor, seis meses y un día a seis años. En el nuevo Código Penal de 1995 pasa a tener una pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana. Y en el proyecto que nos trajo en su día el Gobierno, en virtud de la propuesta de la comisión de penas, pasa a tener pura y simplemente una pena de multa. Señorías, en ocho años pasar de una sanción de seis meses y un día a seis años a una pura y simple pena de multa, es un avance excesivo. En unos momentos en los que estamos protegiendo -y mi grupo parlamentario está de acuerdo- bienes jurídicos de naturaleza patrimonial producir una reducción tan exagerada en la protección de bienes jurídicos de naturaleza personal, nos parece que no es de recibo. Ya en su día se produjo una disminución de la sanción a través del Código Penal de 1995, y con el automatismo que nos ha traído la comisión de penas, llegamos a este supuesto que, como pude decir en la Comisión, sólo tiene un parangón, y es el Fuero Juzgo en el que este tipo de delitos se sancionaba con una pura compensación económica.


Un segundo ejemplo es la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Era un delito que antes del Código de 1995 estaba sancionado con pena de arresto mayor o multa, un mes y un día a seis meses; en el código vigente se sanciona con un arresto de ocho fines de semana o multa, y en el proyecto inspirado por la comisión de penas se sanciona pura y simplemente con multa. Mi grupo parlamentario entiende que en unos momentos en los que existe esta enorme preocupación social -a la que anteriormente he hecho referencia- por la seguridad en la conducción, ese planteamiento automático que fue propuesto por la comisión de penas tampoco es de recibo. Este es un delito que tiene que tener como pena alternativa una pena privativa de libertad. En virtud de las conversaciones y de las negociaciones que hemos mantenido con el Ministerio de Justicia, que me permiten manifestar optimismo, en el Senado podremos reintroducir una pena corta privativa de libertad para este tipo de delitos. Hay otros seis ejemplos en el Código Penal.
Partiendo de un planteamiento correcto, que es excluir el arresto de fin de semana para algún tipo de delito y reintroducir una pena corta privativa de libertad, en este caso la confianza del ministerio en la comisión de penas ha sido, sin lugar a dudas, excesiva.


Finalmente, quiero hacer una cita muy somera a otras enmiendas que tenemos pendientes. El proyecto del Código Penal no se ajusta a las modificaciones introducidas por la ley concursal. Por tanto, de cara al delito y quiebra fraudulenta, tenemos que realizar algunas matizaciones.
No quiero dejar de hacer referencia al planteamiento de Convergència i Unió de tipificación de la reincidencia en materia de hurto, hurto de uso y ejercicio arbitrario del propio derecho, que es diferente de la del proyecto. Valoramos positivamente la solución que ofrece el proyecto, aunque tenemos otra alternativa dogmática.


No podemos dejar de manifestar la satisfacción por la situación en la que se encuentra el proyecto del Código Penal, así como también -quizá hayamos tenido un trato discriminatorio para mejor- por las expectativas de negociación con el ministro de Justicia, señor Michavila, y la subsecretaria del citado ministerio, doña María José García Beato. Vuelvo a reiterar el agradecimiento por la acogida que han tenido nuestros planteamientos. Sin embargo, todavía tenemos importantes asignaturas pendientes, como las que he citado, y espero que en el Senado nos podremos poner de acuerdo. Mi grupo parlamentario procederá a votar favorablemente el conjunto de la ley y se abstendrá en algún aspecto muy concreto vinculado a las enmiendas que les he citado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, termina en este trámite parlamentario un debate de enorme importancia, como es

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el nuevo proyecto del Código Penal, a pesar de lo cual, tanto en ponencia como en Comisión, ha sido realmente espasmódico, señor ministro. Soy de los que piensan que este proyecto merecía un trabajo más responsable, más tranquilo y sereno. Debe quedar constancia en el "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados que, por primera vez, una ley de estas características ha tenido una ponencia cuya duración apenas ha pasado de los siete minutos, en un cambio legislativo importante no sólo por el tema y por su contenido sino, también, por el hecho de que variamos alrededor de 160 artículos, una cuarta parte aproximadamente de la legislación penal, por lo que hubiera merecido una discusión con mayor tranquilidad y sosiego. Sólo este aspecto formal debería hacer entender a SS.SS. nuestro rechazo y reproche a este proyecto legislativo. Además, también rechazamos este proyecto por dos o tres temas nucleares que comentaré con rapidez para dejar que mi compañero, señor Villarrubia, cierre después con su intervención la opinión que tiene el Grupo Parlamentario Socialista sobre este proyecto de ley. Uno de estos temas nucleares se refiere al concepto de delincuencia y al concepto de seguridad que tiene el proyecto avalado por el Gobierno. Para S.S., señor ministro, y para el Gobierno, la delincuencia está exclusivamente centrada en la marginalidad; la delincuencia de marginación, la delincuencia de barrio, la delincuencia de la calle; por tanto, señorías, para este Gobierno la seguridad es exclusivamente la reacción social frente a ese tipo concreto de delincuencia. Es evidente que un proyecto penal global en estos términos no incrementa la eficacia en aspectos de seguridad ciudadana, sino que incluso aumenta esta inseguridad porque este proyecto tiene cierta benevolencia con referencia a la inseguridad financiera, la inseguridad medioambiental e incluso la seguridad que debería proteger a los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil o a los fraudes de todo tipo.


Señora presidenta, también rechazamos este proyecto porque se retorna a unas penas cortas privativas de libertad, que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista conforman una auténtica contrarreforma penal. En 1995 este Congreso -y las Cortes Generales, después de la aprobación en el Senado- dieron por bueno, mediante un consenso general, el abandono de las penas privativas de libertad, en atención a las reformas penales que diferentes países venían efectuando y que conforman, según la doctrina, la legislación penal más avanzada de Europa, hablo de los Países Bajos, de Portugal, de Francia o de Alemania, entendiendo que esa prisión inferior a seis meses etiquetaba al penado como delincuente, dificultaba su resocialización laboral y familiar, y sin embargo facilitaba su socialización en el ámbito delincuencial sin que su paso por la prisión en término tan breve le diera tiempo a experimentar alguna consecuencia positiva. Para evitar estas penas privativas de prisión tan cortas se sustituyeron penas privativas de libertad igualmente aflictivas pero que significaban un avance en términos penales, y consecuentemente se habilitó la pena de arresto de fin de semana cuyo fracaso, según el Gobierno, en todo caso debe ponerse en el debe del Gobierno que no ha habilitado medios suficientes para ello. El hecho de que en estos momentos se suprima la pena de arresto de fin de semana significa, como han tenido ocasión de decir otros ponentes, consecuencias tan absurdas como la siguiente: Sancionar con pena de tres meses a un año algunos delitos como la desobediencia de prestación económica acordada en proceso de disolución matrimonial, y significa que a través de esta pena se ciega la fuente de ingresos para poder hacer frente al pago por fijación de alimentos. Por tanto, la obsesión por la prisión hace que algunos mandamientos judiciales de este tipo -fundamentalmente, insisto, en el caso de prestaciones económicas por causa de divorcio- no tengan posibilidad alguna de ser ejecutadas. Señorías, es evidente que el arresto de fin de semana no tiene una consideración positiva para algunos delitos pero sí para otros. Este extremo -y terminaré con esta reflexión- ha sido aceptado en derecho comparado en muchos países. Prácticamente todo nuestro entorno cultural tiene alguna figura en la que se tipifican conductas cuya trasgresión penal es de carácter menor y que deben tener este tipo de reacción social. Hablamos de Portugal, hablamos de Italia -con una sanción alternativa que se llama vigilancia ambulante-, de Francia o de Suecia, donde también existe la medida alternativa a penas privativas de libertad con una tipificación similar al arresto de fin de semana. Es también el caso de Noruega, de Canadá, del derecho anglosajón desde 1970, por supuesto el caso de la legislación australiana, de Bélgica, etcétera. Por tanto, somos pioneros hoy -esto sí, originales y singulares- en la supresión de la pena de arresto de fin de semana sin que se sepa cuál es la consideración real del Gobierno, cuáles son las bondades que significan esta supresión.


La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego concluya, por favor.


El señor BARRERO LÓPEZ: Termino inmediatamente.


La doctrina, por otra parte, ha sido prácticamente unánime al poner de manifiesto las bondades de esta pena que evita, insisto, la rotura de la vínculos sociales, familiares y laborales del penado y nosotros estimamos que esta pena debería considerarse en tipos de carácter menor, en conductas cuya tipificación podría llevar consigo este tipo de pena: lesiones menos graves y leves, las estafas leves, el maltrato, los hurtos ocasionales, la sustracción de un móvil, por ejemplo, la perturbación,....


La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego concluya. Va a intervenir otro portavoz en nombre de su grupo y usted ha sobrepasado su tiempo con mucho.


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El señor BARRERO LÓPEZ: Lo sé, señoría. Como decía, la perturbación del orden, etcétera; es decir todo este tipo de conductas pequeñas que deben tener una reacción social acorde con la importancia de estas penas, penas que por otra parte, sigo confiando señor ministro, que en el debate en el Senado, en reflexiones posteriores seamos capaces de reintroducir de nuevo en nuestro Código Penal a la vista de que la doctrina en general lo considera una de las aportaciones más brillantes en términos penales para conductas leves.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Barrero.


En nombre del Grupo Socialista, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora, presidenta, señorías, con la flexibilidad que espero podamos tener para un debate de la relevancia que nos ocupa, al ver al señor ministro pensé que iba a tomar la palabra al inicio para pedir disculpas a este Parlamento por la forma de haber tramitado los últimos proyectos de ley, en concreto uno tan importante como es el de la reforma del Código Penal, en el que el Ejecutivo ha instrumentalizado de forma descarada al Parlamento para conseguir sus objetivos. Un debate de esta importancia, que debiera haber conllevado no menos de semanas de discusión en la ponencia, de diálogo, de intento de consenso, se ha despachado en menos de diez minutos de ponencia. No ha habido consenso, ni siquiera ha habido diálogo; no ha habido ni una sola conversación, ni una llamada de teléfono del grupo mayoritario ni del Gobierno al Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, estas formas antidemocráticas, que no respetan ni los mínimos básicos de lo que debe ser la actuación en el Parlamento, deben desterrarse de forma absoluta.


El problema no son sólo las formas, también es el fondo del contenido de esta ley que vamos a votar obviamente en contra. Es una reforma más de la serie de reformas heterogéneas, como son la Ley de cumplimiento íntegro, la prisión provisional, la Ley de extranjería, la ley conocida como de seguridad ciudadana, cuyo denominador común es la seguridad en el sentido que este Gobierno entiende -la seguridad en la persecución del pequeño delincuente-, que no se consigue, y no hay que engañar, con meras reformas procesales y penales, sino con un mayor gasto social del que España está a la cola de Europa.


Hay modificación de principios y de muchos tipos penales, hay incremento de penas de privación de libertad, especialmente en los pequeños delitos contra el patrimonio, sin embargo en paralelo se producen rebajas penales de tipos delictivos cuya autoría no es asequible a la mayoría de los ciudadanos como el delito fiscal, el abuso en la información privilegiada, las defraudaciones a la hacienda y a la Seguridad Social, la contabilidad fraudulenta, el fraude en las subvenciones, etcétera, etc. Se suprime el arresto de fin de semana, importante para el mantenimiento de vínculos laborales, sociales o familiares. Observamos una obsesión por volver a valores y a principios anteriores a los contenidos en el Código del año 1995, incluso se permite revisar el contenido de una sentencia al imponer pena de multa superior si el penado viniera a mejor fortuna. ¿Dónde está el principio de legalidad penal y de seguridad jurídica? En definitiva, nos encontramos con un derecho penal más represivo, muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Se confirma aquello de que era una reforma teóricamente provisional, que respondía a una queja mayoritaria del Tribunal Supremo respecto a la competencia para el conocimiento de los delitos, quedando consolidada la modificación provisional del artículo 14.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los juzgados de lo penal, órgano unipersonal, pudieran conocer de delitos de hasta cinco años, cuanto antes era de hasta tres años, que ahora se consideran menos graves. ¿Quién puede pensar que una pena privativa de libertad de cinco años es una pena menos grave?

Muy rápidamente, porque apenas hay tiempo, quiero comentar algunas enmiendas que consideramos importantes. Lógicamente, damos por reproducidas y mantenidas la totalidad de nuestras enmiendas y haré una brevísima mención a la enmienda 109, al artículo 215.1 del Código Penal, que regula la calumnia y la injuria, volviendo a rescatar de forma indirecta el delito de desacato, desterrado en el año 1995, pues aquel que profiera injuria o calumnia u ofenda a autoridad o funcionario público en el ejercicio de su cargo podrá ser perseguido de oficio, quiera o no el propio afectado. Señorías, esto es volver a la recuperación del delito de desacato y no es el camino para solucionar los problemas de recusación o abstención que el ejercicio de la acción penal pudiera provocar.


El portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha aludido algo respecto a los delitos de falta de prestación de alimentos y el abandono de familia entre otros. Entendemos que en los artículos 225 y 226 habría que mantener la pena de arresto de fin de semana para garantizar precisamente la efectividad de lo que persiguen estos tipos, y no así en el artículo 227, enmienda 112, respecto al impago de alimentos recogidos en resolución judicial firme derivada de procedimiento de separación, divorcio, alimentos o nulidad, donde nuestro grupo incluso propone una pena de privación de libertad mayor en el caso de reincidencia, cuando alguien que ha sido condenado se niega voluntariamente a pagar esta prestación económica.


Señorías, hay una serie de tipos donde son absolutamente inconcebibles las propuestas de modificación que ustedes proponen. Así, en la enmienda 116, al artículo 285, el uso de información relevante en asuntos de cotización de valores o instrumentos negociados en mercado organizado, cuando produce un beneficio o un perjuicio de 600.000 euros, es decir aproximadamente 100 millones de las antiguas pesetas, aumentando un 25 por ciento la cuantía para que este delito exista.


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En delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, el fraude en las subvenciones, etcétera, se producen dos efectos: por un lado se aumenta la cuantía para que exista el delito, y por otro la impunidad que supone la despenalización y los efectos retroactivos para aquellas personas que están cumpliendo pena por este delito grave que sí afecta a la seguridad, naturalmente que sí, incluso más que el pequeño hurto o robo de un radiocasete en un coche.


La señora PRESIDENTA: Señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy terminando, señoría.


Con las enmiendas 120, 121, 122, 123, se eleva la cuantía a 20 millones de pesetas, 120.000 euros, en los delitos contra la Hacienda Pública y también contra la Seguridad Social. El fraude en subvenciones, desgravaciones y ayudas a las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, se eleva hasta 80.000 euros, y también se pena la doble contabilidad mercantil, etcétera.


Con la enmienda 124, y termino, porque lamentablemente esto es lo que dan de sí estos tiempos, cuya inclusión en el código deseamos -aprovechando esta importante modificación, importante para ustedes-, proponemos la tipificación en los delitos de los derechos de los trabajadores del acoso moral o psicológico en el trabajo. Esta tipificación está recogida ya en muchos países de la Unión Europea de la forma extensa que nosotros la motivamos y articulamos en nuestra enmienda, y su inclusión sería de mucho interés.


Sobre los delitos ecológicos -enmiendas 125 a 132-, violencia doméstica -enmienda 143- y alguna enmienda relativa a la Ley del Menor, no dispongo de tiempo para defenderlas y las doy por reproducidas. Sin embargo, quiero que se sepa que el Grupo Parlamentario Socialista por razones de forma, absolutamente antidemocráticas e impropias de un Parlamento, y por las razones de fondo que resumidamente mi compañero el señor Barrero y yo mismo hemos tratado de poner sobre la mesa, votaremos en contra. Señor ministro, señorías, algo que se hace de forma absolutamente unilateral, lógicamente tendrá una vida corta y efímera.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con este proyecto de ley orgánica. En el trámite de Comisión ya se puso de manifiesto la postura de todos y cada uno de los grupos intervinientes. En primer lugar, el Grupo Mixto dio por defendidas sus enmiendas en Comisión, aunque mencionamos algunas de esas enmiendas en dicho trámite. Respecto al PNV, según la señora Uría no ha sido aceptada ni una sola enmienda, es cierto, pero no debió tener mucho interés porque no estuvo presente en la sesión de la Comisión, y es difícil que alguna de sus enmiendas prosperara.
Independientemente de esto el PNV presentó algunas enmiendas técnicas que se pusieron de manifiesto, tanto en ponencia como en Comisión, con las que no estamos de acuerdo, y al no aceptarlas no pueden estar incluidas en la Ponencia.


Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Silva dijo abiertamente en la Comisión que la negociación ha sido intensa y que ha habido muchas enmiendas transaccionales, tanto en el trámite de ponencia como en el trámite de Comisión. Quedan algunas cuestiones pendientes, pero ya pusimos de manifiesto cuál es nuestra postura y cuál es la postura del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no repito para no ser reiterativo. Esperamos que en los trámites del Senado se puedan aceptar o presentar algunas enmiendas transaccionales.


Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista, tanto el señor Barrero como el señor Villarrubia se han limitado a repetir lo que ya dijeron en Comisión. Es un debate importante, por supuesto, pero en absoluto estamos de acuerdo con lo expuesto por SS.SS. respecto del trámite parlamentario.
Definió entonces el trámite parlamentario -y tengo sus palabras textuales- como espasmódico -lo ha vuelto a repetir- y también dijo que con un nivel de frívolidad que no era serio ni reflexivo. Yo tengo que decir que el trámite no ha sido espasmódico, frívolo y no serio ni reflexivo, sino todo lo contrario. El trámite de ponencia -lo dije en Comisión, y figura en el "Diario de Sesiones"- duró lo que SS.SS.
quisieron que durara. Este portavoz dijo que no tenía ningún inconveniente en estar debatiendo todos y cada uno de los artículos y todas y cada una de las enmiendas el tiempo que fuera necesario, pero solamente les interesaba saber en ese trámite las enmiendas que se admitían. Si no tuvieron ningún interés en debatir ni en convencer no estarían muy convencidos -y valga la redundancia- de sus argumentos; por tanto, en cuanto a las formas, esa es la realidad y no otra.


En lo que respecta a si ha habido instrumentalización del Parlamento y falta de consenso, ustedes no pueden irrogarse que un tema que bajo ningún concepto quisieron que estuviese incluido en el pacto de Estado -así se hizo constar- y si lo que ustedes consideran su propio Código Penal de la democracia era prácticamente inamovible, eso sí que es, en otros términos -y permítanme la expresión-, trasladar al futuro de forma indirecta la mayoría absoluta que tuvieron en su día al considerar que eso no puede ser tocado bajo ningún concepto.


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A este respecto tengo que decirles que este proyecto de ley trata nada más y nada menos que de modernizar y actualizar el vigente Código Penal en todo aquello que es necesario. Este Código Penal tiene ocho años de antigüedad, y ofrece carencias e insuficiencias que se han puesto de relieve en esta Cámara nada más y menos que por 30 proposiciones de ley de todos los grupos parlamentarios, y por el suyo en 11. Por otro lado, con rigor jurídico y por medio del Ministerio de Justicia se constituyó una comisión de expertos, comisión compuesta por personas de las más variadas sensibilidades, para ofrecer propuestas y sugerencias a quien luego le corresponde constitucionalmente la iniciativa legislativa, que es al Ministerio de Justicia. Si ustedes no están en esa línea, por esa labor o por querer colaborar desde ese punto de vista es una cuestión de estrategia de SS.SS., pero no vengan aquí ahora a decir que no se han guardado las formas. En cuanto al fondo de la cuestión, se puso de manifiesto en un debate que duró bastante tiempo en la Comisión, donde tuvieron oportunidad todos los grupos, como no podía ser de otra manera, de exponer sus argumentos, y este representante del Grupo Popular también expuso sus argumentos que en este acto voy a dar por reproducidos y constan en el "Diario de Sesiones", porque de lo contrario sería un mimetismo del debate en este Pleno. Por tanto, los mismos argumentos que empleé entonces los doy por reproducidos a este respecto.


No obstante, señorías, tengo que decir que se suprimen los arrestos de fin de semana, se incorpora la responsabilidad de sociedades vinculadas a narcotráfico y se potencian algunas penas, como la del alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad y el comiso. Esta reforma va encaminada a otorgar a los jueces y tribunales una mayor capacidad para valorar las circunstancias concretas del delito y del daño causado, es decir para la modernización del derecho penal. Se incide en la adecuación de la imposición de las penas a la realidad y circunstancias concretas; se pretende la rehabilitación y la reinserción social del derecho punitivo. Hay una nueva escala de penas mediante la modificación concretamente del artículo 33 del Código Penal, con el objeto de establecer una escala más amplia que permita al órgano judicial imponer las penas atendiendo a las circunstancias del delito cometido. Con ello se persigue, señorías, de un lado castigar de forma más severa los delitos más graves, y de otro permitir una mayor flexibilidad en la imposición de las penas menos graves ampliando su límite inferior, con lo que se fomentan medidas de resocialización y rehabilitación. De acuerdo con esta clasificación, se considera como pena grave la prisión superior a cinco años -hasta ahora estaba fijada en tres años- y como pena menos grave la prisión, ahora fijada por un periodo de seis meses a tres años, que pasa a un periodo de tres meses a cinco años. Se suprime la pena de arresto de fin de semana porque ha sido ineficaz, y es sustituida como pena leve por otras, en función de la naturaleza, la entidad y el tipo de delito o falta de que se trate. En concreto la pena de arresto de fin de semana se sustituye, según las circunstancias de cada caso, por la pena de prisión de corta duración, por la pena de multa, los trabajos en beneficio de la comunidad y la nueva pena de localización permanente. No es cierto que el arresto de fin de semana sea un fracaso que se ponga en el debe del Partido Popular o del Gobierno del Partido Popular, como ha dicho algún representante del Partido Socialista. En absoluto, no es cierto. En el debate del Código Penal de 1995, nuestro grupo lo puso ya de manifiesto y ese ha sido el resultado. Podían haberse aplicado perfectamente los arrestos de fin de semana con los medios existentes; otra cuestión muy distinta es la interpretación que se hace de esa pena a efectos de llevarla a la práctica, porque en todos los preceptos del Código Penal se habla de arresto de fin de semana cuando tiene que ser castigado el penado con esa pena o multa de tanto a tanto tiempo, y los jueces siempre se han inclinado por la segunda cuestión.


Por otro lado esta reforma lleva consigo la nueva pena de localización permanente. Se fortalece el decomiso y la reforma pretende dotar al sistema de la flexibilidad necesaria atendiendo a las circunstancias del delito y los daños a la víctima. Hay una mayor participación del ministerio fiscal en el control de la situación del delincuente, hay mayor relevancia de los informes de los facultativos y profesionales, y el juez deberá valorar los informes emitidos por esos facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad.
Por otro lado se refuerza la motivación de las sentencias y se explica en la parte general del Código Penal, donde se introduce un nuevo artículo 72, es decir la necesidad ya recogida antes en cada uno de los delitos, de que se razone y justifique el grado y sanción penal impuesto para cada caso. Se actualiza y dinamiza la imposición de la pena de multa proporcional, permitiendo su modificación en atención a la situación económica real del penado y se potencia la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, poniéndose énfasis precisamente en la reinserción del penado.


En cuanto a la protección de las víctimas de los delitos y faltas, hay que tener en cuenta que la reforma del Código Penal mejora los instrumentos de defensa de la sociedad frente a la delincuencia, se refuerza el Estado de derecho y se concreta en una serie de modificaciones legislativas como reforzar las medidas especiales previstas en el Código o para evitar nuevas actuaciones delictivas incrementando las facultades del juez. Por ejemplo, se refuerza la pena de alejamiento y por primera vez se acordará en todo caso la pena de alejamiento para los delitos contra las personas cometidos en el ámbito familiar.


La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego concluya, por favor.


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El señor BUESO ZAERA: Termino enseguida, señora presidenta.


Por primera vez se impondrá el alejamiento en caso de falta o de violencia doméstica. Se garantiza el cobro por parte de las víctimas de la multa impuesta como pena por el juez, se actualizan las cuotas y se incrementa el control. En definitiva, señorías, es una reforma en la que han trabajado duramente y con todo el rigor los distintos expertos durante más de 24 meses y que se ha traído a este Parlamento para mejorar el texto, que desde luego ha sido mejorado por quien ha querido colaborar y quien ha querido mejorarlo, y aún está abierto el trámite para que en el Senado algunas cuestiones que podrían modificarse o llegarse a determinados acuerdos Quien quiera colaborar tiene la puerta abierta.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso. (Pausa.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños. (Pausa.)

Iniciamos la votación de las enmiendas al dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 10; en contra, 169; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas firmadas por el señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 11; en contra, 168; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar votamos las números 58, 59, 60, 64, 65 y 66.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 10; en contra, 260; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 68, 69 y 71.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 10; en contra, 163; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 10; en contra, 264; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos las números 173, 180, 181, 193, 194, 195 y 206.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 122; en contra, 164.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas 182, 186, 187, 189, 190, 192, 200, 201, 204 y 217.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 20; en contra, 264; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas vivas tras haber sido retiradas las números 164, 165, 170, 178, 196, 197, 198, 207, 208 y 210.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 100.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 105; en contra, 166; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos, del artículo único, los apartados

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cuadragésimo octavo -que se corresponde con el artículo 146 del Código Penal-, quincuagésimo segundo -artículo 158-, septuagésimo cuarto -artículo 244-, centésimo vigésimo sexto -artículo 379-, séptimo -386- y noveno -389-, centésimo trigésimo séptimo -artículo 463-, centésimo cuadragésimo primero -artículo 526-.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 168; en contra, 105; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 178; en contra, 103; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Recuerdo a la Cámara que la votación final, de conjunto, de este proyecto de ley, por tener el mismo carácter orgánico, se producirá al finalizar el debate del siguiente proyecto de ley.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000146.)

La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley orgánica de modificación de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Rumores.)

Señorías, una vez más reitero que, al objeto de poder continuar con el debate, abandonen el hemiciclo los diputados que lo vayan a hacer de la manera más diligente posible y en silencio. (Rumores.) ¡Señorías! (Pausa.)

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas presentadas por la diputada doña Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna.


Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


Y el resto de las enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mantenemos viva para este trámite en el Pleno del Parlamento la serie de enmiendas que ya figura en los documentos del Congreso, y de la que voy a hacer una defensa en una parte generalizada y en otras con detalle.


Nuestra primera enmienda, a la que vamos al detalle, la número 32, está circunscrita al escenario que impregna muchas de nuestras enmiendas, referente a una reclamación de competencias de las comunidades autónomas que tienen transferidas las actividades correspondientes estatutarias de la Administración de justicia, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Pues bien, nosotros pedimos un reconocimiento de esta circunstancia y este hecho estatutario de competencias de la comunidad autónoma en materia de justicia para que tenga un papel singularizado e importante en decisiones, por ejemplo, la demarcación judicial en sus respectivos territorios mediante ley, oído por supuesto el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.


La enmienda número 33 permite a las comunidades autónomas, caso de ser aprobada, la creación o supresión de secciones y juzgados, que debe corresponder, según nuestra enmienda, a las comunidades autónomas competentes en materia de justicia, también sometiéndolas a un informe previo del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia.


La enmienda número 38 hace referencia a la propuesta de nombramiento de presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, para que se haga entre los integrantes de una terna aprobada por el Parlamento autonómico de esta respectiva comunidad, reuniendo los mismos los requisitos generalizados que se establecen en la presente ley.
Con ello pretendemos, señora presidenta, una mayor adaptación de la Administración de justicia al Estado de las autonomías mediante la participación de su principal órgano representativo, es decir, el Parlamento autonómico, en el nombramiento de determinados cargos especialmente representativos de la Administración de justicia en la comunidad autónoma. Se mantiene una armonización de Estado con un reconocimiento explícito, a nuestro juicio plenamente constitucional, y por supuesto dentro de las competencias derivadas del estatuto de autonomía, de sobra conocido por su aprobación como ley orgánica.


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La enmienda número 39 también hace esa apelación a una integración efectiva de los profesionales implicados en todo el tema de la Administración de justicia, para que haya, junto al orden jurisdiccional respectivo del que habla el proyecto en el texto del Gobierno, unos representantes del ministerio fiscal y otro del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la comunidad autónoma con competencias transferidas en la materia, así como un representante por los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales, en su caso. Nosotros entendemos que esto es vertebrar a todos los actores y sujetos decisivos en la Administración de justicia no solamente para garantías del procedimiento sino también del justiciable y un reconocimiento a algo que nosotros apoyamos en el texto de la ley, que es el alto sentido de profesionalidad y de profesionalización de todas las estructuras de la Administración de justicia, loable empeño del proyecto según el texto del Gobierno que nosotros queremos secundar y con estas enmiendas ampliar.


Igualmente la enmienda número 41 hace referencia a que los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de cada una de las comunidades autónomas deberán comparecer anualmente ante los respectivos parlamentos autonómicos para informar, por ejemplo, del contenido de la memoria anual expositiva sobre el funcionamiento del tribunal superior, una vez elevada esta al Consejo General del Poder Judicial. Nosotros entendemos que se está produciendo el fenómeno positivo de la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del presidente del Consejo Genera y que, sin embargo, no hay una correlación parcial dentro del ámbito territorial jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad que además tiene transferidas competencias en justicia. Lo lógico sería que en ese ámbito territorial de la comunidad autónoma como parte del Estado, ante el órgano correspondiente de la representación democrática constitucional, que es el Parlamento autonómico, comparezca el presidente del Tribunal Superior de Justicia y dé cuenta a los parlamentarios autonómicos en la correspondiente Comisión de Justicia o la que tengan a bien haber aprobado en ese Parlamento autonómico, para que sobre la memoria anual que hace referencia estricta a la administración de justicia en el ámbito territorial y jurisdiccional de la comunidad autónoma, se dé la explicación correspondiente, lo cual enriquece toda la aportación informativa y de perfeccionamiento. Si no, estaríamos ante un fallo y no habría un equilibrio, una similitud, una relación directa de toda la parte del Estado que se rinde en la memoria anual del presidente del Tribunal Superior ante el Congreso de los Diputados, para que la parte fuera también tenida en consideración.


Voy aligerando el trámite, señora presidenta. Quisiera destacar finalmente haber hecho causa común con la enmienda 46. Entendemos que las cuestiones de recusación en las que pueda haber sanciones disciplinarias en virtud de expediente incoado deben tenerse en cuenta para garantía, tanto del justiciable como de la propia Administración. En el mismo sentido va la enmienda número 48 cuando hablamos de reserva de plazas a licenciados en derecho con seis años de ejercicio profesional. Debemos recoger unas muy razonables sugerencias que nos ha hecho el Consejo General de Colegios de Abogados. Se trata de la incorporación de experiencias positivas que se puedan introducir aquí. Igualmente, con la enmienda 49 pretendemos el ingreso en la carrera judicial, con categoría de magistrado, de juristas de reconocida competencia en los casos, formas y proporción que se establecen en esta ley. Una referencia específica, señora presidenta, sería la enmienda número 65, por la que pretendemos que el personal de la Administración de justicia, los secretarios de los juzgados de paz, encuentren acomodo en esta ley y pueda salir adelante la función que estos secretarios de juzgados de paz vienen realizando. Nuestra enmienda pretende el perfeccionamiento y la garantía cuando pedimos que se les reconozca su papel en la Administración de los juzgados de paz, así como consolidar sus derechos adquiridos y el perfeccionamiento de la titulación exigida. Las enmiendas 66 y 70 vienen a recoger una justa demanda que surge de la experiencia de los funcionarios, que no son jueces ni magistrados, que prestan sus servicios en la Administración de justicia, concretamente en el Consejo General del Poder Judicial. Se refieren nuestras enmiendas a aquello que en el artículo 146 y en la disposición adicional cuarta del proyecto que nos ha venido de la ponencia se dedica a la integración de los actuales cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia en otros de nueva creación. Aunque ya se había hablado en ponencia de que había una oferta de propuestas de transacción para resolver la situación de los que quieran permanecer en servicios especiales y no perder la raigambre con su cuerpo de origen que ahora se transforma en estos cuerpos de nueva creación, que estos funcionarios del Consejo General del Poder Judicial no vean sometida su vida profesional a unos avatares de pérdida de determinados principios, que no son privilegios sino derechos funcionariales, cuando un funcionario de estos pasa a una situación corporativa diferente.


Finalmente, señora presidenta, voy a cerrar mi intervención, una vez defendidas estas enmiendas y todas las que se acompañan en el protocolo presentado ante la Cámara para su defensa y votación en este Pleno, una valoración general de la ley, porque nuestro voto -aparte de votar favorablemente, como es obvio y lógico, nuestras enmiendas- va a ser favorable al proyecto de ley orgánica que aquí nos trae el Gobierno, en razón -y las digo muy rápidamente, señora presidenta- a que nos parece un proyecto de ley necesario, oportuno, convincente en gran medida, salvando estas cuestiones que quisiéramos perfeccionar en detalle con nuestras

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enmiendas, porque Coalición Canaria es consecuente con el pacto de gobierno que firmamos el 28 de mayo del año 2001. Este pacto de Estado por la justicia, que nos permite, digamos, una gobernabilidad de la Administración de justicia y queremos destacar con énfasis, es lo que vamos a apoyar.


En primer lugar, la generalización de la segunda instancia penal nos parece oportuna, potenciando las salas de lo penal de los tribunales superiores, con criterios de especialización y operatividad. Lo hemos defendido siempre en todos los actos de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial.


La limitación temporal de diez años para los letrados del Consejo General del Poder Judicial, que es algo que permite una renovación, un volver a contactar con la vida administrativa.


La función que pasa a desempeñar el secretario de Gobierno nos parece imprescindible y necesaria, una figura muy afortunada del proyecto que remite el Gobierno que nosotros vamos a defender.


Igualmente, que aquí, por una vez, se recoja con letra impresa la reducción del juez sustituto y los jueces profesionales ocupando todas las plazas de la carrera judicial. Es una garantía al justiciable, es abandonar una práctica que ha sido de precariedad, un aparato ortopédico de los jueces sustitutos y bienvenida sea, digamos, toda la ocupación del escalafón por los jueces profesionales. La profesionalidad de jueces y magistrados, que es uno de los principios que firmamos en el pacto de Estado por la justicia, entre ellos mi grupo de Coalición Canaria y este diputado, es en cuanto a la modificación del sistema de ingreso en la carrera judicial atendiendo a principios de mérito, formación y especialización y las exigencias correspondientes.


Queremos destacar que vamos a dar nuestro apoyo a toda aquella parte que se refiere en el libro V del proyecto a la oficina judicial y sobre todo a los aspectos estatutarios, funcionales y orgánicos del Cuerpo de Secretarios Judiciales. Se merecen este reconocimiento de la figura de los secretarios judiciales, que se recoge, como he dicho, en el libro V, para darle este principio funcionarial, de garantía, de eficacia en todas estas cuestiones. El estatuto jurídico de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia nos puede permitir, digamos, sentir como renovación importante todo este aspecto que trae el proyecto.


Por esa razón -y termino, señora presidenta- vamos a votar en el trámite final favorablemente este proyecto de ley orgánica, pidiéndole también al grupo mayoritario la consideración de nuestras enmiendas, que he defendido rápidamente, porque entendemos que van en un sentido de perfeccionamiento y que en este trámite de hoy o en el trámite del Senado podamos, digamos, llegar a las aproximaciones, sobre todo en aquellas en las que hemos hecho una reclamación del principio de soberanía de las comunidades autónomas con la Administración de justicia de su territorio.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


Llegamos a la aprobación del dictamen de Comisión en este Pleno respecto de un proyecto de ley orgánica que a mi formación política, y a mí misma como ponente que he sido, nos causa una enorme frustración. El señor ministro lo presentó aquí en el debate de totalidad como un enorme éxito, pero tratándose como se trata de una norma esencial, la ley orgánica a la que llama el artículo 122 de la Constitución, creemos que hubiera debido tramitarse con más calma, con mayor consenso que el que se ha querido suscitar en el dictamen que hoy tenemos delante para su aprobación en este Pleno.


Se lo dije ya al señor ministro en el debate de totalidad que he citado: presentar como un éxito del llamado pacto de Estado que ustedes suscribieron con el Partido Socialista un proyecto de ley que venía con enmiendas a la totalidad de todas menos una de las formaciones políticas, algunas incluso con texto alternativo, nos parecía a todas luces un exceso propagandístico. No deja el señor ministro, no deja este Gobierno que la realidad, las enmiendas de todos a la totalidad y las seiscientas y pico enmiendas parciales que hay al proyecto le estropee lo que él quiere vender como un triunfo. Que luego haya habido negociaciones no lo niego, pero desde luego no con mi formación política, ya que el paso de la norma por ponencia se produjo en escasos minutos, con la mera afirmación de que ninguna de las enmiendas del PNV eran aceptadas ni ninguno de sus aspectos. Se me podrá decir, como ha hecho antes el señor Bueso, que no acudí a la Comisión y así es en efecto. Señor Bueso, en los siete años largos que llevo como diputada se pueden contar con los dedos de una mano, y a usted le sobrarán, las veces que no he acudido a una comisión. Cada uno retrata su elegancia en sus intervenciones de la manera que mejor le viene, pero así queda plasmado en el "Diario de Sesiones". En todo caso y respecto de mi ausencia en estas dos ponencias, mi formación política y yo misma valoramos la conveniencia de acudir. Que usted me diga que de haber estado en la Comisión me hubiese aceptado alguna enmienda entenderá que sólo provoca mi sonrisa; días anteriores había estado con el equipo del Ministerio de Justicia y no parecía ser ese el talante en modo alguno. La alternativa era realizar un viaje a Chile y comprenderá que ni a mí ni a mi formación política nos pareció que fueran situaciones equiparables. Suele decirse que viajando se aprende y efectivamente así ha sido en el viaje a Chile y en relación con la tramitación de proyectos legislativos que son de enjundia. En la visita que tuvimos ocasión de hacer al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Suprema o al propio presidente

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Lagos nos hablaron de un procedimiento legislativo que suscitó mi envidia y creo que la de muchos de los miembros de la Comisión. Por ejemplo, en la reforma procesal penal que están estrenando ahora, progresivamente se acudió a la comunidad universitaria, se suscitó debate académico y social largo y tendido y hubo jornadas variadas de todas las formaciones políticas con el Ejecutivo y con la comunidad académica, como ya he indicado anteriormente. Tras años de cocina se presentó un texto consensuado. Aquí hemos conocido también ese tipo de tramitaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil o en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa; buenos tiempos aquellos de la búsqueda de acuerdos y de negociación, que propiciaba textos legales que hoy son generalmente reconocidos como buenos. Este texto no va a ser reconocido como tal.


La exposición de motivos alude a que se basa en el pacto de Estado para la reforma de la justicia. Nosotros creemos que no. La mención que se hace en el texto del pacto -pacto suscrito sólo por dos formaciones políticas- es mucho más escueta que lo que luego se ha presentado como proyecto de ley. Dicen que luego se abrió a la negociación con otras formaciones políticas y así será, pero mi formación política, pese a que no se ha perdido ni una sola de las reuniones convocadas de la llamada comisión de seguimiento del pacto, no ha tenido más conocimiento que el de que se creaba un equipo alrededor de un magistrado, respecto de cuya composición tuvimos entonces dudas y las seguimos albergando. Que el presidente de la Sala tercera, un miembro del Poder Judicial, liderase lo que tenía que salir como texto desde el Ejecutivo nos pareció ya entonces raro. Más raro se nos hace ahora cuando conocemos que este magistrado ha sido con posterioridad designado por el Consejo General del Poder Judicial para ser quien decida las concesiones de autorizaciones en materia de escuchas del CNI -parece ser magistrado de cabecera del Gobierno-; por cierto, concesiones de escuchas que hasta la fecha han sido autorizadas de todas todas. Debe ser que el Gobierno apunta bien cuando pide intervenciones de este tipo, porque ni una sola de las solicitadas le han sido denegadas.
Es un magistrado que también forma parte de la Sala 61, todo se reconduce a determinados lugares y que, por cierto, en determinado procedimiento de la ilegalización de Batasuna hubo de abstenerse, y él lo aceptó así, precisamente por haber encabezado esta comisión en la que había trabajado para el Ejecutivo siendo el Ejecutivo el demandante de la ilegalización.
Comprenderán que todas estas circunstancias a mi formación política le han parecido cuando menos extrañas en la tramitación de este procedimiento, ya lo dijimos en el debate de totalidad y volvemos a insistir sobre ellas en este momento. Creemos por tanto que no existen las referencias que se hacen en la exposición de motivos en cuanto a que el proyecto de ley esté plenamente enganchado con el pacto de Estado para la reforma de la justicia y lo acordado al menos en la comisión de seguimiento y para nosotros la presentación del proyecto se produjo con sorpresa. Quizá haya habido más cosas, pero, repito, a espaldas de la formación política a la que yo represento. Nuestra posición ha de sustentarse en el proyecto presentado por el Gobierno que en su día enmendamos de totalidad y sobre lo que ahora es el dictamen de la Comisión y evidentemente a ello no puedo anunciar sino el voto negativo, lo mismo que nos llevó a la enmienda a la totalidad, práctica que no es habitual en nosotros. Esta mañana intervendré en cuatro proyectos de ley; de los cuatro sólo uno ha sido objeto de enmienda a la totalidad; en los otros tres hemos posibilitado su paso por la Cámara con toda normalidad y dos de ellos van a tener además nuestro voto favorable.


Además de estos graves defectos que he indicado hasta ahora en la tramitación, sobre todo es importante para nosotros que el Gobierno se empeñe en manifestar que en materia de oficina judicial, personal y carta de derechos se ha pactado o se ha consensuado con las comunidades autónomas y creemos que eso no es así. Al menos, la comunidad autónoma en que mi formación política tiene responsabilidades de Gobierno ha sostenido siempre que el Estatuto de Gernika y la jurisprudencia constitucional nos dan más de lo que se pretende contener en este texto.
No volveré a razonar -lo he hecho en numerosas ocasiones en este mismo foro y también en Comisión- sobre el alcance que desde nuestra perspectiva tiene el artículo 149.1.5.ª de la Constitución. Que sostengamos un proyecto político distinto en las enmiendas que presentamos y en nuestra enmienda a la totalidad creemos que no debiera haber impedido el diálogo y la voluntad de acercamiento. Lamento la postura negativa que va a tener que sostener mi formación política por un dato más, éste de índole personal y no tanto política, y es que es el último proyecto o de los últimos proyectos que el portavoz del Partido Popular, señor Ollero, va a llevar en esta Cámara, puesto que ya ha anunciado su retirada de la actividad política en activo, por lo menos de momento; el señor Ollero, excelente jurista, buen amigo y compañero de tantos años y proyectos, a quien mi grupo sabe, yo misma sé, capaz de generar consensos que han servido para mejorar la convivencia, buscando la conexión de lo que hacíamos en esta Cámara con los problemas y las demandas sociales y políticas. Antes me he referido a textos aprobados en la pasada legislatura. Ahora estamos en tiempos en los que desde el Gobierno lo que se hace respecto de los proyectos políticos ajenos no es compartir o disentir de ellos, sino que no se razona, se emite un veredicto, se le asigna a uno un cliché y se acuña un eslogan para desacreditarlo o tacharlo de subversivo. Esto da muy poco de sí para el juego parlamentario, para el juego legislativo. Al anunciar nuestro voto negativo -y con esto concluyo, señorías- también quiero lamentar la incapacidad que imputo a todos los responsables políticos, eso sí, cada uno en su medida -la

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mía les manifiesto que creo que es menor que la de otros-, que en este texto se ha evidenciado para haber creado unas condiciones y mantener un diálogo que permitiese diferenciar los planos de la política y del derecho que ahora están tan peligrosa y negativamente mezclados en este país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, hago mías las palabras de la portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV) en lo referente a la tramitación o al uso y abuso del estribillo del pacto de Estado por la justicia para sellar o para intentar legitimar, aunque legitimado está más que legitimado por muchas razones, pero no sé por qué tienen que recurrir a meterlo dentro de lo que es el mundo de la comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia cuando no es una obra propiamente de ella.


Mi Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que este proyecto de ley es sin duda un paso más en una dirección equivocada en lo que se refiere a la estructuración jurídica del Poder Judicial.
Entendíamos y seguimos entendiendo que esta reforma no va a favorecer ni la eficacia de la justicia en tanto que servicio público ni la independencia de la misma en tanto que Poder Judicial. No en vano mantenemos vivas 140 enmiendas. Dejando al margen el deficiente proceso de gestación de este proyecto de ley orgánica, que está metido en una de esas prisas de última hora, no tanto a lo mejor del Grupo Popular, sí de algún joven e intrépido ministro y de algunos jóvenes e intrépidos equipos que tienen, que consideran que la calidad de las reformas de la justicia está en función de este estajanovismo primario, como digo, independientemente de esto, queremos entender que este proyecto resalta aspectos negativos en el contexto de los libros I a IV y por eso, como decía, mantenemos las 140 enmiendas.


El primer bloque de enmiendas lo mantenemos porque entendemos que este proyecto ataca los conocidos como tercero y cuarto turno, así como que va contra la propia Escuela Judicial. Este proyecto es una añoranza de la oposición memorística meramente y creo que está comprobado, no sólo sociológicamente sino en distintos países de la Unión Europea, que no es precisamente el modelo mejor para ir recreando un cuerpo de la Administración de la justicia suficientemente cualificado para los momentos que le está tocando vivir. El Partido Popular, a través de esta norma, pretende atacar también la Escuela Judicial y creemos que eso es debido a que el Partido Popular tiene un cierto miedo a que en las escuelas judiciales se produzca una osmosis entre la sociedad y la justicia. Bien haría el Gobierno del PP, señorías, en poner, en la medida de lo posible, coto al mercado ilegal de preparadores de oposiciones y facilitar medios económicos a aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran acceder a la judicatura a través de oposiciones y sobre todo a cursos de la Escuela Judicial, pero este mismo tipo de reformas sin duda democratizaría la judicatura y la amalgamaría con la sociedad española, y esto no parece ser que esté entre los objetivos del actual joven e intrépido ministro de Justicia.


Mantenemos también otra serie de enmiendas porque entendemos que este proyecto de ley disminuye las posibilidades de trabajo real de todos y cada uno de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial a través de la negación del personal experto que los mismos necesitan para desarrollar adecuadamente sus altas funciones y que además lo suelen demandar de manera sucesiva. A lo anterior se debe unir la configuración de un Consejo General del Poder Judicial dominado férreamente por una mayoría conservadora, con una creciente discrecionalidad en el nombramiento de la cúpula penal de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. En fin, se desaprovecha la ocasión de convertir al Consejo General del Poder Judicial en algo más que la correa de transmisión de los deseos de los ministros de Justicia de turno, que es en lo que ha convertido el Partido Popular y el actual ministro a tan alta institución estatal. En ese sentido mantenemos varias enmiendas por entender que este proyecto de ley no favorece la representación plural de la carrera judicial y la sala de gobierno de los órganos judiciales. Se mantiene el sistema mayoritario, que puede llegar a excluir al 49 por ciento de los jueces, no simplemente medidas que incrementen la participación de los citados jueces. Finalmente, se ignora las excelentes experiencias que se han producido tanto en Cataluña como en Euskadi como consecuencia de salas de gobierno de una mayor pluralidad que la media española.


Hay enmiendas que se mantienen por entender que la doble instancia penal puede convertirse en una doble instancia meramente virtual. Una de las propuestas estrella de este proyecto de ley, señorías, es la doble instancia penal, que corre, como decía, el peligro de convertirse en un mero brindis al sol, sin medios materiales y personales adicionales que refuercen los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y sin reforma específica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Así, no nos deben extrañar encuestas y valoraciones que aparecen hoy en un medio nacional como es el El País, donde a pesar de toda la alharaca y los cohetes que ha tirado por los aires el ministro de Justicia, incluso algún que otro intento de abrir expediente a algún fiscal que se atreva a criticar una actuación, los ciudadanos coinciden más con el fiscal de turno que con las valoraciones de pólvora quemada que suele hacer el señor ministro de Justicia.


Queremos resaltar de forma especial el olvido del ministerio en materia disciplinaria al no recoger las

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obligaciones que el personal al servicio de la Administración de justicia tiene como consecuencia de la aprobación de la Carta de derechos del usuario de la justicia. Si el incumplimiento de estas obligaciones no constituye motivo de sanción disciplinaria, los derechos de los ciudadanos frente a la justicia pueden convertirse en mero papel mojado, como ya advertíamos en su momento. Mi grupo parlamentario decía entonces que una carta que no iba acompañada de medidas eficaces para impulsar su efectividad y que no iba acompañada de medios económicos era una medida muerta.


Señorías, este proyecto de ley favorece de forma acusada la posibilidad de alterar el derecho al juez natural con la creación de sesiones ad hoc para determinados casos en los que los intereses corporativos pero sobre todo los intereses político-gubernamentales pudieran estar en juego. Este asunto tiene también su bloque de enmiendas.


Finalmente, observamos importantes aspectos negativos concretos en los libros V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que han sido objeto también de sus correspondientes enmiendas. Estos títulos están lastrados por el centralismo y nos sigue doliendo que en unos momentos en los que a uno se le infla la boca hablando de que estamos en el país más descentralizado del mundo mundial y del universo entero y en los que otros consideran que ya no se puede llegar a más porque sería el caos, etcétera, estemos observando continuamente -luego se verá, por ejemplo, en la ley de puertos- cómo cada vez que la Administración central hace una ley nueva o reforma una ley antigua procura por todos los medios rebañar como la banca en los malos casinos. Pensamos que ni se impulsan mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial -la oportunidad se ha desaprovechado-, ni se procura que las oficinas judiciales diseñadas puedan adaptarse adecuadamente a las peculiaridades de gestión de cada comunidad autónoma, ni se impide que, como ocurre hasta ahora, en muchas ocasiones el Ministerio de Justicia tome decisiones que implican obligaciones de gasto para unas comunidades autónomas que no han participado en dicha decisión, ni se permite que los secretarios judiciales puedan, sin abandonar su vinculación al Ministerio de Justicia, integrarse en el entorno autonómico en el que van a ejercer sus funciones. Sobre todo, señorías, es una ocasión pérdida porque se mantienen líneas anacrónicas de organización de la gestión judicial. No se permite que las funcionarias y funcionarios de otras administraciones públicas puedan integrarse en las oficinas judiciales, con lo que se pierde todo el capital de estos servidores de lo público que, en materias como economía y tecnología, son de gran importancia para la recta administración de la justicia en un mundo cada vez mucho más complejo.
Esta reforma se hace de espaldas a las nuevas realidades en materia de gestión y tecnología. No se acomete una simplificación de la instancia de gobierno judicial, principalmente porque el Ministerio de Justicia no quiere asumir el campo lógico de juego de las comunidades autónomas y del Consejo General del Poder Judicial en esta materia. Se utiliza la existencia de los cuerpos nacionales para impedir una adecuada adaptación de las oficinas judiciales a las realidades de cada comunidad autónoma.
Se incentiva la pluridependencia y la indeterminación funcional. En suma, estamos ante un modelo de oficina judicial que será, seguro, semillero de descoordinación, conflicto e inoperancia. Todas estas deficiencias, a nuestro entender, tienen como origen la incapacidad del Gobierno y del partido que lo sustenta para comprender, por un lado, la esencia autonómica del Estado español más allá de la palabrería que supone decir que somos el país más descentralizado del mundo mundial, y, por otro, para incorporar técnicas modernas de gestión de la justicia de forma mancomunada entre el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas y el ministro de Justicia. Señorías, no existirá un verdadero modelo de oficina judicial común para toda España, sin perjuicio de las adaptaciones necesarias para cada comunidad autónoma y desde cada comunidad autónoma, hasta que los tres ámbitos citados sean capaces de cogenerar y cogestionar dicho modelo de oficina judicial, a la que, por cierto, se la tiene como la gran olvidada, como siempre, en cualquier modificación o proyecto presupuestario. Esas son, señorías, las razones que hacen que mi grupo parlamentario mantenga 140 enmiendas a este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y para la defensa de las enmiendas mantenidas, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, como tuvo ocasión de manifestar en el debate de las enmiendas de totalidad del día 29 de mayo de este mismo año, tiene un concepto diferente de la organización de la Administración de justicia. Presentamos una enmienda de totalidad al proyecto de ley remitido por el Gobierno, y no simplemente de devolución sino con texto alternativo, lo que pone de manifiesto que, nos guste más o menos -y ya concretaré los aspectos contenidos en el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno-, lo cierto es que no es nuestro modelo ni nuestro sistema. No lo es muy fundamentalmente por los aspectos autonómicos y no lo es, aunque podría acercarse y se acerca más, por los aspectos de racionalidad administrativa y de organización. El texto alternativo presentado por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió -que en última instancia tiene su fundamento en

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aquella moción del Grupo Parlamentario Catalán, aprobada el día 16 de febrero de 1999, sobre la reforma de la Administración de justicia- tiene dos grandes objetivos: por un lado, la adaptación del Poder Judicial al Estado de las autonomías y, en segundo lugar, la configuración real de este Poder Judicial como un servicio público y por lo tanto perfectamente abierto a aquellos principios y criterios de racionalidad administrativa que exigimos e imponemos y que funcionan ordinariamente, mejor que peor, en otros aspectos de la Administración. Precisamente el planteamiento que efectuamos desde el punto de vista de la adaptación del Poder Judicial al Estado de las autonomías es plenamente conforme a los criterios y principios constitucionales. Baste examinar la sentencia 56/1986 del Tribunal Constitucional respecto del Poder Judicial y la sentencia 6/1990, mucho más importante, en relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde establece esa distinción entre Administración de justicia, sensu stricto, tanto desde la vertiente objetiva, función judicial, como desde la vertiente subjetiva, jueces y magistrados, de lo que el propio Tribunal Constitucional denomina la administración de la Administración de justicia, perfectamente abierta a las comunidades autónomas, o la sentencia 62/1990, en la que se establecen los efectos de la cláusula subrogatoria que se contiene en algunos estatutos de autonomía y, concretamente, en el artículo 18 apartado 1.º del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por lo tanto lo que plantean las enmiendas de Convergència i Unió, cuyo número, unas 200, me impide hacer aquí por descontado una defensa detallada de las mismas, es un modelo que se ajusta perfectamente a la Constitución y a lo dispuesto en los artículos 117, 122 y 152 de la misma.


Desde esta perspectiva de adaptación del Poder Judicial al Estado de las autonomías, nos encontramos, a grandes rasgos, con la necesidad de crear la figura del fiscal superior de las comunidades autónomas. He dicho de forma reiterada, y lo pudimos manifestar cuando debatimos la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que la configuración territorial de dicho ministerio fiscal podía tener algún sentido en diciembre del año 1981, cuando se aprobó originariamente dicho estatuto, pero, veinte años después, no tiene absolutamente ningún sentido. Configurar un ministerio fiscal, insertado con autonomía funcional dentro del Poder Judicial, a espaldas de la estructuración autonómica del Estado, vuelvo a reiterar, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, manteniendo y respetando esos principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica que compartimos y defendemos intensamente, entendíamos y entendemos que debe regularse la figura de un fiscal superior de las comunidades autónomas que, con pleno respeto a estos principios, permita una coordinación con la propia administración de las comunidades autónomas que en estos momentos no existe, y no voy a reiterar planteamientos.


Hay un segundo aspecto fundamental, como son las competencias de los tribunales superiores de Justicia. Señorías, los tribunales superiores de Justicia son órganos del Estado, no son órganos de las comunidades autónomas y por lo tanto las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no pretenden romper esa unidad del Poder Judicial, por lo demás garantizada por el artículo 117 y 122 de la Constitución, pero sí es cierto que no tiene ningún sentido mantener la distribución actual de competencias entre el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia. Hemos dicho hasta la saciedad que en este aspecto los planteamientos que pueden efectuarse desde el catalanismo político, desde el nacionalismo catalán o desde alguna otra comunidad y los que vienen impuestos por un mínimo de racionalidad política coinciden absolutamente. No puede llamarse Tribunal Supremo a un órgano que tiene, aproximadamente, unos 90 magistrados y que además obliga a que exista en nuestro ordenamiento jurídico algo tan extravagante y peculiar como un recurso de casación por unificación de doctrina que tiene entre sus misiones unificar la jurisprudencia que dictan secciones diferentes de una misma sala del Tribunal Supremo, es decir, que debe unificar lo que dice el Tribunal que tiene por misión fundamental garantizar la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley. De ahí que el planteamiento de Convergència i Unió sea trasladar los recursos de casación ordinarios y muy fundamentalmente en materia civil a los tribunales superiores de Justicia y reservar el Tribunal Supremo para garantizar esa unidad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de estos tribunales superiores y, por lo tanto, que en este caso no tenga una competencia de casación ordinaria sino de casación para la unificación de doctrina. Esto es algo en lo que se puede coincidir desde la pura racionalidad política y desde el catalanismo político.


No desconocemos el fundamento constitucional del Consejo General del Poder Judicial, de la misma manera que esa unidad del Poder Judicial que deriva de la Constitución. Sin embargo, no cabe desconocer algo que ya existe y que el proyecto de ley no obvia, como es la existencia de órganos periféricos o con funciones periféricas del Poder Judicial, y me refiero a las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, órganos que no son delegados; si fuesen órganos delegados del Consejo General del Poder Judicial impediría lo que ahora existe, que es un recurso jerárquico, un recurso de alzada, ante el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto ya existen órganos desconcentrados del Poder Judicial. Sobre esta base el planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió es que se refuerce la función de estos órganos periféricos, órganos desconcentrados, del Consejo General del Poder Judicial y que cuando actúen, no como sala de gobierno del propio Tribunal, sino realizando funciones imbricadas en el Poder Judicial, lo que debe proceder en aquellos

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casos es integrar esta sala de gobierno con los vocales territoriales correspondientes del Consejo General del Poder Judicial, así como también con dos juristas de reconocido prestigio que sean designados por el propio Parlamento autonómico. Si la legitimidad democrática, señorías, es algo exigible y pudimos ponernos de acuerdo en ello para designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, nada obsta para trasladar la legitimidad democrática también a estos órganos periféricos, a las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia. Debo señalarles además que en un tribunal superior de Justicia como el de Cataluña, que tiene un número de miembros elevado, insertar allí dos vocales designados por el Parlamento autonómico y los vocales territoriales no parece de difícil aceptación. Pretendemos también dotar de plena eficacia a la cláusula subrogatoria, al menos a la del Estatuto de Autonomía de Cataluña, artículo 18 en su apartado 1.º, y por lo tanto potenciar las funciones que en materia de demarcación y planta corresponden a la propia comunidad autónoma. En este caso no hemos tenido capacidad suficiente para sacar adelante estas enmiendas.


¿Qué decir respecto a la oficina judicial y del personal al servicio de la Administración de justicia? Señorías, mi grupo -como ya puso de manifiesto el 29 de mayo en el debate de totalidad- reconoce que se ha producido un avance autonómico digno de mencionar y valorar. Sin embargo, quiere poner de manifiesto que el proyecto de ley que nos ha remitido el Gobierno en su configuración actual supone para nosotros un incumplimiento de aquellos acuerdos que el 22 de mayo de 2001 se produjeron en la conferencia sectorial de Administración de justicia de Las Palmas; acuerdos que fueron determinantes para la suscripción del pacto de Estado y para iniciar unas negociaciones que, aunque al final se han producido avances, no han tenido un resultado exitoso entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Quiero indicar a SS.SS. que en aquellos acuerdos había tres aspectos fundamentales, en primer lugar, la reserva que se formuló por el Gobierno de la Generalitat respecto del mantenimiento del cuerpo de secretarios judiciales y demás cuerpos del personal al servicio de la Administración de justicia con el carácter de cuerpos nacionales. Saben SS.SS. que el Tribunal Constitucional precisamente en la sentencia 56/1990 que anteriormente he mencionado indicaba que era una pura acción del legislador y que por lo tanto no hay ningún obstáculo constitucional para configurarlos como cuerpos propios de las comunidades autónomas, eliminando el carácter de cuerpos nacionales. Además de esa reserva que se formuló por el Gobierno de la Generalitat, hay dos aspectos de este acuerdo que para nosotros son fundamentales: por un lado, la afirmación que se realizaba en los mencionados acuerdos en el sentido de que corresponderá a las comunidades autónomas el diseño y aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo. Eso es algo que se mantiene en el proyecto de ley. Sin embargo, había un aspecto conectado con éste que para nosotros era de extraordinaria importancia, el establecimiento en los acuerdos que las comunidades autónomas, se dice, podrán establecer -perdonen la redundancia, pero es el tenor literal- en los concursos de traslado que convoquen y resuelvan requisitos específicos para su ámbito territorial -y remarco- como el conocimiento de la lengua y derecho propios en los puestos que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Este fue un aspecto fundamental para la suscripción de los acuerdos y Convergència i Unió, el Gobierno de la Generalitat y este grupo parlamentario entendían que en virtud de esos acuerdos el Gobierno de la Generalitat podía establecer como requisito, al aprobar las relaciones de puestos de trabajo, el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma, además de la oficial del Estado, así como también el conocimiento del derecho propio. Sin embargo, estos acuerdos sufren restricciones en el proyecto de ley porque se establece en uno de sus preceptos que no se podrá establecer con carácter general este requisito de conocimiento de la lengua y del derecho propio. Por lo tanto, para nosotros supone un incumplimiento flagrante del acuerdo y, en última instancia, una defraudación de las expectativas que al menos legítimamente entendíamos que derivaban de dichos acuerdos.


Lo propio cabe señalar en cuanto al incumplimiento respecto de la figura del secretario de gobierno.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Silva, le ruego vaya concluyendo.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy concluyendo.


Para nosotros, la figura del secretario de gobierno es una figura importante. Admitíamos in extremis el acuerdo de que fuera propuesto por el Gobierno de la comunidad autónoma y nombrado por el Ministerio de Justicia. Lo que no podemos admitir -y por lo tanto también entendemos que supone incumplimiento flagrante- es situar en una fase intermedia, entre la propuesta y el nombramiento, la audiencia del consejo de secretariado y la audiencia de la sala de gobierno, porque para nosotros supone descafeinar lo que ya llegaba ramplón en los acuerdos de Las Palmas para acabar configurando una figura jerárquica, absolutamente mediatizada, una figura que supone la introducción de racionalidad administrativa en nuestro sistema. El secretario de gobierno, que debía mandar, se convertía en un órgano que al final acababa, sin embargo, sin mandar.


Para nosotros, el tema de la lengua -no se les oculta a ustedes- es un aspecto tremendamente importante. No lo vinculamos a una distribución del poder del Estado, sino a los derechos legítimos de los ciudadanos.
Ciertamente, si se quiere atender esos derechos legítimos de los ciudadanos debe establecerse la posibilidad de configurarlo como requisito para la ocupación de los

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puestos de trabajo. Es algo en lo que, como les acabo de señalar, no hemos salido adelante.


Quiero referirme, si me lo permite, señora presidenta, a dos aspectos fundamentales. Primero, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha sacado adelante una veintena de sus 200 enmiendas. Ciertamente no vamos a quejarnos de que hayamos obtenido este éxito, entre comillas, aunque no dejamos de constatar que son muchísimas las enmiendas que no hemos conseguido que se admitieran. Quiero mencionar, sin embargo, dos porque para nosotros tienen un interés especial. En primer lugar, la posibilidad de comarcalización de los servicios comunes, a través de una enmienda transaccional, que supuso una modificación del artículo 436.
Para nosotros, que pretendemos que el mapa, la organización territorial de Cataluña se base en la comarca y que eso se traslade al ámbito de la Administración de justicia es importante. Como también lo es una transacción que entendemos que hay que desarrollar muy ampliamente en el Senado, una transacción que ha supuesto una modificación del artículo 435, y es establecer muy claramente que aquella carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia que se aprobó por unanimidad de este Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley, no puede quedar en papel mojado y es algo a lo que debe darse pleno cumplimiento.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Silva, ha consumido con exceso su tiempo.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.


Simplemente -y es medio minuto lo más que le ruego ya, señora presidenta-, hay algo importante y como aquí hay algún historiador, como mi buen amigo don Luis Carlos Rejón, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, quería recordarles a los señores del Grupo Parlamentario Popular unas afirmaciones de Baltasar Gracián sobre la figura de Fernando el Católico.
Decía: "Donde las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como es menester gran capacidad para conservar, así es menester mucha para unir."

Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de las enmiendas que se mantienen, tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Señora presidenta, señorías, permitan ustedes que mis primeras palabras en esta intervención en la sede central de la vida política sean de homenaje, de recuerdo, a la compañera Anna Lindh, ministra socialista sueca, asesinada cuando ejercía de ciudadana, sin escoltas, mezclada con el pueblo al que pertenecía y asesinada por sus convicciones políticas. (Aplausos.) La ministra Lindh ha fallecido esta mañana y no puede la representación del pueblo español dejar pasar en silencio semejante magnicidio. Las convicciones políticas, señorías, nos llevan a todos los que estamos aquí a ejercer aquí nuestro oficio. El ejemplo de las y los que lo ejercen de forma no separada del pueblo, defendiendo en medio de aquel pueblo al que pertenecen sus ideas, exponiendo con ello, como se ha visto, su integridad física, su vida incluso, creo que debe acompañarnos a todos en el día de hoy y en el futuro. Recordemos a la ministra Lindh.


Vamos a entrar ahora por nuestra parte en el tema concreto que nos ocupaba. No hagas muchas pragmáticas y, si las hicieres, procura que sean buenas, aconseja don Alonso Quijano el bueno cuando era Don Quijote de La Mancha, en la segunda parte de La vida del ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, capítulo 51, a su buen escudero Sancho mientras mantiene la gobernación de la ínsula Barataria. Parece ser que este consejo, con unos ciertos años de antigüedad, es verdad, no ha llegado aún a los oídos del Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia actual no sólo hace muchas pragmáticas sino que además cada día cuando abrimos el periódico nos encontramos el anuncio de intención de más pragmáticas, como es el caso de la prensa de hoy. Y desde nuestro punto de vista tampoco recoge la segunda parte del consejo porque no las hace buenas y pudiendo procurar hacerlas, es decir intentar el consenso con los grupos parlamentarios, no lo procura. Eso sí, no sólo las hace sino que además las califica de consensuadas por su propia autoridad y estamos por tanto, según el ministro Michavila, tramitando en este momento un proyecto consensuado, proyecto consensuado al que se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución, una enmienda a la totalidad de texto alternativo y también 674 enmiendas parciales por parte de los distintos grupos parlamentarios. Modestamente el Grupo Parlamentario Socialista sólo ha planteado 102 de estas enmiendas parciales, pero las va a mantener todas ellas. Es evidente que en la tramitación que reglamentariamente llevan estos proyectos no vamos a poder defenderlas todas y cada una de ellas en este momento. De 102 han quedado reducidas a 100 las mantenidas porque dos fueron retiradas en el trámite de Comisión, pero es lo cierto que ello pone de manifiesto, a mi entender, la clara disconformidad con el conjunto del proyecto.


Para mí hay un elemento importante en el proyecto, que ha sido enmendado por todos los grupos parlamentarios excepto el Popular, naturalmente, que es el contenido del artículo 435.2, cuando define la oficina judicial y dice que ha de tener un modelo homogéneo como consecuencia del carácter único del poder al que sirve. Ahí hemos tropezado, creo yo, con la piedra fundamental. No puede hacerse una ordenación de la Administración de justicia, de la carrera judicial, desde la óptica pura y

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exclusiva del poder, del ejercicio del poder, del ejercicio del poder de juzgar, sin tener en cuenta, como no se tiene en cuenta a lo largo del proyecto, el carácter de servicio público a los ciudadanos de la Administración de justicia. Ello queda de manifiesto en la configuración que se hace de la oficina judicial. Está en el Pacto de Estado el hecho de que hay que reformar la oficina judicial, pero no que haya que hacer esta reforma; una reforma que tiene en cuenta principalmente el poder al que sirve -como dice el por nosotros enmendado artículo 435.2- pero no tiene en cuenta la obligación de servir a los ciudadanos que demandan justicia desde esta oficina judicial. Por ello se crea y se pierde la oportunidad, que creo importante, de hacer un nuevo modelo moderno, realmente racional, de administración de la Administración de justicia.


Hay aspectos en los que coincidimos, hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia. Hay otros aspectos - es absolutamente imposible detallar todos y cada uno de ellos - en los que no estamos de acuerdo, entre otras cosas por el incumplimiento del pacto a que llegó el Gobierno con los representantes de los secretarios judiciales con los que se firmaron determinados compromisos de iniciativa legislativa, por ejemplo en lo referente a la regulación disciplinaria del cuerpo de secretarios judiciales, que luego no tienen su reflejo en la ley. En cuanto a este aspecto de la oficina, desde nuestro punto de vista, no se atiende como debiera las competencias existentes y potenciales de las comunidades autónomas en la materia; tampoco se resuelve bien la necesaria conmixtión de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, Estado, Gobierno y comunidades autónomas. Se hace una multidependencia, desde nuestro punto de vista absolutamente disfuncional, del nuevo secretariado que se crea, que se jerarquiza. Se crea un secretariado de nuevo cuño, algo en lo que estamos de acuerdo, pero el sistema de dependencias funcionales orgánicas, etcétera, nos parece que no es en absoluto el que debiera de ser a estas alturas para conseguir una oficina realmente funcional.


Mantenemos todas las enmiendas que no fueron aceptadas en ponencia, porque en la Comisión ninguna de ellas fue votada favorablemente, y pasamos a la parte menos consensuada del proyecto, los libros I a IV, sobre lo cual no ha habido prácticamente ni conversaciones; es un ex novo por parte del Ministerio de Justicia que plantea la pragmática de reforma de la carrera judicial, de reforma del sistema de ingreso, de reforma de las excedencias, de reforma de varios aspectos de la carrera judicial, y ello en un sentido para nosotros radicalmente contrario al que debiera de ser.
El juez constitucional, tal como viene definido en la Constitución, tal como viene expuesto en la exposición de motivos de la aún vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, ha de ser el resultado de una ósmosis entre la sociedad y el conocimiento jurídico. Es necesario para decir derecho, algo que afecta de una forma directa a los intereses y a la vida de los ciudadanos, conocer lo que es la carne, la sangre, la realidad de la sociedad. Lo que se espera de los jueces es resolver los conflictos que los ciudadanos no pueden resolver por sí mismos; nada más ni nada menos que eso es lo que se espera de los jueces en nuestra sociedad y la modificación por vías indirectas, por si acaso no se llega a ver cuál es realmente la remisión del artículo 313 a 306 de los sistemas del tercer y cuarto turno, para, por ejemplo, alguien que haya entrado a través del cuarto turno tenga que estar permanentemente especializado en un determinado orden jurisdiccional sin poder optar a traslados a otros órdenes jurisdiccionales. Con el cambio de los requisitos de entrada en el tercer turno estamos completando la obra realizada en la práctica de reducción o estrechamiento de las otras vías de ingreso que no sean la oposición pura y dura que nos da un tipo de juez respetable, el que ha acabado su carrera, empieza a prepararse, aprueba las oposiciones y pasa por una escuela judicial, pero que no puede tener por razón de su sistema de selección ese conocimiento de la sociedad que es necesario para administrar justicia, que es necesario para decir derecho, y ello cuando además no se admite tampoco una enmienda de nuestro grupo realmente modesta y que nos parece adecuada, si no no la hubiéramos presentado, cual es la derogación de la disposición transitoria trigésimo quinta de la Ley Orgánica 9/2000, de 22 de diciembre, que dada la cantidad de candidatos aprobados en las oposiciones de aquel año reducía el periodo de formación en la Escuela Judicial. Ahora, en el momento en que se nos dice por parte del Gobierno que sólo hay 30 plazas nuevas en la carrera judicial, se mantiene la reducción de la formación, por tanto, se renuncia absolutamente a una formación profesional de los jueces posterior a la oposición. El opositor recibe el marchamo en una escuela judicial reducida, con menos tiempo, con menos profesores, con menos medios y se le pone a decir derecho inmediatamente. No quieren los señores de la derecha que los jueces de nuestro país tengan formación profesional como jueces, quieren sólo que aprueben una oposición y que pasen inmediatamente a dictar sentencias. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque no está en nuestra concepción, como no lo está la regulación que hacen ustedes del paso de la política a la función jurisdiccional.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Pedret, le ruego que vaya concluyendo.


El señor PEDRET I GRENZNER: Concluyo inmediatamente, señora presidenta; le ruego un muy breve lapso de tiempo para completar una idea.


Ustedes parecen desconfiar -sus razones tendrán, yo no las tengo- de cualquier persona que se dedique al interés público a través de la política. Ustedes, en vez de hacer lo que es lógico y racional, es decir, si una persona

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puede haber quedado contaminada por su contacto con determinados expedientes en su paso por la vida política que se abstenga o que sea recusado, le mantienen en una especie de castigo por haber osado optar a ser diputado, por ejemplo, a presentarse como candidato en un tiempo de cinco años en los que no puede optar a ninguna otra plaza que no sea atribuida estrictamente por antigüedad; en cambio, los jueces especialistas -jueces de lo mercantil, por ejemplo- podrán pasar del Juzgado de lo mercantil a la defensa de legítimos pero privados intereses de los ciudadanos, para volver al Juzgado de lo mercantil inmediatamente después con buen aprovechamiento privado del esfuerzo público de formación de jueces especialistas. Estos son algunos de los motivos que nos llevan a no votar favorablemente el proyecto. Quiero manifestar -y concluyo ya, señora presidenta- que hay dos aspectos del dictamen de la Comisión que sí vamos a votar favorablemente. Uno de ellos es la creación de la Sala de apelaciones en la Audiencia Nacional y la atribución de competencias para resolver apelaciones a las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia. Sólo esto, porque no es la creación de una segunda instancia penal real, ya que tiene que ir acompañado de una serie de complementos a los que se ha hecho mención en este debate y, por tanto, no decimos, porque no lo podemos decir, que estemos de acuerdo con lo que ustedes hacen en la doble instancia penal, sino en la creación de estas salas que puede posibilitar luego una auténtica doble instancia. También vamos a votar favorablemente el reconocimiento que hacen ustedes de que teníamos razón ya hace años cuando instábamos a la Cámara -con mal resultado porque su mayoría absoluta nos dejó a nosotros en minoría, cosa que no es inhabitual en la Cámara, su mayoría absoluta frente al resto de los grupos- al reconocimiento del carácter realmente inhábil de los sábados. Con estas excepciones en que votaremos favorablemente, el resto del dictamen no recibirá, desde luego, nuestro voto positivo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias.


En turno de fijación de posiciones y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a ser telegráfico; no lo tomen a descortesía. No es fruto tampoco de la emoción porque espero que de aquí al día 30 aún tendré oportunidad de intervenir en alguna otra ocasión -por lo menos ese es mi propósito-, sino que tenemos un día muy recargado y me consta que muchos de los parlamentarios me agradecerán que sea todo lo breve que posible fuere.


Ante todo quiero expresar en nombre de mi grupo el agradecimiento por el trabajo serio y prolongado que a lo largo de dos años se ha venido realizando en relación con este proyecto. Por parte del ministerio que, lógicamente, lo puso en marcha, ha habido hasta 64 reuniones, varias de ellas de la comisión de seguimiento del Pacto de Estado para la reforma de la justicia, otras con comunidades autónomas. Creo que ha sido uno de los proyectos más consensuados y elaborados. Asunto distinto es el concepto que cada cual tenga de negociación. A veces observo algunos conceptos de negociación quizá fruto de la idea de que la Conferencia sectorial de comunidades autónomas sería algo así como el consejo de seguridad del Estado de las autonomías donde alguna autonomía tendría derecho de veto. No es el caso, claro; no sé si lo será en el programa del señor Maragall, pero en el programa del Partido Popular, no. Por tanto, que alguna comunidad autónoma no esté de acuerdo lleva a que haga una salvedad y que las demás sigan trabajando, como es lógico. De modo que en el nivel autonómico ha habido acuerdo, sin duda.


En otros casos, la negociación se entiende como se viene viendo hoy aquí: cedan ustedes todo lo que puedan, que nosotros no cederemos en nada.
Decía el señor Pedret que van a mantener todas las enmiendas. Es imposible que las mantengan, porque muchas de ellas las hemos aprobado, de modo que no las pueden mantener. Es un argumento que se comenta por sí solo.


En cuanto a la necesidad de la ósmosis entre la sociedad y la justicia, me llama la atención que se sugiera que cuanto más derecho sepa uno más se aleja de la sociedad. A mí, que soy catedrático de una facultad de derecho, me duele oír esas cosas; no sé por qué el señor que sepa derecho se impermeabiliza respecto a la sociedad. Lo que sí entiendo es que si el juez lo es por su gran sociabilidad, porque es un buen relaciones públicas, habrá que tenerlo luego cinco años en la Escuela Judicial para que aprenda derecho; eso sí me parece coherente, pero no es el caso. El problema de la permanencia en la Escuela Judicial depende de los ritmos de dotación de plazas, que no se han llegado a normalizar hasta el momento dado que el Consejo General del Poder Judicial no ha dotado las plazas durante años al ritmo deseable, que ahora sí ha conseguido. En cuanto eso se normalice, se podrá llegar al objetivo inicial, que el Gobierno socialista tampoco pudo cumplir por idéntica razón.


En cuanto a la aplicación del sistema mayoritario a las salas de gobierno, el señor Pedret no ha repetido hoy, afortunadamente, lo que dijo en Comisión: que el sistema mayoritario es poco democrático; lo cual quiere decir que el Senado español es poco democrático. El señor Pedret olvida que el Senado español se elige por el sistema mayoritario, y a nadie se le ha ocurrido decir que sea menos democrático que el Congreso de los Diputados; más bien suelen decir lo contrario: que el Congreso de los Diputados, por las listas cerradas, parece

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menos democrático en algunos casos. En fin, se ve que, según de lo que uno hable, toca. Desde luego, el intento de convertir las salas de gobierno en un consejo general del Poder Judicial autonómico es perfectamente comprensible; tan comprensible como que votemos que no. El asunto es ver cómo conseguimos una especie de nueva transición: desde la Constitución, salirnos de la Constitución. Creemos que, después de la que se hizo que salió tan bien, mejor no repetir las cosas, porque nunca segundas partes fueron buenas; vamos a dejar el asunto como está. De modo que, en ese sentido, tampoco vamos a seguir.


En cuanto a la excedencia de los políticos, señor Pedret, no recuerdo que nadie de mi grupo haya tachado a un juez concreto de actuar por motivos políticos. Pues bien, se anuncia un libro de los principales dirigentes de su partido; cuando salga, busque usted en el índice onomástico en la ge y vea lo que dice: porque no se le nombró ministro, cuando volvió a ser juez, nos estuvo machacando. Lo dicen sus jefes, y tenga usted cuidado de no disentir de sus jefes, porque a una compañera suya de grupo parlamentario, por decir mucho menos que eso, la están intentando echar; o sea, que yo sería prudente. No mueva usted mucho ese asunto. Lo que nosotros queremos simplemente es que las excedencias sean iguales que las de los demás funcionarios. Así que se quita el sistema especial que se puso en marcha a raíz de aquellos sucesos, porque ya no hace falta; desde que gobierna el Partido Popular no se producen esos numeritos y, por tanto, parece que no es necesaria la excepción.


La sensación que producen discursos como los de hoy es la de que, así como las leyes aspiran a tener estabilidad, los discursos parlamentarios no aspiran a veces a ella. Si dentro de 5 ó 10 años -cuando esta ley esté dando sus frutos- se oyen los discursos de hoy, pasará como con los discursos sobre la Ley de Enjuiciamiento o con otros que hemos oído aquí, trágicos y apocalípticos: luego, cuando sale la ley, todo el mundo se olvida de lo que dijo, e incluso se permite alabar lo que criticó. Seguro que también ocurrirá esta vez.


Nada más, y muchas gracias a todos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)

¿A qué efectos, señor Ollero?

El señor OLLERO TASSARA: A efectos de una cuestión técnica, por si se puede tener en cuenta. En el artículo 63.2 del proyecto se dice que el presidente de la Audiencia Nacional tendrá la consideración de presidente de Sala de Tribunal Supremo. Debe decir del Tribunal Supremo, cuestión puramente técnica que no necesita votación, pero que quizá, si los servicios de la Cámara están de acuerdo, se podría subsanar.


La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de la Comisión del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En primer lugar votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por la señora Lasagabaster, las números 93, 94, 104, 105, 128, 157, 158 y 160.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 117; en contra, 182; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 71 a 77, 80 a 92, 95, 99, 102, 152 y 155.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 12; en contra, 183; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 12; en contra, 283; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por el señor Aymerich. En primer lugar las números 19 a 22.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 119; en contra, 181; abstenciones 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 8, 9, 12 a 18, 23 y 25.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 12; en contra, 185; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 13; en contra, 282; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar las números 32 a 36, 38, 39, 48 a 58, 60, 70, 161 a 163.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; en contra, 175; abstenciones, 134.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 110; en contra, 177; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar las números 169, 170 y 198.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 118; en contra, 178; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 13; en contra, 285; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las números 202 a 206, 211, 214, 215, 222, 226, 228, 233, 235, 237, 238, 240, 246, 248 a 251, 252 a 255, 257 a 264, 268, 270, 273, 274, 281, 288, 292, 293, 301, 305 a 307, 315, 316, 318, 330, 333 y 338.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 118; en contra, 181; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 199, 200, 213, 216 a 221, 223 a 225, 227, 229 a 232, 236, 242, 243, 247, 250, 269, 271, 272, 275, 276, 279, 282, 283, 287, 289, 290, 291, 294 a 300, 302 a 304, 308, 310 a 314, 317, 319 a 327, 331, 332, 335, 337 y 339.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, nueve; en contra, 285; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, nueve; en contra, 182; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar las números 514, 525, 529, 541, 549, 550, 572, 579, 595, 629, 631, 633, 639, 640, 643, 647, 648 y 653.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 131; en contra, 177; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 475, 477, 478, 481 a 491, 493, 495, 497 a 503, 505 a 509, 513, 516, 522, 532 a 536, 539, 542, 545 a 547, 551, 553 a 557, 570, 580 a 584, 589, 591, 600, 604 a 610, 612, 613, 618, 622 a 625, 627, 630, 637, 638, 645, 646, 649 a 652, 654, 656 a 660.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 21; en contra, 286; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 23; en contra, 177; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 114; en contra, 181; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, artículo único, apartado 3, en lo relativo al artículo 64 bis.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y apartado 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 296; en contra, 11; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos el artículo único, apartado 4, en lo relativo al artículo 73.3. c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 286; en contra, 21; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Artículo único, apartados 10 y 91.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 180; en contra, 115; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Artículo único, apartado 2; resto del apartado 4; apartados 5, 11, 14, 15, 17, 37, 41, 43, 44, 50, 54, 56, 67, 74, 75, 82, 87, 90, 92, 93, 94 y 95.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 181; en contra, 127; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Artículo único, apartados 98 y 99.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 182; en contra, 26; abstenciones, 101.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Artículo único, apartados 100 y 101.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 190; en contra, 13; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Disposiciones adicionales, transitorias y finales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 181; en contra, 12; abstenciones, 117.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 191; en contra, 116; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICIACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000146.)

La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto del texto por tener el proyecto de ley carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 180; en contra, 22; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


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- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000145.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos finalmente a votación final de conjunto, por tener también carácter de orgánico, el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 191; en contra, 112; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos exigido.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)

- PROYECTO DE LEY DE MONTES. (Número de expediente 121/000138.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de montes. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el orden del día, por lo que les ruego que abandonen el hemiciclo en el máximo silencio. (Rumores.) Señorías, ¿es posible que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo al objeto de facilitar el trabajo del resto de los diputados?

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a defender brevemente las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a este proyecto de ley de montes. Como ya expresamos durante el debate de totalidad de este proyecto de ley, tenemos una opinión globalmente contraria al mismo fundada en algunas cuestiones. Hacíamos referencia a nuestra posición contraria a la clasificación de los montes en mancomún como privados, y decíamos que los montes vecinales en mancomún son una forma de propiedad indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que desde luego encaja mal en la definición de monte privado y, por supuesto, en las consecuencias que esta definición conllevará a todos los efectos. Eso decíamos en aquel momento en el debate. Ahora, en el informe de la ponencia se retira la consideración de privados para esta forma de propiedad de los montes y se tiene en cuenta su naturaleza especial y las características a que me refería, lo cual nos satisface. Sin embargo, la inclusión de esta nueva definición debería conllevar también, por coherencia, la modificación del título al artículo 11 y su apartado primero, al que mantenemos una enmienda que clasifica los montes, en función de su titularidad, en públicos, privados o vecinales en mano común. Esa misma clasificación debería incluirse en la exposición de motivos y conllevar ser tenidos en consideración específicamente cuando se habla en el proyecto de ley de los incentivos. Por lo demás, mantenemos un grupo de enmiendas dirigidas a conseguir una mayor capacidad de decisión real de las comunidades autónomas en materia de montes y, por tanto, en la planificación forestal y agrícola forestal, una necesidad derivada de la diversa realidad de los territorios del Estado, desde la realidad productiva a las necesidades de mantenimiento, la diversidad o la calidad ecológica de los montes.


No encontramos un compromiso presupuestario suficiente. Nos parece insuficiente el control de la Administración sobre los incentivos, que debería vincularse a la adecuada gestión del monte y concederse con transparencia. También encontramos escasa la participación social en la política contra incendios. Por todo ello, mantenemos nuestras enmiendas salvo la número 60, que retiramos.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.


¿Entiendo que ha dado por defendido el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto firmadas por la señora Lasagabaster y el señor Saura?

El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Entiende bien, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Con brevedad me voy a referir a las enmiendas números 41 y 42. La enmienda 42 es consecuencia de la enmienda 41, que paso a defender. Se trata de un reconocimiento de la peculiaridad canaria, de la situación hidrogeológica que hay. No se trata de un aprovechamiento forestal sino que, dentro de las masas forestales del archipiélago canario, el sistema de extracción de aguas es por galerías y en régimen de propiedad privada. Mientras la Comunidad Autónoma de Canarias no ejerza la competencia estatuaria orgánica que tiene, el desarrollo legislativo en materia de montes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.7 del Estatuto de autonomía de nuestro archipiélago, seguirá siendo de aplicación lo dispuesto en el capítulo 3, título primero de la Ley de montes de 1957, correspondiente a su reglamento.


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Nosotros pedimos en nuestra enmienda para la ocupación de interés particular que se realiza en masas boscosas, en montes, del archipiélago, que se siga manteniendo la vía de minas o de galerías con que se obtiene el recurso hidráulico subterráneo, tanto de aprovechamiento urbano, de consumo público, como de uso agrícola o de servicios. Esta peculiaridad es la que quería resaltar. Es cierto que la disposición derogatoria única del proyecto que trae el Gobierno, en su apartado segundo, deja vigente el reglamento de montes actual, en tanto no se oponga a lo previsto en este nuevo texto de la ley. Nosotros pedimos que se asegure su aplicación en el tiempo hasta que entren en vigor las normas pertinentes que puedan dictarse, dada la importante figura jurídica de la ocupación en Canarias, por el Gobierno de la comunidad autónoma. Esta es nuestra enmienda 41 y la 42, como he dicho anteriormente, trae causa de la misma. Solicito su votación en este Pleno.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Egunon, buenos días, señora presidenta.


Tal como expresamos en los trámites de ponencia y comisión, teníamos una preocupación fundamental que era el uso y abuso que, a nuestro juicio, está realizando el Gobierno del Partido Popular en la regulación a través de leyes básicas de materias, amparado por el título competencial de ordenación general de la economía, lo que está produciendo una verdadera regresión en la realidad autonómica. Teníamos esta prevención y debo reconocer que en este caso, sin que conste el precedente, ha sido injustificada dado que esta es una ley que ciertamente ha tenido una precocina importante previa a la entrada para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados. Desde la Comunidad Autónoma de Euskadi y las diputaciones forales se presentaron 52 enmiendas previas que se debatieron y que se incorporaron en el proyecto de ley. De ahí la reflexión inicial que he realizado. Aun así, el Grupo Vasco propuso 11 enmiendas que se han discutido y en algunos casos aceptado. Tras su debate quedan cinco enmiendas vivas para su aprobación en el Pleno, independientemente de -como he comentado- nuestro apoyo a este proyecto de ley. Dichas enmiendas -fundamentalmente la 3 y la 10- son de afinamiento y de calificación competencial. Creemos que la redacción que nosotros proponíamos resulta mucho más respetuosa con el orden de distribución competencial Estado-comunidades autónomas, y que además eran acordes con la enmienda que propusimos a la disposición final primera del proyecto planteado. Seguimos insistiendo en las enmiendas números 8 y 9, referentes a la formación y a la divulgación forestal -es el caso de la número 8- y solicitamos al Grupo Popular que mantenga un diálogo y posibilite su debate y reflexión en el trámite del Senado porque creemos claramente que los planes de formación y empleo, en este caso del sector forestal, entran de lleno en el marco de las políticas activas de empleo y que, en consecuencia, deberían ser las comunidades autónomas con competencias en estas materias las que adquirieran el protagonismo en la adopción de estas medidas que buscan incidir fundamentalmente en aquellos factores que influyen en la reducción o falta de crecimiento del mercado del empleo y, en este caso, del empleo del sector forestal. Respecto a la enmienda número 9 que también es de modificación del capítulo de subvenciones, de conformidad con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional contenida en todas sus sentencias, lógicamente el Estado, desde la competencia que le atribuye el artículo 149 de la Constitución, puede destinar fondos para subvenciones u otro tipo de ayudas en el ámbito de las comunidades autónomas con competencias en la materia, pero estas sentencias también afirman que el alcance de las mismas es limitado. Además, de ninguna manera el Estado puede impedir que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, establezcan las condiciones complementarias de dichas ayudas, el procedimiento concreto de acceso a las mismas, su otorgamiento y el control de su aplicación, para lo que los fondos deben ser distribuidos territorialmente y, en su caso, ponerse a disposición de las comunidades autónomas.


Para finalizar mencionaré un tema respecto a las peculiaridades forales.
La mención a los órganos forales de los territorios históricos que son, señora presidenta y señora ministra, competencias exclusivas en esta materia de ejercicio forestal nos resulta obligada, ya que la referencia a la comunidad autónoma se hace a su conjunto institucional. De todas maneras, señora ministra, felicitamos al Gobierno por esta ley y sobre todo, como he dicho antes, por el modo en que la ha precocinado.
Manifestamos nuestro apoyo a este proyecto de ley y solicitamos un debate posterior en el trámite del Senado de estas enmiendas que han quedado pendientes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Urán tiene la palabra.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene todas las enmiendas que presentó al proyecto de ley de montes. Tenemos que empezar diciendo, como ya lo hicimos en el debate de totalidad, que era importante y necesario y que, desde nuestro punto de vista, llegábamos tarde, a una nueva legislación de montes, puesto que la de 1957 era

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lo suficientemente antigua y vieja, con independencia de que fuera de la época del régimen anterior, pero que además no contemplaba aspectos que hoy hay que tener en cuenta a la hora de regular los montes, no sólo en lo que respecta a las competencias de las comunidades autónomas, sino porque han aparecido nuevos objetivos relacionados con la preservación ecológica de los montes, con los ecosistemas y el beneficio medioambiental y social que los montes pueden y deben establecer.


Señorías, mi grupo parlamentario presentó en su momento una enmienda de totalidad con texto alternativo porque consideramos que, una vez más, el Gobierno del Partido Popular pierde la oportunidad en materia medioambiental de hacer una regulación básica que realmente coordine la política forestal española entre la Administración central y las comunidades autónomas. Además, señorías, lo ocurrido este verano con los incendios forestales nos tiene que servir de ejemplo para ver que la ley que están ustedes planteando, y que hoy van a aprobar aquí, sigue siendo insuficiente. Si tenemos un año seco, tenemos incendios porque está seco, y si tenemos un año de lluvias, también tenemos incendios porque ha sido un año muy lluvioso. Creo que es como para que se nos pongan los pelos de punta pensar que, en lo que va de año, se han quemado 119.000 hectáreas que, sumadas a las que se han venido quemando años atrás, hace que nuestro país, que es uno de los países del entorno de la Unión Europea que más masa forestal tiene, esté viéndose desangrar porque, desde nuestro punto de vista, hay una falta de atención, fundamentalmente a la prevención de los incendios forestales, pero, sobre todo, una falta de atención presupuestaria y de actuación política clara y decidida por parte del Ministerio de Medio Ambiente en la lucha contra la desertificación y la desertización. Desde nuestro grupo parlamentario hemos intentado, según nuestro criterio, solucionar estos asuntos en nuestras enmiendas, que han tenido la suerte habitual en esta Cámara, ya que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no han tenido siquiera en cuenta la posibilidad de intentar introducir aspectos que, desde nuestro punto de vista, mejoran el texto del Gobierno y nos pueden llevar a situaciones que no es que vayan a solucionar los problemas pero al menos pueden ayudar a una mejor colaboración y cooperación entre las comunidades y entre éstas y el Ministerio de Medio Ambiente, y no sólo en la lucha contra incendios -que a pesar de que la señora ministra decía que este año se ha actuado con rapidez y eficacia todavía quedan situaciones que hay que mejorar mucho más, que no sólo requieren del trabajo del Ministerio de Medio Ambiente- sino, además, en la aportación de los recursos necesarios para que se pueda luchar en la prevención, que es lo que no se contempla como debe en el proyecto de ley que nos plantea el Ministerio de Medio Ambiente.


Señorías, cuando nuestro grupo parlamentario pretende la creación de una comisión de coordinación es porque la Conferencia sectorial de consejeros de Medio Ambiente y del Ministerio de Medio Ambiente no puede abarcar de forma tan espaciada en el tiempo todos aquellos aspectos de coordinación y colaboración que desde el ministerio se deben establecer con el resto de las comunidades autónomas, si tenemos en cuenta, además, que en algunas comunidades autónomas ya se ha puesto en práctica y en otras existe la intención de hacer desaparecer las consejerías de Medio Ambiente, como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que ya no tiene.
Desde nuestro punto de vista, habría que establecer una comisión nacional de coordinación de política forestal que se dedique a la coordinación y colaboración desde el Ministerio de Medio Ambiente con las comunidades autónomas y, desde las comunidades autónomas, con el Ministerio de Medio Ambiente y que, como mínimo, a la hora de establecer la coordinación y elaboración de planes, podamos hablar de la protección y gestión de nuestros bosques de una manera mucho más sostenible de lo que lo hace el propio proyecto de ley. Precisamente pretendemos evitar que desde el ministerio se puedan conculcar las competencias que tienen las comunidades autónomas y que se lleven a cabo los aspectos más necesarios y básicos en la coordinación, tanto en la elaboración de normas estatales y autonómicas como en la configuración de planes y programas que se tienen que poner en marcha, porque, señorías, esta ley no solamente tiene que regular el bosque como lo hacen ustedes, desde un aspecto muy economicista, desde nuestro punto de vista, sino establecer la pauta para que haya un real desarrollo sostenible del bosque. Lo que no hacen ustedes en el proyecto de ley, señorías -y desde mi grupo parlamentario lo intentamos-, es establecer que los bosques no solamente nos pueden servir para favorecer una menor emisión de gases de efecto invernadero y hacer el efecto sumidero, como normalmente se denomina, sino que además tienen que salvaguardar la biodiversidad. Para ello se tienen que fijar normas específicas en las que tienen que participar y poner en marcha las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión quiero que quede constancia en el "Diario de Sesiones" que por parte de mi grupo parlamentario se retira la enmienda número 284.


Señorías, con nuestras enmiendas pretendemos que se recojan en una ley básica forestal los aspectos mínimos. Para ello modificábamos el artículo 10 y apuntábamos los requisitos mínimos que deben contener los planes forestales. Porque, señorías, aquí hemos hablado mucho de la estrategia forestal española, pero parece ser que no termina de ponerse en marcha ni que esté sirviendo no sólo para proteger, sino para mejorar las condiciones de nuestros bosques, de la misma manera que creemos que la investigación debería recogerse de una manera clara en el proyecto de ley y, por el contrario, queda bastante ambigua, desde nuestro punto de vista. Es más, tenemos conocimiento de que por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha denegado

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incluso la financiación a un proyecto de investigación sobre montes quemados. Esto demuestra que determinadas situaciones que están afectando no solamente al medio ambiente, sino a los entornos sociales de la explotación y al beneficio medioambiental de los bosques no despiertan interés en el Gobierno del Partido Popular y tampoco parece que tenga mucho interés por parte del Ministerio de Medio Ambiente.


Otra de las enmiendas que mi grupo ha presentado se refiere a la conservación y restauración de la biodiversidad en los montes. Señorías, como les decía antes, consideramos que en el proyecto de ley queda escasamente recogida, por no decir que de manera dura, la conservación de la biodiversidad. Los montes tienen más funciones que hacer de efecto sumidero. También tienen que ver con la biodiversidad y, señorías, a pesar de que existen estrategias -que quedan muy bonitas sobre el papel, pero que nunca se ponen en práctica, porque no suele haber recursos económicos para ellas- se está perdiendo biodiversidad. Esta pérdida de biodiversidad afecta a los ecosistemas, nos empobrece medioambientalmente y genera mayores problemas.


En este sentido van muchas de las enmiendas que hemos presentado. También hemos planteado, señorías, que los incentivos que se tienen que facilitar a los montes con ordenaciones -enmiendas 310 y 311, que modifican tanto el artículo 63.1 como el artículo 63.2- deben tener objetivos claros y concretos, y no sólo y exclusivamente la explotación económica del monte, sino también el mantenimiento y mejora de la biodiversidad. Nosotros pretendemos que para que pueda accederse a un incentivo de un determinado tipo de monte, ya sea de propiedad privada o local, tiene que figurar el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas forestales que estén degradados dentro de ese monte y la protección frente a la erosión, ya que esa es la protección que todos los montes tienen que tener.


Mediante la enmienda 311 pretendemos que aquellos montes que no estén ordenados, pero que pueden estar incluidos dentro del planeamiento oportuno, puedan acceder a los mismos incentivos si reúnen esos requisitos que hemos fijado para los que sí estén ordenados. Creemos, señorías, que es una forma -entre muchas más de las contempladas en las enmiendas que hemos presentado- de garantizar que no solamente vamos a proteger el monte, sino que, además, nos vamos a coordinar de manera adecuada con las comunidades autónomas, vamos a colaborar con las comunidades autónomas, vamos a evitar que se produzcan disfunciones entre lo que plantean las comunidades autónomas y lo que el Estado puede o debe hacer, para que, señorías, estemos hablando de una ley de montes que no solamente permite proteger el monte, sino además permite proteger la biodiversidad, el beneficio social que supone el monte y su explotación de una manera sostenible y permite, señorías, que medioambientalmente no tengamos que seguir diciendo que vamos perdiendo nuestro arbolado, nuestros bosques, nuestros montes y que estamos en una situación cada vez más complicada y más todavía -y la ministra de Medio Ambiente lo sabe tan bien como lo pueda saber yo- cuando estamos ante un cambio climático efectivo y claro.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, por la vía de la máxima urgencia, como si de una competición se tratara, el Partido Popular y en su caso el Gobierno nos ha presentado un proyecto de ley de montes que desean que, por encima de todo, sea aprobado cuanto antes. Tengo la sensación de que en este caso se están repitiendo experiencias similares en las que lo más importante es hacer leyes. Tenemos que debatir a continuación la ley del ruido, la ley de arrendamientos rústicos, etcétera, casi tenemos que debatir 50 leyes antes de que termine el mes de diciembre. Por tanto, estamos en la línea de hacer curriculum, pero la experiencia nos demuestra que cuando se va tan rápido a veces las leyes terminan sirviendo para poco. De hecho existen críticas de diferentes colectivos que tenían un interés especial, a través del Consejo Nacional de Bosques, de presentar propuestas, pero les dieron un plazo de 20 días y poco se pudo hacer. Entendemos que una ley consensuada hubiese sido un acierto. En el debate de la presentación de la ley, en el discurso de la ministra, quise entender que había una voluntad de diálogo y lo creía porque tengo la sensación de que es una mujer muy transparente y por ello creía que habría sido posible realizar alguna aportación. Seguramente interpreté mal y se ha impuesto un modelo.
Pero, señora ministra, muchas veces los modelos impuestos por las mayorías absolutas no siempre son sinónimo de acierto y no siempre responden a las demandas de la mayoría de los ciudadanos.


La promulgación de una ley básica debería marcar sin ambages tres o cuatro líneas fundamentales. En primer lugar, la viabilidad económica de los bosques. Ese es el eje central. Es el verdadero talón de Aquiles. Es el pilar clave de la gestión forestal sostenible y su importancia es crucial para el mantenimiento de los bosques y sus múltiples beneficios para la sociedad, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la población, especialmente la población rural. Esta magnífica definición no es mía, es el primer punto de la Segunda resolución de la IV Conferencia ministerial sobre la protección de los bosques, celebrada en Viena. Los bosques españoles, en su gran mayoría, dividen las condiciones climáticas a las condiciones, en muchos casos, de bosques

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mediterráneos, de poca lluvia y están lejos de dar los rendimientos de nuestros vecinos, por lo cual es difícil competir, stricto sensu. Los metros cúbicos por hectárea de leña de cualquier bosque mediterráneo, de Valencia o Cataluña, no tienen nada que ver con las producciones en metros cúbicos por hectárea de los bosques del norte de París, Alemania o los países nórdicos. La falta de rentabilidad produce abandono o, como mínimo, un déficit de la gestión y, como consecuencia, aumenta la posibilidad de la existencia de grandes incendios. No en vano uno de los elementos más importantes para que un incendio coja dimensiones desproporcionadas, aparte de la sequedad del ambiente y el viento, es la cantidad de biomasa que se ha acumulado en el suelo. Por lo tanto, la fiscalidad es una excelente herramienta al servicio de la gestión sostenible de los bosques, mediante contratos de gestión forestal sostenible a largo plazo y el Ministerio de Medio Ambiente no ha sido capaz de mantener una posición firme en defensa del sector y, frente a las presiones del Ministerio de Hacienda, ha renunciado a un tema que nos parece muy importante, el tema de la fiscalidad en el sector, por tanto, una fiscalidad forestal adecuada. Por ejemplo, en la anterior legislatura aprobamos una proposición no de ley, que obtuvo la unanimidad de la Cámara, por la que se pedía al Gobierno que rebajase el IVA de la leña del bosque -no de la madera, de la leña- para darle el mismo tratamiento que se le da en Francia. Aparte de que se aprobó el Gobierno no ha cumplido y en este momento no es rentable recoger el sotobosque, la leña del bosque, porque llega más barata de Francia. Eso va en contra de la buena gestión. Sin financiación específica, sin una política fiscal clara difícilmente será real el mandato del artículo 45 de la Constitución, el principio de la solidaridad colectiva en la protección del medio ambiente, así como el principio de la equidad en el reparto de los beneficios y cargas derivadas de los bosques, reconociendo de una forma clara las externalidades positivas de los bosques al conjunto de la sociedad así como las valoraciones de las mismas.


No son posibles, repito, señora ministra, políticas forestales justas, adecuadas y ambiciosas sin medios de fomento adecuados, sin una fiscalidad justa y sobre todo sin un reconocimiento real de los beneficios que los bosques aportan a la sociedad: el fomento, la producción forestal y el empleo. En Francia y en Holanda están trabajando en esa dirección. Se trata de incrementar la extracción y modernizar rápidamente los sistemas de comercialización, mejorar la rentabilidad del sector teniendo siempre en cuenta la gestión forestal sostenible. Un incremento de producción comporta la creación de nuevos empleos, teniendo en cuenta el doble valor de estos puestos de trabajo como reequilibrio territorial pues se crean generalmente en zonas apartadas de la población. Se trata de dinamizar la gestión forestal privada, planes de gestión a partir de cinco hectáreas, por ejemplo, con objetivos ambientales compensados económicamente y así establecer un estatuto de la explotación forestal. La certificación de la gestión sostenible, por ejemplo, y la promoción del uso de la madera. Se trata de poner en marcha y fomentar el empleo de la madera procedente de los bosques gestionados sosteniblemente con una materia ambientalmente respetuosa, renovable, reutilizable y contribuyendo así a unos patrones de sostenibilidad en la producción y el consumo. No inventamos nada: en los Países Bajos, de larga experiencia forestal, se ha elaborado un plan de potenciación del uso de la madera en la construcción. Se llama el plan Materia Madera. No hay que olvidar que para construir un edificio en madera se consume tres veces menos energía que para hacerlo en hormigón. La madera es un material que posee calidades excepcionales de regulación térmica, aísla mucho más que el hormigón y el acero y amortigua muchísimo más los ruidos. Y una fiscalidad mejor adaptada para favorecer la creación de empleo, aumentar la competitividad y facilitar las reestructuraciones forestales. El enfoque en la dirección de vincular las demandas crecientes de la sociedad hacia externalidades de los bosques, vía contratos de gestión de largo plazo, que incluyen las correspondientes compensaciones, este hecho absolutamente novedoso debería haberse incorporado en el presente proyecto de ley, así como una estimación económica por parte del Estado. No ha sido así porque esta ley está básicamente pensada con una mentalidad de funcionario y pensada en montes públicos. Sólo en Francia, donde hay unos bosques mucho más rentables y capitalizados que los nuestros, estiman que hace falta invertir al menos 25.000 millones de pesetas supletorios en los presupuestos forestales.


Dejemos aparte esas ideas fuerza, esas ideas innovadoras, y centrémonos en el proyecto que tenemos en este momento encima de la mesa. El proyecto de ley que tenemos en la mesa no es novedoso ni ambicioso sino -y eso es más grave- que incumple buena parte de los objetivos y directrices establecidas expresamente en la estrategia forestal española, que es un documento que marca la máxima expresión de los principios y directrices que rigen la política forestal, que fue en su día consensuado con los sectores afectados y como consecuencia no entra en temas tan importantes como el estatuto jurídico de la propiedad forestal, no se marcan pautas como podrían ser los contratos sociales forestales, como forma contractual entre la Administración y los particulares para incentivar la defensa de la biodiversidad, del paisaje, del patrimonio natural, que es una de las apuestas de futuro más importantes. Debería haber un reconocimiento explícito de las externalidades positivas de los montes, que el Estado debería buscar maneras de compensarlas, y además un presupuesto. La regulación de las primas ambientales compensatorias; la regulación del fondo forestal español; no fija las formas de apoyo y colaboración económica por parte de la Administración general del Estado; no desarrolla el

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régimen fiscal adecuado y medidas de fomento y no prevé la aportación del Estado en seguros contra incendios forestales, como se está realizando en este momento en materia agraria.


Resumiendo -y con esto voy a terminar-, estamos frente a un proyecto de ley que llegó cerrado al Congreso y sobre el que no hemos tenido la oportunidad de debatir a fondo; sí hemos debatido pero desde luego no se ha aceptado prácticamente ninguna de las enmiendas que no tuviesen carácter estrictamente técnico. No es un proyecto innovador, ni siquiera es ambicioso. Por tanto no aporta nada nuevo. Renuncia a los mandatos de la propia estrategia forestal española, se dedica a regular temas que están absolutamente regulados, por lo que estamos entrando en procesos de duplicidad; por ejemplo, dedica el capítulo IV a sanidad genética cuando eso está absolutamente regulado en la Ley de Sanidad Vegetal y en el capítulo III habla de incendios forestales cuando es un tema absolutamente regulado en Protección Civil, por poner sólo dos ejemplos.


En lo que hace referencia al tema competencial, estamos donde estábamos al principio. El artículo 7 dice que corresponde al Estado en exclusiva la gestión de los montes de su titularidad -yo añado que se apliquen las normativas de las comunidades autónomas donde estén situados- y la representación internacional. En este mismo artículo, como ya le expliqué en la presentación del proyecto de ley y no se ha movido, habla de la colaboración con las comunidades autónomas en sus ocho apartados, algunos subdivididos, y de las competencias de las comunidades autónomas dice que las comunidades autónomas tendrán aquellas competencias que tienen atribuidas en sus respectivos estatutos. Para eso no hacía falta la ley porque ya sabíamos que existe un estatuto en el que aparecen reflejadas las competencias. No discutimos las competencias propias del Estado, aunque no renunciamos a la presencia de las comunidades autónomas en la representación exterior, el problema viene en cómo se aplica el punto 2 del artículo 7 en el que el Estado se atribuye una serie amplísima de competencias que las tiene que aplicar conjuntamente con las comunidades autónomas. Yo creo que eso crea una confusión competencial porque nadie nos explica cómo vamos a resolver el problema de la colaboración.


El artículo 54 y el artículo 32 dice: El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas, establecerá normas básicas. Nos lo tendrán que explicar ya que yo entiendo como normas básicas leyes de carácter básico y el Gobierno no puede establecer normas básicas, quien las establece es el Congreso de los Diputados. Igual sucede cuando dice que de acuerdo con las comunidades autónomas elaborarán instrucciones básicas. No existen instrucciones básicas; hay leyes básicas y las leyes básicas no las elabora el ministerio sino el Congreso de los Diputados.


En cuanto al resto de enmiendas, nuestro grupo ha presentado tres paquetes de enmiendas; unas de carácter competencial, para evitar la situación de confusión que yo creo que se da, otras de carácter fiscal, a las que ya he dedicado suficiente tiempo, siendo imposible iniciar un proceso hacia la viabilidad económica de los bosques sin tener esto en cuenta, y otras de carácter técnico, habiéndose incorporado algunas de ellas. Por tanto, sintiéndolo mucho, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de conjunto de la ley, esperando que las enmiendas que vamos a seguir presentando en el Senado tengan mayor aceptación que en el Congreso.


Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simón.


El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, señora presidenta.


En el debate de este proyecto de ley en Comisión la portavoz del Grupo Popular expresó que lo que pretendía el Gobierno era cumplir una promesa que había hecho nada menos que en 1996. Habiendo pasado tanto tiempo, todo el mundo podría suponer que el proyecto que debatimos ha sido consensuado entre todos los grupos, que contempla la realidad de nuestro mundo rural, que avanza en los criterios de gestión sostenibles señalados por la Unión Europea o que se encuadra dentro de la filosofía de la Ley 4/1989 y sobre todo se adecua al mandato constitucional, que a través del artículo 45 exige a los poderes públicos una política conservacionista en un sentido integrador. Pues bien, aun habiendo transcurrido tanto tiempo, casi ocho años, desde que se hizo esa promesa, el proyecto que estamos debatiendo prácticamente no cumple ninguno de estos requisitos, ni siquiera haber permitido en la ponencia la discusión de las enmiendas y la voluntad de cada grupo político; es más, se llegó a la ponencia y en 20 minutos se nos dijo las enmiendas que se aprobaban y las que no se iban a aprobar. De ahí que el Grupo Socialista mantenga vivas todas sus enmiendas ya que nuestra filosofía ante esta ley es considerar los espacios forestales como un espacio amplio donde confluye la multifuncionalidad, un espacio productor de biodiversidad, de madera, de frutos, sumidero de CO2 y de desarrollo rural. Es decir, los socialistas apostamos por que este proyecto se dé con una gestión equilibrada de los usos, de acuerdo a su multifuncionalidad ecológica, social y económica, garantizándose su sostenibilidad. Por eso consideramos que una nueva ley forestal debe contemplar los aspectos productivos, especialmente de la madera, pero que, aún habiendo sido prioritarios en la década de los cincuenta, han empezado a dejar paso a usos ecológicos, paisajísticos y sociales que son tanto o más importantes en la actualidad. Cuando se realicen procesos productivos

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deben estar éstos siempre vinculados a criterios de desarrollo sostenible, justo lo que no se da en este proyecto, así como reconocer que la masa forestal en nuestro país es muy diversa. Además, el proyecto de ley, a pesar de enunciar la multifuncionalidad de los montes, habla de los planes dasocráticos, planes dasocráticos para la obtención de madera, olvidando todos los otros posibles usos que deben tener sus propios planes, tales como la recogida de leña, de corcho, de plantas aromáticas, el aprovechamiento cinegético o funciones de conservación de especies, de biomasa, etcétera. Pero el proyecto, repito, cuando se refiere a planes de ordenación cita los de obtención de madera, olvidando todos los demás.
Y nosotros reconocemos la variedad, como no puede ser de otra manera, porque somos conscientes de la existencia de montes de recreo, vecinales, de mano común, madereros, etcétera. Por eso mi grupo defiende la existencia de los planes de ordenación de recursos naturales, ya que no estamos de acuerdo con la filosofía del proyecto que utilizando los PORF los equipara a planes dasocráticos. Como ejemplo de ello está el artículo 33.2 en el que es indiferente un plan dasocrático o cualquier otro instrumento de gestión. Pero es que el proyecto también olvida aspectos sustanciales en nuestros días, por ejemplo, la responsabilidad que tiene nuestro país en la deforestación de bosques tropicales a través de la importación, ya que el único artículo que existía relativo a este tema, el 32 del primer borrador, casualmente ha desaparecido. Nosotros estamos convencidos de que en este sentido es imprescindible un enfoque más global en la gestión de los recursos forestales, como estamos convencidos de que este proyecto debería incidir mucho más en temas esenciales como el de la protección del suelo. La no existencia de una estrategia contra la desertificación en un país como el nuestro en el que este problema es más que acuciante, es un claro ejemplo de qué tipo de ley quiere este Gobierno.


Del mismo modo mi grupo aporta enmiendas para solucionar problemas tan reales como el cambio climático y las aporta desde una doble perspectiva: por un lado evaluando daños que el mismo puede crear a las masas forestales y, por otro, estableciendo medidas para que los espacios forestales sirvan en la lucha contra el propio cambio climático.
Igualmente los socialistas queremos que esta ley fomente medidas para la prevención de incendios forestales a través de convenios de colaboración entre la Administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, sin olvidar la necesidad de fomentar la participación de la población en la prevención. Pero es que además queremos que la ley garantice el mantenimiento de uso en aquellos terrenos forestales que han sufrido incendios, y la motivación es clara: evitar que los incendios se produzcan con intencionalidad económica. Por eso queremos que esta prohibición de uso se haga por un plazo de 30 años.
Pero es que también consideramos que la ley debe ir mucho más lejos en la prevención y coordinación de incendios. Por eso nos parece inconcebible en primer lugar que, tras el verano que hemos pasado, en el que se han producido una cantidad de incendios que ha supuesto más de 119.000 hectáreas perdidas, la ministra no haya salido a hablarnos de qué medidas de prevención se habían adoptado antes del verano y qué medidas de coordinación se estaban dando. En segundo lugar, qué lejos quedan aquellas reclamaciones del Partido Popular en la oposición en las que exigía una política nacional y de coordinación en la lucha contra los incendios. Y, en tercer lugar, el incumplimiento del informe del Senado de julio de 1995 por el cual existe el compromiso de evaluar cada dos años si se han cumplido las recomendaciones y que, hasta hoy, el Grupo Popular ha ignorado. En definitiva, nos encontramos con la inexistencia de una política contra los incendios sobre la cual esta ley pasa de puntillas y, por no intervenir, no plantea una actuación seria sobre la madera tras un incendio ni se plantea que tras el mismo se deba reinvertir en el monte. Pero claro, para eso es necesaria una política de coordinación a la que este Gobierno ya ha demostrado que no está dispuesto.


El mantenimiento y la administración de los montes no pueden considerarse algo aislado y que no afecta al desarrollo económico y social del mundo rural. Hoy no ligar los núcleos urbanos con los montes es obviar algo esencial no sólo para la prevención de los incendios y el mantenimiento de los bosques, sino también para que estos últimos sean catalizador de la sociedad en su conjunto. El proyecto que tratamos olvida a los habitantes y sus usos tradicionales, que se realizaban en los montes; igual que no contempla los usos que actualmente se llevan a cabo en los sistemas forestales, tales como el creciente uso recreativo, la recogida de frutos silvestres, etcétera. Por eso no considera la ley el papel esencial de las entidades locales; no lo considera en la gestión de los ecosistemas forestales, ni siquiera en los montes propiedad de los ayuntamientos. De ahí nuestras enmiendas destinadas a promoverlo, acompañadas de algo tan esencial como la financiación, para que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan llevar a cabo estas medidas, puedan participar en la petición de fondos a la Unión Europea y, lo que es más importante, en la distribución y empleo de los mismos.


Estamos de acuerdo en que hay que ayudar a la explotación sostenible, así como en que hay que buscar el equilibrio entre producción, conservación y disfrute del monte. Sin embargo, para todo esto se necesita la financiación que nosotros garantizábamos en las enmiendas al anexo y que el Grupo Parlamentario Popular rechaza. En definitiva, hoy, por voluntad del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, vamos a perder la oportunidad de adaptar la ley a los tiempos que vivimos; vamos a perder la oportunidad de que el Gobierno se tome en serio las emisiones de CO2, para evitar seguir incumpliendo el protocolo de Kioto; vamos a

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perder la oportunidad de haber generado una coordinación entre administraciones que nos permita sentar unos mínimos para la aparición de nuevas urbanizaciones rodeadas de bosque; vamos a perder la oportunidad de coordinar la prevención de incendios, así como la de generar una estrategia contra la desertificación; sobre todo, señora ministra, vamos a perder la oportunidad de que esta ley incida positivamente en el desarrollo rural.


En conclusión, este proyecto se presenta tarde y no satisface las expectativas generales, ya que está dirigido a la productividad y no a la multifuncionalidad. Por eso, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Socialista no lo comparte.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Simón.


Para fijar la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra de Medio Ambiente, nos encontramos ya en la recta final de la tramitación del proyecto de ley de montes. Es un proyecto de ley esperado y necesario; para el Grupo Parlamentario Popular, lo es por un triple motivo. Por un lado, porque la vigente Ley de Montes, de 1957, y la de Incendios Forestales, de 1968, son preconstitucionales e, indudablemente, ha cambiado el marco político, institucional, económico y social de España y el papel que los montes desempeñan en nuestra sociedad. Por otro lado, por la importancia que tienen los espacios forestales en un país -el nuestro- en el que la superficie forestal representa el 51,2 por ciento del territorio. Y, en tercer lugar, porque el mandato constitucional reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica de montes y aprovechamientos forestales.


Permítanme, señorías, que me centre en aquellos aspectos del proyecto de ley que más enmiendas han suscitado. En primer lugar, el proyecto de ley de montes, que hoy debatimos, es fruto del consenso y del diálogo con todos los agentes interesados en la política forestal y con todas las comunidades autónomas. El pasado día 24 de febrero recibió el respaldo mayoritario del Consejo Nacional de Bosques, órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente en materia forestal en el que se hayan representados todas las administraciones, los propietarios forestales, las universidades, las industrias forestales y las ONG; en definitiva, todos los agentes interesados en la política forestal. También el pasado 10 de marzo, en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, el texto fue aprobado mayoritariamente por las comunidades autónomas. Se han incorporado numerosas enmiendas en los trámites de ponencia y Comisión, y, en definitiva, señorías, se ha enriquecido notablemente el texto inicial. No ha sido posible, sin embargo, introducir enmiendas, especialmente del Partido Socialista, porque muchas de ellas van en contra de lo que se ha pactado con las comunidades autónomas, también con las comunidades autónomas que ustedes gobiernan, como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha. Acaso convendría que nos detuviéramos en este punto para hacer una breve reflexión. ¿Cómo se explican, señorías socialistas, las diferentes posiciones de comunidades autónomas que ustedes gobiernan respecto a los planteamientos a que me refiero? ¿Y cómo se explican ustedes las posiciones autonómicas comparadas con la postura asumida por el Grupo Parlamentario Socialista? Es indudable que estamos nuevamente ante las contradicciones internas de una política global, la socialista, sin rumbo, sin unidad y, en definitiva, sin liderazgo.


En segundo lugar, el proyecto de ley que hoy debatimos se inspira en unos principios enmarcados en el concepto de la gestión forestal sostenible, de forma que se convierte en un instrumento necesario para garantizar la conservación y preservación de la riqueza forestal española, y recoge expresamente el carácter multifuncional de los montes. Especial relevancia se concede en el proyecto de ley a su función social como proveedor de servicios ambientales, tales como la protección del suelo -que aquí se ha negado-; protección de los recursos hídricos; fijación del carbono -que aquí se ha echado en falta-, y el mantenimiento de la biodiversidad. Todo ello se considera determinante para introducir las externalidades ambientales como factores generadores de derechos a incentivos. Sorprende, señorías de la oposición, que consideren ustedes que estos aspectos citados quedan menospreciados y que el proyecto de ley está enfocado a la explotación productivista, cuando se reitera en él que el aprovechamiento de los recursos que el monte genera debe ser de forma sostenible, al vincularlo a los instrumentos de gestión. Cualquiera podría pensar que ustedes no han leído el proyecto de ley pero, como esto no es posible, no resulta aventurado suponer que ustedes continúan con su política del no a todo, de disparar contra todo lo que se mueve, ya que niegan expresamente lo que también expresamente contiene el proyecto de ley.


En tercer lugar, el proyecto de ley concede una especial relevancia a la planificación forestal tanto a escala general, consagrando la existencia de la estrategia forestal y del plan forestal españoles así como de los planes autonómicos, como a escala comarcal, integrada la ordenación del territorio con la creación de los planes de ordenación de recursos forestales; y, finalmente, se habla de los proyectos de ordenación de montes. Todo ello, señorías, con el objetivo de una gestión forestal sostenible que integre los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con el objetivo de generar empleo e incrementar la calidad de vida y las expectativas de desarrollo de la población rural. Sus enmiendas proponen sustituir los proyectos

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de ordenación de montes (instrumentos de gestión) por el plan de ordenación de recursos naturales (instrumento de planificación), lo que demuestra un claro desconocimiento de la materia; y proponen, asimismo, eliminar los planes de ordenación de recursos forestales, figuras, por cierto, muy bien acogidas por todas las comunidades autónomas. Echan en falta asimismo una mayor atención al desarrollo rural, aspecto que queda salvaguardado en el texto y que para el Grupo Parlamentario Popular es esencial. En definitiva, señorías, siguen ustedes reiterando su no irresponsable a todo por más evidente que sea.


En cuarto lugar, el proyecto de ley dedica un capítulo a los incendios forestales, tema de desgraciada actualidad por la ola de incendios que ha asolado a la península Ibérica este verano. En este capítulo se destaca la importancia de la prevención -algo que alguien de SS.SS. ha negado-, de las actuaciones coordinadas de las administraciones -que también se ha dicho que no estaba-, del papel fundamental de la sociedad, y por primera vez se recoge el cambio de uso forestal por razón de incendio pero, eso sí, en los términos que establezcan al efecto las comunidades autónomas.
Solicita la enmienda socialista que la prohibición sea para un plazo de treinta años, ignorando que la problemática vinculada a los incendios forestales es de muy diversa índole y tiene orígenes y causas muy diferentes en todo el territorio español. Por ello, de acuerdo y a petición de las comunidades autónomas, se optó por que fueran ellas las que en su propia normativa fijaran este plazo. Ustedes, señorías socialistas, no confían en el buen hacer de las comunidades autónomas.
Señorías socialistas, echamos en falta unas relaciones más fluidas entre el Grupo Socialista y las comunidades autónomas que gobiernan, para que se enteren de cuál es su opinión sobre la materia.


Termino ya, señorías. Después de las contundentes exigencias de su grupo sobre la necesidad de potenciar la prevención de incendios -con lo cual estamos totalmente de acuerdo-, y pese a que ya demostraron en la reunión de la Diputación Permanente que ustedes no saben quién tiene las competencias en la gestión forestal, ni quién las tiene en la coordinación y la colaboración, porque ustedes pedían la comparecencia del ministro del Interior para saber lo que había hecho Protección Civil, cuando no se había detectado el nivel tres, por consiguiente, no sabían ni les interesaba nada, nos hemos enterado de que los eurodiputados del Partido Socialista Europeo han votado en contra en la eurocámara de una exigencia del Grupo Popular para reforzar la financiación en la prevención de incendios en el reglamento que se está estudiando para financiar medidas de protección de los bosques europeos. Señorías socialistas, es evidente que ustedes defienden cosas distintas en esta Cámara, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra o en Murcia, pero no es menos cierto que defienden cosas distintas aquí y en Bruselas. Deberían unificar su mensaje, normalizar democráticamente su casa, y no trasladar sus problemas internos de falta de coherencia al conjunto de la sociedad española. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.


Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión del proyecto de ley de montes.


En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Mixto, las firmadas por la señora Lasagabaster, números 16 y 19.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 116; en contra, 170; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 12; en contra, 273; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Enmienda número 34, del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 12; en contra, 275; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 116; en contra, 170; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Enmiendas del señor Vázquez. En primer lugar, las números 62, 66, 67 y 72.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 14; en contra, 168; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 58, 60, 63, 64, 65, 68, 70 y 73.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 12; en contra, 277; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Vázquez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 117; en contra, 171; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, tres; en contra, 272; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 3, 9 y 10.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 21; en contra, 271; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 8 y 13.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 123; en contra, 166; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 277, 280, 286, 294 y 299.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 11; en contra, 274; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 281, 287, 288, 293, 296 y 298.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, seis; en contra, 173; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, excepto la 284 que ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 109; en contra, 168; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 209, 213, 220, 230, 232, 236, 251 y 270 a 272.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 19; en contra, 169; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 208, 212, 228, 237, 238, 239, 241, 252, 261, 262, 266 y 267.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 127; en contra, 166; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 124; en contra, 166; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 111; en contra, 167; abstenciones, 19.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos los artículos 25, 44, 50 y 67.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 173; en contra, seis; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos los artículos 1 a 7, 10, 12 a 16, 21, 23, 28 a 33, 36 a 38, 40 a 47, 48, 54, 57, 63 y las disposiciones adicionales primera, cuarta y novena.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 170; en contra, 108; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 281; en contra, cinco; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS DE INTERÉS GENERAL. (Número de expediente 121/000141.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
(Rumores.)

Señorías, debemos continuar con el debate. Reitero una vez más que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más diligente posible y en silencio. (Pausa.)

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez tiene la palabra.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas del grupo, sobre la base de criterios argumentados en anteriores debates.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.


Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Coalición Canaria ha mantenido para este trámite de Pleno una serie de enmiendas que había presentado a este importante proyecto de ley para nuestro archipiélago, sobre el régimen económico y prestación de servicios de los puertos de interés general. Forman parte -digamos-, de la red estratégica de intercomunicaciones del archipiélago canario entre sus islas y entre el territorio de la comunidad autónoma, el territorio peninsular de España y Baleares y todos aquellos otros puertos de países de la Unión Europea o terceros países de otras latitudes y hemisferios que condicionan nuestra dependencia archipielágica en el territorio marítimo. Si a esto añadimos las economías de escala y de servicios que se producen por el éxito o no éxito comercial que puedan tener todos los fletamientos, y al mismo tiempo la política laboral de abastecimiento y de servicios que condicionan los parámetros de interés económico, social y laboral en el archipiélago canario, nos daríamos cuenta de esta intensidad. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Hemos atendido este proyecto de ley del Gobierno con prontitud presentando una serie de enmiendas, muchas de ellas se refieren a los servicios portuarios, donde está el verdadero núcleo de esta prestación entre las entidades que los usan, las compañías consignatarias, es decir las empresas que actúan en la consignación de los buques, y también el personal laboral que realiza las específicas actividades de estiba y desestiba de los buques en puerto. Coalición Canaria presta una atención preferente en sus enmiendas al problema del servicio de estiba y desestiba que realiza el personal con un gran sentido de responsabilidad profesional, porque de ello depende la agilización, eficacia y actuación en la carga y descarga y en la estiba y desestiba de los buques que hacen escala comercial y económica en los puertos canarios.


Señora presidenta, nosotros creemos que se tienen que recoger una serie de matizaciones y de opciones, porque de lo contrario quedaría cojo este proyecto de ley que nosotros valoramos en la importancia que tiene, sobre todo en cuanto a dejar muy clara la personalidad jurídica, la libertad de actuación en el mundo laboral y la prestación del compromiso de servicio porque, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del personal de estiba y desestiba, una huelga en los servicios portuarios de un archipiélago, que depende de los puertos para la entrada de las mercancías de abastecimiento urbano y de consumo público no tiene los mismos efectos que una huelga de puertos en el territorio peninsular donde siguen funcionando otros servicios de aprovisionamiento y mercancías por carretera o por vía ferroviaria. Nosotros vamos a seguir manteniendo esta estrategia,

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y esperamos que tanto en este trámite del Congreso como en el posterior del Senado podamos hacer incorporaciones enriquecedoras al proyecto, sobre todo en cuanto a lo que nosotros reivindicamos en muchas de nuestras enmiendas que es el ámbito competencial de la comunidad autónoma de Canarias (que extendemos, por supuesto, en un sentido de solidaridad ante una igualdad de problemas, al archipiélago balear) y es que se tengan en cuenta todos estos aspectos y peculiaridades de los servicios básicos que las autoridades portuarias de archipiélagos como el canario y el balear deben establecer de común acuerdo con las autoridades autonómicas. Si no hay una intención de triangular estas operaciones entre la comunidad autónoma, las competencias estatales de la red de puertos de interés general y los servicios que ofrecen las empresas y los trabajadores de estiba y desestiba, estaríamos olvidándonos del verdadero problema que aquí existe. En los trámites de ponencia y Comisión hemos visto recogidas algunas enmiendas que habíamos considerado debían tenerse en cuenta, como son las enmiendas números 80, 81 y 140, respecto a la utilización dentro de las dársenas de los puertos de una serie de instalaciones deportivas cuya utilización se ha venido condicionando por los hechos a lo largo del tiempo. Estamos hablando tanto de los puertos de la Luz y de Las Palmas, en Gran Canaria, como del de Santa Cruz de Tenerife que tienen en su interior instalaciones del club náutico que abarcan la navegación deportiva y de embarcaciones. Queremos que esto se pueda recoger. En su momento se contempló en la enmienda número 80 cuando hablábamos de estas entidades de actividades deportivas que no tienen ánimo de lucro, y que por el desarrollo de las infraestructuras portuarias se han visto obligadas a quedar dentro de la dársena.
Esperamos que se tengan en cuenta y se puedan dar las soluciones pertinentes, como ya se hizo acogiendo nuestra enmienda número 80, igual que posteriormente se hizo con algunas transacciones. Seguimos insistiendo en las enmiendas números 81 y 140, referidas a las salvedades de atraque que hay para estas embarcaciones deportivas ya que no se trata de ningún uso privativo en privilegio, sino de una actividad deportiva que no se puede ejercer en un sitio ajeno a sus propias instalaciones.
Hay que hacer estas instalaciones jurídica y legalmente compatibles con el uso comercial o de servicio de carga y pasajeros que tienen el resto de los diques, muelles o líneas de atraque que existan en estos puertos.


Señora presidenta, en aras de la brevedad esta es la relación de nuestras amplias enmiendas. Las restantes las damos por defendidas en los términos en que se ha basado su justificación.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Otxoa.


El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, después de su estudio por la ponencia correspondiente, llega hoy a este Pleno el dictamen emitido por la Comisión para someter a su aprobación la propuesta ley de régimen económico y prestación de servicio de los puertos de interés general, más conocida coloquialmente entre nosotros como ley de puertos. Lo primero que hay que remarcar es que se trata de una ley importante y trascendente en el tiempo, dada la incidencia de la actividad portuaria en el desarrollo socioeconómico de un área y de su influencia sobre la misma, así como del coste y de la duración en el tiempo de una infraestructura portuaria. Fruto de la importancia que al proyecto inicial se le ha dado y tiene, son las 748 enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, muchas de las cuales, la mayoría, han llegado vivas a este trámite de la discusión en Pleno, todo ello a pesar del tiempo habido en la discusión de esta ley, desde que inicialmente pasó por este Pleno y la fecha actual, o sea que ha habido un tiempo importante para la discusión con el Gobierno y el partido que le apoya. Pese a ello, insisto, estas enmiendas han llegado vivas.


Creemos, al menos desde nuestro punto de vista así lo entendemos, que la razón principal de la permanencia de estas enmiendas a fecha de hoy estriba en la tramitación y en la negociación con el Gobierno y con el Partido que le apoya en esta Cámara, llevada -hay que decirlo- con exquisitez de formas, con maneras casi florentinas, y se aceptaron cambios en la paja pero no en el grano de la ley. Sigue a nuestro juicio existiendo en el proyecto un claro desacuerdo entre lo que se dice en la exposición de motivos y lo que se recoge en el articulado, entre los diagnósticos dados en la misma y las medidas que se toman posteriormente, entre lo que dicen el ministerio y los portavoces del partido mayoritario y lo que realmente significa este proyecto de ley. Insisto que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso este proyecto significa un recorte de la autonomía portuaria, un recorte competencial y un déficit laboral sindical como principales características porque existe en el mismo una finalidad no declarada pero clara de menoscabar o condicionar las competencias de los órganos de gobierno de las diferentes autoridades portuarias, cuya autonomía de gestión queda seriamente dañada, seriamente mermada trasladando de hecho sus atribuciones a favor del ente público Puertos del Estado, cuyo crecimiento, que ya es enorme, va a ser desmesurado ad futuro y va a suponer una centralización total de las actividades portuarias. No modificando expresamente las competencias del anterior texto legal que regulaba la actividad portuaria -la aún vigente Ley de puertos-, se cercenan las competencias de los consejos de administración porque son

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innumerables las disposiciones en este proyecto que hoy tratamos especialmente en materia de presupuestos, de servicios portuarios de dominio público que correspondían anteriormente a los consejos de administración y que en este momento necesitan un informe preceptivo de Puertos del Estado, que en muchos casos ha de ser vinculante o tiene que ser favorable, lo que de hecho deja vacías de contenido las funciones de esos órganos de administración y de gobierno de los puertos. Nosotros entendemos que siguiendo la normativa comunitaria, la legislación de los diferentes Estados debe hacer que prime la autonomía portuaria con modelos de gestión autónomos, con criterios empresariales, incentivando la libre competencia entre puertos marítimos y creemos que esta ley sencillamente no lo hace. Por otra parte entendemos que también subyace un recorte competencial, recorte que es más claro en algunas de las enmiendas planteadas, cual es la enmienda número 67 que presentamos para una nueva disposición adicional, puesto que si el Estado libera de su tutela una serie de servicios y está dispuesto en los estatutos de autonomía, concretamente en el Estatuto de Autonomía de Euskadi, debe pasar a la administración subsiguiente que es la administración autónoma y no liberalizarse sin dar audiencia y parte a la administración autónoma local. Se pasa por encima de esto como sobre otros aspectos. Nuestras enmiendas números 38, 48, 58, 70 y 71 van en el sentido de corregir el recorte competencial que esta nueva ley plantea. Desgraciadamente no se ha tenido en cuenta por el partido que sustenta al Gobierno algo que viene siendo habitual en esta Cámara, contando también con el beneplácito del mayor partido de la oposición, que tampoco se cree un Estado de las autonomías según reflejan las votaciones.


Por último, hay un déficit laboral sindical, puesto que los sindicatos mayoritarios en el Estado marcan su impronta en esta ley, habiendo sido aceptado por el Gobierno, quedando otros sindicatos mayoritarios en ciertos puertos, como pueden ser Galicia o Euskadi, sin representación alguna, porque según marca esta ley se hace una representación estatal y se priva de representación a esos sindicatos mayoritarios en puertos de importancia de nuestro litoral.


Podría extenderme mucho, pero no quiero abusar del tiempo concedido por la presidencia, porque esos argumentos ya han sido expuestos claramente por nuestro grupo, tanto en este Pleno como en las reuniones de Comisión y ponencia. Simplemente quiero anunciar que aunque ha habido algunas mejoras que pueden ser un avance a la hora de introducir alguna de las líneas europeas, no creemos que sea una ley adecuada y la consideramos incompleta. Por tanto, no podemos darle nuestra aprobación, y mantenemos para votación nuestras enmiendas tal y como están expresadas.


Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa.


Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, hay un refrán popular que dice: administrador que administra y boca que enjuaga, algo traga.
Trasladándolo a este asunto podríamos decir: legislador que legisla y centralista que enjuaga, siempre algo traga. Señorías, aprovechando que en los medios jurídicos le dan un revolcón al tema de las tasas portuarias, que podía haber sido solventado perfectamente en cualquier ley de acompañamiento -y no es que yo se lo indique, sino que ustedes hacen uso de ello en demasía-, aprovechando ese revolcón tasero nos traen toda una modificación legislativa en la que en el fondo plasman sobre el papel dos demonios familiares que tienen ustedes y que intentan aprovechar en cada ley -como ocurría cuando hablábamos antes de la Ley orgánica del Poder Judicial- para rebañar hacia la banca, es decir rebañan para el Gobierno. En un momento en el que, vuelvo a insistir, a ustedes se les llena la boca diciendo que estamos en el país más descentralizado del mundo mundial -porque a lo mejor consideran que han ido demasiado lejos en eso de la descentralización-, aprovechan cualquier marco legislativo para recortar los avances que hubieran llevado a una locura descentralizadora a otros gobiernos o a otros períodos con minorías. En este proyecto de ley, como en otros y los que vengan después en esta legislatura -ya veremos lo que dirá el pueblo español en las próximas- nos encontramos con que en vez de haber trabajado descentralizando hacia las autoridades portuarias y con las comunidades autónomas, se rebaña para Fomento. Este es un primer elemento en el que nosotros hemos sido muy críticos y lo seguiremos siendo, pero es una seña más de identidad de este Gobierno conservador. La otra cuestión, como no podía ser menos, es que están ustedes descubriendo los hipermercados en los centros de transportes. Barajas ya no es Barajas; es El Corte Inglés metido en Barajas. Las estaciones del AVE no son el AVE, es El Corte Inglés metido en las estaciones del AVE; y digo Corte Inglés en sentido genérico.


Les quedaban los puertos y con esta ley ya tranquilamente alguien llegará apelando a lo políticamente correcto y al buen sentido estabilizador y nos dirá: miren ustedes, es que con lo de las tiendas hemos pagado por lo menos el 50 por ciento de la ampliación del aeropuerto de Barajas. Con esto de las tiendas, que aparentemente no molesta a nadie, estamos haciendo puertos y aeropuertos. Decía que les quedaban los puertos y ya los tienen ustedes, porque esta ley, contraviniendo por supuesto todo lo que sea una legislación anterior medioambiental -la Ley de Costas-, plantea que cualquier actuación de ampliación se resuelva sin tener

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en cuenta las consecuencias que sobre entornos generalmente muy delicados desde el punto de vista medioambiental, sobre los problemas de aterramiento, de recuperación o regeneración de las costas colindantes, sin tener nada de esto en cuenta, señorías, entran por derecho y lo pueden realizar. Esto, con ser grave, se podría parar a través de la legislación colateral; sin embargo hay un elemento que está ustedes introduciendo, que es la privatización del dominio.


Señorías, todas las actuaciones van a llevar a cabo una reordenación del espacio de la zona portuaria y con esta legislación -por ello hemos presentado enmiendas de supresión a determinados artículos de la ley- ustedes plantean desmantelar las viejas instalaciones para ubicar nuevas instalaciones turísticas, comerciales, etcétera, con lo cual señorías y vuelvo a insistir, si ya teníamos El Corte Inglés metido en los aeropuertos, ya tenemos El Corte Inglés metido en las estaciones de RENFE y ahora meteremos también -El Corte Inglés o quien sea, grandes supermercados- en la zona de puertos. Pero mientras que en los dos casos anteriores siempre podría haber existido una justificación acerca de quién es el dominio, en este caso, señorías, se está yendo y no de una manera encubierta sino de manera directa a la privatización del dominio público marítimo-terrestre.


Por esta razón Izquierda Unida mantiene sus enmiendas y va a votar en contra de un proyecto de ley que no era necesario, que podían haberlo solventado perfectamente en la Ley de acompañamiento, como suelen solventar no solo cuestiones de tono menor como esta, sino otras de más envergadura, pero cuando uno es centralista y privatizador aprovecha cualquier ocasión para seguir centralizando y privatizando elementos de dominio público.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


Para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, señorías, termina hoy, con la avocación por este Pleno, el trámite en el Congreso de esta ley. Nos han quedado varias, bastantes enmiendas pendientes que no defenderé con detalle pero se someterán a votación. En mi intervención quiero exponer la filosofía que nuestro grupo asume respecto al tema portuario.


Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al proyecto de ley de régimen económico y prestación de servicios en los puertos de interés general, conocida vulgarmente por ley de puertos, se orientaron a conseguir una mejora en la competitividad de nuestros puertos, sin perjudicar el grado de autonomía de gestión conseguido por las autoridades portuarias en la Ley 62/1997 y el nivel de participación de las comunidades autónomas en la gestión de los puertos que se ubican dentro de su territorio. La mejora de la competitividad, el grado de autonomía de gestión de las autoridades portuarias y el nivel de participación de las comunidades autónomas, son tres objetivos perfectamente compatibles entre sí, es más puede decirse que se complementan.


Nada hemos de objetar en relación con la filosofía general del proyecto sobre la nueva configuración de los servicios portuarios. Podemos admitir sin esfuerzo que puede llegar a favorecer la competitividad de nuestros puertos, sin perjuicio de considerar que ciertas cuestiones de gran importancia quizás no deberían haberse abordado en este momento.


Cuestión distinta es la que se refiere a la autonomía de gestión de los organismos portuarios y a la participación de las comunidades autónomas en ella. El proyecto no trata estos temas de forma adecuada. Así lo han considerado prácticamente todos los grupos enmendantes de la ley, excepto lógicamente el grupo proponente, aunque también ha presentado enmiendas; lo han considerado instituciones, entes sociales importantes, empresariales y gente del sector. La coincidencia está en que el proyecto no trata de forma adecuada el concepto de la autonomía de gestión que tenían las autoridades portuarias, por lo que hay cierta invasión -la palabra me parece demasiado fuerte- pero existe un menoscabo de las competencias que se tienen.


No se puede discutir hoy día que la competitividad de los puertos pasa por una gestión descentralizada de los mismos. Desde hace mucho tiempo, las legislaciones portuarias de los países de nuestro entorno cultural se han hecho eco de esa realidad. En España la Ley de 1992, y sobre todo la reforma de 1997 dieron un paso fundamental en este sentido. Las autoridades portuarias disponen sobre el papel del mayor grado de autonomía de gestión que nunca han tenido nuestros puertos. La descentralización permite la rápida toma de decisiones en el mismo lugar en que se producen los acontecimientos que las hacen necesarias. En la medida que las autoridades portuarias forman parte de la Administración general del Estado, es evidente que nada ha de perjudicar a éste dotar a sus organismos portuarios de la mayor autonomía posible, y en cambio hacerlo favorecerá la competitividad de los puertos estatales. La implicación de las comunidades autónomas en la gestión de los puertos del Estado es un logro de la Ley de 1997, que aún no ha alcanzado toda su potencialidad. Al participar en la gestión de esos puertos, las comunidades autónomas toman una conciencia más clara de la importancia de los mismos, y de esta manera se logra una mayor coordinación en el ejercicio de sus competencias de ordenación del territorio y de la gestión portuaria estatal, algo fundamental para que nuestros puertos sean más competitivos. Garantizar su conexión con las otras redes de transporte, cuestión esta en la que las comunidades autónomas están llamadas a desempeñar un

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importante papel en colaboración con el Estado, es un punto básico en esta integración entre puertos y comunidades.


Es cierto que el proyecto de ley introduce con más o menos acierto modificaciones importantes al régimen de gestión portuaria actual, pero con la excusa de estas modificaciones se introducen otras que no solamente no eran necesarias, sino que son contrarias a intereses de comunidades autónomas y perjudican la gestión, puesto que entrarán en una fuerte burocratización.


Ha habido enmiendas transaccionales que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, provenientes del ministerio, que hemos aceptado en su mayor parte para salvar al menos lo que podamos, pero este conjunto de enmiendas que se nos han propuesto no sirven para corregir el principal defecto del proyecto de ley, es decir el vaciado material de funciones de las autoridades portuarias.


No se plantea en ningún momento aceptar propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que traten de preservar el actual estatus de las autoridades portuarias sin necesidad de pedir informes vinculantes a Puertos del Estado, que en estos momentos y a través de esta ley vuelve a resucitar la gran figura centralista que antiguamente tenía. Puertos del Estado llega a ser con este proyecto el gran gestor en contra de lo que pierden las autoridades portuarias. Por tanto nuestro grupo deja vivas las enmiendas aunque sabe que no pueden prosperar en el día de hoy, pero mantenemos la convicción de que hay posibilidades en el Senado. El proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general tendría que recoger como mínimo enmiendas que han de servir para que la futura ley garantice un escenario de posibilidades reales para la mayor competitividad de nuestros puertos; hay una serie de enmiendas que en el Senado se pueden revisar, algunas relacionadas con aspectos como que Puertos del Estado tiene que dar un informe favorable respecto de unos temas y probablemente otros ministerios tengan también que definir ahí su relación dentro de esta ley, pero hay otros concretos como las concesiones y autorizaciones otorgadas con anterioridad y otros puntos que mantendremos en el Senado con la esperanza de que puedan tener un futuro. Así pues estamos donde estábamos. Al establecer el dictamen de la Comisión tenemos pendientes, como digo, buenas voluntades para concretar el trámite en el Senado, pero eso nos lleva a que hoy no podamos dar hoy nuestro apoyo al texto de la ley, aunque quedamos esperanzados en poder cambiar el criterio del voto global en el próximo trámite. Paralelamente debemos considerar que el texto no ha convencido a grupos parlamentarios ni a instituciones o expertos excepto al ministerio. Por tanto dentro de esta posibilidad de cambio de criterio para el voto global también tiene que esperarse un cambio de criterio en algunos temas por parte del ministerio. Claro que estos conceptos existirán siempre que no haya ningún recorte competencial. Así pues, señorías, mantenemos las enmiendas que provienen del dictamen de la Comisión, estamos donde estábamos entonces y hoy no podemos dar nuestro apoyo al texto que en este trámite que celebramos se le va a dar.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ratifica en este momento procedimental de la tramitación del proyecto de ley el rechazo al contenido del mismo porque estimamos que se pierde una nueva oportunidad para que el sector portuario pueda contar con una regulación perdurable que le proporcione el deseable y necesario reposo normativo exigible para un desarrollo portuario en España sin sobresaltos en una actividad económica fundamental en la política portuaria y en las políticas de transportes en un país ribereño como el nuestro.


Disponemos de 27 puertos de interés general desde donde el 80 por ciento de las mercancías que entran y salen de este país son transportadas por barco y pasan a través de los puertos. Nosotros estimamos que hubiese sido necesario un proyecto de ley que aportase la máxima perdurabilidad a la estructura portuaria que nos hemos dado y sobre todo que ha sido aprobada por las Cortes Generales a raíz de las dos últimas leyes de los años 1992 y 1997.


Con este proyecto de ley se continúa alimentando la inflación legislativa que ha venido padeciendo este sector. Estimamos que el Partido Popular no ha llegado a definir un modelo portuario sino que ha intentado, por aproximaciones sucesivas en las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado o las leyes de acompañamiento, aportar distintas normas que han ido creando toda una tupida maraña de normativa que va a ser necesario refundir y nosotros creemos que se continúa incrementando esa maraña.


El Congreso de los Diputados ha comprobado la relevancia de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que el pasado 7 de julio, en Comisión, fueron aprobadas e incorporadas al dictamen. Nosotros creemos que son unas enmiendas que surgieron del acuerdo del Ministerio de Fomento con la gran patronal de empresas concesionarias y con uno de los sindicatos que existen operando en los puertos. Los colectivos que firmaron aquel documento colaboran con el Gobierno y han adoptado unos acuerdos que han sido convertidos por el Grupo Parlamentario Popular en enmiendas incorporadas al dictamen y que en nada benefician a la estructura del proyecto de ley. De esas enmiendas del Grupo Popular incorporadas al proyecto

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se van a derivar, a buen seguro, fuertes incrementos tarifarios en las operaciones portuarias que pagaremos todos los consumidores españoles para dar satisfacción a quienes van a terminar apoderándose de verdad de los servicios portuarios, que no van a ser las entidades públicas sino que va a ser la iniciativa privada, los grandes operadores inmobiliarios, las grandes empresas constructoras que han irrumpido en el sector portuario y que se están haciendo con el control de todas las terminales marítimas.


De la aplicación de este proyecto de ley y para dar cumplimiento a los acuerdos a los que llegó el Gobierno se van a derivar fuertes incrementos tarifarios, y lo queremos reiterar. Los puertos se van a convertir, permítaseme el término coloquial, en ese gran pastel del que van a disfrutar unos colectivos a costa de todos los ciudadanos españoles, y menos mal, señorías, que aquel acuerdo no fue suscrito por los sindicatos de clase que existen en este país como es la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. La Unión General de Trabajadores, el 5 de junio de 2003, en un comunicado que tengo en mis manos y que les muestro en estos instantes, tituló: El acuerdo para la modificación de la Ley de Puertos sólo sirve a sus firmantes. Y da una serie de argumentos que no voy a reproducir. Esos argumentos, en parte, son compartidos por el Grupo Parlamentario Socialista, al igual que los argumentos que esgrimió Comisiones Obreras. El Grupo Parlamentario Socialista se identifica con las posiciones mantenidas por los sindicatos de clase en distintas materias y en ésta en concreto.


El proyecto de ley ignora el hecho de que desde comienzos del año 2001 se viene tramitando en las instancias comunitarias la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios con la que se pretende el refuerzo de la calidad de los servicios en los puertos de mar, una clave para el transporte europeo. Este proyecto de directiva que después de dos años de tramitación parlamentaria en el Parlamento Europeo se encuentra en la fase final de la codecisión entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, expone textualmente en algunos de los aspectos esenciales de la misma que tradicionalmente los servicios portuarios se desarrollaban en un entorno caracterizado por los derechos exclusivos y por los monopolios de hecho o de derecho de índole pública o privada, y continúa diciendo que las discusiones que siguieron a la publicación del libro verde han mostrado que las estructuras tradicionales se están desmoronando y que en todos los Estados miembros la situación está evolucionando favorablemente. El proyecto de directiva, que es fundamental que tengamos muy presente, continúa diciendo - leo textualmente - que existe un amplio consenso entre los países miembros a favor del establecimiento de un marco normativo de nivel comunitario que instaure unas normas más sistemáticas sobre acceso al mercado de los servicios portuarios con tráfico internacional que atiendan a las exigencias de seguridad marítima y los requisitos medioambientales, así como, cuando proceda, a las obligaciones de servicio público para que al mismo tiempo tengan presente la diversidad de los puertos de la Comunidad. Este marco debería inspirar y orientar las medidas nacionales destinadas a eliminar las restricciones que aún subsisten en este mercado.


El argumento de la urgente necesidad que esgrime el Gobierno de adecuarse a la normativa europea es rotundamente falso. Este diputado, en sus distintas intervenciones, y otros diputados de mi grupo parlamentario, han manifestado en esta Cámara lo exótico que resulta la situación actual. No se ha producido la aprobación de una directiva comunitaria que regule los servicios portuarios para todos los países miembros de la Unión Europea, está en la fase final de tramitación en estos dos últimos meses por codecisión entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo Europeo y se está terminando de negociar una tramitación de dos años. En consecuencia, en lugar de esperar a que la directiva comunitaria culmine, con los contenidos que sea, y se trasponga al ordenamiento jurídico de cada uno de los países, en lugar de esperar a eso, el Gobierno español se lanza a regular unos mecanismos con la mayor parte de los cuales discrepamos. Hemos manifestado nuestra discrepancia, señor ministro, en que no nos identificamos con la autoestiba; es decir, no es posible que los propios tripulantes de un barco que, procedente del sudeste asiático, llegue a un puerto español después de 12 días de navegación con 1.500 contenedores a bordo, sin los mecanismos adecuados ni la preparación adecuada, procedan a la descarga. Nosotros nos identificamos con la liberalización de los servicios portuarios como lo hicimos con la liberalización de los servicios aeroportuarios, con la liberalización del sector ferroviario, aunque discrepemos con contenidos del proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en el Senado. No es posible avanzar en una política auténtica de liberalización del transporte en todas sus modalidades si no se produce una regulación homogénea en Europa de la que el más necesitado es un país como el nuestro, que es un auténtico país periférico de la Unión Europea, cuyo centro de gravedad va avanzando cada vez más hacia el este.


El Gobierno no ha querido pedir informe al Consejo de Estado, no ha emitido informe el Consejo Económico y Social porque el Gobierno tampoco ha querido y hay un déficit democrático de colosal dimensión para un tema de tanta importancia que regula la actividad laboral, la actividad económica de un país como el nuestro que no es Luxemburgo sino que es un país en el que toda la actividad económica de la que estamos hablando del transporte tiene que ver y se vincula no solamente con los puertos que se encuentran en el litoral sino también con los puertos secos en el interior de la Península donde se produce la confluencia de distintos modos de transporte. Por ejemplo, señor ministro, nosotros creemos

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que el modelo de tasa establecido para las tarifas portuarias en el proyecto de ley no suministra suficiente garantía jurídica, que es exigible desde que se derogó la Ley de tasas y precios públicos en aquel momento. El proyecto intenta responder a los compromisos de libertad tarifaria; no va a ser posible la libertad tarifaria, es mentira, no es posible la libertad tarifaria con el sistema de tasas; no es posible la libre competencia entre los diferentes puertos del Estado español con un sistema de tasas reglado administrativamente. Se le está restando autonomía a los puertos y no solamente porque no van a tener capacidad de poner los precios que quieran para las operaciones portuarias. Los distintos puertos españoles de los distintos frentes, pongamos por caso Gijón, Avilés, el de Santander o el puerto de La Coruña en un frente, en otro los del Mediterráneo y en otro los de Canarias o Baleares no tienen libertad de poner los precios, que es lo que posibilita atraer tráficos internacionales y tráficos nacionales. Se les resta capacidad de libertad de gestión a las autoridades portuarias. Las autoridades portuarias se quedan convertidas en meros gestores arrendadores de las terminales marítimas a los grandes poderes económicos. No se transfiere ni una sola competencia nueva a las autoridades portuarias ni se dan ámbitos competenciales nuevos sino, todo lo contrario, se recortan los ámbitos competenciales que se prometieron en la Ley de 1997. Esta ley, señor ministro, es un auténtico error político que no nos merecemos los ciudadanos españoles, que no se merece un país como el nuestro que quiere incorporarse a las políticas europeas del transporte. No se presta la suficiente atención a elementos claves como son no sólo la estiba sino la operación del practicaje. Señorías, hemos presentado una serie de enmiendas pidiendo la supresión de importantes capítulos de este proyecto de ley. Habida cuenta de los graves incidentes que han tenido lugar en nuestro país en los que se ha puesto de manifiesto que la seguridad marítima constituye una pieza fundamental en las operaciones portuarias, no entendemos ni nos podemos identificar con mecanismos de liberalización que el proyecto de ley trae en los servicios del practicaje. El practicaje hay que vincularlo con la seguridad marítima que resulta absolutamente esencial como estamos viendo últimamente en operaciones de transvase de crudo de un petrolero a otro en aguas de Tarragona en donde han estado a punto de ocurrir gravísimos accidentes contaminantes; lo hemos visto con el Prestige y lo vemos con las circunstancias derivadas de los incidentes causados en el puerto de Algeciras. España se merece un proyecto de ley regulador del régimen económico y del funcionamiento de los servicios que se prestan en los puertos de interés general que posibilite la libre competencia, la libre concurrencia y que luche contra los monopolios que se han apoderado de las terminales marítimas en este país.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego que concluya.


El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta.


Que posibilite, consiguientemente, la libre competencia entre las autoridades portuarias.


Este proyecto de ley constriñe la capacidad de acción -de gobierno- de las autoridades portuarias españolas y, consiguientemente, es involutivo.
Nosotros vamos a votar conscientemente en contra, después de haber presentado una enmienda de devolución suficientemente extensa, que quienes hayan tenido interés en hacerlo habrán leído, en la que marcamos una política portuaria diferenciadora y nada centralista, sino todo lo contrario, y que posibilita la libre competencia entre los puertos españoles.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular respecto al dictamen de Comisión sobre una ley que regula el régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Una ley que da nueva regulación a una parte trascendental de la legislación portuaria española. Estamos ante una ley importante para conseguir el cumplimiento del interés general del Estado, dentro de la política de coherencia del Partido Popular en materia de infraestructuras y de prestación de servicios que parece que molesta a algunos de los ponentes de los otros grupos, actualizando nuestro modelo al contexto europeo de liberalización, que no es otro que el del principio de subsidiariedad del Estado, que parece que se está olvidando aquí.


En esta ley se aborda la regulación de la planificación portuaria, tanto en cuanto a su modelo de desarrollo estratégico y criterios de actuación como en cuanto a su régimen económico, de funcionamiento, de personal y de control. Se aborda igualmente el establecimiento y regulación de las tasas y de los precios privados por servicios comerciales; es decir, las tarifas. Por cierto, parece que todavía alguien no sabe distinguir aquí la diferencia que existe entre ambas categorías; parece que no sabe hacer la distinción entre los servicios comerciales, que se cobran por precios privados, y las tasas, que evidentemente responden a servicios públicos y que tienen por tanto una regulación que no supondrá en absoluto que las mismas vayan a ser sufragadas por los españoles -al contrario-, como anatematiza el portavoz del Partido Socialista. Por otra parte, se regula la prestación de los servicios portuarios generales -que prestan las

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autoridades portuarias- con las tasas, y los servicios portuarios básicos, que se podrán prestar en régimen de competencia puesto que tienen contenido comercial. También regula alguna parte que se olvida de la utilización del dominio público portuario, distinguiendo entre autorizaciones y concesiones e imponiendo obligaciones de naturaleza medioambiental.


Señorías, el proyecto de ley ha sido consensuado con los sectores afectados, y, hasta donde ha sido posible, con los grupos políticos. Si no se ha alcanzado un acuerdo mayor ha sido por el empecinamiento de alguno de ellos en mantener modelos obsoletos, pasados, y contrarios al camino que está iniciando Europa. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Desde noviembre de 2002 el diálogo ha sido abierto y se han alcanzado acuerdos con aquellos que han tenido interés en alcanzarlos. La sociedad española sí aprecia claramente la diferencia que hay entre las políticas del déficit cero, de intervención de la iniciativa privada, de bajada de impuestos, etcétera, con el consiguiente aumento del bienestar y mejora de las condiciones de vida, y las políticas que nos llevaban a todo lo contrario. Los que no se dan cuenta tienen que ver ejemplos como los de Alemania, Francia y Holanda, sumidas en una crisis económica galopante. Una prueba de la disposición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular es que, debido a los consensos alcanzados, se han presentado 51 enmiendas y se han ofrecido 143 transacciones a los distintos grupos, de las cuales han sido aceptadas 100; es decir, que el ánimo del Grupo Popular se ha traducido en la aceptación de 151 enmiendas. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular defenderá aquí el dictamen de la Comisión en su integridad.


Me gustaría señalar, siquiera fuera someramente, que con esas enmiendas hemos conseguido por supuesto un mejor texto porque incorpora cuestiones como la especialidad de la insularidad y la ultraperiferia a la hora de valorar la solidaridad portuaria, que se traduce en la reducción del 50 por ciento de las aportaciones de las regiones insulares y de Ceuta y Melilla a Puertos del Estado; a tener en cuenta los informes de las comunidades autónomas a la hora de definir los objetivos del sistema portuario estatal y también la legislación autonómica, aunque no se quiera ver y en ningún caso a debilitar el papel que éstas tienen y que precisamente consiguieron con la modificación de 1997 propiciada por el partido del Gobierno; a suprimir la aprobación por Puertos del Estado de los planes y proyectos de las autoridades portuarias, dando una nueva redacción a la estiba y al practicaje, e incorporando criterios de transparencia, objetividad y libre competencia en la prestación de los servicios. Se da también una nueva redacción a la participación de las autoridades portuarias en otras sociedades y a temas medioambientales, así como otros cuyo detalle sería mucho más prolijo.


La privatización de los servicios portuarios, que tanto preocupa, tiene por fundamento superar dos problemas estructurales: uno, el libre acceso a la prestación de servicios a terceras empresas, es decir, libre competencia; y, dos, a suprimir desde la titularidad pública unos servicios que de hecho ya se realizaban por la actividad privada.


En esta ley, por mucho que se niegue, no se hace más que incorporar el modelo de la Unión Europea reflejado tanto en el Libro Blanco como en el proyecto de directiva de acceso a los mercados de servicios portuarios a los que se hace referencia, cuya redacción y estado de tramitación permite vislumbrar una aprobación con el texto acordado y cuya incorporación a la legislación española es perfectamente lógica porque vamos a estar en disposición de la aplicación inmediata una vez que se apruebe definitivamente y sin que sea contradictoria con la legislación europea.


La prestación de la incorporación de la iniciativa privada a los servicios portuarios, sino incluso también a la construcción y explotación de obras portuarias por medio del contrato de concesión de obra pública responde, como digo, a la política del Partido Popular y sustenta una parte importante del Plan de infraestructuras del transporte 2000-2007; en lo referido a puertos, el propio ministro nos lo señaló aquí ayer, que de los 9.450 millones de euros de inversión previstos, 4.255 corresponden a la inversión privada, a los que esta ley da cauce y regulación adecuada.


Resulta ya ocioso mantener las polémicas sobre la inversión pública privada. España va por el buen camino, que no es un camino improvisado, porque ya desde hace más de una década la Unión Europea sostiene, tal y como señaló en el Consejo Europeo de Bruselas, como su principal función movilizar a los inversores privados hacia proyectos de interés europeo merced a una reducción de los gastos financieros. Neil Kinnock, en su época de comisario, ya nos dijo que las capacidades y los conocimientos disponibles en el sector privado constituyen unos recursos infrautilizados en el diseño, financiación, construcción y explotación de las infraestructuras del transporte, lo que pasa, señorías, es que hasta 1996 este aire fresco, estas ideas renovadoras, no entraron en una España que tenía las ventanas cerradas y no sabía abrir la puerta para entrar en Europa.


Se fortalece, a pesar de lo que se diga, la autonomía de la autoridad portuaria. En ningún caso se modifica el artículo 23, y en ningún caso se modifica la composición y funcionamiento de su consejo de administración.
Por tanto, es caprichosa cualquier afirmación que signifique se ha modificado tal competencia. Por otra parte, se confunde autonomía con colaboración y gestión de las autoridades portuarias con el establecimiento del Fondo de Compensación Interportuaria.


Con respecto a la estiba y a la desestiba no quisiera yo volver a repetir aquí las palabras del debate de totalidad, pero sí es cierto que se privatizan de acuerdo con empresarios y sindicatos, dejando de ser un servicio

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público para convertirse de un servicio básico en un mejor servicio al tráfico portuario.


En cuanto a la referencia a la autoprestación, señor Segura, es evidente que falta a la verdad al señalar que un buque de contenedores va a tener la posibilidad de utilizar los servicios del puerto. El buque de contenedores, como pasa en todos los sitios, utiliza a sus propios puntales, y no se puede pensar que esos marineros van a ser los que van a utilizar los servicios del puerto, porque, en cualquier caso, van a necesitar una autorización, tal y como señala la ley, y no se puede comparar con el régimen general de la estiba y la desestiba.


No quisiera extenderme más en el tiempo. El proyecto establece nítidamente todas las cuestiones en las que esta parte de la regulación de los puertos se aborda con la ley. Establece nítidamente las diferencias entre la actuación pública y la privada, establece nítidamente la distinción entre lo que es la autoridad portuaria cuando ejerce de autoridad y cuando presta servicios públicos o cuando puede prestar servicios privados en régimen de competencia. No querer apreciar las ventajas de un contrato de gestión frente a los de la licencia de libre concurrencia es no querer ver la realidad. En definitiva, señorías, estamos ante una ley que nos lleva a buen puerto, que en la singladura que lleva el buque de la gestión portuaria se vislumbra la llegada a un puerto sólido, capaz, operativo y moderno, y no como otros pretenden que lo transformemos en un pantalán obsoleto, abierto a la mar yque cualquier marejada puede tumbar.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.


Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas y del dictamen de Comisión del proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicio de los puertos de interés general. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por el señor Rodríguez, números 508, 510, 522, 523, 534 y 535.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 114; en contra, 163; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Rodríguez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 11; en contra, 271; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, las números 77, 78, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 103, 104 y 120.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 115; en contra, 162; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 81, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128 y 129.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 10; en contra, 163; abstenciones, 118.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, cuatro; en contra, 266; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 38 y 52.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 109; en contra, 162; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 11; en contra, 265; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 6, 7, 8, 23 y 24.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 114; en contra, 161; abstenciones, 15.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, seis; en contra, 270; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 606, 612, 613, 622, 657, 658, 664, 672, 675, 679, 695, 701, 705, 718 y 735.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 124; en contra, 161; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 16; en contra, 165; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 109; en contra, 161; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 164; en contra, 124; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DECLARACIONES INSTITUCIONALES:

La señora PRESIDENTA: Señorías, la presidencia, con la conformidad de los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno de la Cámara la aprobación de la siguiente declaración institucional:

El 11 de septiembre de 1973 un golpe de Estado militar acabó en la República de Chile con el régimen democrático y de libertades del que este país disfrutaba y con la vida de su legítimo presidente, el doctor Salvador Allende. La junta militar que dirigió la insurrección, encabezada por el general Augusto Pinochet, instauró entonces un régimen autoritario, represor y sanguinario que durante años vulneró grave y sistemáticamente los derechos humanos, asesinó, hizo desaparecer y torturó a miles de personas e impidió a los ciudadanos de Chile elegir democráticamente a sus gobernantes. En 1990, tras una intensa campaña de la oposición chilena a favor de unas elecciones libres y la presión internacional, comenzó un proceso de transición política que, aun con enormes dificultades, ha conseguido materializar la inequívoca voluntad del pueblo chileno de recuperar sus libertades y restaurar la democracia y el Estado de derecho en Chile, convirtiéndolo en el segundo país iberoamericano en tener una relación privilegiada con la Unión Europea mediante la firma de un acuerdo de asociación. El Congreso de los Diputados, al cumplirse 30 años de aquel golpe contra el sistema democrático y contra las legítimas autoridades chilenas, manifiesta su más firme condena del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en Chile y del régimen tiránico y dictatorial que le siguió durante años. Reitera su rechazo a todos los regímenes autoritarios que se fundamentan en la violencia y el terror y a aquellos que atentan gravemente contra los derechos y libertades fundamentales e impiden a los ciudadanos ejercer los derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Recuerda a todos aquellos hombres y mujeres que fueron víctimas de la brutal represión iniciada con el golpe y continuada durante el tiempo que duró el régimen del general Pinochet. Felicita a la República de Chile, a las fuerzas democráticas chilenas, a su presidente, don Ricardo Lagos, y, a través suyo y sobre todo, al pueblo chileno por el ejemplar proceso de transición realizado hacia un sistema democrático de libertades y de respeto a los derechos humanos. Exhorta a todos los países y especialmente a los miembros de la Unión Europea y a los Estados que próximamente culminarán su adhesión a que sigan impulsando y favoreciendo el establecimiento y el pronto y eficaz funcionamiento de la Corte Penal Internacional e impulsen la adopción de otras medidas dirigidas a consolidar el principio de justicia universal respecto de los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional y el establecimiento de un orden internacional más justo, basado en la defensa de los derechos humanos fundamentales.


¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.-Prolongados aplausos.)

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Señorías, la presidencia, con la conformidad de los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración institucional:

El Congreso de los Diputados, al cumplirse el segundo aniversario de los terribles atentados de Nueva York y Washington, que conmovieron por su singular brutalidad la conciencia de la opinión pública mundial, quiere manifestar como expresión de su voluntad institucional lo siguiente. El terrorismo internacional, que no es un nuevo fenómeno, se ha convertido en una amenaza real para las democracias, así como para los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos. Los ataques indiscriminados, causando víctimas inocentes, pretenden amedrentar y aterrorizar al mayor número posible de seres humanos y a las sociedades en que se integran.
Las democracias, firmemente decididas a luchar desde el Estado de derecho, bajo el imperio de la ley y desde el más escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos, incluso de los de aquellos que pretenden atentar contra nuestros sistemas de convivencia pacífica y democrática, recuerdan con solidaridad a todas las víctimas del terrorismo, de la violencia, el fanatismo, las dictaduras o los regímenes criminales. La intensidad y brutalidad de los ataques ni pueden ni deben hacer retroceder a las democracias en su empeño en defender a esos ciudadanos, respetando escrupulosamente el imperio de la ley, el principio de la legalidad internacional, las normas del Estado de derecho y la defensa y la garantía de los derechos y libertades fundamentales de todos los seres humanos. Antes y al contrario, tales atentados deben afirmar nuestra convicción y fortalecer nuestra determinación de hacer frente a unas amenazas que todos los demócratas sentimos como comunes y compartidas.


¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Asentimiento.-Prolongados aplausos.)

Señorías, ante el fallecimiento esta mañana de la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, doña Anna Lindh, como consecuencia de las heridas producidas en la agresión de la que fue víctima en el día de ayer en un centro comercial de Estocolomo, esta presidencia está segura de recoger el sentir general de la Cámara al expresar la más firme condena por esta agresión, así como por haber sido realizada contra una dirigente política que gozaba de gran popularidad en su país. También hacemos llegar al Gobierno y al pueblo de Suecia los sinceros sentimientos de pésame y solidaridad por esta tragedia.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.-Prolongados aplausos.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)

- PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000142.)

La señora PRESIDENTA: Antes de continuar, comunico a SS.SS. que la sesión no se va a suspender, vamos a seguir debatiendo los puntos del orden del día y no se producirán votaciones hasta las cuatro de la tarde o el momento posterior en que el debate lo permita.


Dictamen de Comisión del proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Mixto, quiero dar por defendidas todas las enmiendas presentadas por este grupo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


¿En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.-El señor Jané i Guasch pide la palabra.)

Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pedimos que se den por defendidas las enmiendas de dicho grupo y que se mantengan para su votación.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Jané.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el presente proyecto de ley tiene una clara finalidad de apuntalar la política de intervención por parte de las administraciones públicas en la economía a través de un proceso de enajenación de su patrimonio. En definitiva viene a consolidar la política defendida por el Gobierno de privatización de activos patrimoniales públicos sin un mínimo control político y viene a enmarcar por tanto un proceso nada nuevo para este Gobierno de enajenación del patrimonio público a intereses privados, atendiendo exclusivamente a criterios económicos olvidando o en el mejor de los casos relegando a un segundo plano el interés general. Del mismo modo, al hilo de lo expuesto, este proyecto supone una clara debilitación del sector público empresarial y un fortalecimiento del control por entidades privadas, con la consecuente desaparición de la participación de las instituciones públicas en el sector empresarial. Asimismo, a juicio de esta fuerza política, se pierde una extraordinaria oportunidad de dotar de unidad a la gestión del patrimonio no incluyendo específicamente como patrimonio de las administraciones públicas el propio

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de los organismos públicos, entidades públicas empresariales y empresas públicas, incluyendo los activos financieros de todo tipo en empresas.
Reiteramos por tanto que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera imprescindible que se incluya expresamente como patrimonio de las administraciones públicas tanto el patrimonio dependiente directamente de la Administración central, autonómica y local como el patrimonio de los organismos públicos, entidades públicas empresariales y empresas públicas, incluyendo los activos financieros de participaciones de todo tipo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Otro de los aspectos negativos o carencias que se detectan en el proyecto es que no prevé la participación de las Cortes Generales, manteniendo la enajenación del patrimonio público al margen del más mínimo control parlamentario obstaculizando la transparencia y objetividad en la adquisición, explotación y enajenación de bienes. Izquierda Unida pretende con sus enmiendas dar coherencia a los principios que se contienen en el texto legal que presenta el Gobierno. Concretamente, se propone un mecanismo de control y transparencia mediante la regulación de comparecencias ante esta Cámara, así como la obligación de recabar informes con carácter preceptivo de los ministerios afectados en cada caso. No sólo no se prevé ningún mecanismo de control parlamentario en estos procesos, lo que nos parece importante, sino que además se priva a las Cortes de su participación en la gestión de la política económica.
Ignora las competencias en la gestión del patrimonio público de las comunidades autónomas y se pierde una oportunidad para dotar de cobertura legal a la capacidad autónoma de gestión de un modelo de Estado autonómico. Izquierda Unida pretende con sus enmiendas una remisión al desarrollo legal y normativo que cada una de las comunidades autónomas desarrolle en el ámbito de sus competencias. El proyecto de ley vincula en el futuro la gestión del patrimonio como fuente de financiación y mecanismo de equilibrio presupuestario. Concretamente, legitima la enajenación de patrimonio de las administraciones para reducir o compensar el déficit cero que se impone, en vez de los criterios establecidos en la Unión Europea de cero a tres por ciento de déficit.
Con una simple lectura del texto se puede apreciar la obsesión por parte del Gobierno de utilizar el patrimonio de las administraciones como un factor de corrección y equilibrio presupuestario de la cuenta general del Estado o específica, en el caso de organismos públicos, entidades públicas empresariales y empresas públicas. Por el contrario, no se compromete a las administraciones públicas en el incremento del patrimonio como forma de aumentar y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Se consolida una concepción mercantilista y especulativa del patrimonio público que pone en peligro la protección, la conservación y la mejora del patrimonio en el caso de que atienda a exclusivos criterios de rentabilidad económica. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Para concluir, señorías, en este proyecto de ley el Gobierno obvia un principio incuestionable e irrenunciable para Izquierda Unida: el incremento del patrimonio ligado a la mejora de la calidad de los servicios públicos que deben prestar las administraciones públicas del Estado. Facilita la enajenación del patrimonio a empresas privadas e incluso la gestión de estos procesos de enajenación, sin más control que los pactos que establecen entre las partes, desaprovechando la oportunidad de establecer una opción preferente de adquisición de patrimonio a favor de las administraciones públicas sin que la adquisición se vincule directamente a la prestación de un servicio. En resumen, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene la totalidad de sus enmiendas al articulado de este proyecto de ley presentado, porque viene a consolidar la gestión del patrimonio de las administraciones públicas emprendida por este Gobierno y que se refleja de forma directa con el desmantelamiento del sector productivo público mediante procesos privatizadores. Del mismo modo este proyecto, entre las muchas deficiencias que contiene, viene a vincular la enajenación de patrimonio a la búsqueda de equilibrio presupuestario obviando el control parlamentario y la garantía de la protección, conservación y mejora del patrimonio. Finalmente, las importantes diferencias entre las propuestas de Izquierda Unida y el texto presentado no vienen sino a poner de manifiesto lo que a nuestro juicio no es más que una evidencia. El Partido Popular tiene una visión mercantil del patrimonio público en detrimento del aumento y la mejora en su calidad de los servicios públicos y desde luego mi grupo parlamentario se sitúa exactamente en la otra orilla, en la del fortalecimiento e incremento del patrimonio público ligado a la calidad de los servicios que se prestan.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, se debate hoy en el Pleno del Congreso el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas. Estamos, señorías, ante un proyecto de ley importante porque es la primera regulación global del patrimonio de las administraciones públicas que se realiza tras el nuevo marco constitucional. Cumplimos en este año el 25 aniversario de la Constitución y una de las leyes pendientes era precisamente la relativa a dar un nuevo marco normativo al patrimonio de las administraciones públicas. Debemos recordar que la normativa

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aún hoy vigente es del año 1962, la Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de bases del patrimonio del Estado, y su texto articulado que se aprobó por el Decreto 1022/1964, de 15 de abril. Por tanto es una normativa claramente preconstitucional y era misión de esta Cámara, de las Cortes Generales, legislar sobre estos aspectos. De ahí que mi grupo no presentara en su día enmienda a la totalidad, porque entendíamos que era necesario dotar de ese nuevo marco normativo al patrimonio de las administraciones públicas y debíamos claramente superar esa legislación preconstitucional. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó sobre esas premisas un conjunto de 32 enmiendas, sobre las que ya tuvimos ocasión en la Comisión de Economía y Hacienda, al hacer el dictamen, de realizar una primera pasada y de las cuales mi grupo vio que se aprobaban de forma literal o transaccional 13 y 19 quedaban pendientes para el Pleno. Por tanto no podemos hacer una valoración negativa de la tramitación parlamentaria desde Convergència i Unió al haberse conseguido aprobar esas 13 enmiendas, con algún esfuerzo negociador que yo quiero elogiar por parte del señor Gómez Darmendrail, que intentó buscar una aproximación entre los distintos ponentes; se llegó a ese mínimo, a esas 13 enmiendas aprobadas, quedaban 19 pendientes para el Pleno y lamentablemente hoy no hemos podido avanzar más. Desde la reunión de la Comisión hasta el Pleno de hoy no ha habido un avance significativo y me temo que van a quedar pendientes de aprobación las 19 enmiendas que restan. Esa es la razón por la que mi grupo realizará una abstención global, sabiendo que hay aspectos del proyecto de ley que merecerían el voto contrario de mi grupo, como se hizo en Comisión, y otros aspectos que, alabando ese esfuerzo negociador, hubieran merecido el voto favorable. A efectos globales nos abstendremos, esperando que en el Senado seamos capaces de avanzar un poco más en aspectos que para nosotros son importantes.


Señora presidenta, señorías, de esas 19 enmiendas voy a destacar simplemente algunas de ellas, aunque todas son importantes, pero doy por reproducidas las argumentaciones que ya se dieron en Comisión y, ahora, voy a destacar algunas de esas 19 enmiendas pendientes, que sometemos a votación nuevamente en el Pleno del Congreso. En primer lugar, las enmiendas 145 y 147 solicitan una regulación distinta de los inmuebles vacantes y de los saldos y depósitos abandonados. El proyecto de ley opta por una solución que es posible, pero no la única, si tenemos en cuenta el marco constitucional. Opta por la solución más ventajosa para la Administración general del Estado: ante un inmueble vacante o ante un saldo o depósito abandonado, la solución es que pertenezca a la Administración general del Estado. Para nosotros esta solución no es la única posible de acuerdo con el marco constitucional. Nosotros propugnamos que se atribuya a la Administración autonómica cuando ese inmueble, saldo o depósito tenga su ubicación en el territorio de esa comunidad autónoma. Nos parece una solución más próxima y respetuosa con ese marco constitucional. El Estado está formado por una pluralidad de administraciones, formado por la Administración general del Estado, pero también por la Administración autonómica y local. Por lo tanto, de acuerdo con ese principio constitucional de que la Administración autonómica también es Estado, nosotros entendemos que es necesaria una solución distinta. Esa es la razón por la que mi grupo parlamentario hace especial hincapié en esas enmiendas e, incluso, a través de nuestra enmienda 146, proponíamos una alternativa que parecía poder ser objeto de transacción en el Pleno, pero esperaremos a su trámite en el Senado -de ahí nuestra abstención en el día de hoy- para buscar alguna solución distinta y más respetuosa con el marco competencial autonómico. Al igual que en nuestra enmienda 173 a la disposición final segunda, donde se define cuál es el alcance de la legislación básica, entendemos que hay un título de legislación básica, el artículo 149.1.18 de la Constitución, pero evidentemente hay que dar una definición distinta del alcance de esa legislación básica, de ahí que nuestra enmienda 173 plantee una distribución competencial distinta. De la misma forma, y en este bloque autonómico que para mi grupo es primordial, se encuentran nuestras enmiendas 169, 170 y 171, que plantean la supresión del capítulo III del título VIII, relativo al régimen urbanístico y gestión de los bienes públicos. Entendemos que el proyecto de ley sobrepasa aquí con mucho el ámbito competencial del Estado. Nosotros pensamos que ya existe una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre la que quiero destacar la sentencia 149/1991 y la sentencia 149/1998, en materia de planificación del territorio, y entendemos que esos artículos del capítulo III del título VIII no respetan esa jurisprudencia constitucional. Incluso, entendemos que el propio Tribunal Supremo ha dejado sentado que las disposiciones de planeamiento tienen naturaleza de disposiciones de carácter general y que han de seguir un régimen específico de elaboración, por lo que debemos establecer un régimen especial, y el proyecto de ley, tal y como se regula, invade claramente las competencias autonómicas en esa planificación territorial. Por esta razón mantenemos tres enmiendas.


Para ir finalizando ya, señora presidenta, señorías, querría destacar la enmienda número 164, que regula el procedimiento de enajenación. Esta era una de las enmiendas que, como el ponente del Grupo Parlamentario Popular recordará, estaba pendiente de algún tipo de transacción, y esperamos que llegue en el Senado, porque es un tema en el que estamos de acuerdo. No hemos conseguido aún plasmar ese acuerdo en el texto del proyecto de ley, sin embargo, estamos de acuerdo en la filosofía que ya marcó el acuerdo de la Conferencia sectorial de vivienda que tuvo lugar el pasado 23 de enero. En esa conferencia sectorial se estableció el principio de enajenación, que en todo expediente de enajenación

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de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, con anterioridad a la publicación de la convocatoria del procedimiento de enajenación, se dará audiencia por un mes a la respectiva comunidad autónoma al objeto de que, por motivos de política de suelo o de vivienda debidamente razonados, esa comunidad autónoma pueda interesar la adjudicación directa para sí o a favor del ayuntamiento en cuyo término municipal radique el inmueble.
Todo ello liga perfectamente con un nuevo concepto de política de vivienda en el sentido de que no vamos directamente a la subasta cuando se enajenan bienes de titularidad de la Administración general del Estado, que podemos ofrecer antes esos terrenos a la Administración autonómica para que pueda realizar política de suelo, que falta nos hace a todos. De ahí ese acuerdo de la conferencia sectorial. Intentamos mediante las negociaciones llegar a una transacción que hoy no ha sido posible, pero a mi grupo le gustaría poder llegar a esa transacción en el debate del Senado.


Por último, señora presidenta, señorías, quiero destacar nuestra enmienda 172 relativa al patrimonio de la Seguridad Social. Es una enmienda importante y forma parte de la reclamación autonómica del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); es una enmienda que, con el nuevo proyecto estatutario, dejaría resuelto ese aspecto, un proyecto que defiende nuestra federación y que va a situar en primera línea nuestras aspiraciones en la próxima legislatura; es la enmienda que propone que la titularidad de los bienes y derechos que forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social, si ya estaban adscritos a las comunidades autónomas, se pueda transferir a la comunidad autónoma, un patrimonio que, de hecho, ya era patrimonio adscrito pero que es patrimonio único de la Seguridad Social. El nuevo marco competencial permitiría la transferencia de ese patrimonio. Es una reclamación competencial que mi grupo también está realizando en el marco del Pacto de Toledo -quiero recordar que nuestra portavoz, la diputada Inma Riera, está claramente defendiendo esas posiciones en el marco del Pacto de Toledo-, pero el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no podía dejar de plantear esta cuestión también en el marco de la ley que regula el patrimonio de las administraciones públicas, una ley que no se adapta bien a esa pluralidad de administraciones públicas existentes.


Señora presidenta, señorías, doy por defendidas el resto de nuestras enmiendas y aprovecho para dar por defendidas el conjunto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que también van a recibir el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Garrido.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, cuando el 12 de junio se debatió en esta Cámara la enmienda a la totalidad que presentamos para debatir esta ley, yo comenzaba mi intervención diciendo que no iba a negar la necesidad de una nueva ley de patrimonio de las administraciones públicas, y como tal nos parece bien.
Se trata de una ley importante y muy necesaria, que viene a sustituir la del año 1964 y, sin embargo, no contempla todas las cuestiones que nosotros hubiéramos deseado, como la aplicación a las administraciones públicas, no solamente a la del Estado, sino también a las administraciones periféricas y autonómicas. Es una ley muy necesaria porque así lo prevé el artículo 132 de la Constitución española, ya que el proceso general de renovación normativa es muy importante en este país porque hay una gran proliferación de regímenes especiales de gestión patrimonial y porque es notoria la ampliación del parque inmobiliario público. Por esto es necesario que se afronte de forma prioritaria una definición del marco estatal en cuanto a legislación básica en materia de bienes públicos y, sobre todo, que se reconduzca la fragmentación normativa que aqueja a la legislación aplicable a los patrimonios públicos del sector estatal. Esto es lo que se justifica, y nos hubiera gustado que el contenido de la ley hubiera justificado todas estas cuestiones que nos parecen trascendentales. Sin embargo, desgraciadamente entendemos que no ha sido así, y lo sentimos porque es una ley realmente importante. Tan importante es que nos duele decir que este grupo parlamentario le ha dedicado a esta ley a lo largo de su tramitación apenas 45 minutos: 15 para la enmienda a la totalidad, ahora 10 más o menos, los 10 que le dedicamos en Comisión, y santas pascuas, y es una ley que tiene 196 artículos, 22 disposiciones adicionales, seis disposiciones finales y cinco transitorias. Es decir, que es una de las leyes más importantes que se han podido aprobar en esta Cámara a lo largo de esta legislatura, aunque estemos en soledad hoy aquí, pero así de importante es. Que un grupo parlamentario le dedique 45 minutos nos parece poco tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad grande y no es solamente la de aprobar leyes, sino la de que de esta Cámara salgan buenas leyes que cuando lleguen a los administrados y a la Administración se puedan aplicar con todo rigor y sobre todo que sean buenas leyes que nos sirvan a nosotros de satisfacción por el trabajo bien hecho y por el tiempo dedicado. Desgraciadamente, esto no es así y no puede constituirse en una norma porque creo que no es bueno para con los administrados.


Me voy a referir ahora a las enmiendas que hemos presentado, no sin antes agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez Darmendrail,

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su esfuerzo por llegar a acuerdos. De hecho nos han admitido, creo recordar, 14, que no es que sean de una gran importancia, aunque todavía quedan 21 enmiendas vivas. Esto quiere decir que se ha hecho un esfuerzo y yo quiero reconocer y agradecer públicamente al señor Gómez Darmendrail ese esfuerzo. Sin embargo, quedan cuestiones que yo quiero poner aquí en evidencia porque convendría que hasta que vuelva al Congreso después del trámite del Senado pudieran modificarse para bien de todos.


Quiero referirme fundamentalmente a aquellas relacionadas con los artículos 21, 106, 112, 134, 136, 140, 169, 186 y a las disposiciones adicionales séptima, octava, décima y decimoquinta, en las que se contiene todo el meollo de esta ley. A ellas me voy a referir, aunque sea someramente. Nos hubiera gustado -y así lo dije cuando estaba el señor ministro- que esta ley hubiera venido por lo menos con un inventario de los bienes públicos y, si no realizado, a punto de hacerse y avanzado.
Desgraciadamente, esta ley de patrimonio de las administraciones públicas, en su disposición transitoria quinta, dice que se da un plazo de cinco años para que se tenga el inventario de bienes. Es una pena que todavía no lo tengamos. Es fundamental en una empresa, en una institución, y más para el Estado y para las administraciones públicas, tener el inventario de sus bienes demaniales y patrimoniales, puesto que los patrimoniales quedan incluidos a partir de ahora dentro del objeto de esta ley. Esto no es así y lo lamentamos profundamente.


Dicho esto, y viendo las enmiendas de los artículos a que antes me he referido, quiero decirle que no nos parece bien, por ejemplo, que por el transcurso de 30 años en las adquisiciones a título gratuito pueda entenderse que la afectación permanente a determinados destinos ha cumplido su objetivo, que a partir de ahí se las pueda destinar a cualquier lugar y que la Administración que ha recibido esa donación gratuita pueda hacer realmente lo que quiera. Esto no nos parece bien porque es una burla fundamentalmente a los ayuntamientos. Nosotros hemos añadido que se debe exceptuar de esta norma cuando el donante o cedente sea otra Administración pública. ¿Y por qué? Los ayuntamientos ceden con frecuencia a la Administración general del Estado o a los organismos vinculados a ella gran cantidad de terrenos. Esto lo han hecho desde tiempo inmemorial a título gratuito o por precios simbólicos, y se van a encontrar que cuando cumplan ese destino de 30 años pueden hacer realmente lo que quieran. Les podría poner ejemplos que he vivido; ahora estamos viviendo uno: el Ministerio de Defensa vende terrenos para comprar armamento. Nosotros no nos oponemos a que el Ministerio de Defensa pueda vender terrenos, pero no para comprar armamento sino, por ejemplo, para cuestiones relativas a vivienda pública, colegios, institutos, no para comprar armamento. Es decir, debe haber una correlación con el destino que se va a dar a estos bienes. Así nos encontramos, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa, que en su día adquirió ese bien o a título gratuito o por una cantidad simbólica, ahora puede hacer el negocio de su vida. Les puedo poner un ejemplo en la ciudad de Toledo, donde adquirieron en su día un montón de hectáreas para una fábrica de armas y ahora van a venderlo para viviendas por un precio superior a 3.000 millones de pesetas. Esto no puede ser, estas cosas no se pueden hacer. Además esto es un ataque en la línea de flotación al derecho de reversión. Con esto el derecho de reversión queda totalmente tocado y no nos parece bien que tanto cuando afecte a cesiones gratuitas que vienen de otras entidades públicas como cuando vengan de privados esto se pueda mantener. Nos parece algo absolutamente inaceptable.


El artículo 89 hace una referencia a la ocupación de los espacios administrativos destinándolos a otra finalidad de la que tiene el edificio en sí. Esto no nos parece serio. Un espacio administrativo debe estar ocupado por algo relacionado con los servicios que en dichos edificios se presten, no se puede meter una cosa que en absoluto guarde relación. Esto no da sensación de seriedad y un edificio de la Administración debe guardar unas normas que no se pueden cambiar.


En la enmienda 60 al artículo 106, estamos en contra de que la Administración arriende a terceros con opción de compra, no porque el arrendamiento con opción de compra entre particulares no tenga su preponderancia y su importancia, que la tiene y nos parece muy bien, pero que lo haga la Administración no nos gusta por una razón muy sencilla y es que ésta pierde su posición dominante y la tiene el tercero que es quien decide si ejecuta o no ejecuta la opción de compra. En estas cosas relacionadas con los bienes demaniales o patrimoniales la Administración siempre tiene que tener la posición dominante. Nos parece muy importante -me refiero ahora al artículo 112.3- que cuando se trate de procedimientos de enajenación y permuta de bienes y derechos de valores superiores a 300.000 euros tengan que estar informados por la Intervención General del Estado. ¿Y eso por qué? Por una simple cuestión de garantía de procedimiento en estos expedientes patrimoniales que creo que es absolutamente importante.


El artículo 134 -enmienda 64- establece la posibilidad de que cuando la Administración venda un bien pueda admitir el aplazamiento y el fraccionamiento del pago por un plazo máximo de 10 años. No nos parece nada correcto y creo que esta enmienda la tendrán ustedes que aceptar en el próximo trámite porque la Administración no puede aplazar sus pagos mas allá de cuatro años. Es decir, si yo no puedo aplazar mis pagos más de cuatro años yo no puedo consentir que los demás me los aplacen por más tiempo. También querría hacer referencia a unas cuestiones que me parecen importantes. Creo que el Gobierno debería remitir en el último trimestre del año una relación detallada de las empresas a las que quiere desafectar a lo largo del ejercicio siguiente con un informe económico-financiero detallado del

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estado y situación de cada una de esas empresas. Eso nos permitirá saber a ciencia cierta siempre qué empresas pueden estar desafectadas, sabiendo además que no pueden ser desafectadas o enajenadas otras distintas de las que haya mandado el Gobierno al Congreso.


Por último quiero hacer referencia a las disposiciones adicionales séptima y octava y al artículo 179. En este artículo se establece que los administradores de las sociedades públicas que se rigen por el ordenamiento jurídico privado puedan estar exonerados del cumplimiento del artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas. Eso nos parece un auténtico disparate, entre otras cosas porque los administradores tienen que dar cuenta de su gestión, y aunque existe un ministro de tutela sería un disparate pedir a ese ministro de tutela que fuera el que tuviera que dar cuenta del funcionamiento de estas sociedades.


En las enmiendas a las disposiciones adicionales séptima, octava, décima y decimoquinta establecemos que el régimen transitorio de la gerencia de infraestructuras y de la vivienda, si queremos realmente crear la unidad patrimonial, no puede ser de 15 años; tiene que ser disminuido sensiblemente.


Nos preocupa, señor portavoz del Grupo Popular, y esto lo tiene que entender usted, la creación de SEGIPSA, empresa creada el 28 de diciembre de 1999 a través de la Ley 53/1999, que modifica la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esta empresa puede hacer lo que quiera con el patrimonio del Estado; puede venderlo, enajenarlo, cambiarlo o administrarlo, puede hacer absolutamente lo que quiera. Nos da miedo, señor Gómez Darmendrail, y no lo podemos aprobar, que a través de esta sociedad y las otras que se crean en la disposición adicional quinta, que no son nada más que una huida del derecho administrativo, se vaya vendiendo poco a poco el patrimonio que corresponde a todos bajo la falsa premisa de que lo público no es eficiente y lo bueno es lo privado. Eso es absolutamente falso, en primer lugar porque no está demostrado, y en segundo lugar porque en muchísimos casos mantener esta teoría lleva al enfrentamiento de principios generales y a que la gente crea que lo público es lo malo y lo privado es lo bueno. Por tanto, yo les rogaría que recapacitaran sobre estos temas, que tuvieran en cuenta lo que aquí se ha dicho en lo que respecta a estas sociedades y espero y deseo que en el trámite del Senado acepten nuestras enmiendas.


La última enmienda hace referencia a la enajenación de los bienes litigiosos. Eso es casi de mal gusto. Yo sé que la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social permite la enajenación de los bienes litigiosos, pero la venta de bienes litigiosos da lugar, en primer lugar, a que el bien se deprecie y salga a un valor inferior al real, en segundo lugar, a que pueda quedar desierta esa posibilidad de subasta y, en tercer lugar, a que el precio sea irrisorio.


La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez Garrido, le ruego concluya.


El señor SÁNCHEZ GARRIDO: Yo creo que por la categoría de esta ley deberían ustedes aceptar la enmienda que mi grupo presenta y eliminarlo del texto de la ley, porque incluso desde el punto de vista técnico incomoda un poco.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Garrido.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez Darmendrail.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, debo decir que me han sorprendido las manifestaciones de algún portavoz, pero no voy a entrar en discusiones colaterales porque, como decía Cicerón, la discusión debilita la evidencia, y la evidencia es que estamos ante una gran ley.


Señorías, este proyecto de ley que hoy volvemos a debatir en el Congreso es sin duda de gran interés para todos los ciudadanos debido a la relevancia y al peso que el conjunto del patrimonio de las administraciones públicas tiene en este país. Además, la racionalización del patrimonio supone un ahorro importante para la sociedad, con la consiguiente mejora del empleo de los bienes públicos. La normativa actual cuenta ya, como se ha dicho aquí, con 40 años de vigencia por lo que se hace necesaria una nueva legislación acorde a los nuevos tiempos que vivimos y a la evolución que ha sufrido el Estado hasta llegar al Estado de las autonomías actual, con una descentralización sin parangón.
El Partido Popular ya planteó en su programa del año 2000 la necesidad de realizar este proyecto para poder lograr una máxima optimización de los recursos de que disponen las administraciones. Nuestro compromiso es por tanto un mayor beneficio para los ciudadanos.


Esta ley, señorías, proporcionará al patrimonio de las administraciones públicas la cohesión y la movilidad necesaria para adaptarse a las nuevas circunstancias que rigen en la actualidad, por cierto muy distintas de cuando se aprobó la Ley de Patrimonio del Estado en 1964. Además supone una herramienta de soporte importante para la política económica y social.


Señorías, tras los debates de totalidad y en Comisión hemos comprobado el interés que tienen los grupos de la Cámara en este proyecto y es voluntad del Grupo Popular, como así se ha ido demostrando, llegar al máximo consenso en la elaboración de esta ley, prueba de ello es el número de enmiendas presentadas por los diferentes grupos que han sido aprobadas y aquellas sobre las que se ha llegado a un acuerdo para presentar y aprobar enmiendas transaccionales. Esperamos que en los sucesivos debates, tanto en esta Cámara como en

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el Senado, se pueda ir puliendo la ley y lograr la mayor perfección posible. Pero tengo que decir, señorías, que tanto el Grupo Socialista como el Grupo de Izquierda Unida tenían la sospecha -y parece que el portavoz de Izquierda Unida aún la tiene- de que esta ley se planteaba para facilitar las ventas del patrimonio público con la finalidad simplemente de mantener el equilibrio presupuestario. Para dejar esto fuera de toda duda, señorías, se han aprobado enmiendas que matizaban específicamente este aspecto. Por otra parte, en los últimos decenios se produjo una notoria ampliación del sector público empresarial que ha sufrido una gran diversificación y complejidad y que continúa modificándose, lo que indica la necesidad de la adaptación de la legislación a las nuevas situaciones que se van planteando. Además, desde la aprobación de la ley originaria se han venido realizando sucesivas actualizaciones y adaptaciones al texto. Llegados a este punto, señorías, se hace necesario reordenar la fragmentación normativa existente en cuanto a los patrimonios públicos del sector estatal. Un punto importante en la filosofía de la norma es la necesidad de inspirarse en el principio de movilización eficiente de los activos. En un contexto como el actual, donde las situaciones cambian con relativa frecuencia, se hace imprescindible una normativa que permita satisfacer las necesidades según se produzcan y readaptar los bienes del patrimonio a estas nuevas situaciones. También se hace cargo este proyecto de la necesaria regulación de la relación del patrimonio que suponen las empresas públicas con el Ministerio de Hacienda, que es el encargado de planificar la gestión estratégica. Este patrimonio, al igual que el resto del patrimonio de las administraciones públicas, requiere del planteamiento de unos objetivos que concuerden con las políticas económicas planteadas por el Gobierno de la nación. Con este proyecto de ley que debatimos se pretende dar una cohesión en el tratamiento de los bienes, tanto de la Administración central como de los organismos públicos dependientes de ella, así como dar soluciones a los diferentes problemas que plantean las relaciones patrimoniales entre las administraciones públicas, clarificando las relaciones patrimoniales que pudieran surgir, como se ha visto en el pasado. El proyecto busca también el equilibrio de las relaciones entre las diferentes administraciones públicas sin anteponer unas a otras y en ese sentido seguimos trabajando.


En definitiva, señorías, con esta ley se articulará una política patrimonial para toda la Administración del Estado. En debates anteriores el Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a hacer hincapié en que se pretende emplear el patrimonio nacional para la consecución del equilibrio presupuestario y conseguir así cuadrar las cuentas. Pues bien, gracias a esta política llevada a cabo desde el comienzo del Gobierno popular de igualar los ingresos a los gastos, España ha logrado un importantísimo ahorro en gastos financieros que nos ha permitido aumentar los niveles de inversión en los presupuestos del Estado. Pero en ningún caso se elabora esta ley para ser la cuadratura del equilibrio, sino que es un paso más en la mejor utilización de los recursos de los ciudadanos para la consecución de un mayor Estado del bienestar. También se criticaba en un debate anterior la filosofía privatizadora de este Gobierno aduciendo que no es cierto que la gestión privada tenga que ser mejor que la pública. No entro a valorar esta afirmación, pero nosotros entendemos que la presencia del Estado debe ser simplemente para el fomento del bienestar y para cubrir aquellos vacíos que el sector privado no pueda cubrir o no le interese participar. ¿Qué ventaja tiene para los ciudadanos que el Estado participe directamente en sectores como la banca, la telefonía o la electricidad? Ninguno, señorías, simplemente crear distorsiones en el mercado y asignar recursos que podrían ser empleados en otra materia donde sí se hace imprescindible su participación. El Estado debe ser simplemente el garante de que se cumplan las reglas del juego y de que haya un número suficiente de participantes que luchen por ofrecer un mejor servicio y precio a los consumidores. Si el sector público se entromete a jugar en un mercado y a malgastar los recursos, está limitando la inversión en otro espacio donde sería realmente necesaria su participación.


Aproximándonos ya a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, queremos decir que estas son de carácter eminentemente técnico y han tratado de mejorar algunas de las disposiciones presentadas en el proyecto. Las presentadas por el resto de los grupos intervinientes van desde las que tratan de modificar la situación actual en materia de atribuciones de bienes patrimoniales vacantes, saldos abonados o Seguridad Social, proponiendo ajustes en el modelo que define el proyecto para el marco de competencias entre administraciones, hasta las ya comentadas que pretenden frenar un supuesto carácter privatizador en la filosofía de esta ley. A mi grupo parlamentario no le parece oportuno abordar en esta ley otras cuestiones distintas de las que ya se han planteado en el proyecto de ley. Respecto a las enmiendas aprobadas en Comisión, además de las ya comentadas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que son eminentemente técnicas y que tratan de mejorar el texto o de aclarar puntos que podrían dar lugar a confusión, se ha aprobado un elevado número de enmiendas, en términos globales y relativos, de los distintos grupos que componen esta Cámara. Por otra parte, se han rechazado enmiendas presentadas por los grupos de Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego que suponían la imposición de excesivas e innecesarias trabas a los procesos de adquisición, enajenación o reestructuración de activos empresariales, lo que no es recomendable para la eficiencia del patrimonio en un entorno tan cambiante como el actual y que impediría adaptarse a las necesidades de la sociedad tanto en el presente como en el futuro. Es también fundamental para mi grupo la suficiente autonomía de

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gestión de algunos organismos públicos como Renfe, Puertos y las gerencias de Interior y Defensa, y así deben permanecer por su buen funcionamiento, razón por la que se han rechazado algunas enmiendas que iban en otra dirección.


Se ha hablado aquí de las ventas de los terrenos de Defensa. Quisiera decir simplemente que la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de Defensa -GIED- fue creada en el año 1984 por el Gobierno del PSOE, con el mismo objetivo que tiene actualmente: obtener recursos para el Ministerio de Defensa mediante la venta del patrimonio inmobiliario no necesario como consecuencia de la reorganización y reestructuración de los ejércitos. Ese era su objetivo y la crearon ustedes en 1984. Además, en cuanto a las premisas que presiden los procedimientos de enajenación de inmuebles se hablaba, entre otras cosas, de llegar a acuerdos con las administraciones públicas -esto le agradará sin duda a Convergència i Unió- para la compra por éstas de los bienes afectados. Es decir que antes de acudir a subasta ofrecer a ayuntamientos y comunidades autónomas el patrimonio objeto de venta. El procedimiento de enajenación era la subasta pública, señorías; subasta pública establecida en la Ley de patrimonio del Estado, de 1964. Pero el Gobierno, por un acuerdo en la Conferencia sectorial de Suelo suscrito por la mayoría de las comunidades autónomas, decidió presentar en este Congreso un nuevo proyecto que decía que el procedimiento habitual sería el concurso público. Pues bien, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda -la 66- en la que decía que quería que el procedimiento fuera la subasta pública, mientras que el Gobierno había dicho lo contrario. Encuentro que ha habido algunas contradicciones porque el Grupo Parlamentario Socialista planteó, como digo, una enmienda a la Ley de patrimonio de las administraciones públicas para que el procedimiento general de enajenación del mismo siguiera siendo el de subasta, en vez del propuesto por el Gobierno de concurso público.


Señora presidenta, no quisiera terminar sin agradecer las amables palabras hacia mi persona tanto del portavoz de Convergència i Unió como del Grupo Socialista -señores Jané y Sánchez Garrido-, y quiero agradecer igualmente a todos, una vez más, el trabajo y el esfuerzo que han realizado. El Grupo Parlamentario Popular espera el mayor consenso en las sucesivas modificaciones que se vayan produciendo al proyecto de ley, para conseguir así el máximo respaldo posible a una ley tan necesaria y relevante como ésta.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.


- PROYECTO DE LEY DEL RUIDO. (Número de expediente 121/000140.)

La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate del proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas, iniciamos el del dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley del ruido.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) Se dan por decaídas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Pausa.)

Señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Solicito el mantenimiento de esas enmiendas y que no decaigan.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, desde mi fuerza parlamentaria entendemos que estamos ante una mala y alicorta trasposición de la directiva europea, y la que ya de por sí era mala y alicorta cuando entra en el registro a lo largo de todo el proceso no ha mejorado, sigue siendo mala y de corta ala. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)

Señorías, Izquierda Unida entiende que es una gran ocasión perdida, no solamente el proyecto sino la tramitación, ya que a lo largo y ancho del mismo no se habla -ya que estamos refiriéndonos al ruido- de las molestias y de los demás efectos en las personas; no se concretan periodos para los indicadores obligados, dato esencial en el que España ha estado incordiando en las discusiones de la directiva, y me parece muy bien; no se definen ni concretan los mapas de ruido y, por supuesto, no los relaciona con personas afectadas; no se incluye ningún indicador como los percentiles, indicadores de quejas o molestias, indicadores de dosis y efectos. Señorías, uno tras otro van dejando para posteriores desarrollos reglamentarios cada uno de los aspectos que debieran definirse de entrada. Eso que es algo en plantilla habitual y normal en una ley, sin embargo, cuando se hace más que un uso un abuso de esa indefinición para concreciones posteriores reglamentarias, no es que piense -no quiero ser mal pensado- que el Gobierno luego pretende rellenar como le dé la gana, porque podría haberlo hecho ya de salida, sino sencillamente que en este proyecto -permítanme la expresión traída por los pelos- había demasiado ruido y pocas nueces.


Señorías, los métodos de medidas y otros aspectos técnicos necesarios en un proyecto de ley como éste, más necesarios en éste que en otros sin duda, están suficientemente definidos en la normativa internacional y, sin embargo, no se aprovecha y se trasponen o se traducen, y no se colocan en el texto en cuestión. Pero lo que es mucho más grave para nosotros es que no solamente no incluye el concepto de zonas tranquilas sino que, sensu contrario, introduce el de zonas de servidumbre acústica.
Es decir, crea zonas que no estarán sometidas a esos límites que se supone que habrá en el futuro y

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que son precisamente las zonas afectadas en la actualidad por infraestructuras principalmente generadoras de contaminación acústica. A buenas horas mangas verdes, señorías. Si tenemos un problema de ruido y decidimos que lo anterior -como si hubiera prescrito- no nos obliga a nada, y a partir de ahora en la ley hablamos de zonas de servidumbre acústica, a nosotros nos parece muy grave. Plantea la posibilidad de eximir del cumplimiento de su futuro límite no solamente a estas zonas de servidumbre acústica sino a otras fuentes generadoras de ruido que lo soliciten en un momento determinado, y para estas zonas prevé obligaciones en una única dirección. La población afectada se tendrá que aguantar, señorías. No hay obligaciones de planes de reducción de ruido de esas infraestructuras, ni establecimiento de medidas alternativas, compensatorias o indemnizatorias para los afectados. Es decir, patente de corso para las infraestructuras.


Señorías, en estos momentos estamos negociando con la presidencia del GIF desde un ayuntamiento de la provincia de Córdoba, en concreto el de Almodóvar, un problema muy serio, y es que el desvío sobre la línea Madrid-Córdoba-Sevilla del AVE para la línea de Málaga tiene que hacerse pasando por encima de la vía actual. Hay un vuelo, pero ese no es el problema. El problema es que se ha construido el pase del AVE a cuatro metros en vertical -no exagero- de los comedores y los dormitorios de la barriada de Los Mochos en el municipio de Almodóvar. No sólo van a encontrarse con ese problema sino que por ley son zonas de servidumbre acústica, así que calcule la hora en que pasa el AVE de Málaga para no llevarse la copa a la boca, ni estar escribiendo nada ni viendo cualquier cosa; es decir, busque una zona de inmovilización porque desde el AVE ya nos encargaremos de ello.


Ítem más, el proyecto de ley tampoco plantea ni se ha incluido en la tramitación -ocasión perdida- la evaluación del ruido mediante modelos matemáticos, modelos que deben ser siempre validados mediante mediciones reales de ruidos; valores límites para indicadores, por ejemplo, 50 decibelios para la noche y 60 para el día, tarde, noche, definiendo los mismos periodos horarios de la directiva. No se plantean ni se han incluido en la tramitación objetivos de reducción de la contaminación acústica existente (planes de reducción del ruido emitido por las fuentes sonoras) para alcanzar los valores límites en un periodo máximo de tres a cinco años; no autorización de proyectos que provoquen unos valores de contaminación acústica por encima de los valores límite y, hasta tanto no se consigan los niveles de calidad planteados, limitar los usos del suelo no permitiendo aquellos que impliquen exposición a niveles no recomendables para las personas. Señorías, las comunidades autónomas y los ayuntamientos definirían en sus ámbitos las áreas de sensibilidad acústica atendiendo a los valores límites citados. Siguiendo el principio de contaminador/pagador, y hasta tanto no se alcance el objetivo de los planes de reducción, se deberían establecer tasas indemnizatorias por la afección del ruido.


Vuelvo a insistir en que es una ley con mucho ruido, sin nueces, sin contenido, no ad calendas graecas sino ad reglamentas graecas: ya revemos, ya se desarrollará, etcétera. Y vuelvo a insistir en que no para este aspecto, pero sí para situaciones muy similares, el Tribunal Constitucional ha sido muy tirador de orejas al legislador cuando deja casi todo pendiente de futuras actuaciones administrativas. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Lo que nos ha llamado más la atención, y lo hemos asentado en enmiendas como la 126 ó la 130, es que en una ley del ruido no haya un artículo, una adenda, una disposición, un anexo donde se fijen las definiciones de lo que se considere efecto nocivo, qué es molestia, cuáles son los límites de día, los de tarde, los de noche, qué es una relación de uso y efecto, aglomeración, cuál es el mapa del ruido, qué se entiende por mapa estratégico, planes de acción. Es decir, no hay nada y tampoco se establecen límites, con lo que vuelvo a insistir, señorías, en que no es que haya sido una mala trasposición de la directiva, es que no es nada.
Nos están tomando el pelo al discutir de algo que no nos dice nada, no traspone directivas reglamentarias -habiendo sido ello fácil- y que invita a un posterior desarrollo reglamentario para todo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de las enmiendas presentadas, el señor Companys tiene la palabra.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en el momento de la presentación del actual proyecto de ley, nuestro grupo parlamentario entendió que si bien había razones suficientes para presentar una enmienda a la totalidad era más razonable intentar a través de enmiendas de carácter parcial mejorar el texto y hacerlo más adecuado a la realidad. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a través de nuestro portavoz en la Comisión de Medio Ambiente el diputado señor Martí, el pasado 29 de mayo, no sólo se limitó a apuntar posibles deficiencias que desde nuestro punto de vista tenía el actual proyecto de ley, sino que adquirió el compromiso de subsanarlas mediante la presentación de enmiendas.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó dos tipos de enmiendas básicamente. El primer grupo estaba orientado a restablecer el reparto competencial entre la Administración general del Estado, por un lado, y las comunidades autónomas y las corporaciones locales por otro, que esta ley desequilibra a favor del Gobierno central de una forma claramente

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anticonstitucional. La Ley del Parlamento de Cataluña 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, ley pionera a nivel del Estado, es una norma legal cuya viabilidad quedará gravemente afectada por la agresión que representa la ley del ruido si se aprueba con la actual redacción. Las competencias de las comunidades autónomas en materia medioambiental y de gestión, prevención y lucha contra la contaminación acústica son ignoradas por el actual proyecto de ley. Es una ley básica casi en su totalidad, que contiene continuas remisiones reglamentarias a favor del Gobierno y que conculca las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito del desarrollo legislativo de ejecución de la normativa básica en materia de medio ambiente. Otro grupo de enmiendas va dirigido a garantizar la aplicabilidad de la norma y a completar las dotaciones presupuestarias correspondientes para su desarrollo. Es estrictamente necesario que la ley contemple la aprobación de los reglamentos de desarrollo que sean necesarios antes de la fecha límite de la incorporación de la directiva comunitaria al ordenamiento interno del Estado, 18 de julio de 2004. De lo contrario, las empresas e industrias afectadas por la ley y el conjunto de emisores acústicos que contempla la ley no podrán adaptarse a las obligaciones establecidas por esta normativa. Asimismo, es absolutamente imprescindible que se determine cuáles van a ser las aportaciones económicas a cargo de los presupuestos generales del Estado para aplicar la ley y, de este modo, evitar la centrifugación de los costes de aplicación de la ley a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. En la memoria económica del proyecto de ley se prevé un coste de 30 millones de euros para la elaboración de los mapas de ruido y una cantidad sin determinar para la ejecución de planes y programas de acción.


En el mismo debate el portavoz del Grupo Popular nos ofrecía diálogo y decía que esperaba contar con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios para enriquecer la propuesta del Gobierno. Lo cierto es que, hasta la fecha, esa voluntad de diálogo que se nos ofreció ha brillado por su ausencia y la realidad es que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el Grupo Parlamentario Popular han mostrado interés alguno en abrir ningún tipo de negociación. Esa afirmación se vio reflejada de una forma clara la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente, donde se visualizó esta falta de voluntad política. Lo cierto es que el texto del dictamen de la Comisión es prácticamente el mismo que el informe de la ponencia, por tanto casi no ha habido mejoras en ese tema. De las treinta enmiendas que presentó nuestro grupo parlamentario mantenemos vivas 27, ya que sólo se nos aprobaron dos de carácter técnico, las números 111 y 119, y se nos ofreció una transacción con la 96. Por tanto, la situación no puede ser más desoladora. Ante esta incomprensión generalizada que hemos encontrado en la Comisión, los distintos grupos parlamentarios expresamos nuestra oposición al texto del proyecto de ley. La legislación sobre la materia entendíamos que era necesaria como resultado de la trasposición de la directiva comunitaria sobre evaluación y gestión del ruido ambiental de 25 de junio de 2002, pero a la vista de cómo transcurre hoy el debate será esta, una vez más, una oportunidad perdida, ya que con la actual redacción ni se garantiza su aplicabilidad ni se respeta el marco competencial en lo relativo a competencias de las comunidades autónomas. En definitiva, estamos seriamente preocupados y contrariados por la agresión que representa esta ley desde el punto de vista competencial, lo que unido a la nula voluntad de diálogo que existe en este momento nos lleva a ratificar nuestro voto contrario, como ya sucedió en el marco de la Comisión de Medio Ambiente de la semana pasada.


Muchas gracias, señoras y señores diputados; muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas que mantiene, tiene la palabra la señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la urgente necesidad de una ley del ruido, puesto que el ruido es uno de los graves problemas que tiene planteado nuestra sociedad y que está afectando seriamente a la salud física y psicológica de las personas. La Organización Mundial de la Salud ha catalogado el ruido como un contaminante específico. Tenemos datos de que un 74 por ciento de la población española está sometida a niveles superiores a los tolerables y que casi la mitad de las ciudades españolas de más de 100.000 habitantes sufren acusadamente este mal con serios problemas de estrés, alteraciones de conducta, ansiedad, insomnio, problemas fisiológicos, etcétera; en definitiva, un problema de salud y de calidad de vida. Pero hay algo más grave que es un sentimiento de indefensión y de impotencia de la sociedad, al que tienen que hacer frente en muchos casos sin recursos y sin legislación que ampare fundamentalmente a los ayuntamientos. Es cierto que las sociedades desarrolladas generan problemas más acusados, como puede ser el aumento del parque automovilístico, la densidad de población en núcleos urbanos, las industrias, las obras públicas, etcétera, pero también es cierto que deben desarrollarse acompasadamente las políticas adecuadas que permitan avanzar sin que la salud y la calidad de vida se vean seriamente afectadas. Por tanto, hoy podría ser motivo de satisfacción el debate en esta Cámara del proyecto de ley del ruido, ley prometida en el año 1996 por el presidente Aznar y que al final ha tardado casi ocho años en ver la luz; y hoy tenemos ley fruto de la obligación de trasponer la Directiva 2002/49,

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de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental antes del 28 de julio de 2004. Decía que tendremos ley, pero con ella no se van a resolver los problemas que la sociedad tiene planteados, puesto que por falta de ambición en su desarrollo no podrá tener la aplicación efectiva, práctica y necesaria cuando esta ley esté aprobada.


El Grupo Parlamentario Socialista, con criterios de responsabilidad política, ha planteado en primer lugar una enmienda de devolución al Gobierno, que no ha sido aceptada, para llenar de contenido la ley; en segundo lugar, una serie de enmiendas parciales a la ley, en total 48, con las que pretendemos mejorar su contenido, ya que consideramos que no podemos perder la ocasión de tener una normativa básica que permita armonizar las distintas leyes autonómicas y que dé soporte legal a las ordenanzas municipales, en muchos casos hoy de inviable aplicación, y que a la vez dicha ley sea clara y precisa. ¿Cuáles son las principales carencias de la ley y a dónde van dirigidas nuestras enmiendas? En primer lugar, es significativo -y lo hemos dicho en otras ocasiones- que de los 31 artículos de que se compone el proyecto de ley 10 artículos y tres disposiciones adicionales queden sujetos a posterior desarrollo reglamentario. Es cierto, como decía en la Comisión la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se está trabajando en el desarrollo reglamentario para que el proyecto de ley entre en vigor en julio de 2004. Yo me pregunto por qué no se asume el compromiso real, no verbal, aceptando la enmienda del Grupo Socialista para que en el plazo de un año se realice ese desarrollo reglamentario y que de ello quede constancia en la ley. En segundo lugar, el proyecto de ley tiene carencias esenciales de concreción y definición, por ejemplo el artículo 3, que debe fijar las definiciones -como hace nuestra enmienda- de indicadores sonoros día, tarde, noche, en concordancia con la directiva objeto de trasposición, y que debe ser normativa básica de todo el territorio español si no se concreta cuáles van a ser los indicadores al entrar en vigor la ley o los valores límite de emisión y de inmisión. Lo mismo ocurre con los mapas de ruido, que quedan sin definir. Señorías, no podemos aceptar la enmienda transaccional propuesta en Comisión por el Grupo Popular, de contenido muy inferior a lo que marca la directiva. Cómo es posible que uno de los elementos de diagnóstico más importante, como son los mapas de ruido, queden sin definir. Qué puede hacer, pues, un ayuntamiento que quiera poner en marcha un mapa de ruido en virtud de un plan de acción derivado de la Agenda local 21. ¿Con qué medios económicos lo hace, con qué objetivos, qué parámetros utiliza para ello antes de que esto se defina? La ley tampoco va acompañada de un plan de financiación, pese a que la memoria económica que acompaña al proyecto de ley fija en unos 30 millones de euros sólo la cuantía prevista para elaborar los mapas de ruido y los planes de acción. ¿Quién va a asumir los costes? Las comunidades autónomas, los ayuntamientos, una vez más serán los que sufran las demandas ciudadanas sin que existan previsiones financieras.
Tampoco podemos olvidar, señorías, que la directiva que se traspone es de diagnóstico, de medidas concretas para identificar los graves problemas del ruido y avanzar en la prevención. Si no se sientan con rigor los pilares básicos para la realización de un diagnóstico veraz en esta fase, tendremos en el futuro graves problemas incluso de financiación comunitaria. Pero después de esta fase de diagnóstico vendrán los planes de acción, y si el diagnóstico es precario vamos a quedar descolgados, como decía, de las políticas europeas en contaminación acústica para resolver los problemas que hoy tenemos planteados.


Señorías, con esta ley no se van a lograr los objetivos que anunciaba la ministra en el debate de totalidad: uno, disponer de una legislación para prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica -no será posible con la visión de mínimos planteada-; y dos, la trasposición de la directiva queda en el aire vacía de contenido. Previsiblemente el desarrollo reglamentario que haga el Gobierno estará por debajo del contenido de la directiva. En vez de adelantarnos, como sería lo deseable y como corresponde además a un país tan ruidoso como el español -según alguna estadística el segundo más ruidoso del mundo detrás de Japón-, realmente lo tenemos difícil. Señorías, decía en el debate en Comisión que está ley debía tener un objetivo común a todos los grupos políticos, que es dar solución al problema del ruido que afecta diariamente a la salud y a la calidad de vida de las personas. Por tanto, en el recorrido parlamentario que resta es donde podemos aunar esfuerzos para mejorarla, y el Grupo Socialista en esa línea ha presentado enmiendas. Es cierto que se han aceptado algunas transaccionales propuestas por el Grupo Popular, pero todavía son insuficientes para dar realmente contenido al proyecto de ley.


Finalmente, quisiera hacer una reflexión al Grupo Parlamentario Popular a la vista de la intervención en la ley de montes. En el debate de la ley de montes hemos visto que al Grupo Popular le preocupa más la confrontación política, en cierto modo la crispación -que no es el caso del Grupo Socialista-, que buscar soluciones de consenso y de diálogo para el buen hacer parlamentario, que es lo que realmente importa a los ciudadanos. Así que espero respondan a lo que realmente es objeto de la ley que debatimos, que se busquen los instrumentos de coordinación y de financiación con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, para que esta ley dé respuesta eficaz a los problemas sociales que está generando el ruido en la sociedad. Realmente debe ser así, una ley de consenso para dar solución a los problemas sociales. Todo lo demás serán debates en esta Cámara, pero a los ciudadanos les dejará totalmente huecos porque seguirán sufriendo en sus propias carnes la contaminación acústica o los problemas derivados del ruido. Por tanto, reitero al grupo que sustenta al Gobierno,

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al Grupo Popular, que en el recorrido que queda en esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado, se mejore, se corrija, para dar un soporte legal a los problemas que están creados.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Marón.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el objetivo del proyecto de ley que hoy se va a someter a la votación de esta Cámara es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica y, como legislación básica del Estado, lo hace para garantizar a todos los españoles unos niveles mínimos y seguros de protección acústica, independientemente de donde vivan o trabajen, respetando las competencias y responsabilidades de cada administración. El proyecto de ley, señorías, que, como ya se ha indicado, traspone la directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, es fruto de un prolongado trabajo redactado y acordado con los sectores implicados e informado favorablemente en su fase de anteproyecto por la Federación Española de Municipios y Provincias, por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y por la conferencia sectorial. Es decir, hoy votaremos en esta Cámara un proyecto de ley que gozó de un amplio consenso en su fase de elaboración y que respeta escrupulosamente el reparto competencial.


Centraré mi intervención, señorías, en aquellos aspectos del proyecto de ley que se reflejan en la mayoría de las enmiendas que vamos a votar.
Adelanto ya nuestro voto negativo a todas ellas porque no compartimos ni su filosofía ni su contenido. El proyecto de ley clasifica al territorio en áreas acústicas, que deberán ser fijadas por las comunidades autónomas en función de los usos del suelo, y para cada área se establecerán objetivos de calidad, cuya representación gráfica sobre el territorio dará lugar a los mapas acústicos, que constituirán un instrumento importante para facilitar la aplicación de los valores límite de emisión y de inmisión. El Gobierno aprobará reglamentariamente, según indica el texto del proyecto de ley, los criterios para delimitar los distintos tipos de áreas, determinará los objetivos mínimos de calidad y establecerá las normas para delimitar, valga la redundancia, los mapas de ruido, de manera que se consigan unos objetivos similares y que los mapas acústicos sean homogéneos y comparables, tal como establece la propia directiva.


Al entender mi grupo parlamentario la necesidad de estos objetivos mínimos de calidad acústica, no podemos compartir la opinión recogida en las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se dice, asimismo, en varias enmiendas, que el proyecto de ley tiene muchos requisitos pendientes de concreción, por lo que su viabilidad y aplicación práctica no será factible hasta que entre en vigor el reglamento que lo desarrolla. Parece evidente, señorías, que es necesario disponer de una ley aprobada que establezca los instrumentos antes que el reglamento que los desarrolla. Es por ello que se ha presentado el proyecto de ley con anterioridad suficiente a la terminación del plazo de trasposición de la directiva, con el fin de que el desarrollo reglamentario, por lo menos en los aspectos que afectan a la misma, puedan estar finalizados en esta fecha. Parece igualmente evidente que un proyecto de ley, que contempla prácticamente todos los aspectos implicados en la prevención y corrección de la contaminación acústica y que establece, entre otros, los instrumentos de evaluación y control contemplados en la directiva, no pueda incluir todos los aspectos técnicos que comporta su aplicación, entre otras razones, señorías, porque muchos de ellos se están definiendo en estos momentos en la propia Unión Europea. Asimismo, parece evidente que no se prejuzgue cuáles serán los objetivos de calidad acústica, sino que éstos deberán ser cuantificados en el reglamento, siendo decisiva la consideración del factor coste económico, beneficio ecológico, es decir, la consideración del desarrollo sostenible. Para el Grupo Popular esta consideración, el desarrollo sostenible, es algo esencial. Por ello sería interesante conocer si ustedes, que dicen que deberían fijarse ya en el texto del proyecto de ley esos objetivos de calidad, han tenido en cuenta esa consideración: coste económico, beneficio ecológico para presentar sus enmiendas.


Por todo ello, señorías de la oposición, el Grupo Popular cree necesario un posterior desarrollo reglamentario que incluirá criterios complejos y numerosos y que desarrollará y concretará la metodología y cuestiones técnicas requeridas para la elaboración de mapas y realización de mediciones. Imagino, señorías, que les alegrará conocer que se ha constituido ya en el seno del Ministerio de Medio Ambiente un grupo de trabajo para iniciar los estudios que conducirán a la aprobación del reglamento.


Tampoco compartimos, señorías socialistas, la idea expresada en las enmiendas de que el plazo que se da para elaborar y aprobar los mapas de ruido y planes de acción y para adaptar los planes urbanísticos al contenido del proyecto de ley sea excesivo. En el caso de los mapas de ruido y de los planes de acción, los plazos, señorías, son los mismos exigidos por la directiva comunitaria para todos los Estados miembros, también para España, y vienen indicados en el artículo séptimo de esa directiva. En lo que se refiere a los planes urbanísticos, dada la complejidad del trabajo a realizar para el cumplimiento de este precepto, creemos sinceramente que ir a un plazo menor del indicado -cinco años- sería poco realista.


Con estas enmiendas, señorías, demuestran ustedes que, como nos tienen acostumbrados, se trata de enmendar

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todo sin rigor. Se trata de exigir que se recorten los plazos establecidos y acaso sería el momento de saber a qué sesudos estudios, rigurosas evaluaciones o doctos dictámenes se deben esas opiniones de ustedes de que los plazos se acorten, enmendando, nada menos, que los acuerdos -probablemente, estos sí, basados en estudios serios y rigurosos- tomados por los Estados integrantes de la Unión Europea. Casos como estos, que como saben señorías se producen a menudo en sus enmiendas, parece que se tratan de una pataleta infantil: tú dices cinco y yo digo tres. Señorías, la contaminación acústica requiere suficiente rigor y seriedad como para que alguien pueda tomarse el tema a la ligera. Se trata de un proyecto de ley importante, largamente esperado y que contribuirá, sin duda, a prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica. Creo que es tarea de todos intentarlo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora De Lara.


- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. (Número de expediente 121/000150.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 40: Proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas de los señores Núñez y Aymerich, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto doy por defendidas las enmiendas presentadas por dicho grupo.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.


En primer lugar, mi grupo parlamentario ha planteado una serie de enmiendas a este proyecto de ley, un bloque importante de las cuales fueron aprobadas ya, bien directamente, bien con textos transaccionales en los debates que realizamos en la ponencia y que fueron posteriormente ratificadas en la Comisión de Sanidad de esta Cámara. Llegan vivas aquí la relación de enmiendas que hemos firmado, que en su mayoría tienen la característica de perfeccionar y dar algunos sesgos interpretativos en la línea de una seguridad jurídica. Como digo son enmiendas específicas para perfeccionar y enriquecer el texto de la ley. En esa línea puede entenderse la enmienda número 123, igual que la número 125. Nosotros pedimos -y quiero adelantar este juicio de valor positivo sobre la ley porque en la votación final le vamos a dar nuestro apoyo-, tanto en este trámite como en el posterior en el Senado, una consideración por parte del Grupo Parlamentario Popular de aquellas enmiendas que no desvirtúan para nada el fondo del principio que trae el proyecto del Gobierno.
Nosotros coincidimos con él, lo apoyamos y lo secundamos y nuestras enmiendas hacen una aportación complementaria de perfeccionamiento puramente técnico, otras veces de seguridad jurídica, porque hemos valorado muy positivamente el proyecto. Y lo hemos hecho porque nos parece adecuado en un momento como este en España en el que hay unos avances tecnológicos, administrativos, competenciales, etcétera, y también para evitar perder un hilo conductor en las competencias entre las comunidades autónomas entre sí. No solamente globalizo el área de las comunidades autónomas con respecto al área de la Administración central del Estado sino entre las comunidades autónomas entre sí, porque, teniendo competencias, el problema de armonización de muchas actuaciones profesionales tiene que tener en cuenta, en primer lugar, los intereses generales del Estado y de las comunidades autónomas como parte del Estado del Reino de España, pero al mismo tiempo también armonizar una serie de competencias profesionales ya que los colegios y las distintas profesiones concurrentes en la sanidad tienen que ser tenidas en cuenta para que esta armonización funcione. No puede haber un modelo distinto en la comunidad autónoma 1, en la comunidad autónoma 7 o en la comunidad autónoma número 15 -por poner unos ejemplos sin citar a ninguna de ellas-, sobre todo en el caso de aquellas que tienen unas áreas competenciales en el tema de la sanidad que vienen transferidas desde mucho tiempo atrás y que las vienen ejerciendo con un sentido de adecuación constitucional y de responsabilidad profesional. Desde luego nuestro grupo ha escuchado con mucha atención todas aquellas indicaciones y sugerencias que los respectivos colegios profesionales de las distintas profesiones sanitarias, universitarias o de cualquier grado medio o inferior han aportado. Vamos a apoyar con nuestro voto las enmiendas, que no van en un sentido crítico, sino de perfección, en cuanto a la actividad de las profesiones sanitarias, para que este modelo se tenga en cuenta. En este caso no hay aquí implicaciones de tipo económico, que tienen que ser reconocidas por el coste, y a las que me referiré en el siguiente proyecto de ley, para que no olvidemos que hay una serie de competencias autonómicas en las que los parlamentos autonómicos tienen una legislación específica respecto a temas competenciales de los colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, veterinarios, de ATS, enfermería, etcétera, y, en términos generales, de todos los que concurren aquí. Nosotros hemos hecho una justificación muy detallada en cuanto a todos estos principios.


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Alguna de las enmiendas claves que habíamos presentado fueron perfectamente aceptadas en los trámites de ponencia y en las conversaciones de entendimiento que hemos mantenido, tanto mi grupo como la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Sanidad y Consumo. Queremos destacar este hecho fundamental, porque lo que quedan son una serie de enmiendas, que podrían ir por vía transaccional, como puente de entendimiento que ofertamos al Grupo Parlamentario Popular, para que entre los dos podamos terminar de cerrar el perfeccionamiento que esta ley merece. Creo que es una ley que ha de ser interpretada de forma positiva por las distintas profesiones sanitarias. Quedará un área competencial, tanto en las comunidades autónomas como en la Administración general del Estado, para escuchar a los colegios profesionales, sobre todo a los de los cuerpos de veterinarios del Estado que dependiendo orgánicamente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tienen unas áreas competenciales en el Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre todo en el área de la alimentación, donde concurren las profesiones médicas, farmacéuticas y veterinarias, que tiene que ser recogido.


Este diputado, en su vinculación con uno de los cuerpos y profesiones sanitarias, entiende que ha de haber un concepto armónico de la administración competencial, en el que las distintas áreas han repartido y adscrito a diversos cuerpos de funcionarios de las administraciones públicas españolas, así como en sus áreas competenciales, sobre todo en el área de la sanidad alimentaria y de la salud pública, donde prácticamente la concurrencia es de todos, con mayor o menor protagonismo, en que los títulos de licenciados en medicina, veterinaria o farmacia tienen que estar reconocidos, porque son aportaciones positivas, para lograr mayores niveles de calidad de la salud pública en todas las normas que tengan que desarrollarse al amparo de las distintas competencias que puedan tener, bien la Administración general del Estado, bien, sobre todo, las comunidades autónomas, que es desde donde Coalición Canaria ha hecho una lectura conciliadora, positiva y de adición -en el mejor sentido en que se emplea en farmacología- de la sinergia de las actividades profesionales; igual que hablamos de la sinergia de medicamentos, y de que uno más uno no son dos, sino que pueden ser tres o cuatro, esta suma de competencias de las profesiones sanitarias puede tener unos efectos sinérgicos que, inteligentemente colocados en el texto de la ley, pueden conseguir ese avance.


En este afán y en esta línea conciliadora, Coalición Canaria ha presentado sus enmiendas complementarias y de perfeccionamiento técnico o jurídico al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, necesario e imprescindible para una calidad armónica de un derecho común, que tienen todos los españoles por imperativo constitucional, para disponer de una calidad asistencial y profesional de la salud pública y de la sanidad en términos generales.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (Pausa.)

Se dan por decaídas las enmiendas puesto que no son defendidas.


La señora CASTRO FONSECA: Yo defiendo las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): La señora Castro, miembro del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Para defender las enmiendas mantenidas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Empezamos la sobremesa con un proyecto de ley que trae a la Cámara el Gobierno del Partido Popular en el que, como decía el otro día en la Comisión, ustedes han intentado hacer juego de bolillos: le han puesto una vela a Dios y otra al diablo. Esta es la vela del diablo, la de la LOPS y han intentado ustedes poner la vela a Dios a través del estatuto marco, y afortunadamente hemos conseguido mejorarlo.


Este proyecto de ley es innecesario, es el proyecto de ley más farragoso que ha traído el ministerio a la Cámara, y créame, señora ministra, que lo siento. Este proyecto de ley, obviamente, es una solución de compromiso para ustedes, pero es absolutamente inaceptable para la izquierda parlamentaria y, en concreto, para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Nos hubiera gustado, señora ministra, créame, llegar hoy al Pleno de esta Cámara con un texto consensuado sobre esta ley de ordenación de profesiones sanitarias, como así ha venido ocurriendo con otros textos de ley presentados por el Ministerio de Sanidad durante esta legislatura. Y ha venido ocurriendo así, porque todas y todos hemos puesto por encima de nuestros legítimos intereses partidistas los legítimos derechos de los usuarios de la sanidad pública.
Pero esta vez algo ha fallado, esta vez no ha sido posible, fundamentalmente por la actitud del Partido Popular, que ha puesto el empeño en primar los intereses corporativos frente a los intereses del conjunto de los trabajadores sanitarios. La actitud de consenso existente en la aprobación de las últimas leyes, en la que quiero subrayar el alto nivel de responsabilidad política de los grupos de oposición en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales y, particularmente, con el derecho a la salud, ese consenso, producto de esa alta responsabilidad política de la oposición -y por qué negarlo, también de la Comisión de Sanidad del Congreso,

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su presidente, su portavoz y la ministra de Sanidad que tiene un talante claramente reconocido en esta Cámara-, a pesar de todo, ese consenso no ha sido posible y esa esperanza de consenso, señora ministra, es lo que había determinado a mi grupo, al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a no plantear una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, esperando, una vez más, que en el trámite de debate parlamentario se acercasen las diversas posturas planteadas por los grupos de la Cámara y particularmente las posturas planteadas por esta portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que -entendíamos nosotros y seguimos entendiendo- responden a las demandas de amplios sectores sociales y sanitarios. Nos referimos, entre otros, señora ministra, a los auxiliares de enfermería y técnicos que efectivamente ustedes los mencionan en la LOPS, pero solo los mencionan, no son reconocidos como profesionales sanitarios. Esta es una de las primeras razones por las que vamos a decir no a este proyecto de ley. Pero es que además ustedes pretenden hacer una diferenciación en el proyecto de ley entre profesiones sanitarias y profesionales sanitarios, y esta diferenciación, permítame, señora ministra, es un artificio innecesario, ya que todas las profesiones sanitarias tienen un soporte formativo a través de la formación reglada o de sistemas homologados de obtención de las distintas titulaciones. No tiene, pues, sentido la diferenciación entre profesión y profesionales que pretende el proyecto de ley que ustedes nos traen a la Cámara. El tratamiento de las profesiones no reguladas no es adecuado, señora ministra. Mediante juegos de palabras y redacciones enrevesadas se intenta crear la ilusión de que son atendidas las demandas de estos colectivos, pero sin que verdaderamente se les dé la consideración correspondiente. Esto viene a reforzar uno de los handicaps de nuestro sistema educativo, señora ministra, que ofrece titulaciones a los jóvenes sin que luego se les dé una respuesta adecuada en el mercado laboral.


Hay otros elementos que a todas luces nos impiden votar favorablemente este proyecto. Apoyar el texto que aquí se nos presenta esta tarde sería imposible, porque ustedes no solamente se limitan a poner en marcha su política, que es legítimo, sino que hay cuestiones en las que uno tiene que ponerse freno, y ustedes nunca se ponen freno en invadir competencias tanto autonómicas como las que tienen que ver con la negociación sindical. Nosotros creemos que este es un elemento innegociable para la izquierda y en particular para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


¡Qué decir de la comisión consultiva profesional, señora ministra! No puede, bajo ningún concepto, calificarse en este proyecto de ley la comisión consultiva como el único órgano de participación. Nosotros hemos tratado de corregir con nuestras enmiendas estos errores, por decirlo de alguna manera, pero ha sido totalmente imposible. La participación de los profesionales está regulada previamente a través de los órganos de representación en la Ley 9/1987, con sus posteriores reformas introducidas por la Ley 7/1990, 11/1994 y 18/1994 y a través de distintos órganos colegiados creados por normativas autonómicas, como son las juntas facultativas y de enfermería. De ahí, señora ministra, que en nuestra opinión la comisión consultiva profesional no puede ser sino otro órgano más de representación. No es papel de la comisión consultiva, como se pretende en el articulado de la LOPS, la intervención en aspectos que tienen que ver con el campo de actuación laboral y sindical. La Organización del Trabajo, las medidas legislativas que afecten a ésta y las retribuciones, son competencia exclusiva de quienes están legitimados por ley para ello. Y, como usted bien sabe, estos son los órganos con representación sindical, y el papel de estos órganos debe ser informar, proponer y negociar este tipo de medidas. Es algo innegociable, repito; es un retroceso histórico, es algo a lo que no están dispuestos ni los trabajadores de la sanidad pública ni tampoco el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


También invaden ustedes competencias sindicales, porque lo regulado en esta ley sobre la carrera profesional, señora ministra, es tan farragoso que es difícil entender las causas por las que ustedes traen el proyecto a la Cámara en estas condiciones. Fíjese usted. Sobre la carrera profesional, en el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias se detalla exhaustivamente el diseño, requisitos y sistemas de acreditación de los cuatro niveles de carrera profesional. No es comprensible que esa regulación, señora ministra, se realice en esta ley y no en la que vamos a discutir dentro de un momento, en el estatuto marco, que es en el que deben estar precisamente el diseño, los requisitos y los sistemas de acreditación de la carrera profesional. Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es ahí precisamente, en el estatuto marco, señora ministra, en el que se debe ubicar la regulación de toda la materia laboral que afecte a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, por ser de competencia sindical, y no en esta ley de ordenación de profesiones sanitarias, en la que exclusivamente, entendemos nosotros, se debe regular lo relacionado con los colegios profesionales, las sociedades científicas o la formación. La carrera profesional, señorías, es un elemento determinante de las condiciones de trabajo, por tanto debe regularse en la norma que regula éstas, en el estatuto marco, y no en la ley de ordenación que estamos debatiendo en este momento.


Para mi grupo hay otros elementos clave que debemos subrayar. Otro elemento contenido en esta ley de ordenación de profesiones sanitarias, que es una más de las causas que nos impide apoyarla, es la dejación de funciones por parte de la Administración que, de manera irresponsable, renuncia al ejercicio de sus competencias en la ordenación del ejercicio profesional a favor de los colegios. El Partido Popular, en un acto de dejación de responsabilidad, cede las competencias de las administraciones

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públicas a los colegios profesionales. De los colegios dependerá, señora ministra, la validez de la formación, la carrera profesional y las condiciones de trabajo y niveles derivados de lo anterior. También han dado un paso más y les han concedido el registro profesional del personal facultativo y de enfermería, por lo que no existen desde ningún punto de vista garantías de armonización en el conjunto del Sistema Nacional de Salud en lo que se refiere a la formación y a la carrera profesional.
Evidentemente es legítimo, es su política, pero ustedes han hecho aquí una clara apuesta por el corporativismo frente al sindicalismo y esto, en opinión de esta portavoz y su grupo parlamentario, es una regresión, por no decir que es una agresión. Esto último se constata, señora ministra, en la modificación del artículo 5.2 de esta ley. Es curioso precisamente porque este artículo 5.2 resulta que no se sabe por qué aparece pues no hay ninguna propuesta de ningún grupo parlamentario. Es decir ustedes se autoenmiendan, porque les parece poco corporativista su proyecto, y nos modifican el artículo 5.2 para avanzar en su propuesta política. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Se intenta por tanto, señora ministra, de traer así a nuestro sistema sanitario un modelo existente en otros países y en otras profesiones. En estos casos el ejercicio profesional es mayoritariamente libre, en contra del funcionamiento de nuestro modelo sanitario, fundamentalmente público.
¿Pero no habíamos quedado en que todos en esta Cámara estábamos por defender el sistema público de salud? ¿No es esa una voluntad claramente manifestada por la señora ministra de Sanidad y por el equipo de gobierno del Partido Popular? Pues esta era una magnífica oportunidad. Esta sigue siendo aún, porque nos queda todavía pendiente el trámite del Senado, señora ministra, una magnífica oportunidad para demostrarlo. Izquierda Unida va a trabajar en la dirección de no tirar la toalla. Somos corredores de fondo y no vamos a perder la esperanza. Seguiremos intentándolo hasta el trámite del Senado. Estoy segura de que su sensatez la llevará a reflexionar y que será posible modificar esta ley para hacerla más amable y más justa.


Podría seguir manifestándole muchas de las contradicciones que plantean en el texto, como la que se crea con la situación de los abogados del Estado y otros cuerpos jurídicos de las administraciones. Curiosamente estos señores están exentos de la colegiación y del registro en su propio colegio.


Por último, señora ministra, quiero manifestarle que para mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, esta ley no está consensuada con las comunidades autónomas, que a la postre van a ser las que en la práctica van a tener que aplicarla. Qué decirle de la falta de acuerdo con los sindicatos representativos del sector, que supone también articular mecanismos de participación y negociación sindical, así como la falta de implementación de los fondos necesarios para que su desarrollo por parte de las comunidades autónomas sea posible.


Créame, señora ministra, hemos mirado, con el mismo sentido de la responsabilidad que asiste al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, esta norma, como todas las normas que tienen que ver con los derechos a la salud. No hemos encontrado ninguna razón ni siquiera para abstenernos. Seguimos manteniendo el no a este proyecto de ley pero paralelamente seguimos manteniendo la esperanza de que el Partido Popular sea capaz, de aquí a que termine el trámite parlamentario en el Senado, de modificarlo en beneficio de los trabajadores sanitarios de este país.


Nada más, señorías. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes. Señora ministra, agradezco que esté usted presente en este debate. Se lo digo con toda sinceridad.


Señorías, el 23 de mayo el Boletín Oficial de las Cortes publicaba el proyecto de ley presentado por el Gobierno, de ordenación de las profesiones sanitarias, que tiene por objeto, tal y como indica su título, regular los aspectos básicos -y subrayo lo de básicos- de las profesiones sanitarias, en lo que concierne al ejercicio profesional por cuenta propia o ajena, a la formación de los profesionales y al desarrollo profesional de los mismos.


El texto presentado por el Gobierno recibió en su día 310 enmiendas, de las cuales 52 fueron presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. De estas 52 enmiendas que mi grupo presentó, en trámite de ponencia se han admitido literalmente o transaccionado enmiendas que eran imprescindibles, a nuestro entender, para subsanar omisiones graves -que con toda seguridad no estaban provocadas con intención, pero que lo eran de hecho- en el sentido de que la ley, sobre todo en sus artículos 2 y 3, no reconocía determinadas profesiones sanitarias de nivel diplomado. Por ejemplo, la ley omitía a los diplomados en nutrición humana y dietética, a los protésicos dentales y a los higienistas y a un largo etcétera de profesionales del área sanitaria de formación profesional de grado superior, como los técnicos superiores en anatomía patológica, en citología, en dietética, en documentación sanitaria, en higiene buco-dental, en imagen para el diagnóstico, en laboratorio de diagnóstico clínico, en ortoprotésica, en prótesis dentales, en radioterapia, en salud ambiental, en audioprótesis, y de profesionales del área sanitaria de formación profesional de grado

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medio, como los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y en farmacia.


La portavoz que me ha precedido hacía también referencia a esta serie de profesionales y manifestaba que, aún después de la aceptación de las enmiendas y del debate en ponencia y en comisión, este tema no había quedado suficientemente bien solucionado. Mi grupo parlamentario opina que por descontado todo es perfectible, incluso esto. Todavía tenemos -y sería conveniente no desestimarlo- la vía del Senado para perfeccionar algún fleco pendiente, pero con toda sinceridad creemos que se ha subsanado mucho y se ha corregido la literatura inicial con la que el proyecto de ley, en concreto los artículos 2 y 3, fue presentado en la Cámara. Además me consta que la propia ministra de Sanidad -y quiero manifestarlo así- puso interés en admitir que, como estos temas no habían sido suficientemente bien recogidos, era necesario modificarlos en trámite de ponencia.


Digo esto, señora ministra, porque cuando se lee el texto del informe de la ponencia o del dictamen de la comisión y se observa lo que está en negrita y lo que está en letra impresa normal se comprueba que el texto en negrita es casi superior al normal, lo que indica que las correcciones que se han introducido al proyecto de ley son tan significativas que lo que nos ha ocurrido a todos los ponentes es que hemos estado trabajando con un proyecto de ley paralelo al que había entrado en la Cámara más que con el proyecto original. Esto -depende de cómo se enfoque- puede ser bueno o puede ser malo. Si uno defiende que esto visualiza la voluntad de transaccionar y de llegar a acuerdos, evidentemente es positivo para el grupo que sustenta al Gobierno y, por descontado, para el propio Gobierno. Pero también quiero señalarle, señora ministra, con toda la humildad pero con toda la convicción, que cuando esta situación se da en demasía -y se ha dado- también significa que ha habido una cierta precipitación por parte del Gobierno para presentar el proyecto sin que hubiese sido suficientemente pasado por el tamiz que debería evitar estas situaciones.


Quiero manifestar la satisfacción de mi grupo parlamentario por haber transaccionado nuestras enmiendas números 261, 262, 271, 306 y 307, que iban dirigidas a los artículos 2, 3, 7.2 y a la disposición adicional séptima, transacción que se ha hecho razonablemente bien, a nuestro entender, entre otras cosas, porque estas enmiendas eran coincidentes con otras enmiendas presentadas por otros grupos políticos, incluso por el propio Grupo Parlamentario Popular, por lo que casi era de obligado cumplimiento que llegásemos a acuerdos de una manera relativamente fácil y razonable. Ahora bien, en otras enmiendas, las que hacen referencia a los artículos 10, 11, 15, 27, 39 y 40, en las que mi grupo parlamentario ha intentado, con todos los recursos de los que esta portavoz es capaz, llegar a acuerdos y a transacciones -porque lo he intentado en el trámite de ponencia y lo he intentado en la propia Comisión-, hasta el día de hoy dicha negociación no ha sido satisfactoria. Estas enmiendas, señora ministra, para nosotros tienen tal calado -aunque hay más enmiendas vivas en este momento, quiero ir directa al grano-, que, de no llegar a un acuerdo transaccional, nos sería imposible dar el sí a esta ley de ordenación de las profesiones sanitarias.


Por una cuestión de procedimiento, lógicamente hablo antes que el Grupo Parlamentario Popular, pero sé y me consta que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me va a ofrecer aquí, en el Pleno, la posibilidad de que las enmiendas a los artículos 10, 11, 15 y 27 sean transaccionadas en el Senado de manera satisfactoria para mi grupo. Es un compromiso del Grupo Parlamentario Popular del que no dudo, es un compromiso de la propia ministra de Sanidad con mi portavoz, con don Xavier Trias, e incluso con personas muy significativas de la Consellería de Sanidad.
Nosotros, señora ministra, a pesar de que estamos en un tiempo político complicado, porque tenemos las elecciones en Cataluña el día 16 de noviembre, estamos al final de una legislatura y muchas veces existe la tentación en todos los grupos políticos de poner más énfasis en lo que nos separa que en lo que nos puede unir -aunque son tentaciones y cada uno opta por lo que cree que es más conveniente-, queremos dejar muy explícito que las discrepancias que esta portavoz ha mantenido en estos artículos no son coyunturales, no son de oportunidad política, no son porque, como estamos en elecciones, toca discrepar, sino que son discrepancias de convicción. Son discrepancias porque nosotros pensamos que una ley básica, como es esta ley, no tiene por qué ser tan exhaustiva ni tan reglamentarista; y lo que no puede ser de ninguna manera es que lamine o conculque competencias que tenemos las comunidades autónomas.


Yo entiendo, señora ministra, que sobre todo en sanidad, que es un tema muy sensible, cuando estamos hablando de una ley básica, todos, todos sin excepción, intentamos buscar un mínimo común denominador que sea garantista. Esto lo entendemos y además nos parece razonable, porque al fin y al cabo todo lo que concierne a la sanidad está concerniendo a todos los españoles y españolas, a todos, porque todos en un momento dado de nuestra vida somos usuarios del sistema. Esto es así. Por tanto entiendo la preocupación del ministerio por hilar fino en estos temas y no dejar que se burlen determinadas garantías. Lo que ocurre es que, en esta voluntad de ser garantista, el Gobierno se excede; en concreto en estos artículos.


De la misma manera que entendemos que una ley básica tiene que compartir unos criterios mínimos, con la misma contundencia decimos que lo que no podemos aceptar es que conculque competencias o que entre en una cuestión tan reglamentista que suceda algo que para nosotros es muy negativo: cuando una ley se convierte en un corsé, en una coraza, esta ley no sirve, desde nuestro

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punto de vista, para el objetivo que pretende. En el siglo XXI, en el año 2003, señora ministra, con un modelo de sanidad del Estado español donde todas las comunidades tenemos competencias -en algunas de ellas, permítame la inmodestia, llevamos muchos años de experiencia en competencias sanitarias, con total disposición y voluntad de poner esta experiencia en común y poderla compartir-, es necesario que las leyes que el Gobierno traiga a la Cámara, en lugar de ser un corsé que limite la gestión, sean, si me permite el símil, como una malla elástica y que se adapten suficientemente bien a las distintas necesidades y realidades.
Seguro que el Gobierno y todos los grupos parlamentarios que estamos aquí representados en el fondo pretendemos el mismo fin.


Con esta ley ¿qué pretendemos? Ordenar las profesiones sanitarias, dar respuesta a los legítimos intereses y reivindicaciones de los profesionales del sector. Pero además tenemos la obligación de hacer compatible estos derechos e intereses de todos los profesionales del sector, de todos, sin distinción, con una sanidad moderna, con una sanidad que pueda estar garantizada no sólo para el momento presente sino para el futuro y que sea capaz, en función de la realidad histórica y de las distintas necesidades y peculiaridades que en materia de sanidad tenemos las comunidades autónomas, de ofrecer a cada uno aquello que más se le ajusta. Esto está reñido, señora ministra, con el corsé.


Para terminar, a pesar de que en el trámite de ponencia y de comisión nosotros nos abstuvimos, si, como espero, el portavoz del Grupo Popular anuncia ahora que en el Senado nos va a aceptar enmiendas transaccionales, habladas ya entre nosotros, a los artículos 10, 11, 15, 27, 39 y 40, y llegamos a un acuerdo satisfactorio para ustedes, para todos los grupos y para nosotros, que somos los que mantenemos las enmiendas vivas, en virtud de esta oferta, repito, que espero que me hagan, le anuncio que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará positivamente a este proyecto de ley. Pensamos que tiene mucha importancia para todo el sector y, confiando en su palabra, en la palabra de la ministra, confiando, por descontado, en la garantía del portavoz de mi grupo parlamentario, el doctor Trias, y en las buenas relaciones que siempre existen entre el ministerio y la consellería y en el compromiso de esta portavoz, nos parece que todo esto es suficiente garantía para, sin llegar a un acuerdo formal ahora, la promesa de que lo veremos en el Senado avale hoy nuestro sí.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Blanco.


El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el dictamen de la Comisión de Sanidad acerca del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Mi grupo, cuando mandó el proyecto el Gobierno, no presentó una enmienda a la totalidad porque entendimos que era una ley oportuna, puesto que pretendía y pretende desarrollar el artículo 36 de la Constitución y porque, si bien el proyecto era perfectible y mejorable y tenía un fuerte carácter reglamentista, esto lo intentábamos hacer mediante enmiendas parciales.


A estas alturas de la tramitación, tenemos que decir que este dictamen de la Comisión no se parece en nada al proyecto que el Gobierno, que usted, señora ministra, presentó en esta Cámara. No tiene nada que ver con el proyecto inicial, fruto de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentó a todos y cada uno de los artículos de esta ley y sus disposiciones adicionales. El Grupo Popular no presentó una enmienda a la totalidad -con esto no estoy negando que el Grupo Popular pueda enmendar los proyectos de ley del Gobierno; evidentemente lo puede hacer-, pero sí presentó enmiendas parciales a todos los artículos, de manera que el texto ha cambiado radicalmente. Es más, después de escuchar a doña Zoila, portavoz del Grupo de Convergència i Unió, no sabemos exactamente qué vamos a enmendar en el Senado. Si bien esta técnica parlamentaria no es hábito del Grupo Popular en esta Cámara, señorías, sí es verdad que con una cierta frecuencia nos encontramos con que enmendamos un texto que luego, en ponencia, el Grupo Popular ha enmendado radicalmente, por lo que nuestras enmiendas no tienen nada que ver con el texto que presentó el Gobierno. Me van a permitir que diga con toda cortesía que esto raya en el filibusterismo parlamentario, entendido este como una manera de obstruir la labor que tienen constitucionalmente reconocida los grupos parlamentarios de la oposición. De todas maneras quiero subrayar algo que me parece fundamental para fijar la posición de mi grupo: si el dictamen de la Comisión -este que estamos analizando hoy- hubiese sido el proyecto presentado por el Gobierno, el Grupo Socialista hubiera presentado una enmienda a la totalidad. Esto refleja, señora ministra, señoras y señores diputados, el grado de desacuerdo con este dictamen que hoy analizamos.


Tres son los bloques de desacuerdo. Naturalmente hay otra serie de enmiendas que son menores, pero que -como ha dicho la portavoz de Izquierda Unida- inciden en determinadas profesiones que quedan recogidas no de una manera muy explícita. El primer bloque es el papel que se asigna a los colegios profesionales. Señora ministra, de su proyecto de ley al dictamen de la Comisión hemos pasado de una libre colegiación de los profesionales a una colegiación obligatoria, como diré más adelante.
El segundo bloque es la carrera profesional y el tercer bloque es la financiación del conjunto del sistema.


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Las profesiones tituladas son aquellas cuyo ejercicio exige la posesión de un título académico o profesional. La Constitución española, en su artículo 36, ha sometido esta materia a reserva de ley de las Cámaras.
Por esta razón el único competente para su regulación es el legislador y de ninguna manera lo son los intereses corporativos o los sectoriales.
Sin embargo, muy a nuestro pesar, tenemos que decir que en el dictamen de la Comisión, en el artículo 2, apartado 1, aparece un requisito que no es obligado por la Constitución española, pero que sí es fruto de la voluntad política del Grupo Popular. Establece que las profesiones tituladas tienen que estar obligatoriamente organizadas en colegios profesionales. Por tanto, señora ministra, señoras y señores del Grupo Popular, no estamos hablando de profesiones tituladas, estamos hablando de profesiones colegiadas, que es otra cuestión. Y hablando de profesiones colegiadas, les recuerdo a SS.SS. que la Ley de colegios profesionales, en su artículo 3, apartado 1, dice: Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio en cuyo ámbito territorial se pretende ejercer.
Si es obligado tener el título, está claro que también es obligada la colegiación. Este requisito de la colegiación, añadido a la posesión del título académico o profesional para ejercer la profesión, vulnera o modifica el régimen jurídico del ejercicio de una profesión sanitaria, puesto que la eficacia jurídica del título profesional deja de ser suficiente. No vale solamente con tener el título profesional o el título académico, además hay que estar colegiado.


Nos preocupa, señorías, la disposición adicional octava, que es nueva, fruto de una enmienda del Grupo Popular, y que tiene un marcado carácter preconstitucional, por decirlo de una manera suave. Todas SS.SS. saben -me refiero a esta disposición adicional- que las infracciones y las sanciones constituyen una reserva de ley, que está depositada de nuevo en estas Cámaras. Pues bien, en la citada disposición se dice que las infracciones y las sanciones quedan sometidas, como no podía ser de otra manera, a la Ley General de Sanidad, pero también, en materia deontológica, al régimen sancionador de las corporaciones profesionales correspondientes.


En resumen, que, si para ejercer la profesión es obligado estar colegiado y los colegios profesionales tienen la capacidad sancionadora, puede suceder que habiendo sido un colegiado suspendido por el colegio, como para ejercer la profesión tiene que estar colegiado, se le suspende también en el ejercicio de su profesión, sea en la esfera publica o privada. Tanto es así, señora ministra -y veo que hace gestos de desaprobación-, que en el artículo 4.2 -léaselo, señora ministra- se dice: El ejercicio de las profesiones sanitarias se regulará por esta ley y las normas reguladoras de los colegios profesionales. Eso es nada. Y, según la Constitución, solamente la ley -estamos hablando, señorías, del capítulo segundo de la Constitución española- puede regular las profesiones tituladas. Quiero significar a SS.SS. que en el proyecto de ley se decía: La ley y demás normas aplicables. Era más suave su proyecto de ley en esta materia que lo que han hecho los correligionarios de su grupo que apoya al Gobierno. Sin embargo, en este dictamen se especifica como norma reguladora a los colegios profesionales.


Por otra parte, la presencia de los colegios profesionales se hace notar a todo lo largo de la ley: en la formación especializada, en la formación continuada, en los consejos y comisiones nacionales al respecto y en la Comisión Consultiva Nacional, como ya se ha dicho, como único órgano de participación de los profesionales. En todas estas materias no nos parece en absoluto mal que los colegios profesionales participen. Mi experiencia personal es que llevo 34 años colegiado como médico, sin tener obligación puesto que estoy en excedencia. No me parece en absoluto mal las competencias que dan en esta materia a los colegios profesionales, lo que nos parece mal es que se les den estas competencias excluyendo a otros.
Nos parece mal que, tal como establece nuestro ordenamiento jurídico, señora ministra y señoras y señores del Grupo Popular, no son sólo los colegios, sino también los sindicatos, las centrales sindicales mayoritarias del sector en este caso y otras asociaciones y entidades constituidas legalmente las que sirven para velar por los intereses profesionales y económicos. Y esto lo reconoce nuestro sistema jurídico.
Sin embargo, ustedes consagran única y exclusivamente a los colegios profesionales y a los especialistas. Esto es en lo que atañe al exceso de competencias al primer bloque, exceso a nuestro juicio de competencias que asignan a los colegios profesionales.


La segunda de las razones por la que nos oponemos a este dictamen es por cómo se desarrolla la formación profesional y la formación continuada. Se establece, como ya he dicho, distintas comisiones y consejos que tienen como misión garantizar los conocimientos de los profesionales y la correspondiente mejora de su cualificación. La composición de estos organismos es mayoritariamente la representación de los mismos especialistas que se van a evaluar a ellos mismos corporativamente. No existe ningún agente externo, a excepción de la propia Administración, que está en minoría en estas comisiones, que garantice que los conocimientos de los distintos profesionales se adecuan a las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Por ninguna parte aparece, como he dicho ya, las organizaciones sindicales ni otras asociaciones legalmente constituidas. Volvemos al antiguo sistema de padrinos tan conocido en la docencia española, un sistema endogámico que no garantiza la carrera profesional basada en las capacidades.


Y el Grupo Socialista tiene otro bloque de rechazo, como he manifestado al principio, a este dictamen del proyecto de ley, que no es menor que los anteriores y que se refiere a la financiación del sistema. En esta

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materia el Gobierno y el grupo que le sustenta han ido a la zaga de los acontecimientos. Tiene que quedar claro que si la ley contempla un desarrollo profesional en su título III, quiere decir que debería llevar implícito un sistema que garantizase que los efectos económicos que se derivan de esta ley serán objeto de revisión por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá que proponer las medidas necesarias para garantizar el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud. El proyecto remitido a esta Cámara por el Gobierno no decía ni palabra de esta materia. En la ponencia el Grupo Popular nos propuso una formulación a todos los grupos, que a nuestro juicio no garantizaba en absoluto el equilibrio financiero. Tanto es así que en la Comisión ofreció una nueva formulación transaccional, a favor de la cual nuestro grupo votó, siendo los motivos que aquel que está a favor de lo más no puede estar en contra de lo menos. Sin embargo, quiero señalar que para el Grupo Socialista es absolutamente insuficiente y que vamos a votar en contra, en el ánimo de intentar llegar a un acuerdo, como otros grupos han manifestado, en ésta o en otras materias, en la Cámara Alta. Además, nos parece que tiene una redacción absolutamente confusa.


Nuestra posición en esta materia es la siguiente: Si la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas dice que se determinará el impacto positivo o negativo que pueden suponer las actuaciones del Estado legislador, que eventualmente pueden hacer recaer en las comunidades autónomas obligaciones de gastos no previstos, y si la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, establece que será causa de revisión del fondo de suficiencia en el año base las ampliaciones sobre servicios transferidos o traspasados, mi grupo entiende que este criterio debe ser incorporado a la ley.


Mi grupo por estas razones quiere manifestar su radical disconformidad con este proyecto, con este dictamen, en este momento, como hicimos en Comisión, con la esperanza, eso sí, de que en trámites sucesivos se corrijan estas deficiencias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Pido perdón a todos los señores diputados por esta irregularidad en el orden de las intervenciones, justificada por un asunto que es de índole personal, puesto que hoy ha sido el último día que ha estado en esta Cámara mi compañero el diputado José Juan González de Txabarri, lo ha aprovechado para estar con todos nosotros y un mal cálculo por mi parte ha hecho que no haya sido capaz de estar a la hora en la que debía hacerlo para formular la propuesta, la postura de mi grupo en relación con esta iniciativa legislativa, sobre la que debo hacer dos afirmaciones, en principio.


En primer lugar, si alguien lee el "Diario de Sesiones" comprobará que, habiendo presentado mi grupo enmiendas a las iniciativas, no estuvo presente ni en la ponencia ni en la comisión, por haber estado ausente del país, en viaje parlamentario. No debe por tanto imputarse a desinterés por nuestra parte en la iniciativa. Quiero además manifestar que, en el caso concreto de las iniciativas que proceden del Ministerio de Sanidad, el cocinamiento previo -y me han oído ustedes hablar esta mañana de temas referidos a justicia en los que me quejaba de lo contrario-, el haber negociado con anterioridad tanto con quienes son portavoces del Grupo Popular en esta materia como con el equipo del ministerio, permite en muchas ocasiones esta ausencia del propio trámite parlamentario, puesto que ya es por todos conocido cuál va a ser el posicionamiento respecto de una iniciativa y está bien clara y patente cuál es la postura de la formación política correspondiente, así como la del Gobierno y el grupo mayoritario en relación con ella.


Reconocí a la señora ministra, al Gobierno, valor al presentar esta iniciativa, puesto que respecto de las profesiones poco se ha atrevido nadie a regular en este país desde la entrada en vigor de la Constitución. Es evidente lo que la Constitución dice sobre los colegios y sobre las profesiones, pero también lo es que respecto del ejercicio de ellas y respecto de las tituladas las comunidades autónomas han venido desarrollando competencias y en algunos casos -la Comunidad Autónoma del País Vasco es un ejemplo de ello- tienen asumidas competencias en la materia. Insisto en que empezar por las profesiones sanitarias, campo tan cercano a los ciudadanos por tantos motivos, campo en el que tantos y tan buenos servidores públicos prestan servicios -y también privados, ¿por qué no decirlo?-resulta difícil y ha supuesto un avance importante que haya habido un proyecto de ley en la materia. Si yo dijera que nos ha parecido magnífico y que estamos absolutamente de acuerdo con lo que se plantea estaría mintiendo, porque enmiendas tenemos presentadas y están en el Boletín Oficial de las Cortes.


De los cuatro bloques de que consta el proyecto, los importantes, los referidos a los artículos 2, 3, 6 y 7, el apartado referido a formación hace referencia al desarrollo profesional y, en lo transversal, la participación en el consejo consultivo y la colegiación han sido objeto de posicionamientos, de negociaciones y de planteamientos que en algunos casos han culminado con una coincidencia en las posturas, pero que en otros motivarán que en algunas de las partes del texto de la ley mi formación política vaya a tener que manifestar su voto negativo, aunque en conjunto creemos que son más las aproximaciones que los alejamientos.


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La enmienda número 9, al artículo 1, perfectamente retirable porque la esencia de la misma está asumida en el texto del dictamen de la Comisión, me permite, sin embargo, manifestar el posicionamiento respecto al ordenamiento jurídico y las capacidades para abordar una regulación sobre las profesiones sanitarias que tiene un resultado complicado en relación con la distribución, legislación estatal básica, legislación autonómica de desarrollo y además con la numerosísima jurisprudencia que sobre esta materia ya se ha vertido: que el artículo 36 de la Constitución dice lo que dice y, aun no siendo delimitador de competencias, ahí está; que existe también el artículo 35, interpretado por la sentencia 20/1988, es una obviedad, y me remito a lo que consta como justificación de la enmienda inicial que presentamos al texto de la ley y que es el objeto troncal del discurso que respecto a las posibilidades de esta regulación manifestamos.


Nuestra enmienda número 10 pretende modificar los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 2, respecto a los cuales ha habido aproximaciones interesantes con el ministerio y con el grupo parlamentario mayoritario, también presente en las negociaciones, pero nos parece que en una interpretación correcta, a nuestro entender, del artículo 36 debiéramos mantener tales textos.


En la enmienda número 11, referida al artículo 3, apartado 2, se hace referencia a que se establecerán, cuando proceda, los procedimientos para la especificación de una certificación acreditativa de la habilitación profesional de los interesados. Que esto es competencia de las comunidades autónomas es algo conocido desde las distintas opciones políticas y por tanto manifestamos que mantenemos esta enmienda.


La enmienda número 12 ha sido objeto de retirada. No sé cómo consta en el informe de la ponencia porque, al haber estado ausente, hay algunas cuestiones que no sé si quedaron perfiladas con la debida corrección.
Imputo a mi ausencia estas incorrecciones y nada tengo que decir respecto a lo que hayan plasmado en el informe los servicios de la Cámara, pero me gustaría manifestar que encuentro perfectamente incluida esta enmienda en el tenor literal del dictamen de la Comisión. De la misma manera consideramos que la enmienda número 13, referida al artículo 8, debe ser retirada por haber presentado el Grupo Popular enmiendas en idéntico sentido de las por nosotros sostenidas. La enmienda número 14 debe sufrir igual suerte puesto que también ha sido incluida, aunque al principio manifestábamos nuestra reticencia respecto a algunas de las previsiones temporales que en la misma se contemplan.


Creemos que la enmienda número 15 debería ser objeto de aceptación -y así lo conseguimos en las discusiones previas con el ministerio- puesto que la previsión que en la misma se contiene existe ya en la Ley 18/1997 del Parlamento vasco, que regula el ejercicio de las profesiones tituladas, y tuvimos la necesaria aceptación de quienes negociaron con nosotros desde el grupo mayoritario. Aceptamos por tanto la negociación con una pequeña transacción que nos fue ofrecida por el grupo mayoritario.


Estamos también dispuestos a retirar la enmienda número 16, que ignoro si está incluida o no en el dictamen de la Comisión puesto que en la nueva redacción que se ofrecía para que los equipos de profesionales, una vez constituidos en el seno de las organizaciones e instituciones sanitarias, habrían de ser aprobadas por estas, que tal era la pretensión que alentaba la enmienda de lo que nosotros sosteníamos.


La enmienda número 17 nos gustaría poder sostenerla, si bien, si me permiten el lenguaje coloquial, no tiene para nosotros una importancia A, no es una prioridad absoluta, sino B. Puesto que todavía queda el trámite del Senado, no cejamos en nuestro empeño de que quizá pueda llegar a quedar plasmada en el contenido del texto definitivo de la norma que se apruebe.


Alguna divergencia hay entre lo que se nos ha presentado como informe de la Comisión y las enmiendas del Grupo Vasco que figuran como pendientes, puesto que la enmienda número 18, referida al artículo 12, no figuraba como tal en el texto. Nos gustaría poder seguir manteniéndola, en coherencia con otras enmiendas que regulan artículos referidos a cuestiones organizativas respecto a las cuales -todo el mundo lo sabe, la señora ministra y el grupo mayoritario también- hemos entendido que las cuestiones organizativas deben obligatoriamente pertenecer a las comunidades autónomas. El apartado de la ley en el que nuestra objeción es más seria está a partir del artículo 14, al que se refieren nuestras enmiendas 19 a 26. Entendemos que la competencia que para sí se atribuye el proyecto del Gobierno no existe en modo alguno, puesto que creemos que son las comunidades autónomas las que son titulares del establecimiento de nuevas titulaciones. Lo son también de distintos desdoblamientos de los que no quiero hacer ahora gala puesto que veo que el tiempo corre en mi perjuicio, y bastante irregularidad he cometido con la presencia en este momento respecto al artículo 15 y al 18 -enmiendas 20, 21, 22 y 23- hasta llegar al artículo 26. Todas ellas radican en la intención de que determinadas competencias sean asumidas por las comunidades autónomas, manteniendo, eso sí los requisitos generales que se pretenden establecer en la normativa general.


El artículo 27 es tratado en nuestra enmienda número 27, que nos hubiese gustado poder retirar, pero creemos que tiene alguna dificultad ya que reconoce que la acreditación de centros y unidades docentes es una función que corresponde al Ejecutivo y nosotros hemos venido sosteniendo que corresponde como tal a las comunidades autónomas. Estamos todavía a la espera de ver si el texto definitivo recoge esta nuestra inquietud y no tendríamos inconveniente en hacer de esta iniciativa objeto de retirada.


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La enmienda número 28 se refiere al artículo 28 -hay coincidencia entre nuestra numeración y los artículos-, y desde nuestro punto de vista supone un exceso de regulación para una norma básica determinar qué ha de entenderse como presidencia de la Comisión de docencia en un centro sanitario.


En el artículo 29.1.b) hay una cuestión que no sé si ha sido objeto de falta de entendimiento entre nuestro grupo y el Grupo Popular, puesto que creíamos aceptada nuestra enmienda y, sin embargo, hemos visto que en el dictamen aprobado por la Comisión no se hace referencia en el apartado 1.b), insisto, a que los cuatro vocales de entre los especialistas de reconocido prestigio que se propugnan estén avalados por la representación autonómica en la Comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud. De las conversaciones con el ministerio entendíamos que esta pretensión había sido recogida y, por tanto, aun no constando como tal el mantenimiento de la enmienda, nos gustaría hacer cuestión de que esta enmienda número 29 se nos había prometido que iba a ser objeto de especial aceptación.


El artículo 31 es objeto de nuestra enmienda número 30, que mantenemos, si bien insisto en que tampoco hacemos excesivo hincapié en ella porque se trata de una comisión de segundo nivel que en realidad coordina las comisiones nacionales de especialistas. Respecto al artículo 33 -nuestra enmienda número 31-, nuevamente nos obliga a entender que hay cuestiones que deben corresponder a las comunidades autónomas, que tengan la posibilidad de hacer las convocatorias de especialistas y que los títulos sean expedidos por ellas. La enmienda número 32 no sé si figura o no en el listado que la Cámara nos ofrece, pero mi formación política la retira en este momento porque en realidad hacía referencia a un defecto, a algo formalmente mal entendido por nuestra formación política y que creemos que queda correctamente tratado en el proyecto de ley. El artículo 37 es objeto de la enmienda número 33, que me parece que ya consta como aceptada en la ponencia, y así lo manifiesto también en este momento. La enmienda número 34, que hace referencia al artículo 39.1.b, 1.d, 1.f y 2, es objeto de mantenimiento por nuestra parte, puesto que, a pesar de los avances habidos, no llega a perfilarse del todo la idea que pretendía sostener nuestra formación política.


La señora PRESIDENTA: Señora Uría, le ruego concluya, por favor.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señora presidenta.


Pocas enmiendas me quedan ya, las números 35, 36, 37 y 38, que no han sido objeto de aceptación por parte de la formación mayoritaria, si bien respecto a la enmienda número 36 le manifiesto que hay una transacción ofrecida en su día por el ministerio que nos parece que quizá sea objeto de aceptación por nuestra parte.


Respecto a la enmienda número 37, se nos decía que en realidad protege al empleador, supongo que con la intención de halagar a la condición de tal que tiene la Administración vasca. Sin embargo, nos parece que es posible protegerse desde otras perspectivas y nos gustaría que no quedase así plasmado en el texto de la norma. Estamos en condiciones de retirar la enmienda número 38, que hace referencia a la disposición adicional cuarta, ya que deja en manos de las comunidades autónomas la determinación de qué efectos tendrá el desarrollo profesional.


Señorías, desde esta perspectiva que he manifestado de una satisfacción no absoluta, creo, sin embargo, que mi formación política puede en conjunto dar una votación favorable al proyecto, excepción hecha de los artículos que he manifestado respecto a los cuales conoce de sobra el ministerio y el grupo mayoritario que hay un número de enmiendas sobre las que no ha sido posible el acuerdo por existir una discrepancia al entender nosotros que las facultades eran ejecutivas y, por tanto, correspondían a las comunidades autónomas. Tal será el sentido de nuestras votaciones.


Retiraremos expresamente un número de enmiendas, según ha quedado expresado en la exposición que he hecho -si no, estoy en condiciones de aclararlo a los servicios letrados-, y votaremos que sí a la totalidad del dictamen, excepción hecha de los artículos a los que me he referido en los que la discrepancia en cuanto al contenido competencial es evidente para nuestra formación política. No descarto, señora ministra, que en el trámite de esta norma por el Senado pueda haber avances distintos que nos permitan, cuando las enmiendas vuelvan a esta Cámara, dar el voto afirmativo a las partes que ahora han quedado colgando, si se me permite decirlo en lenguaje coloquial, desde nuestra perspectiva, en relación con la iniciativa.


Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mingo tiene la palabra.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Señora ministra, bienvenida a esta Cámara, donde me corresponde intervenir en representación del Grupo Parlamentario Popular para la aprobación en esta sesión plenaria de la ley de ordenación de profesiones sanitarias, una ley que viene siendo demandada por todos los profesionales del ámbito sanitario, del ámbito de la salud, desde hace muchos años. Por lo tanto, es una ley que nuestro grupo parlamentario, a diferencia de otros grupos parlamentarios, entiende que es necesaria porque viene a garantizar y a cubrir las demandas de los distintos profesionales sanitarios y viene a dar respuesta a la ambición natural de nuestros

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profesionales por estar cada día más y mejor formados, ya que la formación pre y post en docencia y en investigación, en la elección de la especialización, en las áreas de capacitación específica, en la investigación y en la docencia y sobre todo en el desarrollo ulterior de su capacidad profesional, es decir, la regulación del desarrollo profesional y de la instauración de la carrera profesional y también de lo que es denominado formación continuada en las distintas especialidades no sólo es un derecho sino también un deber para perfeccionar y modernizar las capacidades de nuestros profesionales en dirección del bien común.


Es además esta una ley necesaria porque actualiza los conocimientos e incorpora novedades a la formación de nuestros profesionales; regula el trabajo en equipo; regula el acceso multidisciplinar a las enfermedades y a los enfermos; permite la evaluación personal, voluntaria y periódica de las competencias de los profesionales y añade una gota de humanización y de comunicación entre los profesionales y los enfermos y al mismo tiempo contempla algo que es digno de destacar, que es la capacidad de los profesionales para sentirse suficiente y adecuadamente representados en aquellas comisiones de docencia, de investigación o de formación continuada o en el Consejo nacional de especialidades de ciencias de la salud o en la Comisión consultiva profesional que desarrolla esta ley y que ya venía contemplada en la Ley de cohesión y calidad.


Por último, es una ley necesaria porque está encaminada también a todos los ciudadanos al permitirles más información y seguridad, porque van a gozar de una calidad mejor en la asistencia sanitaria, porque les permite el acceso a registros públicos en los centros que tendrán que ser renovados cada tres años, en los colegios profesionales y en las distintas administraciones central y autonómica, porque a fin de cuentas garantiza que la publicidad que hagan los distintos profesionales no sea engañosa y porque en los importantísimos artículos 4 y 5 de la ley se regulan los principios básicos del comportamiento de los profesionales con las personas que atienden en las áreas de los conceptos no solamente del conocimiento sino también en los de la lex actis, de la deontología, de la modernidad, de la eficacia y de la humanidad.


Es ésta, pues, una ley necesaria, pero permítanme que les diga que también es oportuna porque encaja en las tres leyes que hemos aprobado unánimemente en este Congreso de los Diputados, la Ley de autonomía del paciente, la Ley de cohesión y calidad del sistema y la que vamos a aprobar en el punto siguiente del orden del día, que es la ley del estatuto marco, porque a fin de cuentas estas cuatro leyes marcan los derechos y las obligaciones de los enfermos, de los pacientes, de los ciudadanos, de las administraciones, de los profesionales y de los colegios para trabajar todos en común buscando mejores resultados en salud. Ese es el objetivo de la ministra y del Gobierno, y por eso nuestro grupo parlamentario va a apoyar, como es natural, con una gran convicción, la bondad de esta ley, como lo va a hacer con la ley del estatuto marco que debatiremos a continuación.


Tengo poco tiempo para debatir con los distintos grupos políticos las razones por las cuales nuestro grupo parlamentario no va a apoyar las enmiendas que quedan vivas. A esta ley, como se ha señalado anteriormente, se han presentado 310 enmiendas, y el espíritu de diálogo y de consenso que caracteriza a la ministra y a todo el Grupo Parlamentario Popular y que ya ha sido destacado por los distintos intervinientes ha hecho que se hayan admitido literalmente 60 enmiendas y que se hayan admitido en la filosofía de las enmiendas de los distintos grupos 106 enmiendas transaccionales. Es decir, es verdad que la ley ha sido modificada respecto a la que trajo el Gobierno y que fue aprobada por el Consejo de Ministros, pero se ha hecho para negociar entre todos los grupos y para buscar mejorar la ley, como dijo la ministra, y es sorprendente cómo el Ministerio de Sanidad y el Grupo Parlamentario Popular se acercan a todos los grupos y envían a la Cámara para su aprobación en el Pleno un proyecto remozado en relación con el original y ese proyecto se aleja del Grupo Parlamentario Socialista, cuando ha sido de los grupos de los que más enmiendas se han admitido. Creo, señores del Partido Socialista, que están completamente equivocados en este aspecto, y me congratulo de que los distintos grupos nacionalistas, que fueron los primeros en criticar que esta ley era centralista, se han ido aproximando, con muchas enmiendas transaccionales, prácticamente a todos los artículos. En ese sentido, quiero decir al portavoz de Coalición Canaria que en el Senado estudiaremos con toda atención las posibles enmiendas transaccionales a las enmiendas que quedan vivas -lo mismo con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergència i Unió, a los que en los artículos 10, 11, 15 y 27 se han aceptado y contemplado en el proyecto numerosas enmiendas transaccionales-, que entendemos que son insuficientes, y esa apuesta de su grupo por la aprobación de la ley tendrá su correspondiente visado en el Senado.


Dos comentarios en relación con el Grupo de Izquierda Unida. El Grupo Parlamentario Popular y la ministra de Sanidad se han acercado extraordinariamente a ustedes también en este proyecto de ley. Decir que los sindicatos y los colegios profesionales salen unos perjudicados y otros mejorados en la relación con la ley es un criterio que no compartimos para nada, señora Castro. Los sindicatos tienen su papel, que está perfectamente reconocido en el estatuto marco y recogido en esta ley en una disposición adicional; los colegios profesionales también, y en cuanto a la relación de los profesionales con los colegios, no es que se dé a los colegios mayor capacidad ni mayores competencias, en absoluto.
Eso no es así, señores del grupo de Izquierda Unida y señores del Grupo Socialista. A los profesionales se les da lo

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que se merecen. Es lo que están demandando y es lo que marca la ley, la ley actual y las leyes futuras.


Aducen criterios en relación con la financiación. Hemos llegado a acuerdos en la disposición final segunda que ha sido recogida en el dictamen y nueva transaccional que ha sido aceptada por el Grupo Socialista. ¿Qué es lo que recoge? ¿El principio de subsidiariedad? ¿La financiación autonómica? ¿La financiación sanitaria de siempre? ¿Los criterios de estabilidad y de suficiencia financiera? ¿Los criterios de lealtad? ¿El Consejo interterritorial? Lo que viene a decir la Ley de cohesión y calidad que fue aprobada por todos los grupos políticos. No entramos en la colegiación obligatoria o no. Marcamos y respetamos lo que dice la ley. No entramos en las incompatibilidades; son competencias de las comunidades autónomas. Lo dejamos abierto porque esta es una ley que busca el mínimo común denominador, que es abierta y que busca la implantación de todos aquellos objetivos que persigue y que son intrínsecamente buenos en cada comunidad, en cada servicio regional de salud y en cada centro. Esa es, señor Blanco, la importancia de la carrera profesional como está instituida en este momento y que, por cierto, recoge una parte de sus enmmiendas, de cinco a seis años. Pero no es lo mismo desarrollar una carrera profesional -y usted y yo lo conocemos muy bien porque practicamos el tema- en un hospital 7.3 que en un hospital 6, en un hospital de una capital de tres millones de habitantes que en una capital de 500.000, en un hospital que en un centro de salud. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MINGO ZAPATERO: Tiene que haber una carrera profesional centrada en las distintas especialidades, en las distintas categorías y en cada centro y servicio, en la línea de que, como es natural y como persigue esta ley, nunca se pierdan las competencias de la responsabilidad de administraciones, tanto sea el Ministerio de Sanidad como las administraciones de las comunidades autónomas.


La señora PRESIDENTA: Señor Mingo, le ruego concluya, por favor.


El señor MINGO ZAPATERO: Un último aspecto, señora presidenta, y termino.


Nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas de todos los grupos que quedan vivas y mantiene el criterio de consenso y de diálogo que es fruto del acuerdo y es una de las misiones de la ministra de Sanidad y Consumo, que quiere mantener esta situación de diálogo y que espera que en el trámite del Senado lleguemos a acuerdos para seguir mejorando la ley y para acercarla a lo que es más importante de todo, que es mejorar la salud de todos los ciudadanos y garantizar que los profesionales sigan siendo lo que son hoy, es decir, el motor de nuestro Sistema Nacional de Salud.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.


Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen del proyecto de ley del patrimonio de las Administraciones públicas.


En primer lugar votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por el señor Rodríguez Sánchez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 103; en contra 159; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 3 y 10.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 15; en contra, 161; abstenciones, 97.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las números 7, 9 y 17.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 13; en contra, 158; abstenciones, 103.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 16; en contra, 155; abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 18; en contra, 158; abstenciones, 97.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) En primer lugar, las número 142 y 155.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 12; en contra, 162; abstenciones, 100.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 145, 147 y 151.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 14; en contra, 156; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 12; en contra, 154; abstenciones, 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 102; en contra, 159; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 159; en contra, seis; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Iniciamos, a continuación la votación de las enmiendas y del dictamen de comisión del proyecto de ley del ruido. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto han decaído. Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 32, 34 y 37.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 115; en contra, 158; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV.)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 17; en contra, 257; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 125, 126, 137, 141, 144, 145 y 146.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 105; en contra, 158; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 129, 130, 131 y 132.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, seis; en contra, 160; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, seis; en contra, 258; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 97, 116, 117 y 120 a 124.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 108; en contra, 159; abstenciones, cinco.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las números 95 y 110.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 11; en contra, 159; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 17; en contra, 159; abstenciones, 100.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 103; en contra, 159; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar los artículos 1, 12 y la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 160; en contra, 19; abstenciones, 96.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos a continuación el artículo 3 letras d), i), l) y m).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 161; en contra, 16; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos, a continuación, los artículos 4, 8, 10, 20, 25, 26 y 28, las disposiciones adicionales primera, cuarta y décima, las disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales primera y segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 276; a favor, 159; en contra, 117.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 259; en contra, 15; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Iniciamos la votación de las enmiendas y el texto del dictamen de Comisión del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las enmiendas presentadas por el señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 102; en contra, 160; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del señor Aymerich, de la 103 a la 112.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 105; en contra, 157; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas número 113 a 122.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, cinco; en contra, 159; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, dos; en contra, 161; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, votamos las números 10, 11, 12, 17, 24 y 30.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 101; en contra, 158; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 19, 29, 31, 35, 37 y 38.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, tres; en contra, 159; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, uno; en contra, 257; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las número 44, 47, 49, 54, 56 y 58.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 104; en contra, 161; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, siete; en contra, 159; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 274, 280, 287, 302, 308 y 309.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 116; en contra, 159; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 275.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 113; en contra, 156; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 276.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 13; en contra, 160; abstenciones, 103.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 281.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 15; en contra, 158; abstenciones, 101.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 289.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 111; en contra, 155; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 11; en contra, 157; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 102; en contra, 161; abstenciones, 12.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos los artículos 1, 8, 19, 13, 26, 32, 33, 37, 40 a 46, 50 y 51, las disposiciones adicionales segunda a sexta, las disposiciones transitorias primera a quinta y la disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 266; en contra, seis; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos, a continuación, los artículos 10 y 15 segundo párrafo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 258; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos los artículos 11, 27 y 39.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 158; en contra, 104; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del artículo 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 270; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Votamos los artículos 14, 16 a 20, 22, 24 y 25.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 269; en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos los artículos 21 y 23.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 269; en contra, dos; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 169; en contra, 102; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (Número de expediente 121/000151.)

La señora PRESIDENTA: Punto 41 del orden del día: Dictamen de Comisión del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de las enmiendas presentadas por el señor Aymerich, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.


Tomo la palabra para dar por defendidas las enmiendas del señor Aymerich, del Grupo Parlamentario Mixto, al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.


Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta.


Señorías, por favor, ruego que las conversaciones se desarrollen fuera del hemiciclo, de forma que podamos continuar con un Pleno audible para algunos.


Para la defensa de las enmiendas presentadas y mantenidas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir con brevedad. En primer lugar, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley que trae el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. En términos generales es necesaria y adecuada la aprobación definitiva por las Cortes Generales de esta ley por todas sus consecuencias, por tanto, la apoyaremos; sin embargo, al defender nuestras enmiendas queremos hacer unas aportaciones para que en este trámite o posteriormente en el Senado nos den su apoyo tanto el Grupo Popular, que sustenta al Gobierno, como la ministra de Sanidad y Consumo, con respecto a las competencias de sanidad que tiene nuestra

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comunidad. En esta amplia batería de enmiendas hay algunas que se refieren a mejoras técnicas puntuales, son de aclaración tanto del texto como de las garantías jurídicas y administrativas. En la enmienda 102 proponemos una amplia modificación en cuanto al desarrollo profesional de la formación continuada, los principios generales, la acreditación y el reconocimiento y la carrera profesional. En esta formación continuada es donde tiene que residir una de las garantías fundamentales, la bondad y la eficacia de esta ley para su aprobación definitiva.


Se había discutido tanto en ponencia como en Comisión una serie de enmiendas dirigidas específicamente al hecho insular. Dadas las características del hecho insular en Canarias, determinado por la fragmentación de su territorio, propio de un archipiélago, el personal estatutario de los servicios de salud se ve obligado a dar una estructura de funcionamiento de servicios a cada una de las islas, no solamente de infraestructuras sino también de los servidores de la salud pública. Por eso hemos pedido en nuestras enmiendas un reconocimiento de este hecho insular, que viene también caracterizado por los costes económicos. Por ejemplo, en la enmienda 105 proponemos la adición referida a las circunstancias que pudieran derivarse del hecho insular. Este hecho condiciona la ubicación, la prestación de servicios, las garantías y el personal correspondiente sanitario, y dejaría sin sentido operativo lo que el texto de la ley indica en los aspectos generales del Estado.


En el mismo sentido va nuestra enmienda número 111, que trata de destacar los condicionamientos de la fiscalidad y el régimen económico de Canarias. A través de conversaciones con el Grupo Popular, de exposiciones en ponencia y Comisión y de negociaciones con los altos cargos del Ministerio de Sanidad y Consumo, comenzando por la señora ministra, hemos hecho llegar al ministerio la existencia de un condicionamiento debido a la población a la que se atiende en Canarias, que no es solamente la población de hecho y de derecho que tiene la prestación garantizada por ley, sino también la población flotante que recibe el archipiélago canario; no hay que olvidar que más del 70 por ciento de su producto interior bruto es generado por el turismo. La prestación de un servicio de salud pública a una población flotante generada por el turismo, compuesta sobre todo de ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea con los que existen acuerdos sanitarios de salud pública, nos obliga a hacer una declaración de principios sobre el coste de estos servicios adicionales. Por tanto en esta enmienda número 111, así como en la 112, proponemos añadir unas disposiciones adicionales nuevas que hagan referencia al régimen económico y fiscal de Canarias, para que la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias, en especial el sistema de desarrollo profesional y la jornada de trabajo, se lleve a cabo respetando y salvaguardando su peculiar régimen económico y fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 8/1980, de financiación de las comunidades autónomas. Si no, entraríamos -y esto lo veremos cuando tengamos que debatir la ley de Presupuestos Generales del Estado y la ley de acompañamiento en próximas fechas- en la demanda de dar cobertura económico-financiera al coste adicional de la prestación del servicio público de salud a la población que procede de otros países, bien del entorno de la Unión Europea, bien de otros con los que el Gobierno de España tiene suscritos acuerdos de prestación simultánea de estos servicios. Nosotros reivindicamos la competencia de la comunidad autónoma y la preservación de su régimen común y de los principios que inspiran el régimen económico y fiscal de Canarias.


La enmienda 112, que antes he citado, se refiere a las garantías de atención sanitaria en todos los territorios insulares. Creemos que una ley generalista no puede introducir una serie de agravios comparativos entre las islas capitalinas de Gran Canaria y de Tenerife, que tienen unas infraestructuras de atención sanitaria mejores y más completas, un mayor número de prestadores del servicio y más personal dedicado a la salud pública, y las denominadas islas menores o periféricas, que se encuentran a veces con una deficiencia de medios que obliga además a cuantiosas inversiones en infraestructuras y en dotación y abono de los salarios a las plantillas de los funcionarios o de los contratados que se dedican a este servicio. Lo que pedimos aquí es el reconocimiento del hecho insular, para que no se produzcan agravios comparativos ni déficit en la aplicación de los presupuestos a una obligación general que nos imponen.


Señora presidenta, esto es lo que tenía que decir este portavoz respecto a sus enmiendas, tendiendo puentes de entendimiento para que en trámites posteriores, en el trámite del Senado y en conversaciones con el Ministerio de Sanidad y Consumo, podamos encontrar la solución a los problemas que nos plantearía esta ley. Se trata de problemas que en el lenguaje actual serían colaterales, pero que son muy importantes para la Hacienda pública de Canarias y para los presupuestos de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno canario y que además irían en detrimento de la calidad del servicio sanitario, un servicio sanitario que queremos que se preste sin agravios comparativos, sin déficit y sin omisiones que perjudiquen un derecho constitucional y estatutario que está contemplado en el régimen especial canario.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, como ya manifesté en el debate de totalidad que hubo respecto de esta norma, mi formación política no tenía excesivo interés en que esta ley -que está prevista en el artículo 84 de la Ley General de Sanidad- llegase a tener existencia. Ello es debido a la natural suspicacia que siempre los nacionalistas tenemos hacia lo básico y a su proyección, excesiva proyección en algunos casos, que creemos que tiende a limitar las posibilidades de autogobierno. Existe siempre el temor de que un alto grado de detalle llegue a plasmarse en los textos legales, hasta el punto de que muchos no podamos luego considerar que queda nada para los desarrollos autonómicos, más que si estos son de corte reglamentario. Sin embargo, debo manifestar que el texto presentado por el Gobierno fue notablemente mejor de lo esperado. Además, también ha habido una actitud absolutamente receptiva por parte del grupo mayoritario y por parte del propio equipo del Ministerio de Sanidad, entre los que quiero citar personalmente -porque muchas veces es necesario citar los nombres- a la propia ministra aquí presente, a la directora, Ana Sánchez, y también al subsecretario, Pablo Vázquez, por su capacidad para la negociación y por su receptividad. En cuanto a la celebración de reuniones, esta mañana se me decía que había habido 60 reuniones en una norma y mi formación política no había sido convocada a ninguna, por el contrario en Sanidad se nos convoca y cuando se nos convoca sí que asistimos a todas y cada una de las reuniones. Todos estos elementos que he citado nos llevaron poco a poco a ir perfilando una posición distinta respecto del proyecto que se nos iba presentando por el Gobierno. Por ello en este trámite procederé a posicionarme, puesto que no asistí al trámite en Comisión por encontrarme ausente, respecto de las enmiendas que mi grupo ha sostenido al dictamen de la Comisión y en su día al informe de la ponencia.


Me gustaría manifestar que hay una cuestión no contenida en las enmiendas de mi formación política y que ha quedado plasmada de una forma defectuosa en el artículo 11 -que quizás podamos corregir en el Senado- cuando hace referencia al artículo 32 de la Ley 30/1987, en el que se regula un aspecto que nosotros creemos que es de absoluta competencia de las comunidades autónomas y éste se reconduce a la negociación. Es obvio que el propio artículo hace referencia a la negociación en todo lo que no sea competencia de las comunidades autónomas, el clásico "sin perjuicio" que por supuesto puede dar lugar a la interpretación que nosotros pretendemos, pero que a lo mejor podría llegar a tener una redacción más feliz, insisto, en el trámite del Senado.


A continuación defenderé las enmiendas que nosotros teníamos presentadas a partir de la número 2, que fue aceptada y retirada en las negociaciones que sostuvimos con el propio ministerio, y que pretendía sólo la inclusión en el artículo 33, apartado 2, del término "de funciones".


La enmienda número 3, que mantenemos en este trámite, si bien tampoco hacemos especial cuestión de ella, se refiere al artículo 37 cuando se exige que en la ley aparezca el plazo de 2 años, aunque sea como preferente, para la celebración de determinados tipos de pruebas de participación del personal estatutario. Nunca nadie, más que la Comunidad Autónoma vasca, ha celebrado pruebas con esta periodicidad. Si se está ahora en condiciones de hacerlo, lo podremos ir viendo, pero de momento la experiencia nos acredita que el período de 2 años -repito, excepción hecha de la Comunidad Autónoma Vasca, que sí lo ha hecho- resulta excesivamente encorsetado para ser fijado en una norma que como estatuto básico se pretende implantar con el carácter de general.


Nuestra enmienda número 4, referida al artículo 48, puede ser objeto de retirada en este trámite, puesto que figura como todavía viva en este momento ante la Cámara, porque nos parece bien, nos parece interesante la transacción a la que se ha llegado con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nos parecía que nuevamente se residenciaba en instituciones centrales determinadas competencias, pero ha quedado plasmado que solamente cuando las convocatorias afecten a más de un servicio de salud. Dicho en tales términos, insisto, nos parece aceptable el acuerdo que se contiene en la transacción correspondiente con el Grupo Catalán, y mi grupo, por tanto, retirará la enmienda correspondiente.


Al artículo 45 sí que mantenemos nuestra enmienda número 5, aunque reconocemos que existen aspectos importantes que se han incluido, como, por ejemplo, que las pagas extraordinarias se devenguen preferentemente, no necesariamente, en los meses de junio y diciembre. Sin embargo, nos parece importante que pudiera suprimirse el apartado 2, ya que de ninguna manera podemos asumir -lo tenemos así recurrido numerosas veces ante el Tribunal Constitucional- que las retribuciones sean una cuestión de regulación a nivel estatal por norma básica. Creemos que las retribuciones del personal son una cuestión que viene determinada por la planificación, la organización y la gestión de los servicios de salud y, como tal, competencia de las comunidades autónomas La satisfacción, por tanto, es parcial y mantendremos la enmienda, a resultas de que pueda haber mayores avances en el Senado.


Al artículo 43 le hacíamos objeto de nuestra enmienda número 6. Creo que el acuerdo al que se ha llegado sobre cómo se definen las retribuciones complementarias es adecuado y estamos en condiciones en este momento de retirar dicha enmienda número 6, como he indicado, puesto que queda matizado con el "podrán ser" que se ha introducido en el texto y con la propia transitoria sexta que finalmente otorga plena autonomía a cada servicio de salud.


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En el artículo 48, los apartados 2 y 3 eran objeto de regulación en lo que se refería a la jornada complementaria y los vamos a mantener. Nos parece que la referencia que se hace al carácter anual respecto del cómputo de estas retribuciones puede ser perfectamente mantenida e incluso es la avalada por el propio Tribunal Supremo. Parece más aconsejable que el tope, que se reduce a seis meses en la pretensión contenida en el texto que se propone por el Gobierno. Quizá la cuestión debiera enfocarse al revés, que el proceso fuese a la inversa, es decir, no fijar tope máximo, dejando al acuerdo entre las partes la posibilidad de fijar limitaciones en el marco de la negociación colectiva.


Al artículo 49 mantenemos nuestra enmienda, con dudas. Cuando se habla del régimen de jornada especial creemos que, en parte, se ha aceptado nuestra postura y, también en parte, somos sensibles a los razonamientos que desde el equipo del ministerio se nos han hecho, entendiendo que lo que se incluye en este apartado no es una faena, dicho sea en lenguaje coloquial, sino una oportunidad para que cada uno pueda poner orden en sus respectivos servicios. De momento la mantenemos, señorías, pero lo valoraremos, veremos si es objeto de reproducción o no, o de debate, cuando esta norma pase por el correspondiente trámite en el Senado.


Respecto del anterior artículo, al que me he referido, sí me parece que ha habido una inversión respecto del texto que con la formación política a la que represento se había pactado y que no era objeto de enmienda por nuestra parte. Su punto 1, cuando se habla de urgencias, se reduce a unidades que ya las tenían, salvo negociación sindical. Creemos que se trata de un añadido nuevo, que se habrá pactado con alguna organización sindical, quizá con alguna otra de las formaciones políticas que están presentes en esta Cámara, que recorta la posibilidad de organización de los servicios propios de cada uno de los servicios de salud, y entendemos que era mejor el texto inicial del proyecto. Quiero llamar la atención en este trámite, pero momento habrá para hablar de ello cuando la ley se residencie en el Senado. Nosotros lo enmendaremos y veremos a qué se puede llegar.


En el artículo 60, nuestra enmienda número 9 pretendía cierto contenido respecto de la jornada de trabajo a tiempo parcial, que parece ser que es sólo peculiaridad de algún personal transferido a la Comunidad Autónoma vasca, puesto que se nos dice que no existe en otros sitios. Es, desde luego, personal a extinguir, por lo que no se va a perpetuar en el tiempo, y también será objeto de valoración que quizá debiéramos sacarlo del texto de la norma para que no aliente perspectivas de regulaciones respecto del personal futuro y se sepa única y definitivamente que es un derecho adquirido por aquéllos que fueron transferidos en estas condiciones. En este momento mantenemos el texto tal y como está, pero valoraremos su mantenimiento o la continuación de esta discusión en el trámite del Senado.


La enmienda número 10, al artículo 61, será objeto de retirada puesto que ha podido con nosotros la capacidad de persuasión de la directora, Ana Sánchez, a quien antes he citado, que llegó a convencernos -y creemos que es honesto reconocerlo- de que la concesión de permisos para cursos de formación y especialización debiera tener siempre el compromiso de que quien los recibe, quien los realiza, luego pueda continuar prestando servicios en esa misma institución, que es la que ha padecido su ausencia y ha financiado esa formación. Por tanto, anuncio también que nuestra enmienda número 10 es retirada en este mismo momento.


Por supuesto, no retiraremos, señora ministra, señorías, la enmienda número 11, que hace referencia a una disposición adicional en la que pretendíamos una adición. Es la enmienda reina de las por nosotros presentadas, es la que incluye las pretensiones de singularidad del régimen foral al que tienen derecho los tres territorios históricos que conforman en este momento la Comunidad Autónoma vasca. Pretendemos un tratamiento similar al que se establece ya en el propio texto de la norma respecto de la Comunidad Foral de Navarra. Sé que no la van a admitir porque una y otra vez hemos pretendido esto, pero sí quisiera dejar constancia en el "Diario de Sesiones" que lo que pretendemos es lo que en este momento está contenido en el Estatuto de Guernica, que ancla en esta materia sus contenidos en la disposición adicional primera de la Constitución, Constitución y estatuto que la formación mayoritaria en esta Cámara considera intocables. No nos podemos creer que tales sean sus pretensiones cuando llevamos 25 años de vigencia constitucional que permite singularidades respecto de las comunidades que tienen territorios históricos y así se hace respecto de la Comunidad Foral de Navarra, y sin embargo en 25 años, insisto, una y otra vez pretendido, no ha tenido recepción en texto alguno, ni en 24 años de vigencia del Estatuto de Guernica. Mal podemos creer que ustedes son constitucionalistas y estatutistas cuando una pretensión que se ancla en la literalidad de estos preceptos no tiene cabida en una norma como ésta, aunque conocemos que corren malos tiempos para que se reconozca la diversidad entre las comunidades autónomas. La Constitución reconoce la diversidad y por tanto será siempre objeto de pretensión por nuestra parte.


Nuestra enmienda número 12 va dirigida a la disposición transitoria sexta, apartado segundo. Hace referencia a lo planteado en el artículo 49.1 y de momento la mantendremos, si bien será objeto de análisis posterior ver si sostenemos o no algo respecto de ella en el trámite en el Senado puesto que quizá sí sea posible, como se sostiene desde la formación mayoritaria o desde el propio Gobierno, que se pueda cohonestar perfectamente su contenido con el del artículo 49 bis.1. Especial interés tendríamos en que pudiese aprobarse la disposición derogatoria única con la enmienda de adición que hemos incluido, así como el correspondiente apartado

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en la exposición de motivos donde se hace referencia a la jurisdicción que ha de ser competente para reconocer los litigios que se refieran a los contenidos propios de este estatuto que hoy pretendemos aprobar. Nos gustaría oír por parte de los responsables del Gobierno razonamientos distintos de la mera cuestión que hace referencia a que una jurisdicción está muy sobrecargada y la otra está mucho más libre; cuestiones de fondo, cuestiones de materialidad en los contenidos debieran ser los que guiaran la atribución a la jurisdicción social o a la jurisdicción contencioso-administrativa, como es nuestra creencia, de determinadas cuestiones y no tanto la plantilla judicial que en uno u otro momento exista. Estamos acostumbrados a que estas cuestiones dancen de una parte a otra (así está en la Ley de la jurisdicción contenciosa y así ha estado bailando en las leyes de acompañamiento) pero no vamos a dejar de hacer hincapié en que lo lógico sería, desde la lógica de la distribución entre jurisdicciones, que las cuestiones a las que esta ley se refiere estuvieran residenciadas en la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que vamos a mantener nuestras enmiendas números 13 y 14.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Uría, le ruego vaya concluyendo.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Concluyo, señora presidente.


Simplemente quería decir que para nosotros la no admisión de la enmienda que contiene el reconocimiento de la diversidad que en función de la cláusula de reconocimiento de la foralidad en la propia Constitución pretendemos supone un importante revés, supone algo que nos podría llevar a sostener una postura no excesivamente favorable al texto que hoy aprobamos. Pensamos, sin embargo, que está fuera del texto de la norma, es un añadido que nosotros pretendemos respecto de ella, lo seguiremos sosteniendo en el Senado y será el objeto de nuestro discurso, pero no nos va a llevar a oponernos formalmente al texto del dictamen de la Comisión, tal y como hoy he sostenido en esta Cámara.


He hecho objeto de exposición de las enmiendas que retiraba y anuncio que el dictamen será en su conjunto favorablemente votado por el grupo parlamentario al que represento.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


Para la defensa de las enmiendas mantenidas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, afortunadamente, la tarde se va acabando y voy a tratar de ser lo más breve posible, a pesar de que la norma que se trae esta tarde a esta Cámara es importantísima; una norma, por cierto, demandada con insistencia por mi grupo parlamentario a lo largo de esta legislatura, en la que he tenido la responsabilidad de ser portavoz de Sanidad, mediante la solicitud de comparecencia de la titular del departamento en febrero de 2002 y el respaldo de cuantas mociones e interpelaciones relacionadas con el tema se han presentado en esta Cámara por parte de otros grupos parlamentarios. Ya poníamos de manifiesto entonces la urgencia de una regulación, señora ministra, para el personal estatutario, pendiente desde la promulgación de la Ley General de Sanidad, hace ya 17 años, que mantenía y sigue manteniendo a estos trabajadores y trabajadoras con una regulación, desde nuestro punto de vista, preconstitucional y a todas luces claramente insuficiente. Insuficiente no sólo por los cambios producidos en las relaciones laborales dentro del Sistema Nacional de Salud, sino también por la finalización del proceso transferencial que hace imprescindible el desarrollo de normas de carácter básico que contribuyan a la articulación del sistema y a darle cohesión. En este sentido, los profesionales sanitarios son el principal recurso y a su vez la principal fuente de gasto. Es impensable, por tanto, un sistema público cohesionado y coherente sin una regulación de personal que garantice unos mínimos y fije unas pautas comunes de actuación. Esto, entendemos en mi grupo parlamentario, lejos de entorpecer la gestión que corresponde a las capacidades constitucionales de las comunidades autónomas, debe favorecerla y permitir la permeabilidad entre los distintos servicios de salud, y hoy, por fin, señora ministra, tenemos la oportunidad de poder votar el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley que pretende cambiar esta situación. En este sentido, y con la voluntad de favorecer el acuerdo, encaró mi grupo el tramite parlamentario, la elaboración de las enmiendas presentadas al proyecto de ley y, en consecuencia, la elaboración del informe de la ponencia. El texto presentado por el Gobierno a esta Cámara tenía serias carencias, pero sobre todo, entendíamos nosotros, adolecía de una serie de elementos que, lejos de armonizar las relaciones laborales del personal estatutario, suponía desregular y en algunos casos retroceder en derechos ya consolidados.


No es la primera vez -lo saben muy bien ustedes, señoras y señores del Partido Popular y también SS. SS. del resto de los grupos parlamentarios- que esta diputada manifiesta en esta Cámara que no se puede hablar de calidad sin unos trabajadores estimulados, lo que nesariamente ha de suponer, además de unas retribuciones adecuadas, las posibilidades reales de desarrollo profesional y de promoción interna, una organización del trabajo basada en una jornada y una distribución adecuada de la misma, así como la posibilidad de participación en todas estas cuestiones. Y es en esto, señorías, donde el proyecto del Gobierno del Partido Popular, y debo decir también las enmiendas de algunos grupos parlamentarios de la Cámara, no parecían haberse detenido.


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Así las cosas tuvimos que recurrir al sentido de la responsabilidad que caracteriza a mi grupo parlamentario, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y a la vocación de mi grupo parlamentario de contribuir siempre a las normas que nacen en esta Cámara y que tienen un calado tan profundo, como la norma que discutimos esta tarde, con un espíritu constructivo.


La tarea no ha sido fácil, señora ministra, la tarea ha resultado dura y difícil, pero al final ha prevalecido la capacidad de acuerdo y hemos podido introducir modificaciones que para nosotros y nosotras resultan esenciales, precisamente por afectar a estos aspectos que citaba anteriormente y por suponer garantías para los trabajadores que mi grupo comparte y defiende. Como ya manifestamos el pasado 19 de junio en el debate de totalidad del proyecto, nuestras prioridades se situaban en la regulación adecuada de la jornada de trabajo mediante la trasposición de la Directiva 93/104 CEE, el tratamiento dado a la carrera profesional, la consideración del papel de la negociación colectiva como elemento claro de cohesión, el trato discriminatorio del personal en formación, las materias de la contratación temporal, su causalización y evitar a toda costa la consolidación de los contratos basura, especialmente los contratos para guardias. He de decir, señorías, que hemos conseguido modificar el texto en el sentido propuesto, de tal manera que el proyecto de ley se acerca hoy más a nuestros objetivos y entendemos que puede propiciar la cohesión y la armonización de las políticas de personal en el Sistema Nacional de Salud, garantizando la movilidad de sus trabajadores y trabajadoras. Así, señora ministra, hemos llegado al día de hoy, en que el texto que se somete a votación recoge una reivindicación histórica de mi grupo parlamentario y de mi grupo político, una reivindicación histórica de Izquierda Unida, como es la negociación de las condiciones laborales del personal en formación, presente y futuro -como usted bien sabe, señora ministra-, del servicio público y garantía de calidad.


De igual manera, en materia de empleo el texto recoge la causalización de la contratación. Nuestro trabajo, traducido en enmiendas parlamentarias, ha modificado la redacción inicial del texto para conseguir que la contratación temporal tenga una causa clara y sobre todo una finalización definida, al mismo tiempo que se evita la concatenación fraudulenta de los contratos. Hecho esencial en este aspecto ha sido rectificar la pretensión de generalizar la figura del denominado contrato de refuerzo mediante ley básica. Ya ha quedado clara nuestra especial preocupación inicial porque el futuro texto supusiera una adecuación entre la organización del tiempo de trabajo y las jornadas realizadas, no sólo por lo que afecta a la salud laboral del personal sino también para algo que nosotros ponemos en la centralidad de nuestras preocupaciones y situamos por tanto como fundamental, que es garantizar esa atención de calidad que se merecen los ciudadanos y las ciudadanas españoles. Con el acuerdo alcanzado en este punto se ha cerrado convenientemente la jornada máxima de quienes vienen realizando guardias, las cuales son sinónimo de jornadas prácticamente ilimitadas, llegándose en no pocos casos a superar las 5.000 horas anuales, señorías. Al mismo tiempo, hemos modificado una redacción ambigua que permitía la ampliación generalizada de la jornada hasta 48 horas semanales.


En relación con la carrera profesional y a pesar de nuestro rotundo rechazo al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, el estatuto marco recoge algo que toda la normativa laboral da por supuesto, que las condiciones laborales se recogen en normas laborales y son objeto de negociación con las organizaciones sindicales. Sin duda, señorías, la carrera profesional será la que establezca una parte importante de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública.


Por último, hemos superado el carácter consultivo del foro marco para el diálogo social, dotándolo de las capacidades de negociación previstas para los empleados públicos. Se culmina así con una demanda sindical histórica la existencia de un ámbito de interlocución y negociación de las normas de carácter básico. No me cabe la menor duda, señora ministra, de que este nuevo instrumento del cual se dota al Sistema Nacional de Salud servirá para avanzar en la armonización de las condiciones laborales y, como consecuencia de ello, en la cohesión del propio sistema.


Es evidente que, a pesar de estos avances, la norma que hoy se vota aquí no es la norma de Izquierda Unida, no es ni siquiera la norma que llevan esperando 17 años los grupos parlamentarios y en especial los trabajadores, pero es la norma que hemos sido capaces de acordar, y digo que hemos sido capaces de acordar porque ha sido Izquierda Unida quien fundamentalmente ha modificado estos aspectos esenciales para el bienestar de los trabajadores. Esta es, por tanto, la norma posible y no da satisfacción a todas nuestras expectativas. Quedan pendientes algunas deficiencias de regulación que deberían subsanarse en el trámite del Senado, entre otras, la relativa a la creación y supresión de categorías profesionales, artículo 15, que ha sido enmendado por Izquierda Unida y que esperamos que de aquí al trámite del Senado sea modificado, porque desde nuestro punto de vista abre una puerta a la fragmentación en las normas de desarrollo, por lo que introduce posibilidades de regulación en todas las comunidades autónomas que pueden resultar un obstáculo en el trabajo multidisciplinar y en equipo, en definitiva, que pueden obstaculizar el trabajo entre colectivos. Por ello es necesario hacer aquí una reflexión honesta y sincera, de aquí al Senado esperamos que no se descafeinen los acuerdos con Izquierda Unida admitiendo normas de otros grupos que legítimamente han presentado pero que entran en contradicción con el fondo de la cuestión, y por eso me permito el lujo de plantearlo con total claridad. Estaremos

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atentos para saber que no se va a cambiar sustancialmente lo acordado, porque eso nos obligaría a replantearnos los acuerdos.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, le ruego concluya.


La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta, muchas gracias.


Cabe destacar, señora ministra, que no queda recogido con claridad todo lo relativo a la financiación de los aspectos contemplados en esta norma básica y que deben ser negociados y desarrollados en los ámbitos autonómicos.


En definitiva, señorías -y con esto termino, señora presidenta-, nuestro compromiso firme con el sistema sanitario público, con la defensa de sus trabajadores y trabajadoras, con la necesidad de democratizar las relaciones laborales, y nuestro convencimiento de que el consenso y el acuerdo son la mejor forma de articular y cohesionar los servicios públicos, unido a que nuestro grupo ha venido batallando históricamente, en legislaturas anteriores y también en esta, en la reclamación del estatuto marco, hacen posible que hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida respalde el texto de la ponencia con el convencimiento de que nuestro voto también servirá como muestra de nuestra buena voluntad para seguir negociando en lo que queda de trámite parlamentario.


Para terminar, recordaré al Grupo Parlamentario Popular que tenemos pendiente una transaccional a la enmienda 16 de Izquierda Unida que vamos a sustanciar in voce y que adelanto que, si se plantea en los términos acordados, votaremos a favor.


Nada más, señorías, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de las enmiendas mantenidas, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.


Vamos hoy en este Pleno, que se celebra en un día señalado para los que somos catalanes, el 11 de septiembre, fiesta nacional de Cataluña, a aprobar dos leyes que son muy importantes.


Señora ministra, antes comentaba, cuando hablábamos de la LOPS, que habíamos tenido cierta dificultad para encontrar las vías que posibilitaran los acuerdos, las vías de negociación, y recriminaba una cierta precipitación en la presentación del proyecto a la Cámara. Por el contrario, debo decir que la ley del estatuto marco fue, al menos desde nuestro punto de vista, mejor trabajada, mejor precocinada, si se me permite la expresión, antes de traerla a la Cámara, con los distintos responsables de las comunidades autónomas y, por consiguiente, también en el trabajo parlamentario ha sido más fácil, a grandes rasgos, llegar a grandes acuerdos.


Cuando la ley entró en la Cámara, no obstante todo lo que digo, mi grupo parlamentario presentó cuarenta y tres enmiendas, en algunas de las cuales era para nosotros condición sine qua non transaccionar para que pudiéramos dar la conformidad a la ley. Tal es el caso de las enmiendas 209 y 210, que hacían referencia al artículo 2.º.3, el ámbito de aplicación de la ley, que, si bien manteníamos con los responsables de su ministerio discrepancias interpretativas del artículo, nosotros sosteníamos que, aunque fuese de manera supletoria, daba pie a entender que la aplicación de la ley no era sólo para el personal funcionario, para el personal laboral estatutario, sino que podía ser aplicada también, aunque fuese supletoriamente, a otro tipo de personal, lo que en el caso de Cataluña era completamente inviable, porque sabe perfectamente la señora ministra que las condiciones históricas de Cataluña, que están perfectamente interiorizadas en nuestro sistema, son muy distintas a las de otras comunidades y que, por tanto, tenemos personal sanitario con unos derechos laborales que no podían ser conculcados por una ley básica.


Reconozco que aun in extremis esta enmienda fue trasaccionada en la Comisión de Sanidad de manera totalmente satisfactoria para mi grupo y, por la misma coherencia, ya anuncié también en la Comisión que lo que era un no se había convertido simplemente en una abstención por la sencilla razón de que, a pesar de haber transaccionado esta enmienda, continuamos manteniendo enmiendas vivas porque pensamos, diciéndolo de una manera muy simple, que todas tienen en común que exceden a lo que debe ser simplemente una ley básica. Los artículos de la ley a los que nos referimos con estas enmiendas son excesivamente reglamentistas que coartan y limitan las capacidades que tenemos las comunidades autónomas de acuerdo con la Constitución, e incluso de acuerdo con el actual estatuto de autonomía.


Hemos transaccionado buena parte de las enmiendas, si no literalmente de manera satisfactoria, y lo reconozco con satisfacción. Pensamos que en términos generales esta es una buena ley y nos satisface, además, que la representante de un grupo, como puede ser la portavoz de Izquierda Unida, la señora Marisa Castro, también lo explicite y lo reconozca. El acuerdo que hoy conseguiremos aquí es amplio y, de entrada, señora ministra, pienso que esto es bueno para el conjunto de los profesionales, que son el objeto de la ley, y para el conjunto de los usuarios del sistema porque vamos a tener profesionales más motivados y más realizados, y esto sólo puede repercutir en un fin positivo. Esto es clarísimo.


Señora ministra, de las enmiendas que nosotros mantenemos vivas y que no desistimos a que en el trámite parlamentario del Senado lleguemos a acuerdos, hay sólo tres que siguen siendo para nosotros enmiendas imprescindibles de negociación. Estas enmiendas son la 233, al artículo 60.2; la 234 al artículo 61.3 y la 235 al

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artículo 61.4. Nosotros vamos a presentar una enmienda en el Senado en el sentido de que estos artículos no deben ser básicos. Son artículos claramente reglamentistas y, por tanto, inasumibles. Tenemos, como decía anteriormente con motivo de la discusión de la LOPS, el compromiso de la señora ministra y del representante del Grupo Popular de que en el trámite del Senado llegaremos a acuerdos en estos aspectos. Confiamos, como no podía ser de otra manera, en la palabra de la ministra y en el compromiso parlamentario que tenemos los grupos. Por tanto, a pesar de que mantenemos, por descontado, vivas las enmiendas que le citaba y otros grupos de enmiendas, los pros de esta ley, que son muy superiores a las reticencias que en algunos aspectos mantiene mi grupo, añadidos al compromiso adquirido por parte del Grupo Popular y del ministerio, hacen que hoy sea posible haber pasado de una abstención en la Comisión a un sí al dictamen.


No quisiera finalizar esta intervención sin hacer un capítulo de agradecimientos que debe ser compatible con las dos leyes, y lo abrevio en una para no ser muy reiterativa. Quiero agradecer explícitamente en nombre de mi grupo parlamentario, por descontado, su actitud, señora ministra, como máxima responsable; la del subsecretario, don Pablo Vázquez; la de la directora general de Cohesión, doña Ana Sánchez; la del director de Recursos Humanos, Jaume Aubía. El trabajo que han hecho desde el ministerio ha permitido que, partiendo de enmiendas de grandes distancias, encontrásemos puntos de equilibrio para poder considerar que se transaccionaban favorablemente. Por descontado, esta portavoz y mi grupo parlamentario también quieren agradecer, y vale para las dos leyes, el trabajo efectuado por la letrada de la Comisión, doña Silvia Martí, que ha sido de gran estima para nuestro grupo. Muchísimas gracias porque, como decía, leyes que han sido tan complejas en la tramitación, con tanta cantidad de enmiendas y de borradores, sin estas colaboraciones el trabajo de los parlamentarios a veces se nos haría imposible.


Para terminar, simplemente quiero decir que reiteramos la importancia que damos a que en sede parlamentaria del Senado estas tres enmiendas sean transaccionadas, de acuerdo con el compromiso verbal que tenemos, y manifestar nuestra satisfacción por haber podido llegar hoy a estos acuerdos.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.


El señor AROLA BLANQUET: Señora presidenta, señora ministra, señorías, cuando debatíamos -ya se ha recogido la fecha- la enmienda a la totalidad, este grupo se abstuvo y no la apoyó. Este grupo en estos momentos tiene que seguir absteniéndose ante el dictamen después del trabajo de ponencia y de Comisión, porque todavía tiene serios reparos a lo que en estos momentos se va a aprobar por lo que han ido diciendo los distintos portavoces y por lo que va a decir después también el portavoz del Partido Popular sin ninguna duda. A nosotros todavía nos quedan elementos que nos parecen importantes para mantener una abstención.
Cuando dije en la Comisión que manteníamos una abstención beligerante alguno de los diputados sonrió, es decir, que íbamos a seguir luchando por perfeccionar el texto y las reivindicaciones desde lo que nosotros creemos que tiene que ser.


Primer elemento, financiación. ¿Ha habido modificación de las posturas del Partido Popular? Ya lo ha dicho antes mi compañero de grupo Jaime Blanco, sí. ¿Suficiente? No. Por tanto, van a encontrar ustedes nuevamente nuestra enmienda en el Senado para intentar seguir avanzando en el reconocimiento del coste que creemos que va a tener esta ley y la que hemos discutido anteriormente. Seguiremos discutiendo. Tal vez podamos o puedan ustedes seguir avanzando, y no en las madrugadas con las que el señor Gil Lázaro nos tiene amenazados, sino en la tramitación normal del proyecto de ley en el Senado. Por tanto, financiación. Además tiene que desaparecer un elemento que nos parece fundamental al respecto, que es el de la inversión de la carga. La carga no puede residir fundamentalmente sobre las comunidades autónomas. Ese es también el principio de lealtad que nosotros reivindicamos en esta tribuna.


No estamos de acuerdo con la trasposición de la directiva europea. Nos parece que no se hace bien, luego les pondré algún ejemplo. No estamos de acuerdo con la regulación de la jornada, lo vuelvo a repetir; cómo es posible que no se establezca lo que es la jornada máxima, cuando además todos más o menos sabemos perfectamente cuál es. Hay condiciones de trabajo que nos siguen pareciendo que tienen que ser modificadas porque son regresivas. Creemos que en los sistemas de contratación todavía hay elementos de precariedad, e incluso hay contradicciones, como que en un momento determinado trabajadores del sistema público, la parte pública privada, contra los que no tenemos nada, pueden decidir quién entra en la Función pública.


Creemos que hay una invasión de competencias y que la ley es excesivamente reglamentista. Por lo que nos hemos enterado hoy aquí, se va a seguir cumpliendo aquello de que lo que aprobemos no va a ser el texto final, puesto que se han anunciado ya compromisos, y supongo que después ratificados, con Convergencia i Unió que le permiten cambiar su sentido del voto. Si apoyáramos la ley sería para aplicarla, porque, a lo mejor, ustedes se encuentran con apoyos que lo que significan es la no aplicación de la ley. Por lo tanto, también querremos saber cuál es el alcance de verdad de esta norma básica y cómo vuelve del Senado. Por ese motivo reservamos nuestro voto.


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Tenemos una duda ¿Habrá futuros estatutos por categorías? ¿Esta ley abre esa posibilidad? Nos preocuparía y mucho, señora ministra. Si usted nos convence de lo contrario, cuando venga del Senado retiraré la preocupación. Finalmente, entre otros elementos queda dudosa cuál va a ser la homogeneidad y cómo se puede favorecer la movilidad en el sistema.
Quiero acotarme al tiempo y ser sintético. Hemos tenido que abordar una ley que en lo financiero no venía precedida de un estudio riguroso.
Creemos que el estudio de sostenibilidad financiera debe preceder a cualquier cambio de relaciones laborales. Y si no, me reitero en mi discurso del debate de la enmienda a la totalidad. El sistema de selección posibilita que el personal laboral de centros privados participe en los órganos de selección. Creemos que el período de prácticas tiene una regulación inadecuada. Creemos que no existe la definición de la jornada ordinaria de trabajo. Creemos que la trasposición de la directiva no es correcta, que, por ejemplo, se establece un período de referencia de seis meses para el cómputo de 48 horas, cuando la misma directiva plantea cuatro meses.


Vuelvo a insistir, como lo hice en la Comisión, que el artículo 51, a partir de su segundo apartado, debería ser modificado de forma importante porque es la antítesis de la posibilidad de trabajo en equipo y de la calidad de la atención que se presta. Atenta contra la salud de los trabajadores, atenta contra la capacidad de dar una asistencia de calidad y atenta contra el usuario. Demasiados ataques, por no decir todos, en un solo artículo. Se puede entender que es un artículo que legaliza la pérdida de la calidad de la asistencia. No se garantiza el descanso semanal de las 36 horas continuas y sigue habiendo un vacío en todo lo que se refiere a la negociación colectiva. Pero queda el Senado. Nosotros estamos dispuestos a seguir negociando, y ustedes conocen nuestras enmiendas. Llevan suficiente tiempo publicadas, incluso muchas de ellas las hemos leído juntas. Por lo tanto, hoy no damos el sí a esta ley y esperamos a ese trámite del Senado. Que el trámite del Senado no nos haga tener que decir que no.


Nada más y muchas gracias.(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Arola.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.


El señor ZAMBRANO VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


Bienvenida y muchas gracias por su asistencia a este debate, señora ministra, una vez más.


Señorías, realizamos hoy el último debate, antes de su paso al Senado, de este proyecto de ley, ahora ya resultante del informe de la ponencia y de su debate en la Comisión de Sanidad, al objeto de poder conseguir el estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Entiendo que todos coincidimos en que esta ley, largamente esperada, es necesaria no solamente porque su elaboración esté contemplada en el artículo 84 de la Ley General de Sanidad, sino porque la nueva organización territorial del Estado, una vez realizadas todas las transferencias sanitarias, precisa una normativa acorde con la misma que cohesione, armonice y ponga orden en una normativa dispersa en tres estatutos preconstitucionales que hoy todavía regulan de forma específica al personal estatutario de nuestro sistema nacional de salud.


Es obvio, por tanto, que hay que seguir incidiendo en la oportunidad de conseguir un estatuto consensuado entre todos los grupos de este Parlamento, mucho más hoy cuando ya tenemos aprobada y consensuada la ley de cohesión y calidad de todo nuestro sistema sanitario. Creo que cuando esto se produzca el Gobierno, la Administración y este Parlamento, en cuanto Cámara legislativa, habrán conseguido superar esa gran asignatura pendiente que teníamos contraída con todos los profesionales y con todo el personal de nuestro sistema sanitario. Por ello estimo que esta ley es necesaria, junto a la de consolidación de empleo y a la anteriormente debatida de ordenación de profesiones sanitarias, y el Gobierno del Partido Popular ha tenido la voluntad de presentar y consensuar en este parlamento, siendo de gran importancia para toda la sociedad. Si bien las tres van dirigidas al personal del sistema, no cabe la menor duda de que la motivación y satisfacción que puedan resultar de sus aplicaciones redundará en una mejor asistencia sanitaria, en la consolidación de la calidad y en la cohesión de nuestro sistema sanitario público.


Quiero resaltar, como todos los grupos, el esfuerzo de consenso hecho por todos para conseguir un estatuto aceptado, aplicable y, por tanto, útil, porque hay que convenir que esta es una ley compleja en la que están inmersas reivindicaciones e intereses de muchos colectivos, de muchos y distintos trabajadores del sistema, la mayoría especialmente cualificados, y porque en ella deben conjugarse y respetarse las competencias de las administraciones implicadas en ella.


Ese difícil equilibrio de consenso entre intereses profesionales, si no contrapuestos, competitivos, y entre fuerzas políticas de diferentes ideologías y con concepciones distintas en el modelo de Estado, propicia que nuestra apuesta haya sido y sea generosa y siga abierta al entendimiento, de forma que, como siempre se ha reconocido, en el buen clima que caracteriza el trabajo de los miembros de la Comisión de Sanidad, al final sea una ley de nadie y de todos y para todos.


Señorías, también quiero resaltar que en el largo recorrido que lleva este proyecto de ley, el Ministerio de Sanidad y Consumo, después de debatir exhaustivamente con las autoridades sanitarias autonómicas en el foro adecuado, es decir, en el Consejo Interterritorial de Salud, ha recibido a todos los profesionales, a todas las fuerzas sociales, a todos los colectivos y ha oído y debatido

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con todas las fuerzas políticas. También todos los grupos de este Parlamento hemos recibido, oído y recogido argumentos y reivindicaciones de todos los colectivos, algunos de ellos presentes, como los técnicos, que gracias a ese diálogo ven hoy reconocidas parte de sus aspiraciones.


También hay que decir que entre todos hemos debatido, intercambiado, aceptado y transaccionado las distintas enmiendas, muchas de las cuales hoy aparecen y enriquecen este informe de la ponencia que debatimos.


Nadie, por tanto, señorías, puede quejarse, ni en este Parlamento ni fuera, de no haber sido oído o atendido, otra cosa son las estrategias y la visión de cada uno ante las respectivas demandas y ante la forma de entender el consenso. No es difícil entender, señorías, que pactar y consensuar no es sólo ofrecer y ceder, sino también recoger; no es sólo atender y entender, sino ser atendido y entendido; no es sólo dar, sino también recibir. Por eso nuevamente desde el Grupo Parlamentario Popular volvemos a pedir generosidad recíproca en la apertura al entendimiento, en el sentido de comprender que al transaccionar muchas enmiendas a mismos artículos o apartados en los que coinciden y no coinciden grupos distintos, con concepciones distintas, es posible recoger el sentido de todos, pero imposible recoger la literalidad de cada uno, y que esa forma anónima que trata de contentar y entender lo más posible a todos es quizá la mayor grandeza del consenso que solicitamos otra vez porque estimamos posible alcanzarlo.


Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos hecho un importante esfuerzo no sólo transaccionando, sino aportando una serie de enmiendas que a nuestro juicio han enriquecido este proyecto en cuanto a previsiones económicas, en cuanto al ámbito de aplicación, respetuoso con las comunidades autónomas, sobre todo con algunas como la catalana por sus peculiaridades en la organización sanitaria y en la titularidad de los centros de sus servicios de salud, porque así nos los aconsejaban. Le anticipo a la portavoz de CiU que, en lo que se refiere a esas tres enmiendas, estamos abiertos a considerarlas en el trámite del Senado.


También hemos hecho aportaciones en cuanto a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en consonancia con el régimen general de la Función pública, y estamos abiertos a alcanzar el porcentaje solicitado por otros grupos cuando este cambie. También se hacen mejoras técnicas presentando una enmienda técnica in voce para subsanar el error de transcripción que se ha producido en el texto que ha enviado la Comisión con respecto al consensuado en el informe de la ponencia, no recogiendo en el artículo 9.3 el párrafo consensuado según enmiendas 16 de Izquierda Unida y 121 del Grupo Socialista para su inclusión y voto separado, que dice textualmente: Si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de doce o más meses en un período de dos años, procederá el estudio de las causas que lo motivaron para valorar en su caso si procede la creación de una plaza estructural en la plantilla del centro.


Señorías, entre todos hemos conseguido integrar o transaccionar prácticamente la mitad de numerosas enmiendas aportadas por los distintos grupos, ciertamente de unos más que de otros, pero todos han sido atendidos con la misma disposición de entendimiento y por eso quizá esa referencia a tantas negritas que planteaba la portavoz de CiU en la anterior ley. Aún así, todavía quedan bastantes enmiendas vivas que ya anticipo que no vamos a votar favorablemente, aunque considero que algunas permanecen vivas sólo por razones de legítimas estrategias; pero, como saben SS.SS., todavía hay tiempo de conseguir un acuerdo mayor.


Reconocida la necesidad y la oportunidad de la ley y llegado este momento, creo justo decir que es más lo que nos acerca que lo que nos separa y así lo ha manifestado la mayoría de los grupos que hoy dejan solo al Grupo Socialista en su posición de no votar favorablemente esta ley. Por tanto, pedimos a este grupo que abandone su posición de abstención beligerante, que se instale en una beligerancia constructiva de legítima oposición con estas enmiendas que quedan vivas y susceptibles de acuerdo posterior, y que hoy vote favorablemente este dictamen de la Comisión.


En resumen, señorías, creemos que este proyecto cohesiona nuestro sistema sanitario, está adaptado a la legislación europea incorporando de forma ajustada no sólo los principios sino las excepciones de las directivas, es acorde con el Estatuto de la Función Pública, facilita la gestión de los recursos humanos y es sobre todo respetuoso con las competencias de la comunidades autónomas.


Al final, para no entrar en detalles, por motivos de tiempo, creo que las discrepancias generales latentes se pueden concretar en dos grandes apartados: la posible invasión de las competencias de las administraciones implicadas y la financiación de las posibles consecuencias que puedan derivarse de la aplicación de la ley. Con respecto a las competencias, por encima de las posibles visiones e interpretaciones de cada una de las partes, reiteramos nuestro deseo de ser escrupulosos con ellas y creemos que el texto resultante lo es y ahora de forma más clara gracias a las transacciones, tal y como demandaban varios grupos. Si bien es necesario señalar que debido a la mencionada complejidad de la ley se puede criticar desde algún grupo, de forma simultánea y paradójica, que la ley es reglamentista que, por tanto, invade competencias y al mismo tiempo se pide que se precisen tiempos de jornadas y horarios que precisamente la ley elude para respetar las citadas competencias.


En cuanto a la financiación, como hemos explicado en proyectos de ley anteriores, las posibles repercusiones económicas resultantes de su aplicación están contempladas en la pactada Ley de financiación autonómica. No obstante, señalamos que hicimos un esfuerzo,

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mediante enmiendas, que se transaccionó en una nueva disposición y otras transacciones que a nuestro juicio abren la puerta a un acuerdo definitivo.


Termino, señorías, agradeciendo a todos los grupos políticos -estrategias aparte- el esfuerzo realizado no sólo en cuanto al trabajo aportado sino a su voluntad de entendimiento para conseguir el consenso más amplio posible, muy especialmente a los que hoy nos han dado su voto favorable.
Deseamos que cuando vuelva de la Cámara Alta el estatuto sea aceptado por todos en beneficio de todos los profesionales de nuestro sistema sanitario.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Zambrano.


Señorías, ruego que ocupen sus escaños.


Comenzamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, empezando por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por el señor Aymerich. En primer lugar las números 56, 68 y 69.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; en contra, 238; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 71, 72, 74, 76, 77, 88 y 89.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; en contra, 154; abstenciones, 94.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmienda número 47.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, dos; en contra, 234; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmiendas números 48, 49, 50, 51, 62, 65, 70, 79, 81 y 82.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 82; en contra, 155; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 73, 83, 87, 90 y 91.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, dos; en contra, 154; abstenciones, 90.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 55, 59, 60, 63, 64, 67, 78 y 80.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 81; en contra, 155; abstenciones, 12.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas 57, 75, 84 y 86.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 247; a favor, uno; en contra, 157; abstenciones, 89.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas 52 a 54, 58, 61 y 85.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 248; a favor, 82; en contra, 151; abstenciones, 15.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 80; en contra, 152; abstenciones, 11.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar las números 93, 95 y 100.


Comienza la votación. (Pausa.)

Página 14488


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, seis; en contra, 148; abstenciones, 88.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmienda 102.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, dos; en contra, 146; abstenciones, 92.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, dos; en contra, 149; abstenciones, 87.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar la número 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 146; abstenciones, 13.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmienda número 9.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, tres; en contra, 148; abstenciones, 88.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmiendas 7 y 11.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, dos; en contra, 143; abstenciones, 92.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas 3 y 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, uno; en contra, 144; abstenciones, 93.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas 13 y 14.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 223; abstenciones, cuatro.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas vivas, puesto que las números 2, 4 y 6 han sido retiradas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, uno; en contra, 224; abstenciones, 14.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, comenzando por la transaccional a la enmienda 16 que también lo es a la enmienda 121, del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 237; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.


Enmiendas números 29, 32 y 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, dos; en contra, 227; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 30, 34 y 44.


Comienza la votación. (Pausa.)

Página 14489


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, uno; en contra, 147; abstenciones, 88.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, dos; en contra, 224; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos las números 233 y 235.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, nueve; en contra, 224; abstenciones, cuatro.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmienda número 234.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 91; en contra, 144; abstenciones, dos.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmiendas números 211 y 251.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 227.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmiendas números 224, 231, 232, 249 y 250.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 10; en contra, 146; abstenciones, 81.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Enmienda número 212.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 92; en contra, 144; abstenciones, dos.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmienda número 230.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 92; en contra, 142; abstenciones, tres.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.


Enmiendas números 218, 242 y 247.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 93; en contra, 144.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 91; en contra, 141; abstenciones, cinco.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Pasamos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar las números 152 a 154, 156, 158, 159, 160, 161, 172, 187, 189 y 197.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 82; en contra, 145; abstenciones, ocho.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 123, 125, 129, 137, 142, 143, 147, 150, 151, 163, 165, 169, 179, 188, 193, 194 y 196.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 144; abstenciones, 12.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, a excepción de la número 121 objeto de transaccional que anteriormente ha sido votada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 235; a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, 10.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazadas.


Votación del dictamen. En primer lugar los artículos 60.2 y 61.3 y 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 236; a favor, 141; en contra, 14; abstenciones, 81.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan aprobados.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 234; a favor, 153; en contra, tres; abstenciones, 78.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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