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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 284, de 02/10/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 284
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 271
celebrada el jueves, 2 de octubre de 2003


ORDEN DEL DÍA: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 14904)

- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 160-1, de 20 de junio de 2003. (Número de expediente 121/000160.) ...
(Página 14904)

- Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 156-1, de 13 de junio de 2003. (Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 156-7, de 16 de septiembre de 2003). (Núm.
expte. 121/000156.) ... (Página 14919)

Votaciones de conjunto ... (Página 14930)

Página 14902


- Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 156-1, de 13 de junio de 2003. (Corrección de error en "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 156-7, de 16 de septiembre de 2003). (Núm.
expte. 121/000156.) ... (Página 14930)

- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 160-1, de 20 de junio de 2003. (Núm. expte. 121/000160.) ... (Página 14930)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación) ... (Página 14931)

- Proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 164-1, de 10 de julio de 2003. (Núm. expte.
121/000164.) ... (Página 14931)

- Proyecto de Ley General Presupuestaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 165-1, de 14 de julio de 2003. (Núm. expte.
121/000165.) ... (Página 14939)

Informe elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo. (Núm. expte. 153/000001) ... (Página 14948)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 14904)

Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... (Página 14904)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Saura Laporta, Núñez Castain y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista y Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, que son rechazadas.


Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, se aprueba por 254 votos a favor, 14 en contra y 12 abstenciones.


Proyecto de Ley Orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional ... (Página 14919)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Padilla Carballada, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora presidenta pone en conocimiento de la Cámara que se encuentra en la tribuna de invitados una representación del Senado de la República Checa, encabezada por su presidente y su vicepresidente, a los que da la bienvenida.


A continuación se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, que son rechazadas.


Asimismo se someten a votación los artículos 7.2, 8.1 y 16.2, del texto del dictamen, que son aprobados por 171 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.


Finalmente se somete a votación el resto del texto del dictamen, que es aprobado por 285 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones .


Votaciones de conjunto ... (Página 14930)

Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional ... (Página 14930)

Sometido a votación final de conjunto por tener carácter orgánico el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, se aprueba por 283 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.


Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ... (Página 14930)

Sometido a votación final de conjunto por tener carácter orgánico el proyecto de ley, se aprueba por 259 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (continuación) ... (Página 14931)

Proyecto de Ley de Arrendamientos rústicos ... (Página 14931)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley, que son rechazadas, excepto las enmiendas transaccionales a las números 161 y 169 de la señora Lasagabaster Olazábal, que son aprobadas.


Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley de arrendamientos rústicos, con una corrección de error en el artículo 23, se aprueba por 159 votos a favor, 122 en contra y dos abstenciones.


Proyecto de Ley General Presupuestaria ... (Página 14939)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas presentadas, que son rechazadas.


Sometida a votación la disposición adicional segunda del dictamen del proyecto de ley general presupuestaria,

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se rechaza por 253 votos en contra y 18 abstenciones.


Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 157 votos a favor, 99 en contra y 15 abstenciones.


Informe elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo ... (Página 14948)

Presenta el informe de la Comisión el señor Merino Delgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de los votos particulares presentados intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Aymerich Cano, el Grupo Parlamentario Mixto; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Griñán Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y el señor Burgos Gallego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación los votos particulares, que son rechazados.


Sometido a votación el informe de la Comisión elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se aprueba por 228 a favor, seis en contra y cinco abstenciones.


Se levanta la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE; DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL; Y DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (Número de expediente 121/000160.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VI del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.


Anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto, por tener carácter orgánico tanto este proyecto de ley como el de cooperación con la Corte Penal Internacional, se producirá al finalizar el debate de este último y no antes de las 11 de la mañana, bien entendido que estoy haciendo referencia única y exclusivamente a la votación final de conjunto.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Hemos planteado una serie de enmiendas que recogen el espíritu de lo que planteamos en la enmienda de totalidad. Ciertamente en esta cuestión llevamos ya una tercera reforma y las dos últimas, en muy poco tiempo, inciden en una misma línea, que es enfocar la cuestión de la inmigración, de las personas que tienen que salir de su país de origen a buscar trabajo y a defender su vida, desde el punto de vista exclusivamente del control. En este proyecto de ley se incide todavía más en ello incluyendo elementos que nos parecen muy desafortunados y sobre todo que pueden crear muchos problemas con relación al acceso por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la información, al padrón, etcétera, que creemos que no son muy apropiados porque no van resolver sino que van a empeorar muchas de las cuestiones relativas a la integración, a la protección y, en definitiva, a la aceptación y acogimiento de estas personas. Por ello no estamos de acuerdo con el proyecto de ley originario. Creemos que algunas de las enmiendas que se han propuesto como transaccionales

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por parte del Grupo Socialista pueden mejorar algo la cuestión, pero sigue manteniéndose el eje vital de lo que es este proyecto de ley, que por supuesto no subsana elementos tan graves para nosotros como era la denegación de determinados derechos fundamentales de reunión, asociación y manifestación para estas personas.


Nuestras enmiendas han incidido en cuestiones relativas a asilo y refugio porque creemos que en esta cuestión de alguna manera se distorsionan los convenios internacionales en cuanto a cuáles son las obligaciones del Estado en esta materia y pueden dar lugar a empeorar la situación en el sentido de no facilitar que estas personas puedan salir de su país por razones de persecución, por razones humanitarias, para pedir asilo y refugio. Nuestras enmiendas van en ese sentido, sin perjuicio de volver a recoger todas nuestras reflexiones de la enmienda de totalidad con relación a la línea general de un proyecto de ley que no nos gusta, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para manifestar que mantenemos nuestras enmiendas y para expresar nuestro rechazo al texto que se nos somete hoy a votación, producto del acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Este rechazo está motivado porque este texto no modifica aspectos sustanciales del texto inicial del Gobierno. Quiero recordar que el proyecto de ley que tenemos hoy encima de la mesa viene motivado porque el Tribunal Supremo fulminó los once artículos del reglamento que desarrollaba la Ley de extranjería. La señora Lasagabaster ya ha citado tres o cuatro elementos importantes que justifican nuestro rechazo. En el texto se mantiene el acceso de la policía a los datos confidenciales del padrón. Este proyecto de ley en este sentido ya ha tenido el rechazo de diversos ayuntamientos de Cataluña gobernados por fuerzas de izquierda plural. Esto va a significar que muchos inmigrantes, como ya me han dicho a mí, van a dejar de empadronarse y por tanto van a perder los servicios de sanidad, de educación o de servicios sociales. Al mismo tiempo, este proyecto de ley restringe el derecho a la reagrupación familiar, elimina el derecho a la asistencia jurídica y no contempla competencias reales de inmigración a las comunidades autónomas. Este nuevo texto refleja el fracaso del Gobierno en su política de regularización de la inmigración y va a significar una vez más el agravamiento de las condiciones de los inmigrantes.


Señoras y señores diputados, después de que aprueben ustedes esta ley hay una pregunta que va a quedar otra vez en el ambiente: ¿qué hacemos con las 600.000 personas que hoy están en situación irregular? Acabo con un paradigma. En junio del año 2000 hubo una directiva europea que proponía, como máximo en julio de 2003, la trasposición de leyes en contra de la discriminación racial, leyes que no significan sólo condenar hechos raciales sino políticas activas del Gobierno. Ha pasado julio de 2003, en España no se ha hecho esta trasposición, pero, en cambio, se continúa con la política de estigmatizar y criminalizar a los inmigrantes. Por esta razón votaremos en contra de las modificaciones que hoy se nos proponen.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.


Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo para mantener las enmiendas presentadas por el Partido Andalucista y quizá para simplificar la posición, dado el tiempo que tenemos, respecto a nuestra opinión de la ley. Yo creo que sigue sin abordarse el grave problema de la regularización, miramos hacia otro lado, parece que el miedo a ese efecto llamada da como solución mirar para otro lado; no se aborda la realidad cruda de esos cientos de miles de personas que están aquí y parece que no se encuentra la manera de regularizarlas. No se avanza en la defensa de los derechos. Yo creo que la ley sigue teniendo una visión mucho más de seguridad y represiva que asistencial, laboral y social y no se contempla -lo llevo pidiendo desde la primera de las modificaciones que sufrió en esta legislatura la Ley de extranjería- el papel de las comunidades autónomas y en el caso de Andalucía la necesidad de configurar un escenario bilateral con el Gobierno, con el Consejo del Estrecho, que aborde las cuestiones gravísimas de entrada de inmigración por esa comunidad autónoma. Nos parece que debe haber un diálogo bilateral, una posición donde el Gobierno andaluz pueda directamente abordar el plan de lucha contra la inmigración con el Gobierno central y no sólo subsumido en los términos generales. Por tanto, ante la ausencia del avance en la defensa de los derechos que se recoge en las enmiendas, ante la negación de resolver el problema de la regularización y ante el hecho de que no se contempla esa posibilidad de relación directa entre Andalucía y el Gobierno central, no puedo apoyar este proyecto de ley orgánica que se presenta hoy.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


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Por responsabilidad, de verdad, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de este proyecto de ley y de este pacto que parece que al final, después de muchos ruegos, el primer partido de la oposición consiguió en materia de inmigración con el Gobierno. Lo vamos a hacer por responsabilidad porque desde el Bloque Nacionalista Galego tenemos claro que no queremos construir una sociedad en la que haya personas de distintas clases, personas sin derechos, personas con derechos, personas con derechos a medias; que no queremos una sociedad en la que haya una ley que por una parte diga -artículo 21 de la Ley orgánica de protección de datos personales- que los datos recabados por las administraciones públicas para una finalidad no pueden ser utilizados para otra distinta y que, sin embargo, para los extranjeros esa prescripción, que es desarrollo del artículo 18 de la Constitución, derecho fundamental de todas las personas, admita un régimen de excepción y que la policía pueda acceder de forma permanente e incondicional a los datos del padrón. Ya lo han dicho otros intervinientes. Si la forma con la que el Partido Popular y el Partido Socialista entienden que se facilita la integración social de los extranjeros -ese es el título de la ley- es impedir la escolarización, impedir su acceso a servicios sociales y a servicios de salud, por responsabilidad vamos a votar en contra de esta ley. Lo que desde mi punto de vista es necesario es preguntarle al Gobierno y preguntarle al Partido Socialista, ya que se hace corresponsable también de esta política, qué solución quieren darle a esos cientos de miles de extranjeros que en situación irregular siguen trabajando y siguen siendo explotados en el Estado español, explotación que esta ley va a facilitar, porque, por un lado, se dice que vamos a luchar contra la inmigración ilegal. Nosotros somos conscientes de que hay que regular los flujos de inmigración, pero ¿cómo se regulan los flujos de inmigración? ¿Haciendo que en el Consulado general de España en Buenos Aires se les diga ahora a los solicitantes de un visado que desde el primero de agosto tienen que esperar seis meses? ¿Qué oferta de trabajo se puede mantener durante seis meses? ¿De qué forma se lucha contra la irregularidad? ¿Convirtiendo en irregulares a esos estudiantes extranjeros de África, de Europa del Este, de Latinoamérica, a los que la AECI, de forma sorpresiva, no renueva sus becas de tercer ciclo y ahora ya están en situación irregular? ¿Esa es la fórmula con la que el Partido Socialista y el Partido Popular entienden que se lucha contra la irregularidad y se fomenta esa cultura, dicen ellos, de la legalidad? Desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a mantener nuestras enmiendas, vamos a seguir defendiendo una política de inmigración realista, pero una política de inmigración democrática que dé derechos fundamentales para todas las personas y, como digo, por responsabilidad vamos a votar en contra de esta ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.


Señorías, Coalición Canaria mantiene viva para este trámite sólo una enmienda. Hemos deseado hacerlo así por el motivo que trae la propia enmienda y para que nos permita en este trámite dejar definitivamente expuesta ante la Cámara y a través de su "Diario de Sesiones" la posición de Coalición Canaria respecto al proyecto de ley orgánica que debatimos.
La enmienda 114 pretende un principio de flexibilidad sobre el problema del reagrupamiento. Hemos querido matizar muy bien a qué supuestos se refiere. Es el de aquellos inmigrantes que tienen permiso de residencia de tipo C, que son dos años, que piden la renovación y que, a veces, por un simple problema burocrático de tramitación en aquellas comisarías de policía en que la provincia es un foco de atracción de inmigrantes de estas circunstancias, tienen que tener un tratamiento de racionalidad. A lo mejor les faltan dos meses para obtener el segundo permiso de renovación del de tipo C de los dos años y tienen derecho al reagrupamiento, pero como no han recibido todavía, por problemas de lentitud burocrática, la opción a tener el certificado definitivo de residencia y poder solicitar el reagrupamiento familiar, se ven sometidos a una situación en algunos casos lamentable y por unas semanas o meses no lo pueden ejercer. Este caso es muy frecuente en el Archipiélago canario, por lo que pediría al Grupo Parlamentario Popular, bien en este trámite o bien en el Senado, que hiciera la reflexión pertinente porque no significa ninguna perturbación. Es el mantenimiento de un principio de fondo que trae la ley, tanto la 4/2000 como la 8/2000, para que se favorezca este reagrupamiento familiar. Estamos hablando de que la persona que lo solicita tiene ya un permiso de residencia concedido por el Ministerio del Interior de tipo C y está en trámite de obtener la renovación, pero por unos meses se le produce este efecto.


Dicho esto, mi grupo quiere manifestar ante la Cámara que va a apoyar este proyecto de modificación de la ley orgánica porque los cambios que ha tenido -y además lo hemos visto en los trabajos de ponencia y Comisión y viene expresamente consignado en el documento que va a someterse a votación como propuesta de la Comisión correspondiente- han sido profundos y acertados. Celebro que esté aquí presente el señor ministro del Interior, porque desde Coalición Canaria nosotros tenemos una óptica, aunque respetamos la de todos los grupos parlamentarios, que nos lleva a decir que la presión que hay en Canarias por la inmigración ilegal es un problema ya de tipo social y

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político, es una cuestión que está ya provocando la alarma ante la opinión pública. Señorías, en Canarias no hay semana -y diría que a menudo varias veces por semana- que no sea noticia la llegada de inmigrantes ilegales, sobre todo de procedencia africana, subsahariana, en patera. No hay nada más que leer los periódicos y se ve que no baja de cien la cifra de los que están llegando un día sí y otro no, en estos meses de bonanza de los vientos alisios en los que se producen lo que se llaman las calmas del Atlántico ecuatorial, cuando es muy fácil atravesar o son menores las dificultades para que una patera, con un pequeño motor, recorra los cien o ciento veinte kilómetros desde las costas saharianas hasta el Archipiélago canario en las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Si nosotros estamos desde Coalición Canaria exigiéndole al Ministerio del Interior una aplicación al máximo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, cuando en la fotografía, como he dicho, casi diaria y semanal de Fuerteventura y de Lanzarote salen estos inmigrantes ilegales subsaharianos traídos por las mafias marroquíes que operan desde ese territorio; si estamos exigiendo al Ministerio del Interior una diligencia máxima en detectar estas pateras con los sistemas del SIVE, en hacer las actuaciones de detención y de colocación en los centros de recepción de inmigrantes, mi grupo entiende -porque como he dicho estamos exigiendo estas medidas al Ministerio del Interior a través de un servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- que también tenemos que dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio del Interior y a toda la Administración española por supuesto de los medios legales y este proyecto de ley que estamos discutiendo trae una serie de medidas que van en esta línea, empezando por la exigencia de un nuevo tipo de visados.
Hay que ordenar el mundo de los visados, porque no solamente ocurre en Canarias, donde tenemos una especial sensibilidad. Comprendo que haya otras comunidades autónomas donde no llegan pateras, donde no llegan inmigrantes y se puede estar más en una línea o en otra, pero hay que poner las medidas necesarias para atajar esto, porque es lo que requiere una situación de este tipo, que está degenerando en una alarma social que puede traer problemas que nadie desea, pero que están ahí larvados y se pueden evidenciar, porque no solamente Canarias es un lugar de llegada de pateras; es que por nuestros aeropuertos está llegando una gran cantidad de inmigrantes ilegales al amparo de un visado de turista por tres meses de duración, con un billete de avión de ida y vuelta. Señores, ha llegado el momento de luchar contra esto, esa vía en que se están produciendo incluso verdaderas alteraciones de las conductas de comportamiento social en zonas turísticas, donde existen empresarios desaprensivos que, por una cuestión de mercado de trabajo, contratan a estas personas. La llegada de inmigrantes procedentes de Colombia, de Ecuador y de otros países latinoamericanos al Archipiélago canario, señorías, es una cuestión verdaderamente preocupante. Ahí no hay fotos porque pasan por el control con un pasaporte, con un visado turístico de tres meses y después se nos quedan allí dentro. Esto requiere una ordenación y, por tanto, si se necesitan nuevas ordenaciones de los visados, que están contempladas en el proyecto de ley, las vamos a apoyar.


En cuanto al acceso de la policía a los padrones municipales, hay una tolerancia verdaderamente intencionada desde los ayuntamientos de empadronar a todo el que aparezca por la ventanilla que le diga que está residiendo en ese municipio y no se le pide ni tarjeta de residencia ni permiso de trabajo ni nada; se le mete directamente en el padrón municipal por otras cuestiones de reparto, de beneficios, de medios económicos, etcétera. Entonces la policía tiene que tener acceso para localizar a estas personas, por los subterfugios que se emplean.


Tenemos unas cuestiones además relacionadas con las compañías aéreas que venden el billete de avión con ida y vuelta. Hay que tener acceso porque el billete aéreo, a nivel nacional e internacional, es nominativo, no es un billete de tren o un billete de transporte por autobús, que no lo son; el billete aéreo es nominativo. Por tanto es necesario dotar a los instrumentos del Estado que controlan la inmigración de unos medios legales que puedan permitir el acceso a la lista de pasajeros, saber en qué condiciones vienen y quiénes son los que tienen un billete de retorno. Esos son instrumentos, porque ahora estamos hablando de dar solución a un problema que está ahí, respetando por supuesto todo lo que sean derechos humanos y todo lo que es una condición social, pero desde luego algo hay que hacer sobre ese efecto llamada que puede estar en la economía española, porque cuando se ven los atestados que hace la Guardia Civil a los inmigrantes ilegales que entran a Canarias por Lanzarote y Fuerteventura, fundamentalmente en pateras, es penoso comprobar el engaño que sufren estas pobres personas y criaturas en manos de las mafias. Les están diciendo que están llegando a Europa. Sí, claro, políticamente Canarias es Europa, pero ellos tienen un concepto territorial de continuidad, y ver a estos subsaharianos vagando por las playas y carreteras de Lanzarote y de Fuerteventura es un espectáculo lamentable, pero también lo es ver todo el trabajo de economía sumergida que se está produciendo en las zonas turísticas con unos inmigrantes que ya no proceden de África sino del continente centro y suramericano, que están, digamos, alterando el mercado laboral, fuera de las organizaciones sindicales y haciendo uso de una economía sumergida a favor de patronos desaprensivos en estas situaciones.


Señorías, creemos que este proyecto de ley significa un paso positivo y mi grupo parlamentario lo va a votar favorablemente, porque supone dotarnos de un instrumento con el que nosotros podemos permitir que haya

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un equilibrio en lo que se pide desde Canarias al Ministerio del Interior, también al Ministerio de Trabajo, por los permisos laborales, etcétera, y al resto de la Administración, pero los que están en la primera línea del problema son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tenemos que tener una reciprocidad, y así la hemos obtenido. Hoy Coalición Canaria se siente en la comodidad de brindarle al Gobierno, y concretamente al Ministerio del Interior, un instrumento para luchar contra este problema en sus efectos, digamos, físicos, sociales, laborales y de seguridad. Lo que no podemos permitir es esta alteración de modelos de convivencia y de señas de identidad cultural a las que todo ciudadano español tiene derecho. Ellos tienen sus derechos, pero también el ciudadano español y las comunidades autónomas tienen derecho al equilibrio de unas señas de identidad, culturales, lingüísticas, religiosas, de todo tipo. Eso es la armonización y eso queremos ofrecerlo para que estos inmigrantes se puedan integrar cómodamente, pero por vía de legalidad, y no se integren en un mercado laboral de economía sumergida, no se integren dentro de una carencia de derechos humanos, no se integren como un factor contracultural en relación con ese territorio. Por todo ello nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, con el debate de hoy ponemos fin a la tramitación del proyecto de ley que nos ocupa en el Congreso de los Diputados y, salvo que la aprobación de alguna enmienda en el Senado obligue a traer de nuevo el proyecto a la Cámara Baja para que pronuncie sobre su aceptación o rechazo, esta será la última ocasión de la que dispongamos para debatir sobre el sentido, el alcance y el contenido de esta reforma que el proyecto promueve en tres fundamentales leyes, en la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España, en la Ley reguladora de bases del régimen local y en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.


Quisiera iniciar mi intervención reconociendo que el proyecto llega al Pleno mejorado, eso es indudable y además no nos duelen prendas reconocerlo, porque la actitud del Grupo Vasco con respecto al contenido de este proyecto nunca ha sido demagógica y no va a empezar a serlo ahora que culmina el iter parlamentario, por lo menos en la Cámara Baja. El texto que salga de la Cámara será, seguro, mejor que el que el Gobierno remitió para su tramitación y la mejoría se hace perceptible no solamente en algunos aspectos secundarios sino incluso en alguna cuestión de las importantes. Sin embargo -y esto quiero también subrayarlo y dejarlo claro-, la indudable mejoría que el proyecto ha experimentado en sus contenidos no lo hace suficientemente satisfactorio para el Grupo Vasco, y no lo hace porque son muchos, y algunos por cierto muy importantes, los aspectos que incluimos en las 37 enmiendas que presentamos al proyecto y que han sido rechazados. Permítaseme hacer una breve referencia a dos de ellos. El primero tiene que ver con el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que encierra una importancia no ya cardinal sino fundamental, porque hace referencia nada menos que a los principios. Nuestras enmiendas 78, 79, 80, 84 y 99 proponían importantes cambios que no han sido incorporados finalmente al dictamen de la Comisión. En esencia, estas enmiendas a las que acabo de hacer referencia planteaban una básica equiparación entre los españoles y los extranjeros en el ejercicio de unos derechos que en cuanto íntimamente asociados al umbral mínimo de protección que viene exigido por la defensa de la dignidad humana tienen un amplio contenido absoluto. Señorías, ustedes sabrán que desde hace ya algún tiempo el Tribunal Constitucional viene sosteniendo que más allá de ese contenido esencial que el legislador ha de respetar en la regulación de todo derecho fundamental por imperativo de la propia norma constitucional, existe en algunos casos un llamado contenido absoluto que protege a todo ser humano por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de participar de la condición humana, independientemente de su nacionalidad, haciendo abstracción de que sea nacional o de que sea extranjero. Algunos de los derechos que se ven afectados por la ley, como el de asociación, el de reunión y el de manifestación, son de los que tienen un amplio contenido absoluto y por tanto no resulta, a nuestro juicio, legítimo limitar su ejercicio en los términos en los que lo hace el texto vigente. Esto es lo que queríamos modificar a través de las enmiendas a las que acabo de hacer referencia.
Además, proponíamos dos nuevas modificaciones también a cuestiones relativas a derechos fundamentales y libertades públicas que han sido rechazadas. Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, por ejemplo, nuestra enmienda número 84 pretendía incorporar al texto del proyecto los postulados de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 95/2003, de 22 de mayo, que dice -y reproduzco literalmente un pasaje de la propia resolución judicial-: La privación del derecho a la justicia gratuita a los extranjeros que no residan legalmente en España y que reúnan las condiciones económicas previstas con carácter general para acceder a tal derecho implica una lesión del artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, señorías, frente a esto la norma vigente continúa restringiendo el reconocimiento de este derecho a los extranjeros residentes. Más claro, agua, señorías.


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Pretendíamos corregirlo del texto original a través de esta enmienda, pero su rechazo hace imposible adaptar el texto de la ley a los postulados de esta sentencia a la que acabo de referirme.


No quisiera concluir este capítulo de los derechos fundamentales sin referirme, siquiera brevemente también, al derecho de asilo. Señorías, ni una sola de nuestras enmiendas pretendía suprimir los controles administrativos ya existentes o nuevamente establecidos en relación con la inmigración y por supuesto en ningún momento han llegado a plantear tampoco que las directivas comunitarias sobre la materia hayan de quedar sin trasponer e incorporar al derecho interno. Lo que hemos defendido a través de nuestras enmiendas 99, 101 y 104 es que algunos de los sistemas de control previstos en el proyecto, y más concretamente los que pretenden instaurarse a través de las compañías de transporte, pueden llegar de hecho a vaciar el contenido del derecho de asilo y si no a vaciarlo, por lo menos a obstaculizar seriamente su posible ejercicio.
Piénsese en el caso de un extranjero que embarca en un medio de transporte en un país extranjero no comunitario con el propósito de llegar a territorio español, solicitar asilo y acogerse a la condición de refugiado. Los controles instaurados por las directivas y las exigencias que ahora plantea la ley a los transportistas pueden hacer que el viaje sea sencillamente imposible y desde luego que los propósitos del extranjero en cuestión se vean absolutamente frustrados. Evidentemente la salvaguarda del derecho de asilo no puede pasar por soslayar la aplicación del derecho comunitario, pero sí puede exigir incluir en la ley algunas cautelas que permitan conciliar armónicamente estos dos extremos, el respeto del derecho comunitario, que evidentemente es insoslayable, pero al mismo tiempo la máxima salvaguarda para quienes quieren acogerse o aspiran a acogerse al derecho de asilo y a la condición de refugiado, algo, por cierto, que hace la propia directiva 2001/51 del Consejo, de 28 de junio, que es una de las que se traspone en esta reforma. Nuestra enmienda número 99 sólo prentendía -fíjense, señorías- introducir en el texto del proyecto una cláusula que se encuentra ya en esta directiva. El artículo 4.2 de la directiva establece textualmente que las sanciones a los transportistas se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones de cada Estado miembro en los casos en los que un nacional de un tercer país busque protección internacional. Esto dice textualmente la directiva. Nosotros preguntamos: ¿por qué no introducir esta cláusula u otra similar u equivalente en el texto de la norma? Se nos dirá que no es necesario hacerlo para que despliegue todos sus efectos, pero para el aplicador del derecho no es irrelevante que se haga o que no se haga porque, una vez aprobada y en vigor, la referencia de los operadores jurídicos será la ley, y ningún transportista se arriesgará a ser sancionado si no cuenta con un mínimo amparo legal, pero que sea claro y taxativo, que le exima de la sanción si el incumplimiento formal de la norma tiene lugar con ocasión del ejercicio del derecho de asilo por parte de un extranjero.


En segundo lugar, quisiera referirme a las enmiendas números 85, 86, 87 y 88, que se proponían incluir en el texto del proyecto las prescripciones que fueran necesarias para dar por traspuesta la Directiva 2043 del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Señorías, se trata de una directiva cuyo plazo de trasposición se agotó ya el pasado 19 de julio, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo esta operación. Por tanto, la situación de España frente a la Unión Europea en este momento es de clara ilegalidad en este punto, en contra, por cierto, de lo que ocurre en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas efectivas para la incorporación de sus previsiones al ordenamiento interno. La directiva incluye una serie de previsiones que, efectivamente, no hacen referencia directa a la problemática de la inmigración, pero que tienen que ver con aspectos de las relaciones sociales que se encuentran íntimamente ligados a la inmigración e indisociablemente unidas al régimen legal de los extranjeros en España, que es la lucha contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico.


Señorías, no se puede argumentar, como a veces se hace, que la ley que debatimos se circunscribe estrictamente al régimen legal de los extranjeros y al control de la inmigración para, basándose en este argumento, oponerse a que la trasposición a esta directiva a la que acabo de hacer referencia se lleve a cabo a través de los preceptos de esta ley. En el Estado español la discriminación de origen racial o étnico se encuentra, no sólo, pero sí casi exclusivamente, asociada a la presencia en su territorio de extranjeros inmigrantes. No es casual, en este sentido, que la vigente Ley de extranjería incluya todo un capítulo dedicado a la regulación de las medidas antidiscriminatorias y que, entre estas, adquieran precisamente especial relevancia las que pretenden combatir las diferencias de trato basadas en la raza, la religión la etnia o la nacionalidad. Hasta ahora, el legislador español ha sido consciente de que los motivos de discriminación a los que se refiere la directiva se hacen patentes, sobre todo, en el ámbito de la extranjería y la inmigración. De ahí nuestra pretensión de que estos contenidos de la directiva se traspongan precisamente en el articulado de esta norma, porque esta norma ya ha incorporado a su propio articulado la preocupación que rezuma la directiva.


Nuestras enmiendas pretendían aprovechar la ocasión que nos brinda la reforma, justificada precisamente en parte en la necesidad de trasponer determinadas directivas comunitarias, para incorporar al derecho interno una directiva que todavía no lo ha sido -insisto en este punto; no ha sido incorporada-, aun cuando el plazo previsto para su trasposición se ha agotado ya,

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y cuyas previsiones -insisto- encontrarían un acomodo idóneo en el articulado de la ley objeto de reforma. Pretendíamos completar la definición que la ley hace de la discriminación -por ejemplo en su artículo 23- con una de nuestras enmiendas añadiendo las figuras de la discriminación indirecta y del acoso; dos figuras novedosas que tienen una estrecha relación con la problemática de la discriminación por motivos raciales o étnicos que no están recogidas en la normativa vigente. También pretendíamos incorporar al texto del proyecto una previsión muy importante de la directiva según la cual, en los procedimientos administrativos y judiciales no penales en los que se aleguen hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, la carga de probar que no ha habido discriminación ha de recaer sobre la parte demandada; por cierto, una inversión de la carga de la prueba que puede constituir un valiosísimo instrumento de lucha contra los actos de discriminación. En fin, siguiendo lo dispuesto en el artículo 13 de la directiva, en nuestra enmienda número 88 proponíamos la creación de un organismo estatal para la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos.


La señora PRESIDENTA: Señor Erkoreka, le ruego que concluya, por favor.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo inmediatamente, señora presidenta.


La directiva obliga a los Estados a crear uno o más organismos con este fin y hasta la fecha no se ha creado ni uno solo. En el informe de la ponencia se crea un observatorio español del racismo y la xenofobia que goza de competencias de estudio, análisis y propuesta pero, a nuestro juicio, este organismo no puede dar satisfacción a las exigencias de la directiva porque ésta encomienda a estos organismos, entre otras, una facultad que el observatorio no reconoce, que es prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por discriminación.


Señorías, concluyo mi intervención. Se trata de una reforma que no nos satisface, que no acoge el grueso de nuestras enmiendas y que aspira a insertarse en un texto legal que ya contaba con nuestro disenso. Por tanto, no puede contar con el respaldo del Grupo Parlamentario Vasco.
Nuestro voto será contrario al dictamen de la comisión.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, nosotros hemos visto con sorpresa este largo camino hacia la noche desde la Ley 4/2000. Hoy enmendamos una ley que enmienda otra ley que, a su vez, enmendaba una ley que habíamos tejido entre todos a través de un consenso unánime. Aquella Ley 4/2000 era una ley de mínimos, pero era una ley sobre la extranjería desde un punto de vista social, a través de una lectura amistosa de los derechos humanos. Esa es la primera línea divisoria. A partir de la Ley 8/2000, lo que diferencia la actual política de la que se contemplaba en la Ley 4/2000 es que aquella era una política de extranjería y éstas son políticas de represión, políticas policiales, cuando no contienen -ya hemos visto alguna intervención anteriormente- una cierta carga de xenofobia preventiva.


Nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, pero con texto alternativo, para demostrar que en el marco de la Unión Europea, en analogía con la mayoría de los países, es posible una ley de extranjería en positivo, desde el punto de vista de la Constitución, desde el punto de vista de una lectura adecuada de los derechos humanos y desde el punto de vista de la memoria que hemos perdido de este país, un país de emigrantes como el nuestro, que necesita una respuesta moral, histórica, política y social a esta situación, que no se está dando. No sólo hemos hecho una enmienda de totalidad con texto alternativo demostrando que es posible una ley de extranjería y no una ley represiva basada en motivos policiales, sino también basándonos en lo que ha dicho la Comisión Europea el pasado 3 de junio, cuando decía que el mantenimiento de la población en edad de trabajar, y más aun, el ratio de dependencia de las personas de más edad, exigiría un aumento masivo de la inmigración hasta el año 2030. Habla de efectos económicos positivos, en función de los estudios de la OIT, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, entre otros. Por ejemplo, textualmente, ahora se reconoce que la inmigración en Estados Unidos es una de las explicaciones de la prolongada expansión económica de los años noventa, en que se registró un incremento medio de empleo del 1,5 por ciento y un crecimiento económico global superior al 3 por ciento. En cambio, habla de que el decrecimiento económico en Japón deriva precisamente de ese bloqueo que se realiza en la política de extranjería. También habla de que el aumento económico y el volumen actual de crecimiento en Irlanda se debe también a normas flexibles con respecto a la extranjería. Incluso gente procedente de la economía y algunos empresarios creen -las palabras las pongo yo- que nuestra política es acomplejada y represiva, llegando a decir Brufau, en La Vanguardia de Barcelona del 27 de junio de 2003, que si los inmigrantes tuvieran más fácil entrar y salir, muchos vendrían a trabajar sólo a temporadas. Por lo tanto, una

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política acomplejada como la nuestra, que intenta, como ha dicho el señor ministro muchas veces, oponerse al efecto llamada, cerrar fronteras porque considera que estamos siendo invadidos, es una política que no es real, que no es adecuada y que no realiza, a nuestro juicio, ese esfuerzo pedagógico, de coraje democrático necesario en estos momentos de este país.


¿Cuánto inmigrantes hay en este país? Legalizados, 900.000 ni uno más, señor ministro. Ustedes hablan de 1.400.000, pero los otros 500.000 proceden de la Unión Europea, son comunitarios; ustedes los suman para llegar a una cifra de 1.400.000, pero son 900.000 legalizados y 500.000 que ustedes llaman ilegales. Eso es lo que hay en España, no hay más. A partir de ahí aparece esta política que no solo intenta reprimir, sino que intenta hacerlos invisibles. Es la política del hombre invisible, de la mujer invisible. Hablaban de cierto ministro de Franco que había convertido la peseta en una piltrafa y le iban a dar el Premio Nobel de química. Aquí hay que dar también otro Premio Nobel porque intentan convertir a los inmigrantes en invisibles. Por lo pronto esta ley va a suponer a los dos grandes partidos una especial ley del silencio.


La extranjería no da votos, señorías, y como no da votos, uno intenta, como en otros casos, sumarse, no a la conciencia media de los españoles, sino a la hegemonía política que deriva del Partido Popular para no estar fuera de juego con respecto a esa caza masiva de votos en el espacio de centro. Primera situación de cara a hacerlos invisibles. No se va a hablar de extranjería a partir de ahora en los grandes eventos políticos y electorales; nosotros sí vamos a seguir hablando, con independencia de los votos que dé o deje de dar. Hay que decirlo claro, la política que se aplica en España es la política del Partido Popular, no otra. Cuando algún otro grupo proteste porque se aplica una política especialmente represiva, si ese grupo ha votado hoy la ley, el Partido Popular podrá decirle: usted ha votado eso. Incluso cuando el Partido Popular no aplique la política porque en muchos casos es inaplicable -por ejemplo, de los 500.000 la mayoría son inexpulsables-; si alguien quiere decirles algo y ha votado esta ley, le tendrá que decir: sea usted más represivo.
Por lo tanto, estamos en una situación en que lo que se intenta aprobar es la política del Partido Popular. Enhorabuena, han sacado su política, que ha ido decantándose desde la Ley 4/2000, pasando por la 8/2000 y por esta, a una situación de represión máxima. Todavía más, hasta se comete un presunto fraude de ley cuando el Tribunal Supremo suspende los artículos y da el varapalo fortísimo con respecto a once o doce artículos del reglamento, pues ustedes en lugar de hacer que esos artículos decaigan, puesto que el Supremo dice que no consuenan ni con el espíritu ni con la letra de la ley 8/2000, cuando hay un artículo rechazado, reforman la ley introduciendo unos artículos más represivos aún que el texto de la ley. Eso es un fraude de ley, al menos simbólico, que nosotros queremos denunciar aquí, que no aceptamos, y por todo eso hemos presentado una serie de enmiendas.


Si los inmigrantes votaran no sería posible la ley del silencio, habría que hablar de ellos y habría que cuidarlos un poquito más. Por eso presentamos una enmienda en el sentido de que puedan votar en las municipales. De ninguna forma vamos a aceptar en plan pasivo que la policía pueda seguir entrando tranquilamente en el padrón. Esta es otra medida para hacerlos más invisibles. Para recibir medidas sanitarias tienen que empadronarse; ahora muchos de ellos no se van a empadronar porque la policía va a estar encima de ellos en función de su acceso directo -no hay ningún matiz real de fondo para interponerles ningún obstáculo- al padrón municipal. Es absolutamente inaceptable esa posición que se deriva de la ley. También recuperamos una serie de enmiendas que proceden de la Ley 4/2000 que, aunque era una ley de mínimos, por lo menos era una ley de extranjería, no una ley policial, represiva, una ley que, desde el punto de vista social y de los derechos humanos, intentaba ser de extranjería. En este sentido recuperamos una serie de enmiendas.


Como no podía ser de otra manera, intentamos que los derechos fundamentales figuren en esta ley orgánica: el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de sindicación y de huelga. Si hay personas -aquí la dicotomía legales/ilegales no sirve- y no tienen estos derechos, son invisibles, no existen; existiendo no existen; trabajando en el AVE del tramo Córdoba Málaga, no existen, a pesar de eso; recogiendo las frutas en los invernaderos de El Ejido, tampoco existen. ¿Saben ustedes lo que dicen en El Ejido? Que recojan a 55 grados porque eso es muy penoso, pero viviendas no, que no entren en los bares, que no vengan al pueblo; o sea, que trabajen, pero que el resto de su tiempo sean absolutamente invisibles. Nosotros hemos presentado esa enmienda relativa a los derechos de reunión, de asociación, de sindicación, porque sin ella no hay derechos fundamentales ni derechos humanos. Por cierto, que se ha dicho aquí que este no es un tema de la ley, se intenta tergiversar por ahí. Esta ley, al ser orgánica, tiene un voto de conjunto, luego se vota a favor de esta ley y se vota también a favor de que no contenga los derechos fundamentales y, por otra parte, se mantienen recursos de inconstitucionalidad por la falta de los derechos fundamentales. Es una contradicción que no logramos entender desde ningún punto de vista.


Mantenemos el rechazo a la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la necesidad de ampliar el amparo judicial para que consuene con las leyes españolas, la regularización por arraigo y creemos que habría hacer una regularización extraordinaria de los 500.000 inmigrantes que ustedes llaman ilegales. Esos inmigrantes no son expulsables, están trabajando aquí y esta ley intenta no sólo hacerlos invisibles, sino hacer

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que su vida cotidiana sea un infierno y, cuando protesten, echarles encima la sombra de que son delincuentes, de que vienen aquí a por el trabajo, de que vienen aquí a inestabilizar la vida cotidiana. No es así. Son pobres, están intentando entrar aquí, permanecen, no son expulsables y, por tanto, pedimos una regularización extraordinaria.


Termino, señora presidenta. Nosotros no estamos de acuerdo con esta ley, para la que es preciso mayoría absoluta en una votación final de conjunto, como ley orgánica. Vamos a votar en contra por los motivos que le he dicho, por motivos que aparecen de forma pormenorizada en nuestro texto alternativo. Este país, hoy, pierde la oportunidad de responder con coraje democrático a una situación con la que tenemos un débito histórico y político muy fuerte. No respondemos con coraje europeo, con coraje democrático, respondemos con complejos y con una política represiva.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señora presidenta.


Como recordaba el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, continuamos la tramitación en el Pleno de la Cámara de esta tercera reforma legal de nuestro marco regulador de la extranjería, la cuarta si contamos la Ley 4/2000. Cerramos este trámite en el Congreso de los Diputados, antes de enviar el texto al Senado, con un hecho positivo, o al menos así lo quiere destacar mi grupo, el acuerdo que han alcanzado el Partido Popular y el Partido Socialista en una materia tan sensible como la inmigración y sobre la que es necesario, sin lugar a dudas, que los dos principales grupos políticos de esta Cámara lleguen a acuerdos. A nosotros, a Convergència i Unió, que siempre habíamos reclamado este consenso entre los principales partidos políticos españoles, nos parece bueno que por fin se haya alcanzado, pues era necesario quitar tensión política a esta materia.


Hecha esta afirmación, señorías, señor ministro -mi grupo valora y agradece que nos acompañe el señor ministro-, es evidente que llegamos con tres cuestiones mal resueltas. En primer lugar, la incapacidad, compartida tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, de permitir la plena participación de las comunidades autónomas que así lo deseen en la regulación de los flujos migratorios de carácter laboral y familiar. En segundo lugar, la incapacidad del Gobierno para cumplir la legislación vigente, porque esta reforma llega después de constatar que la Ley 8/2000 no se ha podido o no se ha querido cumplir en muchos de sus aspectos. Finalmente, la incapacidad del Gobierno, a nuestro entender asombrosa, de asumir que, junto con el reto de la regulación de los flujos migratorios, el reto de la integración social es fundamental para convertir la inmigración en un proceso exitoso para nuestra sociedad. En este sentido, el acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista no da respuesta satisfactoria a estas tres cuestiones, lo que va a llevar a Convergència i Unió a abstenerse en la votación final de esta reforma.


La Ley 4/2000 abrió la vía a la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los flujos migratorios a través del Consejo Superior de Política Migratoria. Hoy, el balance que hacemos del funcionamiento del Consejo Superior de Política Migratoria -contemplado en la Ley 4/2000- y de los instrumentos que se incorporaron en ese ámbito en la 8/2000 es de fracaso evidente. La capacidad del Gobierno de Cataluña de participar activamente, de tener información, de saber lo que sucede, de influir en esta política, es cero. En este sentido, el proyecto de ley consagra una visión centralista de la política de inmigración, y hoy los hechos nos demuestran que esa visión centralista es ineficaz e inútil de cara a una regulación eficaz de los flujos migratorios.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, y creemos que interpretando el sentir mayoritario de la sociedad catalana, es evidente que una sociedad nacional como Cataluña, en tanto en cuanto se define como nación, tiene derecho a articular su propia política de inmigración en el marco de la Unión Europea. Las sociedades nacionales -las naciones- tienen derecho a articular su propia política de inmigración. De modo que no planteamos sólo la participación de las comunidades autónomas que así lo deseen en los flujos migratorios por razones de eficacia y de sentido común, sino también porque entendemos que Cataluña, como sociedad nacional, tiene derecho a ello. Además, señorías, en el actual reparto constitucional de funciones, queremos que las comunidades autónomas puedan desarrollar de verdad sus competencias en materia de acogida e integración social. Las comunidades autónomas deben poder participar en las políticas que regulan el acceso; sin participación en las políticas que regulan el acceso, no se pueden desarrollar las políticas de acogida e integración social. Participación, información, transparencia, control, presencia en la planificación de la política de inmigración y en su control, son fundamentales desde nuestra perspectiva. Por eso no deja de sorprendernos de nuevo que, en una materia tan sensible, el Partido Popular y el Partido Socialista coincidan precisamente en negar esa capacidad de crecimiento del autogobierno. De todos modos, estamos convencidos de que es cuestión de tiempo, y de que Cataluña tendrá más pronto o más tarde -como fruta madura- plenas competencias en cuestiones migratorias.


Decíamos ya en la reforma de la 8/2000 -y hoy lo reafirmamos- que los problemas que tenemos en España en materia de inmigración no responden fundamentalmente

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a las características del marco legal, responden a las dificultades de aplicación de la ley ante la imposibilidad de su aplicación o la falta de voluntad política del Gobierno de aplicar la ley. Ahí está el fracaso del contingente en 2002 y el previsible fracaso del de este año; la situación de miles de inmigrantes con órdenes de expulsión tramitadas y no ejecutadas; la situación que estamos viviendo en Ceuta durante estas últimas semanas; la situación que vivimos el Cataluña en Alcarràs este verano, o en Sant Andreu, en Barcelona, esta primavera; las dificultades para hacer frente a la situación de los menores extranjeros indocumentados, especialmente de Marruecos; el descontrol en los aeropuertos españoles -el señor Mardones lo denunciaba, y yo también, desde esta tribuna-, que permite que miles de ciudadanos extranjeros lleguen a España con visado de turista y no regresen a sus países, engrosando esa bolsa de inmigrantes en situación irregular; el peso creciente de la inmigración irregular en la economía sumergida; o la aparición de determinados problemas de convivencia en ciudades de toda España; todos estos problemas, señorías, que son los problemas reales que afectan a la inmigración, tienen muy poco que ver con el marco legal que nos otorguemos; tienen que ver con las políticas que el Gobierno desarrolle para aplicar la Ley 8/2000 o la que se aprobará próximamente.


Mi grupo entiende que falta voluntad política, faltan medios, faltan recursos y falta superar una visión burocrática y policial. Exigimos sofisticación en la gestión, flexibilidad cuando sea necesario y rigor cuando toque. Exigimos política con mayúsculas. Cierto que es una buena política la de que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a un acuerdo en esta materia; es una buena política porque nos permite resolver un conflicto que contaminaba la materia. Sin embargo, política con mayúsculas quiere decir también solucionar, por fin, la relación con Marruecos; política quiere decir establecer en esta materia un marco de relaciones eficaz con las comunidades autónomas; política quiere decir convertir el reto de la integración social en un reto compartido por toda la sociedad. Nuestro grupo, desde un cierto escepticismo va a controlar al Gobierno, a partir de la aprobación de esta ley, para ver si es capaz de asumir las responsabilidades que se habrá marcado en esta ley y en la 8/2000.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, el principal reto al que debemos hacer frente, junto con el de la regulación eficaz de los flujos migratorios, es el de ser capaces de articular un conjunto de políticas públicas que permitan que los flujos migratorios que estamos viviendo -y que vamos a vivir con intensidad en los próximos años- nos permitan seguir construyendo sociedades cohesionadas. Afirmábamos en Cataluña, con términos que utilizamos allí, que el objetivo de nuestra sociedad, como resultado de los flujos migratorios interiores españoles de los años cincuenta, sesenta y setenta, era construir un solo pueblo, un sol poble.
Pues bien, el conjunto de la sociedad española también tiene el reto, ante la inmigración, de construir una sola sociedad, un solo pueblo. Eso exige movilizar recursos; recursos, por ejemplo, para hacer frente a la integración de los niños y niñas en nuestras escuelas, principal garantía de éxito del fenómeno migratorio; recursos para facilitar a los ciudadanos extranjeros el conocimiento de los idiomas que se hablan en España; recursos para superar las dificultades socioeconómicas en el ámbito de la vivienda, del empleo y de los servicios sociales, que hoy no permiten esa efectiva integración de las personas inmigradas. Más recursos, más medios y participación autonómica son elementos necesarios si de verdad queremos evitar que España padezca en materia de inmigración problemas que hoy otras sociedades europeas con mayor experiencia migratoria están padeciendo.


Señorías, nuestra sensación es que, en este ámbito de la inmigración, necesitamos menos discursos, menos políticas de gestos y más compromisos.
Nuestras enmiendas han ido orientadas hacia esos tres ejes, junto a algunos otros que también han sido defendidos por portavoces de los grupos de la oposición, muy especialmente hacia la defensa del derecho de asilo que en algunas de las nuevas disposiciones que se incorporan a este proyecto de ley se puede ver afectado sensiblemente.


A pesar de que, en el informe de la ponencia y posteriormente en el dictamen de la comisión, el texto inicialmente planteado por el Gobierno ha sido mejorado como resultado de ese acuerdo, un acuerdo que es además coincidente con determinadas enmiendas que había presentado Convergència i Unió, especialmente en materia de reagrupación familiar, en el mantenimiento del concepto de arraigo y en mejora de la situación de los menores de 18 años en aspectos de carácter laboral, desde esa valoración positiva de esas mejoras, reconociendo también que en determinados aspectos, ya sea por trasposiciones de directivas o por cumplimiento de sentencias del Tribunal Supremo, era necesario abordar una reforma de características similares a las que el Gobierno ha propuesto, nuestro grupo, desde el escepticismo sobre la eficacia y desde nuestra preocupación por la falta de interés del Gobierno en abordar el reto de la inmigración y movilizar recursos a favor de esa integración social a través de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, desde nuestra discrepancia y denuncia de esas coincidencias centralistas entre el Partido Popular y el Partido Socialista y desde la convicción de que debemos trabajar para afrontar con éxito ese principal reto que tiene el conjunto de la sociedad, hoy no vamos a apoyar esta nueva reforma, vamos a optar por una abstención prudente, por el sentido común que siempre nos ha caracterizado pero también de exigencia de cumplimiento de la ley y

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de plena participación de Cataluña en la gestión de los flujos migratorios.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en turno de fijación de posición, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, el Partido Socialista llega a este Pleno, en el que se debate la tercera reforma de la Ley de extranjería de la presente legislatura, con la satisfacción de haber introducido modificaciones sustanciales, y no meramente técnicas, en relación con el proyecto que remitió el Gobierno a la Cámara hace algunos meses. La sociedad española ha encontrado a los socialistas una vez más en el terreno de la responsabilidad; responsabilidad para entablar un diálogo serio no exento de dificultades, con el objeto de cambiar en profundidad unas reformas que considerábamos manifiestamente mejorables. La mayoría de nuestras aportaciones han sido aceptadas, el proyecto ha mejorado sustancialmente y en coherencia el texto va a contar con nuestro apoyo.


No voy a entrar en algunas provocaciones que se han producido en esta Cámara pero, señor Alcaraz, no lo hago porque además de ser pura fabulación es precisamente lo que el Partido Socialista trata de evitar con esta posición hacia el diálogo. El tratamiento normalizado de la inmigración y que esté fuera de la confrontación partidista es la única manera de abordarlo con seriedad y de dar respuesta a los problemas que tenemos en nuestro país como consecuencia de la inmigración, no per se sino por el tratamiento que se está haciendo de ella. Pero, señor Alcaraz, debo dejar aquí clara una cosa. Por mucho que usted quiera hablar de extravagantes votaciones, de ratificaciones o convalidaciones del conjunto de la ley, lo que hoy se vota aquí es una votación de conjunto sobre el texto que el Gobierno ha traído de reforma de la Ley de extranjería. En cualquier caso, el Partido Socialista sigue manteniendo en el Tribunal Constitucional el recurso de los artículos que considerábamos que atentaban contra derechos constitucionales y por tanto es estar erre que erre con un argumento que usted está utilizando pero que no se sostiene con una pizca de rigor y seriedad. Esa responsabilidad que estamos poniendo en este tema, como siempre lo hemos hecho, es la responsabilidad en la que los ciudadanos nos van a encontrar siempre para buscar acuerdos y no confrontación en este tema tan sensible que hoy nos ocupa. Sí tengo que decir que es una lástima que nuestra disposición al diálogo no haya sido tenida en cuenta hasta el final de la legislatura, sin embargo, ello no nos impide valorar la actitud favorable que hemos hallado en esta ocasión.


Este no es el pacto de Estado que venimos proponiendo los socialistas; se trata de un acuerdo ceñido a la reforma legislativa que no comprende otros ámbitos de la política de inmigración. Mantenemos intacta nuestra posición crítica hacia la política de inmigración del Gobierno, porque España ha carecido en estos años de una gestión eficaz en lo que se refiere a la ordenación y al control de los flujos migratorios, en los dispositivos de acogida y de atención, así como en todo lo que se refiere a la promoción de la integración social de los inmigrantes en nuestra realidad social. Por supuesto, no es ajeno a la responsabilidad gubernamental el incremento de la inmigración irregular que vivimos durante muchos meses, sin embargo, la lucha contra la irregularidad no es patrimonio de ningún sector político sino que representa una pieza esencial de cualquier política de inmigración, con independencia de quién tenga la responsabilidad de gobernar. Si abdicásemos de ese esfuerzo por combatir la llegada de ilegales estaríamos cometiendo un grave error, pues evitar la irregularidad es uno de los principales objetivos que debemos tener porque además tiene como víctimas tanto a las sociedades de acogida como a los propios inmigrantes y como únicas beneficiarias a las mafias que trafican con la desesperación de los seres humanos. Es en esta firme determinación por lo que respecta a la lucha contra la inmigración irregular en la que siempre van a encontrar al Partido Socialista, es la misma con la que hemos venido criticando la ineficacia de la política gubernamental y también la que nos permite sentirnos satisfechos por que se hayan incorporado al paquete de reformas distintas enmiendas socialistas para incrementar las obligaciones de los empresarios que contraten irregularmente y seguir avanzando en la lucha por desterrar la explotación laboral.


La ley es condición necesaria pero no suficiente para llevar a cabo una política de inmigración eficaz. El Gobierno va a contar con un marco legislativo más apropiado pero también le incumbe la responsabilidad de no desaprovechar esta oportunidad que le brindamos con nuestro apoyo a la reforma, que debe ir acompañada de una gestión adecuada. En este terreno, acertar hoy es esencial para evitar la aparición de problemas mañana mismo. El Gobierno no debe equivocarse y el Partido Socialista le exigirá un cambio en el rumbo, en la orientación y en la eficacia de las políticas.


El acicate más efectivo para disuadir a los potenciales irregulares es que las vías para canalizar la inmigración regular funcionen con agilidad, permitiendo las contrataciones de acuerdo con las demandas de nuestro mercado de trabajo; a ese objetivo van dirigidas una parte muy importante de las enmiendas socialistas. En el debe gubernamental ha de apuntarse que durante los últimos años en España la irregularidad ha sido el paso previo a la legalidad para una gran mayoría de inmigrantes

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y todo ello genera una pedagogía perversa que debe evitarse. En paralelo, no podemos negar que el contingente de contratación de trabajadores extranjeros ha fracasado año tras año y por tanto debemos abordar también su reforma.


Entre las distintas aportaciones del Grupo Socialista que se han incorporado a la ley significaré la creación del visado temporal de búsqueda de empleo, un instrumento novedoso en nuestra legislación migratoria, que aportará resultados extraordinariamente positivos en cuanto a las contrataciones en determinados sectores, además de un visado de búsqueda de empleo para nietos e hijos de españoles. Me gustaría también subrayar aquellas enmiendas que potencian la participación de las comunidades autónomas en la política migratoria y la imprescindible coordinación entre las tres administraciones. El señor Campuzano conoce bien estas enmiendas y sabe de nuestro trabajo perfectamente perfilado y diseñado para colaborar. En cualquier caso, yo hubiera esperado aquí alguna justificación en cuanto a que es suya parte de la corresponsabilidad de estos malos resultados durante estos años por haber avalado la anterior Ley de extranjería. También me gustaría resaltar nuestras enmiendas en cuanto al refuerzo de la Administración exterior en los importantes cometidos que le van a corresponder ahora en relación con la canalización de los flujos migratorios.


Señorías, la voluntad del Grupo Socialista ha sido dotar a la reforma en curso de las mayores garantías para los extranjeros en los procesos de índole administrativa y especialmente en aquellos casos en los que se hace necesario un internamiento previo a su devolución. En relación con esto me gustaría reseñar -quizá porque la considero de gran alcance- la aceptación de una enmienda en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los preceptos reglamentarios anteriores del catálogo de derechos y deberes de los internados en los centros, revalidando su condición de centros de custodia no penitenciaria. El Grupo Socialista ha puesto un especial empeño en que el acceso, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los datos del padrón disponga de las máximas garantías de seguridad previstas en la legislación sobre protección de datos en aras de preservar el derecho a la intimidad de las personas y así lo hemos logrado mediante la incorporación de nuestra enmienda. Pero debo añadir, señorías, que una vez establecidas las garantías necesarias, como ya he dicho, no se llegan a comprender las razones para que se hallen todos estos datos a disposición de las autoridades en el caso de los ciudadanos españoles y también de los extranjeros residentes legales y que sin embargo les sean vetados en el caso de los inmigrantes irregulares, máxime cuando hasta razones de seguridad pueden aconsejar su consulta.


También quiero citar otras importantes mejoras introducidas por nuestras enmiendas que afectan a la ampliación de los supuestos para acceder al reagrupamiento familiar, a la creación de un observatorio para el racismo y la xenofobia; subrayaría también, en sintonía con la prioridad que concedemos a la lucha contra la violencia de género, la posibilidad de que el cónyuge reagrupado pueda obtener un permiso independiente desde el momento en que obtenga una orden de protección, y también la plasmación para desarrollar programas de retorno de los inmigrantes que deseen volver a su sociedad de origen con los medios para facilitar su asentamiento.


Señorías, la inestabilidad de la legislación en materia de extranjería a la que nos ha sometido el Gobierno durante esta legislatura resulta expresiva de los límites y de los desaciertos con que fue abordada la reforma del año 2000 y, en cierto modo también, del fracaso del tratamiento de la inmigración durante todo este tiempo. Sin embargo, con la crítica no basta, queremos que ésta vaya acompañada de propuestas, como hemos hecho, para alcanzar consensos básicos. La aceptación de 20 de las 24 enmiendas presentadas por el Partido Socialista y la transacción de las cuatro restantes dan cuenta cabal de que hemos logrado los objetivos que nos propusimos. Hemos logrado introducir modificaciones sustanciales, prácticamente la totalidad de las que proponíamos y por ello, insisto, tendrán nuestro apoyo. Además, lo hemos hecho manteniendo los principios sobre los que ha descansado y descansa la política de inmigración que hemos defendido los socialistas: lucha contra la irregularidad, fomento de la inmigración legal ajustada a las necesidades de nuestro mercado de trabajo, apuesta por la integración social de los inmigrantes. Un objetivo claro, trabajar por la normalización en el tratamiento de la inmigración porque, sin duda alguna, señorías, se beneficiará la inmigración, se beneficiarán los inmigrantes, pero también la sociedad española en su conjunto.


Señorías, señor ministro, no quisiera irme hoy de esta tribuna sin decirles que, más allá de la ley, existen dos objetivos de primer orden: ordenar la llegada de inmigrantes y que la integración sea una realidad, es decir, evitar la creación de guetos. Son tareas aún pendientes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar quiero agradecer a todos los grupos las aportaciones que se han hecho durante este trámite parlamentario, incluso a aquellos que presentaron una enmienda a la totalidad, porque creo que para todos ha supuesto un reto poder tener la mejor ley.


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Le quiero agradecer especialmente al ministro que hoy nos acompaña el inicio de esta tramitación. Usted dijo cuando presentó este proyecto que quería aportaciones, que eso es lo que se pretendía. Precisamente por ese clima que se ha instaurado durante estos meses es por lo que yo, antes de iniciar mi intervención, quería agradecer su postura y la de todo el ministerio, fundamentalmente la del secretario de Estado.


En la inmigración no se puede estar en la confrotación. Creo que ese es un hecho constatado. Nosotros aquí queríamos sumar y debatir la inmigración como una cuestión de Estado, es más pretendíamos hacerlo desde el principio de la legislatura y todos ustedes son conscientes de ello.
Desgraciadamente no pudo ser. Se pueden buscar varias explicaciones, yo creo que fundamentalmente estaban cuestiones de partido, pero al final es una satisfacción, para todos los que hemos estado trabajando en el ámbito de la inmigración, que se haya podido alcanzar un acuerdo que yo creo que es un acuerdo con un amplio consenso. Probablemente, y ahora lo veremos, se podrán tener matices o estar en desacuerdo en algunas cuestiones, pero entiendo, vistas las explicaciones que han dado, incluso los grupos que están totalmente en desacuerdo con esta ley, que cuando se hable de política de inmigración las cosas deben estar claras, y están realmente claras cuando se hace una política de inmigración seria.


El fenómeno de la inmigración es un reto que, además, ha avanzado de una manera espectacular y, por tanto, nuestro marco legal ha tenido que estar adecuándose al mismo. Nosotros aquí teníamos que hacer una ordenación de esos flujos migratorios de una manera sencilla, eficaz y, por los datos que tenemos, era un reto al que teníamos que hacer frente. Estoy hablando de las altas en la Seguridad Social, del incremento tan importante que hemos tenido en los permisos de trabajo, en los cambios que se han experimentado en los últimos años en los sectores de actividad. Si antes algunos estaban vinculados al servicio doméstico o al ámbito agrario, ahora es todo el sector servicios el que tiene un incremento muy importante de inmigrantes. Ese cambio del mercado laboral es el que ha hecho posible que tengamos que acometer reformas que agilicen esa tramitación en los permisos. Por eso se modifica no solamente el ámbito de la tramitación sino que también se modifica el visado, que pasa a ser un instrumento mucho más flexible y sirve, además, de permiso de trabajo, o todas las modificaciones que han venido acompañadas de lo que es la propia gestión. Les voy a poner un ejemplo. En el año 1991 hubo un proceso de regularización que fue incluso menor que los que se han seguido en estos últimos años. En el año 1997, seis años después, todavía había expedientes pendientes de resolver. Creo que ese camino ha tenido un avance espectacular. Probablemente ahora mismo estaremos intentando acortar los plazos, los meses que se tarda en conseguir un permiso de trabajo, pero antes hablábamos de años.


Señorías, cuando hablamos de contingente tengo que recordar aquí esas primeras comparecencias en las que se hablaba de que el contingente no podía ser un órgano de regularización, de que el contingente tenía que servir para regularizar los flujos en los países de origen. Pues bien, eso hoy es una realidad, exactamente igual que lo es la contratación en origen, igual que hoy lo son los permisos de temporada, porque esos convenios firmados que antes no existían con la República Dominicana, con Marruecos, con Rumanía, con Perú, con Polonia, con Ecuador o con Bulgaria, permiten que se puedan acortar esos plazos y que estemos hablando de una auténtica política de inmigración. Había que reformar y reforzar los mecanismos de lucha contra la inmigración irregular y había que luchar contra las mafias y contra las nuevas formas que tienen las mafias de actuar en nuestro país. Lo estamos viendo. Lo hemos visto los últimos días, lo hemos visto en las pateras en las que no sólo vienen personas adultas a intentar regularizar su situación aquí, sino que ya vienen niños. Son pateras que impulsan las mafias con niños para poder conseguir una regularización familiar fraudulenta. Hay que ser contundentes y hay que decirlo claro, sin complejos, hay que ser contundentes contra la inmigración irregular y hay que exigir a los transportistas y a los empresarios que asuman su responsabilidad y evitar el fraude en la inmigración. Les voy a dar un dato objetivo, en cifras: en lo que va de año se han repatriado 70.000 inmigrantes irregulares y se han desarticulado 500 redes, y eso me parece que es una gran noticia y un gran éxito en lo que debe ser la lucha contra esa inmigración irregular.


Nosotros luchamos contra la reagrupación fraudulenta, pero además en esta modificación se abren nuevas posibilidades, nuevas posibilidades cuando existen malos tratos, con personas con discapacidad o con menores. Esa es la política que nosotros estamos impulsando desde aquí. Yo creo que España tiene que ser consciente de que, al igual que le interesa que haya una inmigración legal, también le interesa que no existan personas que vienen a nuestro país a delinquir, y precisamente por eso nuestra legislación va a garantizar esas dos medidas. Además, cuando yo les digo que hay que ser contundentes contra las mafias y decirlo sin complejos, es porque nuestra legislación es la más garantista de toda la Unión Europea; tenemos reflejados todos los derechos que puede tener cualquier español en cualquier persona que esté viviendo en situación regular en nuestro país, en educación, en sanidad, en becas, en formación, en acceso a la vivienda, en servicios sociales, en todos, con la ley impulsada desde el Partido Popular, hay que decirlo, porque antes la Ley de 1986 no lo recogía, pero esta sí. Es más, no solamente recoge esos derechos para todos los inmigrantes que están en situación de regularidad en nuestro país,

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sino que cualquier derecho fundamental viene recogido para cualquier persona, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre. Por eso nos sentimos orgullosos de impulsar una política que va en consonancia con el resto de los países de la Unión Europea. Si España está hablando de un espacio común, ¿cómo vamos a tener una política de inmigración diferente del resto de los países? ¿Cómo vamos a tener unas directivas diferentes de lo que se ha marcado en Tampere, en Sevilla o en Tesalónica? ¿Cómo vamos a hacer nosotros otra política de lo que ya se está viendo que se está siguiendo en el resto de los países? Esta reforma viene avalada no solamente por esas políticas, sino también por el propio informe del Consejo de Estado o de la Agencia de Protección de Datos. Esta reforma nos va a permitir contar con un marco legal que se adapta mejor a las necesidades de nuestro país, a nuestro mercado laboral, a la capacidad de acogida y, sobre todo, a la realidad del fenómeno de la inmigración.


No puedo dejar de incidir en algunos aspectos que aquí se han mencionado por parte de algunos portavoces, pero para ser breve no podré contestar extensamente a todos. En primer lugar, agradezco al portavoz de Coalición Canaria no solamente su postura sino también la reflexión que ha hecho diciendo lo acertado del planteamiento de la política de inmigración que lleva el Gobierno. Se podrá estar más o menos de acuerdo, pero cuando en el fondo de la cuestión se está totalmente de acuerdo en el planteamiento, me parece una postura positiva, cosa que no comprendo con respecto a la postura de Izquierda Unida, y mira que hemos tenido debates el señor Alcaraz y yo en este tema, pero a mí me gustaría que en algún momento determinado el señor Alcaraz, cuando suba a esta tribuna o cuando haga algún debate, diga qué país conoce que aplique la política que él quiere traer a España, que nos diga cuál, ya no solamente de Europa, yo se lo amplío, señor Alcaraz, qué país conoce usted del mundo que aplique la postura que usted hoy aquí ha mantenido. Usted habla del voto de los inmigrantes cuando están en España. ¿Qué pasa, que el sentido de la reciprocidad para usted no dice nada? Porque es lo que nosotros mantenemos: si los españoles pueden votar en los países de origen de esas personas, que esas personas puedan votar aquí, pero, si no, ¿nosotros estamos garantizando unos derechos que se les están negando a esos españoles? A mí me parece que eso no es ético, y no son cuestiones electoralistas, son cuestiones de principios. Usted ha hablado de xenofobia preventiva, de represión policial, de que es inaceptable...
Usted defiende la política más liberal por otro lado. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que no le gusta de esta reforma. ¿La lucha contra las mafias? ¿Que se practiquen expulsiones? ¿Que se tenga una tolerancia cero contra la explotación? ¿De qué derechos fundamentales nos está hablando? ¿Del derecho de sindicación y huelga que ya el propio Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado han reconocido que no son derechos fundamentales, o son derechos que usted quiere aplicar con el término de fundamentales? Aquí no se puede estar haciendo regularización repetidamente, como usted quiere aplicar. (Desde la tribuna de invitados se arrojan papeles al hemiciclo.)

La señora PRESIDENTA: Ruego a los servicios de la Cámara que expulsen a las personas que están alterando el orden en las tribunas. (El señor De Grandes Pascual, dirigiéndose a los bancos de Izquierda Unida: ¡Subir a atenderlos! ¡Qué payasada!- Rumores.) Ruego a los servicios de la Cámara que permitan que continúe el Pleno. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. (Pausa.)

Continúe, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Señor Alcaraz, no es una política que se esté siguiendo en ningún ámbito y sería un gravísimo error seguirla aquí.


Respecto a la postura del portavoz de Convergència i Unió, no estamos de acuerdo en algo que ha defendido, las competencias. Propone una política exterior propia, propone una planificación de los cupos dentro del ámbito de Cataluña y nosotros le proponemos una colaboración institucional, una planificación en los flujos en cuanto al número y en cuanto a sectores de actividad que con coordinación, como se está haciendo en el seguimiento de estas políticas, es un marco que da cabida a las competencias de las comunidades autónomas y a lo que debe ser la política de inmigración que debe de estar dentro del ámbito nacional. (Rumores.)

A la portavoz del Partido Socialista quisiera decirle que, aun cuando siempre hemos reconocido que la política de inmigración no podía estar centrada en lo que debe ser un debate de partido, le agradecemos, fundamentalmente a usted, señora Rumí, que haya hecho una aportación positiva y que haya entendido... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.


La señora MUÑOZ URIOL: ... que haya entendido que se debe sacar del contexto de partido lo que debe ser una auténtica política de inmigración. La inmigración está por encima de la confrontación, está por encima de políticas de partido, está por encima de políticas extremas. Sé que S.S. no estuvo al frente de aquellas manifestaciones de papeles para todos, pero sí estuvieron algunas personas próximas a su entorno o próximas a otros partidos. Ya se ha visto que ese no es el buen camino.
Ahora sí, ahora estamos sembrando y poniendo las piedras fundamentales para seguir construyendo lo que debe ser una política de inmigración.


Termino, señorías, como empecé. La inmigración es un reto donde todos tenemos que estar con rigor, con seriedad y, sobre todo, con responsabilidad.


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Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. (Pausa.)

Iniciamos la votación de las enmiendas y del texto del dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local; y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.


En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 16; en contra, 254; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Saura Laporta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 14; en contra, 252; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 14; en contra, 252; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Núñez Castaín.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 25; en contra, 255.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 57, 60 y 61, del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 13; en contra, 157; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 12; en contra, 256; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 17; en contra, 254; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


En primer lugar, las números 76, 79, 80, 85, 87 y 104.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 28; en contra, 158; abstenciones, 96.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 81, 83, 89, 98, 100, 102, 105, 107 a 109 y 112.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 12; en contra, 255; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 26; en contra, 252; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En primer lugar, las números 15, 17, 18 y 19.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 26; en contra, 162; abstenciones, 94.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 20.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 11; en contra, 161; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 16 y 23.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 12; en contra, 266; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 13; en contra, 257; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 172 y 188.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 24; en contra, 158; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 20; en contra, 256; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 254; en contra, 14; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000156.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional. (Rumores.)

Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo, que lo hagan en silencio y a los demás, que ocupen sus escaños, también en silencio, para poder continuar con el debate.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, daré por defendidas las enmiendas de cada uno de los representantes del Grupo Mixto y señalaré las razones por las cuales mantenemos algunas de nuestras enmiendas. Estamos hablando del dictamen del proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional que tiene una gran importancia porque articula las bases para cooperar con uno de los hitos en la protección de derechos humanos y en la construcción de un sistema de justicia universal, una de las cuestiones más importantes de los últimos tiempos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) A la hora de analizar el proyecto de ley que se remitió a la Cámara, desde nuestro punto de vista había un problema relevante en cuanto al no reconocimiento en toda su integridad del principio de justicia universal. Durante los trabajos de ponencia y Comisión se han incluido modificaciones que, en nuestra opinión, subsanan los defectos que podría tener el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Sin embargo, quedan algunas cuestiones pendientes y, singularmente, la relativa al artículo 7.1. ¿Por qué? Porque esta cuestión se visualiza desde el punto de vista de política exterior y nos preocupa terriblemente que la presentación o no de determinada denuncia a la Corte Penal Internacional pueda quedar supeditada más a intereses de política exterior que a aquellos intereses que debieran ser regir la justicia universal. Por eso proponíamos que los órganos judiciales competentes y el ministerio fiscal pudieran presentar también denuncias ante la Corte Penal Internacional, pero no se consideró esta posibilidad en Comisión.


Tengo que hacer referencia a una enmienda que el Grupo Socialista nos ofreció, que consistía en introducir una cuña que concretaba nuestras pretensiones centrándolas en el fiscal general del Estado. Entendemos su razón y le agradecemos al Grupo Socialista que manifestara su interés por esta cuestión. Las razones que nos llevaron a no aceptarla, a pesar de que entendemos que hay que delimitarlo de alguna forma y parece razonable que pudiera ser a través del fiscal general del Estado, son que el modelo de fiscal general del Estado que hoy tenemos y la experiencia de lo que hemos visto en estos últimos años, nos demuestran que en la práctica poca diferencia nos íbamos a encontrar a la hora de

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evitar que pudiera quedar supeditado sólo a los intereses de política exterior. No tengo que citar aquí qué es lo que está pasando con el fiscal general del Estado ni cuál es la supeditación o dependencia que tiene del Gobierno hasta sus últimas consecuencias en muchos temas, que no compartimos. Quizá si hubiera un modelo de fiscal general del Estado más ligado a las Cortes Generales, podríamos entenderlo así. Por el momento mantenemos nuestra enmienda tal y como la proponemos, sin perjuicio de que es cierto que quizás haya que buscar una solución para delimitar la introducción de los órganos judiciales más allá de la competencia del Ejecutivo para presentar las correspondientes denuncias.


Nada más, señor presidenta, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URIA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señora presidenta.


Concluye hoy su paso por esta Cámara la Ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, que trae causa de la Ley orgánica 6/2000 que autorizó la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional por España y parte del presupuesto del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del propio Estatuto de Roma, lo cual nos lleva a pensar que se permite la aplicación directa por los tribunales. En lógico desarrollo de este planteamiento, la ley sólo regula aquellos aspectos orgánicos, procesales y procedimentales que permiten la aplicación concreta del estatuto, evitando reproducir preceptos de éste puesto que ello resultaría redundante. Tiene carácter orgánico porque afecta a competencias judiciales y a situaciones de libertad y de prisión provisional. Lo normal en la regulación del estatuto es la no libertad provisional dada la gravedad de los delitos a los que la norma se refiere. La regulación de la norma se hace bajo el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional ya que no sustituye a las jurisdicciones penales nacionales. La jurisdicción de la Corte sólo se ejercerá de manera subsidiaria, es decir, cuando el Estado competente no quiera o no pueda enjuiciar unos determinados hechos. La articulación de estos principios es quizá lo que ha sido objeto de mayor crítica -lo fue en las enmiendas a la totalidad- y ha sido objeto también del mayor número de enmiendas, en la idea de si desaparecía o no el principio de jurisdicción universal que plasma el artículo 23 de la Ley orgánica del Poder Judicial y la adición del artículo 7 -que, en el proyecto, quedó con dos apartados mientras que en el anteproyecto todos lo habíamos conocido con un tercero-, que, en alguna medida, subsanaba o arreglaba esta cuestión y que, definitivamente, ha sido devuelto al tenor de la norma.


Otra cuestión a destacar es que el Ministerio de Justicia se constituye en el órgano básico de la relación política y administrativa de la Corte y los órganos judiciales y el ministerio fiscal. Del mismo modo, el proyecto opta por concentrar la mayoría de las actuaciones judiciales en la Audiencia Nacional. Esta cuestión ha sido también objeto del mayor número de enmiendas, teniendo un tratamiento específico en el informe del Consejo General del Poder Judicial, y de un interesantísimo voto particular que firma el vocal, señor López Tena. Echamos en falta -lo hemos dicho en todos los trámites de la ley- una aportación posible de España a la regulación del principio de cooperación, como es haber introducido la posibilidad de acusación particular ya que nuestra Constitución tiene esta figura que otras no tienen, lo que hubiese permitido que las personas afectadas por las actuaciones pudiesen hacer valer sus derechos frente a la Corte Penal Internacional, haciéndose así también eco de las teorías conforme a las cuales en estos procedimientos debieran tener entrada las víctimas. No ha sido así, nos parece una ocasión perdida. Tampoco mi formación política presentó enmienda al respecto, pero quizá en el Senado lo intentemos.


¿Qué enmiendas concretas presentó el Grupo Vasco a este proyecto de ley? Nos parecía importante -para evitar otro enunciado que supusiese una enumeración exhaustiva de órganos- que ya, desde el artículo 2, al hablar de cooperación pasiva, además de que la cooperación con la Corte Penal Internacional se hará de acuerdo con lo prevenido en el estatuto, en especial su artículo 86, se dijera: a estos efectos, se entenderá que todos los poderes y órganos del Estado actuarán en el marco de sus competencias con respecto al citado principio de cooperación, sin que quede sólo la idea de que España prestará plena cooperación y se sepa que todos los poderes y órganos del Estado deben actuar. Se recogía así el voto particular al que antes me he referido del vocal del Consejo General del Poder Judicial que sintetiza en alguna medida pormenorizados enunciados que se hacen en enmiendas de otras formaciones políticas. De la misma manera, en el artículo 4 pretendíamos que al listado actual se le añadiera la letra h), hablando del resto de los poderes y órganos del Estado.


En nuestra siguiente enmienda proponíamos la adición de dos apartados al artículo 7. En lugar de la opción que se ha elegido finalmente, que fue aprobada en Comisión, de volver a incluir el apartado 3, al que antes he hecho referencia, que estaba en el anteproyecto, preferíamos la separación en dos apartados, que permitiría regular de una manera más correcta la modulación del artículo 23 de la Ley orgánica del Poder Judicial que proclama la justicia universal, de tal forma que, siendo el autor de los hechos un extranjero y cometidos los delitos fuera del territorio español, la jurisdicción española se vería superada por la de la Corte. Con la enmienda que introducíamos se pretendía

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dotar de equilibrio a esta apuesta por la jurisdicción internacional, adicionando un supuesto en el que la preferencia no tiene lugar, cual es el de que la víctima del hecho delictivo sea un nacional español, en cuyo caso, siempre se entenderá competente la justicia española. En segundo lugar, se introduce una segunda cláusula de equilibrio que permite la repetición de la denuncia ante los tribunales y órganos del Estado español en el supuesto de que no se inicie la investigación por la Corte, no se admita el enjuiciamiento o se suspenda cualquiera de tales procedimientos en los casos previstos en el artículo 16 del Estatuto de Roma, es decir, cuando el Consejo de Seguridad acuerde la suspensión.
Nuestra propuesta, que nos parecía más completa que lo que se incluye en el apartado tercero y mejor que lo que el proyecto preveía anteriormente, no ha sido aceptada.


En el artículo 16.2 pretendíamos introducir una enmienda, con la que creíamos se ganaba en claridad, respetando lo establecido en el Estatuto de Roma, completando lo que puede tener de relación con los órganos propios del Estado el artículo 90 del estatuto, relativo a solicitudes concurrentes de entrega de la Corte y de extradición por un Estado, sea éste parte o no en el tratado. Esta enmienda, con la que nos parecía completar la regulación, había sido objeto de petición y de formulación por parte del representante catalán de Convergència i Unió en el debate de totalidad, que luego no se incluyó e, incluso, se nos ofreció una transacción en Comisión, finalmente retirada por el propio grupo mayoritario; una lástima, porque creemos que hubiera quedado más completo el contenido de este precepto. Igualmente, pretendimos introducir en Comisión una enmienda in voce, contenía un matiz en el artículo 5, cuando alude a la posibilidad de que España sea representada por alguien distinto de la abogacía del Estado. Nos parecía que era bueno que, en este caso de persona especialmente designada, además de tener que cumplir las funciones que le incumbirían a la abogacía del Estado, se añadiese la especial cualificación que esta persona debiera tener. La doctrina ha sostenido que debiera hacerse hincapié en la especial cualificación en materia de derecho internacional o de derecho penal y procesal, lo cual completaría la adecuada defensa del Estado. Señorías, sabemos que no estamos hablando de la defensa de los particulares -frente a los que se dirige la acusación y, por tanto, con un derecho de defensa de distinta entidad-, pero creemos que la representación del Estado debiera quedar perfectamente garantizada en el texto de la ley por la que se regula la cooperación con la Corte Penal Internacional, que estaba en manos de personas con cualificación bastante para llevarla adelante.


Mi formación política va a dar su voto favorable al texto del dictamen de la Comisión, pues lo consideramos un instrumento necesario para que funcione y sea posible el avance jurídico internacional que supuso la creación de la Corte Penal Internacional. Se ha dicho que fue el más importante desde el año 1945 y que la institución que entonces se creó es la última gran institución del siglo XX, institución independiente, aunque vinculada a Naciones Unidas, con personalidad jurídica internacional y, lo que es más importante, con vocación de generalidad y permanencia. Entendiendo que es importante lo que hoy aprobamos, la formación política a la que represento va a apoyar el texto íntegro del dictamen.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario quiere manifestar, al igual que hizo en su momento, que considera muy positivo el hecho de elaborar una propuesta legislativa de cooperación con la Corte Penal Internacional. Sin embargo, desde el inicio hemos hecho constar que la tramitación parlamentaria nacía desde la ausencia de un debate sobre esta materia con los colectivos que debían interactuar en la efectiva puesta en marcha de la Corte Penal Internacional: organizaciones de defensa de los derechos humanos, asociaciones de víctimas, asociaciones de jueces, fiscales, abogados y cualesquiera otros colectivos implicados. Desgraciadamente, no ha sido así y nos encontramos en esta fase con un proyecto de ley personal e intransferible del Gobierno, otro más, cuando la materia debiera haber suscitado un deseado, y más que deseado, clima de consenso y colaboración que, por desgracia, no se ha dado.


Entrando ya en aspectos más técnicos, consideramos que el proyecto de ley que presentó en su día el Gobierno aún mantiene importantes lagunas en su regulación. Aunque el asunto estrella de este proyecto es la eliminación del principio de justicia universal, que fue el centro de los debates parlamentarios y de la opinión pública hace unos meses cuando debatíamos la enmienda a la totalidad -tanto es así que casi todos los grupos parlamentarios, a través de sus enmiendas, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos hemos coincidido en la necesidad de apuntalar el principio de justicia universal como cauce legal idóneo para luchar contra la impunidad de los genocidas-, intuimos, una vez más, que el Gobierno se va a quedar solo, si no en el voto final, donde va a tener el respaldo de este grupo, en la postura plasmada en su artículo 7. Mi fuerza política muestra, una vez más, su disconformidad y se mantiene firme en este punto. Ante un tema de tanta envergadura, como es la lucha contra la impunidad en el mundo de los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, no se puede eliminar o menoscabar el principio de justicia universal

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que debiera regir en este tipo de procesos y también -por qué no decirlo- por las graves consecuencias prácticas que conllevaría no respetar ese principio de justicia universal.


Centrándonos en el articulado, nos merece especial mención los artículos 7 y 8 del proyecto cuya redacción nos parece insuficiente para garantizar la jurisdicción de los tribunales españoles en caso de graves crímenes contra la humanidad. Debemos manifestar que el esfuerzo del Gobierno por introducir enmiendas ha sido escaso, mínimo, aunque en algunos casos resulta positivo, como en el caso del artículo 7.3 del anteproyecto que había desaparecido posteriormente y que nuevamente se incluye. Por este motivo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida mantiene su enmienda a ambos artículos -7.1, 7.2 y 8.1- ya que las enmiendas introducidas por el Gobierno -y lo pueden vestir como quieran- básicamente vienen a consagrar la subsidiariedad de los tribunales españoles y a dificultar el procesamiento de los imputados por delitos graves contra la humanidad, lo cual contradice el espíritu y la letra del estatuto. Mantenemos, por tanto, nuestra posición crítica en el proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional por los siguientes motivos.


En primer lugar, porque estimamos imprescindible que se suprima el carácter exclusivo de la competencia del Gobierno para presentar denuncias ante el fiscal general de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, porque se debe atribuir esta competencia también a los órganos del Poder Judicial para así salvaguardar la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a la Corte Penal Internacional sin un filtro claramente político, como es el Gobierno. A juicio del Grupo Federal de Izquierda Unida, el artículo 7.2 contradice abiertamente el principio de jurisdicción universal consagrado en el artículo 23, apartados 3 y 4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, dado que la Corte Penal Internacional no debe ser entendida como un sustituto de los procesamientos nacionales que tengan competencia en jurisdicción universal. El estatuto, al que me refería antes, en su artículo 1 establece que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales y no el carácter subsidiario que, casi de puntillas, pretende introducir el Gobierno en este proyecto. Es más, el Estatuto de Roma exige expresamente a los Estados que lo han ratificado -y por supuesto, entre ellos a España- que acepten la responsabilidad primordial de investigar y procesar en sus tribunales a los presuntos autores de los delitos que pertenecen a la jurisdicción de la Corte. Redundando en este extremo, el estatuto establece una jurisdicción limitada para la Corte, ya que en ausencia de una remisión de un caso a la Corte por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, aquélla no podrá procesar a persona acusada de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra que sean nacionales de un país que no haya ratificado el Estatuto de Roma o cuando el delito se haya cometido en un país que no haya ratificado dicho estatuto. Más aún, la Corte sólo podrá juzgar a personas acusadas de delitos cometidos a partir del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de la Corte. Por tanto, los tribunales nacionales que ejerzan la jurisdicción universal podrán procesar a las personas acusadas de estos delitos, con independencia del momento en que se hayan producido, en especial si fue con anterioridad a la entrada en vigor del estatuto. Esa es la diferencia.


Imagino que a estas alturas es innecesario recordar, señores del PP y señores del Gobierno, que los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, torturas, desapariciones, etcétera, son delitos imprescriptibles y por tanto el proyecto debiera dar cumplimiento efectivo y fijar el cauce legal necesario para garantizar, de conformidad con la legislación internacional, la imprescriptibilidad de estos delitos y sus penas. A juicio de este grupo parlamentario, el proyecto de ley, en este momento, sigue sin cumplir el objetivo de mejora de nuestra legislación y en consecuencia no garantiza mínimamente que se inicien o continúen investigaciones y se procese a las personas inculpadas en nuestros tribunales, por lo que deberían seguir avanzando, si no aquí, en posteriores trámites, en la toma en consideración, tanto de las enmiendas presentadas por mi grupo como por el resto, que tienen el mismo objetivo, cual es asegurar la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar, de forma complementaria a la Corte, los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etcétera, con independencia de la nacionalidad de los autores, de las víctimas, o del lugar donde se cometieron.


Otro asunto importante que figura en las enmiendas presentadas por mi grupo consiste en otorgar al juez central de instrucción de la Audiencia Nacional que conozca del asunto con capacidad de decisión para resolver sobre la competencia de los tribunales españoles y, en su caso, solicitar la inhibición al fiscal de la Corte, conforme al artículo 18 del mencionado estatuto. Por el contrario, el artículo 8.2 del vigente proyecto adjudica esta potestad a los ministros de Asuntos Exteriores y de Interior, e incluso no recoge la recomendación del informe del Consejo General del Poder Judicial de oír con carácter previo al juez que conozca del asunto. No obstante, la propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va más lejos y conlleva la supresión de cualquier filtro político.


Entendemos, por último, que el proyecto no traslada las garantías que se recogen en el propio estatuto ni da soporte legal para garantizar el cumplimiento adecuado de las mismas, aunque hay que reconocer que en alguna cosa concreta se ha avanzado algo. El texto adolece de una serie de garantías que no se recogen en el proyecto, tales como una garantía explícita para asegurar

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que cuando las autoridades españolas reciban la orden de detención de la Corte actuarán con la mayor diligencia posible para proceder a la detención inmediata de la persona requerida, de conformidad con el artículo 89 del estatuto; una garantía expresa de que las autoridades españolas asistirán con toda diligencia a la Corte en la localización, congelación, incautación y decomiso de los haberes de los acusados.
También echamos en falta en el texto, por eso lo hemos enmendado, la incorporación de una garantía expresa de que las autoridades españolas facilitarán los allanamientos y los decomisos de pruebas por la Corte, incluida la exhumación de cadáveres y la preservación de las pruebas.


Verdaderamente nos parece que un ambicioso proyecto como es el que hoy estamos debatiendo, que debiera haber sido hablado, discutido, consensuado, charlado con mucha más gente, con gente que lleva mucho tiempo trabajando en estos temas y que conoce los múltiples vericuetos, al final va a concluir, al menos en esta fase, en un texto que deja mucho que desear. No obstante, como entendemos que en algo se ha avanzado y que era necesario un texto de esta enjundia, va a tener el respaldo de mi grupo parlamentario.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, la ley que hoy se aprueba aquí, dando por bueno el dictamen de la Comisión y ya veremos si con la incorporación de alguna enmienda de las diversas que quedan vivas, es un instrumento absolutamente indispensable para que entre todos podamos poner en marcha el Tribunal Penal Internacional y que se convierta en un instrumento realmente eficaz y no se quede en una de esas simples proclamas utópicas que de vez en cuando plantea la humanidad; que, como digo, sea un instrumento jurídico real, concreto, engranado en los mecanismos jurídicos de los distintos Estados. Y eso es exactamente lo que hace la ley orgánica que hoy aprobamos: articular la relación entre las distintas jurisdicciones, las distintas policías y los distintos sistemas penitenciarios con el Tribunal Penal Internacional propiamente. Por eso empapa todo el texto -si me permiten la expresión- el carácter subsidiario del Tribunal Penal Internacional. Es algo que hay que recordar una y otra vez, sobre todo cuando estamos hablando de algunos países -muy particularmente Estados Unidos- que siguen teniendo terror a este instrumento, que les sigue provocando pánico, siendo la forma de protestar contra él andar presionando a otros Estados y difundiendo la especie de que este sería un organismo controlado poco menos que por comunistas, por descerebrados o por antiamericanos del mundo juntos, que acabarían procesando a súbditos norteamericanos.


Una ley como esta -que no estaría de más que se tradujera al inglés y se enviara a la Embajada de los Estados Unidos- ilustra perfectamente cómo el Tribunal Penal Internacional sólo tiene carácter subsidiario. Es decir que, allí donde la jurisdicción estatal no entra, puede entrar el Tribunal Penal Internacional. Sólo cuando un sistema judicial ha decidido, en función de sus propios criterios de competencia -o jurisdicción, según la terminología española- judicial internacional, no entrar a conocer de un asunto, no poner en marcha su mecanismo penal represivo -sólo en ese caso-, puede entrar en funcionamiento el Tribunal Penal Internacional. Aunque el principio es obvio, lo compartimos y creemos que en conjunto está adecuadamente reflejado en esta ley, es sin embargo uno de los puntos en que esta ley podría ser todavía mejor de lo que es. Ya se ha corregido en parte en la Comisión, pero seguiría siendo importante que fuera más allá de donde va. Porque, efectivamente, el juego del citado principio -el Tribunal Penal Internacional sólo actúa cuando la jurisdicción española no puede conocer- puede llevar -y de hecho ha llevado en esto al Gobierno- a la tentación de aprovechar el viaje para reducir el alcance de la jurisdicción española en estos casos, quitándose de encima supuestos procesales (más bien en el futuro, porque aquellos de los que ya se está conociendo difícilmente se los podrá quitar) que pueden resultar más o menos incómodos y limitando por tanto de alguna forma la noción de jurisdicción universal.


Es verdad que la propia noción de jurisdicción universal matiza su sentido por la existencia del Tribunal Penal Internacional, eso no lo vamos a negar. Es precisamente porque hay un Tribunal Penal Internacional por lo que será cada vez más raro que se den situaciones como la que se ha dado en la Audiencia Nacional con algunas dictaduras iberoamericanas, o como las que se han dado en Bélgica o en otros Estados. Esto es obvio, es así, es bueno y es el sentido del Tribunal Penal Internacional; pero eso no significa -ni lo prevé el Estatuto de Roma- que, por el solo hecho de que se haya puesto en marcha el Tribunal Penal Internacional, tenga que desaparecer el concepto de jurisdicción universal, porque no es cierto.


De ahí que siga viva una de nuestras enmiendas, cuyo sentido me parece que comparten otros grupos parlamentarios de esta Cámara. La jurisdicción española no debería desaparecer en estos casos, cuando estemos en situaciones en las que haya víctimas de nacionalidad española. No tiene sentido que la jurisdicción española quede limitada en estos supuestos a los casos de delitos cometidos en el territorio o de delitos en los que el sujeto activo -el presunto delincuente- sea español. Entendemos que debería mantenerse cuando estemos hablando de la nacionalidad española de la víctima o del perjudicado -según la terminología de

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otro de los enmendantes-. Esa es una de las enmiendas concretas que sigue viva por nuestra parte. Y, en la misma línea, mantenemos viva otra enmienda, que pretende mejorar o perfeccionar el engarce entre esta ley y la Ley orgánica del Poder Judicial, que es el sitio en el que se establece el alcance de la jurisdicción española. Si eso no se hace bien, podemos entrar en una disfunción de enormes consecuencias prácticas y procesales para cualquier supuesto que se plantee en el futuro.


Dicho esto, no podemos dejar de reconocer que es un avance que en la ponencia, y posteriormente en la Comisión, se haya perfeccionado -aunque no con la redacción que nosotros le hubiéramos dado- el importantísimo artículo 7 del texto, eje fundamental de todo lo demás: cómo, cuándo y de qué manera se inicia una investigación ante la Corte. Es muy importante que hayan quedado claras dos cosas, en buena medida reconociendo y aceptando enmiendas que había presentado mi grupo. En primer lugar, la posibilidad de que incluso en los supuestos en los que la competente es la Corte Penal Internacional y es ésta quien está iniciando un procedimiento se puedan establecer medidas cautelares de diverso tipo en el ámbito procesal penal o incluso civil en los tribunales españoles.
Sería un poco absurdo que estuviéramos en un proceso iniciado ante el Tribunal Penal Internacional donde los tribunales españoles no tuvieran ni siquiera la competencia para poder poner en práctica medidas cautelares personales o reales. En segundo lugar, también es muy importante dejar claro que si de alguna manera un asunto, una denuncia concreta, un expediente, un proceso, ha ido al Tribunal Penal Internacional y finalmente éste considera que por distintas razones -entre ellas, razones de oportunidad, que las puede tener, porque puede tener argumentos de oportunidad el propio tribunal o las puede tener el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- se ha considerado que no debía conocer de esa causa el Tribunal Penal Internacional, el asunto vuelve a la jurisdicción española, que a partir de ahí sí podrá conocer. Por tanto, quedando claro que el artículo 7 no tiene exactamente la redacción que nosotros querríamos y que efectivamente, como han dicho algunos portavoces, el artículo 7.2 podría tener un alcance muy superior al que tiene, no podemos dejar de felicitarnos por lo que se ha avanzado.


¿Dónde queda, aparte de este tema, el eje, el grueso de las enmiendas vivas de mi grupo? Pues en algo muy obvio que, como ocurre en otros casos, nos cuesta mucho entender por qué a otros les cuesta entender. Tan sencillo como eso. Y es que el hecho de que estemos hablando de una ley de colaboración con el Tribunal Penal Internacional, es decir de relación del sistema jurisdiccional, represor y penitenciario español con otra institución, no altera para nada la distribución de competencias interior del Estado español, ni modifica quién es quién entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, ni modifica quién es quién entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía autonómica, ni muchísimo menos, y tiene más trascendencia, modifica quién es quién en la Administración penitenciaria. Quienes han redactado esta ley han olvidado -por ignorancia o mala fe, como suele ocurrir siempre en estos casos; que cada uno juzgue- que no todas las prisiones españolas dependen de la Administración general del Estado y que en España hay una comunidad autónoma que ejerce plenamente competencias penitenciarias y que tiene plenas competencias administrativas en el ámbito de la Administración penitenciaria. Y por tanto cada vez que en este texto se hace referencia a traslado de condenados, a cómo, cuándo y de qué manera trasladar un recluso, entregar un procesado, llevar un detenido que está preso en una cárcel española y que pueda comparecer ante el Tribunal Penal Internacional, todo eso supone la puesta en funcionamiento, la comunicación, el diálogo, la consulta en su caso y la implementación de medidas entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y obviamente la Administración penitenciaria afectada, que en muchos casos puede ser la Administración de la Generalitat de Catalunya, como Administración penitenciaria competente. De ahí derivan una serie de enmiendas que parece obvio que se planteen. Me sigue costando entender por qué es tan difícil que algo que es así -además es que ni siquiera hace falta decir que está en el estatuto sino que es así en la práctica, señorías, porque por suerte, y lo quiero dejar claro, funciona perfectamente bien en el día a día, no hay en este momento un conflicto mínimamente relevante entre la Administración penitenciaria catalana y la Administración penitenciaria del Estado, que depende del Ministerio del Interior-, como eso es así, que no empiece a serlo a partir de ahora.
Tendría muy poco sentido que en el ámbito del Tribunal Penal Internacional empecemos a tener conflictos de invasión de competencias en el ámbito penitenciario.


Pedimos al Grupo Parlamentario Popular que acepte estas enmiendas. Y si hoy no es el día, por la razón que sea, que tenga no sólo la bondad sino la prudencia, en el sentido más profundo de la expresión, de estudiarlas en el Senado. Porque nos podemos encontrar, muy a nuestro pesar, con una ley que en este punto vaya contra los estatutos de autonomía y por tanto contra el propio bloque de constitucionalidad. No tendría sentido que se vacíe de competencias a la Generalitat de Catalunya en el ámbito penitenciario respecto de estos delitos, porque eso no tiene base legal de ningún tipo. De ahí, por tanto, varias de nuestras enmiendas. A partir de ahí, anunciamos que probablemente en el Senado introduciremos algunas enmiendas más, particularmente en lo que se refiere a la colaboración entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, especialmente en lo que se refiere a la orden de detención y entrega, por entender que la Policía autonómica, que tiene también sus competencias en este ámbito, no está reconocida como se

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debe; es de esas cosas donde a veces los a priori políticos priman sobre la realidad.


Me gustaría que alguien leyera esta ley con el siguiente supuesto en mente: ¿Qué ocurre si está residiendo en la Costa Brava algún perseguido por genocidio? ¿Alguien me quiere decir quién va a ser la policía que le va a detener, cuál va a ser el sistema penitenciario donde va a estar cautelarmente retenido si aparece residiendo en la Costa Brava el señor Karatzi con identidad falsa, aunque con el señor Karatzi tendríamos un tema de retroactividad, o el señor Charles Taylor? Imaginemos que se empieza un proceso contra él y que se instala en un piso en Barcelona o que aparece en Playa d´Aro. ¿No se dan ustedes cuenta de que con el actual sistema de competencias la única policía que le va a poder detener, porque no es terrorismo, porque no es frontreras, porque no es tráfico de drogas, son los mossos d'Esquadra? ¿No entienden que la cárcel donde estará detenido será una cárcel que depende de la Generalitat de Catalunya? Será una policía autonómica la que le tendrá que entregar y será una cárcel de la Administración autonómica donde tendrá que darse esa medida cautelar. Es tan obvio y tan sencillo como eso.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Guardans, le ruego concluya.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señora presidenta.


Hay que seguir apoyando el Tribunal Penal Internacional, y con eso termino la reflexión más política.


Esta ley es importante pero seguimos pidiendo al Gobierno, como lo hemos hecho en otros ámbitos, que traiga a esta Cámara para su ratificación, con urgencia puesto que está próximo el final de legislatura, el estatuto de privilegios e inmunidades del Tribunal Penal Internacional. Sin la ratificación de ese instrumento internacional, el Tribunal Penal Internacional no puede funcionar; es algo que puede parecer espeso, que puede parecer muy técnico pero es así, a veces hay mecanismos técnicos que pueden hacerlo absolutamente ineficaz. Esta ley está muy bien pero sin el estatuto de privilegios e inmunidades, que todavía no ha sido ratificado por España, no podrá funcionar el Tribunal Penal Internacional. Y hay que seguir explicando a países, concretamente a Estados Unidos, en uso de esas relaciones políticas privilegiadas que tiene el Partido Popular con el Partido Republicano de Estados Unidos, que tiene José María Aznar con el presidente Bush, hasta el punto de comprometerse con su propia campaña electoral, en ese contexto, es bueno que por lo menos saquemos todos algo positivo y que, en el flujo de diálogo intenso e íntimo que se está dando entre los dos líderes, se explique a la Administración norteamericana las virtudes del sistema del Tribunal Penal Internacional y sobre todo se contribuya -se podría hacer si se quisiera- a suavizar esos miedos que tienen los norteamericanos, muchas veces por pura ignorancia. Insisto, no sería mala idea traducir al inglés esta ley y entregársela al departamento de Justicia de Estados Unidos.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, cuando hace unas semanas se produjo en este hemiciclo el debate de totalidad sobre el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional nosotros ya dijimos, y lo repetimos en la Comisión de Justicia la semana pasada, que los objetivos de nuestras enmiendas ante este proyecto importantísimo, sin el cual no es posible el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, eran básicamente tres. En primer lugar, mantener para España la jurisdicción universal en delitos contra la humanidad.
Éste ha sido un avance decisivo de nuestro ordenamiento jurídico, que no lo tienen otros ordenamientos jurídicos en Europa. En España, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le da jurisdicción para juzgar delitos aun cometidos fuera de España pero que sean contra la humanidad (genocidio, terrorismo, torturas, desapariciones), por eso España, en su momento, intentó detener y juzgar al dictador Pinochet. El segundo objetivo de nuestras enmiendas era que no hubiera en ningún caso impunidad, que España, aun cuando colaborase con la Corte Penal Internacional, no pudiera por la ley enviada por el Gobierno producir la impunidad, dejar que posibles delincuentes contra la humanidad no fueran juzgados nunca. En tercer lugar, una plena colaboración con la Corte Penal Internacional.


Estos eran los objetivos de nuestras enmiendas y siguen siéndolo al día de hoy, después del debate en la Comisión de Justicia e Interior. Nosotros presentamos una enmienda de totalidad. Recordarán que defendimos aquí una enmienda de totalidad a este proyecto de ley. El ministro de Justicia, señor Michavila, estaba en aquel momento en el hemiciclo e intervino para decir que eran enmiendas veraniegas, que nuestra enmienda de totalidad era una enmienda veraniega y que no tenía ningún sentido. Nuestra enmienda tenía un sentido muy claro. El proyecto que envió aquí el Gobierno era un proyecto que permitía la impunidad, el proyecto que envió el Gobierno decía lo siguiente: Si una persona acusada de un delito contra la humanidad es denunciada en España -porque está en España y España podría ejercer su jurisdicción- por delitos que pudieran haberse cometido fuera de España, hay que decirle: Váyase usted a la Corte, yo no quiero saber nada y se acabó. Eso es lo que el Gobierno vino a decir en ese momento en el que se produjo el debate de totalidad. El señor Michavila salió a esta tribuna a decirnos que

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nuestra enmienda de totalidad era una enmienda veraniega porque lo que pretendía era precisamente evitar eso; evitarlo, que España no pierda su jurisdicción universal, que si en España se denuncia a un genocida y se le dice que se vaya a la Corte Penal Internacional porque no hay conexión con España, si la Corte Penal Internacional no le persiguiera, pueda volver a ser juzgado en España.


Evitar la impunidad era el sentido de nuestra enmienda de totalidad y de otras enmiendas de otros grupos parlamentarios. Esa enmienda veraniega -en expresión del señor Michavila- ha triunfado sin embargo, porque gracias a esa enmienda de totalidad hoy el proyecto es distinto y el Grupo Popular ha tenido que aceptar en la Comisión las enmiendas de este grupo y de otros, en el sentido de introducir de nuevo el artículo 7.3, que dice exactamente lo siguiente -y lo voy a leer porque merece la pena, ya que es una novedad respecto del proyecto que trajo aquí el Gobierno-.
En el caso de la solicitud de iniciar una investigación por el fiscal de la Corte, el artículo 7.2 dice que cuando se presentara una denuncia podrá decírsele a la persona que la competencia es de la Corte, pero a continuación dice el 7.3: No obstante, si el fiscal de la Corte no acordara la apertura de la investigación o la Corte acordara la inadmisibilidad del asunto, la denuncia, querella o solicitud podrá ser presentada nuevamente ante los órganos correspondientes.


Si aquí hay una denuncia o querella o intento de denuncia o querella contra una persona por genocida o por torturador y se entiende que es competencia de la Corte Penal Internacional, se enviará el asunto a la Corte, pero si la Corte no lo juzga, no lo persigue, vuelve a España, que lo tendrá que juzgar. Ese ha sido, creo, un avance importantísimo en este proyecto de ley, producto de esa enmienda de totalidad que presentamos algunos grupos, que ha ganado, que ha triunfado en este Parlamento y que ha cambiado de una forma bastante importante este proyecto de ley. Esa es una razón esencial, junto con la necesidad de que este proyecto de ley sea aprobado porque es un proyecto de ley de colaboración con la Corte Penal Internacional, es una de las razones más importantes por las cuales nuestro grupo va a votar a favor de este proyecto de ley, que ha cambiado gracias a la enmienda de totalidad que presentamos en su momento, que presentaron también otros grupos en ese mismo sentido y que se ha incluido en el debate en Comisión.


Nosotros entendemos, a pesar de eso, que, como han señalado también otros intervinientes anteriormente, hay defectos todavía en este proyecto de ley que deberían ser subsanados, en este trámite -que sería lo deseable- o en el trámite del Senado, por las vías que proponemos en nuestras enmiendas o por las vías que tenga a bien proponer el Gobierno o el Grupo Popular, porque realmente tienen que solucionarse algunos agujeros importantes que tiene todavía este proyecto. Me voy a referir al que nos parece fundamental, que es el que tiene que ver con el artículo 7.2 del proyecto, que a nuestro juicio está mal redactado; el 7.2 en relación con el 8.1. Según el artículo 7.2, que todavía figura en el proyecto, si una persona denuncia en España a un delincuente que está en España, por ejemplo a un presunto genocida, que ha producido asesinatos de españoles, si el hecho se ha producido fuera de España, España no va a poder perseguir ese delito. Así es como está ahora mismo el proyecto de ley.
Eso nos parece sencillamente inaceptable. ¿Cómo se le va a decir a una persona, que sabe que existe alguien que está viviendo en España, que ha torturado o matado a españoles, que España no va a conocer de ese delito, porque se produjo fuera de España y que, en su caso, tendrá que irse a litigar a la Corte Penal, a La Haya? Eso es contrario al principio de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.


De lo que se trata, y es el objetivo de nuestra enmienda al artículo 7.2, es que cuando haya en delitos contra la humanidad una conexión con España, porque el autor de ese delito sea español, o porque la víctima o perjudicado sea española, o porque el lugar de comisión o alguno de los hechos sean en España, en esos casos, cuando haya una conexión española, tiene que haber una jurisdicción española. España no puede perder la jurisdicción que le da el artículo 23 de la Ley orgánica del Poder Judicial. Este es el objetivo de nuestra enmienda y es algo que va en la línea de lo que la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo ha establecido a ese respecto. Cuando haya una conexión en delitos contra la humanidad con España, un interés español, más allá de que todos debemos estar interesados en perseguir los delitos contra la humanidad; pero si, además, hay una conexión concreta por el autor, por la víctima, por el lugar, con este país, España debe perseguir y juzgar. España no puede perder la jurisdicción universal que le da la Ley orgánica del Poder Judicial. Este es el sentido de esta enmienda y por eso solicitamos que la enmienda 56, al artículo 7.2, sea aceptada. Nos parece que sería muy importante que así lo fuera. En la misma enmienda nosotros señalamos también, claramente, que cuando se produce ese tipo de denuncias tiene que haber la capacidad para España de adoptar medidas cautelares; aunque se le diga a la persona que tiene que dirigirse al fiscal de la Corte, tiene que haber la posibilidad de tomar medidas cautelares, porque, si no, una persona denunciada que esté en esos momentos en España podría escapar, podría huir de la justicia y se podría producir la impunidad.


El intento de que no haya impunidad es lo que intenta nuestra enmienda 57, al artículo 7.3, artículo que nos parece que es bueno que se haya reintroducido, pero que todavía le falta algo, ya que hay casos en los que podría darse la impunidad. Nosotros endentemos que hay que completar ese artículo para que en cualquiera de los casos en que un delito contra la humanidad no

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fuera perseguido por la Corte Penal Internacional, no se adoptasen decisiones para perseguir -y no todos los casos están previstos, y hay que advertirlo, en el proyecto-, vuelva a España para ser juzgado en España ese posible delito. Ese es el sentido de nuestra enmienda, que va asimismo en la línea de la no impunidad, lo mismo que la enmienda al artículo 16.2, que va en el sentido de que, en los casos de solicitud de entrega, el Estatuto de Roma debe estar por encima de cualquier tratado.
El artículo 16.2 todavía no soluciona esto adecuadamente. Según ese artículo que figura todavía en el proyecto, cuando hay solicitudes de entrega de posibles genocidas, o torturadores, o delincuentes contra la humanidad, solicitudes concurrentes, que vienen de diversos Estados y de la Corte, predomina un tratado sobre el Estatuto de Roma. Eso nos parece que no tiene ningún sentido. Es el Estatuto de Roma el que tiene que predominar sobre cualquier tratado a la hora de entregar a alguien a la Corte. Por eso entendemos que debe modificarse ese artículo, para que se siga lo que dice el Estatuto de Roma, que, en su artículo 90, establece hasta ocho supuestos distintos para resolver el tema de solicitudes concurrentes y, por tanto, queremos que esa sea la vía.


En definitiva, señora presidenta, y termino, nos gustaría que estas enmiendas, que nos parecen básicas dentro de las que seguimos manteniendo y que permitirían mejorar el proyecto, por esta vía o por otra que técnicamente se considere equivalente, porque lo importante es conseguir ese objetivo de la no impunidad y del mantenimiento de la jurisdicción universal en España, sean aceptadas junto con otras que también mantenemos, como la necesidad de que haya una detención inmediata de una persona para la que se solicite que se la entregue la fiscalía de la Corte, o también la necesidad de que cualquier español pueda dirigirse a los poderes públicos para hacer una denuncia en el ejercicio del derecho de petición, cosa que tampoco está asegurada todavía a nuestro juicio en el proyecto de ley.


Por todas estas razones, y esperando que se mejore aquí o en el Senado este proyecto de ley, que ya ha sufrido un cambio muy importante respecto al proyecto que trajo el Gobierno y que abría la puerta claramente a la impunidad...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor López Garrido, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ GARRIDO: ... nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de ley.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, y para fijar posición, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, con gran satisfacción intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en esta sesión plenaria y en este debate que tiene como objeto esta importante norma, por más que sea una norma adjetiva, que no sustantiva, relativa a la ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional. Permitan SS.SS. que me tome la licencia de recordar a quien fue ponente de nuestro grupo -se despedía el martes aquí- tanto en el trámite de ponencia como en el de Comisión, el diputado Andrés Ollero, gran amigo, gran parlamentario y a lo largo de cinco legislaturas creo que merecedor de la consideración de miembro ilustre para siempre de esta Cámara.


Señorías, a veces la literatura nos facilita algún elemento de comprensión de las cosas, aunque naturalmente las afirmaciones literarias no sean siempre exactas en su literalidad. En el libro Las brujas de Salem hay una expresión que yo creo que vendría bien a este debate y que dice que en el libro de las leyes no está escrito que las sentencias sean justas -eso dice esa obra literaria-, pero sí está escrito que deben ser cumplidas. Ese es el único objetivo que tiene este proyecto de ley en relación con la Corte Penal Internacional, en relación con su funcionamiento y, en definitiva, en relación con su objeto, que es nada menos que ese, pero sólo ese, de cooperación con la Corte Penal Internacional.


Señorías, el tiempo disponible no me permite hacer referencia pormenorizada a las propuestas de cada grupo y mucho menos mencionar todas las enmiendas vivas, por lo que pido disculpas a SS.SS.
Agradecemos, eso sí, el talante y el esfuerzo de todos los grupos en mejorar este texto. Creemos que ha sido una tramitación parlamentaria fructífera, en la que el texto del proyecto del Gobierno ha tenido, como han reconocido los que me han precedido en el uso de la palabra, importantes aportaciones. Las diferentes estrategias partidistas no han podido ocultar la evidencia de que la creación de una Corte Penal Internacional ha consagrado ya el principio de justicia universal ni tampoco que la plena cooperación de España con la Corte, que es lo que pretende este proyecto y lo que ha supuesto la participación de los poderes públicos de España en el escenario internacional con esa idea y con su formalización a lo largo de todo el proceso que ha llevado a la constitución de esa Corte, ha de contribuir a garantizar la efectiva aplicación del principio al que nos referimos de justicia universal y a evitar la impunidad de graves crímenes trascendentes para toda la humanidad.


La efectividad del principio de justicia universal se alcanzará cuando cada Estado cumpla el deber, reafirmado en el estatuto, de ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales y coopere plenamente en el ejercicio de la jurisdicción de la Corte, que si por una parte es complementaria de las jurisdicciones nacionales, por otra debe ser ejercida

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siempre que las jurisdicciones nacionales no actúen o no puedan hacerlo, circunstancia que apreciará la propia Corte, lo que exige que su competencia prevalezca sobre las competencias de los Estados miembros, tema que entendemos que ha de ser tenido en cuenta. También consideramos que debe tenerse en cuenta que la estructura del presente proyecto de ley que hoy debatimos ya en este trámite final del Pleno de la Cámara, dado su carácter de orgánica, como decía su exposición de motivos, es comparable -hay unos precedentes ya de esa cooperación internacional- al que se siguió en la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia y en la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la cooperación con el Tribunal Internacional para Ruanda, y que parte del presupuesto -lo dice así la exposición de motivos- del carácter autoejecutivo de numerosos preceptos del Estatuto de Roma.


A la hora de juzgar algunas enmiendas sobre las que se mantiene la voluntad de que todavía puedan ser consideradas e incorporadas al proyecto, hay que tener en cuenta tres consideraciones. En primer término, el ámbito de las fuentes a aplicar, al que se refiere también la exposición de motivos, en el que se contemplan, dice la exposición, además del propio estatuto de la presente ley -y no olvidemos que los tratados internacionales en España, de acuerdo con la Constitución, tienen una aplicación directa, son parte de nuestro ordenamiento jurídico, y la oficiosidad repetitiva nada aporta a la integración de ese sistema de fuentes-, habrán de tenerse en cuenta también los acuerdos que puedan celebrarse entre España y la Corte, así como, en aquello que sea pertinente, las reglas de procedimiento y prueba de la Corte que habrán de ser objeto, a los fines a los que antes me he referido, en el Boletín Oficial del Estado.


Señorías, las leyes -y mucho menos una ley orgánica- no son un reglamento.
En la práctica legislativa española todavía falta por recibir una idea clara, y es que un texto legislativo debe tener una conceptualidad distinta del detalle pormenorizado al que deben descender los reglamentos. En otros sistemas jurídicos hay una plena y efectiva reserva de reglamento y la técnica normativa del reglamento es distinta de la técnica legal. Eso por una parte. Y en segundo lugar, aquí no estamos debatiendo una y otra vez el sistema de competencias administrativas internas, sino que estamos ante una norma que corresponde a la plenitud de competencia exclusiva del Estado tanto en la legislación procesal como en las relaciones internacionales, que es lo que se intenta regular: la relación de cooperación con el Tribunal Penal Internacional.


Brevísimamente, señorías, hemos de repetir que hay enmiendas que no aceptan las reglas respecto a la colisión de competencias entre la Corte y el Estado español. Así ocurre también en la del artículo 7.1, que rechaza la competencia exclusiva del Gobierno para decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el fiscal de la Corte, desconociendo que la cooperación que por mandato del estatuto se trata de regular es la de los Estados parte, que constitucionalmente corresponde al Gobierno. La dirección política exterior del Estado corresponde al Gobierno. El proyecto se ajusta, como es ineludible, a lo dispuesto en los artículos 13.a) y 14 del citado Estatuto de Roma, y los particulares tienen garantizado el libre acceso a la fiscalía de la Corte. Hay otro ejemplo, el de las enmiendas al artículo 7.2, que se oponen a la abstención de los órganos que reciban denuncias en relación con hechos sucedidos en otros Estados cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, sin tener en cuenta, por una parte, que los órganos jurisdiccionales españoles deben decidir sobre su propia competencia, pero no sobre la admisibilidad de una denuncia en la Corte y, por otra, que, además de estar garantizado el derecho de los particulares a dirigirse al fiscal de la Corte, el proyecto impone a los órganos jurisdiccionales el deber de informarles respecto a esa posibilidad. El procedimiento del artículo 8 no puede suprimirse -inexplicable propuesta formulada también en aras de la justicia universal- porque, como señala la exposición de motivos del proyecto, deben preverse eventuales conflictos entre la Corte y los tribunales españoles cuya solución debe ajustarse a ese procedimiento y a los principios a los que ya me he referido. Tampoco puede extenderse a la competencia de los Estados, como proponen otros enmendantes, añadiendo a los criterios del lugar de los hechos y la nacionalidad de los presuntos responsables otros como la nacionalidad de las víctimas, no previstos en el Estatuto, que, tengámoslo presente, se aprobó por un tratado que vincula a los Estados parte y constituye el fundamento de este proyecto de ley.


Voy terminando, señorías. Otro grupo de enmiendas es el que afecta a las competencias de distintos órganos e instancias. A esta preocupación responden las propuestas, evidentemente superfluas, de que el artículo 2 exprese que todos los poderes y órganos del Estado actuarán en el marco de sus competencias. Si admitimos estas enmiendas, estaríamos reconociendo la necesidad de repetir constantemente en cada disposición fórmulas semejantes, esa tendencia reglamentaria a la que antes me refería. En este grupo destacan las enmiendas que pretenden salvaguardar competencias de las comunidades autónomas y, entre ellas, las referentes a las materias de administración penitenciaria en relación con los artículos 18, 21 y 22, y que tampoco consideramos atendibles porque, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 104/1998, de 8 de junio, corresponde al Estado no sólo la legislación, con inclusión de los reglamentos ejecutivos, sino también

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la coordinación. El Estado puede establecer condicionamientos en el ejercicio de las competencias ejecutivas de la comunidad autónoma que sólo serán contrarios al orden constitucional cuando supongan una pérdida de la autonomía organizativa, que es la que corresponde a la comunidad y que las enmiendas presentadas trascienden claramente. Con carácter general debe tenerse en cuenta que una ley orgánica, y de manera especial las que, como ésta, afectan al orden internacional, no pueden detallar aspectos de colaboración interadministrativa regulados en nuestro ordenamiento.


Señorías, no quiero terminar sin reiterar la gratitud expresada y poner de relieve, finalmente, que estamos en el ejercicio de la jurisdicción penal, con el planteamiento para esa jurisdicción penal universal que, en definitiva, supuso la creación de este tribunal. Pudiéramos resumir -y creo que aquí se explicarían, quizá, ciertos desencuentros interpretativos- que aquí lo que se produce es una modulación del viejo principio de improrrogabilidad de la jurisdicción penal, que queda modulado de una manera enriquecedora y tendente precisamente a que sea una realidad efectiva ese principio de jurisdicción penal universal, todo lo contrario de lo que otros interpretan. Ese no es nuestro problema.
Podía terminar con una malicia: acaso algunos, a los que les atribuyen redacción de escritos procesales y querellas que no prosperan, nunca encuentran suficiente las previsiones de la ley. Pero entendemos que aquí es suficiente, y termino con la seguridad de que, como decía el gran jurista uruguayo Eduardo Couture, estamos ante una construcción del derecho para obtener la justicia en el fin que naturalmente deben perseguir el derecho y la administración de la justicia, que es la consecución de la paz.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Padilla. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar la votación de las enmiendas y el texto del dictamen del proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, quiero poner en conocimiento de SS.SS. que se encuentra en la tribuna una representación del Senado de la República Checa, encabezada por su presidente y su vicepresidente, a los cuales enviamos un saludo. (Aplausos.)

Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


En primer lugar, enmienda número 15, de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 18; en contra, 254; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 16; en contra, 164; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 117; en contra, 159; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 11, del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 116; en contra, 161; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 21; en contra, 161, abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, la número 7.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 115; en contra, 159; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 18; en contra, 159; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la número 30.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 16; en contra, 255; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 27 a 29, 31, 38, 41, 44 y 45.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 116; en contra, 160; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 16; en contra, 162; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 83.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 25; en contra, 261; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 129; en contra, 156; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, así como el voto particular del mismo grupo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 112; en contra, 161; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, los artículos 7.2, 8.1 y 16.2.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 171; en contra, 107; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 285; en contra, dos; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIONES DE CONJUNTO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. (Número de expediente 121/000156.)

La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto por tener carácter orgánico este proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 283; en contra, dos; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos necesario.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL, MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE; DE LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL; Y DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (Número de expediente 121/000160.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación final de conjunto por tener carácter orgánico el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones

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públicas y del procedimiento administrativo común.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 259; en contra, 17; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número mínimo de votos exigido.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Continuación.)

- PROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS. (Número de expediente 121/000164.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de arrendamientos rústicos. (Rumores.)

Señorías, ruego que guarden silencio y ocupen los escaños, a ser posible, para poder continuar con el debate. (Continúan los rumores.)

Señorías, ¿sería posible que mantuvieran las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Intervengo para defender las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley de arrendamientos rústicos. Hemos presentado 12 enmiendas que, además de algunas cuestiones técnicas, tienen como objetivo dos tipos de cuestiones. La primera, el respeto competencial, es decir, que se respete en cada caso la normativa aplicable. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda transaccional, que hemos aceptado, por lo que retiraríamos nuestra enmienda 161, relacionada con esta cuestión. Otra serie de enmiendas hacen referencia a un tema básico, que es la duración mínima del contrato de arrendamiento. Hemos aumentado la duración mínima a cinco años porque entendemos que así se recoge en las reflexiones que se están realizando en esta materia en la Unión Europea, que a la hora de hablar de estos temas, por ejemplo, exige a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria para obtener ayudas comunitarias que tengan el compromiso de estar en dicha actividad cinco años, porque se entiende que es la duración mínima adecuada para que, lógicamente, puedan incorporarse y obtener dichas ayudas comunitarias. Por eso creemos que sería más razonable esa duración mínima en los contratos de arrendamiento; además, entendemos que también sería un plazo mínimo razonable y suficiente para proceder a realizar las amortizaciones por las inversiones realizadas.
Por tanto es un tema fundamental. El resto de cuestiones hacen referencia a temas más técnicos. Estos son los objetivos que pretenden nuestras enmiendas, el resto de las cuales damos por defendidas.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El texto resultante del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de arrendamientos rústicos mantiene su filosofía inicial y responde claramente a un modelo de agricultura intensiva, un capital destructor de empleo y desvinculado de la tierra y de la cultura agraria, donde prima el carácter estrictamente mercantil sobre otros aspectos inherentes a la agricultura como son la fijación de población en medio rural, la seguridad alimentaria o la conservación del medio ambiente, en detrimento de las explotaciones familiares y en beneficio exclusivo de las grandes explotaciones y de las multinacionales en la agricultura. Lógicamente el Bloque Nacionalista Galego no comparte este modelo de agricultura, como tampoco lo comparten las organizaciones profesionales del sector, que consideran este proyecto de ley innecesario y contrario a los intereses de las explotaciones familiares. El Bloque Nacionalista Galego por lo tanto mantiene vivas sus enmiendas, que pretenden corregir los aspectos más desfavorables para los agricultores, titulares de explotaciones familiares, y para aquellos que poseen menor porción de la base territorial de su explotación en propiedad y por tanto están sujetos al régimen de arrendamiento rústicos.


Destacamos las dos enmiendas al artículo 9, en concreto para exigir que entre los requisitos de capacidad del arrendatario se incluya el hecho de ser profesional de la agricultura. Pensábamos que efectivamente dicha actividad debe ser llevada a cabo por una persona física o jurídica que realice de forma profesional dichas actividades o de lo contrario se estaría generando una figura idónea para permitir que las fincas rústicas sean arrendadas por personas totalmente ajenas a la agricultura, contribuyendo claramente a la proliferación de la especulación. La relativa al punto 2 del mismo artículo recupera los límites de hectáreas en arrendamientos previstos en la vigente legislación sobre arrendamientos rústicos para evitar que un mismo arrendatario pueda acaparar la mayor parte de la superficie agraria útil de una comarca y favorecer así la acumulación de tierras agrarias y agravar los problemas de latifundismo en algunas zonas del Estado español.


En lo que se refiere al artículo 11, se presenta una enmienda para que se recoja expresamente la obligación de forma escrita de los contratos de arrendamientos rústicos. Lo hacemos en aras de una mayor seguridad

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jurídica y además porque la exigencia de forma escrita está amparada por el Código Civil, que si bien determina que los contratos son obligatorios cualquiera que sea la forma en que sean celebrados, también es cierto que por ley puede exigirse una forma determinada para su perfeccionamiento, ya sea forma escrita u otra forma especial, para hacer efectivas las obligaciones de los contratantes.


La enmienda al artículo 12 pretende corregir la reducción de los plazos de arrendamiento previstos en el proyecto de ley, que sólo benefician al arrendador, y mantener la regulación vigente sobre plazos y prórrogas.
Pretendemos con la enmienda al artículo 34 que se mantenga un sistema específico de resolución extrajudicial de las controversias que puedan suscitarse entre las partes. Sabemos que hasta estos momentos la intervención de las juntas arbitrales ha sido muy positiva y por eso tomamos esta determinación.


Finalmente, la enmienda más importante es la consistente en la introducción de un nuevo capítulo al proyecto de ley por el que se regulen y mantengan los derechos vigentes de los arrendatarios, que el Gobierno pretende hacer desaparecer, de acceder a la propiedad arrendada con carácter preferente respecto de cualquier otra persona ajena a la finca objeto del arrendamiento. Además lo hacemos en consonancia y coherencia con los derechos que se reconocen en el ámbito de la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente precisamente a los arrendatarios históricos en las fincas urbanas. En todo caso debe seguir manteniéndose vigente el derecho de adquisición forzosa por parte de los arrendatarios históricos, fijando las comunidades autónomas las normas para su aplicación. Todo esto hace que mantengamos vivas estas enmiendas, de vital importancia para la modificación del proyecto de ley de arrendamientos rústicos.


Nada más, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Por nuestra parte y analizando el contenido del texto, la ley proyectada afecta al núcleo del sistema jurídico que regula en la actualidad los arrendamientos rústicos y acomete una profunda reforma estructural de la agricultura en el Estado español. La reforma proyectada amplía el número de destinatarios de los contratos de arrendamientos rústicos, superando la necesidad de que sean profesionales de la agricultura e, igualmente, supera la limitación establecida en la actualidad de que no puedan ser arrendatarios de fincas rústicas quienes sean ya titulares de explotaciones extensas, más de 500 hectáreas. Con el objetivo de modernizar el sector y hacerlo más competitivo en Europa, se pretende sustituir el modelo agrario clásico por un nuevo modelo de explotación agraria, donde se fomentan las sociedades mercantiles agrarias frente a las explotaciones familiares, con un volumen de tierra suficiente para que dichas empresas agrarias sean más eficientes y en definitiva competitivas; de ahí la flexibilización de la norma legal proyectada en materia de arrendamientos rústicos. Somos conscientes de la necesidad de favorecer la competitividad de la actividad agraria y de que debe avanzarse hacia la liberalización del sector, pero ha de hacerse teniendo en cuenta muchos factores, como que la agricultura familiar tiene una gran importancia y debe subsistir y potenciarse allí donde predominan las explotaciones familiares, como en el caso de Euskadi. Tanto es así que entre los objetivos generales de la política de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco, establecidos en el artículo 2 de la Ley vasca de Desarrollo Rural 10/1998, de 8 de abril, figura el de promover la mejora de la capacidad competitiva de la agricultura, teniendo en cuenta las características del medio físico y la importante función social que desarrollan los agricultores, basada en un modelo de explotación familiar articulada a través del asociacionismo y el cooperativismo, orientada hacia al mercado, beneficiando a los consumidores vascos con productos alimentarios de calidad, la protección del medio ambiente y la calidad agroalimentaria. La consecución de este y los demás objetivos contemplados en esta ley del Parlamento vasco podría resultar dificultosa si no se apoya a las pequeñas y medianas explotaciones familiares al objeto de que aumenten su viabilidad económica dichas explotaciones, que parece van a resultar perjudicadas con este proyecto. No debe obviarse que uno de los problemas estructurales de la agricultura, al menos en el norte de España, es la escasa dimensión de las explotaciones agrarias, la mayoría de carácter familiar. Por otro lado, si se desea que el sector agrario rejuvenezca, es necesario adoptar medidas dirigidas a favorecer su inserción en el mismo, lo que no parece perseguir este proyecto. Podría entenderse también que la reducción de la duración mínima de los contratos de arrendamientos rústicos y la no exigencia del carácter profesional del arrendatario son medidas que, como las transferencias de derechos producción, pueden favorecer la especulación.


Por último, entendemos que aunque el Estado tiene título competencial suficiente para abordar la regulación proyectada, debería retomarse la redacción formulada en el anteproyecto, en la disposición adicional cuarta, donde se contemplaba el reconocimiento expreso de la aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan. En respuesta a estas posiciones hemos presentado las enmiendas.
El Grupo Parlamentario Popular sólo ha ofrecido una enmienda transaccional, por lo que manifestamos nuestra posición contraria a esta ley.


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Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


No voy a repetir la intervención que ya hicimos en la Comisión; simplemente me referiré a dos o tres cuestiones que queremos dejar muy claras. Intentar plasmar en este proyecto la más rancia filosofía neoliberal es tremendamente perjudicial para nuestro sector agrario.
Intentar poner tres años de plazo para compensar lo que puede ser una inversión en un arrendamiento tiene dos caminos: uno, esquilmar el terreno y la producción para así compensar la inversión que se ha hecho y, otro, expulsar del sector agrario a personas que no puedan competir.
Ya decía en la Comisión un portavoz del Partido Popular que con esta ley se pretendía que pudiesen acercarse a la agricultura personas con otra profesión porque ello iba a enriquecer el campo. Es decir, este es un proyecto hecho contra el agricultor a tiempo total, contra el agricultor profesional, es un proyecto de ley hecho para que el agricultor profesional vaya desapareciendo del campo poco a poco, quizá en consonancia con lo que en la Unión Europea se puede pretender. Por tanto nuestras enmiendas han intentado -con poco éxito evidentemente porque no van a ser aceptadas- defender al agricultor profesional, defender un futuro para la agricultura española basada en ese agricultor a tiempo total, han intentado que el plazo de tres años no sea ese elemento que puede perjudicar no sólo al agricultor sino también a la tierra y, por último, hemos intentado retomar un tema que ya en su día planteamos en este Pleno, que el Partido Popular se comprometió a tratar pero que se ha olvidado, me refiero a los arrendamientos históricos. El debate de esta ley habría sido una oportunidad para haber resuelto ese problema que tanto quebraderos de cabeza ha dado.


Es un proyecto de ley perjudicial, no va a contar con nuestra aprobación, creemos que se ha perdido una buena ocasión para haber hecho una ley al servicio de la agricultura y es una ley en contra de los agricultores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, nuestro grupo ya manifestó en el debate de las enmiendas a la totalidad que esta ley no cumplía con los principios que de ella esperábamos. Manifestamos entonces la esperanza de que fueran aceptadas algunas enmiendas durante el trámite en Comisión. De las 27 enmiendas que presentamos solamente dos han sido transaccionadas por el grupo que sustenta al Gobierno. Entre las enmiendas no aprobadas, destacamos nuestra oposición a la reducción del período básico de contrato de cinco a tres años, oposición puesta de manifiesto también por otros grupos de la Cámara. Sabemos que marcar un mínimo de tres años no cierra la posibilidad de acuerdos particulares para períodos más largos, que son posibles, pero entendemos que en ciertos supuestos en que las regulaciones requieren este período de cinco años tendrían que haber permitido que dicho plazo fuera parte del consenso inicial entre las partes. Razonábamos esta pretensión en la Comisión con el fin de que se diera entrada de forma automática a contrataciones para jóvenes agricultores, a contratos con inversiones de mejora, al mantenimiento del derecho de tanteo y de retracto de una forma legal, que no repercutiera en el precio de venta de la finca, y el reconocimiento de algunos derechos del arrendatario en expropiaciones, etcétera.


Dada la especificidad que tiene la agricultura catalana, como la que tienen todas las autonomías, solicitábamos la inclusión de arriendos para cultivos específicos de duración inferior a un año y para aprovechamientos de explotaciones ganaderas combinadas. También creíamos oportuno incluir los arrendamientos de cotos de caza en esta ley como elementos propios del rendimiento de las fincas, con el fin de que tuvieran este cuerpo legal. Nuestro sentir era el establecimiento en esta Cámara de una ley más global sobre los aprovechamientos generados por las propiedades rústicas y que tuvieran la cobertura de un solo texto legal, porque en el momento de incidir dos actuaciones, como podría ser un arrendamiento de cultivos, una explotación ganadera o un coto de caza, tendrían servidumbres legales específicas distintas.


Somos conscientes de que la legislación vigente, la que emana de la Ley 19/1995 -a la que dio soporte nuestro grupo-, ha permitido una evolución importante en el número de fincas y en el número de hectáreas de cultivo en arriendo en un periodo muy corto y es lógico que se revisara en estos momentos, pero nuestro grupo no cree que sirva para que los agricultores se comprometan a nuevos cultivos o propicien aumento de éstos porque no vemos, como en otros aspectos que se regulan en esta Cámara, seguridades y facilidades para que nuestros agricultores se incorporen al mundo agrícola, a fin de que se mantenga una población rural asentada en el territorio, y que también seamos respetuosos con la propiedad. Entendemos que en el debate de esta ley se ha producido un claro posicionamiento en contra de las organizaciones agrarias, que se han manifestado contrarias a la misma. La posibilidad del arrendamiento por parte de no profesionales de la agricultura o por parte de comunidades de bienes, que a nuestro entender no tienen una cobertura legal bien definida como titulares, no supone un bloqueo a la

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especulación sino posiblemente lo contrario. Esto no se salva con definir el derecho al subarriendo por un valor inferior al del arriendo, porque se crearán nuevas figuras que, en definitiva, irán en contra de los agricultores.


Nuestro grupo defiende a los agricultores profesionales como preferentes en el contrato, ya que la ley obvia la consideración de valor refugio que representan las inversiones en tierras para determinados inversores, con el consiguiente encarecimiento de las mismas, lo que dificulta a los jóvenes agricultores acceder a la propiedad, siendo una vía alternativa la del arriendo. Por ello, ante la necesidad de mantener a estos agricultores en el territorio y de que cumplan con el doble objetivo de dar productividad a tierras improductivas y mantener el medio ambiente y ante las mejoras necesarias que realizan -un esfuerzo adicional a la inversión y que no rinde de forma inmediata-, reitero nuestra posición favorable a los cinco años y a esta preferencia para los agricultores profesionales. También y en consecuencia, nuestro grupo es favorable a regular el derecho de tanteo y retracto del arrendatario cuando se den circunstancias de mejora e inversión por la incorporación a la propiedad de nuevos elementos de valoración.


Hechas estas consideraciones, nuestro grupo entiende que no se ha incluido prácticamente ninguna de nuestras propuestas. Además, se da el caso de que para Cataluña hoy estamos generando una ley supletoria que se aplicará subsidiariamente a partir de la futura ley catalana de arrendamientos rústicos, que ya anunciamos que formará parte del programa de Convergència i Unió en las próximas elecciones autonómicas. Por tanto y en coherencia con nuestras aportaciones, quedan para su votación en este Pleno 25 de las 27 enmiendas presentadas por nuestro grupo, después de haber transaccionado las números 144 y 154, que ya fueron aprobadas en Comisión e incluidas en el texto que hoy se presenta. Se ha avanzado en una sola dirección, sin mantener el equilibrio negociado con los sectores afectados. El avance legislativo que ustedes nos proponen mediante esta ley no es positivo; no es positivo que el texto final se apruebe con una oposición frontal y tan dura por parte de uno de los sectores afectados.
En consecuencia, señores del Partido Popular, nuestro grupo no puede dar el voto afirmativo a esta ley y por tanto votará en contra. Posiblemente esta revisión era necesaria, pero a la vez debía generar una perfectibilidad de esta situación que afecta a tantos miles de personas.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hablamos de la ley de arrendamientos rústicos. La pregunta que quiero hacer aquí, al principio de mi intervención, es por qué el Partido Popular -no sé si solo o en compañía de otros, lo veremos luego; aunque todos los grupos que han intervenido se han pronunciado en contra de este proyecto de ley- quiere acabar con un modelo agrario, que además es rural, de explotación familiar, de agricultura familiar. ¿Por qué? ¿Qué razones hay para que, con este proyecto de ley y con otras iniciativas que afectan a la Seguridad Social especial agraria o al modelo de agricultura y desarrollo rural, quieran acabar ustedes con el modelo de explotación agraria familiar? ¿Qué les han hecho a ustedes las explotaciones agrarias familiares? No hablamos de una cuestión menor, aunque a veces pueda parecer que los temas agrarios tienen ese toque de lo menor; hablamos del 80 por ciento del territorio nacional, de un millón de explotaciones agrarias y del 20 por ciento de la población que se ve directa o indirectamente afectada por la actividad agraria en el medio rural; hablamos, por tanto, de una cuestión que no sólo es económica y afecta a la viabilidad de las explotaciones agrarias, sino que también es medioambiental y territorial: hablamos de la desertización de gran parte de los territorios españoles; hablamos, pues, de todo un modelo territorial, medioambiental y de vida, que afecta al mundo rural de nuestro país. ¿Por qué se empeña el Partido Popular -en soledad además, por lo que se ve- en hacer un cambio en la Ley de arrendamientos rústicos, que va directamente al corazón del modelo de agricultura familiar que tenemos en nuestro país?

Nunca se había producido esta ruptura del consenso en una materia como esta. En la Ley de 1980 se produjo un consenso que estableció como eje conductor de la Ley de arrendamientos el mantenimiento de la explotación agraria familiar y la profesionalización en la actividad agraria. ¿Por qué? Sólo voy a leer los titulares que han producido todas las organizaciones agrarias españolas, todas, las que se pronunciaron y las que no se pronunciaron, cuando se les pidió que dieran su opinión en un plazo de poco más de una semana: UPA rechaza el proyecto de ley de arrendamientos rústicos, que perjudica a las explotaciones familiares agrarias frontalmente. La Unión de Campesinos COAG manifiesta su total rechazo del contenido del anteproyecto de ley de arrendamientos rústicos por considerarlo ultraliberal y perjudicial para los profesionales del sector. La Unió de Pagesos exactamente igual; habla incluso de la necesidad de contrarrestar este proyecto de ley con otras iniciativas legislativas. ASAJA dice: El Gobierno conculca los derechos de los arrendatarios de fincas rústicas, y añade expresamente: La iniciativa del Gobierno, cuyo texto se dio a conocer hace apenas un mes, se aprueba de forma precipitada, sin debate ni consenso con el sector, y responde a la necesidad del ministro de cumplir sus compromisos en esta materia

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con determinados grupos de presión antes de finalizar la actual legislatura política. Eso es lo que dice ASAJA.


¿Qué es lo que dice el Partido Popular? ¿Cuáles son sus razones? Se dice que esta ley es para modernizar el campo. Les pondré un ejemplo concreto que se viene repitiendo antes de esta ley y se repetirá después de ella.
A un joven, al que los poderes públicos -todos- animan a que establezca una explotación agraria y se acoja a un plan de incorporación de jóvenes, a un plan de mejora, se le dice que se le ayudará, que es necesario para la pervivencia del mundo rural, y se le da un plazo de cinco años -como mínimo- para concederle una subvención para que se mantenga. Ahora, con este proyecto de ley el Gobierno del Partido Popular le dice que en su explotación, que habitualmente está constituida en muchas comunidades autónomas por un 50 o un 80 por ciento -a veces, más- de tierras en arrendamiento, puede perder éstas a los tres años. ¿Cómo se puede ser tan contradictorio en una materia como esta?

Señorías, ustedes quieren desprofesionalizar la actividad agraria y dicen, por ejemplo, que los contratos de arrendamiento pueden durar tres años, si así lo quiere el arrendador. En tres años ¿creen ustedes que se puede establecer un mínimo de viabilidad de una explotación agraria que dependa de los arrendamientos para su subsistencia? Justamente lo contrario.
Ustedes dicen, por ejemplo -y este es un asunto de legitimidad agraria muy importante-, que los derechos de producción se pueden negociar directa y libremente en un contrato, pero ¿qué son los derechos de producción, qué son las cuotas lácteas? Son un instrumento público de política agraria pública en beneficio de los productores. Ustedes lo convierten en un elemento de tráfico mercantil. ¿Pero qué es esto? Y lo establecen por ley. Dicen que cualquiera se puede establecer, que la profesionalidad agraria ya no hace falta, es decir, tres años, esquilmar la tierra y desaparecer. En definitiva, coge el dinero y corre en el sector agrario. Dicen que no importa el tamaño. Argumentan teóricamente sobre la movilidad pero apuestan por la acumulación, cuanto más grande mejor, y desaparecen los topes, que históricamente han sido un instrumento vital de profesionalización agraria, y dicen que el derecho de tanteo, retracto y adquisición preferente no hace falta, lo eliminan.
¿Por qué apuestan en soledad por una materia como ésta? Tengan en cuenta, señorías, que la viabilidad de las explotaciones agrarias depende, por ejemplo en el caso de Castilla y León, en un 40 por ciento del arrendamiento, son explotaciones agrarias que tienen como media -unas más que otras- un 40 por ciento de tierras en renta y lógicamente sin esas tierras en renta no serían viables. Ustedes establecen la movilidad, la provisionalidad de esas explotaciones agrarias por ley. En Álava suponen un 39 por ciento, en Madrid un 30 por ciento, en Navarra un 25 por ciento, en Aragón un 26 por ciento, en Castilla-La Mancha un 27 por ciento, en Cataluña un 24 por ciento. Es decir, no estamos hablando de una tontería.


Señorías, les diré para terminar que esta es una de las últimas ocasiones, prácticamente la última, en la que podremos llamar al Partido Popular a reflexión sobre esta materia. No introduzcan ustedes esta bomba de relojería en la viabilidad de la agricultura familiar española. No lo hagan, retiren este proyecto de ley. No puede ser que ustedes apuesten seriamente por la viabilidad de la agricultura familiar con una ley como ésta. No lo dice sólo el Grupo Parlamentario Socialista, lo dicen todos los grupos y por supuesto lo dicen las organizaciones agrarias. Es un tiro de gracia a la explotación agraria familiar. Retiren este proyecto de ley, tómenselo en serio. Con esto no salvan, como dicen en el proyecto de ley, 400.000 explotaciones agrarias: ponen en peligro la viabilidad de 400.000 explotaciones agrarias familiares que dependen de manera muy importante de los contratos de arrendamiento. Con este proyecto de ley no apuestan por el futuro de la actividad agraria, por la actividad productiva. Hacen algo parecido a lo que han hecho con el suelo urbano, que en vez de ser un instrumento para la actividad económica y sobre todo para hacer efectivo el derecho a una vivienda para la inmensa mayoría de la gente que no puede acceder a según qué precios, lo que han conseguido es que se especule con el suelo urbano y se convierta la vivienda no en un bien de uso esencial para los ciudadanos españoles sino en un bien de especulación. Ustedes quieren hacer lo mismo con el suelo rústico.
Quieren que el suelo rústico sea un instrumento de especulación. ¿Cuál es modelo agrario de verdad, no el que van diciendo por ahí en algunas jornadas? ¿Cuál es su modelo? ¿Tienen ustedes algún modelo? Yo creí que no lo tenían, que esto era una especie de locura del Partido Popular en relación con los arrendamientos rústicos y que habían perdido el norte en esta materia. Pues no, estos días me he enterado de que ustedes tienen un modelo y gracias a un maestro ganadero que se llama Romero de Tejada he entendido cuál es su modelo en el sector agrario español: varias empresas cruzadas. Sí, señor Madero, varias, en Extremadura, varias. No sabe para qué sirven: con leasing y con cosas que los ganaderos generalmente ni aplican ni conocen. No es ese el modelo que se ha aplicado en España históricamente ni en este momento. Muchas empresas viables, familiares, modernas y dimensionadas que están funcionando muy bien no conocían el modelo Romero de Tejada. Ustedes apuestan por lo que veo por ese modelo: esquilmar la tierra, coger el dinero y desaparecer, correr. Lo han hecho así en el mundo urbano y ahora quieren hacerlo en el mundo rural. Pues bien, señorías, una de las primeras medidas que tomará un Gobierno socialista será modificar radicalmente esta ley para volver a la explotación familiar. Es nuestra apuesta medioambiental, económica, social y es nuestra apuesta y es nuestro modelo por un sector agrario no especulativo,

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por un sector productivo que ustedes tienen en recesión técnica en este momento y, desde luego, con esta ley van a hacer que se multiplique aún más la crisis en el sector agrario español. Así no, señorías. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijación de posición, señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre el proyecto de ley de arrendamientos rústicos. Como ya expuse en mi intervención en la Comisión el punto de vista del Grupo Popular sobre las enmiendas presentadas por los distintos grupos, lo doy reproducido en sus propios términos y nuevamente ofrezco a Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto, las enmiendas transaccionales a las números 161 y 169 con el texto que ya conoce S.S.


Se ha observado en el artículo 23 del texto del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de arrendamientos rústicos, una omisión del párrafo que a continuación se transcribe, párrafo que resulta de la aceptación en comisión de la enmienda número 61 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en términos transaccionales, que diría lo siguiente: El arrendatario no podrá ceder o subarrendar la finca o explotación sin el consentimiento expreso del arrendador. Esa corrección la tienen los servicios técnicos y creo que también el resto de grupos.


En el trámite parlamentario ha habido 10 enmiendas transaccionales a las enmiendas números 14 de Izquierda Unida, 42 de Chunta Aragonesista, 72 del BNG, 99 del PSOE, y 144 de CiU al artículo 10; a la número 154 de CiU al artículo 24.f); a las números 61 y 62 del PNV, y las números 161 y 169 de Eusko Alkartasuna a los artículos 3 y 25. Coinciden con enmiendas del Grupo Popular las enmiendas números 17 y 27 de Izquierda Unida, 28 y 46 de Chunta Aragonesista, 77 del Bloque Nacionalista Galego, 103 del PSOE, y 133 y 148, de Convergència i Unió. Estas enmiendas fueron introducidas en el trámite de ponencia porque coinciden todas ellas con enmiendas presentadas por el Grupo Popular.


Se ha introducido una serie de modificaciones, a requerimiento de las observaciones efectuadas por las organizaciones agrarias, en la exposición de motivos, en los artículos 7, 9, 12, 13 y 14, en el capítulo VI, el artículo 31 y en la disposición transitoria primera del texto original.


Este proyecto de ley, señorías, una vez aprobado, modernizará la agricultura española flexibilizando el régimen de los arrendamientos rústicos, favoreciendo la movilidad de la tierra, aumentando la dimensión física y económica de las explotaciones. Ello, señorías, a pesar de todo lo que ha dicho aquí el señor Cuadrado en su intervención, a la que luego me referiré con más detalle. Esa flexibilización resulta hoy especialmente necesaria en un contexto muy diferente al de décadas anteriores, determinado por las reformas de la PAC en el seno de la Unión Europea, la liberalización y expansión del comercio internacional y por las profundas transformaciones que se han producido en la agricultura y sociedad españolas, con importantes trasvases de población desde el medio rural al urbano y un progresivo envejecimiento de la población. Esos objetivos que he mencionado han de ser compatibles con el equilibrio de las partes en el contrato. Por ello, no se puede separar esta nueva norma de otros proyectos futuros que coadyuvarán al logro de esos objetivos, favoreciendo la instalación de jóvenes agricultores -a pesar de lo que dice el señor Cuadrado-, de las mujeres, confeccionando planes de mejora y en general medidas de modernización.


El proyecto de ley se limita a eliminar de la ley vigente de 1980 lo que es accesorio, compensando la regulación imperativa en un texto de 34 artículos, 103 menos que en la ley de 1980. Como ha reconocido el Consejo de Estado, es una regulación suficiente y completa del arrendamiento rústico. En la simplificación llevada a cabo se respetan los derechos del arrendatario que garantizan el equilibrio de las partes en el contrato.
Los elementos fundamentales de su posición perviven en el texto, con la ventaja añadida de que el arrendatario puede mejorar los derechos garantizados en la ley a través del acuerdo con el arrendador, como son el precio, la forma y lugar de pago, la duración del contrato, las mejoras útiles, etcétera.


Este proyecto de ley, señorías, pone a disposición de quienes viven de la agricultura -y no de los especuladores, como ha dicho el señor Cuadrado- un instrumento que les permita afianzar su actividad aumentando la superficie cultivada. El pequeño y mediano agricultor y las explotaciones familiares, señor Cuadrado y señorías que han hecho referencia a este tema concreto, tienen mucho que ganar con este modelo, pues se les ofrece la oportunidad de arrendar explotaciones, de disfrutar de los derechos de producción agrícola que pudieran corresponder al titular al asociarse con otros agricultores para conseguir explotaciones más viables, de subarrendar, en su caso, sus tierras a un tercero. Se ofrecen para ello múltiples formas: el contrato de aparcería -mucho más simple y moldeable por las partes que el vigente-, la formación de cooperativas o comunidades de bienes, la integración de tierras en sociedades agrícolas de explotación directa o administración, etcétera. Todas estas fórmulas, señorías, permitirán a los agricultores -agricultores con mayúscula- que en el fondo son autónomos, es decir, pequeños empresarios, gestionar la tierra con criterios de empresa, pasando así de una agricultura de subsistencia a una

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agricultura no industrial sino empresarial, una agricultura en que la producción, la comercialización y la distribución estén más integradas, elevando así la remuneración que percibe el agricultor. Un modelo, señor Cuadrado, en que se apliquen las nuevas tecnologías al proceso de producción, como de hecho ya ocurre en determinados cultivos; en que se combine el cultivo de las tierras o las explotaciones ganaderas con la obtención de rentas de actividades complementarias, como el turismo rural, la artesanía, la gastronomía y otras que están contribuyendo a dar más vida a los núcleos rurales, y todo ello preservando el medio ambiente rural en que se desenvuelve la actividad agrícola.


En cuanto a la incorporación de los jóvenes a la agricultura, que tanto preocupa al señor Cuadrado, tengo que decir que el proyecto de ley fomenta la incorporación de jóvenes agricultores a esta actividad. Uno de los retos que tiene planteados el campo es frenar el éxodo rural, especialmente acusado en los jóvenes, y encontrar reemplazo a los más de 400.000 agricultores que se jubilarán en los próximos diez años. En este proyecto, hay varias vías abiertas para atraer a los jóvenes a este sector. La propia libertad que se reconoce a las partes para negociar los términos del contrato es de por sí un importante aliciente; la reducción de la duración mínima del contrato y la eliminación de los derechos de tanteo y retracto facilitan asimismo el recambio de arrendatarios en edad de jubilación por generaciones más jóvenes; la apertura de estos contratos a los extranjeros con permiso de residencia, que en su mayoría son jóvenes e incluso la supresión del requisito de profesionalidad constituyen una puerta abierta a la incorporación de jóvenes formados en otros sectores de actividad.


En cuanto al requisito de profesionalidad, esta característica del proyecto parte de una realidad innegable del medio rural español, que es el envejecimiento de la población, el desinterés por la actividad de los jóvenes nacidos en el campo y la evidente necesidad de renovación en los métodos de producción. Si, como dice el Grupo Socialista, la superficie rural equivale al 90 por ciento -en este caso ha dicho 80 por ciento- del territorio y la población rural al 20 por ciento de la población total, el campo no puede subsistir si las actividades económicas del mismo se mantienen cerradas a toda innovación, es decir, a toda savia nueva que puedan aportar jóvenes o entidades provenientes de otro sector. El intercambio de los conocimientos, experiencia y criterios de gestión de otros sectores sólo puede beneficiar a los agricultores españoles. Por tanto, este proyecto apuesta por la apertura de esta actividad, sin perjuicio de los programas específicos de formación de técnicas de producción agrícola que puedan desarrollarse y apoyarse desde las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta a este respecto que en el Código Civil no se exige que el arrendatario sea un profesional de la agricultura ni se establece límite alguno a la superficie que un agricultor puede cultivar en arrendamiento. No hay que olvidar que, en relación con la condición de profesional del agricultor arrendatario, los programas comunitarios de desarrollo rural vigentes, señor Cuadrado, en el período 2000-2006 ya no exigen que el agricultor solicitante de las ayudas sea un agricultor profesional. En consecuencia con la normativa comunitaria, el centro de atención del proyecto de ley se traslada desde la protección del agricultor a título principal al fomento de la viabilidad de las explotaciones agrarias, dándose entrada para ello a nuevas formas tanto de arrendamiento como de explotación o a nuevos tipos de arrendamiento de naturaleza societaria. Eso en absoluto es ir en contra del agricultor y, por supuesto, del agricultor que vive de la tierra. Lo mismo tendría que decir respecto de las comunidades de bienes.


En cuanto a la desaparición de los límites cuantitativos del arrendamiento, su mantenimiento es sencillamente incompatible con la filosofía que inspira el proyecto, que es la de incentivar la formación de explotación de una dimensión suficiente, algo de lo que está muy necesitado el campo español en el que 1,1 millones de explotaciones agrícolas, del 1,6 millones existentes en la actualidad, no tienen un tamaño suficiente para ser viables.


En cuanto a la reducción de la duración del contrato, lo que el proyecto de ley establece es un plazo de duración mínima que puede ser incrementado por las partes. Varios países europeos, señorías, han instaurado en este punto una absoluta libertad de plazos. En España, el Grupo Popular ha optado por reducir el plazo anterior de cinco años, que puede parecer un horizonte un poco largo y desanimar al propietario a arrendar, hasta tres años, que es un tiempo suficiente para llevar a cabo un aprovechamiento razonable de la tierra y amortizar las inversiones más comunes que se puedan realizar, sin que se produzca ninguna percepción amortizadora en el arrendador; queda a la autonomía de la voluntad de las partes establecer un plazo mayor o acogerse a las prórrogas sucesivas de tres años, sin límite global que permite la ley. No cabe descartar que las partes acuerden un plazo mayor si, por ejemplo, el arrendatario lidera un proyecto de modernización, de desarrollo rural o de incorporación de jóvenes a la agricultura, que recibe financiación comunitaria o nacional. Ello redunda en una mayor eficiencia de la explotación de la tierra, que también beneficia al arrendador.


La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego concluya.


El señor BUESO ZAERA: Termino inmediatamente diciendo que este es el modelo que tanto le preocupa al señor Cuadrado, el modelo del Grupo Popular y el modelo del Gobierno. En absoluto es un tiro de gracia al campo, como él ha dicho y a lo que nos tiene acostumbrados

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en todas sus intervenciones -ya lo dijo en el debate de totalidad y en la Comisión- y tampoco es para especular con el suelo rústico. Usted, señoría, no se ha leído la ley, porque hay una serie de excepciones que impiden la especulación. Ha dicho, por querer trasladar a los momentos preelectorales en que nos encontramos respecto a la Comunidad de Madrid, que el modelo del Grupo Popular es el modelo de Romero de Tejada haciendo algunas gracias en su intervención. Lo rechazamos totalmente porque usted no sabe -permítame que se lo diga- lo que dice. Nadie va a esquilmar la tierra, nadie va a coger el dinero y desaparecer. Eso fue cosa de otros, afortunadamente ya superado, y este Gobierno, desde 1996, en absoluto tiene nada que ver con esa forma de actuar. Esta es la ley que va a favorecer a los agricultores y a toda la agricultura española y, si no, tiempo al tiempo.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.


Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas y del texto del dictamen del proyecto de ley de arrendamientos rústicos.


En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas transaccionales a las números 161 y 169 de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 275; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 110; en contra, 152; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas firmadas por el señor Vázquez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 111, en contra, 156; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, la número 63.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 27; en contra, 144; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 123; en contra, 154; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 111; en contra, 157; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las números 140, 143, 149, 152, 153, 157, 159 y 160.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 20; en contra, 153; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 124; en contra, 153; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 111; en contra, 154; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación el texto del dictamen con la corrección de error en el artículo 23.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 159; en contra, 122; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


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- PROYECTO DE LEY GENERAL PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000165.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley general presupuestaria. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Doy por defendidas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, simplemente quiero decir que, en una de las cuatro enmiendas que hemos presentado, haremos un recordatorio, que quizás no tuviera que hacerse, añadiendo una disposición adicional decimoctava nueva. Creo que no está de más recordar la soberanía fiscal de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de Navarra, derivada de sus respectivos estatuto de autonomía y amejoramiento del Fuero navarro. Aunque es evidente que hay que respetar esta soberanía fiscal, lo ponemos en esa disposición adicional para que quede salvaguardado ese reconocimiento.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Damos por defendidas nuestras enmiendas y nos remitimos a nuestra intervención en el debate de la enmienda de totalidad del proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones

El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo mantiene para este trámite vivas las enmiendas números 6 a 10, ambas inclusive, que tienen la misma justificación y se refieren a algo que venía a veces detectando el Tribunal de Cuentas, que tanto en la confección del presupuesto como en el cierre del mismo, y una vez que se hacen las evaluaciones, está perfectamente diseñado el régimen de transparencia y concreción en cuanto a las asignaciones de inversión pública en el territorio del Estado, se sabe perfectamente la localización. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las operaciones de capital, tanto de gastos, como de transferencias de capital, que no vienen con una asignación territorial y se produce una especie de embalse de cifras que nadie sabe dónde se están asignando territorialmente y si tienen concordancia con presupuestos de inversión fija, que van en el capítulo de inversiones correspondiente, pero no en las transferencias de capital. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Lo que pedimos con estas enmiendas -y con esto termino, señora presidenta- es que tengan reflejo, tanto en la estructura presupuestaria como en los análisis, una vez que se haya producido ya la liquidación de los presupuestos, para saber perfectamente cuál es la ubicación territorial de todas estas operaciones de capital y de sus gastos.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el proyecto de ley general presupuestaria se dedica fundamentalmente a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, sistematizando sus normas de contabilidad y control. Su ámbito de aplicación se limita, con carácter general, al sector público estatal, por lo que no tiene una especial incidencia en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, salvo en dos aspectos. El primero, el capítulo 2 del título III, que regula las operaciones financieras con las comunidades autónomas. Este capítulo recoge los principios generales a los que se someterán las relaciones financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, -sistema que no rige para el País Vasco-, así como un conjunto de normas y criterios para la gestión de créditos de los Presupuestos Generales del Estado destinados a actividades de fomento en materias, servicios o sectores, respecto de los cuales las comunidades autónomas tengan asumidas competencias de ejecución o de gestión y administración de tales créditos de subvenciones.


El segundo aspecto es la sección 3.ª del capítulo 3 del título V que regula la información sobre el objetivo de estabilidad y equilibrio financiero, donde se contempla la obligación de las comunidades autónomas de suministrar la información necesaria para la medición del grado de realización del objetivo de estabilidad presupuestaria, una obligación, por otro lado, ya prevista en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en la ley orgánica complementaria de la misma. En relación con ambos aspectos, sin embargo, a juicio del Grupo Vasco, debería salvaguardarse la especificidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco, sujetas al sistema de concierto económico.


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Ahondando en un planteamiento más global, podría incluso plantearse la supresión de aquellos apartados del proyecto de ley que regulan las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, por cuanto la Ley general presupuestaria, una norma que regula la gestión y ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, no puede entrar a regular materias que, como las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, deben ser objeto de tratamiento por una ley orgánica específica, la LOFCA.


El Grupo Vasco ha presentado y defendido tres enmiendas, de las que quisiera incidir simplemente en una que para nuestro grupo es importante y por la que proponemos añadir una nueva disposición final con la siguiente redacción: En virtud de su régimen foral propio, las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el Estado, así como la coordinación y colaboración entre ambos en materia de estabilidad presupuestaria, se ajustarán al sistema de concierto económico.


En nuestra opinión, el proyecto de ley contempla de manera insuficiente la especificidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco, al igual que entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra; especificidad consagrada en su estatuto de autonomía y caracterizada además por su bilateralidad. El establecimiento con carácter general de una serie de normas relativas a las operaciones financieras del Estado con las comunidades autónomas, sin ninguna mención a dicha especificidad, implica el desconocimiento de un principio que ha regido invariablemente con anterioridad y que también ha tenido reflejo en otras normas, como la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, la Ley orgánica complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de haciendas locales o la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. El vigente concierto económico entre el País Vasco y el Estado ya contempla los principios y normas que rigen las relaciones financieras entre ambos, incluida la coordinación y la colaboración en materia de estabilidad presupuestaria. Por tanto, sería más adecuado y oportuno que quedara expresamente recogida dicha salvedad en el texto de la norma, evitando así ciertas lagunas, cuando no imposiciones legales, que, además, tampoco tienen un encaje adecuado en el sistema de relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco.


Para nuestro grupo es muy importante que esta enmienda se tome en consideración y se incluya en el proyecto. El Partido Popular, ustedes, señores diputados, lo saben muy bien y saben también que lo que estoy diciendo tiene todo el fundamento político y jurídico. No llego a comprender de dónde deriva su cerrazón y su negativa a admitirla, cuando por otra parte señalan que es un proyecto de carácter eminentemente técnico.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, una ley general presupuestaria, sin duda, y más en los tiempos que nos toca vivir, debe tener, cuanto menos, criterios de modernización y mejora y mayor transparencia de la gestión presupuestaria. Una ley general presupuestaria no debe estar limitada a una política coyuntural de un Gobierno que, más allá de la Ley de estabilidad presupuestaria aprobada en Europa -y que nadie cumple-, se plantee el equilibrio presupuestario y la negación del papel del déficit moderado para dinamizar la economía.
Una ley general presupuestaria, señorías, es mucho más que intentar hacer el reglamento de unos presupuestos. A nuestro entender, el Gobierno confunde estabilidad presupuestaria, que se puede dar con déficit, con equilibrio presupuestario, y mucho más aún, pretende limitar la gestión presupuestaria a ese objetivo. Además, y con el fin de ser efectivos los objetivos socioeconómicos actuales del Gobierno, traslada a esta ley esa ley de estabilidad presupuestaria, cosa totalmente innecesaria a nuestro entender y desde cualquier punto de vista. Señorías, esos objetivos de una buena ley general presupuestaria no se logran añadiendo facilidad para modificar tanto la distribución como la cuantía de los compromisos presupuestarios aprobados por las Cortes en el ámbito de capítulos y, sobre todo, rebajando el rango para aprobar las modificaciones presupuestarias. Lo mínimo que hay que pedirle a cualquier Gobierno es rigor y someterse a unas normas de transparencia permanente y no reducirlas ni en el origen ni en todo el proceso a un mero chalaneo de partida a partida. Señorías, no podemos permitir que el Gobierno esté originando contradicciones como pedir, por un lado, rigor en el gasto y favorecer, al tiempo, la desregulación a la hora de gastar al margen de los objetivos programados, facilitando que se gaste en una u otra cosa todo ello sin ningún límite, o adoptar -para seguir más en la contradicción- medidas que amplían el plazo de prescripción de las obligaciones reduciendo así la elusión de obligaciones de la hacienda pública.


Señorías, cualquier programación presupuestaria ha de ser un instrumento al servicio de las necesidades económicas y sociales de un país y no puede orientarse de forma exclusiva al equilibrio presupuestario. Los escenarios presupuestarios plurianuales, respetando los compromisos europeos, han de fundamentarse en objetivos económicos y sociales, como pueden ser cerrar el diferencial, por ejemplo, que nos separa de la Unión Europea en materia social, o aumentar las dotaciones de capital público a nuestra economía; y han de ser el marco donde establecer la política de ingresos y gastos públicos, fijando las prioridades de gastos, asegurando

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una estructura de ingresos suficiente y potenciando la labor redistributiva del Estado. Señorías, nada de eso hay en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Sería necesario que los escenarios del contenido de un presupuesto con objetivos plurianuales fueran potenciados a través de una mayor transparencia, de una mayor información, de un mayor control y seguimiento de la ejecución presupuestaria desde las Cortes Generales y en ellas de los grupos parlamentarios, haciendo realidad el mandato legal de la existencia de una oficina presupuestaria, tan anunciada, tan comprometida, pero que no se pone en marcha legislatura tras legislatura. No baste, señorías, con justificar que atada su creación a la reforma del Reglamento, si éste no sale no sale la otra. Señorías, no tiene nada que ver una con la otra, no confundan una cosa con otra.


Cualquier ley general presupuestaria, y más en los tiempos en que vivimos, trataría de avanzar en nuevos cauces para profundizar en la democracia económica, para interesar a los ciudadanos en la cosa pública y fomentar su participación. Los primeros esfuerzos deberían destinarse a informar sobre el contenido de los presupuestos para, a continuación, fijar las prioridades de gasto contando con las opiniones de esa ciudadanía. El texto del Gobierno, el que vino y el que vuelve a venir, sin embargo lo que hace es facilitar y promover el deslizamiento presupuestario, que es todo lo contrario de la transparencia y del control presupuestario; y digo que lo facilita y lo promueve ya que no limita las llamadas actuaciones excepcionales ni con un trámite exigente que dificulte el abuso del deslizamiento presupuestario por la mala gestión, como hace 365 a través del Gobierno Por tanto, señorías, hay que limitar y dar carácter de excepcionalidad al deslizamiento presupuestario generando un procedimiento que obligue a la transparencia y la justificación del motivo. De ahí que haya un paquete de enmiendas a tal fin.


Asimismo, y con el fin de disponer de unos presupuestos más ajustados a la realidad presupuestaria y económica existente, a la hora de presupuestar y decidir el gasto público y las prioridades públicas se deberían incorporar, por un lado, todas las empresas públicas o participadas del Estado en más de un 20 por ciento; por otro lado, las empresas públicas ligadas a la Administración general del Estado, suborganismos, entidades o sociedades que actuando en el derecho privado son de accionariado totalmente público, mayoritariamente público o con participación pública de al menos el 20 por ciento o superior. Además, y dado que en los últimos tiempos se ha extendido la práctica de financiar las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas con la intención de apoyar la creación de empleo, minorando los ingresos de la Seguridad Social que el mandato constitucional obliga a consignar en los Presupuestos Generales del Estado, creemos que ese requisito de consignación debería extenderse a otras categorías de ingresos de la Administración central para poder así contar con una memoria de beneficios fiscales y sociales del presupuesto consolidado. Sólo así podremos solventar las dudas que tanto acerca de su eficacia como de su equidad plantean buena parte de esos beneficios. Para ello habría que incorporar en los ingresos las previsiones de no ingreso por beneficios fiscales con el mismo grado de desagregación. De ahí la existencia de otro de grupo de enmiendas. En cuanto a la creación del llamado fondo de contingencia con 2.300 millones de euros, supone crear una partida sin explicación alguna -sólo aquella de emergencia que surge a lo largo de todos los ejercicios-, cuando además el Gobierno se guarda instrumentos suficientes para actuar en todos los casos y en todas las secciones segundas del título correspondiente. Por tanto, señorías, no solamente con remitir información se logra la perseguida transparencia, el control y la información. Hay que debatir y aprobar las resoluciones que procedan, a la vista del informe que en su día una buena oficina presupuestaria de las Cortes Generales estuviera haciendo.


Otras enmiendas van en el sentido de, por un lado, aumentar y mejorar la información de los documentos que acompañan a los presupuestos para poder comparar y seguir el nivel de ejecución presupuestaria. A nuestro entender, estos documentos deberían presentarse con el mismo nivel de desagregación aprobado por el Congreso, es decir concepto y subconcepto de cada artículo del presupuesto. Otras enmiendas plantean que el manejo y custodia de fondos y valores públicos deben estar en manos públicas, y no colocarse en manos privadas, al margen de las garantías o avales que se presenten para ello. Otro grupo de enmiendas tienden a limitar la generación de modificaciones de gasto por previsiones de mayores ingresos, ya que puede llevar a un organismo o entidad empresarial a vender sus bienes e incrementar el precio de la prestación de su servicio o enajenar su patrimonio para pretender abordar nuevos gastos o nuevas inversiones, con lo que estaríamos proyectando hacia los usuarios el costo de esta mayor inversión. Además, entendemos que esta autorización del crédito no debe descentralizarse a los organismos autónomos, ni mucho menos, sino que estos deben proponerlos al ministerio del que dependen para que éste los autorice a fin de garantizar la unidad de decisión y criterio porque, de lo contrario, se pueden originar diversas manifestaciones particulares según los organismos y que no fueran dependientes de las responsabilidades del ministro que responde de las prioridades y de la línea política. Además, señorías, se debería añadir transparencia y debate parlamentario a las distintas excepcionalidades -que a veces son auténticas bandadas de excepcionalidades- porque, si no, las previsiones de ingresos y gastos se romperían, bien por una contingencia o bien por una mala gestión y en ese caso estaríamos facilitando al Gobierno la posibilidad

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de improvisar en lugar de perseguir el rigor presupuestario, y por otro lado, señorías, porque los créditos extraordinarios y los suplementos de los organismos autónomos deben estar muy limitados y condicionados a las decisiones extraordinarias que lo aconsejen según el Consejo de Ministros.


Termino ya. Hay que mantener un rigor limitativo en la gestión y en la modificación presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en especial en lo relativo a los anticipos de tesorería, así como potenciar medidas para no descentralizar la competencia de decidir las modificaciones importantes a los gestores de turno de cada organismo, sino que -vuelvo a insistir- estas sólo pueda promoverla el responsable que responde de la gestión, que no es otro que el ministro de cada departamento.


Entendiendo que no ha habido una mejora en el trámite correspondiente, mantenemos nuestras enmiendas y a la vista de ellas fijaremos el voto definitivo.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) continúa siendo la misma que mantuvimos en el debate de totalidad y en el debate en Comisión de dicho proyecto de ley, y, a pesar de que en este trámite parlamentario el Grupo Parlamentario Popular incorporó cuatro enmiendas que había presentado nuestro grupo parlamentario -enmiendas de carácter técnico y formal- y, también he de decirlo, señorías, a pesar del esfuerzo que ha hecho el diputado Jordi de Juan, del Grupo Parlamentario Popular, de intentar conseguir consenso en todas aquellas enmiendas que habíamos presentado a este proyecto de ley, no podemos cambiar nuestro criterio respecto a la misma. Decía que continúa siendo la misma posición respecto a dicha tramitación y a la Ley General Presupuestaria; era una posición de cautela, de precaución y de desconfianza ya que, aunque no es una ley básica, se fundamenta en su totalidad, afectando a la Administración del Estado y refiriéndose de forma repetida en su exposición de motivos al principio de estabilidad presupuestaria, delimitando, como ustedes saben, a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y a la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, leyes que, por cierto, ya generaron una gran desconfianza por parte de nuestro grupo parlamentario y que motivaron al mismo tiempo sendos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.


Por ello, compartiendo la necesidad de que el rigor en la planificación y ejecución de las políticas presupuestarias debe constituir un eje clave en la política económica española, no es menos cierto que cualquier medida al respecto debe respetar al mismo tiempo los principios constitucionales de autonomía financiera de las distintas administraciones y de coordinación de las haciendas de las comunidades autónomas con referencia a la Hacienda estatal. Difícilmente nosotros podemos compartir que los mecanismos de las mencionadas normas puedan responder a estos principios, máxime cuando no utilizan el concepto de estabilidad presupuestaria establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que limitan la autonomía financiera de las comunidades autónomas, así como también limitan la capacidad financiera de los entes locales. De nuevo se plantea ahora en este proyecto la plasmación concreta del principio en relación con el sector público estatal, lo cual nos lleva a ver con ojos críticos este proyecto en tanto que la aprobación del mismo generaría, por el sometimiento al principio de estabilidad, la limitación de la política presupuestaria en materia de gasto de la Administración del Estado en todo su territorio con los efectos restrictivos que dicha política puede implicar para el desarrollo económico y territorial.


Nosotros hacemos referencia a la exposición de motivos del proyecto de ley. El proyecto pretende que el principio de estabilidad presupuestaria sea de ahora en adelante el escenario permanente de las finanzas públicas en España, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito territorial. Así, pues, la medida trasciende del ámbito del Estado y afecta de pleno a las comunidades autónomas y también a las corporaciones locales. La implementación del principio de estabilidad presupuestaria llevará a la reiteración de los errores que, en su momento, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya manifestó cuando se tramitaron la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, así como también la ley orgánica, complementaria de la misma. Al mismo tiempo, nosotros creemos necesario manifestar en este trámite parlamentario los pronunciamientos del Consejo de Estado en su informe del anteproyecto respecto al procedimiento de tramitación del texto proyectado, aludiendo a la brevedad de las memorias, elaboración de los informes aparentemente rutinarios y a la falta de informes de órganos del Ministerio de Hacienda. En resumen, según manifiesta el mismo Consejo de Estado, se han atendido las mínimas exigencias de índole procedimental que deben seguirse para preparar, con las garantías necesarias, un texto normativo como el ahora examinado. Por lo tanto, no parece oportuno que en el procedimiento de redacción de una norma de la importancia de la proyectada, cuasi codificadora o de regulación de amplios sectores sociales o económicos,

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no se tomen en consideración todos los elementos esenciales de juicio.


Nosotros habíamos presentado una serie de enmiendas al proyecto, que no han sido aceptadas en el trámite de comisión por parte del Grupo Parlamentario Popular. Entendíamos que hubiera sido muy interesante poder incorporar al proyecto las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario, que van en la dirección de plantear cuestiones que afectan a las comunidades autónomas, relacionadas directamente con la coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.
Por este motivo, pensábamos que hubiera sido interesante tener en cuenta la enmienda 113 del Grupo Parlamentario Catalán, dirigida a poner en marcha todos aquellos mecanismos de compensación de las deudas que pudieran existir entre la Administración central y la Administración autonómica, con una orientación equilibrada entre las mismas. Con nuestra enmienda también intentábamos incorporar la previsión de reciprocidad entre las diferentes deudas que pudieran existir entre las dos administraciones, la central y la autonómica, para poder compensar las mismas en caso de que existiese saldo deudor o acreedor en determinados momentos de los trámites económicos.


También considerábamos importante la enmienda número 117, que trataba de incorporar todos aquellos créditos ampliables, de conformidad con lo dictaminado en el Consejo de Estado. Considerábamos la enmienda 119 como la más importante, para poder prever de manera expresa en el proyecto el principio de lealtad institucional, de acuerdo con lo pactado entre la Administración central y las administraciones autonómicas, cuando señalaron su acuerdo positivo en el reciente Pacto de financiación autonómica. Al mismo tiempo, nosotros consideramos interesantes las enmiendas 121, 120, 122, 123 y 124, que intentan reforzar todos aquellos mecanismos que puedan suponer una coordinación más perfecta entre las comunidades autónomas y la Administración central, como la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan gestionar créditos dependientes de los organismos del Estado - esta es una cuestión que no está planteada en dicho proyecto de ley-, así como prever con toda claridad la aplicación de las competencias normativas de las comunidades autónomas en materia de la gestión de subvenciones, que está en perfecta sintonía con otra enmienda que hemos planteado, en la que se pretende hacer posible la territorialización de las subvenciones, en aplicación de todos aquellos acuerdos de traspasos de función y servicios a una comunidad autónoma. En este sentido, si se trata de servicios traspasados, nosotros planteamos que no tiene ningún sentido que la Administración general del Estado establezca reservas generales de crédito, al mismo tiempo que consideramos interesante poder plantear que la normativa vigente de las comunidades autónomas en materia de subvenciones hace necesaria la referencia explícita de las funciones de control y seguimiento de las mismas.


Por lo tanto, nosotros mantenemos la defensa de nuestras enmiendas en este trámite parlamentario ante el Pleno del Congreso de los Diputados y, al mismo tiempo, reclamamos la sensibilidad del Partido Popular para la aprobación de las mismas y así poder modificar nuestro voto, porque, en caso contrario, nuestro grupo mantendría la abstención al dictamen del proyecto, en el sentido de poder orientar definitivamente el voto del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, suele ser habitual definir los presupuestos como la expresión cifrada conjunta y sistemática de los derechos y las obligaciones del Estado. Pero los presupuestos también cumplen una función política, por lo tanto, es posible hacer y emitir un juicio político sobre cualquier tipo de presupuesto y sobre los códigos presupuestarios que amparan las leyes de presupuestos. Esto no es de ahora. Hace ya algunas décadas, el conde de Cavour decía: dadme un presupuesto y os diré cómo está gobernado un país. Nosotros quisiéramos, en la mañana de hoy y en la víspera de los debates presupuestarios, ser capaces de compatibilizar los principios del buen presupuesto que defiende Cavour en la realidad presupuestaria española y en las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario.


Lo primero que tenemos que decir es que en España los recursos públicos que se han puesto a lo largo de los últimos años al servicio de las administraciones públicas, han ido elevándose de una manera considerable.
Se ha incrementado la presión fiscal en cerca de 3 puntos, para ser exacto en 2,9 puntos, de los cuales una parte muy considerable corresponde a los ingresos de naturaleza tributaria. En España la presión fiscal en los siete años del Gobierno de la derecha, se ha elevado 0,4 décimas por ejercicio, cuando en la Unión Europea tan solo se ha elevado 0,2 puntos. Además, las elevaciones impositivas fundamentalmente se han centrado en impuestos indirectos y en cotizaciones. El único impuesto que ha bajado ha sido el impuesto sobre la renta, pero en múltiples ocasiones mi grupo parlamentario ha puesto de relieve que esa disminución del impuesto sobre la renta ha sido profundamente desigual y, como consecuencia de ello, son las rentas salariales de nivel medio y de nivel bajo las que soportan el mayor peso de la imposición.


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Globalmente la política tributaria del PP ha sido una política gladstoniana, que ha favorecido la deserción fiscal de la derecha política y de la derecha económica, pero que no ha beneficiado al conjunto de los españoles sino todo lo contrario, ahora se pagan más impuestos que antes, lo que ocurre es que los impuestos que se pagan ahora los pagan otros que no pagaban antes tanto. Hoy, insisto, los que soportan niveles de tributación más importantes son los asalariados medios bajos. En el gasto público hemos asistido a una fuerte compresión del mismo y se ha bajado el gasto público en el conjunto de las administraciones 4,5 puntos respecto del PIB, la mitad corresponde al servicio de la deuda y la otra mitad es consecuencia de la desatención que el Gobierno conservador español le ha proporcionado a las prestaciones sociales y a los servicios públicos. Y eso ha generado una ruptura en el proceso de convergencia real entre España y la Unión Europea. Estuvimos cerca en el año 1993, cuando se redujo la distancia a 4,8 puntos del PIB. El PP nos ha hecho retroceder y diez años después esa distancia es superior a 7 puntos. El proyecto de ley se refiere también de la conveniencia y necesidad de que conozcamos la evolución del patrimonio y la situación financiera. Hay que recordar que con la llegada al Gobierno del PP se produjo un proceso importante de privatizaciones del que sabemos poquísimo. Sabemos que globalmente produjo 26.000 millones de deuda, y nada más. No sabemos a qué aplicó el Gobierno de España el dinero de esas privatizaciones y tenemos la seguridad de que ni una de las pesetas que se generaron por esta vía ha ido a la reducción de la deuda pública. Por tanto, esto no era una operación financiera, sino política; una operación consistente en organizar una verdadera piñata en torno a las propiedades públicas, de la cual se han beneficiado fundamentalmente los amigos de Aznar y de Rato, sin que el resto de nosotros, sin que el resto de los compatriotas podamos saber cuál ha sido la utilización de ese dinero.


Respecto de la deuda, este es un asunto poliédrico sobre el que conviene hacer alguna reflexión. Un Estado que tiene déficit se endeuda, tiene todo el sentido del mundo, es lo correcto, es lo ortodoxo, es lo que se debe hacer; ahora bien, lo que no tiene sentido es que el endeudamiento vaya más allá de la cuantía del déficit de caja no financiero. ¿Qué es lo ocurre en este momento en la sociedad española? Que el Gobierno ha descubierto al menos tres vías distintas de un endeudamiento que no se explica. El Gobierno ha montado un negocio bancario en el presupuesto, y aquí lo han dicho en múltiples ocasiones compañeros de mi grupo parlamentario: el señor Lissavetzky, la señora Mendizábal; todos han dicho que desde el presupuesto se conceden préstamos difícilmente reintegrables a empresas encargadas de fabricar bienes y productos básicos para la defensa y para la investigación tecnológica. Además, el Gobierno ha descubierto otra vía de endeudamiento y ha creado ex profeso organismos, entes y empresas con la finalidad exclusiva de fomentar la confusión en torno al saldo presupuestario. Esas empresas creadas son empresas instrumentales, el Gobierno de España crea empresas instrumentales, empresas sin actividad productiva, sin resultados, sin dividendos, con la única finalidad de poder contratar obras hidráulicas y no computarlas en el déficit público. Y el Gobierno de España cree que puede financiar con deuda una parte importante de la infraestructura ferroviaria porque el día de mañana va a tener una parte significativa de recursos procedentes de la explotación de la vía.


El Gobierno viene llevando a cabo proyectos industriales, proyectos tecnológicos, proyectos de infraestructuras que financia de manera poco ortodoxa y, porque sabe que los financia de manera poco ortodoxa, trata de ocultar esta situación. Y, claro está, la oposición se ha enterado; se ha enterado gran parte de la Cámara y también los del Partido Popular.
Aquí todos sabemos que en este momento hay un paquete importante de actividad económica, financiera e industrial que no se financia de manera ortodoxa. El Gobierno tiene ansias de ocultar esta información y, siendo malo ocultar esta información, es peor tratar de negar la realidad financiera de muchas compañías, de muchas empresas y, en general, del sector público. ¿De qué magnitud estamos hablando? Porque alguien podría decir que son cantidades insignificantes, pero no lo son. El dinero que el Gobierno ha destinado a cubrir los déficit producto del exceso de gasto sobre el ingreso en la parte no financiera del presupuesto es una cantidad importante, alrededor de 55.700 millones de euros. Ese tipo de actividades que tanto ha fomentado, esas nuevas zonas de endeudamiento que están por debajo de la línea del déficit, son 24.200 millones de euros. Por tanto, las necesidades del Gobierno son claras, el Gobierno ha necesitado 79.900 millones de euros. Ahora bien, ¿cuántos recursos ha pedido en los mercados nacionales e internacionales para financiar sus necesidades? Pues aquí hay un hecho un tanto paradójico: que el Gobierno ha pedido más recursos de los que necesitaba. En España hay una sobreemisión de deuda porque las necesidades fueron de 79.900 millones y los recursos han sido de 84.800 millones de euros. Aquí hay un problema que no está claro: hay 4.900 millones de euros que no se justifican ni por déficit de caja ni por variación neta de activos financieros.
Entonces, ¿a qué se han dedicado? Se han dedicado fundamentalmente a inversiones y a la cobertura de una serie de actividades que no computan a la hora de evaluar el gasto público. Esta es la segunda laguna informativa. Hay una primera laguna informativa, que es la existencia de un volumen importante de recursos, producto de las privatizaciones, con los que no sabemos qué ha ocurrido. Hay una segunda laguna informativa, que es la que se deriva de la existencia de un gasto que no computa en las cifras totales, que no computa en las obligaciones

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contraídas, y que el día de mañana dará la cara como deuda pública que tendremos que pagar.


Estamos asistiendo a un mal procedimiento. Yo he seguido los cauces de la ley en recursos, en empleo, en patrimonio y en endeudamiento, y ahora le preguntaría al señor De Juan: ¿qué le respondemos al conde de Cavour? Porque él era un hombre que de esto entendía; llegó a ser ministro de Finanzas de la República piamontesa. ¿Qué le decimos que ha ocurrido en esta sociedad, en los últimos años? Yo le diría, rápidamente, cosas muy sencillas: en España, entre 1995 y 2002, han subido injustamente los impuestos; en España el gasto público se ha reducido de una manera muy destacada, y esto no es ni inocuo ni neutral: en estas operaciones hay perdedores y ganadores; en España se han privatizado las mejores empresas españolas, sin que sepamos los españoles a qué ha destinado el Gobierno el dinero de estas operaciones (Aplausos.); en España, a pesar de haberse subido los impuestos, a pesar de haberse enajenado una parte importante de los activos industriales propiedad del Estado, sigue subiendo la deuda, y no nos explican a qué la dedican; en España los servicios públicos funcionan mal: funcionan mal los de educación, funcionan mal los de seguridad, funciona mal la justicia, y hasta funciona mal la Agencia Tributaria.


En esta sociedad, el gasto social es el 60 por ciento más bajo que la media comunitaria. Cuando uno entra a bucear en él se encuentra con que, en el gasto sanitario, en los servicios sociales y en las pensiones, estamos al final de la clasificación; algo así como si estuviéramos peleando por el descenso o por la promoción, y nos peleáramos con Portugal y con Grecia. Lo mismo ocurre con ese tipo de actividades que se dedican a garantizar el papel de España en la división internacional del trabajo. En educación tenemos un gasto que es el 73 por ciento de la media europea, y en investigación es del 55 por ciento; también compitiendo a la baja con Grecia y Portugal.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Fernández Marugán, le ruego que concluya.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, señora presidenta, y le agradezco mucho su amabilidad.


Nosotros podemos decir que todavía es una realidad que el volumen más importante de inversión pública se alcanzó con el Gobierno del Partido Socialista, en 1995; y que la Seguridad Social tiene, en este momento, un problema bastante serio: el de que el tipo de cotización es superior al tipo de cotización de equilibrio, lo que hace que asuma una serie de obligaciones que deberían haberse financiado con impuestos.


Alguien dice siempre: en España los presupuestos no son creíbles porque no tienen objetivos, porque no marcan resultados, porque no programan adecuadamente la actividad. Nosotros decimos: en España, los presupuestos no son creíbles porque, detrás de ellos, no hay un principio de justicia material. Ese ha sido el que hemos querido aplicar con nuestras enmiendas y nos hemos encontrado con la barrera del Grupo Parlamentario Popular, que trata de facilitar la actividad política a un Gobierno que ha demostrado que no respeta la disciplina presupuestaria; que hace aprobar leyes aquí que luego vulnera; que, además, ha encargado el despacho de la Hacienda pública a un ignoto e incipiente profesor universitario, que cree torpemente que puede ocultar su actividad al resto de los ciudadanos. Nos dijo un día aquí que él tenía las llaves de un baúl...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino en este momento. Nos dijo que él tenía las llaves de un baúl y que, con las llaves de ese baúl, no se volvería a producir en esta sociedad un desplazamiento del gasto público no financiero. Y ¿qué es lo que ha hecho? Permitir la expansión ilimitada del gasto público financiero, que es un gasto público sin control.
Aficionado, el señor ministro de Hacienda, a manejar los datos y las normas con un juego de manos que no es habilidoso, la mayor parte de las veces, viene pretendiendo hacer creer que existe una estabilidad, que es una pura fantasía...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Fernández Marugán, tiene que concluir su intervención de forma inmediata.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: ... y detrás de la cual se esconden bolsas de obligaciones que le restan transparencia. Pero, sobre todo, lo que se esconde son unos presupuestos extraordinariamente comprometidos de cara al futuro. Por eso nosotros, no podemos apoyar esta ley. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.


Vamos a concluir el debate del proyecto de ley general presupuestaria porque eso es precisamente lo que estábamos debatiendo hasta ahora o hasta antes de que interviniera el señor Marugán. No estábamos discutiendo la política presupuestaria, a mi juicio muchísimo más correcta y acertada la que practica el Gobierno que la que se practicó en otros momentos históricos. Si me lo permiten el señor Marugán y el conde de Cavour, que no era ministro de finanzas de la República de Piamonte sino en todo caso de la monarquía de Piamonte

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y artífice de la unificación italiana, continuaremos el debate sobre una ley tan importante como es la Ley General Presupuestaria, que juntamente con la Ley General Tributaria, juntamente con la Ley de patrimonio de las administraciones públicas, juntamente con las normas que vienen a regular la financiación autonómica y la financiación local, constituye uno de los grandes pilares sobre los que se asienta una de las grandes cariátides que sostienen la Hacienda pública actual. Ese conjunto de disposiciones legales fundamentales viene a configurar el marco jurídico en el que se desenvuelve la actividad tributaria, financiera y patrimonial de la Hacienda pública. Y todo ese acervo normativo ha sido objeto de reforma precisamente durante esta legislatura.


Yo no sé qué diría en esa época el conde de Cavour. La verdad es que también existían entonces en Italia otros planteamientos más inmovilistas, como el de Lampedusa cuando decía aquello de que todo cambie para que todo siga igual. Y algunos en esas materias, tanto en las que regula esta ley como en las que regula la Ley General Tributaria o la Ley de patrimonio de las administraciones públicas, más que del conde de Cavour, son tributarias de la máxima de Lampedusa y de El Gatopardo. No es este el caso del Gobierno ni del grupo parlamentario que le presta apoyo. Nosotros hemos mantenido la necesidad de un impulso reformista que se ha encaminado no sólo a la modernización y a la racionalización de ese escenario normativo sino, sobre todo, a la modificación de importantes leyes fiscales sectoriales como las que regulan el IRPF, la imposición de sociedades, los estímulos fiscales al mecenazgo, la Ley de haciendas locales o incluso la supresión del impuesto sobre actividades económicas.
Siempre buscando una política tributaria, una política fiscal más justa, más eficiente desde el punto de vista económico; y sin dudar, como algunos hacen, entre la política fiscal progresiva y la política fiscal regresiva. Mi grupo lo tiene muy claro y lo ha venido practicando durante esta legislatura.


Señora presidenta, mi grupo considera que esta legislatura ha sido especialmente fructífera para la Hacienda pública salvo para los inmovilistas en algunos de sus planteamientos; y pasará probablemente a la historia hacendística de este país como una de las grandes reformas, como lo fue la de Alejandro Mon, la de Fernández Villaverde o las de Flores de Lemus. Una reforma que ha sabido conjugar esa modernización de la Administración financiera y tributaria con una política tributaria de progresiva reducción de impuestos que ha tenido una contribución innegable en nuestro crecimiento económico, en el estímulo al ahorro y a la inversión que han dinamizado nuestra economía productiva. Mi grupo quiere llamar la atención de esta Cámara sobre la importancia económica y jurídica del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo. Se trata, sin duda, de un código de ordenación presupuestaria que somete a su disciplina legal el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, de intervención y de control financiero del sector público estatal. Una ley codificadora cuya vocación normativa se extiende al régimen jurídico de la Hacienda pública estatal, a la elaboración, estructura y modificación de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, al marco normativo en que se elaboran los presupuestos -me temo que algunos se han anticipado al debate presupuestario que haremos más adelante-, que regula el Tesoro público, que regula la disciplina de contabilidad del sector público estatal (información contable, función interventora, auditoría pública) o, en definitiva, el régimen de responsabilidades contables, sin perjuicio del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de la función fiscalizadora y de exacción de la responsabilidad contable.
Señora presidenta, este es un proyecto de ley esencial que regula el metabolismo financiero del Estado y que somete -mal que les pese a algunos- su circuito presupuestario a un mayor grado de eficacia y de transparencia. Una ley codificadora que tiene una relación directa, íntima e umbilical con el interés general y con el sentido de la responsabilidad. Desde esa convicción, no alcanzamos a comprender la actitud poco responsable de Convergència i Unió durante la tramitación de este proyecto de ley.


Pese a las enmiendas de totalidad que se presentaron a este proyecto de ley al inicio de su andadura parlamentaria, mi grupo ha hecho un esfuerzo para dialogar con los otros grupos. Hemos estado razonablemente abiertos, tanto a nivel de grupo parlamentario como de ministerio, a aquellas propuestas constructivas que pudieran presentarse y que de alguna forma contribuyeran a depurar eso que los juristas llamamos el espíritu del legislador, la voluntad del legislador. Por ello, hemos aprobado enmiendas del Grupo Vasco. Ofrecimos una enmienda transaccional a la enmienda 31 del Grupo Vasc, que no fue aceptada quizá porque el ámbito de aplicación de esta ley (artículo 1 del proyecto), señor Azpiazu, se refiere al sector público estatal y probablemente no sea necesario. Hemos aceptado enmiendas del Grupo Mixto, del Grupo Socialista y también de Convergència i Unió. No entendemos esa actitud abstencionista, que probablemente tiene una relación directa con la singular e incierta coyuntura electoral que en este momento afecta a Cataluña, coyuntura electoral que nos afecta a todos. Precisamente por la importancia de esa ley, por su vocación codificadora, yo exhortaría a grupos que han mantenido un cierto sentido de la responsabilidad para que leyes como ésta quedaran inmunes a los apremios políticos o electorales, por muy legítimos que éstos sean.


Señora presidenta, esta es una ley muy importante para acondicionar nuestro ordenamiento presupuestario a las exigencias de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La estabilidad presupuestaria y las reformas

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estructurales han sido los dos pilares fundamentales en los que se ha basado la política económica del Gobierno y lo que nos ha permitido sostener un diferencial de crecimiento intensivo en creación de empleo respecto de la eurozona. El equilibrio presupuestario contribuye a la estabilidad macroeconómica, mejora las condiciones de financiación de nuestra economía, genera un importante flujo de ahorro público reduciendo el efecto de expulsión de la inversión privada, dota a los Presupuestos Generales del Estado de un considerable margen de maniobra para afrontar situaciones de incertidumbre internacional, deja jugar libremente a los estabilizadores automáticos evitando la introducción de cualquier elemento procíclico en la política fiscal, orienta el presupuesto hacia aquellas políticas que favorecen la productividad y el crecimiento a largo plazo como la inversión en infraestructuras o en I+D+I, y por último, aunque no lo último, permite políticas sociales importantísimas como las que veremos en el proyecto de ley de Presupuestos que ha tenido entrada en esta Cámara y de reducción de impuestos, es decir, favorece el bienestar de la colectividad. Algunos han hablado hasta hace poco de dogmatismo presupuestario e incluso algunos de calvinismo presupuestario y ahora parecen decididos a abrazar, con la fe del converso, el equilibrio presupuestario.


Podría sucumbir a la tentación demagógica, que parece propia del señor Marugán, y decir que son tan radicales como para ignorar, incluso a micrófono abierto, la diferencia entre la política fiscal progresiva y la política fiscal regresiva, o para calificar esa diferencia como una chorrada -sí, lo digo literalmente para que así lo hagan constar los servicios taquigráficos de la Cámara- que se supera con un par de lecciones. Podría hacerlo, pero no voy a hacerlo porque, entre otras razones, ya lo han hecho ustedes muy bien y lo único que me voy a limitar a decir es que, piense lo que piense el conde de Cavour -y cuidado con su aliado Garibaldi-, pone en peligro o en cuestión claramente la credibilidad del Partido Socialista y lo único que hace es enfrentarle a sus propias contradicciones y poner de relieve lo que siempre hemos dicho desde el grupo mayoritario y es que este Partido Socialista carece de proyecto y de alternativa. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas y del texto del dictamen de Comisión del proyecto de ley general presupuestaria.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por las señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 103; en contra, 147; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 102; en contra, 154; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 24; en contra, 243; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 116; en contra, 154; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 101; en contra, 151; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las enmiendas números 119, 120, 121, 122, 124, 128 y 129.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 23; en contra, 243; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 27; en contra, 242.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las enmiendas números 70, 79, 81 y 109.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 93; en contra, 168; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 78, 80, 83, 84 y 86 a 92.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 94; en contra, 172; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 100; en contra, 156; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación el texto del dictamen. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Simplemente quiero pedir votación separada de la disposición adicional segunda.


La señora PRESIDENTA: Votamos la disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; en contra, 253; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


A continuación votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 157; en contra, 99; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


INFORME ELABORADO POR LA COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 153/000001.)

La señora PRESIDENTA: Punto nuevo del orden del día. Informe elaborado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
(Pausa.-Rumores.)

Señorías, debemos continuar el debate. Les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio. (Pausa.) ¿Será posible, señorías, que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo? (Pausa.)

Para presentar el dictamen, en nombre de la Comisión, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO DELGADO: Gracias, señora presidenta.


Subo a esta tribuna en el día de hoy, señorías, para presentar el informe aprobado por la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por el Pacto de Toledo y lo hago, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión, con la satisfacción del deber cumplido. Efectivamente, la Cámara dio un mandato a la Comisión, que, una vez cumplido, traemos hoy para su aprobación en el Pleno.


El Pacto de Toledo es un pacto que nació con una voluntad real de compromiso común entre todas las fuerzas parlamentarias. Y por ello los votos particulares presentados hoy, al igual que en 1995, no pueden ni deben empañar el consenso y la negociación que han presidido los trabajos de la Comisión y el informe final. Los miembros de la Comisión han trabajado intensamente en estos años y por ello, antes de continuar mis palabras, deseo expresar mi agradecimiento personal, así como el de los componentes de la Comisión, a los comparecientes, que han sido muchos, y a las instituciones y particulares que han colaborado con la misma enviando información y documentación para culminar el trabajo encomendado. También deseo transmitírselo a los servicios de la Cámara, tanto a los letrados como a los técnicos y asesores, por su colaboración.


Los miembros de la Comisión han cumplido los objetivos principales en su día encomendados. Por un lado, el objetivo de valorar los resultados de la aplicación de las 15 recomendaciones que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 15 de febrero de 1994. Aquellas recomendaciones, ratificadas con el consenso de los grupos parlamentarios, supusieron una reacción dirigida a la adaptación del sistema español de pensiones y de la financiación de la Seguridad Social. Por otro lado, el informe que ahora se presenta persigue también el objetivo de perfilar las modificaciones más adecuadas que deben introducirse en el actual sistema de pensiones, con el objeto de adaptarlo a los tiempos actuales y también a los futuros, de acuerdo

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con los cambios económicos y sobre todo con los cambios demográficos que se vienen advirtiendo para un futuro muy próximo. Todo ello sin perjuicio de los posibles ajustes puntuales que periódicamente se puedan ir introduciendo, tal como prevé el propio Pacto de Toledo.


No debemos olvidar que esta Comisión no permanente se crea como consecuencia de un acuerdo de la Mesa de 30 de mayo de 2000, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán, Federal de Izquierda Unida, Vasco, de Coalición Canaria y Mixto, en el seno del Congreso de los Diputados; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, adopta el acuerdo por el que se crea una comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo para sobre esa base estudiar su desarrollo futuro, dentro de los criterios de estabilidad, de los criterios de sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España, que permita garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar de nuestros pensionistas, con especial atención a las pensiones de menor cuantía.


Podemos sentirnos satisfechos de haber alcanzado el presente acuerdo con el mismo espíritu y el mismo consenso que en su día presidieron a los grupos parlamentarios que firmaron el Pacto de Toledo. Debo destacar el tiempo, dedicación, talante y labor demostrados por los ponentes de este informe y expresamente quiero hacer constar mi agradecimiento a don José Núñez, que ha representado al Grupo Parlamentario Mixto; a doña Soledad Monzón, que ha representado al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; a don Iñaki Txueka, del Grupo Parlamentario Vasco; a doña Inma Riera, don Carlos Campuzano y don Pere Grau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); a don Antero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; al señor Griñán, a la señora López i Chamosa y don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, al señor Burgos, al señor Mateos y a la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular; y en general a todos los diputados de la Comisión y a los que nos abandonaron por una u otra razón. Me viene a la memoria el señor Fernández de Troconiz, a quien en su día sustituí en la presidencia de la Comisión y cuya magnífica labor parlamentaria ha quedado para siempre en el "Diario de Sesiones".


El informe consta de unos antecedentes orientativos del intenso trabajo desarrollado por la Comisión en 35 sesiones de la misma y en más de cien reuniones de trabajo de la Mesa y de los portavoces. Todos los colectivos, asociaciones, instituciones, expertos y personas que lo han deseado han podido participar aportando sus demandas, conocimientos e informaciones, que tan útiles han sido para el trabajo desarrollado. El informe, en segundo lugar, contiene una introducción y unas orientaciones comunitarias donde se exponen los distintos sistemas de pensiones en la Unión Europea y las reformas que allí se han efectuado. En tercer lugar, se realiza también en el informe un análisis de la evolución demográfica en España. Desarrolla a continuación las conclusiones, que constan de un preámbulo y de 22 recomendaciones expuestas en tres bloques: el primero contiene las recomendaciones que desarrolla el Pacto de Toledo desde su inicio y su grado de cumplimiento; el segundo desarrolla las recomendaciones adicionales y el tercer apartado configura el sistema de pensiones en el marco de la Unión Europea con tres recomendaciones.
Finalmente, en cuarto lugar, se hace referencia al seguimiento y a la evaluación de las recomendaciones, considerando que el desarrollo de las mismas debe basarse en el diálogo de los agentes económicos y sociales y a este fin se les dará traslado de su contenido en los próximos días.
Consideramos asimismo que, transcurrido un plazo prudencial, se revise su cumplimiento mediante instrumentos parlamentarios específicos. Dada la relevancia actual y futura de los fenómenos asociados al envejecimiento, nos parece adecuado que Gobierno y Parlamento habiliten instrumentos de carácter permanente que permitan evaluar de forma efectiva los mismos.


Deseo manifestar, por último, que el trabajo que en su día se confió a esta Comisión ha sido uno de los cometidos más importantes sin duda desarrollados por esta Cámara y que, gracias al consenso político alcanzado sobre estos pronunciamientos, se ha convertido en la condición necesaria para asegurar el futuro de nuestro sistema de pensiones, un sistema de pensiones que ha rendido, rinde y debe seguir rindiendo un gran servicio a nuestro país y en especial a esos ciudadanos que están más necesitados de protección. El Pacto de Toledo debe ser puesto en valor ahora más que nunca y poner en valor significa resaltar ante todos los aciertos que indudablemente ha supuesto. Ahora dependerá de nosotros trasladar la confianza en el sistema a los ciudadanos. Cuanto más acuerdo haya en los objetivos del pacto, mejor para los ciudadanos.


Este acuerdo nos iguala a todos los que lo suscribimos en la voluntad política de defender el sistema público de pensiones que tiene España, sin excluir por supuesto otros sistemas que siempre serán complementarios. La modernización y reforma de los regímenes de pensiones es un proceso complejo que afecta, como ha señalado la Unión Europea, a un gran número de intereses y personas. Esta modernización y estas reformas no son tarea para tecnócratas. Sin un liderazgo firme y un fuerte apoyo público no será posible construir unos sistemas de pensiones sólidos. España se adelantó a otros países de la Unión Europea en esas reformas en 1995, con el Pacto de Toledo, y mediante los pactos sociales de 1997 y 2001 evitó los problemas y conflictos que han surgido después en otros países de la Unión Europea.


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La consolidación y reforma de nuestro sistema de pensiones exige, como dice el preámbulo del informe, un alto grado de consenso político y social. Llevar ello a cabo implica una apuesta por el futuro que debe ser comprendida y aceptada por la sociedad en su conjunto. Creemos, señorías, que estamos en el buen camino, creemos que estamos en ese camino.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.


En defensa de los votos particulares, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, voy a defender el voto particular de Esquerra Republicana de Catalunya y de Eusko Alkartasuna, dando también por defendido el voto particular de Iniciativa per Catalunya.


Desde Esquerra Republicana de Catalunya hemos considerado que hay avances positivos en la renovación y actualización de esta nueva ponencia del Pacto de Toledo, pero nuestro voto particular lo podríamos reducir a dos ámbitos en los que hay clara discrepancia. Primero, en el papel de las comunidades autónomas, y en este caso hablo en nombre de Cataluña, pero también es el caso del País Vasco, de Euskadi, porque nosotros tenemos marco competencial en lo que hace referencia a la gestión económica de la Seguridad Social. En el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el artículo 17, se recoge la competencia que tenemos para gestionar los fondos económicos de la Seguridad Social, una gestión económica que nunca se nos ha traspasado. Por esta razón, Esquerra Republicana ha presentado el primer bloque de nuestro voto particular, que hace referencia básicamente al traspaso de la gestión económica, pero a partir del artículo 150.2 de la Constitución se nos permitiría también recaudar las cotizaciones sociales y establecer un sistema público de pensiones en el estricto ámbito autonómico, respetando, claro está, los criterios de no discriminación, cooperación y solidaridad con el resto del Estado.


¿A qué lleva esta propuesta? Nosotros entendemos que hoy -y así lo ha denunciado Esquerra Republicana de Catalunya en esta misma tribuna cuando hace referencia al modelo de financiación, pero aquí también hace referencia a lo que es protección social contributiva- somos víctimas de un expolio claro por parte del Estado. Las contribuciones que hacen los trabajadores, los cotizantes de Cataluña no revierten, porque hay un diferencial de inflación, en Cataluña hay un coste de la vida diferente al de otras zonas del Estado. Por esta razón creemos que, hoy, hay una discriminación de los asalariados y de los contribuyentes de Cataluña.
Con la misma pensión, no se puede tener el mismo poder adquisitivo, el mismo poder de compra. Nosotros creemos que es bueno que aquellas comunidades autónomas que puedan y que tengan competencia para ello puedan ver traspasada, primero, la gestión económica y, segundo, como decíamos, la capacidad de recaudar las cotizaciones sociales.


Hubiera sido bueno también, y así lo ponemos de manifiesto, que en esta ponencia del Pacto de Toledo, igual que en otros países de la Unión Europea -el caso de Italia o el de Austria-, los ámbitos regionales pudieran crear sistemas complementarios de pensiones. No se nos puede decir que en el estatuto, o en la Constitución, o en la legislación básica hay algo que lo impida, no lo impide nada. El Gobierno de Cataluña, la Administración catalana podría, de acuerdo y de forma concertada con entes patronales y sindicales, habilitar sistemas de pensiones complementarios, desde luego de carácter voluntario. Es evidente que si un banco, si una mutualidad de previsión social, si una compañía de seguros puede crear sistemas complementarios de pensiones -estamos hablando estrictamente del ámbito privado-, parece lógico que las comunidades autónomas que tuvieran competencia para ello pudieran crearlos.


En un segundo bloque, ya dentro del aspecto más socioeconómico, creemos que el tiempo de cómputo mínimo para poder percibir una pensión contributiva tiene que quedar claro en el acuerdo. Queda de forma ambigua, no se especifican los años -actualmente sabemos que no son más de quince-, y esto abre la puerta a que un Gobierno -que puede ser éste o puede ser el que se constituya en la próxima legislatura- pudiera ampliar el año de cotización básica para poder percibir una pensión. Desde Esquerra Republicana de Catalunya creemos que tiene que fijarse claramente que tiene que ser no más de quince años, como está hasta ahora, independientemente de que en los próximos acuerdos de los próximos cinco años se crea conveniente, a partir de un consenso, buscar otras fórmulas, pero a partir de hoy tiene que quedar acotado cuál es el máximo tiempo de cotización necesario para poder percibir una pensión.


Nos parece también que esta ponencia hubiera sido una buena oportunidad para buscar la fórmula de equiparar progresivamente y de forma gradual las pensiones más bajas a lo que sería el salario mínimo interprofesional. Hubiera sido un objetivo. Decimos que de forma progresiva y gradual, no tiene que ser para los próximos años, pero tenía que ser la lógica, en la base de la solidaridad, que las pensiones más bajas evolucionaran en este sentido, siempre y cuando las condiciones lo permitieran. Nuestra enmienda, nuestra adición a la ponencia no busca de una forma tajante y clara que sea ya, con unos términos de tiempos fijos, sino todo lo contrario, que sea de forma gradual y progresiva.


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La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta. Entro en el último punto.


Presentamos otro punto relativo a la protección de las personas dependientes, que es un derecho subjetivo y no, como ambiguamente se define en la ponencia, es un derecho que está a la consideración de la Administración.


Repito que son puntos que refuerzan lo que serían las competencias de las comunidades autónomas, que crean mecanismos de más solidaridad territorial, hoy, repito, agravados por un expolio claro por la dificultad en Cataluña del coste de la vida -la vida es más cara allí-, que buscan la equidad y sobre todo la solidaridad del sistema. Por tanto, anuncio nuestra abstención en la votación final.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.


Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, creo que hablamos de uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, de uno de los pilares que diferencia a aquellos países que están incluidos en ese Estado del bienestar de aquellos que aún no han llegado, de ese universo del sistema de pensiones del que depende una población muy importante y además frágil.


Quiero empezar suscribiendo las palabras del presidente de la Comisión con respecto al ambiente y al esfuerzo de consenso, como no podía ser menos.
Porque se trata de buscar algo que parece contradictorio, que es un sistema estable de pensiones para una sociedad que es dinámica y que está en cambio. Puede parecer que, si estable significa rígido, nos equivocaríamos y por tanto esa búsqueda de consenso es absolutamente imprescindible para dar estabilidad a medio y largo plazo al sistema, aunque también el sistema sólo puede pactar la filosofía, porque en cada momento debe revisar tácticamente sus números, su dimensión, sus medidas, para ir cumpliendo su misión, que es cubrir con un sistema de pensiones al universo de la población y que estas pensiones lleguen a un mínimo de dignidad. En ese sentido era imprescindible el consenso. No es pensable un país que tenga un sistema de pensiones que dependa de la coyuntura partidaria del Gobierno, tiene necesariamente que pasar por consenso. Sí puede pensarse que haya distintas velocidades de adaptación al modelo y distintos matices del modelo.


La revisión de los puntos me parece que significa el esqueleto filosófico en el que por lo menos los ponentes, los que hemos participado en la Comisión estamos de acuerdo: que el sistema sea justo y por tanto sigamos con ese sistema de reparto y de solidaridad intrageneracional e intergeneracional, que haya solidez financiera y que por tanto el sistema no se nos venga abajo desde el punto de vista de los números y que sea respetuoso en la adaptación no sólo a la Comunidad Europea, sino también al régimen constitucional y al régimen estatutario. No voy a manifestarme con relación a los puntos del pacto porque no es el momento ni tengo tiempo, pero sí sobre la posición del voto particular andalucista, de ese voto de más que no va en contra del apoyo total al texto, que es el esquema filosófico, porque consideramos que esos puntos no se han cubierto en el texto. Me refiero a la participación de las comunidades autónomas en el sistema de pensiones.


El Estatuto de Andalucía también contempla esa posibilidad y nosotros creemos que se debería garantizar ese ejercicio real y efectivo de la gestión de la Seguridad Social, que, sin romper la caja única y sin romper el esquema del sistema de pensiones, diera el papel de recaudación, de reparto, de cogestión en definitiva con la Administración del Estado del sistema de pensiones. En segundo lugar, la singularidad de cada comunidad autónoma. Es evidente que la realidad demográfica, la realidad laboral y la realidad de niveles de renta de cada comunidad autónoma son distintas. Por poner un ejemplo, de los 830.000 cotizantes al régimen especial agrario que tiene este país, 530.000 son andaluces; el 64 por ciento de los cotizantes. La Comunidad andaluza está muy preocupada por ese régimen, cuando otras comunidades tienen otras proporciones u otras atenciones. Debería fomentarse que cada comunidad autónoma pueda tomar medidas complementarias que resuelvan su especificidad y su distinción en cuanto al perfil laboral, al perfil demográfico y al perfil económico de sus habitantes.


Por último, hay que poner un cierto objetivo a ese no discutible deseo de todos de alcanzar unas pensiones mínimas dignas, poner un tope. Nosotros pensamos que ese tope es, en principio, el salario mínimo interprofesional. No se puede entender por qué se fija un salario mínimo para una persona que trabaja y no hay una pensión mínima coincidente con ese trabajo. Es como si les costara menos vivir a las personas que no trabajan que a las que sí lo hacen. Además, la distancia es muy grande.
La realidad de nuestro sistema de pensiones mínimas está todavía alejada de un mínimo digno y razonable de susbsistencia. Eso debe alcanzarse lo antes posible. Habrá que hacer los esfuerzos necesarios para, manteniendo el reparto y la solidaridad e incrementando la contribución hasta donde se pueda, alcanzar ese mínimo de pensión. En este sentido va el voto particular de los andalucistas: en el reconocimiento real de la gestión, en este mínimo, y en el respeto a las competencias, entre otros tipos, de prestaciones asistenciales.


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La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego que concluya.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Quiero terminar, señorías, diciendo que nuestra posición es de apoyo al texto y que estamos totalmente de acuerdo con la filosofía, pero que, en paralelo, creemos que se debe avanzar en otra dirección en la colaboración con las comunidades autónomas y en un acercamiento de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego considera muy positivo que se debata y que se debata entre todos sobre el futuro del sistema público de pensiones. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.


El señor AYMERICH CANO: Lo consideraría positivo siempre y cuando este debate sea un debate abierto, que tenga en cuenta todos los datos disponibles. Echo de menos, se echa de menos, en los trabajos de la Comisión, que no se tuviesen en cuenta datos como el aumento de la productividad, que sólo se tenga en cuenta una previsible -y veremos si se confirma o no- evolución demográfica y que no se tenga en cuenta la evolución del empleo, el aumento de la población ocupada, lo cual sí que sería uno de los retos fundamentales. No se tiene en cuenta en los trabajos de la Comisión qué va a suceder con todos esos jóvenes que en estos momentos trabajan, van al paro, van a un empleo precario. ¡Qué carrera de pensiones van a tener esos jóvenes cuando lleguen a la edad de jubilación! También estaríamos de acuerdo con un debate y con una discusión si fuese una discusión objetiva o -por decirlo claramente- limpia, que no estuviese condicionada por dogmas y por apriorismos, como ha ocurrido en este caso y como ocurrió en 1995, diciendo que el sistema público de pensiones no es viable y que es necesario complementarlo con sistemas privados incentivados y promocionados desde los poderes públicos. Desde luego, nosotros tenemos una filosofía completamente diferente y echamos de menos en las conclusiones y en las recomendaciones aspectos como los siguientes. Nosotros apostamos por que se establezca de una forma clara la separación de fuentes. Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social deben financiarse, y debe hacerse desde ya, y no para dentro de 12 años, como se pactó entre el Gobierno, Comisiones Obreras y CEOE en el año 2001. Nos parece bastante hipócrita decir que el sistema público de pensiones no es viable pero que por el camino financiamos con cargo a las cotizaciones de los trabajadores y de las trabajadoras prestaciones de las que el Estado debería hacerse cargo con otro tipo de recursos, lo mismo que el empleo y la aplicación de los superávit del sistema. No se puede tampoco afirmar que el sistema no es viable y, al mismo tiempo, todos los años aplicar 500.000, 600.000, 700.000 millones de pesetas de cotizaciones de la Seguridad Social para cuadrar las cuentas públicas y lograr el llamado déficit cero. Esto debería garantizarse desde ya, es decir, nosotros planteamos que todos los superávit se apliquen al fondo de reserva o alternativamente a mejorar la acción protectora.


Tampoco se recogen en las recomendaciones la dignificación de las pensiones mínimas, que para nosotros quiere decir equipararlas con el salario mínimo interprofesional, ni la compatibilidad entre las pensiones del SOVI y las de viudedad, y desde luego nosotros estamos en contra -y así lo manifestamos cuando se debatió el proyecto de ley- de establecer la jubilación flexible y la posibilidad de que personas de más de 65 años puedan compatibilizar la percepción de una pensión con el trabajo. Esto no es para nosotros una muestra de opción libre, sino que es forzar a completar las pensiones a través de trabajos precarios a personas a las que ya se les está diciendo no van a tener unas rentas dignas por vía de pensión. Tampoco se estudia, por cierto, ni se dice nada en el informe sobre el impacto y la repercusión que tiene el empleo de las personas mayores de 65 años en el empleo de las personas jóvenes, si dificulta, como lo hace en la realidad, o no el acceso al mercado de trabajo de las personas jóvenes, que es lo que permitiría garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el futuro. Abogamos también por el mantenimiento de los regímenes especiales -el régimen especial agrario y el régimen especial del mar- como forma de garantizar que el carácter específico de estas actividades tenga acomodo en el sistema público de la Seguridad Social y abogamos también por la equiparación de la acción protectora entre los diferentes regímenes.


Echamos de menos, por fin, que se recomiende que el Estado español incremente el gasto público en protección social, que en este momento es uno de los más bajos de la Unión Europea.


La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, concluya.


El señor AYMERICH CANO: Acabo enseguida, señora presidenta.


Con datos de Eurostat, frente al 11 por ciento de media sobre el PIB de gasto social de la Unión Europea, en el Estado español no se llega al 9 por ciento. En esas condiciones, señorías, decir que el sistema público de pensiones no es viable y que hay que complementarlo, financiándolo y promoviéndolo públicamente

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con un sistema privado, nos parece, como digo, cuando menos hipócrita.


La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya, por favor.


El señor AYMERICH CANO: Acabo ya, señora presidenta.


Decimos que el debate y el consenso tienen que ser claros y que no se pueden fundar sobre apriorismos que además, como en el caso del Pacto de Toledo, el tiempo demostró que eran falsos. Las previsiones que se hicieron en el año 1995 a corto plazo por servicios de estudio de bancos interesados en ese mercado privado y que ahora se demuestra que fueron equivocadas, se hacen ahora para largo plazo cuando no hay ninguna fórmula de verificarlas. Atendamos al corto plazo, mejoremos el empleo, tengamos en cuenta el incremento de la productividad y garanticemos un sistema público viable y que garantice pensiones dignas para todos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka para la defensa de los votos particulares.


Señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, subo a la tribuna para defender nuestra enmienda y expresar al mismo tiempo la posición del Grupo Parlamentario Vasco en relación con el informe emitido por la Comisión no permanente del Pacto de Toledo para la valoración de los resultados obtenidos en la aplicación de sus recomendaciones. Y lo hago en sustitución de mi compañero de grupo, Iñaki Txueka Isasti, a quien otras ocupaciones, relacionadas también con los quehaceres de la Cámara, le han impedido estar presente en este Pleno, como hubiese deseado, dando así culminación al importante trabajo que, junto con los restantes comisionados, ha venido desarrollando a lo largo de la legislatura en el seno de la Comisión.


El Grupo Parlamentario Vasco entiende que el documento es el resultado de un notable esfuerzo de consenso. El informe culmina cuatro largos años de encuentros, de contrastes y de debates, en los que se ha trabajado mucho y bien, con el propósito, finalmente alcanzado, de cerrar un acuerdo de mínimos en torno a lo que ha de ser el sistema de pensiones y también en torno al modo en que han de actuar los agentes sociales, económicos, políticos e institucionales para que el sistema resulte viable con vistas al futuro. El acuerdo alcanzado entraña avances importes que no sería justo ignorar o despreciar. El capítulo de las recomendaciones adicionales es, además, especialmente ilustrativo a este respecto. Que los grupos de la Cámara hayamos sido capaces de fijar un mínimo común denominador en torno a los retos que para el adecuado desenvolvimiento del sistema de pensiones plantean fenómenos tan relevantes en la sociedad actual y que tanta influencia están llamados a tener en las estructuras sociales y económicas del futuro, como las novedosas formas de trabajo y desarrollo profesional que la moderna economía impone a las empresas, el imparable desafío de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los problemas asociados a la dependencia, la discapacidad o la inmigración, es algo que merece ser apreciado y justamente valorado. Los grupos presentes en la Comisión hacemos diagnósticos y mantenemos posiciones muy diferentes acerca del modo en que tienen que abordarse todas estas cuestiones desde los poderes públicos, pero hemos sido capaces de coincidir en la apreciación de que afectarán al desenvolvimiento futuro del sistema de pensiones y de que éste -el sistema- habrá de evolucionar en los próximos años con objeto de adaptarse a estos nuevos fenómenos.


El informe, señorías, como todo acuerdo multilateral, no está expresado en términos excesivamente concretos, sino que hace valoraciones y marca orientaciones concretas, pero lo hace en un tono más bien genérico y abstracto. Este dato, señora presidenta, no es en principio negativo, sino tan sólo el tributo obligado que ha de satisfacerse al bien superior del consenso. Pero no debe perderse de vista que la excesiva imprecisión de los textos consensuados entraña también graves riesgos, a los que, evidentemente, no puede sustraerse el presente informe, porque no es infrecuente que los pactos formulados en términos genéricos acaben degenerando en acuerdos apócrifos, esto es, en acuerdos formales que versan sobre la literalidad de las palabras a través de las cuales se formulan, pero que no afectan al verdadero significado, alcance y contenido de las mismas, de suerte que, después, quien asume la responsabilidad de su gestión, en este caso el Gobierno del Estado, pueda sentirse habilitado para proceder libérrimamente en su interpretación y aplicación, provocando así la discrepancia e incluso el desmarque de los demás firmantes.


El Grupo Parlamentario Vasco, señorías, ha presentado dos votos particulares al texto que hoy se somete a nuestra consideración. Quisiera precisar que son dos sólo porque desde un punto de vista formal afectan a dos epígrafes distintos del informe. En puridad, podían haberse formulado como uno solo, porque afectan a una misma cuestión de fondo y se encuentran estrechamente interrelacionados. El primero de ellos tiene que ver con el cardinal objeto de la clarificación y separación de las fuentes de financiación, que es uno de los objetivos fundamentales del pacto. Tradicionalmente, el sistema de Seguridad Social se ha proyectado con diferente intensidad sobre un amplio elenco de ámbitos materiales de actuación pública, contemplados en muy diversos artículos de la Constitución. Es cierto que este panorama ha ido depurándose durante los últimos años,

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pero hoy todavía la estructura pública de la Seguridad Social sigue hipotecada a su pasado y continúa integrando acciones públicas que trascienden el estricto campo de lo que debe ser el sistema de pensiones, para entrar de lleno en el terreno del desempleo, la sanidad o los servicios sociales. Esto hace que, junto a los problemas que habitualmente se vinculan a los sistemas de previsión, como son, por ejemplo, las variables demográficas, los niveles de ocupación y cotización, las tasas de actividad o las transformaciones sociales, se planteen en España problemas adicionales provocados por la falta de actualización y planificación del sistema que se manifiestan sobre todo en el mayor gravamen de los presupuestos públicos, el injustificado incremento del coste empresarial de las cotizaciones o la inexistencia de un panel de flujos financieros transparente y suficientemente autónomo.
Estas reflexiones apuntan hacia la necesidad de profundizar más aún en la política de clarificación y separación de fuentes de financiación que el Pacto incorpora como uno de sus elementos básicos. Cabalmente, señorías, no puede ser que el sistema de Seguridad Social siga pretendiendo extender sus tentáculos en tantas y tan heterogéneas disciplinas como ha venido haciéndolo hasta el presente, pues todavía hoy no es posible identificar la frontera legislativa que separa el régimen de pensiones de los sistemas de previsión y protección correspondientes al desempleo, la sanidad y los servicios sociales. Por ello, no resulta suficiente instar -como hace el informe- a clarificar el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para que no se generen efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario. Esto sí es imprescindible, pero, una vez clarificado el balance, es preciso dar un paso más allá y aplicar medidas concretas orientadas a que la Seguridad Social transfiera al Estado todos los activos patrimoniales que no estén asociados al sistema de pensiones contributivas y que, por el contrario, lo estén a los servicios públicos universales de atención sanitaria, a las políticas de empleo y a los servicios sociales.


Las bonificaciones y exoneraciones de las cotizaciones sociales, a las que se refiere nuestro primer voto particular, adquieren especial relieve dentro de la problemática que plantea la necesidad de clarificar y diversificar las fuentes de financiación. Me interesa hacer notar además de manera especial a este propósito que el informe incurre en una curiosa pero elocuente contradicción. Por un lado, su punto primero subraya -literalmente- que es la fiscalidad general la que debe hacer frente a la bonificación en las cotizaciones de contratos dirigidos a grupos de especial dificultad en la búsqueda de empleo. Con ello parece afirmarse que todas las acciones públicas que queden al margen del estricto campo de lo que debe ser el sistema de pensiones serán financiadas con cargo a los presupuestos del Estado y, por tanto, financiadas con cargo a la fiscalidad general. Frente a ello, sin embargo, el epígrafe sexto constata algo que es prácticamente lo contrario: que las políticas de bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia en el mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de acceso o en situaciones de riesgo de expulsión de aquél. La contradicción es, como puede verse, bastante clara, y con ella se resiente, a nuestro juicio, el deseado propósito de la clarificación y diferenciación de las fuentes de financiación. Nuestro planteamiento coincide con la reflexión planteada en el epígrafe primero, al que antes he hecho referencia, que remite, como hemos apuntado, a la fiscalidad general todo lo que exceda de lo que es propiamente el sistema público de pensiones, y no con lo postulado en el epígrafe sexto. De ahí que en nuestro primer voto particular propongamos la supresión de este último y la incorporación a aquél de un nuevo párrafo que afirme sin ambages que la estructura pública de la Seguridad Social se inhibirá de todas las políticas que no tengan que ver con el sistema de pensiones, que serán así financiadas con cargo a los presupuestos generales.


El segundo voto particular, íntima e indisociablemente vinculado al primero, como señalaba al principio de mi intervención, pretende incorporar al modelo de gestión de la Seguridad Social los elementos de descentralización que ya figuran -y lo hacen, además, en algunos casos desde hace casi 25 años- en el bloque de la constitucionalidad. Algunos estatutos de autonomía, señorías, como es el caso del vasco, pero también de algunos otros, atribuyen a la comunidad autónoma respectiva competencia para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.
No se trata, pues, de una reivindicación nacionalista ni de un planteamiento radical o ultramontano; es, sencillamente, la pretensión de aplicar una previsión estatutaria, aprobada y vigente, a la que deberían ser sensibles las voces que literalmente -al menos en el País Vasco- han llenado todos los titulares de los medios de comunicación con la palabra estatuto. Una vez liberada la Seguridad Social de sus tradicionales ámbitos de actuación que no se sitúen en el estricto terreno del sistema de las pensiones, es preciso que su gestión se lleve a cabo con arreglo al modelo de distribución competencial que a este efecto diseña el bloque de la constitucionalidad: un modelo netamente descentralizado, al menos en alguno casos; un régimen de gestión descentralizada que no tiene por qué menoscabar el principio de solidaridad si va, como en el caso del concierto económico, acompañado de los mecanismos de financiación que aseguren la más estricta observación del principio de solidaridad. En definitiva, señorías, la caja única no afecta, no puede afectar a todo lo que arbitrariamente decidan los poderes del Estado incluir en la estructura de la Seguridad Social, tenga o no que ver con el sistema de pensiones, y tampoco impide, no puede impedir la descentralización de las técnicas de gestión, siempre que esta descentralización

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se complete con los oportunos mecanismos de solidaridad.


Hecha la defensa de las enmiendas, añadiré que el Grupo Vasco apoyará el informe aunque su apoyo sea, evidentemente, en virtud de estos votos particulares, un apoyo crítico; un respaldo, un voto favorable, pero también una crítica que se expresa a través de los votos particulares a los que acabo de hacer referencia y que me he empeñado en defender.


Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.


Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías -iba a decir, señor ministro, pero no le veo en su escaño; imagino que sus múltiples ocupaciones le habrán impedido estar en este debate que los que hemos estado trabajando en esto consideramos muy importante-, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no quiere dejar de señalar que mantener ciertos niveles de consenso no ha sido fácil en este periodo legislativo. Ante los acontecimientos que hemos podido presenciar en Europa, ante la sistemática presión de una serie de instituciones y fuerzas económicas y financieras para disminuir lo máximo posible el Estado de bienestar, y ante los sesgados análisis que los agoreros de tales fuerzas realizan para anunciar calamidades sin límite para las pensiones del día de mañana, no han dejado de afirmarse en este periodo tentaciones que caminaban en contra del mayor respaldo político posible a una renovación del Pacto de Toledo, hechos a los que sin duda deben sumarse las políticas de mercado de trabajo y de protección social que ha venido impulsando el Partido Popular.


La situación del sistema de pensiones es hoy notoriamente mejor que en 1995, cuando, como efecto de la recesión de la economía, el desempleo era enorme. El solo dato de que en 1994 el cociente de dividir el número de cotizantes por el de pensionistas arrojaba la cifra de 1,74, en tanto que hoy es de 2,46, unido al cuantioso superávit del subsistema contributivo a bastantes años vista, da idea de la relativamente confortable posición para abordar el asunto que debatimos hoy. A pesar de ello, no han faltado y no faltan presiones desde diversos ámbitos políticos en algún caso y de fuerzas económicas en otro que tratan de devaluar esta situación. Tampoco han faltado ni faltan tentaciones de interpretar regresivamente el principio de contributividad en detrimento de los aspectos más solidarios del sistema de pensiones.


El Grupo de Izquierda Unida considera que el dictamen obtenido sobre la renovación del Pacto de Toledo tiene dos lecturas posibles: por una parte, ha logrado frenar las aspiraciones de la derecha en el sentido de debilitar el sistema de reparto; por otro lado, el documento es muy continuista respecto al anterior y desaprovecha la ocasión de garantizar algunos aspectos que consideramos importantes para el futuro sistema de pensiones. Nos sentimos satisfechos de haber contribuido a frenar estas aspiraciones derechistas y de haber mejorado en algunos aspectos los acuerdos firmados entre Comisiones Obreras y el Gobierno en el año 2001.


La filosofía con la que Izquierda Unida ha encarado su participación en la Comisión parlamentaria ha respondido a cuatro criterios básicos: consolidar el sistema público y de reparto; mejorar las prestaciones; ampliar los derechos de los pensionistas y mejorar el conjunto del sistema. Es desde esta perspectiva desde donde deseamos valorar la propuesta que ahora se formula y sus contenidos. Creemos que el documento que ahora se valora permite al menos dos cuestiones esenciales en la dirección apuntada por los criterios precedentes. En primer término, la afirmación de la estrategia del fondo de reserva y la anticipación de la separación de fuentes aparcan una de las estrategias de debilitamiento del sistema, que es la reducción de cotizaciones; en segundo lugar, afirma una estrategia -la separación de fuentes- que devalúa, hasta hacerlos inútiles, los ataques a la insuficiencia e incapacidad del sistema lanzados desde los intereses del sector privado del ahorro con apoyo fiscal. Esta estrategia y este documento afirman la estabilidad, la seguridad y la consolidación del sistema público de pensiones; estabilidad, seguridad y consolidación que no son mérito particular de nadie, sino corresponsabilidad del conjunto de fuerzas políticas y sindicales. No puede ignorarse que algunos aspectos sostenidos -la financiación presupuestaria de los complementos a mínimos, por ejemplo- chocan con los intereses del Ministerio de Economía y Hacienda y su estrategia contable sobre el déficit. Es también cierto que la ausencia de cualquier referencia a la ampliación del periodo de cálculo o a la ampliación de beneficios respecto al modelo anterior de los sistemas complementarios confrontan con algunas de las pretensiones más evidentes del Partido Popular. La mejora del sistema pasa por la estabilidad que produce una clara separación de fuentes, como hemos convenido. En este sentido, la aplicación extemporánea y excesiva de los criterios de estabilidad presupuestaria, interpretada por el Gobierno español como déficit cero, puede ser una amenaza para el sistema, que debe contar con los recursos que le pertenecen procedentes de las cotizaciones, sin transferencias a otras políticas -como ha ocurrido en el caso del INEM- y con las obligaciones presupuestarias que se deriven de la aplicación de los principios de solidaridad.


En suma, el continuismo respecto al acuerdo anterior es notable, y en el sentido de ofrecer seguridad para el sistema público de reparto, esta no es una mala noticia.


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No hay grandes cambios de orientación respecto a las originarias recomendaciones del Pacto de Toledo, puesto que el controvertido asunto de reforzar el principio de contributividad estaba expresamente recogido en aquel texto. Lo que sí hubiera sido nuevo, y podría haber dado al traste con el consenso para un nuevo acuerdo, sería haber traducido sin más la recomendación de contributividad en un cambio legal que extendiera a toda la vida laboral del trabajador el periodo de cotización necesario para determinar la base reguladora de su pensión. Ahora bien, esta valoración de continuidad y de garantía sobre el sistema de reparto, en el contexto político que hemos vivido y con las presiones de la derecha sobre el mercado de trabajo y sobre las políticas sociales, no es poca cosa y no puede hacernos ignorar dos circunstancias: la necesidad de tener presentes las notables transformaciones sociales producidas desde el acuerdo anterior y, muy especialmente, una coyuntura económica y una situación del propio sistema que deberían permitir la mejora de algunos elementos del mismo. Por tanto, la valoración de continuidad y la garantía del sistema de reparto no pueden ni deben ocultar las pretensiones de Izquierda Unida de seguir mejorando el documento y seguir contribuyendo a un diálogo político que garantice el vigente sistema de pensiones y prepare un documento útil para que, en negociación posterior, los agentes sociales y el Gobierno avalen los contenidos de dicho documento. Las fuerzas políticas debemos ser conscientes también de nuestra responsabilidad respecto a los agentes sociales, de la necesidad de formular un documento que sintonice con las preocupaciones expresadas por ellos. Insistimos sobre la base de garantía y estabilidad del sistema, lo que excluye cualquier estrategia -avisemos a algún navegante- de reducción de cuotas, de garantía de los elementos solidarios del sistema de reparto y de una interpretación del principio de contributividad que no amplíe los periodos de cálculo de las pensiones ni introduzca lecturas sobre el derecho de jubilación flexible, que penalice la jubilación anticipada o dificulte las políticas de relevo como elemento importante de una política de empleo.


Nos interesa señalar que estas serán cuestiones que determinarán el vínculo de Izquierda Unida con los desarrollos futuros de este documento o las políticas que en su nombre puedan desarrollarse. En este sentido no podemos dejar de señalar que la gran flexibilidad en la gestión del acuerdo que este texto permite por futuros gobiernos constituye una de sus más relevantes debilidades que generan no pocas dudas en muchos ámbitos sobre las garantías de que en la política cotidiana no se devalúen los acuerdos alcanzados. El instrumento con el que Izquierda Unida está dispuesta a contribuir a la apuntada mejora del texto son una serie de votos particulares. Estos votos particulares y las propuestas de cambio, algunas aceptadas por el resto de las fuerzas políticas en los últimos días, responden, como se ha señalado, a los cuatro principios a que aspiran las políticas de Izquierda Unida en relación con el sistema de pensiones y que recordábamos anteriormente.


La consolidación del sistema público y de reparto debe proceder de garantía y mejorar la vertiente solidaria del sistema. En esta dirección camina uno de los votos particulares que hemos presentado. Efectivamente, el reforzamiento del principio de contributividad para preservar el equilibrio financiero del sistema no puede separarse de las condiciones de solidaridad que se encuentran en la base del sistema de reparto. Entre estas condiciones se encuentra sin duda la garantía de un periodo de cálculo adecuado que no penalice las carreras de pensiones de trabajadores y trabajadoras. En este punto reiteramos la necesidad de ofrecer a los trabajadores una garantía precisa: el mantenimiento de los 15 años como periodo de cálculo, pudiendo el trabajador elegir los periodos para el cálculo de la pensión. Junto a este factor deberían considerarse circunstancias como el reconocimiento de ciertos periodos de inactividad como cotizados en casos de enfermedad, desempleo, cuidado de hijos, etcétera. Ambas cuestiones refuerzan los principios de solidaridad del sistema y evitan una lectura restrictiva y penalizadora sobre el sistema público de pensiones de los valores contributivos del sistema.


En el campo de la mejora de las prestaciones, no podemos dejar de insistir en la mejora de las pensiones mínimas, estableciendo su nivel en el salario mínimo interprofesional. Garantizada la revalorización, debería reconocerse la necesidad de realizar un esfuerzo de dignificación de las pensiones. No son pocos los informes y estudios que han señalado que las percepciones por debajo de este salario mínimo interprofesional colocan a sus perceptores en situaciones muy próximas a la exclusión. El salario mínimo reducido por sí mismo debe constituir la referencia del valor de las pensiones más bajas si no deseamos que el mundo de los pensionistas se acabe convirtiendo en un mundo de riesgos de exclusión.


Señalaremos, por otra parte, que las dos medidas, periodos de cálculo y valor de la pensión mínima, afectan muy especialmente a un colectivo, el de las mujeres, particularmente sensible a problemas en sus carreras de jubilación. Debo confesarles que la falta de concreción en los avances en este campo o en el de las dependencias constituye una de nuestras mayores insatisfacciones de los trabajos que hemos desarrollado en la Comisión.
La aceptación del gradualismo y la reflexión en estos campos como parte del consenso debería completarse sin duda en un compromiso de mejora de las prestaciones contributivas más bajas que afecten a una parte relevante del colectivo de pensionistas.


Señoras y señores diputados, independientemente de la opinión que se tenga sobre la necesidad o no de fomentar los sistemas complementarios, existe un

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aspecto ligado a su fomento que no debería pasar desapercibido: el enorme gasto fiscal dedicado a esta partida. Deberán ustedes reconocer cierto contrasentido en las preocupaciones sobre la financiación de la solidaridad del sistema y que sin embargo se dediquen ingentes recursos del presupuesto a financiar fondos de pensiones, sean individuales o de empleo. Nuestro criterio, además de analizar el comportamiento de las deducciones fiscales, es limitar su carácter antirredistributivo. Sin voluntad de perjudicar el consenso, pero sí ante la necesidad de que este establezca una serie de garantías, presentamos estos votos particulares.
En ellos se refuerzan valores de solidaridad y mejora de las prestaciones absolutamente compatibles con los criterios de estabilidad del sistema y su sostenibilidad futura, porque no quiero volver a recordarles que España es uno de los países de la Unión Europea que menos presupuesto dedica a pagar pensiones, el 9,9 por ciento del producto interior bruto frente al 13 por ciento de media de la Unión Europea.


Señorías, Izquierda Unida ha realizado un último esfuerzo de acercamiento para facilitar el gesto hacia este grupo anunciado por el señor ministro ayer mismo. De no aceptarse, Izquierda Unida se va a abstener en esta votación; abstención que nosotros denominamos positiva porque en nuestro ánimo no está romper ningún consenso, pero sí dar un toque de atención, porque se desaprovecha la ocasión de garantizar aspectos que consideramos importantes para el futuro sistema de pensiones.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.


Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la Comisión del Pacto de Toledo ha concluido sus trabajos, que responden en primer lugar al encargo establecido en el pacto del año 1995, del que nos sentimos impulsores, y al compromiso que todos tenemos ante la sociedad de asegurar las pensiones, mejorarlas y hacer viable el sistema a medio y largo plazo. Antes de entrar de lleno en mi intervención, quisiera expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que directa o indirectamente han participado en los trabajos de la Comisión, un agradecimiento también explícito a quienes participaron en el pacto de 1995, así como, sinceramente, a los portavoces y al presidente de la Comisión, pues el resultado es fruto de un trabajo conjunto e intenso de todos. Deseo también manifestar un agradecimiento especial a José Antonio Griñán, que con su experiencia, talante y desde la legítima defensa de las propias posiciones pero desde la objetividad y el rigor ha aportado un gran valor a los trabajos de la Comisión.


El informe que presentamos es el resultado de un trabajo conjunto entre todas las fuerzas políticas para poner en común las orientaciones en materia de pensiones desde la información, el debate y la confrontación de ideas y modelos. Es el resultado de un trabajo en el que ha primado la responsabilidad política y la búsqueda del encuentro en materia de pensiones, más allá de las distintas propuestas y planteamientos legítimos de cada grupo parlamentario.


El valor del informe está en el consenso conseguido en torno a unas orientaciones básicas para el futuro del modelo social y de pensiones. A ello respondía el pacto de 1995, cuya validez ha quedado suficientemente demostrada en estos años y avalada por la actual revisión; pacto de 1995 que nació de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario y fruto de nuestra profunda convicción, la convicción mantenida desde siempre en Convergència i Unió de la necesidad de impulsar las mejoras a las que responde nuestro modelo de bienestar y de anticipar situaciones críticas que pudiesen producirse en el futuro y que pudiesen afectar al modelo social. La revisión del pacto del año 1995 la hacemos en un momento de gran debate social, de gran debate del modelo de pensiones en Europa. Este debate es hoy uno de los más importantes, si no el más importante, que la sociedad europea tiene ante sí, y frente a las expectativas que el mismo ha generado y a la cierta intranquilidad que asoma, la sociedad requiere de orientaciones claras y respuestas más contundentes.


El pacto de 1995 anticipó el debate sobre las pensiones en Europa y permitió analizar la situación de presente y anticipar los retos y los riesgos de futuro. Los consejos de Laeken y Gotenburg, desde un distinto enfoque, pusieron de manifiesto la validez y oportunidad del pacto y la necesidad de potenciar y afrontar el debate sobre su viabilidad, su adecuación y su modernización y abordar el gran reto que tiene Europa ante sí, como es el reto del envejecimiento. La situación de nuestras finanzas, la evolución en su conjunto positiva de nuestra economía, el crecimiento de las tasas de ocupación nos permiten presentarnos hoy con una situación mucho más favorable frente a otros países europeos y con instrumentos que deben contribuir a garantizar el sistema público de pensiones. En este sentido el saneamiento de nuestras finanzas públicas que permiten poner las bases de su sostenibilidad en el futuro ha respondido a una política económica iniciada desde el año 1994, que se ha orientado a reconducir las finanzas públicas hacia los criterios de Maastricht primero y hacia el Pacto de Estabilidad después. Entendemos, señorías, que desde el consenso contribuimos a dar estabilidad al sistema, a reforzar las bases de su sotenibilidad de acuerdo con la vocación que desde siempre hemos tenido de participar activamente en el

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desarrollo económico, en el crecimiento y en la estabilidad, considerándolos una condición totalmente necesaria para una política social de acuerdo con el modelo de Estado del bienestar por el que apostamos, un modelo justo, equitativo y solidario.


Desde Convergència i Unió queremos que de la revisión del Pacto de Toledo salga reforzado el sistema de pensiones, que constituya una garantía de futuro, que mejore las prestaciones sociales y que permita dar un mensaje de tranquilidad a nuestra sociedad. El modelo que defendemos desde Convergència i Unió apuesta por un sistema en el que todos los ciudadanos que han trabajado tengan una cobertura que les permita una existencia digna y por un sistema en el que quienes no han participado en el mercado laboral tengan cubiertas sus necesidades de una forma también digna. Este es nuestro modelo y estos son nuestros objetivos prioritarios y votamos favorablemente el informe al entender que el mismo los recoge, aunque no con la decisión o contundencia que hubiésemos deseado. Que las recomendaciones incorporadas en esta revisión permitan el reforzamiento del sistema y su garantía de futuro implica a todas las fuerzas políticas y agentes sociales y económicos y requiere sobre todo del esfuerzo y participación de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas.


Señorías, el trabajo conjunto nos ha permitido elaborar un informe que constituye un punto de encuentro entre las diferentes fuerzas políticas, un informe al que nos sumamos en primer lugar porque nos sentimos partícipes en cuanto promovedores del pacto de 1995 y en cuanto que en esta revisión se han incorporado propuestas nuestras en materia de mejoras de las prestaciones sociales y porque entendemos que desde los principios fundamentales que defiende, como son el de equidad -principio para nosotros esencial en nuestro modelo y en nuestras políticas-, el principio de solidaridad, el de universalidad y el de contributividad, y desde la reafirmación de las orientaciones establecidas en el pacto de 1995, que constituyen las bases del sistema, el informe y la revisión del pacto consigue cuatro objetivos. Ante todo, una mejora de las prestaciones sociales, objetivo prioritario para Convergència i Unió. No podemos ni entender ni compartir el mantenimiento de situaciones de personas con rentas que no permiten una subsistencia digna y generan situaciones de marginación, ni el mantenimiento de pensiones mínimas que no permiten afrontar situaciones de subsistencia. A su reconducción y mejora se orientan las recomendaciones del informe. En segundo lugar, refuerza los instrumentos que deben permitir hacer viable el sistema a medio y a largo plazo. Ello implica políticas de incentivación a la ocupación y al mantenimiento del trabajo. La ocupación, señorías, entendemos que constituye el eje principal en torno al que gira la sostenibilidad. En este sentido, en Convergència i Unió estamos convencidos de que debemos insistir en políticas más concretas y efectivas, orientadas al mantenimiento y a la mejora de la calidad de la ocupación, con especial atención a los colectivos con mayores dificultades. Debemos insistir en la formación, en mejorar la situación de los autónomos, generadores netos de crecimiento y empleo, y en mejorar la situación del sector agrario. En este sentido las recomendaciones suponen también un avance. En tercer lugar, consigue el objetivo de adaptación del Pacto de Toledo de 1995 a la nueva realidad social, familiar y laboral, y especialmente con relación al papel de la mujer en la sociedad y en el mercado laboral, y el nuevo gran reto de abordar la dependencia, fruto de la misma evolución demográfica y de la evolución del papel de la mujer en el marco familiar. Al reforzamiento de las políticas sociales y laborales orientadas a mejorar la situación de los capacitados va dirigida y se orienta también la revisión del Pacto de Toledo. En este sentido también las recomendaciones suponen un avance. En cuarto lugar, incorpora los nuevos retos y fenómenos, como el envejecimiento o la inmigración, que obligan a una revisión y adaptación del modelo, pero que pueden constituir también oportunidades para nuestro sistema, y así lo tenemos que entender, retos que son fruto también de nuestra evolución positiva como sociedad, y a desarrollar un tercer pilar sobre la base de la complementariedad.


Señorías, a esta valoración positiva desde nuestro grupo parlamentario queremos hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, creemos que a esta revisión del Pacto de Toledo le falta un punto de ambición; ambición en abordar propuestas más concretas dentro de lo que entendemos y desde siempre nuestro grupo parlamentario ha entendido deben ser las prioridades de nuestro modelo social, es decir, de mejoras de las prestaciones sociales en las situaciones de mayor necesidad y de medidas más concretas orientadas a una mayor y mejor integración y mantenimiento en el mercado laboral; más ambición en la mejora de los autónomos, así como creemos que hubiésemos podido abordar un tema tan importante hoy y en el futuro como es el de la dependencia de manera más profunda. En este sentido creemos que se ha desperdiciado una gran oportunidad para abordar en mayor medida este tema y, al mismo tiempo, afrontar todo el debate en torno a los servicios sociales que no podemos eludir en este marco, y eludirlo supone un coste-oportunidad.


Señorías, también entendemos que todo consenso implica una cierta renuncia y siempre en último término significa moderación. No obstante esto, estamos satisfechos de las aportaciones que hemos conseguido incorporar al informe mejorando así el texto inicial. Nuestras aportaciones, señorías, han permitido avanzar más, por ejemplo, en las mejoras de las pensiones de viudedad, a las que el acuerdo del año 1995 les dio, con carácter general, un derecho a todas las viudas, pero cuya aplicación ha generado situaciones de marginación que entendemos no deben ni pueden permitirse -de aquí

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nuestra insistencia en una solución contundente y efectiva-, o en la misma mejora de las pensiones más bajas del sistema, así como ha habido aportaciones nuestras al documento que han contribuido a ganar en contundencia para conseguir la definitiva compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad, que para nosotros es una obsesión. En definitiva, son aportaciones que deben permitir reconducir situaciones que entendemos no se corresponden de ninguna manera con el modelo social que defendemos.


Nuestra segunda puntualización es con relación al voto particular.
Entendemos, señorías, que la revisión del Pacto de Toledo ha de ser también una adaptación de lo establecido en el pacto de 1995 a la nueva realidad social, familiar y también a la realidad de la estructura del Estado. El informe de la Comisión ha de incorporar este reconocimiento y ha de adaptarse a nuestra realidad de Estado. No ha sido así y lo lamentamos. Lamentamos que los partidos mayoritarios no hayan apoyado este reconocimiento. Es por ello por lo que presentamos un voto particular competencial, entendiendo que el autogobierno es para nosotros un instrumento al servicio de las personas y del bienestar. El autogobierno para nosotros es sinónimo de progreso económico, tal como se ha demostrado en los últimos años, y más progreso económico quiere decir más bienestar para las personas. Con nuestro voto particular perseguimos dos objetivos: en primer lugar, reiterar nuestra convicción de que la estructura del Estado y las competencias autonómicas, más allá de los objetivos que podamos mantener de mejora de las mismas, no están debidamente reconocidas, y la lectura restrictiva por parte del Estado de lo establecido constitucional y estatutariamente afecta a la sociedad en su conjunto; en segundo lugar, queremos poner de manifiesto cómo la estructura del Estado permite actuaciones de mejora del Estado del bienestar a través de la mejora de las prestaciones sociales con el ejercicio de las competencias. Nuestro voto particular, por tanto, va en una triple dirección: ante todo, incrementar la participación de una manera efectiva y real en la gestión de la Seguridad Social de las comunidades autónomas con competencia en el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en esta materia, así como la gestión, dirección y control del régimen económico de la misma. En segundo lugar, asumiendo una realidad como es la diversidad del Estado y la especificidad de cada comunidad autónoma, si queremos mantener de forma efectiva el poder adquisitivo de los pensionistas y la revisión de sus pensiones, entendemos que debe hacerse en base al IPC de cada comunidad. Esta revisión responde a los principios de equidad y de solidaridad. Por último y no menos importante, reiteramos nuestro convencimiento de que las competencias constituyen un instrumento al servicio de las personas y al servicio del bienestar. Desde siempre hemos defendido un modelo social justo, fruto no de la casualidad sino de un trabajo orientado en la dirección justa, que es la de las personas, y en este sentido no podemos dejar de reivindicar una vez más, hoy en el marco de la revisión del Pacto de Toledo, del debate de las personas y del debate de las pensiones, lo que nos toca competencialmente, lo que está reconocido por el propio Tribunal Constitucional y lo que está establecido constitucional y estatutariamente, que es el pleno ejercicio de nuestras competencias en materia de prestaciones asistenciales.


La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego concluya, por favor.


La señora RIERA I REÑÉ: Tenemos el deber de reconducir todas aquellas situaciones que entendemos de marginación, tenemos el deber de mejorar las prestaciones más bajas del sistema y tenemos el derecho de utilizar el instrumento del autogobierno y por tanto de nuestras competencias para conseguir tal fin. ¿Dónde está, si no, la razón de ser de nuestro modelo, sino en las personas?

Señora presidenta, señorías, voy terminando.


La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya en un minuto, señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señorías, nuestro compromiso con la sociedad y con las personas, nuestra satisfacción por un consenso fruto del sano ejercicio de la responsabilidad política y social, nuestra apuesta, la apuesta de Convergència i Unió, por un modelo social justo marcan nuestro compromiso con la revisión del Pacto de Toledo, y nuestra apuesta por el autogobierno como instrumento al servicio de las personas marca nuestro voto particular sin que en nada enturbie nuestra firme apuesta por los resultados del informe y por las orientaciones que marca, que compartimos y de las que nos sentimos partícipes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.


Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Griñán.


El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta. Gracias también a todos los miembros de la Comisión por su trabajo y a usted, señora Riera, por sus palabras.


Recordarán ustedes que hace menos de un año, creo que fue por diciembre de 2002, un informe de la Comisión Europea armó un más que mediano alboroto entre nosotros cuando venía a decir que la población anciana española iba a crecer en los próximos 50 años mucho más que la media de la Unión Europea y concluía que la viabilidad de las pensiones estaba lejos de estar garantizada en nuestro país. Es cierto que la población española, como la población europea, en definitiva la

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población de todo el mundo desarrollado, está experimentando un proceso de envejecimiento lógico consecuencia de un doble efecto, reducción de la natalidad y mayor esperanza de vida, pero hemos de empezar a pensar, a concluir y a decir públicamente que este envejecimiento no tiene por qué ser negativo, que del envejecimiento se pueden extraer consecuencias muy positivas si sabemos afrontarlo y que si prevemos sus consecuencias con tiempo suficiente, podremos afrontar los desafíos del futuro. Creo sinceramente que esto es lo que hemos estado haciendo estos años y esto es lo que hemos hecho al renovar el Pacto de Toledo.


¿A quién beneficia esta renovación del pacto? Beneficia fundamentalmente a los ciudadanos españoles: a los pasivos o a los pensionistas porque mejorarán su pensión y a aquellos que están en activo porque tendrán garantizada en el futuro la pensión a la que han generado derecho, porque el objeto de esta renovación del acuerdo es fundamentalmente preservar para nuestros nietos una conquista histórica de la que actualmente se están beneficiando nuestro mayores. Si yo tuviera que definir en pocas palabras, en dos, lo que significa esta renovación del pacto, diría: reconocimiento y compromiso. Reconocimiento de la necesidad de conservar un sistema público de pensiones; reconocimiento también de una historia, la nuestra, la de la Seguridad Social española, que en estos últimos 25 años ha sido un ejemplo de responsabilidad, pero sobre todo reconocimiento, señorías, de que la política y sólo la política es capaz de encontrar soluciones a los que desplaza el mercado y de ofrecer refugio a aquellos a los que su mano invisible solamente les ofrece miseria y resignación. Añado también que será la política y sólo la política la que haga posible las reformas necesarias de estos sistemas de bienestar en el futuro, porque lo decimos nosotros en el texto, pero lo ha dicho también la Unión Europea: no estamos ante una tarea para los tecnócratas, no estamos ante un trabajo de laboratorio, aunque algunos se lo crean así. Sin un liderazgo político fuerte y firme, sin un apoyo público no va a ser posible ni construir, ni reformar, ni consolidar los sistemas de pensiones. Así ha sido en el pasado y así tiene que ser en el futuro y sólo desde una especie de complejo de Adán, que suele ser ese síndrome que persigue a quienes creen que la historia empieza en ellos mismos, es posible dejar de reconocer que antes de nosotros hubo gente que nos hizo más fácil el camino, gentes que hicieron los acuerdos de la Moncloa, gentes que hicieron la reforma de las pensiones de 1978, gentes que hicieron la reforma de 1985, gentes que universalizaron el sistema de pensiones, gentes que universalizaron también la sanidad y que pasaron el presupuesto de sanidad paulatinamente al presupuesto del Estado, gentes que hicieron posible el Pacto de Toledo que ahora renovamos. De lo que se trata es de hacer que esta historia sea una historia interminable, se trata de no malversar la herencia recibida, en definitiva, se trata de ponerla en valor y hacer saber, tanto a quienes miran con desprecio el pasado como a quienes pintan un futuro catastrófico, que no van a contar con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero, sobre todo, déjenme decir que se trata de expresarle, de decirle a la población española que cuantos desde una atalaya de pretendida superioridad científica tratan de decirnos, un día sí y otro también, que el sistema de pensiones está abocado a la quiebra se equivocan; se equivocan porque lo único incontrovertible que podemos decir hoy es que en el pasado, es decir en los últimos 25 años, el sistema ha recaudado por cotizaciones sociales más de lo que ha pagado por gastos contributivos, que en el presente se están generando reservas y que en el futuro contamos con un consenso político para mantener vivo el sistema público de pensiones.


Me van a permitir que les recuerde una anécdota que solía contar el admirado Olof Palme. Decía que en 1913 su país, Suecia, creó el primer sistema público -era un seguro obligatorio de vejez muy modesto, de 50 coronas al año para los trabajadores suecos- y produjo, como es lógico, el alborozo de las clases trabajadoras, pero también provocó entonces voces discordantes que trataban de demostrar que aquello no tenía viabilidad, y hubo un economista, quizá el economista sueco más célebre de todos los tiempos, Knut Wicksell, que dijo que para poder mantener vivo ese modesto seguro de pensiones, Suecia, en 1960, habría quemado todo su capital físico, es decir, su capital forestal, tendría que haberlo dilapidado para pagar ese seguro obligatorio. Convendrán conmigo, señorías, en que la ventaja de hacer previsiones a 50 años es que la comprobación de los errores suele sorprender a los profetas en la tumba y no quiero decir con ello, porque no lo digo, que no sea necesario hacer previsiones demográficas, que lo es, y que no sea necesario tampoco hacer análisis de las tendencias del gasto, que hay que hacerlo; lo que digo y lo que repito es que, por ejemplo, ha habido fondos privados de pensiones gestionados por premios Nobel que han quebrado y, sin embargo, en esto que algunos llaman la vieja Europa, no recuerdo caso ninguno en que haya quebrado un sistema público de pensiones de reparto, no hay esa experiencia. (Aplausos.)

Hay, qué duda cabe, señorías, desafíos en el futuro, claro que los hay. En el último censo de población, el de 2001, vemos que los menores de 25 años se han reducido en dos millones y medio y que los mayores de 65 han aumentado en cerca de millón y medio y, al mismo tiempo, vemos que el superávit estructural de la Seguridad Social, es decir, el contributivo, que equivalía prácticamente al 2,1 por ciento del PIB a primeros de los noventa, hoy es el 1,8 por ciento. Por tanto, es verdad que hay desafíos, que hay retos, que hay un problema que hay que afrontar y también añado que negarse a aceptar esta realidad sería un desistimiento culpable, porque la política, los políticos, en nuestra primera lealtad nos debemos a la realidad, a analizarla y extraer consecuencias.


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Digamos, señorías, que el momento actual, el que vivimos ahora del sistema público de pensiones no plantea problemas: la Seguridad Social está generando excedentes; por otro lado, el gasto en pensiones sobre PIB es bastante más bajo que el gasto medio de la Unión Europea y añadamos además que ahora está creciendo el número de pensiones como nunca han crecido de poco, quiero decir que está creciendo muy poco el número de pensiones porque están entrando en la jubilación las generaciones que nacieron en la guerra civil. Esta es la actual coyuntura, no es eterna, no va a durar siempre y cambiará la tendencia. Por eso, como sabemos que ha de cambiar la tendencia, hemos tratado, con las conclusiones que el presidente de la Comisión les ha referido a sus señorías, de evitar que ese cambio de tendencia se traduzca en problemas serios para el sistema de pensiones, porque va a ocurrir, se va a reducir la población potencialmente activa, la población que tiene entre 20 y 65 años. Si queremos consolidar el sistema de pensiones, una cosa obvia es aumentar la base de empleo, aumentar la tasa de ocupación de la población española, que significa que trabajen prácticamente todas las personas que tienen entre 20 y 65 años, y eso significa fundamentalmente hacer una referencia obligada a la tasa de ocupación de la mujer y de los mayores de 50 años. Compatibilizar empleo y maternidad es fundamental, más en estos momentos en que tenemos un reto por delante, que es hacer compatible un aumento del número de nacimientos y una plena integración de la mujer en el mercado de trabajo. Si queremos saber cómo orientarnos para hacer esto, miremos indicadores europeos, porque veremos que los Países Escandinavos o Francia tienen las mayores tasas de natalidad de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienen servicios sociales, porque tienen una red profunda de servicios sociales, porque esos países se dieron cuenta hace tiempo de que los servicios sociales no son un gasto corriente; son un gasto de inversión en el capital más precioso de una sociedad, en el capital humano. (Aplausos.) Por tanto ese sería uno de los objetivos.


El otro que nos hemos fijado es aumentar la tasa de ocupación de los mayores de 50 años y les tengo que decir que el mayor despilfarro que se está produciendo en la sociedad española es ver cómo tantas personas mayores de 50 años salen del mercado de trabajo, porque hay una lógica infernal que viene a decirnos que a partir de los esa edad la gente debe ser sustituida por los jóvenes porque ha empezado a ser ineficiente. ¿Es lógico, señorías, que los trabajadores se jubilen hoy cinco o diez años antes de la edad en la que lo hicieron sus padres, siendo así que gozan de mejor salud, que sus condiciones de trabajo son mejores y que van a vivir ocho años más que ellos? ¿No es un disparate? Esto es algo que debemos contrarrestar con políticas concretas que impidan esas prejubilaciones masivas, porque prescindir de las personas que tienen más de 50 años es un acto, señorías, similar al de incendiar bibliotecas; y es que un país que desaprovecha la experiencia es un país condenado a tener que reinventarse cada día su propia identidad y a repetir sus propios errores.


No basta, señorías, con aumentar la tasa de ocupación, tendremos que aumentar también, si podemos, el número de las personas comprendidas entre 20 y 65 años. Sólo hay tres formas de hacer esto: más nacimientos, más inmigración y prolongación de la vida activa. Solamente de esa manera se puede hacer. Ya he hablado de cómo hay que conseguir compatibilizar más nacimientos con la plena igualdad de la mujer. Sobre la inmigración sólo diré una cosa, la inmigración es una aportación fundamental para la creación y el crecimiento de la riqueza española y una colaboración indispensable para el sostenimiento del sistema de bienestar. Yo no voy a decir que sea la condición necesaria, pero sí digo que es un requisito fundamental porque los aumentos de natalidad solamente van a tener efectos dentro de veinte años, cuando empiecen a ser activas las personas que nacen ahora. Mientras tanto, transitoriamente, la inmigración es un puente imprescindible que tenemos que favorecer. Sobre la prolongación de la vida activa, sólo haré una observación, la vida activa se puede prolongar, pero no en todos los oficios; yo no me imagino a una persona con 65 años subida en un andamio, no me la imagino. Además, si queremos prolongar la vida activa, pensemos en orientar el sistema sanitario de manera que no solamente consiga dar más años a la vida sino dar más vida a los años. Hemos de conseguir un sistema sanitario mejor y más adaptado a las enfermedades crónicas y al envejecimiento.


Largo camino el que hemos puesto para el Gobierno en este acuerdo de renovación del Pacto de Toledo; largo camino que ahora le toca ejecutar al Gobierno. El próximo Gobierno que salga de las urnas deberá tener un compromiso explícito con el sistema público de pensiones y afrontar ese desafío a partir de estas recomendaciones. El Grupo Socialista ha presentado un voto particular, que no voy a defender porque es tan manifiesto y claro que será quien se oponga a él el que tenga que dar las razones. Solamente pido que la pensión de viudedad puedan acreditarla las parejas estables de hecho, con independencia de su orientación sexual.
(Aplausos.) Yo no voy a defender lo que ya está defendido en la realidad.


Termino ya, señorías. Creo que este es un buen momento para poner en valor, como dije antes, la política. Estamos a punto de renovar un pacto, el de Toledo, que es un pacto político -fíjense ustedes- que situó en el terreno de la política algo que también es una conquista política, como es el sistema de pensiones. Cuando hablo de política, hablo de esa política honesta y comprometida, de la política que anuda el lazo social, de la política que iguala las oportunidades, de la política que obliga a justificar las jerarquías o reparte el poder, de la política, en suma, que está llenando, que llena, esta Cámara de representantes de los

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ciudadanos para que traten de solucionar sus problemas, de la política, en definitiva, que hace creíbles a los políticos. Esto fue, señorías, el Pacto de Toledo en 1995 y esto es lo que el Grupo Socialista espera que sea también esta renovación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Griñán.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Griñán, me ha engañado usted, porque con su intervención ha apagado el posible brillo que podía tener la de esta novata diputada.
De todas formas, lo intentaremos.


Hace exactamente dos días, en el seno de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, se aprobó el nuevo documento que hoy traemos al Pleno para su aprobación definitiva. En dicha Comisión, esta diputada hizo un reconocimiento expreso al talante y buena disposición de todos sus miembros y a la colaboración en la información que ha hecho posible la presente intervención. La renovación de un acuerdo tan importante como el que nos ocupa requiere un alto grado de conocimiento de las cuestiones que abarca y de los sectores de población a los que se dirige, y esto -me consta- es lo que imperaba en la Comisión a la que me he incorporado en septiembre. Hay otro aspecto que imperaba en los debates y que ha sido el método de elaboración y desarrollo de este informe, que no es otro que la búsqueda del consenso político y social, que se mantiene como una de las características del Pacto de Toledo.


El grupo de Coalición Canaria considera que el documento que presentamos aquí es importante. Ya lo fue el de 1995, cuyas recomendaciones fundamentaron leyes, como la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social, la Ley 18/2001, general de estabilidad presupuestaria, o la Ley 35/2002, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, entre las más destacadas. El Pacto de Toledo del año 2003 revisa las recomendaciones del anterior, introduce nuevas recomendaciones y se convierte en el nuevo camino a seguir en la consolidación del sistema público de pensiones. A partir de hoy y en los próximos cinco años, deberán ser la base de las futuras reformas legislativas en la materia, y será al próximo Gobierno, junto con los agentes sociales, a los que corresponda su desarrollo.


Como los compañeros de los otros grupos parlamentarios han incidido bastante en las recomendaciones, simplemente querría enumerar las que, a nuestro entender, podrían ser más destacadas. Sus contenidos son reiterar la ya efectuada separación de las fuentes de financiación, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones con la revalorización de las mismas, la exigencia del destino de los excedentes al fondo de reserva de la Seguridad Social, avanzar en la simplificación de los diferentes regímenes y en la integración de los regímenes especiales, la mejora de las bases de cotización aproximándolas a los salarios realmente percibidos, la lucha contra el fraude, el continuar por el camino ya iniciado para que la edad real de la jubilación se aproxime a los 65 años; en lo referente a las prestaciones de viudedad, se plantea una reformulación integral de las prestaciones de supervivencia, sin olvidar profundizar en la mejora de las pensiones de orfandad y el mantenimiento del principio de cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión y la mejora de las cuantías más bajas del sistema contributivo. Entre las recomendaciones que se incorporan como nuevas, quisiera destacar, por supuesto, la dedicada a la mujer y protección social, en la que se plantea equiparar los salarios de los hombres y mujeres, la que manifiesta la necesidad de una pronta regulación en la que se recoja la definición de dependencia, la que recoge la prestación de una pensión especial a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales y la referente a la inmigración, en la que se recomienda incrementar las acciones de adaptación de nuestro mercado laboral a la incorporación de inmigrantes. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio o cuando menos bajen el tono de sus conversaciones.


La señora MONZÓN CABRERA: Señorías, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para hacerles llegar unas consideraciones sobre Canarias que reflejan la situación real y futura de las islas.


En cuanto a prestaciones económicas, el diferencial negativo de las pensiones medias en Canarias en todas sus categorías, con alguna excepción, respecto a las del resto del Estado, son la consecuencia directa de unas cotizaciones muy bajas, relacionadas con el tipo de empleo que se ha generado tradicionalmente en nuestra región y que tienen como resultado al final de la vida laboral unas pensiones mínimas que dejan a las clases pasivas en esta comunidad autónoma en una situación evidente de precariedad, a pesar de los incrementos producidos. A grandes rasgos, el análisis de la situación del ámbito contributivo en Canarias permite concluir que el número de beneficiarios de este tipo de pensiones durante el año 2002 experimentó un crecimiento del 2 por ciento, superior al existente en el ámbito nacional, que fue del 0,9 por ciento. La cuantía del importe medio de estas pensiones se situó en 485,59 euros/mes, lo que significa un 94,1 por ciento de la pensión media estatal y la mayor diferencia en los últimos diez años. Una valoración general de las pensiones

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contributivas en Canarias revela la situación de clara desventaja de los pensionistas en nuestra región. Esta situación coloca a un porcentaje importante de los pensionistas de Canarias en una situación de dependencia, debido principalmente a la exigua cuantía de sus percepciones y a la continua subida de los precios, sobre todo los alimenticios. Sin entrar a valorar los datos que se dan, lo cierto es que existe un colectivo importante en Canarias que por razones de edad demanda una serie de condiciones, ya sean alimentarias o sanitarias, que no pueden afrontar debido fundamentalmente a su exigua percepción, de tal manera que, producto de la imposibilidad de obtener alimentos frescos -por ejemplo, verdura, pescado o carne- durante todo el mes, acuden a otros tipos de alimentación, más barata pero que no es la más idónea y que incrementa sus gatos farmacéuticos.


En cuanto al ámbito no contributivo, las pensiones de jubilación representaron el 53,43 por ciento, lo que supone un aumento de 0,7 puntos con respecto a 2001. Las diferencias en el peso de ambas modalidades siguen siendo para 2002 mayores en Canarias con relación al ámbito nacional. La población del Archipiélago que se benefició de las mismas fue del 2,3 por ciento, mientras que la media estatal se situó en el 1,19 por ciento. En lo referente a las pensiones no contributivas, su poca cuantía hace que lo que se recoge en el artículo 41 de la Constitución española en cuanto al nivel de protección se quedó sólo en la intención.
Con la información estadística aportada, se puede deducir que el incremento en el número de pensiones no contributivas en Canarias entre 1998 y 2002 se debe a una salida anticipada del mercado laboral de los trabajadores y a la incapacidad de ingresar en él, de manera que no se pueda llegar al número de años cotizados. También tenemos que tener en cuenta el dato del cada vez mayor número de perceptores de prestaciones no contributivas, que son los inmigrantes retornados; fenómeno a tener en cuenta sobre todo en Canarias.


En términos generales, señorías, en la Comunidad Autónoma de Canarias se hace necesaria una revisión de las cuantías de algunas clases de pensiones, algunas de ellas desfasadas y que no cumplen con el objetivo para el que fueron creadas. Por todo, esto creemos en la necesidad de considerar dos cuestiones importantes. Primero, el nivel de dependencia crecerá de forma muy importante en Canarias en los próximos años porque entre 2006 y 2010 se producirá el balance del saldo de entradas y salidas del mercado de trabajo de las personas nacidas en Canarias y a partir de entonces el saldo será negativo: salen más de los que entran. Debe tenerse en cuenta que el salario medio y la base de cotización de las prestaciones contributivas es tradicionalmente inferior en un 20 por ciento al salario medio del conjunto de España. Luego tendremos un crecimiento más alto de los dependientes con prestaciones contributivas más bajas que la media española. En segundo lugar, la inmigración, que compensa los efectos anteriores pero, tal como se dice en el texto del pacto, sólo temporalmente porque los inmigrantes pasarán a la jubilación en su día. Estos dos aspectos, señorías, incrementarán el desequilibrio territorial de la renta de los pensionistas en Canarias respecto de España. Por tanto y en la filosofía del Pacto de Toledo, desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria consideramos importante pensar en mecanismos de solidaridad y compensación interterritorial para hacer confluir sobre la media las prestaciones contributivas y no contributivas en las futuras aplicaciones y desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, debiendo hacerse una valoración del impacto que puedan tener algunas medidas en territorios como Canarias.


Está claro que nuestro grupo apoyará este informe. En relación con los votos particulares que se han presentado, Coalición Canaria, con el máximo respeto a todos los grupos y a lo expresado en sus votos y tal como ya anunciamos en Comisión, apoyará los votos particulares que van en la línea de conseguir una mayor descentralización del sistema de Seguridad Social, en concreto la recomendación número 8. En este sentido, apoyamos íntegramente el contenido del voto particular del Partido Nacionalista Vasco por responder más a la línea en la que se encuentra la posición de Coalición Canaria al respecto. En el caso de los otros votos particulares sobre gestión del sistema, votaremos también a favor del voto particular del señor Núñez, portavoz andalucista del Grupo Mixto, que, coincidiendo en los puntos 1 y 3 con el de Convergència i Unió, difiere en el punto 2 en lo referente al IPC autonómico, en lo que de momento no podemos coincidir. Aún así, contará también con nuestro apoyo.
No quiero bajar de esta tribuna sin felicitar a todos los grupos parlamentarios que apoyen el documento, esperando que sean todos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.


Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Burgos.


El señor BURGOS GALLEGO: Señora presidenta, señorías, culminamos en la sesión de hoy un trabajo que ha sido largo, a veces arduo, intenso, pero creo, sinceramente, que concluido con éxito.


El denominado Pacto de Toledo, suscrito en abril de 1995, ha supuesto sin duda en este tiempo un instrumento positivo de consolidación y de reforma de nuestro sistema público de pensiones. Hoy, nuestra Seguridad Social presenta una situación financiera, organizativa y de prestaciones sin parangón en nuestra historia, y ésa es una muy buena noticia. Don Antero, para tener una estrategia de desmantelamiento, lo hemos reforzado como nunca en su historia. Ese era el objetivo que perseguíamos en 1995 cuando, por sentido

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de la responsabilidad, colaboramos en la construcción de un acuerdo parlamentario, que perseguía dotar a nuestro sistema de los instrumentos adecuados para superar una situación delicada, muy delicada, y que buscaba garantizarlo y preservarlo en los años siguientes. Los españoles tomaron la decisión soberana, casi inmediata a su suscripción, de que al Partido Popular le correspondiera la responsabilidad de su desarrollo mediante su acción de Gobierno. Si algunos se sienten legítimamente orgullosos de haberlo promovido y firmado, cómo no nos vamos a sentir nosotros, que somos quienes de verdad lo hemos traducido en grandes avances para los pensionistas de hoy y de mañana. (Aplausos.)

Las 15 recomendaciones que contenía entonces han sido objeto de un profundo análisis en el tiempo de trabajo de esta Comisión. Se han producido avances en ellas muy significativos. Creemos que los gobiernos del Partido Popular han respondido con absoluta lealtad a los compromisos que adquirieron en 1995. Apoya más el sistema quien aporta más recursos, quien ordena y clarifica el gasto, quien mejora las prestaciones, quien despeja las incertidumbres, quien corrige discriminaciones, quien lucha contra el fraude, quien moderniza su gestión y quien exige responsabilidades a todos los actores del sistema, es decir, señorías, nosotros. Sólo nos ha guiado un interés, dar mayor estabilidad, garantía y solvencia a nuestra Seguridad Social, modernizarla y adaptarla a las nuevas realidades, y ello desde la mayor sensibilidad, desde la atención más profunda a quienes más necesitan de la solidaridad de todos. Por eso afrontamos en su día la renovación de este Pacto desde la más absoluta convicción de su conveniencia, de su oportunidad. Hemos mantenido siempre sin dobleces -sin deseos de liarla, como dirían algunos- nuestra voluntad a favor de esa renovación. El Pacto de Toledo es un acervo de todos y ya no es un pacto ante el abismo o ante la inminencia de una crisis; el de hoy, señorías, es un pacto por la estabilidad, por la modernización y por la intensificación protectora del sistema, y garantiza un horizonte de tranquilidad ante los retos futuros, de los que somos plenamente conscientes.


He de destacar el altísimo grado de identificación del Grupo Parlamentario Popular con el conjunto de recomendaciones emitidas por la Comisión.
Lejos de ser un pacto de mínimos, como alguien ha dicho, constituye un ambicioso conjunto de orientaciones para nuestra Seguridad Social, pero también para la sociedad española en su conjunto, porque el desafío del envejecimiento de la población nos compete a todos y todos vamos a vernos afectados por él.


Señorías, la política es inseparable de la disposición al compromiso, de la capacidad de dar por bueno lo que no satisface las propias aspiraciones. Los grupos que no apoyan el acuerdo evidencian, sobre todo, su propio fracaso a la hora de interpretar la política que era necesaria en esta materia; quedarse fuera no realza sus propuestas, sino que las devalúa, las convierte en irrelevantes; abstenerse, aunque sea positivamente, por no haber conseguido que se dijese lo que uno quiere, después de los esfuerzos de aproximación realizados, sólo es prueba de rigidez, de excentricidad o de marginalidad. Sabemos que lo que más desacredita la política ante los ciudadanos es la distancia entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que se hace. Por eso, hemos buscado prepararnos mejor ante el futuro, ante todos los escenarios que, sin duda, tiene nuestro país por delante. Creemos sinceramente que no responde al espíritu del Pacto de Toledo confundir las legítimas propuestas electorales, incluso las prioridades de cada partido, con un pacto que pretende ser un pacto de todos. Nadie puede pretender aparecer legítimamente como el abanderado de aquellas propuestas que más incidencia o aceptación social pueden tener a corto plazo y ante determinados colectivos. Desde luego, no nos parece leal que alguien pretenda presentar los deseables avances en protección que todos perseguimos como fruto de la imposición, la coacción o la presión sólo de algunos. Ya hemos oído atribuirse en propiedad a algún grupo la subida de las pensiones mínimas que todos hemos defendido. Señorías, allá cada cual; al final, lo ciudadanos ponen a cada uno en su sitio. El Pacto de Toledo no es una subasta de pensiones, aunque haya quien no pueda resistir la tentación, y su buena situación financiera no convierte a la Seguridad Social en un botín a repartir. Estamos aquí para preservar el sistema, para esforzarnos en hacerlo llegar a las nuevas generaciones, a los pensionistas de mañana. Sin duda, no disponemos de todas las claves, que sólo el futuro nos va a desvelar, pero éste es el terreno en el que la política ha de actuar. Para tomar decisiones cuando ya se tienen todos los datos no es precisa la política. El campo político está fundado sobre el reconocimiento de la incertidumbre y consiste en hacer lo mejor posible bajo las condiciones dadas. No hemos pretendido llegar a la plena armonía ni al consenso absoluto. Éste sólo podría darse mediante la imposición o la trivialidad general de la que nadie pueda discrepar. Una buena política no requiere recoger o hacer valer los intereses de todos, pero no puede haber dejado de intentarlo. Creo que lo hemos intentado y, en gran medida, conseguido.


Señorías, respecto a los votos particulares, cualquiera que los analice constata que se deben a estrategias coyunturales, a un deseo legítimo de diferenciación o a diseños que, hoy por hoy, no gozan de consenso alguno.
Algún grupo que no se ha dignado a aparecer en la larga trayectoria de esta comisión, hoy presenta casi una enmienda a la totalidad. Este postrero deseo de protagonismo nos parece pueril y una muestra de franco desprecio a los trabajos de la Comisión. Izquierda Unida plantea propuestas que son un brindis al sol y un seguro para una pronta demolición de nuestro sistema: ingresar menos y gastar más, señorías, es una fórmula

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que garantiza el desastre. En relación con el Grupo Parlamentario Socialista, extender las prestaciones de supervivencia a una figura como las uniones de hecho, que no tiene regulación jurídica en España es, ni más ni menos, que pretender empezar a construir la casa por el tejado.


Nosotros también podríamos haber presentado votos particulares. La recomendación de indicar en el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos un IPC previsto, obviamente, no es acorde con el hecho de que el objetivo de precios lo marca el Banco Central Europeo y que lo que cabe es tomar como referencia el límite superior del rango de objetivo de estabilidad de precios de ese Banco Central para dicho año. Establecer en actualizaciones anuales del programa de estabilidad un tipo de equilibrio para las pensiones a veinte años vista exige matizaciones para no hacer trabajos sin sentido. Lo lógico es realizar esa previsión cuando se modifiquen realmente las circunstancias o se adopten medidas que puedan influir en los ejercicios de simulación o de cálculo, bien en cada revisión del Pacto o bien con un período de tiempo que sea realmente significativo respecto a la evolución del sistema. No nos ha interesado ese juego, vamos a aprobar un dictamen que refuerza un sistema que ofrece cobertura y seguridad a muchos millones de españoles, que liga la viabilidad financiera del sistema de pensiones a la estabilidad presupuestaria y al crecimiento económico, a la reducción de la deuda y a políticas sostenibles, basadas en unas cuentas públicas saneadas; un sistema de protección social que no va a ser ajeno a la realidad económica, que protege mejor porque actúa con transparencia, con eficiencia, con seguridad y con previsibilidad, porque construye solidaridad, guardando coherencia con los objetivos de competitividad y de solvencia económica. Todo lo demás, señorías, es el cuento de la lechera, pero aquí los cántaros rotos son la seguridad de nuestros pensionistas de hoy y de mañana. No tenemos derecho a utilizar recursos públicos sin la seguridad de estar protegiendo adecuadamente a quien más lo necesita. Tenemos que esforzarnos por mejorar las pensiones mínimas del sistema -y el texto es muy claro en relación con esta cuestión-, por aumentarlas y, obviamente, señorías, las subidas acercarán al salario mínimo afectando a aquellas que están por debajo, que ya no son todas.
Quiero recordar que ha sido con este Gobierno con el que la pensión mínima de jubilación ha superado ampliamente el salario mínimo interprofesional. Reformar la pensión de viudedad, reordenar prestaciones para atender situaciones de especial necesidad, mejorar los requisitos de acceso, son todos compromisos compartidos en el avance en pos de la solidaridad y la garantía de suficiencia, que no pueden ser patrimonializados por nadie.


Este Pacto de Toledo también contribuirá a cambiar pautas y mentalidades en la sociedad española, en la eliminación de la discriminación por edad, en una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, en un nuevo reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres, en una consideración más positiva del envejecimiento para hacerlo compatible con la productividad y la innovación en las empresas, en la equiparación de salarios entre el hombre y la mujer como condición de igualdad real. En definitiva, nuestra política es un ámbito de innovación y no solo de gestión. Nuestras prioridades son claras: que se incentive la prolongación de la vida laboral, que se refuerce la contributividad, que se combatan los abusos, los usos indebidos y que se persigan las prácticas irregulares.


Señorías, la sociedad española confiere una enorme relevancia a este pacto, lo identifica con una Seguridad Social que está muy arraigada y que queremos preservar; una Seguridad Social que es fuerte, que es un elemento de estabilidad, de tranquilidad, de solidaridad intra e intergeneracional, que es respetada por los ciudadanos y cuya imagen es positiva precisamente porque sigue siendo una, es objetiva, es predecible, está asentada en derechos conocidos y exigibles, es perfeccionable, por supuesto, como todo, pero sobre todo permite introducir nuevos esquemas, nuevas tecnologías, permite informar mejor al ciudadano ante lo que van a ser decisiones vitales de su futuro. Es un patrimonio de los españoles que no perdonarán fácilmente que alguien ponga en entredicho, en riesgo o en juego.


Señorías, cinco años de superávit consecutivos; señorías, una Seguridad Social saneada; señorías, 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social; señorías, 5 millones de cotizantes más que en el año 1995 son una base sólida, muy sólida, para planificar el futuro. El Pacto de Toledo es hoy una gran oportunidad que nos permite ofrecer tranquilidad a los pensionistas de hoy, tranquilidad y mejoras en su situación en la medida en que las disponibilidades económicas lo van permitiendo. No les olvidamos, les tenemos presentes a ellos y a sus necesidades y son nuestra principal prioridad. También nos permite ofrecer unas enormes dosis de confianza en las posibilidades del sistema para los pensionistas de mañana. No puede esperarse que la política lo resuelva todo, no podemos despejar todas las dudas ni por supuesto dar respuestas a todas las incertidumbres. La responsabilidad individual y social tiene que jugar un papel muy relevante en el futuro, pero este nuevo pacto de pensiones es clave para trasladar a los ciudadanos la idea de que vamos en la dirección adecuada y de que España cuenta con suficientes recursos de futuro ante los desafíos que nos esperan.


La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego concluya, por favor.


El señor BURGOS GALLEGO: Voy terminando, señora presidenta.


Hemos pactado lo relevante, lo instrumental queda a la libre concurrencia de los partidos y a la confianza

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que sus propuestas sean capaces de generar. El Grupo Popular se siente satisfecho por el acuerdo alcanzado, orgulloso del esfuerzo realizado, consciente de las expectativas que genera y de los retos que plantea.
Agradece a los portavoces de los diferentes grupos el esfuerzo que han realizado y tantas horas compartidas, a los servicios de la Cámara, a los agentes sociales y económicos, a los medios de comunicación. Creo que hemos seguido ante este reto el famoso consejo de Hirschman: abordar causas públicas con entusiasmo, pero sin el arrebato y las expectativas milenaristas que garantizan el fracaso y la decepción generalizada. A partir de mañana el reto está en su adecuado desarrollo. Tengo la intuición de que los ciudadanos que en estos años y hasta hoy han depositado su confianza en nosotros para que aquello que se plasmó en 1995 sea hoy una feliz realidad en medidas, en leyes, en presupuestos, en bienestar y tranquilidad para nuestros mayores van a seguir haciéndolo en el futuro para desarrollar adecuadamente los contenidos de éste. Si eso es así, que lo será, no les vamos a defraudar.


Señorías, Horacio comparó el Estado romano con una nave en peligro e interpretó la política como una especie de navegación exitosa. La metáfora náutica tuvo éxito y desde entonces todo dirigente que se precie ha sabido remar adecuadamente, ha sacado a flote algo o ha aprovechado los buenos vientos. Siguiendo tan histórico símil, hoy hemos sabido traer a buen puerto nuestra encomienda. Esa es una gran recompensa, la mejor que podemos tener, la que deseaba el Grupo Parlamentario Popular, la que deseaba el Gobierno, la que deseaba toda la sociedad española.


Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Burgos.


Iniciamos la votación de los votos particulares y del informe de la Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo.


Comenzamos la votación con los votos particulares del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos el apartado 3, que figura bajo el epígrafe solidaridad y garantía de suficiencia, del voto particular del señor Saura Laporta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 215; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Resto del voto particular del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, nueve; en contra, 227; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación del voto particular del señor Puigcercós. En primer lugar el apartado a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 18; en contra, 218; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el apartado b).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 23; en contra, 217.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el apartado c).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 11; en contra, 217; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Resto del voto particular del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 100; en contra, 138; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación del voto particular del señor Núñez. En primer lugar, punto número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 219; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Resto del voto particular del señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 23; en contra, 214; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Voto particular del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, ocho; en contra, 224; abstenciones, seis.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, punto primero, apartado a).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 150; abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el resto del punto primero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 12; en contra, 148; abstenciones, 80.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 238; a favor, 18; en contra, 218; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, el punto primero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 215; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto segundo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 90; en contra, 136; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto tercero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, ocho; en contra, 150; abstenciones, 82.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Iniciamos la votación del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar, el punto primero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240, a favor, 20; en contra, 218; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto segundo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 22; en contra, 216; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el punto tercero.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 101; en contra, 138; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 101; en contra, 138.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos el texto del informe de la Comisión.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 228; en contra, seis; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y quince minutos de la tarde.

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