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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 287, de 16/10/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2003 VII Legislatura Núm. 287
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 274
celebrada el jueves, 16 de octubre de 2003


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes: ...


- Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto de 2003 en la localidad de Alcañiz (Teruel). ("BOE" núm. 226, de 20 de septiembre de 2003.) (Número de expediente 130/000040.) ... (Página 15082)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...


- Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 157-1, de 13 de junio de 2003. (Número de expediente 121/000157.) ... (Página 15088)

- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 171-1, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 121/000171.) ... (Página 15102)

Página 15078


- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 166-1, de 17 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000166.) ... (Página 15115)

- Proyecto de Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 167-1, de 23 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000167.) ...
(Página 15117)

- Proyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 168-1, de 30 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000168.) ... (Página 15126)

- Proyecto de Ley de Empleo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 169-1, de 30 de julio de 2003. (Número de expediente 121/000169.) ... (Página 15133)

- Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional del Prado. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 170-1, de 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 121/000170.) ... (Página 15145)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas: ...


- Proposición de Ley Orgánicade modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 363-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000314.) ... (Página 15154)

- Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 364-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000315.) ... (Página 15155)

Enmiendas del Senado: - Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 130-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000130.) ... (Página 15155)

Votaciones de conjunto: - Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie A, número 130-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000130.) ... (Página 15164)

- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 363-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000314.) ... (Página 15164)

- Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 364-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000315.) ... (Página 15164)

Enmiendas del Senado (continuación): - Proyecto de Ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 131-1, de 28 de febrero de 2003. (Número de expediente 121/000131.) ... (Página 15165)

- Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 133-1, de 14 de marzo de 2003. (Número de expediente 121/000133.) ... (Página 15167)

- Proyecto de Ley de instituciones de inversión colectiva. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 139-1, de 4 de abril de 2003. (Número de expediente 121/000139) ... (Página 15171)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 15082)

Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto de 2003 en la localidad de Alcañiz (Teruel) ... (Página 15082)

El señor ministro del Interior (Acebes Paniagua), en nombre del Gobierno, presenta el Real Decreto-ley y solicita de la Cámara su convalidación con el objetivo de poder reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto del año 2003 en la localidad de Alcañiz (Teruel) Expone los daños que provocaron las inundaciones en la zona baja de la ciudad y en la zona de huertas, y muestra su voluntad de dar una respuesta global, desde un principio de solidaridad, seguramente compartido por todos, a las necesidades de los vecinos de Alcañiz en un momento especialmente duro y adverso para ellos.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día q6 de agosto de 2003 en la localidad de Alcañiz, se aprueba la convalidación por 258 votos a favor.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 15088)

Proyecto de Ley de medidas para la modernización del Gobierno local ...
(Página 15088)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, los señores Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo, Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Jané i Guasch acepta la retirada de sus enmiendas 271 y 278, pero mantiene la 277.


El señor Cuesta Martínez acepta las tres transacciones que se han ofrecido al Grupo Parlamentario Socialista.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, son rechazadas, excepto las enmiendas transaccionales del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a las enmiendas 271, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y 211, del Grupo Parlamentario Socialista, ambas relativas al artículo 70 bis, y a las enmiendas 278, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y 258 del Grupo Parlamentario Socialista, ambas a la disposición derogatoria, así como a la enmienda 255 del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una nueva disposición transitoria, que son aprobadas.


Sometido a votación el texto del dictamen, queda aprobado.


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida ... (Página 15102)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Lissavetzky Díez, del Grupo

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Parlamentario Socialista, y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley, quedan rechazadas.


Sometido a votación el texto del dictamen, queda aprobado.


Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros ... (Página 15115)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación el dictamen de Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros, se aprueba por 266 votos a favor.


Proyecto de Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales ... (Página 15117)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y la señora Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, quedan rechazadas.


Sometido a votación el texto del dictamen, se aprueba por 256 votos a favor, tres en contra y 14 abstenciones.


Proyecto de Ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos ... (Página 15126)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López González, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de Ley de empleo ... (Página 15133)

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jauregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Monzón Cabrera, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de modificación del Código Penal en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, quedan rechazadas.


Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley, con la corrección técnica distribuida, se aprueba por 168 votos a favor, tres en contra y 92 abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley de empleo, quedan rechazadas.


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Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley de empleo, queda aprobado.


Proyecto de Ley reguladora del Museo Nacional del Prado ... (Página 15145)

En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Mardones Sevilla retira su enmienda número 3 para que pueda ser votada la transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado, quedan rechazadas, excepto la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la número 3 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que es aprobada.


Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley del Museo Nacional del Prado, queda aprobado.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 15154)

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ... (Página 15154)

Sometida a votación en primer lugar la enmienda presentada por todos los grupos parlamentarios a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se aprueba por 263 votos a favor y dos abstenciones.


Sometido a votación el conjunto del texto de la proposición de ley, con la enmienda incorporada, por tratarse del trámite en lectura única, se aprueba por 264 votos a favor y una abstención.


Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea ... (Página 15155)

Sometido a votación el conjunto del texto de la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea, por tratarse asimismo de un trámite de lectura única, se aprueba por 261 votos a favor y dos abstenciones.


Enmiendas del Senado ... (Página 15155)

Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional ... (Página 15155)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, quedan aprobadas.


Votaciones de conjunto ... (Página 15164)

Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional ... (Página 15164)

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Sometidas a votación de conjunto las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, quedan rechazadas por 171 votos a favor, 86 en contra y una abstención, por no haber alcanzado la mayoría requerida por tener carácter orgánico.


Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ... (Página 15164)

Sometida a votación final de conjunto, por tener carácter de orgánico, la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, queda aprobada por 258 votos a favor y uno en contra.


Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución Europea ... (Página 15164)

Sometida a votación final de conjunto, dado su carácter orgánico, la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, se aprueba por 255 votos a favor.


Enmiendas del Senado (continuación) ... (Página 15165)

Proyecto de Ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos ... (Página 15165)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Luis Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, se aprueban por 246 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.


Proyecto de Ley general de telecomunicaciones ... (Página 15167)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones, quedan aprobadas.


Proyecto de Ley de instituciones de inversión colectiva ... (Página 15171)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva, quedan aprobadas, excepto las presentadas a la disposición adicional quinta, apartado 1 y rúbrica, que son rechazadas.


Se levanta la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 5/2003, DE 19 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS INUNDACIONES Y LA TORMENTA DE GRANIZO ACAECIDAS EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2003 EN LA LOCALIDAD DE ALCAÑIZ (TERUEL). (Número de expediente 130/000040.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes

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para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto de 2003 en la localidad de Alcañiz (Teruel). Para la presentación del real decreto-ley tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta. (Rumores.)

Señoras y señores diputados, me corresponde en el día de hoy solicitar de SS.SS. la convalidación...


La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. Hemos iniciado la sesión de Pleno.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Decía que me corresponde en el día de hoy solicitar de SS.SS. la convalidación del Real Decreto-ley, de 19 de septiembre, por el que se adoptaron una serie de medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto del año 2003 en la localidad de Alcañiz (Teruel). Como seguramente recordarán, en la fecha que acabo de mencionar la citada población sufrió una fuerte tormenta de granizo de grandes dimensiones, acompañada de un fuerte aguacero que en el espacio de tres horas dejó caer 118 litros de agua por metro cuadrado.
Estos acontecimientos provocaron inundaciones en la zona baja de la ciudad y en la zona de las huertas, todo ello con el resultado de daños importantes en edificios, cosechas, redes de riego, caminos rurales y distintos servicios públicos. Concretamente, en la parte baja del casco urbano se produjeron inundaciones en la totalidad de garajes y sótanos de las viviendas, donde el nivel del agua alcanzó más del metro de altura.
Estas graves inundaciones provocaron también que el nivel del agua en algunas empresas del polígono de La Laguna alcanzase los 80 centímetros, con el consiguiente anegamiento de máquinas, motores y almacenamiento de productos. La práctica totalidad de las naves industriales se vio afectada y algunas de ellas tuvieron que cerrar sus negocios de manera temporal. Finalmente, en la zona de huertas conocida como Val de Cavadores y Val del Hueso se produjo una inundación en el campo y retiros rurales con graves daños y perjuicios en las cosechas. Todo esto por lo que se refiere a los daños ocasionados por las inundaciones. Además, como comentaba al comienzo de esta intervención, la cantidad de agua caída y la duración de la granizada -más de 45 minutos-, así como el tamaño de los trozos de hielo provocaron desperfectos en viviendas particulares, edificios públicos, centros docentes, religiosos, naves industriales y vehículos. Por ejemplo, podemos citar entre las edificaciones públicas que se vieron afectadas el propio ayuntamiento, la casa consistorial, el teatro municipal, el anfiteatro, el Museo de Arqueología o los juzgados.
Sin embargo, quiero hacer una especial referencia a las viviendas del casco antiguo de Alcañiz, cuyos habitantes -en muchos casos personas de avanzada edad- han padecido en sus propias casas los efectos de la tormenta de un modo particularmente grave. Se trata de viviendas de construcción tradicional que por sus propias características se han visto afectadas en mayor medida que el resto de los inmuebles. Ante estas circunstancias y como ha ocurrido con anterioridad, el Gobierno ha querido actuar con la celeridad y eficacia que requería la situación que acabo de describir. Por ello, a través del real decreto que hoy presento para su convalidación en esta Cámara y desde un principio de solidaridad, seguramente compartido por todos, damos una respuesta global a las necesidades de los vecinos de Alcañiz en un momento especialmente duro y adverso para ellos que todavía siguen atravesando. Desde el Gobierno hemos pretendido articular un instrumento integral que contemple un amplio abanico de medidas y, de este modo, abordamos la situación desde distintas perspectivas.


Me van a permitir que en este momento haga un breve repaso de las medidas incluidas en esta norma, comenzando por las de orden administrativo. En este ámbito, el real decreto-ley faculta a los titulares de los distintos ministerios para declarar zona de actuación especial las áreas afectadas para llevar a cabo las restauraciones que procedan. Asimismo, se declaran de emergencia las obras a ejecutar para reparar los daños causados en las infraestructuras de titularidad estatal, todo ello con el objetivo de devolver cuanto antes las infraestructuras al estado que presentaban antes del 16 de agosto en el menor plazo de tiempo posible.


Un segundo paquete de medidas son las de carácter fiscal. En este caso se establecen exenciones en las cuotas del impuesto de bienes inmuebles, correspondientes al ejercicio 2003, que afecten a viviendas, establecimientos industriales o mercantiles, explotaciones agrarias o locales dañados como consecuencia de las lluvias y de la tormenta de granizo. De este modo, intentamos aliviar la situación, en primer lugar, de aquellas personas que se han visto abocadas a abandonar su residencia; en segundo lugar, a quienes han debido reubicar total o parcialmente los bienes que tuvieran dispuestos en cualquiera de los inmuebles mencionados y, en tercer lugar, a quienes hayan padecido destrozos en sus cosechas que no tuviesen cubiertos por ningún seguro. Además, el texto establece una reducción en la cuota del impuesto sobre actividades económicas para el ejercicio a todas las industrias, establecimientos mercantiles y profesionales cuyos locales hayan resultado dañados. La reducción es proporcional al tiempo en el que no se hubiera podido desarrollar la actividad económica con normalidad. Es necesario puntualizar que los beneficiados que ya hubiesen satisfecho los recibos correspondientes a los impuestos podrán pedir la devolución de las cantidades que hubiesen ingresado con anterioridad. Por otro lado, en el caso de explotaciones agrarias se prevé la aprobación de reducciones en los índices del

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rendimiento neto que estos titulares aplican en el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y en el régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido. Finalmente, se exime el abono de las tasas correspondientes a la tramitación de bajas de vehículos solicitada como consecuencia de los daños producidos, así como las tasas correspondientes a la expedición de los duplicados que han tenido que solicitar muchas personas de los permisos de circulación y de conducir destruidos o extraviados por distintas causas.


Refiriéndome al terreno laboral, el objetivo perseguido ha sido mitigar los efectos de la tormenta en el empleo, tanto en lo que afecta a los trabajadores como a los empresarios. Precisamente, desde la perspectiva de los trabajadores afectados en su situación laboral con motivo del aguacero, el Gobierno ha considerado como medida elemental de manifiesta equidad que se les podrá reconocer el derecho a la prestación por desempleo correspondiente aunque no hayan cubierto el plazo mínimo de cotización. Además, se habilita a las autoridades laborales para que autoricen, en su caso, que el tiempo de percepción de prestaciones por desempleo no sea computable a efectos de consumir los periodos máximos establecidos. Estas posibilidades serán de aplicación en los casos de suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo.
Desde el punto de vista de las empresas, en caso de que se produzca extinción del contrato las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial. Además, las empresas y los trabajadores por cuenta propia, incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, podrán obtener una moratoria de un año sin intereses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los meses de agosto y septiembre de este año.


El real decreto-ley recoge también otra serie de ayudas excepcionales que abarcan un amplio catálogo de situaciones. En primer lugar, para daños en infraestructuras municipales y en la red viaria de las diputaciones provinciales, se podrá financiar hasta un 50 por ciento de las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de la corporación municipal de Alcañiz y de las obras de reparación de la red viaria de la Diputación Provincial hasta un importe de 600.000 euros. En segundo lugar, ayudas excepcionales para la vivienda que podrán alcanzar una cuantía máxima de 24.000 euros.
La financiación de estas ayudas será un 50 por ciento por la Administración general del Estado y las restantes administraciones públicas implicadas, de acuerdo con los convenios que se suscriban al efecto. Todas estas ayudas se pagarán con arreglo a los créditos que el Ministerio del Interior tiene previstos para estos fines, créditos que tienen el carácter de ampliables. En tercer lugar, indemnizaciones para daños en producciones agrarias. Este tipo de ayudas se prevé para los supuestos en que hayan sufrido pérdidas por daños en sus producciones, no cubiertas por la póliza de seguros, superiores al 20 ó el 30 por ciento de la producción según se trate en zonas favorecidas o desfavorecidas, con arreglo a los criterios establecidos a estos efectos por la Unión Europea. En cuarto lugar, se prevén medidas especiales para reparar los daños causados en infraestructuras públicas que sean titularidad de las comunidades de regantes. La reparación de estos daños se financiará por el Ministerio de Agricultura hasta un importe máximo de 900.000 euros.
Paralelamente se van a articular líneas preferenciales de crédito.
Concretamente, el Instituto de Crédito Oficial instrumentará una línea de préstamo por un importe total de tres millones de euros. Con esta operación se pretende financiar la reparación y reposición de instalaciones, equipos industriales y mercantiles, agrícolas, ganaderos y de regadío, los vehículos, la maquinaria agrícola y locales de trabajo que se hayan visto afectados por las inundaciones. El Gobierno es consciente de la absoluta necesidad de coordinar todos los esfuerzos como hemos hecho en otras ocasiones ante situaciones como ésta y que han dado siempre un buen resultado. Por este motivo se crea una comisión interministerial que se va a encargar de la aplicación y el seguimiento de las medidas que acabo de exponer. La comisión va a estar coordinada por la Dirección General de Protección Civil y en ella están representados nueve departamentos ministeriales, así como el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón y un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.


Finalizo ya, señorías, insistiendo sobre el importante esfuerzo de coordinación que se ha realizado en la elaboración de este real decreto-ley. La amplitud y la heterogeneidad de las medidas contempladas justifican que la propuesta haya partido de nueve departamentos ministeriales, Economía, Presidencia, Hacienda, Interior, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Administraciones Públicas y Medio Ambiente. Con este ánimo vamos a continuar trabajando en el seno de la comisión interministerial a la que antes me he referido. Señoras y señores diputados, señora presidenta, las repercusiones de la tormenta de granizo sobre la población de Alcañiz y los efectos que ha tenido sobre los vecinos de la localidad justifican plenamente la aprobación de una norma que pretende dar una respuesta global a la situación general. Considero de igual forma que los ciudadanos, y no sólo los de Alcañiz, deben apreciar que ante circunstancias como las descritas todos los poderes públicos saben reaccionar con la celeridad, solidaridad y amplitud que se nos demanda: el Gobierno afrontando la situación con prontitud y sensibilidad hacia los problemas más acuciantes de los ciudadanos y sus representantes en el Parlamento primando los intereses de éstos por encima de cualquier otra consideración. Por todo ello, señorías, solicito el

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voto afirmativo para la convalidación del Real Decreto-ley 5/2003.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, nuestra intervención es para anunciar el voto favorable de Chunta Aragonesista a la convalidación de este real decreto-ley y para demandar la tramitación del mismo como proyecto de ley. ¿El objetivo? Realizar las oportunas aportaciones de todos los grupos para mejorar el presente texto en la medida de nuestras posibilidades. Entendemos que con la voluntad de todos los grupos se podría agilizar su aprobación y conseguir mejores mecanismos de ayuda. Reconocemos la mejora de la tramitación de este tipo de ayudas, dado que en esta Cámara hemos visto cómo transcurrían hasta siete meses desde que ocurría el problema hasta que se daban respuestas parlamentarias; en esta ocasión apenas han transcurrido dos meses y tenemos que felicitarnos por ello y felicitar al ministerio. Sin embargo, queremos insistir en algunas cuestiones ya planteadas en este Pleno con motivo de debates similares. Concretamente comentaba el diputado don Luis Carlos Rejón el pasado mes de junio, y es una buena propuesta, que habría que trabajar en el seno de una comisión, de una ponencia -en la fórmula parlamentaria que se considere más conveniente-, y con un amplio consenso, en la creación de un modelo de ayudas amplio y abierto, con suficiente flexibilidad territorial y siempre adaptado a las circunstancias del momento para lograr incluso mayor inmediatez en la respuesta política ante este tipo de acontecimientos. Esperemos que esta propuesta no caiga en saco en roto y salga adelante en algún momento. Existen otra serie de cuestiones que queremos remarcar, como la situación en que van a quedar las ayudas para la actuación sobre la red viaria local, que no son las calles de la ciudad sino los caminos rurales, que son municipales, y sobre los que también habrá que actuar puesto que a nuestro entender no entran dentro de las ayudas agrícolas.


Concluyo con dos aspectos esenciales, uno de los cuales ya ha sido mencionado por usted: que la tormenta de granizo en la ciudad de Alcañiz ha afectado a numerosos edificios del casco histórico en los que el tipo de población existente son personas mayores con escasos recursos económicos y con una situación de necesidad urgente, ya que estamos hablando del lugar donde viven. Por eso nos gustaría -se ha repetido aquí en algún otro debate- que se pudiera negociar entre instituciones públicas y entidades bancarias la concesión a los afectados, con independencia de los pactos individuales, de una moratoria de pago de créditos personales e hipotecarios pendientes, compensando en su caso a las entidades crediticias. Creemos en la bondad de todas las decisiones tomadas por el ministerio y esperamos que se pongan rápidamente en marcha. La última cuestión se refiere a una preocupación latente en la sociedad alcañizana y bajoaragonesa en general sobre este particular: la rapidez en la tramitación de ayudas. Tenemos experiencias negativas en las que sí se ha aprobado el real decreto, como en las últimas riadas del Ebro en febrero, pero todavía hay afectados que no han recibido las ayudas. Ese ejemplo tan cercano hace que exista inquietud en la zona dado que en la disposición final primera, referida a las facultades de desarrollo, se habla de que los plazos se establecerán por el Gobierno y los distintos ministerios. Agilicen las ayudas, cooperen entre las administraciones públicas y ejecuten con rapidez lo establecido en este real decreto-ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


En la misma línea de solidaridad de siempre, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria apoya todos los reales decretos-leyes que atienden las indemnizaciones que se dan en todos los órdenes de la Administración, económicos, fiscales, técnicos, etcétera, cuando los fenómenos meteorológicos producen daños catastróficos. Como digo, nos sentimos solidarios y en aplicación de la legislación vigente, como ha expuesto el señor ministro del Interior, apoyamos con nuestro voto favorable la convalidación.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero felicitar al ministro y al ministerio -otras veces hemos sido críticos- por la oportunidad y la prontitud de la decisión; es conveniente reconocerlo.


Adhiriéndome a lo dicho por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero plantear una cuestión: que las ayudas se pongan pronto en marcha, que no ocurra que lo que no se nos ha ido en lágrimas se nos vaya en suspiros, que lo que hayamos adelantado al tomar las disposiciones se pierda luego al aplicarlas. Señor ministro, no tenemos duda de que usted acelerará la puesta en marcha de todas estas medidas.


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Quiero agradecer al señor Labordeta su referencia a mi persona. Insisto también en la propuesta de mi grupo de creación de una subcomisión que vaya articulando un modelo tipo.


Quiero presentar dos cuestiones más. Por un lado, como decía el señor Labordeta, no está nada claro cuál es la red de caminos rurales, de gran importancia en esta zona; y por otro lado, algo que ya el real decreto apunta, que la gente afectada del casco viejo de Alcañiz necesita un tratamiento diferenciado y particular debido a su edad y los perjuicios que ha sufrido. Sería conveniente la coordinación con otras instituciones para dar un tratamiento diferenciado a los damnificados del casco viejo por sus condiciones socioeconómicas y porque son propietarios.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo, a la vista de un decreto de medidas para reparación de daños, votará como en todos los que por desgracia han ido sucediéndose debido a los daños producidos. Siempre hemos convalidado dichos decretos por solidaridad y por justicia, que son las actitudes que hay que tomar cuando suceden cosas de este tipo. Damos cuenta, pues, de nuestra solidaridad con todos los vecinos de Alcañiz. Se da la circunstancia de que este fue un temporal de granizo muy concentrado sobre la ciudad y sus alrededores, lo que lo hace singular respecto a otros decretos. Es lógico que se recojan todas las ayudas que figuran en otros decretos-leyes y se particularicen algunos hechos. Así queda reflejado por algunos de los tipos de ayuda, distintos de otras más amplias concedidas tras otro tipo de temporales. Lógicamente se contemplan ayudas para daños de infraestructuras en todas sus variantes: municipales, de instituciones y particulares. Igualmente se incluyen ayudas económicas, fiscales y laborales, y se prevé la participación en una comisión de la que forman parte todos los ministerios implicados.


Insisto en la solidaridad de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al convalidar el real decreto.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES SAHUQUILLO: Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero empezar por saludar y dar la bienvenida al Parlamento al alcalde de Alcañiz, que está presente en la tribuna. El Parlamento mira hoy a Alcañiz y para los turolenses es un motivo de satisfacción -yo quiero expresarlo así-, aunque no sea una satisfacción que el motivo sea precisamente el desastre que se ha producido como consecuencia de la tormenta del 16 de agosto.


El señor ministro ha explicado suficientemente bien el real decreto-ley y por ello no voy a incidir más en él pero añadiré una cosa: que lo relevante de los daños que se han producido es debido a que durante 45 minutos cae sobre Alcañiz una impresionante tormenta de granizo de un grosor inusual, prácticamente nunca visto, y durante tres horas más no deja de caer gran cantidad de agua. Esto naturalmente multiplica los problemas y la gravedad de los mismos. Por tanto, lo primero que hacemos en el Grupo Parlamentario Socialista es felicitarnos por el real decreto-ley que hoy vamos a convalidar, sobre todo porque ha sido fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de la nación.
Queremos resaltar que este es el camino adecuado para resolver problemas: el acuerdo entre los gobiernos de las comunidades autónomas y el Gobierno de la nación. Este es el camino y como este precedente es positivo espero que vuelva a producirse sucesivamente en los distintos asuntos que sobre Aragón haya que tratar.


Hay una valoración de daños muy importante, más de 30 millones de euros, y tanto este real decreto-ley como el proyecto de ley que las Cortes de Aragón están tramitando al efecto van a ayudar a resolver los graves problemas de Alcañiz. Espero además que lo hagan con rapidez. Tanto el señor Labordeta como el señor Rejón han expresado una preocupación que yo quiero despejar, y es que en el acuerdo participa la Diputación Provincial de Teruel, que será la que se responsabilizará fundamentalmente de los caminos rurales. Espero por tanto que eso también se resuelva positivamente. Se ha actuado con rapidez -lo han dicho otros intervinientes-, es verdad y hay que felicitarse por ello. Esto es positivo para Alcañiz y sobre todo lo es por el precedente que sienta: cuando hay acuerdo político está demostrado que las cosas funcionan mejor. Ese acuerdo también contempla una comisión mixta que se creará en cuanto esto esté en marcha y que velará por la resolución de los expedientes y por resolver los problemas o conflictos que se puedan plantear. Es la manera correcta de funcionar. Quiero expresar asimismo mi preocupación y al mismo tiempo mi esperanza de que la tramitación de los expedientes de ayuda sea rápida. Estando de acuerdo ambos gobiernos esto es posible, la comisión mixta facilitará resolver los problemas que se puedan plantear y espero que las ayudas lleguen rápidamente a las personas afectadas, que es en esencia lo más importante: que las personas afectadas se sientan protegidas solidariamente por el Estado.


Y como hoy el Parlamento mira a Alcañiz, permítanme que en un minuto exprese algunos deseos. Me gustaría

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que el Parlamento mirara más veces a Alcañiz y al Bajo Aragón turolense y zaragozano porque son varias las comarcas afectadas que necesitan mucha ayuda del Estado. Lo digo -además aprovechando que está aquí el alcalde de Alcañiz, que supongo que habrá pedido alguna vez estas cosas- pidiendo al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno que apoyen el proyecto ambicioso de la ciudad del motor para Alcañiz y la conversión en autovía -eso como mínimo- de la N-232 entre Zaragoza-Alcañiz-Tortosa hacia el mar, porque es fundamental para que estas comarcas puedan desarrollarse.
Hoy vamos a empezar a resolver con rapidez y con eficacia los problemas derivados de las tormentas, pero los problemas derivados de la historia, es decir de la falta de actuaciones en estas comarcas, hay que resolverlos también a partir de hoy con la máxima rapidez y con la máxima colaboración entre todos. Pido por tanto que tengamos en cuenta a Alcañiz y al Bajo Aragón para que esto se resuelva de ahora en adelante.


Señora presidenta, vamos a votar favorablemente la convalidación del real decreto-ley y no vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley aunque no tenemos inconveniente en que así se haga.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro del Interior, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la convalidación de este real decreto-ley. También quiero manifestar el agradecimiento por la presencia en la tribuna de invitados del señor alcalde de la ciudad de Alcañiz.


Quiero expresar que este real decreto es un ejemplo de celeridad, de coordinación y de rapidez en su tramitación y en la detección de todos y cada uno de los problemas que han existido. Por ello, quiero agradecer a los representantes de los grupos políticos que han intervenido sus manifestaciones de apoyo a la convalidación de este real decreto-ley.
Simplemente con examinar el texto de este real decreto se ve cómo se han detectado perfectamente todos y cada uno de los problemas, porque nos encontramos ante la situación de que la ciudad de Alcañiz hace escasamente mes y medio, concretamente el 16 de agosto, sufrió una tormenta de granizo de grandes dimensiones, acompañada de un fuerte aguacero. La granizada duró escasamente cuarenta o cuarenta y cinco minutos y había trozos de granizo cuyo peso llegó a alcanzar los 480 gramos -y aún hay ejemplares de los mismos porque hay personas que los han guardado en la nevera-; ésta fue seguida de un aguacero que duró tres horas que supuso, ni más ni menos, la caída de 118 litros de agua por metro cuadrado. Todo esto nos sitúa perfectamente en el contexto de lo que ocurrió el día 16 de agosto en la ciudad de Alcañiz. Como consecuencia de todo ello hubo inundaciones en las zonas bajas de la ciudad que afectaron a las viviendas, a las pequeñas industrias y de manera especial al polígono de La Laguna, en la zona de Huertas, con la rotura prácticamente total de las tejas de las cubiertas de los edificios, pues no hay que olvidar que hay rotos 350.000 metros cuadrados de teja, lo que a 70 tejas por metro cuadrado supone veinticuatro millones y medio de tejas, que es una cantidad exorbitante, y que desde el día siguiente hay más de 120 empresas y 85 grúas trabajando en la ciudad de Alcañiz. Absolutamente todo el mundo está colaborando -han dejado sus ocupaciones en un acto de solidaridad- en los trabajos de reparación no solamente de lo propio sino en lo de los demás vecinos y habitantes de la ciudad de Alcañiz.


Como he dicho, se han producido daños en los tejados, en edificios públicos y privados y también en infraestructuras municipales, en caminos y en redes secundarias de riego. El objetivo de este Real Decreto es aprobar un catálogo de medidas que afectan a varios departamentos ministeriales, como ha mencionado el señor ministro. Entre estas medidas destacan las de carácter laboral y social, fiscal y administrativo y unas medidas excepcionales para daños en infraestructuras municipales y de la red viaria de la diputación provincial, que por supuesto afectan a todos y cada uno de los caminos. Estas medidas van acompañadas de las partidas crediticias correspondientes para indemnizaciones por daños en producciones agrarias no cubiertos por las pólizas de seguros, con pérdidas superiores al 20 o al 30 por ciento según estén en zonas desfavorecidas o no. Hay otra dotación muy importante para reparar los daños causados en infraestructuras públicas que sean de titularidad de comunidades de regantes. También hay líneas crediticias preferenciales con una dotación de más de tres millones de euros, con créditos a bajo interés, que se han negociado con las entidades bancarias de la zona, concretamente con las cajas, Ibercaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Caja Rural y el resto de entidades crediticias de la zona.


Señorías, estamos ante un ejemplo de celeridad y de solidaridad, porque no podemos olvidar que los daños han afectado, nada más y nada menos, a la práctica totalidad de la ciudad, tanto en lo que se refiere al casco antiguo como al resto; han afectado también a más de 1.800 vehículos, con sus lunas y chapas rotas, a las producciones agrícolas, como he dicho anteriormente y el número de viviendas afectadas asciende aproximadamente a 2.500.


Por otro lado, no hay que olvidar que, tanto la Diputación Provincial de Teruel como el Gobierno de Aragón, están en la mejor disposición para llegar a los convenios y a los acuerdos correspondientes. A este respecto quiero agradecer la posición del Grupo Socialista porque, aunque hasta este momento lo único que hay son unas intenciones puesto que no se ha plasmado aún en ningún texto por la comunidad autónoma, sí es cierto que hay una buena disposición y que esa buena disposición va a

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llevar a buen puerto toda la tramitación de este Real Decreto para que su ejecución esté perfectamente coordinada y que cada administración pueda ayudar en las distintas facetas en la parte que le pueda corresponder.


En la Diputación Provincial hubo ya un acuerdo en fechas pasadas, concretamente en la sesión celebrada el 28 de agosto, en la que se aprobó una propuesta de resolución de todos los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel para la declaración de zona catastrófica de Alcañíz, manifestando la plena solidaridad y apoyo de la Diputación al Ayuntamiento de Alcañiz y a cuantos vecinos y entidades públicas y privadas se han visto especialmente afectados. Dentro de este ámbito de solidaridad, acordaron adherirse a la solicitud planteada por el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz de reclamar a la Administración general del Estado que proceda, sin demora, a la declaración de zona catastrófica y, al mismo tiempo, a la rápida aprobación de una serie de medidas, de ayudas económicas y sociales, que brinden una inmediata y adecuada respuesta y para que se genere una dinámica procedimental y administrativa.


El Gobierno de Aragón, precisamente en el Pleno de hoy se va a aprobar un crédito extraordinario de 6.612.000 euros, aunque hay que tener en cuenta que no solamente es para la ciudad de Alcañiz sino para otros municipios próximos y, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, para Calatayud y su comarca. Estas buenas intenciones, junto con la celeridad y lo que supone plasmar en un texto este real decreto, nos van a llevar a que en un tiempo récord, igual que se ha redactado el real decreto, se han fijado las medidas y se han adaptado al caso concreto de la ciudad de Alcañiz, se llegue a solucionar todos los problemas.


Hay que hacer mención a la solidaridad de todos los vecinos de la ciudad de Alcañiz. A los alcañizanos tengo que decirles que Alcañiz, la ciudad de los calatravos y del Bajo Aragón, ha dado un ejemplo de temple, de solidaridad y de estar a la altura de las circunstancias, con sus sufrimientos y sus pérdidas, y que tienen todo nuestro apoyo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bueso.


Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2003, de 19 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones y la tormenta de granizo acaecidas el día 16 de agosto de 2003 en la localidad de Alcañiz.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 258.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


¿Algún grupo desea que sea tramitado como proyecto de ley? (Pausa.)

Queda definitivamente aprobado.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO LOCAL.
(Número de expediente 121/000157.)

La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.


En primer lugar, dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de medidas para la modernización del Gobierno local. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y sin entorpecer la salida de los demás. (Continúan los rumores.)

Señorías, ¿podrían mantener las conversaciones fuera del hemiciclo al objeto de que nos faciliten la continuación del debate?

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero dar por defendidas las enmiendas de los señores Saura y Puigcercós y explicar simplemente... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster.


Señorías, ¿son conscientes de que estamos en debate? Les ruego, por favor, que mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo y permitan que sea oída la intervención de la señora Lasagabaster, que está en el uso de la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Decía que doy por defendidas las enmiendas de los compañeros Puigcercós y Saura. Quiero manifestar que lo que pretenden nuestras enmiendas es respetar las competencias de las comunidades autónomas, en este caso las del País Vasco. Sin perjuicio de que, en el dictamen de la Comisión se haya recogido en algún caso el sentido de nuestras enmiendas, queremos mantener en este trámite las mismas para que se tengan en cuenta las competencias y en ningún caso, cuando se apruebe este proyecto de ley, se infrinjan las que corresponden a las comunidades autónomas.


Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


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Desde el punto de vista del Partido Andalucista, apoyamos en general la necesidad de esta ley de mejora, pero mantenemos nuestras enmiendas, que son de matices, algunos de ellos importantes, que no han logrado recogerse en el dictamen y que afectan a derechos fundamentales. Es discriminatorio que la ley diga que el padrón no sirve para demostrar residencia de los extranjeros y sin embargo sí para demostrar residencia de los españoles y es excesiva la exigencia de al menos dos tercios en determinados acuerdos generales para que se refuercen por el pleno las decisiones que toma el alcalde y la junta de gobierno. En cuanto al escenario competencial, hay que decir que la ley habla de competencias, pero no de financiación; los ayuntamientos, además de competencias, necesitan medios financieros, pues todavía no está solucionado el escenario financiero que haga más eficaz el gobierno local, así como qué ciudades entran en estas mejoras. En ese sentido, el tope de 75.000 habitantes recogido en el texto nos parece aceptable, ya que entra un buen número de ciudades que por razones de tamaño necesitan esta nueva denominación. De modo que, aunque manteniendo nuestras enmiendas, apoyamos globalmente la necesidad de esta ley de mejora.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego sigue manteniendo su rechazo a este proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local, y lo hace porque considera que es una ley que se presenta como una demanda de los vecinos, cuando realmente su objetivo es fortalecer a las instituciones locales frente a las comunidades autónomas en este proceso de centralización administrativa que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular.


Cierto es que, en el proceso de debate que dio lugar al dictamen, se ha ampliado la posibilidad de incorporar ciudades de más de 75.000 habitantes a las competencias que la ley va a posibilitar a los ayuntamientos, con lo cual habrá más ciudades de Galicia que se podrán incorporar a este marco de carácter normativo. Sin embargo, también es cierto que no hubo ninguna modificación para que la concesión que hay de que las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas las establezca el Gobierno del Estado no conlleve un régimen uniforme para el conjunto del Estado español. Las comunidades autónomas siguen sin poder diseñar un régimen local conforme a las peculiaridades y características de la realidad municipal de cada una de ellas, sin duda muy diferente y, en el caso particular de Galicia, genuina y específica. Este régimen orgánico uniforme para las grandes ciudades imposibilita que las competencias exclusivas en materia de régimen local que tienen las comunidades autónomas puedan ser ejercidas. Igualmente nos parece abusivo que el proyecto de ley siga manteniendo un diseño de órganos desconcentrados de los entes locales a todas luces excesivo en su pormenorización. Sobre todo, nos sigue pareciendo reprobable el hecho de que se vaya a reforzar el carácter ejecutivo y la capacidad de los gobiernos locales frente a cualquier otro tipo de órgano, como por ejemplo el pleno municipal, que tendrá un carácter abiertamente residual, sin hablar de que se puedan configurar órganos con participación de personas no elegidas democráticamente, que tendrán sin duda un papel relevante. En definitiva, los acuerdos se reducen a asuntos que requieren aprobación mediante mayoría cualificada, acuerdos que van a ser de carácter muy marginal. Especialmente no nos parece de recibo que la ley siga manteniendo y no haya eliminado el aumento de competencias propias de las diputaciones provinciales nada menos que para el desarrollo económico y social y planificación estratégica en el territorio provincial. Está claro que esto sirve a un diseño centrípeto del Gobierno, recuperando unas instituciones provinciales decimonónicas y totalmente obsoletas y disfuncionales.


Por lo tanto, señora presidenta, el reclamo de participación vecinal no es real, sino que promueve una gestión ejecutiva frente a la participación y además hace una regulación básica exhaustiva, que elimina la capacidad competencial de las comunidades autónomas. Por eso seguimos rechazando este proyecto de ley.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.


Coalición Canaria comparte plenamente la filosofía de este proyecto de ley, un proyecto de ley que está orientado básicamente a mejorar los mecanismos organizativos de las corporaciones locales de los grandes municipios, mejora que tiene que redundar sin duda en beneficio de los ciudadanos. La mejora de la estructura de un municipio para dotarla de mayor capacidad funcional tiene que redundar -insisto- en beneficio de los ciudadanos.


Sin embargo, Coalición Canaria se va a abstener hoy en la votación de este proyecto de ley en el Congreso y va a esperar a su trámite en el Senado, para ver si se cumple el acuerdo que teníamos con el Gobierno de que los cabildos insulares tuvieran la misma consideración en este proyecto de ley. Los cabildos insulares son entes de gran capacidad competencial en las islas Canarias, pues tienen, por una parte, la condición de entes locales, y por otra, la de instituciones de la comunidad autónoma. El proceso descentralizador competencial en Canarias ha sido muy favorable a los cabildos, que son los auténticos gobiernos en cada una de las islas, cabildos

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que en algunos casos, como en Tenerife y Gran Canaria, alcanzan una población de en torno a 800.000 habitantes. Hay otros cabildos en situaciones similares por su complejidad, que hemos catalogado como grandes ciudades, como Lanzarote, Fuerteventura o la isla de La Palma, Entendemos que la capacidad para organizarse que se da a los municipios debe darse también a los cabildos, ya que son entes con muchísima más complejidad desde el punto de vista competencial.


Vamos a retirar las enmiendas que habíamos presentado para el debate de hoy y vamos a esperar para ver si es posible concretar con el Grupo Popular un acuerdo que dé salida al compromiso de incluir a los cabildos dentro de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, con el debate de hoy damos fin a la tramitación del proyecto de ley que nos ocupa en la Cámara Baja. Hemos de reconocer que las enmiendas que el Grupo Vasco presentó al texto remitido por el Gobierno, pese a no haber sido excesivas en número, no han cosechado un excesivo éxito hasta la fecha; tan sólo una de las 22 que presentamos, la número 133, ha contado con el apoyo del grupo mayoritario, una enmienda por lo demás puramente técnica, de plano contenido político, prácticamente intrascendente, que se limitaba a corregir una remisión errónea que hacía a la disposición adicional novena, número 7, de la Ley de Bases de Régimen Local. Rechazarla habría sido sencillamente incomprensible, incluso en el contexto de una mayoría absoluta como la que impera en la Cámara en esta legislatura. Las 19 enmiendas restantes han quedado hasta el momento sin gozar -por decirlo de una manera grandilocuente- del honor de ser incorporadas al texto del dictamen. A continuación voy a intentar resumir las razones y argumentos que a nuestro juicio avalan algunas de ellas, las que consideramos más importantes.


De entre las enmiendas técnicas, que incluían a nuestro juicio interesantes propuestas para mejorar y clarificar el contenido de la norma, como las enmiendas 129 y 142, a las que me referí en Comisión y en las que no voy a abundar ahora, quisiera destacar una, la que lleva el número 124, que se refiere al título del proyecto. Se trata de una enmienda más simbólica que de fondo, una enmienda que reviste un carácter eminentemente emblemático, pero las cuestiones simbólicas tienen también su importancia y no es bueno ignorarlas o arrinconarlas por el solo hecho de que tengan ese carácter. Señorías, esta enmienda plantea una cuestión que para nosotros es importante, creemos que no es correcto situar este proyecto de ley bajo el epígrafe de modernización del Gobierno local; lo creemos así porque, francamente, su misión no es esa, su objetivo no es ese. El título de la ley ha de ser más aséptico, más objetivo, más descriptivo, ha de recoger más claramente cuál es su real contenido. La modernización del gobierno local requeriría, a nuestro juicio, un más amplio y heterogéneo haz de medidas, que no están recogidas en el proyecto. Por el contrario éste, el proyecto, incorpora previsiones que prácticamente nada tienen que ver con la idea de modernización de la Administración local. En el debate en Comisión el grupo mayoritario justificó su posición contraria a la aceptación de esta enmienda, que estoy comentando en este momento, argumentando -y cito literalmente- que si bien técnicamente no tendrían inconveniente en admitirlo, el título, se nos decía, es fruto del consenso con los partidos políticos y con los agentes implicados en la Federación Española de Municipios y Provincias.
Francamente no sabemos de qué consenso nos hablan, porque esta enmienda fue apoyada en Comisión por todos los grupos de la Cámara, a excepción del Grupo Popular. ¿Qué consenso político puede existir en la base de una previsión que sólo cuenta con el apoyo del grupo que apoya el Gobierno? Permítame por ello insistir un poco en las razones que justifican esta enmienda y argumentar de nuevo que si técnicamente no hay inconveniente para aceptarla, y desde el punto de vista del consenso al que se apela tampoco, porque realmente existe por lo menos el consenso político que se nos citaba, ya que los grupos se han posicionado mayoritariamente a favor de la aceptación de la enmienda, se puede tomar en consideración.


La enmienda número 126, al artículo 4, apartado 3, era otra que citaba en el debate en Comisión. En su redacción actual este artículo a nuestro juicio es inconstitucional, y lo es porque hace algo que, según la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989, no puede hacer el legislador estatal, y es atribuir directamente competencias a las entidades locales relacionadas en el artículo 3.2 de la ley. El inciso inicial de este punto del proyecto establece textualmente que corresponden a las mancomunidades de municipios las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo que determinen sus estatutos. No hay nada, pues, que efectúe una directa atribución de poder a favor de las mancomunidades. Sin embargo, la sentencia a la que antes me refería postula que la asignación de competencias que puede realizar el Estado ha de circunscribirse a la finalidad... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka, porque se está oyendo en el hemiciclo más las conversaciones de algunos diputados que su propia intervención. (Pausa.)

Adelante, señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Decía que la sentencia a que antes he hecho referencia, postula que la asignación de competencias que puede realizar el Estado ha de circunscribirse estrictamente a la finalidad de garantizar

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el principio constitucional de la autonomía local, que es lo que hace precisamente el apartado 2 del artículo 2 de la ley en relación con el municipio, con la provincia y con la isla. Por ello la enmienda propone reconocer a los propios municipios la capacidad de elección de las potestades locales que quieren asignar a las comunidades que se constituyan, pero dejando claro que esa capacidad está sujeta a la regulación autonómica correspondiente. De este modo la ley estatal no estaría incidiendo sobre la regulación de la mancomunidad, que corresponde a la competencia exclusiva autonómica, sino hasta donde puede ir la voluntad municipal, esto es su autonomía. En Comisión el Grupo Popular rechazó esta enmienda argumentando que no se considera adecuado que los municipios puedan atribuir potestades públicas a una entidad de ámbito supramunicipal. Sin embargo, señorías, si hay que optar entre algo que no se considera adecuado por razones de oportunidad y algo que puede quebrar la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en relación con los límites del legislador estatal en esta materia, parece claro que al menos en términos estrictamente jurídicos habría de imponerse la primera opción. Dejo pues también este punto a la consideración de la Cámara.


La enmienda número 134 habla por sí misma y no requiere especial explicación. Es una enmienda a la que habrían de ser especialmente sensibles quienes han construido su discurso político en torno a la palabra estatuto, estatuto, estatuto. El artículo 37.3 del Estatuto de Gernika dice que en todo caso los territorios históricos tendrán competencias exclusivas en materia de régimen electoral municipal. No lo digo yo, lo dice el estatuto, y es una de las muchas singularidades que carecen de réplica en los estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas. La enmienda 134 sólo pretende introducir una modificación a la disposición adicional segunda de la ley, añadiendo un nuevo número 11 que salvaguarde esta competencia frente a la regulación que hace el proyecto en torno a la aplicación del Régimen electoral general al ámbito municipal.


Hay una enmienda, la número 136, a la que quiero hacer especial referencia porque tiene que ver con el régimen específico previsto en el proyecto de ley para las grandes ciudades. Una de las grandes cuestiones que planean sobre el proyecto de ley radica en el trazado de la frontera que ha de separar a las ciudades susceptibles de acogerse al régimen previsto en el título X del proyecto de las que quedan excluidas del mismo, y este ha sido, sin duda, uno de los puntos que más controversia y debate ha generado a lo largo de la tramitación del proyecto.


Los criterios iniciales del texto remitido por el Gobierno quedan a nuestro juicio excesivamente rígidos, se han flexibilizado durante la tramitación del proyecto de ley, porque se han aceptado algunas enmiendas que perseguían esa finalidad, de modo que ahora aparecen recogidos en el dictamen en términos bastante más asumibles. Sin embargo, mi grupo es partidario de flexibilizar más aún este régimen, no solamente en la determinación de los criterios para entrar en el club de los municipios sujetos al régimen previsto en el título X, sino también en la fijación de las condiciones de salida. En este sentido, la enmienda 136 pretende abrir la posibilidad de que con una mayoría cualificada, por ejemplo el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en todo caso de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, ésta pueda decidir sobre la continuidad o no del régimen previsto para las grandes ciudades, aun a pesar de que su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en la ley. Hasta el momento actual, la previsión del proyecto es excesivamente rígida cuando señala que el régimen del título X ha de continuar vigente aun en el supuesto de que el número oficial de habitantes de las ciudades afectadas se reduzca por debajo del umbral establecido en la ley. En este punto esta previsión ahoga prácticamente la autonomía local que a nuestro juicio, insisto, debería contar con un cauce de expresión legalmente reconocido en este ámbito, siempre lógicamente expresada a través de una mayoría cualificada, como es la que recogemos en nuestra enmienda. No valdría cualquier mayoría, pero la previsión debería recogerse a efectos de que la autonomía local operase también en este ámbito tan trascendental en la vida de un municipio y que tan directa incidencia puede tener en la evolución de un municipio, que puede tener momentos de expansión y momentos de regresión; previsiones todas ellas que con la normativa actual, tal y como aparece en el proyecto, no serían tomadas en consideración.


Con esto voy a concluir mi intervención, señalando como hice en Comisión que apoyaremos las enmiendas de otros grupos que pretendan incrementar la autonomía local, así como las que aspiren a salvaguardar las competencias autonómicas, las que se proponen garantizar las prestaciones por desempleo de los electos locales y las que plantean mejoras que valoramos positivamente en el régimen previsto en el proyecto de grandes ciudades.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.


En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, subo a la tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario ante este último achuchón -permítanme la expresión- del proyecto de ley en esta Cámara.


En primer lugar creo que debemos felicitarnos por los trabajos de la Comisión, independientemente de que no hemos tenido la misma suerte que ha tenido el señor Erkoreka, pues sólo se nos ha admitido una enmienda; no obstante hay que reconocer el talante y la buena disposición, y creo que eso siempre es de agradecer. Por tanto, lo que es de reconocer hay que reconocerlo.


Antes de entrar en cuestión, voy a recomendar a quien corresponda (no entiendo que deba ser una enmienda

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sino que debe ser casi una corrección técnica), el hecho de que en la exposición de motivos, cuando se explica resumidamente lo que viene detrás, a pesar de que se aceptó y que nosotros saludamos una enmienda del Partido Socialista al artículo 126 planteando la reducción a un tercio como máximo en la Junta de Gobierno de personas no elegidas -digamos-, todavía en la exposición de motivos se sigue poniendo la mitad. Es una corrección de pura lógica y no creo que necesite introducir más cuestiones. Siempre quedamos a la espera de esa supuesta ley de bases, que por un lado temblamos hasta dónde va a llegar, pero por otro lado también demandamos que se produzca algún marco de novación de todo lo que es el mundo local. Creo que estamos ante una ocasión perdida, ante el parto de los montes -permítanme esta expresión muy manoseada-, pero todos esperábamos mucho más cuando se iniciaron estos proyectos. Es verdad que ha habido, y hay que reconocerlo, un intento de acercamiento al mundo municipal a través de personas representativas de distintos grupos políticos municipales, pero mi grupo esperaba mucho más de lo que tenemos hoy aquí. La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Pasemos al texto y a las enmiendas. Se suele decir en el evangelio que por sus obras los conoceréis. (Rumores.) Sí, sí por sus obras los conoceréis, y cuando quiera me pongo a pelear con usted y con quien me eche sobre temas evangélicos. Dicho esto, en la exposición de motivos también se plantea que este proyecto viene por la necesidad. Primero, porque es conveniente huir de la uniformidad o del uniformismo del mismo tipo de gobierno, de la misma estructura para los distintos municipios del ámbito del Estado español. Es verdad. No podía haber, corríjanme o señálenme la diferencia, la misma estructura de gobierno para un municipio de 5.001 habitantes que, por ejemplo, para Zaragoza, que si la presidenta no me corrige puede haber superado ya el 1.500.000 de habitantes. Habría que ver esas cuestiones y habría que corregirlas. Es interesante que en el Título X se fijen los distintos iter, los límites, y creo que se habían recogido con bastante generosidad y bastante acierto en el texto originario. Nosotros presentamos una enmienda al artículo 121, donde planteábamos que se ampliaran también aquellas mancomunidades o áreas metropolitanas que superaran los 200.000 habitantes. Cuál es nuestra sorpresa que a nuestro entender se ha rebajado a los 75.000 habitantes en aquellas ciudades que tengan componentes sociales, culturales, históricos, económicos, y se deja en manos de los parlamentos autonómicos. Señorías, se va a producir una carrera desaforada, y permítame la expresión cateta, entre todos los municipios que superen estos iter para buscar justificaciones, con la finalidad de incluirse en esa categoría de gran ciudad. Me recuerda cuando a principios de siglo, los distintos ministros del ramo y Su Majestad el XIII, repartían la categoría de ciudad a los distintos municipios según los valimientos o las capacidades. Ahora vamos a buscar la gran ciudad. Si la diferencia que van tener las ciudades incluídas en este Título X de gran ciudad va a ser fundamentalmente estructuras de gobierno, elemento distrital y alguna otra cosa más, municipios de 80.000 ó 100.000 habitantes van a tener una carga más por haberlos incluido que una solución. Vuelvo a insistir que hemos presentado una enmienda al artículo 121 a efectos meramente de por si entraban las mancomunidades de áreas metropolitanas, que sí podían tener estas demandas de estructuras distrital, pero al rebajar a 75.000 se ha convertido en un coladero que no creo que redunde en la mejoría de la ley. Primera cuestión.


Segundo elemento. Se plantea la necesidad de que el alcalde o la que alcaldesa de los ayuntamientos tenga una mayor capacidad ejecutiva de la que suele tener. Es verdad, se reconoce en la exposición de motivos, que ya en la Ley de 1999, del periodo del Partido Socialista, se había avanzado en este sentido. Señorías, recuerdo que por aquellos tiempos, en el año 1999, me parece que en Australia se celebró una reunión de parlamentos del mundo -una especie de congreso-, donde se planteó el peligro que está presente y patente de que cada vez más hay un mayor desarrollo de lo ejecutivo sobre el control y lo meramente participativo, por razones obvias y no hace falta tampoco que las toque. Ellos hablaban de los parlamentos. Si se lleva este elemento a los ayuntamientos, hay que tener en cuenta que si hay algo verdaderamente ejecutivo hasta ahora en la estructura de poder son los ayuntamientos es el poder que tenían alcaldes, alcaldesas y delegados y delegadas. Seguir insistiendo más en esa capacidad ejecutiva puede ser aparentemente eficaz, pero yo creo que va en desdoro o en demérito de lo que podría ser el control, por muchas palabras de control y de la participación que digamos. Cuando se permite una capacidad ejecutiva no tan ilimitada -porque tampoco es que lo sea- pero sí tan amplia, evidentemente hay que echar muchos kilos de control y de participación en el otro lado de la balanza para equilibrarla; es decir un gramo de ejecutividad necesita muchos kilos de control y de participación en el otro lado de la balanza, señorías. Entendemos que habiendo avanzado algo sobre la ley de 1999, no ha sido en el sentido correcto.


En cuanto al tercer elemento, la participación ciudadana, hay elementos novedosos. Hemos inventado una especie de defensor del pueblo del ciudadano en el consejo consultivo, que al final es el que recibe las quejas. Casi es la función del Defensor del Pueblo. Es interesante la tasación que se hace de la iniciativa popular, yo creo que podría mejorarse y regularse de alguna manera y poco más; es decir, la ley no ha dado mucho más de sí.


Quiero llamar la atención en dos cuestiones, y ya concluyo, señorías: por un lado el intento de revitalizar o darle más lumbre a las diputaciones, convirtiéndolas en agentes del desarrollo económico de las provincias.
Para eso están los gobiernos de las comunidades autónomas y la mayoría de las veces las diputaciones únicamente han duplicado y triplicado las competencias, los

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servicios, incluso los costes. Hay estudios que dicen que una parte de los elementos provinciales de la inflación en los costes se produce por la triplicación de funciones y de competencias. No creo que cuando se está cuestionando el papel de las diputaciones con bastante seriedad desde distintos ámbitos políticos, sea momento de venir aquí otra vez a levantar un poco la copa de los braseros antiguos para que tengan más fuego.


La cuestión de la participación o presencia de personas no electas en las juntas de gobierno. Señorías, nosotros tenemos una cautela expectante.
Como decía en mi primera intervención en este hemiciclo, no tenemos ningún problema, a la vista del desarrollo, en aplaudir una cosa o mantenerla en la interrogación. Es evidente, no le quepa la menor duda, que se pondrá en práctica en aquellos ayuntamientos -en este caso que yo sepa solamente hay un ayuntamiento de Izquierda Unida-, sin duda que se hará uso de él si así lo estima el Gobierno en aquel momento; no obstante saludamos, como hicimos en Comisión, el hecho de que se haya aprobado la enmienda presentada por el Partido Socialista, que constituye una limitación y puede ser un laboratorio un campo de prácticas interesante para esta novación en la vida municipal.


En espera de mejores tiempos, mi grupo parlamentario se va a abstener, una abstención positiva; se recogen las mejoras que se han producido respecto a situaciones anteriores, pero entendemos que hay elementos que deberían ser mejorados.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, debatimos hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados el dictamen de Comisión en un proyecto de ley importante como es el proyecto de modernización del régimen local. Se trata de un proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria tuvo su origen en la aprobación por esta Cámara de una proposición no de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y consensuada con el Grupo Parlamentario Popular, en la cual nos abstuvimos. En aquella ocasión yo ponía dos premisas para dar el apoyo final al proyecto de ley: en primer lugar, la defensa de las competencias autonómicas; y en segundo lugar la defensa de la Carta municipal de Barcelona. Estos objetivos eran prioritarios de Convergència i Unió ante esta tramitación: que no se conculquen las competencias autonómicas, en primer lugar; y en segundo lugar que se defienda la legislación específica de la ciudad de Barcelona. ¿Cuál es el balance tras la discusión del proyecto de ley en Comisión y ponencia? El balance es que se han introducido aspectos que han mejorado el proyecto de ley inicialmente aprobado -y quiero agradecer a los distintos ponentes la labor de buscar puntos de encuentro y de consenso-, pero el balance no puede ser positivo para Convergència i Unió. Voy a explicar este balance no positivo en estos dos aspectos: en el autonómico y en el específico de Barcelona.


En cuanto a la defensa de las competencias autonómicas, nos encontramos ante una legislación básica, dictada por estas Cortes Generales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
¿Qué discute mi grupo? Mi grupo discute una vez más la ampliación de la legislación básica que nosotros no compartimos. Es una concepción que comparten tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Popular, que se plasmó en la Ley de Bases de Régimen Local inicial, que nosotros no votamos a favor en su día, como tampoco podemos hacerlo hoy en esta nueva reedición de una normativa básica que limita las competencias de las comunidades autónomas, porque todo aquello que tiene carácter básico en la ley no puede ser modificado por la comunidad autónoma. Por tanto, nuestro grupo no puede dar un voto afirmativo a una ley que contiene esta sobredimensión básica y pondré algunos ejemplos concretos de ello. Por ejemplo, en la legislación de las mancomunidades, antes éstas se legislaban por las leyes de los Parlamentos autonómicos, y a partir de ahora se van a legislar por artículos de este proyecto de ley, con lo cual, hay un ejemplo de restricción a la legislación autonómica, pasando a ser ahora legislación básica estatal. Otro ejemplo serían los servicios públicos locales. Ahora, en el nuevo artículo 85 bis, se detalla muchísimo cómo se va a realizar la cesión de los servicios públicos locales, cuando antes también correspondía a la legislación autonómica. Otro ejemplo sería también todo el título X, sobre los municipios de gran población, lo que entendemos de forma coloquial como grandes ciudades. Este título es de nueva adición, de carácter básico, con aspectos muy pormenorizados que supondrán que las comunidades autónomas tengan que asimilar esa legislación sin poder establecer diferenciaciones. Señorías, una vez más se conculcan competencias autonómicas, se amplían las bases, y ello se hace con un planteamiento que tanto el PSOE como el Partido Popular han compartido desde siempre en materia de régimen local, aceptando que la legislación básica puede ser muy amplia. Nosotros entendemos que no. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el concepto de legislación básica, entendemos que la legislación básica debe dar un margen de desarrollo a las comunidades autónomas. De ahí que en este primer bloque, el competencial, mi grupo no pueda compartir un voto favorable.


Segundo aspecto prioritario para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Que la nueva ley respete la legislación específica que debe tener la ciudad de Barcelona. Barcelona como capital de Cataluña, Barcelona que tiene una Carta municipal aprobada por su Parlamento y quiero destacar que aprobada por unanimidad del Parlament de Catalunya en el año 1998. Una ley en la que todos los grupos políticos catalanes compartían la necesidad de que Barcelona tuviera esta ley específica,

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pero no es completa la ley catalana, necesita una ley aprobada en estas Cortes Generales porque hay aspectos relativos a Justicia, relativos a Hacienda o relativos a seguridad ciudadana que precisan de una legislación aprobada por las Cortes Generales. Cuando nosotros afrontábamos la regulación de este proyecto de ley, constatábamos que había mucha prisa en regular un régimen y un café para todos para las grandes ciudades, y muy poca prisa para regular la legislación específica de Barcelona, la Carta municipal de Barcelona. Mucha prisa para las grandes ciudades, mucha prisa para lo que al final será un café para todos, y poca prisa, poca salvaguarda de lo que debe ser una legislación específica para Barcelona. De ahí que nuestro grupo presentara enmiendas a este proyecto de ley con una doble intención: la intención de que el título X de la misma no fuera aplicable a la ciudad de Barcelona y que se materializara en la ley que saldrá de estas Cortes Generales un plazo expreso para la adopción del compromiso, por parte del Gobierno, para presentar el proyecto de ley que debe dar cumplimiento a lo que regula la Carta de Barcelona. Estos son los dos aspectos más importantes. En primer lugar que no se aplique el título X a Barcelona, que Barcelona no entre en este café para todos. Barcelona, como capital de Cataluña, tiene su legislación específica; y, en segundo lugar establecer un plazo en el proyecto de ley.


¿Cuál es el balance? El balance tampoco es satisfactorio al cien por cien.
Se acordará hoy -y lo celebramos- que el Título X no sea aplicable a la ciudad de Barcelona. Valoramos positivamente lo que ha sido desde el inicio el planteamiento que ha efectuado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ante este proyecto de ley. Barcelona no entrará en este café para todos. Pero, ¿cuándo tendrá Barcelona su Carta municipal? ¿Qué plazo ponemos para obligar al Gobierno? Llevamos años pidiendo que Barcelona tenga la Carta, ¿cuándo la tendrá? Se han abierto negociaciones, buenas palabras, pero ¿cómo se concreta? ¿En qué plazo el Gobierno debe presentar un proyecto de ley? Nosotros poníamos un plazo simbólico. Podemos acordar otro plazo de común acuerdo, por consenso, pero dentro de esta legislatura. Busquemos un plazo para que el Gobierno tenga esa obligación formal de presentar un proyecto de ley que vincule a la Cámara en el sentido de que ya hay una concreción, pautada, articulada, de lo que debe ser la Carta de Barcelona que deben aprobar estas Cortes Generales. Este segundo aspecto, que no ha sido planteado en la transacción que se nos propone, no lo podemos aceptar mientras no se establezca un plazo específico para tramitar este proyecto de ley. Sí aceptaremos la transacción que se nos ofrece a nuestras enmiendas números 271 y 278 y no aceptaremos la transacción que se nos ofrece a nuestra enmienda número 277. Estos dos aspectos son los nucleares: defensa del ámbito competencial de las comunidades autónomas y defensa de la Carta municipal de Barcelona.


En nuestras enmiendas hay también otros aspectos importantes. Este proyecto de ley, señorías, aunque sea de forma muy menor pero significativa, introduce un relanzamiento de las competencias de las diputaciones provinciales. Nosotros no podemos dar apoyo a un nuevo artículo 36.1.d) mediante el cual se dan nuevas competencias a las diputaciones, en este caso en el fomento y desarrollo económico y social.
Aquí hay una competencia autonómica y es muy conocida en esta Cámara nuestra posición sobre las competencias que deben tener las diputaciones.
Como estas competencias no tienen el sentido que el proyecto de ley les da, Convergència i Unió entiende que no se adaptan a la estructura autonómica del Estado. Se regula la composición de la Comisión Nacional de Administración Local, una comisión donde pueden ser invitados los representantes de las comunidades autónomas. ¿No son Estado? ¿No tienen competencia exclusiva en régimen local? Que formen parte por derecho propio de esta comisión, no que sean invitados. Esto no se corresponde con la estructura autonómica del Estado, de ahí que haya enmiendas de nuestro grupo a este respecto.


Existen también enmiendas importantes para que el proyecto de ley incluya una petición de justicia: que aquellos concejales que cotizan a la Seguridad Social en sus ayuntamientos puedan después tener reconocido el derecho a una prestación por desempleo. Es una cuestión que afecta a todos los grupos de la Cámara. Todos conocemos ejemplos concretos de alcaldes, de concejales, que durante muchísimas legislaturas han dedicado su labor profesional prioritaria al ámbito local y al servicio público y que se pueden encontrar en una situación de precariedad, cuando su ayuntamiento ha cotizado por ellos. Nosotros entendemos que ese reconocimiento a la prestación por desempleo debería estar en la ley porque es de justicia y afecta a muchos. Desde la Cámara, desde las Cortes Generales, cuando se nos explica por los concejales el problema concreto que tienen, no podemos decirles que no hemos hecho nada. Repito, entendemos que esto es de justicia.


Termino anunciando que nuestro grupo se va a abstener globalmente al proyecto de ley. Es una abstención que valora los avances, pero que también valora la no consecución plena de los objetivos marcados al inicio. Esperemos que en el Senado podamos avanzar; esperemos que en el Senado podamos poder poner plazo al proyecto de ley para la Carta de Barcelona; esperemos que podamos reducir la legislación básica estatal, porque, una vez más, por acuerdo entre el PSOE y el PP, se vuelve a ampliar y nosotros no podemos estar a favor de esta ampliación, y esperemos que, al final, las modificaciones en las leyes de régimen local vengan acompañadas por nuevos recursos económicos para las haciendas locales. Es una asignatura pendiente, como ya han dicho otros portavoces, y de nada servirá ampliar competencias, establecer nuevos regímenes jurídicos para las corporaciones locales si no va acompañado de la capacidad y la autonomía financiera necesaria.


Nada más. Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, estamos ante una ley que afecta a un importante número de ciudades que, sea por el volumen poblacional, sea por las oscilaciones, sea por razones sociológicas o por formar parte de áreas de influencia urbana, tienen muchos puntos en común, pero que también, sobre todo, en un mundo como es el mundo municipal de nuestro país, que contempla 8.070 ayuntamientos y que se caracteriza por un minifundismo local, padecen situaciones muy distintas que requieren una regulación distinta. Esta ley tiene vocación de aplicarse en unas cien ciudades, que es el número potencialmente máximo. Por darles un dato, poblaciones con más de 75.000 habitantes, hoy en España, hay 79; con más de medio millón hay seis; por cierto, la ciudad de Zaragoza tiene 620.419 habitantes; Madrid, 3.016.000; Barcelona, 1.527.190; Sevilla, 704.114; Valencia, 761.000 y Málaga, 535.686. No quiero perderme en una fronda de cifras, pero la realidad municipal española es muy clara; tan clara, como que, municipios con más de 50.000 habitantes, sólo hay 123. Esta es la situación, y existe por tanto la necesidad objetiva de una regulación específica, que distinga la realidad en un espacio -en el territorio español- en el que sólo los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes ascienden ya a 7.000.


Quisiera decir, en primer lugar, que el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente este proyecto de ley. ¿En qué sentido? En el de que supone un intento de plasmar una demanda del mundo municipal: la autonomía local. Dentro de pocos meses se cumplirá el 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos españoles. Hay, pues, una gran experiencia de funcionamiento municipal, y, en este momento de la evolución de nuestra política territorial, hace falta poner en relación la autonomía local con el marco del Estado de las autonomías; es una necesidad indubitada.


Esta Cámara aprobó en su día, con amplio consenso, una proposición no de ley sobre ciudades, del Grupo Parlamentario Socialista, parte de la cual se cumple con este proyecto de ley; proyecto de ley que, por otro lado, da también cierta satisfacción a las conclusiones de la Comisión de Entidades Locales, del Senado. Así que no sólo se hace una aproximación a la realidad municipal, sino también a la necesidad de acompasar el desarrollo de lo local a un marco que ya tiene un amplio nivel de desarrollo: el del Estado de las autonomías.


A pesar de todo, el proyecto tiene algunas insuficiencias importantes, a las que me referiré luego. No obstante, quiero valorar, en primer lugar, la inclusión de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que mejoran claramente el texto. Ahí está, por ejemplo, la regulación de la figura de los concejales no inscritos; o el carácter público de las votaciones de moción de censura y de cuestión de confianza, que recoge compromisos concretos del pacto de antitransfuguismo, que incluimos por vía de enmienda y cuya aceptación merece nuestra valoración positiva.


En segundo lugar, el proyecto da una definición flexible de grandes ciudades o de municipios de gran población. Inicialmente, se definen como grandes ciudades los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes, y las capitales de provincia cuya población sea superior a los 200.000 habitantes. Gracias a una enmienda socialista, que dio pie luego a una transacción, llegamos al acuerdo de que, por decisión de los parlamentos autonómicos y a iniciativa de los municipios, serán también grandes ciudades los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de instituciones autonómicas, y los municipios de más de 75.000 habitantes.


En tercer lugar, en las grandes ciudades, podrán formar de la Junta de Gobierno local miembros no concejales, designados por el alcalde. Hemos introducido una enmienda, que fue finalmente acogida, que añade que esto será así siempre y cuando el número de los no concejales no supere el tercio de los componentes de la Junta de Gobierno local.


La creación de la conferencia de ciudades como elemento de diálogo y de cooperación interadministrativa es también una aportación del Grupo Parlamentario Socialista. La organización de las diputaciones, sobre todo en clave de apuesta por el desarrollo rural, introducción de criterios en el reparto de las subvenciones y funcionamiento de los fondos, criterios de equidad, de objetividad, son también aportaciones de nuestro grupo. La participación del municipalismo, de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la elaboración de las políticas comunitarias o europeas que afecten a los ayuntamientos es también una novedad importante, como lo es el reconocimiento de la Carta municipal de Barcelona y de su régimen especial. Nuestro grupo ha presentado un conjunto de enmiendas a fin de preservar la aplicación del régimen especial de Barcelona, además de dar cumplimiento urgente e inmediato de compromisos parlamentarios que pasaban por presentar un proyecto de ley específico sobre esta ciudad.
Las transacciones que se nos han ofrecido y que me consta que están en sintonía con las conversaciones habidas con el Ayuntamiento de Barcelona y también con la comisión negociadora Generalitat-Ayuntamiento-Ministerio de Administraciones Públicas permiten albergar esa esperanza de reconocimiento específico de lo que es la Carta municipal de Barcelona.
Por tanto nos felicitamos también por nuestra aportación con la inclusión de estos contenidos.


No obstante decía que el proyecto tiene algunas carencias que desde nuestro punto de vista habría que reseñar y que explican que se mantengan vivas un conjunto de enmiendas de mi grupo parlamentario. En primer

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lugar, enmiendas que pretenden garantizar el funcionamiento de los servicios ciudadanos, creando la figura de la carta de derechos mínimos de servicios públicos y de funcionamiento de servicios, defensa y garantía, por tanto, de los derechos ciudadanos. En segundo lugar mejora de los instrumentos de calidad democrática y de participación ciudadana.
Por ejemplo, hace falta impulsar la ley y recoger las comisiones de vigilancia de la contratación pública, la creación de comisiones de investigación y de oficinas de control presupuestario, una regulación más flexible y completa de la iniciativa popular, un estatuto del concejal, la cotización por desempleo. Asimismo el ejercicio de la función representativa, un régimen de incompatibilidades, publicidad en los registros de intereses, derechos de los concejales, participación en las empresas públicas de manera plural, reconocimiento de la protección por desempleo, una regulación asimismo más ambiciosa desde el punto de vista competencial.


Esta ley tiene una importante carencia y es la falta de un compromiso competencial. Los ayuntamientos no avanzan más desde el punto de vista de sus competencias y hace falta ampliar ese horizonte competencial, sobre todo en temas tan sensibles como el de la seguridad ciudadana, el funcionamiento de la policía local, el incremento de sus funciones como policía de proximidad o policía judicial a través de la reforma de los marcos legislativos competentes. Competencias en materia de integración social de inmigrantes, competencias en justicia de proximidad, en planes concertados de prestaciones de servicios sociales en el ámbito local, en materia de empleo o de telecomunicaciones. Hace falta por tanto un diseño competencial del que carece este proyecto de ley, por supuesto acompañado de un nuevo modelo -seguimos creyendo que el anterior ha sido un fracaso y es incompleto- de financiación local. Hace falta igualmente una nueva regulación de la legitimación que se exige hoy a los ayuntamientos para defender la autonomía local, el conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local, y por otro lado seguir profundizando en la relación de la cooperación interadministrativa. Desde ese punto de vista es fundamental que la representación de los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y Provincias, forme parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque sigue habiendo muchas decisiones económicas que afectan a los ingresos de los ayuntamientos que se están adoptando sin tener en cuenta el criterio ni la opinión de los ayuntamientos. Hace falta garantizar también ese marco, mejorar la regulación de la Comisión Nacional de Administración Local, regular mejor el reconocimiento de la figura del secretario municipal.


Básicamente esa es la globalidad de las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario, que reflejan importantes carencias o insuficiencias en un proyecto de ley que, repito, nosotros valoramos positivamente, que incorpora desde la voluntad de diálogo criterios parlamentarios, resoluciones del Senado y del Congreso, anhelos del municipalismo español, que no es hablar de instituciones, que es hablar de servicios públicos, de ciudadanas y de ciudadanos, de representación de intereses.
Pero también tengo que decir que no es la ley que haríamos los socialistas. Creemos que en el ámbito local hace falta una profunda regulación y una profunda reflexión, un amplio compromiso de transformación del ámbito local.


Pensamos -y estos son nuestros compromisos claros- que cuando hablamos de un nuevo gobierno local hay que plantearse más instrumentos democráticos y creemos que uno de los elementos nucleares es la elección directa de alcaldes. Creemos que hay que desarrollar todos los mecanismos de la gobernanza, de la participación, de la transparencia urbanística...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, le ruego que concluya.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.


Creemos que hace falta una elaboración más pormenorizada del estatuto del concejal, de la regulación de funcionamiento de la organización del gobierno local, de la creación de la oficina presupuestaria de control; hay que reformar esos mecanismos de control de los registros públicos, impulsar la transparencia, reformar la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar policía de proximidad, justicia de proximidad. Son reformas importantes que deben cristalizar en una comisión de encuesta sobre el funcionamiento de los ayuntamientos y ciudades. Se debe realizar la elaboración de un nuevo libro blanco para la reforma del régimen local y de su financiación. Creemos que hay que desarrollar, efectivamente, con proyectos en la Cámara la Carta municipal de Barcelona, la Ley de capitalidad de Madrid; que hace falta poner en marcha los instrumentos de cooperación, como la conferencia de ciudades o la conferencia sectorial que ya se diseña en este proyecto de ley; hace falta reformar las diputaciones, crear en los ámbitos autonómicos más mecanismos de encuentro y de diálogo, reformar la Comisión Nacional de Administración Local, hacer la conversión de la Comisión de Entidades Locales del Senado en comisión permanente de carácter legislativo, que participe la Federación Española de Municipios y Provincias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se elabore un nuevo modelo de financiación local, que se modifique la Ley del Suelo para que los ayuntamientos puedan realizar políticas activas en materia de suelo y de vivienda, que no computen el endeudamiento las políticas de adquisición de suelo para viviendas públicas, que reponga a los ayuntamientos sus competencias en materia urbanística, que se impulsen mecanismos de programas de cooperación entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tales como, por ejemplo, el plan concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios

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sociales con las corporaciones locales, un plan de choque para la integración social de inmigrantes, un plan de regeneración y rehabilitación...


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Cuesta, debe finalizar su intervención.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Acabo ya, señora presidenta.


Decía que hace falta un plan de regeneración y rehabilitación integral de barrios y de espacios urbanos.


Finalizo. Celebramos este año el 25 aniversario de la Constitución, el próximo año celebraremos el 25 aniversario de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos en nuestro país. Creemos que es la hora de encajar definitivamente la autonomía local en el Estado de las autonomías, que es la hora de dar un impulso de nueva democracia, de nueva ciudadanía, que es precisamente el reconocimiento de la potencialidad de las ciudades, de los gobiernos en el ámbito local, porque es el reconocimiento de que las instituciones están al servicio de las ciudadanas y de los ciudadanos.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Cuesta.


Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Señora presidenta, señorías, creo que estamos en presencia de un proyecto de ley de singular trascendencia para las corporaciones locales. La organización territorial del Estado prevista en nuestra Constitución ha avanzado notablemente en la regulación y desarrollo de uno de los tres pilares en que ésta se asienta. Obviamente, por la vía estatutaria, la institucionalización, las competencias en la organización para un desarrollo armónico de las comunidades autónomas, contrasta con la rémora que otro pilar, el de la Administración local, ha venido soportando en su modernización y agiornamento. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La competencia exclusiva que la Constitución atribuye al Estado para establecer las normas básicas del régimen jurídico de las administraciones públicas, tuvo su corporeidad en la Ley de Bases de Régimen Local, de 21 de abril de 1999. Dicha ley ha sido objeto de muchas reformas parciales, algunas de las cuales podíamos calificar de parches.
La reforma más relevante fue, sin duda, la establecida en la Ley 11/1999, de 21 de abril, dentro del marco del llamado pacto local. La vieja Ley de régimen local -quizá propiamente calificada de vieja por mí, pues sólo tiene 18 años- es evidente, sin embargo, que se ha quedado obsoleta. Las grandes transformaciones culturales, económicas y sociales han supuesto un gran reto para los ayuntamientos, que han tenido que hacer frente a ellas, lastrados, sin duda alguna, por dos factores: un modelo orgánico concebido desde una percepción muy corporativista de la política local, y un uniformismo en el que los criterios organizativos y funcionales son similares, cualesquiera que fueran la demografía o extensión del municipio y, por tanto, la complejidad de sus responsabilidades.


Este proyecto de ley no se limita a regular la organización de los ayuntamientos de grandes ciudades, introduce modificaciones importantes en la Ley de Bases de Régimen Local, sin perjuicio de que debamos recordar que la reforma en profundidad de la ley básica municipal se encuentra en este momento en el telar del Gobierno y seguro que tendrá estado parlamentario en la próxima legislatura, bajo un gobierno del Partido Popular, y todas esas aspiraciones que ha dicho el señor Cuesta, que muchas de ellas sin duda alguna compartimos, tendrán cauce en esa reforma importante de la Ley de Bases de Régimen Local en la próxima legislatura.


Los aspectos más destacados del proyecto de ley que debatimos, podemos reseñarlos en las siguientes modificaciones o adiciones. Se refuerza el papel de las comunidades de municipios mediante la mejora de la regulación de sus potestades; se incorporan a la ley preceptos básicos contenidos en el texto refundido de régimen local, tales como el que determina que cada municipio sólo puede pertenecer a una provincia, o el que establece la imposibilidad de que las alteraciones de los términos municipales puedan modificar límites provinciales; la inclusión, entre los derechos de los vecinos, del ejercicio de la iniciativa popular; también se prevé la aplicación supletoria del régimen común a los municipios que se rijan por el título X, es decir, las grandes ciudades; se sustituye la denominación de comisión de gobierno por la de Junta de Gobierno local, con lo que se pretende reforzar el carácter ejecutivo de dicho órgano. Como novedad se introduce la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, como un órgano necesario en los grandes municipios, sin perjuicio de que puedan establecerse en los demás si el pleno así lo acuerda o cuando lo disponga su reglamento orgánico. También se establece la posibilidad de constituir mancomunidades entre municipios de diferentes comunidades autónomas.


Esta ley concede una gran importancia a la participación de los vecinos en la vida pública local y también supone, señorías, un gran avance en la utilización de las nuevas tecnologías, introduciendo en la dinámica del gobierno local el denominado gobierno electrónico.


Sin embargo, lo más novedoso de este proyecto de ley es el título X, referido al régimen de organización de los municipios de gran población.
Inicialmente, se la llamó de forma coloquial, probablemente sin mucho acierto, ley de las grandes ciudades. Procedía dicha denominación del informe del Senado titulado: Informe sobre las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana. No obstante, como dice la memoria del proyecto -y quiero subrayar este tema-, es preciso plantear esta cuestión con la objetividad necesaria, evitando equívocos de fácil generación en el ámbito del imaginario

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colectivo y simbólico. No deja de resultar pertinente recordar que el concepto de municipio altamente poblado no constituye un título honorífico que distinga a determinadas localidades de una cualidad que diferencie en términos de valía unas localidades o sus habitantes en relación con otras. Se trata de una circunstancia meramente objetiva, cuya inclusión en esa categoría responde a estos efectos a la finalidad de constatar que en determinadas ciudades concurren circunstancias objetivas de complejidad que hacen imprescindible para su buen gobierno el establecimiento de un régimen especial de organización y funcionamiento, que objetivamente no resulta necesario en los demás municipios.


A lo largo de la tramitación parlamentaria, el concepto de gran ciudad, o mejor dicho la aplicación del título X, ha experimentado una notable hinchazón. Al criterio limpio, objetivo, de población se han añadido dos apartados, rebajando notablemente las cifras iniciales de población previstos en el artículo 21: uno, que lo puedan ser todas las capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de las instituciones autonómicas y, otro, referido a aquellos municipios que, superando la cifra de 75.000 habitantes, presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. En ambos supuestos se exigirá que le sea aplicable el título X, es decir, que así lo decidan las asambleas legislativas correspondientes a iniciativa de los respectivos ayuntamientos.


Quería hacer una referencia a la consideración que ha hecho el señor Rejón en relación con el tema de las áreas metropolitanas, que entendía el portavoz de Izquierda Unida que quizá debieran haber sido incluidas aquí.
Quiero recordar al señor Rejón que el tema de las áreas metropolitanas es competencia de las comunidades autónomas. Al señor Rivero, de Coalición Canaria, en relación con el tema de los cabildos quiero decirle que sin duda alguna requieren un tratamiento diferente del de los municipios, porque no son iguales. Por tanto, estoy seguro y nosotros hemos presentado a Coalición Canaria un texto bastante completo de regulación de los cabildos que podríamos haberlo incluido en el título XI de esta ley -título nuevo-, pero al final lo que parece que pretendía Coalición Canaria es que todos los cabildos, cualesquiera que fuera su dimensión, entraran en esta ley. De ahí que no haya sido posible. Estoy seguro de que antes de la aprobación por el Senado podamos llegar a un acuerdo en este tema.


El capítulo II del título X aborda la organización y el funcionamiento de los grandes municipios incluyendo todos sus órganos, el pleno, las comisiones del pleno, el alcalde, los tenientes de alcalde y la Junta de Gobierno local. Por lo que al pleno se refiere, las innovaciones más relevantes son: la supresión de las funciones ejecutivas o administrativas que se concentran en los órganos de tal naturaleza; la posibilidad de que el alcalde delegue la presidencia del pleno en otro concejal y la posibilidad de delegar funciones plenarias resolutorias en las comisiones. Todas estas medidas tienden a reforzar la matriz parlamentaria del modelo municipal y contribuyen a configurar al pleno como un verdadero órgano de debate de las grandes políticas locales y de adopción de las decisiones estratégicas.


Otro aspecto destacado es la sustitución de la comisión de gobierno por la Junta de Gobierno local. Esta Junta de Gobierno local presenta como novedad que hasta un tercio de sus miembros pueden ser personas que no ostenten la condición de concejales. Esta nueva configuración de perfil ejecutivo reforzado resulta incardinable en el modelo legal europeo de gobierno local, configurado en sus aspectos esenciales en la Carta europea de la autonomía local. Otra novedad es el consejo social de la ciudad. Constituye un órgano preceptivo en todos los municipios densamente poblados, que está llamado a desempeñar un gran papel de integración en la definición de las grandes estrategias urbanas mediante el ejercicio de sus funciones consultivas y asesoras, con la participación de los grandes actores, económicos, sociales y profesionales.


El título XI viene a tratar un aspecto ineludible del régimen jurídico de las entidades locales al regular la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales en determinadas materias, ya que no podía demorarse por más tiempo la laguna legal que existe en materia de potestad sancionadora municipal en aquellas facetas que no encuentran apoyatura en la legislación sectorial. Como SS.SS. saben, uno de los problemas jurídicos a los que se enfrentan las entidades locales a la hora de ejercer sus competencias es la exigencia del principio de legalidad en materia sancionadora, que se ha venido interpretando de manera muy estricta por el legislador y a partir de esa legislación por la jurisprudencia.


Señorías, el tiempo me exige fijar la posición en relación con algunas enmiendas que en Comisión hubimos de rechazar, pero que hoy vamos a tratar de consensuar a través de sendas enmiendas transaccionales. Para ello, señora presidenta, presento tres enmiendas transaccionales a las formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, las números 211, 255 y 258, que me parece que han sido repartidas a los distintos portavoces de la Cámara por los servicios de la misma; igualmente formulamos enmiendas transaccionales a las números 271, 277 y 278, de Convergència i Unió. Los textos son exactamente iguales a los ya leídos, correspondientes a las enmiendas del Grupo Socialista. Con respecto a las enmiendas, quiero señalar también que la exposición de motivos no ha sido corregida en relación con algunas enmiendas introducidas en el texto normativo y por ello formulo enmiendas in voce al párrafo segundo del apartado IV, de forma que se adecue al artículo 121.1 del texto legislativo y al párrafo octavo del apartado I, en el que la Junta de Gobierno local queda reducida -la exposición de motivos dice que la mitad podrán no ser concejales- a un tercio, que es lo que refleja el texto legislativo tras las enmiendas introducidas en Comisión.


Señorías, termino ya. Si alguna característica tiene la tramitación de este proyecto de ley, podemos decir que

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es el consenso. Pocas veces un proyecto ha sido tan consultado, tan consensuado, ha merecido tantas reuniones y ha fructificado en tantos acuerdos.


La señora PRESIDENTA: Señor Albendea, le ruego concluya.


El señor ALBENDEA PABÓN: Un minuto, señora presidenta.


Quiero recordar que han sido consultados todos los alcaldes de las grandes poblaciones, de muy distinto signo político, desde Barcelona a Sevilla y desde Bilbao a Valencia. Se ha consultado a la Federación Española de Municipios y Provincias, se han mantenido numerosas reuniones con los grupos parlamentarios, tanto el anterior ministro, el señor Arenas, como la actual ministra, la señora García-Valdecasas, y no digamos con altos cargos del ministerio, como el secretario de Estado de Organización Territorial, el director general de Administración local, etcétera. Pues bien, por ese buen espíritu y consenso que ha presidido nuestros trabajos me complace dar las gracias a todos los grupos, y no quiero terminar sin manifestar que el Gobierno y el Partido Popular siguen abiertos a continuar negociando en el trámite del Senado determinados aspectos que quizá mejoren el proyecto de ley para de esa manera servir mejor a los intereses de los ciudadanos en un ámbito tan cercano como es el de la Administración local.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.


Señor Jané, ¿se ha mostrado usted conforme en su intervención con la retirada de sus enmiendas 271, 277 y 278 para poder transaccionar?

El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, he manifestado que no aceptamos la transacción a la 277 y sí a las números 271 y 278.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Quiero manifestar que mi grupo acepta las tres transacciones que se nos ofrecen. Además la propuesta que se ha hecho relativa a la enmienda 277, del Grupo de Convergència i Unió, también afecta a la 255, del Grupo Parlamentario Socialista, el cual quiere preservar a Barcelona de la aplicación de esta ley en relación con ese compromiso de futuro de la carta municipal de Barcelona. Por tanto, aceptamos la transacción.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, este portavoz entiende que no es necesario votar las enmiendas in voce que ha presentado el señor Albendea a la exposición de motivos.


La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, se ha adelantado. Iba a hacer una precisión. Enmiendas in voce no caben en el Reglamento, sí caben correcciones técnicas, que en mi opinión es lo que ha planteado el señor Albendea, con lo cual se votaría el texto del dictamen con la corrección técnica incorporada.


El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rejón. (Pausa.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños. Vamos a iniciar la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión al proyecto de ley de medidas para la modernización del gobierno local. En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 128; en contra, 161; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Saura. En primer lugar la número 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 127; en contra, 161; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 3 y 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 15; en contra, 163; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 14; en contra, 256; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 7 y 8.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 110; en contra, 162; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar las números 53 y 63.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 13; en contra, 256; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 47, 50 y 51.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 13; en contra, 163; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 48.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 128; en contra, 160; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 59 y 60.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 126; en contra, 163.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 108; en contra, 161; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Núñez Castain. En primer lugar las números 73 y 77.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 108; en contra, 161; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 72, 75 y 76.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, cinco; en contra, 164; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, tres; en contra, 256; abstenciones, 30.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas firmadas por el señor Aymerich. En primer lugar, las números 79, 80, 83, 84 y 86 a 88.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 108; en contra, 160; abstenciones, 21.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 81 y 89.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 32; en contra, 257.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 15; en contra, 255; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Al haber sido retiradas las enmiendas de Coalición Canaria, iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar la número 134.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 32; en contra, 253; abstenciones, tres.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 125, 127 a 129, 132, 135, 138, 140 y 142.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 33; en contra, 164; abstenciones, 94.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 125; en contra, 163; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las números 14, 15, 17, 19, 21, 36 y 90.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 14; en contra, 256; abstenciones, 20.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 9, 27, 31 y 104.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 14; en contra, 165; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 33 y 34.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 125; en contra, 163; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 110; en contra, 162; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos la número 259.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 28; en contra, 164; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 260, 261, 263, 272, 273, 276 y 277.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 121; en contra, 161; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 267 y 268.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 27; en contra, 257; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 271 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y a la enmienda 211 del Grupo Parlamentario Socialista, ambas relativas al artículo 70 bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 278,del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y 258, del Grupo Parlamentario Socialista, relativas ambas a la disposición derogatoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 286; en contra, dos; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 29; en contra, 254; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda 255, de creación de una nueva disposición transitoria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 260; abstenciones, 29.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas números 212, 250 y 256.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 127; en contra, 162; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 93; en contra, 164; abstenciones, 33.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar dentro del artículo 1, de modificación de la Ley 7/1985, votamos los artículos 18, 20, 70, 70 bis), 85, 85 bis), 85 ter), 117, 121.3, 122.5, 124, 126.4, 127.1, 128, 130, 134.3, 136.3, que se corresponde con el antiguo 135.3, así como las disposiciones adicionales séptima y duodécima.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 164; en contra, dos; abstenciones, 125.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Votamos el resto del dictamen con la corrección técnica a la exposición de motivos, a los párrafos segundo y octavo del apartado 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 256; en contra, tres; abstenciones, 31.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. (Número de expediente 121/000171.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de comisión del proyecto de ley por el que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Voy a defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto las dos enmiendas que el Bloque Nacionalista Galego mantiene vivas y que desde nuestro punto de vista permitirían mejorar el texto del proyecto de ley.(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich. (Pausa.) Adelante, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: En primer lugar la enmienda al apartado 2 del artículo 4 está justificada porque no nos parece oportuno fijar legalmente las limitaciones a la transferencia de pre-embriones por cada ciclo. Nosotros optaríamos por establecer unos límites de forma flexible en función de la evolución de las técnicas de reproducción asistida. Es una cuestión que se ha de resolver en la ley y no dejarla abierta para ulteriores desarrollos reglamentarios. En el Bloque Nacionalista Galego compartimos la preocupación por evitar embarazos múltiples por el bien de los fetos y por el bien de la propia mujer embarazada, pero esta preocupación y este coto a los embarazos múltiples puede lograrse también limitando, incluso de forma estricta, la implantación de embriones en el útero materno, tal como está previsto en el apartado 3 del artículo 4.
Sería suficiente limitar el número de embriones fecundados a transferir a la mujer, pero no nos parece aconsejable limitar de forma estricta la transferencia de pre-embriones en cada ciclo. Es uno de los aspectos que aviva la polémica en el proyecto de ley, que ha producido críticas por parte de asociaciones de personas afectadas por la infertilidad y que, como consecuencia, puede obligar a aumentar los intentos de embarazos, causando más perjuicios a la pareja o a la mujer que desea tener hijos, además de encarecer sustancialmente unas técnicas que están, no lo olvidemos, financiadas también por la sanidad pública. Nos parece que la atención a legítimos prejuicios o creencias religiosas o éticas, en todo caso legítimas en cuanto que personales, no puede imponerse al conjunto de la sociedad a través de este precepto.


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En segundo lugar, mantenemos nuestra enmienda de modificación al apartado tercero del artículo 11, porque, a pesar de que el proyecto de ley resuelve el problema provocado por la existencia de un número considerable de preembriones crioconservados, sin embargo, no resuelve el problema de los preembriones crioconservados que puedan producirse una vez que entre en vigor la ley. Se permite su conservación por un período superior al vigente -es decir, a lo largo de toda la vida fértil de la mujer, y no por cinco años-, pero sólo se permite como alternativa la donación para fines reproductivos. En coherencia con la disposición final primera, nosotros creemos que se debe contemplar para el futuro, al lado de la alternativa de la utilización de estos preembriones crioconservados para fines reproductivos, la utilización de los mismos para investigación científica, siempre, claro está, bajo un riguroso control público y dentro de los límites fijados por el Convenio de Bioética de Oviedo.


De nuevo, reitero lo que dijimos al justificar la enmienda anterior. Nos parece que las legítimas creencias -en cuanto que individuales y personales de parte de los diputados del Grupo Parlamentario Popular- no pueden imponerse al conjunto de la sociedad y no pueden condicionar soluciones que en el resto de Europa y del mundo están ampliamente aceptadas, eso sí, bajo un riguroso control público y cumpliendo rigurosamente las prescripciones de instrumentos internacionales de los que el Estado español es parte.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, con su venia.


Señorías, señora ministra de Sanidad y Consumo, mi grupo mantiene vivas cuatro enmiendas para este trámite, de las que señalaré su significado fundamental, especialmente de dos de ellas, todo ello encuadrado dentro de un escenario del texto general de este proyecto de ley, por el que quiero felicitar a la señora ministra ya que ha dado este impulso a la situación derivada de la vigente Ley 35/1988, de técnicas de reproducción asistida, situación que tenemos que corregir. Mi grupo va a votar favorablemente esta ley, reservándonos para trámites posteriores en el Senado la reiteración de aquellas enmiendas que no fueran aceptadas, porque entendemos que algunas de ellas enriquecen, perfeccionan y completan otras cuestiones, incluso ajenas al mundo de la sanidad, como pueden ser los seguros, dándoles plenas garantías. Nos congratulamos de este proyecto de ley y, aunque posiblemente no hayamos alcanzado el techo deseado, en términos generales significa un avance significativo y, como tal, comparado con la situación actual, merece nuestro apoyo y valoración política positiva.


La enmienda número 6, dirigida al artículo 4.3 de la vigente Ley de técnicas de reproducción asistida, nos lleva a proponer la fecundación de un máximo de cinco ovocitos. Hemos buscado una cifra prudente para respetar lo que la señora ministra nos dijo en los debates de totalidad, que nosotros compartimos, de que hay que evitar que el fenómeno pernicioso que tenemos actualmente de 40.000, 80.000, 100.000 ó 200.000 preembriones congelados no lleve a la destrucción de los mismos, pues sería una especie de holocausto de estas células fecundadas. Sin embargo, también la prudencia de todas las clínicas que vayan a ejercer todo este principio de reproducción asistida se tiene que ver inmersa en la realidad. Actualmente, según las clínicas y centros que hemos consultado, se vienen manejando cifras de un 75 u 80 por ciento de éxitos en esta fecundación, pero hay un 20 ó 25 por ciento de fracasos, que hacen necesario un segundo tratamiento, una reimplantación. Sabe la señora ministra que estos tratamientos, sobre todo en el sector privado de la medicina e incluso en el sector público, no son baratos. Los tratamientos hormonales de preparación de todo el aparato reproductor femenino, de todo el asentamiento del nuevo embrión que va a tener acomodo en todo el período de gestación y todos los prolegómenos de la reproducción asistida tienen un encarecimiento evidente.


Puede ocurrir también que alguna clínica, con un sentido pragmático, teniendo que fecundar tres, fecunde cinco, seis o diez. Así tendrá siempre una rueda de repuesto, una bolsa de reserva para recurrir y sin incrementar los costes. Nosotros estamos de acuerdo con el apartado 2 cuando dice que solo se autoriza la implantación de un máximo de tres preembriones en una mujer en cada ciclo, pero nos permitimos enmendar el apartado 3, proponiendo que no sean tres, sino cinco ovocitos. Esto es por una cuestión de sentido común pragmático de lo que van a hacer los ginecólogos. Las preguntas formuladas por mi grupo y por mí mismo a expertos en reproducción, ginecólogos, catedráticos de ginecología, nos han dado la razón en este sentido. Nos gustaría, por tanto, que la ley pudiera siempre reflejar la realidad pragmática del hecho que se quiere legislar y regular.


La enmienda número 7 se ocupa de los embriones supernumerarios. El texto del proyecto del Gobierno se puede adelantar, de ahí nuestra enmienda. Es una enmienda más polémica, porque hace referencia a la utilización con fines de investigación, pero no son ajenos a la solución que, acertadamente, ha dado la señora ministra, a la actual situación del embalse de embriones precongelados, que puede tener alternativas, que nosotros vamos a apoyar porque es una de las partes nucleares de este proyecto de ley, en el sentido de que la voluntad de los progenitores, de la pareja, es la que decide, si se ceden, si se trasladan, si se utilizan de otra manera. Esta es una de las partes, señora ministra, más importantes y positivas y le reitero nuestro reconocimiento en ese punto de la ley.


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La enmienda número 8 no tiene nada que ver con la sanidad, pero sí es importante desde el punto de vista profesional. El texto del proyecto del Gobierno endosa a no se sabe quién, si al centro, a la clínica, al hospital o al profesional que realiza el acto médico de la reproducción asistida, le exige -según el texto del proyecto- una póliza de seguros.
Posiblemente esto no es competencia del Ministerio de Sanidad, será del Ministerio de Economía donde está ubicada la Dirección General de Seguros. Sabe la señora ministra que uno de los aspectos que se ha ido normalizando en España gracias a las mutuas ha sido el seguro de responsabilidad profesional de los médicos, igual que en otras profesiones, como arquitectos u otros profesionales. Sin embargo es en el campo de la medicina donde se ha tenido más en cuenta a la vista de las cuantías de las sentencias judiciales, a las que un profesional de la medicina no podía hacer frente con su economía -sobre todo los anestesistas que era la clase médica profesional más castigada por demandas de juicios en responsabilidad civil y criminal- y la organización medica colegial y las mutuas han tenido que dotar a los médicos, porque el acto judicial no ha buscado la responsabilidad de las clínicas, sino de los profesionales de le medicina, que han tenido que blindarse con la póliza de responsabilidad civil y criminal. Las compañías de seguros para que acepten eso de las mutuas tienen que encontrarse con una masa de suscriptores de las pólizas de seguros que les permita hacer la cobertura correspondiente. Sin embargo, igual que hay compañías de seguros que se niegan en este momento, por alto riesgo, a asegurar, por ejemplo, a los jóvenes que conducen motos por la altísima siniestralidad, aquí nadie sabe qué puede pasar con estas reclamaciones.
El texto del proyecto del Gobierno hace referencia a una póliza de seguro, no distingue si es un seguro de responsabilidad civil, criminal, quién es el que tiene que sustentar la responsabilidad administrativa de la póliza, si es la clínica, si es el centro o es el profesional. Nos tememos que, tal y como viene desarrollándose actualmente la situación, cuando hay una demanda civil o criminal, no carga el juzgado sobre la clínica, carga sobre el profesional, que es el que tiene en este momento la póliza de seguro. Se ha propuesto un aval bancario u otra garantía equivalente en este sentido, dado que el texto del Gobierno dice únicamente que tendrán que tener un seguro o instrumento equivalente y no distinto. Le rogaríamos que esta cuestión se estudiara, ofreciendo una garantía a los profesionales médicos para saber sobre quién va a recaer la responsabilidad, civil o criminal, ante una demanda judicial que una pareja, sometida a reproducción asistida, pueda cargar, si es el centro o si es el profesional y se diga si la póliza es de responsabilidad civil o criminal.


La enmienda número 10 trata de poner orden en algo que consideramos que está indeterminado, y viene a decir lo siguiente: Con la finalidad de controlar la existencia y utilización de preembriones, se crea un censo de embriones crioconservados, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, al que tendrán acceso las comunidades autónomas y los centros de reproducción. Presentamos esta enmienda, señora ministra, porque aunque el artículo 11.4 del proyecto de ley tiene un texto que no consideramos necesario enmendar, tiene relación con esto y es necesario concretar la seguridad jurídica. Si no se acepta aquí, presentaríamos la enmienda en el Senado, para, repito, concretar la seguridad jurídica de la ley. El artículo 11.4 dice: Antes de iniciar un tratamiento de reproducción asistida será necesario comprobar que la pareja, o la mujer en su caso, no tenga preembriones crioconservados en algún centro nacional de reproducción asistida. Es decir, la ley impone que entonces no se podrá iniciar un nuevo tratamiento. En ese caso, si una mujer va a una clínica de Santa Cruz de Tenerife a hacer este tratamiento, ¿quién comprueba que no tiene una donación hecha a una clínica de Barcelona, de Galicia o de cualquiera de las provincias españolas que tenga una clínica de este tipo? Digo esto porque algunos profesionales ya nos han dirigido consultas al respecto. ¿Quién comprueba? ¿Comprueba el ginecólogo? ¿Comprueba la clínica donde presta su asistencia? Quien debe tener el registro es el Ministerio de Sanidad. Por tanto, que la clínica se dirija al Ministerio de Sanidad, que es quien tendrá el censo de todos los centros que realizan reproducción asistida en España, porque no podemos decir a un médico, a un ginecólogo, a un técnico de la medicina o a una clínica u hospital determinado que empiece a consultar, en las páginas amarillas, todas las clínicas de España que hacen reproducción asistida.
Es mucho más lógico que el Ministerio de Sanidad se encargue de esto; que se cree -que es lo que proponemos en nuestra enmienda- un censo de embriones crioconservados dependiente del Ministerio de Sanidad. Eso les permitirá tener un control eficaz y podrán responder al segundo preguntas parlamentarias. Por, ejemplo, ¿cuántos centros de reproducción asistida hay en España? Pues se va al censo y, además, que en ese censo estén los datos de las parejas o de las mujeres que han hecho un depósito. Esa es la comunicación importante y no sólo el número de clínicas, porque el problema surge cuando esa mujer quiere cambiar de clínica por las razones que sean, por razones de destino, de trabajo, de viaje, porque el primer tratamiento en la provincia A no dio resultado y le han dicho que en la provincia B hay un centro mejor, que el ginecólogo de esa provincia tiene mayor porcentaje de éxito en las implantaciones, que es algo que ahora se está valorando mucho. Hay mujeres que se desplazan por el territorio nacional, precisamente buscando aquellos centros que ofrecen un mayor porcentaje de éxito en las implantaciones de embriones para la reproducción asistida.


La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le ruego que concluya.


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El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señora presidenta.


Nuestra enmienda pretende que se aclare quién comprueba que una mujer he hecho un depósito en una determinada clínica. Esto no es un problema sanitario, sino un problema puramente técnico y censal, que no se ha tenido en cuenta en el proyecto de ley y es necesario corregirlo.


Por estas razones, y haciendo una valoración positiva -termino como empecé- de este proyecto de ley, hemos presentado estas enmiendas, puramente constructivas, con lo que puedan tener de discusión en caso de fecundación de más o menos ovocitos, pero en ningún caso con una intencionalidad aviesa, sino en la línea de progreso de este encomiable proyecto de ley, que vamos a votar favorablemente.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, mi grupo le felicitó expresamente por haber traído a la Cámara este proyecto de ley, que entendíamos realmente necesario en lo que hace referencia a los avances científicos -así se lo decía yo porque la Ley 35/1988 había quedado obsoleta-, y también en cuanto a qué se podía hacer con el elevado número de preembriones humanos sobrantes, cuyo destino, según recomendaban instancias científicas y de todo orden, debía ser legalmente precisado, aun con todas las cautelas y con toda la prudencia que se quiera. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

La querencia del proyecto de ley tiende a evitar los embarazos múltiples, y así lo dice. En cuanto a este fin, ya le manifesté -y se lo hacemos notar también por medio de alguna de nuestras enmiendas- que no nos parecía útil el texto de lo que se acuerda, y por eso la formación política a la que represento se mantuvo en la obtención de las dos primeras finalidades. Pretendíamos, señora ministra, señorías, una regulación completa -sustantiva-, y no excepcional como la pretende el proyecto de ley. Si se van a regular las posibilidades de investigación, hágase con carácter genérico, y no sólo para los que ahora están en una circunstancia determinada. Por nuestra parte, modificábamos el proyecto de la ley, y no queríamos excepcionar el régimen vigente para un tiempo determinado -insisto-, como tímidamente hace el proyecto, sino establecer un régimen general de aquí y en adelante. Por ello, modificábamos más preceptos de la ley de los que el proyecto incluye, y coincidíamos con otras formaciones políticas -creo que con todas, excepción hecha del Partido Popular- en que no se debía limitar a tres el número de ovocitos que puedan ser fecundados y posteriormente implantados, ya que ello iba a suponer, en la práctica, una merma sustancial del éxito reproductivo y un notable encarecimiento del coste de cada embarazo, y le dábamos las razones; lo hice en el debate de totalidad, lo apunté después en la Comisión, y consta en la justificación de la enmienda.


Frente a esto quiero manifestarle ahora otra inquietud. El artículo 4 de la ley dice efectivamente lo que dice, pero, si uno hace caso de noticias que salen en los medios de comunicación y que se residencian como fuente la Comisión de Reproducción Asistida, parece que después, por vía reglamentaria, podrían excepcionarse algunos supuestos, lo que permite el propio tenor del artículo 4, que dice: Se fecundará un máximo de tres ovocitos, salvo en casos en lo que lo impida la patología de base de los progenitores. Si con base en esta excepción que la ley prevé se van a establecer hasta 23 excepciones -se decía-, a nosotros nos puede parecer bien puesto que pretendemos una normativa más amplia, pero también nos parece que es hacer trampa. Creemos que, en una ley de esta entidad, esto debe estar en la norma: la ley debe tener en sí misma la exacta realidad de lo que permite y de lo que prohibe. No hagamos ahora un guiño -para conseguir una mayoría suficiente- diciendo una determinada cosa, para luego llegar, por medio del reglamento, a lo que a otras formaciones políticas, como la mía, les parecería más justo o equitativo que se hiciera desde el momento presente. Se lo manifiesto para que así conste y para que se tenga en cuenta la percepción de la formación política a la que represento.


Nos parece que es un contrasentido de difícil explicación autorizar la posibilidad de investigar con los preembriones crioconservados hasta la entrada en vigor de la ley, y negar tal posibilidad a partir de ese momento; por eso pretendemos modificar el artículo 11.3, suprimiendo la modificación que el proyecto prevé. Nos parece que, salvados los obstáculos de tipo ético que puedan defender determinadas personas, tan preembriones son los unos como los otros, por lo que no tiene justificación la utilización de criterios diferentes para el mismo problema, restringiendo de manera arbitraria y contradictoria las posibilidades de investigación, que podrían luego brindar soluciones a serios problemas de salud. El número de preembriones disponibles para la investigación disminuirá notablemente, y, abierta la puerta a la posibilidad de investigar, sería un contrasentido cerrarla luego. En ese momento, se habrían agotado también las posibilidades de áreas importantísimas de la biomédica, que ahora -y sólo de forma temporal, al parecer- pretende autorizar el proyecto.


Intentamos modificar sin éxito el artículo 15, diciendo cuál podría ser la investigación y el destino de los preembriones crioconservados de manera exhaustiva, de la misma manera que el artículo 16, y se estableciera ya en el texto de la norma -nosotros, sí, de manera exhaustiva- todo lo que la ley debería o podría autorizar,

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desde nuestra perspectiva. Esta postura, que entendemos sensata, coincide básicamente con lo manifestado por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de modo que, en lo científico, sólo la formación mayoritaria se queda en un planteamiento tan corto como el que, en definitiva, el proyecto de ley acaba estableciendo.


La otra gran parte que regula el texto, y a la que iba dirigido el grueso de nuestras enmiendas, hace referencia a las competencias o a la articulación, desde el punto de vista de la distribución territorial, de lo que en la ley se establece como posibilidad. La sola lectura del tenor de nuestras enmiendas evidencia que no nos parecía correcto que la redacción de los preceptos llevase a la paradoja de que un único organismo autónomo dependiente del ministerio sería el encargado de gestionar -es gestión, señora ministra- la política de trasplantes de órganos, tejidos y células de origen humano, echando por tierra no sólo la organización actual en materia de trasplantes -organización actual en materia de trasplantes que funciona bien y no vemos por qué habría de alterarse- sino que además sería invasión competencial dado que los estatutos de autonomía atribuyen en distinto nivel competencias de esta materia a las comunidades autónomas. Aparte, y desde ámbitos científicos, se nos dice que dejadas de lado incluso cuestiones competenciales existen poderosos argumentos técnicos y prácticos que avalan la necesidad de una descentralización en la generación y gestión de las líneas celulares y en la investigación que de ellas se deriven.


Señora ministra, leído el tenor literal de lo que como texto del dictamen es la disposición adicional única, nos parece que hay algunos guiños a las comunidades autónomas, pero guiños -en comisión utilicé la expresión- que nos convierten poco más que en correo del zar: recogemos información, la llevamos al ministerio, de allí la llevamos... Realmente competencias auténticas que ya en este momento se vienen realizando desaparecen con lo que se ha articulado en esta disposición adicional. El promover y el impulsar, el promover y coordinar o el asesorar al ministerio, coordinar y gestionar la política de trasplantes figuran con determinada frecuencia en los fines generales del Centro Nacional de Trasplantes. Le insisto en que no se trata sólo de coordinar, promover e impulsar, sino que en los apartados a) y f) se hace específica referencia a gestionar. Se dice que en colaboración con las comunidades autónomas, pero la gestión corresponde a las comunidades autónomas y nada empeoraría el funcionamiento puesto que en este momento, insistimos, está funcionando con esta idea de descentralización y existen además diversas posibilidades desde distintos centros territoriales de generación y gestión de líneas celulares, lo cual nos parece que es hasta ahora un avance que la ley va a cortocircuitar. Avanza muy poquito en lo científico y casi nada o incluso recorta en lo autonómico. Señora ministra, le felicitamos por haber traído el proyecto de ley a la Cámara, pensábamos que en su paso por ella habría algún avance en lo científico, que ha quedado realmente corto, y aunque consideramos que sí es un avance en relación con la normativa vigente, en lo autonómico ha quedado muy, muy corto para nosotros, señora ministra. No me queda otra opción que manifestarle que desde la perspectiva de la formación política a la que represento hemos desaprovechado una ocasión. Señora ministra, desde nuestra perspectiva, ocasión perdida.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, voy a comenzar casi donde ha terminado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Este proyecto de ley a su paso por esta Cámara ha vuelto a ser una vez más una pérdida de la oportunidad que se nos brindaba de hacer una regulación acorde con las necesidades no solamente de las parejas que sufren infertilidad, sino acorde también con las necesidades de investigación y desde luego con la necesidad de nuestro país en esta materia.


El texto a su paso por la Comisión y por la ponencia ha sufrido alguna mejora en cuanto a coordinación con las administraciones autonómicas, pero lo que este texto realmente tenía que solucionar aquí, que era el tratamiento que se iba a dar a los preembriones criocongelados y acerca de cuáles iban a ser los tratamientos posteriores que se iban a producir, si tenemos en cuenta el artículo 4, que es al que mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda, el texto que hoy estamos aquí debatiendo mantiene los mismos problemas que ya se denunciaban en el debate de totalidad hace un par de semanas. Del artículo 4 no se ha tocado ni una coma y es precisamente el que a nosotros nos llevó a votar a favor de la enmienda a la totalidad. Igualmente es tanto la no modificación del artículo 4 como del artículo 11.3 lo que nos lleva a abstenernos en la votación global del texto que ha traído a esta Cámara el Gobierno. Si bien compartimos la necesidad de que las mujeres que se someten a un tratamiento de fertilidad no sufran embarazos múltiples y si también estamos de acuerdo y tenemos el mismo planteamiento en cuanto a que no tenemos por qué producir una cantidad ingente de preembriones criocongelados, también es verdad, señora ministra -ya lo dijimos en nuestra intervención inicial- que no podemos mantener dentro de un texto de las características de éste unas condiciones para algo que ya tenemos ahora porque nos soluciona un problema y después acotar la posible investigación o impedir esa investigación en el texto que ustedes traen hoy aquí.


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Las enmiendas que presentó mi grupo parlamentario iban en la línea de lo que ustedes van a hacer después en el mes de noviembre, pero no en el texto legislativo sino a través de un protocolo. Señora ministra, creemos que esa no es la forma de funcionar; hay que dar seguridad jurídica no solamente a las parejas sino también a los investigadores y, por qué no, a los médicos que se dedican a este tipo de actuaciones, a los que ustedes van a poner en una disyuntiva difícil. Entendemos que ustedes pretendan dar satisfacción a todas las sensibilidades que se pueden mover en torno a su partido, pero hay que dar satisfacción también a las sensibilidades que se mueven en la sociedad y eso no es lo que está haciendo el texto que hoy van a aprobar aquí.


De ahí, señora ministra, que hayamos mantenido las dos enmiendas.
Solamente habíamos presentado dos con la intención de no entrar en otros aspectos que pudieran resultar más conflictivos y dar salida de una manera consensuada al texto que había traído el Gobierno, porque solamente existen esos dos problemas: el del artículo 4, en cuanto a la restricción que ustedes plantean para la transferencia de los preembriones y para la fecundación de los ovocitos, y el del artículo 11, en cuanto a la imposibilidad que están planteando ustedes de que si se producen preembriones que no puedan tener un uso para la fertilización, ya sea de la pareja donante o para otro tipo de parejas, vayan a ser destruidos. Se van a producir, señora ministra, y entonces, ¿a qué vamos a esperar, a que cuando tengamos otra vez el mismo problema que ahora haya que volver a modificar la ley y pasarnos años discutiendo si tenemos que modificar o no? Señora ministra, habría que dar la solución en este momento porque la investigación también lo necesita. En mi intervención anterior ya le dije que ustedes plantearon la solución a un problema, no la solución a la investigación en nuestro país, que es la perspectiva desde la que nosotros lo planteamos, sin pretender generar más preembriones que los necesarios para su uso real, que es para las parejas, pero tampoco, señora ministra, impidiendo que si se produce se pueda seguir investigando en un futuro.


De ahí, repito, que mi grupo se abstendrá en la votación final. Esperemos que se vea la sensatez de la que usted hace gala y que en el Senado sean ustedes capaces de modificar los aspectos más negativos que se siguen manteniendo en el texto que hoy van a aprobar.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señorías, paso a defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al proyecto de ley por el que se modifica la Ley de reproducción asistida. Al defender nuestras enmiendas, lógicamente por comparación, nos posicionamos respecto al texto presentado por el Gobierno. Lo hizo ya mi compañero, el diputado Jordi Martí, con motivo del debate de totalidad que se celebró el pasado día 25 y lo hago ahora yo, tras haber formalizado el trámite de ponencia.


Lo primero que quiero dejar claro antes de entrar a analizar las objeciones que tenemos al texto es que la ley era necesaria y, por consiguiente, más tarde o más temprano, inevitable. La exposición de motivos de la Ley 35/1988 ya recogía que los avances científicos cursan generalmente por delante del derecho, que se retrasa en su acomodación a las consecuencias de aquéllos y que este asincronismo entre ciencia y derecho origina un vacío jurídico respecto a los problemas concretos, que debe solucionarse para no dejar a los individuos y a la sociedad misma en situaciones determinadas de indefensión. A esta cita concreta se refiere el proyecto de ley elaborado por el Gobierno para motivar su presentación. Han transcurrido quince años desde la promulgación de la Ley de reproducción asistida y la ciencia ha superado las previsiones de la misma. Se han evidenciado limitaciones en la norma que han ido derivando en situaciones de inseguridad jurídica y también en problemas de calado ético y sanitario. Por consiguiente, tal y como decíamos quince años atrás, podemos afirmar una vez más que la ciencia ha cursado por delante del derecho. Por este motivo mi grupo parlamentario, tal y como he dicho al principio, afirma que la presentación del proyecto de ley es una acción en sí misma positiva, porque quizás incluso es lógico que en estos temas la ley vaya por detrás de la ciencia, pero lo que no puede ser norma es mantener la ley al margen de la realidad. En definitiva, señorías, esto sería legislar a espaldas de la sociedad.


Decía la señora ministra de Sanidad, según consta en el "Diario de Sesiones", con motivo del debate de totalidad del pasado día 25, que la ley tiene dos objetivos principales: el primero, evitar las gestaciones múltiples y mejorar cada una de las fases del proceso de reproducción asistida; el segundo, resolver el problema de la actual acumulación de los embriones crioconservados, dando una solución ética y abierta a las nuevas líneas de investigación que contribuyan a aliviar el sufrimiento y a mejorar la salud de muchos miles de enfermos que hasta ahora no tienen solución y que tienen puestas en la investigación sus esperanzas de mejora.


Mi grupo, señora ministra, comparte también los objetivos que usted enunciaba, compartimos los dos. Otra cuestión es que pensamos que, tal y como está el proyecto, el orden de prioridades del Gobierno parece ser más el de solucionar la acumulación de embriones sobrantes que el de mejorar las técnicas de reproducción asistida. Estamos completamente de acuerdo en que es necesario resolver la acumulación de embriones sobrantes, estamos de acuerdo, pero la no acumulación debe ser compatible con la mejora de las técnicas de

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reproducción asistida y además debe permitir la investigación bajo normas de estricto control. Estas objeciones mi grupo las ha plasmado en enmiendas, en concreto hemos presentado 13, ninguna de las cuales ha sido aceptada ni transaccionada, a pesar de que el informe de la ponencia diga lo contrario de manera incomprensible. La falta de acuerdo de transacción es siempre empobrecedora. Aunque la ley prospere porque el Grupo Popular tenga mayoría absoluta, es absurdo, desde nuestro punto de vista, que una ley que ya llega un poco tarde encima prospere sin incorporar ninguna de las objeciones presentadas por los grupos parlamentarios que, para más inri, muchas son coincidentes, ya que, aun con redacción distinta, persiguen el mismo fin.


Podríamos sintetizar nuestras principales discrepancias, que se encuentran en las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) números 35, 37 y 40, pues las otras, sin menoscabar su significado, derivan de estas que enuncio. La enmienda número 35 pretende modificar el artículo 4, apartado 3, que es el que, como SS.SS. conocen, limita el número de ovocitos a fecundar. Mi grupo defiende que, a pesar de la salvedad que incorpora la ley en el sentido de la precaución de abrir la puerta en los casos en que la patología de base de los progenitores lo impida, sería mucho más ajustado determinar el número de ovocitos a fecundar a partir del consenso entre el equipo médico y la pareja, o la mujer en su caso, de manera que sea asumible dentro de su proyecto reproductivo y evite en lo posible la gestación múltiple, la práctica de la reducción embrionaria y la generación de embriones sobrantes.


La limitación a tres del número de ovocitos a fecundar no tiene en cuenta el carácter impredecible del proceso de fecundación y puede comportar una reducción en la tasa de embarazo. Opinan muchos expertos de reconocido prestigio que para obtener los tres embriones a implantar hay que partir de un número superior de ovocitos a fecundar. De no ser así, el porcentaje de éxito en la consecución de embarazos puede verse reducido a la mitad. Esta situación, el no éxito, obligaría a la mujer a someterse a repetidos procesos de estimulación ovárica, proceso que, no debemos olvidar, tiene un coste físico y psíquico alto, a la vez que esta limitación incrementará el coste económico de la reproducción asistida para conseguir un embarazo y también incrementará las listas de espera.


La enmienda número 37 hace referencia al artículo 11.3, que fija que la única alternativa -y subrayo única- cuando, a pesar de las limitaciones previstas en el artículo 3.4, se hayan generado embriones sobrantes -en el texto llamados supernumerarios- es que serán crioconservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, para que puedan ser transferidos en intentos posteriores o donados a otra mujer o pareja con fines reproductivos. Nosotros estamos de acuerdo, pero no entendemos la prohición, si la mujer o pareja no estipula lo contrario, para que también el destino de estos embriones pueda ser la investigación. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Señora ministra, ¿cuál es el criterio ético, científico, incluso, si se me permite, lógico, de sentido común por el que se establecen categorías de embriones diferentes entre los ya existentes y los posibles después de la reforma de la ley? ¿Qué razón puede sustentar, aunque sea invocando principios morales, que uno sí y los otros no? Los principios son principios, con los embriones de antes y con los que pueden generarse después. No nos engañemos. Esta ausencia, la de permitir, también bajo estricto control, la investigación en su caso con los posibles embriones excedentes tras la reforma de la ley, volverá a generar otro vacío legal.
Seguramente sobre menor número del actualmente existente, como consecuencia de la aprobación de esta ley, pero negar que volverá a haberlos no es evitar un problema, es simplemente no querer verlo, es ponerse la venda ante los ojos.


Por último, quiero incidir de manera muy especial en el aspecto competencial de la reforma de la ley. Señorías, les he manifestado que mi grupo lamentaba no llegar a acuerdos, a transacciones respecto a las cuestiones que antes he referido, básicamente las relativas a los artículos 4.3 y 11.3, pero la disposición adicional única del texto, la que define la creación del centro nacional de transplantes y medicina regenerativa, supera todas las críticas o matices que hasta ahora haya podido explicar. Esta disposición es una agresión, es regresiva, centralista, excluyente, es para nosotros vergonzante. Lo digo así de claro: vergonzante. Nos duele que proceda de un Gobierno que tiene una ministra de Sanidad que conoce perfectamente la trayectoria, el compromiso y la seriedad de las comunidades autónomas en materia de investigación, el nivel ampliamente demostrado de Cataluña y, por descontado también, del resto de comunidades del territorio de España.


Mi grupo defiende en la enmienda número 40 la supresión de la disposición adicional única. El ejercicio de la competencia que el artículo 149.1.15.ª de la Constitución atribuye a la Administración general del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica no puede menoscabar las competencias que en materia de investigación hayan asumido las comunidades autónomas en virtud del artículo 148.1.17.ª. Para llevar a cabo esta grave conculcación de competencias, no cuenten con el apoyo de Convergència i Unió o la resignación de mi grupo parlamentario. Ni una cosa ni la otra.
Defenderemos nuestro derecho hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Constitucional. Esta disposición adicional única, a pesar de haber incorporado en ponencia en su apartado 2 la gracia -entre comillas-, la concesión de especificar que en el centro nacional de transplantes estarán representadas las comunidades autónomas, no nos satisface en absoluto. Sólo faltaría que en un centro nacional no estuvieran representadas las comunidades autónomas. Por favor, señora ministra.


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La creación de un centro nacional de transplantes y medicina regenerativa como organismo autónomo ministerial con competencias en materia de investigación, que a su vez constituye un banco nacional de líneas celulares a partir de las estructuras biológicas de la totalidad de los preembriones sobrantes crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, que en todo caso, según la disposición final primera, han de ser cedidos a este centro de nueva creación, supone dejar al margen del desarrollo de objetivos de investigación de fundamental transcendencia a las comunidades autónomas, al ser privadas de toda capacidad de intervenir en este ámbito con unidades propias creadas en el ejercicio de su potestad organizativa o autorizadas.


La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego que concluya, por favor.

La señora RIERA I BEN: Esta merma competencial incide también en las funciones autonómicas de acreditación de centros, servicios y equipos biomédicos relacionados con la donación y utilización de embriones o fetos y de aprobación de proyectos de investigación, al amparo de la Ley 42/1988, y no respeta las previsiones del bloque de constitucionalidad ni en materia de sanidad interior ni en materia de fomento de la investigación. Asimismo, por si faltaba algo...


La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego que abrevie y termine, por favor.


La señora RIERA I BEN: Abrevio.


La señora PRESIDENTA: Ha sobrepasado su tiempo con exceso.


La señora RIERA I BEN: Abrevio, señora presidenta, pero es que esta parte es muy importante.


La señora PRESIDENTA: Yo lo entiendo, señora Riera, pero lleva consumidos casi tres minutos más del tiempo previsto.


La señora RIERA I BEN: Abrevio, señora presidenta. Gracias.


Por otra parte, la atribución al centro nacional de transplantes y medicina regenerativa de las funciones de gestión de política de transplantes y órganos -lo digo de forma abreviada- es una conculcación sobre otra conculcación. En este sentido, quiero recordar, señora ministra, y usted lo sabe, que en el proceso de elaboración de la normativa reglamentaria de transplantes de órganos participaron las comunidades autónomas conjuntamente con los profesionales de distintos ámbitos, llegándose a un acuerdo con un gran consenso que ahora ustedes rompen.


Termino, señora presidenta, señalando que mi grupo parlamentario, como decía al principio, lamenta sinceramente que una ley que ha sido bien valorada como iniciativa legislativa no haya sido objeto de mayor consenso en los aspectos que regulan los criterios científico-éticos y al mismo tiempo denunciamos que, una vez más, aprovechando una iniciativa legislativa del Gobierno, se conculquen las competencias autonómicas. Y para dejar bien patente la vulneración competencial que señalo, mi grupo solicita que se vote de forma separada la disposición adicional única.
Por otra parte...


La señora PRESIDENTA: Señora Riera, le ruego que termine definitivamente.


La RIERA I BEN: Termino ya.


El discurso que he hecho en nombre de mi grupo parlamentario relativo a las enmiendas es totalmente compatible con una libertad de conciencia que, en un tema tan sensible como este, mi grupo suele dar a sus diputados.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Llegamos al final de este trayecto con una sensación compartida por todos los grupos y es que no ha habido consenso. Yo manifesté en Comisión que de la boca de la ministra en su intervención del día 25 de septiembre no salió la palabra consenso ni tampoco fue pronunciada por el Grupo Popular ni aparece en el "Diario de Sesiones". Reconocí y reconozco no sólo el buen trato, sino el deseo de avanzar en algún aspecto por parte del portavoz del Grupo Popular, el señor Mingo, pero hasta el momento sólo ha habido buenas palabras del Grupo Popular y un silencio absoluto del Gobierno. Eso sí, estoy satisfecho por el hecho de que entre los grupos de la oposición hayamos dialogado muchísimo más que con ustedes. Primera extrañeza al llegar a este punto en la tramitación del proyecto.


Características de la ley. Primero, se trata de una ley que viene con retraso. En los años 1998 y 2000 ya había informes de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, los cuales se guardaron en algún cajón del Gobierno del Partido Popular, no siendo usted, señora ministra, titular de la cartera, y se olvidaron. Y parece jocoso que usted manifestara el día del debate de la enmienda a la totalidad que no estaba de acuerdo con mirar hacia a otro lado cuando hay decenas de miles de embriones congelados y todos los días se generan más. ¿Es que el Gobierno no ha estado preocupado durante estos cinco años desde que tuvieron el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida? ¿Es que la preocupación ha surgido inmediatamente? No, es que no querían afrontar este problema. Por lo tanto, es una ley retrasada y en este sentido lamentamos

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el tiempo que se ha perdido en avanzar en aspectos como la investigación o el retraso que puede haber en la medicina reproductiva. En el fondo, hay un cierto -no me gusta la palabra hipocresía porque quizá suena algo fuerte- doblez en su discurso. Esta ley nace por el esfuerzo, sobre todo, de los ciudadanos y de la opinión que ha manifestado el millón y medio de ciudadanos que firmaron y presentaron al Defensor del Pueblo el deseo de que se regulara la investigación con células madre embrionarias; esfuerzo de una parte importante de la sociedad y de los grupos parlamentarios, de los cuales el Grupo Socialista no se excluye, sino todo lo contrario, pues hemos sido bastante tozudos para intentar avanzar. Y le reconoceré que se ha avanzado en temas como el de la investigación con células madre embrionarias. Pero, repito, este retraso no es justificable.


Además, es una ley silenciosa. Se ha pasado como de puntillas. No se lo tomen a mal, pero un Gobierno tan mediático como éste, al que le encantan las ruedas de prensa, ¿cómo puede explicar que en esta ley ni el Grupo Popular ni el Gobierno hayan hecho una sola rueda de prensa desde que empezó su tramitación? Puede haber tenido una repentina humildad franciscana y hacer que no se publicitara, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tienen problemas y uno de ellos es de equilibrio inestable. Nosotros ofrecimos la mano, ofrecimos el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y creo que de toda la oposición para avanzar en aspectos que permitieran hacer una ley lo más amplia posible. No ha sido posible y lo lamentamos.
Su manía, entre comillas, de no tocar ni un punto de la ley lleva a que no presentaran ninguna enmienda y a que en la exposición de motivos siga existiendo la referencia a un centro que no existe en la ley. Se habla del centro nacional de investigación celular y medicina regenerativa y resulta que es el centro nacional de trasplantes y medicina regenerativa.
No han tocado este aspecto ni siquiera para corregir las enmiendas, que más que enmiendas técnicas son lapsus, porque ése era el centro que había al principio. En cualquier caso, allá ustedes. Lo importante es que se aprueben aspectos fundamentales para la sociedad.


Mantenemos las enmiendas en cuatro grandes bloques. El primero es el de la medicina reproductiva. En el acta de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida que se adjunta a los diputados con el proyecto de ley se dice que se compatibilice el espíritu de la norma con el mantenimiento de la eficacia de la reproducción asistida. Es un documento oficial. La pregunta pertinente es: ¿Se mantiene la eficacia de la reproducción asistida? En nuestra opinión, no. En nuestra opinión se da un paso atrás, sobre todo por la limitación a la fertilización de tres ovocitos. El tema de los tres preembriones, como máximo número de implantación, no es algo que nos separara dramáticamente. Podríamos, incluso, estar buscando algún tipo de acuerdo en esa cuestión. En lo que no estamos de acuerdo es en la limitación de los tres ovocitos -lo dice la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida- porque creemos que no se debe de perjudicar el acceso de cualquier pareja que quiera tener hijos, y yo creo que esto lo dificulta. En este sentido, ustedes hacen lo que se llama el método Romanones: hagan ustedes las leyes que yo me reservo los reglamentos.
Buscan la excepcionalidad de la norma que, por los datos que tenemos, que obviamente no son oficiales, es muy amplia. Esta es la primera pregunta y tendrán que responderla aquí.


He leído declaraciones del subsecretario de su ministerio y de usted misma en el sentido de que se va a tener en cuenta y que se va a respetar lo que se aprobó en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida: esas excepciones. Está entrecomillado. O desmienten esas informaciones o aceptan lo que dice la Comisión. Si es así, daremos un paso adelante, y sería bueno que quedara constancia en sede parlamentaria. Porque ahí se contempla un número muy importante. Por ejemplo, mujeres mayores de 35 años, problemas en la función ovulatoria, endometriosis, etcétera.
Respecto a las mujeres mayores de 35 años, yo no podría decir el porcentaje, pero en algunos centros está cercano al 50 por ciento, porque se acercan más a los procesos de reproducción asistida las mujeres que tienen no sólo dificultades, sino una mayor edad y si se considera como excepción, estamos convirtiendo las excepciones en norma. Nosotros estamos de acuerdo. Lamentamos que no se pueda hacer con luz y taquígrafos aquí y anunciamos que en el Senado presentaremos una enmienda para que figuren como anexo estas excepciones dentro de las posibilidades que tiene una ley. En este sentido, sigue siendo un paso adelante, si ustedes respetan las excepciones que allí se han aprobado, pero necesitamos esa confirmación.


El segundo grupo de enmiendas tiene que ver con el tema de la investigación. Estamos de acuerdo fundamentalmente, puesto que estábamos en esa posición. La vamos a seguir manteniendo, naturalmente, y vamos a votar a favor de la disposición final primera, apartado 1, que regula la investigación con células madre embrionarias procedentes de embriones sobrantes de fertilizaciones in vitro anteriores a la ley. Lo que ocurre es que ustedes, con este problema que tienen de no saber hacia dónde moverse para mantener el equilibrio, siempre inestable, hacen algo que está fuera de toda lógica y del sentido común. Se permite la investigación con unos embriones, los de primera generación, llamémosles así, los antiguos, y no se permite con los de segunda generación, los nuevos. A partir de la ley, los embriones sobrantes -todos estamos de acuerdo en que se disminuya su número- no se van a poder utilizar. Desde el punto de vista ético -y se ha dicho desde esta tribuna-, desde el punto de vista jurídico, anuncio que habrá problemas jurídicos como alguien plantee el caso, porque hay sentencias del Tribunal Constitucional sobre el valor singular del embrión. Habrá problemas jurídicos, porque ustedes no pueden dividir los embriones en

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embriones de una clase y de otra. Ustedes van a mandar a aquellos que se generen y sean sobrantes a una especie de limbo jurídico, porque habrá menos, pero alguno sobrará y no va usted a obligar a todas las parejas -porque no es lógico, ni de sentido común- a que los cedan exclusivamente con fines reproductivos, porque hay parejas que no quieren que esos preembriones creados con sus gametos den lugar a seres humanos en el seno de otras parejas. Como no les va a poder obligar, siempre habrá un stock de esos embriones sobrantes, con lo cual no se resuelve el problema, sólo se atrasa en el tiempo. Por tanto, nos parece que es una ley de punto final para la investigación con embriones, que hay un doble rasero y que es una ley embudo, y no entendemos qué razones les llevan a hacer esto, a no ser que estén pensando que no sobre ningún preembrión, pero no lo pone así en la ley. Muchas veces se dice que no van a sobrar preembriones, pero la ley contempla que sobren; pues si sobran, esos tienen que tener el mismo trato, desde el punto de vista ético, jurídico y científico, que los embriones que ya sobran en la actualidad. Inexplicable.


Tercer aspecto: comunidades autónomas. Aquí se han dicho cosas muy sensatas. Ha habido no diría aproximación, pero sí algo de sentido común, en cuanto a que en el centro nacional estén representadas las comunidades autónomas. Sin embargo, esto nos parece insuficiente. Queda todavía por definir el marco de relación y cooperación institucional entre centros y administraciones. Estamos de acuerdo en que haya un marco general a nivel estatal, pero creemos que también hay que respetar lo que hagan las comunidades autónomas. Algo ha ocurrido desde que se presentó el proyecto de ley. El Parlamento andaluz ha aprobado ya un proyecto de ley que permite este tipo de investigación con células madre embrionarias, pero esto no se ha tenido en cuenta, no ha habido ni sensibilidad autonómica ni lógica científica en el planteamiento del Gobierno.


El cuarto bloque contempla aspectos que no se tratan, como incorporar a la cartera de servicios y garantizar la universalidad de las prácticas de reproducción asistida o como la importación y exportación de líneas celulares. Yo leí el acuerdo de la Comisión Europea en el que se permitía, con el voto de España, el estudio de células madre embrionarias humanas conservadas en bancos o aisladas en cultivo, que ahora se prohibe, porque no se aprueba una enmienda que hemos presentado y que es de sentido común. Por último, se contemplan también otros aspectos que tienen que ver con los bancos de sangre de cordón umbilical.


Termino muy rápidamente. Vamos a votar favorablemente, y hemos pedido votación separada, la investigación con los embriones sobrantes, es decir, la disposición final primera, apartado 1; vamos a votar en contra de las limitaciones, la de los ovocitos y las que tienen que ver con la investigación de los embriones sobrantes de segunda generación, y en el resto nos vamos a abstener. Reconocemos un paso adelante en temas de investigación, pero nos parece insuficiente, y denunciamos un retroceso en medicina reproductiva. Mi pronóstico es que estas modificaciones van a durar poco en el tiempo. Esto va a generar una situación nueva que habrá que abordar dentro de poco. En este sentido, una vez más, estoy satisfecho. Ya lo he dicho, los optimistas hemos ganado por lo menos la batalla de la investigación. Bienvenidos los que se hayan apuntado a esto, porque lo que importa es la sociedad, ese millón y medio de firmas y mucha más gente que lo quería. Quedan algo atrás los pesimistas, pero no renunciamos a convencerles, porque creo que tenemos razones de peso para mantener una posición como la que hemos mantenido.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, como ya ha quedado constancia a través de este debate y del que tuvimos en la Comisión de Sanidad la pasada semana, el Grupo Parlamentario Popular asume el texto presentado por el Gobierno para modificar la Ley de reproducción humana asistida sin necesidad de plantear enmienda alguna. ¿Por qué? Consideramos que se trata de un texto que compagina la prudencia y el rigor. Es un texto equilibrado que parte de la recomendación de los expertos y del análisis de la situación jurídica nacional e internacional, y que trata de respetar el carácter plural de nuestra sociedad. Es un texto que ha sido enriquecido con 10 enmiendas transaccionales con los diferentes grupos, gracias a las cuales ha mejorado la redacción y se han precisado algunos aspectos jurídicos relacionados con las comunidades autónomas. Junto a estas enmiendas quisiera decirle al señor Lissavetzky -podremos ver en el Senado la redacción del artículo 11.2 y de la exposición de motivos, en ese espíritu de diálogo que él no ha reconocido aunque el ministerio, la ministra y mi grupo parlamentario han tendido la mano- que ocho años después de que se aprobara la Ley en 1988 no se había constituido ni siquiera la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.


Partiendo de los puntos de encuentro, quiero centrarme en aquellos aspectos de la ley en los que no hemos llegado a acuerdos. Todos los grupos parlamentario hemos coincidido en la necesidad de reducir las gestaciones múltiples, la práctica de la reducción embrionaria y la acumulación de embriones sobrantes que no son luego transferidos a los progenitores. Por un lado, compruebo con satisfacción que todos los grupos aceptan sin objeciones el límite máximo a la transferencia de tres embriones por ciclo, que se ha establecido en la ley con el objeto de reducir la elevada tasa de embarazos múltiples y sus riesgos asociados.
Sin embargo, persisten

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las críticas al límite establecido en la fecundación de tres ovocitos por ciclo, sobre todo por miedo a la reducción de la eficacia de estas técnicas de fecundación in vitro y quizás por una percepción diferente de la gravedad de la situación actual de acumulación de miles de embriones.
Señorías, las técnicas de fecundación in vitro están mejorando de tal manera que se pueden ajustar cada día más los tratamientos, reduciendo los efectos secundarios sobre la mujer y sin necesidad de generar más embriones de los que la pareja haya asumido en su proyecto reproductivo.
Que sobren embriones no es un bien en sí mismo y que se queden sin transferir aún menos, es un efecto negativo que debe ser evitado en la medida de lo posible, que sólo puede ser admitido cuando sea médicamente necesario y también cuando exista un compromiso por parte de los padres para que sean transferidos. Creo que este es un principio sencillo de entender y fácil de compartir. Intuitivamente pienso que un embrión obtenido por fecundación in vitro está en su concepto en las antípodas de lo que es un hijo no deseado. Por eso, parece razonable que pidamos a los médicos que ajusten los tratamientos a las circunstancias peculiares de cada pareja, de tal forma que hagan posible que estas puedan cumplir con su compromiso de responsabilidad ante los embriones que de ella se obtengan.


Por este motivo la reforma establece que, en términos generales, sólo se podrá fecundar un máximo de tres ovocitos de una mujer en cada ciclo.
Señorías, no se trata de números mágicos. Se establece un número de tres, igual al máximo fijado en el proceso de transferencia, porque son límites que ya se están aplicando en otros países -Alemania, Austria y Suiza-, donde también se quiere evitar la acumulación de embriones sobrantes.
Además, es necesario tener en cuenta que estos límites se verán flexibilizados en los casos que sea necesario mediante el protocolo de excepciones que será desarrollado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en colaboración con la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
En los casos en los que se puedan producir embriones sobrantes que haya que crioconservar se hará por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, solicitándose a los progenitores la firma de un compromiso de responsabilidad sobre sus embriones. En el caso en el que no se pueda cumplir el compromiso, los embriones serán donados con fines reproductivos a otras parejas como única alternativa.


Hemos escuchado esta mañana que hay grupos que no entienden por qué se establece esta única salida, la reproductiva, a los nuevos embriones, sin permitir que se investigue con ellos e incluso se ha definido como un doble rasero ético, según sean nuevos o viejos embriones. Intentaré darles explicaciones convincentes para argumentar sobre este asunto. En primer lugar, debo recordar que la legislación española sólo permite generar embriones con fines reproductivos, esto es, para que nazca un niño. Este es el enfoque que da la mayor parte de los países del mundo y este es el criterio claramente definido en el Convenio de Oviedo: la protección de los derechos humanos y dignidad del ser humano en relación con la aplicación de la biología y la medicina. Dejar la puerta abierta a la investigación para nuevos embriones sobrantes no resulta coherente con el empeño de querer evitar que los haya, ni con el principio de que sólo se pueden obtener embriones con fines reproductivos. Esta decisión tiene un claro fundamento ético pero también jurídico y de sentido común. Los países que están permitiendo la investigación con embriones sobrantes han establecido fechas límites para la investigación con células madre de origen embrionario. El objetivo es evidente: eliminar cualquier incentivo a que no se ajusten los embriones obtenidos a los estrictamente necesarios para la reproducción. Pondré algunos ejemplos. Estados Unidos prohibió la financiación con fondos federales a proyectos de investigación que utilizaran células embrionarias obtenidas antes del 7 de agosto de 2001; Alemania también pone fecha, 1 de enero de 2002; Francia, que está pendiente de la aprobación de una nueva ley de bioética, marca el plazo de cinco años; Suiza, que también está trabajando en estos momentos en estas leyes, pone como fecha el año 2000.
El VI Programa marco al que se ha referido el señor Lissavetzky pone de fecha tope el 27 de junio de 2002, pero el último informe elaborado por el Parlamento Europeo marca la fecha de 7 de agosto de 2001, a debatir en las próximas semanas. Con estos antecedentes queda patente que la teoría que algunos han elaborado sobre el doble rasero o sobre lo absurdo de poner límites a la investigación no tiene fundamento alguno; es más, está fuera de la experiencia internacional, al menos en aquellos países que abordan estas cuestiones con cierta prudencia. La pregunta está ahora en si quienes no aceptan los límites previstos en la reforma quieren situar a España entre los poquísimos países que permiten la obtención de embriones para experimentar. Es una opción, pero creo sinceramente que no es la más ética ni la más responsable y, desde luego -repito-, no es compatible ni con el Convenio de Oviedo ni con el Código Penal ni siquiera con la Ley de Reproducción Humana Asistida socialista de 1988.


Otro aspecto que se ha señalado es que esta es una ley de punto final.
Según nuestra manera de entender este asunto, con la reforma damos solución a un problema y de esta solución se deriva la apertura hacia la investigación. Mi grupo entiende que es razonable aprovechar las células de un embrión para ser descongelado, pero también entiende que se deben poner todos los medios para evitar que vuelvan a quedar miles de embriones abocados a la descongelación. De acuerdo con este planteamiento, nos gustaría que fuera una ley de punto final en cuanto a la acumulación de embriones humanos que quedan abandonados sin otro destino que la descongelación. Por tanto, esta reforma no es de punto final para la investigación.


Se han escuchado críticas al tratamiento que la ley concede a las comunidades autónomas en el ámbito de la investigación. Ante estas críticas es necesario dejar

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claro que la existencia de un centro nacional de transplantes y medicina regenerativa, de una comisión de seguimiento y de un banco de células y tejidos no puede ser entendida como un lastre para el desarrollo de la investigación en cada autonomía, sino todo lo contrario. La misión del centro nacional no es la de monopolizar la actividad investigadora en el ámbito de la terapia celular y de la medicina regenerativa, sino la de repartir juego y promover el trabajo en red. Es una herramienta básica para generar economías de escala similares a las que se están desarrollando en otros países como Reino Unido o Japón. Además, existe un criterio clarísimo de seguridad y control que ha sido específicamente señalado por el Comité asesor de ética. La sociedad no quiere que los embriones o sus células puedan ser utilizados de forma incorrecta. Con este panorama, parece lógico que se apueste por una filosofía de unificar esfuerzos y compartir conocimientos más que la de crear cotos cerrados.


Por último, se ha vuelto a insistir en la conveniencia de autorizar la importación o exportación de embriones y células madre embrionarias procedentes de otros países, y se ha aplicado y se ha hecho mención al VI Programa marco. Como muy bien conoce el señor Lissavetzky, la excepción pactada en septiembre de 2002, dentro de la moratoria de investigación con embriones, no hablaba en absoluto sobre que las células embrionarias ya aisladas pudieran ser objeto de comercialización, importación o exportación en un determinado país. Es más, la Comisión Europea ha dejado siempre muy claro que los acuerdos que se alcanzan en relación con el VI Programa marco no suponen una armonización de la legislación europea, ya que los países tienen plena capacidad para legislar esta materia.


La señora PRESIDENTA: Señor Mingo, le ruego concluya.


El señor MINGO ZAPATERO: Señora presidenta, termino.


Nuestro grupo va a manifestarse en contra de las enmiendas que quedan vivas y va a apoyar el informe de la ponencia y el texto del Gobierno, porque el Gobierno ha presentado una reforma equilibrada construida sobre la base de los acuerdos entre las posturas más autorizadas existentes en estas cuestiones tan trascendentales como son el respeto a la vida, el deseo de fertilidad de las parejas y el respeto a la investigación que busca favorecer la salud humana.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.


Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar las números 20 a 22, del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 10; en contra, 164; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 23.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 102; en contra, 163; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 26 a 28.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 104; en contra, 167; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 10; en contra, 167; abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Enmiendas del señor Aymerich. En primer lugar votamos la número 4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 4; en contra, 164; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 5, del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 106; en contra, 162; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar la número 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, seis; en contra, 163; abstenciones, 110.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 107; en contra, 163; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar las números 13 a 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 14; en contra, 163; abstenciones 105.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 16.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 107; en contra, 163, abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 107; en contra, 163; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 105; en contra, 163; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos la número 35.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 119; en contra, 163.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 36.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 113; en contra, 164; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 37 a 39.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 117; en contra, 163, abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 40.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 20; en contra, 164; abstenciones, 98.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 41 y 42.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos; 281; a favor, 117; en contra, 162; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 43.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282, a favor, 23; en contra, 164, abstenciones, 95.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 44.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 120; en contra, 162.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 45 a 47.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 116; en contra, 161; abstenciones, tres.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 105; en contra, 162; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación del texto del dictamen. En el artículo único, apartado uno, modificación del artículo 4.3 y en el artículo único, apartado dos, modificación del artículo 11.3

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 162; en contra, 101; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Disposición final única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 164; en contra, 19; abstenciones, 99.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Disposición final primera, apartado 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 261; en contra, dos; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 164; en contra, dos; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER EL PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AFECTADAS POR LA HEPATITIS C COMO CONSECUENCIA DE HABER RECIBIDO TRATAMIENTO CON CONCENTRADOS DE FACTORES DE COAGULACIÓN EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO, POR IMPORTE DE 19.833.396 EUROS. (Número de expediente 121/000166.)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta será una intervención breve. Llega hoy a debate del Pleno de la Cámara la aprobación de un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para atender al pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C, personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas, como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público. Y llega hoy, en octubre de 2003, casi año y medio después de que esta Cámara aprobara en 2002 la ley que regulaba y concedía estas ayudas, y con más de cuatro años de demora desde que la iniciativa tuvo su primer tratamiento en esta Cámara en la Ley de medidas fiscales de 1999, es decir en la anterior legislatura. Mi grupo lamenta este retraso, esta lentitud, esta ineficacia del Gobierno y la insensibilidad del grupo mayoritario -el Grupo Parlamentario Popular- al rechazar hace un año la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los Presupuestos Generales del Estado que pretendía un incremento en la sección 26, correspondiente al Ministerio de Sanidad y Consumo, para atender el compromiso, la obligación derivada de la ley de hacer efectivo el pago de las ayudas sociales a enfermos afectados de hepatitis C. Todo ello ha llevado a que aún hoy no se hayan hecho efectivas las ayudas y el Gobierno tenga que traer a la Cámara un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario para pagar a los afectados; afectados que lo fueron por haber recibido tratamiento en el sistema sanitario público con unidades de sangre infectada de VHC cuando aún no se disponía, ni en este país ni en otros, de procedimiento alguno que permitiera identificar... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Pérez, por favor.


Señorías, las conversaciones en los escaños están haciendo imposible oír la intervención de la señora Pérez. Les ruego que mantengan las conversaciones fuera del hemiciclo por la buena marcha de los debates y por respeto a la diputada que está en el uso de la palabra.


Adelante.


La señora PEREZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


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Decía, señorías, que fueron afectados cuando aún no se disponía de procedimiento alguno que permitiera identificar las unidades de sangre infectadas, o prevenir de forma fiable la transmisión transfusional del virus de la hepatitis C, como se ha demostrado con posterioridad, sin que hubiera por tanto responsabilidad de las autoridades sanitarias ni de los profesionales. A pesar del retraso algo ha mejorado en este largo camino y debemos felicitarnos por ello. Debemos felicitarnos porque en el transcurso de la tramitación procedimental de estas ayudas el Ministerio de Sanidad haya considerado la concesión de las mismas a un número de personas muy superior al que recogía en el censo aprobado en 2000, que era de 735 afectados. Hoy el número de beneficiarios sobrepasa el de 1.000, por lo que debemos felicitarnos todos, como decía, ya que esta ampliación de criterios fue posible gracias a las enmiendas de varios grupos parlamentarios de esta Cámara -entre ellos el socialista-, con el acuerdo del grupo mayoritario. Nos felicitamos, pues, pero también nos lamentamos de lo que en su momento no fue recogido en la ley: que el número de beneficiarios no llegue a 1.500, que según la Federación Española de Hemofílicos hubiera sido el correcto si se hubiera previsto en la ley la inclusión de los contagiados asintomáticos. Aquella ley que dio origen a este proyecto que vemos hoy no fue nuestra ley, señorías, pues discriminaba entre unos enfermos contaminados y otros que no habían desarrollado la hepatitis C. Tampoco lo fue porque discriminaba negativamente a los ciudadanos de unos territorios respecto a los de otros, los residentes en Cataluña, para los que el Partido Popular había previsto sólo la contaminación, no el desarrollo de la enfermedad, y una ayuda de 30.000 euros, cuando la ley general que aprobamos en esta Cámara recogía sólo 18.000; la diferencia es de cinco a tres millones de pesetas. No fue nuestra ley porque, a nuestro entender, el Gobierno y el grupo que lo sustenta lo hicieron mal.


Hoy estamos debatiendo un proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario porque el Gobierno lo ha vuelto a hacer mal no presupuestando en su momento, en los Presupuestos Generales del Estado para 2003, un gasto cierto y previsible y no aceptando la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que sí lo hacía. Hoy, año y medio después de que se aprobara la ley que concede estas ayudas, tras una larga espera para los enfermos, mi grupo votará a favor de este proyecto de ley con la esperanza de que definitivamente los afectados y los familiares de aquellos que han fallecido durante estos años puedan ver compensado mínimamente -si no en lo económico, al menos moralmente- el problema de estos ciudadanos que a una enfermedad como la hemofilia vinieron a sumar otra, la hepatitis C, con problemas añadidos en todos los ámbitos de su vida.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, debatimos hoy el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario, por una cuantía de 19.833.396 euros, para hacer frente a las ayudas sociales previstas en la Ley 14/2002, de 5 de junio, que aprobamos el año pasado en esta Cámara, una ley que trajo el Gobierno del Partido Popular y donde la ayuda social a aquellos pacientes que habían desarrollado una enfermedad -no estamos hablando de indemnización alguna sino de ayudas sociales a los que habían desarrollado hepatitis C- ascendía a un valor de 18.030,36 euros por beneficiario. Aquella ley ya contemplaba, señorías, que el censo de aproximadamente 730-740 afectados estaba abierto a añadir nuevos enfermos para ayudas sociales, aspecto que venía contemplado en la disposición adicional primera de la ley, donde se recogía claramente ampliar la ayuda a aquellas personas que no figuraran incluidas en el censo definitivo del artículo 80 de la Ley 55/1999, es decir una disposición adicional que fue incorporada en la ley desde el principio por el Gobierno del Partido Popular.


Solamente ha habido este trámite -y el otro día en la Comisión de Presupuestos- con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y la réplica del Grupo Parlamentario Popular sin que se haya presentado, señora presidenta, enmienda alguna. Por tanto supongo que toda la Cámara estará satisfecha de que el Gobierno del Partido Popular emitiera el Real Decreto 377/2003, de 28 de marzo, donde se marcaba perfectamente el procedimiento de tramitación de estas ayudas sociales como consecuencia del incremento del censo de estas personas. Derivado de ese real decreto del pasado mes de marzo es este crédito extraordinario, que tiene como finalidad dar cobertura económica para que estas personas tengan la ayuda social que la Ley del año 2002 les adjudicó.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.


Señorías, sometemos a votación el dictamen de Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario para atender el pago de ayudas sociales a personas afectadas por la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, por importe de 19.833.396 euros.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 266.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. (Número de expediente 121/000167.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.


En primer lugar, para defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Queremos aprovechar este turno de fijación de posición en relación con el dictamen de la Comisión para exponer nuestras ideas fundamentales respecto de esta ley y recordar que con la promulgación de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, de 8 de noviembre, el marco normativo se adecua tanto a la filosofía general de la Unión Europea, como a los contenidos específicos de la directiva marco en salud laboral, Directiva 89/391 C y otras, como también a los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Se ponía así fin al obsoleto y disperso corpus jurídico anterior a dicha ley. Se trata, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, de un marco jurídico adecuado y similar al que rige en otros países de la Unión, países que presentan, como todos sabemos, índices de siniestralidad notablemente inferiores al que se registra en el conjunto del Estado.


Este aspecto parece haber sido ignorado, pues la reforma incide básicamente en el marco normativo y en mucho menor grado aborda las medidas de control administrativo, así como la exigencia de responsabilidades y medidas sancionadoras. En nuestra opinión, el problema no reside en el contenido concreto de la Ley de prevención, sino en la falta de voluntad política orientada a exigir rigurosamente el cumplimiento de dicha ley y la aplicación de medidas sancionadoras en caso de incumplimiento. Por poner un ejemplo que se entienda fácilmente, si el mismo rigor que se emplea en exigir las obligaciones fiscales a los asalariados se tuviese en exigir el cumplimiento del marco legal preventivo a los sujetos obligados por la norma, las cosas irían mucho mejor. Realmente, al Partido Popular no le interesó -y a las pruebas nos remitimos- esta opción, sino que, con un conjunto de normas legales muy similares al del resto de los países europeos, los índices de siniestralidad, como dije, en el conjunto del Estado, son notablemente superiores al de dichos países. No es, por tanto, en el contenido de la norma donde está el problema, sino en su evidente falta de interés en exigir su cumplimiento. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) La tan cacareada reforma se limita básicamente a resaltar contenidos ya vigentes en el texto anterior y sobre todo a incorporar al contenido de la ley los artículos 1, 22, 8 y 9, del Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios de prevención. Además, la auditoría legal del sistema de gestión preventiva en las empresas sin duda será ineficaz por el procedimiento de exigirla cada cinco años y por el procedimiento de reducir su ámbito de aplicación a las empresas que no hayan externalizado su organización preventiva, en llamativa contradicción con lo que dicen los artículos 29.1, 29.3 y 29.4 sobre empresas obligadas a auditarse y empresas eximidas de dicha obligación.
En este plano de los contenidos, con esta reforma estamos ante una operación cosmética, de pura y descarnada apariencia de reforma sin un contenido real.


Estamos en una situación donde incluso la Administración pública incumple también, en muchos casos, las exigencias que están en la ley, por lo que pensamos que lo fundamental sería más voluntad política, que es donde está la raíz del problema. Todas las reformas que ustedes proponen en este caso son tan aparenciales, tan prácticamente disfuncionales y de tan poca viabilidad práctica, que llevan a que mantengamos una posición de abstención en este caso. Solamente es de agradecer -bienvenido sea- la incorporación de funcionarios autonómicos expertos en prevención y convenientemente habilitados a las tareas de control, pero también tenemos que decir que en el artículo 9.2, en el artículo 43.3 y en la nueva disposición adicional decimoquinta, hay tantos apriorismos y condicionantes que o mucho nos equivocamos o el tema no va a funcionar.
Tampoco funcionó antes, cierto es, y no, desde luego, por falta de precisión en lo relativo a las competencias del Cuerpo de Inspectores de Trabajo en este tema. Las malas condiciones de trabajo en las actividades subcontratadas son muy notorias, en particular en ciertos sectores, y ahí están los índices de siniestralidad. Con las reformas que ustedes proponen en relación con la modificación del artículo 24.6, de coordinación de actividades empresariales, realmente no se va a solucionar el problema; otras medidas -vuelvo a repetir- no serán sustanciosas en el combate contra esta siniestralidad. Tienen una buena oportunidad para demostrar algo más de voluntad política, que es lo que se necesita, y no solamente recurrir a este tipo de reformas tan sumamente superficiales e incluso inocuas que no van a cambiar la situación por la vía del marco normativo.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rodríguez.


¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)

¿Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? (Pausa.)

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.-El señor Campuzano i Canadès pide la palabra.-El señor Rejón Gieb pide la palabra.)

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Señorías, he citado expresamente al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y su señoría no me ha contestado; he citado también al señor Txueka por el Grupo Parlamentario Vasco, pero no tengo ningún inconveniente en preguntar otra vez quién quiere hacer uso de la palabra por su orden. Ruego a SS.SS. que estén atentos a los llamamientos de esta presidencia.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, ruego encarecidamente que me disculpe porque, sinceramente, no me he dado cuenta.


Respecto a la ley de riesgos laborales, comienzo recordando que las materias afectadas por las modificaciones que plantea este proyecto de ley inciden en lo que concierne a la distribución competencial existente en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, referido a Legislación laboral, que dice "sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas" y en el artículo 149.1.18.ª, referido a las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funciones, donde la Comunidad Autónoma del País Vasco ostenta competencias de ejecución de la legislación del Estado.


Dicho esto, este proyecto supone, en lo que se refiere a los presupuestos de colaboración entre los funcionarios de la Administración del Estado y los pertenecientes a las comunidades autónomas en materia de prevención de riesgos laborales, una huida -lo digo así- de las previsiones que en su momento estableció la Ley 42/1997, sobre ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En efecto, el artículo 17 de esta ley preveía que, por medio del acuerdo bilateral entre la Administración general del Estado y las de cada comunidad autónoma, se estableciera la composición, régimen de funcionamiento y los cometidos de las distintas comisiones territoriales, debiendo determinar dichos acuerdos lo necesario para que en el seno de la respectiva comisión territorial se establecieran los objetivos y programas de la actuación ordinaria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En este sentido, este proyecto de ley, si bien introduce determinadas medidas tendentes a la colaboración entre los órganos competentes de la Administración general del Estado y los de las comunidades autónomas, relega las previsiones de colaboración contenidas en la Ley 42/1997 por la vía del acuerdo bilateral, y lo relega a cuestiones puntuales como son la colaboración pericial y el asesoramiento técnico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, obviando de forma absoluta la referencia al necesario acuerdo bilateral que he mencionado y que habilita el funcionamiento de las comisiones territoriales previstas en el artículo 17 de la ley citada, así como cualquier otra referencia o compromiso concreto en relación con la Administración orgánica y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las administraciones autonómicas con competencia en materia de prevención de riesgos laborales.


Por otra parte y en el orden práctico, en el trámite de Comisión ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada, por tanto, el Grupo Vasco no va a dar su apoyo a esta ley.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Txueka.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: No ha sido despiste mío. El compañero que tenía que intervenir ha debido pensar que el ritmo de votación era otro y por eso yo no he atendido. En cualquier caso, doy por defendida la enmienda y la mantengo para su posterior votación. Le pido disculpas por el malentendido que se ha producido.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Desde la perspectiva de Convergència i Unió, este proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales nos llega con la sensación de que aquellos elementos que nos preocupan, aquellas situaciones que llevan a configurar a España como uno de los Estados de la Unión Europea con el peor expediente en materia de accidentes de trabajo, no se van a resolver con el proyecto de ley que los grupos Popular, Socialista y creo que Izquierda Unida van a apoyar hoy. Decíamos en el debate en Comisión que el modelo de la Ley del año 1995, siendo seguramente un buen modelo, empezaba a estar superado por la evolución de una sociedad de base industrial a una sociedad que fundamenta su riqueza económica en el sector de los servicios, en relación con las necesidades y posibilidades de las pequeñas y medianas empresas, a pesar del esfuerzo codificador de una dispersión normativa que supuso la Ley de 1995. Efectivamente es sólo una ley, pero hay 18 reglamentos de desarrollo, 16 normas anteriores a la ley que continúan vigentes, 72 normas europeas que se aplican, 16 convenios de la OIT que están presentes y 82 reglamentaciones técnicas; todo ello constituye una telaraña legal que es evidente que no sirve para las pymes y además provoca una mayor externalización de los servicios de prevención que una integración en la propia actividad de las empresas. Decíamos también que necesitábamos un sistema que se configurase bajo la lógica de la corresponsabilidad entre las empresas y los trabajadores y que además no pretendiese resolver los problemas de salud consecuencia de

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accidentes de trabajo simplemente con el cumplimiento de requisitos formales, sino que fuese más allá y que asimismo diese respuesta a esa transformación en el mundo organizativo de las empresas que estamos viviendo en los últimos años con los procesos de descentralización productiva. Esta reforma no responde a estos cambios de fondo, que nos obligarían seguramente a profundizar más en la filosofía del año 1995.


Este proyecto de ley llega sin un acuerdo institucional con las comunidades autónomas o al menos con el territorio que el Grupo Parlamentario Catalán representa en esta Cámara, llega sin un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y, por lo que yo sé, tampoco con el resto de las comunidades autónomas. Nos dicen el Grupo Popular, el Gobierno y los grupos que van a apoyar este proyecto de ley que el mismo es hijo del diálogo social. Tampoco es cierto, porque el diálogo social no recogía algunas cuestiones que en el mundo empresarial provocan preocupación, como es la extensión de la presunción de certeza a los funcionarios de las comunidades autónomas. Por tanto, desde esa lógica y desde el respeto que nos da que responda, eso sí, a un acuerdo con la Unión General de Trabajadores y con Comisiones Obreras, pero no a un acuerdo con las organizaciones empresariales, mi grupo no va a apoyar este texto, puesto que este proyecto de ley no da respuesta a la grave situación existente en materia de accidentes de trabajo. En relación con estas cuestiones, mi grupo ha planteado un paquete amplio de enmiendas que en ningún caso han sido aceptadas por el grupo de la mayoría y este hecho es el que más justifica que no vayamos a votar a favor de dicho proyecto.


Me gustaría destacar cuatro cuestiones del proyecto de ley con las que Convergència i Unió quiere ser especialmente crítica. En primer lugar, esa ampliación del campo de actuación de los funcionarios técnicos en salud y seguridad en el trabajo de las comunidades autónomas, por la que se establece que sus actuaciones de comprobación tengan la presunción de certeza. Sobre esto mi grupo quiere insistir en los informes que inicialmente habían elaborado los técnicos del Consejo Económico y Social, que expresaban las dudas legales sobre esa extensión de las responsabilidades de estos funcionarios, y recordar el voto particular que CEOE y CEPYME plantearon en el Consejo Económico y Social, en el que se recuerda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, esa extensión de la capacidad de intervención de estos funcionarios va a crear inseguridad jurídica. Además -y ahí coincido especialmente con la intervención del señor Txueka- la atribución de estas nuevas responsabilidades a estos funcionarios públicos afecta directamente a la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas al especificar funciones concretas que tienen que desarrollar funcionarios de una comunidad autónoma, siendo además un órgano de participación el que establecerá las mismas. De facto, esto provoca una subordinación de estos funcionarios a las directrices de la Inspección de Trabajo, que recuerdo que continúa siendo un cuerpo directamente vinculado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, señorías, a través de esta fórmula, el Estado rehúye sus responsabilidades. La falta de voluntad de ampliar la plantilla de inspectores de Trabajo, que correría a cargo del presupuesto general del Estado, se soslaya por medio de atribuir responsabilidades de cuasi inspector a unos funcionarios autonómicos, sin prever las lógicas consecuencias presupuestarias para las comunidades autónomas que se derivan de esta nueva situación.


Señorías, otro motivo de crítica es que la memoria económica que acompaña al proyecto de ley dice muy claramente que con este proyecto de ley el Estado no va a aumentar ni en un euro su gasto en materia de prevención de riesgos; es muy fácil traspasar la responsabilidad a las comunidades autónomas sin prever ningún tipo de compensación. Por tanto, nos parece que este proyecto de ley se configura claramente con una vocación centralizadora y poco respetuosa con el actual marco legal.


También decíamos que a este proyecto de ley le falta una orientación hacia la prevención desde la lógica del estímulo y del fomento de las actividades de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. De ahí que mi grupo haya planteado varias enmiendas, dando una especial trascendencia a las números 70 y 71; la 70 porque prevemos que, cuando la empresa correspondiente acredite que su índice de siniestralidad laboral está por debajo del promedio de su sector de actividad, se produzca una reducción de un 0,25 por ciento de la cuota empresarial por accidentes de trabajo. Se trata del famoso bonus/malus que desde el Informe Durán viene dando vueltas por los despachos de los distintos ministerios.
Desconocemos las razones por las que no se aborda de una vez establecer un mecanismo que estimule a las empresas, que aquellas empresas que cumplen con su responsabilidad encuentren un marco fiscal, un marco de bonificaciones en sus cotizaciones sociales, que les permita dar respuesta a esas necesidades. Estamos convencidos, señorías, de que una política eficaz de lucha contra los accidentes de trabajo necesita el palo, pero también la zanahoria. La política del Gobierno en esta materia no introduce ningún tipo de zanahoria, no introduce una filosofía que fomente esa responsabilidad de las empresas. En esta misma línea va la enmienda número 71, que prevé que las inversiones realizadas en bienes orientados a mejorar la prevención de riesgos tengan una reducción en la cuota íntegra del 25 por ciento del impuesto sobre sociedades. Señorías, no hay ningún instrumento fiscal en nuestra legislación orientado hacia la prevención de riesgos, y es necesario introducir ese cambio en la cultura. Finalmente, entendemos que la exigencia generalizada del plan de prevención para las pymes se va a convertir en una nueva obligación legal que ninguna microempresa va a estar en condiciones de cumplir.


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Señorías, esos conceptos jurídicos indeterminados que se han introducido en este proyecto de ley, y que han sido objeto de crítica del dictamen del Consejo Económico y Social, de los interlocutores sociales, junto con esa poca adaptación a las necesidades reales de nuestras empresas y a su autonomía, esa lógica más burocrática que introduce el proyecto de ley, esa falta de esfuerzo presupuestario que se apunta en la memoria económica, esa falta de cultura de estímulo y de fomento del cambio de mentalidad que necesitamos, llevan a que Convergència i Unió, lamentándolo mucho, no pueda hoy votar favorablemente esta ley. Mi grupo se va a abstener por respeto a ese acuerdo que han expresado la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, pero por el contenido de esta ley y para dar un toque de atención al Gobierno no hubiese sido descartable un voto en contra. Espero que en el Senado el Grupo Popular dé una segunda vuelta a esta cuestión, y seamos capaces de empezar a hacer una política en serio para solucionar un problema grave para nuestra sociedad, para las empresas y para los trabajadores.


Nada más, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Campuzano.


Esta presidencia, interpretando que el grupo mayoritario no se opondría, va a dar la palabra al señor Ruiz, que no estaba presente en el momento que fue llamado por esta presidencia. Así lo ha solicitado, e interpreto que los demás grupos no se opondrán a que alteremos el turno de intervenciones y le dé ahora la palabra al portavoz de Izquierda Unida, señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, somos conscientes de que esta ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, es fruto del compromiso asumido por el Gobierno con los interlocutores sociales en los acuerdos de la mesa de prevención de riesgos laborales del pasado 30 de diciembre de 2002, cuyo plazo de desarrollo se fijó antes del 30 de junio de 2003.


Esta reforma se basa en dos ejes: el primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; el segundo incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.
No queremos dejar de señalar algunos aspectos positivos de la misma, como que se habilite a los técnicos de las comunidades autónomas con las mismas funciones que la Inspección de Trabajo, salvo la propuesta sancionadora y la paralización; que la prevención de riesgos laborales se integre en la propia empresa; que se garantice una presencia de recursos preventivos continuada durante el desarrollo de actividades peligrosas y que se fijen las obligaciones de coordinación. Igualmente, la reforma de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social mejora el control para que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales. Se clarifican y fijan como responsables de los incumplimientos en PRL todos los posibles sujetos susceptibles de exigencia de obligaciones en esta materia. Asimismo se tipifica como infracción el incumplimiento de las obligaciones marcadas en esta ley por los sujetos responsables antes mencionados. Se tipifica también como infracción grave de la empresa usuaria permitir el inicio de la prestación de servicio de los trabajadores puestos a disposición sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, que poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo. Por último, se tipifican como infracción muy grave los pactos que tengan por objeto la elusión de las responsabilidades solidarias empresariales.


Hecho este reconocimiento de que el texto corresponde a un consenso social y de que incorpora elementos positivos, nos parece una pérdida de oportunidad que no se formule una reforma más profunda, que complete una propuesta de prevención más completa. En la medida de los datos que ofrece la realidad, nuestras enmiendas pretenden un esfuerzo de mejora en esta dirección que hemos planteado anteriormente. En ese sentido proponemos la creación de un órgano de salud laboral, que estará compuesto por los delegados territoriales sectoriales, nombrados en igual número por las organizaciones sindicales, de acuerdo a las áreas o ámbitos de actuación que se establezcan en los reglamentos, donde también se deberán establecer los perfiles de experiencia de los delegados.
Asimismo, proponemos la creación del servicio especial de delitos en el asunto laboral y una modificación del Código Penal que intervenga en especial en todos aquellos procedimientos relacionados con homicidios o lesiones por imprudencia motivados por un accidente de trabajo, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Seguridad Social, o los que afectan a sus derechos fundamentales y libertades públicas.


Insistimos una vez más -como hemos hecho en otras ocasiones en esta Cámara- en la necesidad de crear normas generales para regular la subcontratación. Ayer mismo, este grupo presentaba una interpelación en este sentido y especialmente hablábamos de la situación que se atraviesa en el sector de la construcción. No cabe duda alguna de que la situación del sector de la construcción, salpicado de trágicos accidentes uno y otro día, provoca un auténtico estado de alarma social. A pesar de que las regulaciones convencionales avanzan en la adopción de medidas tendentes a racionalizar la asunción de tareas muchas veces tan pesadas como peligrosas, lo cierto es que dicho ámbito se ve desbordado por su propia naturaleza, requiriéndose una regulación específica que venga a globalizar el conjunto de normas que de una u otra manera inciden en las relaciones de

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trabajo, con el fin de paliar las situaciones generadas en los últimos años.


Igualmente proponemos una serie de nuevas normas para acceder a la subcontratación en el sector público, limitando cuantitativamente la subcontratación. Los efectos de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Contratos de las administraciones públicas debería entenderse que la prohibición de subcontratar más allá del 50 por ciento del presupuesto del contrato se referirá al concepto de obra anteriormente descrito, no pudiendo subdividirse en cada una de las respectivas unidades de obra que pudieran existir. Insistimos igualmente en la necesidad de impulsar una discriminación positiva como fórmula de fomento de empleo. Las administraciones públicas, en sus pliegos de condiciones para la contratación de obras, establecerán cláusulas de discriminación positiva encaminadas a favorecer la realización de los contratos por parte de aquellas empresas que vayan a ejecutar las mismas con una plantilla propia y con contratos indefinidos superior al 30 por ciento del personal necesario para su realización. A su vez, para que las empresas subcontratistas puedan acceder al subcontrato con la empresa adjudicataria de la obra, deberán acreditar que la ejecución de dicho subcontrato se va a realizar con una plantilla de la cual al menos el 30 por ciento debe tener una relación laboral de carácter indefinido con dicha empresa. La Administración contratante debiera ser garante no sólo de la ejecución de la obra contratada, sino del cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable durante la ejecución de la misma. Para ello, en colaboración con los sindicatos más representativos en el ámbito correspondiente, la Administración podría intervenir directamente en cualquier momento de la ejecución de la obra, adoptando las medidas oportunas para subsanar las deficiencias que en materia de seguridad pudieran existir en las mismas.


Por lo que se refiere a los derechos laborales que se pudieran vulnerar, tanto referido al personal al servicio de la empresa principal como de la subcontrata durante la ejecución de la obra, la Administración contratante fijará con la empresa principal un montante en concepto de fianza en cuantía suficiente, tomando en consideración el volumen de la obra su duración y el número de trabajadores previsto para su ejecución, para garantizar el percibo de las remuneraciones devengadas y pendientes de cobro, así como de las indemnizaciones derivadas de la existencia o finalización de la relación laboral. En ningún caso debiera permitirse la subcontratación en cadena entendiendo que tal situación se produce cuando la empresa subcontratante, respecto de la empresa principal, subcontrata a su vez todo o parte de la obra subcontratada con un tercero.


Estas enmiendas que hoy presentamos aquí mejorarían sin duda el proyecto que se presenta, y contribuiría a resolver una buena parte de los problemas con que se enfrenta hoy la prevención de riesgos laborales.


Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón: Muchas gracias, señor Ruiz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Vigil.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Socialista sí va a apoyar este proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, y si lo va a apoyar es fundamentalmente porque ha sido fruto del diálogo social, del compromiso adquirido por el Gobierno con los agentes sociales en los acuerdos de la mesa de prevención de riesgos laborales del pasado 30 de diciembre de 2002, diálogo social que siempre hemos defendido desde nuestro grupo. La ley en sí misma es una buena ley; establece más medidas y recursos preventivos, asegura una mayor vigilancia en el cumplimiento real de la normativa y potencia la labor sancionadora con la reforma que se hace de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.


No obstante, señorías, y como ya lo han señalado otros portavoces, creemos que esta ley no es la panacea, como intenta venderla el Gobierno, para reducir significativamente el número de accidentes laborales en nuestro país. Esta ley ayudará sin duda a que éstos disminuyan, pero si no se acompaña de otra serie de medidas que atajen las principales causas de la siniestralidad, como son la precariedad laboral y la temporalidad, difícilmente dejaremos de ser el país europeo con mayor tasa de siniestralidad laboral.


Señorías, no podemos olvidar que España es el país que tiene la peor situación laboral de la Unión Europea, por mucho que el Gobierno intente edulcorar los datos, sobre todo refiriéndose a la cantidad de empleo que crea y obviando totalmente la calidad del mismo. Como ustedes saben, la tasa de temporalidad de nuestro país supera en 18 puntos la media de la Unión Europea; nosotros tenemos el 31,2 por ciento de temporalidad, mientras que la media de la Unión Europea se cifra en el 13,4 por ciento.
Tampoco podemos olvidar, señorías, que el 60 por ciento de los trabajadores que sufren algún tipo de accidente laboral tienen un contrato temporal, ni tampoco que más del 90 por ciento de los accidentes laborales que se dan en nuestro país se dan en las subcontratas, sobre todo en el sector de la construcción. Por tanto es necesario y urgente, además de que hoy aprobemos aquí esta ley, adoptar otro tipo de medidas eficaces para corregir el continuo deterioro de nuestro mercado laboral, en especial la excesiva temporalidad, el uso abusivo y fraudulento en muchos casos como reconoce la misma Administración de los contratos temporales, así como corregir los abusos derivados de una subcontratación que no tendría por qué implicar inestabilidad en el empleo ni suponer un riesgo especial, un riesgo añadido para la salud ni para la seguridad de los trabajadores.


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Con esa finalidad hemos presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley que debatimos, pero por aquello de la brevedad me voy a referir sólo a las enmiendas 83 y 84, en las que proponemos una serie de cambios normativos en la regulación de la ley sobre la responsabilidad compartida de las empresas contratistas y subcontratistas, con las que pretendemos establecer una serie de garantías sobre los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores que participan en actividades en un mismo proyecto empresarial, con independencia de la titularidad jurídica de su empresa. En definitiva, proponemos poner orden en esta especie de jungla, que es a lo que más se parece hoy el mundo de la subcontratación en nuestro país. Así, mientras que hoy se permite (y si se permite es porque ustedes el Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno lo permiten, porque siempre se han opuesto a regular esta situación) que existan miles de empresas, mejor dicho miles de pseudoempresas sin organización, sin estructuras técnicas ni administrativas, que hacen imposible aplicar las normas. Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista propone que se regulen con precisión los requisitos contractuales, exigiendo la profesionalización de los sujetos contractuales y la existencia de la realidad empresarial entre los sujetos de los contratos. Mientras que hoy se permite la ausencia de responsables principales en la organización y prevención de la seguridad, nosotros proponemos que se regulen las obligaciones y responsabilidades de las empresas comitentes para garantizar la efectividad de los derechos de los trabajadores, de los contratistas y subcontratistas. En este mismo sentido proponemos que se establezca el principio de denegación de licencia de obras al contratista hasta tanto no se acredite la realización efectiva del estudio de seguridad y salud y sea verificado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, evitando que sea una repetición mimética y formal de estudios generalistas, que es lo que está ocurriendo hoy en la mayoría de los casos.


Por otra parte, para intentar frenar el constante incremento de la rotación en el empleo y que la temporalidad rebase todos los límites imaginables, sobre todo en el sector de la construcción donde les recuerdo que más del 70 por ciento de los contratos son temporales, proponemos que se regulen de forma más rígida las modalidades de contratación laboral sujetas a la casualidad de la temporalidad, así como los supuestos de cesión de trabajadores y de utilización de empresas de trabajo temporal para evitar lo que está ocurriendo hoy que es puro prestamismo, rozando los límites de la esclavitud de trabajadores.


Señorías, en el mundo de la subcontratas es muy frecuente recurrir a mano de obra de baja cualificación profesional, a trabajadores con poca o ninguna formación, algo que sin duda hace más proclives a estos trabajadores a sufrir algún tipo de accidente laboral. Para solucionar este tipo de situaciones, proponemos que las empresas contratistas y subcontratistas acrediten documentalmente que los trabajadores que vayan a emplear en la ejecución de los contratos de empresas reúnen la formación teórica y práctica precisas en materia preventiva para el puesto que vayan a desempeñar, así como que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas relativas a este puesto de trabajo descritas en la evaluación inicial de riesgos.


Por último, señorías, es también algo muy generalizado en las subcontratas la existencia de unos ritmos de trabajo extenuantes, casi infrahumanos, y una falta generalizada de descansos diarios e incluso semanales, a cambio muchas veces de un no bajo sino bajísimo salario. Para corregir esta explotación del trabajador, que muchas veces ni siquiera tiene formalizado o firmado un contrato, proponemos que exista un jefe de obra que lleve obligatoriamente un cuaderno de horas de la obra en el que semanalmente se anoten los días y las horas del día que realice cada trabajador de la contrata o la subcontrata, con expresión del salario de la hora ordinaria, los destajos, y en su caso las horas extraordinarias de cada uno.


Señorías, como habrán podido observar, se trata de propuestas cuya aplicación no supone ninguna dificultad especial, y sin duda contribuirán eficazmente a reducir la alta tasa de siniestralidad en nuestro país. Si el Grupo Parlamentario Popular no las acepta hoy, como ya hizo en el debate de la Comisión, es porque realmente el Gobierno no tiene una firme y decidida voluntad política para atajar el problema de la siniestralidad laboral, lo mismo que no la tiene para intentar solucionar la inseguridad vial o la inseguridad ciudadana, y es porque tenemos un Gobierno al que no le preocupa la seguridad de sus ciudadanos en ninguno de sus aspectos.


El Gobierno se ha visto obligado a consensuar esta ley con los agentes sociales a causa de las movilizaciones y de la huelga general realizada por la implantación del decretado, pero de hecho insisto en que no tiene especial interés en adoptar medidas que ayuden a paliar esta lacra que tenemos en nuestro país.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor González Vigil.


El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señora presidenta.


Por ello, por ejemplo, aún no han puesto en marcha ni una sola de las medidas propuestas en el tan cacareado y publicitado informe Durán, encargado por el señor Aznar, según sus palabras, por su profunda preocupación ante el continuo incremento de la siniestralidad laboral en nuestro país. No estaría tan preocupado el señor Aznar por este tema cuando ya han pasado dos años desde su presentación y aun no ha puesto en marcha, como he dicho, ni una sola de las medidas propuestas en él.
Tampoco hemos oído hasta ahora al señor Rajoy decir ni siquiera que está preocupado por este tema.


Esperamos que esta vez el Grupo Parlamentario Popular acepte nuestras enmiendas a esta ley, que como

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dije al principio la vamos a apoyar en todo caso, y empiece a producirse en nuestro país la tan deseada reducción significativa de los accidentes laborales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor González Vigil.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.


El señor PÉREZ CORGOS: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, después de escuchar las palabras del señor Antero Ruiz y del señor González Vigil, anunciando que van a apoyar la ley, diciendo que es en general una buena ley aunque para ellos tenga alguna deficiencia, casi evitaba la responsabilidad de hacer un recorrido sobre lo que ha sido el marco normativo de la legislación de prevención de riesgos laborales en esta materia. Una legislación que, como SS.SS han dicho, empezó en el año 1995 y supuso el establecimiento de un marco coherente y homogéneo con relación a la legislación comunitaria. Como saben ustedes, a lo largo de estos siete años hemos observado una serie de importantes deficiencias en su aplicación, lo que nos da unas cifras de siniestralidad laboral verdaderamente indeseables. Por eso, y con verdadera voluntad política, el presidente del Gobierno encargó en su día, como ha dicho el señor González Vigil, el informe Durán, informe del que no es cierto que no se haya aplicado ninguna de las medidas. Aquellas propuestas que S.S. conocía en materia de Seguridad Social y en el establecimiento de un nuevo sistema de información ya están en vigor. Nos queda la parte correspondiente a las reformas verdaderamente normativas, reformas que son producto del diálogo social, como ha dicho S.S., y donde me gustaría rectificar si me lo permite las palabras del señor Campuzano, cuando decía que no es producto del diálogo social. Señoría, el diálogo social es diálogo social, y no implica necesariamente la consecución de acuerdos o de consensos. El diálogo social significa que todos los agentes sociales y las administraciones implicadas participen en la puesta en común de ideas. Otra cosa es que se llegue o no se llegue a acuerdos; otra cosa es que haya o no haya discrepancias importantes en la materia; y otra cosa es que haya discrepancias simplemente de matiz. Como les decía, la presente ley tiene por finalidad regular las modificaciones verdaderamente normativas. Para ello se regulan los dos capítulos de esta ley, el primero de ellos relativo a la modificación de la Ley de prevención de riesgos laborales, y el segundo relativo a la modificación de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social.


Quisiera resaltar e insistir -ya que el señor Ruiz ha sido quien más ha recorrido las excelencias de la ley- en algo que él no ha destacado suficientemente, y es la importancia que se da en el capítulo I de esta ley a la integración de la prevención en el proceso productivo, no solo en el proceso productivo de la empresa, sino en toda la estructura jerárquica de la empresa y en el sistema de gestión de la propia empresa, haciendo extensiva la integración de la prevención a toda esa estructura jerárquica, también en el caso de que haya concurrencia, de que haya actividad simultánea o sucesiva en la titularidad de diversas empresas o empresarios. ¿Qué debemos entender como integración de la prevención? Debemos entender aquello que nos permite asegurar el control de los riesgos, asegurar la eficacia de las medidas preventivas y detectar las deficiencias que puedan dar lugar a nuevos riesgos. Es importante destacar, como ha hecho S.S., la reforma de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social en materia de las responsabilidades de las empresas de trabajo temporal y del empresario o la empresa usuaria de los trabajadores cedidos, la proscripción expresa del fraude de ley, con una tipificación clara en esta norma.


Contestando a lo que SS.SS. han planteando mediante las enmiendas y también en sus discursos, quiero decir al representante de Izquierda Unida que una de las enmiendas que planteaba, la relativa a tipificación de los delitos contra la seguridad y salud en el trabajo, ha sido objeto de una transacción en el trámite de ponencia con el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Sabe S.S. que en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal está la obligación de comunicar la persecución o no de determinadas infracciones como delito. Nosotros hemos creído conveniente elevar esta obligación a rango de ley y por ello hemos llegado al acuerdo de incluirlo en el artículo 3 de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social para evitar caducidades. El Código Penal en esta materia tienen tipificados los delitos de manera suficiente y cuando tenemos alguna infracción susceptible de ser constitutiva de delito, el ministerio fiscal actúa, señoría. Esté tranquilo en ese sentido.


Señor Campuzano, esta ley es de posible aplicación en las pequeñas y medianas empresas; sin embargo sabe S.S. que el proceso de diálogo social no está cerrado y que el proceso de diálogo social continúa, debe ser algo permanente, y así lo han establecido el Gobierno y los agentes sociales. Por tanto el tema relativo a las pequeñas y medianas empresas también va a ser objeto de análisis y estudio en el ámbito del diálogo social. Respecto de la presunción de certeza, señoría, sobre los informes que elaboran los funcionarios de dependencia autonómica, sabe S.S. que solo opera a partir de aquel momento en que el inspector de Trabajo y Seguridad Social hace suyo el informe que elabora el funcionario autonómico y lo incorpora a un expediente sancionador; expediente sancionador en el que de ninguna manera es parte el funcionario autonómico. Por tanto la seguridad jurídica, señoría, queda garantizada pese a los votos particulares y a las opiniones jurídicas de algunos miembros del Consejo Económico y Social.


Con relación al sistema de bonus/malus, ya le he dicho en Comisión, señoría, que la Dirección General

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de Ordenación Económica de la Seguridad Social está culminando la revisión de la cotización a la Seguridad Social por las contingencias profesionales para adecuarlas a las actividades productivas y riesgos actuales. Será a partir de ese momento, cuando tengamos esa revisión perfectamente cerrada, cuando podremos plantear la posibilidad de estudiar o no la implantación de un sistema de bonus/malus.


Por otra parte, establecer nuevos incentivos para estimular al empresario a invertir en prevención de riesgos laborales me parece excesivo. Los incentivos fiscales con que cuentan en este momento las empresas me parece una cuestión importante y no debemos incluir esto aquí.


El otro gran tema, la regulación de la subcontratación, ha sido objeto de preocupación de la mesa de diálogo social y, en consecuencia, tanto los agentes sociales como las comunidades autónomas están convocados para seguir trabajando en esta materia, evaluando los riesgos, al objeto de, en su día, proponer una regulación de las responsabilidades del empresario titular de la obra, del empresario contratista, establecer cuáles van a ser las funciones de representación de los trabajadores, etcétera.


Señor González Vigil, respecto a eso de que el Gobierno quiere edulcorar su preocupación en relación con los riesgos laborales, tengo que decir que no es así. Usted mismo ha dicho que el presidente del Gobierno encargó, ya hace tiempo, al profesor Durán la elaboración de un informe, parte del cual ya se ha puesto en práctica y otra la vamos a poner en práctica ahora, fruto del diálogo social. El diálogo social no es algo a lo que nos venga a obligar la huelga general, sino algo que hemos implantado, respetado y fomentado desde 1996. En la legislatura anterior también había diálogo social.


Respecto a la temporalidad, a la que usted siempre alude, es cierto que tenemos la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, pero yo pediría a S.S. que volviera la vista al año 1985, cuando el Partido Socialista, su partido, decidió reformar el mercado laboral. A partir de aquel momento empezaron a crecer las cifras de temporalidad. Usted ha dado una cifra; ha dicho que estamos en el 18 por ciento. Si yo le admito que estamos en el 18 por ciento, usted me debe admitir que cuando empezamos a gobernar, cuando el Partido Popular empezó a gobernar, en el año 1996, estábamos en el 23 por ciento. Hemos reducido la temporalidad en el empleo en un 5 por ciento y seguimos trabajando en esa dirección.
No es cuestión de maniqueísmos, ni se trata de hacer un discurso de buenos y malos, pero la realidad es la que es y, por tanto, le ruego que no haga esos discursos de descalificación del Partido Popular, de la escasa sensibilidad del Partido Popular, porque no son ciertos. Nos preocupa la seguridad en el trabajo...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Pérez Corgos, debe concluir.


El señor PÉREZ CORGOS: Concluyo inmediatamente, señora presidenta.


Nos preocupa la seguridad en el trabajo, nos preocupa la seguridad en las carreteras y nos preocupa la seguridad ciudadana, y para comprobarlo sólo tiene que echar un vistazo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Pérez Corgos.


Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.


La salud y la seguridad en el trabajo constituyen uno de los ámbitos más densos e importantes de la política social de la Unión Europea. En noviembre de 2002 la Comisión Europea publica la comunicación 118, denominada: Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: Una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad, para el periodo 2002-2006. Los rasgos fundamentales de dicha estrategia son los siguientes. Adopta un enfoque global de cara al bienestar en el trabajo, teniendo en cuenta los cambios registrados en el mundo del trabajo y la emergencia de nuevos riesgos, y su objetivo consiste en mejorar la calidad del trabajo, uno de cuyos componentes esenciales es un entorno sano y seguro. Se basa en la consolidación de una cultura de prevención del riesgo, en la combinación de una variedad de instrumentos políticos, legislación, diálogo social, vías de progreso, localización de empresas e incentivos económicos y en la constitución de asociaciones de cooperación entre todos los agentes pertinentes en el ámbito de la salud y la seguridad. Demuestra así que una política social ambiciosa constituye un factor de competitividad; por el contrario, los costes que genera la falta de intervención política suponen una pesada carga para las economías y las sociedades.


Los cambios que analiza la Comisión Europea son los que se producen en la sociedad y afectan al mundo del trabajo, como son el componente femenino cada vez más numeroso, una población activa en proceso de envejecimiento y nuevas formas de trabajo, que generan, a su vez, cambios en la naturaleza de los riesgos laborales. El espíritu de la estrategia comunitaria se ha visto reflejado en España en el acuerdo interconfederal para la negociación colectiva de 2002. En dicho acuerdo, las organizaciones sindicales y empresariales españolas manifiestan su preocupación por la situación de la siniestralidad laboral en nuestro país, y muestran su disposición a contribuir a la prevención de los riesgos laborales, defendiendo la cultura preventiva y el cumplimiento de las normas como elementos centrales de una estrategia que permita una mejora constante de la seguridad y la salud en el trabajo. Para ello, establecen los contenidos relativos a seguridad y salud laboral que deben recogerse en el contexto de la negociación colectiva.


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En la mesa de diálogo social específica para la prevención de riesgos laborales, de diciembre de 2002, se alcanzó un preacuerdo sobre las medidas que en esta materia debe tomar el Gobierno durante 2003. Uno de sus frutos son las modificaciones de la Ley de prevención de riesgos laborales que hoy se aprueba en esta Cámara, y no deberá ser la única, puesto que la tarea sólo acaba de empezar. En el marco del diálogo social se aprobaron unas líneas de actuación, y algunas de ellas se recogen en este proyecto de reforma: por ejemplo, la dirigida a obtener el cumplimiento real -y no meramente formal o documental- de las exigencias preventivas, que se traduce en la integración de la actividad preventiva en el funcionamiento habitual de las empresas, a través de la implantación y aplicación en las mismas del plan de prevención de riesgos laborales, a través de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos del empresario, y a través de la modificación y adaptación de las exigencias preventivas. También se recoge la adaptación de las exigencias preventivas a las nuevas formas de organización del trabajo, adecuando a las mismas la normativa correspondiente, sobre todo en los casos de subcontratación y en las obras de construcción. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Coalición Canaria presentó a este proyecto de ley cinco enmiendas, de las cuales se incorporó en trámite de ponencia la que se refería a la incorporación de la función de información en las labores técnicas, que será competencia de los funcionarios públicos de las administraciones que ejerzan las labores en materia de prevención de riesgos laborales. Esto no nos deja totalmente satisfechos, pero, aún así, nuestro grupo votará a favor del texto del dictamen, por considerar que, con las modificaciones incorporadas, se da un paso más en la regulación de la prevención de riesgos laborales. No obstante, quedan muchas cuestiones pendientes, que deberán abordar los agentes sociales, las comunidades autónomas y el Gobierno.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.


Señorías, ruego ocupen sus escaños. Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de Comisión del proyecto de ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. En primer lugar votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 21; en contra, 250; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; en contra, 251; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); en primer lugar, las enmiendas números 12 a 15.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 21; en contra, 249; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 116; en contra, 156.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar, números 1 a 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, siete; en contra, 158; abstenciones, 108.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 98; en contra, 170; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, 45 a 47, 55, 64, 67, 72 y 73.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 19; en contra, 159; abstenciones, 94.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 52.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 15; en contra, 249; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 71.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 15; en contra, 256; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 21; en contra, 250; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, números 82 a 84.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 96; en contra, 155; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 112; en contra, 155; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 256; en contra, tres; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Señorías, la sesión va a continuar sin interrupción al mediodía, pero no se producirán votaciones hasta las cuatro de la tarde o momento posterior a esa hora en que el debate lo indique.


- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS NIETOS CON LOS ABUELOS. (Número de expediente 121/000168.)

La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, Alberto Dorrego, actual director general de Modernización de la Justicia, hace poco escribía con acierto en el diario El País que la familia constituye un reducto al cual las leyes y la justicia han de aproximarse con extrema prudencia. Desde esta misma cautela se aproximaba mi formación política al proyecto de ley que nos fue presentado por el Gobierno y coincidía con nuestra apreciación lo que respecto de él manifestaba -lo dije así en Comisión- el informe del Consejo General del Poder Judicial cuando decía que temía que pudiese ser una nueva fuente de conflictos el contenido de lo que se regulaba. Y en el mismo sentido, la Fiscalía General del Estado alertaba sobre posibles factores de complejidad y tensión añadida a las relaciones familiares.


Nos parecía, además -y de esto partíamos-, que el párrafo segundo del artículo 160, aunque no lo dice de manera expresa, sí contemplaba a los abuelos y abuelas, al ser los ascendientes de línea directa más próximos... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señora Uría.


Adelante.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Decía que el tenor actual del párrafo segundo del artículo 160, aunque no mencionaba expresamente a abuelos y abuelas al ser ascendientes en línea próximos, sí estaba incluyéndoles entre los parientes con los que los nietos y nietas tenían derecho a relacionarse.


Por eso, insisto, inicialmente nuestro entusiasmo por el proyecto de ley quedó manifestado en la presentación inicial ante esta Cámara. Primero presentamos la enmienda inicial de carácter testimonial, pretendiendo evitar el lenguaje sexista, lo que nos parecía importante en un proyecto como este que hace referencia a las relaciones familiares, cuna y origen de tantas cosas, con la que no hemos tenido éxito, sin dejar por ello de ser militantes en esta causa.


En segundo lugar nos parecía, al igual que a otras muchas formaciones políticas, que lo que el proyecto de

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ley preveía en términos de obligatoriedad debiera regularse en términos de posibilidad.


En tercer lugar, nos parecía que como contenido del convenio regulador, cuando se hace referencia a la modificación del artículo 90, debiera tenerse en cuenta que, además de las relaciones conyugales, siendo el matrimonio una realidad social generalizada y garantizada por la Constitución y el derecho del hombre y la mujer a contraerlo en derecho constitucional, la familia no se constituye exclusivamente sobre la base de la unión matrimonial, sino también sobre unidades de convivencia que en el caso de Euskadi, que es la comunidad que más conozco -pero es el caso de muchísimas otras comunidades-, está ya establecido o tiene una regulación específica a través de las normas correspondientes a las parejas de hecho. Decíamos, por tanto: no circunscribamos las posibilidades de visita de abuelos y abuelas a las relaciones estrictamente conyugales, sino que parecería debieran ser sacadas de estas circunstancias de ruptura matrimonial y generalizarse a la totalidad de los casos. A ello iban el resto de las enmiendas que presentábamos y de la misma manera pretendíamos introducirlo cuando se trataba de regular las medidas provisionales en el artículo 103 y en la modificación que del artículo 160 pretendíamos hacer en términos distintos a los originalmente previstos en el proyecto.


Aun no habiendo sido aceptadas en su literalidad nuestras enmiendas, creemos que lo más grave o lo más llamativo del proyecto es que podía introducir elementos de crispación mayores en las rupturas de relación matrimonial, en los términos que hacían mención los informes que antes he citado e incluso en artículos doctrinales, que finalmente ha quedado erradicado durante el paso del proyecto por la Cámara. Insisto en que no por la aceptación de enmiendas de nuestro propio grupo, aunque algunas sí han tenido aceptación o buen recibimiento, sino a través de la aportación de todas y cada una de las ponentes se ha logrado finalmente un texto que creemos que sí puede resultar útil -lo hago notar- teniendo en cuenta la suspicacia inicial que suscitaba el proyecto en nuestra formación política.


Hay una cuestión que nos parece que ha quedado pendiente y que fue objeto de expresión por parte de varias de las ponentes al intervenir en Comisión, y es que es correcta la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se contiene en el texto del proyecto, pero creemos que debiera haber sido completada. No se trata sólo de que el procedimiento adecuado sea el juicio verbal, sino que además debiera haberse especificado que serán competentes para conocerlo los juzgados de familia, porque no resulta, obviamente, del tenor de lo ahora establecido. Ignoro si hay intención de que este texto sea objeto de enmiendas en el Senado, pero parecería bueno que este matiz quedase introducido, porque creemos que es en esta jurisdicción donde debiera residenciarse el conocimiento de las cuestiones que aquí se establecen.


Hay un último tema respecto del cual ha sido imposible el acercamiento de posturas con la formación mayoritaria y que, sin embargo, nos parece importante y que tampoco introduce ninguna novedad sustancial con lo que es el sistema de fuentes hoy vigente en nuestro ordenamiento. Creemos que cuando se dice que esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.6 y 8 de la Constitución, debe manifestarse que lo es sin perjuicio de las necesarias especialidades que en el orden procesal se derivan de las peculiaridades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas y de la aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, y de su conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas respectivas. Lo decimos así en la justificación de nuestra enmienda: los derechos civiles, forales o especiales se aplican con preferencia a la ley común, no porque nosotros lo digamos, sino porque así es, de conformidad con el artículo 13.2 del Código Civil, título preliminar, que tiene valor constitucional, como se ha dicho una y otra vez por la jurisprudencia constitucional, y que su aplicación debe hacerse, además, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de estas normas, que, de acuerdo con el artículo 149.1.8 de la Constitución, corresponde actualizar a las propias comunidades autónomas.
Nos parecía que esta expresión completaba, de una forma más clara de cara a la aplicación de los operadores jurídicos, cuál había de ser el sistema de fuentes en relación con lo que se ha regulado y, sin embargo, todo lo que hace referencia a especialidades, a niveles competenciales o a regímenes específicos forales, aunque sean de naturaleza civil, suscita, desde nuestro punto de vista, innecesarias suspicacias y no ha sido objeto de acogimiento. Insisto, a los efectos del valor interpretativo que una intervención desde la tribuna pueda tener, el sistema de fuentes actualmente vigente, el que la Constitución establece y el propio artículo 13.2 del Código Civil, fija ya la cuestión en los términos que explicitaba de manera más clara y expresa. La disposición final primera nosotros pretendíamos redactarla de una forma distinta y creo recordar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene también una enmienda referida a la misma cuestión.


En lo que hace referencia a las situaciones familiares, creemos que la ley sí ha regulado finalmente algo que puede resultar útil para la ruptura de estas relaciones. Nos queda la pena de que no se haya hecho con carácter general respecto de las situaciones de familia distintas de la ruptura conyugal; nos parece que falta la mención a relaciones familiares distintas de las conyugales y queda también -ojalá sea posible todavía retocarlo- la referencia a la competencia de los juzgados de familia. Aun señalando estos defectos que nos parece que tiene la norma, he indicado ya que mi formación política ha pasado del no a considerar que hoy por hoy es un instrumento útil, por tanto, vamos a votar favorablemente el texto del dictamen aprobado en Comisión.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, desde mi grupo parlamentario reconocemos el espíritu positivo de la reforma, que no es otro que el de tratar de adaptar la legislación a los cambios sustanciales que ha sufrido a lo largo del tiempo la estructura familiar debido a múltiples factores, entre ellos uno de especial relevancia, como es la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar de los progenitores. Sin embargo, esta sensibilidad, los cambios en el concepto clásico de familia que parece apuntar el Gobierno, merece el reproche político de mi grupo parlamentario una vez más, porque sigue obviando y negando la regulación, por ejemplo, de elementos como las parejas de hecho, realidad social que el Partido Popular no acaba de asumir. El tema aparentemente sencillo está revestido en la práctica de matices que han de solventarse, y siempre en beneficio del menor o de la menor. No se puede obviar que en la crisis de la pareja, en las crisis matrimoniales los primeros perjudicados son los hijos y las hijas, y la intervención de los abuelos no siempre es un factor beneficioso para el interés del menor. De ahí que la visión que se traslada en el proyecto hacia la intervención de los abuelos, aun siendo deseable, no siempre se corresponde con la realidad. Por esos motivos los abuelos en la medida de sus posibilidades deben entroncarse en el conjunto de derechos y obligaciones que se regulan para los propios progenitores, aunque atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, y ese aspecto, señorías, debe valorarlo en última instancia el juez de familia con el asesoramiento, con los contactos previos, con todo lo que sea menester.
Por ello, mi grupo parlamentario cuestiona la idoneidad de establecer determinadas medidas a favor de los abuelos con carácter obligatorio y genérico, porque debiera ser el juez o la juez quien, en interés del menor y previa valoración de las circunstancias concretas de cada caso, se pronunciara con carácter potestativo sobre estos extremos.


En este sentido, valoramos positivamente, como no podía ser menos, las modificaciones introducidas en Comisión, que mejoran ostensiblemente el texto inicial y plasman el carácter potestativo, es decir: sólo si el juez lo considera necesario se podrá establecer un régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo siempre en cuenta el interés del menor. Todos sabemos que la solución no es sencilla, porque a grandes rasgos parece que el proyecto da por sentado que los abuelos serán una especie de factor corrector en caso de ruptura de la convivencia marital; es decir, que si las parejas conviven felizmente se puede ejercer la patria potestad de forma conjunta y con total autonomía, pero, si hay una separación, obligatoriamente deben intervenir los abuelos; si los hijos casados son unos balas pérdidas, al fin y al cabo -se suele decir- siempre quedará la familia, los abuelos.


En todo caso, y en función del texto propuesto, las enmiendas de mi grupo parlamentario tienen un claro objetivo: por un lado, hacer posible la ejecución de esas medidas y, por otro, que estas medidas redunden siempre en beneficio de los menores. Todas las enmiendas comparten la misma finalidad. Trata de conjugar el derecho de los abuelos, que patrocina el presente proyecto, con el interés del menor que se proclama como principio rector e insalvable de la reforma. Por eso, a fin de facilitar el cumplimiento de las medidas propuestas, consideramos que el tiempo concedido para la visita de los abuelos se debe detraer del tiempo que dispone para estar con sus hijos el progenitor varón y correlativamente el tiempo concedido para la visita de los abuelos maternos se detraiga del tiempo que dispone para estar con los niños su madre, corriendo a cargo de cada uno de los consortes la obligación de llevar a efecto la visita de los abuelos de cada lado.


El derecho de visita en el común de las legislaciones es un derecho indisoluble, ligado al concepto jurídico de la potestad sobre los hijos; es decir, el derecho de visita es un correlato de la función tutelar y un desglose del conjunto de derechos y obligaciones que constituyen la institución jurídica de la potestad parental y no un derecho autónomo. En consecuencia, si el proyecto que se presenta establece un derecho de visita a favor de los abuelos, deberá necesariamente insertar ese derecho en la indisoluble correlación con la función tuitiva-parental de la que el mismo procede. La observancia del principio de coherencia de nuestro ordenamiento jurídico, artículos 9.1 y 9.3, impide que el derecho de visita que se pretende regular se erija al margen del entramado de derechos y obligaciones ligados a la potestad parental. Deberá ser potestad del juez el modo en que se fijen esas obligaciones, y especialmente las pensiones acordadas a favor de los hijos del matrimonio de forma subsidiaria, complementaria, etcétera, en atención a la situación de los padres, los propios abuelos y siempre -siempre, recalco- en interés del menor. Como antes hemos apuntado, las modificaciones introducidas en Comisión suponen un paso adelante para el interés del menor, cual es, como decía, reforzar las facultades del juez, el carácter potestativo de las medidas y el consentimiento de los propios abuelos para plasmar ese avance. No obstante, mi grupo parlamentario siempre estará abierto a cualquier elemento que mejore este proyecto.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.


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La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, desde Convergència i Unió compartimos el reconocimiento del relevante papel que en las familias desempeñan y pueden desempeñar en el futuro los abuelos y las abuelas, así como la voluntad que tiene el proyecto de ley que hoy estamos viendo de facilitar que los nietos y los abuelos puedan relacionarse y no pierdan el contacto cuando, por vicisitudes de la vida, el nexo natural que une a los abuelos y a los nietos, que son sus progenitores, a la vez hijos de aquéllos, ha desaparecido, porque han fallecido, han hecho dejación de sus obligaciones o sencillamente se han enfadado con los mismos, que son algunas, no todas, de las situaciones en las que la relación de los nietos con los abuelos puede quedar interrumpida o seriamente dificultada.


Desde Convergència i Unió también compartimos las objeciones que al proyecto presentado por el Gobierno se hicieron desde el Consejo General del Poder Judicial, desde la Fiscalía General del Estado, desde algunas asociaciones de mujeres y desde asociaciones de juristas, y quiero señalar especialmente las realizadas por la Asociación Española de Abogados de Familia y por la Societat Catalana d'Advocats de Familia; objeciones que se referían, por una parte, a la oportunidad o necesidad de este proyecto por entender que el derecho que asiste a los abuelos y abuelas para relacionarse con sus nietos, cuando la normal relación con los mismos es interrumpida sin justa causa, ya estaba suficientemente amparado por lo dispuesto en el vigente artículo 160 del Código Civil; también, y muy especialmente, objeciones que señalaban la necesidad de que estas visitas o relaciones abuelos-nietos fueran siempre voluntarias y nunca obligatorias y, en consecuencia, que no se diera un trato legal distinto a la regulación de las visitas de los abuelos a los nietos como consecuencia de una ruptura matrimonial. En el proyecto aparecía una regulación estrictamente obligatoria de las visitas que se hubieran interrumpido por cualquier otro motivo, por ejemplo muerte o enfado, que quedaban reguladas con carácter estrictamente voluntario. Es decir, que en estos casos, que no derivaban ni de una separación ni de un divorcio, quedaba al arbitrio, a la voluntad de los propios abuelos solicitarlas o no. Eran unas objeciones que desde Convergència i Unió, con un talante constructivo y positivo, nos propusimos superar presentando 12 enmiendas, que a nuestro juicio cambiaban sustancialmente el texto del proyecto; esas objeciones se han ido diluyendo a lo largo del trámite parlamentario, bien en su literalidad, bien en su espíritu, y han sido aceptadas 9 de las 12 enmiendas que habíamos presentado. Es de justicia señalar aquí el buen talante y la receptividad a nuestras argumentaciones que ha habido a lo largo de toda la negociación, tanto por la ponente del Grupo Popular, doña María Jesús Sainz, como por parte del propio ministerio.


¿Cuál es, señorías, el contenido de estas enmiendas que han quedado ya plasmadas en el texto y que lo han modificado, por lo menos a nuestro juicio, de manera sustancial? En primer lugar, se ha trasladado al terreno de la voluntariedad lo que en el proyecto parecía obligatorio para los casos de separación y divorcio. El colectivo de los abuelos, señorías, es, como todos sabemos, heterogéneo y muchos de ellos por distintas razones, como la distancia, la edad, la salud y otras, no pueden, aunque muchas veces quisieran, tener un régimen obligatorio de relación con los nietos. En otros casos, el interés del menor, que no podemos olvidar en ningún momento que es el principio que debe presidir toda esta regulación, puede hacer que no sea aconsejable esta relación.
Hablo de relación porque fruto también de nuestras enmiendas no se trata ya de un régimen de visitas en sentido estricto, como podría ser el que se fija a favor de los progenitores que se separan, un régimen de visitas de fines de semana o de estancias, sino que únicamente se habla de relacionarse en los términos que se adapten a cada caso, que, por tanto, bien puede circunscribirse a una tarde, a unas horas o a una comida, o a más si se quiere, pero sólo si se quiere. Además, como he dicho, el núcleo de nuestras enmiendas ha ido encaminado a hacer desaparecer la obligatoriedad de la regulación en los casos de separación o divorcio para situarlo en la voluntariedad, con lo que si no se quiere no debe añadirse la regulación de las relaciones con los abuelos a la siempre tensa y complicada negociación de los efectos de una separación o divorcio.


En segundo lugar, se ha superado que los abuelos, que ni son ni pueden ser parte del procedimiento de separación o de divorcio, pudieran venir obligados por una resolución que les impondría una determinada relación con sus nietos. El texto que hoy vamos a votar exige, también a impulso de nuestras enmiendas, que previamente a resolver sobre las visitas o la relación abuelos-nietos se tenga que tener en cuenta algo de sentido común pero que realmente no venía en el proyecto, y es que los abuelos deben dar su opinión y su consentimiento. También fruto de nuestras enmiendas se ha suprimido, por no ser necesaria, la posibilidad de fijar medidas provisionales al respecto y que esta regulación se aplique a los procedimientos que están en trámite, tal y como estaba previsto en el proyecto, para aplicarse únicamente a los que se incoen después de la entrada en vigor de la ley.


Por último, presentamos dos enmiendas que introducen aspectos que a nuestro juicio quizá hacían no necesaria pero sí conveniente esta reforma: una primera, a través de la cual se ha fijado un procedimiento, un cauce procesal adecuado, para solicitar que se reconozca la efectividad de los derechos de los abuelos. Creemos que esto es un avance importante. Un procedimiento que también será igual para las situaciones que se derivan tanto de una separación o divorcio como para las que derivan de cualquier otra causa; es el mismo procedimiento;

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y una segunda introduce las cautelas necesarias para armonizar las disposiciones de este proyecto de ley con las normas recientemente aprobadas en materia de violencia doméstica. Todo ello con la finalidad de impedir el fraude de ley que podría suponer que el progenitor, al que se le hubiera impedido por resolución judicial el contacto con sus hijos, pudiera vulnerar lo dispuesto en esta resolución a través precisamente de las visitas que se pudieran establecer a favor de los abuelos progenitores del mismo.


Quisiera finalmente defender dos enmiendas, las dos que hemos mantenido en este trámite parlamentario. La primera de ellas es de carácter competencial y prácticamente coincidente con la número 9 presentada por el Grupo Vasco, a la que anuncio ya nuestro voto favorable. Es una enmienda tendente a salvaguardar las competencias en esta materia de aquellas comunidades autónomas a las que la Constitución o los respectivos estatutos de autonomía otorgan potestades de regulación, conservación, modificación o desarrollo de los derechos civiles propios forales o especiales, sin perjuicio evidentemente de las competencias del Estado para regular conforme al artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. La segunda es una enmienda que propone algo que nos parece lógico, pero también necesario por razones técnicas, ya que desgraciadamente no existe todavía una jurisdicción de familia; algo que por otra parte se viene demandando por todos los sectores implicados y de lo que nos tendremos que ocupar quizás en una próxima ocasión, y es recoger explícitamente que las funciones atribuidas en la presente ley a los juzgados de Primera Instancia sean asumidas por los juzgados de Familia, allí donde estuvieren creados, por razón obvia de su sensibilización y de su sensibilidad.


Finalizo, señorías, manifestando que a juicio de Convergència i Unió este proyecto de ley se ha situado tras el trámite parlamentario en unos términos perfectamente aceptables, por ello vamos a votarlo favorablemente.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas de Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señor López.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, esta tarde estamos de nuevo aquí para poner de manifiesto que el Grupo Socialista entiende -y así lo expresó tanto en la ponencia legislativa como en la Comisión- que estamos ante un proyecto innecesario, que responde claramente a una de las actividades que más le gusta al señor Zaplana, que es vender humo. Inicialmente nos trajeron un proyecto en el que se pretendía que esas relaciones, esas visitas entre abuelos y nietos pasaran de ser un derecho a ser una obligación. En la ponencia legislativa y, posteriormente, en la Comisión tuvimos la oportunidad de ver como modificaban tamaña tropelía que proponían en su proyecto inicial. Tuvieron que retroceder en sus propuestas y admitir la mayoría de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán y por otros grupos de la Cámara, dirigidas a que desapareciera ese carácter obligatorio que ustedes pretendían. Tuvieron que reconvertir su propuesta y permitir que esa posibilidad fuera única y exclusivamente potestativa y voluntaria. Es decir, hoy estamos debatiendo en esta Cámara un proyecto que ha quedado claramente descafeinado. Ustedes han traído un proyecto que no recoge la intención de su proyecto inicial, por lo que esta propuesta afortunadamente ha dejado de tener algunas condiciones que no tenían ningún sentido. De alguna manera su proyecto legislativo aparece hoy sin ningún tipo de enjundia y pretende proteger unos derechos que ya estaban claramente protegidos. ¿Qué ocurre? Que ustedes, por vender algo ante los medios de comunicación, son capaces de legislar creando incluso un conflicto.


Este proyecto reforma cinco artículos del Código Civil e introduce alguna modificación puntual en la Ley de Enjuiciamiento Civil para lo que sería el tratamiento procesal de la reforma del derecho sustantivo. El Grupo Socialista presentó en su momento cinco enmiendas al proyecto, que ha mantenido hasta este trámite parlamentario, porque entiende que la reforma iniciada por el Gobierno no responde a una demanda social, porque los ciudadanos vieran que sus derechos estaban siendo claramente conculcados, ni tampoco existe una razón jurídica que haga obligatorio adecuar la legislación a una nueva realidad social en este momento. Con carácter general el derecho de comunicación de abuelos y nietos no viene definido en nuestro derecho sustantivo como tal. Lógicamente tampoco eso sería un obstáculo para realizar cualquier tipo de innovación jurídica, aunque nosotros estimamos que deben introducirse modificaciones en nuestra estructura sustantiva jurídica para que puedan soportar este tipo de modificación, cuestión que no incluye este proyecto. Este derecho de comunicación no es un derecho arbitrario que se pueda establecer de una forma imprevisible, sino que ha de resolverse con un instrumento jurídico adecuado que sirva para ello. Esto no significa otra cosa más que el derecho de visita es un derecho ligado al concepto de la patria potestad sobre los hijos y que es una parte de las obligaciones que los progenitores tienen con sus hijos. Emana de esa patria potestad; por tanto, el trato de forma individualizada del derecho de los abuelos, desde nuestro modesto punto de vista, es claramente incorrecto. Además, tal como está estructurado nuestro ordenamiento jurídico, como adelantaba anteriormente, habría que hacer una modificación precisamente para poder tener una estructura jurídica que soportara esta modificación.


Por otra parte, el interés del menor es el bien jurídico fundamental que ha de protegerse. Hay que conjugar el bien del derecho del menor con el derecho de visita de los abuelos, sin vulnerar los derechos de los cónyuges

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dentro del procedimiento de separación y divorcio, y con esta reforma esto se pone claramente en riesgo. Quizás esta reflexión se la haga ante esta Cámara alguien que sigue fajándose día a día en un juzgado de familia donde la incidencia cada día es mayor en las ejecuciones de sentencia por las dificultades que empiezan a suponer los regímenes de visita entre los cónyuges. Si a esto añadimos la situación que se va a producir, estamos seguros que se va a distorsionar ese régimen de visitas que van a tener los cónyuges, derecho que proviene lógicamente del derecho y de las obligaciones que tienen los progenitores que dimanan de la patria potestad.


Basándonos en esas dos circunstancias a las que hacía referencia, mi grupo con sus enmiendas pretendía poner de manifiesto, en primer lugar, que es un derecho que ya estaba regulado en nuestro ordenamiento jurídico, en los artículos 160 y 161 del Código Civil, por tanto, no necesitaba ninguna regulación como la que hoy se ha traído a esta Cámara; y, en segundo lugar, por el contrario y lejos de producir desde nuestro punto de vista una mejora en las relaciones familiares, incluir estos derechos dentro de los procesos matrimoniales supone aumentar el conflicto, que ya de por sí es difícil, convirtiéndose en un elemento más que distorsiona todo este procedimiento. Ante estas dos premisas nuestras enmiendas no podían ser más que de supresión, tanto en la regulación en los procedimientos de mutuo acuerdo como en la resolución en la sentencia en los procedimientos judiciales contencioso. Creemos que estos derechos no deben de estar en los pronunciamientos en los procesos matrimoniales, ya que la comunicación de los abuelos y los nietos no necesariamente se produce con motivo de las rupturas matrimoniales -ya lo adelantaba mi compañera y portavoz del Grupo Catalán, señora Pigem, incidiendo en este aspecto al que yo me refiero-, sino que lo normal es que este tipo de incidencias se produzca por enfados o sencillamente porque alguno de los cónyuges ha fallecido, por lo cual la familia y los abuelos de esa parte estén solicitándole al cónyuge que quede vivo el derecho a poder visitar a sus nietos. Precisamente porque no necesariamente se tienen que producir estas peticiones por ruptura matrimonial, nosotros entendemos que debe estar fuera de ese conflicto, que es el que se produce dentro de los procedimientos de separación y divorcio. Por otra parte, como decía anteriormente, el bien jurídico a proteger es el interés del menor, por lo que todo aquello que coadyuve al desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del menor, cuando este esté en su período de formación, nos preocupa. No creemos que esta medida ayude a dicho objetivo, porque en términos genéricos cuando hablamos con los abuelos nos encontramos con unas circunstancias muy diversas. A mí me gustaría dejar la reflexión ante esta Cámara de que nos vamos a encontrar con absoluta seguridad con que hay abuelos con circunstancias muy especiales, por ejemplo, que se encuentren separados, que se encuentren lejos, que sean inmigrantes, que no tengan recursos o que tengan problemas de salud. Me gustaría decirle a la señora Sainz que no todos los abuelos viven en la calle de Serrano, que no todos los abuelos tienen recursos económicos suficientes para atender a sus nietos y que no todos los abuelos disponen de lo que a nosotros nos parece que debe ser una de las premisas importantes, porque no todos los abuelos tienen la capacidad de poder atender, como en un principio pretendían en su proyecto, esas relaciones con sus nietos.


Bajo nuestro punto de vista, insisto, estamos aumentando el drama familiar, que ya de por si le supone al menor, cuando sus padres se están separando, una tensión suficientemente fuerte, al someterle a un régimen de visitas con los abuelos y tratarle como si fuera una maleta los fines de semana.


La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya, señora López, por favor.


La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Termino inmediatamente, señora presidenta.


Además creemos que esto vulnera claramente la autonomía familiar de los cónyuges, sobre todo del cónyuge que se queda con la guardia y custodia del menor, porque en algunos casos ese régimen de visitas puede ser sólo superfluo, pero en muchos casos no lo será sino que constituirá una fuente de conflictos. Lógicamente, tampoco se nos escapa el subterfugio legal que puede presentar para algunos de los cónyuges no custodios, que van a parapetarse detrás de este derecho de visita de los abuelos para disfrutar más tiempo de sus hijos.


El Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido sus enmiendas. Entiende que este proyecto, lejos de aportar soluciones, aporta más conflictos matrimoniales; y además es innecesario porque el derecho de visita de los abuelos y abuelas con los nietos estaba perfectamente regulado; repito, es innecesario que tenga un tratamiento distinto del que ya existía, tanto en los términos sustantivos como en los procesales, por lo que nuestra postura ante este proyecto de ley será la de abstenernos en esta Cámara.


Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo parlamentario va a apoyar el dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley. Al igual que los grupos que me han precedido en el uso de la palabra, Coalición Canaria ha presentado una serie de enmiendas a este proyecto, cuyos contenidos eran similares

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a los de algunas enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, que han sido aceptadas, y a los de algunas enmiendas presentadas por el propio Grupo Popular, con lo cual damos por integrados los contenidos de nuestras enmiendas.


Vamos a dar nuestro voto favorable a este dictamen porque, aunque no se dice nada nuevo cuando se afirma que los abuelos desempeñan un papel fundamental en el seno de la familia, sí existe un gran consenso sobre la necesidad de fomentar la participación de los mismos en las relaciones familiares, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 39 de la Constitución, sin que ello suponga perjudicar las ya de por sí complicadas relaciones paterno-filiales, máxime en situaciones de ruptura conyugal, o los intereses de los hijos. En este sentido, y en eso también ha existido consenso, las normas vigentes del Código Civil apenas contemplan las relaciones de los nietos con sus abuelos, por lo que se han de incardinar éstas perfectamente en el ámbito familiar, con la intención de que los abuelos puedan desempeñar un importante papel para la estabilidad de los hijos menores, sea en situaciones de normalidad o de conflicto familiar, dada su experiencia y autoridad moral, lo que los distingue de otros parientes y allegados. Ese objetivo es el que se ha perseguido en la presente modificación legislativa: singularizar el régimen de relaciones entre los abuelos y los nietos, tanto en caso de ruptura familiar, como en el de dejación de obligaciones por parte de los progenitores. Sin embargo, tampoco era bueno para los intereses que se persiguen dar excesiva rigidez a ese régimen, por lo que por vía de enmiendas se ha dado libertad, tanto a los padres y abuelos como al juez para llegar a un acuerdo, a la hora de establecerlo, limitarlo o suspenderlo de acuerdo a los intereses de los hijos.


En definitiva, es una buena modificación que logra un equilibrio entre el reconocimiento del derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos y el establecimiento de un régimen de relaciones con consentimiento de los abuelos y en beneficio del menor, lo que permite a la autoridad judicial tanto establecer el régimen de relaciones, como modificarlo o suspenderlo si va en perjuicio de los nietos. También se singulariza la posición de los abuelos en relación con la tutela, pudiéndoseles conferir en determinados casos o en supuestos de acogimiento del menor. Por último, se agiliza la efectividad de los derechos establecidos en esta modificación legislativa ya que su sustanciación procesal se realizará a través de los trámites y recursos del juicio verbal. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Monzón.


Para fijar la posición, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, es bueno que esta Cámara conozca que estamos ante un proyecto de ley que viene a dar respuesta a dos mociones aprobadas por unanimidad en el Congreso y en el Senado, con el fin de que se regulase en los procesos que resuelven sobre crisis de pareja la posibilidad de que los nietos continúen la relación de afectividad con los abuelos, que es de lo que se trata. Abuelos que desempeñan un papel fundamental de cohesión y transmisión de valores en la familia.


Estamos ante una ley que desarrolla lo que fue una petición unánime de las dos Cámaras, más allá de que se reconociese ya en su momento -en los debates está recogido- que existía un artículo 160. La verdad es que reconocía, pero aparece -y lo saben perfectamente SS.SS.-de una forma muy genérica al entrar en las expresiones de parientes y allegados y sin que hubiese una formulación explícita de quienes tienen un importante papel en la vida familiar. Es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista, que ahora lo que plantea es la supresión de la ley por considerarla, como ha dicho su portavoz, innecesaria, hace unos meses lo que quería era ampliarlo, llegando incluso a individualizar en términos de parientes más allá de los abuelos, cuestión que ahora, sin embargo, olvida, y que no refleja en las enmiendas, con un cambio de opinión significativo. Debemos señalar que lo único que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es suprimir claramente la ley, que el Gobierno la retire. Cambio de criterio político, que no sé si es fruto de una nueva corriente, si es fruto de que hay nuevos asesores, en definitiva, muestra una incoherencia grande con la postura que ustedes mantuvieron en esta Cámara y en el Senado.
Algo, por otro lado, que no sorprende a nuestro grupo. Nos tiene acostumbrados porque lo han hecho en otras muchas cuestiones.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular deseo que quede muy claro, en primer lugar, que la ley antepone el derecho del menor a cualquier otro.
En segundo lugar, que la ley se construye desde la voluntariedad y que, en modo alguno, tiene carácter voluntario. En tercer lugar, que se introduce una previsión cautelar en el artículo 160 que a nuestro grupo le parece muy importante, que no existía en la legislación, para asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer la relación entre abuelos y nietos -porque se trata de favorecer la relación y no tanto de un régimen estricto de visitas- no faculten la infracción de resoluciones judiciales que suspendan o restrinjan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores. Esta cautela, señorías, no existía en el Código Civil y esta Cámara, que ha estado aprobando importantes modificaciones legislativas, con el fin de proteger mejor a las víctimas, con medidas cautelares de alejamiento, incluso, de privación de patria potestad, etcétera, pensó, y de manera especial nuestro grupo coincidente con algún otro, que se debía reforzar ese espíritu en esta ley. En cuarto lugar, se establece un procedimiento judicial más adecuado, compartiendo las consideraciones ya desarrolladas

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por la portavoz de Convergència i Unió del trámite verbal para el artículo 160.


Respecto a las enmiendas, tengo que decir que es cierto que hoy estamos dictaminando una ley que en el trámite de ponencia, y teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no estuvo presente en el trámite de Comisión, se incorporaron importantes enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, en concreto cinco, también de Convergència i Unió, una del Grupo Vasco y alguna de Coalición Canaria que contribuyeron a mejorar el texto, clarificando el espíritu del legislador de voluntariedad deseada, para que no hubiese ningún tipo de duda y también en lo que respecta a ese trámite de audiencia previa a los abuelos que consideramos fundamental. En Comisión ya comentamos las razones por que las que no habíamos aceptado las dos enmiendas vivas de Convergència i Unió, por lo que me ahorraré ese tiempo, pero sí quiero que quede claro que la ley es absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. De las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ya ha hablado su portavoz, y salvo la número 9, en sintonía con la enmienda de Izquierda Unida, que se refiere a las diferencias en competencias, la mayoría han sido recogidas en el espíritu con las modificaciones asumidas por la ponencia. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como expliqué en Comisión, aunque ellos no estaban, no podemos admitirlas porque, fundamentalmente, pretenden vincular el derecho que se reconoce a los abuelos de relacionarse con los nietos con una supuesta obligación económica de los progenitores, derivada de la ruptura matrimonial. Esto no es lo que se pretende en la ley, consideración que, por cierto, rebate alguna de las expuestas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Caso distinto son las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Ya hemos adelantado que han cambiado de opinión y que, lo que hace unos meses era oportuno, ahora resulta para ellos innecesario. Por ello, no podemos aceptar unas enmiendas que lo único que contemplan, sencillamente, es que se retire la ley. Realmente, se trata de una enmienda a la totalidad que no se atrevieron a presentar en su momento. Nuestro grupo considera que es una ley claramente oportuna. Si se reconoce en esta tribuna que se modifican cinco artículos, caen en una total contradicción cuando dicen que lo que se vende es humo. En qué quedamos, ¿se modifican leyes, se modifican artículos o es simplemente humo lo que aquí hay?

Señorías, estamos ante una ley que consideramos claramente procedente, que incluye en el Código Civil normas que ponderan los intereses en conflicto y que acogen con interés merecedor de protección el de los abuelos a relacionarse con los nietos. Así lo estima positivo no sólo el Grupo Parlamentario Popular, sino también el informe de la Fiscalía General del Estado y así se articula en este proyecto de ley. La ley parte del concepto de que el interés del menor es el principio rector de nuestro derecho de familia y debe siempre primar. Incluso, en palabras de la propia Fiscalía general del Estado, se dice: La reforma es oportuna, está justificada y es necesaria. En el mismo informe se reconoce que nuestro derecho de familia adolece de referencia a las relaciones entre abuelos y nietos menores de edad, quedando la relación como una regla muy general, al ámbito casi de la privacidad inherente al núcleo familiar. Olvido, dice la Fiscalía, muy llamativo cuando en cambio al vínculo abuelo-nieto se le reconoce un rigor suficiente para irradiar poderosos efectos jurídicos, por ejemplo la nacionalidad, las legítimas hereditarias o la sucesión intestada.


Señorías, tratamiento por tanto en la actualidad exiguo e insuficiente cuando los abuelos y las abuelas son de significativa importancia en el desarrollo personal de los menores al contribuir muchas veces a mantener esa estabilidad afectiva y personal desgraciadamente rota. Vemos, por tanto, señora presidenta, señorías, que la ley viene a cambiar una situación actualmente insuficiente, injusta, como he querido argumentar.
A juicio del Grupo Popular, los abuelos se merecen un régimen específico distinto al genérico de demás parientes y allegados. Nosotros votaremos por tanto a favor de la ley con la corrección técnica introducida al haber observado una repetición, una redundancia en el texto establecido al artículo segundo nuevo.


Agradezco en nombre del Grupo Popular y personalmente el apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el espíritu claramente colaborador de su portavoz, Mercè Pigem; el apoyo también del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que ha anunciado y el talante positivo de su portavoz, Margarita Uría, y lo mismo puedo decir del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y también de su portavoz. Lamento, en definitiva, que otros grupos no hayan tenido la sensibilidad de haber visto, como nuestro grupo y estos que he mencionado que esta ley es de justicia con los abuelos y de interés fundamental para los menores.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.


- PROYECTO DE LEY DE EMPLEO. (Número de expediente 121/000169.)

La señora PRESIDENTA: ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Se dan por decaídas las enmiendas.


¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.) Para la defensa de sus enmiendas, señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, en este día estajanovista que nos han metido con este orden del día procuraré ser breve. (Risas.) Estajanovista, sí; algún día les explicaré quién era Stajanovich. Me imagino que lo conocerán.


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Tras el debate en Comisión y sin que se haya aceptado ninguna de nuestras enmiendas, todo el argumentario que expusimos en la enmienda a la totalidad de este proyecto sigue en pie. Sigue en pie lo que expresamos y es que se dedica prácticamente la totalidad de su articulado a plasmar el sistema organizativo que sustentará la política de empleo reflejando miméticamente un marco que ya está vigente en cuanto diseñado por las transferencias en la materia. Sin embargo, en el transcurso del tiempo se han promovido materias de legislación autonómica que han creado y regulado los servicios de empleo e incluso en esta materia se perturban las competencias autonómicas de autoorganización tal como se ha redactado el artículo 18 y ya mencionamos en la defensa de la enmienda a la totalidad.


Vuelvo a repetir que se hace de nuevo una errónea equivalencia entre gestión y ejecución asimilando y reduciendo las competencias autonómicas a una mera gestión de servicios y se pretende un Estado autonómico en el cual las comunidades autónomas se convierten en entidades responsables de una mera gestión administrativa descentralizada y se mantiene en manos del Estado la elaboración de las políticas de fomento y protección de empleo.


Hay un tema que recalco y es que se siguen sosteniendo las facultades de ejecución básica, como son los programas subvencionables, en manos del Gobierno central. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Independientemente del debate sobre si los programas subvencionables, las cotizaciones a la Seguridad Social, crean o no empleo -sinceramente, otros portavoces y yo creemos que muy poquito-, no compartimos la teoría de involucrar el tema subvenciones en el sistema de caja única y en esta medida presentamos nuestro voto particular al propio Pacto de Toledo.


No voy a repetir la regulación que vuelve a hacer el Gobierno de la formación continua. Tras años de debates y habiéndonos dado los tribunales la razón en nuestras alegaciones, el Gobierno vuelve a hacer una especie de puenteo para no cumplir dichas sentencias.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco, a la vista de que tampoco se nos ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas, manifiesta su oposición a esta ley.


He dicho que iba a ser breve, y lo he sido. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Txueka.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMRICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta, y gracias también a los portavoces que, con su generosidad, me permiten intervenir, aunque sea un turno tarde.


Quiero manifestar cuál es la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre el dictamen de la Comisión en relación con el proyecto de ley de empleo, posición que no difiere de la que manifestamos en el debate de totalidad.
Este proyecto de ley es una muestra más de esa especial rebeldía en la que el Gobierno se ha declarado contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de empleo, de formación continua; es decir, en materia de descentralización de las competencias que aún ostenta el Estado y que, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad en materia laboral, deberían ostentar las comunidades autónomas, rebeldía que encuentra otros ejemplos en el ya tristemente famoso decreto de 1 de agosto de 2003, regulador del subsistema de formación continua.


El proyecto de ley establece, de una forma excesiva, que las competencias del Estado en materia de empleo son la coordinación de las diferentes políticas, la elaboración de legislación y reglamentación en relación con la intermediación y colocación en el mercado de trabajo -aunque en la ley también hay funciones ejecutivas-, el fomento del empleo en el ámbito estatal, pero no se reconocen realmente ámbitos autonómicos; la formación profesional ocupacional y continua, en un evidente solapamiento y muy evidente desconocimiento de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en la materia, y la ejecución de las políticas activas de empleo no transferidas o con un ámbito de actuación superior al de la comunidad autónoma y, como siempre, será el Estado, como en materia de formación continua, el que convencional y arbitrariamente determine cuándo el ámbito es superior al de la comunidad autónoma; por ejemplo, programas operativos que tienen que ser, como mínimo, de dos comunidades autónomas, desde nuestro punto de vista con el único designio de eliminar de esta formación continua el sindicalismo nacionalista. Por tanto, este proyecto de ley niega a las comunidades autónomas la capacidad de cooperar y de coordinarse entre ellas y cierra, como ya he apuntado, la posibilidad de seguir ahondando en el proceso de transferencias en materia laboral.


En esta misma línea, y también merecedor de críticas, el proyecto de ley establece que será competencia del servicio público de empleo estatal la percepción de las ayudas de los fondos europeos para la cofinanciación de acciones en esta materia. Esta previsión, contraria a la jurisprudencia constitucional consolidada y que parte de la sentencia 79/1992, impide que las comunidades autónomas puedan participar en el reparto; es decir, impide la territorialización de acuerdo con criterios objetivos, tal y como decía el Tribunal Constitucional, de estos fondos. De esta manera se incrementan las ineficiencias, se solapan las competencias estatales con las asumidas por las comunidades autónomas y se crean desequilibrios -no se fomenta la unidad de mercado, sino que se crean desequilibrios-, cosa que ya se está

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produciendo en la actualidad, dada la importancia de la política regional europea dentro de la política territorial.


Por todas estas razones, y no sólo como forma de oponernos a esta ley, sino al carácter regresivo desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista territorial, de la política del Ministerio de Trabajo, el Bloque Nacionalista Galego seguirá manteniendo sus enmiendas, mantendrá el veto y las enmiendas parciales en el Senado y se opondrá a este proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Aymerich.


Para la defensa de las enmiendas en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, esta ley de empleo recoge en gran medidas las aportaciones que han realizado las organizaciones sindicales, y constatamos que supone alguna rectificación de las políticas que ha venido practicando el Partido Popular hasta la fecha. Debe recordarse la resistencia del Gobierno a realizar estas rectificaciones. El proceso de consulta y negociación del anteproyecto ha sido arduo y laborioso. El Gobierno presentó un primer borrador que fue unánimemente rechazado por las organizaciones sindicales. El Consejo Económico y Social emitió un dictamen, en junio de 2002, que avalaba modificaciones propuestas por los sindicatos sobre el papel de los interlocutores sociales en los órganos de control y participación, la ambigüedad de las competencias de los órganos de gestión, las indefiniciones y la falta de articulación entre el sistema nacional de empleo y la conferencia sectorial, la desaparición de la gestión de las prestaciones como competencia del servicio público de empleo estatal, la excesiva tendencia a la externalización de los servicios en materia de intermediación que posibilitaba la entrada de empresas privadas con ánimo de lucro, la inclusión de una nueva regulación del contrato de inserción que lo descausaliza, etcétera.
Borradores posteriores de la ley de empleo no recogían estas propuestas, hasta la reunión del Consejo General del INEM, el 30 de junio de 2002, donde llegó a plantearse la renuncia de los sindicatos a consensuar el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros, lo que hizo al Gobierno rectificar.


Señorías, este es un claro ejemplo de que el Gobierno carece de sensibilidad, y de que sólo la presión le hace escuchar a los ciudadanos en general, y a los trabajadores en particular. Fruto del esfuerzo de los sindicatos pueden constatarse algunos avances, tales como los siguientes.
Primero, se define que la política de empleo comprende tanto los programas y medidas tendentes a favorecer la inserción de los demandantes de empleo, como la acción protectora de las prestaciones por desempleo.
Segundo, hay una mejora evidente en la definición y estructura del sistema nacional de empleo, garantizándose la participación de los interlocutores sociales en el consejo general del sistema nacional de empleo, teniendo dicha participación carácter tripartito y paritario.
Este tipo de participación se garantiza también en los servicios públicos de empleo autonómico. Tercero, se garantiza que la intermediación en la colocación corresponde fundamentalmente a los servicios públicos de empleo y a las agencias de colocación sin fines de lucro; sólo en casos de colectivos especiales, y con un convenio, podrán intervenir en la intermediación entidades especializadas en dichos colectivos. De esta manera, se elimina la atomización de entidades colaboradoras en el proceso y, por tanto, los riesgos de pérdida de control. Cuarto, el proyecto de ley incluye, entre las competencias del servicio público estatal, la gestión y control de las prestaciones, con lo que se solventa la indefinición que, sobre aspecto tan importante, había en borradores anteriores y respecto a lo que las organizaciones sindicales habían insistido en la necesidad de definir el órgano gestor.


Nuestras enmiendas pretenden mejorar estos principios impuestos al Gobierno por el Consejo Económico y Social y los sindicatos. Nuestras propuestas se refieren, en primer término, a que el objetivo no es sólo el de crear empleo, sino también el de que este sea de calidad. Las políticas del Gobierno en esta materia se encaminan a la creación de empleo temporal y con contratos basura, como se puede ver en la realidad.
Pretendemos la generalización de estos derechos de empleo no sólo a los ciudadanos y ciudadanas españoles, sino que también sean de aplicación a los nacionales de los demás Estados miembros del espacio económico europeo y a los demás extranjeros, garantizando la efectiva y real igualdad de oportunidades y la falta de discriminación.


Es nuestro propósito fijar en la ley que, para evitar acciones discriminatorias, se potenciarán las acciones inspectoras específicas destinadas a favorecer la igualdad, con el objetivo de garantizar la efectiva y real igualdad de oportunidades y la falta de discriminación.
Pretendemos afirmar que tanto en los servicios públicos como en las agencias de colocación se ratifique el requisito de que no tengan ánimo de lucro. Deseamos con nuestras enmiendas que los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo inscritos en los servicios públicos de empleo participen en las políticas activas de empleo, adecuadas a su caracterización y opción profesional, que se determinen en su itinerario de inserción, idóneo a su cualificación y experiencia profesional.


Por último, es relevante reclamar a la política presupuestaria del año 2004 que se mejore la dotación administrativa, técnica y de personal con recursos suficientes, atendiendo en su conjunto las demandas planteadas de homologación, retribución y racionalización del servicio por los representantes sindicales del servicio público de empleo estatal. Para finalizar, proponemos igualmente la dotación de personal de 1.800 nuevas plazas adicionales para la mejora del servicio, llegando

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hasta las 5.000 plazas antes de final de la legislatura vigente.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar, pese a todo, favorablemente esta ley, reconociendo los avances que en ella se consiguen.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Ruiz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.


Casi en la intimidad, a la hora del mediodía, vamos a entrar a debatir las enmiendas vivas. La lectura en el "Diario de Sesiones" del pasado 1 de octubre del debate en Comisión, especialmente de las intervenciones del señor Jaúregui y del señor Azpiroz, y el posterior rechazo a las enmiendas de Convergència i Unió por parte de los grupos Socialista y Popular, justifican plenamente que hoy el Grupo Catalán vuelva a votar en contra de la ley de empleo. Las intervenciones de los señores Jaúregui y Azpiroz fueron especialmente clarificadoras. El señor Azpiroz, que lamento que por razones personales y familiares no nos pueda acompañar hoy, afirmaba claramente que el Estado actúa con título competencial suficiente y establecía -sobre la base de dicho título- que incluso el Estado en esa materia no tan sólo tiene la capacidad legislativa plena, sino también los reglamentos tradicionalmente llamados ejecutivos, por tanto, la legislación y su desarrollo; se daba esa posibilidad, amparándose en el título competencial suficiente y en las sentencias del Tribunal Constitucional como afirmaba el señor Azpiroz. El propio señor Jáuregui también era contundente afirmando que el actual marco legal no permite en ningún caso a las comunidades autónomas la competencia de la legislación. Posiciones muy claras. Incluso el señor Jáuregui, en su intervención, expresaba ya la primera preocupación pero con una levedad que justifica aún más la votación en contra. Afirmaba el señor Jáuregui: Sin embargo, también tengo que decir que en este terreno hay un marco aceptable si el ejercicio real de esta ley se realiza con buena fe. Señor Jáuregui, ¿espera que esta ley no sea antiautonómica en la medida en que quien tenga que aplicarla tenga buena fe? Y continuaba diciendo: Nosotros hemos planteado este problema a los interlocutores del Gobierno y nos han expresado en cierto modo -y subrayo en cierto modo- la voluntad política de que la realización de la conferencia sectorial y los programas de políticas activas puedan avanzar en una visión autonomista.


Señorías, una ley que deja muy claro que la única competencia legislativa en este ámbito está en manos del Estado, que el desarrollo reglamentario queda en manos del Estado y quedamos al albur de la buena fe que tenga la Administración central del Estado en la misma para mantener el espíritu autonómico, es evidente que es una ley que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) debe rechazar. Es más, que aquellos que tenemos una concepción avanzada y progresista del modelo de Estado debemos rechazar.
Porque junto con el título competencial, al que el señor Azpiroz hacía referencia, creemos que otros títulos competenciales, plenamente en el marco constitucional, hubiesen permitido la capacidad legislativa de las comunidades autónomas. Con esos títulos competenciales y el establecimiento como básicos del capitulo III del título I, que se refiere a servicio públicos de empleo autonómicos, y del título II, donde se establecen los instrumentos de las políticas de empleo declarados como básicos, y en base a otros títulos competenciales, hubiesen garantizado el pleno ejercicio de las competencias legislativas de las comunidades autónomas. Esa sería una interpretación abierta, avanzada y progresista del modelo de Estado por el que otros grupos de esta Cámara -el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el Bloque Nacionalista Galego y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- apostábamos. Y ahí volvemos a lamentar que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan coincidido en esa visión cerrada, antigua y conservadora del modelo de Estado.


Junto con la ineficacia de esta ley que se nos plantea, es evidente que a quien refuerza esta nueva ley es a la burocracia de siempre del Ministerio de Trabajo. Además, señoría, en el trámite parlamentario -y fue defendido por la señora Montseny- se introdujo la enmienda 196, que recuperaba para el Estado la competencia sancionadora, prestaciones por desempleo, que en los decretos de transferencia de las comunidades autónomas se había otorgado, si no recuerdo mal, a Valencia, Navarra, islas Canarias y Cataluña. Retornaba al Estado una competencia ya transferida, a través de una enmienda introducida por el Grupo Parlamentario Popular y que tan solo podemos interpretar -y hay unas declaraciones del señor Azpiroz en los medios de comunicación- como una venganza ante una votación negativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a este proyecto de ley. Y con una argumentación arrogante sobre el porqué de esta actuación. Se quita esa competencia porque esa competencia no se quiere ejercer. Es un concepto de la autonomía absolutamente rechazable por quienes tenemos esa determinada visión del Estado.


En el debate en la Comisión de Política Social, el señor Jáuregui en una réplica nos decía que el debate no es sobre qué marco de relaciones laborales se debe establecer, si la unidad de mercado referida al conjunto de España, como afirmaba el señor Jáuregui, o lo que defendemos algunos, como el PNV, CiU o el BNG, que es la existencia de marcos nacionales de relaciones laborales. Nos decía que este no es el debate.
El debate es sobre si esas relaciones laborales son o no correctas, si son buenas o no, si funcionan bien o no, el problema

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no es el color de la piel del gato, sino si el gato caza ratones. Nosotros debemos recordar -y podríamos citar a Lluís Fina, un hombre de la izquierda en Cataluña- que las relaciones laborales se producen en realidades sociales concretas, no se producen en el éter. Y Cataluña, Euskadi y Galicia son realidades sociales concretas que exigen políticas concretas, porque son tasas de paro diferentes. En el caso de Cataluña, por ejemplo, la tasa de actividad de las mujeres es diferente a la del conjunto de España y una tasa de paro también diferente en ese mismo ámbito. Hay una actitud diferente ante el esfuerzo de encontrar trabajo.
En Cataluña tan sólo un 14,5 por ciento de las búsquedas de trabajo se producen a través de las oficinas de empleo y en el conjunto del Estado cerca del 33 por ciento. En Cataluña hay un mayor número de parados desprotegidos que en el resto del Estado, lo que requiere un mayor esfuerzo de las familias para solventar ese tipo de situaciones; incluso hay una voluntad desarrollada por consenso con los agentes sociales con la creación del Consell de Treball, del Consell Català de Seguretat i Salut Laboral, del Servei d'Ocupació de Catalunya, configurado en base de una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña en ese ámbito, o la puesta en marcha del Tribunal Laboral de Cataluña, como instrumento de conciliación en el ámbito de las relaciones laborales.


Señorías, además, por parte de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras en Cataluña y de Cataluña ha sido objeto de crítica esa exigencia de políticas pegadas a la realidad social que mantiene este proyecto de ley. Los responsables de UGT y de Comisiones en Cataluña han visto que esta ley es centralista y decían que la rechazaban. Se puede acusar a Convergència i Unió -y también el señor Jáuregui lo planteaba en estos términos en la Comisión- de actitud electoralista en esta materia.
Pero no es Convergència i Unió sino que son UGT y Comisiones quienes dicen que esa es una mala ley desde la perspectiva competencial. Además, esta ley recoge una idea que el Consejo Económico y Social desplegó en ese nefasto informe -que yo no me cansaré de recordar en esta Cámara-, denominado Unidad de mercado y cohesión social, que es que el modelo autonómico provoca desigualdades territoriales. Señorías, para quienes defienden posiciones avanzadas y progresistas este es un concepto inaceptable. Las desigualdades que existen en la sociedad no se derivan de las desigualdades en los territorios sino de las desigualdades socioeconómicas. Creo que una posición progresista no puede compartir esa idea. Y esa ley parte de esa idea, de esa concepción conservadora y jacobina de lo que es el Estado.


¿Va ser esta una ley útil, una ley eficaz en relación con las necesidades de los trabajadores, de las empresas, del objetivo del pleno empleo, del objetivo de la calidad en el empleo, del objetivo de la disminución de los accidentes de trabajo? A nuestro entender, no. Esta ley basada en esa concepción que viene a reforzar ese aparato burocrático del INEM no va a resolver esas cuestiones. Además, señorías, no se apuesta de manera desacomplejada, clara e inequívoca por dar cabida a la participación privada en la intermediación laboral. Mi grupo hubiese deseado, en un contexto diferente, en un contexto de diálogo sincero y abierto con los grupos parlamentarios, especialmente con el grupo de la mayoría, que esta ley abriese esa participación activa de los agentes privados en la intermediación laboral. Hoy, en España, buena parte de los problemas de paro estructural que tenemos se derivan de esa insuficiencia de las acciones de intermediación. Y esta ley lo podría haber abordado con claridad, y creemos que ahí se hubiese podido trabajar para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para que las empresas de trabajo temporal participasen de ese mercado, seguramente estableciendo un servicio gratuito para los trabajadores, pero de pago para las empresas.
Eso no ha sido posible. El debate viciado sobre este modelo centralista no ha permitido abrir este debate de modernización. Yo espero que en la próxima legislatura podamos abordarlo en esta Cámara con otras mayorías.


Finalmente, esta ley que tan sólo recupera poder político para esa burocracia, junto con el escándalo que ha supuesto el nuevo sistema de formación continua y la ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, configuran una LOAPA social y laboral que Convergència i Unió quiere denunciar. Lamentamos de nuevo que esa visión centralista y jacobina del PSOE y del PP se imponga en esta Cámara.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Campuzano.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo mantiene vivas para este debate aproximadamente 10 enmiendas de las 32 que presentamos al comienzo del trámite legislativo correspondiente.
Mantenemos un número de enmiendas vivas que no han sido negociadas, a pesar de que -y quiero decirlo inicialmente- en el trámite de Comisión el Grupo Popular, y especialmente el Gobierno, mantuvieron una actitud dispuesta a la negociación, que permitió que 21 de las 33 enmiendas que el Grupo Socialista había presentado inicialmente fueran o bien aceptadas literalmente o bien pactadas y transaccionadas.


Quedan las enmiendas dirigidas a tres grandes objetivos. El primero de ellos, el que se refiere a mejorar la calidad de los servicios públicos de empleo, a aumentar su eficiencia, a exigirles más compromisos, a tratar de que los servicios públicos de empleo, autonómicos o estatales, hagan bien su trabajo, porque esta es una cuestión fundamental en la política de empleo. En segundo lugar, a garantizar el orden competencial y la buena coordinación entre administraciones, porque hablamos

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de una competencia que se ejerce por el Gobierno del Estado, pero también por las comunidades autónomas, y a dar un espacio en el reparto competencial a los ayuntamientos, de los que nadie habla. Y en tercer lugar, a dar más presupuesto, más personal y mejores condiciones laborales a los servicios públicos de empleo. Estas tres grandes líneas de reflexión en cierto modo concitan una explicación de nuestras enmiendas que, por cierto, no responden sustancialmente al debate competencial o no únicamente.


Tanto el representante del PNV, como especialmente el representante de CiU, nos han expresado, con toda legitimidad por cierto, sus puntos de vista en relación con esta ley y si uno los analiza acaba, en cierto modo también, comprendiendo que sus únicas preocupaciones en este debate son las que se refieren al orden competencial. Sólo muy al final de las últimas palabras del señor Campuzano se ha podido detectar alguna preocupación por si los servicios de empleo funcionan bien o mal, por si son útiles, por si son eficaces, por si intermedian bien o mal, por si aumentan su tasa de intermediación o por si los parados reciben un buen servicio. Esto parece no importar cuando hablan los nacionalistas, sólo parece preocuparles si efectivamente la comunidad autónoma a la que representan va a tener plenitud competencial o no. Y yo admito la legitimidad de ese debate, pero quiero que ustedes también admitan la conveniencia de que otros partidos -y el que yo represento en particular- se preocupen especialmente porque la ley de empleo sea una buena ley de empleo, sea una ley eficaz, porque los servicios públicos de empleo traten bien a los parados, los inserten en el mercado laboral, les mejoren su formación y los reciclen. Eso a ustedes no les importa, sólo parece importarles que lo haga la comunidad autónoma, porque eso ya es equivalente a que lo va a hacer bien. ¿Y si lo hace mal? Esto es lo que tenemos que ver. Creo, sin embargo, que hay una oportunidad para que debatamos todos los temas con tranquilidad y en ese sentido quiero explicar cuáles son las enmiendas que mantenemos vivas para el debate en esta sesión.


En primer lugar, y va en la línea de lo que acabo de decir, el Grupo Socialista quiere que, antes de llegar al sexto mes de paro, un parado reciba una oferta de empleo o una oferta de formación. Es una enmienda importante. Por cierto, señores del Partido Popular, quiero decirles que esta no es una propuesta que me haya inventado, la he leído en el programa electoral del Partido Popular del año 2000. Creo que es una buena propuesta electoral y desde luego debiera de ser una buena medida de esta ley que cada parado en nuestro país reciba antes de seis meses, como mínimo, o una oferta de formación o una oferta de inserción laboral.
No viene en la ley, el PP no lo ha querido incluir y sencillamente lo lamento.


En segundo lugar, contemplamos las enmiendas correspondientes a que los agentes de formación profesional -y me refiero especialmente a las escuelas de FP- tengan una mayor capacidad de intervención en la intermediación laboral, que las escuelas se conviertan en una parte del sistema, que los servicios públicos de empleo -autonómicos en este caso- sean capaces de coordinar su actuación, que las escuelas recojan a los parados, les orienten, les tutoricen en su proceso de adaptación al mercado laboral, de formación profesional, inclusive les acompañen, como suele decirse a veces en el argot, que les lleven de la mano hacia el trabajo. Las escuelas tienen que jugar un papel mayor que el que juegan y, desgraciadamente, esta ley no lo contempla adecuadamente.


En tercer lugar, por ejemplo, en otra enmienda socialista queremos que los servicios de intermediación laboral, que los servicios públicos de empleo, intermedien en la contratación laboral sobre unas referencias mayores que las actuales. Siempre hemos dicho que el gran fracaso del INEM actual es que intermedia muy poco o casi nada, porque si exceptuamos las ofertas públicas de empleo, la intervención en el mercado laboral privado no llega al 5 por ciento. Nuestra pretensión es que la ley contemple una exigencia, un compromiso de que los servicios públicos de empleo se acerquen a la media de la Unión Europea en lo que llamamos tasas de intermediación.


En cuarto lugar, hemos presentado una enmienda que pretende incorporar a los servicios de empleo en España un observatorio permanente del empleo que oriente las estrategias activas de fomento del empleo, que oriente inclusive la formación profesional y la formación universitaria. Conozco países, concretamente Estados Unidos, donde hay un observatorio que tiene un enorme prestigio como orientador de qué profesiones conviene ir formando, dónde están surgiendo nuevos sectores que requieren formación profesional, etcétera, y esto no está funcionando en los servicios públicos de empleo de nuestro país. Asimismo pretendemos que haya una mayor evaluación de las políticas públicas. Nadie evalúa el éxito, la eficiencia de las políticas activas de empleo y hace falta un organismo, a poder ser autónomo, yo diría inclusive que fuera independiente del Ministerio de Trabajo, no en el INEM sino fuera de él, que evalúe la eficiencia de las políticas públicas. Esto está recogido en una enmienda que presenta nuestro grupo.


Hay un capítulo de enmiendas que trata de respetar el marco competencial de las comunidades autónomas. Yo les confieso, señorías, que seguramente cabe una concepción más autonomista en el orden competencial de esta ley.
Yo lo reconozco así porque probablemente podríamos estar dando más eficiencia al sistema. Yo creo que esto cabe, pero desde luego ustedes no pueden acusarnos de que estamos haciendo una ley que vulnera sustancialmente las competencias autonómicas y que pretende que las políticas de empleo se hagan en el éter, como usted decía, señor Campuzano. A veces en la

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argumentación, en la dialéctica política se utiliza la caricatura y realmente usted lo ha hecho cuando ha intentado explicar que nosotros nos cargamos las funciones de las comunidades autónomas. Yo creo que podrían hacer algo más. Creo inclusive que algunas garantías que el Partido Popular no ha admitido para la defensa del reparto competencial autonómico podrían introducirse en la ley. Pero esto no quiere decir que las comunidades autónomas no vayan a tener competencias en la aplicación de la Ley de empleo. Esto sería engañar o decir lo contrario a la verdad, porque sin duda son los servicios autonómicos de empleo los que van a ejecutar la política de empleo, y lo van a hacer con arreglo al territorio, con arreglo a ese contexto que nuestro querido Lluís Fina reivindicaba para las políticas de empleo en las comunidades autónomas.


Quiero anunciar al Grupo Popular y a los grupos nacionalistas que nuestro grupo va a votar en contra de la disposición final segunda, que contempla la reversión competencial al ministerio de algunas competencias que cuatro comunidades autónomas venían ejerciendo hasta la fecha. Esa enmienda que el Grupo Popular introdujo a última hora no nos parece bien.
Somos conscientes de que hay un problema de coordinación entre administraciones, pero que la solución sea: como no lo haces, te lo quito, nos parece drástico, excesivo e incorrecto desde el punto de vista del orden competencial. Por ello, anuncio que el Grupo Socialista votará en contra de esa disposición final que incorpora la reversión al Ministerio de Trabajo de una competencia transferida a cuatro comunidades autónomas.


Por último, hay un grupo de enmiendas en relación con dos conceptos fundamentales. Seguimos reivindicando que las cotizaciones por desempleo no puedan destinarse a gastos que no sean de naturaleza contributiva. En ese sentido, quiero reiterar que nosotros no estamos de acuerdo con que sistemáticamente sigamos gastando dinero de cotizaciones para pagar bonificaciones a las empresas. Creemos que todo lo que se cotiza al desempleo tiene que ir a prestaciones pasivas o a políticas activas, pero no a bonificaciones. Esto lo reivindicamos en una enmienda que mantenemos para esta sesión plenaria. Finalmente, hay una enmienda que procura mayor presupuesto al INEM, y sobre todo más personal y mejores condiciones laborales. Ese es el último bloque de enmiendas que tratan de articular una posición política que nuestro grupo mantiene en torno a esta ley y que recoge, como no podía ser de otra manera, un hecho que es incuestionable y que también ha señalado don Antero Ruiz: en el trámite de esta ley ha habido un diálogo largo con las comunidades autónomas. Nos consta que las comunidades autónomas, en general, han mostrado su aceptación al texto; nos consta que esta ley ha sido pactada, después de un año largo de negociaciones, con UGT, con Comisiones Obreras y con la CEOE, y nos consta, como no puede ser de otra manera, que en el trámite legislativo el Grupo Socialista, que presentó 33 enmiendas, ha obtenido satisfacción en 21 de ellas. Eso, unido a la percepción de que es una ley marco que tiene que tener un desarrollo en la ejecución sobre la base de un entendimiento político entre Gobierno y comunidades autónomas, da prueba de la buena fe de la que le hablaba, señor Campuzano. La política de empleo no puede realizarse en desacuerdo con las comunidades autónomas y, como no se puede hacer, va a tener que haber acuerdo en la conferencia sectorial. Esa es la buena fe que vislumbramos en una ley marco, la cual creemos que puede desarrollarse, como he dicho antes, con una concepción territorial autonomista. Eso es lo que me lleva, señorías, a manifestarles que mi grupo votará a favor de la ley, pero con una posición crítica como la que he expresado en relación con las enmiendas de las que he hablado en esta sesión.


Muchas gracias.(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Jáuregui.


En el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.


La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.


En línea con lo expresado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el debate de totalidad de este proyecto de ley y en la Comisión, manifestamos nuestro voto favorable al dictamen de la Comisión sobre este proyecto de ley. Coalición Canaria presentó al mismo una enmienda que para Canarias era de vital importancia, habiendo sido aceptada por la Comisión. De esta forma ha quedado incluida en el texto formativo la participación del Estado en la financiación del Plan integral de empleo de Canarias. La especificidad de Canarias, reconocida en la legislación europea, en concreto en el artículo 299 del Tratado, justifica el tratamiento diferenciado como región objetivo 1 y en esa línea es en la que se pretende asegurar la financiación del Plan integral de empleo de Canarias.


Permítanme, pues, señorías, hacer una pequeña referencia histórica y un balance del primer Plan integral de empleo de Canarias, finalizado en 2002. Tras un largo proceso de debate entre el Gobierno de Canarias, los sindicatos más representativos y las patronales sobre las condiciones especiales que se dan en el mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Canarias, nace el Plan integral de empleo de Canarias. Estas instituciones deciden impulsar conjuntamente la puesta en marcha de un plan cuyo objetivo fuera lograr el pleno empleo en el Archipiélago. El debate se inicia con la firma del documento Acuerdo por el empleo desde la solidaridad y la competencia, resultado de la concertación social y firmado el 13 de mayo de 1994 por el Gobierno canario, las patronales y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, en el que se incluía el compromiso de redactar

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un plan de empleo específico para Canarias con financiación extraordinaria.


El PIEC resultó aprobado por la Mesa institucional por el empleo y la formación el 7 de octubre de 1994, con objeto de aplicarlo entre 1995 y 1999. De esta mesa institucional, además de los agentes mencionados, formaban parte las universidades canarias, la FECAM y la FECAI. Este hecho ilustra el respaldo social conseguido por el PIEC como mecanismo para reactivar la formación y el empleo en nuestra comunidad autónoma.
Este acuerdo contó además con el apoyo del Estado, que en 1994 se comprometió a hacerlo, contribuyendo a su financiación global. De esta forma, se contemplaba para el período 1995-1999 una financiación total de 100.000 millones de pesetas por parte del Gobierno central y de 20.000 millones por parte del Gobierno de Canarias. Sin embargo, la falta efectiva de presupuesto no permitió la aplicación del PIEC hasta 1996, año en el que el plan integral se aplicó sólo con los recursos del Gobierno de Canarias -10.500 millones de pesetas-, que se destinaron a poner en marcha el programa territorial de apoyo al empleo y a la formación.


Finalmente, el compromiso alcanzado por el Gobierno autonómico con el central se hace efectivo en marzo de 1997 con la firma de un acuerdo que contempla la cofinanciación, por valor de 100.000 millones de pesetas, entre 1997 y 2001, lográndose posteriormente una ampliación de la financiación de 1.354 millones de pesetas en 1998. Por su parte, la comunidad autónoma contribuyó con 8.500 millones al año, con el objetivo básico de fomentar el crecimiento económico y el empleo. El PIEC se ha centrado en varios puntos que se consideran fundamentales, como el apoyo al empleo y la formación, el apoyo a la creación de empresas y mejoras en las ya existentes, el fomento del empleo entre colectivos de difícil inserción laboral y la satisfacción de las necesidades de la población más desprotegida.


En el PIEC se establece una serie de programas concretos a desarrollar. En primer lugar, el programa territorial de apoyo al empleo y la formación, que supone un primer paso importante en relación con el desarrollo efectivo del PIEC y que establece, con carácter indefinido desde 1996, el apoyo a las iniciativas de ámbito municipal, comarcal e insular vinculadas al desarrollo, al empleo y la formación por medio de subvenciones a las entidades locales canarias. Su objetivo básico es fomentar aquellas iniciativas que generen puestos de trabajo en los ámbitos locales, a través de fórmulas de empleo y formación para prevenir la aparición del desempleo de larga duración, proporcionando a los parados empleo y formación.


En segundo lugar, el programa territorial de apoyo al empleo a empresas, nuevas actividades productivas y de servicios se plantea los siguientes objetivos: reforzar el papel de las organizaciones empresariales, facilitar el acceso de las pyme a los recursos estratégicos de la sociedad de la información, ampliar la cobertura de los denominados nidos de empresas e impulsar la creación de servicios de apoyo a las pyme.


En tercer lugar, el programa territorial de formación impulsa un conjunto de medidas prioritarias en materia formativa. Entre otras, se trata de desarrollar las estrategias y medidas de integración y cooperación entre los diferentes subsistemas que operan en el ámbito del mercado laboral, de priorizar un conjunto de acciones básicas en áreas formativas, por ejemplo los idiomas o la informática, de favorecer las acciones de formación profesional en el centro de trabajo, de impulsar la formación de los empresarios y nuevos emprendedores, etcétera.


Y, finalmente, en cuarto lugar, se estable el programa de lucha contra la exclusión y marginalidad sociolaboral, incorporando entre sus acciones prioritarias el estudio de los problemas existentes en este sentido y el diseño específico de programas formativos de empleo para los colectivos afectados por la pobreza y exclusión social.


Como balance, en los cuatro años de vigencia del PIEC, los 100.000 millones de pesetas de fondos públicos empleados han estado muy vinculados con los planes de formación, el incremento de las infraestructuras, el fomento del tejido empresarial para mejorar las redes de comercialización y el transporte para facilitar la movilidad geográfica. Entre otros aspectos positivos, se ha producido una reducción del desempleo desde el 22 al 13 por ciento en el momento de finalizar el primer plan. Además, más de 71.000 canarios se beneficiaron de los cursos ocupacionales. El 70 por ciento de las personas que realizaron acciones formativas se han recolocado en el mercado laboral en un área cercana a la formación recibida. Entre otras personas relacionadas con problemas de exclusión social, los datos de reinserción se cifran en torno al 40 por ciento. Por otra parte, 897 empresas vinculadas a la economía social se han integrado en los planes públicos para la promoción del empleo.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Monzón.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.


Pocas veces he subido tan contenta y tan feliz a esta tribuna. SS.SS.
saben que a menudo los distintos grupos de la oposición plantean cosas razonables en el ámbito social, pero a veces, como no se puede echar el Estado por la ventana o la casa por la ventana -que es de donde viene el proverbio-, hay que mantener un equilibrio presupuestario y hay que ir avanzando conforme las arcas del Estado lo permitan, de forma razonable para que luego no haya que recortar determinados avances. Pero defender hoy la posición del Grupo Parlamentario Popular ante este proyecto de ley del Gobierno me produce la sensación de haber contribuido

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entre todos los grupos parlamentarios a construir algo bueno, algo sólido, algo eficaz, algo constructivo para nuestra sociedad.


La Ley básica de empleo, de 1980, ha tenido una permanencia muy larga en nuestro sistema de derecho positivo, 23 años, y es lógico que pensemos que en estos 23 años numerosas circunstancias socioeconómicas han cambiado en nuestra sociedad, la composición de la propia estructura del Estado. Por ejemplo, había un solo Instituto Nacional de Empleo y hoy hay varios institutos nacionales de empleo, coordinado el del Estado con los de las comunidades autónomas; había sólo tímidas tendencias para poner en funcionamiento políticas activas de empleo y la prestación de desempleo se visualizaba como una mera prestación económica. Al mismo tiempo, en estos 23 años, ha habido una evolución importante del mercado de trabajo.
Por un lado, ha habido especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo por parte de algunos colectivos: las mujeres, los mayores de 45 años y los jóvenes. Por otro lado, a lo largo de los últimos años, numerosas disposiciones legislativas se han traído a este Parlamento para mejorar la situación socioeconómica. Así, hemos legislado la Ley de la formación profesional, se ha regulado la exclusión del empleo, se han mejorado determinados contratos de trabajo de carácter temporal, se han agilizado procesos y objetivos de regulación de empleo. Todo eso ha ayudado a conseguir las cifras que hoy conocemos de las altas a la Seguridad Social o el creciente número de empleos que han aflorado, lo que ha hecho que hayamos podido pasar de un 23 al 11 por ciento de paro.


Todavía tenemos tareas muy importantes. Desde las cumbres de Luxemburgo y de Lisboa hasta la cumbre de Barcelona, que de forma tan importante lideró España en la presidencia comunitaria, tenemos el deber de llegar al objetivo del pleno empleo en el año 2010, y nos queda todavía un largo recorrido por hacer. Además, han cambiado numerosas situaciones, la globalización de la economía, nuestra incorporación al mercado europeo, y se han producido transformaciones sociológicas importantes como el envejecimiento de la población, el cambio demográfico de nuestra sociedad, así como una creciente demanda de mano de obra de inmigrantes.
Son factores esenciales para que el Gobierno, durante un año y medio largo, haya tratado de consensuar con los agentes sociales y con las comunidades autónomas este proyecto de ley que nos presenta. ¿Qué pretende con ello? Esta ley quiere tener vocación de permanencia. Quiero agradecer a don Ramón Jáuregui sus palabras y su tono. Esta es una de las ocasiones en las que esta portavoz le puede dar las gracias de verdad por sus aportaciones, que han sido correspondidas por el Grupo Popular, porque S.S. ponía de manifiesto las numerosas enmiendas aceptadas y transaccionadas. Algunas lamentablemente no han podido serlo, pero en un futuro podrán ser objeto de mayor profundización siempre que veamos la necesidad efectiva de que se traduzcan en una mejora del empleo. Coincido con S.S. en que la ley debe perseguir que sea una buena ley, que tenga calidad, que sea eficaz, que mejore el empleo y, en definitiva, que dote de mayor estabilidad a nuestro mercado de trabajo con potencialidad de los contratos de trabajo estables en detrimento de los temporales.


No podré entrar de forma pormenorizada en las enmiendas, cuyo número es de 200, pero el señor Jáuregui ha puesto de manifiesto el consenso que se encontró tanto con el Gobierno como con el Grupo Popular, de ahí que sólo hayan permanecido vivas algunas para el debate de este proyecto de ley de empleo en este pleno. Aludía a que no habíamos aceptado que las escuelas de formación profesional tuvieran una intermediación laboral y que los servicios de intermediación no pudieran tener una mayor presencia en las relaciones que regulan. Ha entrado también en el marco competencial y quiero decirle al señor Jáuregui -como haré con posterioridad con el señor Campuzano-, en relación con la disposición adicional segunda, que la competencia sancionadora que el Estado había rescatado para sí va a ser objeto de revisión porque el consenso del Gobierno y del Grupo Popular no ha sido sólo con el Grupo Socialista, sino con todos los grupos parlamentarios que integran esta Cámara. Se han aceptado dos enmiendas del señor Labordeta, una transaccional que ha defendido la representante del Grupo de Coalición Canaria en cuanto al funcionamiento del PIE y se han aceptado más de tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Señor Campuzano, con todo el respeto y cariño que usted sabe que le tengo, por los largos años que llevamos debatiendo en el mismo foro en el campo de lo social, quiero decirle en cuanto a reemprender el estudio de determinadas competencias, que si bien entiendo que se respeta en su totalidad, en el global de la ley, el título VIII de la Constitución, el artículo 149.1.7 de nuestra vigente Carta Magna, su discurso previo a una campaña electoral para elegir el Parlamento de la Generalitat de Catalunya varía sustancialmente de los planteamientos que el interlocutor de la Generalitat llevó a cabo con el Gobierno en esta tramitación tan larga de año y medio del proyecto de ley que hoy viene aquí y que tiene, repito, vocación de permanencia porque creemos que es un buen proyecto de ley. En cuanto a cambiar los argumentos sólo en campaña electoral, podría decirle -como compatriota suya- que debemos ejercer nuestras competencias atribuidas con el esmero y el rigor que deben ser hechas con arreglo a la transferencia efectuada. La competencia sancionadora se puede mejorar mucho en el ámbito de la Generalitat de Catalunya y otras muchas transferencias efectuadas. No cabe siempre el eslogan de mayor ampliación del Estatuto, sino que en sentido positivo hay que hablar de sí al estatuto, sí a la Constitución, sí al pacto global de todas las fuerzas

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políticas, sí a lo positivo que ha podido devengar nuestro Estado de las autonomías. En este camino nos va a encontrar siempre, porque todo es mejorable, las transferencias, pero también la gestión que ustedes, a lo largo de 22 años, han hecho en la Generalidad de Cataluña. Por tanto, volvamos a un debate constructivo de la Ley de empleo y no confundamos los términos, construyamos y sumemos todos para mejorar el objetivo que aquí pretendemos: la calidad del empleo, la no temporalidad, la estabilidad y el mejor funcionamiento de los puestos de trabajo, que es en definitiva lo que va a mejorar a nuestra sociedad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.


Iniciamos la votación de las enmiendas y del dictamen de Comisión del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.


En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, enmienda número 9.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 15; en contra, 154; abstenciones, 91.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, cinco; en contra, 152; abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, seis; en contra, 238; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 13; en contra 156; abstenciones, 91.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261: a favor, 88; en contra, 160; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Sometemos a votación el texto del dictamen, con la corrección técnica distribuida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 168; en contra, tres; abstenciones, 92.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Iniciamos la votación de las enmiendas y del texto del dictamen de Comisión del proyecto de ley de empleo.


En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, números 87, 89, 91, 93, 94, 103 y 105.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 19; en contra, 157; abstenciones, 87.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las números 92 y 102.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 14; en contra, 242; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 106.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 99; en contra, 161; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos el resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 104; en contra, 158.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 20; en contra, 244; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, números 72, 74, 85 y 86.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 13; en contra, 246; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las números 80 a 83.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, seis; en contra, 257; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la número 84.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, siete; en contra, 245; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del señor Aymerich.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 19; en contra, 240; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


En primer lugar, las números 57 y 62.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 18; en contra, 246.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la número 59.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 18; en contra, 157; abstenciones, 87.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la número 66.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 15; en contra, 160; abstenciones, 90.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 67.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 100; en contra, 159; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 14; en contra, 245; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En primer lugar, las números 46, 50 y 56.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 103; en contra, 160; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la número 49.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, cinco; en contra, 256; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las números 51 y 52.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 92; en contra, 172; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las números 53 a 55.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 20; en contra, 158; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 18; en contra, 248.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En primer lugar, las números 107, 114 y 143.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 20; en contra, 158; abstenciones, 87.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 110, 117, 118, 120, 126, 137, 139 y 140.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 104; en contra, 160; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las números 108, 121, 123 y 132 a 135.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 16; en contra, 247; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 125, 128, 131, 138 y 141.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 95; en contra, 162; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 130.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 13; en contra, 161; abstenciones, 90.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 12; en contra, 249; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar las enmiendas números 162, 163, 165, 167 y 174.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 89; en contra, 161; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 176.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 90; en contra, 174; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 102; en contra, 162; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar votamos la disposición final segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 160; en contra, 102; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos a continuación la disposición final cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 262; en contra, dos; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos el resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 249; en contra, 15; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Señorías, anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto, por tener carácter orgánico, de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General así como de la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, y la votación final de conjunto, también por tener carácter orgánico, del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, se efectuará de manera sucesiva al finalizar el debate de este último proyecto de ley y no antes de las cinco y cuarto de la tarde. El resto de las votaciones se irán produciendo al finalizar el correspondiente debate. (Rumores.)

Señorías, debemos continuar con el debate del orden del día y les ruego que faciliten esa labor. (Rumores.-Pausa.)

Señorías ¿es posible que las conversaciones las mantengan fuera del hemiciclo y permitan que continúe la sesión? (Pausa.)

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. (Número de expediente 121/000170.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del dictamen de Comisión del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.-Pausa.)

Señorías ¿es posible que guarden silencio para que pueda iniciar su intervención el diputado que está en el uso de la palabra? (Pausa.)

Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, Coalición Canaria para este trámite ante el Pleno ha presentado la relación de enmiendas que no fueron aprobadas ni en ponencia ni en Comisión para su debate correspondiente. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor. (Pausa.)

Adelante.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, por darme el beneficio del silencio que hay en las salas del Museo del Prado, porque aquí lo estamos alterando un poco.


Decía que quería agradecer la amabilidad y cortesía parlamentaria que la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones, ha tenido con mi grupo parlamentario y con este diputado en los trámites de estos últimos días para llegar a determinados entendimientos o posiciones, a los que en el día de ayer se han sumado conversaciones y algunas aclaraciones pertinentes que yo quería tener personalmente con el actual presidente del Patronato del Museo del Prado, don Eduardo Serra, para que no pudieran malinterpretarse algunas de las frases de este diputado -lejos de ello en ánimo y expresión- cuando hicimos la oposición de nuestro grupo a la enmienda de totalidad que en el debate anterior ante el Pleno había tenido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Le agradezco, doña Beatriz, ese posicionamiento y las aclaraciones sobre las enmiendas introducidas así como una serie de matizaciones en las enmiendas que había presentado Coalición Canaria. Quiero anunciar a los servicios de la Cámara, en razón de esas aclaraciones pertinentes, que vamos a reestudiar algunas de esas enmiendas para abrir la posibilidad de algún texto reformado en el Senado. De las enmiendas comprendidas entre los números 2 a 13, ambas inclusive, vamos a retirar las enmiendas números 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y mantenemos vivas para este debate las número 2, 3, 5 y 6.


Sé que este proyecto de ley formalmente no es de los de materia obligada de pase a dictamen del Consejo de Estado, pero por las implicaciones que tiene en estructuras de competencia estatal administrativa, de patrimonio del Estado, de competencias de los cuerpos de funcionarios civiles del Estado, al que este diputado se honra en pertenecer como miembro de cuerpos superiores de la Administración Civil del Estado, y recogiendo el sentir corporativo en el mejor sentido de servicio funcionarial de cuerpos que el Estado ha creado para prestar los servicios de especialidad convenientes, sobre todo en este caso, a los que han venido prestando sus servicios estimadísimos y valoradísimos como conservadores u otro tipo de cuerpos o de niveles del Estado en el Museo del Prado, así como en los otros museos estatales, merecen al menos ese reconocimmiento de servicio, de lealtad, de disciplina y de estar sometidos a unos reglamentos mayores que a los que está sometido el personal laboral. Si el Gobierno hubiera hecho uso de su prerrogativa en su potestad de haberlo remitido al Consejo de Estado, posiblemente algunas de mis

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enmiendas no hubieran tenido causa de justificación, porque el propio Consejo de Estado hubiera indicado al Gobierno que hiciera las correcciones a mi juicio pertinentes para hacer una adaptación. Y después haré alguna reflexión en lo que se refiere a los cuerpos de funcionarios.


Señora ministra, usted ha hecho unas declaraciones en el diario El País y había hecho algunas consultas previas con algunos grupos; se citó al PSOE. Mi grupo no fue llamado a la cuestión, nadie le consultó previamente y por tanto nuestras enmiendas entraban directamente sin una negociación previa en su texto y en su contexto. No hemos alcanzado a entender todavía las razones de la urgencia. Razones de urgencia nos la pide muchas veces el señor ministro de Justicia o el señor ministro del Interior, y Coalición Canaria siempre ha brindado su cooperación para estos casos, pero la urgencia en este tema del Museo del Prado no la acabamos de ver; en todo caso, ahí está la cuestión.


Entro en la materia de estas cuatro enmiendas que mantenemos vivas para este debate. Empiezo con la enmienda número 2, que se refiere al tema de los vocales natos. Es una enmienda, yo diría, de carácter menor, señora ministra, pero importante en una estructuración orgánica de los cuerpos del Estado. Nosotros hemos hecho una corrección de aproximación sobre el número de vocales natos; el proyecto del Gobierno contemplaba cinco y ahora se ha mejorado con una cifra de nueve, frente a los 20 ó 30 que pueda tener todo el pleno del real patronato. Por otro lado, queremos hacer una referencia expresa a aquellos vocales natos que lo son en razón de su adscripción a la Administración Civil del Estado. Yo le pediría, señora ministra, que si el Grupo Parlamentario Popular no va a aceptar esta cuestión, lo refleje el reglamento de alguna manera, porque cualquier órgano del Gobierno, todo ministerio, toda Administración civil del Estado, está obligado a tener en cuenta los propios cuerpos que la sirven. Creemos que es fundamental en estos momentos hacer esta declaración y que estos vocales natos lo sean en función de su adscripción a los puestos tanto de funcionarios como puestos políticos o cargos, sea el alcalde de Madrid, sea el director general de Bellas Artes o el director general de un museo, de lo que se quiera vincular a una Administración en que el Estado tiene la potestad o los ciudadanos de nombrarlos y de elegirlos.


La enmienda número 3 la hemos presentado no porque los períodos de mandato sean de cuatro o de cinco años -el proyecto del Gobierno trae cinco, nosotros propusimos cuatro-, que es una cuestión secundaria. Lo importante de esta enmienda es la temporalidad de los mandatos. Con el texto del proyecto del Gobierno el mandato es ilimitado. Estamos haciendo una especie de vocales vitalicios y vocales vitalicios o consejeros vitalicios, en su caso, no existen en la Administración española prácticamente nada más que en el Consejo de Estado, en el grupo de los consejeros permanentes, que lo son de por vida. Si el texto de este proyecto del Gobierno no se corrige, los vocales natos de facto, no de iure, son vitalicios. Nosotros entendemos que, si se ha dado un testimonio, y el Grupo Popular lo tiene que recoger como patrimonio propio, de que el señor Aznar, presidente del Gobierno, limita su mandato de presidente de Gobierno a una sola reelección, a dos mandatos; el candidato señalado, señor Rajoy, ha dicho públicamente la semana pasada que acepta limitar también su mandato, si es elegido presidente del Gobierno de España, pues vamos a trasladar esta doctrina de ejemplaridad y de limitación sobre todo a entidades como el Museo del Prado, que siendo un patrimonio necesita también un aggiornamento periódico, una actualización de sus modos, usos, costumbres y funcionamiento. La propia evolución de los hechos nos lo demuestra con las distintas leyes y reglamentos que se han venido aplicando desde principios del siglo XIX, con la creación del Museo del Prado durante el mandato de Fernando VII, para realizar las adaptaciones pertinentes.


Nosotros entendemos, señorías, señora presidenta, que hay que limitar el mandato de los vocales. La renovación no se puede dejar, como dice el texto del proyecto aprobado en Comisión, con un carácter ilimitado señalándose que los períodos son de cinco años, como se dice textualmente. Lo leo para que SS.SS. comprendan cuál es la cautela que debemos tener. El proyecto de ley dice que los vocales designados desempeñarán durante cinco años su mandato, que podrá renovarse por períodos de igual duración. Si esto no se acota se transformarán en vocales vitalicios. Espero que se me pueda dar una respuesta. Si tras las conversaciones que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Popular en estas últimas horas, hay una enmienda transaccional, mi grupo, con tal de que haya una limitación -no va a ser cuestión de que sea de uno, de dos o de tres períodos-, la aceptaría y retiraría su enmienda.


Mantenemos la enmienda número 5, señorías y señora ministra, porque le quería llevar este mensaje, dado que usted va a tener la capacidad de redactar el reglamento -redáctelo usted, que no se lo redacten otros- que va a desarrollar esta ley del Museo del Prado creando el real patronato, en cuanto a la proporcionalidad de los miembros de la comisión permanente. En el texto actual del proyecto del Gobierno hay una tremenda indefinición e inseguridad permanente. Si van a ser 9 ó 10 los vocales natos y los restantes vocales, que son designados, pueden ser 20 -porque tenemos el techo máximo en 30- puede ocurrir que en la comisión permanente no entre un solo vocal nato. Y eso no le interesa a usted como representante de la Administración, ni al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -o la designación que en el futuro tenga-, ni a las potestades del Estado. No les interesa que a la comisión permanente -donde va a residir el órgano ejecutivo de gobierno- se le pueda sustraer la capacidad de intervención. Ustedes tienen que garantizarse que en la comisión permanente

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van a tener al menos una representación de vocales natos. Aunque la señora ministra -o señor ministro- de Educación, Cultura y Deporte, según dice el proyecto de ley, nombrará a todos los vocales, hay que tener cuidado con las procedencias del nombramiento. En la comisión permanente debe haber una proporcionalidad. Lo que nosotros decimos es que si va a haber 9 ó 10 vocales natos y 20 vocales electos o designados, es decir va a haber una proporcionalidad en este colegio de vocales del pleno, la haya también en la comisión permanente, porque, si no, se puede producir un desvío. O dejamos amarrado esto en la ley o hay un compromiso de que el reglamento sea muy escrupuloso. Hago este llamamiento o estas insinuaciones, permítamelo la señora ministra, al respecto desde la responsabilidad política que como diputado tengo de velar por un bien de Estado solidario con todos los demás. Debe haber proporcionalidad entre los vocales natos y los vocales electos en la comisión permanente del real patronato del Museo del Prado, para que no nos llevemos una desagradable sorpresa de que la Administración no controle ese tema.


Vamos a mantener la enmienda número 6 por respeto a los cuerpos de funcionarios del Estado que han venido prestando sus servicios y que a lo largo de su ejercicio profesional han tenido una vinculación directa con el Museo Nacional del Prado.


La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le ruego que concluya.


El señor MARDONES SEVILLA: Termino con la última enmienda, señora presidenta, que es la enmienda número 6. Como hemos dicho, esta enmienda tiene ese profundo sentido de reiterarles a los cuerpos de funcionarios la responsabilidad que tienen que tener a este respecto. Nosotros no nos hemos opuesto a la adecuación y perfeccionamiento de esta ley para el real patronato del Museo Nacional del Prado, queremos prestarle nuestro apoyo y nuestra mejor consideración, pero esperamos que la andadura no sea rompiendo amarras con el Gobierno de la nación y con el Estado, con un bien patrimonial fundamental a defender. Todo lo que sea mejorable, mejórese, pero con transparencia y sin sombras de manipulación ni de intentos de oscurantismo. Queremos que eso quede muy claro en la ley, para que después el reglamento lo pueda desarrollar perfectamente.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, aun con brevedad deseo que quede constancia en el "Diario de Sesiones" del apoyo del Grupo Parlamentario Vasco al dictamen de la Comisión de este proyecto. Acreditamos así un interés por el patrimonio cultural español, por su mejor conservación, gestión y difusión, que no sé si a alguno de ustedes les va a casar con las condiciones y características que de nosotros generalmente se predican.


Hace el proyecto en la exposición de motivos una explicación evolutiva de la historia del museo, que, en general, es buena, correcta y exhaustiva, pero con una omisión injusta desde nuestra perspectiva, ya que desde la conversión en organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura en los presupuestos del año 1985 se pasa ya a mayo de 1996 con el real decreto de normas estatutarias. Algo falta, falta la mención a lo hecho en el periodo de los gobiernos socialistas y, singularmente, la decisión sobre la ampliación que requiere de la inexorable cita, desde nuestra perspectiva, de la entonces ministra y hoy diputada señora Alborch. A cada uno lo suyo, señora ministra. A la vista del proyecto por el que se opta, creemos que es adecuado el marco jurídico, que puede efectivamente dar respuesta a lo que se pretende hacer con esta admirable entidad.
Creemos que el régimen jurídico de derecho público con posibilidad de actuación en el marco del derecho privado es adecuado a lo que se pretende, de la misma manera que el régimen de personal, basado en el derecho laboral, siempre sin demérito de los principios de mérito y capacidad constitucionalmente exigibles, o que el régimen de contratación sea el exigible conforme a las normas de contratos del Estado, así como que se adecue a las exigencias presupuestarias de todo aquello que ha de tener un control público, tal y como se explicita adecuadamente en la exposición de motivos. De la misma manera que la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado da adecuada cobertura a su conversión en organismo público de carácter especial, con la única salvedad de que nosotros pretendíamos, en la composición del organismo, que en el patronato hubiese una diferencia con lo pretendido en el proyecto, intentando mejorar la pluralidad y la representación territorial en la composición.


Debo manifestar, señorías, que en este momento hago objeto de retirada de la única enmienda que mantiene mi grupo, puesto que el dictamen de la Comisión recoge de manera más adecuada incluso que lo que nuestra enmienda pretendía, por aportaciones de otros grupos, ésta que era nuestra pretensión. Por lo tanto, en este momento debo manifestar que mi grupo no somete a votación ninguna de sus enmiendas. Igualmente deseo hacer constar que en el artículo 3, objetivos y fines, nos parece extraordinariamente adecuado el añadido que se ha hecho al apartado e), cuando se dice que, al desarrollar programas de investigación y formación de personal especializado y establecer relaciones de colaboración con otros museos, universidades o instituciones culturales,

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se dé especial preeminencia a la colaboración con instituciones dependientes o vinculadas con administraciones públicas, prestando especial atención a aquellas con mayor relevancia y proyección en el ámbito museístico. Y vuelvo a hacer mención a cómo ha quedado constituido el real patronato con la entrada adecuada de la pluralidad territorial en forma que ha sido pactado por todas las formaciones políticas. Ha habido importantes modificaciones en lo que se refiere al régimen patrimonial, que también tienen el beneplácito de la formación política a la que represento, y sólo me queda hacer mención a una cuestión -la hizo el señor portavoz del Grupo Socialista en su intervención en Comisión- y es la llamada a cuándo se produzca la aprobación del estatuto.
Evidentemente, lo será por norma de rango reglamentario. Él hacía votos por que el acuerdo que se ha intentado conseguir durante la tramitación del proyecto se haga extensivo también al momento en que se elabore y se vaya a llevar a aprobación o a la adecuada norma jurídica esta aprobación del estatuto.


Sólo me queda manifestar que he intervenido en este proyecto de ley en sustitución de mi compañero Jáuregui, es a él a quien le ha correspondido la labor de estudio, seguimiento del proyecto y negociación con la ponente por parte del Grupo Popular, señora Rodríguez-Salmones, cuya adecuación para serlo, dado el contenido cultural del proyecto y el talante de ella para la negociación, ha propiciado un importante acuerdo en este proyecto. He comenzado manifestando que mi grupo lo apoya, y así es, señorías, votaremos que sí íntegramente al contenido del dictamen.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.


Un cambio de esta naturaleza tenía que haber suscitado un debate nacional, un debate de actores sociales de todo tipo, políticos también, por descontado, personas que se encuentran, de una forma o de otra, incardinadas en un proyecto histórico, de Estado, como es el Museo Nacional del Prado. Y se ha intentado evitar desde el principio a través de dos o tres estrategias fundamentales. Es cierto lo que ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Vasco, ya hubo un intento de mejorar el Museo Nacional del Prado a través de la gestión que hizo la señora Alborch como ministra; lo ha citado la señora Uría y yo lo repito.
Era un intento de mejora, una ampliación valiente, que se produjo en un momento determinado. A partir de ahí se intenta un pacto de Estado, que cuando intervienen los dos grandes partidos de la Cámara, siempre o casi siempre se transforma en un pacto de silencio. Ha habido un espeso silencio desde 1995-1996 fundamentalmente hasta ahora. Esta ley es el broche de oro del aznarato -perdónenme la ironía-, pero un broche de oro que se hace sin debate, ocultando sistemáticamente el debate.


Esta ley, en el trasiego normal del calendario parlamentario, tenía que haberse aprobado hace dos años. Era entonces cuando, en función de las previsiones del estudio de la Boston Consulting, el texto estaba prácticamente hecho. Es verdad que surgió una crítica fuerte en ciertos medios de comunicación, no sospechosos, en muchos casos, de ser contrarios al Gobierno. A partir de ahí se suspende esa tramitación, ese debate público y político. Se suspende con un enorme silencio y después se reanuda el debate, pero se reanuda al final de esta legislatura, en la última oportunidad, en el último tren de esta legislatura. Primera estrategia. Al final de la legislatura, de tapadillo, irá la transformación profunda, no como mejora, sino como cambio de rumbo de la naturaleza misma del Museo Nacional del Prado, como ente público y estatal de enorme importancia en la historia de este país. Nosotros, la izquierda transformadora, como se sabe, estamos muy ligados al Museo Nacional del Prado; no sólo fue Picasso director del Museo del Prado, sino que nuestros militantes de base, en aquella famosa noche de guerra del Museo Nacional del Prado, trasladaron cuadros para evitar su destrucción. Viajaron lejos muchos de ellos, después volvieron y tenemos esa vinculación no sólo de tipo sentimental, sino vinculación histórica y de responsabilidad compartida respecto de lo que es el Museo Nacional del Prado.


Segunda estrategia a la hora de evitar el debate. Se nos presenta una ley de mínimos. La ley contiene muy poco, la figura nueva de entidad pública, para que se pueda operar desde el punto de vista público y privado, contiene el paso a la estructura laboral de todo el funcionariado, la estructura del patronato y el anuncio de la comisión permanente, más la redacción del estatuto cuando corresponda. Una ley de mínimos, que no contiene prácticamente nada más que lo importante, lo nodal; contiene el tronco lógico de cómo va a funcionar, es verdad. Pero hay poco asideros y nuestras enmiendas son simbólicas para poder intervenir. Hemos pedido la devolución, el cambio de naturaleza de la estructura de este texto. Es la segunda estrategia para un debate silencioso, lo más silencioso, lo más anónimo posible, lo más alejado del interés popular.


Y la tercera estrategia: la redacción del estatuto. La señora ministra va a redactar el estatuto entre enero y febrero. Lo tendrá ya posiblemente, pero la redacción real, en función de la aprobación de la ley, se hará entre enero y febrero, cuando estas Cortes estén disueltas. Estatuto que sí va a contener toda la carne que falta en los huesos de esta ley, va a contener mucha mayor pormenorización y con una costumbre mala que tiene el Partido Popular a la hora de redactar -recuerdan siempre a Romanones- los estatutos, que siempre van más allá del texto de la ley. Lo hemos visto en el tema de

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extranjería, que hubo que recurrir -y se ganó en el Tribunal Supremo- porque doce artículos prolongaban mucho más allá de lo que decía la propia ley el sentido involucionista de la misma. En este caso nos tememos que pueda pasar igual. Yo aviso que recurriremos judicialmente el estatuto si reinterpreta la ley y va más allá de los términos que marca la propia ley, con la que no estamos de acuerdo, como ya se sabe. Pero no vamos a poder discutir el estatuto. Nos lo vamos a encontrar en abril, cuando volvamos a la Cámara, o publicado en el Boletín Oficial del Estado a lo largo del mes de marzo.


Hemos estudiado el funcionamiento de este texto. Todo texto tiene una lógica. No hay que perderse en los pormenores, aunque esta ley tiene muy pocos porque es una ley muy breve. Hay que ir al fondo, al funcionamiento que se deriva de este texto. Por ejemplo, hay que ver el basamento comercial que va a tener el Museo del Prado a partir de ahora, que no tiene por qué ir a la estructura de Rusia, como diría el señor Guardans.
Defender a los funcionarios no es defender a Rusia, por favor, como dijo el señor Guardans el otro día desde la tribuna. ¿Es que en Cataluña no hay funcionarios? Hay que considerar el sentido comercial que va a tener a partir de ahora el Museo del Prado -por ejemplo, para el año 2006 se intenta una autofinanciación del 50 por ciento-; el resultado exitoso del Prado será anualmente que se autofinancie con entradas y con el resto de cosas que vengan. Esperemos no ver desfiles de modelos por los pasillos del Prado, pero ya ha habido incluso alguna exposición de sillas en alguno de sus salones. Si juntamos el basamento comercial con el cuestionamiento que se hace de los funcionarios, sobre los que hay una gran sombra de sospecha porque, por lo visto, se agarran a su puesto y generan un bloqueo que no permite que entre oxígeno en las instituciones del Estado -menudo concepto tiene el partido mayoritario de los funcionarios que dirige en gran parte de las estructuras del Estado-, y juntamos también las competencias que se van a recoger en el estatuto, que no conocemos ni vamos a conocer desde la vigencia de esta Cámara, con la relativización del funcionamiento de la Ley de Contratos del Estado, sumamos composición del patronato, con entre 20 y 30 vocales de libre designación, sólo cinco natos, junto con una comisión permanente que nadie sabe cómo se va a elegir -a dedo, claro-, nos encontramos con una privatización encubierta del Museo del Prado. Eso, y no otra cosa, marca la estructura lógica de esta ley. No sólo una privatización -que va a ser clarísima cuando veamos cómo funciona el Museo del Prado en función de las decisiones de gente absolutamente fiel a quien los designa sin ningún control de esta Cámara ni de nadie-, sino que no hay forma humana de controlar a partir de ahora el funcionamiento del Museo del Prado. Lo vamos a ver dentro de un año. No hay forma humana de controlar el funcionamiento cotidiano del Museo Nacional del Prado. Por lo tanto, nosotros nos oponemos. Hay enmiendas de otros grupos que también van en la misma dirección, porque además, como ha dicho el señor Mardones, la duración del cargo de los vocales de libre designación tiene una vigencia de cinco años, pero renovables sine die. Por lo tanto, son permanentes, eternos. Vamos a ver si se pone alguna acotación a esto, pero tampoco arreglaría el fondo de la cuestión porque siguen siendo de libre designación y la acotación no arreglaría la estructura absolutamente inaceptable del funcionamiento de este texto.


En definitiva, señora presidenta, nosotros no podemos estar de acuerdo.
Aceptamos la bondad natural de la señora Rodríguez-Salmones, que ha tramitado y defendido con elegancia su posición, pero la estructura real de este texto es una privatización encubierta y un escamoteo y un cierto secuestro del Museo del Prado al control popular y de la sede de la soberanía popular también. El debate ya se ha escamoteado. El debate ya no existe ni existirá respecto al estatuto. A partir de ahora serán hechos consumados, en un tema de enorme importancia, porque parece que se tiene la concepción de que este país está lleno de gente inmadura. Parece que en este país no estamos preparados para debatir sobre la estructura del Museo del Prado, que no tenemos derecho a hacerlo, que este país se tiene que encontrar la transformación profunda que va a sufrir -y utilizo el verbo sufrir- el Museo Nacional del Prado como un acto consumado. No estamos de acuerdo. Veremos que el funcionamiento no es aceptable, que se ha hecho una estructura profundamente neoliberal, pero que es lógica respecto a la mentalidad del señor Aznar; es el broche de oro a un mandato neoliberal profundamente en contra de lo público, profundamente en contra del control democrático de todos los hechos y actos que toca y transforma.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Leguina.


El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, me ha asustado el señor Alcaraz; mejor dicho, me ha preocupado. Yo soy un poco más optimista, aunque debiéramos tener en cuenta las cosas que ha dicho el señor Alcaraz.


La primera cuestión que quiero plantear es que es bueno para ciertas instituciones, especialmente para las grandes instituciones culturales, mantener un consenso, y eso es lo que estamos intentando en este acto: obtener un consenso, que sería continuación del que hemos tenido desde los tiempos en que era Carmen Alborch la ministra de Cultura de España.


Las enmiendas que presentamos en su momento eran cautelares, es decir, se trataba de introducir en la ley ciertas cautelas, sobre todo en dos aspectos: funcionarial y mercantil. La ley tenía un cierto aroma antifuncionarial -ya lo ha dicho el señor Alcaraz- y en el trámite

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parlamentario ese aroma se ha rebajado bastante porque se ha admitido por consenso una enmienda del Partido Socialista que incentiva a los funcionarios que hoy trabajan en el Prado para pasar a su laboralización, dándoles la seguridad de que si quieren volver a su status anterior pueden hacerlo, para lo cual estarán en servicios especiales. Y respecto a las operaciones mercantiles, necesarias, yo creo que el Prado no sólo tiene derecho sino también obligación de obtener dinero de sus actividades mercantiles y de su marca, que sin duda es una marca de gran prestigio. En eso -voy a tocar madera- creo que también se asegura el nivel de las actividades culturales y mercantiles o mercantiles y culturales.


Es verdad que las orientaciones que trae la ley respecto al estatuto del Prado son muy pocas; algunas muy fundamentales, pero pocas, y hemos querido introducir alguna cautela nueva, alguna directriz nueva sobre lo que va a ser el estatuto. Las básicas no se han admitido, y ante esa no admisión, hemos presentado en la Cámara no un recurso sino un documento porque pensamos que el Gobierno, cuando nos remitió el proyecto de ley, tenía que haber remitido también el proyecto de estatuto. Se nos ha contestado que no es necesario, y no lo vamos a discutir, lo admitimos y punto, pero haré una propuesta al final.


Como he dicho, mantenemos dos tipos de enmiendas, muy pocas, como es bien sabido. Primero, creemos que es bueno que haya reserva de puestos de trabajo para funcionarios en el organigrama que el estatuto tendrá que incluir y, segundo, también creemos que es bueno que haya algunas medidas que liberarían al patronato, y especialmente a la permanente del patronato, de tensiones que, como ex miembro del patronato, conozco.
Tensiones nada espurias, que vienen de las necesidades de prestar obra, etcétera. Si eso se saca del patronato, se libera de tensiones tanto a su director como al presidente y a los demás miembros del patronato. Tampoco se ha admitido; no creo que sea una enmienda como para votar en contra, ni muchísimo menos, pero no se ha admitido.


Termino rápidamente. Voy a hacer una propuesta, y que se nos conteste; para eso está el Parlamento, creo yo. No sé si el Reglamento lo permite, claro, porque con este Reglamento de hierro a lo mejor no se puede ni discutir aquí. En todo caso, como usted, señora Rodríguez-Salmones, tiene la palabra después de mí, y la ministra, si quiere intervenir, puede hacerlo cuando desee, me contesta una u otra, y tan bien. La oferta es la siguiente: como se ha dicho aquí, y yo he repetido, el Gobierno va a aprobar el estatuto en un plazo de tres meses; pues bien, si ustedes desean debatir, consultar, conversar, dialogar, acordar -busquen el verbo que quieran, me vale cualquiera de ellos- con nosotros -con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista Obrero Español-, votaremos a favor. Y si no quieren dialogar, ni debatir, ni consultar, ni conversar, ni acordar, no votaremos a favor de este proyecto de ley.


Termino. Nos acompañan en la tribuna el director del Prado, señor Zugaza -bienvenido-, el presidente del patronato, señor Serra -bienvenido- y el secretario de Estado, señor De Cuenca. Cuando se apruebe esta ley, les deseo a todos, y por supuesto a la ministra, mucha suerte en este importante proyecto, sin duda. No echen en saco roto lo de la suerte.
Puesto que usted, señor Serra, ha sido ministro de Defensa, seguramente recordará lo que decía Napoleón cuando le traían a un militar para subirlo en el escalafón: Todo esto que ustedes dicen está muy bien; la valía de este militar es adecuada, pero ¿tiene suerte? Esa es la suerte que yo les deseo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, ya tuve la ocasión de hacer, en nombre de mi grupo parlamentario, hace apenas unas semanas, en el trámite de enmienda de totalidad, una valoración global muy positiva del proyecto de ley, y hoy me corresponde hacer una valoración todavía más positiva del resultado del trabajo en ponencia y en Comisión.
Por tanto, espero no perjudicar la carrera política futura -que deseo brillante- de doña Betina Rodríguez-Salmones si la felicito desde la tribuna y le agradezco la enorme cintura y la disposición al diálogo que ha tenido durante la tramitación de este texto y que a algunos nos recuerda otros tiempos anteriores al año 2000, cuando el PP escuchaba, hablaba y dialogaba. Pues bien, aquí hemos tenido una especie de cápsula, un viaje en el tiempo, a épocas anteriores que algunos recordamos con nostalgia, y nos hemos encontrado con la posibilidad de hablar, de escuchar y de matizar, de que tras un primer rechazo, por ejemplo, se nos dijera: si esto lo matizas de esta manera, entonces sí. Eso es hacer una ley y es algo que está muy lejos del rodillo que hemos conocido en otros ámbitos. En todo caso, aquí no lo ha habido, y, si me lo permiten y con la autoridad -entre muchas comillas- que nos da a algunos haber denunciado el rodillo en otros ámbitos, quiero subrayar el consenso, el diálogo y la gran capacidad con la que se ha afrontado la negociación de esta ley. Por todo ello, claramente decimos sin ninguna reserva que nos gusta este proyecto de ley y que nos parece un instrumento adecuado y oportuno para poner en marcha el Museo del Prado, en una nueva etapa que le tiene que encarrilar en el siglo XXI.


No nos queda ninguna enmienda viva. Teníamos básicamente dos temas planteados, uno perfectamente resuelto y el otro, que tampoco era esencial, queda resuelto en la medida en que lo que la ley no prohibe queda permitido, pero que hubiéramos preferido ver reflejado en la ley.
Por un lado, la presencia en el patronato. Nos parece perfectamente correcto tal como ha

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quedado. Nosotros pedíamos, de una forma que además no era ni técnicamente correcta, que quede reflejado que el Museo del Prado no es un museo de la ciudad de Madrid. Hay otros museos que pueden ser de la ciudad de Madrid, pero el Museo del Prado es, como indica su nombre, el museo estatal, museo nacional, es un museo de todos. Eso se refleja de muchas maneras, entre otras, en el hecho de que estamos discutiendo aquí su futuro, en el compromiso que le ponemos algunos, pero debe reflejarse también en su gestión, y nos parecía oportuno que la forma de reflejar eso en su gestión fuera incluir un mayor compromiso de las comunidades autónomas en el patronato, y así ha quedado materializado a través de la designación de dos vocales -ni siquiera la propuesta sino propiamente la designación- por el Consejo del Patrimonio Histórico, que de alguna forma harán llegar la voz del conjunto del Estado, con la de otras personas -porque estoy seguro de que no serán sólo esas voces las que lleven esa música a las reuniones del patronato-, pero al menos tenemos la garantía de que habrá ahí dos personas que sentirán sobre sus espaldas la responsabilidad de llevar a las reuniones del patronato, de alguna forma, la representatividad del conjunto de los responsables patrimoniales y culturales de todas las comunidades autónomas. Esa es una aportación que hemos podido hacer y agradecemos que se nos haya permitido hacerla.


La otra era implicar -incluso dejando claro por ley que así puede ser- a las instituciones culturales que dependen de las comunidades autónomas, que dependen de las administraciones públicas, y no sólo los demás museos sino a veces las propias comunidades autónomas, en la consecución de los objetivos generales que tiene a partir de ahora el Museo del Prado, que ya tenía, pero que quedan positivizados en el artículo 3. De la misma manera que el Museo del Prado podrá firmar acuerdos con empresas o con instituciones de todo tipo, se subrayaría la posibilidad de que, por ejemplo, a efectos de exposiciones, pero también a efectos de investigación, el Museo del Prado podrá realizar convenios con comunidades autónomas, con una concejalía de un ayuntamiento o con una consejería de una comunidad autónoma. Nos da la sensación de que ha habido algún miedo jurídico-técnico sobre este tema, sobre teóricas igualdades o desigualdades de rango entre una comunidad autónoma y un organismo autónomo de carácter especial. No nos alarma porque, insisto, lo que no está prohibido está permitido, y no descartamos replantear este tema en el Senado, pero efectivamente no deja de ser un tema secundario en la medida en que nada impide que así sea.


En su conjunto, lo importante de esta ley es que el Prado queda reforzado en su autonomía sin perder por eso ni un ápice -lo dijimos en su momento y lo subrayamos hoy- de control público y de control del poder público. A nosotros, señor Alcaraz, nos gusta que los funcionarios tengan su sitio limitado -no está el señor Alcaraz-; no estamos en contra de la Función pública, en absoluto, pero entendemos que el servicio público en el siglo XXI no queda limitado a la Función pública y que aquellos que identifican al servicio público con la Función pública se han quedado en el siglo XIX, y eso vale para el Museo del Prado, vale para la universidad y vale para muchas más cosas. Evidentemente, los funcionarios tienen su sitio, tienen una función insustituible, y mientras desempeñan esa función, evidentemente, necesitan y requieren -y así tienen además en esta ley- no sólo todo el respeto sino también todas las garantías, la remuneración adecuada y las condiciones laborales que tienen derecho a tener. Pero la discrepancia -que en este caso no es discrepancia sino compartir el planteamiento- es que nosotros no entendemos, ni este ámbito ni en ningún otro, que la idea de servicio público, la idea de estar al servicio de la sociedad deba quedar limitada a aquellos que son funcionarios, como si pertenecieran a un ente superior. No es así, no debe ser así y, por tanto, en el caso concreto del Prado, nos da satisfacción comprobar que, junto con los funcionarios -que seguirán trabajando y que sin duda serán durante muchos años una mayoría de las personas que trabajen en el Museo del Prado-, podrá haber personas contratadas perfectamente capaces y que, sin dejar de ser contratadas, estén al servicio público de los objetivos y los fines del Museo del Prado. Personas que, por cierto -y ese es uno de los elementos importantes de lo que significa o no significa ser funcionario-,tendrán o no pasaporte español, y eso es algo tremendamente importante en el ámbito cultural, como es bastante obvio. Por tanto, desde esa perspectiva rechazamos el modelo ruso -decía el señor Alcaraz-, pero también en algunos casos algunas psicosis francesas, por ejemplo, en esta misma línea, y nos alegra y compartimos en este caso que hayamos avanzado en esta dirección.


Mantenemos una duda, una inquietud, que compartimos con otros grupos políticos, que no va a condicionar nuestro voto. No vamos a hacer un planteamiento como el que ha hecho el Partido Socialista, pero quiero subrayar el carácter y el contenido de los estatutos o del estatuto que va a venir a partir de aquí. No cabe duda de que esta ley que hoy aprobamos tiene algo de cheque en blanco. Es una ley que está tremendamente limitada en su contenido, y es posible que tenga su sentido que así sea porque no se puede llegar al detalle en todo, a la espera de lo que precise el futuro estatuto del Museo del Prado. Por tanto, nosotros pedimos, con todo el respeto y toda la firmeza, que se nos informe debidamente a todos los grupos políticos que nos hemos comprometido con esta ley del contenido futuro del estatuto del Museo del Prado, porque, efectivamente, en función de cuál sea el contenido de ese estatuto, tendremos un Museo del Prado u otro. Por tanto, por las fechas en las que estamos, con el riesgo de que el estatuto acabe siendo aprobado poco menos que por un Gobierno en funciones,

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esto nos parecería preocupante si no existiera la suficiente transparencia que todos nosotros deseamos.


A partir de ahí, el resto -que se le dé más capacidad de actuar en el ámbito mercantil con todas las garantías; que, por ejemplo, se introduzca más posibilidad de trabajar y comercializar su propia imagen- es algo que no sólo no nos escandaliza sino que nos parece tremendamente positivo, no sólo la imagen del Prado como tal, sino también la imagen y los derechos de imagen de los elementos que se contienen en el Prado. Yo hacía hace unos días en otro ámbito una comparación que escandalizó a algunos y que, para seguir escandalizando, me atrevo a formular desde esta tribuna.
Preguntaría a SS. SS. quién creen que vale más en términos de derechos de imagen, si Beckham o las Meninas. Algunos estamos convencidos de que a medio y largo plazo valen muchos más millones de dólares los derechos de imagen de las Meninas que los de Beckham. ¿Va eso en desdoro de la dignidad de las Meninas? No. Dependerá de la categoría con la que se administren esos derechos de imagen, y quien dice las Meninas dice tantos otros cuadros presentes y futuros. Creemos que ese es un instrumento, uno más, pero tremendamente importante, que en el contexto de la palabra merchandising, que habría que saber traducir de alguna manera, tiene su importancia, no va en desdoro de la dignidad del Prado y puede contribuir sustancialmente a aumentar su nivel de ingresos y consecuentemente la disponibilidad de medios para realizar sus funciones, que a todos interesan.


Termino de la misma manera que terminaba el portavoz del Grupo Socialista.
Esto tiene algo de botadura de un barco -botadura con b-, un barco que echa a andar a partir de ahora, no sé si con enmiendas del Senado o terminamos aquí, ya lo veremos, pero en todo caso se trata de un barco al que le deseamos todo el éxito, aprovechando, como se nos decía, que están aquí los máximos responsables del Museo del Prado, a quienes deseamos todo el éxito porque nos interesa a todos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, como responsables políticos, como legisladores, que es darle al Prado un instrumento útil. Ahora será responsabilidad de los responsables -valga la redundancia- del Prado saber estar a la altura de las circunstancias, que estamos seguro de que lo estarán, saber utilizar los instrumentos que se ponen a su disposición y utilizar el nuevo y flamante instrumento jurídico que es esta ley para llevar al Prado al lugar puntero de la cultura mundial que todos esperamos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, señora ministra, hoy vamos a someter a votación el texto del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. Me parece que hace exactamente tres semanas la ministra lo expuso detenidamente. Cada uno fijamos nuestras posiciones ante este texto, por lo que no es ahora el momento de volver a analizarlo, sino de rendir cuentas del trabajo de la ponencia y de la Comisión y explicar cómo ha quedado la redacción del texto que se nos somete a votación.


Quiero decir en cuanto al texto que es algo tan simple como proporcionar un nuevo marco jurídico que da mayor autonomía y mayor agilidad al Prado, no es más que eso, tan simple como eso, para permitirle un buen funcionamiento, el funcionamiento que los profesionales que ahora están, como los profesionales de todos los museos del mundo, demandan. Lo que pasa es que detrás de la palabra funcionamiento, que es muy simple, en el caso del museo hay una complejidad enorme. Funcionamiento quiere decir conservación, exhibición, enriquecimiento, estudio, servicios a los visitantes -clientes les llamaba, poniéndose en nuestro lugar, el señor Alcaraz; pues no, no clientes, visitantes-, que son servicios muy complejos, como la biblioteca, servicios de edición, pedagogía, cursos educativos, que ahora se ven en unos cauces difíciles. Y funcionamiento también es resolver la cuestión laboral de manera que el personal que presta sus servicios en el Prado, en toda la escala del personal que ahí está trabajando, pueda tener las mejores condiciones de forma que desarrollen bien su trabajo. Esto es así de simple: un buen funcionamiento, un funcionamiento autónomo, sin corsés y, por otro lado, totalmente incardinado en el ámbito público, es decir, sometido a todos los controles -quiero señalar la Ley General Presupuestaria, la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas como más representativos- y, salvando este ámbito público por encima de todo, darles mayor autonomía.


Voy a referirme ahora al dictamen de la Comisión y a las posturas de los diferentes grupos. Está claro que no hemos convencido al Grupo de Izquierda Unida, y lo lamentamos -no está aquí el señor Alcaraz-, pero estamos seguros de que será el Museo del Prado y su funcionamiento lo que les convencerá, lo deseamos y lo esperamos, pero esta oportunidad ya la perdimos.


Al señor Mardones tengo que decirle que apreciamos su firmeza al poner en evidencia determinadas preocupaciones. Yo creo que se le ha dado satisfacción, como bien hay dicho el señor Leguina, con muchas de las enmiendas, que, si no idénticas, han podido compartir el contenido de su formulación. Quedan dos cuestiones que le preocupan, y en una de ellas nos parece muy correcto su planteamiento respecto a por qué no ponemos una limitación a los períodos para los que pueden ser elegidos los vocales designados del patronato. Le hemos ofrecido una transacción, que yo creo que está de acuerdo en aceptar y que hemos facilitado a los servicios de la Cámara, en el sentido de que no puedan ser designados por más de dos períodos, que es más que suficiente. Yo creo que no existía

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ese peligro de que fueran vitalicios, como usted ha dicho, pero lo mejor para que no existan los peligros es que no puedan existir y está bien que esté en la ley.


En cuanto a su preocupación por los cuerpos, como los llama usted en general por no puntualizar, los grandes cuerpos de la Administración, quiero decir que nosotros vamos más allá que nadie en el aprecio, en la defensa, en la admiración y en la confianza que nos da la garantía de que sean precisamente estos cuerpos los que estén custodiando y velando por las colecciones, la mejor colección de pintura del mundo, creo que podemos decir con toda tranquilidad. Ahora bien, esos mismos cuerpos son los que estamos completamente seguros de que no quieren cerrarse, que están dispuestos, como ellos mismos pueden incorporarse a otros museos, a admitir la excelencia en el Museo del Prado. Ellos mismos son los que saben cuándo las aportaciones de otros grandes expertos son positivas para el museo. Por tanto, yo creo que eso, junto con la enmienda que ha señalado bien el señor Leguina en general de la consideración a todos los funcionarios, yo creo que excepcional -desde luego lo es en la Administración general del Estado-, le puede dejar tranquilo.


Apreciamos la colaboración que ha tenido el señor Jáuregui en este texto y lamentamos que no haya podido estar ahora aquí. El señor Guardans ha explicado muy bien, y por tanto no debo yo hacerlo, lo que él denomina impregnar de espíritu autonómico este texto, que se consigue tanto en los objetivos del museo, artículo 3, como en la presencia de estos dos miembros en el patronato y en todas las alusiones importantes en la exposición de motivos. La ministra en su exposición ante esta Cámara señaló el carácter innovador de una de las nuevas sedes del museo, el palacio de los Águila, en Ávila, donde geográficamente se da este sentido y se da una visión estatal del Museo del Prado.


La flexibilidad ha sido de todos, pero desde luego del Gobierno que es quien nos ha marcado las pautas y nos ha indicado las posibilidades que teníamos de ser más o menos flexibles, y eso se lo quiero reconocer especialmente a la señora ministra.


Señor Leguina, le quiero dar a usted personalmente las gracias. Tampoco sé si le hago un favor con las cosas que nos están pasando a unos y a otros.
Usted, en nombre de su grupo, ha puesto la voluntad de servicio al Museo del Prado por delante de cualquier interés político, por legitimísimo que fuera, y seguro que lo era, pero lo ha puesto usted como lo hemos puesto todos. Es muy fácil terminar con el latiguillo retórico que usamos: como no podía ser de otra manera. Pues sí, sí que hubiera podido ser de otra manera y hubiera sido nocivo seguramente para el museo. Con lo cual este acuerdo, como han recordado todos los portavoces -que no es un pacto de Estado, creo que esa expresión no tiene sentido y no la hemos utilizado, y mucho menos un pacto de silencio-, es un acuerdo sobre un proyecto común, el proyecto del Museo del Prado en esta nueva época. Empezó con la señora Alborch, la señora Alborch tuvo nuestro apoyo y consideración en el año 1995, y ahora, en sentido inverso, ustedes le dan también su apoyo a esta nueva forma jurídica, trascendente en este momento. Yo le quiero decir que naturalmente ofrecemos toda la disposición para elaborar el estatuto en el plazo de tres meses con toda transparencia y con la colaboración -ha empleado usted muchos verbos, el que más le guste- no sólo de su formación política, sino de todas las que estamos en la Cámara y de cuantos expertos tengan algo que aportar en función de su experiencia y conocimiento.


Quiero reconocer a la señora ministra y al Gobierno el difícil esfuerzo que han hecho últimamente para sacar adelante un proyecto que ustedes saben que era muy complejo y que está siendo llevado a término en este momento. También quiero reconocer a la alta dirección del Museo del Prado, a sus órganos de dirección y a todos los trabajadores lo que están haciendo por el museo, que sabemos -y lo dije la otra vez- que está muy por encima de lo que sus obligaciones laborales les exigen y a los que les espera un momento difícil en este periodo de innovación importante.


Voy a terminar como creo que lo hice hace tres semanas, diciendo que es un honor para esta Cámara, desde luego para nuestro grupo parlamentario y para mí misma haber podido trabajar en el ámbito legislativo al servicio nada menos que del Museo del Prado.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.


Señor Mardones, entiendo que acepta la enmienda transaccional que le ha sido propuesta por el Grupo Popular y, por tanto, retiraría su enmienda número 3.


El señor MARDONES SEVILLA: Exactamente, señora presidenta, retiramos la enmienda número 3 para que pueda ser votada la transaccional que el Grupo Parlamentario Popular nos ha presentado a través de su portavoz.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.


Iniciamos la votación de las enmiendas y dictamen de Comisión del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria números 2 y 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, dos; en contra, 257; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 6.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 93; en contra, 168; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 257; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Al haber sido retirada la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda. En primer lugar, las enmiendas números 16 y 18.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, cuatro; en contra, 170; abstenciones, 89.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 17.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 91; en contra, 167; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, tres; en contra, 259; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda número 35.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 86; en contra, 169; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 42.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 88; en contra, 170; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 40 y 41.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 101; en contra, 160; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 90; en contra, 169; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo 7, apartados 2 y 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 259; en contra, tres; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


Resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 261; en contra, dos; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 122/000314.)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.


¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.)

Iniciamos la votación de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En primer lugar, sometemos a votación

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la enmienda presentada por todos los grupos parlamentarios.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 263; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votación de conjunto del texto de la proposición con la enmienda incorporada por tratarse del trámite en lectura única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 265; a favor, 264; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERÉNDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000315.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea.
Votación sobre el conjunto del texto de la proposición por tratarse asimismo de un trámite de lectura única.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 261; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Recuerdo a SS.SS. que queda pendiente la votación final de conjunto por tratarse de dos proposiciones de ley de carácter orgánico, que se producirá a continuación del siguiente debate.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PRISIÓN PROVISIONAL. (Número de expediente 121/000130.)

La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Enmiendas del Senado. En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
(Rumores.)

Señorías, podremos continuar con el debate en el momento en que el rumor que hay en el hemiciclo lo permita y para ello sería conveniente que aquellos que vayan a salir lo hagan de manera diligente y en silencio.
¿Grupos que desean fijar posición en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, con mucha brevedad. Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido la Cámara Alta en los propios términos de sus justificaciones; los añadidos son puramente técnicos en su gran mayoría, principalmente los que contribuyen a dar un concepto más claro y nítido de seguridad jurídica, sobre todo en todo lo que afecta al enjuiciamiento criminal en materia de prisión provisional, casos en los que nuestro grupo ha estado de acuerdo.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor.


Señorías, ¿sería posible que mantuvieran las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)

Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Como decía, hay algunas observaciones atinadas como la modificación del nuevo artículo quinto, para que el juez de guardia pueda declarar la firmeza de la sentencia de conformidad con la dictada en el procedimiento de enjuiciamiento rápido, que era, digamos, el efecto que había que corregir e iniciar su ejecución. Estando de acuerdo con todas ellas, señora presidenta, las votaremos favorablemente.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)

Señorías, llegamos al punto final de su paso por la Cámara de un proyecto de ley respecto del cual a esta diputada le resulta difícil posicionarse puesto que hubiera deseado desde el principio que el ámbito de lo que se regulase hubiese sido otro. Nuestro deseo hubiera sido que no se regulase exclusivamente el instituto de la prisión provisional sino que se hubiera ido más lejos regulando el conjunto de la tutela cautelar penal, materia que inexorablemente nos hubiera llevado a la regulación del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Siempre nos ha parecido que este derecho estaba ayuno de regulación y hasta de respeto en nuestra sociedad,

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pero recientes acontecimientos nos han llevado a considerar que todavía es más urgente una regulación global en esta materia. Si algo ha quedado claro de lo que se ha dado en llamar el caso Wanninkof es que una asignatura pendiente del desarrollo constitucional es el nulo efecto social o la nula valoración social que se hace respecto de este derecho fundamental constitucionalmente consagrado. Quizá todos los que ostentamos responsabilidades públicas tengamos que hacer un examen al respecto puesto que solamente es algo que se esgrime desde los distintos poderes públicos cuando se intenta tutelar a los que nos son cercanos incursos en este tipo de procedimientos, pero la pedagogía social o la regulación legal no se ha hecho respecto de este instituto. Creemos además que es no sólo un derecho fundamental de los que se incardinan en el núcleo duro constitucional sino que además tiene una vida que sólo dura mientras dura el procedimiento; concluido éste, la presunción de inocencia ya no puede ser atendida. La sentencia absolutoria o la sentencia condenatoria no devuelve el derecho fundamental, que sólo vive mientras el proceso está vivo.


Nos parece que hubiera sido necesario una regulación en este sentido, como fue la pretensión que sostuvo mi formación política en la legislatura pasada y como lo fue también al presentar un texto alternativo a la hora de presentarse por parte del Gobierno el texto regulando sólo la prisión provisional. Por ello, señorías, se hace difícil hacer un examen ahora enmienda a enmienda puesto que nuestra postura en todo el texto ha sido intentar ampliar los límites del proyecto ensanchándolo a todo lo que era el amplio elenco de medidas cautelares y del instituto de lo cautelar en esta materia, que era la pretensión de mi formación política. Debo sin embargo manifestar que el proyecto, desde nuestra perspectiva, ha ido de peor a mejor según ha ido avanzando, a iniciativa quizá del espíritu de alguna de nuestras enmiendas, aunque literalmente no hayan sido acogidas, así como de la literalidad de las enmiendas de otras formaciones políticas. Podemos decir al llegar a este trámite que el texto es notablemente mejor -mejor desde nuestra perspectiva, por supuesto- que el proyecto que fue sometido a consideración y que motivó por nuestra parte la presentación de un texto alternativo, como ya he manifestado.


Las enmiendas que se han introducido en el Senado son muchas y algunas de ellas de extraordinaria importancia, por eso, aun no siendo muy ortodoxo desde el punto de vista de lo que debiera ser el contenido de la intervención en este momento, me voy a ceñir a manifestar que a mi formación política, lo he dicho ya, le parece mejor el texto que ahora llega y a señalar aquellos aspectos que nos parece que todavía adolecen de algún defecto que debiera haber sido subsanado y que quizá merecería la corrección, no sé si ahora o en un futuro, o quizá se me pueda decir que no estoy en lo cierto y que hay otras posturas más acertadas o más coherentes con lo que es el planteamiento constitucional en la importantísima materia de que se trata.


Tal y como ha quedado el texto que nos llega del Senado, insisto, con notables mejoras, me parece importante hacer mención al tenor literal del artículo 503, apartado 1, punto 1.º, cuando se introduce la referencia, que a nosotros nos parece perniciosa, respecto a la valoración que se da a los antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación.
Nos parece que es una presunción desfavorable por los antecedentes, que no pueden suponer agravamiento. Sí son los antecedentes, cuando constituyen el requisito bastante para la reincidencia, consecuencia de agravación de la pena, pero no tutelan fin cautelar ninguno y nos parece que puede ser incluso inconstitucional tenerlos en cuenta a la hora de acordar una medida cautelar. Sí para la pena, no para la medida cautelar.
Nos parece que incluso constitucionalmente podría hablarse de violación de bis in idem. No hay ningún fin cautelar, insisto, y se podría haber buscado alguna otra medida para conseguir lo mismo que el precepto pretende. Insisto, entiendo que por discriminatorio, por inducir a sospecha respecto de un ciudadano que no tiene por qué verse perjudicado en el procedimiento presente por cuestiones anteriores, creemos que podría sostenerse con visos de éxito la inconstitucionalidad de lo que se pretende.


En el mismo artículo 503, apartado 3.º.a), se establece también que procederá acordar la prisión cuando hubiera habido por lo menos dos requisitorias en relación con una determinada persona. Aquí sí que nos parece que estamos hablando de una presunción iuris et de iure. El peligro de fuga se estable como realmente cierto simplemente por no haber acudido dos veces al llamamiento. Incluso cabría decir que este punto 3.º contradice lo establecido en el punto 1 como cabeza genérica, ya que allí dice: "podrá ser decretada la prisión provisional", y en este caso dice: "procederá acordar". Es decir, es taxativo; presunción iuris et de iure, que si alguien por cualquier circunstancia no ha podido acudir a las citaciones, ya hay peligro de fuga. Hay una limitación injustificada de la libertad que creemos poder sostener con éxito que es un exceso quizá inconstitucional. Nos parece correcto cómo ha quedado la regulación en cuanto a los límites máximo y mínimo posibles y también en cuanto a la posibilidad de que deba ser el fiscal quien la solicite (en algún momento de nuestras intervenciones ante esta Cámara nos habíamos manifestado a favor de que quedase un último resquicio de petición de oficio. Nos conformamos, nos parece adecuado el que tenga que ser a instancia de parte) y los requisitos de audiencia.


Me voy a referir también al artículo 506.2, en cuanto a la necesidad de motivación del auto en relación con aspectos que sean considerados secretos. Nos parece que la forma en la que ha quedado finalmente redactado resulta razonable, si bien en principio teníamos ciertas suspicacias o cautelas respecto de que pudiese ocultarse

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en el auto la motivación respecto de determinadas causas, puesto que se exige lo fundamental en términos que creemos poder sostener que son correctos. Por supuesto que debe especificarse cuáles de los fines previstos en el artículo 503 es el que se pretende conseguir con la estancia en prisión de la persona concreta.


Respecto de la prisión incomunicada, en el artículo 509 creemos que hay un defecto cuando menos de redacción en el texto del proyecto, puesto que cuando se habla de fines que propicien la posibilidad de la incomunicación no se dice nada distinto de la posibilidad de acordar prisión que no sea incomunicada. No hay ningún plus, no hay nada añadido y, sin embargo, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia señala una y otra vez que la incomunicación es un daño añadido, daño añadido que tiene que tener también una motivación añadida que para nada existe en el texto del precepto que estamos examinando.


En el artículo 510 ha quedado también un inciso con la suficiente ambigüedad como para pensar que contiene algunos visos de incertidumbre que podrían derivar en inconstitucionalidad en determinados supuestos.
Dice: "El incomunicado podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias en que le dé intervención esta ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la incomunicación." ¿Qué es esto, señorías? ¿Quién valora? ¿Cómo se acredita? ¿En qué condiciones? Estamos hablando de normas que hacen referencia a un derecho fundamental y que, por tanto, no pueden quedar al albur de interpretaciones variadas respecto a qué ha de ser lo que pueda desvirtuar o no el objeto de la incomunicación.


Un aspecto importante que ha sido añadido en el trámite de la norma en el Senado es el que hace referencia a la regulación del ADN como posible prueba o a la obtención de las pruebas a través de los adelantos científicos que suponen las investigaciones recientes en materia de ADN.
En unas y otras ocasiones hemos manifestado que no es trámite adecuado, no debiera ser procedimiento administrativo correcto el utilizar las enmiendas en el Senado, por muy orgánica que sea la ley en la que se introducen, para hacer modificaciones normativas. Lo constitucionalmente querido es que un proyecto de ley tenga todos los pasos: se presente el texto, los grupos tengan ocasión de presentar enmiendas, haya ponencia, haya Comisión, haya paso por Pleno y haya paso por el Senado. Con todo, debemos manifestar que el tenor literal de lo que se ha introducido a este respecto es correcto. En cuanto a lo que se ha añadido como un párrafo tercero al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, insisto, es técnicamente correcto, si bien no añade nada a lo ya establecido en el artículo 785, en su punto 8, apartado e), pero tampoco está mal que quede constancia en el precepto en el que ahora se incluye.
Nos parece más acertada todavía la redacción que se da al párrafo del artículo 363 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene en cuenta la jurisprudencia constitucional al respecto puesto que hay intervención judicial, lo cual es muy importante. Además se exige proporción y razonabilidad, que son los límites de las exigencias que el Tribunal Constitucional había venido estableciendo respecto de la obtención de pruebas de este estilo.


Mayor suspicacia nos suscita -y así lo hemos manifestado en alguna otra ocasión, creo que en la comparecencia del ministro en Comisión- la disposición adicional tercera que también se introduce como nueva en el texto aprobado por el Senado, por cierto tras la creación de un registro central de medidas cautelares. La creación de comisiones o registros centrales es querencia muy extendida respecto de ciertas materias por las formaciones políticas mayoritarias, pero en este caso concreto no se trata tanto de la centralización como de la llamada al reglamento que se hace respecto de esta cuestión. Nos parece que los parámetros fundamentales, la exigencia o no de intervención judicial y determinados aspectos debieran ser regulados en una norma con rango de ley, no sólo porque lo digamos desde nuestra formación política, sino porque en días cercanos a este debate que ha habido en el Estado en relación con un caso concreto de alarma social, científicos autorizados han hecho un llamamiento sensato a que se tenga muy en cuenta qué es lo que se va a hacer constar en los bancos o en los registros de ADN respecto de los ciudadanos, de presuntos peligrosos o incluso de quienes tengan antecedentes penales. El profesor Grisolía decía el otro día que no solamente se marca genéticamente a determinados ciudadanos, sino que también se marca a sus ascendientes y descendientes, que pueden no tener nada que ver con estar incursos en procedimientos penales. Al ministro del Interior -creo que fue a él- le decía yo que miedo me da, señor ministro, el tenor con el que esta reforma vaya a ser afrontada. Aquí quiero hacer igual llamamiento a que en el momento en que se produzca esta regulación -que desde mi formación política deseamos que lo sea por ley, al menos en sus parámetros esenciales- se aborde con especial cuidado teniendo en cuenta que no estamos hablando sólo del valor seguridad, sino que también está implícito el valor del derecho a la intimidad, a la propia esfera personal e individual de muchas personas, e incluso el derecho a ser consideradas inocentes, pese a tener en otros aspectos antecedentes penales.


Con estas matizaciones que he hecho y pese a que mi formación política inició el trámite de esta norma presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, en este momento estamos en condiciones de afirmar que lo que ha sido introducido en el Senado merece nuestra aprobación y por tanto tendrá nuestro voto favorable en este trámite.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría.


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Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quiero señalar en nombre de Izquierda Unida que después de su paso por el Senado nos encontramos con un proyecto de ley, a nuestro modo de ver, completamente diferente del que se vio en su origen. Tan es así que en este momento entendemos que carecería de sentido mantener el título propuesto en un principio, porque las numerosas enmiendas que se han introducido llegan incluso a desvirtuar lo que puede ser la regulación de la prisión provisional. Consideramos que se ha desvirtuado ese objetivo primitivo que decía tener la reforma. Este hecho no viene sino a reafirmar lo que ya hemos denunciado en otras ocasiones, que es ni más ni menos que el Gobierno y el Partido Popular no tienen un planteamiento global en materia de inseguridad ciudadana ni en materia de dar respuesta policial, legal y penitenciaria a la misma. Nos encontramos con que el Gobierno ha optado por reformas parciales e inconexas que responden más bien a una campaña publicitaria con claros fines electoralistas y que están muy alejadas de lo que debe ser la seguridad jurídica y la efectividad que se dice pretender. Estas reformas legislativas, incluida por supuesto la que hoy debatimos, evidencian que desde el Gobierno siempre se trata de actuar al calor de lamentables sucesos y además se hace de forma atropellada y por tanto sin la debida reflexión. Estamos asistiendo no sólo a un retroceso legislativo en el tiempo, pues estamos volviendo a criterios y conceptos superados en nuestra legislación y en nuestra jurisprudencia, sino también, y lo que es más grave, a un retroceso cualitativo. Estamos ante cambios que lejos de respetar las garantías consolidadas en nuestro sistema legal, suponen un totum revolutum normativo que para nosotros es sinónimo de inseguridad y de confusión.


Esta reforma es un ejemplo más del uso partidista e interesado que el Gobierno hace del pacto de la justicia. Así lo ha denunciado Izquierda Unida y así lo volvemos a denunciar una vez más. El proyecto que se nos presenta no logra compaginar el binomio que debe darse siempre en un sistema penal justo entre seguridad ciudadana y protección de las víctimas por una parte y, por otra, las garantías del imputado, que no ha sido juzgado todavía y que, en consecuencia, debe gozar del principio de presunción de inocencia en todos los aspectos. La reforma que se nos propone se sitúa un paso atrás en el criterio y en la aplicación de la prisión provisional. Creemos que estamos ante un hecho que entra en contradicción con las normas de la Unión Europea, con mayor gravedad en el caso de España, que es el país con mayor número de presos preventivos y donde son más dilatados los períodos de prisión provisional. Por tanto se trata de imponer una política represiva, en la cual se tasan las causas de prisión y se amplían los criterios para proceder a la prisión provisional, existiendo incluso la posibilidad de que se recluya en prisión a los presuntos autores de delitos menores con el pretexto de barrer las calles y en términos generales se disminuye la facultad de los jueces de apreciar las circunstancias que se producen en el caso y, en concreto, se obliga al juez a decretar tales medidas, por lo que la prisión provisional pasa a cumplir fines punitivos a pesar de las apariencias. Esto, como decíamos, tiene mucho más de electoralismo que de eficacia y tiene mucho más de intentar arañar un puñado de votos que de conseguir los fines que se dicen perseguir.


Respecto a las enmiendas, entendemos que todas tienen el mismo denominador común de la precipitación, de la falta de estudio en el debate y de la ausencia de informes -entre ellos, fundamentalmente, el informe del Consejo General del Poder Judicial-, lo que va a motivar nuestra abstención en lo que supone avances técnicos en los medios de investigación y en la implantación de avances tecnológicos en los procedimientos penales. Más allá de esta precisión, hemos de reconocer que hay aspectos positivos, aunque estén sin madurar y alberguemos importantes dudas sobre su aplicación práctica, como, por ejemplo, el uso de la videoconferencia en la práctica de diligencias o el uso de nuevas técnicas de investigación a través del análisis de muestras biológicas.
Más dudas, pese a ser a ser positiva su regulación, genera el funcionamiento y la creación de una comisión nacional sobre el uso forense del ADN. En definitiva, estos temas debían haberse abordado de otra forma y no como el Gobierno nos tiene acostumbrados, sobre todo en este último tramo de la legislatura. Queremos aprovechar esta ocasión para hacer constar el malestar por la falta de medios que han expresado los distintos colectivos afectados, tal y como ya anunciamos en su día, y la necesidad de abordar reformas para hacer más operativo el funcionamiento de los juicios rápidos, lo que justifica nuestra postura en este debate.


Hay otro bloque de reformas que comprende la modificación de determinados artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptar su regulación al futuro Código Penal y a algún aspecto concreto. En este sentido, las enmiendas introducidas en el Senado vienen a dotar de cobertura legal un recorte de derechos y garantías jurídicas llegando a vulnerar, a nuestro juicio, la propia Constitución, por ejemplo, dando cobertura a los antecedentes policiales que en la práctica existen al margen de la legalidad o que las medidas relacionadas con los delitos de propiedad intelectual o industrial, que suponen que delitos perseguidos a instancia de parte pasen a ser perseguidos de oficio, o por ejemplo que la valoración de la mercancía extraída será el precio de venta al público, lo que viene a significar que la determinación de un delito o falta dependerá de las leyes del mercado y no de una valoración más objetiva.


Finalmente, la modificación de la competencia territorial propuesta cuestiona el derecho a un juez predeterminado

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y declina la competencia natural a favor de los jueces del partido judicial sede de la competencia de la correspondiente audiencia provincial. A nuestro juicio, esta reforma encubre la mala política judicial del Gobierno y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario anuncia el voto a favor de estas enmiendas del Senado, buena parte de las cuales proceden de algunas que allí pudo presentar Convèrgencia i Unió y que salieron adelante. Hemos debatido reiteradamente en este proyecto de ley -a lo largo del debate inicial de totalidad, en Comisión y en la aprobación inicial por el Congreso- las funciones a las que debe servir el régimen de la prisión provisional, configurándose como un instrumento sin lugar a dudas importante de protección a las víctimas, de garantizar el objeto del proceso, de garantizar la no ocultación de las pruebas, la no sustracción a la acción de la justicia, pero también de garantizar la no reincidencia o reiteración delictiva. La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco ha puesto de manifiesto perfectamente que esta es una ley que vuelve mejor del Senado que como fue -quizá no habíamos tenido el tiempo suficiente para terminar algunas negociaciones-; vuelve mejor en cuanto al régimen de la incomunicación, que a través de transacciones que han sido formuladas a diversos grupos pero también al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se convierte en un instrumento mucho más restringido, con un control judicial mucho más inmediato, con mayores necesidades de motivación, incluso en el supuesto de los exámenes médicos permitiendo el examen por parte de un segundo forense. Ya dijimos en su día que no hay problemas difíciles que tengan soluciones fáciles y en el supuesto de incomunicación nos hemos aproximado bastante a su solución.


Mejora también los sistemas de control de la prisión provisional. Nos hemos escandalizado a lo largo de estos años, no en numerosas ocasiones pero sí en unas cuantas, ante supuestos en los que, por prolongarse excesivamente el procedimiento, hemos visto cómo presuntos delincuentes de delitos muy graves son puestos en libertad y se sustraen a la acción de la justicia. El hecho de introducir un instrumento de alerta cuando han transcurrido dos tercios de la duración máxima de la prisión provisional nos parece interesante. Muy interesante nos parece también la introducción de otro instrumento humanitario, que es la sustitución de la prisión provisional o el cumplimiento de la misma en un centro de desintoxicación, con lo cual avanzaremos en la resocialización de algunos delincuentes que obran en nuestro país muy vinculados al fenómeno de la droga. Hacía falta la regulación de las pruebas de ADN, en primer lugar para poderlas aportar a un procedimiento, pero fundamentalmente en la medida en que supongan una incidencia o injerencia sobre el cuerpo del sospechoso o de posibles, en este caso, testigos. Hacía falta hacerlo a través de una ley orgánica y lo único que lamentamos es que no esté prevista cuál es la consecuencia del incumplimiento del deber de someterse a esa injerencia corporal. ¿Estamos en presencia de un delito de desobediencia? ¿Se puede prever algún otro tipo de actuaciones, por ejemplo la obtención de la prueba de ADN forzosamente sobre el sujeto que se niega a que se le tome una muestra para efectuar esa prueba? Es algo que debiéramos haber completado. No somos capaces de sustraernos a la complejidad que puede determinar la existencia de un registro, de un archivo o de un banco central de este tipo de datos, porque si bien es cierto que la mayor parte de registros son de ADN no codificante, también hay otras pruebas que tendrán que ver con ADN codificante y nos darán datos no sólo de ese sujeto -no será una identificación, una pura huella dactilar genética-, sino que nos podrán suministrar datos no de quién es, sino de qué es y también de qué eran sus ascendientes y qué serán sus descendientes.


Hay otros aspectos en materia de propiedad industrial vinculados a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que también nos congratulamos de que mediante nuestro impulso se hayan introducido en el Senado, como es la posibilidad de destruir alguna de estas pruebas una vez que se hayan efectuado las pericias correspondientes, con lo cual disminuyen los gastos de almacenamiento, así como también concretar a quién deben ofrecerse acciones.


Cuando tramitamos la Ley de juicios rápidos y la reforma del procedimiento abreviado habíamos insistido sobre la necesidad de agilizar los levantamientos de cadáveres, sobre todo en aquellos supuestos en los que el cadáver se encontrase en una vía pública, en una vía férrea, cosa que no es extraña, todo hay que decirlo. Por tanto valoramos muy positivamente la modificación que se ha introducido en el Senado, así como otras modificaciones que se producen en materia de juicios rápidos.
A veces no sabe uno quién tiene más imaginación, si nosotros legislando o los jueces intentando encontrar algún hueco o alguna interpretación extravagante a algunas de las disposiciones que aquí establecemos. Ha resultado imprescindible clarificar algunos aspectos, como por ejemplo que en materia de juicios rápidos la conformidad supone la reducción de un tercio de la pena y, faltaría más, aunque eso suponga bajar la pena respecto de la prevista en el Código Penal; si no tampoco vemos la gracia que podía tener esa conformidad. Quien dice eso dice otros supuestos que hemos introducido en materia de juicios rápidos. Desde luego es una forma de legislar peculiar, de la que mi grupo asume toda la responsabilidad,

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porque está haciendo uso de todo lo que puede en el momento de introducir enmiendas, pero también, para tranquilizar a sus señorías, debo decirles que en Chile, donde han hecho una reforma procesal penal global y muy importante, la están aplicando por regiones, con lo cual este fenómeno de ir legislando e ir efectuando modificaciones legislativas cada pocos meses, como está pasando en estos momentos en materia de juicios rápidos, tampoco les extrañe. Allí lo han podido ir haciendo gradualmente; aquí la ley ha entrado en vigor simultáneamente, pero luego, gradualmente, nos vamos dando cuenta de qué aspectos funcionan y qué aspectos hay que corregir. En cualquier caso, como ya he indicado, procederemos a votar favorablemente las enmiendas del Senado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Silva.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, quisiera en nombre de mi grupo parlamentario hacer ya la última intervención -creemos- sobre los cambios operados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, particularmente en lo relativo a la prisión provisional, en este trayecto de vuelta del Senado con motivo de las enmiendas que de allí proceden y tengo que unirme a lo dicho por el portavoz de Izquierda Unida, que protestaba, creo que de manera jurídicamente razonable, por el hecho de que se esté instrumentalizando el Senado a la vista de que acceden por vía del Gobierno iniciativas que se hurtan al debate de este Congreso de los Diputados en atención a no se sabe qué métodos de eficacia, rompiendo reglas, haciendo del Senado una Cámara de lectura única y haciendo de ésta una Cámara de segunda lectura, cuando ni uno ni otra tienen esa condición constitucional. Esta ley que hoy traemos aquí viene modificada no por la vía normal de enmendar el texto que procedió del Parlamento, sino sumando a esas enmiendas otros textos relativos a juicios rápidos o a inspecciones corporales, cuyo debate ha sido hurtado a este Congreso. A quienes hacemos de las reglas una forma de convivencia nos parece enormemente importante que no se salten y rogaríamos al Gobierno, por el bien del Parlamento, del sentido que tiene, de su buena imagen y de su no instrumentalización, que limitara, que fuera reduciendo esa especie de pasmo legislativo de carácter senatorial que utiliza cada vez que cree oportuno hacer algún cambio en aras a la eficacia, muchas veces de manera incorrecta porque no existe el debate suficiente. Este es un asunto de tal importancia que no tenía ninguna necesidad de venir acompañado de otros cambios. Estamos hablando de la prisión provisional y por tanto de medidas restrictivas de la libertad individual. No es un tema menor, como no debe ser menor llamar la atención de la Cámara sobre esta legislación, toda vez que se nos supone intérpretes especialmente sensibles de la voluntad popular a la hora de reprimir las conductas o sancionar determinados supuestos en que la libertad individual debe ser rota, sancionada o impulsada por otras vías. Estamos por tanto ante una medida cautelar que rompe la presunción de inocencia y que sólo debe aplicarse cuando se intente evitar una fuga, impedir ocultación de pruebas o la reiteración delictiva. Esto es lo que nos dice con buen sentido el Tribunal Constitucional, los tribunales de derechos humanos y debería ser nuestro objetivo legislativo. Sin embargo, el Gobierno, a nuestro entender, más que una medida cautelar, crea una medida de seguridad, obsesionado como está por intentar evitar los problemas que tiene en estos momentos en relación con la seguridad ciudadana y, por tanto, con la reclamación de la ciudadanía sobre lo que en este momento causa una alarma importante por el deterioro de esa seguridad como derecho. Las enmiendas que deberían haberse planteado y que venían patrocinadas por el Grupo Parlamentario Socialista eran aquellas que hacían que esta medida fuera no la única, pero sí excepcional y subsidiaria; luego tiene que haber otras medidas cautelares -como bien decía la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)-, no la de prisión sino otro tipo de medidas que tutelen este tipo de sanciones, como la prohibición de residir en una determinada ciudad, el arresto domiciliario, la fianza, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país, etcétera. Sin embargo, el Gobierno no ha querido hacer de esta medida cautelar una medida excepcional y subsidiaria, sino una medida prácticamente singular y única. Debería ser una medida instrumental y no de pena anticipada, que es lo que ocurre con las medidas presentadas en el Senado por el Partido Popular y por el Gobierno. Debería ser proporcional, es decir, no gravosa, y consecuente por tanto con el objetivo que se persigue. Además, debería ser temporal y tener un plazo máximo. La iniciativa transgrede algunos de estos valores y a pesar de que ha sido mejorada en el Senado, no deja de ser preocupante el derrotero por el que camina este cambio legislativo, cuyo carácter de inconstitucionalidad se puede presumir en ocasiones, como explicaré después.


Hay desproporción en el hecho de que la duración máxima de la medida cautelar de prisión provisional pueda en ocasiones ser mayor que la prisión como consecuencia de la condena. Puede ocurrir así en atención a los cambios operados en el Código Penal, que hacen posible que tengamos hoy penas de prisión de seis meses, en contra por cierto de la opinión de gran parte de los grupos de esta Cámara. No ocurre así en la mayor parte de los países europeos, pero sí ocurrirá en España dentro de muy poco tiempo, como consecuencia de los cambios operados en el Código Penal por este Gobierno. Pues bien, si se une esto a la duración de la medida cautelar, que cuando la pena prevista sea de menos de

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tres años puede ser de año y medio con carácter excepcional, nos podemos encontrar con muchos supuestos donde la duración de la medida cautelar sea superior a la de la propia pena; es decir, que haremos de la prisión provisional la pena real y por tanto sometemos a una persona sujeta a presunción de inocencia a una pena sin juicio, lo cual es realmente preocupante, como ustedes comprenderán, señorías.


Tampoco le da carácter excepcional a esta medida otra aportación del Partido Popular en el Senado, según la cual se pretende arbitrar -seguramente con buena voluntad- una especie de procedimiento preferente para cuando se hayan cumplido las dos terceras partes de la prisión provisional en su grado máximo. Esto significa desinterés por los supuestos hasta tanto no se llegue al cumplimiento de las dos terceras partes y, en todo caso, significa que se rompe una medida indispensable: el control judicial que debe tener todo proceso -toda prisión-, de manera que se vaya viendo -a través del fiscal, a través del juez- si debe mantenerse la prisión provisional como medida cautelar. Si no permitimos que se realice el control judicial hasta cumplidas las dos terceras partes de la prisión provisional en su grado máximo, estaremos sin duda ante una medida cautelar que, lejos de tener carácter excepcional, tendrá carácter habitual -insisto-, lo que no es su referente constitucional, evidentemente.


También se modifican dos cuestiones que nos parecen importantes y que paso a enunciar rápidamente. Se permite que la policía informe y dé cuenta de otras detenciones dentro del atestado, cuando se trata de imputar más adelante determinados actos delictivos a un posible delincuente. Pues bien, esto se hace para conformar la medida de prisión provisional por parte del juez y conformar así su decisión atendiendo a la posible reiteración delictiva. Hay que decir que esta medida presenta riesgos de inconstitucionalidad, porque en muchas ocasiones y no en vano esas posibles detenciones que aparezcan en los ficheros policiales habrán significado en términos judiciales o bien una resolución absolutoria o bien la puesta en libertad por falta de elementos inculpatorios. En esa especie de obsesión de hacer, a partir de los registros policiales, eso que viene en llamarse -al parecer desde el Gobierno- perfil delincuencial y que prevé reiteraciones delictivas que deben llevar a la terrible medida cautelar de prisión provisional, me da la impresión de que al Gobierno se le ha ido la mano y está cerca del riesgo de inconstitucionalidad. Lo está también un añadido del Gobierno a esta iniciativa, que viene igualmente con el aval del Senado, según el cual no procede la citación del policía cuando ha realizado el atestado. Esto significa un grave riesgo de que esta norma también tenga su camino hacia el Tribunal Constitucional y tenga ese riesgo de inconstitucionalidad, porque hasta ahora tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, señorías, han emitido una clara doctrina en la materia que permite pensar que el atestado tiene el simple valor de denuncia.
Jamás debe ser considerado de otra manera que no sea como una prueba testifical que debe estar sometida a contradicción por parte, entre otros, de los mecanismos de la defensa, cosa que no puede realizarse si el juez no pide la comparecencia de quien ha realizado el atestado. Por tanto estamos en presencia de dos supuestos realmente con riesgo de inconstitucionalidad que llevan al Grupo Socialista a votar no a las enmiendas que vienen tuteladas por el Senado.


Me referiré a dos cuestiones más para terminar mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se hace una aportación que nos parece positiva, bien es cierto que hurtando el debate a este Congreso, que es el uso forense del ADN.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Barrero, debe concluir ya.


El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya.


Digo hurtando el debate a este Congreso, cuando este Congreso ha venido solicitando por iniciativa parlamentaria, particularmente por el Grupo Parlamentario Socialista, un debate serio y una reflexión serena sobre un tema que es de absoluta actualidad. Merece la pena que iniciemos el debate y profundicemos en él porque, no en vano, estamos incidiendo sobre el derecho a no declarar sobre uno mismo, el derecho a la presunción de inocencia o el derecho a la intimidad. Confiamos que el real decreto que se anuncia, por el que se va a crear la agencia de registro de datos de ADN, permita ese debate que se nos ha hurtado a esta primera Cámara, de acuerdo con la Constitución.


Por último, quiero insistir en otro tema, realmente con visos de inconstitucionalidad, que es la creación de un registro de medidas cautelares, que sencillamente no tiene ningún sentido desde el punto de vista operativo pero tampoco desde el punto de vista constitucional, porque las medidas cautelares jamás modulan una pena, no pueden además, lógicamente, afectar a la duración de la nueva medida cautelar que se prevea ni tiene transcendencia en otros procedimientos. Por lo tanto es una medida que no tiene ningún sentido, a no ser que se quiera mantener esa especie de nueva definición..


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Barrero, debe concluir.


El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya, señoría.


Como decía, a no ser que se quiera mantener esa especie de nueva definición de la posibilidad del perfil delincuencial de determinadas personas, que a nosotros se nos escapa, que parece que suena a medida de carácter puramente policial, pero que debería ser rechazada por esta Cámara, más sujeta y más sensible a los temas de derechos y de libertades que a otros que seguramente nos resultan y deberían resultarnos mucho más ajenos.


Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Barrero.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.


El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre las enmiendas del Senado en este proyecto de ley orgánica. Las enmiendas sobre la regulación de la prisión provisional persiguen tres grandes objetivos. Hay que adecuar plenamente nuestra obsoleta legislación en esta materia a la doctrina del Tribunal Constitucional, como se viene exigiendo en varias sentencias, en particular la sentencia 47/2000. Las medidas cautelares han de ser proporcionadas al riesgo existente y deben estar suficientemente motivadas por el juez, al que corresponde decidir sobre las mismas. Se elimina el automatismo en la decisión judicial y se establece una acabada regulación de los fines legitimadores de la prisión provisional, plenamente adecuada a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La prisión provisional debe también contribuir a hacer más eficaz el Estado de derecho en la lucha contra la criminalidad. La medida de prisión provisional estará justificada para evitar el riesgo de que se cometan más delitos durante la tramitación del proceso, especialmente en los casos de bandas organizadas y de delincuentes habituales. También se otorga a la víctima del delito un papel esencial en el proceso. La víctima tendrá ahora un estatuto especial de protección. Por primera vez en nuestro derecho, pasa a ser una causa directa de prisión la evitación de nuevas agresiones a la víctima durante la tramitación de la misma.
Esta medida se refuerza especialmente en los supuestos de violencia doméstica, en concreto, en los supuestos de quebrantamiento de las órdenes de protección.


Las enmiendas tratan de evitar el riesgo de excarcelación de los imputados, especialmente en los delitos más graves y alarmantes, por superación de los límites máximos de la prisión provisional. A estos efectos, se han incorporado al texto dos previsiones de gran alcance: superadas las dos terceras partes del límite temporal máximo de la prisión provisional, son alertados tanto el presidente de la Sala de gobierno como el fiscal jefe respectivo con el fin de que se adopten las medidas adecuadas -estas causas pasar a tener preferencia absoluta sobre las restantes-, y se crea un registro nacional de procedimientos penales, en el que constarán las medidas cautelares adoptadas y su duración máxima. Este registro nacional será un instrumento auxiliar de los jueces y fiscales para el control de la tramitación de los procedimientos penales y su duración. Esto, por supuesto, en contra de lo que ha opinado hace escasos momentos el señor Barrero.


Otras medidas de reforzamiento y agilización de la justicia penal son la extensión e impulso a los juicios rápidos penales, que se extienden a tres nuevos tipos de delitos: delito de daños -al mobiliario urbano, a establecimientos comerciales, etcétera-, delitos de tráfico callejero de drogas y delitos de piratería intelectual, sobre lo que precisamente en esta Cámara hay una subcomisión y estamos pendientes de sus conclusiones.
En cuanto a la simplificación de la investigación, se evitarán molestias innecesarias y comparecencias durante la instrucción judicial que sólo tengan por finalidad la ratificación de lo declarado en el atestado.
Asimismo, los delitos recalificados por el juez de instrucción como faltas se celebrarán, como tales, en el acto.


Hay una nueva regulación, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, de la utilización del ADN para fines de investigación criminal e identificación de cadáveres y desaparecidos. Se regula el valor probatorio de la tecnología del ADN y los procedimientos de obtención de muestras orgánicas -cabello, saliva, etcétera- del sospechoso, así como la cadena de custodia, la práctica de análisis con seguridad y fiabilidad, y se crea una Comisión nacional de ADN forense, encargada de homologar laboratorios, protocolizar las pruebas analíticas y coordinar los centros investigadores. Se introducen previsiones legales para evitar conflictos de competencias entre órganos penales, con consecuencias dilatorias sobre el proceso, y se permite al juez de instrucción delegar en el médico forense las operaciones de levantamiento de cadáveres.


En un tema tan importante como es la detención judicial incomunicada, es de resaltar que la detención judicial incomunicada durará el tiempo estrictamente necesario para la práctica urgente de las diligencias, que no podrán exceder de cinco días. Sólo en supuestos de delitos de terrorismo o investigación que afecten a delincuencia organizada podrá prorrogarse por un plazo no superior a cinco días. Se fija un tope máximo de incomunicación de diez días. Hay una serie de supuestos en los que puede ser acordada la incomunicación, que son: evitar que se sustraigan a la acción de la justicia personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, evitar que se oculten, alteren o destruyan pruebas relacionadas con la comisión del hecho investigado, evitar que se pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima y, finalmente, evitar que se cometan nuevos hechos delictivos.


En definitiva, señorías, la prisión provisional con el proyecto que hoy vamos a aprobar ingresa en el marco de los principios constitucionales que garantiza a cualquier acusado que no se le priva de libertad por cualquier motivo, por cualquier causa, atendiendo a que la privación de libertad está sujeta a criterios constitucionales bien determinados con arreglo al principio de legalidad.


Se trata de una reforma obligada por los principios constitucionales por la ley y por el Pacto de Estado por la justicia. Por la ley porque ha sido la Ley de juicios rápidos, es decir, la ley 38/2002, de 23 de octubre pasado, la que estableció que en seis meses el Gobierno

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remitiría a la Cámara el nuevo proyecto de prisión provisional y, por el pacto de Estado, suscrito entre el Gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista y al que se adhirieron todos los grupos parlamentarios, se convino en el punto 17 en la necesidad de incorporar de una vez la prisión provisional a los criterios constitucionales. El proyecto que hoy vamos a aprobar incorpora los principios de nuestra Constitución vigentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la del Tribunal Constitucional, reiterados desde hace 25 años en que se aprobó precisamente la Constitución. A pesar de las reformas parciales de la prisión provisional en los años 1983, 1984, 1988 y 1995, no se ha aprovechó para incorporar nuestra prisión provisional en el marco de la Constitución. Se incorporan los principios constitucionales como son la excepcionalidad, es decir, a partir de hoy no será aplicable a cualquier sospechoso, es sólo el criterio de la excepcionalidad el que debe presidir que un juez determine la privación con carácter provisional de la libertad de una persona acusada o sujeto imputado de un posible delito. La proporcionalidad, es decir, la privación de la libertad debe ser proporcional y se suprime el automatismo porque es lo más injusto para privar de un derecho tan esencial como es la libertad. La motivación de las resoluciones judiciales supone razonar los motivos y la adecuación de la Constitución y adecuarla al caso concreto y a las circunstancias concretas. En cuanto a los fines constitucionales, se suprime la alarma social que es un concepto de hace 130 años y se sustituye por la necesidad de que la prisión provisional responda a los fines que establece nuestro Tribunal Constitucional, es decir, el riesgo de fuga, la posibilidad de que se oculten elementos probatorios, la reiteración de la comisión de delitos y el acusado tiene, por otro lado, todos los derechos garantizados mediante el principio de legalidad in dubio pro reo y de presunción de inocencia. Sin embargo, la democracia debe proteger a las víctimas del delincuente, al agredido del agresor, el patrimonio, los derechos y las libertades de la inmensa mayoría frente a quienes cometiendo delitos vulneran e infringen los derechos y las libertades de los ciudadanos.


La prisión provisional, señorías, es una medida cautelar que garantiza la acción eficaz de la justicia y los derechos y las libertades de los ciudadanos, no es una medida sancionadora. Cuando en una convivencia democrática hay quien rompe las reglas del juego y decide ser, de manera habitual y sistemática, un delincuente o de manera organizada ser un criminal mediante sofisticados sistemas de organización, es evidente que la medida cautelar debe jugar con otro criterio distinto del de aquel ciudadano que de manera esporádica, ocasional una vez en su vida pudiera cometer una infracción penal sea una falta o sea un delito. Se trata, en definitiva, de reducir el número de población penitenciaria a la espera de juicio. Hoy el 22 por ciento de población reclusa está a la espera de juicio y eso supone 15.000 preventivos, por tanto, consideramos que esta es una medida importante. No hay que olvidar que en una encuesta de principios de este año dijeron que el 90 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con las medidas para la lucha contra la delincuencia, entre las que se encuentra la prisión provisional. Consideramos que la decisión que se tomó por unanimidad de constituir una comisión de todas las sensibilidades consensuada al cien por cien de sus miembros para que redactara ...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Bueso, debe concluir.


El señor BUESO ZAERA: Termino enseguida, señoría.


Decía que consideramos que la decisión que se tomó por unanimidad de constituir una comisión de todas las sensibilidades consensuada al cien por cien de sus miembros para que redactara un anteproyecto para reformar la prisión provisional ha hecho, desde la experiencia y la profesionalidad de expertos de todas las sensibilidades que llevan mucho tiempo trabajando y que se han puesto de acuerdo, no debemos desaprovecharla, y estas enmiendas que vienen del Senado han reforzado el proyecto de ley.


Quiero terminar, señorías, diciendo que no es cierto lo que ha manifestado el representante del Grupo Socialista, en cuanto a que algunos temas sean inconstitucionales o puedan rozar la inconstitucionalidad. La legislación actual es una medida de seguridad y los criterios que prevé la ley son lo que dice el Tribunal Constitucional, a los que me he referido anteriormente.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Bueso.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.


En primer lugar, votamos las enmiendas del Senado al artículo uno, artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y disposición final primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 255; en contra, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo quinto y disposición adicional tercera.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 172; en contra, dos; abstenciones, 84.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo cuarto y al artículo sexto, apartados, 4 a 8, 11, 13 y 16 y también la disposición adicional primera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 257; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo sexto, apartados, 9, 10, 15 y 18 a 21.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 171; en contra, dos; abstenciones 85.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo sexto, apartado 3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 170; en contra, 87; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo sexto, apartados, 14, 17, 22 y 23.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 171; en contra, 86; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas al artículo primero, artículos 503 y 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y disposición adicional segunda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 170; en contra, 86; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 173; en contra, tres; abstenciones, 83.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


VOTACIONES DE CONJUNTO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PRISIÓN PROVISIONAL. (Número de expediente 121/000130.)

La señora PRESIDENTA: Efectuamos a continuación la votación final sobre el conjunto del texto por tener carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 258; a favor, 171; en contra, 86; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado, al no haber alcanzado la mayoría requerida por tener carácter orgánico. (Aplausos.)

Señorías, de acuerdo con el resultado de la votación, queda ratificado el texto inicial que salió del Congreso y rechazadas todas las enmiendas propuestas por el Senado. (Aplausos.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (Número de expediente 122/000314.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la votación final de conjunto, por tener carácter de orgánico, de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 258; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERÉNDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000315.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a continuación, asimismo, a votación final de conjunto, dado su

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carácter orgánico, la proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 255.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


ENMIENDAS DEL SENADO (CONTINUACIÓN):

- PROYECTO DE LEY DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PARQUES ZOOLÓGICOS. (Número de expediente 121/000131.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a todas las enmiendas que nos llegan del Senado. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor. Es imposible que se pueda oír su intervención. (Continúan los rumores.)

Señorías, si consiguiésemos un nivel de silencio suficiente en la Cámara para que pueda ser oída la intervención del señor Mardones, sería posible continuar con el debate, pero indudablemente con las conversaciones en los pasillos y en los escaños esto no es posible. (Pausa.)

Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Decía que nuestro grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado a este proyecto de ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos. Son mejoras técnicas, excepto la que queremos destacar al artículo 15, que trae una nueva tipificación de falta muy grave y que era necesario significar el tipo de falta que se quería hacer punible con esta disposición complementaria.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, voy a intervenir, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para avanzar y manifestar el voto favorable a las enmiendas aprobadas por el Senado, que nos llegan al Congreso mediante el correspondiente mensaje motivado. Votaremos a favor de las mismas por coherencia con nuestra posición en el debate que tuvo lugar en su día en la Comisión de Medio Ambiente y en coherencia con nuestro voto al dictamen del proyecto de ley. En el trámite que ha tenido lugar en el Senado se han incorporado además algunos de los planteamientos que, en forma de enmienda, ha venido manteniendo mi grupo parlamentario durante el trámite de este proyecto de ley. El señor Mardones ha comentado que la mayoría eran enmiendas técnicas y así es, pero de todas las maneras entendemos que el proyecto de ley se enriquece y mejora con esas enmiendas y consigue adaptarse mejor a las prescripciones de la normativa comunitaria 1999/22/CE del Consejo, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, que es a la que nos adaptamos. Con esta ley se llena el vacío jurídico sobre la protección de la fauna silvestre en cautividad, circunstancia que ha venido perjudicando durante los últimos años a los sujetos y a la regulación que ahora refrendamos, a la vez que cumplimos por fin con nuestros compromisos internacionales.


Evidentemente, mi grupo parlamentario hubiera preferido aprovechar esta ocasión para avanzar en algunos aspectos parciales que finalmente no recogerá la ley y que responden a las propuestas y a las aportaciones de las principales entidades proteccionistas y animalistas, catalanas y del resto del Estado, cuya lucha a favor de los animales en cautividad nos ha servido de modelo y de guía para nuestra iniciativa parlamentaria durante la tramitación de esta ley. En ese sentido, quiero reiterar el reconocimiento del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la trayectoria, el compromiso y la labor de la Asociación de Defensa de los Derechos del Animal (ADDA) y del conjunto del movimiento animalista.
La correcta aplicación de esta ley y su desarrollo normativo, especialmente a cargo de las comunidades autónomas, como administraciones ambientales competentes en la materia, será clave para avanzar en la mejora del trato que se da a los animales en los zoológicos y en las funciones investigadora y educadora que se les atribuye con esta ley.
Evidentemente, queda mucho camino por recorrer y, a partir de ahora, estará en nuestras manos cargarnos de razón y de argumentos para defender las bondades de los parques zoológicos, frente a aquellos colectivos -que los hay y cada vez son más numerosos- que rechazan abiertamente toda privación de libertad para los animales, incluso aquella que tiene fines educativos, reproductores o de reintroducción de las especies amenazadas en sus hábitat naturales.


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Termino, señora presidenta, señorías. Debemos exigir que la aplicación de esta ley represente, en su momento, una clara inflexión en las relaciones que secularmente hemos mantenido con los animales y, especialmente, con los animales en cautividad, en coherencia con otros avances importantes legislativos que se han producido, que se están produciendo y que se van a producir en próximas fechas. Voy a poner dos ejemplos muy simbólicos.
Uno es la Ley de protección de los animales, aprobada el mes de julio pasado por parte del Parlamento de Cataluña, que modifica la Ley de 1988 -que fue pionera en su momento- que regulaba esa situación y, posteriormente, la modificación del Código Penal, que está en estos momentos en trámite parlamentario en el Senado y con el que finalmente -a instancia de otros grupos parlamentarios y de muchas entidades de este país, pero especialmente nos sentimos orgullosos de que sea gracias al impulso del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió- se va a tipificar -repito- como delito el maltrato a los animales.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Sabaté.


El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señora presidenta.


En aras a la brevedad, simplemente vamos a manifestar nuestro voto favorable a las enmiendas del Senado a una ley que ha gozado de un notable consenso a lo largo del trámite, de lo que nos congratulamos. Sin embargo, antes de terminar no podemos dejar de recordar dos enmiendas de nuestro grupo que no se aprobaron en el curso del trámite parlamentario y que, por tanto, no se van a convertir en ley. Una, que hubiera habilitado medidas económicas para favorecer la adaptación a las nuevas condiciones de las instalaciones que al día de hoy no cumplen todavía con la nueva normativa que hoy aprobamos y, otra, que hubiera supuesto una mayor implicación de los parques zoológicos en convertir sus instalaciones en modelo de gestión sostenible por lo que se refiere al uso eficiente y ahorro de energía y agua y al tratamiento adecuado de residuos.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabaté.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Luis.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular también ha analizado con detenimiento las enmiendas que se han introducido por el Senado a este proyecto de ley de conservación de la fauna silvestre en parques zoológicos y, en efecto, reconoce que la mayoría de las enmiendas son de carácter técnico y vienen a perfeccionar un texto sobre el que ya existió una amplia sintonía. Las enmiendas del Senado no alteran sustancialmente el contenido de esta ley que, como bien recordaba el portavoz del Grupo Socialista, concitó una cierta simpatía sobre su contenido por los distintos grupos parlamentarios del Congreso en su tramitación en esta Cámara. Recuerdo que en el momento en que se dictaminaba en la Comisión de Medio Ambiente esta ley -que es trasposición de una directiva comunitaria, se tramitó en esta Cámara sin debate de totalidad porque ningún grupo presentó enmienda de totalidad y, además, lo hicimos con competencia legislativa plena- fuimos capaces entre todos de aportar -quizá por la comunión de intereses- mejoras que consiguieron completar algunos de los aspectos que la ley incluía. En aquel trámite mi grupo parlamentario, como grupo mayoritario, ofreció -con el texto del Gobierno y con textos aportados por nosotros- enmiendas a Convergència i Unió, al Grupo Socialista, a Izquierda Unida y al Grupo Mixto; a Coalición Canaria también se le ofreció una transacción sobre los centros de rescate, que es uno de los asuntos que quedará pendiente por regular próximamente por parte del Gobierno. En aquel momento en la Comisión de Medio Ambiente hacíamos una valoración positiva de la ley, en línea con lo que ha dicho el representante de Convergència i Unió en este Pleno. Entendíamos que determinados aspectos de esta ley contribuían a desarrollar lo que para nosotros es la filosofía que ha marcado nuestras posiciones en este campo durante esta legislatura y la anterior. En efecto, esta ley de fauna silvestre dota a los parques zoológicos de una gran responsabilidad en lo concerniente a la conservación de especies. El término conservación es el eje fundamental, el centro de la política medioambiental que defiende mi grupo parlamentario. Tenemos la voluntad -y así lo hemos manifestado en esta Cámara- de asumir un firme compromiso con las generaciones futuras en virtud del cual nos comprometemos a hacer un esfuerzo sin límite para transmitirles fauna, flora y medio ambiente en general en mejores condiciones que las que nosotros lo recibimos. En segundo lugar, la ley otorga a los parques zoológicos un papel fundamental como instrumento muy válido para ampliar el conocimiento que la población tiene sobre determinadas especies animales y sobre la flora y los hábitats donde se desarrollan las especies. Nosotros hemos sometido a debate en la Cámara iniciativas sobre esta materia en las que nos manifestamos firmemente partidarios de que un incremento de los parámetros de la educación medioambiental contribuye a la conservación, porque el que conoce respeta y el que respeta conserva y, como he dicho anteriormente, la conservación es la palabra clave para nosotros.


Por último -y estoy seguro de que es algo en lo que los grupos estarán de acuerdo conmigo-, el proyecto de ley es también muy detallista en lo que se refiere al

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respeto y a la calidad de vida de los animales. Establece un seguimiento de carácter sanitario, unas exigencias en su hábitat de desarrollo y nosotros, que somos firmes partidarios del respeto a los animales, nos congratulamos de la importante aportación de este proyecto de ley. En relación con este tema, con el derecho de los animales, comprendo que el señor Martí esté satisfecho del planteamiento que el Código Penal hace sobre el maltrato del animal, pero nos permitirá, siendo el grupo que apoya al Gobierno, que nuestra satisfacción sea también muy grande; a mí personalmente me complace, porque recuerdo que en este Pleno me quedé solo defendiendo una actitud conservadora, prudente, sobre una pretendida modificación por vía directa del Código Penal. Yo reclamaba que había que estudiar la modificación y, si era necesario, se haría, y así se ha hecho. Por tanto, no hemos defraudado las expectativas que entonces generamos, y sobre todo hemos podido demostrar que, a pesar de la soledad, muchas veces la razón nos asiste.


El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de las enmiendas que son técnicas y que no desvirtúan la ley. Me alegro mucho de que el resto de los grupos hayan mantenido la sintonía que hubo en el trámite del Congreso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Luis.


Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250; a favor, 246; en contra, dos; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.) (Número de expediente 121/000133.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.


Antes de valorar las modificaciones introducidas en el Senado, considero necesario hacer un breve repaso de las principales enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario en su tramitación parlamentaria. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó más de 70 enmiendas al Congreso... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Grau. No se le oye. Señor Grau, lo lamento profundamente, pero esta presidencia no ha conseguido que los diputados mantengan las conversaciones fuera.


Adelante.


El señor GRAU BULDÚ: Decía que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó más de 70 enmiendas en el Congreso y otras tantas en el Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones que sustituyó a la actual Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que tiene como principal objetivo trasponer a la normativa española los cambios legislativos de las últimas directivas europeas sobre el sector. Nuestro grupo esperaba que este proyecto fuera una ley de bases porque el Estado sólo tiene una competencia exclusiva en telecomunicaciones, pero no en comunicación social. El bloque principal de enmiendas presentadas durante la tramitación parlamentaria de este proyecto ha sido el relativo al aseguramiento de la consideración de las competencias en materia de telecomunicaciones que tienen las comunidades autónomas. Nuestro grupo parlamentario entiende que en el proyecto de ley no opera únicamente una competencia exclusiva del Estado basada en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución española, que es el que se refiere a telecomunicaciones, sino que en este apartado de la Constitución da como competencia exclusiva al Estado correos y telecomunicaciones. Cuando el constituyente reservó para el Estado las telecomunicaciones junto con correos, no pretendía abarcar el complejo mundo de las comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información, materias que se han reservado claramente un ámbito competencial para las comunidades autónomas a través del artículo 149.1.27.ª de la Constitución. El proceso de convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones audiovisual y de los propios medios de comunicación impide delimitar el título competencial de las telecomunicaciones respecto a otros títulos competenciales, específicamente el régimen de los medios de comunicación.
Las evoluciones conceptuales que aportan las directivas que se trasponen llevan al mismo tiempo a aplicar diferentes artículos competenciales de la Constitución española, como el 149.1.21.ª ya citado, pero también, como ya he señalado antes, el 149.1.27.ª. En esta línea se corresponden las enmiendas presentadas en el Congreso y en el Senado. Relacionado con el bloque de enmiendas mencionado, se introdujeron enmiendas a la propia terminología utilizada en el proyecto de ley, ya que la legislación europea no habla estrictamente del término de telecomunicaciones sino de comunicación electrónicas, englobando la tradicional definición de telecomunicaciones y ampliándola debido a las mejoras tecnológicas.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado enmiendas sobre su extensión

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como servicio universal y su financiación, con el objeto de ampliar el servicio de telefonía móvil y de la banda ancha a todos los núcleos de población para posibilitar una financiación con fondos públicos, especialmente teniendo en cuenta la configuración del servicio universal en España y los costos que este servicio implica.


Se han presentado enmiendas para la creación de la agencia de gestión de radiocomunicaciones y para que su sede se pueda establecer en Barcelona.
Lamentablemente esta enmienda no ha tenido el apoyo del Grupo Socialista ni del Grupo Popular. Nuestro grupo cree que esta agencia y su ubicación en Barcelona ha de contribuir a la necesaria descentralización en el territorio de los órganos administrativos que actúan en el sector. La valoración de las enmiendas remitidas por el Senado será en función del grado de aproximación del proyecto a lo defendido por nuestro grupo parlamentario durante la tramitación del proyecto de ley. En el Senado no se han introducido modificaciones en los grandes bloques expuestos anteriormente por lo que la votación se hará en coherencia con las votaciones allí manifestadas por nuestro grupo. Se votan afirmativamente los cambios introducidos en la disposición adicional duodécima que da un ámbito competencial a las comunidades autónomas y que nosotros queremos remarcar muy especialmente y a la disposición transitoria décima. También se votarán afirmativamente algunas correcciones técnicas o de redacción.
Votaremos en contra el resto de las enmiendas aprobadas en el Senado, especialmente las referidas a la Ley del cable porque, a nuestro entender, se introduce una clara inseguridad jurídica en la aplicación de este régimen legal al derogar la ley en su totalidad y mantener parte de ella en vigor a través de la disposición transitoria sexta y la adicional décima. Asimismo, nuestro grupo anuncia que se reserva presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en defensa del marco constitucional que posiblemente podemos sentir invadido por la presente ley.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.


Señorías, saben ustedes que el Grupo Parlamentario Socialista presentó un texto alternativo a este proyecto de ley porque considerábamos que se realizaba una mala trasposición del paquete de directivas que les tocaba trasponer a España y al resto de los países de la Unión Europea y también porque el modelo que nos presentó el texto del Gobierno para el Grupo Socialista era poco adecuado para fijar un marco estable para el sector de las telecomunicaciones y proteger a los usuarios de los servicios que prestan las empresas de telecomunicaciones.


Quiero empezar diciendo que todavía se mantienen grandes diferencias porque el gran bloque de nuestras enmiendas que reflejaban todos los aspectos del texto alternativo no ha sido aceptado. Para ser positiva, quiero manifestar que ha habido una cierta aproximación en aspectos sustanciales en esta ley; aproximación que ha venido derivada de algunas enmiendas importantes del Grupo Socialista que se han aceptado y de enmiendas de algún otro grupo. Por empezar por lo positivo, para nosotros es muy importante que se haya elevado a rango de ley la obligación del Gobierno de presentar al Parlamento un plan de fomento de la sociedad de la información que nos permita converger con Europa. Debe ser un plan con objetivos medibles, estructurado en acciones concretas, que tenga mecanismos de seguimiento efectivo que aborden equilibradamente todos los frentes de actuación, que contemple los distintos horizontes de maduración de las iniciativas que se vayan proponiendo, pero para nosotros lo más importante es que ese plan asegure la cooperación y la coordinación de todas las administraciones públicas. Entendemos que este plan cuadrienal, además de los objetivos y de las acciones, debe definir los recursos económicos y el calendario de ese proceso de convergencia con la Unión Europea. En ese sentido, se aceptó la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Podremos dejar de hacer los experimentos fracasados que hemos vivido con el Info XXI o con el actual España.es, que ayer mismo la patronal del sector criticaba por insuficiente, indefinido, poco objetivo, ambicioso y concreto. Señorías, lamentamos -aunque nos felicitamos de que se haya aceptado y esté recogido en la ley- que se hayan perdido tantos años, porque después de la presentación del Info XXI, en el primer debate del estado de la Nación, José Luís Rodríguez Zapatero, el portavoz de la oposición, pidió un plan de convergencia. Hoy, tres años después, tenemos esta ley, pero los españoles hemos perdido mucho tiempo para converger con Europa en esta materia.


En segundo lugar, y también en términos positivos, en la tramitación del Senado se ha incorporado una disposición adicional sobre antenas. Yo creo -y en eso nos debemos felicitar- que hemos resuelto un problema que preocupa a los ciudadanos. El Grupo Parlamentario Socialista planteó que era conveniente crear un órgano que, al estar recogido en la ley, podría ofrecer a los ciudadanos la tranquilidad de impulsar con todas las garantías de seguridad, de protección medioambientales y de disciplina urbanística el despliegue de las infraestructuras necesarias para que se ofrezca ese servicio de calidad al ciudadano, pero también con calidad de vida y comunes en todos los territorios.


No obstante, tengo que señalar también los aspectos negativos que se han incorporado en esta ley. Quiero destacar algunos de los que permanecen en el texto y es que no han hecho una buena trasposición de la directiva. Me refiero a tres aspectos que nuestro grupo considera muy importantes. El primero, es el relativo a una errática

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y caótica distribución competencial del proyecto del Gobierno, porque no ofrece ni seguridad jurídica ni transparencia. Al contrario, complica esa distribución competencial porque crea un nuevo organismo regulador, la agencia estatal de radio y comunicación, y, desde luego, resta transparencia a la gestión de un bien público limitado como es el espectro radioeléctrico que, sin duda, va en la línea contraria de lo que viene haciendo la Unión Europea. La Unión Europea está simplificando y reduciendo los órganos reguladores, mientras que nosotros lo complicamos creando uno más -ya son 5- y restamos transparencia y seguridad al mercado de las telecomunicaciones.


Otro aspecto en el que hemos mostrado nuestro desacuerdo es la referencia que el texto del Gobierno hace a un posterior desarrollo reglamentario.
Es verdad que se han corregido algunos de estos aspectos, pero ya nos ha llamado la atención Bruselas y nos ha dicho que debiéramos haber traspuesto las directivas y, por si eso fuese poco, cuando aprobemos esta ley, aun tendremos que hacer, aprobar y desarrollar varios reglamentos para que el sector disponga de un marco regulador estable y para que los ciudadanos tengan un instrumento eficaz que permita promocionar y desarrollar la sociedad de la información que tanto necesita nuestro país. Del mismo modo, estamos en desacuerdo con la falta de compromiso que establece este texto del Gobierno respecto a la extensión y financiación del servicio universal con fondos públicos. Es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aquel que nos vendió el señor Aznar como la panacea, el que debe comprometerse con el desarrollo de la sociedad de la información. El mejor compromiso, señorías, es que el fondo de servicio universal tenga un carácter público y que esos servicios establezcan cohesión territorial y social a todos los ciudadanos con fondos y compromisos de los poderes públicos.


Termino diciendo que, lógicamente, vamos a mantener el voto negativo en todos los aspectos en los que nuestras enmiendas no han sido aceptadas y, desde luego, apoyaremos aquellos en los que ha habido una aproximación, donde el Gobierno, aunque haya sido al final de la legislatura, ha acabado dando la razón al Partido Socialista.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.


El señor MORENO BONILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el proyecto de ley de telecomunicaciones que hoy ya está en su recta final y que próximamente va a ver la luz, no solamente ha sido un proyecto de ley que el Gobierno concibió desde la responsabilidad y el consenso, sino que el Grupo Parlamentario Popular en este trámite parlamentario y en el Senado ha conseguido enriquecerlo y hacerlo mucho más plural. Todos los portavoces de los grupos que han intervenido sobre este proyecto de ley han reconocido que ha habido un esfuerzo de aproximación del Grupo Parlamentario Popular por mejorar aquellos aspectos que podíamos y entendíamos que podían ser mejorables, y, por tanto, el Grupo Parlamentario Popular ha dado una muestra más de responsabilidad, de generosidad y de consenso en este importante proyecto de ley. Somos uno de los primeros países que traspone esta directiva comunitaria en materia de telecomunicaciones. El Senado ha mejorado sustancialmente este proyecto de ley. Se han esclarecido algunas materias que podían quedar no suficientemente claras. Con la aprobación e incorporación de algunas enmiendas se ha evitado también cierta dispersión normativa. Se han reordenado las funciones inspectores y sancionadoras en materia de telecomunicaciones. Mediante una enmienda del Grupo Popular en el Senado se ha establecido un régimen de libre competencia de los servicios de difusión de radio y televisión por cable.
Y mediante una enmienda transaccional del Grupo Popular en el Senado a una enmienda de CiU, se incorpora una disposición adicional con el objeto de potenciar, de impulsar, el despliegue de infraestructuras de radiocomunicación a través de la creación de un órgano de cooperación con participación de las comunidades autónomas y entidades locales, que ha sido muy aplaudido por el conjunto del sector.


Señorías, no puedo coincidir con alguna de las críticas que han manifestado los restantes grupos políticos, especialmente las relativas al ámbito competencial de este proyecto de ley, ámbito competencial que la Constitución establece de una manera clara y nítida en el Estado y, por tanto, éste, en el ejercicio de sus competencias, ha desarrollado un proyecto de ley con escrupuloso respeto a las competencias de cada una de las comunidades autónomas. Este proyecto de ley ha protegido de una manera clara y contundente al conjunto de los usuarios. Esta nueva ley aumenta la protección de los derechos de los usuarios, contempla tarifas especiales para personas con necesidades sociales y la posibilidad de que los discapacitados disfruten de una mayor capacidad a la hora de elegir su propio operador. Este proyecto de ley ha sido claramente mejorado, no perjudica y no hay ninguna dispersión normativa. Es un proyecto de ley que clarifica, que da garantía, que da mayor transparencia al conjunto de los operadores. Y es un proyecto de ley sumamente necesario en un proceso liberalizador como el que hemos vivido en los últimos años. El sector, el conjunto de los operadores, necesitaba un proyecto de ley como éste enriquecido y ampliado. Se ha hecho un proyecto de ley con artículos mucho más cortos, más precisos. Se ha pasado de la antigua Ley General de Telecomunicaciones, que tenía 85 artículos, a tan sólo 58. Se ha hecho un esfuerzo por culminar ese proceso de liberalización facilitando tanto el acceso como la actividad del conjunto de los operadores,

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donde se potencia de una manera clara la transparencia, donde se suprime el régimen de autorizaciones generales y licencias individuales, donde se garantiza de una manera clara la competencia, donde se dignifican los derechos de los usuarios, donde se potencian los derechos y obligaciones del carácter público y donde se le da libertad de acceso al mercado con la supresión de la propia autorización previa y la necesidad de notificación a la CMT. En definitiva, señoría, la ley mejora claramente el sector de las telecomunicaciones, que ha crecido de manera notoria en nuestro país y que se ha convertido en uno de los motores de nuestra economía, como ponen de manifiesto las cifras. El índice de productividad se ha multiplicado por cuatro y el sector ha generado empleo y riqueza.


Esta ley no puede coincidir con las críticas que ha vertido el Grupo Parlamentario Socialista. No es una ley errática ni caótica en su distribución, sino todo lo contrario: establece transparencia, equilibrio y equidad. La ley fomenta las garantías de los usuarios; de hecho, uno de los objetivos finales que se había marcado, aparte del de culminar el proceso de liberalización, era que los usuarios tuvieran garantías, libertad, procesos y derechos para tener mayor capacidad de competencia.
Cuando la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista dice que los españoles han perdido con este proyecto de ley tres años en términos de convergencia con Europa, yo siempre le recuerdo -y ahora tengo que hacerlo de nuevo- que fue el Gobierno socialista quien pidió en 1996 una moratoria para que no se liberalizara el sector de las telecomunicaciones hasta este mismo año, hasta el año 2003. Sé que se preguntará usted, señora Pleguezuelos, por qué se lo vuelvo a decir. Porque no se puede mantener que se diga que hemos perdido en términos de convergencia, dentro del mundo de las telecomunicaciones y dentro de la sociedad de la información, habiendo mantenido las posturas políticas que mantuvieron los gobiernos socialistas.


Usted sabe que se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo durante estos años y que los datos lo avalan. Se ha llevado a cabo un proceso liberalizador que es modélico en Europa y que ha permitido rebajar las tarifas y mejorar de forma sustancial la calidad de los servicios a los ciudadanos. Precisamente con esta ley, que llega al final de la legislatura, completamos el mapa legislativo, el mapa normativo que sienta las bases para que España sea líder en el mundo de las telecomunicaciones y para que, en unos pocos años, podamos converger con los países de la Unión Europea. No es momento de dar cifras, puesto que hemos mantenido un largo debate. No obstante, insisto en el escrupuloso respeto que muestra la ley hacia el ámbito competencial de las comunidades autónomas y en el aplauso que ha recibido de diversos sectores: proveedores, operarios, usuarios y asociaciones de consumidores.


Con esta ley, señorías, se culmina un proceso, un proceso liberalizador, que sin lugar a dudas pondrá a España donde se merece. Los próximos años podremos ser testigos, podremos ser protagonistas, de cómo España, en tan sólo ocho años, ha pasado de estar en la cola a convertirse en un país líder y modélico en el sector de las telecomunicaciones.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.


Vamos a votar las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones.


Enmiendas del Senado al artículo 50, disposición transitoria quinta y anexo I.1, apartado 5.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 162; en contra, 77; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmienda del Senado al artículo 48.3.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 165; en contra, 76; abstenciones, ninguna.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmiendas del Senado a los artículos 9.1.d), 56.1.a), 58.b), disposición adicional undécima nueva, disposición adicional duodécima nueva, disposición transitoria primera apartado 2.a), disposición transitoria décima nueva, anexo I.3, apartado 3 y anexo I.4.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 242; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmienda del Senado al artículo 47.6.c)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 241; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley general de telecomunicaciones.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 240; en contra, tres; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 121/000139.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Izquierda Unida? (Pausa.) ¿Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo va a votar favorablemente las enmiendas incorporadas al texto en el Senado a excepción de las que afectan a los artículos 8 y 30, sobre las que vamos a abstenernos, porque entendemos respecto al primero...


La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio, al objeto de que se pueda oír la intervención de la señora Costa, por favor. (Pausa.)

Adelante.


La señora COSTA CAMPI: Porque entendemos respecto al primero de los dos artículos citados que añade confusión y no tiene sentido incluir en el mismo documento límites máximos y comisiones efectivamente a cobrar. En relación con el segundo de los dos artículos, el 30, la inserción realizada en el Senado no viene en la directiva comunitaria que se traspone y no supone tampoco ninguna mejora para la competitividad de las instituciones de inversión colectiva.


Votaremos en contra de las enmiendas al artículo 10.2, porque las sociedades de inversión pública ya publican un folleto para sus accionistas y la normativa incorpora en su articulado que ello afecte también a las SICAV. Votaremos en contra del artículo 64 bis nuevo, porque con la enmienda se introduce una enorme inseguridad y su aplicación podría llevar a situaciones opuestas a las que pretende la propia ley, al limitar a las instituciones de inversión colectiva a que operen sólo en mercados secundarios. Votaremos en contra del artículo 84.2, porque no tiene sentido al omitirse la consecuencia jurídica de la comisión de la infracción. Por último, votaremos en contra de la disposición adicional cuarta nueva, porque entendemos que no tiene nada que ver con el objeto de esta ley y que debería en todo caso haberse incorporado en la ley de acompañamiento. Y nos oponemos a la disposición quinta nueva por las mismas razones.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, muchas gracias, y con absoluta brevedad.


Vamos a aprobar una ley muy importante, una ley que reforma el marco legislativo de los fondos de inversión del año 1984, cuando los fondos de inversión contaban con 1 billón de pesetas de participación -hoy son 40 billones de las antiguas pesetas- y había medio millón de partícipes -hoy, 8 millones de partícipes-. Hacemos una ley que mejora enormemente la vocación internacional de nuestro tejido empresarial de fondos de inversiones, que además impulsa y desarrolla la modernización de los fondos de inversiones, les da mayor capacidad competitiva y refuerza la protección del ahorrador.


En el Senado se han presentado unas cuantas enmiendas para mejorar el texto legislativo, la mayoría de ellas son enmiendas técnicas. Mi grupo parlamentario las va a apoyar todas y vamos a pedir votación separada de la disposición adicional quinta, porque es repetitiva con la cuarta, pero nos parece muy importante la cuarta porque también da garantías a los inversores en un tema que está actualmente desarrollándose, como son los fondos sobre bienes como el arte, los sellos, etcétera. Mi grupo votará a favor del resto y pedimos votación separada sólo del apartado 1 de esa disposición adicional, porque el apartado 2 hace referencia a la disposición adicional cuarta.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.


Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de instituciones de inversión colectiva.


En primer lugar, enmiendas del Senado a los artículos 8 y 30.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 231; a favor, 156; abstenciones, 75.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado a los artículos 10.2, 64 bis nuevo y disposición adicional cuarta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 161; en contra, 77; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado al artículo 45.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 238; a favor, 161; en contra, 77.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado al artículo 84.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 163; en contra, 74.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado a los artículos 7, 25, 40, 57, 65 y 78.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 239; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Enmiendas del Senado a la disposición adicional quinta, apartado 1 y rúbrica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, siete; en contra, 231; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de la disposición adicional quinta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 161; en contra, 77; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Resto de enmiendas del Senado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 240.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.

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