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DS. Senado, Pleno, núm. 129, de 26/03/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2003 VII Legislatura
Núm. 129
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 26 de marzo de 2003


ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que fundamentan la decisión del Gobierno de levantar la prohibición de la actividad pesquera en la modalidad de artes fijos en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001104).


--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca del curso de la guerra de Irak, relevante para los intereses nacionales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001102).


--De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para atajar y disminuir sustancialmente el número de actos delictivos en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura (Las Palmas). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001096).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones existentes en orden a cesar al Delegado del Gobierno en Madrid. (Número de expediente 680/001120).


Página 7910


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las compañías aéreas trasatlánticas que han sido sancionadas por transportar en sus aviones a inmigrantes irregulares.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001109).


--De Dña. MARIA CRISTINA KLIMOWITZ WALDMANN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas policiales que incorpora el plan de choque contra la violencia doméstica puesto en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 680/001116).


--De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a que el tren Euromed realice una parada en la estación de L½Aldea Amposta Tortosa (Tarragona). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001098).


--De Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno para solucionar las dificultades surgidas en la ejecución de las obras del trazado de la línea férrea de alta velocidad en los túneles de La Riba (Tarragona).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001099).


--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de continuar colaborando en la ejecución de las obras de la abadía y alrededores del Monasterio de Montserrat (Barcelona). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001101).


--De D. ARTURO GONZALEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento que se da a los escombros de los túneles de la sierra de Guadarrama producidos por las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y Valladolid. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 680/001107).


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la medida en que va a colaborar el Gobierno con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la potenciación del transporte ferroviario. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 680/001110).


--De D. ENRIQUE FAJARNES RIBAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Ministerio de Fomento acerca de la posibilidad de limitar, dentro del marco del Plan Director, la ampliación inicialmente prevista del aeropuerto de Ibiza (Illes Balears), sin cuestionar la seguridad y la mejora de su infraestructura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001117).


--De Dña. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios del Gobierno respecto de la ejecución y viabilidad de las medidas contenidas en el Plan Director del aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Guipúzcoa).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001119).


--De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la explicación del Gobierno acerca de la denuncia al Reino de España, efectuada por la Comisión Europea ante los Tribunales de Justicia, por no haber atendido a los requerimientos en relación a la incentivación fiscal en los regímenes forales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001105).


--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca del último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre fiscalidad de los salarios. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001106).
--De D. CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001118).


Página 7911


--De Dña. MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las dificultades que tiene el Gobierno para financiar la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN) con cargo a los fondos europeos. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001103).


--De Dña. ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, del Grupo Parlamentario Popular en la Senado, sobre los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración del anteproyecto de modificación de la Ley de Montes.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001113).


--De D. JUAN MANUEL CORRAL PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de las líneas generales de la regulación del ruido en nuestro país que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001115).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno dirigida a buscar un acuerdo que permita la constitución y puesta en funcionamiento de la Interprofesional del Aceite de Oliva. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001097).


--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las reformas previstas por el Gobierno para poder compaginar con la legislación vigente el criterio mantenido por la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con la posibilidad de practicar prueba en segunda instancia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001100).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las intenciones del Gobierno de revertir al uso civil las instalaciones del Cuartel del Batallón de Montaña en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001111).


--De D. EDUARDO GAMERO MIR, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el comportamiento del sector turístico español en la actual coyuntura internacional. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 680/001112).


--De Dña. ANA ISABEL LASHERAS MEAVILLA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del programa de ayuda humanitaria y de emergencia durante el período 1996 2001. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 680/001114).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración que realiza el Gobierno acerca del proceso de aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), especialmente del sistema de evaluación y acreditación de profesores y de la adaptación al espacio educativo europeo. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 670/000188).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar a las Comunidades Autónomas sobre la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su específico interés. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 670/000185).


--De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO y D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto económico, laboral y social que la crisis del sector de la automoción está generando en diversas regiones españolas. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 670/000189).


Página 7912


--De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de garantía de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía con prefijos 900. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003).
(Número de expediente 670/000190).


Tercero

Mociones:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación, cultura y deporte. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 662/000287).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la vigente legislación marítima de manera que las Comunidades Autónomas del litoral puedan ejecutar y gestionar la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la contaminación marina en sus aguas territoriales. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 619, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 662/000286).


Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el Proyecto de Ley de sanidad animal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 102, de fecha 14 de marzo de 2003). (Número de expediente S. 621/000102) (Número de expediente C. D. 121/000103).


Modificación del orden del día (Número de expediente 550/000047).


Quinto

Informes aprobados por las comisiones del Senado:

--De la Comisión de las Entidades Locales en relación con el Informe sobre las Grandes Ciudades y las Areas de Influencia Urbana. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 620, de fecha 24 de marzo de 2003). (Número de expediente 701/000066).
Declaración institucional con motivo de las agresiones sufridas por el senador don Alberto Fernández Díaz durante la celebración de un acto público (Número de expediente 630/000030).


Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados: (Continuación):

--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 103, de fecha 13 de marzo de 2003).
(Número de expediente S. 621/000103). (Número de expediente C. D.
121/000107).


Quinto

Informes aprobados por las Comisiones del Senado (Continuación):

--De la Ponencia para el estudio de la Cooperación Descentralizada, aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 615, de fecha 18 de marzo de 2003). (Número de expediente 543/000004).
Corrección de errores del «Diario de Sesiones» número 125.


Página 7913


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos

PREGUNTAS (Página 7920)

De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que fundamentan la decisión del Gobierno de levantar la prohibición de la actividad pesquera en la modalidad de artes fijos en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste (Página 7920)

El señor Lago Lage formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lago Lage. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca del curso de la guerra de Irak, relevante para los intereses nacionales (Página 7921)

El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para atajar y disminuir sustancialmente el número de actos delictivos en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura (Las Palmas) (Página 7923)

El señor Hernández Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO , del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones existentes en orden a cesar al Delegado del Gobierno en Madrid (Página 7924)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las compañías aéreas trasatlánticas que han sido sancionadas por transportar en sus aviones a inmigrantes irregulares (Página 7925)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez.


De Dña. MARIA CRISTINA KLIMOWITZ WALDMANN, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas policiales que incorpora el plan de choque contra la violencia doméstica puesto en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía (Página 7926)

La señora Klimowitz Waldmann formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).


De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a que el tren Euromed realice una parada en la estación de L'Aldea Amposta Tortosa (Tarragona) (Página 7927)

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs.


De Dña. MONTSERRAT DUCH PLANA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno para solucionar las dificultades surgidas en la ejecución de las obras del trazado de la línea férrea de alta velocidad en los túneles de La Riba (Tarragona) (Página 7928)

La señora Duch Plan formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Duch Plana.


Página 7914


De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de continuar colaborando en la ejecución de las obras de la abadía y alrededores del Monasterio de Montserrat (Barcelona) (Página 7929)

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres.


De D. ARTURO GONZALEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento que se da a los escombros de los túneles de la sierra de Guadarrama producidos por las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y Valladolid (Página 7930)

El señor González López formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor González López. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la medida en que va a colaborar el Gobierno con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la potenciación del transporte ferroviario (Página 7931)

El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández . En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. ENRIQUE FAJARNES RIBAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Ministerio de Fomento acerca de la posibilidad de limitar, dentro del marco del Plan Director, la ampliación inicialmente prevista del aeropuerto de Ibiza (Illes Balears), sin cuestionar la seguridad y la mejora de su infraestructura (Página 7933)

El señor Fajarnés Ribas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fajarnés Ribas.


De Dña. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios del Gobierno respecto de la ejecución y viabilidad de las medidas contenidas en el Plan Director del aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Guipúzcoa) (Página 7934)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la explicación del Gobierno acerca de la denuncia al Reino de España, efectuada por la Comisión Europea ante los Tribunales de Justicia, por no haber atendido a los requerimientos en relación a la incentivación fiscal en los regímenes forales (Página 7935)

El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca del último informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre fiscalidad de los salarios (Página 7936)

El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (Página 7938)

El señor Mera Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


Página 7915


De Dña. MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las dificultades que tiene el Gobierno para financiar la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN) con cargo a los fondos europeos (Página 7938)

La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).


De Dña. ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, del Grupo Parlamentario Popular en la Senado, sobre los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración del anteproyecto de modificación de la Ley de Montes (Página 7940)

La señora Fernández Pacheco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).


De D. JUAN MANUEL CORRAL PEREZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de las líneas generales de la regulación del ruido en nuestro país que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente (Página 7941)

El señor Corral Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno dirigida a buscar un acuerdo que permita la constitución y puesta en funcionamiento de la Interprofesional del Aceite de Oliva.


Esta pregunta ha sido retirada.


De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las reformas previstas por el Gobierno para poder compaginar con la legislación vigente el criterio mantenido por la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, en relación con la posibilidad de practicar prueba en segunda instancia.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las intenciones del Gobierno de revertir al uso civil las instalaciones del Cuartel del Batallón de Montaña en San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).


Esta pregunta ha sido retirada.


De D. EDUARDO GAMERO MIR, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el comportamiento del sector turístico español en la actual coyuntura internacional.


Esta pregunta ha sido retirada.


De Dña. ANA ISABEL LASHERAS MEAVILLA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución del programa de ayuda humanitaria y de emergencia durante el período 1996 2001.


Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 7941)

De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración que realiza el Gobierno acerca del proceso de aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), especialmente del sistema de evaluación y acreditación de profesores y de la adaptación al espacio educativo europeo (Página 7941)

El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la situación actual del uso del procedimiento establecido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para informar a las Comunidades Autónomas sobre la elaboración y negociación de Tratados y Convenios Internacionales que afecten a materias de su específico interés.


Esta interpelación ha sido retirada.


Página 7916


De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO y D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para minimizar el impacto económico, laboral y social que la crisis del sector de la automoción está generando en diversas regiones españolas.


Esta interpelación ha sido aplazada.


De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de garantía de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía con prefijos 900.


Esta interpelación ha sido aplazada.


MOCIONES (Página 7947)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación, cultura y deporte (Página 7947)

El señor Fernández Zanca defiende la moción. El señor Varela i Serra defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Fernández Zanca expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra las señoras De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Bildarratz Sorron, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular. La señora Morales Rodríguez y el señor Barahona Hortelano intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la vigente legislación marítima de manera que las Comunidades Autónomas del litoral puedan ejecutar y gestionar la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la contaminación marina en sus aguas territoriales (Página 7956)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la moción. El señor Pérez Ruiz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto, y los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lago Lage, por el Grupo Socialista, y Pérez Ruiz, por el Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 7967)

De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el Proyecto de Ley de sanidad animal (Página 7967)

El señor Macías Santana, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 28 y da por defendidas las números 29 a 42, 44 y 45, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 46 a 50, 53, 54, 56 a 71, 73 a 93, 95 a 99, 101 a 104, 107, 108, 113, 116, 117, 119, 120, 122 a 126, 128, 129, 131 a 134 y 136, así como la enmienda «in voce» al artículo 3.4 y al apartado 1 del artículo 63, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas números 137 a 152, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Marimon i Sabaté defiende las enmiendas números 187 y 190 a 198, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Rodríguez Cantero defiende las enmiendas números 153 a 170, del Grupo Socialista. El señor Bernáldez Rodríguez consume un turno en contra. En turno de portavoces,

Página 7917


hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Rodríguez Cantero, por el Grupo Socialista, y Bernáldez Rodríguez, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 y 15, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 56 votos a favor, 133 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 134 en contra y 69 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 30 y 36, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 133 en contra y 66 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 35, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 187 en contra y 12 abstenciones. Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 59 votos a favor, 132 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 47, 48, 68, 69, 102 a 104, 107, 108, 113, 116, 117, 119, 120, 123 a 126 y 128, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 72 votos a favor y 133 en contra.


Se rechaza la enmienda número 90, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 63 votos a favor, 133 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 53, 54, 64 y 74 a 77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 185 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 50, 56 a 58, 60, 65, 73, 88, 99, 101, 131, 133 y 134, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 133 en contra y 54 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 18 votos a favor, 132 en contra y 55 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 137 a 152, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 54 votos a favor, 134 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 190, 191, 194 y 195, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 134 en contra y 53 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 192 y 197, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 16 votos a favor, 187 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 193, 196 y 198, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 73 votos a favor y 132 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 153 a 170, del Grupo Socialista, por 59 votos a favor, 132 en contra y 14 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda número 187 ,del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una propuesta de modificación que contiene correcciones técnicas por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda número 188, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba el texto del dictamen por 144 votos a favor, 1 en contra y 60 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


MOCIONES (Continuación) (Página 7985)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación, cultura y deporte (Votación) (Página 7985)

Se rechaza la moción del Grupo Socialista por 68 votos a favor, 133 en contra y 4 abstenciones.


Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS por la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la vigente legislación marítima de manera que las Comunidades Autónomas del litoral puedan ejecutar y gestionar la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la

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contaminación marina en sus aguas territoriales (Votación) (Página 7986)

Se rechaza la moción del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 71 votos a favor y 133 en contra.


Modificación del orden del día para debatir el informe sobre las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana (Página 7986)

Se aprueba la modificación por asentimiento de la Cámara.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 7986)

De la Comisión de las Entidades Locales en relación con el Informe sobre las Grandes Ciudades y las Areas de Influencia Urbana (Página 7986)

La señora Solana Barras, Presidenta de la Comisión, presenta el informe.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Arjona Santana, por el Grupo Socialista, y Sanz Pérez, por el Grupo Popular.


Se aprueba el informe, con la propuesta de modificación, por 179 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones.


Declaración institucional con motivo de las agresiones sufridas por el senador don Alberto Fernández Díaz durante la celebración de un acto público (Página 7995)

El señor Presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Continuación) (Página 7995)

De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente (Página 7995)

El señor Bernáldez Rodríguez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad.


Se inicia el debate del articulado.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 15 a 27 y da por defendidas las números 1 a 14, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, y 28 a 39, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 40 a 49, 51 a 56, 58 a 61 y 63 a 77, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas números 78 a 119 y 121 a 125, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Servià i Costa defiende las enmiendas números 168 a 174, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Díaz Sol defiende las enmiendas números 126 a 162 y 164 a 167 bis, del Grupo Socialista. El señor Doñate Catalán consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida., por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bella Galán, por el Grupo Socialista, y la señora Simonelli Muñoz, por el Grupo Popular. El señor Gatzagaetxebarría Bastida interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 7, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 120 en contra y 61 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 51 votos a favor, 120 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 15, 16, 17, 20, 21 y 22, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 120 en contra y 55 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 18, 23, 24, 25 y 27, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 55 votos a favor, 120 en contra y 8 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 19 y 26, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 28 a 39, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 56 votos a favor, 19 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 64 y 72, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones.


Se retiran las enmiendas números 49, 75 y 76, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 60 votos a favor, 120 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 78 a 119 y 121 a 125, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 52 votos a favor, 120 en contra 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 168 a 174, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 58 votos a favor, 120 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 126 a 162 y 164 a 167 bis, del Grupo Socialista, por 50 votos a favor, 119 en contra y 15 abstenciones.


Se aprueban los artículos 3.1.b) y 35 a 38 del dictamen por 175 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional segunda por 178 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueba la disposición final quinta por 178 votos a favor y 6 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 177 votos a favor y 7 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Continuación) (Página 8013)

De la Ponencia para el estudio de la Cooperación Descentralizada, aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores (Página 8013)

El señor Elorriaga Fernández Presidente de la Comisión, presenta el informe.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimom i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Fuentes Gallardo, por el Grupo Socialista, y Barceló Pérez, por el Grupo Popular.


Se aprueba el informe por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA DECISION DEL GOBIERNO DE LEVANTAR LA PROHIBICION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN LA MODALIDAD DE ARTES FIJOS EN EL CALADERO NACIONAL DEL CANTABRICO Y NOROESTE (680/001104).


El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día. Preguntas.
Pregunta del excelentísimo señor don Luis Angel Lago Lage, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que fundamentan la decisión del Gobierno de levantar la prohibición de la actividad pesquera en la modalidad de artes fijos en el caladero nacional del Cantábrico.
Tiene la palabra el senador Lago Lage.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la decisión del ministerio de abrir la pesca en Galicia ha provocado un revuelo en el sector; al desconcierto general ciudadano se ha unido la crispación y la indignación de los sectores afectados al no haber sido tenida en cuenta su opinión una vez más.
Señor ministro, ¿qué razones fundamentan la decisión de su Gobierno de levantar la prohibición de la actividad pesquera en la modalidad de artes fijos en el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.
El Gobierno ha tomado su decisión basándose en un seguimiento continuado de la situación e impacto del vertido sobre las poblaciones pesqueras habituales en la zona concernida, a través de los informes científicos emitidos por el IEO, después de las campañas de investigación realizadas con los buques oceanográficos «Vizconde de Eza» y «Cornide de Saavedra».


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lago Lage.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la suya ha sido una respuesta tan limpia y esplendorosa como las playas del señor Trillo.
Tres claves justifican a nuestro entender una medida de este calado: la base científica, la opinión del sector afectado y la coordinación con la Xunta de Galicia. Ninguna de las tres se ha tenido en cuenta. Su ministerio anuncia el lunes día 10 abrir la pesca para el día 17. El jueves 13 anuncia que se retrasa hasta el 24. El viernes 14 usted mismo asegura que la veda se levantará el 17, y el propio lunes 17 el Gobierno rectifica de nuevo y alarga la veda en Galicia hasta el próximo día 24.
Señor ministro, ¿cuál es la base científica válida? ¿La del 10, la del 13, la del 14 o la del 17? Estamos ante una muestra más de improvisación de su ministerio o de inutilidad de su ministro.
El ministerio asegura basarse en informaciones disponibles sobre concentraciones de hidrocarburos. Le voy a decir algo: en lo que se refiere al estado de la plataforma continental después del «Prestige», los científicos del Instituto Español de Oceanografía, fieles al método científico, concluyen que no hay nada que concluir. La propia ministra de Medio Ambiente, dice: Supongo que se habrán hecho los estudios --desde luego, es una decisión con una sólida base científica--. Y la asociación de las cofradías afectadas por el «Prestige», señala: El anuncio de la vuelta a la actividad fue recibido como un duro golpe para el sector.
Esta es la vía del desvarío. No hay criterios. Es todo un despropósito.
Nos están mareando, sin tener en cuenta nuestra opinión. Una vez más, el Gobierno desprecia la opinión, la experiencia y el sentido común del sector pesquero gallego.
Ni siquiera el Gobierno gallego comparte la decisión del ministerio, y admite su desconcierto y sorpresa por el levantamiento de la veda en las zonas más castigadas por la marea negra. No lo digo yo, que también, sino el Gobierno de la Xunta de Galicia.
Díganos, ¿cuál es la verdadera razón de esta precipitada decisión? ¿Será el interés del Partido Popular de aparentar una normalidad que no existe ante la campaña electoral que se avecina? ¿Será la falta de medios económicos para seguir afrontando las ayudas al sector, con un ahorro de más de 750.000 euros diarios? Dos razones de peso, que quizá sean los pecados inconfesables de esta medida.
Señor ministro, sus desatinos son constantes. En plena crisis de las vacas locas, usted un día negaba la epidemia, y al siguiente anunciaba el sacrificio de 26.000 vacas. Algo muy tranquilizador para los ganaderos.
Usted se caracteriza por ser un ministro lenguaraz, precipitado e incontinente. En plena marea negra, durante la cual estuvo ausente los doce primeros días, se dedicaba a tranquilizar al personal, diciendo: La rápida intervención de las autoridades españolas ha permitido que no temamos una catástrofe ecológica ni grandes problemas para los recursos pesqueros. De risa, ¿verdad? Señor ministro, ustedes se encontraron con un problema, y lo transformaron en la mayor catástrofe medioambiental. Usted ha sido y sigue siendo un permanente peligro para nuestra agricultura y nuestra pesca. Por ello, no le voy a pedir su dimensión: se tiene ganado a pulso el cese fulminante. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!--Aplausos

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desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoría, por sus amables palabras. (Risas.) El Gobierno siempre ha tomado sus decisiones sobre la base de dictámenes científicos, le pese a quien le pese. Así, cerramos la pesquería el 29 de noviembre, en coordinación con la Junta de Galicia. El 13 de diciembre ampliamos la prohibición de los artes fijos hasta Portugal, también en coordinación con la Junta de Galicia. Esa situación se mantuvo hasta el 14 de febrero, cuando, en coordinación con los consejeros de agricultura y pesca de las comunidades del Cantábrico, la extendimos desde Castro Urdiales hasta la frontera con Francia, oídas todas las comunidades. El 21 de febrero volvimos a ampliar la prohibición --hemos ido ampliando las prohibiciones a medida que los informes científicos así lo aconsejaban--. Pero el 17 de marzo levantamos la prohibición en aguas exteriores para todo el caladero nacional del Cantábrico y Noroeste en artes fijos, mientras que en aguas interiores sólo seguía vigente la veda para artes fijos en parte de Galicia. Como es obvio, esas medidas se tomaron previa reunión con los cuatro consejeros autonómicos. Y repito que las hemos adoptado sobre la base de informes científicos, que indican textualmente --yo cito informes científicos, y usted, titulares de periódicos; ésa es la diferencia-- que la flota que utiliza artes pasivos, como el palangre o el enmalle, no debiera verse afectada.
No obstante, a pesar de los informes científicos, hemos ido con mucha más cautela de lo indicado. Por ejemplo, hemos analizado el estado de las aguas conjuntamente con las comunidades autónomas y la Agencia de Seguridad Alimentaria. Yo dije que prorrogaría el arrastre hasta el día 24, y estoy cumpliendo el calendario. Lo hice el día 21, y dije que abriríamos el cerco a final de mes. Por tanto, mis declaraciones han sido consistentes: los artes fijos se abrieron el día 17, y el arrastre, el día 21; y en cuanto al cerco, ya veremos si lo podemos abrir.
Cuando hemos levantado la prohibición nos hemos reunido con las cofradías de la Costa de la Muerte y con los científicos del IEO, que explicaron a aquéllas la situación del caladero. Se les informó de que las concentraciones de hidrocarburos en el tejido muscular de las principales especies comerciales: rape, gallo y merluza, estaban muy por debajo de los niveles peligrosos, aunque podía haber alguna mancha de fuel en los fondos. Por eso mantuvimos la prohibición para artes móviles, como el arrastre. ¿Y sabe lo que nos pidieron las cofradías? No que continuara la prohibición, sino una semana más de mantenimiento de las ayudas para la limpieza y puesta a punto de las embarcaciones. Porque lo que los pescadores quieren es pescar.
El día 20 de marzo mantuvimos otra reunión con las cofradías del Cantábrico y Noroeste para ver cómo se aplicaban las medidas. Todas las cofradías se refirieron a la normalidad en su utilización; y toda la información científica: la del IEO y la del Azti del País Vasco siguen hablando de estabilidad en el caladero. ¿Qué quiere que le diga, señoría! Repito que el Gobierno toma decisiones sobre la base de informes científicos. Otros hacen política sobre la base de titulares de periódico. Siga así su señoría.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO ACERCA DEL CURSO DE LA GUERRA DE IRAK, RELEVANTE PARA LOS INTERESES NACIONALES (680/001102).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca del curso de la guerra de Irak, relevante para los intereses nacionales.
Tiene la palabra el senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿le parece apropiado que una Cámara parlamentaria no haya recibido, a iniciativa del Gobierno, ninguna información sobre la situación de guerra en que nos encontramos? Esta es una previa pregunta que le quiero hacer llegar a su señoría.
En segundo lugar, señor ministro, ¿tenían o no tenían autorización del Gobierno para repostar en vuelo las aeronaves norteamericanas? Y para despejar completamente las dudas, le pido que haga público ese informe clasificado que usted anunció ayer en el Congreso de los Diputados, porque las dudas siguen planeando sobre la veracidad y la responsabilidad de sus propias afirmaciones. Ha habido algún oficial, algún general que ha desmentido alguna frívola afirmación que su señoría hizo ayer en el Congreso de los Diputados.
No es por molestar. Lo que quiero preguntarle es por qué no estamos en Camp David, señor ministro; por qué el Gobierno no está presente en esas conversaciones; por qué el Gobierno, si estuvo en Azores, que en la práctica es una forma de declaración de guerra, no está presente en Camp David, porque, efectivamente, el futuro de Irak nos afecta.
El Gobierno ha hablado en muchas ocasiones de razones de seguridad interior y de terrorismo. No es indiferente para España cuál vaya a ser el futuro de Irak. Hay minorías cuyas actuaciones, efectivamente, han tenido consecuencias en territorio nacional en varias ocasiones. Por tanto, creo que el Gobierno español debería hacer pesar

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más su criterio, si algo vale y es considerado, en estas circunstancias.
En tercer lugar, lo que quisiera saber es si estamos o no estamos tras el Consejo Europeo en la iniciativa europea de Defensa, porque después de algunas afirmaciones mesiánicas del Presidente del Gobierno español lo que quiero saber es dónde está el Gobierno. Yo sabía donde estaba España.
Lo que quiero saber es dónde esta el Gobierno.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señor Laborda, usted como portavoz del Grupo Socialista podía haber dispuesto de más tiempo a través de una interpelación, que yo hubiera estado encantado en contestar. Se le anticipó el Grupo de Izquierda Unida, que me permitió dar cuenta a la Cámara de lo que usted no parece haber escuchado entonces ni haber leído después en el «Diario de Sesiones», y ahora pretende, so pretexto de una pregunta formulada en términos genéricos, reducir a dos minutos y medio la información que sabe su señoría que proporcioné, primero, al Senado y no ayer, senador Laborda, por precisar, sino anteayer al Congreso de los Diputados.
Su pregunta dice exactamente qué puede informar el Gobierno del curso de la guerra de Irak relevante para los intereses nacionales. Y yo le voy a contestar a eso, porque aún le quedan a usted unos segundos.
Lo relevante para los intereses nacionales, senador Laborda, ha sido y es el cumplimiento de la legalidad internacional ante un tirano de origen y de ejercicio, que posee armas de destrucción masiva, que es albergue de terroristas y que, por tanto, España desea firmemente que hubiera aceptado el desarme voluntario, o que se consiga, como anunciaron las resoluciones de Naciones Unidas, por las consecuencias derivadas de su incumplimiento. (Senadores del Grupo Parlamentario Popular: «Muy bien, muy bien».--Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no me ha contestado a ninguna de las preguntas, que creo que son de interés nacional, salvo que el interés nacional lo defina usted. Creo que el interés nacional lo puedo definir yo igual que usted.
Y, desde luego, la opinión pública y los ciudadanos españoles se hacen muchas preguntas. Y salvo que usted considere que las preguntas que se hacen los ciudadanos no tienen ningún interés nacional, de lo contrario, pensaré que ustedes están realmente en Babia, porque es realmente estar en Babia seguir afirmando que ustedes están aquí como si fueran el «Guerrero del Antifaz», haciendo cumplir no se qué legalidad internacional quebrantada.
Los únicos que han quebrantado la legalidad internacional, consagrada desde 1945, han sido los tres presidentes de Ejecutivos que en Azores han declarado una guerra, cuando la guerra está declarada ilícita internacionalmente por una carta en vigor, que es la Carta de San Francisco --léase los comentarios de la actual magistrada del Tribunal Constitucional sobre el artículo preceptivo de la Constitución, no estoy citando algo de mi propia cosecha--. Pero insisto en que no ha habido otra legalidad internacional quebrada, a juicio de muchos actores internacionales en el mundo --para empezar, del Consejo de Seguridad--, que la que hicieron el Presidente de la República Norteamericana y los dos primeros ministros de España y de Gran Bretaña en Azores. Todo lo demás es, sencillamente, afirmar cosas completamente en vano.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se lo diré con todo afecto, pero yo no tengo la culpa de su impericia a la hora de plantear el trámite parlamentario correspondiente para obtener más información. Si usted quiere información más amplia plantee, como hizo Izquierda Unida, una interpelación. Lo ha podido hacer, como lo ha hecho su grupo en el Congreso, al que tengo que responder esta tarde.
Señor Laborda, el Gobierno de España ha dicho por activa y por pasiva en esta Cámara y en la otra que son 17 resoluciones de Naciones Unidas las que amparan la actuación de la coalición contra Sadam Husein. España no está ahora en «Camp David», pero tampoco preguntó su señoría por qué no estaba el primer ministro Blair, su colega, en Texas cuando estuvo el presidente del Gobierno de España. Estuvieron juntos, efectivamente, en las Azores; pero frivolidades locales aparte, señor Laborda, usted sabe muy bien cuál es la posición del Gobierno. Usted sabe --y no ha hecho ninguna referencia y lo lamento porque al menos me hubiera gustado que su señoría, que es hombre moderado, lo hubiera hecho-- que tenemos una unidad conjunta de apoyo humanitario en marcha hacia la zona, integrada por cerca de 900 efectivos, compuesta por tres buques calificados con arreglo a la convenciones de Ginebra --como tuve que señalar con detalle anteayer en el Congreso de los Diputados-- y de los que me hubiera gustado recibir de una vez el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
Le tengo que añadir que España actúa dentro de los convenios bilaterales y que en esa línea hemos autorizado --como tuve ocasión de detallar desde esa tribuna-- a los Estados Unidos para el uso limitado y conjunto de las bases españolas --que es algo que alguien tendría que explicarle

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a su líder, señor Zapatero-- por medio de un convenio que ustedes en su día reestructuraron bien y apoyaron en esta Cámara a través de su grupo parlamentario.
He explicado que los bombarderos cuando atravesaron España no supusieron ningún riesgo para los españoles. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Pero repostaron o no?--Rumores.) Eso lo ha reconocido hasta el ministro francés de asuntos exteriores, su admirado señor Villepen, que ahora sí reconoce que hay que cumplir los convenios internacionales incluso aunque no sean de carácter bilateral, sino multilateral. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Silencio, señorías.


--DE DON JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ATAJAR Y DISMINUIR SUSTANCIALMENTE EL NUMERO DE ACTOS DELICTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, ESPECIALMENTE EN LAS ISLAS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA (LAS PALMAS) (680/001096).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Pedro Hernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas previstas por el Gobierno para atajar y disminuir sustancialmente el número de actos delictivos en la Comunidad Autónoma de Canarias, especialmente en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, Las Palmas.
Tiene la palabra el senador señor Hernández Rodríguez.


El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro.
En cualquier encuesta, estudio o sociobarómetro que se realice ahora mismo en Canarias sobre la problemática que padece nuestro archipiélago destacan dos problemas, sin duda muy por encima de cualquier otro: la inseguridad ciudadana y la inmigración ilegal.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realizó hace unos meses una encuesta reflejando que el 79,9 por ciento de la población está preocupada por la inseguridad ciudadana, y más grave quizá es que el 45,3 por ciento de estos encuestados creen que la seguridad ha empeorado en estos últimos tres años.
Sin duda, las medidas que el Gobierno ha adoptado, el Plan de seguridad integral de Canarias, no ha dado los resultados que a todos nos hubiese gustado. Han mejorado, sin duda, en muchas islas los índices de delitos; en algunos casos han disminuido, pero las tasas de criminalidad en islas como Tenerife, Fuerteventura y Lanzorote siguen siendo altísimas. Así, Tenerife destaca con un 73,08 delitos por mil habitantes; Fuerteventura un 86,42 y Lanzarote un cantidad escalofriante, casi un 100,18 delitos por mil habitantes, duplicando la media de España, establecida en un 60,8 delitos por mil habitantes.
Señor ministro, estos datos han sido extraídos del informe anual del Instituto de Estudios de Seguridad y Policía, índices estos que sin duda justifican la gran preocupación de la población de estas islas: Tenerife, Fuerteventura y, de una forma muy especial, Lanzarote.
Si comparamos los ratios del número de cuerpos de seguridad del Estado entre comunidades, vemos que la comunidad canaria está muy por debajo de la media española, que se encuentra en un 3,6 números por mil habitantes, mientras que la comunidad canaria se encuentra sólo con un 2,95 números por mil habitantes. Esto puede significar un déficit muy importante de policías y guardias civiles en nuestra comunidad. Además, si tenemos en cuenta las características muy especiales del Archipiélago canario --controles en puertos, en aeropuertos, control de las aguas que le rodean-- con una problemática muy fuerte debido a la inmigración que se está padeciendo, se necesita un doble esfuerzo. Nos preocupa, además, esta situación, señor ministro, porque nuestra economía depende del sector turístico, que supone más del 80 por ciento de nuestro producto interior bruto, y éste es un sector que demanda más seguridad y tranquilidad. Se puede tener un buen clima, se puede tener unas buenas playas, se puede tener unos paisajes muy atractivos, pero, si se flaquea en seguridad, sin duda ese destino turístico decae. Así, las corporaciones locales, conscientes de esta grave situación, de esta grave problemática...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Siento discrepar de los datos y del análisis que ha hecho su señoría respecto a la seguridad en las Islas Canarias y lo hago con los datos en la mano. Para ver el nivel de preocupación de los ciudadanos lo primero que tenemos que hacer entre todos es informar correctamente de cuáles son los indicadores que se producen en el nivel de seguridad de las islas, y especialmente en las de Lanzarote y Fuerteventura, a las que hace referencia su pregunta.
Pues bien, todos los indicadores han mejorado durante el año 2002 respecto al año anterior. Durante el año 2002 la Comunidad de Canarias es la comunidad autónoma que experimenta una reducción mayor en toda España, con una disminución del 6,07 por ciento respecto al 2001; esta reducción no sólo se produce a nivel general en la comunidad autónoma, sino también a nivel particular en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En Lanzarote, las infracciones penales disminuyeron el pasado año un 4,95 por ciento respecto al 2001 y en Fuerteventura la delincuencia bajó nada menos que un 8,50 por ciento respecto al año anterior.
Pero el otro indicador, al que también ha hecho referencia su señoría, la tasa de criminalidad, los delitos por 1.000 habitantes, también se ha reducido en el año 2002, y lo ha hecho en 3 puntos y medio en el ámbito de toda la comunidad autónoma; en Lanzarote esta tasa disminuyó en 3,3

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puntos respecto al año anterior y en Fuerteventura bajó en 6,7 puntos.
El último de los indicadores que se utilizan para medir la eficacia de los planes como el que usted ha hecho referencia es también la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que mejoró muy notablemente el año pasado en las Islas Canarias. En cuanto al número de delitos esclarecidos y de detenidos en la Isla de Lanzarote, las infracciones esclarecidas subieron un 5,12 por ciento y el número de detenidos subió un 7,3 por ciento; y en la Isla de Fuerteventura este índice de eficacia ha subido un 4,5 por ciento.
Por tanto, la conclusión de todos estos datos --si usted acepta que son los oficiales y además los correctos-- es que el Plan integral de seguridad para Canarias, que venimos desarrollando precisamente por las especificidades y las peculiaridades a que su señoría ha hecho referencia, va en la buena dirección, va en el buen camino, y lo que tenemos que seguir haciendo --y tenemos toda la voluntad de seguir haciéndolo-- es profundizar en el mismo, garantizando una mayor presencia y una mayor dotación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de policía y unas mayores inversiones. Fíjese que para el 2003, en los presupuestos generales del Estado, además de los 3 millones de euros del Plan de seguridad para el Archipiélago Canario, se contemplan otras inversiones por un valor de 817.990 euros; es decir más policía, mejor formada y unas reformas legislativas que están en marcha y que esta Cámara conocerá y que también van en la dirección correcta.
El mensaje que tenemos que dar es el adecuado, y lo cierto y verdad es que durante el 2002 la delincuencia en Canarias ha disminuido de manera muy notable, por lo que deberíamos estar todos satisfechos y agradecidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ese es el mensaje...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON JUAN BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES EXISTENTES EN ORDEN A CESAR AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID (680/001120).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones existentes en orden a cesar al Delegado del Gobierno en Madrid.
Tiene la palabra el senador Barrando Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 17 de mayo del año 2000 fue nombrado delegado del Gobierno el señor Ansuátegui en mala hora. El día 30 de noviembre del año 2000 el señor Mayor Oreja, ministro del Interior, reconoce improcedente y excesiva la actuación policial en la ciudad de Madrid. El día 18 de abril el señor Rajoy, ministro del Interior, admite la excesiva dureza de tres de las cargas policiales ordenadas por el señor Ansuátegui. Como todo el mundo sabe, tanto el señor Mayor Oreja como el señor Rajoy son destacados militantes socialistas.
Madrid es la única ciudad de España donde se han producido disturbios graves, con cargas indiscriminadas y desproporcionadas, ordenadas por el delegado del Gobierno de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma.
Cientos de testimonios personales, algunos de ellos votantes del Partido Popular, prensa, radio y televisión han puesto de manifiesto la brutalidad y la violencia de las cargas de los días 22 y 23. ¿Piensa cesar al delegado del Gobierno, señor ministro?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): No, señoría. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra el senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Tengo que reconocer que me ha sorprendido usted, señor ministro. Hablamos de una comunidad y de una ciudad que está 25 puntos por encima de los índices de criminalidad de toda España, donde se han producido ya en lo que va de año 32 homicidios, un muerto cada 66 horas. ¿Los criterios y las órdenes de la policía en Madrid son distintos acaso a los de Barcelona, Santiago, Valencia o Sevilla? ¿Por qué aquí ha habido disturbios y en esas otras ciudades que le estoy contando de toda España no? Hay técnicas policiales --y usted lo debía saber-- de planificación, de información, de aislamiento de los violentos para evitar lo que ha ocurrido en Madrid los días 22 y 23.
La agresión en la Puerta del Sol a una señora que pedía auxilio fue un acto de brutalidad con premeditación y alevosía; la actuación de los antidisturbios en la calle Montera contra un profesor de la banda municipal del Ayuntamiento de Madrid y tres ancianos es algo absolutamente indignante. El 99,9 por ciento de los hombres y mujeres del Cuerpo Nacional de Policía se sienten avergonzados de lo que ocurrió esos días aquí en Madrid. Ustedes están pisoteando los derechos democráticos y tratan de instaurar en las calles de nuestra ciudad un clima de miedo y de represión. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Y los responsales son los que dan las órdenes, en este caso el delegado del Gobierno, y quien lo ampara y lo justifica, que es usted, señor ministro. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted ha anunciado, después de haberse enterado tarde, que va a abrir una investigación. Pues bien, yo pongo a su disposición todos los datos e información que me han llegado estos días por si es de utilidad y si ustedes en serio quieren investigar y depurar responsabilidades de los mandos, empezando por el delegado del Gobierno, por lo que

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ha ocurrido en Madrid estos días. (Aplausos.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señoría, las instrucciones que dan las autoridades responsables y las que se ejecutan en este tipo de movilizaciones y de manifestaciones han sido las de proteger los derechos y las libertades y la seguridad de todos los ciudadanos, los que se manifiestan y los que no se manifiestan.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es muy sorprendente que todas las afirmaciones que ha hecho su señoría, como por otra parte vienen haciendo destacados portavoces de su grupo parlamentario, hayan sido para condenar, para censurar y para criticar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que protegen los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, y no haya tenido un segundo para criticar a los grupos minoritarios, violentos, que son los que generaron situaciones de peligro y de riesgo durante las manifestaciones. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los del Grupo Parlamentario Socialista.) Pregúnteles, señoría, si es desproporcionada la actuación de la policía intentando evitar que se produjesen las agresiones a los comercios, a las lunas, a los escaparates en más de 10 tiendas esa noche en la calle Montera y en sus aledaños. Pregúnteles usted a los dueños de los coches que fueron retirados de donde estaban aparcados, que sufrieron graves daños, que se les incendió a alguno de ellos debajo del vehículo y sirvieron de parapeto para tirar piedras y arrojar adoquines a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pregúnteles si es desproporcionado a los ciudadanos que vieron cómo se incendiaron contenedores, mobiliario urbano en el centro de la calle para impedir el paso de las personas, de los vehículos y, por tanto, crear situaciones de riesgo. Pregunte, señoría, por las cabinas telefónicas que fueron literalmente destrozadas por bárbaros y por vándalos, que la policía tiene que tratar de evitar.
Señoría, que no haya una palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista de crítica a estas minorías violentas que, además --se lo digo con toda serenidad pero también con toda seriedad-- están buscando un incidente muy grave, ... (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí, señor!--Rumores)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): ... participar en las movilizaciones ilegales que se convocan, criticar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y amparar y decir, como ustedes están haciendo, que su actitud es desproporcionada es estar dándoles la razón para que cualquier actividad que haga la policía se manifieste que es desproporcionada (Algunos señores del Grupo Parlamentario Socialista: No, no, no.--Algunos señores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí, señor!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Rodríguez Torres: ¡Cogedlos a ellos!) Señoría, lo que su Grupo está haciendo es una grave irresponsabilidad democrática. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS COMPAÑIAS AEREAS TRASATLANTICAS QUE HAN SIDO SANCIONADAS POR TRANSPORTAR EN SUS AVIONES A INMIGRANTES IRREGULARES (680/001109).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las compañías aéreas trasatlánticas que han sido sancionadas por transportar en sus aviones a inmigrantes irregulares (680/001109).
Tiene la palabra el senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, como usted ya sabe, hace tiempo que Coalición Canaria está preocupada por la entrada en el país de extranjeros con pasaporte de turistas y que pasados los tres meses se instalan ilegalmente en el país.
Al parecer existen ciertas deficiencias en el control de estas personas, y una información publicada el pasado 17 de febrero por un diario de información general citaba que fuentes oficiales revelaban que el Ministerio del Interior había multado en el año 2002 a 49 compañías aéreas con un total de un millón de euros por transportar en sus aviones a inmigrantes irregulares. En dicha información se apuntaba, además, que la policía detectó irregularidades en 164 vuelos, que algunos pasajeros carecían de visado o llevaban un pasaporte falso o caducado.
La aplicación de estas sanciones a compañías aéreas marca un política a nuestro entender muy positiva, con la que el Ministerio del Interior pretende controlar a los inmigrantes que entran en España en condición de turistas pero a los tres meses se quedan ilegalmente en el país. Es por ello por lo que le pregunto qué tipo de compañías aéreas trasatlánticas han sido sancionadas por este mecanismo.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, durante el año 2002, el ministerio del Interior ha realizado un total de 166 propuestas de sanción por infracciones administrativas de la vigente normativa de extranjería en relación con las obligaciones legalmente exigibles a

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las empresas de transporte de pasajeros por vía aérea y que afectan exactamente a un total de 46 compañías aéreas.
Dichas propuestas de sanción se refieren a la llegada a España, vía aérea, de 166 viajeros extranjeros cuya documentación adolecía de diversas irregularidades --pasaporte cuya validez o vigencia no habían sido comprobadas, o bien por carecer de visado en los casos en que el mismo es exigible para el extranjero que desea entrar en territorio español--. Precisamente éste es el motivo más frecuente y mayoritario de los procedimientos que se han iniciado.
Las propuestas de sanción formuladas en el 2002 se refieren a llegadas a los aeropuertos principales de España, como en Madrid, Barajas; también se han formulado denuncias en los aeropuertos de Tenerife, Palma de Mallorca, Alicante, Ibiza, Almería y Sevilla.
Como su señoría sabe, la Ley Orgánica, 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, establece en el artículo 54, en cuanto a la responsabilidad de las compañías de transporte de viajeros, que son infracciones muy graves el transporte de extranjeros por los sujetos responsables del transporte sin haber comprobado la validez y vigencia de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes --como es el caso al que me refería de los visados--, o el incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, y establece las multas que se pueden imponer a estas compañías.
Por otra parte, en estos momentos, el estado de tramitación de cada uno de estos múltiples expedientes es diverso: unos se han sobreseído, otros, lógicamente, están en tramitación y algunos han interpuesto, después de sancionarle, el correspondiente recurso contencioso-administrativo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría, en turno de réplica, tiene la palabra el senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, no sé si usted estará enterado de que en el último pleno de esta Cámara se aprobó una moción, presentada por Coalición Canaria, en la que se instaba al Gobierno a que se revisara la actual dotación de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican al control de la llegada, y de la permanencia sobre todo, de personas en situación irregular en nuestro territorio, así como que se diera información periódica sobre el fenómeno de la inmigración, en relación concretamente con estas personas a quienes les vence el permiso limitado de tres meses, que cada vez más es, con mucho, la principal fuente de inmigración ilegal. Quisiera seguir insistiendo en este tema, porque considero que es la base fundamental del control de la inmigración irregular en el futuro.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DOÑA MARIA CRISTINA KLIMOWITZ WALDMANN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS POLICIALES QUE INCORPORA EL PLAN DE CHOQUE CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA PUESTO EN MARCHA POR EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (680/001116).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María Cristina Klimowitz Waldmann, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas policiales que incorpora el plan de choque contra la violencia doméstica puesto en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía.
Tiene la palabra la senadora Klimowitz.


La señora KLIMOWITZ WALDMANN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la violencia doméstica sigue poniendo en entredicho valores tan fundamentales en una sociedad democrática como son el respeto, la tolerancia y la igualdad entre hombres y mujeres. A través de los dos planes de acción contra la violencia doméstica, el Gobierno ha pretendido reducir, en primera instancia, y finalmente erradicar los actos violentos que padecen las mujeres en el ámbito familiar. En este empeño, los servicios de atención a la mujer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desempeñado un papel relevante, a la hora de dar una mejor protección y una mayor atención a las mujeres que padecen malos tratos. Tanto la formación especializada de los agentes como las circulares de la policía para orientar, en casos de violencia, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han jugado un papel muy importante y han proporcionado una mayor eficacia en la protección y detección de estos casos de violencia.
Por tanto, nos complace que, lejos de sentirse satisfecho ante los pasos dados, quiera seguir implementando los efectivos y las acciones para seguir combatiendo esta lacra social. Por eso, felicitándole de antemano y animándole a perseverar en estas acciones, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas policiales incorpora el recién aprobado Plan de choque contra la violencia doméstica, puesto en marcha por el Cuerpo Nacional de Policía? Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, el plan policial que hemos presentado contra la violencia doméstica persigue una cuádruple finalidad: una más eficaz prevención de esta violencia; una mejor asistencia a la mujer maltratada; una más adecuada protección a estas víctimas, y la rehabilitación. Por ello, nos planteamos tres objetivos esenciales. En primer lugar, crear un clima de confianza para alentar las denuncias de estas conductas criminales relacionadas con la violencia familiar. La policía, además, acompañará a la víctima y la asesorará

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en la tramitación de los procedimientos, tanto policiales como judiciales. En segundo lugar, queremos proteger de manera inmediata y cercana a las mujeres que ya han sido víctimas de malos tratos y que tienen riesgo de poder sufrir otros nuevos. Y, en tercer lugar, queremos mejorar la atención inmediata a la víctima, mediante una permanente relación de la policía con la mujer afectada.
Para conseguir estos objetivos, hemos desarrollado unas medidas. En primer lugar, hemos creado unas unidades especializadas de prevención, asistencia y protección contra malos tratos a las mujeres. En todas las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía con competencias en seguridad ciudadana existirán, a partir de ahora, funcionarios dedicados de forma exclusiva a esta función. Para ello destinaremos en esta primera etapa a quinientos agentes policiales, en dedicación exclusiva, a la lucha contra esta violencia.
Con este nuevo plan se establecerá una disponibilidad permanente entre el funcionario policial y las mujeres que le hayan sido asignadas para su protección. Para ello, cada agente especialista contará con un teléfono móvil para responder inmediatamente a los requerimientos que le haga en cualquier momento la víctima del maltrato. A su vez, se distribuirá a las víctimas un total de 1.780 terminales, con habilitación expresa para comunicarse directamente con la policía.
Queremos, además, estas unidades especializadas y bien formadas, y para ello estos agentes recibirán una formación sobre la materia tanto desde el punto de vista policial como jurídico-procesal, y tendrán un alto grado de preparación profesional sobre prevención de delitos de malos tratos hacia la mujer.
Además, hemos puesto en marcha un teléfono de emergencia y consulta de carácter gratuito atendido durante las veinticuatro horas del día para dar respuesta a esta forma de criminalidad. Por tanto, lo que se pretende, con una previsión de gasto de 2,7 millones de euros, es que la policía preste una mejor asistencia, más cercana, a la mujer víctima de malos tratos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON JOAN SABATE BORRËS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A QUE EL TREN EUROMED REALICE UNA PARADA EN LA ESTACION DE L'ALDEA-AMPOSTA-TORTOSA (TARRAGONA) (680/001098).


El señor PRESIDENTE: De don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en orden a que el tren Euromed realice una parada en la estación de L'Aldea-Amposta-Tortosa (Tarragona).
Tiene la palabra el senador Sabaté Borràs.


El señor SABATE BORRAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, doy por formulada la pregunta en sus mismos términos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señor presidente, señor senador, la situación de los servicios ferroviarios en la estación de L'Aldea es la siguiente.
Paran en L'Aldea diez servicios diarios de larga distancia en las dos direcciones y nueve servicios regionales, uno Valencia-Barcelona y ocho Tortosa-Barcelona. En total son nueve servicios denominados regionales.
Es decir, en estos momentos la estación de L'Aldea está servida por diecinueve circulaciones en cada dirección. Luego hay otras seis circulaciones en cada dirección, en total doce servicios Euromed, que no se detienen en la estación de L'Aldea. Esa es la situación de partida en la que, como su señoría menciona en la pregunta, hay una amplia corriente de opinión, hay un movimiento liderado por grupos empresariales además de las inquietudes ciudadanas y políticas en toda la comarca de Tortosa y del delta del Ebro que están reivindicando mejores servicios ferroviarios.
Para situarnos en el escenario de la mejora de los servicios ferroviarios es necesario que superemos, y no en un horizonte de largo plazo sino de corto y medio plazo, la actual concepción de la línea ferroviaria que atiende a L'Aldea. Por una parte, L'Aldea está atendida por una línea que hoy se encuentra en transformación como línea de alta velocidad y, además, en transformación al ancho internacional. Por lo tanto, en un futuro relativamente próximo todo el corredor Valencia-Castellón-L'Aldea, el entronque en Perafort y el acceso a Tarragona y Barcelona estará servido por un corredor de alta velocidad y todo él transformado al ancho internacional.
Sobre este corredor se van a superponer básicamente, no con el actual concepto de servicios ferroviarios --talgos, Euromed, Arcos, diurnos--, dos tipos de servicios: los de alta velocidad atendidos por trenes de larga distancia, que son los que en la terminología ferroviaria atienden los Alsthom actuales, los Siemens y los talgos en fase de adquisición; lanzaderas, que son trenes también de alta velocidad para distancias más cortas en dos versiones: en ancho internacional y con capacidad de cambio de ancho para la etapa de transición.
Son estos servicios los que definitivamente van a cubrir las necesidades que se reclaman en la zona del delta del Ebro y particularmente en la estación de L'Aldea. Con los nuevos trenes de alta velocidad, hoy en fase de adquisición, y con la nueva red adaptada, primero en tránsito, desde el ancho ibérico al internacional, y en el futuro al ancho internacional, tendremos más posibilidades de dar mejores servicios y, además, los mismos que se prestan ahora se podrán dar para los mismos destinos en menos tiempo desde la estación de L'Aldea. Esa es la solución para el futuro, pero para un futuro inmediato con el fin de mejorar la atención ferroviaria en L'Aldea y en toda la comarca.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


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Para turno de réplica, tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATE BORRAS: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
Evidentemente mi pregunta no entraba en el planteamiento del conjunto de los servicios ferroviarios en la estación de L'Aldea. En cualquier caso, le agradezco que haya recordado ese conjunto de servicios.
La estación de L'Aldea es una estación que hoy cumple un papel prácticamente de apeadero. La voluntad compartida por las instituciones del territorio y las distintas fuerzas políticas es que llegue a ser la gran estación de las tierras del Ebro catalán y que en realidad sea una estación importante de mercancías. Tiene polígonos industriales cercanos construidos por la Generalitat de Catalunya. Por tanto, ambicionamos esa gran estación del territorio.
En cualquier caso, mi pregunta, evidentemente, se centraba sobre los trenes de velocidad alta. Sin embargo, le agradezco su respuesta y su carácter positivo de ella.
No obstante, le reitero la necesidad de que se atienda esta demanda del territorio. Es importante tener en cuenta, como usted mismo reconocía, que se trata de los sectores socioeconómicos, la asociación de empresarios de la comarca del Ebro, los que en estos momentos están liderando un movimiento en ese sentido, con apoyo de las distintas instituciones locales, y es evidente que hay una necesidad imperiosa en ese territorio, equidistante tradicionalmente de Barcelona y de Valencia, demasiado lejos de las dos grandes metrópolis, y que por tanto necesita de un impulso adicional para su crecimiento.
No le voy a revelar a usted, señor ministro de Fomento, la importancia de las infraestructuras de comunicaciones para el crecimiento de un territorio, pero es absolutamente necesario e imprescindible que esos trenes de velocidad alta tengan su parada en la estación de L'Aldea.
Insisto en que agradezco su respuesta, pero si eso se tiene que demorar demasiado, señor ministro, sería importante que desde su ministerio se considerara la posibilidad de que los actuales servicios de velocidad alta también puedan parar en la estación de L'Aldea. Es muy importante para el conjunto de las tierras del Ebro catalán.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DOÑA MONSERRAT DUCH PLANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE EL CRITERIO DEL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LAS DIFICULTADES SURGIDAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL TRAZADO DE LA LINEA FERREA DE ALTA VELOCIDAD EN LOS TUNELES DE LA RIBA, TARRAGONA (680/001099).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Monserrat Duch Plana, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre el criterio del Gobierno para solucionar las dificultades surgidas en la ejecución de las obras del trazado de la línea férrea de alta velocidad en los túneles de La Riba (Tarragona).
Tiene la palabra la senadora Duch Plana.


La señora DUCH PLANA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, pienso que en este momento la mayoría podemos ya compartir que su antecesor no acabó de atinar en una predicción cuando decía que se está batiendo un récord en la Unión Europea y en el mundo en cuanto a plazos de construcción de un tren de este calibre, refiriéndose al tren de alta velocidad.
Ha habido distintas dificultades de orden diverso que hemos tenido oportunidad de discutir. Ayer mismo se frustraba la aprobación de una moción en el Pleno de esta Cámara sobre las dificultades de seguridad y de otro orden.
Señor ministro, no tengo ningún ánimo de debate sobre esta cuestión.
Simplemente quiero preguntarle sobre seguridad y calendario en relación con ese tramo del AVE que ha suscitado nuevos problemas.
Mucha gente piensa, en la medida en que fueron reconocidos por el ministerio con posterioridad a los problemas suscitados en Zaragoza, que los problemas técnicos seguramente no se pueden minimizar, y que parecía lógico haber esmerado los estudios geotécnicos cuando existían antecedentes en aquella misma zona de trazados viarios que habían planteado problemas de esas mismas características.
Es una zona problemática --quizá vaya por ahí su respuesta-- y en su momento hubo un gran debate público sobre el trazado y el impacto ambiental, el famoso «Manifest de Poblet», que puso de acuerdo a todos los sectores.
Una zona problemática como aquella, conocida por la gente del lugar como la «Cova del Guix», la Cueva del Yeso, seguramente hubiera requerido estudios más profundos --no digo más profesionales--. En cualquier caso, ahí tenemos a los colegios de geólogos permanentemente alentando sobre esas cuestiones.
Por lo tanto, señor ministro, sobre seguridad y calendario. ¿Cuáles son sus previsiones? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora senadora.
Empiezo por el final. Los trabajos que se están realizando en los túneles por los que se interesa su señoría no afectan al calendario de puesta en servicio de la obra. Por lo tanto, la puesta en servicio del tramo Lleida-Barcelona del corredor de alta velocidad hacia la frontera francesa no se verá afectado por la ejecución de estos túneles.
Supongo que su señoría entiende, sin necesidad de que busquemos argumentos técnicos, que la construcción de los túneles es el aspecto de las obras públicas que presenta mayores incertidumbres, dada la naturaleza y dificultad de este tipo de actuaciones. En segundo lugar, tampoco piense su señoría que Cataluña es el único sitio donde hay problemas

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geológicos. No tenemos precisamente un país fácil para la construcción de obras públicas y, particularmente, para la construcción de túneles.
A la hora de redactar los proyectos se han empleado los sistemas de auscultación normales que se adoptan para poder hacer los estudios geológicos y geotécnicos previos por técnicos suficientemente competentes. Creo que en este momento la ingeniería española no tiene por qué revisar el concepto de la alta cualificación de los técnicos que participan en el proyecto y en la dirección de las obras públicas.
En los meses de octubre y noviembre de 2002, una vez hormigonada la solera y las zapatas del túnel de Lilla y antes de iniciar su revestimiento, se detectaron --y para eso están las tareas de dirección y control-- deformaciones en la solera de este túnel asociadas a un posible cambio de humedad de la roca que hicieron prever la existencia de fenómenos de expansividad.
Ante esta situación, que no afectaba a la sección, se acometió una nueva campaña geotécnica específica para analizar este fenómeno. La campaña consistió en la ejecución de veinte nuevos sondeos a lo largo del túnel y la realización de ensayos, detectándose la presencia de anidritas en la argilita, que es lo que produce el alto índice de expansividad. Tomando como base los resultados de estas campañas, se está redimensionado definitivamente la sección del revestimiento.
Han dirigido los trabajos los catedráticos de ingeniería del terreno don César Sagaseta y don Eduardo Alonso, que pertenecen a las universidades de Cantabria y Barcelona, así como los equipos propios del GIF. En este momento se está redactando y ejecutando un proyecto básico con la sección constructiva definitiva, capaz de soportar estos esfuerzos que han producido en el terreno las deformaciones por las que se ha interesado su señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora Duch Plana.


La señora DUCH PLANA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, me he leído del derecho y del revés la nota del ministerio cuando reconoció --a pesar de que le costó un poco-- los problemas derivados y mejorados con el revestimiento de los túneles. Hoy no ha avanzado nada nuevo con su repuesta y, en ese sentido, me ha dejado un poco decepcionada.
Usted ha declarado que es preferible la seguridad a las prisas y ahora dice que las obras de revestimiento de los túneles no afectan al calendario previsto. Por eso y ya que ratifica el calendario, permítame que le pida un poco más de concreción. ¿Cuándo circularemos por la línea Madrid-Lleida-Barcelona? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. (El señor Ministro de Fomento, Alvarez-Cascos Fernández, pide la palabra.) Señor ministro, ha consumido ocho segundos más de los que tenía para contestar a la pregunta, exactamente tres minutos y ocho segundos.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE CONTINUAR COLABORANDO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA ABADIA Y ALREDEDORES DEL MONASTERIO DE MONSERRAT, BARCELONA (680/001101).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de continuar colaborando en la ejecución de las obras de la abadía y alrededores del Monasterio de Monserrat, Barcelona.
Tiene la palabra el senador Beguer i Oliveres.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, en 1993, por un acuerdo del Pleno del patronato de la montaña de Monserrat, se solicitó una subvención de 1500 millones de pesetas al Gobierno del Estado y a la Generalitat, 800 al Gobierno central y 700 a la Generalitat, para diversas obras estructurales y de la abadía.
Poco después la Generalitat asumió su parte mediante un convenio que se firmó entre el conseller de Política Territorial y Obras Públicas y el presidente del patronato de la montaña. Por su parte, el Gobierno decidió participar fraccionando su aportación de 800 millones de pesetas mediante convenios parciales y en 1995, siendo ministro don Josep Borrell, abonó 150 millones. Por razones no explicadas pero derivadas de las elecciones que se iban a producir a primeros de 1996, quedó en suspenso el borrador de convenio final y, por tanto, la posterior aportación del Gobierno del Estado.
Mi pregunta es la siguiente: ¿Tiene previsto el Gobierno continuar con el compromiso firme de ayudar a las obras de la abadía y alrededores de Montserrat en la línea del primer convenio que se firmó y asimismo del segundo propuesto por el patronato, compromiso que incluía una aportación económica de 150 millones de pesetas en 1995?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor mininstro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, en primer quiero aclararle dos cosas. En el Ministerio de Fomento no hay constancia de que haya existido un compromiso del Estado para aportar 800 millones de pesetas al Monasterio de Montserrat. En segundo lugar, efectivamente, el ministerio realizó una aportación de 150 millones de pesetas en el año 1994 y, por tanto, si algún borrador de convenio o compromiso quedó en suspenso se cancelaría en 1995 y no en 1996.


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La documentación que obra en el ministerio pone de manifiesto que el día 3 de octubre de 1994 el ministro de Obras Públicas, el consejero de Política Territorial y el representante del Patronato de la Montaña de Montserrat firmaron un convenio en cuya exposición de motivos se recoge lo siguiente: en primer lugar, que el Patronato de la Montaña de Montserrat aprobó en 1993 una propuesta de intervención valorada en 1.500 millones de pesetas. En segundo lugar, que el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó en 1993 una distribución de aportaciones de la propia Generalitat por un importe de 700 millones de pesetas.
En el convenio formalmente las tres partes acuerdan: Que el Ministerio de Obras Públicas aporte al patronato la cantidad de 150 millones de pesetas en el ejercicio de 1994 procedentes del 1 por ciento cultural. Que se dediquen a la reparación del edificio Abad Marcet y que la reparación fuera ejecutada de acuerdo con un proyecto aprobado por la Dirección de Arquitectura de la Generalitat, que se encargaría del control de las obras. En diciembre de 1994 la Dirección General de la Vivienda tramitó la orden de pago y se pagaron al patronato los 150 millones de pesetas.
Es decir, en 1994 se cumplió en su totalidad el compromiso financiero que mediante convenio asumió el Ministerio de Obras Públicas tal y como consta en la documentación de que dispongo de aquella época.
En segundo lugar, en mayo de 2001, la Dirección General de la Vivienda recibió de la comunidad religiosa del Monasterio de Montserrat un plan de etapas para desarrollar trabajos de remodelación de plazas, espacios exteriores y accesos al museo y al centro de acogida con un coste estimado en 785 millones de pesetas, es decir, 4,8 millones de euros. En la documentación no se precisa qué porcentaje se solicita al ministerio, pero en todo caso ha sido ya remitida y está incluida en el orden del día de las futuras reuniones de la Comisión Mixta del 1 por ciento cultural.
Por tanto, será estudiada próximamente. Pero quiero hacerle una precisión.
En este plan de etapas se definen una serie de actuaciones que corresponden a obras de nueva planta que difícilmente van a tener cabida en las previsiones de los criterios que para el 1 por ciento cultural fija la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico Español que su señoría conoce.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el señor Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro por su respuesta.
Quiero decir que, en cualquier caso, en la propuesta de convenio que se remitió a la Dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda el día 31 de enero de 1996, es decir, poco tiempo antes de celebrarse las elecciones --causa por la que probablemente no fue firmada--, se señalaba una cantidad de 650 millones de pesetas de cara a ayudar en obras de infraestructura y consolidación de la abadía, en el interior del edificio Abad Marcet y en el conjunto de la montaña.
Está bien esta propuesta que está estudiando el señor ministro, pero creo que habría que encontrar definitivamente una u otra fórmula porque estoy seguro que el Gobierno tiene la mejor disposición para, sea continuando con aquel convenio, sea con uno nuevo, ayudar a las obras de la Abadía de Montserrat. En consecuencia, le pediría al señor ministro todo su interés para, a través de la primera fórmula que quedó en suspenso o de esta segunda --en la que puede haber dificultades-- encontrar una solución, que estoy seguro está en el espíritu del ministro y del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON ARTURO GONZALEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE DA A LOS ESCOMBROS DE LOS TUNELES DE LA SIERRA DE GUADARRAMA PRODUCIDOS POR LAS OBRAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MADRID Y VALLADOLID (680/001107).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Arturo González, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el tratamiento que se da a los escombros de los túneles de la sierra de Guadarrama producidos por las obras del tren de alta velocidad entre Madrid y Valladolid.
Tiene la palabra el senador González López.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la mayor dificultad para la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid es, sin lugar a dudas, la construcción de los túneles del Guadarrama.
Es una obra bastante compleja, no sólo por las dificultades técnicas, sino también por las consecuencias medioambientales que conlleva, entre las que se encuentra la gestión de los millones de metros cúbicos de escombros que se están generando.
Por eso mi pregunta es ¿qué se está haciendo con estos escombros?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor senador, yo he tratado de indagar acerca de su pregunta y la verdad es que no he encontrado otra posibilidad de respuesta que la de explicarle lo que recoge la declaración de impacto ambiental, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo de 2001, y añadirle que en cuanto al tratamiento de la excavación del túnel se está cumpliendo en las dos bocas lo que prevé la declaración de impacto ambiental.
En la boca norte de los túneles de Guadarrama la declaración exige disponer de una cinta de 5 kilómetros de longitud para el transporte de las tierras desde la boca hasta las canteras localizadas en el polígono industrial de Hontoria,

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donde habrán de quedar depositadas definitivamente o bien emplearse en otras obras de la línea, y se está cumpliendo esta previsión.
En la boca sur, la declaración establece que el material procedente del túnel se transporte por cinta a una planta de transferencia localizada en la línea de ferrocarril Madrid-Aranda-Burgos. Desde estas instalaciones ha de transportarse a una segunda planta de transformación situada en el punto kilométrico 38,200 y por camión a la cantera de los Remedios, admitiéndose un acopio provisional en la zona de obra del orden de 200.000 metros cúbicos, y se está cumpliendo esta previsión. Esto es lo que le puedo informar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador González López.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, efectivamente, la declaración de impacto ambiental, aprobada en febrero de 2001, señala lo que usted ha dicho y considera que sólo es ambientalmente admisible para minimizar el efecto de impacto ecológico el depositar los escombros --me refiero sobre todo a la zona norte, al sector Segovia, que es lo que conozco-- en unas canteras que serían transportados por una cinta de unos 5 kilómetros que se ha construido al efecto para este hecho.
Además, el depósito de esos escombros en las canteras que sean provisionales para su reutilización se haría a través de la línea de ferrocarril Segovia-Medina o bien de la propia plataforma del tren construida previamente.
Señor ministro, lo que sucede es que esto no se está cumpliendo, sobre todo en lo que se refiere a la parte del sector norte de Segovia. No se está haciendo así. Existen las canteras, que se han expropiado por 10 millones de euros; existe la cinta transportadora, que en estos momentos no está funcionando, que se ha hecho con un coste de 6 millones de euros, pero lo que sucede es que los municipios más próximos, en este caso el municipio de Hontoria, se está viendo rodeado, cercado de montañas improvisadas de cascotes, que son inestables, que están creciendo día a día al lado de las casas, en un entorno que se llama El Estribillo del mismo municipio de Hontoria. En estos momentos hay alrededor de 200.000 toneladas de cascotes, tierras y escombros depositados que pueden ocupar 30 campos de fútbol.
Además, las patrullan de camiones van y vienen todos los días, día y noche, decenas de veces, produciendo un ruido infernal, levantando polvo, derramando barro, que lo que está produciendo es algo que además decía la declaración de impacto ambiental que no se debía hacer, lo que ha producido que la calidad de vida de estos vecinos haya variado totalmente.
¿A qué se debe todo esto? Señor ministro, se debe, una vez más --y siento decírselo-- a una falta de rigor en los estudios, a una falta de planificación, en este caso, a errores de bulto que se han debido cometer por lo que es la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias. Señor ministro, sólo se habían calculado 4,8 millones de metros cúbicos de escombros de los túneles, pero todos los expertos están diciendo en este momento que van a salir más del doble. Tampoco se había calculado dónde se iban a depositar los escombros de la futura estación porque, entre otras cosas, cuando se hace la declaración de impacto ambiental no estaba prevista su ubicación y estos escombros se están depositando ahora también, precisamente, en el entorno de Hontoria.
Se está incumpliendo gravemente lo que decía la declaración de impacto ambiental y, sobre todo...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señor senador, por supuesto contrastaré la información que me facilita, en relación con la situación de la obra, con aquella de que disponemos en el ministerio.
En cualquier caso, quiero decir que como resultado de la ejecución de la declaración de impacto ambiental se ha procedido a la expropiación de la cantera afectada, a la instalación de la cinta transportadora --que ya está terminada, a falta únicamente de las pruebas--, y el transporte a través de la cinta se va a iniciar de forma inmediata.
El volumen procedente de la excavación por la boca norte, hasta esta fecha, es de 219.240 metros cúbicos; de estos 219.240 metros cúbicos, se han empleado en tajos de la obra 198.740 metros cúbicos y el acopio intermedio en la boca del túnel, en este momento --hasta que entre en funcionamiento la cinta--, es de 20.500 metros cúbicos. Estos son los datos de que dispongo, pero con mucho gusto los contrastaré con los de su señoría y tenga por seguro que cumpliremos todas las prescripciones de la declaración de impacto ambiental.
Es verdad también que en este tipo de grandes obras públicas, lo mismo que en las pequeñas obras municipales, mientras duran las obras es deseable minimizar pero es imposible anular los impactos y las incomodidades en su entorno, para lo cual es preciso reclamar la comprensión de todos, porque los beneficios finales son muy superiores a los perjuicios transitorios que ocasionan.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA MEDIDA EN QUE VA A COLABORAR EL GOBIERNO CON LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS, EN LA POTENCIACION DEL TRANSPORTE FERROVIARIO (680/001110).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la medida en que va a colaborar el Gobierno con la administración

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de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en la potenciación del transporte ferroviario.
Tiene la palabra el senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, doy por formulada la pregunta en sus propios términos, ¿cuál va a ser la voluntad exacta de su ministerio en cuanto a la colaboración en las inversiones del servicio ferroviario de Mallorca? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señor senador, sobre este mismo asunto ya hemos tenido ocasión de debatir, creo que hace dos años, y el marco de las posibilidades de colaboración entre las dos administraciones no ha variado. Es decir, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene competencias plenas en materia de transporte por ferrocarril y las está ejerciendo a través de su empresa pública, Servicios Ferroviarios de Mallorca.
Este Gobierno, al poner en marcha el plan de infraestructuras ferroviarias, en su programa de alta velocidad, aunque entendía que eso no formaba parte del escenario ferroviario que existía en el momento de las transferencias, ha ofrecido la posibilidad de colaborar en ese programa adicional, que no es ni de ferrocarril de cercanías ni es de ferrocarril convencional, porque en materia de cercanías o de ferrocarril convencional las transferencias para la Comunidad Autónoma de las Illes Balears dejan perfectamente clara de quién es la responsabilidad.
En el caso de escenarios del ferrocarril de alta velocidad o su equivalente, en función de las prestaciones, en territorios insulares --como es el caso de Canarias o de Baleares--, el Ministerio de Fomento se ha ofrecido a prestar su colaboración y, en función del diseño que se adopte, a llegar a acuerdos de otro nivel. En este sentido, hemos colaborado en los estudios técnicos de un ferrocarril ligero con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, y estamos en disposición de colaborar con otras administraciones en esta materia.
Esa es la contestación que le di hace dos años y es la misma respuesta que le reitero en este momento.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor ministro, por esa respuesta repetida, pero es que las cosas han cambiado. En el año 2000 hubo una reunión en su ministerio y se entregó el Plan Plurianual de Servicios Ferroviarios de Mallorca. En septiembre y noviembre de 2001 hubo algunas reuniones, entre otras con el Director General de Ferrocarriles, se hizo entrega de la misma documentación y, además, de solicitar la inversiones necesarias, se pidieron cosas concretas que constan en la documentación que supongo que tendrán en su ministerio. Nada se conoce sobre esas reuniones que fueron calificadas en Mallorca de positivas. Por tanto, viene a cuento esta pregunta porque desde el año 2001 hasta la fecha no sabemos nada.
Se ha empezando a trabajar en el tramo Inca-Manacor con recursos propios o exclusivos de la comunidad autónoma. Por ejemplo, de los antiguos 77 pasos a nivel solamente quedan tres, también lógicamente realizados con inversiones de la comunidad autónoma. No me dirá usted, señor ministro, que quieren cumplir la ley que ustedes mismos aprobaron. El artículo 10 del Régimen Especial de Baleares, del REB, dice que el Gobierno del Estado colaborará con el Gobierno de las Islas Baleares en la potenciación del transporte ferroviario en las Islas Baleares, en concreto en Mallorca. Por tanto, le estoy pidiendo algo que establece la ley, que se le ha solicitado en varias ocasiones, y usted siempre da la misma respuesta. Los AVE son igual que las aeronaves, pues para nosotros las autopistas son fundamentalmente los aviones y el transporte público ferroviario, aunque sea un tren pequeño, para lo que hace falta la colaboración y el concurso de su ministerio, en beneficio de los ciudadanos.
Por tanto, han pasado varios años desde 1998 y la aprobación de la Ley del Régimen Especial de Baleares, ha habido varias reuniones, se ha entregado documentación, todavía no sabemos nada y solamente contamos con los recursos de la comunidad autónoma, que siempre son escasos, como usted puede comprender. Independientemente de que estemos ahora en elecciones autonómicas y municipales, solamente le pido sensibilidad y presteza en la negociación del acuerdo, para dar lo necesario, lo que usted puedan o quieran, y colaborar de forma lógica y natural con la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, con la que tienen poca colaboración, pero alguna tienen de vez en cuando. Por eso se repite la pregunta, señor ministro, porque no se ha solucionado el problema. Si usted me contestase de otra forma, yo no volvería a preguntar en esta legislatura.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, creo que en mi primera respuesta le he dado la clave del problema que su señoría suscita, pero parece que no me quiere entender en términos de distribución de competencias. La distribución de competencias lo es a todos los efectos y, por lo tanto, para proyectos de ferrocarril convencional y de cercanías, la comunidad autónoma es totalmente competente para desarrollar sus proyectos ferroviarios. Eso está en la negociación de las transferencias y en el ejercicio de las competencias, y es así de claro el Estado de las Autonomías.


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Le digo más, para soterramientos ni siquiera el Ministerio de Fomento participa en la financiación de aquellos que pertenecen a la red del Estado. Y algunas de las peticiones que se hacen es para financiar soterramientos en Palma de Mallorca, que son inversiones que no financia el ministerio ni en la red de otras comunidades ni en la propia. El resto de las peticiones sobre ayudas para la electrificación o adquisición de nuevo material, forman parte del ejercicio normal de las competencias ferroviarias propias de la comunidad. Y eso en el Estado de las Autonomías corresponde plenamente a las obligaciones propias de la comunidad autónoma. (El señor Cámara Fernández: Artículo 10 de la ley.) Si no se plantean otras cuestiones que justifiquen una renegociación de unas competencias que en su momento no existían, y por eso le he hablado del concepto de la alta velocidad, no tiene ningún sentido reclamar al Estado que aporte nuevos recursos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON ENRIQUE FAJARNES RIBAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINION DEL MINISTERIO DE FOMENTO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE LIMITAR, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DIRECTOR, LA AMPLIACION INICIALMENTE PREVISTA DEL AEROPUERTO DE IBIZA (ILLES BALEARS), SIN CUESTIONAR LA SEGURIDAD Y LA MEJORA DE SU INFRAESTRUCTURA (680/001117).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Enrique Fajarnés Ribas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Ministerio de Fomento acerca de la posibilidad de limitar, dentro del marco del Plan Director, la ampliación inicialmente prevista del aeropuerto de Ibiza (Illes Baleares), sin cuestionar la seguridad y la mejora de su infraestructura.
Tiene la palabra el senador Fajarnés Ribas.


El señor FAJARNES RIBAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, la mayoría de la sociedad ibicenca y de las instituciones isleñas coinciden en señalar que la seguridad y la modernización del aeropuerto de Ibiza es incuestionable. Pero también hay coincidencia en solicitar que dentro del marco del plan director se pudiese limitar el terreno a expropiar, es decir, unos 2 millones 700.000 metros cuadrados y cerca de 42 viviendas unifamiliares, a lo imprescindible, a lo que está regulado y limitado por la normativa internacional para poder garantizar la adaptación de la pista de rodadura en pista de emergencia necesaria en todos los aeropuertos españoles por cuestiones de seguridad, pero en este caso, también por cuestiones económicas. No quiero pensar lo que podría suceder si la única pista que tiene el aeropuerto de Ibiza se quedase inoperativa justamente en los meses de verano cuando llegan los turistas.
De ahí, señor ministro, la pregunta y también la sugerencia, si me lo permite, de solicitarle que se pueda estudiar conjuntamente con el Ayuntamiento de San José sus puntos de vista y, en concreto, su propuesta encaminada a reducir el espacio a expropiar, conjugando, como he dicho anteriormente, la seguridad, la modernización y la calidad de la instalación aeroportuaria de Ibiza, tres cuestiones fundamentales y prioritarias justamente del Ministerio de Fomento.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señor senador, la función de los planes directores de los aeropuertos está recogida en el Real Decreto 2591 del año 1998 que regula las características, funciones y objetivos de los mismos. Los planes directores de los aeropuertos tienen como objetivo fundamental garantizar que la ordenación del territorio en el área de influencia del aeropuerto no cercene las posibilidades de futuro de una infraestructura de estas características para evitar la colisión de intereses urbanísticos que hasta la aprobación de los planes directores se suscitaba en el entorno de los aeropuertos, que provocaba la imposibilidad de su ampliación o también graves efectos de las ampliaciones sobre las urbanizaciones del entorno.
Los planes directores, por tanto, buscan un punto de equilibrio urbanístico entre los planes de ordenación municipales y los planes de expansión aeroportuaria para garantizar que el sistema aeroportuario español en los próximos veinte años no tenga cuellos de botella derivados de esa falta de diálogo administrativo entre instrumentos de planeamientos. Los planes directores no son proyectos de ejecución y aquellos que garantizan reserva de suelo no son tampoco compromisos automáticos de expropiación.
Esta es la primera afirmación que deseo hacer derivada la naturaleza de un plan director. Y de hecho, en estos momentos, en el aeropuerto de Ibiza no hay en tramitación ningún expediente de expropiación de terrenos. Por tanto, despéjense las inquietudes sobre eventuales intenciones expropiatorias.
Lo que hay es una voluntad de garantizar que el crecimiento del aeropuerto de Ibiza no se verá cercenado por una falta de previsión urbanística, y a partir de este escenario, y reconociendo la necesidad de determinadas instalaciones, de pistas, plataformas, terminales y sistemas de navegación aérea, queremos garantizar que ese crecimiento de capacidad de tráfico de pasajeros esté asegurado.
Y si es posible armonizar el diseño urbanístico del plan director con el diseño urbanístico, en este caso, del Ayuntamiento de San José, estaríamos encantados de poder alcanzar acuerdos que garanticen la mejor atención a las demandas sociales de las poblaciones o de las áreas del entorno del aeropuerto y que no pongan en entredicho la capacidad de expansión del aeropuerto.


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En estos términos, le brindo ese diálogo y espero que sea fructífero y nos permita alcanzar acuerdos próximamente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Fajarnés.


El señor FAJARNES RIBAS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente para dar las gracias al señor ministro por su contestación y además por la capacidad de diálogo que ha tenido siempre con las islas y en todos los aspectos.
Muchísimas gracias, señor ministro, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA EJECUCION Y VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE SAN SEBASTIAN, EN HONDARRIBIA (GUIPUZCOA) (680/001119).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Elena Etxegoyen, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los criterios del Gobierno respecto de la ejecución y viabilidad de las medidas contenidas en el Plan Director del aeropuerto de San Sebastián, en Hondarribia (Guipúzcoa).
Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro. Permítame unos segundos para que precise el porqué de esta pregunta, aunque me consta que los detalles son de sobra conocidos por usted.
Si bien es cierto que el plan director del aeropuerto de Hondarribia, sometido a información pública durante el verano de 2001, recibió alegaciones en contra tan solo por parte del ayuntamiento de Fuenterrabía, mientras que otras administraciones afectadas optaron por no pronunciarse, e incluso, si no recuerdo mal, el Gobierno vasco emitió un informe favorable, no es menos cierto que, tras analizar con más detalle toda una serie de circunstancias: desde la propia singularidad de la ubicación del aeropuerto, hasta la forma de proceder para la imprescindible adecuación de dicha infraestructura a la nueva normativa de la OACI, hoy en día existe la idea, manifestada por todas las administraciones de Guipúzcoa afectadas por este tema, y también por el Gobierno vasco, de que caben alternativas reales a las previsiones contenidas en ese plan director aeroportuario, alternativas recogidas además en un estudio que ya ha sido remitido al ministerio.
Ese es el motivo de que le pregunte, señor ministro, si actualmente, teniendo en cuenta todos esos antecedentes, han variado los criterios del Gobierno respecto de la viabilidad de las medidas que contiene dicho plan director.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, usted formuló esta misma pregunta hace un año, por lo que ya hemos tenido ocasión de hablar de este tema. Y le agradezco que hoy en la presentación de la pregunta ciña este problema a los términos exactos en que está planteado, porque si lo disfrazamos no vamos a poder resolverlo.
Este plan director nació con un razonable grado de consenso, excepción hecha del ayuntamiento de Hondarribia. Posteriormente han surgido una serie de manifestaciones al respecto, que han sido asumidas por las distintas instituciones. Y hoy podría decirse que, si en aquel entonces la alegación contraria fue una excepción, en estos momentos las reivindicaciones sobre su modificación son generalizadas.
Por otro lado, el problema no se ha originado por una voluntad expansiva por parte de AENA en relación con el aeropuerto, es decir, no se debe a razones de incremento de su capacidad, sino porque este año entra en vigor la nueva normativa de la OACI, que va a reducir en 150 metros las prestaciones de la pista actual. Por tanto, ya hemos despejado dos dudas: cómo se ha creado este problema y cuál es su naturaleza.
Así pues, creo que lo que ahora debemos hacer es buscar una solución entre todos. Y me alegro de que su señoría me haya dicho que hay voluntad de buscar soluciones. Y me gustaría conocerlas, porque considero que la que ya se ha barajado, o que por lo menos conoce el ministerio, consistente en redistribuir la capacidad de operación que pierda el aeropuerto de Fuenterrabía entre los aeropuertos del entorno, no es la mejor. Por ello, me gustaría que se esforzara el sentido común y la capacidad de imaginación tanto de los expertos aeronáuticos como de los responsables de las instituciones territoriales para encontrar una mejor solución, que permita que el aeropuerto de Fuenterrabía no pierda prestaciones y que por lo menos pueda mantener la capacidad de operación de los aviones que lo utilizan actualmente sin nuevas restricciones en lo que a carga, número de pasajeros o distancias se refiere. Y en eso estamos.
Repito que su señoría me ha indicado que puede haber algunas soluciones.
El ministerio también está tratando de encontrarlas. Y en ese marco de diálogo, y con el mismo espíritu con que me refería a la ejecución de los planes directores para otros aeropuertos, concretamente para el de Ibiza, donde se plantean problemas de parecida naturaleza, espero llegar a un nuevo punto de encuentro sobre la modificación del plan director del aeropuerto de Fuenterrabía.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra la senadora Extegoyen Gaztelumendi.


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La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿por qué tengo la sensación de que realmente nunca acierto con usted cuando le pregunto sobre el aeropuerto de Fuenterrabía? Esta senadora no ha venido a crear polémica. Los guipuzcoanos apuestan porque ese aeropuerto se mantenga. Y estaríamos ante un planteamiento distinto si efectivamente no pudiera operar ningún tipo de avión en ese aeropuerto en el caso de que el plan director no se hiciera realidad.
Se apuesta precisamente por eso, con independencia de que antes hubiera una postura más o menos contraria, se están haciendo esfuerzos para intentar poner sobre su mesa, que es la competente para determinar si ese plan director será una realidad o no, alternativas. Y no solamente hay la que usted ha mencionado. Puede ser que este aeropuerto opere, quizás no con todos los aviones que ahora están operando, pero sí con algunos de ellos.
Hay novedades, no cambio de posición. El propio Consejo de Ministros el día 27 del pasado septiembre aprobó la inclusión del humedal de Txingudi en el Convenio de Ramsar. Este humedal ahora linda con este aeropuerto.
Si fuera una realidad la prolongación de la pista, creo que casi se lo comería.
Hay una serie de circunstancias sobrevenidas que hay que tener en cuenta para que en una mesa, con todos los afectados presentes en ella y bajo la competencia de su ministerio, se intente buscar la solución. Esta es la única intención que esta senadora ha tenido a la hora de preguntarle y que casi se convierte en un ruego, esto es, que impulse en alguna medida, usted que puede, esa mesa para que todos los afectados, también los operadores, puedan llegar a conclusiones definitivas, porque ese «impasse» en el que se está, la indefinición que usted antes ha explicado, como ya me explicó entonces, sobre el plan director y la reserva del suelo, es lo que hace que los afectados, sobre todo los dos municipios implicados, Irún y Hondarribia, no sepan si eso va a ser una realidad y cuándo, porque, a diferencia de lo que ha comentado respecto de Ibiza, las expropiaciones en Hondarribia sí han comenzado, aunque solamente sea para mejorar las infraestructuras y, especialmente, la zona de aparcamiento, imprescindible para dotarlo de los equipamientos necesarios para un aeropuerto que hoy día parece casi de juguete. Pero hay mucha gente que considera innecesaria la prolongación de la pista y casi un desatino.
Por tanto, le rogaría una vez más, señor ministro, que impulse esa mesa de negociación, que es lo único que esta senadora tenía intención de conseguir de su ministerio hoy.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor ministro.
Señoría, creo que es lo que le he dicho en mi respuesta. No sé qué es lo que debería haber dicho.
En primer lugar, me gustaría, si alguien tiene una solución en otras instancias, que nos facilitara sus propuestas. En todo caso, yo respondo de que la Dirección General de Aviación Civil y AENA están trabajando en eventuales alternativas para hacer frente a las consecuencias de la aplicación de la norma de la OACI. Y en el momento en que nosotros tengamos una propuesta, con mucho gusto la pondremos sobre la mesa, pero si hay otras, bienvenidas sean.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EXPLICACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA DENUNCIA AL REINO DE ESPAÑA EFECTUADA POR LA COMISION EUROPEA ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA POR NO HABER ATENDIDO A LOS REQUERIMIENTOS EN RELACION A LA INCENTIVACION FISCAL EN LOS REGIMENES FORALES (680/001105).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la explicación del Gobierno acerca de la denuncia al Reino de España efectuada por la Comisión Europea ante los tribunales de Justicia por no haber atendido a los requerimientos en relación a la incentivación fiscal en los regímenes forales.
Tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace dos años, en junio de 2001, la Comisión Europea adoptó varias decisiones que declaraban ilegales determinados regímenes de ayudas fiscales. El proceso se zanjó con una rotunda condena y con tres advertencias: la supresión del sistema de ventajas, la recuperación de las ayudas y la supresión de aquellas que estuvieran pendientes.
Después de dos años y de numerosas advertencias, las exigencias no se han cumplido y el Gobierno está absolutamente mudo. Por eso, le pido explicaciones al respecto.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Como su señoría ha señalado correctamente, efectivamente, se adoptaron las decisiones de julio de 2001 y de 20 de diciembre del mismo año relativas a la declaración de incompatibilidad de determinados beneficios fiscales con el ordenamiento comunitario.
Esas decisiones de la Comisión Europea se han cumplido en parte, puesto que hoy no existen esos beneficios fiscales, y falta lo relativo a la devolución de las ayudas.
A este respecto, los órganos competentes son las haciendas forales y lo que ha hecho este ministro ha sido dirigirse

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al Gobierno vasco para que dé traslado de estas decisiones a las haciendas forales para la identificación de aquellos contribuyentes que se beneficiaron de las ayudas fiscales y que, por tanto, ahora tienen que proceder a la devolución de las mismas a los efectos de dar cumplimiento a las decisiones que en su día, hace dos años, se emitieron por parte de la Comisión de la Unión Europea. Ese es el procedimiento en el que estamos y, por tanto, el Gobierno no está mudo, señoría, sino haciendo lo que tiene que hacer para dar cumplimiento al ordenamiento comunitario.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no solamente el Gobierno está mudo sino que es mucho peor. El Gobierno está absolutamente inutilizado en esta cuestión.
Esta es una historia de irregularidades. Cuando las denuncié, un senador del Grupo Popular comentó que me dirigiera al Gobierno vasco para pedir explicaciones. Agradezco que usted no me haya mandado al Gobierno vasco a pedir explicaciones. Pero de alguna manera también usted ha venido a decir a esta Cámara que lo único que tiene que hacer en el procedimiento es enviar al Gobierno vasco el incumplimiento de la sentencia del dictamen para ver si hace algo. No, no. El interlocutor respecto a las autoridades europeas es usted, es el Gobierno de la nación y a quien nos han mandado a los tribunales ha sido al Gobierno de la nación, al Reino de España y a su responsable. Por tanto usted no me puede responder esto.
(El señor Ministro de Hacienda, Montoro Romero, hace signos afirmativos.) Sí, claro que puede responderme perfectamente lo que le dé la gana, pero lo que quiero decir es que hay una responsabilidad del Gobierno. Nos van a introducir en un esquema de sanciones y, por ejemplo, pueblos que hemos tenido que pagar todos los problemas de una fiscalidad con agravios fiscales como son los forales, que hemos actuado y que hemos ganado desde el año 1993, representados por sucesivos gobiernos, todas las sentencias, todas las sentencias, va a resultar ahora que la parte ganadora de las sentencias va a tener que ser partícipe de la factura que por la inutilidad del Gobierno vamos a tener que pagar con el esquema de sanciones. Y eso no es justo, señor Montoro, no es justo.
Usted tiene mecanismos --otros mecanismos que si no utiliza será porque no quiere-- para poder obligar y cumplir con lo que marca la Comisión Europea. Los tiene: léase el concierto, aplíquelo, hay comisiones que no tienen funcionamiento y que debieran funcionar, y léase también los artículos 3 y 4 del concierto. Si se los lee y los aplica estará en el ámbito de la responsabilidad, si no, estará en el ámbito de la irresponsabilidad, señor Montoro.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, ustedes vienen siempre con sus discursos hechos con independencia de las respuestas que merezcan del Gobierno. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Su discurso es, como siempre, el de la incoherencia del Partido Socialista. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Usted, como Partido Socialista, habla desde La Rioja de manera distinta a como habla el Partido Socialista en el País Vasco, señoría. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) El concierto económico, la convivencia de las haciendas forales con las haciendas de régimen común es fundamental, como es fundamental también defender el concierto económico del País Vasco.
(Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Pero aplícalo, aplícalo!) Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España junto al Gobierno vasco, defender el procedimiento ordinario ante las Comunidades Europeas, y lo estamos aplicando, señoría. Ya he dicho que me he dirigido al Gobierno vasco para que dé traslado a las haciendas forales, que son las competentes a la hora de identificar los beneficiarios de esas ayudas fiscales, para que procedan a su devolución.
(El señor Pérez Sáenz hace signos negativos). Es decir, estamos actuando, estamos yendo por el procedimiento que debemos seguir dentro de la normalidad y dentro de la defensa del concierto económico, las instituciones vascas y las haciendas forales en el ordenamiento del Estado de las Autonomías en España.
O sea que no saque usted pecho, señoría, no saque usted tanto pecho y no alce tanto la voz porque eso se lo tiene que explicar usted a los senadores del Partido Socialista Vasco (El señor Pérez Sáenz: Están de acuerdo conmigo), explíqueselo usted a su propio grupo parlamentario y deje de incurrir en incoherencias y contradicciones que, por lo demás, son lo normal en el Partido Socialista en esta Cámara y en todo el planteamiento del Estado de las Autonomías en España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DEL ULTIMO INFORME DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) SOBRE FISCALIDAD DE LOS SALARIOS (680/001106).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Lerma, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca del último informe de

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la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre fiscalidad de los salarios.
Tiene la palabra el senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Señor ministro, recientemente se publicaba el informe de la OCDE sobre la fiscalidad de los salarios, en el que se destacaba el hecho de que para los años estudiados en el último informe --2001 y 2002-- la fiscalidad de los salarios en España había crecido un 1,1 por ciento y era, según el mismo informe, el crecimiento mayor de los países de la Unión Europea; me parece recordar que seguían Luxemburgo con el 0,7 y Bélgica con el 0,5 aproximadamente.
¿Tiene el señor ministro algo que decir al respecto? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la política de reforma tributaria de bajada de los impuestos del Gobierno consiste precisamente en reducir la brecha fiscal, es decir, la diferencia entre el salario bruto y el salario líquido, para favorecer de esa manera la contratación y el empleo y la igualdad de oportunidades por parte de los ciudadanos a la hora de acceder a los puestos de trabajo.
Lo que dicen los informes de la OCDE es que desde el año 1998 al año 2002, en que se cierra ese informe, ha descendido para un trabajador soltero sin hijos en un punto y para el caso del trabajador casado con dos hijos la reducción es de 2,4 puntos porcentuales, teniendo en cuenta el impacto de la primera reforma del IRPF, sin tener en cuenta la bajada de cotizaciones sociales, que ha sido muy importante, de manera selectiva en España y que está reduciendo esa brecha fiscal, y sin tener en cuenta, señoría, la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en este año 2003, que va a favorecer precisamente a las rentas salariales y, por tanto, va a impulsar la contratación y el empleo en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero destacar que el señor ministro y antes el Ministerio de Hacienda había dado una explicación al respecto que era gracias al crecimiento del empleo y también al aumento de los salarios, pero lo bien cierto es que el informe final lo que dice es que España lidera el crecimiento de la fiscalidad en materia de salarios no en los países de la OCDE en su conjunto, pero sí en los países de la Unión Europea; dice que el incremento de los años 2001 y 2002, justo cuando se aplica la reforma fiscal que dice reducir los impuestos de los ciudadanos españoles, es el 1,1 por ciento. Casualmente, cada vez que tenemos un informe sobre fiscalidad, sólo el Gobierno dice que la fiscalidad en España se ha reducido, porque el resto de los informes internacionales dicen que para la fiscalidad en general había subido la presión fiscal en España 2,2 puntos y que había subido la fiscalidad sobre los salarios el 1,1 por ciento en estos dos años casualmente. No quiero decir más. Simplemente me parecen bien los propósitos que el Gobierno manifiesta al respecto de que hay que cerrar la brecha fiscal y que efectivamente hay que reducir la fiscalidad sobre los salarios y sobre los asalariados, en concreto.
En materia de fiscalidad sobre los salarios, efectivamente España no es de las que más fiscalidad aplica en su conjunto y lo bien cierto es que, al menos para determinados empleos, hay que procurar reducirla, tal y como manifiesta el Gobierno, pero lo cierto es que al final, cuando llegan los informes internacionales, lo que ocurre es que da la impresión de que la presión fiscal no baja, sino que sube, lamentablemente, porque parece que el propósito del Gobierno no es ése.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor presidente.
Su señoría convendrá conmigo en que la comparación la tendrá que hacer con el año 1998, es decir, con lo que ha ocurrido del año 1998 al año 2002 porque es cuando entra en vigor el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que reduce drásticamente la brecha fiscal y es a continuación, en el año siguiente, debido al incremento monetario de los salarios en España, por lo que sube esa brecha fiscal, efecto que se corrige con la nueva rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A través de las reformas fiscales estamos reduciendo en España la brecha fiscal, estamos reduciendo la diferencia entre salario bruto y salario líquido, y le insisto además en el argumento de que también lo estamos haciendo a través de la reducción selectiva de las cotizaciones a la Seguridad Social, y eso es lo que está trayendo más empleo a España, señoría, eso es lo que está permitiendo que haya 4 millones de empleos creados del año 1996 a acá, que además también se verán completados con la creación de empleo del año 2003 como consecuencia de la reducción del nuevo Impuesto sobre la Renta.
Si la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es ésa, señoría, tendría que haber apoyado la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2003. No lo ha hecho, señoría, pero que no se preocupen los contribuyentes españoles porque ya han visto cómo se baja el Impuesto sobre la Renta en el mes de febrero, además de en sus nóminas y en sus pensiones, a pesar del voto contrario del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


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--DE DON CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA EVOLUCION DE LA CAMPAÑA DE DEVOLUCION RAPIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) (680/001118).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don César José Mera, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la evolución de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tiene la palabra el senador Mera Rodríguez.


El señor MERA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, con motivo de la primera reforma del IRPF que aprobó el Gobierno del Partido Popular en la Ley 40/1998, se creó el sistema de gestión de devolución rápida. Dicho sistema permite al contribuyente que lo desee, bajo determinadas condiciones, poder solicitar la devolución de las retenciones soportadas en exceso a que pueda tener derecho sin necesidad de presentar declaración. Los contribuyentes no deben realizar la liquidación correspondiente, es la Administración la que realiza los cálculos necesarios para determinar el importe de la devolución que en su caso corresponda. Se reduce el plazo de obtención de la devolución, con las ventajas que esto supone para el contribuyente, y la mayor parte de estas devoluciones suelen hacerse en los meses de marzo y abril.
Por ello, señor ministro, le pregunto: ¿cómo está evolucionando la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, un año más hemos puesto en marcha esta campaña de devolución rápida. Es un procedimiento con el que los contribuyentes que no tienen obligación de declarar disponen de un sistema fácil, seguro y rápido.
Fácil porque no hay que hacer cálculos ni esperar a recibir los certificados de retenciones, basta con rellenar la solicitud; seguro, porque es la Agencia Tributaria la que hace los cálculos, con lo que evitamos errores, imprecisiones paralelas y sanciones y rápido, porque las devoluciones se han iniciado en la segunda quincena de marzo. En cualquier caso, las solicitudes que no tengan incidencias estarán resueltas, en su gran mayoría, antes del 15 de mayo. En esta nueva campaña de devolución rápida la Agencia Tributaria emplea todos sus sistemas de apoyo y ayuda a los contribuyentes. Destacan el Programa de ayuda para devolución rápida, Proder, el empleo del centro de atención telefónica y de la página web y el envío de dos millones de cartas personalizadas a los contribuyentes, adjuntando la solicitud correspondiente. En este caso, si desean acogerse al sistema sólo tendrán que firmarla y remitirla por correo o confirmarla por teléfono.
Los últimos datos disponibles ponen de manifiesto que se han presentado 600.944 solicitudes, lo que significa un 3 por ciento más que en el ejercicio anterior; se han atendido 461.633 llamadas solicitando información sobre el procedimiento de devolución rápida o para la confirmación de los datos del modelo 104, esto supone un 30 por ciento más, y ya han comenzado a realizarse las primeras devoluciones, se han emitido 49.638 devoluciones, un 57,7 por ciento más, por un importe de 5.638.000 euros, lo que representa prácticamente un 50 por ciento más que el año pasado. Por consiguiente, la campaña se está desarrollando satisfactoriamente, en favor claramente de la simplificación del impuesto y de la seguridad jurídica que ello entraña.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS DIFICULTADES QUE TIENE EL GOBIERNO PARA FINANCIAR LA EJECUCION DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (PHN) CON CARGO A LOS FONDOS EUROPEOS (680/001103).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María Antonia Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las dificultades que tiene el Gobierno para financiar la ejecución del Plan Hidrológico Nacional con cargo a los fondos europeos.
Tiene la palabra la senadora Martínez García.


La señora MARTINEZ GARCIA: Bienvenida a esta Cámara, señora ministra.
La primera víctima de una guerra es la verdad, lo estamos oyendo machaconamente estos últimos días, y en la guerra del agua, esa segunda guerra que tiene entre manos el PP, también, y buena prueba de ello fue la fijación de la posición del Grupo Parlamentario Popular en el debate de ayer en el Congreso de los Diputados y, por qué no decirlo, algunas de las declaraciones que en sus primeras entrevistas ha hecho la ministra en relación con la financiación del Plan Hidrológico Nacional. Es por ello que le hago esta pregunta en los términos que ha leído el señor presidente.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, permítanme que en mi primera intervención en la sesión de control en esta Cámara exprese mi satisfacción por estar entre ustedes como miembro del Gobierno y a su entera disposición para informarles,

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analizar, evaluar y someter a ustedes a control las políticas medioambientales sobre las que en este momento ejerzo la responsabilidad.
Señoría, el Gobierno puede afrontar la financiación de las obras previstas en la Ley 10, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional. La programación plurianual contenida en los escenarios presupuestarios que está preparando el ministerio de acuerdo con la Ley de Estabilidad recoge el Plan Hidrológico Nacional. Cuestión distinta es, señoría, lo que respecta a la cofinanciación europea del Plan Hidrológico Nacional, que como usted bien sabe se va recibiendo conforme se presenten los proyectos con toda su justificación y sus requisitos. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra la senadora señora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, tengo que reconocer que le ha sentado muy bien la entrevista con la comisaria europea de Medio Ambiente. De ahí salió algo más centrada y más apegada al terreno en una materia a la que yo entiendo que acaba de llegar, porque sus primeras declaraciones no se correspondían precisamente con la actitud que ahora tiene, y le voy a decir por qué. Porque hasta ahora están intentando esconder sus obligaciones y responsabilidades con mentiras y con ciertas insidias.
(Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señora ministra, me alegro de que puedan afrontar la financiación, les veo muy sobrados últimamente, pero no se confíen porque tienen una mayoría absoluta muy inútil para muchas cosas (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Una señora senadora del Grupo Parlamentario Popular: ¡Huy, inútil!) Y lo digo por lo siguiente, están muy preocupados por nuestra posición. Las discrepancias del Grupo Parlamentario Socialista con el Plan Hidrológico Nacional se pusieron de manifiesto en la votación del plan, pero quiero recordarle que mi grupo votó a favor de las obras contenidas en el Anexo II, que son las únicas que en la memoria económica de la ley tienen asignada financiación europea. El famoso trasvase del Ebro ni tenía asignación financiera europea prevista ni la tiene todavía, y lo ha reconocido la señora ministra cuando a la salida de esa visita con la comisaria europea reconoce que no ha pedido todavía la solicitud de la financiación europea porque están sin hacer los proyectos y las declaraciones de impacto ambiental. Si hasta ahora hay problemas, esos que ustedes dicen que hay en la financiación europea --que motiva la presentación de mociones en el Congreso, y ya se ha anunciado otra en el Senado-- es por la propia ineptitud del Gobierno, señoría, y la falta de desarrollo de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, y sobre todo porque no han sido capaces en casi tres años de cerrar el expediente de oficio que abrió la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión Europea, a la que han estado mareando en estos últimos tres años, ocultándole información, y se han visto obligados ahora, casi cuando se van a cumplir dos años de la entrada en vigor de la ley, a que se desarrolle el debate técnico y científico que el Gobierno no permitió que se hiciera en este país ocultando más de 200 informes encargados a los científicos españoles, y eso lo va a hacer ahora la Comisión Europea, y para eso ha convocado una reunión de expertos y científicos que se va a celebrar, como muy bien anunció la propia señora ministra, en Ispra, Italia. A partir de ahí se podrá empezar a hablar de la financiación europea de este plan.
Por tanto, señora ministra, me alegro de verla esta mañana tan centrada.
No sé si ahora en la réplica que usted cierra con toda legitimidad se dedicará a echar la culpa a lo que enredamos los socialistas, pero les digo que son ustedes una mayoría muy inútil cuando tanto necesitan de nuestra avenencia, de nuestro voto y de nuestro apoyo, cuando están tan sobrados... (Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


La señora MARTINEZ GARCIA: Hoy lo ha dicho la ministra y ayer lo dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, van a hacer el trasvase del Ebro y van a financiarlo con financiación europea y sin financiación europea.
Estamos a mediados del año 2003, los fondos europeos se terminan en el 2006. ¿Qué pasa con los fondos a partir del 2006? Este Gobierno, como el señor Aznar se va, no tiene... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señoría, por encontrarme más centrada, pero yo ni miento ni soy insidiosa y además me niego a entrar en estas cuestiones. (La señora Coloma Pesquera: ¡Muy bien!-- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señoría, permítame informarle con precisión sobre la situación en la que nos encontramos. En relación con los proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2000-2006, actualmente existe decisión firme de la Comisión Europea para cofinanciar los siguientes proyectos, todos ellos mayores de 50 millones de euros: La desaladora de agua de mar de Carboneras... (La señora Martínez García: Anexo II), ...
la impulsión de la desaladora de Carboneras a la Venta del Pobre... (La señora Martínez García: Anexo II), ... y la presa del Arenoso... (La señora Martínez García: Anexo II). Como usted sabe, el mecanismo de aprobación o confirmación de la cofinanciación que tiene el Feder supone que sólo los proyectos con importe mayor de 50 millones de euros requieren comunicación anticipada y aprobación expresa de la Comisión Europea para poder ser cofinanciados antes de ser incluidos en los correspondientes programas operativos. Su inclusión está condicionada a las salvedades que presente la

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Comisión Europea o los comités de seguimiento. (La señora Martínez García: ¡Claro!) Los primeros comités de seguimiento, señoría, de los programas operativos Feder, marco 2000-2006, se han celebrado y actualmente estamos resolviendo dudas que surgieron en esos comités, aportando en su caso información adicional.
La Comisión Europea se encuentra en un proceso de consultas y análisis de las obras antes de emitir su correspondiente valoración. La financiación con fondos de cohesión, como bien ha dicho su señoría, se está tramitando en gran parte en las obras previstas en el Anexo II y también está sometida a información europea.
En relación con las obras previstas para la transferencia de caudales, estamos analizando y elaborando los estudios ambientales que nos permitan tramitar la preceptiva declaración de impacto ambiental.
En el poco tiempo que llevo en el ministerio, como usted dice, señoría, pero no tan poco tiempo en el Gobierno, he constatado algo: las actuaciones llevadas a cabo ante la UE, y en especial denunciando supuestas irregularidades medioambientales de los proyectos por distintos colectivos y por distintos gobiernos autonómicos, pueden suponer retrasos importantes en el procedimiento para obtener la financiación a la que España tiene derecho, señoría, y de eso debemos ser conscientes, y, como dice usted, nos estamos refiriendo a un período de tiempo determinado.
(Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


--DE DOÑA ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY DE MONTES (680/001113).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña Rosa María Fernández Pacheco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración del anteproyecto de modificación de la Ley de Montes. Tiene la palabra la senadora Fernández Pacheco.


La señora FERNANDEZ PACHECO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señora ministra, quiero felicitarle por su nombramiento al frente del Ministerio de Medio Ambiente, y le deseo muchísimo éxito en su nueva etapa.
Entrando en la pregunta, los montes son un bien que debemos preservar.
Ayudan a regular el cambio climático y al desarrollo sostenible de la naturaleza. La Constitución Española, en su artículo 130, números 1 y 2, da un tratamiento especial a las zonas de montaña, que hasta ahora se venían regulando por la Ley 18, de junio de 1957. Nos consta, señora ministra, que con la aprobación del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Montes, el pasado 21 de marzo, por el Consejo de Ministros se constituirá un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento.
Por eso me gustaría saber cuáles son los objetivos que el Ministerio de Medio Ambiente va a poner en marcha con este anteproyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Muchas gracias, señor presidente. Señoría, gracias por su felicitación. El mandato constitucional requería una nueva norma de rango legal que regulara nuestros montes y que se adaptara al marco institucional y con consideraciones socioeconómicas y ambientales actuales. El Ministerio de Medio Ambiente elaboró un anteproyecto de ley que presentó a las comunidades autónomas y al Consejo Nacional de Bosques y que fue aprobado, como usted ha dicho, por el Consejo de Ministros de 21 de marzo de 2003. Dicho proyecto tiene por objeto la conservación de los montes españoles, su restauración, mejora y racional aprovechamiento, de acuerdo con el artículo 45.2 de la Constitución Española. El principio básico en el que se asienta el proyecto es el de la gestión forestal sostenible. Además, se han incorporado otros principios como el de la multifuncionalidad de nuestros bosques, la integración de la política forestal en el desarrollo rural, en la conservación del medio natural y en el ámbito internacional, la cooperación entre las administraciones y la obligada participación de todos los agentes sociales y económicos interesados en la adopción de decisiones sobre el medio forestal. Este aspecto de la participación social es de especial relevancia ya que el anteproyecto consolida el Consejo Nacional de Bosques como órgano participativo al que ya se ha presentado el anteproyecto. Se establece como principio general que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión, técnica y material, sin perjuicio de las competencias administrativas de las comunidades autónomas. Se recoge de forma explícita la función social de los montes, tanto los públicos com los privados. Se resalta la cooperación administrativa; se designa a las administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, y en el caso de los montes catalogados de utilidad pública, el proyecto opta por su declaración como dominio público, reforzándose esta institución de gran tradición histórica. Se establecen mecanismos para disponer de una información forestal actualizada y de calidad; se recogen medidas de fomento para promover la gestión sostenible de los montes, estableciéndose determinados beneficios fiscales y subvenciones para sus propietarios.
Espero, señoría, que en la próxima tramitación en esta Cámara puedan conocerse con mayor amplitud y precisión las características de este proyecto de ley de montes y las discutamos juntos.


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Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DON JUAN MANUEL CORRAL PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE FACILITAR EL GOBIERNO ACERCA DE LAS LINEAS GENERALES DE LA REGULACION DEL RUIDO EN NUESTRO PAIS QUE ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (680/001115).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Manuel Corral, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la información que puede facilitar el Gobierno acerca de las líneas generales de la regulación del ruido en nuestro país, que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el senador Corral Pérez.


El señor CORRAL PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, yo también le doy la bienvenida y le deseo los mayores aciertos en el desempeño de sus funciones. La contaminación acústica constituye hoy un problema social de especial relevancia. ¿Podría su señoría informarnos acerca de las líneas generales de regulación del ruido en nuestro país, que está desarrollando su ministerio?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, gracias por su bienvenida. Como conocen sus señorías, el ruido carece en España de legislación básica general de ámbito estatal, existiendo únicamente regulaciones específicas y sectoriales. Además, la Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que ha de ser incorporada al Derecho interno antes del 18 de julio del año 2004.
El Ministerio de Medio Ambiente, consciente de la necesidad de responder a las necesidades actuales y reconducirlas, ha elaborado un anteproyecto de ley del ruido que nos permita luchar de forma contundente y eficaz contra la contaminación acústica. Este anteproyecto no sólo regula los aspectos contenidos en la directiva comunitaria sino que ofrece un tratamiento global del problema.
Pretendemos establecer objetivos de calidad acústica para prevenir, vigilar y corregir esa contaminación a fin de garantizar el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la protección de la salud, así como el derecho a la calidad de vida y a un medio ambiente adecuado.
En el ámbito de aplicación del anteproyecto se incluyen todos los emisores acústicos con excepción de las actividades domésticas, las actividades militares y el ruido en los lugares de trabajo, que tienen su legislación específica.
El Gobierno ha de fijar los objetivos de calidad acústica atendiendo a los distintos usos del suelo para garantizar un nivel mínimo de protección en todo el territorio del Estado. También fijará el Gobierno los objetivos de calidad aplicables al espacio interior habitable de las edificaciones.
Un supuesto particular previsto en el proyecto de ley son las denominadas zonas de servidumbre acústica en los territorios situados en el entorno de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, portuario o aéreo o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente.
Para lograr el mayor cumplimiento de los objetivos de calidad, las administraciones podrán desplegar las siguientes acciones preventivas: planificación territorial y planeamiento urbanístico, que deberán acomodarse a la ley; autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental y vigencia de actividades clasificadas; autocontrol de las emisiones acústicas por los titulares de las emisoras; prohibición, salvo excepciones muy excepcionales --valga la redundancia-- de licencias de edificación con incumplimiento de objetivos de calidad; creación de reservas de sonido de origen natural. Asimismo, puedo informarle, señoría, de que el anteproyecto se ha remitido a los consejeros autonómicos, a la Federación Española de Municipios y Provincias, a numerosas asociaciones y a sectores interesados por esa norma legal, y ha sido objeto del informe favorable del Consejo de Estado. Esperamos que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo próximamente y que sea enviado a las Cortes Generales para su tramitación.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


INTERPELACIONES:

--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA VALORACION QUE REALIZA EL GOBIERNO ACERCA DEL PROCESO DE APLICACION DE LA LEY ORGANICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (LOU), ESPECIALMENTE DEL SISTEMA DE EVALUACION Y ACREDITACION DE PROFESORES Y DE LA ADAPTACION AL ESPACIO EDUCATIVO EUROPEO (670/000188).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden de día: Interpelaciones.
La interpelación del senador Ríos Pérez ha sido retirada. Las interpelaciones de los senadores Chivite Cornago y Sanz Carramiñana y de la senadora Arnáiz de las Revillas han sido aplazadas.
Debatimos, pues, la interpelación del excelentísimo señor don Josep Varela, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la valoración que

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realiza el Gobierno acerca del proceso de aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), espacialmente del sistema de evaluación y acreditación de profesores y de la adaptación al espacio educativo europeo.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el senador interpelante.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, todos estamos de acuerdo, y sobre todo usted, en que tanto la educación básica como la universitaria son importantísimas, y, por tanto, que se aplique la LOU con la máxima eficacia va en interés de todos y en especial --insisto-- de usted misma, y hay que saber cómo se engarza esta aplicación en la adaptación a las directrices que nos marca el proceso de Bolonia. Es un marco general importante, y me parece fundamental conocer las opiniones del Gobierno expresadas por usted en esta cuestión tan esencial para el futuro del país.
En general, se considera que el desarrollo reglamentario de la LOU es lento, por tanto, la primera cuestión que planteo es conocer el calendario que piensa elaborar el ministerio para desarrollar reglamentariamente toda la Ley Orgánica de Universidades. Esta es la primera cuestión.
La segunda cuestión es conocer con un poco más de detalle su opinión sobre el proceso de integración y creación del espacio europeo de educación superior. En general, existe un consenso sobre los llamados créditos ECTS, European Credit Transfer System. Creemos que sobre esa cuestión hay un consenso más o menos alcanzable, así como sobre el suplemento europeo de títulos. Sobre estas cuestiones no parece que vaya a haber polémicas, pero si puede hacer algún comentario al respecto se lo agradeceré.
Donde sí hay polémica y es interesante saber a dónde vamos y cuál es la opinión del Gobierno al respecto es sobre la duración que han de tener las carreras, el grado y el postgrado. En este tema hay polémica y es muy importante saber su opinión.
Las actuales diplomaturas ¿han de ser de tres o de cuatro años? Hay diversas opiniones y se han publicado diversos artículos. Hace poco leía la opinión de Saturnino de la Plaza, rector de la Politécnica, que reclamaba titulaciones de cinco años para las politécnicas. El rector de Barcelona pedía cuatro años. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) La opinión de nuestro grupo es que las diplomaturas deben mantener el grado de tres años, y hacerlo de manera diferente crearía un caos legislativo, un caos profesional y unas dificultades económicas enormes que no sabemos si estamos en disposición de asumir o, en todo caso, si el coste económico de pasar el grado de tres años a grado de cuatro años iría en detrimento de otras necesidades perentorias que tenemos. Por ejemplo, los diplomados tienen categoría administrativa de tipo B y los licenciados de tipo A. Si todos los diplomados pasan a ser licenciados, ¡menudo coste para la Administración! Es una medida que hay que pensar mucho antes de adoptarla, y que quede claro que la posición de Convergència i Unió es grado de tres años y el máster de uno o dos años.
Nos gustaría saber muy claramente cuál es la opinión del ministerio al respecto.
Segunda cuestión en relación con el espacio europeo. Hace poco ha salido un informe del Parlamento Europeo que presentaron los comisarios de educación y de investigación, Viviane Reding y Philippe Busquin, respectivamente, en el cual hacían un llamamiento a que las universidades europeas se conviertan en una referencia mundial de calidad --en este llamamiento estamos todos de acuerdo--. Hago mención de esta comunicación porque hay dos cosas que son interesantes. Primero, porque hacen referencia explícita a las universidades como polos de desarrollo económico local y regional, es decir, potenciar la dimensión regional de las universidades. Esto es lo que piden en ese comunicado del Parlamento Europeo presentado por los comisarios. Segundo, invita a un debate a las universidades y a las autoridades para que aquéllas contribuyan mejor a las necesidades y estrategias locales y regionales. Concretamente dice: Iniciativas adecuadas deberán ser investigadas por los ministros de Educación y de Investigación. En el propio documento pone que se discutirá en verano y, posteriormente, en la cumbre de Berlín de ministros de Educación.
Pregunto sobre esta cuestión relativa a las iniciativas para fomentar la categoría de las universidades y su papel en el fomento local y regional.
Quisiera saber qué piensa el ministerio porque hay una invitación concreta a las autoridades en Educación.
Finalmente quisiera hacer una pequeña aclaración. Antes he dicho que consideraba lento el desarrollo reglamentario de la LOU, pero he de decir que en realidad, en lo que a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación se refiere --la llamada ANECA-- ha sido rápido.
Dentro de ese desarrollo se está produciendo una situación conflictiva que creo todos deberíamos contribuir a arreglar ya que situaciones así no son nada agradables.
Me he olvidado de traer lo manifestado la semana pasada por don Julio Iglesias de Ussel, secretario de Estado de Educación, en la comisión correspondiente, acerca del anterior plan de evaluación de las universidades. El reconocía allí explícitamente que la colaboración con las comunidades de Cataluña y Andalucía fue positiva. La pregunta elemental que nosotros nos hacemos es si esta colaboración fue positiva en el pasado, ¿por qué no se sigue en ese mismo camino? ¿Por qué hemos de cambiar de método si todo el mundo estaba satisfecho con esa colaboración, empezando por las agencias autonómicas y terminando por el propio ministerio según expresó el Secretario de Estado? ¿Por qué hay que cambiar si además parece que ese cambio podría incluso no ser positivo? Hay un decreto que se publicó en octubre de 2002 que regula la contratación de personal docente e investigador universitario y en el que se le dan competencias a la ANECA, pero desde el Gobierno de la Generalitat y desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió consideramos que con él se invaden competencias autonómicas. Por eso, después de haber hecho

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un requerimiento se ha planteado un conflicto positivo de competencia. A nosotros nos parece que este decreto sólo va a producir tensiones --de hecho ya las está produciendo-- y, como he dicho antes, no es acorde con el buen funcionamiento habido en relación con el plan de evaluación de la calidad de las universidades de años anteriores. En este decreto se descartaron, sorprendentemente para nosotros, unas alternativas normativas respetuosas hacia las competencias autonómicas derivadas del bloque de constitucionalidad, unas medidas con vistas a que las evaluaciones y certificaciones de las agencias autonómicas sean reconocidas y puedan tener los mismos efectos en todo el territorio estatal. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El que nosotros pidamos que se haga una lectura abierta de la LOU se puede interpretar de varias maneras. Nosotros la interpretamos --y por eso votamos a favor-- de manera que se respeten las competencias autonómicas de cara a la evaluación de la calidad de los profesores contratados, que es uno de los objetivos esenciales de la política universitaria del Gobierno de la Generalitat, el poder hacer una política propia con los contratados --evidentemente en lo que a los funcionarios se refiere es competencia de la ANECA y ahí no hay ninguna discusión--. Eso nos quedó claro cuando se discutió la LOU, pero ahora nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que en la aplicación del reglamento de la LOU se invaden competencias. Como decía en algún otro Pleno, se ha descartado la lectura abierta de la Constitución, a la que apela Miquel Roca y, en cambio, han optado ustedes por esa lectura cerrada, torva que preconiza Gabriel Cisneros en lo que respecta a la LOU. Esto se puede interpretar de dos maneras: querer colaborar o querer centralizar, absorber competencias, lo que conduce a unas tensiones absolutamente innecesarias, incomprensibles y desde luego no buscadas.
Por lo tanto, creemos que es una verdadera lástima esta cicatería política porque sin generosidad no se construye nada, ni en lo personal ni en lo político. A veces se dice que la política es fría y maquiavélica, pero las relaciones personales y la lealtad entre los responsables de las instituciones es muy importante. Es básico para poder avanzar y hacer una política progresista.
En ese sentido, el real decreto al que he aludido es desafortunado porque no reconoce los efectos de las agencias autonómicas en todo el territorio y las condena a una situación anecdótica. De hecho, significa tanto como resistirse a dar valor a la actuación pública realizada por un poder público legítimo dentro del Estado español. La agencia catalana de evaluación, la AQU, tiene un prestigio internacional tremendo, ganado a pulso después de muchos años. Desde el año 1998 ó 1996 --no lo recuerdo ahora-- es miembro fundador de la agencia europea de evaluaciones; no es la única, ni mucho menos, pero, al igual que otras agencias, tiene un gran prestigio. ¿Por qué hay que ningunearlas de esta manera? Señora ministra, deberían replanteárselo para poder hacer la política progresista que solicito. Espero que comparta nuestra opinión en cuanto a la necesidad de buscar acuerdos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Varela.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señor presidente.
Senador Varela, me alegro de que haya planteado esta interpelación porque nos va a permitir conocer cuál es el estado de la cuestión desde la perspectiva de la gestión que está desarrollando el ministerio en relación con la Ley Orgánica de Universidades. Sin duda, usted ha planteado temas extraordinariamente interesantes y algunos serán cruciales en la definición de nuestro futuro sistema universitario en el contexto del sistema universitario en Europa. A todo ello me voy a referir, así como a las cuestiones más específicas que ha planteado usted en el transcurso de su intervención.
Lo primero que tengo que decir es que, a mi modo de ver, su calificación de ritmo lento no responde a la realidad, y voy a relatar todo lo que se ha hecho desde que se aprobó la Ley Orgánica de Universidades el 21 de diciembre del año 2001. Es fácil comprobar que hay un buen ritmo, un ritmo en el que están trabajando todos los actores implicados de una manera positiva y convergente: rectores, comunidades autónomas, miembros designados por las Cámaras en el Consejo de Universidades, etcétera.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica el 21 de diciembre del año 2001 han sido numerosas las iniciativas relacionadas con los compromisos incluidos en ese texto legal que se han puesto en marcha y han sido impulsadas por el Gobierno. Como le decía, voy a relatarlas.
Empezaré por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que es el último de los aspectos que usted ha abordado.
Explicaré someramente cuáles son las funciones de la ANECA para, luego, abordar específicamente las cuestiones que usted ha planteado. Por acuerdo del Consejo de Ministros del 19 de julio del año 2002 se constituyó la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, tal y como preveía la Ley Orgánica de Universidades. Por tanto, se trata de un primer desarrollo reglamentario a los seis meses de aprobarse la ley, pues estamos hablando del 19 de julio del año 2002.
Pues bien, mediante dicho acuerdo se autoriza el ejercicio de las funciones atribuidas por la ley a este órgano en materia de evaluación de la calidad del sistema universitario.
El objetivo primordial de la ANECA es medir el rendimiento del servicio público de la enseñanza superior conforme a procedimientos, objetivos y procesos transparentes.
La ANECA lleva a cabo las funciones de evaluación y las conducentes a la certificación y acreditación de las enseñanzas para los siguientes objetivos. Primero, la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio

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nacional; segundo, las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las universidades y centros de educación superior; tercero, las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario; cuarto, las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior; quinto, otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y también de la investigación por parte de las administraciones públicas.
Señoría, el objetivo es dotar al sistema de mecanismos que sean homogéneos para poder evaluar y que permitan obtener la información más precisa para la toma de decisiones por todos los agentes del sistema, tanto por las administraciones públicas como por los alumnos y todo el personal de servicio de las universidades.
Para que esta agencia nacional comenzara sus primeras tareas, en concreto las relativas a la evaluación de las actividades docentes de investigación y de gestión del profesorado universitario que va a ser contratado bajo el régimen general por todas las universidades españolas, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, con el fin de establecer el procedimiento necesario para desarrollar dicha evaluación.
Igualmente fueron publicados los criterios establecidos por la ANECA para proceder, de manera transparente, a dicha evaluación. Así, tras la puesta en marcha de este proceso, han sido tramitadas desde el pasado 6 de noviembre, en que se presentó la primera solicitud, más de 2.500 solicitudes de evaluación de profesores de toda España.
También durante el mes de junio del año pasado se constituyó el Consejo de Coordinación Universitaria, y ahora me extenderé en este punto.
Primero voy a referirme a los temas de naturaleza constitucional, de interpretación de nuestra Constitución y de la propia Ley Orgánica de Universidades, que usted ha planteado, en relación a las funciones de esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y de presumibles agencias autonómicas.
Lo primero que tengo que decir es que sólo hay una agencia autonómica que desarrolla parcialmente algunas actividades de evaluación de calidad, que es la que hay en Cataluña, pero que no ha desarrollado todavía evaluaciones de calidad del profesorado; es decir, no se dedica ni se ha dedicado a eso. Es la única que existe y sólo ha desarrollado una serie de programas parciales de evaluación de calidad que no se refieren específicamente al profesorado.
Usted dice que hay que hacer una lectura abierta de la Constitución. Hay que hacer la lectura de la Constitución que indica la propia Constitución. Es decir, hay que contemplar cuáles son las competencias que la Constitución establece como competencias de la Administración central del Estado y las que establece como competencias de las comunidades autónomas. La lectura abierta de la Constitución no puede significar una lectura abierta en una sola dirección competencial, es decir, abierta respecto de las competencias de la comunidades autónomas, y cerrada respecto de las competencias del Estado, porque eso no sería tampoco una lectura abierta, sería una lectura unidireccional en relación a las competencias de las comunidades autónomas.
Señoría, tiene todo el sentido que sea la agencia nacional la que pueda desarrollar, con validez para todo el territorio nacional y por lo tanto todas universidades, esa evaluación de calidad, esos certificados que tiene que tener el profesorado que va a ser contratado en base a un régimen general de contratación en todas las universidades.
Señoría, la propia ley, en una interpretación que a mí me parece absolutamente adecuada, establece que las agencias autonómicas que se pudieran crear podrán evaluar al profesorado de sus universidades en materia de certificación para la contratación, y que ese profesorado podrá acudir bien a la agencia nacional, y si obtiene la certificación positiva significa que es válido para la universidad en la que va a ser contratado en determinada comunidad autónoma y para el resto del sistema universitario, o bien a una agencia autonómica, en cuyo caso tiene validez para ser contratado en las universidades de esa comunidad autónoma. Si hay una agencia nacional, me parece que tiene todo el sentido que los certificados de evaluación que ésta emita tengan validez para el conjunto del territorio español, del sistema universitario español y, cuando se creen las distintas agencias o, por ejemplo, la agencia catalana asuma estas competencias, que tengan repercusión para las universidades de su sistema universitario.
Esto no tiene parangón, no es comparable con otras cuestiones sobre las que usted afirma que se ha desarrollado un buen trabajo de colaboración porque los planes de evaluación de la calidad no proceden de un sistema como el actual, en base a una ley que establece la creación de una agencia; ésos eran unos planes iniciales que se han ido desarrollando durante unos años, en los que han colaborado todas las universidades. Por tanto, no es sólo un problema de las comunidades autónomas sino de las propias universidades, que son las que han desarrollado en buena medida estos planes. Además, esos planes de evaluación han sido asumidos, desde el punto de vista de su coordinación, por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la ANECA.
En síntesis, porque no podemos quedarnos en esta cuestión ya que sólo tendríamos tiempo de abordar este apartado, la Constitución y los estatutos de autonomía dejan claro cuáles son las competencias de la Administración General del Estado y cuáles son las competencias de las administraciones autonómicas. Por tanto, esa lectura abierta que usted reclama tiene que ser siempre así, pero contemplando el conjunto de realidades que derivan de nuestro marco constitucional, pero sin abrirlo en un dirección y cerrarlo en otra, como podría ocurrir. Realmente, tal y como está planteado el tema, desde el punto de vista jurídico--constitucional, es muy evidente que se tiene que seguir esta dirección.
Como le decía, el mes de julio pasado se constituyó el Consejo de Coordinación Universitaria, que sustituye al Consejo de Universidades, en cumplimiento del mandato previsto en la disposición transitoria primera de la LOU.
Otro de los elementos cruciales que establece la Ley Orgánica de Universidades es el sistema de habilitación

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del profesorado. La Ley Orgánica de Universidades establece un sistema de selección más abierto, más competitivo y más transparente, que redundará en una mejor calidad de la enseñanza, a través de un proceso de habilitación que otorga prioridad a los méritos docentes e investigadores de los candidatos, que garantiza la objetividad de las pruebas y respeta la autonomía de las universidades. Este sistema garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado universitario, funcionario y contratado. El Gobierno aprobó la regulación del sistema de habilitación nacional para el acceso a los cuerpos docentes de funcionarios universitarios y el régimen de concursos de acceso mediante el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio.
Por otra parte, la Ley Orgánica de Universidades establece un nuevo sistema de elección a rector en las universidades. Conforme al artículo 20 de la ley, el rector es elegido por la comunidad universitaria mediante elección directa y sufragio universal libre y secreto. Siguiendo este sistema, ya se han producido elecciones en veinte universidades españolas; elecciones que, como bien es conocido --con unos resultados u otros--, han transcurrido con absoluta normalidad.
Usted ha insistido, con buen criterio también, en el espacio europeo de enseñanza superior. Quiero destacar que son ya varias las medidas adoptadas desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el fin de facilitar orientación sobre este asunto. En este sentido, se ha ofrecido material y documentos para que se desarrolle un proceso de discusión a fondo en el conjunto de las universidades españolas, que permita empezar a definir y a decidir esos elementos tan cruciales que usted señalaba antes, como la duración de las carreras, etcétera.
Insisto, el ministerio ha adoptado medidas que afectan muy positivamente al proceso iniciado en la Declaración de la Sorbona, de 1998, que como usted sabe, se consolidó en la Declaración de Bolonia, del año 1999. En este sentido, el pasado 12 de febrero tuve la satisfacción de presentar un documento marco sobre la integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. Este documento marco es un valioso texto de reflexión sobre el reto que significa para las universidades españolas la mejora de la calidad y la plena adecuación de las enseñanzas a las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento.
Asimismo, es un documento de partida, de impulso y de compromiso con todos y con el proceso de construcción europea ya que incluye propuestas, alternativas y un calendario.
El Consejo de Coordinación Universitaria examinó el documento marco en su última reunión, celebrada en Zaragoza el pasado 24 de febrero, y las propuestas incluidas en el documento marco se basan, como no puede ser de otra manera, en las recomendaciones de la Unión Europea, plasmadas en la Declaración de Bolonia, en la Declaración de Praga, de 2001, y en el Consejo Europeo de Barcelona, de 2002.
La reflexión que se inicia con este documento marco debe basarse en dos objetivos básicos: uno, mejorar la calidad de los sistemas universitarios de la Unión Europea y, dos, adecuar las enseñanzas universitarias a las exigencias de la sociedad del conocimiento.
El documento marco incluye una serie de propuestas para conseguir la plena integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza superior. ¿Qué propuestas? Sumariamente las siguientes: Una, la implantación del sistema de créditos europeos. El documento propone la introducción del sistema universitario español en el llamado crédito europeo, que debe quedar definido como la unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas. Dos, la adaptación de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios. El documento pretende armonizar las estructuras de las enseñanzas universitarias españolas con el esquema diseñado en la Declaración de Bolonia, vigente en gran parte de los estados de la Unión Europea. Este sistema incluye un primer nivel de grado y un segundo nivel de postgrado, que podrá dar lugar a la obtención del título de master y/o doctorado. Y el diseño final que hayan de adoptar estos dos niveles será lógicamente debatido en el seno del Consejo de Coordinación Universitaria, que es donde están presentes todos los actores que participan en el ámbito universitario: representantes de las universidades, los rectores, las comunidades autónomas y, además de la Administración del Estado, los miembros nombrados por las cámaras. Luego tenemos también el suplemento europeo al título, iniciativa auspiciada por el Consejo Europeo, la UNESCO y la Asociación Europea de Universidades, que constituye un elemento de transparencia del sistema universitario europeo. Su objetivo fundamental es hacer comprensibles y comparables los títulos en Europa por medio de una información académica y profesional relevante para la sociedad, la universidad y el mundo laboral. Este suplemento será un certificado que se añadirá al título universitario, en el que se va a incluir una completa radiografía de la trayectoria académica y profesional del alumno, lo que va a facilitar la comparación y, por tanto, la movilidad. Tenemos también la acreditación académica y calidad.
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave, como ya hemos insistido, sobre la que pivota la construcción del espacio europeo de enseñanza superior. Para conseguir ese objetivo la ley de universidades, la LOU, crea la ANECA, con lo que España se ha convertido en uno de los primeros países de la Unión Europea en contar con una Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación con todas estas funciones. Proyectos en los que están todos los países de la Unión Europea, pero España es uno de los primeros en los que se introduce estos criterios, según lo establecido en el proceso de convergencia de Bolonia.
En cuanto al calendario de aplicación, en el propio documento marco se establece que el ministerio enviará al Consejo de Coordinación Universitaria, en el plazo de dos meses, los proyectos de reales decretos que desarrollen diferentes propuestas sobre el proceso de convergencia europea, plazo en el que nos encontramos puesto que estamos acabando de definir el documento marco, y que es un plazo muy razonable para enviar esos documentos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Inmediatamente, señor presidente.
En fin, como dice el presidente, tengo que ir acabando, y creo que este tiempo, sin duda, es breve para la importancia de la materia, pero suficiente para explicar de manera sumaria los contenidos y el estado de la cuestión en cuanto al desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades.
No obstante, en el turno de réplica y contrarréplica tendremos alguna posibilidad de adicionar algo más.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Varela.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Tiene la palabra el senador interpelante, señor Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra.
Su respuesta, desde nuestro punto de vista, no ha sido muy positiva para nuestros intereses y para los generales del país porque se mantiene en sus trece respecto a la ANECA, y en ese sentido vamos en direcciones encontradas y no positivas para el progreso del país.
Ha comentado usted que la interpretación ha de ser abierta en todas direcciones y en mi primera intervención he afirmado que reconocemos la competencia de la ANECA en la habilitación, por tanto, no hay discusión en este punto ; donde sí la hay es en la evaluación y acreditación del profesorado.
Nosotros presentamos enmiendas a los artículos 31 y 32 de la LOU en las que se reconocía esto y nadie negó nada en ese sentido. Desgraciadamente, esto lo tendrá que ver el Tribunal Constitucional, pero es triste que debamos estar siempre recurriendo a este organismo, cuando se podría haber acudido a convenios, que la ANECA hubiera establecido unas normas básicas o que se hubieran impulsado convenios entre las diversas autonomías, etcétera. Por tanto, sin ánimo de ofender, es una interpretación políticamente cicatera, de vía estrecha, de pocas perspectivas de futuro.
Señora ministra, en Alemania cada «land» tiene su agencia, y no hay una agencia alemana sino un organismo de coordinación de normas básicas entre los «länder». Escocia tiene su agencia de evaluación e Inglaterra tiene la suya, son independientes y funcionan ambas, y no debemos pensar que Inglaterra y Alemania sean ejemplos a no imitar.
Quiero decir que deberíamos funcionar entendiéndonos, a través de convenios, hay posibilidades para hacerlo y lo que no comprendo es por qué no se hace y me parece preocupante.
Hace poco he podido leer unas declaraciones de Gemma Rauret, directora de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, que decía lo mismo, que a larga deberemos entendernos, porque no puede ser que acudamos a reuniones en Europa, que allí se nos reconozca y sin embargo en Madrid no. Esto es inaudito y constituye una política separadora. No reconocer los organismos existentes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León es empobrecedor y existen mecanismos para regular esto y conseguir la homogeneidad a la que usted ha aludido.
Es una pena que no se haya avanzado en ese sentido, es una cuestión de sensibilidad, como antes he hecho referencia. He mirado la web de ANECA y hay un discurso de Ismael Crespo, su director, que durante una conferencia celebrada en París habló de la LOU y de la aplicación de la agencia, pero en ningún momento menciona las agencias de las autonomías, parece como si les diese vergüenza.
El otro día también he podido leer un documento enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea sobre políticas culturales de los países de la Unión Europea. Alemania habla de los länder; Bélgica habla de sus diferentes lenguas, etcétera. Hay un documento de políticas culturales de la Unión Europea y, sin embargo, el Gobierno español en su informe no habla para nada de las autonomías y de las lenguas, tan sólo hace una pequeñísima mención, como si se avergonzara. Esto no puede ser, señora ministra. Hemos de reconocer la realidad plural de España. En la web de la ANECA no existen otras agencias de evaluación españolas; en el icono «Enlaces» aparece la agencia de Francia, la de Flandes, la de Inglaterra, etcétera, pero la agencia de Cataluña o la de Andalucía no. En cambio, en la web de la agencia de Cataluña aparece el Consejo de Universidades y la agencia de Andalucía, aunque todavía no figura la ANECA, pero es un fallo.
Con esto quiero decir ...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Varela, le ruego que vaya concluyendo.


El señor VARELA I SERRA: Termino enseguida, señor presidente.
Insisto en que se trata de que haya una visión abierta del Estado en ambas direcciones. Y, evidentemente, el Gobierno central tiene la obligación de intentar que se firmen convenios sobre esta materia, que exista coordinación y que no se produzcan desviaciones en un sentido u otro. No lo negamos. Pero lo que no puede ocurrir es que apoyemos la LOU para que, entre otras cosas, en Cataluña podamos contar con una política propia de profesorado contratado, algo que en nuestra opinión va en beneficio de las universidades de nuestra comunidad autónoma, y que para la acreditación de dicho profesorado hayamos creado hace ya mucho tiempo una agencia, veterana entre las agencias españolas, y que ahora se la quiera limitar, se la quiera dejar en el desván como si fuera algo anecdótico, como si de una agencia con barretina se tratara. Pues bien, no queremos tener una agencia folklórica, queremos que nuestra agencia tenga todos los reconocimientos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Varela.


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En nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Senador Varela, debemos aclararnos en relación con este tema, pues, ya sea porque se ha dado una información que no ha sido la más precisa, ya sea por alguna otra cuestión de esa naturaleza, podemos caer en confusiones que nos van a impedir conocer realmente la situación.
En primer lugar, hay que decir que en estos momentos ninguna comunidad autónoma cuenta con una agencia de evaluación. Sólo existe la agencia catalana que he citado, pero tiene unas funciones muy específicas que en ningún caso se refieren a la evaluación o acreditación del profesorado --entre otras cosas, porque entonces no existía ese requisito-- ni a la evaluación de la investigación, que se llevaba a cabo por parte de las comisiones nacionales. Por tanto, no se citan otras agencias porque no existen agencias como las que precisamente permite crear la Ley Orgánica de Universidades.
Como digo, la LOU permite crear agencias autonómicas que operen en el ámbito de su territorio. Y lo que usted está planteando es que las decisiones sobre la evaluación que adopte una agencia autonómica --cuando este tipo de agencias se creen o la agencia catalana asuma esas funciones, algo que, repito, permite la LOU-- puedan tener consecuencias en todo el territorio nacional. Pues bien, lo lógico es que la acreditación del profesorado que vaya a ser contratado tenga consecuencias de ámbito nacional, en todo el sistema universitario español, cuando la evaluación se haya llevada a cabo por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación, mientras que sólo tenga consecuencias en el ámbito universitario de la comunidad autónoma si la evaluación ha sido realizada por la agencia autonómica. Así de sencillo.
El profesor que va a ser contratado debe presentar una certificación e imaginemos que todas las comunidades autónomas ya hubieran creado agencias con estas funciones. Pues bien, el profesor puede decidir ser evaluado por la agencia autonómica, con lo cual, esa certificación, positiva o negativa, tendrá validez en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma y, por tanto, en las universidades radicadas en ese ámbito territorial. Pero, por el contrario, puede decidir acudir a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con lo que la certificación que la ANECA emita tendrá validez en el ámbito del conjunto del sistema universitario español.
Por otro lado, no existe ninguna reinterpretación de lo que se establece en la ley. Precisamente debido a que existe una visión tan abierta en las dos direcciones desde el punto de vista competencial avanzamos mucho en ese campo con la Consejería de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información del Gobierno de la Generalitat, y llegamos a una serie de acuerdos que posteriormente se sustanciaron en el apoyo del Grupo de Convergència i Unió a la Ley Orgánica de Universidades. Y exactamente lo que dice esa ley es lo que estamos desarrollando. Otra cosa es que se quiera interpretar de otra manera, interpretación que, sinceramente, no voy a adjetivar, a diferencia de lo que usted ha hecho.
Pero simplemente se trata de esto. Es un problema de distribución competencial, respecto de lo que las cosas están muy claras, tanto en el ámbito autonómico como en referencia al conjunto del sistema universitario español.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


MOCIONES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (662/000287).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Finalizado el debate de las interpelaciones, pasamos al siguiente punto del orden del día.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de Educación, Cultura y Deporte.
A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Inicialmente, corresponde la defensa de la moción y para ello, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy seguro de que todos ustedes saben perfectamente que el artículo 178 del Reglamento del Senado, un artículo referido a las mociones, establece en su punto primero que el presidente de la Cámara dará inmediatamente cuenta al Gobierno o al órgano correspondiente de la aprobación de las mociones. Y en el segundo, continúa diciendo que, dentro de los seis meses siguientes, el Gobierno o el órgano correspondiente deberá informar sobre el cumplimiento dado a las mismas.
Dicho informe será publicado por la Cámara.
El Grupo Parlamentario Socialista estimó conveniente presentar esta moción porque desde septiembre de 2000 hasta marzo de 2002, justo la mitad de la legislatura, la primera mitad, se aprobaron en esta Cámara una serie de mociones referidas al ámbito de Educación, Cultura y Deporte sobre las que no tenemos ninguna noticia de su cumplimiento.
De entre todas ellas --hay más--, hemos seleccionado cinco: dos del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y una del Grupo Parlamentario Socialista. Y vaya por delante que no es en absoluto mi intención ni usurpar el trabajo ni restar un ápice del mérito a aquellos a

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quienes las defendieron en su momento. Todo lo contrario, lo que pretendo es poner de manifiesto que o bien la Presidencia del Senado incumple su obligación de dar inmediata cuenta al Gobierno de las mociones aprobadas por la Cámara, con lo cual el Gobierno no se entera --posibilidad que descarto radicalmente--, o bien el Gobierno --que es lo que yo creo-- hace caso omiso de los acuerdos que se adoptan en esta Cámara.
En una de las mociones --voy a dar un repaso muy somero a todas ellas para llegar luego a la conclusión--, defendida el 12 de septiembre del año 2000 por el senador Campoy Zueco, se instaba al Gobierno a elaborar una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas, una ley.
Entiendo, señorías, que cuando el grupo parlamentario que apoya al Gobierno presenta una moción no lo hace por la iniciativa o el capricho de ningún senador sino que obedece, con toda seguridad, a la estrategia del propio Gobierno y a las instrucciones que da a sus senadores, en este caso, o a sus diputados, y más, por supuesto, cuando estamos hablando de una moción en la que se plantea la elaboración de una ley. Por tanto, llama poderosamente la atención que dos años y medio después de haberse aprobado esta moción no tengamos noticia de que exista siquiera el anteproyecto de esa ley que reclama la moción citada.
Hablaba el senador Campoy de la importancia y la necesidad de las enseñanzas artísticas. Decía: «La prisa y la técnica, lejos de hacernos olvidar las enseñanzas artísticas, deben garantizar su existencia y su adecuada ordenación, porque la obra artística es capaz de hacernos ahondar en nosotros mismos, algo negado la mayoría de las veces por el estilo de vida actual. Las artes transportan la vida a un registro más alto, arrancan los velos de la visión común.» Hermosas palabras, desde luego, hermosas palabras que no sé si seguirán vigentes para ustedes. No sé si la prisa y la técnica ya nos han hecho olvidar las enseñanzas artísticas, si las artes han dejado de transportar nuestras vidas a otra esfera más elevada y, desde luego, no sé qué es lo que piensan a estas alturas de la legislatura sobre esta presunta ley. Y además, por no saber, tampoco sé si a lo largo de este debate tendré oportunidad de enterarme.
La siguiente moción, también del Grupo Parlamentario Popular, fue defendida el 5 de febrero de 2002 por la senadora Navarro de Paz. En ella se instaba al Gobierno a desarrollar y poner en práctica, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, un plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas.
Decía la senadora Navarro de Paz: «Ya no basta, señorías, con asegurar el derecho a la educación de todos los inmigrantes (...), sino que ese derecho habrá de incluir una educación intercultural y antirracista que integre y a la vez respete la diversidad y las singularidades de los inmigrantes. Pero esa integración y ese respeto a la diversidad no sólo hay que recogerlo en textos legales, señorías, sino que, previamente, hay que sensibilizar a la ciudadanía en general y a los profesores, padres, alumnos e instituciones docentes, para que todas las medidas legislativas que vayan poniéndose en práctica se vean apoyadas por la actitud favorable y abierta de tales colectivos, en pro de esa enseñanza multicultural.» En aquella ocasión no pudimos votar a favor de esta moción y no lo hicimos porque aun estando de acuerdo con el espíritu de la moción, nos parecía --y así lo expresó la senadora Pérez Anguita en la defensa de la enmienda que planteó el Grupo Parlamentario Socialista-- que la moción estaba muy poco definida y que sólo se le pedía al Gobierno, como tantas veces en esta Cámara, una mera declaración de intenciones. Nosotros solicitábamos ir más allá, nosotros solicitábamos medidas concretas, que es algo que todos sabemos que a ustedes les molesta bastante.
Parece que el tiempo ha dado la razón a la senadora Pérez Anguita. De momento la moción no ha pasado de ser eso, una mera declaración de intenciones. Ha pasado más de un año y seguimos igual que estábamos. No sabemos si ustedes siguen defendiendo la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto a la diversidad y las singularidades de los inmigrantes o, a la vista de los acontecimientos recientes, han cambiado de opinión. Desde luego, por no saber tampoco sé si a lo largo de este debate me voy a enterar de cuál es su opinión al respecto.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado dos mociones muy interesantes. Una de ellas, defendida el 26 de septiembre de 2000, instaba al Gobierno a avanzar en las políticas de gratuidad de los libros de textos, a analizar la evolución de la oferta del mercado editorial y librero y a elaborar un informe sobre la liberalización de los libros de texto en el año 2000. Esta moción --recordarán sus señorías-- fue enmendada por el Grupo Parlamentario Popular, que la dejó podríamos decir un poco descafeinada, y fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, tengo la certeza de que una de las cosas que se pedía no se hizo --no se avanzó desde ese año en las políticas de gratuidad de los libros de texto y de ello dan clara muestra los Presupuestos Generales del Estado-- y desconocemos la evaluación de la oferta del mercado editorial porque no sabemos si el Gobierno está impulsando esa realización de informes que se pedía en la moción, en los que se reflejara el número de establecimientos de distribución y edición de libros y la evolución anual de venta al público de los libros en general y de los libros de texto en particular. No sabemos si lo ha hecho.
La otra moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tenía por objeto instar al Gobierno a que fomentase el conocimiento general de la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado español, a promover el conocimiento básico de todas las lenguas españolas diferentes al castellano y a garantizar el pleno derecho de sus ciudadanos a relacionarse con la Administración en el idioma oficial que se eligiera.
Fue defendida, como la anterior, por el senador Varela, en el Pleno del 6 de marzo de 2001. Esta moción, recordarán sus señorías, también fue aprobada por unanimidad, una vez que el senador proponente aceptó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Al día de hoy, han pasado dos años, no sabemos si se han promovido campañas de concienciación pública sobre la pluralidad lingüística del Estado español y tampoco sabemos si el Gobierno ha recomendado

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al Consejo de universidades que estudie la posibilidad de impartir licenciaturas de filología en las distintas lenguas españolas en los planes de estudio de las licenciaturas filológicas ya existentes, aunque sospecho que no.
Por último, el 14 de noviembre de 2000 tuve la oportunidad de defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una moción por la que, una vez aceptada una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, se instaba al Gobierno a elaborar un plan integral del deporte en colaboración con las comunidades autónomas y demás organismos afectados, a la mayor brevedad posible, así como un estudio que valorase económicamente, en un horizonte plurianual y dentro de las disponibilidades presupuestarias de las distintas administraciones, su aplicación.
Señorías, debemos manejar conceptos distintos cuando decimos «a la mayor brevedad posible». Desde luego para nosotros veintiocho meses exceden en mucho a lo que se desprende de esa expresión.
Les voy a hablar con toda sinceridad, señores senadores del Grupo Popular: doy por perdida esa moción que defendí, creía, con razonable éxito, la doy por arrojada al cubo de la basura. La doy por perdida porque, si el Gobierno no atiende las mociones defendidas y aprobadas por el Grupo Parlamentario Popular, es decir, por los suyos, cómo vamos a tener la más mínima confianza de que se vayan a tramitar mociones presentadas por los grupos de la oposición, mociones casi siempre mutiladas por las enmiendas del grupo mayoritario, convertidas en la sombra de lo que eran originalmente y aprobadas casi siempre a regañadientes, por salvar la cara en muchas ocasiones. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No tenemos, señorías, ninguna confianza en que esto suceda y desde luego de momento los hechos están dándome la razón, y esto nos lleva a hacernos alguna pregunta. ¿Con este Gobierno, señorías, sirve de algo lo que hacemos en el Senado? (El señor Barquero Vázquez: ¡Interpela al Gobierno!) Cada 15 días, los martes, excepcionalmente los miércoles, como hoy, nos reunimos en esta o en la otra sala de plenos para debatir mociones en las que desde, la perspectiva de cada grupo parlamentario, se insta al Gobierno a que haga algo que cada cual con toda seguridad considera bueno para el país o para un territorio determinado. Visto lo visto, señorías, ¿con qué ánimo vamos a subir a ésta o a la otra tribuna para defender una moción, cuando tenemos la certeza de que, aun en el caso de ser aprobada --cosa harto difícil cuando se está en la oposición-- no va a servir para nada? Y eso siempre que estemos en condiciones normales, ni que decir tiene que ahora que el Gobierno se ha lanzado a salvar el mundo, ¿cómo va a tener tiempo de ocuparse de menudencias como elaborar un plan integral del deporte español, avanzar en las políticas de gratuidad de los libros de texto, fomentar el conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado español, sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas o elaborar una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas? Probablemente, señorías, estos asuntos han pasado a ser cuestiones menores que no merecen ocupar ni medio minuto del precioso tiempo de nuestro Gobierno. Lo malo, señorías, es el tiempo perdido miserablemente en la preparación de mociones, en la elaboración de la documentación y en los debates; debates estériles, debates que a la vista de esto sabemos que no van a tener ningún fruto.
Por ello, quizá no sería mala idea hacer una pregunta al Gobierno, para saber qué es lo que pretende hacer de aquí al final de la legislatura.
Así, si la respuesta fuera que van a seguir haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, podríamos dedicarnos a otra cosa, señorías. Porque ya saben que aquel viejo sabio decía que el esfuerzo inútil conduce inexorablemente a la melancolía y algunos, señorías , no estamos para perder el tiempo, por muchas razones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve. Primero, quiero felicitar a mi amigo Fernández Zanca por esta brillante exposición de la moción, de la que mi grupo se siente un poco copartícipe, en dos quintas parte de la misma. Ha estado especialmente brillante y le felicito.
Nuestra enmienda es técnica. Pretende que igual que en el punto 5 se dice «en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas», se añada esa expresión en los puntos 1 y 3. Deberíamos acostumbrarnos a que esa --podíamos decir-- coletilla, fuera una coletilla interior que refejara que en el alma de los políticos está esa referencia a la España plural.
No ha habido tiempo con la ministra de debatir más cosas, pero es evidente que esta coletilla no está enraizada suficientemente en el alma --no digo que no esté en el cerebro-- de los políticos.
Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para mejorar la calidad de los doctorados haciendo un real decreto. El Grupo Parlamentario Popular instaba al Gobierno a que hiciese un real decreto para mejorar la calidad de los doctores y se tuvo que introducir una enmienda, en la cual se decía que debería hacerse en colaboración con las autonomías que tengan competencias en enseñanza superior. El Grupo Parlamentario Popular aceptó la enmienda y se aprobaba el mes pasado en el Congreso de los Diputados que el Gobierno elaborará el borrador de un real decreto que será acordado con las comunidades autónomas y debatido en el Consejo de Coordinación Universitaria. Pero quiero decir que reiteradamente el instinto es que el Gobierno haga esto. Que haga esto el Gobierno está bien, es su obligación, ya se lo he dicho antes a la ministra, pero el Gobierno tiene también la obligación de contar con la situación real de España, es decir, con las autonomías que tienen competencia. Las enmiendas van en ese sentido.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


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El representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para decirle al senador Varela que con mucho gusto el Grupo Parlamentario Socialista acepta su enmienda en la que propone, como tantas otras veces, que figure: «en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas». Efectivamente, en las mociones originales ya había usted incluido esto. Yo no quise incluirlo porque quise respetar el texto que aparece en el «Diario de Sesiones».
Por tanto, con muchísimo gusto aceptamos esta enmienda, pero no tenga usted problema, porque aún en el caso de que esta moción fuera aprobada --que sospecho que no--, iba a pasar lo mismo, porque ya sabemos la suerte que corren.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la presente moción produce en el Grupo Parlamentario Popular una sensación de coincidencia en cuanto a la importancia de la educación y la cultura como factor decisivo de progreso y bienestar social.
Pi y Margall ya decía que nada acerca más a los hombres que la educación y la cultura; sin embargo, señor Fernández Zanca, lamentamos profundamente el error de procedimiento que usted ha cometido. Realmente no es adecuado el procedimiento de una moción, si usted tiene esas terribles dudas, interpele al Gobierno, pero no presente una moción al Grupo Parlamentario Popular.
No obstante, es indiscutible que una característica destacada del Gobierno del Partido Popular en la presente legislatura ha sido su extraordinaria sensibilidad ante las cuestiones educativas, lo que se ha materializado en una profunda reforma educativa mediante tres importantes leyes: la LOU, la Ley de Cualificaciones y Formación Profesional, y la LOCE, y también, lógicamente, a través de un progresivo incremento presupuestario en esta materia. Además, nuestro grupo ha presentado una completa batería de mociones puntuales en ese mismo sentido, pero frente a este acuerdo de principio se alza un considerable disenso, una total discrepancia en cuanto a la moción que nos ocupa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por ignorar las prioridades del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en educación y cultura, y por desconocer que sobre los puntos objeto de su moción se viene desarrollando una relevante acción política, muy lejos de hacer caso omiso de ellos, de manera que frente a la subjetividad de la percepción del grado de cumplimiento que tiene el señor Fernández Zanca y el Grupo Parlamentario Socialista está la contumacia de los hechos, y lo demás es ignorancia.
El que la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista, después de haber sido aprobadas tres grandes leyes y estando en este momento produciéndose su desarrollo normativo, se reduzca a los cinco puntos que incluye en su moción supone: primero, que la prioridad en educación y cultura del Grupo Parlamentario Socialista se reduce a cuestiones que aun siendo importantes, no inciden en lo nuclear. Segundo, que da la impresión de que la oposición no tiene interés en el desarrollo de las grandes leyes aprobadas en esta legislatura y que debería constituir realmente su interés esencial; actualmente son cinco los reales decretos derivados de la LOCE. Tercero, que gran parte de las cuestiones que plantea esta moción están incluidas en el desarrollo normativo de la LOCE y otras están siendo abordadas por el Gobierno con el desconocimiento, al parecer, del Grupo Parlamentario Socialista, pero en ningún caso la oposición ha de marcar el ritmo normativo y las prioridades de desarrollo de la ley, que es competencia del Gobierno.
Sobre la elaboración de una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte continúa trabajando en el desarrollo normativo derivado del Título V de la LOCE respecto a la ordenación académica de las enseñanzas musicales en relación con el grado superior de música, en la extinción de las antiguas enseñanzas y en la resolución de las materias cuya competencia está reservada al Gobierno, por lo que se están cumpliendo los mandatos que el legislativo le ha encomendado al Gobierno.
Desde la perspectiva de la LOGSE es preciso señalar que el último de los grados en que se estructuran las enseñanzas de la música, además de recibir la denominación de superior, la titulación a la que conduce es equivalente a todos los efectos a la de licenciado. Por ello, el ministerio considera que este nivel de las enseñanzas es equivalente al universitario, aunque sea impartido en centros específicos como consecuencia de la singularidad de estas enseñanzas. Además del proceso de implantación de estas enseñanzas artísticas y concretamente del grado superior de música, el ministerio conoce la discrepancia, la dualidad de posicionamiento de los sectores implicados en estas enseñanzas con los que mantiene contacto permanente. Unos propugnan la inclusión de estas enseñanzas en la universidad, mientras que otros abogan por un tratamiento específico.
Sobre las políticas de gratuidad de los libros de texto, el ministerio considera que se está dando cumplimiento a ese objetivo de forma gradual, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y garantizando el principio de equidad, conforme se establecía en las conclusiones de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados. Lo demuestra palpablemente el hecho de que, si analizamos la evolución de las ayudas para la adquisición de libros y material didáctico, convocadas anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, desde su creación en el cuso 1997-1998, nos encontramos con que durante ese curso fueron 200.000 las ayudas para libros de texto y material escolar, y en el curso 2002-2003 fueron 650.000 las ayudas, lo que supone una inversión de 48 millones de euros.
Respecto a la petición de analizar la evolución de la oferta del mercado editorial librero, es importante recordar

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que, en colaboración con el sector librero y editorial, se está trabajando con los siguientes instrumentos. Primero, panorámica de la edición española de libros; segundo, comercio interior de libros y, tercero, estudio del perfil del sector de la distribución de libros y publicaciones periódicas. Es preciso mencionar también el plan de fomento de la lectura, con el estudio anual de hábitos de lectura y compra de libros, y con la puesta en marcha del programa Observatorio de la Librería, que realiza un análisis estadístico periódico de la evolución de las librerías españolas.
Un plan integral del deporte supone la elaboración conjunta de un programa de actuaciones que integre las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, en base al establecimiento de programas, objetivos, estrategias y prácticas de actuación conjuntas. ¿Qué supone esta cuestión? Que se necesita, indudablemente, una armonización de intereses claramente delimitados en cada uno de esos ámbitos: en el ámbito estatal, en el autonómico y en el local, por lo que la elaboración de un plan integral de deportes establecería un menoscabo, una merma importante de las competencias autonómicas ya establecidas, salvo en cuestiones puntuales en las que realmente se pueden establecer convenios al amparo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, sobre el Deporte. No obstante, en ese sentido, se están realizando importantes programas, llevados a cabo por el Consejo Superior de Deportes, y dirigidos al deporte de alta competición, como lo demuestran las cantidades presupuestarias destinadas al efecto.
Con relación al fomento del conocimiento general de la realidad pluricultural y plurilingüe de España, es posible afirmar que el Gobierno, en todas y cada uno de sus iniciativas, que por su naturaleza tienden a ser de ámbito nacional, presta atención específica a esta realidad cultural. Un buen ejemplo es la convocatoria de los premios nacionales de las letras, abierta a todas las lenguas oficiales de España. En cuanto a la educación, hay que señalar el impulso de las enseñanzas de las lenguas del Estado español en los planes de estudio de las escuelas oficiales de idiomas. Por otro lado, en la LOCE, en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, se incluye que dichas lenguas sean objeto de estudio en los diferentes niveles y etapas escolares de la enseñanza en nuestro sistema educativo, y a ello hace referencia el artículo 8.2 de dicha ley orgánica. El Ministerio de Educación ha ofrecido siempre su colaboración con las comunidades en orden a la formación permanente de su profesorado, y finalmente, a través de los programas Escuelas viajeras, el Ministerio de Educación fomenta la convivencia de alumnos en todos el territorio nacional, con objeto de familiarizarlos en todas las lenguas.
Respecto al modelo de educación intercultural, el Gobierno, y concretamente el ministerio, es sensible a la necesidad de profundizar en el desarrollo de un modelo de educación intercultural, ya que actualmente la atención educativa a los inmigrantes, debido a su crecimiento, es una prioridad ineludible, pero así es como está recogido en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, en la LOCE, concretamente en su Título preliminar, Capítulo VII, De la atención a los alumnos con necesidades educativas específicas, Sección 2a, De los alumnos extranjeros, artículo 42. Ahí tiene cumplida respuesta. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabaja en todas las líneas que propone la moción de referencia, por lo que no se considera oportuna, por el propio ritmo de aplicación y desarrollo normativo, la votación favorable de esa moción.
Además, creemos que se trata de una moción oportunista, desafortunada y que, ignorando los intereses generales, está fuera de lugar. Por todo ello votaremos en contra de la moción y, lógicamente, de la enmienda de Convergència i Unión, que no ha lugar.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? Tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
La intervención inicialmente pensada por esta senadora de Eusko Alkartasuna venía a apoyar el fondo de la cuestión que planteaba la moción presentada con absoluta claridad y con un razonamiento impecable por el senador Fernández Zanca, del Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, una vez escuchada la intervención del senador Barahona, del Grupo Parlamentario Popular como representante del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso --insisto-- de Eusko Alkartasuna, tengo que puntualizar unas cuestiones.
En primer lugar, no he entendido muy bien --mejor dicho, sí lo he entendido, porque es una salida como otra cualquiera-- que el señor Barahona haya calificado el procedimiento de equivocado cuando de lo que se trata es de constatar que las cuestiones que esta Cámara aprueba no son desarrolladas, al menos en el sentido con que se aprueban. No hace falta insistir en que en esta Cámara se incumplen las previsiones y los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular, como ocurre, por ejemplo, con algunas de las mociones presentadas por dicho grupo. Por citar una, me referiré a la que hace referencia a la interculturalidad en las escuelas. Hay mociones que se presentan pero que se descafeínan o no se les hace el más mínimo caso. Se podría pensar que se trata únicamente de cubrir más o menos el cupo asignado al Grupo Parlamentario Popular, pero que no se tiene ninguna intención de llevar adelante las cuestiones que ellos mismos plantean.
Es curioso que las argumentaciones empleadas por el senador Barahona para rechazar esta moción, como la de que era inoportuna y por muchas más, además de hablar del procedimiento, como dije antes, que yo no veo que sea malo, lo único que hacen es atajar algo que, después de una interpelación, debería constituirse en una moción consecuencia de interpelación, con lo que estaríamos en lo mismo. Todos sabemos qué cuestiones de las que se contienen en estas mociones se han cumplido y cuáles no. Por lo tanto, no veo ningún problema en cuanto al procedimiento elegido.
Por otra parte, por lo que respecta a las cuestiones a las que hace referencia el senador Barahona en cada uno

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de los puntos planteados de las mociones aprobadas por esta cámara, hay que insistir en que, efectivamente, y faltaría más, en uno o en otro sentido hay políticas del Gobierno que dan respuesta, no a estas mociones, sino a políticas generales, como, por ejemplo, en el avance de políticas relativas al libro para hacerlo más asequible --en este caso no estamos hablando de los libros de texto-- o que reconocen la equiparación de las enseñanzas de música en los centros superiores o en las carreras superiores y otras enseñanzas artísticas a las licenciaturas. Pero aquí se está hablando de cosas diferentes. Se está hablando de que hay que hacer una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas, se está hablando de la gratuidad de los libros de texto o de un plan integral del deporte, cuestión que nosotros no compartimos. Es curioso que en esta ocasión el Grupo Parlamentario Popular, que en modo alguno aprobó las enmiendas que esta senadora y otros planteamos sobre este asunto en defensa precisamente de las competencias de las comunidades autónomas, se erija ahora en defensor de esas competencias; es decir, se ha incurrido en graves contradicciones. En los demás casos no voy a insistir porque pasa algo parecido.
Inicialmente habíamos pensado --precisamente porque desde el punto de vista de política educativa y cultural entendemos que los planteamientos de esas mociones no respetan escrupulosamente el sistema competencial, no respetan el Estatuto de Autonomía del País Vasco, y por eso lo habíamos enmendado e incluso votado en contra, o nos habíamos abstenido--, como digo, habíamos pensado abstenernos puesto que el fondo de esta cuestión es insistir al Gobierno en que cumpla lo que esta Cámara demanda y que el Ejecutivo no ha cumplido. (El señor Barquero Vázquez, de pie y señalando al Banco Azul, hace notar que no hay ningún representante del Gobierno).
Sí, señor Barquero, no está el Gobierno, pero en las mociones se insta al Gobierno, no al Grupo Popular. En ningún sitio he leído que se inste al Grupo Popular. Se insta al Gobierno y pedimos al Gobierno, pero en fin, si el Gobierno no está no será por culpa de la oposición, sino porque al Gobierno no le interesa nada lo que estamos diciendo aquí, y punto, porque si el Gobierno quisiera podría estar aquí.
Por lo tanto, señor presidente, señorías, no voy a insistir más en la cuestión de fondo, que es el incumplimiento, ni voy a insistir más en las discrepancias de fondo que tenemos en relación con estas mociones, pero sí voy a decir que como no estamos de acuerdo en absoluto con los argumentos del Partido Popular para su rechazo, nos íbamos a abstener, pero vamos a votar a favor precisamente por el planteamiento que ha hecho el señor Fernández Zanca y por las respuestas del Grupo Popular a estas cuestiones.
Nada más y muchas gracias. (El señor Castell Campesino: Perfecto, señora De Boneta.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Muchas gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra la senadora señora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, presidente.
Coalición Canaria entiende que el fondo de esta moción no es tanto su contenido: estos cinco puntos que recoge, es decir, cinco mociones ya aprobadas por el Pleno de esta Cámara y, por tanto, creo que no es el momento de debatir cada uno de estos puntos porque ya se hizo en su día.
Asimismo, tampoco creo que es el momento de valorar la importancia; como digo, ya se hizo por parte de los grupos parlamentarios.
El fondo de esta moción es si el Gobierno se compromete, como es su obligación, con los acuerdos que toma esta Cámara con respecto a estas cinco mociones, y también con respecto a otras.
La verdad es que la valoración del cumplimiento de las mociones es difícil o fácil según quien la haga porque casi todas ellas van precedidas de una introducción, como seguir impulsando, continuar con, hacer estudios necesarios para, etcétera.
Incluso en aquellas que tienen un compromiso claro se demora muchas veces en el tiempo, cosa que ya hemos comprobado no solamente con estas cinco mociones, sino con el trabajo y el seguimiento que cada uno particularmente está haciendo.
Lo que sí es cierto es que el Gobierno no está cumpliendo el Reglamento de esta Cámara en lo que se refiere a su artículo 178.2, que dice lo siguiente: Dentro de los seis meses siguientes, el Gobierno o el órgano correspondiente deberán informar sobre el cumplimiento dado a las mismas --se refiere a las mociones--. Dicho informe será publicado por la Cámara.
En cuanto a estas cinco mociones a que se refiere el Grupo Socialista no se ha presentado el informe en ninguno de los casos, aunque algunas de ellas se hayan aprobado hace ya más de dos años. Parece ser que se ha establecido una norma en la práctica, y es que los grupos hacen un seguimiento a las mociones y, una vez pasados los seis meses, se lo solicitan al presidente que, a su vez, es quien se dirige al Gobierno pidiéndolo.
Entendemos que el Reglamento hay que cumplirlo y, en cualquier caso, se podría llegar a un acuerdo de esta Cámara para que de oficio el presidente o la Mesa puedan solicitar los informes cuando se cumplan los plazos reglamentarios.
Como decía al principio, el debate no es tanto el contenido de estas cinco mociones sobre las que Coalición Canaria se ha pronunciado favorablemente, como el cumplimiento que se va a hacer de lo acordado con esta y con otras mociones y sobre el cumplimiento del Reglamento u otras normas que podamos acordar para poder tener conocimiento de lo que el Gobierno está haciendo al respecto, si tenemos claro que una moción es un mandato al Gobierno que tiene que cumplir. Ya digo, señorías, que a veces es difícil hacer el seguimiento y conseguir que todos estemos conformes con la labor del Gobierno, y es que a veces las mociones se aprueban con unas introducciones que hacen que tengan un contenido demasiado amplio, En cuanto al primer punto de la moción, por la que se insta al Gobierno a elaborar una ley de centros superiores

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de enseñanzas artísticas, lo cual parece claramente establecido --no se habla de seguir impulsando o de cosas así-- puesto que esa ley fue aprobada ya hace dos años y medio, tengo que decir que todavía no hemos tenido conocimiento en esta Cámara de que se esté haciendo nada a ese respecto. Tampoco es ésa la fórmula para hacer que el Gobierno cumpla sus obligaciones en relación con las mociones aprobadas, ni para hacer que cumpla el reglamento. No nos parece que lo adecuado sea repetir constantemente mociones ya aprobadas en los Plenos. Lo que se debe hacer es articular las fórmulas que tenemos para que el Gobierno cumpla verdaderamente y para que esta Cámara pueda hacer un seguimiento real de lo que se está haciendo respecto de cada una de esas mociones.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
A decir verdad, he de confesar que cuando leí la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ésta me causó una cierta sorpresa, y me dije: ¿Y por qué aprobar de nuevo algo que ya se aprobó en su día en la Cámara? Con ello le dejaba al Pleno que hoy estamos celebrando la toma de decisión, ya que pensé que escucharíamos al grupo mayoritario, al Grupo Parlamentario Popular, hacer una defensa y una demostración del grado de cumplimiento de las mociones anteriormente presentadas y aprobadas. Pero cuál no ha sido mi segunda sorpresa cuando he visto que el Grupo Parlamentario Popular no ha sido capaz de argumentar ninguna de las cinco mociones que en su momento se aprobaron aquí. (Rumores.--El señor Barquero Vázquez pronuncia parlabras que no se perciben.) Senador Barquero, ya que veo que hace usted tantos comentarios, le voy a poner un ejemplo. Para demostrarnos la pluriculturalidad, el desarrollo de esa moción, ustedes nos ponen como ejemplo las escuelas viajeras.
¡Fíjense ustedes el grado de cumplimiento de una moción de una importancia así,que ponen el ejemplo de las escuelas viajeras! De verdad que no sé cómo no nos sonrojamos.
Este hecho debería llevarnos a la reflexión de por qué esta Cámara está actuando de este modo y por qué está tan dormida. (Rumores.) En un Pleno se aprueban una serie de mociones que luego no se cumplen.
Independientemente de la postura que nosotros tuviésemos en cada una de las mociones --no hemos entrado en contenidos pero está claro que también podríamos haber enmendado algunas--, lo cierto es que no se cumplen, que no se dan datos de ese cumplimiento. Y además, el grupo mayoritario dice que no tenemos que volver a instar a nadie porque, según parece, en este momento no es oportuno. El grupo mayoritario, que tiene mayor responsabilidad, debería potenciar una reflexión sobre la viabilidad y el funcionamiento que debe tener esta Cámara. Pero además deberíamos hacer todos una segunda reflexión. Estamos siempre defendiendo la educación y la cultura y decimos que son unos ámbitos muy importantes, pero también debemos decir que ésta ha sido una de las legislaturas más negras para el ámbito educativo ya que lo único que se ha hecho en ella, además de aprobar una serie de leyes, ha sido buscar el enfrentamiento. Nunca ha habido unas leyes que hayan dado lugar a una confrontación tan fuerte en el ámbito del Estado español. Recordemos lo que fue la LOU, lo que fue la LOCE y lo que fue la Ley de formación profesional.
Por tanto, no nos vanagloriemos ni defendamos lo que no es defendible.
Repito que ésta ha sido una de las legislaturas más negativas y peor gestionadas en el ámbito educativo desde hace muchos años.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATE BORRËS. Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, quiero empezar felicitando al Grupo Parlamentario Socialista, en concreto al senador Fernández Zanca, por esta iniciativa parlamentaria. Entendemos que se trata de una iniciativa que viene, precisamente, a defender el papel de esta Cámara dentro de lo que es el marco constitucional español.
Evidentemente, la moción denuncia una situación absolutamente intolerable, como es la desatención del Gobierno ante las iniciativas de impulso a la tarea de gobierno por parte del Senado. Se está denunciando un menosprecio de la Cámara y eso es grave, como también lo es la falta de sensibilidad que demuestra el Grupo Parlamentario Popular con la exposición del senador Barahona. Triste papel le ha correspondido hoy, y lo digo con total respeto a su función. (El senador Barahona Hortelano hace signos negativos.) Le ha tocado el triste papel de justificar lo injustificable, el triste papel de intentar demostrar lo que no existe, el triste papel de intentar presentar el paquete legislativo que se ha impulsado en esta legislatura como la concreción de estas mociones cuando la realidad no es tal.
Estoy de acuerdo con el senado Bildarratz en que, evidentemente, ha sido una legislatura bastante negra desde el punto de vista de la educación y la cultura. De hecho, ha marcado una involución clara de los importantes avances logrados en anteriores legislaturas y con otro gobierno. Esta involución es fruto de una mayoría --eso no lo podemos cuestionar ni discutir, pero tampoco lo pretendemos-- y de la política del Partido Popular que, sin duda, tiene legitimidad para impulsarla pero no, señorías del Partido Popular, para desatender los acuerdos adoptados por el Senado requiriendo al Gobierno para que actúe. Lo más paradójico, sin duda, es que algunas de las iniciativas parten incluso de su propio grupo parlamentario. Es el colmo de la ignorancia y del menosprecio a esta Cámara. (El señor Barquero Vázquez hace signos con la cabeza.) Me parece muy bien que el senador Barquero gesticule, en realidad forma parte de las tácticas parlamentarias y no se lo recrimino. Sé que usted tiene que defender a su gobierno,

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faltaría más. Pero, como he dicho antes, hay momentos en los que es mejor no tener que defender a un Gobierno que mantiene este tipo de prácticas.
Realmente, a nosotros nos duele esta actitud.
Es evidente que podríamos entrar a debatir todos y cada uno de los puntos, incluido el cuarto, que se refiere a la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado español. Una moción muy parecida fue aprobada en el año 2001, también a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; es decir, que se podría ahondar aún más, si cabe, en acuerdos que de alguna forma vienen a abundar en la misma dirección y que, igualmente, han sido desatendidos por el Gobierno.
Para la garantía de la salud democrática de nuestro sistema constitucional, es necesario que el Gobierno cambie de actitud y que el grupo parlamentario que le presta su apoyo también lo haga. Si no, se atenta contra una parte muy importante de nuestro entramado institucional, contra la propia base del funcionamiento constitucional, contra los equilibrios de poderes y, evidentemente, contra el papel de las Cortes Generales a la hora de impulsar la propia función ejecutiva.
Por todo lo dicho, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Fernández Zanca ha dicho que tenía la sensación de perder el tiempo, pero nosotros no podemos desalentarnos nunca. Nuestra obligación es ser inasequibles al desaliento; en ese sentido, debemos seguir insistiendo y hacer labor pedagógica, que es lo que yo intento.
Voy a hacer algunos comentarios a la intervención del señor Barahona siguiendo esa línea pedagógica que nos interesa a todos y que ha expresado el senador Bildarratz. Seguro que es cierto que por parte del Gobierno existe una extraordinaria sensibilidad por las cuestiones educativas, pero sobre esa sensibilidad --que no dudamos-- han primado principios ideológicos centralistas --se ha mencionado de involución-- que han echado al traste gran parte de la labor, buena en principio. Ese es mi veredicto de la situación.
Por ejemplo, en relación con la LOU, voy a señalar un matiz a lo expresado por el senador Sabaté siguiendo, como digo, esa línea pedagógica. Pues bien, la LOU, desde el punto de vista autonómico, ha supuesto un avance importante. Era mucho más centralista la LRU que la LOU. Si ahora Cataluña, Andalucía, Galicia y Valencia pueden hacer una ley de universidades es gracias a la LOU, aspecto, señores Socialistas, que deben tener bien claro. La LRU era muy centralista, no permitía a las autonomías hacer leyes mientras que la LOU sí lo permite, lo cual supone un avance importante. Pero, desgraciadamente --y ése ha sido el motivo del debate--, los reglamentos en desarrollo de la LOU --aquello que decía Romanones acerca de que los demás hicieran las leyes y le dejaran hacer a él los reglamentos--, no se están llevando a cabo, por lo que nos parece que priman otra vez los principios sobre la sensibilidad pedagógica. Es decir, que en cierta manera la LOU está deshaciendo el buen camino que se había iniciado previamente.
En relación a la LOCE y a la FP, estoy de acuerdo con el señor Bildarratz en el sentido de que se ha producido una crispación en los centros y en la sociedad que no se puede poner como modelo; sí lo fue en el inicio pero luego se ha estropeado por esos principios.
El señor Barahona ha dicho una expresión que a mí siempre me gusta: la contumacia de los hechos. La palabra contumacia me parece tan bonita que yo he apuntado en mis notas: el Gobierno es contumaz en su vocación centralista. Esto echa por los suelos las buenas intenciones.
En cuanto a las citas que se han hecho respecto a la consecución del punto 4 «conocimiento general de la realidad pluricultural», el señor Barahona ha aludido a que en la Ley de Calidad se reconoce que las autonomías pueden enseñar sus idiomas. ¡Faltaría más que ahora, a principios del siglo XXI, no fuera sí! No es ningún favor que, en plena democracia, se digne el Gobierno dejar a las autonomías que enseñen sus idiomas propios. Francamente, como argumento ha sido un poco decepcionante, porque de lo que se trata es de mejorar la colaboración entre autonomías. Ese era el interés de la moción y el que sigue vigente.
El hecho de que un grupo de catalanes o de gallegos vaya a Granada y la gente oiga allí hablar catalán o gallego entre el grupo y lo entienda como algo natural, es normal; evidentemente, cuando habla con las personas que no son del grupo lo hace en castellano. En cambio, a veces se producen signos de rechazo porque falta esa pedagogía. (El señor Campos Ansó hace signos negativos.) Es verdad, no hablo en sentido figurado.
Este es el objeto de la moción y no otro. Una última cuestión, señor Barahona, mi enmienda no estaba fuera de lugar, la persona adecuada para decidirlo era el señor Fernández Zanca y ya la ha aceptado. Insisto, señor Barahona, nunca estarán fuera de lugar las iniciativas legislativas y del Gobierno central que tengan en cuenta las competencias de las autonomías. ¡Nunca estarán fuera de lugar! En definitiva, mi grupo parlamentario apoyará esta moción porque aunque el Gobierno trabaje en todas las líneas, como afirma el senador Barahona, no progresa adecuadamente. (Risas.) Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Senador Barahona, comenzó usted citando a Pi y Margall y yo voy a hacerlo citando a un socialista ovetense ilustre, Indalecio Prieto, que dijo en una ocasión que uno

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no tiene que saber de todo, pero sí de aquello sobre lo que se atreve a opinar o a intervenir.
A usted le ha tocado hacer aquí un papelón; usted está obligado a defender a su Gobierno --no se lo reprocho, no es un demérito ni tampoco un mérito--, pero me han parecido lamentables sus argumentos.
Llama la atención poderosamente, por ejemplo, que precisamente ustedes hablen de la improcedencia de presentar una moción en la que se insta al Gobierno a cumplir con su obligación. Llama poderosamente la atención que sean ustedes los que lo dicen, cuando defienden constantemente mociones en las que instan al Gobierno a cumplir con su deber. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Ustedes defienden mociones, por ejemplo, para que se cumpla el Plan Hidrológico Nacional, que es una ley de obligado cumplimiento. Señorías, eso sí que es improcedente; incluso diría que es ventajista.
Tenía razón la senadora Morales --y creo que todos los portavoces de la oposición lo han entendido perfectamente-- al decir que lo importante no era el fondo de las mociones, de cada una de esas cinco mociones; lo importante es el desdén, el ninguneo y el menosprecio del Gobierno no ya para con la oposición sino también para con ustedes, porque sus mociones, aquellas que han aprobado ustedes --a veces, con nuestros votos--, tampoco son tomadas en consideración.
Prácticamente tenía razón al decir que, al final del debate, no me iba a haber enterado de nada; sin embargo, creo haber entendido un poquito: parece ser que esa moción por la que se instaba al Gobierno a elaborar una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas está aparcada. Les queda un año de Gobierno y ni siquiera conocemos el anteproyecto; no les va a dar tiempo y, por tanto, creo que la pueden aparcar ustedes definitivamente. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!

El señor FERNANDEZ ZANCA: No sé qué va a pasar con la evolución de la oferta del mercado editorial y librero porque ha dado usted unos argumentos farragosos, que al menos yo no he entendido --será por mi incompetencia.
En relación con el plan del deporte ha dicho usted que el Gobierno está desarrollando importantes programas. ¡Sólo faltaría que estuvieran mano sobre mano! Para eso están cobrando un sueldo todos los empleados del ministerio o del Consejo Superior de Deportes. ¡Faltaría más! Sin embargo, me gustaría saber qué es lo que están haciendo en relación con una moción que aprobó la Cámara Alta, el Senado, ¿qué están haciendo? Como no lo sabemos, tenemos que preguntarlo. (El señor Campos Ansó: En el deporte tenemos resultados.) ¡Sí, sobre todo gracias a ustedes!

El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señoría!

El señor FERNANDEZ ZANCA: Ya dijo el senador Bildarratz que cuando se habla de la realidad pluricultural y plurilingüe, usted habla de las escuelas viajeras. ¡Por favor, eso ofende a la inteligencia! Respecto al punto quinto, relativo al plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas, senador Barahona, usted se remite a la LOCE y esta moción no se refiere a los alumnos, sino a la población; es decir, a los ciudadanos, a los padres, etcétera, no a los estudiantes, que es lo que está recogido en la LOCE. Por tanto, lo único que sé es que no he aprendido nada, no me ha informado usted de nada y, desde luego, lo que sí he aprendido es que a usted le ha tocado desempeñar un papel lamentable hoy en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Zanca.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor presidente.
Es un honor para mi intervenir en este punto y lo hago con mucho gusto, a pesar de ese supuesto papelón que se me atribuye, porque ante los argumentos que se han expuesto, senador Varela, está la contumacia de los hechos.
Creo que se ha interpretado mal mi intervención anterior, puesto que no quería decir que hubiese errado en el procedimiento en cuanto a que la moción estuviera fuera de lugar, sino que el senador Fernández Zanca ha errado en la exposición de dicha moción porque tendría que haber ido directamente al Gobierno. En ese sentido, sí se puede decir de una forma genérica que todos y cada uno de los puntos están perfectamente recogidos en los programas y políticas del ministerio. No hay incumplimiento, lo que sí hay es una gran interferencia por las tres grandes leyes, especialmente por la Ley de Calidad de la Educación. Y esa interferencia la podemos señalar, por ejemplo, respecto al apartado primero. (La señora Aránega Jiménez pronuncia palabras que no se perciben.) Si me permite la senadora podré continuar.
Como decía, respecto al apartado primero, elaborar una ley de centros superiores de enseñanzas artísticas, hay que la señalar que la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, es decir, la LOCE, en su Título V desarrolla la normativa necesaria para adaptar los centros docentes a las necesidades correspondientes de enseñanza, incluyendo los principios generales de los centros docentes, como son el régimen jurídico, la clasificación de centros y tipología, la autonomía pedagógica y organizativa. También desarrolla en los capítulos correspondientes cuanto se refiere a los centros públicos, privados y concertados, órganos de gobierno, de participación en el control y gestión, y órganos de coordinación docente, por lo que las enseñanzas artísticas encuentran en la nueva Ley Orgánica de la Calidad de la Educación una regulación a la que sujetarse. Por lo tanto, no hay, en absoluto, un vacío en esta materia puesto que concretamente aquí se está trabajando.
Y usted que dice, señor Fernández Zanca, que estamos finalizando la legislatura y no se ve siquiera un anteproyecto,

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recuerde cuando ustedes gobernaban cuántas reformas frustradas hubo respecto a la Ley de Reforma Universitaria, y que ninguna llegó a buen término. Aquí estamos presentando unas realidades que ya están en marcha puesto que se trata del desarrollo normativo de esta ley. La cuestión es evidente y no se puede admitir lo que se ha dicho de que hay negligencia por parte del Gobierno. Lo que hay es una percepción falsa y no es así porque todo está condicionado por la LOCE.
La senadora Morales ha aludido al incumplimiento del reglamento. No se incumple el reglamento en esta Cámara, y en ese mismo sentido se han expresado los senadores Bildarratz y Sabaté. Senador Sabaté, no es exactamente como usted lo ha expresado.
Senador Varela, muchas gracias por la afirmación respecto a la LOU.
Realmente es importante, pero en cuanto a esa discrepancia en el desarrollo normativo, no adelantemos el debate, dejémoslo para dentro de quince días. En cualquier caso, se lo agradezco.
Senador Fernández Zanca, hay una cuestión que me ha causado verdadera perplejidad, y es que, como usted sabe, esta moción se acompaña de una memoria económica que preceptivamente han tenido que adjuntar. Esa memoria económica, para los cinco puntos que ustedes presentan, incluye un presupuesto de 3 millones de euros, señoría, cuando, única y exclusivamente en lo que se refiere a la gratuidad de los libros de texto, el ministerio está invirtiendo 48 millones de euros, por poner un ejemplo.
En cuanto al Plan Integral del Deporte, simplemente quiero decir que el presupuesto del Consejo Superior de Deportes ha crecido el 15,74 por ciento en el último año.
Respecto al fomento del conocimiento general de la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado español, el Programa de Escuelas Viajeras, tan denostado y ridiculizado, supone 518.710 euros; el Programa de recuperación de pueblos abandonados, que también se puede incluir, 294.250 euros; otra partida de 542.000 euros para fomentar la realidad pluricultural y plurilingüe del Estado español ; por otro lado, es evidente que una de las prioridades del Gobierno es el reconocimiento de la riqueza patrimonial y lo que supone la lengua y la cultura de las distintas comunidades.
En cuanto al desarrollo y puesta en práctica, en coordinación con las comunidades autónomas, de un plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural, hay que decir que se han suscrito convenios en este ámbito para actuaciones de compensación de desigualdades en lo que al Ministerio de Educación y Cultura corresponde, que se reduce a las ciudades de Ceuta y Melilla, por un importe de 1.377.335 euros en Ceuta y 1.469.890 euros en Melilla, lo cual quiere decir que las actuaciones, los hechos y las realidades del Gobierno sobrepasan ampliamente las pretensiones que en esta materia están incluidas en la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Realmente, conforme obra en la memoria que acompaña su moción, según sus intenciones, reducirían las inversiones en educación de una forma cicatera, a unos niveles ridículos.
Senador Varela, no es que no hubiera lugar a su enmienda, que es perfectamente procedente; lo que ya no lo es en absoluto, sino fruto de un auténtico voluntarismo político y una gran inoportunidad, es la moción la cual enmendaba; tener en cuenta a las comunidades autónomas, por supuesto, siempre es procedente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Morales Rodríguez pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la senadora Morales por un minuto.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero decir que invito al senador Barahona a que se estudie y se lea el Reglamento del Senado, que en su artículo 178.2 establece que dentro de los seis meses siguientes, el órgano correspondiente del Gobierno deberá informar sobre el cumplimiento dado a las mismas. Dicho informe será publicado por la Cámara.
En ninguna de las cinco mociones ha existido un informe del Gobierno ni ha sido publicado por la Cámara, aunque algunos sean del 19 de septiembre del año 2000. No se puede decir que se cumple el Reglamento cuando no se cumple y, repito, le invito a que se lo estudie y lo compruebe. (El señor Barahona Hortelano pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Barahona por un minuto.


El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor presidente.
Senadora Morales, efectivamente, si usted tiene conocimiento del incumplimiento de este artículo plantee una interpelación al Gobierno, pero no al grupo parlamentario.
Muchas gracias. (La senadora Morales Rodríguez pide la palabra.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señoría, ha consumido su tiempo por el artículo 87.
No procede otro turno.
La votación de esta moción se realizará después de la votación del primer punto del orden del día correspondiente al debate de esta tarde.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA VIGENTE LEGISLACION MARITIMA DE MANERA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL LITORAL PUEDAN EJECUTAR Y GESTIONAR LA NORMATIVA DE PREVENCION, VERTIDOS Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION MARINA EN SUS AGUAS TERRITORIALES (662/000286).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en

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la vigente legislación marítima de manera que las comunidades autónomas del litoral puedan ejecutar y gestionar la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la contaminación marina en sus aguas territoriales.
A esta moción no se han presentado enmiendas.
Para su defensa, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta moción con una finalidad constructiva, como es la articulación de España como Estado autonómico de una manera racional, lógica, inspirada en la cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones públicas.
Con esta moción pretendemos corregir una disfunción existente en el Estado. No es una cuestión de gran envergadura, aunque ahora está teniendo su importancia tras la catástrofe marítima que se ha producido en el Atlántico, ya que se está reflejando que el Estado en su conjunto no funciona bien. No estoy hablando del Gobierno central, sino de la responsabilidad de todas las instituciones del Estado: los poderes centrales y las comunidades autónomas, en la lucha contra la contaminación en el mar. Repito que en nuestra opinión existe una importante disfunción en ese campo. Porque la catástrofe que se ha producido ha superado las expectativas y posibilidades de actuación que tiene un Estado como España.
Como he dicho en anteriores ocasiones, desgraciadamente España está viviendo de espaldas al mar. Tenemos 8.000 kilómetros de costa, nuestro país es prácticamente una isla, pero no existe sensibilidad marítima; no hay una visión integral de la problemática del mar. En otros debates ya hemos dicho que la gestión de los problemas marítimos está dispersa por lo menos en cinco ministerio --no los voy a mencionar--. Repito, pues, que no existe una visión integral de la problemática del mar, situación que en nuestra opinión requiere de un análisis, pero también de la autocrítica, con objeto de que se corrija esa disfunción.
Y ¿qué está ocurriendo con la contaminación marina? Que contamos con un sistema que en nuestra opinión no funciona correctamente. A este respecto, creo que se puede caminar hacia un modelo de mayor corresponsabilidad entre las administraciones públicas: los poderes centrales del Estado y los poderes autonómicos, simplemente con una pequeña modificación en la legislación marítima vigente, sin tocar la Constitución. Porque, como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 149/91, cuando analiza la Ley de Costas, la Constitución permite diferentes opciones o modelos de gestión del dominio público marítimo. El Tribunal Constitucional ha declarado constitucional el modelo actualmente vigente, pero señala que ello no es óbice para que la política legislativa de las Cortes pueda ordenar o modular sistemas de gestión y administración del dominio marítimo de distinta manera.
Y eso es lo que hicieron las Cortes, por ejemplo, con el dominio hidráulico, también de exclusiva titularidad del Estado. Así, deslindaron la titularidad, el dominio como técnica administrativa que es, que corresponde al Estado, cediendo la gestión y la administración de ese dominio hídrico a las comunidades autónomas cuando se trate de cuencas intracomunitarias o intercomunitarias, a través de encomiendas de gestión. Eso ocurrió en 1985. Pero en 1988 las Cortes optaron por un modelo absolutamente centralista de gestión del dominio marítimo, según el cual quien es titular demanial gestiona en exclusiva todas las funciones correspondientes a la ordenación y administración de ese dominio marítimo. Pero eso está originado importantes distorsiones. ¡Qué bien le hubiera venido al Gobierno que en estos momentos existiera una corresponsabilidad, legalmente establecida en la legislación estatal de Cortes, en la gestión del dominio marítimo de las aguas interiores y el mar territorial! No estoy hablando del resto del dominio marítimo, porque la lógica política nos indica que tienen que ser los poderes centrales del Estado los que gestionen a partir de las aguas territoriales correspondientes a cada Estado, ya que es la tendencia internacional, y parece sensato que así se mantenga, que entre las 12 y las 200 millas sea responsabilidad de los poderes centrales del Estado y, por tanto, sean éstos los que puedan gestionar esa parte del dominio marítimo estatal.
Pero, fíjese, señor presidente, si hay disfunciones que los poderes autonómicos están incidiendo en el dominio marítimo español, en la zona de las aguas interiores, en la zona del mar territorial, en determinadas funciones, incluso en algunos casos con exclusividad. Por ejemplo, en la pesca en aguas interiores su competencia es exclusiva. También sucede así en acuicultura. Intervienen también en el mar territorial. ¿Cómo? En salvamento marítimo, en la protección de los declarados espacios naturales marítimos. Fíjese, señor presidente, que la declaración de ese espacio, que es de dominio público estatal, no corresponde al Estado sino a las comunidades, lo mismo que la gestión de ese espacio marítimo a efectos de protección ambiental --la protección ambiental que declaren las comunidades autónomas--. Al Estado le corresponderá, como titular demanial, todas las funciones que como tal tiene: la protección, el ejercicio del deslinde --en este caso no procede el ejercicio del deslinde, puesto que estamos hablando de aguas marítimas--, en definitiva, la potestad de autotutela.
Por tanto, hay experiencias de gestión compartida. Pero observamos que hay una disfución, por qué lo que se hace en determinados ámbitos no se hace también respecto de la contaminación marina. No parece nada sensato, parece incluso insensato que en España tengamos un modelo de estas características. Efectivamente, es una cuestión de política legislativa de las Cortes. Pero imagínense ustedes que en el puerto de Cartagena, o en el puerto de Gijón, por ejemplo, se produce un vertido en la bahía de esa zona marítima desde tierra. La gestión de la problemática de la contaminación corresponde a la comunidad autónoma. Sin embargo, si se produce desde una embarcación pesquera, un buque mercante, una avioneta o un aeronave de guerra, corresponde al Estado. Y estamos hablando de aguas interiores, portuarias o aguas territoriales. Por tanto, no tiene

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sentido. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Dice el Tribunal Constitucional que este es un modelo constitucional, pero también cabe que el Estado regule de otra manera, como ha hecho en otros ámbitos, y eso es lo que nosotros solicitamos a la Cámara, que exista esa sensibilidad para regular esta disfunción en cuanto a la gestión de la prevención de los vertidos y la lucha contra la contaminación marina en lo referente a aguas interiores y aguas correspondientes a la jurisdicción española hasta las 12 millas. El resto lo dejamos a la exclusiva competencia del Estado. Eso es, señor presidente, lo que nosotros queremos corregir a través de esta iniciativa parlamentaria. Estamos hablando simplemente de una modificación legislativa para gestionar y ejecutar la legislación del Estado. No pretendemos que las comunidades autónomas puedan legislar ni tener desarrollo legislativo en la materia. Como ocurre en otras cuestiones, como en el dominio hídrico o en el salvamento marítimo, simplemente pretendemos que se gestione y se ejecute por las comunidades autónomas lo que las Cortes Generales legislen en la materia y, a su vez, que las Cortes asuman los compromisos internacionales que adquieran a través de la legislación internacional, tan numerosa en materia de salvamento marítimo, que ahora no procede mencionar, ya que, al fin y al cabo, la problemática internacional nada tiene que ver con la organización interna de un Estado. Los Estados se organizan internamente de conformidad con los acuerdos o criterios políticos existentes en ellos para la ordenación de los diferentes poderes públicos. Por tanto, la normativa internacional en principio es neutra porque el sistema de distribución de competencias está en la Constitución y en los Estatutos de autonomía, y quien sea competente de conformidad a ese mecanismo, Constitución-Estatuto de autonomía, será competente para la gestión de la normativa internacional.
Esto es lo que pretendemos con esta iniciativa, que, en definitiva, supondría unas pequeñas modificaciones en una serie de artículos de la Ley de Puertos y de la Ley de Costas. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular ha sido contrario a estas iniciativas. Y si quiere, posteriormente responderemos con más argumentos, vista la justificación que nos ha dado, y hablaremos de las iniciativas que a lo largo de los últimos años ha tenido sobre esta cuestión y veremos cuál es el análisis de lo que se decía, de lo que ha hecho y de lo que en este momento está haciendo en este ámbito, que nosotros creemos que es mejorable simplemente con estas pequeñas modificaciones, muy puntuales, en la legislación marítima española, en la legislación de costas y en la legislación de puertos. Señor presidente, recientemente se ha aprobado para el período 2003-2007 el Plan nacional de lucha contra la contaminación marina y salvamento marítimo, y para la coordinación de la aplicación de este plan existe un órgano con coparticipación del Estado y de las comunidades autónomas recientemente puesto en marcha, que es la Comisión Nacional de Salvamento. Tenemos un Plan de salvamento y lucha contra la contaminación y el órgano de coordinación se llama solamente «de Salvamento» y no «de lucha contra la contaminación marina». ¡Qué disfunción, qué disfunción! Tenemos un plan nacional que abarca estos dos ámbitos de la gestión marítima y el órgano de coordinación solamente afecta a uno de ellos. Yo creo que esto merece una corrección y por eso hemos presentado esta moción con este espíritu constructivo.
La entrada en vigor del Convenio internacional sobre prevención y lucha contra la contaminación marina del año 1990 --que España ratificó en 1995-- ha supuesto que el Estado tenga que elaborar planes de contingencia de la contaminación marina, y menudo problema se ha encontrado el Estado al ver que tiene que estructurar mediante la teoría de los círculos concéntricos, la gestión de la contaminación marina en espacios de protección civil: contaminación en un espacio concreto determinado, en un ámbito territorial, en un ámbito estatal o en un ámbito internacional. ¿Que le ocurre al ministerio de Fomento? Que hay que elaborar planes interiores o planes territoriales de carácter autonómico y las comunidades autónomas, de conformidad con la ordenación interna española, no tienen competencias. ¿Cómo actúo yo ahora --es lo que se pregunta el Estado--? Si estuviéramos en una etapa con un modelo de Estado como el anterior, el Estado diría: yo hago un plan y como es de mi exclusiva competencia porque el poder estatal es único, hago diferentes planes como círculos concéntricos; dependiendo de la magnitud de la contaminación de la catástrofe se van activando cada uno de los planes, el local, el territorial, el estatal o el internacional. Porque el Estado se encuentra con que tiene ese compromiso internacional y su articulación interna le habilita para redactar un plan estatal, pero luego ¿cómo operamos con los planes territoriales? ¿Y qué se está haciendo? Se está actuando por la vía de hecho, no hay ninguna disposición aprobada en el «Boletín Oficial del Estado», hay documentos aprobados pero no publicados; no publicados. El Plan nacional de contingencias por contaminación marina no está publicado, no tiene una eficacia normativa, y lo mismo ocurre con algunos territoriales que se han aprobado recientemente con ocasión de la catástrofe, porque no hay soporte constitucional, porque cualquiera puede impugnar y decir: Comunidad Autónoma de Murcia o del País Vasco o de Canarias, usted no puede aprobar este plan porque en su estatuto de autonomía se les limita y se les constriñe la gestión de la prevención de la contaminación marina de los vertidos a cuando se produzcan de tierra al mar, desde tierra al espacio marítimo de dominio estatal; pero si se produce desde una embarcación en el puerto de Mazarrón o en el puerto de Cariño, usted no puede operar. Es un problema práctico que le está ocurriendo al Estado y se está actuando por la vía de hecho, por planes no publicados que circulan del Estado a las comunidades autónomas.
¿Qué requiere esta situación? Simplemente una pequeña adecuación de la legislación estatal para que vayamos a un modelo sensato, de forma que si en el puerto de Gijón se produce un vertido desde una embarcación pesquera, la autoridad medioambiental de la comunidad autónoma de Asturias pueda gestionar ese vertido dentro de las aguas interiores o dentro de las aguas territoriales hasta las 12 millas españolas; y eso es lo que no está ocurriendo.


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¿Por qué, qué le pasa al Estado? Que tiene que ir a por todas, tiene que ir a todas las aguas: en las aguas portuarias porque es dominio público estatal, en las aguas interiores, en las aguas territoriales, en las aguas de zona económica exclusiva y también en las aguas internacionales, de conformidad con las adscripciones de protección de zonas marítimas que le realice la Organización Marítima Internacional, es decir, las zonas de atención SAR. Eso es lo que está pasando y esta situación está superando al Estado.
¿Qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos ir a un modelo de cooperación y coordinación con el Estado, que tiene que existir, sobre todo cuando la catástrofe tiene mayores magnitudes. No tiene sentido que lo que existe en salvamento no exista en contaminación marina, porque la protección de la vida humana en el mar y la lucha contra la contaminación normalmente van unidas. Recientemente, en la catástrofe del «Prestige», se tuvieron que hacer las dos operaciones: salvar a los tripulantes de la embarcación y, posteriormente, luchar contra la contaminación marina. En lo referente a una cuestión, las comunidades autónomas pueden operar en aguas territoriales y en lo referente a la otra no. Esto es un contrasentido si tenemos en cuenta que los medios materiales son los mismos, tanto las embarcaciones como el personal especializado. Eso requiere sensibilidad y tener presente cuál es el esquema que vamos a establecer para evitar problemas de estas características en futuras ocasiones.
Pedimos únicamente --reitero-- facultades de gestión, ejecutivas de lo que el Estado legisle, en cooperación y en coordinación con él, porque ésa es la mejor manera de abordar la problemática de la vida humana en el mar y de la prevención de la lucha contra la contaminación marina.
Modelos en la materia existen, hay muchos --los he repetido y no voy a ser reiterativo al respecto-- y con una simple voluntad política se puede realizar. Nosotros lo hemos intentado a través de diferentes iniciativas --y el grupo mayoritario no ha tenido a bien aceptarlas-- ya sea a través de proposiciones de ley directamente, ya sea a través de debates sectorializados sobre el dominio marítimo, que han tenido lugar con ocasión de la Ley de acompañamiento a los presupuestos tanto para el 2003 como para el 2002, en las que solamente se aceptaban las modificaciones sobre el dominio marítimo propuestas por el Gobierno en el proyecto de ley, o por el Grupo Parlamentario Popular a través de enmiendas, y las mejoras o visiones distintas que tenían otros grupos como el nuestro no fueron tenidas en consideración.
En grandes líneas lo que pretende esta moción, señor presidente, es articular un mecanismo de construcción del Estado racional, sensato, lógico, coparticipado y bajo la coordinación del Estado en la lucha, la prevención y la gestión de los vertidos en aguas marítimas españolas correspondientes a la titularidad del dominio público estatal.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, obviamente no quiero repetir sus argumentos, aunque va a ser difícil que pueda soslayar muchos de ellos, pero sí quiero agradecerle la moción que ha presentado, y sentimos mucho no poder apoyarla porque entendemos que la legislación española y la legislación internacional cumplen perfectamente todos los objetivos que se plantean en la misma. Solamente podemos ver en esta moción una posibilidad que es lícita, que es posiblemente deseable por parte de alguna comunidad autónoma --no por todas, por supuesto-- y que es respetable. Pero cuando hablamos del salvamento marítimo y de seguridad en la contaminación marítima, son los hechos los que dan los argumentos para decir no --sintiéndolo mucho-- a esta moción. Porque precisamente con la catástrofe del «Prestige» --y usted hace referencia a ello en su moción, señoría-- hemos visto que la coordinación entre las comunidades autónomas, concretamente la comunidad gallega y el Estado, funciona perfectamente. Es difícil entender la propuesta que usted hace cuando hablamos de colaboración. El espíritu de la moción es muy loable y lo que nos pide es una colaboración entre administraciones. Pero esa colaboración entre administraciones ya se realizó con los traslados de competencias a los distintos estatutos de autonomía, que, como usted bien ha dicho --e intentaré no hacer mucha referencia a ello-- supusieron la transferencia de las competencias en lo que se refiere a la contaminación terrestre que va al mar.
Usted sabe también que en febrero se aprobó el Plan nacional de contingencias de contaminación marítima accidental, por el que se establecen unos mecanismos de coordinación entre las administraciones marítimas del Estado y los órganos competentes de cada comunidad autónoma afectada por un proceso de contaminación, sea cual sea esta situación.
Esta misma orden tiene una clara delimitación de las competencias de la Administración General del Estado, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de la administración local y establece la posibilidad --en caso de una contaminación producida por un buque y a petición de la comunidad autónoma cuyo litoral se vea afectado-- de que los medios de lucha contra la contaminación adscritos a la administración marítima se incorporen a las operaciones de descontaminación bajo la dirección del organismo competente de la comunidad autónoma.
Usted sabe --y ha hecho referencia a ello-- que la ley 27, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece el responsable de esa coordinación, y también conoce su señoría la coordinación que existe en el Ministerio de Fomento, aunque haya más ministerios implicados en el salvamento marítimo y la contaminación en el mar.
Por ejemplo, si ocurriera un desgraciado suceso --no quiera Dios-- en el municipio del cual tengo la suerte de ser alcalde, San Pedro del Pinatar --que es el límite de los reinos de Castilla y Aragón y limita la Comunidad Valenciana con la de Murcia-- o en Aguilas, donde la comunidad murciana limita con Andalucía, si no existiera

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la coordinación desde este centro de de salvamento marítimo y seguridad, tendríamos un centro en Huelva, en Cádiz, en Tarifa, en Algeciras, en Almería, en Cartagena, en Valencia, en Castellón, en Tarragona, en Barcelona, en Bilbao, en Santander, en Gijón, en La Coruña, en Finisterre y en Vigo y todo esto sin hablar de los centros de nuestras islas, ya que también los hay en las Palmas, en Tenerife y en Palma de Mallorca. Aunque las Cortes tienen potestad para cambiar esta legislación, creo que si lo hiciéramos haríamos un flaco favor, porque podríamos descoordinar. En el reciente caso del «Prestige» hemos visto que la Comunidad Autónoma de Galicia ha funcionado perfectamente y el Estado español también. Con todas las deficiencias y con todos los inconvenientes que quieran poner, creo que nuestra legislación actual funciona muy bien.
Me gustaría no coincidir tantas veces con usted para decirle siempre lo mismo, pero en este caso concreto, igual que en los anteriores, tenemos la suerte de tener un Estado que se preocupa y ocupa de que estas circunstancias se controlen, ya que, como usted mismo ha dicho, la Constitución nos atribuye esa coordinación total. Con el planteamiento que usted hace posiblemente estaríamos hablando de que las aguas de jurisdicción fuesen competencia de las comunidades autónomas y del Estado y las aguas internacionales competencia del Estado. Nosotros, de verdad, señoría --con todo el respeto y con todo el cariño--, no podemos aceptar esta moción, porque entendemos que no va a cumplir el objetivo que sería deseable, que es la mejora del salvamento marítimo, la mejora en la lucha contra contaminación del mar y tampoco significaría una mayor coordinación que la que ahora tenemos entre el Estado y las comunidades autónomas. Pensamos que, aunque todo es mejorable, con las disposiciones que se están elaborando desde el Ministerio de Fomento y con las leyes que tenemos actualmente tanto a nivel internacional como estatal es suficiente. Por ello, sintiéndolo mucho, no apoyamos esta moción.
Muchas gracias, señor presidente y señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Pérez Ruiz.
Pasamos al turno de portavoces.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, yo creo que lo ocurrido en la catástrofe del «Prestige», especialmente en los primeros momentos, no parece el mejor ejemplo para decir ante esta Cámara, ni ante la ciudadanía gallega, ni ante la del Estado que ésta es una respuesta que ha revelado la perfecta coordinación y la lógica existente entre la distribución de competencias en la materia que nos ocupa de contaminación marina.
Estamos ante una moción absolutamente constructiva, que pretende resolver problemas reales, problemas de contradicciones no resueltas por la legislación del Estado en esta materia, y si desde el Gobierno o desde el Partido Popular se teme que a través de una cuestión como ésta se esté intentando modificar el sistema competencial establecido en los estatutos de autonomía, les diré que no se trata de eso, como bien ha explicado el senador Gatzagaetxebarría, que creo que ha dado suficientes muestras en su intervención de cuál es la situación y qué contradicciones produce, como cuando establecía la diferencia de actuaciones que se deben producir si existen vertidos desde las costas o dentro de un puerto desde una embarcación, etcétera. Esto es algo que a cualquier ciudadano medio no se le puede explicar porque no tiene explicación.
Por tanto, ante un planteamiento de una moción que intenta dar respuestas lógicas, coherentes, que no pretende usurpar ningún tipo de competencias sino que se resuelvan los problemas de contaminación marítima de forma ordenada y en cooperación entre las comunidades autónomas con litoral, que son muchas en el Estado español, y las autoridades centrales, creo que en modo alguno puede rechazarse esta moción con la argumentación en contra que de la misma se ha realizado. Yo no he encontrado absolutamente ninguna respuesta lógica a ninguno de los argumentos que ha planteado, desde mi punto de vista de una forma ordenada y coherente, insisto de una forma absolutamente lógica, para dar las respuestas necesarias y desde el primer momento a estas cuestiones que ha planteado el señor Gatzagaetxebarría. No he visto ni una sola respuesta que haga dudar de la oportunidad y también de la buena solución que esta moción plantea.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Mixto, desde Eusko Alkartasuna, no podemos hacer otra cosa sino apoyar una vez más, puesto que no es la primera vez que presenta cuestiones conexas con ésta, y felicitar al senador Gatzagaetxebarría por su tesón y pedirle que siga planteando las mismas cuestiones, porque es necesario que sean suscitadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora De Boneta.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. En su nombre, tiene la palabra el senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor presidente.
He oído con atención la intervención del señor Gatzagaetxebarría e indudablemente éste es un asunto de gran interés para España en general y para Canarias en particular. Coincido con él en que sería oportuno revisar algunas cuestiones. Es un asunto complejo en el que hay una normativa, una legislación internacional, pero hay asignadas a los Estados miembros unas competencias en virtud de los convenios internacionales, y también están las comunidades autónomas.
Voy a citar dos casos concretos en relación con el salvamento marítimo y con la pesca. En noviembre de 2002 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias en materia de salvamento marítimo, firmado por el ministro, señor Alvarez-Cascos, en su nombre el subsecretario de Fomento, y el

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consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias.
Aparte de hacer una obligada referencia, en los antecedentes, a la legislación internacional y en concreto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del Derecho del Mar, que todos conocemos, firmada en Montego Bay, bahía de Montego, en castellano, en diciembre de 1982, quiero resaltar que, curiosamente, en los antecedentes de este convenio se hace referencia a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que en su artículo 87 establece que el servicio público de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino se prestará por la administración del Estado, así como por las restantes administraciones públicas competentes, de acuerdo con el principio de coordinación, instrumentado a través de los planes y programas correspondientes. Estos complementarán, de forma integrada, las actuaciones de cada administración, así como los medios para desarrollarlas, con independencia de su titularidad, de su adscripción funcional o de su localización territorial. Es decir, que la Ley de Puertos del Estado une la lucha contra la contaminación con el salvamento de la vida humana, y dice que se prestará por la administración del Estado así como por las restantes administraciones, siguiendo el principio de la coordinación.
Pero luego, en otro artículo, dicha Ley de Puertos del Estado adscribe al Ministerio de Fomento la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, pero establece en su artículo 90 que corresponde a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima la prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico marítimo, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino; es decir, tanto el organismo que tiene el Ministerio de Fomento en este caso, que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, como el correspondiente del Gobierno de Canarias, que está bajo la Dirección General de Seguridad y Emergencias Marítimas, se coordinan para realizar actuaciones conjuntas en materia de salvamento marítimo así como para dotar de los correspondientes medios, además de para un mayor uso y eficacia de los medios que se aportan por cada una de las dos administraciones, pero echo de menos que se deje fuera el tema de la contaminación marina.
También en el segundo caso a que me refería, en materia de pesca, el día 13 de este mes del Parlamento de Canarias ha aprobado una ley de pesca, y las competencias que había recibido la comunidad autónoma en materia de acuicultura, han sido transferidas a los cabildos insulares para que las ejerzan. Por tanto, ahí también tenemos un problema entre las aguas interiores, las aguas de jurisdicción española, las aguas territoriales, la zona económica especial y las aguas internacionales. Toda esta complejidad, desde el punto de vista de Coalición Canaria, merece ser debatida, por lo que nosotros concluimos diciendo que nos parece oportuna esta moción que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y que ha defendido el señor Gatzagaetxebarría, y en coherencia, la vamos a apoyar.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Corresponde el turno al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y en su nombre tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Señor Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, creo que no ha estado muy acertado cuando me ha dicho que el «Prestige» ha sido un ejemplo de coordinación. No podemos decir eso. Ha funcionado el salvamento marítimo. Se ha salvado a las personas, pero luego están los problemas del salvamento del buque, que presenta otras connotaciones, con una investigación interna abierta por el Estado para ver si los medios materiales de Sasemar fueron objeto de una negociación privada de salvamento marítimo. Lo ha dicho el lunes pasado el señor Alvarez-Cascos.
El salvamento de las personas funcionó bien, pero no me diga que es un modelo de coordinación. No. Ha funcionado mal en cuanto a la prevención y a la lucha contra la contaminación marina. Ahí está el problema en esta cuestión.
Su señoría ha manifestado que sienten decirlo, pero que no alcanzan a comprendernos. Usted es un hombre inteligente y entiende perfectamente lo que estamos diciendo, y como tiene sensatez política, porque he hablado con usted y sé que la tiene, usted entiende. Lo que sucede es que usted debe defender en este momento lo que dice el Ministerio de Fomento. Tengo aquí un informe de ese ministerio y ya sé lo que dice y lo que le han pasado a usted, no ese mismo día, pero sí en otra iniciativa anterior.
Eso lo dice quien redacta pero no viene aquí a debatir. ¡Qué bien se escribe en los papeles! Pero luego tiene que defenderlo otro, y a la hora de contraargumentar le toca a usted. Es muy fácil hacer eso. El Subdirector de Tráfico Marítimo del ministerio dice: Diga esto. Pero luego lo tiene que defender otro. Yo ya sé lo que dice. Fíjese si lo sé que este planteamiento nuestro, que se rechazó inicialmente, ustedes lo han aceptado en las aguas interiores portuarias. Fue rechazado en el año 1996. Lea la disposición adicional dieciocho de la Ley de Puertos, que dice, con la modificación de Arias Salgado del año 1997, que los vertidos en los espacios marítimos portuarios de competencia de las comunidades autónomas serán gestionados por estas. ¡Si ya lo están diciendo ustedes! Ustedes nos dijeron que no en el año 1996. Se trataba de una proposición de ley. Luego, en la Ley de Puertos no había mayoría absoluta, pero se ejerció presión por parte de Coalición Canaria, de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, y el Grupo Parlamentario Popular introdujo la disposición adicional dieciocho. ¿Qué hemos avanzado? Del planteamiento inicial de 1996, en 1997 en las comunidades autónomas ya tenemos espacios marítimos portuarios, la gestión de los vertidos mar-mar y aire-mar. Por lo tanto, si apelamos a que la sentencia 149 del año 1991 dice que no sería constitucional, tampoco lo sería la disposición adicional dieciocho de la Ley de Puertos. Ya está incluido. Ya hemos logrado un avance en los espacios marítimos portuarios de competencia

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autonómica, las autonomías gestionan los vertidos mar-mar y aire-mar.
¿Por qué no va a ocurrir en el resto de las aguas interiores del litoral o en las aguas territoriales? ¿Por qué, si hacemos salvamento marítimo, no podemos llevar a cabo la lucha contra la contaminación? Señoría, Murcia tiene competencias en materia de salvamento marítimo en las aguas interiores y en las aguas territoriales, pero no las tiene en la lucha contra la contaminación, pero los medios materiales de Murcia o de Asturias o del País Vasco, son los mismos. Si se produce un vertido mar-mar en Mazarrón, se llama a la Comunidad Autónoma de Murcia, y esta puede operar sobre el salvamento del buque en peligro en Mazarrón, pero no sobre la contaminación. Es absurdo. La Comunidad Autónoma de Murcia operaría de hecho. Operaría porque lucharía contra la contaminación, sin soporte legal en la legislación de puertos ni en la legislación de costas, pero tendría que operar.
Me ha dicho que han aprobado el plan de contingencias de contaminación marina. Sí, pero no está publicado, y ya le he dicho por qué. Es una orden comunicada que circula por ahí, pero no está publicado. El Estado puede aprobar un plan estatal, pero las comunidades autónomas no tienen competencias para realizar planes territoriales. Ese es el problema de organización del Estado.
¿Cómo estamos funcionando? Por la vía de hecho. Si se publica en el Boletín Oficial del Estado ya es norma imperativa, y cualquiera puede apelar en vía administrativa o jurisdiccional a las administraciones para que procedan al cumplimiento.
¿Qué es lo que se hace para que no ocurra eso? Funcionar por la vía de hecho. Eso es lo que no podemos admitir.
El plan nacional de contingencias por contaminación marina no está publicado ni tiene carácter vinculante. Es una orden comunicada que tengo aquí firmada por el señor Alvarez-Cascos pero que circula privadamente por ahí; es para empresas que tienen que hacer planes de prevención por contaminación por hidrocarburos; hay comunidades autónomas que lo tienen, como Murcia, el País Vasco, pero no tiene carácter vinculante. El Estado dice: Si no reconozco en la legislación marítima la competencia de la gestión vertido mar-mar aire-mar, ¿cómo voy a obligar a Murcia, Asturias o al País Vasco a que haga el plan territorial? A ver si lo hacen por la vía de hecho, y si ocurre un evento ya operarán.
En la catástrofe del «Prestige», en las aguas de Asturias, Cantabria y País Vasco, fundamentalmente ha operado la flota pesquera de estas comunidades autónomas financiada por las propias comunidades autónomas porque ha desbordado al Estado, que se ha centrado básicamente en el Atlántico.
En cualquier caso, ese no es el objeto de la moción. Ya lo debatimos con el señor Matas en su última comparecencia en esta Cámara y reconoció que el Estado arbitraria los mecanismos para pagar a las comunidades autónomas el ejercicio de funciones extra estatutarias, porque el Estado no ha llegado y lo están financiando las comunidades autónomas.
Lo que pedimos es una lógica, porque si podemos hacer salvamento marítimo en una embarcación que se hunde junto al litoral de Mazarrón, ¿por qué no lo vamos a hacer en la lucha contra la contaminación marina? Eso es lo que hay que corregir. Así de sencillo, y yo sé que usted tiene capacidad política para entender todo esto.
Y ya sé lo que dice el papel del ministerio de Fomento, lo que decía el año 1997, que luego el Gobierno ha cambiado porque está la disposición adicional decimoctava de la Ley de Puertos con la que ya se ha avanzado.
Antes no se podía hacer ningún vertido mar-mar ni aire-mar en ningún espacio marítimo. Ahora sí, desde 1997 tenemos esa competencia en los espacios marítimos portuarios por la disposición adicional decimoctava de la Ley de Puertos.
Vamos a ver si lo logramos en el resto de las aguas interiores y territoriales, porque donde ejercemos salvamento es lógico que hagamos la prevención de la contaminación marina porque estamos hablando de los mismos medios materiales y de los mismos responsables políticos, porque quien gestiona la comunidad autónoma o en el Estado el salvamento marítimo está gestionando la lucha contra la contaminación marina. Es el mismo responsable político y, por lo tanto, no podemos mantener este vacío y esta disfunción que en este momento existe en el Estado, y cuando ocurre un evento y el Estado no llega se opera por la vía de hecho.
Cantabria está haciendo lucha contra la contaminación marina en aguas de dominio estatal sin competencia. Así ocurre también en Asturias, el País Vasco, Galicia, y eso el Estado lo ha reconocido. Así lo comentó el señor Matas cuando dijo que arbitrarían los mecanismos de compensación financiera para el abono de las competencias que ejercen las comunidades autónomas.
Nosotros creemos que planteamos lo mismo que ustedes ya plantearon en salvamento en aguas territoriales. Planteamos lo mismo en lucha contra la contaminación porque, señor presidente, son los mismos medios materiales.
En 2000, cuando planteamos la elaboración del plan nacional de salvamento marítimo en cooperación con las comunidades autónomas, el Grupo Popular propuso un documento que era la puesta en marcha de una comisión nacional de salvamento y medio ambiente marino. La comisión se ha puesto en marcha en el mes de diciembre solamente en materia de salvamento. No hay medio ambiente marino. Eso lo firma el señor González Pons, y tengo aquí el documento. Dos años más tarde el Gobierno pone en marcha para la gestión del plan nacional la comisión de coordinación y salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación marina no. Tenemos que terminar con este absurdo.
Usted tiene sensatez política como para entender todo esto --usted y el resto de los grupos de la Cámara--. Hay que terminar con este contrasentido. Creamos un órgano de coordinación y de colaboración y nos dicen que sólo salvamento y no contaminación cuando estamos hablando de la misma problemática. Eso ha ocurrido el pasado mes de diciembre, cuando se ha puesto en marcha este órgano después de la catástrofe del «Prestige».
Es más, estoy persuadido y convencido de que usted no conoce el documento que ha presentado su grupo parlamentario en relación con la seguridad de las infraestructuras este mes de marzo. ¿Sabe lo que dice ese documento,

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del que el responsable es su portavoz, su jefe en la Comisión de Infraestructuras, el senador Fajarnés? Habla de la cooperación y coordinación con las administraciones autonómicas con competencia de salvamento y protección y lucha contra la contaminación marina. Vea la recomendación tercera del documento, propuesta de informe, que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular sobre la seguridad de las infraestructuras en transporte marítimo. Lo dice y lo ha presentado el senador Fajarnés hace diez días en la Cámara. Lo tenemos todos los grupos parlamentarios.
Por eso creo que tenemos que mantener esa coherencia, esa sensatez de que en estos problemas hay que dar una solución lógica y racional a disfunciones que se originan en el funcionamiento del Estado autonómico.
Esto es en grandes líneas lo que nuestro grupo parlamentario quería exponer, señor presidente. El esquema en el Estado funciona en cuestión de catástrofes en tierra, en catástrofes hidráulicas a través de la doctrina de los círculos concéntricos. Cuando la catástrofe ocurre en un determinado ámbito territorial actúan el plan municipal o el plan interior, el plan autonómico o el plan estatal. Y en el caso marítimo actuaría un plan internacional por una catástrofe que afectara a varios Estados o a aguas internacionales. Señorías si eso ya está funcionando en el resto de las catástrofes, ¿cómo no tenemos sensatez política para poner en marcha tal cuestión cuando con ocasión de catástrofes marítimas lo hacemos en salvamento? ¿Cómo en cambio no lo tenemos para la prevención y lucha contra la contaminación marina?

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Por favor, senador, le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, y también mi compañera nacionalista vasca, la senadora De Boneta, me animaban a seguir insistiendo en esta cuestión.
Pues bien, si no es posible esta vez, en la anterior legislatura sí se pudieron gestionar los vertidos mar-mar y aire-mar en los espacios marítimos portuarios, aunque eso tampoco se pudo hacer hasta un determinado momento. Si esto no es posible conseguirlo a día de hoy, seguiremos trabajando en esta cuestión en la siguiente legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Corresponde ahora el turno al representante del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
El tema está suficientemente debatido. Lo que propone la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos es compartido por nuestro grupo fundamentalmente porque a su vez dicha moción coincide en la aplicación política de dos principios que creo compartimos la mayoría de los miembros de esta Cámara y que son los siguientes: el principio de la subsidiariedad y el principio de la proximidad.
Es evidente que, en aplicación de estos principios, sería bueno que esta moción se aprobase. De esta manera, las comunidades autónomas podrían gestionar --esto se ha repetido hasta la saciedad-- las competencias estatales y no la transferencias. Por tanto, nuestro grupo votará favorablemente esta moción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Aleu.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió queremos felicitar al grupo que ha presentado esta moción especialmente por la oportunidad que han elegido para ello, me refiero a que aún sigue vivo todo el tema del «Prestige». Es un buen momento para intentar aprovechar una supuesta sensibilidad por parte de todos, sensibilidad que parece estar ausente en el Gobierno y en el grupo que le sustenta.
La exposición del señor Gatzagaetxebarría nos ha parecido muy buena técnicamente, por eso hemos podido entender con gran detalle dónde está el problema. Su propuesta de soluciones tiene también una alta calidad técnica. Políticamente el señor Gatzagaetxebarría ha estado muy moderado y por otra parte la moción tiene una buena base técnica.
No podemos decir lo mismo de lo que hemos oído en el turno en contra. Ahí hemos visto ya un contenido más político tendente a frenar cualquier paso que se quiera dar en el proceso autonómico. Lo mismo pensamos cuando su señoría pretendía hacer propaganda de buena colaboración y coordinación al referirse al «Prestige». Debemos tener en cuenta que en el caso de ese petrolero coincidían un Gobierno autonómico y el Gobierno estatal pertenecientes al mismo partido. Imaginemos un problema así en comunidades autónomas en las que tenemos mar pero en las que no se dé esa coincidencia.
Nosotros vamos a apoyar la moción no solamente por estar sensibilizados ante esta cuestión, sino porque partimos exactamente del mismo problema ya que en Cataluña también tenemos mar y frontera francesa, motivos ambos que nos hacen estar en la línea de todo lo que aquí se ha expuesto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Lago.


El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.


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Señorías, ante todo quiero felicitar al señor Gatzagaetxebarría por el interés y oportunidad de esta propuesta y pedirle que permita que el Grupo Parlamentario Socialista haga suya su propuesta. También he de lamentar la intervención en el turno en contra del senador del Grupo Popular, que ponía como modelo --y creemos que es una temeridad en este momento y ante lo visto-- de gestión y de coordinación la actuación del Gobierno y de la Xunta de Galicia ante el «Prestige».
De los remolcadores asignados y operativos en Galicia en 1991 sólo estaba disponible el Ría de Vigo. El cuerpo de personal especializado en la lucha contra la contaminación marina no existió. Las primeras semanas de la catástrofe solamente los voluntarios actuaban en las zonas afectadas tratando de eliminar las manchas y vertidos. Ninguno de los barcos especializados en recoger el vertido era español. Las barreras flotantes eran pocas y de altura insuficiente. En muchos casos han permanecido, por orden de la administración, en puerto a la espera del momento adecuado, mientras los pescadores recogían el fuel con las manos.
Señorías, decir a estas alturas que funcionó la coordinación y que debe ser un modelo entre la Xunta de Galicia y el Gobierno central, no sé si se refiere a que funcionó la coordinación por la ausencia de los responsables políticos, tanto ministros y conselleres como el mismo Fraga, en los primeros días de la catástrofe, o si funcionó la coordinación en negar la marea negra, o si funcionó la coordinación en la manipulación informativa tanto del Gobierno central como de la Xunta de Galicia. Esa sí funcionó, así como hablar de coordinación para atajar los problemas del «Prestige», y a la vista tenemos lo que pasó. Seguir por ese camino no es otra cosa que seguir maltratando la dignidad de los gallegos.
Señorías, la riqueza de nuestras costas y su diversidad geográfica constituye un entorno de excepcional valor ecológico y económico. Toda esta riqueza pivota alrededor de unas condiciones ecológicas que necesitan mantener sus condiciones en perfecto equilibrio y cualquier amenaza procedente del exterior puede convertirse en un punto de difícil e imposible retorno, arruinando una riqueza extraordinaria y una zona de incalculable valor medioambiental.
Es fundamental, por tanto, integrar políticas activas de prevención y de lucha contra la contaminación, en orden a mantener las condiciones ecológicas de las mismas que garanticen la valiosa diversidad biológica de nuestro patrimonio natural. Frente a nuestras costas, por el corredor de Fisterra, circulan cada año unos 13.000 buques abarrotados de mercancías de alto riesgo. La actual regulación de transporte marítimo internacional y, más concretamente, la de mercancías peligrosas y contaminantes no garantiza la seguridad del transporte ni la asunción de todas las responsabilidades de las empresas operadoras en caso de accidente.
Todo ello conduce a que el medio marino esté sometido constantemente a agresiones medioambientales permanentes. Estamos, por lo tanto, ante un alto factor de inestabilidad y de riesgo permanente. Las duras normas de seguridad marítima de Estados Unidos, la tolerancia cero frente a la contaminación, desvían hacia Europa a los buques tanque en peores condiciones, pero en España estamos muy lejos del nivel que consideraríamos, no ya óptimo, sino mínimamente exigible en aras de la seguridad de nuestros recursos naturales e incluso de la salud de nuestros ciudadanos.
Señorías, la situación actual nos revela que España y Galicia, que deberían ser un centro de referencia en la prevención y lucha contra las mareas negras, no disponen de los mecanismos adecuados para hacer frente a accidentes en materia de transporte marítimo, como se acaba de comprobar con el accidente del «Prestige». La carencia de medios ha sido y sigue siendo la tónica general; la carencia de planes de emergencia y de medios han sido más que evidentes. De hecho, el Gobierno ha estado más interesado en minimizar los efectos de la catástrofe y en justificar su propia falta de previsión que en organizar una respuesta ante la marea negra. (El señor Bustillo Navia-Osorio: ¡Qué barbaridad!) Con esta catástrofe nuevamente hemos podido constatar la falta de medidas preventivas eficaces, la ausencia de planes de acción, la escasez de recursos, la falta de coordinación y la adopción de medidas deficientes inadecuadas y a destiempo, pese a la gravedad y frecuencia de este tipo de sucesos en los últimos treinta años. Por resumirlo en una frase, el Gobierno del señor Aznar, su Gobierno, llegó tarde a todas las decisiones frente a la catástrofe del «Prestige».
El Estado tiene una responsabilidad ineludible e intransferible. Es momento de hacer autocrítica porque, siendo España un Estado marítimo, los españoles no hemos contado con los medios públicos suficientes para abordar una crisis de esta envergadura. Esta frase tan rotunda no la digo yo ni la está diciendo el Grupo Parlamentario Socialista, la dijo su vicepresidente, el señor Rajoy: Es momento de hacer autocrítica porque no tenemos los medios públicos suficientes para hacer frente a una crisis.
Señorías, una respuesta rápida, coordinada y efectiva puede ser la línea que divida un accidente desafortunado como el del «Prestige» en un desastre consumado como el de las mareas negras. Se debe disponer, por lo tanto, de planes de emergencia y respuesta operativa con medios y recursos propios del actual desarrollo tecnológico.
Tolerancia cero en España y en Europa en cuanto al incumplimiento de las normas de seguridad en el transporte marítimo. El Gobierno tiene la competencia y operatividad en la lucha contra la contaminación marina y no las comunidades autónomas, si bien la tienen en salvamento marítimo hasta las 12 millas. Por cierto, los helicópteros que salvaron la vida a los tripulantes eran competencia autonómica de la Xunta de Galicia.
El problema ha sido que el Gobierno, ante una problemática, no ha podido abordar la lucha contra la contaminación marina, algo de su exclusiva titularidad. El Gobierno central se ha visto desbordado por los acontecimientos.
Las comunidades autónomas también son Estado y, por lo tanto, donde no llega el Gobierno central pueden y deben llegar los propios gobiernos de las comunidades autónomas, porque lo importante, al fin y al cabo, es solucionar los problemas de contaminación. Por lo tanto, se trata de

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servir a la ciudadanía y evitar que se produzcan perjuicios para la salud y para el medio ambiente.
Tenemos un modelo de gestión centralizada pero existen otros modelos basados en el reparto de competencias en materia de gestión de contaminación marina y de gestión de zona marítimo--terrestre. Existe otro modelo que permite a las comunidades autónomas gestionar la contaminación marina en las 12 millas, lo mismo que ocurre respecto al salvamento marítimo. Existe otro modelo de coparticipación y de corresponsabilidad entre los gobiernos central y de las comunidades autónomas litorales. Existen, pues, dos posibilidades bien distintas: optar por una posición política de gestión descentralizada manteniendo siempre la titularidad en manos del Estado o mantener una gestión absolutamente centralista en la que, además de ser titular, el Gobierno se arroga toda la gestión.
Se puede decir en estos momentos, y con el modelo del «Prestige» delante, que ante el primer revés operaron con claridad y crudeza las debilidades estructurales de nuestro país; esto es, los déficit en capital físico, humano y tecnológico, y las debilidades de nuestro Gobierno que no estuvo a la altura de este accidente.
Por eso es necesario afrontar la salida de la crisis en términos globales y de cooperación institucional entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas. Es el conjunto del país quien debe abordar la salida de esta crisis como un reto de futuro y dar un salto cualitativo que vaya más allá de la simple solución de los problemas económicos y medioambientales, de por sí ya suficientemente graves. Al propio tiempo resulta necesario realizar un planteamiento de carácter general ante situaciones análogas a las derivadas del «Prestige», y en términos de cooperación institucional y reparto de competencias entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos.
En el propio Plan nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino 2002-2005, aprobado el 12 de julio, ustedes mismos --se decía-- justificaban la necesidad de una actuación conjunta Gobierno central y gobiernos de las comunidades autónomas en la lucha contra la contaminación. Aquí estamos con esta propuesta de hacer delegación de competencias en cuanto a la gestión de la contaminación marina.
Por ello, quisiera referirme al desarrollo de nuestro Estado autonómico.
Coincidiremos, supongo todos, en que ha sido una experiencia extremadamente positiva como resultado del espíritu de consenso en 1978; un importante éxito y una experiencia enormemente positiva desde el punto de vista de que contribuyó a un nivel de desarrollo de la capacidad de autogobierno y de descentralización política, al que nunca se llegara en la historia política de nuestro país, y porque permitió y permite un progresivo acercamiento del Poder a los ciudadanos: el criterio de proximidad del que algunos que me han precedido han hablado.
El modelo propio constitucional de distribución de competencias también contempla y se complementa con los mecanismos previstos en el artículo 150 de la Constitución, por el que el Estado puede transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades en materias de titularidad estatal. Es por eso que incluso en una reunión reciente del presidente de la Xunta, señor Fraga, y el señor Arenas, se hablaba de completar el marco de transferencias pendientes en Galicia y se hablaba de competencias en salvamento marítimo y en investigación oceanográfica.
Hoy aquí planteamos también incorporar la delegación de competencias en materia de contaminación marina.
Señorías, Galicia y las comunidades afectadas, España en su conjunto, tienen y deben elegir el modelo que va a seguir para abordar la salida de la crisis del «Prestige» y para protegerse y prepararse de cara al futuro y posibles crisis que se puedan producir.
Es el momento de abrir el debate político competencial ante el reto ecológico y de seguridad al que nos enfrentamos. Estamos en este momento en un debate competencial, no en un debate solamente medioambiental. Por lo tanto, consideramos que es el momento, sin ocultaciones, sin manipulaciones y sin intentos de minimizar su alcance ni demonizar al adversario. Convencidos de estar mirando al futuro con ambición de progreso, convencidos de poner el interés general por encima de cualquier otra tentación particularista, convencidos de que todos somos Estado, también los gobiernos de las comunidades autónomas, y por ello todos debemos contribuir, en la media que corresponda, a garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, el Grupo Socialista apoyará la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y defendida por el señor Gatzagaetxebarría, que insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la vigente legislación marítima española, de manera que las comunidades autónomas del litoral español, en cooperación y coordinación con la Administración General del Estado, puedan ejecutar y gestionar, en aguas territoriales correspondientes a su litoral, la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la contaminación marina.
Señorías, con toda seguridad avanzaremos por el camino de que «nunca máis» tengamos que sufrir una catástrofe de la magnitud de la del «Prestige». Este es un camino y otro bien diferente es intentar pasar página cuanto antes a un desastre muy bien organizado, por cierto, por el Gobierno del Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lago.
Para finalizar el turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Gracias, señor presidente.
Antes que nada, quiero agradecer al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos su actitud ante las circunstancias de las que hemos hablado, y que eran objeto de esta moción. Con gallardía y honestidad ha reconocido que hemos avanzado en muchos aspectos, como el plan de salvamento marítimo, etcétera, pero es obvio que también queda mucho por hacer.


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En primer lugar, quiero comentar al portavoz socialista que puedo entender casi todo --incluso le entiendo a usted-- y, por ello, si aceptásemos que estoy representando un papel, también tendríamos que analizar cuál era el suyo porque, ¡da pena! Voy a utilizar una frase que no me gusta porque, como se dice en mi tierra, «Agua pasada no mueve molino». Sin embargo, puesto que nos están echando en cara una catástrofe de las características de la del «Prestige» --y no voy a entrar mucho en él--, así como la falta de medios del Estado español les recordaré, a pesar de que no me guste, que ustedes tuvieron responsabilidades de gobierno. (El señor Lago Lage: ¡Siete años llevan ustedes!)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, senador Lago.


El señor PEREZ RUIZ: ¡Ustedes estuvieron doce! No voy a hablar de lo que pasó en la Bretaña francesa, que fue el primer desastre ecológico importante en cuanto a contaminación marítima, ni voy a hablar del «Mar Egeo» o de otros hechos similares porque, como ya he dicho, el pasado me interesa poco, me interesa más el futuro, el futuro que se presentaba en la moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Hablemos con claridad del debate competencial. Efectivamente, mantengamos un debate claro y concreto sobre las competencias de las comunidades autónomas para, en caso necesario, modificarlas; pero usted sabe perfectamente --y lo ha dicho en este debate-- que bastantes artículos de la Constitución dejan claras algunas cuestiones y que de una de ellas es de lo que estamos hablando en este Pleno.
Señoría, desde luego no le permito que diga o que extracte de mis palabras algo que pueda hacer daño al pueblo gallego; no sería correcto por su parte porque no es eso lo que he dicho. Bajo ningún concepto me permitiría insultar a ningún ciudadano de Galicia, máxime cuando han sido los que han tenido que soportar --que no otros--, las vicisitudes y las soluciones que ha aportado el Gobierno de España. Podemos comparar la coordinación existente en el caso del «Mar Egeo» con la del «Prestige», la contaminación que se produjo en un caso y en otro, pero usted sabe igual que yo que hay cosas que ningún Estado, sea España, Francia, Alemania, Portugal y ni siquiera Estados Unidos o Canadá puede resolver por más medios que tenga porque es imposible; usted sabe que es imposible y lo debería reconocer.
No voy a prestar más atención a sus pretensiones porque el senador Gatzagaetxebarría ha presentado una moción que realmente es interesante, a pesar de que todavía no sea posible.
Algunos de los otros portavoces comentaban que hay que seguir insistiendo; quizá sí, pero usted sabe perfectamente que hay una clara corresponsabilidad entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas en todo lo relativo al salvamento marítimo y también a la contaminación, y usted lo sabe. Obviamente, cuando una comunidad autónoma tiene un problema de contaminación no va a dejar de acometerlo, igual que el Estado no va a dejar de reconocer si esa comunidad ha apostado por hacer un trabajo que competencialmente no es de su responsabilidad, que también está él para hacer frente a ello. Esto es colaboración, coordinación, y lo que marcan nuestras leyes respecto al salvamento marítimo y la contaminación. Y menciono también la contaminación y no solamente el salvamento marítimo, en el que usted ha reconocido y se lo agradezco especialmente, que en nuestro Estado hemos avanzado mucho y bien en beneficio, sobre todo, de las personas, que es lo primero.
En cuanto a la contaminación, estoy convencido que con su colaboración y con la de todos los grupos representados en esta Cámara, conseguiremos que cada día vayamos mejorando y dotando a nuestro Estado de más medios, de más posibilidades para que ésta se minimice o no exista. Para ello no sólo es necesaria la intervención del Estado español, porque usted sabe que hay unas leyes internacionales y unas leyes europeas, a las que usted ha hecho referencia y cuyos objetivos conoce. En concreto, el Reglamento aprobado el 5 de noviembre de 2002 por el Parlamento Europeo nos tiene algo que decir en este sentido. Yo no voy a mencionar todas las leyes referentes a esta materia, ni tampoco a la Organización Marítima Internacional. Todos estamos preocupados por este tema, y no hemos hablado del problema de coordinación entre todas las comunidades autónomas y el Estado sino que, como decía muy bien el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hablamos de un debate competencial. Un debate que tendrá su momento y se deberá plantear de una forma diferente.
Con respecto a la moción, el Grupo Parlamentario Popular no la va a apoyar, si bien, como decía mi compañero en la Comisión de Infraestructuras, cree conveniente seguir avanzando porque no es incompatible controlar las aguas de los puertos correspondientes a las comunidades autónomas, ya que en los puertos del Estado ya se da esa misma coordinación a través de las autoridades portuarias, y sabemos perfectamente que la coordinación es vital en un Estado autonómico como el nuestro. Y ahí tenemos que seguir trabajando, senador Gatzagaetxebarría, colaborando todas las comunidades autónomas con el Estado en un bien que nos preocupa y nos debe ocupar a todos, puesto que la contaminación nos perjudica a todos.
No se puede utilizar la contaminación, el galipote, como le llamamos en mi tierra, o el chapapote en Galicia, para el debate político. Por eso rechazo totalmente la posición del senador del Grupo Parlamentario Socialista, y comparto su sensatez y agradezco esta moción aunque no la vayamos a apoyar , porque creemos que tenemos que seguir avanzando en la misma línea que usted ha reconocido del salvamento marítimo, de colaboración y cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado.
Así conseguiremos hacer cada día un Estado más fuerte, más coordinado, y con la participación de todos podamos alcanzar minimizar, como se pretende en esta moción, la contaminación marítima por los hidrocarburos u otros componentes. En esa lucha nos va a tener siempre, instando desde nuestro grupo parlamentario a los ministerios correspondientes para que sigan trabajando, apostando y poniendo

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medios económicos, humanos y materiales para minimizarla y, si es posible, que no exista. Creo que con el cumplimiento de las leyes nacionales, europeas e internacionales, con la reglamentación que se está haciendo desde el Estado español y la colaboración de todos, podremos conseguir que cada día tengamos un medio ambiente marino más saludable y menos contaminado.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Pérez Ruiz.
Finalizado el debate, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y treinta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE SANIDAD ANIMAL (S. 621/000102) (C. D.
121/000103).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en relación con el proyecto de ley de sanidad animal.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el senador Macías.


El señor MACIAS SANTANA: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del proyecto de ley de sanidad animal.
A este proyecto de ley, remitido al Senado por el Congreso de los Diputados con la marca de un profundo consenso, se han presentado un total de 198 enmiendas: De la enmienda número 1 a la 28, por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; de la número 29 a la 45, por el senador Quintana González; de la número 46 a la 136, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la número 137 a la 152, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la número 153 a la 170, por el Grupo Parlamentario Socialista; de la número 171 a la 184, por el Grupo Parlamentario Popular, y de la número 185 a la 198, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La Comisión que presido, a propuesta de los grupos parlamentarios, designó para formar parte de la ponencia encargada de informar el proyecto de ley a los siguientes senadores: Por el Grupo Parlamentario Popular a doña María del Mar Agüero Ruano, a don Angel Carlos Bernáldez Rodríguez y a don Fernando Carlos Rodríguez Pérez; por el Grupo Parlamentario Socialista a don Diego Miguel Asensio Martínez y a don Pedro Rodríguez Cantero; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a Francesc Xavier Marimon i Sabaté; por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés a don Josep María Batlle Farrán; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos a don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida; por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a don José Luis Perestelo Rodríguez, y por el Grupo Parlamentario Mixto a don Anxo Manuel Quintana González.
A la vista de las enmiendas presentadas, la ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 6 de marzo de 2003, incorporando del Grupo Parlamentario Mixto las enmiendas números 29 (transaccional) y 43; del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos las números 51, 52, 55, 72, 79, 93, 94, 100, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 121, 127, 130 y 135, prácticamente todas transaccionales; del Grupo Parlamentario Popular se aceptan íntegramente las enmiendas formuladas con los números 171 a 184; del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se aceptan las enmiendas 185 y 189, ambas transaccionales.
El día 10 de marzo, la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, visto el informe emitido por la Ponencia, acordó volver al texto remitido por el Congreso en lo modificado para las enmiendas «in voce» presentadas por el Grupo Parlamentario Popular a las números 79 y 93, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. También se acordó incorporar dos enmiendas transaccionales, una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a la enmienda número 183 del Grupo Parlamentario Popular, y otra del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 188 que había presentado ese mismo grupo.
Para su debate ante el Pleno se han formulado seis votos particulares: Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 137 a 152.
Voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 46 a 50, 53, 54, 56 a 71, 73 a 93, 95 a 99, 101 a 104, 107, 108, 113, 116, 117, 119, 120, 122 a 126, 128, 129, 131 a 134 y 136 y a la enmienda «in voce» en comisión al artículo 3 quáter y al apartado 1 del artículo 63.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Mixto que corresponde a las enmiendas números 29 a 42, 44 y 45, originariamente formuladas por el señor Quintana González.
Voto particular número 4, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, que corresponde a las enmiendas números 1 a 28.


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Voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 187 y 190 a 198.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista que corresponde a las enmiendas números 153 a 170.
A todo ello deberá incorporarse las correcciones técnicas y enmiendas transaccionales que, en su caso, sean aprobadas durante esta sesión plenaria.
Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora, y en el mejor clima parlamentario de diálogo y transacción, se ha llevado a cabo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.
¿En el debate a la totalidad existe turno a favor o turno en contra? (Pausa.) Pasamos a las enmiendas. Votos particulares de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas 1 a 28.
Tiene la palabra el senador Cámara, que supongo defenderá también las originariamente formuladas por el señor Quintana González.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente voy a dar por defendidas las enmiendas del Senador Anxo Quintana y voy a intervenir con mucha brevedad respecto de las enmiendas 1 a 28.
A nosotros esta ley nos parece importante y, desde luego, necesaria.
Estamos asistiendo a una necesidad de atender de forma importante la seguridad alimentaria en todos los niveles y en todos los ámbitos y tenemos, lógicamente, experiencias realmente dramáticas respecto de la seguridad alimentaria o de la inseguridad alimentaria. Por ello, es necesario dotarla del máximo de instrumentos , y esta ley lo hace, para proteger, entre otras cosas, la salud de los ciudadanos.
Efectivamente, estamos en presencia de una crisis de estas características conocida por todos y esta ley avanza pero , en nuestra opinión, no lo suficiente, por lo que presentamos una serie de enmiendas que en algunos casos coinciden con las de otros grupos parlamentarios en el sentido de que consideramos que se deben respetar más y mejor las competencias autonómicas, pero no voy a extenderme demasiado en ello.
En algunas enmiendas planteamos el carácter público de los controles sanitarios , nos parece fundamental que se pueda asegurar. En otras enmiendas proponemos eximir a los ganaderos de determinados costes, porque nos parece de justicia, ya que el sector está francamente perjudicado y es necesario proteger a los ganaderos en aspectos de carácter técnico, ya que, en muchas ocasiones, al carecer de conocimientos adecuados, hace que algunas de las propuestas que aparecen en la ley sean inútiles. Alguna enmienda también hace referencia a que la destrucción de los cadáveres de animales y demás productos de origen animal ha de corresponder siempre a los responsables de la sanidad pública, etcétera.
En el trámite del Senado no se ha recogido ninguna de las enmienda planteadas por Izquierda Unida, que, como he dicho, algunas son técnicas y otras plantean la explicación global que acabo de hacer. Se ha avanzado pero no lo suficiente, ni mucho menos. Estas leyes han de ser mucho más de consenso, mucho más de acuerdo, de más elaboración, y nos da pena que algunas de las enmiendas presentadas por mi grupo no hayan sido recogidas.
En cualquier caso, anuncio el voto favorable a esta ley y espero que en este trámite de debate en Pleno, si es posible, se plantee alguna enmienda transaccional, o la aceptación de aquellas enmiendas que tienen carácter más técnico y que mejorarían esta ley.
He dicho anteriormente que intervendría con brevedad y así lo voy a hacer. Por tanto, termino mi intervención.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas y enmienda «in voce» en comisión al artículo 3 quáter y al apartado 1 del artículo 63, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario no ha presentado un veto ni una enmienda de totalidad a este proyecto de ley, el cual supone una actualización de la legislación española en materia de sanidad animal; la adecuación de la misma a la realidad social y política en la que vivimos (la integración en la Unión Europea, la libre circulación de mercancías y capitales de personas y, por tanto, de animales) y recoge los avances tecnológicos en la materia, pero nuestro grupo parlamentario mantiene objeciones serias a este proyecto de ley.
Señor ministro, usted ha tenido el detalle de acudir al debate parlamentario, lo que le agradecemos. En el marco de la legislación estatal básica de Cortes se puede modular y disciplinar la organización de una materia en la cual existen competencias compartidas, como es el caso de la que estamos hablando de agricultura, ganadería y bases en materia sanitaria, de una manera más o menos autonomista. Y nosotros entendemos que el proyecto puede tener un carácter más autonomista. A este respecto, se decía por parte del portavoz del Grupo Popular que ésta es una ley muy autonomista, y que, por tanto, lo que nosotros pretendemos es recoger más competencias para nuestra comunidad autónoma. Pero no es así. Léase bien el texto de todas nuestras enmiendas y se podrá comprobar que ninguna de ellas hace referencia a competencia alguna para la Comunidad Autónoma del País Vasco por la sencilla razón de que existe una homogeneidad competencial en materia de ganadería y sanidad animal. Por ello, el planteamiento político que nosotros reflejamos en nuestras enmiendas es perfectamente extrapolable, por ejemplo, a Asturias, Andalucía, Canarias o Murcia. Insisto, pues, en que en ningún caso estamos pidiendo más competencias para el País Vasco, como se ha dicho y así consta en el «Diario de Sesiones».


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El 70 por ciento de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario son enmiendas de contenido, enmiendas que proponen que, en el marco del modelo básico, se establezca una organización de la gestión de la sanidad animal más autonomista, más adecuada a la realidad del Estado de las autonomías. Y el 30 por ciento restante son enmiendas que se presentan para la mejora del texto legal. Sin embargo, no se ha aceptado ninguna de las enmiendas de contenido, de adecuación a la realidad autonómica; las que se han aceptado corresponden al 30 por ciento restante.
Este texto legal, de más de cien artículos, es la ley básica del Estado en esta materia. Y muchos de esos artículos --podríamos citarlos-- se refieren a aspectos a desarrollar reglamentariamente por parte del Gobierno. Pero, si esta es la normativa básica --repito, un texto legal de más de cien artículos--, ¿dónde queda el desarrollo legislativo? Esa es la pregunta que nuestro grupo parlamentario les formula. Insisto en que en infinidad de artículos de este proyecto de ley se habla de desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Pero, ¿acaso no corresponde a las comunidades autónomas ese desarrollo legislativo? Si este texto legal de más de cien artículos es la legislación básica del Estado, ¿por qué esta ley de Cortes está apoderando al Estado para que éste pueda fijar reglamentariamente más normativa básica? Esa es una cuestión de principio. Por ello, no estamos de acuerdo con la filosofía de este proyecto de ley, desde el Título Primero, en el que se contienen las definiciones, pasando por la prevención, hasta la erradicación, la lucha, los mercados, el comercio, la ordenación sanitaria, o los productos. En todas esas materias se hace una apelación al desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Y eso no es admisible para nuestro grupo.
Repito que esta es la ley básica del Estado en materia de sanidad animal, y su desarrollo legislativo corresponde a las comunidades autónomas. Por tanto, fíjese en este texto la normativa básica del Estado, y déjese ese margen de operatividad legislativa a las comunidades autónomas, algo que nosotros echamos en falta. ¿Por qué a lo largo de este proyecto de ley, cuando se habla de la autoridad competente, no se cita a la comunidad autónoma? Cuando la competencia es del Estado se cita expresamente en el título correspondiente --por ejemplo, en el Capítulo II del Título II-- a la Administración General del Estado. Y nosotros no hemos enmendado ni uno solo de los artículos que atribuyen competencias al Estado. ¿Por qué, entonces, en el resto del articulado no se determina que la autoridad competente son las comunidades autónomas? Queremos saber por qué en esta ley cuando las competencias son del Estado se determina explícitamente que las ejercerá la Administración General del Estado, y cuando se habla de las funciones ejecutivas --lo que habrá que interpretar de la aplicación del bloque de la constitucionalidad-- aparece un eufemismo político: la autoridad competente. Háblese, pues, de comunidades autónomas. Precisamente por ello hemos presentado 40 enmiendas con objeto de que en este proyecto de ley allá donde se dice «autoridad competente» se diga «comunidad autónoma». De lo contrario, vamos a jugar todos a hacer trampas, de modo que donde aparece «Administración General del Estado» se diga «autoridad competente», y que cada operador administrativo interprete en cada momento el ordenamiento, y determine, si quiere, mediante una interpretación «ope legis», de qué materia es competente. Creo que una normativa seria, como lo es este más de un centenar de artículos básicos, requeriría un esfuerzo en ese sentido.
Después de oír al Grupo Parlamentario Popular en su intervención en la comisión admitimos que tiene parte de razón, de ahí que vayamos a retirar varias de nuestras enmiendas.
Por ejemplo, respecto a la enmienda número 49, en referencia a ese larguísimo artículo sobre la fijación de las bases en cuanto a la prevención de las enfermedades y obligaciones de los particulares, nos hubiera gustado tener un ámbito menos básico, pero admitimos que el Estado lo puede establecer, o sea, intelectualmente puedo aceptar que el Estado fije ese amplísimo listado de obligaciones particulares con carácter básico y, por tanto, la vamos a retirar.
Lo mismo sucede respecto a la enmienda número 59, relativa al extenso listado, con carácter básico, las actuaciones inmediatas de los particulares en cuanto a la lucha, control y erradicación de las enfermedades. Nos parece que puede ser discutible, pero aceptable políticamente que el Estado fije ese nivel de obligaciones para los particulares.
También aceptamos al Grupo Parlamentario Popular la regulación sobre sanidad exterior y comercio exterior contenida en el artículo 12, por lo que retiramos la enmienda número 53.
Y lo mismo sucede respecto a las enmiendas números 96 y 97.
En definitiva, aceptamos esa posición de que el Estado se apodere «ex lege» de la concreción de determinadas funciones ejecutivas. Pero, ¿por qué no se hace lo mismo con las comunidades autónomas? Hemos presentado 40 enmiendas en las que se pide que se mencione a las comunidades autónomas, frente al eufemismo político de la expresión «autoridad competente». Esta es una cuestión de principio político. Nos parece excesivo que esto se haga en una ley básica que pretende disciplinar una materia tan importante para la ganadería como es la sanidad animal y en la que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva, respetando esa ordenación básica que determina el artículo 141.3, de la ordenación general de la economía. Y nos parece tan excesivo que se hacen innumerables apelaciones a un desarrollo reglamentario con carácter básico que establecerá el Estado.
Por tanto, éstas son nuestras dos objeciones principales: de contenido y de organización del Estado; con eso es con lo que nuestro grupo parlamentario no está de acuerdo.
En otro bloque de enmiendas, señor presidente, quiero destacar la enmienda transaccional presentada en comisión por nuestro grupo al artículo 63, que retiramos en este momento puesto que se va a integrar en una propuesta de modificación que vamos a firmar el resto de los grupos parlamentarios.
Tenemos también un grupo de enmiendas de técnica jurídica, respecto de las que, en primer lugar, quiero comentar una importante ausencia en el régimen sancionador que

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observamos en la regulación que hace este proyecto de ley. Y es que no se establece como infracción, como actividad penada por el ordenamiento estatal, la puesta en el mercado de productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios sin la preceptiva autorización administrativa.
Por ello, nuestra enmienda número 114 dice que se incluya como infracción grave, porque esta es una actuación que queda al margen de la Ley de Sanidad Animal. ¿Cómo no va a ser sancionable, cómo no va a constituir una infracción administrativa, poner en el mercado productos zoosanitarios distintos de los medicamentos veterinarios sin autorización administrativa? Es una barbaridad que una ley que se denomina de sanidad animal no contemple expresamente tipificada una conducta infractora de esta naturaleza. De hecho, la comercialización de productos veterinarios distintos de los zoosanitarios está tipificada en la Ley 25/1990, que es la ley del medicamento.
Por tanto, ¿por qué no va a estar tipificado y sancionado el hecho de poner en el mercado productos zoosanitarios sin autorización administrativa? Es un lapsus muy grave, en opinión de nuestro grupo parlamentario, como ponemos de manifiesto con la enmienda número 119, que no entendemos por qué el grupo mayoritario no ha aceptado.
Sucede lo mismo respecto a la elaboración, fabricación, importación, exportación y distribución de productos zoosanitarios por personas que no poseen la preceptiva autorización administrativa. ¿Cómo puede ser que en el mercado español se produzcan operaciones comerciales de fabricación, importación y exportación por parte de personas no autorizadas a ejercer actividades de producción zoosanitaria? Es un olvido del legislador.
Estas mismas actividades respecto de medicamentos veterinarios están tipificadas y sancionadas en la Ley 25/1990. Por tanto, creemos que se trata de un vacío importante. Políticamente no nos importa que no se acepte esta enmienda. Ya vendrán ustedes con la ley de acompañamiento, donde intentarán corregir esta laguna legal, porque dejar al margen de la Ley de Sanidad Animal estas conductas es verdaderamente un olvido imperdonable para una ley de Cortes. Por tanto, queríamos hacer este llamamiento al Gobierno.
En el tema de la distribución y suministro de productos zoosanitarios la regulación que se contiene en el artículo 67 del proyecto de ley es contraria completamente a la organización del Estado autonómico. Se dice que la distribución y dispensación de productos zoosanitarios se regulará reglamentariamente. ¡Pero si la distribución y dispensación es competencia de las comunidades autónomas! Si las comunidades autónomas distribuyen y dispensan y regulan la distribución y la dispensación de medicamentos de uso humano y medicamentos de uso veterinario, ¿cómo no lo van a hacer con los productos zoosanitarios dirigidos a la sanidad animal? No podemos contener una apelación al desarrollo reglamentario porque estamos invadiendo claramente las competencias de las comunidades autónomas. Léanse la Ley 25/1990, del medicamento veterinario, vean cómo se tratan los medicamentos de uso veterinario y cómo queremos tratar a los productos zoosanitarios. ¿Pueden las comunidades autónomas dispensar, distribuir y regular los almacenes de distribución de los medicamentos veterinarios y no de los productos zoosanitarios? Es un absurdo. Por lo tanto, esa apelación al desarrollo reglamentario habría que corregirla porque es también un olvido palmario en el artículo 67 del proyecto de ley y porque choca totalmente con la regulación de los alimentos veterinarios, para los cuales se establece un régimen y otro distinto para los zoosanitarios. Efectivamente, de una manera gradual son distintos los unos de los otros, pero la función y las potestades que corresponden a las comunidades autónomas serían incluso más en los zoosanitarios porque además de la competencia de sanidad tienen la exclusiva en ganadería y en agricultura, señor presidente.
El artículo 5 del proyecto de ley se refiere a la adopción de medidas sanitarias de salvaguarda. La verdad es que es un auténtico disparate jurídico porque se contiene en el proyecto de ley la previsión de que se tomen medidas de salvaguarda --fíjese lo que se dice-- para la prevención de enfermedades sospechosas por la Administración General de oficio o por las comunidades autónomas a instancia o de oficio. Pero las medidas de salvaguarda no pueden adoptarse con este carácter; las medidas de salvaguarda podrán adoptarlas la Administración General del Estado o las comunidades autónomas de conformidad con el ámbito de sus competencias, esto es, cuando es competente el Estado le corresponden al Estado --¿y cuándo lo es?: en el Capítulo II las medidas de salvaguarda corresponden al Estado-- y cuando lo son las comunidades autónomas las medidas de salvaguarda corresponden a las comunidades autónomas. No puede hacerse un «totum revolutum» de que las medidas de salvaguarda se adoptarán por una o por otra indistintamente en cualquier materia. No, la materia determinará qué administración es la competente. Por eso nosotros pretendemos dar una redacción de técnica jurídica de que estas medidas se adoptarán por la administración competente por razón de la materia: la materia del Estado es una, la del Capítulo II del Título II, y en el resto el desarrollo y ejecución es de las comunidades autónomas. Es una proyección de traslación del esquema competencial adecuado al proyecto de ley porque si no la adopción de las medidas de salvaguarda es un «totum revolutum». ¡El Estado instando a las comunidades autónomas de oficio y las comunidades autónomas recurriendo al Estado! No, cada uno opera en su ámbito.
Hay casi 40 artículos en los cuales se habla, por ejemplo, de la obligación de comunicar a la autoridad competente de forma inmediata los focos de enfermedades. No, a la autoridad competente no, a la comunidad autónoma. Que lo diga el proyecto de ley porque en el Capítulo II se especifica quién es la autoridad competente, que es la Administración General del Estado.
Cuando se habla de actuaciones administrativas inmediatas en caso de sospecha, se dice que dará lugar a la intervención de la autoridad competente. ¿Qué autoridad? Que se diga, por eso lo pedimos en otra enmienda.
Cuando se habla de sacrificio obligatorio, ¿por qué no se establece que la autoridad competente es la comunidad autónoma? ¿Por qué recurrimos al eufemismo político? Seamos serios.


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Cuando se habla de la inmovilización de animales dice la autoridad que corresponda. No, que corresponda no, la comunidad autónoma.
Cuando se habla de la ordenación sanitaria de las explotaciones y la autorización administrativa para explotaciones ganaderas, la autoridad correspondiente... No, la comunidad autónoma es la competente para dar una autorización administrativa.
Cuando se habla de los veterinarios de mataderos y quién estará autorizado a requerimiento de la autoridad, ¿qué autoridad? Será la comunidad autónoma la que tiene las funciones ejecutivas en un matadero en la provincia de Burgos o en la de Castellón, no son los servicios centrales del Ministerio de Agricultura.
En las medidas cautelares en materia sanitaria se dice la autoridad competente... No, la autoridad sanitaria autonómica competente.
Lo mismo ocurre en las inspecciones y controles. Este artículo tiene su gran trascendencia porque está determinando cuándo puede actuar el Estado y cuándo pueden actuar las comunidades autónomas. El artículo 71 establece que el Estado actuará en tales casos y concreta y no nombra a las comunidades autónomas. ¡Hombre!, vamos a ser serios, si el Estado concreta cuáles van a ser sus potestades ejecutivas en este proyecto de ley, hagamos una cláusula de salvaguarda, que es lo que nosotros le planteamos, que todas aquellas competencias de ejecución no reconocidas expresamente por este proyecto de ley con carácter básico a la Administración General del Estado sean de las comunidades autónomas, que es la administración agraria ordinaria del lugar, pero digámoslo o bien expresamente o le damos esa alternativa de que todo lo no expresamente atribuido a la Administración General del Estado, que ya hay bastantes artículos no atribuidos, corresponda a las comunidades autónomas. Tampoco se contiene una previsión de esta naturaleza respecto a quién va a realizar los controles y las competencias; en materia de las tasas se debería establecer lo mismo. Así ocurre en un gran número de artículos, señor presidente, que nuestro grupo parlamentario ha ido enmendando a lo largo y ancho del proyecto de ley para que se regule expresamente que la autoridad competente, la administración correspondiente es la comunidad autónoma, cuestión que debe determinar la ley básica del Estado porque, si no, nos estamos haciendo trampas. ¿Por qué nos estamos haciendo trampas? Porque eso es un resquicio que se quiere dejar en todos los ámbitos que he leído, desde el capítulo primero al último, para en su momento invocar la coordinación y ejercer funciones ejecutivas. Eso lo hemos visto en otros ámbitos pero es algo que puede ocurrir en materias distintas en las cuales el Estado tenga más competencia. Aquí estamos hablando de competencias exclusivas en ganadería y agricultura de las comunidades autónomas, y no queremos que ese resquicio quede en el proyecto de ley. Esa es la discrepancia política de ordenación de las relaciones entre los poderes centrales del Estado y los poderes autonómicos en materia de ganadería que nuestro grupo parlamentario tiene respecto a esta cuestión.
Señor ministro, hay también otra serie de enmiendas de nuestro grupo parlamentario en las que hacemos referencia a que en todas las apelaciones al desarrollo reglamentario se hable de legislación de las comunidades autónomas, es decir, lo que establezca la legislación autonómica correspondiente, ya que es necesario contenerlo.
Asimismo, tenemos la problemática de los inspectores. Ustedes fijan la condición de funcionarios de los inspectores, cosa que no hace la ley básica del Estado en función pública; el Estado, cuando disciplina los diferentes cuerpos y escalas de la Administración del Estado, no establece con carácter básico que los veterinarios tengan que ser funcionarios; véase, por ejemplo, la Ley 30/1984 --que es lo que las Cortes establecieron con carácter básico-- que en su artículo 15 fija un ámbito de autonomía para que las comunidades autónomas organicen sus plantillas, el personal a su servicio bien con relaciones de naturaleza funcionarial o bien con relaciones de naturaleza laboral. ¿Por qué se va a establecer con carácter básico lo que ya no establece la Ley 30/1984, es decir, que el personal inspector de las comunidades autónomas tiene que tener relación estatutaria? Si no lo establece ni la Ley 30/1984, que deja un amplio margen de maniobra a las comunidades autónomas, ¿por qué un inspector no puede tener una relación laboral o una relación funcionarial? Depende de cómo se organice cada administración autonómica.
Eso no es obligatorio en el Estado de las autonomías. La Ley 30/1984 no lo contiene para la generalidad de los cuerpos del Estado y de las comunidades autónomas. Y aquí sí que se contiene una apelación y una previsión de esta naturaleza en el sentido de que obligatoriamente tendrán que ser funcionarios. Sabemos la presión que se ha ejercido a través de las enmiendas, por ejemplo, al Cuerpo nacional de veterinarios le interesa esta cuestión. Fíjese si era tan claro que en el régimen sancionador tuvimos que establecer una enmienda que dijera que aquellas sanciones establecidas con carácter grave para los operadores, para las explotaciones ganaderas, para los importadores con posibilidad de suspensión se aplicaran también a los veterinarios que no cumplieran con sus funciones porque estaban excluidos. El Grupo Parlamentario Popular se ha dado cuenta flagrantemente de lo que se estaba haciendo, es decir, que los veterinarios se estaban blindando con la comisión de las infracciones graves y muy graves del artículo 80 y 81 y no el resto de los operadores, y han presentado una transacción. Menos mal que han hecho eso porque se estaban blindando a sí mismos. Quien redacta el proyecto de ley se excluye a sí mismo de ese régimen sancionador. Menos mal que por lo menos en eso ha habido cintura y menos mal que se han dado cuenta y no se ha establecido un blindaje jurídico. Y, por lo tanto, que tengan los veterinarios en materia de infracciones el mismo tratamiento sancionador que pueden tener el resto de los sujetos a los que se les aplica dicho proyecto de ley.
Eso es lo que mi grupo parlamentario plantea en grandes líneas, señor presidente. Este proyecto de ley tiene más de 100 artículos básicos y creo que es más que suficiente materia base para que las comunidades autónomas operen en sus competencias de ganadería, certámenes ganaderos, trashumancia, venta ambulante, establezcan las excepciones,

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organicen el comercio interior... Todas esas cuestiones también se las reserva este proyecto de ley a lo que reglamentariamente diga el Estado.
No nos parece serio. Nosotros no estamos de acuerdo con esa filosofía.
Sabemos que la ley tiene buenas intenciones de adecuar la legislación a la realidad de la Unión Europea, a los tiempos en que vivimos, a las técnicas ganaderas que han mejorado. Todas esas cuestiones son loables, pero dentro de la organización del Estado se puede modular de una manera más acorde con el sentir autonómico y lo que nosotros pretendemos no es una reivindicación en concreto para una comunidad autónoma, sino una ordenación y una concepción del Estado sobre todo en esas dos cuestiones de principio que la ley no contiene, es decir, que tanto las apelaciones a la administración competente como las apelaciones al desarrollo legislativo de la ley lo sean de las comunidades autónomas, no reservándoselas el Estado.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Por Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, buenas tardes y bienvenido. Paso a defender las enmiendas, en total 16, que mi grupo ha presentado a este proyecto de ley, un proyecto de ley necesario, que pretende adecuar la antigua legislación a lo que son los problemas y las necesidades actuales y, en definitiva, adaptar a la realidad del día a día algo que estaba desfasado, cuando el concepto de sanidad animal se medía por otros baremos. Voy a defender una a una las 16 enmiendas porque todas son lo suficientemente importantes.
La enmienda número 137 define, a nuestro entender, de una forma mucho más clara, y concreta lo que es la aparición y la localización de un foco, ya que siempre puede determinarse dónde aparecen los primeros síntomas de una enfermedad y, en todo caso, no limitable a una única explotación, ampliándolo a un lugar determinado.
La enmienda número 138 es de adición. No entendemos cómo en una ley que pretende adaptar la legislación no se define lo que es y lo que significa un programa de sanidad animal. En el capítulo correspondiente hay 32 definiciones y ninguna hace referencia a lo que es un programa de sanidad animal y seguro que ninguno de los que estamos en esta Cámara y probablemente nadie que esté fuera sería capaz de definir un programa de sanidad con un texto legal en la mano. Por tanto, nos parece extraordinariamente necesaria la aprobación de esta enmienda.
La enmienda número 139 hace referencia al estado sanitario de los animales. ¿Quién más que el veterinario responsable? ¿Quién más que el veterinario que visita la explotación? ¿Quién más que el veterinario que sigue el día a día puede y debe reflejar en el libro correspondiente el estado sanitario de los animales? No contemplar esta realidad puede inducir a problemas.
La enmienda número 140 trata de regular el sistema público de la destrucción de cadáveres de animales y la destrucción de productos que se utilizan. Si se quiere cubrir este aspecto sin dejar flecos debe vincularse de forma clara y contundente a la Administración pública para el control y la gestión de todo el proceso. No hacerlo así significa dejar brechas por las cuales alguien puede salir.
La enmienda número 141 es de supresión porque entendemos que la sospecha, sobre todo en lo que hace referencia al artículo 14, cuya obligatoriedad ha sido suprimida, no puede ni debe inducir a ninguna obligación por parte del ganadero.
La enmienda número 142 nos parece que tiene mucho calado porque fija, sin entrar en las condiciones, una situación que se ha producido en el pasado reciente. Se ha generado una laguna en la relación integrador--integrado, una laguna económica que se produce precisamente en la explotación del integrado cuando como consecuencia de la aparición de un foco, que puede que no sea en la misma explotación, sino en la zona, y como consecuencia de una decisión administrativa para proteger al resto de la cabaña, se obliga a vaciados sanitarios sin que se compense al integrado. Sí se compensan los sacrificios, pero no se compensa de ninguna manera los vaciados sanitarios.
La enmienda número 143 también es muy importante, porque en caso de alerta sanitaria es importantísimo tener a punto para intervenir los equipos de intervención veterinaria. ¿Por qué decimos esto? El señor ministro sabe --y seguramente ustedes, también-- que en casos como la PPC la intervención inmediata ofrece muchísimas más garantías de control y de erradicación que si se interviene tarde. Por tanto, entendemos que esta es una laguna que también se debería corregir, que es un vacío que tiene esta ley o que es un vacío no suficientemente cubierto.
Con la enmienda número 144 pretendemos que si por alguna razón en la legislación europea hay alguna posibilidad de que España como país quiera establecer algún mecanismo que no venga regulado, pueda hacerlo a través de algún tipo de tratamiento específico, porque puede que algunas de las enfermedades sean de carácter obligatorio en la Unión Europea y puede que aquí, no siendo de carácter obligatorio, puedan tener una importancia, al tratarse de zonas de mucha concentración ganadera que aconsejen establecer algún tratamiento específico.
La enmienda número 145 pretende instrumentalizar la indemnización a través de la modalidad del seguro agrario como garantía de dicha indemnización como consecuencia no sólo de sacrificios obligatorios o destrucción de medios de producción sino de todas aquellas incidencias que se deriven de los costes económicos que éstos representan.
La enmienda número 146 pretende una mejor regulación, en consonancia con la número 142, como garantía de que los períodos improductivos y los gastos derivados de saneamientos de focos no representen una pérdida para ninguno de los ganaderos, ni para los integradores ni para los integrados.


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La enmienda número 147 es de adición. Entendemos que las decisiones de la Administración para prevenir y garantizar la pervivencia del sector deben tomarse sin que haya perjudicados.
La enmienda número 148 es de supresión. La autorización de nuevas explotaciones o ampliación de las existentes viene ya regulada en las comunidades autónomas a través de normativas ganaderas, de ordenación del territorio, de criterios medioambientales y de estructuras de producción y no debe ser condicionada por criterios de sanidad.
La enmienda número 149 puede ser considerada de menor calado. Creemos que el sistema no es operativo porque pretendemos excluir de la obligatoriedad del registro el transporte de animales de compañía y a los que trasladan colmenas. Para los otros tipos de ganado lo consideramos necesario, pero para éste podría prescindirse de él.
La enmienda número 150 pretende que los animales que participen en los certámenes ganaderos que dentro del en el mismo período de tiempo y en el mismo lugar no deben proceder necesariamente de explotaciones con igual estatuto sanitario, siempre y cuando fueran animales de diferente especie. Debería limitarse a los animales de la misma especie.
La enmienda número 151 trata de las definiciones de infracciones leves. A nuestro entender, la desinfección, desinsectación y cuantas medidas sanitarias se establezcan reglamentariamente para explotaciones y medios de transporte deben ser infracciones leves, pero, como decimos en la enmienda número 152, éstas pueden considerase faltas graves cuando conlleven un alto riesgo para la propagación de alguna epizootia o de alguna enfermedad, sobre todo si es de tipo vírico. En los otros casos, entendemos que deberían ser consideradas como leves.
Señorías, esta ley, que ha sufrido diversas modificaciones, debería sufrir alguna más porque entendemos que estamos cargados de razón cuando defendemos estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Marimon, para defender las enmiendas números 187, 190 a 198.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, buenas tardes.
Voy a defender globalmente las enmiendas que nos quedan pendientes.
Nuestro grupo presentó 14 enmiendas a este proyecto de ley, de las cuales 12 provenían del Congreso, donde no se aprobaron, y dos que incorporamos nuevas.
Tengo que resaltar que ha habido una buena colaboración y que se ha hecho un buen trabajo al recoger una serie de enmiendas presentadas por mi grupo que, que en mi opinión, tienen un valor importante y han mejorado el texto del proyecto de ley.
Entre las que han sido aceptadas está la número 185, referida al principio de proporcionalidad entre las actuaciones de los poderes públicos y los actos de los administrados. Considero que es algo muy importante porque a veces las leyes prevén un conjunto de medidas sin que se tenga en cuenta la magnitud, el tamaño del acto, con lo cual esas medidas podrían llegar a ser injustas con los ganaderos. Por tanto, el principio de proporcionalidad que pedimos se incorpore a la ley repito que es importante.
En cuanto a nuestra enmienda número 186, que ha sido transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular, se refiere al principio del deber y obligación de comunicación de los ganaderos cuando existan epizootias graves en sus explotaciones. Desde que nos incorporamos a la Unión Europea, y más concretamente desde que empezó la globalización del transporte de ganado --por decirlo de alguna manera--, hemos asistido a la proliferación de enfermedades importantes de carácter epidemiológico que afectan a nuestra cabaña, y como algunas veces los ganaderos no han comunicado a las administraciones competentes las epizootias no usuales que iban apareciendo en su explotación, esa crisis se ha agravado. Por tanto, entiendo que es también muy importante este principio del deber y obligación de comunicación.
Asimismo, se nos ha aceptado en este Pleno, cosa que no suele suceder habitualmente, una enmienda que hemos transaccionado relativa a la definición de integración. La definición de integración que nosotros hemos aportado al texto de la ley es mucho más concisa y jurídicamente da mayores garantías tanto a los integradores como a los integrados puesto que define claramente el papel del uno y del otro sin dejar dudas al respecto. Recordemos el texto inicial. En él había palabras que podían inducir a una confusión tales como «podrán, generalmente», etcétera. Creo que el redactado, aunque ha sido pactado, satisface al grupo proponente.
También se nos admitió nuestra enmienda número 188, referente a la figura del veterinario habilitado. Sólo para que tengan conocimiento de ello sus señorías y el señor ministro, diré que en ponencia y en comisión hubo que consultar los diccionarios de la Real Academia Española para ver si esos términos eran sinónimos o no. Aunque no parezca una enmienda demasiado trascendente sí tiene su importancia, y al menos en nuestra comunidad, y me imagino que en algunas otras en las que la figura del veterinario habilitado sea usual, se dará satisfacción al sector. Con esta redacción se recogen con mayor amplitud las funciones de los veterinarios, que son los que, en definitiva, tienen que ser los primeros garantes del cumplimiento de estas leyes.
En cuanto a la número 189, nosotros la valoramos especialmente ya que en ella se prevé que se dé comunicación a la correspondiente comunidad autónoma cuando se trate de problemas de epizootias o relacionados con otras cuestiones. Por tanto, quiero mostrar una vez más nuestra satisfacción por todas las enmiendas que sus señorías nos han aceptado.
Doy por defendido el resto de enmiendas, señor presidente.


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Dicho esto quiero decir también --haciendo alusión a lo que comentaba el senador Gatzagaetxebarría-- que releyendo las enmiendas he visto con sorpresa que todas nuestras enmiendas técnicas han sido asumidas. No ha quedado ninguna en el tintero. Las que no han sido asumidas son las que tienen que ver con el ámbito competencial. Evidentemente, suscribo la afirmación que ha hecho el senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en cuanto que la ley es muy concisa en el ámbito competencial del Estado y en cambio no es nada concreta en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por tanto, como representante de un partido nacionalista, no quiero dejar de ponerlo en conocimiento de sus señorías para que conste en el acta correspondiente a esta sesión.
Por lo tanto, con un ligero sabor agridulce podemos decir que hacemos una buena ley y que en lo que se refiere a sus aspectos técnicos se ha hecho un esfuerzo por parte de nuestro grupo y de los restantes para recoger enmiendas que ayudan a perfeccionarla y mejorarla. En todo caso, confiamos en la bondad a la hora de aplicar la ley para que la inconcreción existente respecto al ámbito competencial de las comunidades autónomas no vulnere los legítimos intereses competenciales de las mismas.
En este sentido, esperamos que el ministerio aplique la ley tal y como explicó en ponencia y comisión el senador Bernáldez, que decía que el hecho de que no se explicite no quiere decir que no se cumpla con ello.
En todo caso, las diferentes leyes referentes al ámbito de las competencias de las comunidades autónomas, los estatutos y la propia Constitución defienden un marco que todos tenemos que preservar, y espero que así sea.
Por lo tanto, anuncio nuestro voto favorable y, una vez más, agradezco el interés que han suscitado nuestras enmiendas. Asimismo, quiero poner en evidencia que, afortunadamente, todas las enmiendas de carácter técnico han sido aceptadas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marimon.
Para la defensa de las enmiendas números 153 a 170, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, celebro que esté aquí esta tarde, entre otras cosas porque imagino que va a participar en el debate y que lo enriquecerá.
Sinceramente, me alegra su presencia en el Senado porque, si no estoy mal informado, en el Congreso esta ley no pasó por el Pleno. Se aprobó en una comisión con competencia legislativa plena y, por su puesto, el señor ministro no estuvo presente en aquella sesión. Repito que le agradezco su presencia y espero que cuando tenga la amabilidad de subir a la tribuna nos ilustre a todos y enriquezca el debate.
Señoría, la sanidad animal es motivo de creciente preocupación en nuestra sociedad, y lo es por las muchas implicaciones que tiene en cuanto a la alimentación humana. Esa preocupación, que se ha incrementado y se ha hecho más visible tras las recientes crisis alimentarias, alcanzó su cenit, con conatos de alarma, con la crisis de las vacas locas.
Esta ley nace en un contexto de preocupación social pero, además, con exigencias de acuerdo entre los grupos parlamentarios y los grupos políticos dentro y fuera del Parlamento y con el sector productor e industrial. Pero, sobre todo, nace con la obligación de trasladar a la sociedad un mensaje muy claro, y este mensaje no es otro que asegurar que los poderes públicos consideran la salud alimentaria un bien público de interés general en cuya defensa y garantía estamos implicados todos, especialmente las administraciones públicas.
Señorías, estoy convencido de la sinceridad del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno cuando expresan su voluntad de consenso. Con ese convencimiento y con el ánimo de alcanzarlo el Grupo Parlamentario Socialista ha trabajado en el Congreso y en el Senado, y hoy hemos de reconocer que el proyecto de ley que debatimos poco tiene que ver con el anteproyecto de ley que el Gobierno remitió al Congreso. Este proyecto de ley ha mejorado sustancialmente en aspectos técnicos, jurídicos y de contenido; es un proyecto de ley que pudiera ser asumido si, como ocurre en nuestro caso, no estuviéramos convencidos de que es manifiestamente mejorable.
Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene el convencimiento de que aun es posible trasladar al contenido de este proyecto de ley, a su articulado, a sus disposiciones, las experiencias vividas en las últimas crisis alimentarias. A partir de esa traslación y de la concreción en su articulado de esas experiencias sin duda podríamos articular una ley que diera mejor y más amplias respuestas a las demandas que la sociedad hoy nos hace.
¿Cuáles son esas enseñanzas a las que me refiero? Dichas brevemente, aquellas que nos trasladó la crisis de las «vacas locas», en la que nos encontramos con la sorpresa de que nuestro país no tuvo medios suficientes para quemar los residuos, para recogerlos, no tuvo capacidad para coordinar una intervención rápida, para dar respuesta al aumento de costes que significaba la crisis en las explotaciones familiares, cuya permanencia resulta vital para nuestro sector. Más aún, señor ministro, usted vivió el desconcierto que le producía la falta de capacidad para coordinar de manera rápida aquella situación. Un desconcierto y una incapacidad que no era motivada por la falta de científicos, de técnicos o de expertos --que en España los había y los hay, y además muy cualificados--, sino por la carencia de práctica, por la falta de instrumentos legales, de medios materiales y económicos para actuar con rapidez.
Esas carencias, esas insuficiencias y esa falta de instrumentos y de medios se siguen produciendo hoy. Si no, baste con pensar de nuevo en los materiales específicos de riesgos y en su eliminación o en las harinas cárnicas, en su almacenamiento y en su eliminación.
Este proyecto de ley, en su redacción actual, creemos que no corrige de manera total la falta de esos medios públicos para atajar las crisis, que no crea los instrumentos eficaces para actuar rápida y coordinadamente y, señorías,

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ni mucho menos protege y asegura la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones familiares en esos momentos de crisis.
En definitiva, lamentándolo, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dar su aprobación a este proyecto. Por ello hemos mantenido nuestras enmiendas, y, por cierto, en este momento no puedo decir lo mismo que otros portavoces parlamentarios en esta tribuna porque no se nos ha reconocido ni aceptado en el Senado ninguna de las 18 enmiendas que mantenemos vivas. Algunas de ellas, de la número 53 a la 169, son correcciones técnicas o que pretenden aportar una mayor seguridad jurídica y, sinceramente, no entendemos la cerrazón del grupo mayoritario que no has aceptado ninguna.
No entendemos que no se quiera definir lo que es un programa de sanidad animal, o que se concrete mucho más lo que es un foco, o que se mejoren los contratos de integración, explicitando las indemnizaciones a que tiene derecho el integrado; a transferir a profesionales veterinarios la obligación de dar cuenta del estado sanitario del ganado; a mejorar la regulación del transporte y certámenes de animales o a un régimen de sanciones más ajustado a Derecho.
Sinceramente, no entendemos que esa serie de enmiendas, que no tienen ningún trasfondo político ni ideológico, que son simplemente aportaciones honestas y sinceras para mejorar, desde la técnica jurídica y desde la claridad, el texto no hayan sido tenidas en cuenta por el grupo mayoritario sin dar hasta ahora, al menos en nuestra opinión, ninguna explicación razonable.
Entendemos que el Grupo Parlamentario Popular, que no tiene una ideología de centro sino muy liberal, no vea con buenos ojos otro grupo de enmiendas que ha presentado mi grupo; entendemos sus reticencias, aunque tampoco hemos oído sus argumentos ya que simplemente nos han dicho que no las iban a aceptar, pero a lo mejor sus portavoces nos ofrecen esta tarde esas explicaciones y nosotros estaremos atentos a las mismas.
Desde luego, mi grupo pretende una mayor implicación de lo público en el control y la gestión de las epizootias. Es algo irrenunciable porque cuando abordamos un tema de interés público, como la salud alimentaria, no puede dejarse a la buena voluntad o al buen hacer de los particulares.
En este sentido, en el artículo 4 se establecen muchísimas obligaciones de los particulares --y nosotros estamos de acuerdo con esas obligaciones--, pero no se establece ni una sola obligación de las administraciones públicas, ni una sola. Nosotros hemos intentado que el apartado 1.f), del artículo 4, recoja al menos una y que donde dice que los particulares tienen la obligación de proceder a la eliminación o destrucción de los cadáveres de animales y demás productos de origen animal que estén contaminados, se complemente con el siguiente párrafo: a tal fin, las administraciones públicas arbitrarán un sistema para lograr este objetivo. ¿Qué queremos decir con esto? No es suficiente con fijar a los ganaderos la obligación de deshacerse del cadáver del animal y de los productos contaminados; si no ponemos a su disposición una red, una infraestructura pública que haga posible esa eliminación, ocurrirá lo que ya sucedió con las vacas locas, esas patéticas imágenes de cadáveres abandonados en los arroyos, en los barrancos o semienterrados para ocultar la epizootia. Sinceramente, no entendemos que no se acepte esta enmienda.
Además, vista la descoordinación existente en aquel momento y las dificultades del ministerio para coordinar actuaciones rápidas y profesionales, no entendemos que no se acepte nuestra enmienda número 160, que propone la creación de un equipo de intervención veterinaria dependiente de las administraciones públicas, que esté coordinado con ellas y con la Administración General del Estado.
Señor ministro, sobre esta cuestión no tenemos ningún recelo competencial. Nosotros entendimos --y seguimos entendiendo-- su desconcierto cuando desde el ministerio, desde su sede de Atocha, no pudo coordinar actuaciones en momentos de crisis de epizootias; sin embargo, cuando le ofrecemos el instrumento, lo rechazan.
Le diré más, creemos que hay que ser un poco más radicales, más valientes y terminar con esa descoordinación, con esa dicotomía entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura en cuanto a competencias sanitarias, y estamos dispuestos a hablar con usted, con el Gobierno y con los profesionales que sean necesarios, para encontrar una solución a este problema, que es un mal histórico, tradicional. No es un mal sobrevenido desde que usted ocupa el ministerio, es histórico, pero usted lo conoce y, sin embargo, cuando ofrecemos un instrumento que trata mínimamente de paliar esa descoordinación, ustedes lo rechazan.
El artículo 19 se ocupa de las indemnizaciones. Dicen que hay que indemnizar «El sacrificio obligatorio de los animales y, en su caso, la destrucción de los medios de producción...» Nos parece muy bien, pero hay que indemnizar más cosas, señor ministro. También hay que indemnizar la entrega de los animales a la administración competente, la paralización de la actividad, la pérdida de renta, todo eso hay que indemnizarlo porque, de otra manera, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si el ganadero es honesto y no silencia nada, va a la ruina; y, si no va a la ruina, es porque lo silencia, y en ese caso comete fraude. No se puede abocar a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas --de las que hay miles en España-- a la ruina ni ponerlas al borde del fraude. Por eso nosotros pedimos que, además de los animales que obligatoriamente hay que sacrificar, se indemnicen otras pérdidas que también son razonables.
En una palabra, deseamos una mayor protección de las pequeñas y medianas explotaciones familiares, como queremos también un mayor compromiso de financiación pública en las indemnizaciones y en la financiación del Plan Nacional de Retirada de Residuos. La ley establece dicho plan en la disposición adicional cuarta, pero no dice nada de la financiación, y nos parece que un plan que nace sin financiación es de difícil cumplimiento, cuando no un brindis al sol. Al final habrá que buscarla; pues dígase que será una financiación compartida entre las comunidades autónomas y la Administración Central, tal como se hizo en la crisis de las vacas locas.
Nuestra última enmienda, la número 165 al artículo 32.3 quiere trasladar ese recelo competencial que tanto el

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portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como el de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió han manifestado en la tribuna. A nosotros nos parece que la autorización de nuevas explotaciones o la ampliación de las existentes no puede basarse en criterios de sanidad animal, tal como hace esta ley. Esa es una competencia de la comunidad autónoma que tiene que regularse no por criterios de sanidad animal, sino por criterios de ordenación territorial, de oportunidad, por criterios, en definitiva, de ordenación y mejora de sus estructuras. Por estas razones mantenemos esta enmienda.
Por tanto, señorías, señor ministro, no podemos darle nuestro voto afirmativo porque, aun reconociendo el esfuerzo y la voluntad, aun reconocido ya que este proyecto a lo largo de su tramitación ha mejorado sustancialmente, seguimos sin ver reflejado en él dos principios que para nosotros son irrenunciables.
El primer principio es que para los socialistas la salud, en su acepción más general y la salud alimentaria en el caso concreto que nos ocupa y es un bien público. En consecuencia, para defenderlo y protegerlo tienen que implicarse de manera total los poderes públicos, con medios, con infraestructuras, con financiación. No puede dejarse al buen hacer y a la buena voluntad de los particulares el cumplimiento de normas que afectan a la salud humana, de ninguna de las maneras.
El segundo principio es la defensa de la pequeña y mediana explotación familiar, señor ministro. No podemos consentir que miles y miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares ante un nuevo caso de crisis de epizootia, que ojalá no se dé, vuelvan a estar en el desamparo y vean peligrar la viabilidad de sus explotaciones porque desde la esfera pública se les está negando unas indemnizaciones a las que desde nuestro punto de vista tienen derecho.
Insisto, no podemos dar nuestro sí a este proyecto de ley, pero entendemos, señorías del Grupo Parlamentario Popular, señor ministro, que ustedes lo mantengan porque lo que subyace en el fondo de la discrepancia son dos aspectos profundos de filosofía y de entendimiento. Primero, para ustedes la salud puede que no sea un bien de interés público. Ustedes pueden --y de hecho lo hacen-- privatizar la gestión de la salud y no les importa que su control y gestión escape a la esfera pública; nosotros somos contrarios a eso. Y segundo, ustedes puede que tengan en su planificación una estructura de explotaciones ganaderas distinta a la realidad española. Es posible que estén pensando en unas explotaciones tipo California, por poner un ejemplo, donde el empresario puede hacer frente a todas esas externalidades, gastos y compromisos que la ley les mantiene. Nosotros creemos conocer la realidad española y queremos defender la estructura de pequeñas y medianas explotaciones. Esos dos principios nos parecen absolutamente irrenunciables y, en consecuencia, señorías, señor ministro, no podemos dar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra tiene la palabra el senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, bienvenido sea a la presentación de este proyecto de ley. Quiero poner de manifiesto que éste no es un hecho aislado, sino que usted siempre ha acudido a esta Cámara para asistir a los debates parlamentarios sobre las leyes que hacían referencia a su departamento. Desde nuestro Grupo Parlamentario le agradecemos el interés que usted demuestra por asistir al Senado, no sólo como miembro de esta Cámara, sino como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señorías, a lo largo de la exposición realizada por parte de los diversos portavoces ha habido un denominador común; todos ellos han reconocido la importancia y la necesidad de esta ley, desde el senador Cámara, que ha reconocido que esta ley es importante y necesaria, hasta el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el senador Gatzagaetxebarría, que ha dicho que ésta es una ley que tiene como una de sus virtudes la de su adecuación a la realidad del siglo XXI, o el portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, el senador Batlle, que ha dicho que éste es un proyecto necesario.
Indudablemente las palabras del senador Marimon corroboran esta necesidad cuando dice que hoy hacemos una buena ley y, por último, incluso el senador Rodríguez Cantero en un tono agridulce --hay que reconocerlo-- y, aun admitiendo que posiblemente haya determinados preceptos que vote en contra, reconoce que éste es un proyecto muy mejorado que a lo largo de su tramitación parlamentaria ha sufrido importantes mejoras, importantes adiciones, importantes modificaciones o transacciones que hacen que el proyecto que hoy debatimos sea mucho más asumible por parte de todos los grupos políticos de esta Cámara.
Señorías, para nosotros la sanidad animal --o sanidad veterinaria, como se ha venido denominando tradicionalmente-- tiene una especial importancia para la ganadería, puesto que precisamente constituye la base que posibilita un adecuado ejercicio de esta actividad. Además, la sanidad animal coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria y la salud pública en cuanto que preserva la posible transmisión de enfermedades de los animales a la especie humana y asegura que los alimentos de origen animal que consume el hombre tengan unas condiciones sanitarias adecuadas. Asimismo, la sanidad animal tiene una gran importancia para la economía nacional, puesto que pretende excluir o limitar las pérdidas directas que las enfermedades animales ocasionan en la renta agraria e indirectamente en el sector transformador. Finalmente, la sanidad animal es de gran interés para el mantenimiento y conservación de la diversidad de especies animales, incluidas las protegidas. Por ello se hace necesario disponer de un marco legal adecuado y actualizado, como así han reconocido todos los grupos políticos presentes en esta Cámara, que permita una respuesta eficaz y efectiva de las administraciones y una decidida actuación

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de todos los sectores implicados para proteger debidamente al ganado y a sus productos contra las enfermedades que puedan perjudicarles.
¿De dónde nace la necesidad de este proyecto? Tal necesidad surge fundamentalmente del hecho de que la normativa actual vigente sobre sanidad animal, que se basa en las directivas comunitarias incorporadas a nuestro ordenamiento, en los reglamentos y decisiones de la Unión Europea y en la Ley de epizootias de 1952, constituye un cuerpo normativo que carece de la necesaria unidad de criterios y está profundamente desfasado. Insisto en que la Ley actual de epizootias data de 1952. Así, y reconociendo que dicha Ley ha sido y fue en su momento un valioso instrumento para la prevención, lucha y control de las enfermedades animales, hoy hay que admitir que la misma ha quedado profundamente obsoleta ante los importantes cambios sociopolíticos, económicos y tecnológicos que han sucedido desde aquella fecha. Por tanto, dicha Ley de epizootias no puede contemplar el concepto administrativo actual, el Estado autonómico o la pertenencia de España a la Unión Europea.
En cuanto a su contenido, la Ley de epizootias atiende fundamentalmente a la sanidad de los animales de producción, olvidando aspectos sanitarios de la máxima importancia, como son actualmente los animales de compañía, que tienen gran importancia social, o los animales pertenecientes a la fauna silvestre. Esta ley de epizootias no regulaba, puesto que no existía en 1952 conciencia medioambiental, los aspectos medioambientales de las explotaciones ganaderas, especialmente la correcta gestión de los residuos.
Por último, en la ley actual existe dispersión normativa en materia de infracciones o de sanciones para disuadir de la comisión de actuaciones prohibidas o para sancionar adecuadamente cuando sea necesario. Por lo tanto, es una ley que, en muchas ocasiones, no permite a las administraciones, por mor de su antigüedad, reaccionar de modo adecuado y eficaz ante la presencia de situaciones de riesgo o crisis sanitaria, lo que hace necesario --insisto una vez más-- disponer con urgencia de un texto legal moderno y actualizado que dé respuesta a la nueva situación de las demandas que la sociedad actual exige. Por ello, es inaplazable por más tiempo la aprobación de esta nueva ley.
¿Cuáles son, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, los aspectos más destacables del proyecto que sometemos hoy a la consideración de esta Cámara? En primer lugar, mantiene aquellos aspectos de la ley de epizootias y demás normativas actualmente vigentes que se han demostrado eficaces en su momento en la prevención, lucha y erradicación de las enfermedades de los animales, es decir, desde ese punto de vista es una ley conservadora con aquellos principios que también inspiraron la ley de epizootias.
Por otra parte, prioriza las actuaciones encaminadas a la prevención de las enfermedades, concretando las medidas cautelares que han de adoptar las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, a fin de prevenir la entrada o difusión en nuestro país de enfermedades provenientes del extranjero. Aplica, por consiguiente, el principio --dicho en términos sencillos-- de que más vale prevenir que curar. Desde ese punto de vista, imagínense sus señorías si se hubiese podido prevenir la entrada en nuestro país de la peste equina o de la peste porcina africana, la PPA, los quebraderos de cabeza que hubiésemos ahorrado a muchas explotaciones, concretamente, en cuanto a la peste porcina africana se refiere, a todas las explotaciones de porcino situadas en el poniente español, junto a la frontera portuguesa, porque esta fue una peste que entró a través de Lisboa y que tuvo durante cerca de 20 años a una amplia zona del territorio español sometida a restricciones comerciales, delimitadas por la famosa raya roja, que impedía la salida de productos de porcino hacia la exportación y hacia la venta fuera de los límites de esa famosa raya roja.
Por otra parte, este proyecto de ley regulará los aspectos sanitarios derivados del comercio con terceros países, con especial atención a las medidas cautelares que puedan adoptarse en los puestos de inspección fronterizos.
Esta ley crea por primera vez el comité nacional del sistema de alerta sanitaria veterinaria, como órgano de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas en materia de sanidad animal y en caso de zoonosis, del Ministerio de Sanidad y de los entes locales. Esta futura ley establece la necesidad de autorización administrativa previa, expedida por las comunidades autónomas, en caso de nueva instalación o ampliación de las explotaciones animales. Este proyecto de ley prevé la obligación de identificación de todo tipo de animales, incluida la fauna silvestre, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario.
Por último, en cuanto a la ordenación sanitaria del mercado de animales, esta ley regula todos los aspectos relacionados con dicho mercado de animales: por una parte, regula la desinfección como medida profiláctica preventiva de los medios de transporte, y crea un registro administrativo de carácter nacional, en el que se relacionarán los movimientos de los animales y que permitirá localizar en cada momento los posibles animales enfermos. Igualmente, establece los requisitos sanitarios mínimos para la autorización y funcionamiento de los certámenes de ganado en aras de asegurar la ausencia de riesgos sanitarios y, asimismo, regula la autorización administrativa previa de los productos destinados a la alimentación animal, a la posible revocación, suspensión o modificación, cuando fuese necesario, para la debida protección de la sanidad pública y de la sanidad animal.
En cuanto a las inspecciones y controles, el proyecto sometido hoy a la consideración de esta Cámara ha reagrupado la normativa actual, dispersa en diferentes leyes y reglamentos, sistematizando las conductas omisivas y sus sanciones. Como criterio general se establece que las infracciones que puedan tener incidencia directa sobre la salud humana sean calificadas como muy graves, con multas de hasta 1.200.000 euros. Ahí está la importancia, senador Rodríguez Cantero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista , que esta ley y que el Grupo Popular concede a la salud humana, a pesar de que usted lo ponga en duda.
Por último, esta ley regulará las tasas competencia de la Administración General del Estado; las tasas por controles

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de animales vivos que se introduzcan en territorio nacional, y las tasas por autorización y registro de productos zoosanitarios.
Hay un conjunto de enmiendas que han puesto en duda la legitimidad, la competencia constitucional de esta ley, y he de decir que, con carácter principal, la competencia exclusiva del Estado en materia de bases y coordinación general de Sanidad y Sanidad exterior y de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, establecidos en las respectivas reglas de nuestra Constitución, viene determinada precisamente por esos títulos habilitantes.
Por otra parte, respecto a las tasas, la competencia exclusiva del Estado en materia de hacienda general está contemplada en la regla decimocuarta.
Finalmente, determinados aspectos de las competencias exclusivas del Estado en materia de comercio exterior, legislación sobre productos farmacéuticos, y en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, están habilitados por las reglas decimotercera, decimocuarta y vigésimo tercera de nuestra Constitución.
Debo decir que el consenso ha impregnado la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Señorías, en el Congreso de los Diputados se presentaron 247 enmiendas, más un veto que con posterioridad fue retirado. El Grupo Parlamentario Popular, insisto, ha hecho un gran esfuerzo para llegar al máximo consenso posible en una ley que afecta a la salud pública, a la salud de los animales. Muchas de las enmiendas presentadas en el Congreso por la oposición han sido incorporadas íntegramente y otras mediante la correspondiente transacción.
En total, fíjense, señorías, un 40 por ciento de las enmiendas presentadas en el Congreso han sido incorporados al texto remitido por el Congreso de los Diputados. En el Senado, muchos de los grupos se han limitado a presentar las mismas enmiendas que el correspondiente grupo había presentado en el Congreso. Tras un análisis detallado de las mismas, se comprueba que la mayor parte responde a las inquietudes manifestadas en el Congreso de los Diputados, de forma que se reproduce en gran parte el número de las enmiendas rechazadas en el mismo.
También nuestro grupo parlamentario en el Senado ha realizado un importante esfuerzo de aproximación con todos los grupos parlamentarios aquí presentes y tanto en fase de ponencia como en fase de comisión, como en Pleno --así lo reconocía el señor Marimon, hoy mismo hemos aceptado la última enmienda transaccional-- hemos hecho un esfuerzo de aproximación con los distintos grupos que integran esta Cámara. Aproximadamente un 20 por ciento de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios del Senado han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, concretamente 21 enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; muchas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como ha reconocido el senador Marimon; y también varias del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente del BNG.
Esta ley ha sido consensuada con el sector. Algún portavoz ha afirmado que esta ley desconoce la realidad de la explotación ganadera española.
No es cierto. El sector ha sido llamado a comparecer en el Congreso de los Diputados y allí se presentaron el sector cárnico (Asocarne); el sector de criadores de vacuno (Asovac); la Organización Colegial Veterinaria; el Consejo General de Colegios Veterinarios de España; las cooperativas agrarias a través de su confederación; el sector porcino (Anprogapor) y las organizaciones profesionales representativas del sector, ASAJA, UPA y COAG, y todas ellas han sugerido la introducción de determinadas enmiendas --y quiero agradecer en nombre de mi grupo el esfuerzo de documentación que han realizado para mejorar este proyecto-- y, por tanto, insisto, es un proyecto que nace del consenso no solamente de los grupos parlamentarios sino de todo el sector afectado. En nombre de mi grupo, a todos ellos he de agradecer las aportaciones que han realizado.
En cuanto a las enmiendas aceptadas en el Senado, cabe destacar los siguientes aspectos: se ha ampliado el Título I del proyecto, incluyéndose tres nuevos artículos que lo dotan de un contenido esencial y muy demandado por las asociaciones y organizaciones representativas del sector, concretamente en lo relativo a la necesidad de una mayor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas; coordinación que tiene su reflejo en el nuevo artículo añadido a través del cual se establecen los aspectos esenciales de la misma, lo que permitirá fijar un mínimo común a toda España a la hora del diseño y ejecución por las administraciones públicas de los programas sanitarios.
Adicionalmente se consagra en la ley --así lo reconocía el portavoz del Grupo de Convergència i Unió-- el principio de proporcionalidad que debe presidir toda actuación de la administración, incluida la relativa a la sanidad animal, habida cuenta del efecto que la adopción de las medidas sanitarias tiene sobre el comercio de animales y sus productos. La garantía de la sanidad no debe estar reñida con la necesidad de minimizar en la medida de lo posible los efectos económicos de las actuaciones preventivas o de control a fin de no causar perjuicios innecesarios a los productores y operadores.
Asimismo, en este proyecto de ley se refuerza la obligación de la comunicación inmediata a las autoridades competentes de toda sospecha o conocimiento de enfermedad, un factor esencial que permite una actuación ágil y rápida de las administraciones públicas para evitar la difusión de una enfermedad o, una vez introducida ésta en nuestro territorio, limitar sus efectos.
Por otra parte, en materia de análisis laboratorial se ha previsto un registro nacional de todos los laboratorios de sanidad animal, tanto públicos como privados, lo que permitirá su debido conocimiento por parte de los ciudadanos y facilitará también el control y la integración de las actuaciones que sea necesario realizar.
En lo que se refiere a la inspección veterinaria de la exportación, respondiendo a las demandas propuestas por el sector, así como a la necesidad de favorecer esta actividad exportadora, se ha procedido a aceptar una serie de enmiendas. Entre ellas, la relativa a clarificar que será siempre

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precisa la certificación veterinaria previa a la exportación, con independencia de los requisitos exigibles por el tercer país de destino.
De esta forma para la exportación será preciso obtener siempre el oportuno y previo certificado veterinario, lo que permitirá el debido control de todos los animales y productos que se exporten y la garantía de su corrección sanitaria.
Por otro lado, y a fin de evitar dudas sobre la posible aplicación de tasas para la exportación, cuestión que no prevé este proyecto de ley, se especifica que aquéllas se refieren únicamente a la importación de animales, no siendo necesario establecer tasas a la exportación, ya que ello repercutiría negativamente en la competitividad de nuestro sector exportador. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) También en relación con estas enmiendas, se prevén las competencias del Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria, el cual procederá al desarrollo del procedimiento de las exportaciones dado que en dicho órgano se encuentran representadas todas las administraciones así como el sector exportador, a través de su presencia en el comité consultivo, por lo que el citado desarrollo se llevará a cabo con el conocimiento y la colaboración de todas las partes.
En cuanto a las enmiendas rechazadas, podríamos agruparlas en tres grandes apartados. En el primero de ellos se encuentran diversas enmiendas que podríamos denominar competenciales, fundamentalmente correspondientes a los grupos de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Algún grupo en el Congreso dijo que cada vez que el Grupo Parlamentario Popular presenta a la consideración de las Cortes Generales una ley se laminan las competencias autonómicas.
Pues bien, eso no es cierto. A la vista de la doctrina manifestada por el Tribunal Constitucional, esta ley contiene una regulación de las bases y la coordinación general de la sanidad, es plenamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y permite un amplio desarrollo normativo de las mismas, por lo que en nuestra opinión no existe una extralimitación en lo que a las competencias se refiere. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista entendía que se podía proponer a algunas comunidades autónomas la obligación de financiación conjunta Estado-comunidades autónomas. Sin embargo, a nuestro juicio esa medida vulneraría las competencias de dichas comunidades, por lo que hemos rechazado la correspondiente enmienda. También hemos rechazado algunas otras, precisamente porque respetamos la organización de las comunidades autónomas, que en nuestra opinión pueden disponer de equipos humanos de intervención inmediata. Algún grupo parlamentario pretendía establecer esos equipos de intervención, y a ese respecto he de recordar que existe ya un servicio de intervención rápida del Ministerio de Agricultura, que obtuvo buenos resultados ante las alertas veterinarias durante la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, cuya actuación también ha sido eficaz durante las recientes crisis, y que actúa en plena coordinación con las autoridades autonómicas.
Mediante algunas enmiendas se pedían también excepciones para los ganaderos en el régimen de obligaciones que con carácter general se prevé en el proyecto. A nuestro juicio, esas excepciones no pueden ser aceptadas porque las obligaciones deben ser exigibles a todos los actores del sector productor, incluidos los ganaderos, ya que en otro caso se estaría rompiendo sin la correspondiente justificación la necesaria igualdad.
Hemos rechazado otro grupo de enmiendas que hacen referencia al establecimiento de nuevos regímenes de ayudas públicas o de servicios públicos, por ejemplo, respecto de los servicios de recogida de cadáveres de animales, o bien, con un alcance más amplio, respecto de las indemnizaciones que comprendería concretamente el lucro cesante. Sin embargo, debo decir que este rechazo no significa oposición a la existencia de medidas que se puedan subvencionar sino que se basa en aspectos de oportunidad y de técnica jurídica.
Por otra parte, este proyecto hace una referencia específica a la posibilidad de ayudas a las agrupaciones de defensa sanitaria, puesto que precisamente estas ayudas pueden ser de utilidad en la lucha y en la prevención de enfermedades animales. No obstante, respecto a otras posibles ayudas, se estima más oportuno que, dado que se trata de una opción que debe adoptarse por parte de cada administración, en ocasiones el Estado, en otras las comunidades autónomas, en función de la valoración que se haga de las necesidades y de las prioridades, así como, evidentemente, de las disponibilidades presupuestarias, se valore su oportunidad en cada momento, al margen de que se puedan establecer mediante normas reglamentarias, orden o real decreto.
Finalmente, quiero hacer una mención especial a un aspecto de importancia y que ha motivado diversas enmiendas, cual es la financiación de la retirada y destrucción de los materiales específicos de riesgo en relación con las encefalopatías espongiformes. A este respecto, debo decir que la administración ya realiza una actuación decidida a favor de los ganaderos, poniendo a su disposición una variada serie de seguros agrarios, entre los cuales debe destacarse el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la eliminación de animales bovinos muertos en la explotación y, en menor medida, el seguro por encefalopatías espongiformes bovinas comprendido en el Plan Nacional de Seguros Agrarios.
En cuanto a las subvenciones que pudieran darse por la retirada de ganado muerto o de los materiales específicos de riesgo, los MER, la normativa europea, que es la que evidentemente venimos aplicando en España como Estado miembro que es de la misma, es muy clara.
Y acabo diciendo, señorías, que, a nuestro juicio, este es un proyecto que responde a la vertebración de la sanidad animal, es un texto de gran rigor, desde el punto de vista veterinario y rigor jurídico; responde a las preocupaciones de la sociedad del siglo XXI, busca ante todo la calidad y la seguridad alimentaria, busca también, como no podía ser de otra forma, la conservación del medio ambiente, pretende mantener vivo el medio rural y también incrementar el bienestar animal.


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Por último, permítanme, señorías, que diga que este proyecto, entre otras razones, obedece a una promesa electoral del Partido Popular realizada las pasadas elecciones generales. El Partido Popular, cumplidor del proyecto electoral con que nos presentamos en las pasadas elecciones generales, entre otros contenidos, presentaba el siguiente artículo: Impulsaremos las siguientes líneas de actuación: Propondremos sendos proyectos de ley de sanidad vegetal --ya aprobado en estas Cortes-- y de sanidad animal --hoy en fase de aprobación--, orientados a coordinar y dotar de mayor eficacia las actuaciones de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.
Señorías, muchas gracias por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Bernáldez.
Turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) Gracias, senador Cámara.
En nombre del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para expresar la posición del Grupo de Coalición Canaria.
No hemos presentado ninguna enmienda en el trámite parlamentario de este proyecto de ley en el Senado porque las propuestas que realizamos a través de enmiendas en el Congreso de los Diputados fueron incluidas y aceptadas prácticamente en su totalidad, razón por la que consideramos que este proyecto cumple las expectativas que nos habíamos planteado. Es verdad --y lo han dicho diferentes portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido anteriormente-- que es un proyecto de ley que se ha mejorado de forma sustancial en el trámite parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado.
Nos alegramos de que por fin el Gobierno haya decidido tramitar este proyecto de ley de sanidad animal que viene a sustituir la antiquísima Ley de Epizootias que data de diciembre de 1952 y cuyo texto a penas servía para legislar los actuales problemas vinculados con este asunto.
Los notables cambios de distinta índole registrados desde hace más de cincuenta años requerían y hacían necesario que la legislación española contase con una ley actualizada; cambios no solamente vinculados con la ganadería, la aplicación de nuevas tecnologías en el sector o las nuevas patologías, sino también otros relacionados con la estructura política del Estado o su incorporación a la Unión Europea, con la consiguiente desaparición de las fronteras internas entre los Estados miembros por el comercio intracomunitario.
La crisis de la encefalopatía espongiforme bovina, los brotes de peste porcina clásica en el ganado porcino y la amenaza de la fiebre aftosa, entre otras, pusieron de manifiesto en repetidas ocasiones la incapacidad del Ministerio de Agricultura de hacer cumplir la legislación que aprobaba cada vez que aparecía una crisis sanitaria y pretendía mantener la confianza de los consumidores en los productos ganaderos. Además, el hecho de que cada comunidad autónoma tuviese competencia exclusiva en materia de sanidad animal y no existiese un órgano de coordinación entre los distintos territorios dificultaba la aplicación de actuaciones uniformes.
Valoramos especialmente el hecho de que esta ley implante un sistema preventivo para impedir la aparición y desarrollo de enfermedades, creando un régimen sancionador y unos controles e inspecciones para el cumplimiento de la ley, otorgando autoridad a los inspectores actuales, coordinando las actuaciones entre las distintas administraciones y estableciendo criterios únicos en todos los procesos relativos a los pilares centrales de la sanidad animal; asimismo, se recoge la necesidad de que las explotaciones ganaderas sean respetuosas con el medio ambiente y el entorno natural, en especial desde el punto de vista de la correcta gestión de los residuos.
En definitiva, todos estos pasos que se contemplan en el proyecto de ley --en el que figuran gran parte de las aspiraciones, como decía al principio, de nuestro grupo-- es lo que nos lleva a anunciar nuestro apoyo a este proyecto de ley que, como decía también, toma el relevo a una legislación anacrónica de más de cincuenta años que era incapaz de atender los cambios sociopolíticos y sobre todo las enfermedades y los problemas que han ido surgiendo desde que en 1952 se aprobase la antigua ley y su reglamento en 1955.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar agradeciendo al senador Bernáldez el que haya manifestado que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo de aproximación a los diferentes grupos parlamentarios. En relación con nuestro grupo, yo agradezco que el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno, haya hecho un esfuerzo con las enmiendas técnicas, es decir, enmiendas de mejora --lo mismo que hay que agradecérselo al letrado porque se han incorporado 30 enmiendas técnicas--, pero no se han aceptado 21 enmiendas del PNV, se han aceptado siete y se han transado 14. Usted sabe que la transacción es una mutua cesión de las diferencias políticas que, en definitiva, satisface a ambas posiciones, pero hay que concretar que cuando se dice «se han aceptado» las aceptadas son siete y las transadas son 14, una de ellas en el mismo Pleno con ocasión de la propuesta de modificación.
Nosotros le queremos transmitir la misma filosofía política que le hemos expuesto en la primera parte de la exposición del debate: ¿por qué a lo largo y ancho de la ley, en sus 103 artículos y disposiciones adicionales, transitorias y finales, se concretan las funciones ejecutivas de la Administración General del Estado y no ocurre lo mismo

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con las comunidades autónomas? ¿Por qué cuando se trata de funciones ejecutivas del Estado se habla de la Administración General del Estado y por qué cuando son funciones ejecutivas de las comunidades autónomas se usa el eufemismo político «autoridad competente» o «administración correspondiente»? ¿Por qué? Queremos saber porqué. Si esta es una ley de bases nos gustaría que eso se precisara.
El capítulo II del Título Segundo, cuando se refiere a intercambios, control en fronteras, comercio exterior... no habla de autoridad competente, habla de la Administración General del Estado en todo momento, de esos controles que puede llevar a cabo bien el Ministerio de Sanidad bien el de Agricultura en función de qué producto se trate, pero ambos operan en los puntos de inspección fronteriza y por eso se habla de la Administración General del Estado. Nosotros pedimos esa voluntad política.
Senador Bernáldez, en ningún momento lo hemos tachado de inconstitucionalidad --de hecho se lo he dicho en mi primera intervención--, nosotros no hemos presentado veto ni enmienda a la totalidad. Lo que le hemos trasladado es una filosofía política distinta de poder modular las relaciones entre los poderes centrales agrarios y ganaderos del Estado con los poderes autónomos en materia de agricultura y ganadería de una manera distinta. ¿Por qué a lo largo de 40 artículos del proyecto de ley se habla de que el Gobierno establecerá reglamentariamente en materias de prevención de las enfermedades animales, en lucha y erradicación, en ordenación sanitaria, en certámenes ganaderos, en mataderos, en distribución de productos zoosanitarios? Este texto contiene muchos artículos de carácter básico. ¿Dónde está el desarrollo legislativo al que usted ha hecho referencia? Si esto lo establecen los poderes centrales del Estado con carácter formal --porque esto con carácter formal tiene carácter básico--, ¿dónde queda el margen de actuación de las comunidades autónomas, si además de los 103 artículos básicos, va a haber desarrollo reglamentario estatal, a su vez básico, en todas esas materias? Esa es la filosofía que subyace y, como he dicho, no le hemos imputado inconstitucionalidad porque esto se puede hacer de otra manera.
Le voy a poner un ejemplo. El Gobierno va a traer a esta Cámara una ley con un contenido distinto también en sanidad, que es la ley de cohesión en materia de sanidad humana. No hay tantas apelaciones al desarrollo reglamentario. Ha habido un consenso unánime en el Congreso de los Diputados, también del Grupo Parlamentario Socialista y hasta de Izquierda Unida. El mismo Gobierno, el mismo grupo parlamentario, las mismas Cortes con las mismas mayorías pueden disciplinar, soportado en iguales títulos competenciales, de diferente manera. Es cuestión de política legislativa, se puede hacer o no se puede hacer. Por lo tanto, lo que nosotros le queremos transmitir es que queremos ese plano de igualdad para las diecisiete comunidades autónomas, es decir, que se las menciones en este proyecto de ley y que no se hable de esa manera genérica de la autoridad correspondiente, o de la administración que corresponda. No tengamos complejos y háblese de comunidades autónomas.
En segundo lugar, senador Bernáldez, efectivamente usted hablaba de que es una modernización, y eso es cierto, pero...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Gatzagaetxebarría, vaya concluyendo, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señor presidente.
Pero hay dos olvidos importantes en la ley --se lo hemos dicho y se lo digo también al ministro que está presente-- que son que el proyecto de ley, cuando regula el tema de la comercialización de productos zoosanitarios, no contiene como infracción administrativa el comercializar un producto zoosanitario no autorizado. ¿Cómo se nos puede olvidar a las Cortes establecer una infracción de esa naturaleza? Se lo dije en comisión y se lo digo en el Pleno. No puede quedar al margen de la ley comercializar un producto zoosanitario que no haya obtenido la autorización del registro correspondiente o la distribución, importación o el intercambio de productos zoosanitarios por personas que no tienen la autorización correspondiente; tampoco es infracción administrativa; es un olvido de las Cortes; lo venimos manteniendo en las enmiendas que plantea nuestro grupo parlamentario y es urgente solucionarlo.
Estas son, señor presidente, en grandes cuestiones las reservas que nuestro grupo parlamentario tiene. Nos hubiera gustado por filosofía política alcanzar un principio de acuerdo en materia de sanidad animal, pues lo estamos alcanzando en materia de sanidad humana en la ley de cohesión.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrès, tiene la palabra el señor Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Después de la exposición en la defensa de las enmiendas y después de cómo ha ido la tramitación de todo el proyecto de ley, quizás ustedes crean que soy un ingenuo, pero pensaba que algunos de los temas que habíamos expuesto serían aceptados o tratados.
A nuestro entender esta ley, que no es una mala ley, que incluso la podríamos definir como una buena ley, es manifiestamente mejorable porque tiene tres olvidos importantísimos. El primero hace referencia a lo que es un programa de sanidad animal porque, señorías, quizás ustedes no lo sepan, pero en Cataluña para pertenecer a un área de defensa sanitaria, a una ADS, hay que seguir obligatoriamente un programa de sanidad animal, con lo cual parece evidente que este tipo de definición debería ser contemplada dentro de la ley.
Un segundo olvido es la creación de los equipos de intervención veterinaria. Se ha demostrado en las crisis anteriores que la intervención rápida, la intervención inmediata,

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es la mejor de las medidas. Por lo tanto, tener los dispositivos a punto parece algo lógico y normal.
Y una tercera cuestión que a nosotros nos ha parecido un olvido imperdonable son las indemnizaciones que a través de uno u otro sistema deben recibir aquellos ganaderos integrados que, con motivo de vaciados sanitarios para proteger la especie, para evitar la enfermedad, para proteger la cabaña ganadera, se ven obligados a sacrificar animales para establecer cinturones de seguridad, para poner medidas concretas de lucha. Que éstos se vean perjudicados por vaciados sanitarios y no reciban compensación es, como mínimo, injusto.
Por lo tanto, señorías, si bien es cierto que durante el proceso de tramitación de este proyecto de ley se ha observado por parte de todos los grupos voluntad de consenso, no es menos cierto que probablemente el grupo mayoritario, el Grupo Popular, piense que con el consenso alcanzado es suficiente y, por tanto, deje, en definitiva, para mejor ocasión la posibilidad de establecer nuevos consensos.
Teniendo en cuenta la estructura de nuestras explotaciones ganaderas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, es muy necesaria la presencia de forma activa del sector público que debe ser el garante del cumplimiento de la ley. No es suficiente la necesaria sanción de los sistemas de infracciones que se comentan ni basta con la posibilidad de acudir a la cobertura del seguro. Estamos hablando de sanidad animal y, consecuencia, también de seguridad alimentaria y de salud pública.
No es suficiente con castigar las irregularidades que se puedan producir.
Hay que prevenir las conductas no deseadas, por lo cual la implicación del sector público debe ofrecer garantías, garantías que se echan en falta en este proyecto de ley. Señorías, las crisis sanitarias han puesto en evidencia la falta de control por parte de la Administración de algunas de las facetas del sector por lo que deben ser contempladas de otra forma, con más contundencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Batlle, le ruego vaya concluyendo, por favor señoría.


El señor BATLLE FARRAN: Un minuto, señor presidente.
Especial atención merece, a nuestro entender, la situación de indefensión en la que se encuentra el ganadero integrado ante una situación como la definida anteriormente. En casos de crisis ganaderas no debería haber perjudicados y, evidentemente, con esta ley y la falta de definición de compensaciones a los integrados los ha habido y los seguirá habiendo.
Señorías, creo que están ustedes en un error, y como disfrutan de la mayoría absoluta pueden ejercerla, pero entiendo que no es inteligente desaprovechar las oportunidades que les hemos brindado para que ésta, que es una buena ley, pudiera ser una ley mucho mejor.
Nos abstendremos en el momento de la votación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Batlle.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz el señor Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor presidente.
A fin y a efecto de ver si creo escuela, renuncio a mi turno de intervención.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor presidente.
A mí me gustaría renunciar, pero no puedo.
Senador Bernáldez, es verdad que hubo comparecencia de numerosos representantes de sectores afectados, pero una cosa son las aportaciones que ellos hicieron, que fueron numerosas y que hay que agradecer, y otra es el caso que ustedes han hecho a esas aportaciones. Yo no he puesto en cuestión la cantidad y la calidad de las aportaciones de los sectores, yo lo que he puesto en cuestión es que ustedes, desde nuestro punto de vista, no han hecho caso, porque los representantes de los ganaderos, UPA Y COAG fundamentalmente, avalaron el establecimiento de una red pública de recogida y eliminación de cadáveres y de residuos y ustedes no lo aceptan. Avalaron y pidieron indemnizaciones por el cese de actividad y por la pérdida de renta, y ustedes no lo aceptan. No trate de escudarse en que han comparecido y han aportado. Efectivamente, han aportado en un esfuerzo generoso y que agradecemos, pero ustedes no han respondido con la misma generosidad ni con la misma atención ni dedicación con que ellos lo hicieron.
No he escuchado argumentos válidos en su intervención, quizá porque usted, que es un buen profesional, no los tiene. Lo que sí he escuchado son unas apelaciones eufemísticas que me gustaría que aclarara. Dice: las indemnizaciones por cese de actividad y pérdida de renta no las aceptamos por razones de oportunidad y técnica jurídica. Pero ¿le parece a usted poca oportunidad y poco justo dar unas indemnizaciones a unos pequeños y medianos ganaderos que, porque se les sacrifican las reses en una epizootia, pierden la renta y la actividad? No lo entiendo.
Termino, señor presidente. Dice: los equipos de intervención veterinaria ya existen. ¿Usted se ha leído nuestra enmienda? ¿Esos equipos que diseñamos en nuestra enmienda existen, senador Bernáldez? Yo creo que no, yo creo que usted, que sí que ha leído nuestra enmienda, entiende a lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a unos equipos dotados de medios humanos, materiales, con recursos económicos específicos, estrechamente coordinados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y estrechamente coordinados con los equipos de la Administración General del Estado, exactamente aquello que en la crisis de las vacas locas, el ministerio y todos echamos en falta, exactamente esos mismos equipos

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que ojalá nunca volvamos a necesitar, pero si aparece una nueva crisis de epizootia volveremos a echar en falta. Por todo ello, señor presidente, nuestra posición es de abstención.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Rodríguez Cantero.
Para finalizar este turno de portavoces, corresponde el mismo al Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Ante todo, como representante de mi grupo, quiero agradecer las aportaciones que han hecho todos los grupos parlamentarios de esta Cámara al perfeccionamiento de este proyecto de ley, en especial a la senadora Morales, de Senadores de Coalición Canaria, que ha anunciado su voto favorable al mismo.
Quiero agradecer al señor Gatzagaetxebarría que su grupo no haya presentado un veto a este proyecto de ley. Yo diría que no lo ha presentado porque no procede un veto, senador Gatzagaetxebarría porque lo que usted pide está perfectamente contemplado en este proyecto de ley, concretamente en el capítulo IV, cuando se crea el Comité Nacional del Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria, que tiene precisamente una composición reglamentaria, de la que formarán parte tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y que equilibra precisamente las competencias que esta ley concede a la Administración General del Estado y las que tienen por transferencia las comunidades autónomas.
Por lo tanto, a mi juicio, señoría, usted que es riguroso en cuanto a la exigencia de las competencias de su comunidad autónoma, no procede en absoluto un veto porque este proyecto es tremendamente equilibrado a ese respecto.
Es cierto que muchas de sus enmiendas las hemos aceptado mediante transacción. Es normal, ya que se trata de una técnica parlamentaria habitual. Ustedes han propuesto algo, nosotros hemos propuesto una transacción y hemos llegado a un equilibrio, pero no olvide que la transaccional es una enmienda aceptada por las dos partes, tanto por parte de su grupo como por parte del mío.
En cuanto al senador Batlle, representante del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, le agradezco que haya reconocido que es una buena ley. También reconoce a continuación que es manifiestamente mejorable, y sobre la base de esa segunda afirmación dice que se va a abstener.
Señoría, le pediría a usted y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que hicieran también un esfuerzo de aproximación al esfuerzo de aproximación que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular. Hemos aceptado el 40 por ciento de las enmiendas en el Congreso de los Diputados y el 20 por ciento en el Senado. Hemos andado un camino de aproximación muy grande hacia los demás grupos políticos, y les pedimos que algo hagan ustedes también por acercarse a nuestras posiciones porque alguna razón tendremos, digo yo. No pretenderán que el proyecto de ley que se apruebe sea el que ustedes en exclusiva quieren. Permítanme que andemos el camino, por lo menos, a medias.
En cuanto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, debo decirle y recordarle la manifestación del portavoz socialista en el Congreso, el diputado señor Cuadrado, que dijo claramente que apostaban allí por un consenso --véase el «Diario de Sesiones» número 624, página 20486--.
Póngase de acuerdo con su portavoz y apueste usted, insisto, ande cierto camino, porque nosotros creo que lo hemos hecho en su mayor parte para llegar a este consenso.
No estoy de acuerdo en absoluto con usted cuando dice que el sector ha hecho aportaciones que no hemos aceptado. En absoluto. Aquí está esta carta --y tengo varias en mi despacho-- de representantes del sector donde reconocen y agradecen al Grupo Parlamentario Popular la labor que ha hecho por incorporar a este proyecto de ley las aportaciones que han hecho diversos comparecientes en el Congreso de los Diputados. Me refiero a Asovac, a Asocarne, a la organización colegial veterinaria, que representa a 26.000 veterinarios de España precisamente integrados en el Consejo Nacional de Colegios Veterinarios de España, al porcino, a Anprogapor, etcétera, y evidentemente a las tres OPA, Asaja, COAG y UPA.
Todos ellos reconocen que han aportado una extensa documentación, reconocen que han enriquecido con sus aportaciones este proyecto de ley.
Acabo diciendo, señorías, que solamente deseo para este proyecto, puesto que es un proyecto de legislación básica, puesto que es un proyecto que afecta a la sanidad animal, que tenga una andadura parlamentaria y una duración en el tiempo como la que ha tenido la Ley que actualmente está vigente, la de epizootias de 1952, más de 50 años. Deseo que con su aprobación en esta Cámara este proyecto que dentro de poco va a convertirse en ley tenga una duración que haga posible que durante el tiempo podamos tener una sanidad animal y humana mucho mejor que hasta la fecha hemos tenido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete, pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Bernáldez.
Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Señor presidente, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios las aportaciones que han hecho para mejorar una ley que es el instrumento fundamental para la garantía de la sanidad animal en nuestro país.
No es fácil, en un Estado autonómico como el nuestro, elaborar una norma que sea absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, que tenga luego agilidad y eficacia para actuar en los momentos de crisis, como ha señalado algún portavoz, y hemos

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procurado incorporar todas las enseñanzas de las grandes crisis, no sólo de las vacas locas o de la encefalopatía espongiforme bovina, sino también de la peste porcina clásica, para dotarnos de un instrumento en el marco de un Estado constitucional y autonómico.
Hay grupos parlamentarios que querían ir mucho más allá; otros que querían garantizar el respeto de las competencias autonómicas.
Probablemente esta ley se mueva en el justo término. Pero lo que sí podemos garantizar es que en el desarrollo reglamentario se va a mantener el diálogo con las comunidades autónomas y con sus correspondientes direcciones generales especializadas en estos ámbitos para que tengamos los instrumentos más potentes al servicio de la sanidad animal.
Quiero agradecer a todas sus señorías sus aportaciones. Y quiero agradecer también a los servicios de la Cámara todo el espíritu constructivo que han incorporado a este debate, que técnicamente ha modificado en gran parte un texto. Es conveniente que los textos, además de ser buenos técnicamente, estén bien concebidos jurídicamente y, por tanto, creo que el Senado ha cumplido su papel de Cámara de reflexión pero también de Cámara muy próxima a esos sectores. Sus señorías han dialogado con todos los sectores afectados y han incorporado sus aportaciones de última hora. Repito que el Senado ha hecho un gran trabajo. Felicito a los grupos parlamentarios y les agradezco las posiciones que sus representantes han manifestado públicamente. Espero que entre todos podamos seguir manteniendo este espíritu de diálogo y trabajando por el bienestar de la agricultura y la ganadería españolas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Finalizado el debate vamos a llamar a votación. (El señor presidente ocupa la Presidencia.--Pausa.)

El señor PRESIDENTE: Señores senadores, procedemos a la votación de las enmiendas al proyecto de ley de sanidad animal.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14 y 15 de los senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 56; en contra, 133; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los señores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, dos; en contra, 134; abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el senador Quintana. En primer lugar, votamos las números 30 y 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, seis; en contra, 133; abstenciones, 66.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 35 del señor Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, seis; en contra, 187; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 59; en contra, 132; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos las números 47, 48, 68, 69, 102, 103, 104, 107, 108, 113, 116, 117, 119, 120, 123 a 126 y 128.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 72; en contra, 133.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 90 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 63; en contra, 133; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 53, 54, 64 y 74 a 77 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 15; en contra, 185; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 50, 56, 57, 58, 60, 65, 73, 88, 99, 101, 131, 133 y 134 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 18; en contra, 133; abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 18; en contra, 132; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés números 137 a 152.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 54; en contra, 134; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 190, 191, 194 y 195.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 18; en contra, 134; abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del mismo grupo parlamentario números 192 y 197.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 16; en contra, 187; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por este mismo Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 193, 196 y 198.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 73; en contra, 132.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas números 187 y 188 soportan transaccionales. Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 153 a 170.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 132; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de modificación del dictamen. Todos los grupos han firmado un documento, con número de registro 50325, sobre la enmienda 187 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Votamos otra propuesta correspondiente al número de registro 50326 que son correcciones técnicas.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Asimismo, hay otra propuesta de modificación del dictamen, con el número de registro 50327, sobre la enmienda número 188 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
Se somete a votación el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 144; en contra, uno; abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción definitiva del texto por Su Majestad el Rey.


MOCIONES (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (662/000287) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, en el curso de la mañana no se han sometido a votación, sí al debate, dos mociones, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Vamos a votar la del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de educación, cultura y deporte, con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió aceptada por el grupo proponente.
Reitero, sometemos, en primer lugar, a votación, la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió que ha sido aceptada por parte del grupo proponente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 68; en contra, 133; abstenciones, cuatro.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN LA VIGENTE LEGISLACION MARITIMA DE MANERA QUE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DEL LITORAL PUEDAN EJECUTAR Y GESTIONAR LA NORMATIVA DE PREVENCION, VERTIDOS Y LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION MARINA EN SUS AGUAS TERRITORIALES (662/000286) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos por la que se insta al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la vigente legislación marítima de manera que las comunidades autónomas del litoral puedan ejecutar y gestionar la normativa de prevención, vertidos y lucha contra la contaminación marina en sus aguas territoriales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 71; en contra, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (550/000047).


El señor PRESIDENTE: Señorías, oídos los portavoces, esta Presidencia propone la modificación del orden del día, para someter a debate el informe aprobado por la Comisión de las Entidades Locales en relación con las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana. ¿Existe alguna oposición a esta modificación? (Denegaciones.) INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO:

--DE LA COMISION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN RELACION CON EL INFORME SOBRE LAS GRANDES CIUDADES Y LAS AREAS DE INFLUENCIA URBANA (701/000066).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos el debate de la Comisión de las Entidades Locales en relación con el Informe sobre las Grandes Ciudades y las Areas de Influencia Urbana.
Para la presentación del informe, tiene la palabra la representante nombrada por la comisión, la senadora Solana.


La señora SOLANA BARRAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el ministro de Administraciones Públicas presentó el 11 de octubre del año 2001, en el seno de la Comisión de las Entidades Locales de esta Cámara, el Informe sobre Grandes Ciudades y Areas de Influencia Urbana. Dicho informe tenía como finalidad constituir un punto de partida, un foro de estudio y debate sobre una realidad: la presencia de las grandes urbes y la problemática específica que afrontan ante las necesidades de sus ciudadanos.
Los trabajos de la comisión que me honro en presidir se han desarrollado a lo largo de los últimos 19 meses, durante los cuales han comparecido diversos expertos jurídicos en derecho municipal, así como autoridades de Gobiernos autonómicos, para exponer a los miembros de la comisión sus opiniones sobre el referido informe. Cerró las comparecencias la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, doña Rita Barberá Nolla, manifestando la posición del organismo que representa sobre el citado documento.
Teniendo en cuenta la opinión de todos estos comparecientes, la Comisión de las Entidades Locales elaboró unas conclusiones que hoy se presentan ante el Pleno de la Cámara. El hecho de que el estudio del Informe sobre Grandes Ciudades y las Areas de Influencia Urbana se haya producido en la Comisión de las Entidades Locales del Senado, con gran aprovechamiento e interés por parte de todos los asistentes, pone de manifiesto que la misma constituye el foro más idóneo para el debate de las cuestiones planteadas.
El Senado valora de forma muy positiva el informe presentado por el señor ministro de Administraciones Públicas, como punto de partida serio y riguroso para diagnosticar los problemas de las grandes ciudades. En este sentido, los distintos comparecientes han puesto de manifiesto en sus intervenciones que el informe ha supuesto una herramienta de trabajo útil a la hora de ofrecer sus reflexiones a la comisión. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Ha sido un acierto incorporar al informe las demandas planteadas en ese terreno por la Federación Española de Municipios y Provincias. Existe una amplia coincidencia en la necesidad de afrontar la problemática de las grandes ciudades a través de una legislación específica que permita un mayor acercamiento de la política a los ciudadanos en estas grandes urbes y un fortalecimiento de su estructura y funcionamientos internos. Junto a ello, el Senado considera necesaria una reforma más amplia del sistema legal actual regulador del régimen local, que aborde no sólo la problemática de los municipios muy poblados, sino también el conjunto de disfunciones puestas de manifiesto en estos dieciocho años de vigencia de la ley de bases.
Para avanzar hacia una administración municipal más ágil y eficaz resulta esencial una nueva definición de las competencias de los órganos de gobierno, reservando al alcalde y a la Comisión de Gobierno las funciones ejecutivas, y al Pleno las funciones de control y normativas. Asimismo, se considera necesario un compromiso firme de las comunidades autónomas en el desarrollo de las medidas que se lleven a cabo sobre las grandes ciudades, en ejercicio de las competencias que tienen atribuidas constitucionalmente.


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Una cuestión fundamental en las futuras reformas del régimen local radica en abordar la cuestión de la participación ciudadana, puesto que si se pretende otorgar mayor protagonismo a los entes locales por tratarse de la Administración más cercana a los ciudadanos, en virtud del principio de subsidiariedad, debe asegurarse asimismo que la relación ayuntamiento-vecino sea fluida. Para ello puede resultar muy útil la creación de órganos como el consejo social de la ciudad o la comisión de reclamaciones y quejas, así como la regulación de las iniciativas ciudadanas y el establecimiento de la obligación por parte de los municipios, de regular en normas de carácter orgánico procedimientos y técnicas para hacer efectiva la participación ciudadana. Asimismo, debe aprovecharse la oportunidad que brindan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para incentivar la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Otro aspecto que también incide en la necesaria cercanía de la administración al ciudadano, es la división territorial interna en aquellos municipios en que su tamaño, dispersión o diversidad lo justifiquen, a través de los distritos, en cuanto órganos de gestión desconcentrada, que aseguren que la atención a los problemas de cada zona del territorio tenga cabida en la política municipal.
En cuanto a los asuntos relacionados con competencias del Estado, resulta más adecuado su tratamiento a través de su regulación específica. En concreto, entendemos que la denominada justicia municipal de proximidad debe abordarse a través de la legislación sectorial correspondiente, de acuerdo con lo contenido en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito en el año 2001.
La realidad de las grandes ciudades debe afrontarse de manera separada de la de las áreas metropolitanas, así como de los procesos de segunda descentralización que se efectúen, por considerar que son realidades que necesitan de tratamientos diferenciados, en atención a las competencias que el Estado y las comunidades autónomas desarrollan en estas materias.
En este sentido, en el informe presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas se recoge de tal manera el respeto a las competencias de las comunidades autónomas y, especialmente, a las competencias autonómicas en materia de las áreas metropolitanas.
Valoramos igualmente de forma positiva que la futura normativa sobre grandes ciudades incluya un tratamiento específico para los municipios de Madrid y Barcelona, dando así adecuado tratamiento a la previsión contenida en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Madrid, y manteniendo las especialidades recogidas en la actual Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.
Resulta especialmente importante que existan instrumentos de cooperación capaces de ofrecer respuestas adecuadas en aquellos supuestos de competencias concurrentes de las diferentes administraciones públicas sobre muchas de las materias del ámbito local. Un eficaz funcionamiento de estos instrumentos será determinante a la hora de dar solución a las demandas de los ciudadanos en estas grandes urbes.
Finalmente, entendemos necesario que las administraciones implicadas en la futura regulación de esta materia busquen el más amplio consenso, dada la trascendencia que unas medidas de este tipo tendrán en la futura configuración de los gobiernos locales.
Señor presidente, señorías, no quiero finalizar mi intervención sin tener unas palabras de reconocimiento para todas las personas que han participado en la elaboración de este informe. En primer lugar, para los diferentes comparecientes que con sus aportaciones han hecho posible el trabajo de esta comisión; mi agradecimiento a los portavoces y miembros de la misma por el buen hacer y el talante con el que han abordado cada uno de los debates y, finalmente, mi agradecimiento a la letrada y a los servicios de la Cámara, que siempre hacen posible que nuestro trabajo sea más eficiente.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Solana.
Corresponde ahora abrir el turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto renuncia al turno. Gracias, senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador don Froilán Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ésta es una iniciativa que se viene debatiendo en el seno de la Comisión de las Entidades Locales, creada hace relativamente poco tiempo.
El debate se basa fundamentalmente en un informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana.
Como bien ha dicho la presidenta de la comisión, se han celebrado una serie de comparecencias absolutamente interesantes, y en algunos casos bastantes coincidentes, dejando al margen los casos específicos de Barcelona y Madrid que han suscitado un debate particular. Asimismo ha habido una serie de coincidencias dentro de los miembros de la comisión, con más o menos matices, fundamentalmente en el sentido de constatar la necesidad de reforma del marco legal del régimen local, sobre lo que, además, el Gobierno del Estado ha explicitado su voluntad de llevar a cabo, así como la necesidad de una legislación específica para las grandes ciudades.
Es verdad que hasta cierto nivel se ha logrado una sintonía en cuanto a qué competencias específicas, que ahora no vienen contempladas en la legislación de régimen local, sería necesario afrontar en esta reforma, y también parece que hay sintonía, aunque con matices, en cuanto a la necesidad de la participación activa y el respeto a las competencias autonómicas. Está claro que abordar la reforma de este marco en el ámbito del régimen local, y específicamente en el de las grandes ciudades, sin contar con las competencias que ya tienen asumidas las distintas comunidades autónomas es como mínimo improcedente, por no decir absurdo.
Donde sí se

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han establecido aspectos muy diferenciadores ha sido en lo que se refiere a qué factores y qué datos se deben emplear a la hora de definir qué entendemos por grandes ciudades.
En cualquier caso, y dado que éste es un proceso que se está iniciando, pues ahora el Gobierno nos tiene que hacer una propuesta concreta para ser debatida en el Senado y, en su momento, también en el del Congreso de los Diputados, nosotros vamos a dar nuestro voto favorable a este informe, sobre todo, teniendo en cuenta que se han recogido numerosas aportaciones que estaban incluidas en los votos particulares presentados por distintos grupos de esta Cámara. Ese esfuerzo, que se ve recogido en este texto que traemos hoy aquí para su aprobación, nos lleva a prestar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa, sin renunciar por ello al debate posterior, que tendrá lugar cuando la propuesta específica del Gobierno llegue a esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Rodríguez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario quería comenzar esta intervención con una consideración previa. Nosotros manteníamos una diferencia política sobre la constitución y formación de esta Comisión, motivo por el que no hemos trabajado en las diferentes labores que ha desplegado la misma. No obstante, queremos agradecer, tanto a su presidenta, la senadora Solana, como al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Sanz, que siempre hayan tenido la deferencia de informar a nuestro Grupo de la existencia de unos trabajos, de la celebración de unas comparecencias y de la redacción de una serie de documentos que nos han sido suministrados. Por lo tanto, nos hemos mantenido al margen de los trabajos parlamentarios, pero no al margen de la información pues la presidenta de la comisión institucionalmente nos la ha remitido en todo momento. Agradecemos la posición que desde la presidencia de la comisión se ha tenido al respecto.
El documento que se ha sometido a la consideración de la Cámara el día de hoy es un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios en el cual nosotros no estamos insertos, y no lo estamos por una sencilla razón: por respeto político. Aquellos que tomamos la decisión de no participar por diferencias políticas en los trabajos de la comisión no podemos estar insertos en el texto, sobre el que se ha llegado a un acuerdo en el día de hoy. Por lo tanto, mi grupo parlamentario no va a estar en contra de todos los esfuerzos y trabajos que ha realizado la Comisión de las Entidades Locales y los diferentes grupos parlamentarios, tampoco va a estar a favor por coherencia con la posición política que tomamos en su momento, pero respetamos enormemente el trabajo realizado por los grupos parlamentarios, el trabajo realizado por los servicios de la Cámara y el esfuerzo que han hecho los comparecientes para darnos a conocer sus opiniones al respecto.
Los diferentes grupos parlamentarios nos han presentado una propuesta de modificación, consensuada entre los mismos, que habla del informe sobre las grandes ciudades y áreas de influencia urbana. Quizás hubiera sido mejor denominarlo áreas metropolitanas, porque áreas de influencia urbana es un concepto indeterminado, no existe en la legislación de régimen local. Las grandes áreas de influencia urbana como aglomeraciones urbanas de municipios que tienen unas grandes vinculaciones económicas y sociales y que necesiten una planificación conjunta en el organigrama y en la legislación española se denomina áreas metropolitanas, no es propiamente un área de influencia urbana.
Se plantea por los diferentes grupos en la propuesta de modificación la necesidad de abordar una legislación específica, que fortalezca la estructura y funcionamiento de los municipios. Nosotros estamos de acuerdo en todo lo que sea el fortalecimiento de los municipios en sus diferentes variedades corrigiendo, como se dice, las disfunciones de la ley actualmente vigente en materia de régimen local. Por consiguiente, consideramos que son buenas todas las mejoras que puedan hacerse tanto en participación de los ciudadanos, como en comisiones de investigación, como en el derecho de información de los ciudadanos y de los diferentes cargos públicos municipales, y vamos a estar a la espera de cómo plantea el Gobierno estas modificaciones legislativas que se promueven en este informe que va a aprobar el Pleno de la Cámara.
Se habla también de la necesidad de una nueva organización municipal que permita --esto nos parece importante-- que las comunidades autónomas puedan luego fijar su desarrollo legislativo. No olvidemos que éstas tienen en muchas de ellas competencias exclusivas. En materia de régimen local, por ejemplo, Navarra es la comunidad autónoma que por su foralidad, juntamente con el País Vasco, tiene el mayor nivel competencial en cuanto a régimen local y esta cláusula que se somete a consideración en el informe --creo recordar que a petición del Grupo de Convergència i Unió-- nos parece muy positiva.
Se habla de un asunto interesante, cual es la nueva organización a través de personas que no sean de elección directa por parte de los ciudadanos en las elecciones municipales. Esto es, en definitiva, modernizar la administración local, porque actualmente la administración local está dotada de personal eventual, lo que --entre comillas-- se denomina cargos políticos, cargos de confianza, pero no existe la posibilidad de que personas de confianza de los diferentes grupos políticos dirigentes de las organizaciones municipales puedan designar con carácter directivo, con carácter de gestión y con carácter de facultad resolutiva puestos de confianza. Esto, que existe en las comunidades autónomas y que existe en la Administración General del Estado, no existe en las corporaciones locales. Por lo tanto, es positivo intentar disponer de facultades gubernativas no solamente de los miembros de elección directa, sino también de aquellos que sean de designación, lo que

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nos parece una cuestión que, en definitiva, pretende equiparar a las administraciones locales con las administraciones de las comunidades autónomas y con la Administración General del Estado.
Luego se habla de la posibilidad de una segunda descentralización. Aquí hay que matizar mucho, porque la segunda descentralización depende de qué se hable, ya que el régimen español es muy sui géneris. Existe el régimen común en la mayoría de las comunidades autónomas, pero existe el régimen específico de las islas, tanto en Canarias como en Baleares. Los cabildos tienen doble naturaleza, tienen ese carácter bifronte, ya que son corporación local por la Ley 7/1985 y a su vez son administración autonómica por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Otro tanto ocurre con los consejos insulares de las Islas Baleares, cuyos miembros son de elección directa en elecciones autonómicas, es decir, son representantes autonómicos, pero gestionan una corporación local, que también tiene un carácter híbrido.
Nada digamos de las administraciones o entidades forales del País Vasco, que tienen también ese doble carácter: pueden operar como entidades de régimen común, supletoriamente por la Ley 7/1985, pero también, por la disposición adicional de la Constitución, son entidades de naturaleza política distintas, en la medida en que se amparan los derechos históricos de los territorios forales, actualización que se ha producido en el marco del Estatuto de autonomía y de la ley interna de distribución de competencias entre las instituciones comunes y las instituciones forales que, por tanto, ejercen competencias de régimen común y competencias propias del núcleo de la foralidad previstas estatutariamente en el bloque de la constitucionalidad, en concreto en el Estatuto vasco.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Senador Gatzagaetxebarría, le ruego concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor presidente, voy concluyendo.
Por tanto, hay que distinguir esa descentralización ,porque los regímenes son distintos. No es lo mismo el País Vasco que Murcia, que no tiene estas peculiaridades.
Es importante distinguir todo lo que hace referencia a las áreas metropolitanas y a las grandes ciudades es importante distinguir, porque la posición del Estado para regular las grandes ciudades tiene unas normativas y facultades básicas, pero las áreas metropolitanas corresponde regularlas a las comunidades autónomas. Es muy importante precisar esto. La propuesta de modificación ya lo hace, porque estas aglomeraciones urbanas con gran vinculación requieren una planificación conjunta en políticas territoriales, de viviendas, servicios sociales, actuaciones concertadas, etcétera. En este punto hay que diferenciar la posición del Estado y la de las comunidades autónomas.
Se habla también de una serie de organismos de cooperación, conferencia sectorial, conferencia de entidades, e incluso de la posibilidad de comisiones bilaterales del Estado directamente con las ciudades, etcétera. Nosotros siempre somos partidarios de tener un mecanismo claro, y no diferentes conferencias o entes abiertos, porque es bueno que pueda existir la bilateralidad pero también esa conferencia general que aborde la participación del Estado, las comunidades autónomas y los municipios.
Por todo ello, señor presidente, reitero el agradecimiento a la Presidencia de la Comisión por la información que puntualmente nos ha transmitido, así como que por la posición política que hemos mantenido y por respeto a los trabajos que se han realizado, aunque no estemos de acuerdo con algunos aspectos y conclusiones que allí se contienen, nuestro grupo no va a votar en contra de los mismos, va a abstenerse.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Corresponde ahora el turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy estamos aprobando el dictamen sobre los trabajos realizados, como ya se ha dicho, por la Comisión de las Entidades Locales de esta Cámara, pero evidentemente estamos en un debate previo a lo que sin duda va a ser una o varias leyes que regulen de nuevo el ámbito municipal en nuestro país.
Sin duda, después de 24 años de ayuntamientos democráticos, es necesario, ahora más que nunca, una clara apuesta municipalista en España. Es, por tanto, necesario una revisión de la legislación de régimen local que actualice los ayuntamientos y los entes locales en general a la experiencia acumulada después de estos años de gobiernos democráticos después de la transición.
Los ayuntamientos, por ser la Administración más próxima a los ciudadanos, de manera progresiva han ido acumulando de «facto» competencias. La ciudadanía exige soluciones y a menudo las corporaciones locales se han visto en la necesidad ineludible de dar respuesta a esos requisitos. Pero también es cierto que en la mayoría de los casos no han recibido los recursos correspondientes, no se han transferido los recursos necesarios para que realmente se puedan atender estas competencias. Es necesario, por tanto, que de una vez por todas se resuelva la cuestión de la financiación de los entes locales, de los ayuntamientos en concreto, con una parte del gasto público que no sea inferior en ningún caso al 30 por ciento del conjunto del gasto público de las administraciones públicas.
Es cierto también --y ha sido el origen de los trabajos de la Comisión-- que se necesita una ley de grandes ciudades que regule específicamente las características de estas poblaciones que, a partir de un determinado número de habitantes y con unas condiciones determinadas, necesitan de una regulación específica, de un marco competencial, sin duda especial, con mayores competencias y con un modelo de organización distinto al de la mayoría de los municipios. Sin embargo, al concluir los debates en la comisión nos hemos encontrado con la necesidad de que se vaya más allá de la ley de grandes ciudades, para que en realidad se

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aborde una reforma de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local que afecte a todos los municipios.
Tal como se recoge en las conclusiones del dictamen emitido por la comisión, se debe continuar con el ejemplo de las reformas iniciadas en otros países de la Unión Europea en lo que a la organización interna de las corporaciones locales se refiere, cuestión esta a la que ya han aludido algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Así, el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, senador Gatzagaetxebarría, hacía referencia hace un momento a la necesidad de diferenciar entre las funciones del Pleno de la corporación local, formado por cargos electos, y con funciones de control y normativa más o menos apuntadas en la actual legislación, y aquéllas correspondientes al Gobierno local, con mayores competencias, el cual, como ocurre en otros países, podría estar compuesto por personas de confianza del presidente del ejecutivo, que en este caso sería el alcalde. En otros países se establece esa diferenciación de funciones: por una parte están las correspondientes al alcalde, como presidente del ejecutivo, y por otra, las de la presidencia del consejo municipal, que actúa como un pequeño parlamento, con funciones de control y normativa.
Si avanzáramos en esa línea sin duda mejoraríamos sustancialmente la capacidad de actuación de nuestros ayuntamientos.
Asimismo, es conveniente potenciar la participación ciudadana, algo que se ha convertido en una demanda constante, tanto de las asociaciones de vecinos como de los ciudadanos a nivel particular. Distintos ayuntamientos han desarrollado experiencias interesantes a este respecto que deberían servir de base para elaborar una normativa de carácter general que sirviera a todos los ayuntamientos independientemente del color político de sus gobiernos en cada momento.
También hay que regular las divisiones internas de los municipios, es decir, los distritos y sus consejos, así como mejorar la normativa relativa a las entidades locales menores, que presentan diferencias sustanciales en el conjunto del Estado. Por ello, y fruto también de la experiencia, sin duda se podría avanzar en ese campo.
Un tema que ha sido polémico, y que lo está siendo en este momento entre la Administración del Estado y las administraciones locales, es la seguridad ciudadana y el papel que en ella deben jugar las policías locales. Efectivamente, se deben definir claramente las funciones de las policías locales; pero a nuestro entender no es suficiente lo que se establece en el documento de conclusiones --documento que, por otra parte, compartimos en su totalidad--: reforzar el papel de las policías locales. Si reforzamos ese papel y les damos mayores competencias en materia de seguridad ciudadana, es absolutamente necesario que se dote a las corporaciones locales de los recursos adecuados para ello. Señorías, no es admisible que la Administración central disponga de recursos de origen tributario que corresponde sean aplicados a la seguridad ciudadana y que se exija una implicación de las policías locales que, de entrada, tienen otras competencias, y que en caso de que asumieran esas responsabilidades deberían incrementar sus plantillas, para lo cual también deberían disponer de los correspondientes recursos. Muchos ayuntamientos pueden asumir mayores competencias en materia de seguridad ciudadana, pero no sin esos recursos.
Es necesario asimismo regular la realidad de las áreas metropolitanas, una realidad compleja e incluso conflictiva en algunos casos en lo que a las relaciones entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas se refiere. Por tanto, desde las Cortes Generales, y con motivo de la aprobación de las modificaciones de las leyes locales, se debe regular de forma adecuada esta materia, reconocer la realidad de las áreas metropolitanas y establecer los mecanismos y competencias necesarias para que presten los servicios necesarios a los ciudadanos que se encuentran en proximidad en conurbaciones realmente importantes.
Y quiero poner énfasis en la ley de capitalidad de Madrid y muy especialmente en la Carta de Barcelona, a las que se alude en el documento que ahora estamos sometiendo a debate. Es necesaria la ley de capitalidad de Madrid, como se recoge en el documento, y es absolutamente necesario que se reconozca mediante una ley especial la Carta Municipal de Barcelona, que fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona y por unanimidad en el Parlamento de Cataluña y que necesita, por la parte que afecta a las competencias del Estado, que esté regulada por ley por las Cortes Generales.
Hace poco más de un año este Senado aprobaba una moción, a propuesta de nuestro grupo parlamentario, de la Entesa Catalana de Progrés, que luego se transaccionó, en la que se instaba al Gobierno a que en el plazo más breve posible iniciase la modificación legislativa necesaria para que se reconociese la Carta de Barcelona. Ha pasado tiempo, más de un año, y seguimos sin tener reconocida la Carta de Barcelona.
En el presente texto se habla de urgir al Gobierno a impulsar la Carta de Barcelona y se recoge también esta referencia al plazo más breve posible que figuraba en la moción aprobada en el Senado. Entendemos --queremos entender de la voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario Popular a través de su portavoz, el senador Sanz-- que hay una voluntad por parte de su grupo y del Gobierno de aprobar la Carta de Barcelona, y queremos entender y entendemos que esto será así en el actual periodo de sesiones, paralelamente --si no en su inicio al menos en cuanto a su aprobación-- a la modificación de las leyes de régimen local, respecto de la cual parece ser que el Gobierno va a presentar el proyecto de ley de forma inmediata.
Señorías, somos perseverantes, somos obstinados, somos contumaces. Vamos a continuar sobre esta cuestión y nos vamos a hacer pesados hasta la saciedad, pero insistimos en la necesidad de la aprobación de la Carta de Barcelona.
Finalmente, quiero manifestar la apuesta de nuestro grupo por que el marco legislativo de régimen local, cuya reforma vamos a iniciar ahora, recoja claramente el principio de subsidiariedad contemplado en la normativa de la Unión Europea, de la que formamos parte. Es necesaria la aplicación de ese principio, que se confíe en las administraciones próximas a los ciudadanos y que realmente los ciudadanos vean atendidas sus necesidades a partir de los

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entes locales, como Administración más próxima, en los casos en que sea posible. Este principio debe inspirar toda la reforma que vamos a abordar de la legislación de régimen local. Si es así, realmente adaptaremos nuestros entes locales a lo que es la Europa de carácter federal que estamos construyendo en estos momentos.
Esperamos que se avance desde el consenso en esta reforma de la legislación de régimen local. Sin duda, no se entendería que fuese de otra forma. No se debe imponer desde una perspectiva partidista. Nuestro grupo tiene voluntad de consensuar esta reforma. Nuestro voto favorable hoy al dictamen que se somete a votación va en esa dirección precisamente. Agradecemos al Grupo Popular y a su portavoz la voluntad que han tenido de consenso y agradecemos también a los demás grupos su voluntad positiva. Entendemos que estamos en el camino correcto y debemos avanzar en esa dirección, ya que en todo aquello que se refiere a las entidades locales, a los ayuntamientos en nuestro país realmente no podemos caer en el sectarismo ni en el partidismo. Sin duda, necesita del consenso, del apoyo y del esfuerzo unánime de todos para que sea una modificación legislativa que se proyecte en el futuro de nuestro país.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Sabaté.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el senador Cambra tiene la palabra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde posicionarme en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en referencia a este informe y lo hago en sustitución del senador Curto, portavoz de nuestro grupo en la Comisión de las Entidades Locales, ausente en este Pleno porque coincide con un Pleno del Parlamento de Cataluña, donde es diputado.
En referencia al documento que hoy debatimos, quisiera hacer una serie de comentarios y reflexiones.
En primer lugar, he de manifestar que, de acuerdo con los objetivos y temas abordados por la Comisión, las conclusiones de las mismas solo deberían hacer referencia a la problemática general de las grandes ciudades y a la problemática específica y concreta de Madrid y Barcelona, sin introducir propuestas de modificación del régimen local general, que en las comparecencias y los debates de la Comisión solo se han tratado de forma tangencial y esporádica.
Por otro lado, después de la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en su sesión del pasado 11 de marzo de 2003 se pone en entredicho el punto 1 de la propuesta que hoy estamos debatiendo, cuando dice que la Comisión de las Entidades Locales constituye el foro más idóneo para el debate de las cuestiones planteadas --en concreto, la problemática de las grandes ciudades--, ya que con dicha resolución el Congreso de los Diputados no sólo no ha tenido en cuenta su opinión puesto que aún no se habían aprobado sus conclusiones, sino que además se ha despreciado de hecho el trabajo del Senado por cuanto se ha utilizado buena parte de los trabajos que la comisión había llevado a cabo anticipándose con una iniciativa parlamentaria que minimiza lo que ha representado esta comisión en nuestra Cámara.
A pesar de esas consideraciones y dado que el debate que se ha producido durante ocho meses en la comisión se ha desarrollado con seriedad, eficacia y con la corrección y el interés que el tema requería por parte de todos los grupos, nuestro grupo hubiera deseado votar afirmativamente este texto que hoy se ha presentado. Valoramos que se hayan introducido mejoras al texto, hemos prestado nuestra firma para que se haya podido tramitar este texto transaccionado, pero en la votación nos vamos a abstener. Y vamos a abstenernos fundamentalmente por cuatro motivos.
En primer lugar, porque consideramos que no queda suficientemente explicitado en las conclusiones el que una futura legislación sobre grandes ciudades deba respetar escrupulosamente las competencias exclusivas asumidas por las comunidades autónomas en materia de régimen local y que, en todo caso, deba suscribirse a los límites de la competencia básica que tiene atribuido el legislador estatal en esta materia, permitiendo, por tanto, un margen suficiente de desarrollo por parte de las comunidades autónomas competentes.
En segundo lugar, porque el texto final de conclusiones no incorpora claramente una de nuestras propuestas, en la que se pedía que se considerara necesario que la futura normativa sobre grandes ciudades no sustituya el tratamiento específico y especializado que deben tener los municipios de Madrid y Barcelona, dando así adecuado tratamiento a la previsión contenida en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid y a las previsiones de la Carta Municipal de Barcelona. El punto 10 del texto que estamos debatiendo hoy contempla esta situación pero no con la suficiente claridad en cuanto a la singularidad y al tratamiento específico que debe tener a través de una legislación concreta la Carta Municipal de Barcelona, como tampoco concreta cuándo va a producirse esto. No debemos olvidar --como ha dicho el señor Sabaté hace un momento-- que hace más de un año que se aprobó aquí la moción, no se ha avanzado nada; hace un año que por parte del Gobierno de la Generalitat se ha solicitado reunión de la comisión mixta Ayuntament de Barcelona, Generalitat de Cataluña con el Gobierno para tratar este tema y aún no se ha fijado ni tan siquiera la fecha en que debe llevarse a cabo esta reunión. La desconfianza sobre este tramite es un aspecto importante que motiva nuestro voto no afirmativo y, por tanto, la abstención a este informe.
En tercer lugar, porque es que el texto final de conclusiones no compromete al Gobierno --tal como he dicho-- a presentar esta ley específica, pues da pie a la confusión sobre que ello vaya incluido en la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local. Esto no es lo que se aprobó unánimemente tanto en el Ayuntament de Barcelona como en el Parlament de Cataluña.


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En cuanto lugar, porque en el texto final de conclusiones que hoy estamos debatiendo no queda claro el proceso por el cual el Estado debería transferir determinadas competencias. En concreto se habla de vivienda, empleo, educación y servicios sociales, pero todas ellas son también competencia de las comunidades autónomas y nosotros entendemos que debería llevarse a cabo este proceso mediante la transferencia a las comunidades autónomas para que éstas decidieran posteriormente su distribución a los municipios.
Las deficiencias, omisiones y falta de concreción de determinados aspectos a los que hemos aludido en esta intervención hacen que nuestro grupo deba abstenerse ante esta propuesta que hoy debatimos, esperando que la iniciativa legislativa que presente el Gobierno en el futuro permita posicionarnos de forma definitiva sobre la bondad o no de la futura normativa que debe regular en España la problemática de las grandes ciudades y muy especialmente --lo reitero-- la legislación sobre la Carta Municipal de Barcelona.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, sustituyendo a mi compañero don Manuel Hurtado, portavoz en dicha comisión.
Mi grupo parlamentario, ante las conclusiones que se derivan de las diversas intervenciones producidas en la Comisión de Entidades Locales en el Senado y en relación con el informe sobre grandes ciudades, quiere manifestar que, aunque durante varios meses han comparecido en el seno de esta comisión expertos jurídicos, representantes de comunidades autónomas y locales y del Gobierno central, que han informado y enriquecido el debate haciendo aportaciones interesantes, hay que destacar, en un momento en el que la humanidad se encamina hacia un mundo de urbanización generalizada y en el que en España de un total de 8.101 municipios, tan sólo seis tienen más de 500.000 habitantes y 55 tienen más de 100.000, sin embargo el 51 por ciento de la población española se concentra en los 55 municipios cuya población supera los 100.000 habitantes y más del 75 por ciento vive dentro de las áreas de influencia urbana de dimensión superior a los 200.000 habitantes, constituyendo las principales ciudades.
La ciudad es algo más que un ente administrativo o una región económica o un área geográfica, es el lugar en el que vivimos y, por ello, la expresión de nuestra vida social. La ciudad nos hace ciudadanos, y ello significa apostar por todos aquellos instrumentos que potencien su desarrollo y autonomía. No se puede negar la capacidad de los gobiernos locales, singularmente el de las grandes ciudades, para gestionar los asuntos que de verdad tienen relevancia para la vida cotidiana de sus ciudadanos. Es preciso plantearse un nuevo gobierno de las ciudades y una modificación de las bases de régimen local, la reforma de los marcos legales que permite el mayor impulso de la democracia y las nuevas formas de participación ciudadana en los ayuntamientos, así como la mejora de los mecanismos de control y de fiscalización desde el pluralismo de la gestión municipal.
Por esas razones y otras expuestas, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que fue consensuada con otros grupos y dio lugar a un amplio acuerdo sobre grandes ciudades y sus áreas de influencia urbana.
Por ello, valoramos de forma positiva el informe y que el debate se haya producido en un foro como este del Senado y dentro de la Comisión de Entes Locales. Valoramos el informe del Ministerio de Administraciones Públicas como un buen punto de partida para diagnosticar los problemas que afectan a las grandes ciudades, considerando interesante la incorporación de las demandas planteadas por la Federación Española de Municipios y Provincias. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar los problemas de las grandes ciudades a través de una legislación específica y, asimismo, consideramos necesario una reforma que aborde la Ley de Bases de Régimen Local conforme a las necesidades que hoy tienen las grandes ciudades, sobre todo desde el punto de vista de la proporción de gasto público que se reparte entre las diferentes administraciones, considerando que la administración local debe aumentar de forma considerable este gasto; una legislación básica que deberá ser desarrollada posteriormente por cada comunidad autónoma.
En el informe también se pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una administración municipal más ágil y eficaz, proponiéndose como funciones de control la creación de comisiones de investigación, asegurando el pleno ejercicio de la función del concejal y su derecho a la información. En el informe se estima también necesario un compromiso real de las comunidades autónomas en el desarrollo de las medidas en el ejercicio de las competencias que legalmente le correspondan. Se atribuyen competencias a las entidades locales en materias tales como vivienda, empleo, educación o en servicios sociales, potenciando la cooperación entre las distintas administraciones. Se recomiendan reformas dirigidas a potenciar los cauces de participación ciudadana y los derechos de los vecinos frente a la administración local, buscando una relación ayuntamiento-vecinos eficaz y fluida, así como también la creación de órganos específicos como el consejo social de la ciudad o un órgano especializado en el conocimiento y resolución de las reclamaciones tributarias planteadas. Se recomienda igualmente, para acercar la Administración al ciudadano en las grandes ciudades, la creación de distritos u otros órganos de gestión descentralizada.
En materia de seguridad ciudadana se recomienda y se plantea reforzar el papel de las policías locales y de las juntas locales de seguridad buscando una mayor cooperación y coordinación. Pero ello no será posible si, como anteriormente decía el senador Sabaté, no se dota de más medios

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económicos a las corporaciones locales para que cumplan esta función que, efectivamente, pueden realizar.
Se plantea un tratamiento diferenciado respecto de las grandes ciudades y de las áreas metropolitanas, así como de las competencias que las comunidades autónomas tienen sobre las áreas metropolitanas.
Se resalta en el informe la necesidad de dar cumplimiento al régimen especial de la capitalidad de Madrid y se insta al Gobierno a que urgentemente presente un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona la capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona. Este es un punto que debe resolverse ya definitivamente, pues incluso en este Senado se aprobó una moción por todos los grupos parlamentarios, hace ya más de un año, en este sentido.
Igualmente, se considera necesaria la creación de instrumentos de cooperación capaces de ofrecer respuestas adecuadas a los supuestos de competencias concurrentes, impulsando la creación de una conferencia sectorial en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas, así como impulsar una conferencia de ciudades con la presencia de los municipios implicados. Para todo ello es fundamental --termina diciendo el informe -- que las administraciones implicadas busquen el más amplio consenso y acuerdo posible.
Por todo lo expuesto, consideramos que las conclusiones que se traen a este Pleno pueden servir para buscar soluciones a los problemas que hoy tienen las grandes ciudades y las grandes conurbaciones urbanas españolas.
El Grupo Parlamentario Socialista votará afirmativamente porque considera que se recogen fundamentalmente las inquietudes de nuestro grupo en este sentido.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Arjona.
Para terminar este turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Sanz tiene la palabra.


El señor SANZ PEREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, tratamos un tema de actualidad, muy especialmente cuando estamos inmersos en una importantísima campaña municipal y autonómica y, por tanto, se trata de una cuestión que afecta a los grandes municipios españoles.
A nuestro entender, la política de las grandes ciudades y áreas de influencia urbana, que es lo que hemos venido tratando durante los últimos ocho meses, ha sido, es y seguirá siendo uno de los temas a tratar en la agenda de los grandes gobiernos democráticos.
El Partido Popular y el Gobierno, no ajeno a este fenómeno, y como fruto, sobre todo, de un compromiso electoral, presentó, como ya se ha dicho esta tarde aquí, el informe sobre grandes ciudades y áreas de influencia urbana con un objetivo claro: reflexionar, debatir y, desde luego, sacar conclusiones importantes para remitir al propio Gobierno, como al final así ha sucedido.
A nadie se le escapa algo tan importante como es el carácter esencialmente urbano de nuestra civilización, es decir, de nuestro país.
Las ciudades, señorías, se expanden de forma extraordinaria. Su gestión se hace cada vez más compleja y empiezan a producirse --ustedes lo conocen bien-- fenómenos de desajuste entre los territorios administrativos, la ciudad real y también el área funcional de estos municipios, debido, sobre todo, a un fenómeno importante, como son las conurbaciones que exigen reformas de los mapas institucionales y el desarrollo de mecanismos de cooperación y, sobre todo, de coordinación entre municipios y de estos con otros niveles de poder territorial.
El informe que hoy debatimos sobre grandes ciudades pretendió servir como punto de partida para que en el seno de la propia Comisión de las Entidades Locales de esta Cámara se abriese un amplio debate sobre el fenómeno de las grandes ciudades en general y sobre su situación concreta en España.
Esta materia exigía un análisis con amplias perspectivas del que se pudieran derivar, en su caso, iniciativas concretas de las administraciones competentes. Sin duda, el trabajo realizado por la comisión ha sido muy positivo y, sobre todo, ha sido determinante a la hora de enriquecer los contenidos de este informe y especialmente con las propuestas realizadas por los distintos comparecientes afectados por esta materia.
Hay que destacar muy especialmente que sobre este tema de las grandes ciudades, las iniciativas que adopten las administraciones, y muy especialmente la Administración General del Estado, necesitan de algo tan importante como es la concurrencia de las comunidades autónomas. De ahí la importancia de que sea precisamente el Senado, nuestra Cámara de representación territorial, donde se haya debatido un asunto de tan importante naturaleza.
Las conclusiones --de las que ya se ha hablado esta tarde-- han sido importantes. Existe, por ejemplo, una amplia conciencia de la necesidad de afrontar los problemas de las grandes ciudades a través de una legislación específica que permita un mayor acercamiento de la política local a los ciudadanos. Se considera igualmente necesaria una amplia reforma del actual sistema legal regulador del régimen local a través de la vigencia de la Ley de Bases de Régimen Local, cuya duración está cercana a los 18 años.
El análisis de las necesidades de las grandes ciudades evidencia también, señorías, la necesidad de introducir mejoras en el régimen local español.
Mejoras tales como la participación en los mecanismos de los propios ciudadanos, el establecimiento de un marco adecuado para el ejercicio de la potestad sancionadora en aquellos ámbitos en los que no hay legislación sectorial específica, el establecimiento de un régimen orgánico y funcional específico para que las grandes ciudades puedan contemplarse en el marco de una reforma importante, como la que se avecina, de la Ley de Bases de Régimen Local, pero también era necesario diseñar los elementos básicos y esenciales del modelo, permitiendo, eso sí, el posterior desarrollo legislativo por cada una de las comunidades autónomas, porque si uno de los objetivos que nos hemos marcado en esta comisión es analizar la naturaleza de las grandes ciudades en nuestro país, también lo es un respeto escrupuloso con el marco competencial. Por tanto, en la medida de lo posible, pido que se

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despejen aquellas reticencias porque se va a respetar el marco competencial de las comunidades autónomas, y en los doce puntos que se presentan hoy --y agradezco la firma de todos los grupos parlamentarios-- así se recoge.
Resulta esencial para lograr todo ello que una administración municipal sea más ágil, más eficaz y que dé una nueva definición de sus competencias y muy especialmente de sus órganos de gobierno, reservando al alcalde y a la Comisión de Gobierno funciones ejecutivas y al Pleno las funciones de control y de producción normativa. Asimismo, se considera conveniente que dentro de ciertos límites se amplíen las posibilidades de configuración del equipo de gobierno municipal, de manera que una parte significativa de sus miembros puedan ser designados entre personas que no ostenten la condición de concejal. En esta misma línea se estima en el propio informe la posibilidad de diseñar para los municipios españoles de gran población un sistema de altos cargos municipales que permita atender con la debida eficacia la singular complejidad de su organización, reforzando la capacidad directiva y gerencial de los máximos responsables de los órganos corporativos.
Deberán abordarse también nuevos cauces de participación ciudadana, algo muy importante en la gestión de todo lo público y muy especialmente de la política municipal, siendo útil para ello la creación de órganos específicos, así como la regulación de iniciativas ciudadanas y el establecimiento de la obligación por parte de los municipios de regular normas de carácter orgánico, procedimientos y técnicas para hacer efectivo algo tan importante como es la participación ciudadana.
La división territorial ha sido uno de los asuntos importantes que se ha valorado en la comisión durante estos intensos meses de trabajo. La división territorial interna de aquellos municipios en los que su tamaño , su diversidad y su dispersión así lo justifiquen, y es necesario valorar que, de cara a acercar la política a los ciudadanos y la gestión, se dé una importancia esencial a los distritos en cuanto órganos de gestión desconcentrados.
En cuanto a las demandas relacionadas con competencias del Estado, resulta más adecuado su tratamiento a través de su regulación específica.
En concreto, la denominada justicia municipal, unida a algo que quiero refrescar, a algunos planteamientos de la propia comisión, como es la seguridad ciudadana, debería abordarse a través de legislaciones específicas, y así se está abordando por la Administración General del Estado.
Querido presidente, señorías, otra de las conclusiones es que la realidad de las grandes ciudades, debe afrontarse de forma diferente a la propia de las áreas metropolitanas. Una razón esencial es el respeto al nivel competencial, y las áreas metropolitanas en la legislación española son competencia exclusiva de las comunidades autónomas, que no hay que diferenciar y que no hay que mezclar con la regulación de los grandes municipios españoles.
Es necesario también --se dice en el propio informe-- que el proceso de segunda descentralización se mantenga al margen de este trabajo que hemos realizado durante estos meses.
Un tema importante que quizá ha sido motivo de discusión hasta los últimos minutos ha sido el de la capitalidad de Madrid o el de la Carta Municipal de Barcelona. Resulta preciso desplegar la actividad necesaria para dar cumplimiento a la previsión del artículo seis del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid sobre su régimen de capitalidad, y también dar cumplimiento de forma urgente a la moción aprobada por el Senado el pasado día 19 de febrero de 2002 relativa, como ustedes bien conocen, a la presentación de un proyecto de ley que otorgue al Ayuntamiento de Barcelona las capacidades y competencias que se recogen en la Carta Municipal de Barcelona y que el Grupo Parlamentario Popular va a respetar, porque ha apoyado el acuerdo en el Parlament de Cataluña y también ha aprobado y va a apoyar el acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona.
Por lo tanto, resulta especialmente necesaria la creación, sobre todo, de algo tan importante como instrumentos de cooperación capaces de ofrecer respuestas adecuadas en aquellos supuestos de competencias concurrentes de las diferentes administraciones sobre muchas materias de ámbito local.
Por eso hablábamos de competencias en vivienda, en empleo o en servicios sociales.
En este sentido, se considera necesario el impulso por parte del Gobierno de la creación de una conferencia sectorial en el seno del Ministerio de Administraciones Públicas que reúna a miembros de todas las administraciones, a miembros del Gobierno de la nación, a responsables de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y a representantes de las asociaciones de entidades locales con mayor implantación.
Por otra parte, y para terminar, en el nivel estrictamente municipal podría constituirse una comisión de colaboración entre el Estado y cada uno de los municipios de gran población como marco, sobre todo y muy especialmente, de desarrollo de la cooperación de la que vengo haciendo mención, debiendo sobre todo las comunidades autónomas valorar la conveniencia de la incorporación de este nuevo órgano, y hasta esos extremos hemos llegado a respetar escrupulosamente, como no podía ser de otra forma, lo que es el marco competencial de las diferentes comunidades autónomas.
Se estima necesario también en el propio informe el consenso de las administraciones implicadas en la futura regulación de esta materia, dada, sobre todo, la trascendencia que estas medidas tendrán en la futura configuración de los gobiernos locales, y precisamente dado el alcance de este asunto, que también consideramos y considera el Grupo Parlamentario Popular que es importante llegar a un consenso --como se ha hecho hoy-- que, sin duda, procede de algo muy importante, como es una sensibilidad y preocupación compartida por todos los grupos de la Cámara a la vista de lo ocurrido en los diferentes trabajos de la propia Comisión.
Ha quedado demostrado que todos los grupos han participado de esa preocupación, de esa sensibilidad ante un asunto tan importante como las grandes ciudades. Agradezco el consenso y, sobre todo, pido que continúe ese trabajo de cara al futuro.


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Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sanz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación el informe de la Comisión de las Entidades Locales en relación con el informe sobre las grandes ciudades y las áreas de influencia urbana.
Se somete a votación el dictamen con la propuesta de modificación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LAS AGRESIONES SUFRIDAS POR EL SENADOR DON ALBERTO FERNANDEZ DIAZ DURANTE LA CELEBRACION DE UN ACTO PUBLICO (630/000030).


El señor PRESIDENTE: Presentan los señores portavoces una declaración institucional que dice así: En un acto público celebrado en la tarde de ayer, el senador del Grupo Parlamentario Popular y candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, fue agredido por un grupo de exaltados y violentos que, enmascarados en un falso pacifismo, insultaron y arrojaron con brutalidad todo tipo de objetos sobre los participantes en dicho acto, cebándose sobre nuestro compañero y llegando a causarle contusiones de diversa consideración.
La reiteración de incidentes y agresiones en los últimos días por toda España, como el sufrido por el senador Fernández Díez, han tenido como objetivo los dirigentes, los candidatos, las sedes y los actos del Partido Popular, lo que es merecedor del más absoluto rechazo por lo que tiene de ataque a las más elementales normas de convivencia y a los representantes democráticos de las instituciones públicas.
En este sentido, el Senado de España expresa su apoyo tanto al senador Fernández Díaz como a todos los dirigentes, candidatos, militantes y sedes del Partido Popular agredidos, así como a todos aquellos ciudadanos que han sufrido directa o indirectamente la violencia callejera, y manifiesta su rotunda condena a este tipo de acciones que amenazan gravemente la convivencia y que comprometen el libre ejercicio de la democracia, a la par que hace un llamamiento para que se respeten todos los derechos que garantiza nuestra Constitución, en particular el derecho a pensar distinto, a expresarse con libertad y a buscar la paz por medios legítimos. Palacio del Senado, 26 de marzo de 2003. Firmado: Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo de Entesa Catalana de Progrés, Grupo de Senadores de Coalición Canaria y Grupo Parlamentario Mixto.
La Presidencia únicamente quiere manifestar el grado de insatisfacción que le ha producido el hecho de que ha habido algunas informaciones equivocadas --quiero creer que fueran equivocadas y no malévolas-- sobre la participación de algunos de estos grupos, fundamentalmente de Entesa Catalana, grupo que nunca, en ningún caso, ha rechazado en modo alguno la firma de este documento.
¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. (Grandes y prolongados aplausos de los senadores de todos los grupos parlamentarios.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL REGIMEN JURIDICO DE LA UTILIZACION CONFINADA, LIBERACION VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACION DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE (S. 621/000103) (C. D. 121/000107).


El señor PRESIDENTE: Sometemos a debate el informe de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante de la comisión, senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos genéticamente modificados. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Como dice en su exposición de motivos, esta nueva ley tiene por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la nueva normativa comunitaria sobre organismos modificados genéticamente, debido a que el constante avance de los conocimientos científicos y la experiencia alcanzada sobre biotecnología lleva aparejado el que las normas reguladoras de esta materia sean objeto de frecuentes cambios.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado día 3 de enero. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 12 de febrero, presentándose un total de 176 enmiendas.
De la 1 a la 14 por los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; de la 15 a la 27 por la senadora De Boneta y Piedra; de la 28 a la 36 por el senador Quintana

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González; de la 40 a la 77 por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 78 a la 125 por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 126 a la 167 bis por el Grupo Parlamentario Socialista; de la 168 a la 174 por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las 175 y 176 por el Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia encargada de informar el proyecto de ley estuvo integrada por los siguientes señores senadores. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Ricardo Clemente Doñate Catalán y doña María del Mar Simonelli Muñoz; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Bella Galán y don Angel Díaz Sol; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Salvador Servià i Costa; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don José María Batlle Farrán.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 27 de febrero, acordando por mayoría incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas números 175 y 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y las números 50, 57 y 62 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. El senador Bella Galán, del Grupo Parlamentario Socialista, retiró la enmienda número 163, al estar ya incluida en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Por la misma razón, el senador Batlle Farrán, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, retiró la enmienda número 120, de idéntica redacción a la enmienda número 163.
El día 10 de marzo la Comisión de Medio Ambiente, visto el informe emitido por la Ponencia, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la misma. Para su debate ante el Pleno se han formulado seis votos particulares.
Señorías, no me queda sino agradecer a los servicios de esta Cámara el trabajo realizado y a los grupos parlamentarios sus aportaciones a este proyecto de ley. Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Bernáldez.
Entramos en el debate a la totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) En consecuencia, pasamos al debate de los votos particulares.
En primer lugar, corresponde la defensa de las enmiendas números 1 a 14 de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra la senadora De Boneta. Supongo que su señoría también defenderá las enmiendas 15 a 27, originariamente formuladas por la senadora De Boneta y Piedra, y las enmiendas 28 a 39, originariamente formuladas por el senador Quintana González. Tiene la palabra su señoría.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Efectivamente, en este turno voy a dar por defendidas las 39 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Mixto: las números 1 a 14 de los senadores Cámara y Cabrero de Izquierda Unida, las doce presentadas por el senador Quintana del BNG y las trece enmiendas de esta senadora de Eusko Alkartasuna.
Me parece importante expresar el sentido de las enmiendas que, en nombre de Eusko Alkartasuna, he presentado a este proyecto de ley y, por eso, voy a plantear someramente aquellas cuestiones que motivan la presentación de las mismas.
En primer lugar, entendemos que este proyecto de ley ciertamente es oportuno. Intenta adecuar la Ley 15 de 3 de junio de 1994 a una serie de directivas nuevas que hay que incorporar al Derecho del Estado español.
En este sentido, este proyecto de ley incorpora las directivas 98, 81 y 2001/18/CE a las que hacemos referencia.
La exposición de motivos plantea una serie de cuestiones que, en nuestra opinión, no están recogidas con fidelidad en el proyecto de ley. Por otra parte, entendemos que la adecuación del Derecho del Estado español al Derecho comunitario plantea una vez más aspectos que pretenden recuperar competencias que están perfectamente delimitadas en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas e incluso en algunos decretos de transferencias, a los que luego me referiré. Con este proyecto de ley, el gobierno central intenta recuperar competencias de ejecución, de vigilancia y control en esta materia que estaban ya ejercidas por las comunidades autónomas.
Las enmiendas a las que me voy a referir tienen que ver con estos aspectos que acabo de mencionar. En primer lugar, en cuanto a las competencias que corresponden a la Administración General del Estado y a las administraciones de las comunidades autónomas para otorgar autorizaciones a las actividades incluidas en el ámbito de esta ley, así como para vigilar, controlar y sancionar el incumplimiento de las obligaciones que para los titulares de dichas actividades se establezcan, entendemos que no están recogidas con fidelidad, y por ello hemos planteado una serie de enmiendas. La enmienda número 15 plantea que ha de tenerse en cuenta que la competencia para las liberaciones voluntarias corresponde a la comunidad autónoma, así como la vigilancia, el control y la sanción. Sin embargo, en el artículo 3.1.b) y c) se han establecido extremos que olvidan el informe preceptivo y vinculante en el caso de que en dicha comunidad autónoma se vaya a realizar la liberación a que hace referencia este artículo.
Consideramos, asimismo, que las autorizaciones relacionadas con la importación y exportación de organismos modificados genéticamente y de los productos que los contengan en los casos a los que hace referencia este artículo son competencia de las comunidades autónomas y, por lo tanto, no debemos incluir el punto que dice: a excepción de lo establecido en el párrafo c) del apartado 1 y en los párrafos b) y c) del apartado 2 del artículo anterior. A esto se refiere esta enmienda número 15.


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La número 16 viene a reproducir la misma filosofía. Las comunidades autónomas, como la vasca, tienen asumidas dentro de su territorio competencias de ejecución en materia de medio ambiente. El artículo 3, punto 2, apartados b), c) se refieren precisamente a esta cuestión e intentamos introducir un apartado d) nuevo para que se tengan en cuenta las competencias de ejecución de las comunidades autónomas en materia de propiedad industrial, así como cualesquiera otras instituciones que desarrolle tareas similares. Nos estamos refiriendo al examen técnico, que debe ser realizado en colaboración con las comunidades autónomas y esas entidades que son olvidadas, una vez más, en este artículo.
Además, el artículo 3 olvida lo establecido en el Real Decreto 839/1985, de 8 de mayo, de transferencias a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de semillas y plantas de vivero, en el que se señalan o introducen estas formas de colaboración y se transfieren a la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras, las funciones de inspección, preparación del material de reproducción, análisis de laboratorio, ensayos de precontrol y demás ensayos previos a la inscripción.
Entendemos que en este punto también hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta y que el articulado no ha recogido con fidelidad.
El artículo 3.4 señala que «En los supuestos de grave y urgente necesidad, la Administración General del Estado, con carácter excepcional, podrá promover, coordinar o adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger la salud humana...» Entendemos que la adopción de esas medidas --no estoy hablando de la promoción ni la coordinación-- corresponde a las comunidades autónomas que tengan atribuida dicha competencia, entre ellas, la Comunidad Autónoma del País Vasco. En este sentido, proponemos la supresión de la palabra adoptar, porque entendemos que la colaboración y la promoción de cualquier medida es coherente con el espíritu de la ley y de la directiva que se trata de adaptar en el proyecto de ley que debatimos.
Por otro lado, entendemos que no sólo corresponden a las comunidades autónomas las competencias atribuidas en el artículo 4 del proyecto de ley sino también «... el otorgamiento de las autorizaciones para primera utilización de instalaciones de organismos modificados genéticamente, y la resolución de las comunicaciones de primera utilización que no requieran autorización.» Y, además, «... la vigilancia, el control y la imposición de las sanciones por las infracciones cometidas en la realización de las actividades a que se refiere esta ley.» Desde mi punto de vista, esta adición es coherente no solamente con las competencias ya atribuidas sino con el propio espíritu que se refleja en la exposición de motivos y, sin embargo, no se traslada al articulado del proyecto de ley a pesar de tratarse claramente de competencias de ejecución y no de carácter básico, que corresponderían a la administración central.
Las siguientes enmiendas tienen un carácter parecido. Por ejemplo, en la enmienda número 22, al artículo 8.2, solicitamos que los plazos deban ser determinados por la administración autonómica que sea competente para dictar la normativa de desarrollo. Desde mi punto de vista, los plazos tampoco pueden considerarse como normativa básica sino que es claramente normativa de desarrollo y, con la redacción actual del proyecto de ley, se está atribuyendo directamente esa competencia a la Administración General del Estado.
Como decía antes, la exposición de motivos expresa una preocupación relativa a la valoración de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente de estas actividades y, sin embargo, el artículo 12.1 no tiene en cuenta los efectos directos o indirectos y los inmediatos o diferidos de estas actividades, con un impacto potencial no solamente en la salud humana sino también en el medio ambiente. Esta cuestión se debe tener en cuenta porque debe existir una especial sensibilidad, vigilancia y control sobre estos temas.
En relación con la enmienda número 24, al artículo 34.3, proponemos la siguiente redacción: a) «La primera utilización de instalaciones para la realización de actividades de utilización confinada sin la previa autorización otorgada por la administración competente.» c) «La realización, sin la debida autorización administrativa o comunicación previa, según los casos en que proceda cada una de ellas...» que debe corresponderse con la autorización previa a la que hacía referencia en la enmienda número 21. Por tanto, lo mantenemos por coherencia con la enmienda anterior.
Respecto a la enmienda número 25 a la disposición adicional segunda, consideramos necesario que la Comisión Nacional de Bioseguridad sea un órgano consultivo que informe preceptivamente sobre las solicitudes de autorización correspondientes, y que esté formada por representantes de la Administración Central del Estado y de cada una de las comunidades autónomas con competencias. También creemos necesario que sea en dicha comisión donde se produzca cada tres años el informe que genéricamente se plantea en la disposición final cuarta, puesto que al elaborarse allí nos aseguramos que se tendrá en cuenta la existencia y la presencia de las comunidades autónomas y de expertos en su elaboración. No es que la disposición excluya que la Comisión Nacional de Bioseguridad desarrolle ese informe, pero es necesario que se diga claramente con el fin de que no se olvide a las distintas administraciones competentes y que todas ellas puedan estar presentes en la elaboración del mismo ya que es necesario para el buen fin de esta ley.
No he hecho mención a otros aspectos también referidos a la distribución competencial y al aumento o profundización en las medidas de control y evaluación, con los que tenemos que ser absolutamente cuidadosos, puesto que van a influir de forma muy importante no solamente en la salud, sino también en el medio ambiente.
Por estas razones hemos mantenido todas estas enmiendas. Lamentamos que no hayan sido estimadas en su momento, aunque esperamos que algunas de ellas, por su coincidencia con las de otros grupos parlamentarios, aún puedan ser aceptadas en este trámite final en el Pleno de la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senadora De Boneta.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 40 a 49, 51 a 56, 58 a 61 y 63 a 77. Para su defensa tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario había presentado 37 enmiendas de las cuales se mantienen vivas 34, porque tres fueron aceptadas en comisión, y reitero el agradecimiento que ya expresé a mi tocayo Ricardo Clemente en comisión por la generosidad del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, menos esas tres enmiendas mantenemos las restantes.
Señor presidente, nos encontramos ante una cuestión de mucha actualidad: la modificación genética. Como ya dijimos en comisión, en este momento tenemos abierto en el ámbito internacional el Protocolo de Bioseguridad, que es la normativa básica en materia de modificación o manipulación genética, conocido por el Protocolo de Cartagena y aprobado en enero de 2000, en Montreal. Se le ha reservado esa denominación de Cartagena vistos los trabajos que las autoridades colombianas desplegaron para la conferencia previa que se celebró un año antes en Cartagena, donde no se pudo lograr un consenso por las distintas posiciones entre la Unión Europea y los países del Grupo de Cairns. Al final se han respetado los trabajos avanzados de Cartagena, y por eso tiene ese nombre.
Ese documento --que en este momento ya ha sido suscrito y ratificado por 42 países y que está abierto a otras ratificaciones en la comunidad internacional, porque cuando lo sea por 50 países entrará a ser norma internacional de Derecho público ambiental, vinculante para los Estados que lo hayan ratificado-- se ha aprobado a través de una técnica muy habitual del Derecho ambiental internacional: la técnica de la continuidad del proceso normativo. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en la elaboración de convenios marco de carácter general, tal y como ocurrió, por ejemplo, con el Convenio sobre el cambio climático, y su posterior adecuación y desarrollo a través de protocolos adicionales que tienen carácter vinculante. Eso es lo que se hizo con el Convenio marco sobre el cambio climático y lo que también se está haciendo con la manipulación genética en desarrollo del Convenio de Diversidad Biológica, en la Cumbre de Río de Janeiro, o Convenio de Biodiversidad.
Decía el presidente de la Comisión que ha presentado el dictamen que en este momento tenemos diferentes productos agrarios con manipulación genética, como la soja, la alfalfa, el maíz o el tomate. El Protocolo de Cartagena afecta a los organismos modificados genéticamente de carácter vivo, pero no a los transformados, no a la harina de maíz o al tomate transformado, sino que afecta, como digo, al producto original vivo.
Habrá que ver lo que ocurre con la moratoria de la Unión Europea, una moratoria que ha llevado a algunos operadores del ámbito de los productos modificados genéticamente a impugnar esa actuación ante el Tribunal de Justicia de la Unión, y por tanto, nos vamos a ver obligados a poner en marcha un mecanismo que a su vez pronto tendremos que modificar, porque las directivas en discusión en este momento van a liberalizar todavía más el debate sobre esta materia.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado tres paquetes de enmiendas. Uno de ellos está compuesto por nueve enmiendas de carácter técnico que vamos a dar por defendidas. Un segundo paquete contiene enmiendas referidas a la articulación jurídica del proyecto de ley. En este sentido, y comparado con el que hemos debatido recientemente sobre la sanidad animal, este proyecto nos parece muy deficiente. En el debate anterior el senador Bernáldez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aceptó el paquete de enmiendas propuestas por nuestro grupo que hacía referencia a esa mejora de la articulación técnica de la ley. En este caso, y en comparación con otros proyectos de ley, éste tiene una regulación bastante deficiente, y en nuestra opinión, y sobre todo en el ámbito de las infracciones y sanciones, se podría mejorar. Esta Cámara ha realizado un esfuerzo en la elaboración de leyes sobre telecomunicaciones, sanidad animal, sanidad vegetal o control integrado de contaminación, leyes modernas en el ámbito administrativo que disponen de mecanismos y que ofrecen una articulación de las relaciones entre la Administración y los administrados muchísimo más garantista de lo que aquí se contiene.
Comenzando, pues, por este paquete de enmiendas al que me estoy refiriendo, señor presidente, debo empezar diciendo que este proyecto no contiene los principios sancionadores. Hay un título sancionador, pero no hay ninguna regulación sobre los principios sancionadores. Sé que en este aspecto juega la Ley 30/1992, pero creo que deberíamos hacer referencia al «non bis in idem», tal y como estamos haciendo con carácter genérico en cantidad de leyes sectoriales de Derecho administrativo especial, en las que, prácticamente en su totalidad, la Cámara está introduciendo estos principios inspiradores del ámbito sancionador.
En el tema relativo a las medidas cautelares sucede lo mismo, motivo por el que nosotros proponemos una regulación integral y sistematizada del régimen de infracciones y sanciones más acorde con los trabajos que está realizando esta Cámara respecto de otros textos legislativos que estamos debatiendo y que hemos aprobado recientemente.
Asimismo, y por lo que respecta a las sanciones, el artículo 35 incurre en nuestra opinión en una peligrosa redacción, porque establece lo siguiente: «Las infracciones darán lugar a la imposición de alguna o algunas de las siguientes sanciones: ...» Están admitiendo la posibilidad de la doble sanción por el mismo hecho. Esto nos parece grave y esto no lo está haciendo el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular en otros textos legislativos; ésta no es la técnica legislativa que estamos utilizando.
El artículo 35 dice que una misma infracción dará lugar a la imposición de alguna o algunas sanciones. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Se está empleando una técnica distinta, y es el establecimiento de una sanción principal y una sanción accesoria que no tiene esas connotaciones de doble sanción, porque la doble sanción está prohibida por la jurisprudencia administrativa española.


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Pero este precepto, tal y como está redactado, da lugar a ello, a dos sanciones principales por un hecho infractor. Esto no lo hace el Gobierno del Partido Popular en las leyes modernas que está debatiendo, ni en la de sanidad vegetal, respecto a la cual esta regulación es correcta. Pero se incluye en esta ley, por lo que nosotros hemos querido mejorar la redacción prevista en la ley de 1994 y hemos presentado nuestras enmiendas. No entendemos por qué no se acepta eso, cuando ésa es la tesis que está manteniendo el Gobierno; la adecuación de los regímenes sancionadores a los principios jurisprudenciales administrativos. Nos llama la atención y hemos dado una redacción completa al régimen sancionador, con textos alternativos. En cuento a esa parte de la ley, podía ser un veto sui géneris con carácter alternativo a la redacción.
El artículo 35.3 --y ésta es otra deficiencia importante, la inseguridad jurídica que va a originar la aplicación de este artículo-- dice, y lo leo literalmente: «Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada como mínimo hasta el doble del importe que se haya beneficiado el infractor.» Como mínimo, ¿Y el máximo? ¿Cuál es el máximo legal que han de establecer las cámaras en un tipo infractor si no se puede contener una regulación de esta naturaleza? La reserva de ley constitucional obliga a que las Cortes fijen en esta ley básica cuál es la sanción máxima y se diga que el cuadro mínimo de sanciones, en los casos en que el beneficio sea superior a la multa, sea el doble del importe del beneficio obtenido. Esto es absolutamente irregular, inconstitucional, porque no da garantías a los ciudadanos y no se garantiza el principio de reserva de ley.
¿Qué es lo que nosotros le planteamos? Que el límite superior de las multas previstas en este artículo se supere hasta el duplo del beneficio obtenido por la comisión de la infracción cuando el beneficio obtenido excede la cuantía de la multa. Ese es el espíritu del legislador, pero esta modificación «in voce» del Congreso --vean la letra negrilla hasta el doble-- origina un desajuste interpretativo absoluto. ¿Qué sanción va a poner la administración que ejecute este precepto? El mínimo es el doble del beneficio obtenido. ¿Y el máximo? Puede ser el triple, el cuádruple, el quíntuple, el séxtuplo; no se sabe, está indeterminado.
Esto hay que corregirlo rápidamente. Por eso nosotros habíamos presentado una alternativa a esta regulación contenida en el artículo 35.3 del proyecto de ley, puesto que es necesario fijar una garantía y que los administrados españoles que incumplan la ley sepan hasta dónde puede alcanzar la sanción.
Para la mejora del régimen sancionador planteamos también que se contenga la siguiente redacción: que la imposición de sanciones se hará atendiendo a los principios que inspiran el régimen administrativo sancionador. A nosotros no nos gusta que un artículo de un proyecto de ley de esta envergadura contenga las infracciones, las sanciones, las sanciones accesorias y las medidas cautelares. Eso no ocurre en la moderna legislación administrativa española, ni en la que plantea el Gobierno a la Cámara. Puedo dar una lista de leyes que recientemente ustedes han presentado a la Cámara y no tienen un ensamblaje de las características del que contiene este proyecto de ley.
¿Qué es lo que ha pasado? Simplemente que la Administración competente ha adaptado la mala ley de 1994 a la directiva del año 2001, ha hecho una adaptación rápida, para cumplir la directiva. Vamos a aprovechar para establecer un régimen sancionador adecuado a los principios administrativistas y constitucionales españoles. Eso es lo que nosotros echamos en falta al respecto.
Cuando se habla de la posibilidad de imponer por un hecho dos sanciones, la técnica legislativa moderna distingue entre la sanción principal y la accesoria. Esta ley no lo distingue. Por tanto, corremos el riesgo de la infracción del principio «non bis in idem», de no doble sanción por el mismo hecho. Por ello, planteamos otro precepto distinto con sanciones accesorias, no modificando aquellas que de una interpretación razonable del proyecto de ley se consideran que pueden ser accesorias y, por tanto, hemos propuesto un artículo alternativo que sería nuestra enmienda número 67.
Hay un galimatías jurídico entre los artículos 36 y 37 que no hay manera de entender. Esto no tiene precedentes. Dos preceptos seguidos en la parte sancionadora del proyecto de ley que establecen, por un lado, medidas cautelares y, por otro, medidas de carácter provisional, y además diferentes. ¡Pero si las medidas cautelares van a garantizar el resultado final del procedimiento administrativo que se haya iniciado con ocasión de una investigación por incumplimiento de esta ley o a impedir y evitar la causación de males mayores que puedan provocarse en situaciones de alerta, de accidente, incidente o emergencia! Ese es el espíritu de las medidas, bien provisionales, bien cautelares pero, en definitiva, son medidas garantistas para evitar un mayor daño o para afianzar el resultado final de un procedimiento administrativo sancionador.
Se origina, por tanto, un galimatías y una falta de coordinación tal que hemos planteado un texto alternativo a esos dos preceptos y les pedimos que hablen de medidas provisionales de naturaleza cautelar, como lo han hecho en la ley de pesca, en la ley de telecomunicaciones, en la ley de sanidad animal, etcétera. Esto es lo que se hace en las técnicas modernas administrativas de carácter especial sobre las cuales esta Cámara legisla.
Estos dos artículos contienen instrumentos administrativos de naturaleza cautelar que tienen que dar un carácter garantista y la redacción es jurídicamente deficiente. No es la técnica que está utilizando el Gobierno en otros ámbitos sectoriales y creemos que en eso esta ley mantiene las deficiencias de la antigua ley, de la que ustedes no fueron responsables.
El artículo 38 contiene una relación de todas las cuestiones accesorias, responsabilidad subsidiaria, multas coercitivas, reposición, indemnización, etcétera. Una buena sistemática legislativa no puede contener en un artículo y en dos apartados distintos materias tan dispares como la responsabilidad civil de que quien contamina paga, las multas coercitivas, o la reposición del daño causado. No es una buena técnica legislativa. No está pasando en la ley estándar que ustedes han aprobado en esta Cámara y de la

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que su señoría tiene conocimiento, que es la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, porque la debatimos en la Comisión de Medio Ambiente. Todo ello venía igualmente en cumplimiento de las directivas europeas, pero estaba mejor sistematizado legislativamente y con mayor garantía para los operadores administrativos y para los ciudadanos afectados por la aplicación de este proyecto de ley.
En definitiva, es un paquete de enmiendas, las números 70, 71, y 77 que contienen estas deficiencias. Y me voy a referir a la enmienda número 77 a la disposición final quinta.
¿Qué es lo que propone en este momento el Gobierno para que realicen las Cortes? El Gobierno propone una deslegalización; la deslegalización que ustedes proponen en la disposición final quinta es una técnica legislativa en virtud de la cual aquella materia, hasta ahora regulada por ley, va a poder estar regulada por una disposición de carácter reglamentario. Eso se puede hacer cuando no existe una reserva formal de ley o una garantía o reserva constitucional apelando a leyes orgánicas, bien expresas o bien por regular derechos fundamentales. En este caso, la reserva formal es exclusivamente para la regulación del ámbito administrativo sancionador. Y entonces dicha disposición establece que todas las cuestiones contenidas en esta ley se podrán regular por un reglamento, por ejemplo, primero, en lo que afecta a los métodos excluidos de la manipulación genética de esta ley; segundo, las definiciones que aquí se contienen; tercero, la clasificación de riesgo de las actividades de utilización confinada y, cuarto, los requisitos para pode realizar las actividades reguladas en esta ley.
A nosotros no nos gusta que se produzca esa deslegalización y nos preguntamos por qué con la aprobación de un texto de carácter legislativo estamos dando carta blanca --dicho coloquialmente-- al Gobierno para que todas estas materias las pueda modificar de aquí en adelante, ya que esto no es una habilitación para el ejercicio de la potestad reglamentaria sino para regular y modificar, vía reglamento, la ley. Y, aunque se puede hacer, planteamos una duda principal.
Señorías, no nos parece sensato que los requisitos para el ejercicio de las actividades reguladas en esta ley, es decir, aquellos relativos a la comercialización, la utilización confinada, o la liberalización voluntaria, puedan desaparecer del panorama legislativo aprobado por las Cortes a través de una disposición reglamentaria. La regulación contenida en esta ley es lo suficientemente importante en lo que a los requisitos de las actividades reguladas y la clasificación de riesgo se refiere como para que eso pueda suceder. Y en este caso no ponemos tacha de constitucionalidad; eso se puede hacer, porque no hay una reserva formal de ley. Pero repito que no nos parece una buena técnica legislativa que de aquí a un año los operadores que conozcan esta ley se encuentren con que, en parte, no esté vigente porque una disposición reglamentaria, un real decreto, la ha modificado a través de la degradación legislativa --degradación en el buen sentido de la palabra, es decir, como técnica de deslegalización-- que se contiene en la disposición final quinta. Creemos que esa no es la técnica correcta, por lo menos en parte, que debe contener la citada disposición final.
Por otro lado, nuestro grupo presenta un conjunto de enmiendas de carácter competencial. Por ejemplo, presentamos la enmienda número 41, al artículo 3, porque en nuestra opinión con lo establecido en dicho artículo se produce un retroceso autonómico. Lo mismo opina el Grupo de Convergència i Unió. Señorías, en estos momentos es competencia de las comunidades autónomas autorizar los ensayos de liberación voluntaria dirigidos a la manipulación genética que termine en la comercialización de un producto. Esa actuación, que según la ley de 1994 en estos momentos es competencia de las comunidades autónomas, ahora se quiere atribuir al Estado. Y a mi grupo parlamentario no le gusta, porque, como ya he dicho, supone un retroceso respecto de la ley de 1994. ¿Por qué? Porque, frecuentemente, las autorizaciones que se conceden para la liberalización voluntaria --entendiendo por ésta aquellas actuaciones a través de las cuales se liberan al medio ambiente productos modificados genéticamente-- se suelen dar como fase previa, esperando la comercialización de ese producto. Al pasar esas actuaciones a manos del Estado, estamos modificando la ley de 1994, quitando esas competencias a las comunidades autónomas y atribuyéndoselas a la Administración General del Estado. En nuestra opinión esa es una importante cuestión de principio y, repito, un retroceso respecto de la regulación de 1994; porque ustedes mantienen el artículo, pero modifican esta cuestión.
Mantenemos una reserva de fondo importantísima sobre este asunto que nos impide aceptar la regulación prevista en ese precepto. En todo caso, planteamos la posibilidad de que haya un informe preceptivo. Por otra parte, algunos grupos plantean la supresión de ese precepto ya que, insisto una vez más, supone la recuperación de una serie de competencias por parte de la Administración General del Estado.
Otra de nuestras enmiendas se presenta al artículo 3, apartado 2, por considerar que debería haber una mayor referencia a la posibilidad de colaboración con las comunidades autónomas. En la misma línea presentamos la enmienda número 45, al artículo 4. En dicho artículo, sobre las competencias autonómicas, ustedes establecen que las comunidades tienen competencias para autorizar o controlar la comunicación de la utilización confinada o de la liberalización voluntaria. Pero no se habla de la primera instalación de las actividades de utilización confinada. Y nosotros opinamos que también la primera instalación de empresas dedicadas a la utilización confinada debe ser competencia de las comunidades autónomas. Esta cuestión queda difuminada en el proyecto de ley, con lo cual, mediante una interpretación armónica podría entenderse que esa función corresponde a las comunidades autónomas. Pero como no está lo suficientemente clara, queremos explicitar que la administración que autorice la utilización confinada sea la misma que autorice las instalaciones para llevar a cabo la utilización confinada de productos modificados genéticamente.


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Nuestro grupo también presenta otro importante conjunto de enmiendas, igualmente de contenido competencial, por algo parecido a lo que ocurre con el proyecto de ley de sanidad animal. En este proyecto de ley se establece que reglamentariamente el Gobierno regulará la comunicación para la utilización confinada y establecerá, en los casos de actividades comunicadas, reglamentariamente los requisitos a cumplir. Se establece que reglamentariamente el Gobierno establecerá los requisitos de etiquetado y trazabilidad. Y se establece que reglamentariamente el Gobierno establecerá las obligaciones de información adicional que los administrados deben proporcionar a la administración competente.
Evidentemente, este texto legal es la ley básica en materia de organismos modificados genéticamente. Pero si esta es la ley básica, en la que además se reservan para su desarrollo más competencias para el Estado, ¿dónde está el desarrollo legislativo del proyecto de ley? Si las comunidades autónomas, todas, porque hay una homogeneidad competencial, tienen facultades para el desarrollo legislativo y de ejecución, ¿por qué se hacen esas reservas reglamentarias para regular en estos ámbitos en favor del Estado? ¿Por qué si ésta es ya la normativa básica? Esto es lo que queremos saber.
Cuando el Estado transpone esta normativa puede imbuirla de carácter básico, pero esto ya es lo básico. Si no, ¿dónde queda el desarrollo legislativo? Lo mismo nos ha ocurrido en el debate anterior, cuando ni el ministro ni el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos han contestado al respecto. ¿Por qué se hacen todas esas reservas reglamentarias en favor del Gobierno, sin que haya ninguna referencia a que la legislación autonómica correspondiente desarrolle? No hay ninguna referencia sobre esta cuestión, lo que nos parece inaceptable desde un punto de vista político, ya que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de medio ambiente, en sanidad, en agricultura, etcétera, ámbitos en los que el Estado otorga carácter básico a todos estos preceptos.
Hablamos del etiquetado y la trazabilidad, que se ajustarán a las normas que reglamentariamente se determinen, y nosotros añadimos: o lo que disponga la normativa autonómica, y no se acepta. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen facultades en materia de medio ambiente y pueden establecer normas adicionales de protección a los consumidores estableciendo otros requisitos en cuanto al etiquetado de los productos modificados genéticamente. Pero no se acepta. Y estamos en España, en un Estado de las Autonomías, y las comunidades autónomas tienen competencias legislativas. Este argumento es trasladable, «mutatis mutandis», al tema de la trazabilidad de los productos.
En lo relativo a las obligaciones de información que han de cumplir los administrados, también se dice que serán reguladas reglamentariamente. ¿Y dónde están las facultades de las comunidades autónomas para regular el procedimiento administrativo especial? El Estado podrá regular el procedimiento administrativo común, que ya lo ha hecho, pero en cuanto al procedimiento administrativo especial, que es éste, el procedimiento dirigido a otorgar las autorizaciones de utilización confinada y liberalización voluntaria o comercialización, también se regularán las obligaciones y los datos a comunicar por los administrados reglamentariamente. Pero es que eso a nosotros no nos gusta.
En situaciones de emergencia, también se reserva al Estado la adopción de medidas. Eso tiene otro sentido y, efectivamente, puede aceptarse.
Ciertamente, el Estado en situaciones catastróficas o de ámbito supraautonómico puede adoptar medidas de coordinación --lo hemos previsto también en la legislación anterior--, pero nosotros decimos que en aquellas situaciones previstas en la legislación general del Estado, que usted menciona, y en aquellas contempladas en la legislación autonómica, coletilla que tampoco se quiere aceptar. Y no hay manera de que se prevea un añadido de estas características en el proyecto de ley, es decir, cuando las comunidades autónomas en situaciones de emergencia por contaminación o daños al medio ambiente de productos modificados genéticamente pueden actuar en sus competencias de sanidad, medio ambiente, protección civil, etcétera, razón por la que añadimos dicha coletilla.
Ofrecen ustedes una nueva redacción de la disposición adicional segunda, a la que también se refería la senadora De Boneta, en relación a la Comisión Nacional de Seguridad, apartado donde se produce el segundo gran retroceso autonómico. El primero retroceso, porque ustedes quitan competencias a las comunidades autónomas que hasta ahora tenían, es el referente a la autorización de la liberalización voluntaria, que ahora se la reserva si es para comercialización, y el segundo es la disposición final segunda, donde ustedes dicen que la Comisión Nacional de Bioseguridad, que ya existe, informará obligatoriamente todas las autorizaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas. Y nosotros no estamos de acuerdo con esta regulación, porque esta disposición adicional segunda, tal y como está vigente la Ley de 1994, mandata que la Comisión Nacional informe preceptivamente aquellas autorizaciones que corresponda otorgar a la Administración General del Estado. ¿Por qué un organismo que ustedes dicen que es un organismo colegiado del Ministerio de Medio Ambiente tiene que autorizar la utilización confinada, la liberación voluntaria de organismos modificados genéticamente, competencia de las comunidades autónomas? ¿Por qué un organismo del Ministerio de Medio Ambiente tiene que informar preceptivamente? Esto es muy grave, más grave todavía que lo anterior. La regulación que hizo el Grupo Socialista no contenía este retroceso. Ahora lo tiene que informar la Comisión Nacional de Bioseguridad. Pero esto sí que es una infracción de las competencias de organización de las comunidades autónomas, porque quien tiene competencia en materia ambiental, sanitaria, protección civil o la sectorial correspondiente se dota de los organismos consultivos que cree oportunos.
En el País Vasco hay una comisión en materia de bioseguridad.¿Qué pasa, que ahora no va a poder informar los procedimientos administrativos en materia de utilización confinada? No, no lo va a poder hacer por la aplicación de la disposición adicional segunda, que preceptivamente distrae las

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competencias en favor de esa comisión nacional de seguridad y además esa disposición es básica. Esa regulación se puede hacer para el Estado, que el Estado se dote de aquellos organismos consultivos insertos en el Ministerio de Medio Ambiente que crea oportunos, no ponemos ningún tipo de tacha. De hecho cuando ustedes dicen: No, el Estado cuando vaya a dar sus autorizaciones de comercialización crea, en el ejercicio de sus facultades de organización, una estructura nueva que es la comisión interministerial. De acuerdo, la Administración General del Estado puede adoptar aquella forma de organización que estime oportuno, nosotros no lo enmendamos, pero las comunidades autónomas adoptarán la que estimen oportuna. Por eso aquí se produce un retroceso importante --lo ha dicho también la senadora De Boneta-- y esto para nosotros supone una vuelta atrás de gran trascendencia.
Nosotros les presentamos a ustedes una redacción alternativa en la que decíamos que la comisión nacional de seguridad siguiera como ahora, siendo el organismo consultivo de la Administración General del Estado, y que las solicitudes de autorización que competencialmente corresponda resolver a las comunidades autónomas sean informadas por los organismos consultivos de éstas; no obstante, la comisión nacional de bioseguridad --y nosotros les ofertamos esta transacción-- informará las solicitudes de autorización que corresponda resolver a las comunidades autónomas cuando así éstas se lo soliciten. Aquella comunidad autónoma que quiera disponer de la opinión de un órgano consultivo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente que le pida la opinión, pero aquellas que disponen en el ejercicio de sus potestades de organización de organismos consultivos propios no creemos que sea ni oportuno ni procedente, además de que esto sí que es inconstitucional porque está afectando a las potestades de autoorganización, y sabe usted que las potestades de autoorganización están insertas en el haz de facultades que corresponde a las comunidades autónomas cuando éstas tienen facultades o competencias constitucionales de ejecución, y aquí no solamente tienen de ejecución, también tienen de desarrollo. Por ello nosotros no podemos aceptar estas dos cuestiones del proyecto de ley que suponen retrocesos autonómicos importantes.
Esas son en grandes líneas, señor presidente, las enmiendas que plantea nuestro grupo parlamentario, con las que pretendemos, por un lado, esta mejor adecuación de las relaciones entre los poderes centrales del Estado y las comunidades autónomas en materia ambiental de regulación de los organismos modificaciones genéticamente y, por otro, la mejora de la sistemática legislativa puesto que el Gobierno en esta materia ha producido...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Le ruego que concluya, senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor presidente.
Ha producido un texto normativo insuficiente a diferencia, por ejemplo, de lo que hemos debatido en el proyecto de ley anterior.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 78 a 119 y 121 a 125. Para su defensa, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Gracias, señor presidente.
A este proyecto de ley nuestro grupo ha presentado 43 enmiendas, de las cuales 35 son de adición y 18 de modificación. De las 43 enmiendas presentadas más de la mitad tienen su justificación en la adaptación de la ley a las directivas comunitarias 98/81, 90/219 y 2001/18 en temas de seguridad jurídica, de adecuación técnica de la ley a la directiva correspondiente, de protección de la salud y de garantías en la información y en el etiquetado, así como de registros.
La enmienda número 78, de modificación, pretende sustituir la palabra «reducir» por «impedir», porque la ley debe expresar de forma clara que en su voluntad y en su espíritu el objetivo es impedir cualquier daño que se pueda ocasionar.
Las enmiendas números 79, 80, 81, 82, 83 y 84 corresponden al capítulo de definiciones. Términos como liberación intencional, producto, protocolo o evaluación de riesgo no existen en el informe de la ponencia y entendemos que es necesario e importante definirlos.
Las números 85, 102 y 121 quieren vincular con la ley al personal técnico y científico necesario y asegurar no sólo la responsabilidad administrativa que de ella se derive, sino también la personal, mediante el visado del colegio profesional correspondiente.
Algunas, como las números 86, 87, 97, 104, 113 y 114, son coherentes con enmiendas presentadas anteriormente, y el resto pretenden, además de su adaptación a las directivas comunitarias, ofrecer más seguridad tanto jurídica, como alimentaria, el respeto y garantía necesaria al derecho de información en el proceso de etiquetado y de libre elección del producto.
Las números 119 y 120 plantean un sustancial incremento en el capítulo de sanciones para que ejerzan sobre los posibles infractores efectos disuasorios.
La 124 propone la aplicación del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad y la 125 define las técnicas de recombinación del ácido nucleico o las técnicas de fusión de células.
Entendemos que las enmiendas presentadas merecían ser tenidas en cuenta; ninguna de ellas parece ser que ha merecido la atención del grupo mayoritario, lo cual nos induce a pensar que su adaptación a las directivas comunitarias les tiene sin cuidado y que la seguridad y garantías tanto jurídicas, como alimentarias no forman parte de sus prioridades, lo cual lamentamos profundamente.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Batlle.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 168 a 174. Para su defensa el senador Servià tiene la palabra.


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El señor SERVIA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presentó desde el origen siete enmiendas, aunque son prácticamente dos, pero unas son consecuencias de otras, defendiendo los mismos conceptos puramente autonómicos pretendiendo clarificar el tema de las competencias de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado porque había unos puntos de retroceso, como ha dicho el portavoz del grupo vasco. Básicamente estas enmiendas las ha defendido él porque son coincidentes con las suyas. Por lo tanto, las doy por defendidas.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Servià.
Pasamos a las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente las números 126 a 162 y 164 a 167 bis. Para su defensa el senador Díaz Sol tiene la palabra.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor presidente.
Después de una tramitación tan exhaustiva, como tienen los proyectos de ley que llegan al Senado, hacer una intervención en el Pleno excesivamente larga me parece que es atentar a la paciencia de sus señorías y, por tanto, voy a establecer los criterios del mantenimiento de las 41 enmiendas que han llegado a este Pleno.
Nuestra voluntad es conseguir, en principio, precisar y concretar, dar garantías y exigir rigor en los contenidos de la ley en sus distintos aspectos. Ante el tema que estamos tratando es necesario que tengamos el máximo cuidado a la hora de legislar en esta materia. No en vano la elaboración de la legislación internacional, así como las distintas directivas europeas demuestran que es una materia, primero, difícil de tratar desde el punto de vista legislativo y, segundo, muy cambiante con arreglo al desarrollo de la tecnología, una tecnología tan novedosa como es la ingeniería genética que, como saben todos ustedes, no es equiparable a esa mejora agrícola que ha venido haciendo la humanidad a través de la selección de aquellas variedades que más rentables le eran, sino que con ellas rompemos las barreras existentes entre las distintas especies y, por tanto, rompemos una lógica evolutiva con la que tenemos que tener el máximo cuidado. Esto nos lleva a mostrar nuestra preocupación a la hora de tratar este proyecto de ley que va a sustituir a la legislación que estaba vigente desde 1994.
Lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no acepte nuestra voluntad de incluir el establecimiento de protocolos que objetivicen las actuaciones al tratamiento de esta materia. Nos parece que protocolizar estas actuaciones dan siempre una garantía tanto de análisis de lo hecho como de las posibilidades de futuro de estas cuestiones.
También creemos que en la evaluación de los riesgos se debería haber aceptado que hubiera una aportación de técnicos y de científicos cualificados para que no quedara en el exclusivo ámbito administrativo esta evaluación de riesgos porque pensamos --como hemos dicho antes-- que es una materia que exige el máximo de rigor.
Hay otro ámbito en el que nuestras enmiendas no han sido atendidas y nos parece que hay una leve contradicción con lo que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento europeo y con lo que va a ocurrir dentro de poco respecto de los temas de etiquetado y envasado.
Ustedes mantienen aquí unas posiciones que, hoy por hoy en el Parlamento europeo y me imagino que en las futuras regulaciones de este tema, van a estar más cerca de las posiciones que nosotros defendemos que de las que se mantienen en la ley, por lo cual es posible que en un espacio de tiempo corto nos veamos otra vez cambiando esta legislación en un tema de tanta sensibilidad para el consumidor.
No obstante, nos extraña que no hayan ustedes accedido a nuestros planteamientos sobre dos temas. Uno de ellos es el acceso a la información, el obligar a poner a disposición la información de distintos elementos transgénicos, etcétera, porque la información en este campo es un instrumento de una eficacia importante. El dominio de la información puede suponer una situación de dominio en el mercado para algunas empresas importantes que habría que regular y a las que habría que obligar a facilitar esa información. Pensamos que la ley no está bien regulado y por eso hemos presentado nuestras enmiendas.
Por último, respecto del Consejo asesor les diré que dada la importancia socioeconómica de esta materia, como saben ustedes, existe ya la posibilidad del control de la cadena alimentaria por parte de grandes empresas transnacionales, el hecho de que nosotros hayamos propuesto que los miembros del Consejo asesor no sólo tengan un nivel adecuado, sino que además tengan una independencia garantizada respecto de los intereses económicos de estas grandes empresas nos parece de una necesidad evidente.
No hemos oído en los debates de las dos Cámaras sus razones sobre este tema. Creemos que en esto ustedes se equivocan. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En definitiva, el protocolo de Cartagena, que fue aprobado en Montreal y no en Cartagena porque impidió esta aprobación un grupo de países que se llamaba el «Grupo de Miami» liderado por Estados Unidos que se preocupaba más de los intereses de sus multinacionales que del interés general, establece y reafirma un principio, que es el de la precaución, cosa que ha impregnado nuestras enmiendas, pero que no impregna su postura respecto de este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Doñate.


El señor DOÑATE CATALAN: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré imitar a los portavoces que hicieron uso de la palabra antes que yo, sobre todo en la brevedad.
Organismos modificados genéticamente se designa a toda entidad biológica capaz de reproducirse o de transferir

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material genético y cuyo material genético ha sido modificado de una manera que aparece en el apareamiento o en la recombinación natural.
Desde tiempo inmemorial, el hombre ha intentado mejorar sus formas de vida, siendo la alimentación elemento prioritario en este objetivo. Es conocido como el hombre desde hace miles de años, partiendo de vegetales y animales, ha ido seleccionando las características que más le interesaban, con lo que empieza a tener animales y plantas cada vez más productivos. Para ello ha ido empleando técnicas como la selección o la hibridación, logrando el objetivo de obtener variedades que reuniesen las condiciones que le interesaban, tales como el color, grosor o sabor, y en el caso de los animales, mejores canales, más lana, más leche o incluso más fuerza. No obstante, estos métodos convencionales suponían en muchas ocasiones una gran lentitud en el logro de resultados, con espera a veces de generaciones, a lo que había que añadir las limitaciones de incompatibilidad sexual que se presentaban en los cruzamientos de especies diferentes.
A mediados del siglo XX, especialmente a partir del descubrimiento de enzimas de restricción y de las ligasas, surgen las primeras aplicaciones de las técnicas de ingeniería genética en plantas y animales, cuya principal novedad estriba en que permiten superar las barreras interespecies mediante métodos que en el mayoría de las ocasiones suponen introducción de genes de una especie a otra e incluso la creación de genes sintéticos. De esta forma se logra saltar los tapones biológicos y acortar el tiempo de los resultados.
El régimen jurídico de los organismos modificados genéticamente en la Unión Europea establece los procedimientos para que tanto la liberación internacional de organismos modificados genéticamente con fines de investigación y desarrollo como con fines comerciales se lleve a cabo con garantías suficientes, tanto para el medio ambiente como para la salud humana, estableciendo además una cláusula de salvaguarda que permite que cualquier Estado miembro pueda restringir o prohibir provisionalmente el uso o la venta en su territorio de los productos autorizados cuando considere que el producto pueda constituir un riesgo para la salud humana o para el medio ambiente.
Posteriormente, el Consejo ha adoptado una nueva directiva que introduce significativas novedades, entre las que cabe destacar: la asunción expresa del principio de cautela, el establecimiento de unos principios generales para la evaluación del riesgo medioambiental; la obligación de los Estados no sólo de llevar a cabo inspecciones y adoptar las medidas de control, sino además de informar al público, a la Comisión y a los demás Estados miembros cuando se detecte que se ha producido una liberación o una comercialización internacional no autorizada; la obligación de identificar cualquier producto que contenga modificados genéticamente; la obligación de los Estados de poner a disposición del público información acerca de las liberaciones de organismos modificados genéticamente; la obligación de los Estados miembros y de la Comisión de realizar la evaluación del riesgo para el medio ambiente; la restricción al uso de la cláusula de salvaguarda de forma que ningún Estado pueda prohibir, restringir o impedir la comercialización de organismos modificados genéticamente.
La incorporación de la Directiva 90/220 a nuestro ordenamiento se llevó a cabo por la Ley 15/1994, posteriormente desarrollada por el Real Decreto 951/1997, y que este proyecto de ley que ahora debatimos sustituirá y adaptará a la normativa actual más reciente.
Tanto la liberación de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente como su posterior comercialización implican actividades convenientes, pero aún no suficientemente probadas. Ello justifica que la normativa comunitaria haya adoptado el criterio de precaución, estableciendo unos rigurosos y complejos procedimientos de autorización de liberación en el medio ambiente y comercialización que persiguen la protección de la salud humana y el medio ambiente.
El proyecto de ley por el que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente tiene por finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la nueva normativa europea e incorporar preceptos para afrontar las nuevas demandas en relación con la gestión y el control de las actividades de utilización confinada y liberación voluntaria, incluida la comercialización de organismos modificados genéticamente, modificando la Ley 15/1994 vigente. El proyecto de ley establece claramente el control y los especiales cuidados tanto para la vida humana como para el medio ambiente y una garantía completa para los consumidores.
Como se ha señalado ya en la presentación de este proyecto de ley en el trámite del Senado se han presentado un total de 174 enmiendas por los diferentes grupos políticos, de los que en fase de ponencia se incorporaron cinco, las números 175 y 176, del Grupo Parlamentario Popular, y las números 50, 57 y 62, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Del mismo modo, se ofertó transaccionar la número 61, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, si bien finalmente no fue aceptado por el enmendante el texto propuesto.
Como ponente y representante del Grupo Popular me gustaría agradecer las aportaciones de los diferentes grupos políticos, que no me cabe duda, hechas, independientemente de su aceptación o no, con la pretensión, si cabe, de mejorar el texto inicial remitido por el Congreso de los Diputados.
Para constancia en el debate de este Pleno, me gustaría, con permiso de sus señorías, hacer las siguientes consideraciones. La primera correspondería a las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, la Entesa, PSOE y CIU, que coinciden con las presentadas y rechazadas en el trámite oportuno en el Congreso de los Diputados.
La segunda está en relación con las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco que, aun cuando reproduce algunas de las presentadas en el Congreso de los Diputados, ha formulado otras nuevas en este trámite calificadas como de contenido competencial y de seguridad jurídica o técnicas.


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Del mismo modo, que gustaría resaltar la coincidencia en el texto de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, la Entesa y CIU y, asimismo, destacar que las enmiendas de la Entesa y el PSOE son coincidentes en todos sus términos.
Por ello, en lugar de contestar una a una, he agrupado las enmiendas de los diferentes grupos por su forma y contenido.
Inclusión de determinadas definiciones como producto y evaluación y de riesgo. Estas definiciones no figuran en el texto del proyecto de ley, pero sí, entre otras, en el artículo 2 de la Directiva 2001/18. Las definiciones incluidas en el artículo dos del proyecto de ley son mínimas modificaciones de las que ya figuraban en el artículo 2 de la Ley 15/1994. Su ubicación en el título correspondiente a disposiciones generales lleva aparejado que sean de aplicación con carácter general a todas las actividades reguladas en el proyecto, utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización, circunstancia que no concurre en las definiciones de evaluación de riesgo propuesta, que sólo afectaría a liberación y comercialización, o a producto, que sólo afecta a comercialización.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la normativa europea en materia de organismos modificados genéticamente está sometida a frecuentes cambios, se considera conveniente limitar las definiciones que se incluyen en la ley para evitar que posteriores modificaciones de las directivas obliguen a modificar este texto legal.
Ajustes de redacción para recoger la literalidad de las directrices incorporadas. El proyecto de ley sólo incorpora aquellas normas de las Directivas 1998/81 y 2001/18 CE que, que de acuerdo con el derecho español, deben venir cubiertas por el principio de reserva de ley, dejando para un posterior desarrollo reglamentario la incorporación de aquellas otras normas comunitarias que por su carácter más contingente o adjetivo no deban quedar sujetas a aquella reserva, debido a que por su contenido técnico o circunstancial pueden estar sometidas a cambios o variaciones frecuentes o inesperadas.
Competencias de la Administración General del Estado, incluida la composición y funciones de la Comisión Nacional de Bioseguridad. Las enmiendas referidas al artículo 3.2 de la ley pretenden una mayor intervención de las comunidades autónomas en el examen técnico para la inscripción de las variedades comerciales. La mayor intervención se refiere a la vigilancia, control y sanción e incluso a la realización del propio ensayo técnico. Querer otorgar carácter vinculante al informe previo de la comunidad autónoma en los ensayos de Liberación voluntaria que sean exigidos dentro del procedimiento de autorización para la comercialización supone no sólo una limitación a las competencias de la Administración del Estado, sino la imposición unilateral del criterio autonómico, lo que en la práctica supone el control efectivo por parte de la comunidad autónoma.
En este sentido, el artículo 40.3 de la Ley 3/2000 señala que el examen técnico será realizado bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que podrá llevarlo a cabo directamente o mediante el acuerdo con las comunidades autónomas y otras instituciones españolas o extranjeras que desarrollen tareas similares.
Sobre estas competencias estatales ya señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 103/1999, de 3 de junio, en relación con el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Marcas, que corresponde en exclusiva al Estado, al señalar que en materia de propiedad industrial se admite el traslado de la titularidad de competencias ejecutivas de las comunidades autónomas al Estado.
El procedimiento de autorización de liberaciones voluntarias con fines distintos a la comercialización viene regulado en la Directiva 2001/18 y contempla que los restantes miembros pueden formular observaciones a las solicitudes de liberación presentadas en uno de ellos. De ahí que lo previsto en este proyecto de ley debe entenderse como una medida de coordinación, que tiene por finalidad asegurar que las restantes comunidades autónomas y la Administración General del Estado puedan formular observaciones no vinculantes a las solicitudes presentadas en una de ellas. De esta forma se posibilita que no sólo se puedan formular observaciones por parte de las autoridades competentes de los restantes Estados miembros, sino también por parte de las restantes comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Por la misma razón se posibilita que los representantes de las comunidades autónomas puedan formular observaciones a las actividades de competencia estatal reguladas en esta ley. De todo esto se deduce que la ejecución del examen técnico para la comprobación de la exigencia de la obtención de la patente vegetal es competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y puede ejecutarlo directamente, mediante acuerdo con las comunidades autónomas o con las instituciones nacionales o extranjeras que desarrollen tareas similares.
Extensión de la necesidad de autorización a todos los casos regulados por la ley. Que no baste la mera comunicación en los casos de riesgo nulo o insignificante o que alternativamente sean las autoridades y no el particular las que decidan si la autorización es necesaria o basta la simple comunicación. De conformidad con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva 98/81, y con idéntico criterio, según el proyecto de ley únicamente están sometidas a autorización expresa las actividades de utilización confinada clasificadas de riesgo moderado y alto riesgo. De forma similar ya figuraban en la Ley 15/1994.
En relación con las actividades de bajo riesgo, existe una autorización tácita por parte de la Administración, dado que ésta dispone de un plazo para determinar si la actividad notificada cumple las medidas de seguridad fijadas en la Ley y en sus normas de desarrollo, pudiendo en caso contrario limitar el período en que se permite su realización o supeditarla al cumplimiento de las condiciones que estime convenientes.
Endurecimiento de cautelas, incluida la exigencia de garantías de solvencia económica del operador para responder de posibles daños. El proyecto de ley ya establece las medidas necesarias para poner fin a una liberación o comercialización de organismos modificados genéticamente no autorizados, no sólo regulando mecanismos de vigilancia y

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control sino a través del régimen sancionador, que tipifica como infracción muy grave la realización de actividades de liberación voluntaria y la comercialización sin la debida autorización administrativa, artículo 34.4 a), así como las medidas cautelares, artículo 36, las medidas provisionales, artículo 37, y mediante la obligación de reponer las cosas al estado que tuviesen antes de la infracción.
El régimen de responsabilidad por daños causados al medio ambiente está siendo objeto de regulación en el ámbito de la Unión Europea, que actualmente debate la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales, proyecto que incluye dentro de su ámbito de aplicación las actividades relativas a utilización confinada y liberación voluntaria, incluida la puesta en el mercado de organismos modificados genéticamente.
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el texto comunitario no está cerrado, la responsabilidad por daños ambientales causados por los organismos modificados genéticamente deberá regularse conjuntamente con las restantes actividades incluidas en la citada propuesta de directiva en el anteproyecto de ley que la incorpore al derecho interno.
Extensión de la evaluación de riesgos a efectos directos e indirectos, así como la revisión periódica por la Administración, no sólo de las medidas adoptadas por el operador sino de la propia evaluación de riesgo inicial. En este sentido, el proyecto de ley sólo incorpora aquellas normas de las directivas 98/81 y 2001/18 que, de acuerdo con el Derecho español, deben venir cubiertas por el principio de reserva de ley, dejando para un posterior desarrollo reglamentario la incorporación de aquellas normas comunitarias que por su carácter más contingente o adjetivo no deben quedar sujetas a aquella reserva.
De acuerdo con lo anterior, reglamentariamente se regulará la revisión periódica de las medidas de confinamiento y la revisión de la evaluación del riesgo o de las medidas de confinamiento cuando éstas no resulten adecuadas o haya motivos para suponer que la evaluación no es adecuada de conformidad con el artículo 13 de la Directiva de 2001.
En el apartado 1º del artículo 12 se detallan las obligaciones que imponen a los responsables de las actividades de utilización confinada de organismos modificados genéticamente, imponiéndose en la letra a) la realización de una evaluación de riesgos. El procedimiento para acreditar el cumplimiento de dicha obligación y, en consecuencia, la presentación de la pertinente comunicación acreditativa se establecerá reglamentariamente, de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo.
Del mismo modo, se regula la revisión periódica de medidas de confinamiento y la revisión de la evaluación de riesgo o de las medidas de confinamiento cuando éstas no resulten adecuadas o haya motivos para suponer que la evaluación no es la adecuada. Igualmente está previsto en el proyecto de ley la obligación de los titulares de las autorizaciones de facilitar información con posterioridad al otorgamiento de aquéllas, estando previsto que reglamentariamente se precisen los distintos supuestos en los que la información complementaria deba comunicarse.
Endurecimiento del régimen sancionador. El carácter disuasorio de la sanción no sólo pasa por la multa económica, sino también por las restantes medidas que se establecen en el artículo 35 del proyecto de ley. Sin perjuicio de lo anterior, se han incrementado considerablemente las sanciones pecuniarias en relación con las existentes en la vigente Ley 15/1994.
El criterio seguido para la tipificación de infracciones del artículo 35 es el mismo que se ha utilizado en la mayor parte de las leyes ambientales, más concretamente en la de Residuos, la Ley 10/1998, y en la de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, la Ley 16/2002.
Etiquetado. Que la ley establezca, como mención obligatoria «contiene organismos modificados genéticamente», en vez de remitirse al desarrollo reglamentario, y que el etiquetado esté sujeto expresamente a las normas de defensa de los consumidores. El etiquetado no es una medida de seguridad, sino de información al público. El proyecto de ley sólo incorpora aquellas normas de las Directivas 98/81 y 2001/18 que, de acuerdo con el derecho español, deben venir cubiertas por el principio de reserva de ley.
El contenido específico del etiquetado, regulado en el Anexo 4.A, apartado 8 de la Directiva 2001, que exige que no sólo se incorpore la mención de que el producto contiene organismos modificados genéticamente, sino también la referencia al nombre comercial del producto, al nombre del organismo modificado, al nombre y dirección del fabricante, el acceso a nueva información recogida en el registro, etcétera, se incorporará en el reglamento de la nueva ley. De acuerdo con lo anterior, el contenido específico del apartado e) del artículo 14.1, regulado por esta directiva antes citada, es de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros.
Reducción de los plazos de desaparición de los organismos modificados genéticamente de los genes de los marcadores de resistencia a los antibióticos, disposición adicional primera. Los plazos que se establecen en la disposición adicional primera del proyecto de ley se corresponden con los establecidos por la Unión Europea, artículo 4.2 de la Directiva 2001.
En consecuencia, de la tramitación de este proyecto de ley, tanto en el Congreso, donde fueron incorporadas diferentes enmiendas, como en el Senado, donde en ponencia el Grupo Parlamentario Popular ha estado abierto a incorporar enmiendas de los diferentes grupos políticos, hay que destacar que han sido en todo momento razones de carácter técnico y de respeto al espíritu y finalidad de la ley las que han dirigido nuestra actuación, dejando a un lado razones de carácter político, ya que este proyecto de ley es un instrumento jurídico destinado a establecer el marco legal de la liberación voluntaria, utilización confinada y comercialización de organismos modificados genéticamente, adecuando nuestra legislación a las diferentes directivas europeas y, muy especialmente, a la 98/81 y a la 2001/18.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Doñate.
¿Turno de portavoces? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Me parece propio de la cortesía parlamentaria agradecer todas las explicaciones que, con carácter genérico y sin referirse a ninguna de las enmiendas de cada uno de los grupos, se ha esforzado en darnos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Estoy segura de que todo lo que ha manifestado el representante del Grupo Parlamentario Popular es acorde con el espíritu y contenido de las directivas comunitarias que estamos tratando de incorporar al derecho interno del Estado español.
Podemos coincidir en esto pero, siendo necesaria la trasposición, no creemos que la ejecución de aquellos aspectos a los que se refiere la normativa comunitaria en cuanto a las modificaciones pertinentes en el derecho interno e incluso en las administraciones competentes deba ser asumida precisamente por la Administración central, porque recogería por esa vía competencias atribuidas a las comunidades autónomas.
Las directivas comunitarias exigen que se asuman por el derecho interno aquellas cuestiones que se contemplan en las mismas, pero no dicen exactamente quiénes son, en cada caso, la administraciones competentes.
En el Estado de las Autonomías hay comunidades con competencias propias en materia de ejecución, medioambiental, etcétera, y no es admisible que, como consecuencia de la directiva, pierdan esas competencias en favor del Estado. Habrá que modificar esas cuestiones, pero no necesariamente deberán ser ejercidas por la Administración central. Por esta razón es por la que hemos planteado algunas de las enmiendas, que sin duda podrían haber sido admitidas, entiendo yo, con el mismo respeto a la normativa comunitaria que el que subyace en la filosofía que nos ha planteado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
No ha sido así. Lo sentimos. Nos parece que de alguna manera quedan mermadas incluso competencias que se contienen en los decretos de transferencias, como he hecho referencia anteriormente, concretamente en materia de semillas, etcétera. En este caso, entendemos que debemos seguir planteando las cuestiones que hemos expuesto y lamentamos que el Grupo Parlamentario Popular no haya sido receptivo a esas modificaciones que proponíamos en función de una filosofía de alguna manera como recuperadora, insisto, de competencias, pues no es en la única ley que esto sucede a través de la transposición de las normas comunitarias al derecho interno.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Intervengo en este turno de portavoces en el debate del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.
Actualmente está en vigor en nuestro ordenamiento jurídico la Ley 15/1994, de 3 de junio, que establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, así como el Real Decreto 951/1997, de 20 de junio en desarrollo de aquélla. Ambos incorporan al derecho español las normas de derecho comunitario sobre la materia, Directivas 219 y 220 del año 1990.
Actualmente hay un debate importante en un asunto tan complejo y delicado como éste y sucintamente me quiero referir, en primer lugar, al debate científico, donde hay un grupo del colectivo de los investigadores que opina que la utilización de los organismos modificados genéticamente, de los organismos transgénicos, tiene una serie de ventajas y virtudes, entre otras --que no son pocas-- el paliar el déficit de los alimentos en los países en vías de desarrollo donde hay tantas hambrunas, y alegan que Europa se está quedando atrás frente a países como Estados Unidos e incluso países como Australia, Argentina, China, etcétera.
También está el grupo de científicos, que es la cruz del debate, la otra cara de la moneda, que advierten sobre las repercusiones o los efectos negativos sobre la salud humana, sobre la alimentación del ganado, los piensos, sobre la seguridad alimentaria, etcétera. Asimismo, sobre el medio ambiente está el asunto de las hibridaciones y la conservación de la biodiversidad. Pero en este asunto también hay dudas y están por demostrarse los efectos negativos, así como las evaluaciones, los contrastes de los materiales nuevos que se van a liberar con carácter masivo.
Así pues, este problema se tiene que regir por unos principios de precaución, cautela, prevención, seguridad, etcétera. Debo recordar aquí, brevemente, un producto que fue origen de una investigación y desarrollo científico, como el DDT, que trajo una serie de ventajas para erradicar plagas y enfermedades, incluso la malaria en algunos lugares y, más tarde, habiéndose detectado restos del tricloro difenil en las grasas de las focas del mar Artico y tras provocar una hecatombe y desastre ecológico mundial, con alteración de la cadena trófica, hoy el DDT no presenta inconvenientes porque sencillamente está prohibido.
Por último, me resta por abordar dos aspectos. En los debates que se han producido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado se ha constatado una crítica: que el proyecto de ley deja para el desarrollo reglamentario aspectos que se deberían regular en la propia ley. Sin embargo, nosotros creemos que este hecho facilita una cierta flexibilidad y que le puede dar una mayor permanencia a la ley, dejando para el desarrollo reglamentario los aspectos que pueden ser menos estables o duraderos.
Con respecto al etiquetado he de señalar que, en un mundo desarrollado, donde la oferta es tan grande, el consumidor debe tener libertad para elegir, pero debe decidir debidamente informado y, para ello, es importante la regulación del etiquetado.


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No voy a entrar en el posible conflicto o recorte de competencias de las comunidades autónomas, a pesar de pertenecer a un partido nacionalista, porque éste es un asunto muy delicado y no lo conocemos en profundidad.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor ARROYO HODGSON: Ya termino, señor presidente. Concédame un minuto.
Además, hemos comprobado que ni en los «länder» alemanes ni en algunas regiones de otros países con estructura de desarrollo autonómico tienen estas competencias.
Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la trasposición de esta directiva comunitaria; valoramos positivamente el proyecto de ley, creemos que es un avance y que es suficientemente riguroso y, por ello, vamos a votar a favor del mismo.
Quiero terminar mi intervención diciendo que se deben aprovechar los avances científicos en biotecnología y en ingeniería genética para avanzar siempre, con cautela, pero avanzar en I+D, en beneficio de la humanidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para realizar una serie de consideraciones. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacía referencia al artículo 3, a la recuperación de competencias por parte del Estado. Ese es un aspecto que nos parece grave; Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón tienen ahora la competencia para otorgar las autorizaciones para la utilización confinada y, de ahora en adelante, cuando esa utilización confinada tenga como fin último el otro procedimiento administrativo específico -la comercialización-, esa competencia ejecutiva desarrollada por las comunidades autónomas pasará a manos del Estado. Eso es grave desde el punto de vista del sistema de distribución competencial y del poder político porque, en definitiva, ustedes aprovechan para modificar la situación políticamente aceptada en la Ley de 1994 porque, ¿qué procedimiento administrativo en materia de utilización confinada de organismos modificados genéticamente van a otorgar las comunidades autónomas cuando la mayoría de éstas, al final de la cadena de examen y del procedimiento de análisis, terminan en la comercialización? Ese hecho supone un vaciamiento importante que no contiene la Ley de 1994. ¿Por qué establecen ustedes esa regulación? Nosotros hemos planteado una oferta transaccional para que, en todo caso, las comunidades autónomas emitieran un informe preceptivo. Les hemos planteado la posibilidad de mantener el «statu quo» o aceptar un informe preceptivo, pero ni siquiera están de acuerdo con eso porque dicen que es una imposición; sin embargo, la imposición es a «sensu contrario», que lo que ahora es competencia de Murcia, de Asturias o del País Vasco pase a ser competencia del Estado a la hora de la gestión. Lo que hemos planteado --no sé si lo ha entendido-- es transaccionar una posición intermedia; es decir, en lugar de pasar de no tener competencia a tenerla por completo, que las comunidades autónomas participen mediante la emisión del preceptivo informe, pero ni con eso están de acuerdo. Ese es el núcleo esencial desde el punto de vista del Estado de las Autonomías del proyecto de ley. Así de claro.
La segunda consideración, señor presidente, es que este proyecto de ley va en contra de la filosofía ambiental que ha inspirado el Partido Popular mediante la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Usted conoce esta ley y sabe que en definitiva lo que la inspira es que en todos los aspectos ambientales (en materia del litoral, de actividades molestas, de contaminación acústica, de gestión de recursos hídricos, marinos y continentales) las comunidades autónomas se convierten en la Administración ordinaria en el ejercicio de las potestades ejecutivas administrativas. Tan es así, que el Gobierno produjo un avance importantísimo en materia ambiental autonómica, y es que en esa ley reconocía que las comunidades autónomas intervenían incluso en potestades del Estado; por ejemplo, en las autorizaciones ambientales integradas para aquellas industrias peligrosas y contaminantes del anexo de la ley de vertidos en cuencas intercomunitarias. Eso lo ha aprobado el Gobierno. Y esto en comparación con lo que el Grupo Parlamentario Popular planteó en la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación es un retroceso absoluto, porque por esa misma filosofía, no es que mantenga el «statu quo», sino que recupera competencias.
Y en estas materias tendríamos que caminar en el ámbito de la autorización ambiental integrada, porque ustedes en su disposición final sustentan este proyecto ley en el artículo 149.1.23ª. Esa es la gran disfunción y el gran consenso que se alcanzó con la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y que ustedes no alcanzan en esta materia, donde, efectivamente, no hay una coherencia de sistematización legislativa entre la visión integral del medio ambiente de esa buena ley y las previsiones que aquí se contienen.
En cuanto al desarrollo legislativo, ¿por qué no contener previsiones en el proyecto de ley sobre la legislación de las comunidades autónomas? Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Batlle Farrán.


El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley, como su propio preámbulo indica, tiene como objetivo transponer a nuestro ordenamiento jurídico normativas comunitarias diversas. En estas directivas se establecen las exigencias y procedimientos que posibiliten

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la comercialización de los organismos modificados genéticamente; es decir, de los productos transgénicos. Desde este punto de vista la ley es obligatoria y necesaria. La normativa comunitaria permite grados de flexibilidad que pongan el acento donde debe ponerse, como son la garantía de la salud de personas, animales y vegetales, impedir la contaminación biológica de los ecosistemas, asegurar la correcta información del consumidor e impedir situaciones de hecho de monopolio de mercado.
Estamos hablando de un proyecto íntimamente relacionado con la innovación tecnológica y, dentro de esta, con la biotecnología y la ingeniería genética. Esta tecnología nos puede ofrecer plantas y animales a la carta, multiplicar los rendimientos, mejorar la transformación y conservación de las producciones agrarias, terminar con plagas sin la utilización de plaguicidas y herbicidas, con la considerable mejora que esto representa para el medio ambiente, y un largo etcétera de beneficios.
¿Pero se puede asegurar que en ningún caso un producto transgénico puede ser nocivo para la salud humana? ¿Se puede afirmar que en ningún caso hay riesgos para la contaminación biológica? Evidentemente no, por eso nuestra pretensión consistía en vincular el ámbito científico independiente, ajeno a cualquier interés económico directo o indirecto, para que puedan darnos esas respuestas. De ahí que en nuestras enmiendas hayamos intentado incorporar el mundo científico organizado en la toma de decisiones.
Queremos dejar claro, señorías, que nuestro grupo parlamentario no tiene oposición alguna a la producción de productos transgénicos, pero exigimos todas las cautelas posibles. De hecho éste es un debate que se está desarrollando en Europa, porque no todo lo que ha producido la ciencia ha tenido al final un buen resultado; hay veces que hemos tenido que rebobinar. Podríamos poner multitud de ejemplos de cómo muchas veces en el mundo de la ciencia, incluso los que están más cerca de ella y siendo especialistas, han tenido que establecer cautelas que después han servido para que la tecnología se utilice correctamente. En leyes bastante menos importantes y trascendentes, donde las cautelas no se tomaron, tuvimos problemas importantes y pérdidas económicas enormes.
Por ese motivo hay que establecer garantías, como es el derecho a elegir por parte del consumidor, y para que el consumidor pueda ejercer este derecho tiene que estar bien informado, y por tanto, la ley debe garantizarle la información suficiente sin tremendismos, huyendo de ellos, a través de procesos de etiquetado correctamente elaborados de forma clara y concisa. Para nosotros los requisitos de seguridad y cautela que tienen que fijarse no se cumplen en esta ley. Los métodos que permiten concretar los elementos de seguridad no existen, y si esos anexos no se transcriben, se obvian o se marginan, se produce un vacío importante en lo que a seguridad se refiere.
Nosotros tratamos de introducir el concepto de protocolo, concepto conocido por todos. ¿Y por qué queremos incorporarlo? Porque el protocolo es un elemento básico normalizado en el que se establece concretamente el método a seguir para testar, viabilizar y ver cuál debe ser el tipo de ensayo a seguir, qué clase, en qué tiempos y cómo se hace.
Independientemente de que los ensayos tengan una especificidad propia, el protocolo debe establecer un modo de testar totalmente objetivo. Se trata de que haya presencia de científicos independientes que no tengan contactos mercantiles de ninguna clase con las empresas elaboradoras de productos transgénicos y que se valore su opinión técnica al respecto.
Debería haber una explicación y una referencia explícita a la aceptación de los protocolos de Cartagena, porque si es verdad que los aceptamos, no vale que lo hagamos de forma genérica y a veces con un carácter más mediático y lírico y menos dispositivo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya concluyendo.


El señor BATLLE FARRAN: Si lo establecemos en una ley, ello tendrá carácter dispositivo, y por ello pedíamos que se hiciera alusión explícitamente a ello, señorías, porque se trata de legislar y de establecer seguridad y garantías a los ciudadanos.
Así pues, vamos a otorgar nuestro apoyo a esta ley, aunque notamos que tiene deficiencias.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor presidente.
Senador Doñate, nuestras enmiendas no han pretendido en ninguno de sus puntos usurpar a la Administración General del Estado el examen técnico, simplemente tendían a defender la competencia de las comunidades autónomas respecto de la vigilancia, control y sanción. Consideramos que esta división de conceptos es muy clara.
Respecto de las sentencias del Tribunal Constitucional, debo decir que entendemos que si dicho Tribunal dice que un camino no es el adecuado no debemos tomarlo, pero el que el Tribunal Constitucional defina que un camino es bueno no excluye que pueda haber otros caminos alternativos que también lo sean.
Lamentamos mucho que nuestras enmiendas no hayan sido aceptadas, pero, en cualquier caso, vamos a votar a favor de esta ley porque creemos que es una buena transcripción de la indicación que hace la Unión Europea.
Nada más, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Bella Galán.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para terminar de fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en torno a este proyecto de ley.
Indudablemente no nos encontramos ante un debate en el que se trate de aceptar o no la realidad de los organismos

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modificados genéticamente, sino que más bien se trata de pensar cómo vamos a convivir con ellos.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que no hay nada más que una manera de hacerlo, y es a través de los tres principios básicos para nosotros de responsabilidad, de precaución y de transparencia. Se trata de asumir totalmente el Libro Blanco que sobre seguridad alimentaria se ha realizado en nuestro continente. Hay que hacerlo desde la responsabilidad de hacer un compromiso con la ciudadanía y sobre todo pensando en los problemas que pueden ocasionarse en el futuro. Ese compromiso previo con la ciudadanía tiene que ver con el énfasis que las propias directivas comunitarias establecen y dicen sobre el papel secundario que tiene tanto la producción como la comercialización y el objetivo fundamental de las mismas irrenunciable, que es proteger la salud y el medio ambiente.
Desde la responsabilidad, hemos sugerido cambiar la palabra reducir por impedir, dándole un mayor protagonismo a las administraciones públicas, que no sólo no tendrán que reducir cualquier efecto perverso que puedan provocar, sino que tendrán que impedir que cualquier efecto se produzca.
Esto es una diferencia importante, es una actitud distinta. La primera de ellas, la que tiene que ver con la palabra reducir, habla de una actitud pasiva y de una actuación posacto, mientras que la de la palabra impedir habla de una actitud proactiva y preventiva. Desde esa perspectiva, hemos pensado que no es suficiente el desarrollo legislativo que se hace en este proyecto de ley, que había que haber avanzado más en el mismo proyecto, sobre todo no dejando al azar y a la responsabilidad única, en algunos casos, de las empresas todo el proceso que tiene que ver con los transgénicos.
Respecto a la precaución, hemos hablado de instrumentos, de instituciones que avalen todo el proceso, de organismos. Hemos hecho más que hincapié en todo el principio de evaluación de riesgos. Hemos hablado del desarrollo de la investigación y de cómo ésa ha de transmitirse a través de una información que nos permita saber qué organismos están autorizados, cuál es su comportamiento, qué riesgos tienen asociados, en qué condiciones se autorizan y cuándo cambian esas condiciones. Hemos hablado de ese organismo técnico que tiene que ser independiente, no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista económico y científico, para que la Administración sea más libre a la hora de elegir y hemos hablado de controlar en todo momento todo el proceso en el concepto de trazabilidad. Estamos hablando de los protocolos de seguridad, que nos parecen fundamentales a la hora de establecer las investigaciones sobre estos aspectos, y de que no hay que olvidar una experiencia que ya está ahí, pues el olvidarla que lo lamentemos en muchas ocasiones.
En cuanto a la transparencia, hay un aspecto fundamental que hay que destacar, y es que estamos apostando por una alimentación basada en la biotecnología. Pero este no es un debate que sólo tenga que estar en las Cámaras legislativas, es un debate que también tiene que ver con lo individual y con lo social, y tiene que ver tanto con los consumidores como con el derecho que tiene la sociedad a elegir libremente lo que quiere comer, y la transparencia tiene que garantizar esto.
Hemos exigido, y exigimos a través de todas nuestras propuestas, un papel más activo para la Administración. Consideramos que no se debe dejar a las propias empresas que evalúen los propios riesgos que esto comporta y que para la calificación de cada uno de estos organismos tiene que estar presente la Administración de una manera libre. Esta es la única forma y el único aval posible de que realmente las decisiones que se adopten desde las administraciones públicas sean distintas y sobre todo sean las más sensatas para los ciudadanos. Podemos pensar en un momento dado que si las multinacionales que monopolizan el sector llegan a colmar la investigación, la producción, la comercialización tanto de semillas de transgénicos como de pesticidas estaríamos dejando la agricultura, la salud y el medio ambiente en manos de estas corporaciones. Desde esta concepción hemos hecho todas estas alegaciones y hemos procurado que algunas de ellas sean mixtas.
La postura general del Grupo Parlamentario Socialista no es decir que nuestros principios son la precaución y la responsabilidad nada más, sino hacerlos realidad en leyes como esta, con nuestros matices y nuestras aportaciones. Creo sinceramente que nos hemos quedado cortos en el proyecto de ley.
Y una última cuestión que quería plantear a las señorías del Partido Popular es que me da la impresión de que en muchas ocasiones no nos hemos enterado de lo que hablamos. Mientras en el primer mundo estamos ahogados por el colesterol, en el tercer mundo se sigue muriendo la gente de hambre. No sé si la producción de transgénicos va a solucionar ese problema; si no lo soluciona, tendremos que empezar a pensar de otra manera.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora señora Simonelli. (Rumores.) ¡Silencio, por favor!

La señora SIMONELLI MUÑOZ: Señor presidente, señorías, el proyecto de ley de régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente que debatimos viene a modificar la Ley 15/1994, que transpuso a nuestro ordenamiento jurídico las directivas 219/1990 y 220/1990 y el posterior reglamento general que desarrolló esta ley el 20 de junio de 1997.
De esta forma, se cumplen las obligaciones derivadas del Derecho comunitario, resolviendo una situación que mantenía en la ilegalidad un instrumento científico de desarrollo y económico novedoso, y cubriéndose de esta manera el vacío normativo existente en España sobre determinados aspectos de la manipulación genética en relación con la salud humana y el medio ambiente.
En virtud de dicha normativa, será la Administración estatal la que tenga la competencia sobre el otorgamiento de las autorizaciones para la comercialización de organismos

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modificados genéticamente o de los productos que los contengan.
Se trata de conseguir, a la hora de otorgar las referidas autorizaciones, la aplicación de criterios uniformes que garanticen que los productos comercializados no produzcan daño a la salud humana y al medio ambiente.
Además, será dicha Administración la que tiene la competencia para autorizar la utilización confinada y la liberalización voluntaria con fines de investigación y desarrollo o cualquier otro distinto de la comercialización, en los supuestos previstos en la legislación sanitaria y de los productos farmacéuticos, así como los programas de investigación científica y técnica.
Señorías, los principios incorporados a la ley son los que inspiran la regulación en el régimen comunitario, es decir, se trata de adoptar medidas que articulen un régimen de protección de potenciales efectos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana que pudieran derivarse de la utilización inadecuada de estos organismos.
En diciembre de 1996, la Comisión Europea elaboró un informe sobre la aplicación de las dos anteriores directivas ya derogadas, identificando ciertas deficiencias que han dado lugar a la norma que nos ocupa. En primer lugar, no existía una evaluación común del riesgo, convivían criterios diferentes para la comercialización de plantas transgénicas en los distintos Estados miembros, lo que inevitablemente provocaba problemas. En segundo lugar, los procedimientos administrativos eran tremendamente rígidos. En tercer lugar, se detectaba una falta de coherencia entre la investigación y la comercialización, es decir, en la transposición de I+D a las empresas. En cuarto lugar, la complejidad del sistema de autorización para la comercialización, que en ocasiones no determinaba los plazos, originaba retrasos en los expedientes y obligada a la Administración comunitaria a intervenir en la resolución de los mismos. En quinto lugar, se dificultaba la resolución de la controversias a través de los sistemas científicos, ya que en muchos casos se introducían criterios políticos o de oportunidad.
La directiva viene a solucionar estas deficiencias detectadas, a dar respuesta a los temores de la opinión pública respecto a la salud y al medio ambiente, así como a favorecer la competitividad a través de la investigación y la industria, recogiéndose como acciones prioritarias en los programas marco V y VI.
Uno de los objetivos prioritarios de este proyecto es incrementar la trascendencia del procedimiento de adopción de decisiones, reforzar el principio de precaución, caso por caso y paso por paso, lo que quiere decir realizar un análisis exhaustivo del desarrollo de los procesos, y si se produjese una alteración mínima o de duda en los mismos, la Comisión debería recomendar inmediatamente la inmovilización.
En cuanto a los requisitos sobre el etiquetado, a efectos de identificador único y de la trazabilidad, hay también una mayor transparencia e información al público, junto con la incorporación de los postulados del protocolo de seguridad vigente.
Señorías, en el trámite de ponencia admitimos aquellas enmiendas que entendíamos mejoraban el texto, no habiendo podido admitir el resto de las mismas, como ya ha expresado mi compañero, agradeciendo la retirada por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos de las números 49, 75 y 76.
Respecto a las aspiraciones de algunas posiciones autonómicas, queremos dejar muy claro que son los Estados firmantes los responsables...


El señor PRESIDENTE: Por favor, señora senadora, vaya finalizando.


La señora SIMONELLI MUÑOZ: Termino, señor presidente.
Decía que queremos dejar muy claro que son los Estados firmantes los responsables del cumplimiento de la norma y no las comunidades autónomas.
Son ellos los que serán sancionados por su lentitud o por su incumplimiento.
Como decíamos al principio, la ley que ahora debatimos tiene por finalidad adecuar a nuestro ordenamiento jurídico la nueva normativa comunitaria e incorporar determinados preceptos para afrontar las nuevas demandas en relación con la gestión y el control de las actividades de utilización confinada y liberalización voluntaria, incluida la comercialización. Este ha sido el objetivo que entendemos ha quedado cubierto de manera razonable, cumpliendo así con nuestra obligación y responsabilidad como Estado.
Para finalizar, quisiera agradecer el tono con que se ha desarrollado el debate, así como el apoyo de los grupos que van a votar a favor de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señor Gatzagaetxebarría, tiene la palabra por tiempo de dos minutos.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Vamos a dar por retiradas las enmiendas números 49, 75 y 76. Por otro lado, pedimos votación separada de los artículos 3.1.b), 35, 36, 37 y 38, y de las disposiciones adicionales segunda y quinta.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Comenzamos la votación.
En primer lugar, enmienda número 7, de los senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, dos; en contra, 120; abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Votamos el resto de las enmiendas de los citados señores senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, 51; en contra, 120; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por la senadora De Boneta, también del Grupo Mixto, números 15, 16, 17, 20, 21 y 22.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, ocho; en contra, 120; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas enmiendas.
Enmiendas del mismo grupo parlamentario correspondientes a los números 18, 23, 24, 25 y 27.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, 55; en contra, 120; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 19 y 26, de la senadora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, siete; en contra, 169; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Mixto votamos las enmiendas números 28 a 39, presentadas por el senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 56; en contra, 19; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, retiradas las enmiendas números 49, 75 y 76, sometemos a votación las enmiendas números 64 y 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 11; en contra, 169; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por dicho grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 60; en contra, 120; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 78 a 119 y 121 a 125.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 52; en contra, 120; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 168 a 174.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 58; en contra, 120; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Socialista, números 126 a 162 y 164 a 167 bis.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 50; en contra, 119; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, señorías, sometemos a votación el dictamen.
En primer lugar, votamos los artículos 3.1.b) y 35, 36, 37 y 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 175; en contra, siete; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
A continuación, sometemos a votación la disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 178; en contra, uno; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación la disposición final quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 178; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 177; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Continuación):

--DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA COOPERACION DESCENTRALIZADA, APROBADO POR LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES (543/000004).


El señor PRESIDENTE: Señorías, la Presidencia solicita autorización del Pleno para continuar el debate. Queda un único punto del orden del día, el cuarto, que es un informe aprobado por la Ponencia para el estudio de la Cooperación Descentralizada, aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores.
¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento.) Continuamos el Pleno.
En turno para la presentación del informe, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, señor Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo el honor de presentar ante el Pleno el informe de la ponencia que la Comisión de Asuntos Exteriores que presido, en su sesión del 7 de noviembre de 2000, decidió constituir por acuerdo unánime para el estudio sobre cooperación descentralizada. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Dicho acuerdo se tomó a partir de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con fecha 28 de septiembre de 2000 y contó con la aprobación de todos los grupos integrantes de la comisión. Esta iniciativa y el acuerdo consiguiente pueden enmarcarse en una línea de continuidad con los trabajos realizados en anteriores legislaturas por la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con la problemática que plantea la cooperación para el desarrollo.
La Ponencia para el estudio de la Cooperación Descentralizada ha estado integrada por tres representantes del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Socialista y uno en nombre de los restantes grupos que forman parte de la Comisión de Asuntos Exteriores.
La Ponencia para el estudio de la Cooperación Descentralizada celebró su primera reunión el 5 de marzo de 2001, adoptando, entre otros, los siguientes acuerdos: designar como coordinador al senador Fuentes Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, y realizar un plan de comparecencias ante la ponencia. De conformidad con el plan de trabajo aprobado, la primera fase se concretó en la celebración de una serie de comparecencias que tuvieron lugar entre abril de 2001 y junio de 2002.
Finalizadas las comparecencias, la ponencia se reunió los días 30 de octubre de 2002 y 4 de febrero de 2003 para examinar el proyecto de informe, aprobándolo definitivamente en su reunión del día 18 de febrero de 2003. La Comisión de Asuntos Exteriores examinó el informe en su sesión del día 10 de marzo de 2003, aprobándolo por asentimiento y decidiendo, asimismo, elevarlo al Pleno de la Cámara tras su publicación en el Boletín Oficial del Senado de 18 de marzo de 2003.
En resumen, dicho informe considera positivas las iniciativas de diversas comunidades autónomas tendentes a la aprobación de leyes específicas de cooperación para el desarrollo, así como el impulso a la coordinación entre las distintas Administraciones en el campo de la cooperación descentralizada y la elaboración de planes plurianuales que permitan mejorar la eficacia de estos programas. Consecuentemente, el informe aconseja la consolidación de líneas presupuestarias específicas para la sensibilización y educación para el desarrollo descentralizado que promuevan la colaboración de la opinión pública en un esfuerzo sostenido en el campo de la cooperación descentralizada.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Elorriaga.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canarias, tiene la palabra el senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Buenas noches, señor presidente.
Yo no sé si el ambiente está para hacer un discurso, me imagino que no, y como tengo la impresión de que va a haber un apoyo general a este trabajo que ha durado largos meses, simplemente quiero decir que efectivamente todas las comunidades autónomas deben tener una ley que desarrolle su propia capacidad autonómica a estos efectos y que en Canarias en la actualidad las normas y los reglamentos aplicables a la cooperación al desarrollo se encuentran dispersos --no tenemos una ley específica-- en diferentes textos legales en los que se recogen la regulación, la tributación del voluntariado, las organizaciones no gubernamentales, la ley de subvenciones, los decretos de regulación de la cooperación y el de la comisión regional de cooperación al desarrollo. Por lo tanto, es un buen avance que todos nos estimulemos a hacer una ley específica para ello, pero también con la plenitud de la capacidad autonómica de podernos desenvolver sin excesivos controles.


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Para que vean ustedes la importancia que tiene de la cooperación al desarrollo para Canarias, tenemos que decir, por ejemplo, que en nuestra área geográfica, por un lado, o bien en nuestros vínculos históricos, por otro, que es donde nosotros intentamos desarrollar este tipo de cooperación, es decir, entre la América Latina y el Caribe, por ejemplo, hay 110 millones de personas en pobreza prácticamente absoluta y el 24 por ciento de la población vive con menos de un dólar diario. Con esto quiero poner de manifiesto el esfuerzo que debemos hacer todos los que tenemos alguna vinculación al respecto.
Yo, que había traído mi pequeña exposición, como compruebo que no está la situación para ello, termino deseándoles a todos muy buenas noches.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, y sin discursos también, señor presidente.
Intervengo simplemente para anunciar que nuestro grupo, como ya hizo en comisión, votará favorablemente el informe elaborado por la ponencia.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Zubia y buenas noches.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor presidente.
Votaremos a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor presidente.
Seguiremos el ejemplo del señor Molas y del señor Zubia, votaremos a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Fuentes tiene la palabra.


El señor FUENTES GALLARDO: Muchas gracias, señor presidente.
También voy a ser muy breve. Quiero agradecer la amabilidad que tuvieron todos los grupos de esta ponencia de nombrarme coordinador; además, fue una iniciativa de nuestro grupo que se aprobó por unanimidad.
Simplemente quiero decir que era un tema importante y lo seguimos considerando así por dos motivos: Primero, casi el 15 por ciento de toda la ayuda oficial al desarrollo en España la lleva a cabo la cooperación descentralizada, es decir, la cooperación que realizan las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los fondos de cooperación. Y segundo, porque la cooperación descentralizada es una peculiaridad que no existía en ningún país de la Unión Europea y, afortunadamente, hay ya muchos países que están tomando nota de ello y la están implantando en sus territorios.
Termino dando las gracias por el trabajo realizado por la comisión y manifestando que es una buena ponencia, un buen documento para evitar las disfunciones que pueden plantearse a la hora de llevar a cabo la cooperación que se realiza entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Barceló tiene la palabra.


El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, no obstante, cuando hemos llegado a este momento, es conveniente de alguna manera hablar de la labor que se ha realizado.
La verdad es que la creación de esta ponencia no ha sido nada novedosa.
Ya el Senado, como bien ha manifestado el señor presidente de la comisión, en otros momentos ha tenido interés en mostrar la necesidad de marcar unas normas y recomendaciones para el desarrollo de esta actividad.
El espíritu que ha presidido el trabajo de esta ponencia ha sido en todo momento el de la solidaridad e inquietud para alcanzar el buen fin de la gestión que realizan esas ofertas al respecto.
Nos hemos basado en las valiosas aportaciones realizadas en las comparecencias por los responsables tanto de las administraciones locales y territoriales, como de las ONG y de la propia Administración del Estado, dándonos a conocer sus experiencias sobre la metodología de estudios, sobre las bases de datos, la utilización de fondos, la cooperación técnica y formativa, todos ellos asistidos con un único afán: el de es luchar contra la pobreza. Nuestra valoración es el reconocimiento a todos ellos por el loable esfuerzo que realizan en favor de los demás.
Importante es señalar que no hay que confundir la cooperación descentralizada para el desarrollo con la ayuda o asistencia humanitaria.
La cooperación descentralizada para el desarrollo tiene como objetivo colaborar para fortalecer la capacidad de desenvolvimiento de aquellas sociedades que lo precisen con el fin de rentabilizar sus recursos propios en su propio beneficio.
En todas las reuniones mantenidas por esta ponencia ha prevalecido el deseo de que esos estudios sean válidos como un instrumento para alcanzar una mejorar coordinación entre los agentes actuantes, pensando siempre en que los fondos disponibles y gestionados deben servir para mejorar

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el nivel de vida de los más desafortunados, debiendo dirigirse especialmente a la sanidad, salubridad, educación y formación, para que de esta manera sean ellos mismos los que hagan sostenible en el tiempo el esfuerzo ejecutado y éste sirva realmente para conseguir el desarrollo de esa propia sociedad.
Es posible que para muy pocas personas o para algunas personas la cooperación para el desarrollo se considere como una ayuda de beneficencia. En nuestra opinión, la cooperación significa potenciar un desarrollo sostenible y, por tanto, debe ejercerse con responsabilidad y con una buena gestión.
Hoy, señorías, señor presidente, sometemos a esta Cámara un texto coincidente por todos los ponentes sin más color político que la congruencia, la inquietud, la solidaridad y, sobre todo, la buena voluntad. Con ello, hemos pretendido ordenar y marcar unas normas de ejecución de los que descentralizadamente y con buena voluntad acomenten programas de cooperación tendentes a mejorar la calidad de vida de determinados países o zonas, advirtiendo que estos deben ser inspirados en el buen resultado para que sean los propios beneficiarios los que hagan sostenible y rentable este esfuerzo.
La cooperación siempre debe considerarse como una acción de Estado, lo que supone marcar pautas y seguir para administrar los fondos disponibles y convertir esta acción en algo positivo, logrando la meta propuesta, inspirada por el Gobierno, con la colaboración válida o muy válida de las comunidades autónomas, de los entes locales y de las ONG.
Señorías, señor presidente, quiero expresar mi gratitud a todos cuantos han hecho posible la elaboración de este informe, así como al letrado y, cómo no, a los propios ponentes.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Barceló.
La Presidencia entiende que del contenido de las intervenciones de los distintos portavoces se puede aprobar este informe por asentimiento.
(Pausa.) En consecuencia, queda aprobado señorías.
Se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos.


CORRECCION DE ERRORES: En el «Diario de Sesiones» número 125, página 7718, que contiene el sumario de la sesión, donde dice: «En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores ... Saavedra Fajardo...», debe decir: «En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores ... Saavedra Acevedo...».

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