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DS. Senado, Pleno, núm. 157, de 30/10/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2003 VII Legislatura
Núm. 157
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el jueves, 30 de octubre de 2003


ORDEN DEL DIA:

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley General Presupuestaria. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 162, de fecha 27 de octubre de 2003). (Número de expediente S.
621/000162) (Número de expediente C. D. 121/000165)

--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de Montes. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 141, de fecha 27 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000141). (Número de expediente C. D. 121/000138).


--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley del ruido. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 142, de fecha 24 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000142). (Número de expediente C. D. 121/000140).


--De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 148, de fecha 27 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000148). (Número de expediente C. D. 121/000150).


--De la Comisión de Infraestructuras en relación con el Proyecto de Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 143, de fecha 24 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000143). (Número de expediente C. D.
121/000141).


Página 9778


--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 145, de fecha 28 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000145). (Número de expediente C. D. 121/ 000145).


(Corrección de errores del Diario de Sesiones número 156.)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 9786)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley General Presupuestaria. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 9786)

El señor Alcalde Sánchez, vicepresidente primero de la comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Bru Parra defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Mixto; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bru Parra, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 57 votos a favor, 135 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 56 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 52 y 53. El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 6 a 50. El señor Mendoza Cabrera defiende las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 54 a 56, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Se dan por defendidas las enmiendas números 118 a 164, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 103 a 117, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mansilla Hidalgo defiende las enmiendas números 57 a 102, del Grupo Socialista. El señor Villanova Rueda consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Mendoza Cabrera, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Villanova y Rueda, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 52, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 62 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 53, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 128 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 6 a 50, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 59 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 10 votos a favor, 182 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 54 a 56, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 71 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 118 a 128, 132 a 134 y 154 a 160, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 69 votos a favor, 133 en contra y 3 abstenciones.


Página 9779


Se rechaza la enmienda número 156, del mismo grupo parlamentario, por 71 votos a favor y 133 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 61 votos a favor, 134 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 103 a 117, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 20 votos a favor, 179 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 57 a 67, 71 a 73, 93 y 98, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 137 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 59 votos a favor, 136 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara una corrección de errores, firmada por todos los grupos parlamentarios.


Se aprueba el texto del dictamen por 136 votos a favor, 59 en contra y 10 abstenciones.


De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de Montes (Página 9805)

El señor Bernáldez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Bella Galán defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista. El señor Arribas Aragonés consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Bella Galán, por el Grupo Socialista, y Arribas Aragonés, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 54 votos a favor, 132 en contra y 16 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 52 votos a favor, 135 en contra y 15 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 40. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 41 a 54, de la señora De Boneta y Piedra, y 55 y 56, del señor Mur Bernad, del mismo grupo parlamentario, al tiempo que defiende las números 57 a 74. El señor Arroyo Hodgson defiende las enmiendas números 209 y 210, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos números 7 a 82, 84 a 106, 108, 110 a 119, 121, 122, 124, 125, 127 a 138, 140 a 155, 157 a 176 y 181 a 208, así como ocho enmiendas transaccionales en comisión por las que se modifican el artículo 11 y la disposición adicional décima y se introducen cinco nuevas disposiciones adicionales. El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas números 211 a 338, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Servià i Costa defiende las enmiendas números 476 a 529, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Lago Lage defiende las enmiendas números 339 a 475, del Grupo Socialista. El señor Fernández López consume un turno en contra.


Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farrán, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lago Lage, por el Grupo Socialista, y Fernández López, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 55, del señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 121 en contra y 65 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 56, del señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 175 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 5, 8, 14, 15, 21, 22 y 25, de los Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 9, 16, 23 y 33, de los mismos señores senadores, por 2 votos a favor, 125 en contra y 63 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 54 votos a favor, 122 en contra y 15 abstenciones.


Página 9780


Se rechaza la enmienda número 41, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 57 votos a favor, 119 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42 y 50, de la misma señora senadora, por 6 votos a favor, 172 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 161 en contra y 22 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 61 y 62, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 58 votos a favor, 121 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 57 a 60, 69 y 71, del mismo señor senador, por 56 votos a favor, 122 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 64 y 68, del mismo señor senador, por 7 votos a favor, 122 en contra y 61 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 73, del mismo señor senador, por 4 votos a favor, 122 en contra y 65 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 65 a 67 y 70, del mismo señor senador, por 7 votos a favor, 171 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 174 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 209 y 210, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 6 votos a favor, 176 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 75, 90, 92, 113 a 116 y 119, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 174 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 86, 87, 91, 110, 111, 124, 128 a 130, 133 y 134, del mismo grupo parlamentario, por 68 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 93, 94, 102, 103, 109, 120, 122, 123, 125, 126, 128 a 132 y 135, del mismo grupo parlamentario, por 15 votos a favor, 122 en contra y 55 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 83 a 85, 95, 105, 118, 137, 143 a 145, 153, 166, 197 y 198, del mismo grupo parlamentario, por 12 votos a favor, 125 en contra y 55 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 78 a 80, 106, 108, 127, 138, 140, 141, 146, 149, 152, 155, 161, 163, 164, 168, 171, 174 a 176, 181, 182, 186, 190, 192, 195, 199 a 201, 203, 205 y 207, del mismo grupo parlamentario, por 65 votos a favor, 123 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba una enmienda transaccional por la que se establece una nueva disposición adicional relativa a la modificación de la Ley 4/1989, apartado 1, por 189 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 14 votos a favor, 120 en contra y 58 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 274 y 310, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 123 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 217, 175, 306 a 309, del mismo grupo parlamentario, por 57 votos a favor, 121 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 318, 319, 320 y 332, del mismo grupo parlamentario, por 64 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 54 votos a favor, 123 en contra y 14 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 476 y 480, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 21 votos a favor, 122 en contra y 49 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 477, 492, 494, 497, 527 y 529, del mismo grupo parlamentario, por 19 votos a favor, 122 en contra y 49 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 484, 485, 486, 490, 491, 498, 500, 501, 503, 504 y 509, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 68 votos a favor, 123 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 479, 483, 499, 510, 511, 513, 514, 516, 520 a 526 y 528, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 64 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 478, 481, 487 a 489, 495, 496, 502 y 505 a 508, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 23 votos a favor, 168 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 16 votos a favor, 170 en contra y 5 abstenciones.


Página 9781


Se rechazan las enmiendas números 345, 379, 407, 408, 442 a 446 y 451, del Grupo Socialista, por 58 votos a favor, 123 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 55 votos a favor, 123 en contra y 14 abstenciones.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara una propuesta de modificación del dictamen, firmada por todos los grupos parlamentarios.


Se aprueban el artículo 38 y las disposiciones adicional décima y finales primera y segunda del dictamen por 178 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueban los artículos 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 23, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 47, 48, 54, 56 y 63, así como las disposiciones adicionales primera y cuarta del dictamen y la exposición de motivos por 128 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueban los artículos 12, 13, 15, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 40, 44, 50, 57 y 67, así como la disposición adicional segunda del dictamen por 127 votos a favor, 3 en contra y 62 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones transitorias por 178 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 180 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley del ruido (Página 9835)

El señor Bernáldez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Servià i Costa defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Bella Galán defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos El señor Llanos Vera consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cuenca Cañizares, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Batlle Farràn, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bella Galán, por el Grupo Socialista, y Llanos Vera, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 64 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 63 votos a favor, 130 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 62 votos a favor, 130 en contra y 5 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto. El señor Arroyo Hodgson defiende la enmienda número 133, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 40 a 132, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Batlle Farrán defiende las enmiendas números 134 a 177, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Servià i Costa defiende las enmiendas números 221 a 249, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor González López defiende las enmiendas números 178 a 191, 193, 194 y 197 a 220, del Grupo Socialista. La señora España Moya consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y González López, por el Grupo Socialista, así como la señora España Moya, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 13, 17, 19, 20 y 21, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 51 votos a favor, 125 en contra y 18 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 5 a 8, de los mismos señores senadores, por 2 votos a favor, 128 en contra y 63 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 172 en contra y 19 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 22, 23, 24, 26 y 27, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 127 en contra y 60 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 30 y 31, de la misma señora senadora, por 55 votos a favor, 127 en contra y 12 abstenciones.


Página 9782


Se rechazan las restantes enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 6 votos a favor, 175 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 133, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 19 votos a favor, 127 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 41, 45, 46, 52, 63, 70 a 72, 84 a 86, 98 a 112, 116 a 120 y 123, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 126 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 44, 53, 59, 62 y 113, del mismo grupo parlamentario, por 66 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 18 votos a favor, 175 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 147 y 148, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 62 votos a favor, 128 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés 50 votos a favor, 126 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 221, 223, 236 y 145, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 24 votos a favor, 127 en contra y 43 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 222, 241, 243, 244, 246, 247 y 249, del mismo grupo parlamentario, por 67 votos a favor y 126 en contra.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 23 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 178 a 191, 193, 194 y 197 a 220, del Grupo Socialista, por 49 votos a favor, 126 en contra y 18 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1, 8 y 12 del dictamen y la exposición de motivos por 129 votos a favor, 16 en contra y 49 abstenciones.


Se aprueba el resto del articulado y las disposiciones adicionales primera, cuarta y décima, transitorias primera y segunda y finales primera y segunda del dictamen por 127 votos a favor y 67 en contra.


Se aprueban las restantes disposiciones adicionales, transitorias y finales del dictamen por 178 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley de ordenación de las profesiones sanitarias (Página 9856)

La señora Coloma Pesquera presenta el dictamen.


Se inicia el debate de la propuesta de veto.


El señor López Carvajal defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. El señor Antón Rueda consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Antón Rueda, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto numero 1, del Grupo Socialista, por 49 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.


Comienza el debate del articulado.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 27. El señor Rodríguez Díaz defiende las enmiendas números 53 a 63, 65 a 76, 79, 80 y 82 a 89, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 29 a 52 y retira la número 28, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 95, 96, 100, 101, 103, 104 y 112, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Beguer i Oliveres defiende las enmiendas números 155 a 164, 167 a 172, 174, 176 a 180 y 183 a 185, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Socías Puig defiende las enmiendas números 113 a 129, 131 a 142 y 144 a 154, del Grupo Socialista. Los señores Antón Rueda, Castell Campesino y Espuela Orgaz consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Antón rueda, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 11, del Quintana González, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 123 en contra y 53 abstenciones.


Página 9783


Se rechaza la enmienda número 16, del mismo señor senador, por 17 votos a favor, 123 en contra y 47 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 15 y 27, del mismo señor senador, por 9 votos a favor, 123 en contra y 55 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 3, 5, 10, 12, 14, 19, 20 y 22, del mismo señor senador, por 7 votos a favor, 122 en contra y 59 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2, 4, 6 a 9, 13, 17, 18, 21 y 23 a 26, del mismo señor senador, por 2 votos a favor, 123 en contra y 62 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 16 votos a favor, 124 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 56, 66, 68, 76, 84 y 89, del mismo grupo parlamentario, por 5 votos a favor, 123 en contra y 60 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria por 9 votos a favor, 123 en contra y 55 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 48, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 123 en contra y 56 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 52, del mismo grupo parlamentario, por 6 abstenciones. 122 en contra y 60 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 15 votos a favor, 124 en contra y 49 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 52 votos a favor, 123 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 100, del mismo grupo parlamentario, por 49 votos a favor, 123 en contra y 16 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 104, del mismo grupo parlamentario, por 53 votos a favor, 123 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 56 votos a favor, 122 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 155, 156 y 163, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 123 en contra y 53 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 180 y 185, del mismo grupo parlamentario, por 16 votos a favor, 122 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 157 a 162, 164, 179 y 183, del mismo grupo parlamentario, por 17 votos a favor, 123 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 167 a 172, 174, 176 a 178 y 184, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 21 votos a favor, 122 en contra y 44 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo Socialista, por 60 votos a favor, 123 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 128, del mismo grupo parlamentario, por 61 votos a favor, 124 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 129, del mismo grupo parlamentario, por 59 votos a favor, 123 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 132, del mismo grupo parlamentario, por 61 votos a favor, 123 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 136, 147 y 154, del mismo grupo parlamentario, por 63 votos a favor, 123 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 113, 127, 134, 135, 138 y 139, del mismo grupo parlamentario, por 56 votos a favor, 123 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 116, 117, 122 y 148, del mismo grupo parlamentario, por 52 votos a favor, 123 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 114, 115, 118, 131, 133, 137, 141, 150, 151 y 153, del mismo grupo parlamentario, por 53 votos a favor, 123 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 119 a 121, 124 a 126, 140, 142, 144 a 146, 149 y 152, del mismo grupo parlamentario, por 49 votos a favor, 122 en contra y 17 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen, relativa al artículo 10.1, párrafo segundo, por 178 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen relativa a la disposición final primera, número 4, nuevo, por 188 votos a favor de los 188 emitidos.


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Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen relativa a la disposición adicional décima, nueva, por 180 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.


Se aprueba una propuesta de modificación del dictamen relativa al preámbulo de la ley, apartado III, último párrafo, por 188 votos a favor de los 188 emitidos.


Se aprueban los artículos 10, 14.2, 15, 18.1, 19, 22.2, 23.2, 25.2 y 33.4 del dictamen por 179 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el artículo 23.3 del dictamen por 181 votos a favor y 7 abstenciones.


Se aprueban los artículos 29.1.b), 31.1.e), 47 y 48 del dictamen por 132 votos a favor, 50 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1, 8, 13, resto del 14, 16, 17, resto del 18, 20, 21, resto del 22, resto del 23, 24, resto del 25, 26, 32, resto del 33, 37, 40 a 46, 50 y 51 del dictamen por 186 votos a favor y 1 en contra.


Se aprueban los artículos 2.1 y 4, 5.2, 12.3, 27.2 y 3, 39.1 b), d) y f) y 2 del dictamen por 135 votos a favor y 53 en contra.


Se aprueba la disposición adicional primera , apartado 2 del dictamen por 132 votos a favor, 49 en contra y 7 abstenciones. Se aprueba la disposición adicional cuarta del dictamen por 183 votos a favor y 5 en contra.


Se aprueba la disposición adicional décima, nueva, del dictamen por 182 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta y sexta, transitorias primera a quinta y sexta, nueva, final primera del dictamen y la exposición de motivos por 188 votos a favor de los 188 emitidos.


Se aprueba el resto del dictamen por 136 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.
El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Infraestructuras en relación con el Proyecto de Ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general (Página 9880)

El señor Burgos Beteta, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.


Se da por defendida la propuesta de veto número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Beguer i Oliveres defiende la propuesta de veto número 6, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Carracao Gutiérrez defiende la propuesta de veto número 5, del Grupo Socialista. El señor Fajarnés Ribas consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Carracao Gutiérrez, por el Grupo Socialista, y Fajarnés Ribas, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 54 votos a favor, 116 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 61 votos a favor y 116 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 61 votos a favor, 115 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la propuesta de veto número 6, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 61 votos a favor y 116 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, del Grupo Socialista, por 61 votos a favor y 116 en contra Comienza el debate del articulado.


Se dan por defendidas las enmiendas números 1 a 27, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, y 28 a 68, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Rodríguez Díaz defiende las enmiendas números 120 a 156, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 69, 72, 73, 75, 78 a 80, 82 a 102, 104 y 106 a 119, así como dos transaccionales en comisión, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 157 a 181, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Beguer i Oliveres defiende las enmiendas números 527 a 531, 534 a 591, 593 a 618, 620 y 621, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Oria Galloso defiende las enmiendas números 182 a 526, del Grupo Socialista. El señor Cacharro

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Pardo consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Oria Galloso, por el Grupo Socialista, y Cacharro Pardo, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 2, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor, 119 en contra y 49 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 120 en contra y 59 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 32, 33, 58 y 59, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 119 en contra y 56 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 120 en contra y 54 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 126 a 132, 139, 142, 143, 150 y 154, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 15 votos a favor, 119 en contra y 46 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, 8 votos a favor, 120 en contra y 52 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 15 votos a favor, 119 en contra y 46 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 44 votos a favor, 118 en contra y 18 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 12 votos a favor, 120 en contra y 48 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 340 a 342, del Grupo Socialista, por 51 votos a favor, 119 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 44 votos a favor, 120 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueban varias propuesta de modificación del dictamen con números de registro 56562 a 59570 por 134 votos a favor, 44 en contra y 1 abstención.


Se aprueban los artículos 14 a 30, 96 y 110 del dictamen por 124 votos a favor, 48 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueba el artículo 1 y las disposiciones transitorias primera, segunda y quinta del dictamen por 130 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del dictamen por 121 votos a favor, 58 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Página 9905)

El señor Moya Sanabria, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


La señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2 y da por defendida la número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del mismo grupo parlamentario. El señor Molas i Batllori defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Marín Rite defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. El señor Prada Presa consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Marín Rite, por el Grupo Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, po 41 votos a favor, 128 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 41 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 41 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista, por 41 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones.


Se suspende la sesión a las tres horas y quince minutos del día 31 de octubre.


(El debate de este proyecto de ley continúa en el «Diario de Sesiones» número 158.)

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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY GENERAL PRESUPUESTARIA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S.
621/000162) (C. D. 121/000165).


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Entramos en el dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley general presupuestaria. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la comisión correspondiente, senador señor Alcalde.


El señor ALCALDE SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde el honor de presentar ante la Cámara el dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley general presupuestaria. Este proyecto tuvo entrada en el Senado y fue publicado el día 10 de octubre de 2003, abriéndose el correspondiente plazo de enmiendas que concluyó el día 14 del corriente. Dicho plazo fue ampliado hasta el día 16 del mismo mes. A este proyecto de ley se han presentado dos propuestas de veto y 186 enmiendas.
La Comisión de Presupuestos se reunió el día 14 de octubre para designar ponencia, cuya reunión tuvo lugar el día 22 de octubre emitiendo su informe con la incorporación de las 22 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. La comisión dictaminó sin introducir modificaciones con respecto al texto del informe de la ponencia. El dictamen fue publicado el día 27 de octubre de 2003. Para su debate en el Pleno se han presentado siete votos particulares que postulan mantener las dos propuestas de veto y 163 enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se han presentado dos propuestas de veto que se debatirán a continuación.
En primer lugar, propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Tiene la palabra el senador señor Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Los senadores de Izquierda Unida entendemos que este proyecto de ley general presupuestaria es necesario, pero pensamos que tiene importantes déficit, que no se acomoda a los nuevos tiempos y que, además, sería preciso un nuevo texto que, de una vez por todas, nos llevara a que entre el Gobierno y los ciudadanos, entre el Gobierno y las instituciones, entre el Gobierno y aquellos que ejercemos el control de la actividad del mismo no nos hiciéramos ningún tipo de trampa.
Esto significa que la ley presupuestaria debe contener la definición de transparencia y seguridad. En este sentido, los ciudadanos, los que ejercemos el control y fiscalización del Gobierno y todas y cada una de las administraciones y organismos implicados cuando el Gobierno elabora un presupuesto, tenemos que estar convencidos de la veracidad de lo que en él se establece. Debería contener esos elementos de eficacia, garantía y seguridad y --hablando en un tono coloquial-- deberíamos tener la seguridad de que ocurre lo mismo que en casa cuando hacemos las cuentas, elaboramos un presupuesto y preparamos qué vamos a hacer durante todo el año. En casa acordamos, con nuestros hijos y familia, que con los ingresos que vamos a tener durante el año, ya sea por la nómina o por lo que conseguimos ahorrar, vamos a comprar --y perdónenme el tono coloquial y doméstico-- un chándal nuevo, algunos libros y a lo mejor la bicicleta; en casa establecemos un mecanismo y decidimos que, si llega dinero nuevo por cualquier motivo, porque hemos ganado más o hemos hecho algún trabajo especial, compraremos la bicicleta y, si tenemos dificultades y no contamos con el dinero previsto, recortaremos gastos y no compraremos, por ejemplo, los libros.
De esta manera, en casa todos estamos contentos: la compañera, el compañero, los hijos; todos estamos contentos porque sabemos cómo vamos a operar, tanto si hay ingresos nuevos como si no. El problema surge cuando el que maneja el dinero en casa no cumple lo pactado y, si llegan nuevos ingresos, decide que se utilizarán para otra cosa; también puede ocurrir que a lo largo de todo el mes, según van llegando los ingresos, el que organiza la economía doméstica derive el dinero hacia otros objetivos que no estaban previstos. Entonces, se produce un problema de indefensión e inseguridad y --dicho coloquialmente-- malestar, porque los que componen la unidad familiar entienden que se han hecho trampas y no se ha cumplido lo pactado y discutido. He querido definir esta situación en términos coloquiales y domésticos para que entiendan que, a nuestro juicio, la ley presupuestaria debe ser, además de una importante ley, una especie de regla por la que asumimos que el Gobierno no va a hacer trampas ni a los administrados, ni a las administraciones, ni a aquellos que ejercen la fiscalización y control.
Por lo tanto, lo más importante es que la ley contemple todos y cada uno de los mecanismos, y el primero es ver cómo conseguimos que todas las administraciones y administrados tengan la posibilidad --y hay mecanismos para ello-- de proponer y decidir cómo se gasta y cuáles son las prioridades del gasto. Está claro que ahora no están incluidos, y es que el modelo presupuestario que plantea el Partido Popular dista bastante de la filosofía que nosotros defendemos, que no es otra que la de incorporar a la ciudadanía en la definición y propuesta de las prioridades del gasto público una vez que se ha apartado lo fundamental para el

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funcionamiento del Estado; nosotros creemos que, una vez apartado el gasto necesario para la marcha del país, debemos incorporar a la ciudadanía en el debate sobre las inversiones prioritarias. Eso significa tener una concepción filosófica distinta de la técnica y de la idea de cómo se conforma un presupuesto.
Tenemos claro que hay que buscar los ingresos y asegurarse de que todo el mundo cotiza y hace sus aportaciones, porque esos ingresos tienen que ser destinados a ciertas políticas; no es más que un elemento de redistribución y cohesión social y --por qué no decirlo-- de devolución por parte del Estado de aquello que hemos aportado todos solidariamente y que se distribuye con criterios de cohesión social. Nosotros haríamos una ley general presupuestaria con esos objetivos.
Ya he explicado cómo debe ser la técnica en una ley presupuestaria y la importancia de que no nos hagamos trampa, lo que ocurre es que el Gobierno hace una ley muy precipitada para, después, someterla a un desarrollo reglamentario, que no sabemos cuándo elaborará. La práctica habitual del Gobierno es utilizar la ley de estabilidad presupuestaria, esa importante ley de estabilidad presupuestaria, como cajón de sastre para meter las modificaciones legislativas que le permiten cumplir los objetivos que se ha planteado. ¿Para qué queremos una ley presupuestaria, si después el Gobierno, el padre de familia, va a hacer lo que le da la gana; perdón, va a hacer lo que considera conveniente? He hablado de la necesidad de cumplir el pacto, de hablar con claridad y de no hacernos trampa, y para ello debemos incorporar en la ley presupuestaria todos y cada uno de los mecanismos que garanticen la transparencia, la eficacia, etcétera. Como decía antes, también hay que evitar tener otros elementos o mecanismos con los que el Gobierno pueda dar un giro a lo pactado.
El Gobierno siempre elabora la ley presupuestaria con el famoso síndrome del déficit cero; este déficit cero, que no es una obligación --y creo que en este momento está bastante claro que no lo es--, se ha planteado como un elemento clave de definición y actúa a la vez de corsé en el desarrollo de las políticas sociales. Sepan que en el ámbito de la Unión Europea lo que se recomienda es no superar el 3 por ciento, pero entre el 0 y el 3 por ciento del PIB --como veremos todos-- hay tres dígitos importantes para poder actuar a la hora de hacer políticas sociales, invertir en infraestructuras públicas, fomentar la cohesión y desarrollar, en definitiva, tantas políticas que en este momento son deficitarias en nuestro país, no solamente en materia de empleo sino también en materia social, educativa, sanitaria, etcétera.
Nos preocupa que el Gobierno confunda rigor en la ejecución presupuestaria y la necesaria transparencia en las cuentas públicas con las restricciones del gasto público. Y volviendo a lo mismo, el famoso déficit cero es un importante corsé que claramente supone una confrontación entre lo que intentamos armonizar en los papeles, con textos como el que estamos discutiendo, y la realidad cotidiana. El Gobierno tiene un elemento que le condiciona, el déficit cero, y luego en cada ejercicio presupuestario utiliza la ley de acompañamiento para meter o modificar todos los elementos que le convienen; en realidad, son capaces de hacer de todo con ese cajón de sastre. Por lo tanto, no tenemos la seguridad de que esta ley presupuestaria cumpla verdaderamente el objetivo que todos y cada uno creíamos que tenía.
Pero, además, esta ley no resuelve algunos de los problemas que en la actualidad estamos debatiendo. Esta semana se están discutiendo en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, que próximamente debatiremos en esta Cámara, pero ya han surgido los primeros problemas. Frente a la aportación del Gobierno, que dice que no solamente se mueve en el ámbito del déficit cero sino que tiene un superávit del 0,5 por ciento del PIB --o sea, da un déficit positivo--, tenemos un importante problema. Parece que queda claro que no solamente es incierto --por lo tanto, se miente o confunde a la ciudadanía cuando se dice que estamos ante un déficit positivo del 0,5--, sino que se oculta con diferentes trampas presupuestarias --y nadie garantiza que no vuelva a hacerse en la elaboración del presupuesto para los próximos años-- una deuda que puede rondar el 1,5 del PIB a través de avales, deuda diferida a largo plazo, etcétera.
He empezado planteando que a los senadores de Izquierda Unida nos gustaría que esta ley sirviera para que hubiera transparencia y eficacia, así como para implicar a la ciudadanía; esta ley tendría que tener como prioridad el gasto social y la inversión pública, pero entre nosotros no nos podemos hacer trampas, ni siquiera en la soledad.
Necesitamos que la ciudadanía confíe en su Administración, en su Estado, en sus comunidades, en sus ayuntamientos, pero para ello tiene que haber transparencia y participación, no puede decirse que aquí hacemos las cosas de una forma y luego plantear una ley de acompañamiento que modifica, que hace, que permite, que resuelve, que altera todo el ordenamiento que tenemos aprobado en cada uno de los cuerpos legislativos para conseguir los objetivos del Gobierno, objetivos que, a nuestro entender, son erróneos porque a lo que nos conducen es a que no haya desarrollo suficiente en este país, a que no haya inversión pública, a que no se atiendan las prioridades sociales en educación, salud, etcétera, a que no haya investigación ni desarrollo. Pero no solamente nos conducen a estos parámetros, sino que además nos engañan, nos confunden, nos hacen trampas --no hay que confundir déficit con deuda-- y nos esconden problemas serios, con unos endeudamientos importantes camuflados. No se contemplan en la Ley General Presupuestaria los mecanismos para que todos conozcamos la realidad. Eso es tan importante como lo que decía al inicio de mi intervención. En casa todos tenemos que saber lo que entra, todos tenemos que acordar y discutir a qué lo destinamos y cuáles son las prioridades, pero seguro que en casa nadie nos permite que hagamos trucos con los recursos y mucho menos que hagamos trucos con los gastos y que al final llevemos a la quiebra a nuestra familia y a nuestro hogar. Por lo tanto, aquí debemos pactar y definir adecuadamente una norma y creemos que esta propuesta no lo cumple, por lo que es el momento de retirarla, discutirla y elaborarla con el consenso de los partidos

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políticos y con la incorporación de las aportaciones de las diferentes comunidades.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el senador señor Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Señorías, comienzo mi intervención lamentando la ausencia del ministro, señor Montoro, a la hora de presentar ante el Senado un proyecto de ley de tanta transcendencia como el que ahora nos ocupa y que además, a mayor abundamiento, tanto desde el propio ministerio como desde la propia y ampulosa exposición de motivos --luego entraremos en ella-- no se recatan en presentarlo como un proyecto de ley histórico. Decía incluso el portavoz popular en el Congreso de los Diputados, el señor De Juan, de forma un tanto hiperbólica, a mi juicio, que pasaría al panteón legislativo con el mismo rango que las reformas de Mon o de Fernández Villaverde o de Flores de Lemus. Insisto, me parece un tanto hiperbólico.
Aparte, lamento doblemente la ausencia del señor Montoro, porque me gustaría que nos ilustrase --porque, a mi juicio, esta referencia histórica es de inequívoca procedencia ministerial-- acerca de qué reforma presupuestaria acometió el benemérito profesor y funcionario don Antonio Flores de Lemus, porque a nosotros, hoy por hoy, se nos escapa, a no ser que se refiera a la intentona frustrada de Calvo Sotelo en 1926; puede que sea ésta porque Calvo Sotelo, para satisfacer la obsesión por el equilibrio, por la apariencia de equilibrio presupuestario del general Primo de Rivera, compartida por el señor Montoro, ya se inventó el presupuesto doble: por una parte, el presupuesto ordinario equilibrado y, por la otra, el extraordinario, campando por los ubérrimos terrenos del déficit y la deuda pública. En fin, algo parecido a lo que ocurre desde hace unos años con los presupuestos generales del Estado en España, sólo que en nuestros días con algo más de sofisticación, más maquillado, más alambicado --luego lo veremos--, ya sea camuflando gran parte de la inversión pública, ya sea camuflando la deuda, el agujero negro de Radiotelevisión Española, o ya sea creando docenas de empresas públicas, simplemente instrumentales para contribuir a disimular el déficit real.
En definitiva, este doble mecanismo no es nuevo en las técnicas presupuestarias en España, será una simple casualidad histórica o quizá que siempre que pasa igual ocurre lo mismo.
En cualquier caso, vuelvo al comienzo de mi intervención diciendo que este debate no comienza, a mi juicio, con buen pie debido a la ausencia del señor Montoro, cuya presencia, no me negarán sus señorías, hasta ahora en esta Cámara venía siendo habitual en los grandes debates y que hoy se rompe, perdiendo así el señor Montoro una de las escasas virtudes que a nuestros ojos le adornaban, aunque no es menos cierto su comatoso estado físico, ayer vimos por televisión que le fallaba la voz. (Un señor senador: ¡Por favor, hombre!) Lamento la irascibilidad del señor Montoro, que contagia a su grupo, pero vuelvo a decir que su lamentable estado físico --corrijo--, debido a su fallo de la voz, y no menos lamentable estado político, debido a su pensamiento disgregado y su absoluta irascibilidad, ya presagiaban su ausencia. En cualquier caso, este segundo estado, el político--mental confuso e irascible, es habitual en el señor Montoro. El otro, el físico, me parece sobrevenido y desde aquí le deseamos, con toda cordialidad, un pronto restablecimiento.
En cualquier caso, no nos vale como excusa la cercanía de este debate con el celebrado ayer, que acabó a las once de la mañana, es decir, hace ya bastantes horas. Señorías, no somos nosotros los que fijamos el calendario legislativo, no somos nosotros los que hemos convertido este período de sesiones final de la legislatura en una fábrica de churros legislativa, y empleo el término en su sentido anfibológico tanto por la desmesurada longitud de la serie de proyectos que aquí se nos remiten, como en su acepción de bodrios, como en su sentido de proyectos que en su mayor parte la propia precipitación en su redacción los convierte en textos cuando no de ínfima calidad sí en su mayoría manifiestamente mejorables. Si como muestra vale un botón, el texto que hoy nos ocupa es paradigmático en tal sentido, comenzando por la propia exposición de motivos, que constituye en sí misma motivo más que suficiente, valga la redundancia, para rechazar la ley en su totalidad por su carácter ampuloso, pretencioso, retórico, rimbombante, huero, vano y, lo que es peor, falaz, inexacto, mendaz en suma. No es el preámbulo a un texto legal de la importancia que este reviste, es un ejemplo de literatura de agitación y propaganda meramente electoral, totalmente partidista.
Les voy a hacer gracia a sus señorías de un análisis pormenorizado del texto y me ceñiré a unas cuantas perlas cultivadas que lo adornan. Así, se habla sin rubor de que con esta ley se da traslado a la norma --cito del texto-- de las más modernas y novedosas teorías y técnicas de presupuestación, control y contabilidad en el ámbito de la gestión pública, toda vez que el avance tecnológico ya permite la introducción de estas mejoras en los procedimientos de información y presupuestación para lograr una gestión eficiente. Fin de la cita. Loable y razonable intención que compartimos, pero ¿saben sus señorías cómo, cuándo y dónde se sustancian? No lo busquen en el proyecto de ley elaborado por el Gobierno, ni siquiera en el texto remitido por el Congreso al Senado, tras su pase por ponencia, comisión y Pleno, no, se incorpora aquí mismo.
En su trámite final caen por fin en la cuenta de que en todo el texto no se recoge la menor referencia a los nuevos sistemas de información y control y el Grupo Parlamentario Popular en el Senado tiene que presentar una enmienda, concretamente la número 184, en la que incluye una disposición adicional sobre la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones. Parece increíble, señorías, pero desgraciadamente es cierto.
Igualmente se habla de que la política de estabilidad presupuestaria permite y ha permitido orientar el presupuesto hacia aquellas políticas que más favorecen la productividad, como son la inversión en infraestructuras y el

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gasto en I+D, al tiempo que garantizan una cobertura holgada en el gasto social. En fin, yo creo que podrían haber buscado ejemplos o referencias más desafortunadas pero hubiera sido difícil encontrarlas.
Referirse a la productividad española, que está en caída libre desde 1996, no sé si calificarlo de inconsciencia o de un ejercicio subconsciente de masoquismo político, porque, precisamente según el último informe del comisario Liikanen, España es el único país de la Unión Europea donde el índice de productividad industrial ha caído desde 1996. Frente a un crecimiento medio en la Unión Europea de un 3,2 por ciento, nuestro país sufre una tasa negativa del 1,4 por ciento.
Se habla de infraestructuras, cuando en España, en el Ministerio de Fomento, donde según la afortunada expresión de mi compañero, el senador Rodríguez Cantero, parece vivirse añorando todavía la época de los peones camineros, acabamos de asistir con pasmo y desazón a los reiterados fiascos del mal llamado AVE entre Madrid y Lleida, o cuando el ministro Alvarez-Cascos nos remite a los valencianos al año 2010 para la inauguración del AVE Madrid-Valencia --tercera ciudad de España--, que el señor Zaplana prometió para el año 2003. Hablar de una holgada cobertura social presupuestaria, cuando nos disputamos en dura pugna con Grecia y Portugal los últimos puestos de la clasificación europea, cuando el gasto social en España supone el 60 por ciento de la media europea, resulta inconcebible para cualquiera que no sufra una epidemia de ceguera partidista.
Pero la guinda de este descomunal pastel es referirse al gasto en investigación y desarrollo que fue, por cierto, un compromiso electoral explícito del Partido Popular, cuando año tras año, tanto con la señora Birulés, como con el señor Piqué o ahora con el señor Costa --que, por cierto, y lo reconozco públicamente, tuvo el otro día la honestidad política de reconocer ante esta Cámara que el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el que peor cifra de ejecución arroja--, repito, cuando año tras año, y según los últimos datos disponibles, llevan ejecutados tan solo un mísero 31 por ciento de sus créditos totales en este año. Ni siquiera se ha ejecutado la tercera parte del presupuesto que, al ser global, incluye el sueldo de los funcionarios y los gastos corrientes de funcionamiento. Como digo, hablar del gasto en investigación y desarrollo cuando precisamente este bajísimo indicador, nuevamente de los más bajos de Europa en los usos de nuevas tecnologías, en investigación y en capital humano, está directamente relacionado con nuestro bajo nivel de productividad resulta rayano en la incoherencia.
Y termino lo que podría ser una interminable retahíla mencionando la expresa referencia que se hace en el texto a las rebajas de impuestos acometidas en los últimos años, justo cuando hace unos días la OCDE vuelve a destacar en su informe que la presión fiscal en España subió cuatro décimas más el pasado año y que está ya casi tres puntos por encima de la existente en 1995 --sin comentarios, señorías--, o justo cuando hoy mismo la rutilante estrella del Partido Popular, el señor Ruiz-Gallardón, anuncia una subida media de impuestos en Madrid superior al 26 por ciento --también sin comentarios, señorías--. Si como ha pregonado el Gobierno, la transcendencia de este proyecto de ley radica en la incorporación de los principios de estabilidad presupuestaria, y éste es un mandato de la propia ley que los establece, habrá que recordar que ésta entró en vigor el día 1 de enero de 2002, luego han tardado más de año y medio en cumplir este imperativo legal.
Así pues, y tras este injustificado retraso, pregunto: ¿A qué viene presentar atropelladamente un proyecto de tanta importancia en vísperas de la disolución de las Cortes? ¿Por qué recurrir en estas condiciones, dentro de esta actividad frenética a que el Gobierno está sometiendo a las Cortes Generales, al procedimiento de urgencia tanto en el Senado, como en el Congreso de los Diputados, hurtando así el tiempo material necesario para estudiarlo, para analizarlo con sosiego, para intentar mejorar un texto legal en materia tan importante para las administraciones públicas y, en suma, para el interés ciudadano? ¿Por qué, insisto, se recurre al procedimiento de urgencia en un texto legal que no va a entrar en vigor hasta el día 1 de enero de 2005? ¿Por qué y para qué tantas prisas, tanta precipitación, tanto atropello legislativo para luego establecer tamaño «vacatio legis»? Nada más que un año de vacaciones, senador Caneda, algo que casi podría constituir el título de una novela de Julio Verne.
No me digan ustedes que hay alguna parte del proyecto que entrará en vigor el próximo día 1 de enero, porque para ese viaje no hacían falta estas alforjas legislativas. Los cambios necesarios perfectamente se podrían haber introducido mediante la ley de acompañamiento que, en este caso, y a diferencia del conjunto de abusos a los que año tras año nos someten, hubiera estado a nuestro juicio más que justificado. Sólo desde la proximidad de la cita electoral o debido al continuo uso partidista de las instituciones, sólo desde la petulancia de un ministro que de forma indisimulada quiere transcender de su propia condición personal para «parangonearse» con los grandes reformadores de la historia hacendística española, puede entenderse este dislate legislativo.
Señorías, respecto a los Presupuestos Generales del Estado el proyecto fija en su Título II los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia y eficiencia en la asignación como rectores de la programación presupuestaria. Pero el papel es muy sufrido y acepta cualquier cosa, sin embargo la acción política es cosa distinta. Se habla de estabilidad presupuestaria en un país donde los Presupuestos Generales del Estado han dejado de ser la expresión fiel de la actividad financiera pública; donde ingentes volúmenes de gasto se centrifugan extrapresupuestariamente; donde el agujero negro de las calamitosas cuentas de Radiotelevisión Española permanece en un limbo indefinido (El señor Laborda Martín: ¡Ahí, ahí! ¡Muy bien!); donde se crean y proliferan sociedades públicas, entes, organismos y empresas puramente instrumentales, como las SEIASA, con la única finalidad de contratar obras hidráulicas sin computarlas en el déficit público; empresas sin dividendos, sin cuentas de resultado, sin actividad productiva alguna, pero, eso sí, con desmesurados emolumentos para sus directivos, cuya militancia política

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y nula experiencia empresarial previa omito mencionar; directivos, además, cuya comparecencia, solicitada hace unos días por nuestro grupo ante la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, han vetado ustedes de forma, a mi juicio, injustificada e indebida. Señorías, en un país con estos condicionantes la estabilidad presupuestaria, el déficit cero, no es más que una entelequia vigente en la imaginación del señor Montoro, un mero subproducto de la contabilidad creativa y de la estadística recreativa.
En cuanto a la transparencia, ocioso es, diría yo, siquiera hablar de ella, sumidos, como estamos, en pleno apagón estadístico gubernamental, cuando es imposible conseguir que el Gobierno remita a las Cortes, a efectos de facilitar el imperativo constitucional del control presupuestario, documentos con datos de ejecución con el mismo nivel de desagregación que el aprobado parlamentariamente, o sea, por concepto y subconcepto y por programas. Señorías, en estas condiciones un adoquín de granito, un trozo de azabache son más transparentes que las cuentas públicas españolas (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien, muy bien!).
Respecto a la plurianualidad --que, en razón al énfasis que sobre ella pone el señor Montoro, cualquiera diría que es un invento suyo cuando, como ustedes saben, está perfectamente recogido en el texto refundido de 1988--, resulta ser para el Gobierno de naturaleza proteica; es móvil, mutante, variable. (Un señor senador desde los bancos de la derecha: ¡Tiempo!) Varía de ejercicio en ejercicio sin la menor explicación, sin que sean garantes de la ejecución material de la inversión prevista. En definitiva, éste es poco más que otro artilugio propagandístico destinado a anunciar obras, inversiones con fines electorales que luego permanecen en el limbo de las cifras, que no en el mundo real. Así pues, y sobre el último principio sedicentemente rector de la política presupuestaria, el de la eficiencia, a tenor de lo expuesto y a la vista de los datos de ejecución que el Gobierno presenta, será mejor correr un tupido velo.
Señorías, el desafortunado proyecto de ley que tenemos entre las manos no responde a las necesidades de las finanzas públicas españolas en el siglo XXI. Este es un proyecto anclado en el pasado, que no responde a la búsqueda de soluciones, a la incorporación de nuevas técnicas o a la solución, incluso, de viejos problemas, ni siquiera a la racionalización, sino que, como decía anteriormente, responde a la concepción particular, a la peculiar idiosincrasia de un ministro, algo inseguro y desconfiado, que se precipita legislativamente para dejar su impronta personal en el ministerio. Ni siquiera es vino nuevo en odre viejo, es una arcaica concepción de la actividad financiera pública, una concepción de la gestión anclada en la época de los covachuelistas de visera y manguito, no en la sociedad de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Del control parlamentario ni se habla, las tantas veces cacareada necesidad de una oficina de control presupuestario ni se contempla. Por lo que se ve, ya tuvieron bastante con el benemérito profesor Barea, ¡y sólo faltaría que unos osados e impertinentes diputados y diputadas, senadores y senadoras de la oposición osasen reclamar su derecho y su mandato constitucional de ejercer el control del gasto público! Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar; contra el control del parlamento el primorriverismo presupuestario, la ocultación, la tergiversación contable y el doble presupuesto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.


El señor BRU PARRA: Voy acabando, señor presidente; gracias.
Señorías, es posible que algunos de ustedes, a estas alturas de la intervención, piensen que quizá en algún momento extremo la dureza, siempre cordial (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No! ¡No! ) y cortés por otra parte, de mis apreciaciones. En tal caso, me permito remitirles al dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto, para que les ilustre acerca del cúmulo de incorrecciones y arbitrariedades que el alto órgano consultivo encuentra en el mismo, hasta el punto que merece --cito literalmente-- una valoración negativa de la tramitación seguida, debida, con toda probabilidad, al evidente apresuramiento en la elaboración del anteproyecto.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya acabando.


El señor BRU PARRA: Señor presidente, concluyo en medio minuto.
Simplemente les apunto algunas conversiones terminológicas necesarias para entender el proyecto. Donde se habla de flexibilizar la gestión presupuestaria, lo que se quiere decir es que, ante la incapacidad de ejecutar un presupuesto de forma ortodoxa, se diluyen los niveles de obligación de los créditos, que ahora sólo vinculan a nivel de capítulo, es decir, una versión muy moderna de los picos, palas y azadones del Gran Capitán; pero aquí cuando se habla de disminuir la rigidez en la ejecución de los créditos presupuestarios, lo que se hace es rebajar el grado político necesario para las modificaciones presupuestarias, o se crea un fondo de contingencias dotado con el 2 por ciento del límite de gasto no financiero del Estado, o sea, este año unos 2.300 millones de euros, destinado a financiar contingencias no previstas en el déficit del Estado, y que no precisa, a diferencia de lo previsto en el texto de 1988, de aprobación por las Cortes Generales...


El señor PRESIDENTE: Señoría, dispone de treinta segundos para finalizar.


El señor BRU PARRA: Sólo un segundo, señor presidente.
En definitiva, deslegalización de los créditos extraordinarios, más maquillaje contable, más posible arbitrariedad, más gasto público sin autorización legislativa. ¡Hombre, señorías, no pretenderán que apoyemos con nuestros votos estas tropelías en la asignación y gestión del gasto público!

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Nada más y muchas gracias. (Aplausos.--Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien, Bru! ¡Muy bien! ¡Maestro!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después de tanta moderación, no sé si atreverme a llevarle la contraria y oponerme al veto, pero subo a la tribuna con idea de argumentar el porqué de nuestro rechazo a los dos vetos presentados, que ciertamente están diferenciados. Por un lado, está el presentado por Izquierda Unida, a quienes felicito, porque es un veto bien trabajado y cuyos argumentos básicamente contienen los nuestros, por oposición, porque efectivamente son dos puntos de vista distintos, pero no cabe duda de que han trabajado esta ley.
Por otro lado está el veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, que en una primera parte recoge las observaciones, de forma sesgada, del Consejo de Estado, y en una segunda expone su habitual retahíla de repeticiones, que muestra claramente su incapacidad para entender nuestra política económica, llamándolo opacidad y contabilidad creativa.
Por lo que hemos oído en defensa de este veto, podríamos estar hablando de cualquier ley, porque acaba hablando de en qué se gasta y no del continente, que es lo que hoy tratamos, olvidándose de lo elemental, que veremos dentro de poco en la Ley de Presupuestos, en referencia a infraestructuras, a I+D, a evolución, a presión fiscal y a otros conceptos que ha mencionado en este acto el senador Bru.
No es casual que la izquierda presente estos vetos desde un punto de vista absolutamente retrógrado, conservador, repitiendo muletillas hasta la saciedad, incapaz de encontrar una modernización en sus anquilosados argumentos, y que produzca en ellos una «vetoadicción», contando exactamente lo mismo sea cual sea la ley de que se trate.
Esta Ley presupuestaria junto a las que veremos en próximos plenos --ley general tributaria, subvenciones, la última reforma fiscal, patrimonio de las administraciones públicas, financiación autonómica, etcétera-- son un conjunto de leyes que han situado a la economía española en otro nivel.
En ambos vetos se quejan del poco tiempo disponible, y yo me podría quejar del poco trabajo realizado, pero tampoco me parece razonable estar siempre lamentándose de eso. En comisión no se defienden las enmiendas, cuando se dispone de cinco meses desde que se presentan en registro --aquí se presentan fotocopias-- para preparar una ley y treinta enmiendas, algunas de ellas poco sustanciales. A mí me gustaría que cualquier trabajador o profesional liberal opinara sobre esta estresante actividad.
Ambos critican en sus vetos la urgencia, las prisas para tratar la ley, y yo encuentro algunos de los porqués en el veto de Izquierda Unida, que voy a leer, puesto que ahí se expone por qué debe ser ahora. Dice así: «Esta ley, al menos por lo que hace a su originaria redacción, promulgada el 4 de enero de 1977, y en 1988 refundida en un texto, se enfrentaba con sus virtudes y defectos ante una realidad --la de la Hacienda Española «preconstitucional»-- muy distinta a la deparada del texto constitucional y su posterior desarrollo. Problemas como los correspondientes con la organización territorial del Estado autonómico español, las nuevas técnicas de presupuestación, la propia extensión del ámbito institucional de los Presupuestos Generales del Estado como consecuencias derivadas de la propia Constitución, bastarían para la necesaria modificación, más cuando esta ley ha sido modificada un gran número de veces a través de las distintas leyes de presupuestos generales del Estado...» Está claro que se están esgrimiendo unas necesidades de modificación, por el cambio del entorno y para recopilar leyes dispersas.
En cuanto a las prisas, ellos mismos dicen: «... el Gobierno lleva más de dos años dándole vueltas y debatiéndola entre ministerios y subsecretarios (dado que tiene el mandato de remitirla al Congreso desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2002 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria)...» Es decir, otras dos razones por las que debe estar aquí esta ley: porque lo dice una ley aprobada en el año 2002, y tiene que estar aquí de una forma trabajada, puesto que lleva dos años dando vueltas por los ministerios, preparándose y elaborándose. Por tanto, la nueva organización de la Administración General del Estado de 1997, el desarrollo del proceso de descentralización y el nuevo marco financiero de la seguridad, junto a otras cosas que han ocurrido en estos años, son motivos más que suficientes para traer esta ley, dado que se acaba la legislatura y es la única forma de que sea aplicable en los próximos presupuestos del 2005.
Señor presidente, cuando ya no se dispone de política monetaria en manos del Banco Central Europeo, la política presupuestaria adquiere un papel fundamental en la política económica. Como ya dije en la defensa de la reforma fiscal el pasado año, estamos en una legislatura histórica para nuestra hacienda pública; las reformas llevadas a cabo son trascendentales y han hecho florecer una economía que estaba adormecida, y seguiremos haciéndolo. Es la diferencia entre un partido reformista y uno inmovilista; la diferencia entre el progreso y los progres. Y sí, el Partido Popular tomó la opción de disciplina presupuestaria, que no es sólo limitar, en crecimiento, el gasto, sino también mejorar su gestión; es la política que ha llevado a bajar los gastos corrientes y la carga financiera, liberando fondos para aumentar la inversión, los gastos sociales, mejorar los servicios públicos esenciales o incrementar la actividad económica. Y esto, señor presidente, es lo que hace esta ley: por un lado, ordena la actividad económica financiera de todo el sector público estatal, y, por otro, mejora la eficiencia de gestión de los servicios públicos.
Para mejorar la asignación de recursos y conceder los créditos presupuestarios, la ley exige presupuestación y gestión por objetivos, y establece a su vez la norma para evaluar de su cumplimiento, y así responsabilizar al centro gestor de sus resultados. Se prevé una evaluación continua

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del cumplimiento de los objetivos, que desarrollarán el Ministerio de Hacienda y el departamento afectado conjuntamente.
Este aumento de la responsabilidad de los centros gestores tiene su contrapartida en el aumento de la flexibilidad en la ejecución de los créditos presupuestarios. En definitiva, se simplifica y se agiliza la gestión presupuestaria a cambio de la exigencia de responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos. El propio Consejo de Estado destaca este aspecto de racionalización que imprime la ley al proceso presupuestario con el establecimiento de un sistema de presupuestación y gestión por objetivos.
Asimismo, esta ley contempla dos hechos nuevos: la altísima descentralización del Estado y la pertenencia a la Unión Europea. Así, incorpora un título que regula --cosa que parece aconsejable-- los principios que deben regir las relaciones financieras entre el Estado y las haciendas territoriales, al tiempo que establece un marco legal estable donde regular los flujos financieros con la Unión Europea.
Parecía necesaria también una sistematización de normas dispersas a lo largo de los años en la contabilidad del sector público estatal, al igual que ocurre con otras normas muy dispersas en el ámbito de la gestión económico--financiera, que esta ley ordena.
Es, pues, a nuestro juicio, una ley necesaria y buena, que desarrolla principios de la estabilidad presupuestaria e imprime una mejor racionalización al proceso presupuestario.
Ustedes atacan la estabilidad --el Partido Socialista a veces lo hace, a veces no-- y los escenarios plurianuales. Efectivamente, como han dicho tanto el senador Bru como el portavoz de Izquierda Unida, es una cuestión de filosofía presupuestaria. Si ustedes gobiernan algún día, vuelvan al despilfarro y todos sufriremos las consecuencias.
Para nosotros es diferente, nosotros creemos en el equilibrio presupuestario porque genera estabilidad en la economía, genera ahorro público, mejora las condiciones de financiación de la economía y establece un margen de maniobra en épocas de recesión. Permite la bajada de impuestos, esa bajada de impuestos que en la actualidad se sigue dando y de la que no sé si ustedes son conscientes o aún no se dan cuenta y, en referencia al incremento de presión fiscal, no quieren entender que, aunque se han bajado los impuestos un 25 por ciento, el número de cotizantes ha aumentado un 33 por ciento, con lo cual la presión fiscal individual baja, aunque, colectivamente, en efecto, en España se recaudan más impuestos.
Esta estabilidad también nos ha permitido liberar recursos para incentivar la economía productiva. Pero, en fin, si no lo han entendido en siete años viendo los resultados, no voy a intentar convencerles, aunque parece que Zapatero ya se va convenciendo algo y quizá con un par de tardes más lo comprenda del todo. (Rumores.) Por último, ese latiguillo de la ocultación --aunque no tenía ninguna intención de entrar en esta cuestión-- al que constantemente hace referencia el Partido Socialista por falta de argumentos, resulta ya aburrido. Ustedes mismos describen lo que dicen que está oculto, incluso la cifra del déficit que dicen que ocultamos. No estará tan oculto si son capaces de cuantificarlo.
Nunca hacemos mención, porque además me parece baladí --aparte de que hemos reducido el déficit del siete al cero por ciento--, a lo que estaba oculto en los presupuestos para 1996, porque cuando se habla de ocultación tienen que saber que, además de haber reducido el déficit, entonces no contabilizaba como tal ni el billón de Rumasa, ni los préstamos a la Seguridad Social por importe de dos billones 700.000 millones. Había una serie de cantidades por varios billones que no figuraban y, pese a esa falta de equilibrio que ustedes vienen a reclamar ahora, se han limpiado de la contabilidad nacional, además --insisto-- de haber reducido el déficit. Y les recuerdo que en este período, en el que se ha hecho esta limpieza, incluso se han pagado las primeras indemnizaciones por el desastre del «Exxon Valdez», la colza, etcétera.
Por tanto, son muchos billones de pesetas los que se han limpiado y que sí estaban, aunque sin figurar, y a los que nosotros nunca hemos hecho referencia, al menos este senador.
Pero para dejar constancia de mi paciencia una vez más, vuelvo a decirles que lo que ustedes critican es que contabilizamos con los criterios de la Unión Europea. No hay déficit, pero ustedes quieren que los de empresas estatales y otros organismos figuren como tal, pero no es así desde el punto de vista contable. Existen unas normas de contabilidad, por cierto nada creativas sino admitidas por todos, para entendernos y poder comparar.
Ahora bien, a pesar de que ambos grupos reiteradamente evalúen que en todas las cuentas hay un déficit de un 1,2 puntos, aun así cumplimos el pacto de estabilidad y crecimiento, que permite hasta el 3 por ciento de déficit. Por tanto, si ustedes defienden que se puede tener más déficit, ¿por qué se empeñan en criticar éste? La credibilidad de los presupuestos generales y nuestras reformas la dan las oficinas europeas cuando certifican nuestros datos, que, por cierto, en el año 2002, fueron corregidos al alza. La credibilidad la da la valoración de los mercados internacionales, que sitúan a nuestra deuda pública entre las mejores, por encima de la italiana y la francesa, y la otorga la calificación de solvencia de la Agencia, que la considera del máximo nivel mundial.
En consecuencia, por no encontrar fundamento en ninguno de sus argumentos, votaremos en contra de sus vetos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, el senador Cuenca tiene la palabra.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Gracias, señor presidente.
Me sorprenden algunos comentarios del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No era nuestra intención sacarle de sus casillas. No obstante, voy a hacer referencia a dos o tres aspectos que me parecen importantes.


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Este senador de Izquierda Unida no se queja del poco tiempo, eso nos da igual. Si hay que trabajar de noche, se hace; eso no nos preocupa. De lo que nos estamos quejando es de la poca eficacia que pueda tener esta ley.
Nos quejamos de que hagan las cosas tan deprisa, corriendo, para que después no tengan eficacia. Parece que a ustedes les vayan a pagar algún plus de productividad por hacer a última hora, en el último mes lo que no han hecho en estos cuatro años; eso sí, para que dentro de unos meses a lo mejor no valgan, bien porque, afortunadamente, no estén ustedes --esperemos--, o bien porque ustedes dejan para fechas diferidas el desarrollo reglamentario del cumplimiento de estas normas. Es de esto de lo que nos quejamos, al menos quien les habla, pero no de que tenga poco tiempo, que es un problema mío referente a si trabajo más o menos. Pero como no cobro un plus de productividad, no tengo el problema que tienen ustedes. Por tanto, nos quejamos de la eficacia.
En segundo lugar, nos quejamos igualmente de que con esta ley ustedes vuelven a restar poder a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
¿Por qué? Porque ustedes quieren seguir supeditando todo al déficit cero y, por tanto, mantienen una actitud centralista. Lo que a ustedes les importa es que el Estado cumpla en su globalidad el criterio de déficit cero, que ya he indicando anteriormente que no es una recomendación ni una obligación de la Unión Europea, si acaso la indicación estaría en no sobrepasar el tres por ciento. Como digo, su actitud es centralista porque quieren cargar todos los problemas que conducen al déficit cero a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, que es a quienes ustedes les ponen condiciones, límite de gastos, trabas para poder endeudarse, condicionamientos para no contratar personal para prestar servicios. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que cuadrar al final todo con el déficit cero.
Por tanto, tienen una actitud centralista, endosando un problema que es de ustedes a otras administraciones, a las administraciones más cercanas al ciudadano y a la ciudadana, que son las que prestan los servicios más cercanos y más cotidianos.
Nos quejamos también de una mayor opacidad en el gasto del sector público, porque no tenemos ningún mecanismo para garantizar que la inversión pública esté bajo parámetros de prioridades, bajo discusión y participación de los ciudadanos a la hora de decidir cuáles son las prioridades en el gasto público. Nos quejamos igualmente --al menos nosotros lo haríamos-- de que no se plantee la posibilidad de incorporar la participación, la opinión, la toma de decisiones de los ciudadanos y de las ciudadanas a la hora de priorizar muchas de las actividades y muchas de las decisiones que se toman al establecer el gasto público, las grandes inversiones, al fijar las prioridades, todo lo que afecta a la inmensa mayoría de la ciudadanía en nuestro país.
Y la quinta cuestión por la que nos quejamos es que se va a producir una mayor inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esto no sirve para mucho.
Ustedes han planteado un texto, pero luego tienen otros mecanismos, y con la ley de acompañamiento ustedes llegan a los ayuntamientos y nos dan un repasito, llegan a los organismos públicos y nos dan otro repasito, llegan a las comunidades y nos dan otro repasón --en este caso repasón, no repasito--, llegan a otras actividades y desarrollos y modifican, es decir, que a través de la ley de acompañamiento son ustedes capaces de modificar perfectamente, por ejemplo, si por las mañanas los ciudadanos tenemos o no derecho a tomarnos un café porque no vaya a ser que eso dispare o condicione el déficit cero y los criterios presupuestarios de su Gobierno.
Por eso, estamos molestos --al menos el que habla, representante de Izquierda Unida--, nos quejamos, pero no por cuestión del tiempo o de la elaboración; aún así, usted lo ha dejado claro, y nosotros hemos trabajado esta ley y hemos elaborado un conjunto de enmiendas, de la 6 a la 50. Y aprovecho, señor presidente, para decir, por si acaso no hiciera uso de la palabra en el siguiente turno porque no fuera necesario, que las doy por defendidas. La senadora De Boneta me ha dicho que también diéramos por defendidas sus enmiendas, de la 51 a 53.
Por último, usted habla de despilfarro, señor representante del Grupo Popular. Acusa al portavoz que le habla de Izquierda Unida de que queremos el despilfarro. Si esa palabra despilfarro es sinónimo de determinadas cosas, en ese caso le diría que en Izquierda Unida sí estamos a favor del despilfarro. Señor Caneda, si el despilfarro es sinónimo de mayor gasto en educación para que haya más becas, algo que no pasará este año, porque se han reducido; si el despilfarro significa que haya más escuelas infantiles y plena escolarización en este país, ya que reconoce la Constitución Española el derecho a la educación y la plena escolarización de los niños de cero a tres años; si ese despilfarro es sinónimo de que haya mayor gasto en la sanidad pública y que el médico en vez de atendernos dos minutos nos pudiera atender 10 que para realizar una atención especializada no hubiera que esperar ocho meses. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) si esa palabra despilfarro que usted ha usado es sinónimo de todo eso, le digo rotundamente que en Izquierda Unida somos partidarios de despilfarrar, porque lo que no queremos es que haya, como ustedes plantean, ahorro cuando hay necesidades sociales en este país. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Con ese planteamiento y esa palabra, ustedes a nosotros no nos ofenden, tenemos claros los objetivos, queremos despilfarrar, según ustedes, en gasto social y en políticas prioritarias.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿El Grupo de Coalición Canaria quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
El debate ya se ha producido, las razones fundamentales para la presentación del veto se han puesto de manifiesto y nosotros vamos a votar ambos vetos, pero queremos

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añadir una cuestión que para nosotros se ha tocado tangencialmente y que incide en que votemos los vetos.
De la lectura de la exposición de motivos de la ley se desprende que una de las funciones más interesantes que esta ley propone es la de facilitar la gestión de los créditos por parte del Ejecutivo, y así se desprende de diversos párrafos, por ejemplo, en el párrafo décimo del punto I se dice: «... estableciéndose un sistema de gestión por objetivos, disminuyendo la rigidez en la ejecución de los créditos presupuestarios e introduciéndose el principio de gestión de los centros gestores...» O en el último párrafo de este mismo punto 1 dice: «Además, y con carácter general se rebaja el rango de la autoridad competente para aprobar las modificaciones presupuestarias, ampliando las competencias actuales de los Departamentos Ministeriales y otorgando competencias a los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos, que no tienen ninguna competencia en la normativa actual.» Esta mayor facilidad para modificar los créditos, es decir, para gastar el dinero de una manera distinta de cómo salió aprobada en las Cortes Generales, nos podría parece bien en beneficio de una mayor agilidad por parte del Gobierno para ejecutar los presupuestos, pero esto debería ir acompañado de una mayor transparencia en la gestión y en la explicación y nosotros no hemos sabido encontrar en este proyecto de ley ni un ápice de incremento de transparencia.
El capítulo III del título V y en especial la acepción 4 de este mismo capítulo no añaden ni mayor transparencia ni mayor información. Y no es posible debatir en profundidad la ejecución de los presupuestos que, tal como se configura en la gestión en este proyecto de ley, va a decantarse mucho dando facilidades al Ejecutivo sin ninguna contrapartida en la facilidad del control. Y lo que no nos parece bien es el desequilibrio que se ha introducido a favor del Ejecutivo y en disminución del Legislativo.
Dentro de un mes y medio habremos debatido los Presupuestos Generales del Estado con la discusión de múltiples enmiendas, muchas de ellas a nivel de proyecto. Pero un año después y a base de muchas preguntas y repreguntas que no siempre son contestadas ni en tiempo ni en forma por el Gobierno, podemos llegar a la conclusión de cuál ha sido la ejecución.
En algún ejercicio presupuestario de esta legislatura, algún ministerio ha invertido en Cataluña menos del 20 por ciento de lo que tenía presupuestado donde lo tenía presupuestado; se ha invertido en otros sitios y a lo mejor era más necesario, no lo discutimos; lo que queremos es saberlo, que nos lo expliquen sin necesidad de que lo preguntemos y que nos lo expliquen con claridad. Esto no lo encontramos.
¿No valdría la pena una mayor explicación y un mayor debate sobre la ejecución? Echamos de menos que pueda haber un debate amplísimo --como ocurre en los países escandinavos--, el más importante, sobre la ejecución de los presupuestos, qué ha hecho el Gobierno y por qué, porque ustedes y nosotros sabemos que los presupuestos se modifican cada vez más.
Si el señor presidente me lo permite, voy a dar por defendidas todas las enmiendas haciendo especial hincapié en la enmienda 156, que incide en este punto que he querido expresar de una manera más concreta.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En estos cinco minutos que se nos concede en este turno de portavoces voy a exponer cuál es la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ante este proyecto de ley.
Nuestro grupo va a abstenerse en la votación de estos vetos, así como luego nos abstendremos también en la votación global del dictamen en base a la desconfianza y sorpresa que nos genera este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que hace referencia a un contenido plenamente instrumental. Cuando discutimos la ley general presupuestaria no estamos hablando de las distintas y legítima ópticas de política económica o de política presupuestaria; estamos dotándonos de un nuevo sistema, de un nuevo instrumento de cómo gestionar los Presupuestos Generales del Estado, pero ha de ser un sistema válido para que lo implemente el Gobierno que actualmente tiene la mayoría para gobernar o lo implemente otro con otra línea o con otro punto de vista presupuestario. Tanto en el Congreso como hoy aquí, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular han defendido la bondad de esta ley con argumentos que forman parte del debate presupuestario, es decir, defendiendo cuáles son sus políticas presupuestarias, el déficit cero. Entendemos que eso no es lo que corresponde hacer ya que, aunque no sea políticamente lo más brillante, estamos hablando de una pura ley instrumental, de eso es de lo que estamos debatiendo. A nosotros nos genera, por tanto, desconfianza el que se dé ese tratamiento a una ley instrumental. Tenemos dudas de que a partir de la exposición de motivos por la cual se ha presentado este proyecto de ley se cumpla con uno de sus objetivos, que es que sea un método que tenga la perdurabilidad necesaria para que si hay un cambio político --que en democracia lo puede y lo debe haber-- sea también un buen instrumento en el futuro, y no tenemos claro que sea así. Se dice claramente que responde a unos enfoques de política presupuestaria legítimos que están dando unos resultados, desde nuestro punto de vista, positivos, pero no es esto lo que se discute hoy con este proyecto de ley. Por eso, agradezco al senador Aleu que haya centrado su intervención precisamente en lo que debe ser un debate de una ley general presupuestaria.
Por otro lado, a nosotros nos genera desconfianza lo que ha dicho el Consejo de Estado. Ha dicho que las memorias presentadas son breves, que la elaboración de los informes es rutinaria, que hay falta de informes de algunos órganos del Ministerio de Hacienda. Una ley de este tipo, que ha de ser un buen instrumento y ha de tener una vigencia de una cierta duración no debe hacerse con estas premuras y sorprende que eso suceda precisamente con una

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ley general presupuestaria que es importante operativamente.
Por otro lado, también nos genera desconfianza y, por ello, nuestra abstención la continua referencia a que su presentación responde a un compromiso contenido en la Ley General Presupuestaria y su correspondiente orgánica. Es conocida nuestra oposición a esta Ley General Presupuestaria. Esta actualmente recurrida en el Tribunal Constitucional por la Generalitat. Pensamos que es una ley que ha limitado la autonomía financiera a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales; es decir, que si esta ley nace a partir de ahí, ése es otro motivo para que no nos sumemos al voto afirmativo y mantengamos la abstención.
Por último, nos genera dudas y desconfianza lo que, desde nuestro punto de vista, es la escasa sensibilidad que se tiene con las competencias autonómicas en una ley que no es básica. Sólo hace referencia a la Administración central. Así y todo voy a poner un ejemplo, que, como ha dicho el senador Bru antes, es una perla, de lo que nosotros entendemos por falta de sensibilidad autonómica y competencial y de respeto a lo que son las comunidades autónomas. No tiene mayor transcendencia. No afecta a ningún fondo. Es un tema de formas. El título III se titula «De las relaciones financieras con otras administraciones». Estamos hablando de una ley que afecta a la Administración central.
El Capítulo II de este título es «Operaciones financieras con las Comunidades Autónomas». El artículo 86.2 dice: «Cuando como consecuencia del traspaso de servicios estatales a las Comunidades Autónomas éstas deban gestionar y administrar los créditos de subvenciones, se tendrán en cuenta las siguientes reglas.» Y remite a una regla contenida en una ley de la Administración General del Estado, la regla séptima, que dice: «Las Comunidades Autónomas que gestionen las ayudas a que se refiere el presente artículo, deberán proceder a un adecuado control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los fondos percibidos por el beneficiario.» Es evidente. ¿Cómo en una ley como está se dice que deben actuar correctamente los gobiernos de las comunidades autónomas, ya sea el Gobierno de la Generalitat de Convergència i Unió, el Gobierno de cualquier comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular o por el Partido Socialista? Es un ejemplo clarísimo de la forma de entender lo que es el autogobierno a diferencia de lo que es una descentralización.
Es una ofensa a la lección democrática de los parlamentos y asambleas de las comunidades autónomas, que son, que deben controlar la gestión de los gobiernos de las dichas comunidades, que en un texto legal que afecta a la Administración General del Estado, que no es básico, se diga a las comunidades autónomas que gestionen correctamente sus competencias.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bru.
El señor BRU PARRA: Gracias, señor presidente.
Seré muy breve para corresponder a su amable permisividad anterior.
La intervención del señor Caneda ha sido la esperada. El señor Caneda dice las mismas cosas que el señor Montoro, lógicamente, pero las dice de una manera mucho más entrañable, mucho más cariñosa, menos irascible y, por tanto, el tono es de agradecer y yo públicamente se lo reconozco. En todo caso, en la chuleta se le ha olvidado algo. Se lo apunto, porque me ha sabido a poco. Le ha faltado decir que tenemos falta de ideas, falta de proyecto y falta de alternativa. La próxima vez dígamelo, porque me gusta oírlo. (Risas.--La señora Vindel López: ¡Tranquilo! Eso viene ahora.) Si me permite el consejo, le diré que estos juegos de palabra entre progreso y progres me recuerdan peligrosamente aquello de libertad y libertinaje. Andese con cuidado. Se lo digo cordialmente.
Por último, quiero tocar una cuestión que me gustaría que intentase contestármela en serio. Estoy sorprendido desde hace años oyendo lo que, a mi juicio, es una barbaridad económica: que se puede bajar el gasto corriente al mismo tiempo que se incrementa el gasto de inversión. Me parece un disparate científico absoluto porque todo gasto de inversión lógicamente genera un nuevo gasto corriente. Le ruego que ahora intente explicarme cómo el Gobierno del Partido Popular hace esa cuadratura del círculo, o sea, cómo se puede bajar el gasto corriente y aumentar la inversión. ¿Haciendo hospitales sin médicos y personal sanitario? ¿Haciendo escuelas sin maestros? ¿Universidades sin profesores? ¿Cuarteles sin soldados? ¿Comisarías sin policías? ¿Trenes sin maquinistas? Le ruego, por favor, que me saque de mi ignorancia y me diga cómo se puede bajar el gasto corriente al tiempo que se incrementa notablemente el gasto de inversión.
Muchas gracias. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, algunas de las apreciaciones que se han hecho lógicamente tienen su por qué, pero no lo compartimos. Sin embargo, sí he de decir algo que sorprenderá al señor Aleu. En esta ley estamos analizando el proceso presupuestario, su racionalización, una forma de hacerlo por objetivos, pero tendríamos que entrar en un debate sobre la ejecución y el control de la ejecución. Estoy de acuerdo.
Aquí no se recoge eso suficientemente, lo que no quiere decir que aquí no haya transparencia. Que se haya instaurado un criterio de plurianualidad, que el Parlamento dé los techos del gasto y deje luego al microdesarrollo por departamentos esa flexibilidad para obtener más eficacia es un paso importantísimo. Nosotros lo vemos así. Es algo muy importante en las cuentas públicas y creo sinceramente que

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aumenta la transparencia y da la seguridad tremenda al sistema de saber cuándo se va a gastar, aprobado por el Parlamento y con un período de tiempo razonable.
Me parece una barbaridad decir que los gastos sociales son un despilfarro. Se ha hecho un planteamiento que es contrario al nuestro, pero he explicado en mi intervención, que ha sido muy breve --no se puede decir todo--, que nosotros bajamos gastos corrientes y cargas financieras --son dos cosas muy concretas-- para aumentar los gastos que consideramos esenciales del Estado. El gasto social --como se ha demostrado en los presupuestos sucesivos-- ha aumentado su porcentaje sobre el total. Es distinto el gasto corriente, el gasto cotidiano. Y diciendo esto aprovecho y respondo al senador Bru que preguntaba cómo se puede aumentar. Pues mire, cuando medimos los gastos corrientes, como todos los gastos, lo hacemos en porcentajes. Se puede, efectivamente, tener una buena residencia funcionando con el personal necesario, que a lo mejorar son cien personas, o con 200 que no aparecen. Se pueden hacer más carreteras o se pueden hacer menos. El porcentaje de gastos corrientes en valores absolutos seguramente subirá cada vez que se hace una inversión, pero si se hace con sentido y criterio y vigilando departamento por departamento el porcentaje sobre el global del gasto baja en gastos corrientes y sube en inversión como, de hecho, esta pasando.
En definitiva, estoy de acuerdo con el resumen que hace el Consejo de Estado cuando emite su opinión favorable a este proyecto. Este proyecto hace dos cosas: da una mayor racionalización al proceso presupuestario y contribuye a reducir la fragmentación y dispersión de la normativa que después de muchísimas modificaciones a lo largo de los años estaba entre toda nuestra legislación y normas.
Esto que algunos han llamado acumulación de trabajo y precipitación se llama terminar un trabajo. Nosotros estamos terminando una legislatura.
Tenemos un programa. Tenemos que cumplir unas leyes que van, además, en consonancia con otras que hemos aprobado y que van todas conjuntas. Eso crea un modelo económico global y un marco general de estabilidad presupuestaria. Van en interconexión y se tienen que acabar.
Expresamente les digo que no entiendo que me pregunten que dónde está la urgencia de aprobarla ahora si no entra hasta el año 2005 porque, insisto, estamos hablando de una ley de instrumento presupuestario, lo que significa que para que entre en vigor en el año 2005 o lo aprobamos ahora o ya no entraría hasta el año 2006, porque hay normas que son para elaborar los presupuestos del año 2005, que se harán el año que viene.
Estas reformas se siguen haciendo, y es verdad lo que decía el senador Cambra. Esta ley es un instrumento, pero continuamente se mencionan sus consecuencias, si es bueno o no es bueno. Por eso de vez en cuando hay que hacer ciertas referencias.
En cuanto a la sensibilidad, una cosa es tenerla y otra cosa es la hipersensibilidad, que puede ser hasta enfermiza. No se puede ver en todas las leyes un sesgo de algo que se quiere hacer. Nosotros, al menos, no lo vemos. Comprendo que lo pueda ver desde otro punto de vista, pero no lo vemos. Creo que esa hipersensibilidad no es necesaria, no es real, y en muchas leyes hay cosas obvias.
Creemos en este sistema porque hay un optimismo de los hechos confirmado por los datos, como el descenso de la deuda del 68 al 50 por ciento; que se haya incrementado en siete años más de un 33 por ciento el número de empleos; que en el último año se hayan generado 460.000, de los cuales el 70 por ciento son femeninos, o que haya aumentado en un 45 por ciento la renta disponible de las familias. Desde ese optimismo tenemos que seguir profundizando en estas reformas.
Esta ley, además, incluye algo que para mí es muy importante, como la flexibilidad en los departamentos. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
Vaya terminando, señor Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Es que no me oigo ni a mí mismo.
Es muy importante, desde este optimismo, avanzar en algo que es fundamental en la política económica de cualquier Gobierno, que es la credibilidad, y esta ley contribuye a esta credibilidad.
Para terminar, quiero decirles que hemos hecho un pacto de estabilidad y crecimiento con la Unión Europea. Lo hemos firmado y lo hemos cumplido, tanto en el crecimiento como en la estabilidad, y eso ayuda, indudablemente, como he dicho antes, a que nuestra deuda sea de las más valoradas del mundo, y cuando veamos los presupuestos del año 2004, en poco más de un mes, cerraremos esta legislatura y con ello el ciclo de crecimiento continuado más largo --ocho años-- en la historia económica y social de España. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, silencio.
Vaya finalizando, señoría.


El señor CANEDA MORALES: Para lograrlo se necesita un marco, unas técnicas, unos criterios y una disciplina que esta ley, señorías, contribuye a crear.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Sometemos a votación los vetos al proyecto de ley general presupuestaria.
En primer lugar, votamos el veto número uno, presentado por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 57; en contra, 135; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos ahora la propuesta de veto número dos, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 56; en contra, 134; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: No ha alcanzado la mayoría absoluta y, en consecuencia, queda rechazado.
Pasamos al debate de las enmiendas.
En primer lugar, los votos particulares presentados por la senadora De Boneta y Piedra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor presidente, creo que han sido dadas por defendidas las dos enmiendas vivas que tengo sobre esta cuestión.
Unicamente quería referirme con especial interés a la enmienda que reserva el régimen fiscal y financiero propio y soberano de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral, puesto que entiendo que no está suficientemente respetado en este proyecto de ley. (Rumores.)

La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señoría.
Silencio, por favor.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto correspondientes a los números 6 a 50, firmadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Señor presidente, las doy por defendidas en los términos que están establecidas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Pasamos a las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Volvemos a insistir en que las enmiendas las defendemos en su conjunto.
Se trata de las transferencias de capital, y lo que proponemos es que explícitamente se exprese su territorialidad, tanto en el anexo de inversiones como en la ejecución de las mismas.
Sé que las transferencias de capital no permiten marcar el territorio donde se va a invertir, pero sí se puede decir perfectamente dónde han sido ejecutadas, y pienso que el porcentaje de lo que está explicitado es todavía insuficiente.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Enmiendas números 54 a 56, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Al proyecto de ley general presupuestaria nuestro grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas, a nuestro juicio, importantísimas.
Precisamente por ello, por ser importantes, de su aceptación o no aceptación va a depender el sentido final del voto que emitamos al texto del dictamen.
En primer lugar, nos parece del todo evidente que el proyecto de ley contempla de forma insuficiente la especificidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco, especificidad consagrada en el estatuto de autonomía y que está caracterizada, además, por su bilateralidad.
El establecimiento con carácter general de una serie de normas relativas a las operaciones financieras del Estado con las comunidades autónomas, sin ninguna mención a dicha especificidad, implica el desconocimiento de un principio que ha regido invariablemente con anterioridad y que ha tenido reflejo en otras normas, como la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, la Ley Orgánica complementaria de ésta, la Ley de Haciendas Locales o la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Incluso, sin ir más lejos, hace unos días, en el proyecto de ley general de subvenciones se introducía una disposición adicional vigésimo segunda referida a esa especificidad derivada del régimen foral.
El vigente concierto económico ya contempla los principios y normas que rigen las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado, incluida la coordinación y colaboración en materia de estabilidad presupuestaria. Por tanto, señorías, sería oportuno y adecuado que quedara recogida expresamente en el texto de la norma la consiguiente salvedad, evitando así lagunas que pudieran llegar a parecer imposiciones legales. De ahí que a través de nuestra enmienda número 56 pretendamos añadir una disposición final, con una redacción como la que sigue: «En virtud de su régimen foral propio, las relaciones financieras de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el Estado, así como la coordinación y colaboración entre ambos en materia de estabilidad presupuestaria, se ajustarán al sistema del Concierto Económico.» La segunda de nuestras enmiendas, la número 55, lo es de supresión, y propone suprimir, en el Título III, «De las relaciones financieras con otras administraciones», el Capítulo II, que regula las operaciones financieras con las comunidades autónomas. El motivo de tal pretensión se halla en que la Ley General Presupuestaria no es una norma jurídica apropiada para regular las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, por lo que debe limitarse a la ordenación económica y financiera del sector público estatal.
La Constitución reconoce expresamente la autonomía financiera de las comunidades autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias y asimismo dispone que deberá regularse mediante ley orgánica el ejercicio de sus competencias financieras y las posibles formas de colaboración financiera entre comunidades autónomas y el Estado. Por tanto, las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas no pueden ser objeto de tratamiento por una norma que regula la gestión de los Presupuestos

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Generales del Estado sino que deberían contemplarse exclusivamente en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, norma que además contempla, entre los posibles recursos de las comunidades autónomas las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado.
En pura y lógica coherencia con esta enmienda, hemos presentado la enmienda número 54, al Preámbulo, apartado I, que propugna la supresión del párrafo que precisamente hace referencia a cuanto hemos manifestado en nuestra enmienda anterior. En todo caso, y termino, señor presidente, sería bueno corregir lo que no deja de ser un error de redacción del párrafo en cuestión, cuando expone: «... ha de resaltarse el enorme desarrollo que el proceso de descentralización ha tenido lugar en España durante los últimos veinte años». Es evidente que lo correcto sería hablar del «enorme desarrollo que el proceso de descentralización ha tenido en España», sin el término «lugar», o, si se prefiere, «del proceso de descentralización que ha tenido lugar en España», aunque es posible que no se acepte ni tan siquiera esto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Zubia.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) El senador Aleu da por defendidas sus enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 103 a 117, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para defender las quince enmiendas que mi grupo mantiene. Las voy a dividir en dos grupos: en primer lugar, hay seis enmiendas que podemos catalogar de técnicas ya que hacen referencia a propuestas que mejorarían la calidad del proyecto de ley en cuanto a sus contenidos. El Consejo de Estado ha hecho comentarios referentes a los mismos asuntos de varias de esas enmiendas. En concreto, las enmiendas números 103 y 113 manifiestan la necesidad de incluir la referencia expresa a la legislación aplicable en los temas ahí tratados. La enmienda 103 es al artículo 6.2, y la 113, al artículo 109.3 y en ambos casos se mejoraría el texto al incluir la referencia expresa al texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que reforzaría la comprensión y la posterior utilización del proyecto de ley por quien correspondiera.
Las enmiendas números 105 y 106 son propuestas que se encuentran en el dictamen del Consejo de Estado. Respecto a la 105, al artículo 36.4, pensamos que es bueno incluir una referencia expresa al plazo de presentación en cuanto al procedimiento de elaboración. La número 106 es de adición de un nuevo apartado 2 al artículo 54 para que quede claro que tendrán la condición de créditos ampliables los destinados al pago de justiprecios acordados en procedimientos expropiatorios del ejercicio correspondiente.
Por último, dentro de este grupo de enmiendas técnicas se incluyen las números 114 y 115, que también tienen por objeto incluir la referencia expresa a la legislación aplicable. La 114 es al artículo 145.3, porque sería bueno hacer referencia a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y la 115 propone la inclusión de un nuevo apartado al artículo 180 en el que se hiciera referencia a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las otras nueve enmiendas hacen referencia a lo que el senador Caneda ha calificado de hipersensibilidad de nuestro grupo por lo autonómico.
Nosotros pensamos que no es hipersensibilidad, es sensibilidad, y lo que nos preocupa es la insensibilidad con la que es acogido por parte del Grupo Parlamentario Popular. Son términos semánticos que reflejan posiciones distintas sobre cómo entendemos ambos grupos lo que es el autogobierno y lo que ello representa, y en gestos, como por ejemplo la redacción de un proyecto de ley, debe manifestarse el respeto a las competencias de los demás.
Desde ese punto de vista, hemos presentado, en primer lugar, la enmienda 104, al artículo14.2. Solicitamos que los mecanismos de compensación de deudas entre las administraciones sean equilibrados y, por tanto, se prevé el mecanismo de reciprocidad entre ellas para que no sea unilateral el tratamiento que se está dando a la compensación de deudas, como actualmente está en el texto.
Las enmiendas 107 a 112, ambas inclusive, hacen referencia al Capítulo II, «Operaciones financieras con las comunidades autónomas, del Título III. Pretenden que se incremente la sensibilidad hacia los asuntos competenciales. Estamos hablando de un capítulo que expresamente entra en lo que son las relaciones financieras entre la Administración central y las comunidades autónomas. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado una enmienda para la supresión global de este capítulo. Entendemos que también es un buen enfoque del asunto.
Nosotros votaremos favorablemente esta enmienda, pero, ante nuestra duda de que salga adelante dicha enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, mantenemos estas seis enmiendas porque, al menos, mejoraría esta sensibilidad, hipersensibilidad o insensibilidad --llámenlo ustedes como quieran--, mejorarían el tratamiento que se merecen unos gobiernos que han sido elegidos por parlamentos democráticos y que son controlados por ellos, no por un texto legal que regula cómo debe presupuestar la Administración central del Estado.
Es por ello que hemos presentado la enmienda número 107, al artículo 85.4, en la que se prevé de manera expresa que se tenga en cuenta el principio de lealtad institucional en dicho proyecto, de conformidad con lo pactado en el Acuerdo sobre financiación autonómica.
Respecto a la enmienda número 108, pensamos que se ha de prever la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan gestionar créditos dependientes de los organismos del Estado. Por tanto, que se prevea reglamentariamente cómo debe hacerse, que el texto no refleje la imposibilidad de que se lleve a cabo.


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En la enmienda 109, al artículo 86.2, pedimos que se elimine «en su caso» en lo que hace referencia a la normativa de las comunidades autónomas en la medida en que sean competentes para regular las subvenciones. No es «en su caso», sino que se debe prever con toda claridad la aplicación de las competencias de las comunidades autónomas en materia de subvenciones gestionadas, no por excepción.
Con la enmienda número 110 pretendemos hacer posible la territorialización de las subvenciones en aplicación de los acuerdos de traspaso de funciones y servicios a una comunidad autónoma.
La enmienda número 111 hace referencia a una de las siete reglas que en mi intervención anterior he citado al hablar de las subvenciones gestionadas por las comunidades autónomas. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se suprima la regla tercera del apartado 2 del artículo 86, ya que estamos hablando de servicios traspasados. No tiene ningún sentido, por tanto, que por parte de la Administración General del Estado se establezcan reservas generales de crédito cuando estamos hablando específicamente de servicios traspasados, en este caso a nivel de subvenciones.
En cuanto a la enmienda número 112, pretendemos que se suprima la regla séptima de ese apartado dos del artículo 86, a la que he hecho mención en mi intervención anterior y no sé si debo insistir más en ella. Seguir manteniendo esta regla séptima --el portavoz del Grupo Parlamentario Popular sabe perfectamente a lo que me refiero-- no varía en ningún sentido, ni para ustedes ni para nosotros, el contenido de fondo del proyecto de ley, pero sí mejoraría mucho las formas. El Grupo Parlamentario Popular debe reflexionar sobre la aprobación de esta enmienda 112, que para nosotros tiene un valor de sensibilidad importante. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Por último, las enmiendas números 116 y 117 se refieren a las disposiciones adicionales. La primera de ellas propone modificar la disposición adicional primera, relativa a la colaboración entre la Intervención General de la Administración del Estado y las comunidades autónomas y entidades locales, con el fin de garantizar la existencia de mecanismos de colaboración y no de coordinación. Debe quedar explícito que estos convenios contendrán una cláusula de reciprocidad en el intercambio de información, no como actualmente está redactado, con un criterio unilateral y no de reciprocidad. La enmienda número 117 introduce una disposición adicional nueva con un contenido específico, no estamos hablando de una cuestión formal. Con ella pretendemos subsanar problemas de tipo financiero, que se plantean en las comunidades autónomas a partir de la aprobación del último sistema de financiación autonómica, ya que una de las modificaciones que se producen en el mismo es el hecho de que la liquidación provisional que corresponde a cada comunidad autónoma, en función de la aplicación de los criterios contemplados tanto en la LOFCA como en la normativa de cesión tributos, no es del cien por cien, sino del 98 por ciento de las cantidades objeto de dicha liquidación. Es por ello, que se hace necesario arbitrar un mecanismo respecto a la financiación del dos por ciento restante, no penalizando a las comunidades autónomas en términos de estabilidad presupuestaria y de capacidad de endeudamiento.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Mansilla.


El señor MANSILLA HIDALGO. Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, estamos hoy ante la última ley que se tramita por el procedimiento de urgencia, que adolece del mismo error que otras.
Esta que es una ley instrumental importante, desde nuestro punto de vista debiera haber venido con mucha más tranquilidad y sosiego, porque aun reconociendo que pueden existir y, de hecho, existen políticas presupuestarias diferentes, podrían haber dado lugar a que, por lo menos, las enmiendas que todos hemos considerado meramente técnicas o de corrección del texto se hubieran aprobado. Pero estamos en una Cámara en la que han entrado, como decimos vulgarmente, «tropecientas» leyes, todas a carajo sacado, teniendo que atender absolutamente a todas, con lo que prácticamente sólo da tiempo a escribir y a leer. Es imposible salir aquí con la relación de las enmiendas e intentar defenderlas una a una.
En la comisión, mi compañero y ponente del Grupo Parlamentario Socialista en este proyecto de ley, el senador Bru, hizo una mención específica a tres enmiendas que no tienen que ver con el fondo político de la ley y que, por tanto, podrían haber formado parte del dictamen de la comisión.
Pero como aquí venimos por el procedimiento de urgencia y todo tiene que salir tal cual, por lo que observo ustedes como grupo parlamentario tampoco tienen mucha capacidad de maniobra. Y eso les impide ya no sólo atender los textos que formulen otros grupos parlamentarios, sino ni tan siquiera escuchar. Por eso personalmente me parece una pérdida de tiempo venir aquí a explicar enmienda a enmienda. Por tanto, voy a intentar exponer los motivos políticos por los que hemos presentado enmiendas, que tienen que ver fundamentalmente con los argumentos que se han dado en la explicación del voto, y con una manera de actuar por parte del Gobierno del Partido Popular que no compartimos en absoluto.
En nuestra opinión este proyecto de ley viene a presentar de nuevo una realidad virtual, que no tiene nada que ver con lo que significa después la propia ejecución presupuestaria. En la exposición de motivos y el articulado de la ley presentan una apariencia de realidad que es diferente a lo que viene sucediendo. Nos presentan un proyecto de ley en el que dicen que hablan de una mayor transparencia, un mayor rigor, un mayor control, cuando es todo lo contrario. Es un proyecto de ley en el que la transparencia desaparece por completo, sólo está buscando flexibilidad. Entiendo que el Gobierno de España, como el de cualquier comunidad, intente tener la mayor flexibilidad posible a la hora de ejecutar su política presupuestaria,

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es razonable, pero debe hacerse con un cierto equilibrio mediante el control. Cuando se consigue tanta flexibilidad para el Gobierno, tanta discrecionalidad, y no va aparejado con un control, acabamos convirtiendo los presupuestos en papel mojado. Con esta ley los presupuestos que aprueba la Cámara son papel mojado.
El texto de la ley modifica la vinculación de los créditos, de tal manera que la discrecionalidad del Gobierno es prácticamente absoluta. Las transferencias de créditos se pueden dar de tal forma, que uno al final no sabe bien si lo que está aprobando es un consejo, una recomendación, o algo diferente. Hasta tal punto llega su planteamiento de plurianualidad, que también se salta a la torera el hecho de que sea el Parlamento el que acaba aprobando la ley. Y el inconsciente del ministerio le traiciona cuando pretende decirle al Parlamento que lo que establezca con carácter plurianual, va a ser también vinculante para el propio Parlamento a la hora de aprobar la ley de presupuestos. Es decir, al final se establece un mecanismo detrás de otro, de tal manera que lo que pretende el Gobierno con esta ley o con cualquier otra es: primero, ustedes aprueben en el presupuesto lo que quieran, que yo haré al final lo que me dé la gana.
En algunas materias en las que teníamos reserva de ley y se podía ejercer el control, como es el fondo de contingencia, con un dos por ciento del presupuesto, que es una cantidad enorme, ustedes lo modifican y ya no hay reserva de ley, sino decisión del Consejo de Ministros, con la única obligación de remitir cada tres meses una información al Parlamento, eso sí para que nos enteremos, no vaya a ser que pase algo. Vean ustedes lo que va a suceder con esto, el dos por ciento del presupuesto se destina al fondo de contingencia, sin que nadie sepa a qué se destina hasta que el Gobierno lo comunique, si es que lo hace. Es una pérdida de control parlamentario, de capacidad parlamentaria, de rigor, y una forma de ganar flexibilidad, ganar oscuridad en todo lo que tiene que ver con la política presupuestaria.
Como hemos dicho y seguiremos diciendo, el colmo es que a pesar de los enormes esfuerzos del Partido Popular no han hecho nada. Estaba, por ejemplo, aquel compromiso muy fuerte del presidente del Gobierno de crear una oficina presupuestaria en el Parlamento para poder controlar el presupuesto; han pasado ya ocho años de gobierno del Partido Popular y la oficina de presupuestos no sólo no existe, sino que cada año se da menos información al Parlamento sobre la ejecución presupuestaria.
No voy a leer las enmiendas porque ya lo han hecho ustedes, y al final el resultado va a ser el mismo. El fondo político está expresado, por lo que consideramos que si esta ley vuelve al sitio de donde no debió salir, tendríamos más oportunidades para poder discutirla con tranquilidad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Mansilla.
Para el turno en contra tiene la palabra el senador Villanova Rueda.
El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días. Estamos ante el debate de un proyecto de ley bastante importante y necesario para ordenar todos los aspectos económico-financieros del sector público estatal. Voy a intentar ser lo más breve posible, ya que las intervenciones de los portavoces han sido en la mayoría de los casos bastante reducidas, en aras a agilizar todo el procedimiento legislativo que tenemos hoy y mañana por delante, y contestaré a los portavoces resumiendo en bloques todas y cada una de las enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios.
Concretamente, respecto a las tres enmiendas presentadas por la senadora De Boneta, dos son de carácter muy técnico, y las vamos a rechazar por entender que el proyecto tal como está redactado, se ajusta muchísimo más a los objetivos del Gobierno y el Partido Popular. Está claro que cada uno de los grupos parlamentarios posee distintas filosofías.
Económicamente hablando, parece que la filosofía mantenida por el Partido Popular durante estos últimos siete años ha sido bastante acertada, por ello pensamos que no existen suficientes motivos para cambiar este rumbo de reformas económicas llevado a cabo durante este tiempo.
Por otra parte, la enmienda número 53 de la senadora De Boneta propone la inclusión de una disposición adicional porque piensa que esta ley invade el fuero navarro y el Estatuto del País Vasco y las relaciones económicas y presupuestarias que sostiene con el Estado. Existe un concierto económico aprobado mediante una ley que no pretendemos vulnerar, pero, sin duda, siempre es importante que aparezca en el texto, tanto en el preámbulo como en la exposición de motivos de la ley, la realidad actual del Estado descentralizado de España con relación a la que existía en el momento de elaborar la primera ley, año 1978, modificada posteriormente mediante un texto refundido de 1988. Como bien han comentado sus señorías en sus intervenciones, mediante los Presupuestos Generales del Estado de cada año se ha ido incorporando una disposición, una orden, etcétera. Lo cierto es que, como ha comentado Izquierda Unida, esta ley es muy necesaria y se ha elaborado con bastante intención, buscando los objetivos de la política económica llevada a cabo por el Partido Popular en estos siete años y que tan buenos resultados nos ha dado.
Por tanto, con relación a este voto particular, no es necesario en modo alguno incorporar esta disposición adicional ya que, como es una ley ordinaria, no se invaden competencias de la comunidad autónoma vasca ni del fuero navarro. En ningún momento la ley pretende contravenir lo establecido en los citados estatutos. Por ello, no lo vamos a aprobar.
Con relación a Izquierda Unida, he de decir que ha realizado un trabajo encomiable e inmejorable. No entiendo cómo algunos portavoces tienen más capacidad y tiempo que otros. Lógicamente la filosofía de Izquierda Unida se aleja muchísimo de la del Partido Popular, pero hay matices y cuestiones que hemos considerado filosóficamente interesantes. Sin embargo, insisto, muchas de ellas se alejan

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de la realidad económica del sistema que hoy en día funciona en todo el mundo. No vamos a aplicar medidas ni fórmulas que no funcionan en ningún sitio para que funcionen en nuestro país. Nosotros lo tenemos más claro y contrastado.
En la exposición de motivos se insta al Gobierno a conseguir un déficit público, aunque sea moderado, desde el 0 al 3 por ciento, que es como está estipulado dentro del Plan de Estabilidad y Convergencia de la Unión Europea. Sin embargo, no nos parece necesario dinamizar más la economía, pues tal y como está nos va bien; el crecimiento de nuestra economía se sitúa en la actualidad en un punto superior a la media europea, aunque en los últimos siete años incluso se ha situado por encima de ese punto. Las previsiones de la propia Unión Europea para el año 2004 prevén un 1 por ciento más de crecimiento de la economía española que en la práctica podría ser incluso mayor. Por ello, no entendemos cómo podemos recurrir a aumentar la deuda pública, a aumentar un déficit que en la actualidad es inexistente, porque siempre podríamos utilizarlo cuando hiciera falta.
Tenemos un equilibrio presupuestario, una deuda pública que ha ido descendiendo desde el 68 por ciento en 1996 hasta el 50 por ciento del PIB actual; tenemos una situación económica bastante equilibrada y saneada; por ello, vamos a dejarlo ahí, y siempre estaremos a tiempo de modificar caso de que las cosas no vengan bien o que la situación económica del entorno europeo sea peor, cosa que puede ocurrir, ya que hay países como Francia o Alemania que actualmente están en recesión.
En la exposición de motivos Izquierda Unida propone aumentar el déficit público, inexistente en estos momentos, pues incluso se habla de superávit en este ejercicio económico de 2003. Por tanto, su filosofía, su forma de plantear la economía y de producir el control del gasto no es la misma que tan buenos resultados está ofreciendo al Partido Popular y, consiguientemente, a todos los españoles. España es hoy un país más fuerte económicamente hablando, incluso podemos ver cómo el ahorro familiar ha ido en aumento. Este domingo, he visto publicada en «El País» la noticia de que, a pesar de que hay un endeudamiento hipotecario debido a la vivienda, el ahorro familiar actual de las familias españolas se cifra en 726.000 millones de euros, es decir, no solamente el Estado está saneado sino que también lo están sus componentes, que son todos los ciudadanos y las familias españolas.
Izquierda Unida ha presentado en un solo bloque las enmiendas números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 33, 34, 35, 36 y 37 y, como ya he dicho, he de agradecer el trabajo que han realizado, y voy a responder a ellas dentro de lo posible con la máxima rapidez. En dichas enmiendas se hace referencia a los principios y reglas de programación presupuestaria; a la denominación de objetivos de estabilidad llamado programación presupuestaria y escenarios presupuestarios plurianuales; supresión de equilibrios presupuestarios básicos por magnitudes presupuestarias básicas; a la aprobación por las Cortes Generales de los escenarios presupuestarios plurianuales tras los análisis e informes de la oficina presupuestaria; a la elaboración de los escenarios plurianuales de los distintos ministerios y la documentación que debe acompañar a los Presupuestos Generales del Estado; a la fijación anual del límite de gasto no financiero del Estado; a la implantación de gastos a ejercicios posteriores; fondo de contingencia de ejecución presupuestaria y su reducción, así como los informes trimestrales, etcétera. Pues bien, todas estas enmiendas afectan directamente a los principios básicos del equilibro presupuestario, y por este motivo vamos a rechazarlas.
El portavoz de Izquierda Unida, a través de estas enmiendas, muestra un interés casi permanente en no compartir en absoluto la importancia que para nuestra economía tiene la estabilidad presupuestaria, la eliminación del déficit público, y pretende que no se regule ni se contemple el objetivo de estabilidad presupuestaria en la presente ley, y en algunos casos se aparta del objetivo básico de la nueva orientación de la normativa presupuestaria e intenta desvincular la redacción de la norma de los criterios básicos que inspira la ley. En definitiva, se aleja bastante del objetivo de equilibrio presupuestario y déficit cero, sobre los escenarios plurianules, cuyo contenido es un documento de trabajo de la Administración para garantizar la adecuación de las proyecciones de gastos al objetivo de estabilidad que sí aprueban las Cortes Generales.
El detalle y alcance los escenarios presupuestarios plurianuales hacen que sea considerado más como una herramienta de trabajo interno que como un documento político que requiere el refrendo del Parlamento. Además, sus posibles modificaciones y adiciones harían necesaria una constante validación parlamentaria por lo que sería ingestionable. El fondo de contingencia de ejecución presupuestaria constituye un mecanismo de flexibilidad para atender la cobertura de obligaciones del ejercicio, de forma tal que el nivel de déficit previsto no se vea afectado por las modificaciones presupuestarias. La eliminación del fondo y su reducción, como ustedes solicitan, serían contrarios al espíritu y objetivos fundamentales del proyecto de ley y, como consecuencia, sería contrario a la Ley 18/2001 General de Estabilidad Presupuestaria. No se puede desvincular la fijación del límite de gastos no financieros del Estado al objetivo de estabilidad presupuestaria, pues dejaría de garantizar una política presupuestaria coherente con los programas de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea. De modo que ésta es la respuesta contundente a este bloque de enmiendas de Izquierda Unida, en el que todas afectan directamente a los equilibrios presupuestarios, afectan al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, afectan a los escenarios plurianuales, en definitiva, afectan a la Ley de estabilidad presupuestaria y, por lo tanto, no podemos aprobarlas.
Hay otro bloque de enmiendas que atentan contra uno de los principios básicos y uno de los objetivos principales que tiene este proyecto de ley, que es dar más flexibilidad a la gestión, a los responsables y a los gestores del conjunto del sector público estatal --organismos autónomos, fundaciones, empresas públicas, empresariales, etcétera-- y de la Administración del Estado. Sin duda alguna estas enmiendas podrían frenar y ocultar uno de los objetivos principales que tiene este proyecto de ley, que es dar más flexibilidad a los centros de costos y a los gestores en el

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hacer diario de todo lo que se refiere a la gestión presupuestaria. Estas enmiendas son las números 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.
En este bloque de enmiendas Izquierda Unida desvirtúa una de las bases de este proyecto de ley, que es mejorar el nivel de eficacia y eficiencia de los servicios públicos, facilitando a los gestores los mecanismos e incentivos necesarios para flexibilizar la gestión del gasto en la inversión y facilitar mayor competencia a los responsables de los organismos para autorizar créditos extraordinarios, suplementos de créditos, generaciones de crédito, etcétera, así como conseguir celeridad y eficacia en la gestión pública. Las enmiendas contravienen frontalmente la pretensión que inspira la totalidad del proyecto de ley, que es la de ampliar la capacidad, responsabilidad y flexibilidad de la gestión pública en aras de una mayor eficacia y eficiencia, con el respeto básico, sin duda alguna, a las directrices de las políticas de gasto y al objetivo de estabilidad presupuestaria.
Hay otro bloque de enmiendas que son puramente de carácter técnico y que, lógicamente, no vamos a aprobar porque desvirtuarían la filosofía y los pilares básicos de este proyecto de ley. Son las enmiendas números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32 y 34. Tratan temas relacionados con la delimitación del sector público --hay cuestiones que ellos no comparten con nosotros, por ejemplo cómo se debe componer y cómo se delimita el sector público estatal--; el manejo de fondos y valores públicos, seguimiento y control de los mismos; derechos económicos de baja cuantía; transparencia y conocimiento anual de las anulaciones y liquidaciones presupuestarias; prescripción de las obligaciones; contenido y principios de ordenación del presupuesto general del Estado, el ámbito temporal; procedimiento por el cual se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado; inclusión de memoria de beneficios sociales al presupuesto general del Estado; incorporar en ingresos las previsiones de no ingresos por beneficios fiscales y diferimiento de las obligaciones de pago hasta tres años. Lógicamente, las vamos a rechazar todas ellas, como hicimos ya en la comisión.
Tal como vimos en la comisión, las enmiendas que ha presentado Coalición Canaria van en el estilo al que nos tienen acostumbrados. Son enmiendas con bastante sensibilidad y de alguna manera se hacen cargo de toda la composición del Estado descentralizado actual que tenemos, con el respeto a la pluralidad de cada uno de los territorios, etcétera. También, por supuesto, tienen un concepto claro de lo que debe ser un presupuesto más «transparentado» --como bien había dicho el portavoz--, en el cual haya un mayor conocimiento territorializado de todas las partidas de transferencias de capital.
Habiendo releído --ya dije en la comisión informativa que íbamos a intentar leer y releer una y otra vez las enmiendas presentadas por todos los grupos, especialmente Convergència i Unió, el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y el Grupo Parlamentario Socialista-- estas cinco enmiendas que intentan por todos los medios mejorar el texto, creemos que no lo mejoran y que no podrían resolver lo que pretende el Grupo de Senadores de Coalición Canaria. En una se pide la inclusión de las transferencias de capital en el anexo de inversiones que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado; en otra información de los gastos de operaciones de capital en el estado de la liquidación de los Presupuestos Generales del Estado; en otra, la número 4, el anexo de los gastos de operaciones de capital en las cuentas anuales del resto de entidades del sector público, y la número 5, gastos de operaciones de capital en la cuenta general del Estado. La enmienda número 2 la he considerado aparte, trata sobre la elaboración de un presupuesto de explotación y presupuesto de capital por las sociedades mercantiles y entidades públicas.
Nosotros entendemos que los fondos financieros que se recogen en el capítulo de transferencias de capital son recursos transferidos a otros agentes, no solamente comunidades autónomas, a quienes se encomienda su ejecución. Si estos gestores son organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social u otros entes públicos, la distribución por áreas geográficas del destino que reciben esos recursos aparece recogida en el anexo de inversiones territorializadas. En otros casos no resulta posible detallar esta distribución pues la efectúa el propio agente receptor y no el Estado, de ahí que no podamos cumplir el objetivo que pretenden los Senadores de Coalición Canaria con todas las transferencias de capital, porque, repito, habría algunas que sería imposible territorializarlas, aunque sin duda alguna podrían afectar a personas, a ciudadanos, a empresas que fueran de carácter y de implantación insular. De ninguna de las maneras podemos alcanzar lo que ustedes han pedido con la mejor intención y con el espíritu siempre constructivo que les caracteriza.
En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ya tuve ocasión de contestar en la comisión que esta ley, que es una ley ordinaria y que, lógicamente, tiene que respetar excepcionalidades y apartados que aparecerían recogidos en una ley orgánica, bajo ningún concepto los va a violar. En mi intervención en la comisión quedó claro que bajo ningún concepto esta ley pretende invadir competencias autonómicas y mucho menos pretende herir la sensibilidad de la que tanto se está hablando últimamente y que, por cierto, el Grupo Parlamentario Popular la tiene. (Rumores.) Bien es cierto que muchas veces los debates en este Parlamento son difíciles y se convierten siempre en que los grupos nacionalistas plantean sus mismos argumentos en todas las leyes. En esta ley había pocos argumentos para que los grupos nacionalistas pudieran pedir que fuera devuelta, sin embargo el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta tres enmiendas, las números 54, 55 y 56. En una de ellas solicita suprimir el párrafo del preámbulo, apartado I; en otra suprimir el capítulo II del título III y en otra una nueva disposición acorde con la filosofía que ustedes han planteado y que, lógicamente, nosotros no pretendemos de ninguna de las maneras vulnerar ni violentar. (Rumores.--Varios señores senadores hacen gestos y comentarios alusivos al tiempo de intervención.)

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Como ya expliqué en su momento, esta ley no va a invadir competencias, ni mucho menos va a cambiar el sistema fiscal del Gobierno vasco ni de los propios vascos, que además es admirable --yo pertenezco a la Comunidad Autónoma de Andalucía y ya quisiéramos nosotros tener lo que ustedes tienen--. Ustedes tienen muchas más competencias, prácticamente casi todas las que se pueden tener hoy en un Estado descentralizado, pero también a ustedes se les tiene que hacer corresponsables en el funcionamiento del Estado. (Rumores.) A todos los españoles nos interesa que haya equilibrio presupuestario...
Parece que hay prisa. ¿El tiempo ha terminado, presidente? (El señor Martínez Oblanca hace signos negativos al interviniente.) Yo voy a intentar ser lo más breve posible.
En definitiva, todos debemos corresponsabilizarnos con el fin de alcanzar los objetivos de convergencia real con Europa; absolutamente todos: los andaluces, los castellanos, los aragoneses, los catalanes, los vascos, etcétera.
Sabemos que la Comunidad Autónoma Vasca mantiene un sistema de relaciones con el Estado que se articula a través del Concierto Económico Vasco, que ha sido aprobado y se recoge en una ley; por ello, no parece necesario que hablemos de una ley en vigor ni hace falta reproducirla en este proyecto de ley. Eso es lo que he querido expresarle, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No es necesario ser tan reiterativos; conocemos ese concierto, lo respetamos y, desde luego, esperamos que siga vigente el mayor número de años posible.
En el preámbulo se contempla escuetamente la nueva realidad del Estado de las Autonomías y de la descentralización que se ha producido en España porque no podemos obviar esa historia y esa realidad, pero ustedes están pidiendo que suprimamos lo que se ha producido, lo que se ha hecho, y mi grupo parlamentario comprende que no es necesario. Tal y como está recogido, todas las operaciones y flujos financieros del Estado con las comunidades autónomas tienen que quedar recogidos en esta ley, como garantía del cumplimiento de la misma, para todos.
Mi grupo parlamentario no entiende por qué insisten siempre, en todos los proyectos de ley, en el ámbito competencial y en la sensibilidad autonómica. Todos tenemos esa sensibilidad y, de hecho, lo podemos demostrar, aunque lógicamente cada uno tenga su punto de vista.
Tal y como ha hecho el senador Cambra, he separado en dos bloques las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario; en este sentido, contestaré globalmente a las enmiendas números 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116 y 117. Este bloque de enmiendas se centra fundamentalmente en los artículos 85 y 86 de este proyecto de ley, sobre los principios generales de las relaciones financieras derivadas de la aplicación del sistema de financiación de las comunidades autónomas y sobre las subvenciones gestionadas.
Las enmiendas números 108, 111 y 112, en algunos casos, suponen un cambio en la filosofía perseguida por la redacción actual, pues la lealtad institucional del Estado, en lo que respecta a la financiación autonómica, está garantizada por una ley orgánica.
Con respecto a los criterios para la distribución territorial de las subvenciones, mi grupo parlamentario entiende que el sistema actualmente previsto, a través de la conferencia sectorial, es adecuado. Asimismo, siguiendo el texto actual, también se debe corresponsabilizar a las comunidades autónomas en el control y seguimiento de las subvenciones gestionadas por éstas.
Senador Cambra, durante su intervención sobre las subvenciones nos hemos mirado, porque entiendo que no debería hacer falta recordarles la necesidad de cumplimiento de las obligaciones y la corresponsabilidad para con el Estado. Lógicamente, nadie del Grupo Parlamentario Popular piensa mal del uso y del control que puedan ejercer las comunidades autónomas sobre las subvenciones; sin embargo, somos precavidos. Parece que hemos dañado su sensibilidad al recoger este aspecto en el proyecto de ley, pero entendemos que es bueno que sea así y que quede constancia de que todos nosotros y todas las comunidades autónomas somos corresponsables del control de las subvenciones. Es posible que siente mal, pero no quiero que se malinterprete nuestra postura; de hecho, como ya dije en comisión, tengo un buen concepto sobre la forma en que se administran y la capacidad emprendedora de los catalanes.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya terminando.
El señor VILLANOVA RUEDA: Les ruego que me disculpen, señorías, pero como la tramitación en comisión fue tan rápida, pensé que deberíamos ser lo más exhaustivos posible en el debate en el Pleno.
He separado en varios bloques las enmiendas que han presentado el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, tiene diez segundos para terminar su intervención. Su tiempo ha pasado con creces.


El señor VILLANOVA RUEDA: Concretamente, vamos a rechazar las enmiendas números 87, 88, 89, 90 del Grupo Parlamentario Socialista y las números 148, 149, 150 y 151 de Entesa Catalana de Progrés porque consideramos que se tendría que regular reglamentariamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, señoría.
Ha terminado su tiempo.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Intervengo únicamente para agradecer el esfuerzo del portavoz del Grupo Parlamentario Popular por contestar las enmiendas.
Creo que, aunque se haya extendido, es todo un detalle al que no estamos acostumbrados. En este sentido, aunque menos aceite da una piedra y no hayamos conseguido que

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se hayan tenido en cuenta nuestras enmiendas, reconocemos su esfuerzo por explicar detalladamente la posición del Partido Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Mendoza.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (El señor Zubia Atxaerandio hace gestos negativos.) Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Mi grupo parlamentario va a votar en contra de este texto por las razones que hemos explicado anteriormente y que, en este momento, intentaré precisar.
No hemos dicho que este proyecto de ley disminuya la transparencia existente; sencillamente, pensamos que las facilidades que se dan al Gobierno introducen un desequilibrio en favor de la capacidad de éste para modificar todos los créditos, sin control presupuestario y sin ningún tipo de explicación. Les pondré como ejemplo la programación presupuestaria, que podrá aprobar el Gobierno sin que las Cortes estén enteradas.
Este es otro punto más, que da un sesgo a este proyecto de ley en favor de la discrecionalidad del Gobierno y en contra del control parlamentario.
Me ha gustado escuchar las palabras del senador Caneda sobre mis observaciones, pero hubiese sido deseable que quedasen plasmadas en el proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo, muy brevemente, para decir cordialmente al senador Villanova que, por lo que respecta a la enmienda número112, no ha entendido nada.
Lo lamento y, en cualquier caso, agradezco su buena voluntad.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Cambra.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.) Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Villanova.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero pedir disculpas a todos los grupos de la Cámara por mi extensa respuesta, que se ha debido a que en mi opinión estamos tratando un importante proyecto de ley, con más de 185 enmiendas, y ya en comisión se interpretó que todas ellas se debatirían en el Pleno. Ese es el motivo de que haya preparado de esa forma mi intervención. En cualquier caso, como portavoz del Grupo Popular lamento no haber podido responder con la amplitud necesaria a los portavoces de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que también han hecho un buen trabajo.
Por otra parte, espero que ninguna de sus señorías se hayas visto ofendida o malinterpretada por mis manifestaciones --veo que el senador Zubia hace signos denegatorios; muchas gracias, señor senador.
En cuanto al comentario del senador Cambra, señoría, desde luego no nos hemos entendido. Tras el debate en ponencia, que fue mucho más amplio de lo normal y en el que tratamos de muchas cuestiones, en el correspondiente a comisión, y todavía hoy, no nos enteramos realmente de lo que su grupo pretende con la enmienda a que usted ha hecho alusión.
Para finalizar, quisiera resaltar que este es un proyecto de ley que va a dar flexibilidad y a facilitar el funcionamiento y el mayor control de toda las cuentas públicas. Estamos hablando de todo el sector público estatal, y gran parte de esta ley, precisamente la que va a conceder más flexibilidad a todos los centros de costes, los gestores y los ministerios, entrará en vigor el 1º de enero de 2004, mientras que el resto lo hará el 1º de enero de 2005. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Confío en que el partido que entonces gobierne, que espero sea el Partido Popular, sepa utilizar esta nueva ley, que, como digo, en mi opinión va a ser muy positiva para todo el sector público estatal.
Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, una vez finalizado el debate vamos a someter a votación las enmiendas al proyecto de ley general presupuestaria.
En primer lugar, enmienda número 52, firmada por la senadora De Boneta, del Grupo Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 62; en contra, 134; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 53, de la misma senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 128; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
También del Grupo Mixto, enmiendas firmadas por los senadores Cabrero y Cuenca números 6 a 50, en un único bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 59; en contra, 135; abstenciones, nueve.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Senadores de Coalición Canaria números 1 a 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 10; en contra, 182; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 54 a 56, conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 203; a favor, 71; en contra, 131; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, enmiendas números 118 a 128, 132 a 134, 154 y 160.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 69; en contra, 133; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 156, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 71; en contra, 133.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a favor, 61; en contra, 134; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 20; en contra, 179; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmiendas números 57 a 67, 71 a 73, 93 y 98.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 59; en contra, 136; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, se ha presentado a la Presidencia una corrección de errores con los números de registro 59.445 y 59.446, firmada por todos los portavoces.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Pausa.) Gracias, señorías.
Por último sometemos a votación el dictamen de la comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 136; en contra, 59; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MONTES (S. 621/000141) (C. D. 121/000138).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley de montes.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador señor Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Señor presidente, señorías, me cabe el honor de haber sido designado por los miembros de la comisión para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente al proyecto de ley de montes.
Este proyecto fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 20 de septiembre. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el día 8 de octubre. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. Con esta nueva ley en materia de montes se viene a establecer un marco legislativo básico en consonancia con la realidad política y jurídica derivada de la Constitución de 1978, quedando así derogada la antigua Ley de 1957.
Se han presentado por los distintos grupos parlamentarios un total de 545 enmiendas y dos propuestas de veto. Los senadores que designó la comisión a propuesta de los grupos parlamentarios para formar parte de la ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes: por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, don

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Elías Arribas Aragonés y don Jesús Fernández López; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Bella Galán y don Luis Angel Lago Lage; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Salvador Servià i Costa; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Josep María Batlle Farrán; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida; por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, don Alfonso Arroyo Hodgson y por el Grupo Parlamentario Mixto, don José María Mur Bernad.
A la vista de las enmiendas presentadas, la ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 13 de octubre, acordando proponer a la Comisión de Medio Ambiente la inclusión en el texto remitido por el Congreso de los Diputados de las enmiendas números 530 a 545, del Grupo Parlamentario Popular.
El día 22 de octubre la Comisión de Medio Ambiente, visto el informe emitido por la ponencia, acordó incorporar en sus propios términos las enmiendas números 107, 109 y 120, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como las enmiendas transaccionales sobre las números 123, 126, 139, 156, 177, 178, 179 y 180 del mismo grupo.
Igualmente se introdujo una modificación a la enmienda número 544 del Grupo Parlamentario Popular.
Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se han presentado dos propuestas de veto que se debatirán a continuación.
En primer lugar, propuesta de veto del Grupo Parlamentario Mixto, defendida por el senador señor Quintana.
Tiene su señoría la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, este proyecto de ley coloca al Bloque Nacionalista Galego ante un debate de especial sensibilidad. Hay que tener en cuenta que en Galicia el sector forestal es algo que va más allá de la mera importancia medioambiental. Dicho sector tiene una importancia económica y social que a nosotros no se nos escapa. No por casualidad Galicia es la segunda comunidad del Estado en cuanto a superficie forestal porcentualmente comparada con su superficie geográfica. Nada menos que el 69 por ciento de la superficie de Galicia es forestal en comparación con la media estatal, que está actualmente en el 56,1 por ciento.
Esta realidad forestal coloca a Galicia en un escenario para el desarrollo; así lo entendemos nosotros. Cuando se habla del desarrollo de Galicia, y sobre todo de su vinculación al sector primario y al agroforestal, siempre aparece en ese debate un problema que todos consideramos condicionante para ese posible desarrollo: el minifundismo.
Pues bien, hoy tengo que trasladarles que en Galicia también existen latifundios con una característica concreta, y es que son de propiedad colectiva. Nada menos que el 35 por ciento de la superficie forestal de Galicia, que ocupa lo que acabo de referir respecto de la totalidad geográfica, son superficies en mano común, esto es, superficies forestales de propiedad colectiva regidas por el Derecho germánico.
Un escenario de ese estilo debería ser el propicio para provocar desarrollo en una comunidad que debe tener en su sector primario un sector fundamental para su prosperidad económica. Desgraciadamente, nunca ha sido así porque nunca ha habido una política adecuada para dar el valor adecuado a un recurso tan importante. Tenemos que reconocer que no ha habido ni una política estatal ni tampoco una política autonómica adecuada, a pesar de que desde que se configuró Galicia como comunidad autónoma dentro del Estado español y gozar de competencias exclusivas en esta materia éstas podrían haberse utilizado para cambiar los designios del futuro. No ha sido así, pero tenemos que reconocer también que la política estatal ha ido tradicionalmente en contra de lo que deberían ser las prioridades de un sector tan importante para Galicia. Y esto no es sólo de ahora. La política estatal se ha caracterizado siempre por ser uniformizadora que no tiene en cuenta las especiales características del sector forestal gallego y, por tanto, también sus especiales características y posibilidades de desarrollo como motor económico.
Ha sido una política dedicada a contemplar el monte como si se tratara de un solar urbano en el que cualquier tipo de inversión se espera que tenga un beneficio rápido y a corto plazo. La política de plantación de especies, de producción a corto plazo y, por tanto, alejada de la realidad medioambiental del sector forestal gallego ha significado una transformación rápida y tremendamente lesiva de lo que era la configuración de este sector en Galicia.
Buena demostración de esto fue la Ley del Patrimonio Forestal de 1941 y la Ley de Montes de 1957, con la particularidad añadida de que la primera no sólo intentó aplicar una política marcada por estos vectores, sino que incluso puso en duda la legitimidad de la propiedad privada constituida como propiedad colectiva en la configuración de los montes en mano común.
Como es lógico, nosotros aspirábamos a que el debate de un proyecto como el que hoy tenemos delante sirviera para superar antiguas deficiencias.
Desgraciadamente, consideramos que no es así. En el proyecto de ley que hoy sometemos a consideración se parte, nuevamente, de un modelo global para todo el Estado y se insiste en una planificación estatal. Nos parece que los redactores del proyecto no se han dado cuenta que desde el año 1957 hasta el 2003 han cambiado muchas cosas en el Estado español, y una de ellas es la realidad de las comunidades autónomas con competencias específicas e incluso exclusivas en esta materia.
Ayer, con motivo de la discusión de otro proyecto de ley, nos introdujimos brevemente en la eterna discusión sobre lo que significa la descentralización administrativa y el poder político real de las comunidades autónomas. Nosotros pensamos que con este proyecto de ley el Gobierno y el partido que lo sustenta vuelven a demostrar que entienden una configuración del Estado, únicamente, desde

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una descentralización administrativa en la que el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado sirve, no sólo para marcar la norma sino también la ley planificadora, con lo que a las comunidades autónomas sólo les queda la competencia de poder gestionar de la mejor manera posible lo que desde el Estado se legisla y marca.
Nuestro entendimiento del Estado de las Autonomías no es ése, es exactamente el contrario. Es el entendimiento de un Estado compuesto en el que las comunidades autónomas tienen poder político y, por lo tanto, deben ejercerlo en el marco de su ámbito legislativo. Nosotros, como es evidente, no tendríamos nunca inconveniente en que existiera --y pensamos que debe existir-- una ley básica estatal que asegure la igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley y que, por lo tanto, permita que la relación entre el poder político y la propiedad privada se asegure en términos de legitimidad. Pero consideramos un error, un tremendo error, vincular la política forestal de las comunidades autónomas a la estrategia forestal española y, por lo tanto, considerar, además, que esa estrategia forestal española debe ser redactada desde una perspectiva estatal en la que las comunidades autónomas, únicamente, serán consultadas al mismo nivel que otros organismos. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Visto así, la estrategia forestal española se va a definir como un documento de referencia para establecer la política forestal en el Estado español, y esto obliga a que las políticas autonómicas sean siempre elaboradas en el marco de esa estrategia que aprueba el Gobierno. Con ello, se está impidiendo de facto que las comunidades autónomas puedan ejecutar una política forestal con señas de identidad propias y en función de las peculiaridades de sus respectivos territorios. Estamos ante una ley de bases de debiera señalar unas directrices genéricas en la materia, y la realidad es bien otra.
Por otra parte y en apoyo de esta línea claramente centralizadora, la consideración del Plan forestal español como un instrumento del desarrollo de la estrategia forestal española implica subordinar los planes forestales autonómicos, que sólo serán tenidos en cuenta. De nuevo, se trata de un claro límite a la libre configuración por parte de las comunidades autónomas de su propio modelo de planificación, gestión y aprovechamiento de los recursos forestales. Además, al no quedar establecidos los criterios de elaboración de dicho plan ni poner límites a la actuación del Gobierno en la planificación forestal del Estado, el margen con el que cuenta el Gobierno es aún mayor y también la posibilidad de invadir los desarrollos autonómicos de planificación forestal y, por lo tanto, de cercenar en la práctica la posibilidad de utilización de las competencias autonómicas para el desarrollo de las potencialidades propias.
Nosotros podríamos admitir, y lo consideraríamos positivo, la necesidad de unas directrices de planificación forestal del Estado, pero nunca de la manera que se precisa en este proyecto de ley, en sentido ambiguo y, al mismo tiempo, amplio. De esta manera, este proyecto de ley se articula para legitimar una política forestal que de facto ya se está ejecutando y mantiene la marginación de las comunidades autónomas en el diseño de la intervención pública sobre los montes, sobre todo de una intervención diferente que tenga en cuenta la diversidad de los aprovechamientos forestales del Estado español.
La política que ahora se va a aplicar, a través de la ley que hoy se somete a consideración, es la que ya se viene aplicando en el Estado español desde el año 1957. La consecuencia directa de esa política en Galicia ha sido una transformación negativa del espacio medioambiental y, lo que es más grave, la imposibilidad de utilizar un espacio especialmente privilegiado para dotarlo de los recursos necesarios que provoquen el desarrollo teniendo en cuenta la realidad objetiva del suelo sobre el que se actúa.
Finalmente, tal como ya se puso de manifiesto, la pervivencia de algunas formas singulares de propiedad de los montes haría aconsejable una mención específica en el proyecto de ley. Nos referimos, otra vez, a los montes vecinales en mano común, que mantienen básicamente su presencia en Galicia, aunque también en Asturias y León, y que aparecen recogidos únicamente dentro de los montes privados cuando deberían figurar de una forma diferenciada. Para Galicia esto supone algo básico y fundamental, un modelo de propiedad sobre el que debemos asentar nuestro modelo de desarrollo. Por lo tanto, es lógica nuestra reivindicación: si se trata de una ley básica, también esta especificidad debe quedar perfectamente recogida.
Además, esta ley pasa por encima de la problemática fiscal que los acecha; una problemática fiscal que fue objeto de propuestas por parte del Bloque Nacionalista Galego en esta misma Cámara. Una problemática fiscal que atenaza la actividad de muchas comunidades de montes vecinales por la imposición unilateral de la sujeción a tributación por el Impuesto sobre Sociedades, cuando es indudable su vocación de servir al interés social al destinar parte de sus beneficios a obras de interés general.
Con esta ley teníamos la oportunidad, no sólo de adecuar la normativa sobre montes al reparto competencial en la materia que establece la Constitución Española, sino de modificar el rumbo de una política forestal errónea que ha causado graves desequilibrios en algunas zonas del Estado español. Pero sucede al contrario, este proyecto de ley vuelve a incidir en los errores históricos que a Galicia ya le han costado caro y que esperábamos que en la redacción de este proyecto se pudieran ir subsanando. La configuración final del proyecto nos ha obligado a presentar este veto que hoy sometemos a consideración de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Quintana.
Corresponde ahora la defensa de la propuesta de veto número 2, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, el senador Bella tiene la palabra.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para defender el veto que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este proyecto de ley de montes.
Hay una frase que dice que la

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creación de mil bosques está contenida en una bellota. Quien dijo esto, evidentemente, debería haber pensado bastante en la consideración integral que han de tener los montes y los bosques, pensamiento que poco tiene que ver con el anteproyecto de ley que hoy debatimos en esta Cámara.
Esta ley pretende modificar la anterior Ley de Montes del año 1957 y responde, al mismo tiempo, a una promesa del ejecutivo del señor Aznar hecha en el año 1996. Visto el retraso con el que se viene a cumplir esa promesa, cualquiera que lo analice desde fuera podría pensar que este proyecto de ley está consensuado a nivel político, institucional y social, que contempla plenamente la realidad de nuestro mundo rural, que avanza en los criterios de gestión sostenible señalados por la Unión Europea y que se encuadra dentro de la filosofía marco que establece la Ley 4/1989 de espacios protegidos. Nada más lejos de esa apreciación, más bien forma parte de una fiebre legislativa de final de legislatura y su único propósito es cumplir esa promesa del año1996 para poderlo utilizar luego.
En las formas ha habido tiempo para hacer cosas, pero lo que está claro es que frente a las quinientas cuarenta y tantas enmiendas que se han presentado en esta Cámara la intransigencia del Grupo Parlamentario Popular no ha permitido incorporar más que algunas de ellas, a las que haré referencia aunque éste no es el turno de defensa de enmiendas, y otras que tienen que ver con cuestiones exclusivamente técnicas, que tampoco abordan el fondo del debate que hoy propiciamos. Si hablamos de consenso, he de decir que son escasos los acuerdos a los que hemos llegado con las comunidades autónomas y los ayuntamientos y, en definitiva, con la población que está inmiscuida en ese más del 50 por ciento de montes y bosques que tenemos en nuestro país y que van a ser los obligados a estar presentes en el desarrollo de esta ley en todo lo que se circunscriba a ese territorio.
Tampoco nos parecen adecuados los procesos. Ha aparecido una estrategia forestal española, luego ha aparecido un plan nacional forestal y luego ha aparecido la ley de montes. Tendría que haber sido justamente al revés, se ha empezado la casa por el tejado: una ley base, a continuación un plan forestal y luego una estrategia que es lo más susceptible de poder cambiar. Aquí se ha hecho lo contrario y no pasa absolutamente nada. Tampoco se señala nada en esta ley y, sobre todo, no se entresaca nada de otros planes que deberían estar contenidos en la misma, como es la referencia a la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, a las políticas de aguas que aplica este Gobierno o a la legislación sobre el suelo. Hay indudablemente, y esta ley va a formar parte, una dispersión normativa, lo que no va a permitir hacer una política acertada de medio ambiente en nuestro país. Por lo tanto, pensábamos que era necesario presentar un veto a esta ley y propiciar que se retirara este proyecto.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados, una en el año 1998 y otra en el año 2000. Nuestra iniciativa pretendía sustituir esa obsoleta y preconstitucional Ley de Montes del año 1957 para dotarnos de un instrumento legal que nos permitiera, en el amplio respeto a las comunidades autónomas y en concierto con las mismas, realizar una verdadera política forestal, cuyos objetivos fuesen ordenar, conservar, mejorar los espacios forestales, hacer de ellos unas gestión sostenible que permita un uso racional en lo que se refiere a la conservación, a la protección de la biodiversidad, a los recursos hídricos, al paisaje, al suelo, a la no erosión y sobre todo a los incendios forestales. En definitiva, una gestión que tuviera que ver con los principios del tan cacareado por parte vuestra desarrollo sostenible y que tendría que ver con la economía, con el medio ambiente y con la sociedad.
Pero nuestro enfoque, que es un enfoque más global, incluso entraba en cuestiones tan esenciales como la protección del suelo. Estamos hablando de un espacio importantísimo en nuestro país, de más del 50 por ciento de nuestra superficie y, por lo tanto, hay que hablar también de la protección del suelo y de la estrategia contra la desertificación. No se ha hecho así y se ha mantenido de una manera aislada incluso de aquellas poblaciones que dentro de este espacio rural tienen poco papel y poco protagonismo a la hora de asumir lo que es la ley.
Sí han hecho una cosa bien, han hecho un preámbulo a la ley que lo han convertido en escudo y posiblemente en ese preámbulo vayan a situar su postura en contra de estos vetos que hoy se plantean en la Cámara, una exposición de motivos magnífica, donde se les llena la boca con una terminología muy importante. Hablan de multifuncionalidad, de desarrollo sostenible, de vertebración territorial, pero a la hora de mirar el articulado nada de esto está contenido en el tenor literal de la ley y, por lo tanto, de nada sirve. Sí se han cuidado muy mucho de hacer una primera valoración cuando ha salido el proyecto de ley y decir que la valoración de nuestros bosques está en 164 millones de euros, evidentemente sólo han valorado lo relativo a la madera, no han hecho una valoración de la flora ni de la fauna ni de otras producciones de los montes y que tengan que ver con la gran biodiversidad que en ellos se mantiene. Ustedes han presentado una ley de la madera, una ley que tiene una visión mercantilista y productivista de la gestión de todos estos espacios forestales y lo han hecho además sin el consabido diálogo con el resto de grupos políticos ni, a nivel institucional, con las comunidades autónomas.
Esta ley llega con retraso e incorpora --después de ese compromiso del año 1996, cuya perspectiva decimos que es unisectorial y corporativa-- únicamente una visión parcial y trasnochada de los montes. Es un proyecto de ley enfocado fundamentalmente a la explotación productivista y en continua contradicción con el criterio de multifuncionalidad. Lo esencial hubiera sido que se hubieran destacado los aspectos más relevantes de los ecosistemas forestales en el siglo XXI en el que estamos. Tendrían que hablar de la conservación de la biodiversidad, de la regulación del ciclo del agua, de la contribución de los bosques a la lucha contra el cambio climático, a la integración de la Red Natura 2000 y, por qué no, a la certificación forestal que tantos beneficios económicos y ambientales puede traer en el uso de estos bosques.


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Se han olvidado de los habitantes y de los usos tradicionales que estos ejecutan; se han olvidado de los posibles usos más modernos que hoy la biodiversidad de nuestros montes puede ocasionar y dar y al mismo tiempo también se han olvidado de la deforestación de bosques tropicales, a lo cual nuestro país está contribuyendo importando maderas que propician un aspecto medioambientalmente nada recomendable fuera de nuestras fronteras y, por si fuera poco, este proyecto de ley carece de una financiación real con fondos públicos para poder abordar aquellas cuestiones que se establecen.
Hagamos un análisis riguroso de las propuestas que hacen en este proyecto de ley. Si hablamos de desarrollo rural, tengo que decir que no implican en absoluto a los habitantes de la zona rural ni a esos usos --ni tradicionales ni alternativos-- y no contemplan la posibilidad de los beneficios que de esos usos alternativos o tradicionales se pueden obtener y, cómo no, la creación de empleo que eso puede generar. No se establecen indicadores ni criterios de gestión ni de desarrollo forestal sostenible, con independencia del preámbulo de la ley, y no se potencia ni se habla de la certificación social, hoy por hoy un aspecto fundamental a la hora del manejo de los montes. Si hablamos de impacto ambiental, se olvidan de la aplicación de la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental y también de la evaluación ambiental estratégica de cara a los montes.
También podríamos hacer, por qué no, un análisis de este proyecto de ley desde un punto de vista actual, es decir, ¿algún tema actual tiene mucha incidencia en esta ley de montes? Pues yo diría que sí y hay uno que se ha pasado por alto en este país pero que es fundamental, le estoy hablando de los incendios forestales. Se ha minimizado el problema, no se ha trabajado lo suficiente ni se establecen las suficientes medidas preventivas contra los incendios teniendo una realidad muy próxima. Hace unos meses pudimos analizar unas estadísticas muy frías, que dicen que más de 120.000 hectáreas de este país se han quemado sin que haya existido la posibilidad de coordinar políticas preventivas de cara a los incendios forestales. En esta ley tampoco se toma como norma ni se hace nada dentro de lo posible para que esa actitud preventiva se pueda favorecer desde la propia norma.
Y si hablamos de futuro, tenemos que darnos cuenta de que hemos perdido la posibilidad de establecer unos mecanismos de concertación con otras administraciones públicas para poder evitar estos problemas y se ha renunciado a una verdadera política de fomento de la ordenación de los montes, que no se puede hacer desde una visión centralista, sino en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que son los directamente afectados por los montes. Hemos perdido la oportunidad de adaptar la ley a los tiempos en los que vivimos; hemos perdido la oportunidad de que se tomen en serio las emisiones de CO2 en este país para seguir incumpliendo el Protocolo de Kyoto; hemos perdido la oportunidad de haber generado una coordinación entre administraciones; hemos perdido la oportunidad de coordinar esa prevención contra incendios; hemos perdido la oportunidad de generar una estrategia contra la desertificación y sobre todo, señorías del Partido Popular, hemos perdido la oportunidad de que esta ley incida positivamente en el desarrollo rural de nuestro país.
Hay una frase de León Tolstoi que dice que hay quien cruza el bosque y sólo ve en él leña para el fuego. Con esta propuesta veto, con las distintas enmiendas que hemos presentado hemos querido sobrepasar su visión de los bosques y de los montes.
Hay un informe en el Senado, de julio de 1995, que tampoco se ha contemplado a la hora de elaborar el proyecto de ley. La fotografía que ustedes hacen es totalmente desequilibrada, no es acorde con el Estado actual. Ustedes no potencian ese desarrollo rural tan imprescindible para fijar la población en nuestro país, no han tenido en cuenta la multifuncionalidad, que es una característica básica y fundamental de nuestros montes. A la función social de los montes le han dedicado ustedes el capítulo de declaración de intenciones, y ni un solo artículo más. Podrán decir que hay suficiente consenso y respaldo para esta ley, y estoy convencido de que me van a decir que, derogando la Ley de 1957, la de Incendios Forestales de 1968, habiendo tenido un Consejo Nacional de Bosques el día 24 de febrero y una Conferencia sectorial de comunidades autónomas el día 10 de marzo, esto está más que consensuado. Pues sinceramente creo, señorías, que no es así, que la política del Partido Popular en temas medioambientales sigue consistiendo en disparar a todo aquello que se mueve, en negar expresamente determinadas cuestiones, algo que nosotros convertimos en críticas, y que ustedes volverán a decir que están recogidas en la ley, y por supuesto en confundir la ordenación de los montes con la planificación.
Presentando este veto y nuestras más de 137 enmiendas les hemos dado una oportunidad, hemos hecho hincapié --algo muy necesario-- en los planes de ordenación de los recursos naturales, pero nada de esto se ha tenido en cuenta. Hemos llegado a este momento procesal de tramitación del proyecto de ley en el Senado sin el suficiente consenso. Posiblemente nos veremos obligados a tener una nueva ley que siga plantando eucaliptos en toda España sin tener en cuenta los colores naturales, sin haber tenido en cuenta determinadas medidas ambientales, fundamentales hoy, que cualquier país moderno contempla. Hemos llegado a este momento procesal de una ley importantísima desde el punto de vista ambiental, económico y social sin ese apoyo de todos.
En definitiva creo que en este caso su política, señorías del Grupo Parlamentario Popular, es una política de oposición a la propia oposición, y en cualquier caso, una política de gestos dentro de las políticas ambientales. Desde algo tan monumental como la creación del Ministerio de Medio Ambiente en 1996, hasta este refrito de ley que hoy nos presentan, sólo hay toneladas de maquillaje, pero no una fe en el medio ambiente de este país ni en las posibilidades que éste tiene en cuanto a creación de empleo o de carácter medioambiental.
Hablando de la integridad en la ley, hay una enmienda que no quisiera pasar por alto, y es la que se refiere a la

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modificación de la Ley 4/1989. Cualquier cajón es bueno para convertirlo en cajón de sastre, y en este caso...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bella, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BELLA GALAN: Termino, señor presidente.
Como digo, cualquier cajón es bueno para ser convertido en cajón de sastre, y en este caso ustedes también han convertido esta ley exclusivamente en un instrumento para que no nos sigan sancionando desde la Unión Europea por incumplir con la trasposición de las directivas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Bella.
En turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Arribas.


El señor ARRIBAS ARAGONES: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto del proyecto de ley y de las propuestas de veto que se han presentado al mismo, en relación con las cuales anuncio ya nuestro voto en contra.
Quiero iniciar mi intervención haciendo una alusión a la petición de consenso a todos los grupos. En el Consejo Nacional de Bosques representantes de sus comunidades autónomas colaboraron activamente y mostraron su apoyo al proyecto de ley. La vigente Ley de Montes de 1957, así como la de Incendios Forestales de 1968 son preconstitucionales.
Indudablemente ha cambiado el marco político institucional, económico y social de España, y el papel que los montes representan en nuestra sociedad, así como también la importancia de los espacios y usos forestales en el territorio de la nación, ya que la superficie forestal representa el 52 por ciento del territorio español.
El mandato constitucional reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica de montes y aprovechamientos forestales. Es precisamente este último punto el que parecen desconocer sus señorías cuando afirman en el texto de sus vetos --y leo textualmente-- que la planificación forestal a escala estatal es en realidad un pretexto para continuar con una política de montes centralistas. También parece desconocer el señor Quintana, y lo digo cordialmente, no sólo que la planificación forestal es competencia de las comunidades autónomas, sino que el proyecto de ley va más allá en el proceso de descentralización, ya que introduce como aspecto novedoso que las entidades locales podrán gestionar los montes catalogados de su titularidad, reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públicos y su contribución a la conservación de unos recursos que benefician a toda la sociedad.
El proyecto de ley sí aboga, señor Quintana, por la cooperación entre todas las administraciones. El proyecto de ley se inspira en unos principios enmarcados en el concepto de la gestión forestal sostenible de forma que ésta se convierta en un instrumento necesario para garantizar la conservación y pervivencia de la riqueza forestal española y recoge expresamente, señorías, el carácter multifuncional de los montes.
Especial interés se concede a su función social como proveedores de servicios ambientales tales como la protección del suelo de los recursos hídricos, la fijación del carbono o el mantenimiento de la diversidad biológica. Todo ello, señorías, es determinante en el texto del proyecto de ley para ampliar los motivos de inclusión de un monte en el catálogo de montes de utilidad pública y para introducir las externalidades ambientales como factores generadores de derechos a incentivos.
Son precisamente estos aspectos los que, según la enmienda socialista, quedan --leo textualmente-- menospreciados e ignorados en el proyecto de ley. Quiero creer que esta sorprendente posición socialista nace, no de la mala fe de quien manipula lo que sabe, sino de la ignorancia o lectura deficiente del texto, de modo que parece que su señoría socialista no ha leído dicho proyecto de ley. Por cierto, señorías, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza por el repentino, y a mi juicio saludable, interés del Grupo Parlamentario Socialista por nuestros montes, los grandes olvidados en la pseudopolítica medioambiental, más de gestos que de realidades, de los gobiernos socialistas durante su «trecenio» en el poder. Parece que es a partir de 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar crea el Ministerio de Medio Ambiente, cuando comienzan sus iniciativas parlamentarias a favor de los montes españoles, donde, además, nos explican cuáles fueron sus propuestas, por cierto, democráticamente rechazadas.
El proyecto de ley concede una especial relevancia a la planificación forestal. Las novedades más importantes del texto del proyecto son los planes de ordenación de los recursos forestales y la gestión forestal sostenible que debe integrar los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, todo ello, señorías, con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que se genera empleo y se colabora al aumento de la calidad de vida y de las expectativas de desarrollo de la población rural. El texto de veto socialista también indica que el proyecto de ley olvida a los habitantes y a los usos tradicionales, el desarrollo rural y la creación de empleo. Todos ellos son objetivos de la gestión forestal sostenible y aparecen reflejados en los artículos números 3 y 32 del proyecto.
El proyecto de ley contribuye al reconocimiento de los beneficios generales que los montes aportan a la sociedad y compensan por ello a sus propietarios introduciendo las externalidades ambientales como factor generador de derechos e incentivos. Asimismo, incide en el aprovechamiento de los recursos que el monte genera de forma sostenible, al vincularlos a los instrumentos de gestión. No es por tanto, señorías socialistas, como ustedes han indicado, un proyecto de ley enfocado a la explotación productivista, como dice el texto de su veto; los montes españoles tienen unas tasas de aprovechamiento muy por debajo de la media europea, que ronda el 60 por ciento del crecimiento de sus masas, mientras que en España estaríamos en torno al 30 ó 35 por ciento.
Nos sorprende la referencia a los terrenos de condición mixta, agrosilvopastoral, y en particular a las dehesas, porque

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este texto --cuya retirada del proyecto solicita el Grupo Parlamentario Socialista-- fue incluido en la ley precisamente a propuesta de la comunidad autónoma extremeña, apoyado por las comunidades autónomas de gobierno socialista, como la andaluza o la de Castilla-La Mancha. Por otra parte, hacen una referencia constante a espacios forestales en lugar de al monte. Nosotros entendemos que el concepto de monte es mucho más amplio que el de espacio forestal, y por tanto mantenemos esta terminología. Simplemente les diré que no podemos aceptar la sustitución de los proyectos de ordenación de recursos forestales por los proyectos de ordenación de recursos naturales; entendemos que los proyectos de ordenación de recursos forestales, que son quizá una de las novedades más importantes de la ley, son los instrumentos más adecuados para la planificación y gestión forestal sostenible, por lo que les quiero recordar, señorías, que hasta la fecha los proyectos de ordenación de recursos naturales se han utilizado y se utilizan como instrumentos previos a las declaraciones de espacios naturales protegidos.
Ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que el proyecto de ley no cambia sustancialmente la ley de 1957; hay aspectos fundamentales de esta ley, por ejemplo, al inspirarse en la gestión forestal sostenible, que creo son algo nuevo, importante, y que todos debemos desear. También en el proyecto de ley se recoge el carácter multifuncional de los montes de manera expresa, y se basa en que cumplen funciones ambientales protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. El proyecto de ley incide en la función social de los montes, a la que se dedica expresamete un artículo, y se les considera proveedores de numerosos servicios ambientales, como la protección del suelo, de los recursos hídricos, la fijación del carbono o el mantenimiento de la diversidad biológica. Nosotros creemos que un aspecto importante de la ley es la planificación forestal, tanto a escala general --mediante el plan forestal español o la estrategia forestal-- como a escala comarcal --mediante los planes de ordenación de los recursos forestales-- o simplemente a nivel de monte, ya que se habla de los proyectos de ordenación de montes. Confunden numerosas veces los planes de ordenación de recursos forestales, que son un instrumento de planificación, con el proyecto de ordenación de montes, que es un instrumento de gestión.
Señorías, quiero reiterar que nuestro grupo va a rechazar la propuesta de veto, al mismo tiempo que agradecemos a los grupos su colaboración en el desarrollo del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Unicamente quiero ratificar el mantenimiento de nuestro veto, ya que las razones dadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no hacen más que ahondar en las que a nosotros nos llevaron a presentarlo. Hay una realidad evidente, que ahora podremos desmenuzar más pormenorizadamente en el tratamiento de las enmiendas parciales, y es que la política forestal propuesta en el proyecto de ley que ahora se somete a consideración va a volver a incidir en errores pasados y, por desgracia, también en presentes. Y cuando nosotros hablamos de una estrategia forestal estatal, que va a disminuir la capacidad de las comunidades autónomas para hacer su propia estrategia de desarrollo forestal, no estamos hablando únicamente de un precepto ideológico, sino simplemente de la constatación de lo que se dice en este proyecto de ley: que a estas alturas de los tiempos en que estamos las comunidades autónomas sean consideradas, para este tema en cuestión, como órganos consultivos, al mismo nivel que cualquier otro órgano consultivo al que se le tiene en cuenta para la redacción de un proyecto de ley, para nosotros no es más que la demostración de una consideración equivocada de lo que es el Estado de las Autonomías, y, por tanto, la realidad de un Estado con un poder compuesto, en el que las comunidades autónomas también son Estado, y en el que por lo tanto asegurar la diversidad en un mundo tan importante como el forestal tendría su consecuencia lógica en la posibilidad de legislar desde cada territorio, de acuerdo con la especificidad y características propias del territorio donde se va a legislar. Por el contrario, aquí lo que se hace, en vez de utilizar la realidad de un Estado compuesto para asegurar la diversidad en un campo tan importante como éste, es ir a una política uniformizadora en que las comunidades autónomas sólo tendrán la posibilidad de gestionar aquello que desde el Estado se planifique. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esta política, con esta filosofía y con este entendimiento del Estado, y por eso hemos presentado el veto que mantenemos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Denegaciones.) Gracias, senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, nuestro grupo parlamentario no ha presentado veto a este proyecto de ley. Tenemos que reconocer que ha habido una colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y quiero agrader a los senadores Fernández y Arribas la actitud mantenida, creo que con todos los grupos pero también con el nuestro, para intentar mejorar los posicionamientos del proyecto de ley.
El gran número de enmiendas parciales que hemos presentado ha ido dirigido, en primer lugar, a mejorar la posición competencial de las comunidades autónomas, porque entendíamos que todavía se podían conseguir en el proyecto de ley las previsiones, las funciones y potestades que

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sobre las comunidades autónomas se contienen; pero otro gran número de ellas va a mejorar la sistemática legislativa del proyecto de ley, por ejemplo, todo el título del régimen sancionador que, desde nuestro punto de vista, aunque no afecta a la validez del proyecto, está mal estructurado. No nos vamos a oponer a él, pero creemos que se puede mejorar; y quizá no se ha trabajado con el empeño y la profundidad suficientes como para conseguirlo.
Lo mismo ocurre con las iniciativas de fomento. Se habla de subvenciones, y éstas no son la única iniciativa que se puede adoptar en el ámbito administrativo. Hay otras técnicas directas o indirectas, otros instrumentos de la acción de fomento de las Administraciones Públicas y, concretamente me refiero al capítulo III del Título VI, cuando habla de fomento forestal y hace una referencia expresa al tema de subvenciones y créditos. Creemos que podría ser mejorada, de forma palmaria tal regulación, aunque no estamos en contra de la filosofía que ahí se contiene y por eso vamos a votar favorablemente, al igual que ocurre con el régimen sancionador.
Luego hay una serie de enmiendas de carácter competencial, que tendremos ocasión de debatir igualmente en este Pleno en el trámite siguiente, pero quería hacer una consideración general. Este proyecto de ley tiene su importancia, en la medida en que está innovando completamente toda la legislación estatal en materia de montes. Actualmente, la norma básica en materia de montes es la Ley de 1957, una ley preconstitucional, de la que hay que inferir las bases, ya que no figura expresamente, en referencia a la legislación de las comunidades autónomas, y todas ellas tienen competencia exclusiva en la materia. Por tanto, respetando las bases legislativas del Estado, no están especificadas las normas estatales, porque la Ley de 1957 se aprobó en un momento en que no había una redistribución del poder político acorde con la actualidad en la que vivimos. Por ello, desde ese punto de vista, es positivo que se produzca esa innovación en materia de montes y tengamos una legislación actualizada y moderna, acorde a la realidad del Estado autonómico.
En segundo lugar, señor presidente, creo que ha habido un esfuerzo de aproximación a las comunidades autónomas tanto en la fase prelegislativa y como también en su tramitación parlamentaria. Este proyecto de ley es muy importante para el País Vasco porque, por ejemplo, en el año 2002, el 19 por ciento de la producción agraria final de la comunidad provenía del sector forestal. Euskadi cuenta con 3.900.000 hectáreas de masa forestal.
El 54 por ciento de la superficie de su territorio es forestal y tenemos la ratio más alta de España y una de los más altas de Europa en la relación superficie forestal/habitante. De hecho, en Euskadi tenemos 181 millones de árboles, con una media de 250 árboles por habitante.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señor presidente.
Por eso, la gran importancia estratégica de la actualización de la legislación en materia de montes para una comunidad autónoma como la de Euskadi radica en que el 80 por ciento de la superficie forestal en Alava es pública y el 20 por ciento privada, aunque en Vizcaya y Guipúzcoa la proporción es inversa. Por tanto, no nos vamos a oponer este proyecto de ley, hemos participado en ese debate y creemos que hemos logrado acuerdos importantes y razonables en cuanto a su contenido.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Corresponde ahora el turno al Grupo Entesa Catalana de Progrés. En su nombre, el senador Batlle tiene la palabra.


El señor BATLLE FARRAN: Gracias, señor presidente.
Partiendo de la base de que la presentación de la ley era una necesidad, no es menos cierto que una ley que debería adaptarse a las necesidades y las exigencias de los tiempos reales, a nuestro entender, debería contener más y mejores matices.
En lo que hace referencia a la coordinación de la ley básica con las legislaciones autonómicas, de estas entre sí y de todas ellas con el conjunto de las administraciones locales, puesto que también existe titularidad de montes en las administraciones locales, entendemos que en este proyecto de ley se define de forma poco concreta lo que son las políticas y los mecanismos de prevención y de gestión, de aprovechamientos y de usos de los suelos de los montes y de los bosques.
Y en esa dinámica hemos planteado una serie de enmiendas, que tendremos la oportunidad de debatir en el trámite posterior, aunque anunciamos ya nuestro voto favorable a los vetos, puesto que, entendiendo que la ley es necesaria, consideramos que no vendría nada mal un mejor redactado de la ley y mayor especificidad en las cuestiones a que he hecho referencia anteriormente.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Batlle.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre, el senador Servià tiene la palabra.
El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió nos abstendremos en la votación de ambos vetos.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Servià.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el senador Bella tiene la palabra.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señor presidente.
Indudablemente, vamos a mantener nuestra posición respecto del veto, pero, permítame, senador Arribas, que, con cariño, me refiera a algunos puntos, quizás para complacerle

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en cuanto a los argumentos que ha utilizado al defender la posición contraria a la del veto y la postura que mantiene el Grupo Socialista en este momento del debate.
Decía René de Chateaubriand que los bosques preceden a las civilizaciones y que los desiertos las siguen. Es una buena frase para reflexionar sobre si con esta ley vamos a propiciar más bosques o si, por el contrario, vamos a hacer que tras nosotros sigan llegando desiertos. Y esta es una reflexión importante que le pediría que hiciera, al amparo de lo que al final del debate vamos a establecer desde esta Cámara.
Sin ánimo de crispación, le dije antes que la política medioambiental del Gobierno del Partido Popular es una seudopolítica medioambiental. Y digo esto porque usted mismo se ha amparado en ese escudo, en ese preámbulo de la ley, donde hay palabras muy rimbombantes, para desechar las posibilidades y las propuestas que hacemos desde esta enmienda a la totalidad.
Quisiera que recordara por un momento la imagen de aquella película titulada «Los hermanos Marx en el Oeste» en la que de repente se escuchaba una voz desde la locomotora que decía: ¡Más madera! ¿Recuerda aquello? Esto es igual. Ustedes están haciendo hincapié únicamente en un sector productivo de los montes que cada vez tiene menor importancia desde el punto de vista global, es decir, España es cada vez menos competitiva en lo referente a madera respecto a otros países, que lo hacen mejor, en menos tiempo y con más posibilidades. Por tanto, sinceramente, habría que aprovechar todas esas posibilidades que dan los montes desde el punto de vista de la biodiversidad para generar más economía en este país y fijar esa población, tan importante hasta ahora.
Sinceramente, a estas alturas, no puedo admitir que usted diga que los montes tienen que ser fijadores del CO2 y, por tanto, van a contribuir al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Si ésa es la esperanza que nos queda en este país, aviados estamos, es decir, es una cuestión a largo plazo y creo que tendríamos que hablar de algo mucho más próximo, porque esa no va a ser la solución. Pero, insisto, hay que hablar de ciclos del agua, relacionar todo lo referente a montes y ese 52 por ciento de la población con el plan hidrológico, hay que hablar de la restauración de los suelos, de la desertización, etcétera. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es un argumento muy simple decir que no nos hemos leído la ley. Y ya he visto en el Diario del Congreso de los Diputados que ese mismo argumento se utilizó también en contra de los portavoces del Grupo Socialista y otros grupos.
Y permítame que me refiera a algo que usted ha expresado, esto es, que en trece años de Gobierno los socialistas no hemos solucionado grandes cosas. Desde el Gobierno de la nación y desde el Gobierno de muchas comunidades autónomas hemos solucionado gran parte de los defectos que había provocado la Ley de 1957. Si ahora repetimos aquella ley, probablemente en lo sucesivo tenga que venir algún gobierno progresista que solucione los problemas que de nuevo se van a crear.
Y no creo en el argumento referido a la fijación de la población, se lo digo con todo el cariño y el máximo respeto. Cuando en este país es prácticamente ya imposible que llegue el teléfono o el correo a algunas zonas rurales, no me voy a creer que a estas alturas, después de siete años de gobierno, ustedes estén dispuestos a fijar la población rural a través de una ley. Y como no lo creo, se lo tengo que decir.
Esto forma parte --permítame que insista en ello-- de la fiebre legislativa que de nuevo les ha entrado y que, evidentemente, hace que no se tengan en cuenta experiencias magníficas de muchas comunidades autónomas, que han protegido los bosques para generar economía, preservar un medio ambiente más adecuado y, socialmente, más integrador. Ustedes no las han tenido en cuenta y, como digo, vuelven a repetir el esquema de la Ley de 1957. Pero vuelvo a insistir, tendrá que venir un gobierno progresista que resuelva los problemas que van a crear con esta nueva ley, que no es más que una copia de aquélla.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Arribas.


El señor ARRIBAS ARAGONES: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los grupos parlamentarios por el tono y la forma.
Al senador Quintana ya le contesté en mi intervención y no voy a repetirlo en aras a la brevedad y el tiempo.
Al senador Gatzagaetxebarría, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero agradecerle la colaboración que ha tenido tanto en la comisión, como personalmente, y podría estar de acuerdo en ciertas alusiones que ha hecho al tema del fortalecimiento, pero de todas formas esto es cuestión de debatirlo y de plantearlo en su momento. Le agradezco su colaboración y ciertamente podría estar de acuerdo con sus planteamientos sobre los aprovechamientos, ya que una provincia como la de Soria tiene también escasez de agua y debiera tener una recogida de esos aprovechamientos más factible.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès reconoce la necesidad de presentación de la ley, y yo se lo agradezco. Ciertamente hemos tratado de colaborar y de integrar en esta ley tantas cuestiones necesarias en una ley del año 1957 que se quedaba trasnochada aunque haya dado un buen juego y ha supuesto un buen sistema.
Al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió le agradezco la colaboración que también ha tenido en las comisiones y lamento que se abstenga.
Al Grupo Parlamentario Socialista, con el mismo cariño que el senador Bella Galán me ha manifestado las impresiones que él ha creído conveniente, sí tengo que decirle que así como el proyecto del Gobierno explica el vigente reparto competencial entre administraciones, que emana de la Constitución, designando a las administraciones autonómicas como las responsables y competentes de la ejecución de la política forestal, asimismo las administraciones locales tienen mucho que aportar como propietarias

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de la mayoría del territorio forestal público,alrededor de un tercio del total, y como tal son recogidas en el proyecto.
La Administración General del Estado aparece como el engarce de la política forestal española con las políticas europeas e internacionales en materia de medio ambiente, desarrollo rural, comercio exterior y estadísticas internacionales. La confluencia de competencias en materia forestal de las distintas administraciones lleva a que el proyecto de ley reconozca la trascendental importancia de una cultura de colaboración administrativa para asegurar la adecuada y eficaz gestión de la mitad del territorio español, a su vez inmerso en un medio natural europeo y global. En el proyecto de ley se recoge de forma explícita la función social de los montes tanto públicos, como privados, proveedores de recursos y servicios ambientales de primer orden.
Por lo demás, en aras de la brevedad, insisto, quiero dar nuevamente las gracias a todos los grupos por su colaboración.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Señorías, sometemos a votación los vetos debatidos al proyecto de ley de montes.
En primer lugar, se somete a votación la propuesta de veto número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentada por el señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 54; en contra, 132; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de veto número 2 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 52; en contra, 135; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
No habiendo sido aceptados por la mayoría que exige el Reglamento del Senado, procedemos a la discusión de las enmiendas.
En primer lugar, enmiendas presentadas por el senador Mur Bernad, del Grupo Parlamentario Mixto, números 55 a 56. (Pausa.) Como el senador Mur Bernad no está presente en el hemiciclo, decaen las mismas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto formuladas por el senador Quintana, números 1 a 40, originariamente presentadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares; 41 a 54, originariamente formuladas por la senadora De Boneta y Piedra y las números 57 a 74, originariamente formuladas por el senador Quintana González.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Las enmiendas de los senadores de Izquierda Unidad las doy por defendidas, pero voy a incorporar alguna matización.
Para nosotros este proyecto era necesario, pero hay una ausencia clara de objetivos y de medidas de conservación y mejora de la biodiversidad. Una característica de los montes y los bosques sería la necesidad de que se conserve y se recupere la diversidad del ecosistema forestal propio de nuestro país.
No nos hablan de la conservación de la biodiversidad, tampoco incluyen dentro del proyecto de ley de montes la restauración de los ecosistemas y las especies amenazadas o en peligro de extinción, y la restauración hidrológico-forestal y la lucha contra la desertización que sí están en el proyecto, entendemos que deben enfocarse hacia la necesidad de la buena conservación de las masas forestales y de los montes.
Las enmiendas que planteamos persiguen una mejora, y creemos que con su incorporación se corregirían los defectos a los que he hecho alusión. Por lo tanto, las damos por defendidas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Debo aclararle, en primer término, que las enmiendas de la senadora De Boneta y del senador Mur se dan por defendidas, pero se mantienen.
En cuanto a las presentadas por el Bloque Nacionalista Galego haré muy brevemente referencia a algunas que son indicativas del sentido que tiene la totalidad de ellas.
En la enmienda número 57 intentamos introducir una modificación a la exposición de motivos en la que pretendemos que a la hora de señalar las diferentes titularidades de las superficies forestales no se califiquen y dividan sólo entre privadas y públicas. Nos parece que sería un lugar sustantivo para incluir una especificidad a la que ya hicimos mención en la defensa de nuestro veto. Hablamos de incluir a la hora de definir la titularidad de los montes no sólo la calificación de públicos y privados, sino la de montes en mano común. Un modelo de titularidad que siendo privado es también colectivo, obedece a un derecho específico, y además, no sería baladí su inscripción aquí. No sería sólo un reconocimiento a una realidad, sino que abriría las puertas a la solución de otros problemas que ya hemos tratado.
Cuando se establecen regímenes de fiscalidad siempre se hace mención a un régimen de fiscalidad basándose en la titularidad que se haya especificado con anterioridad. Si no dejamos señalado ahora que en la superficie forestal existe titularidad privada, pública y también la característica de titularidad bajo la forma de monte mancomún, tendremos después dificultad a la hora de señalar también una fiscalidad específica para un tipo de titularidad que no se asimila ni a la privada propiamente dicha ni a la pública entendida como todos la entendemos.


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Entienda, por tanto, la propuesta del Bloque Nacionalista Galego como un deseo de que en una norma básica aparezca también incluida una característica que para Galicia es fundamental. Por eso, hacemos esa enmienda número 57 que después repetimos en la enmienda 71.
En la enmienda número 58, al artículo 4, volvemos a incidir en algo que aquí se ha comentado en más de una ocasión. Estamos asistiendo a la discusión de leyes básicas y la intención del grupo que sustenta al Gobierno y ostenta la mayoría en esta Cámara quiere, desde nuestro punto de vista, agrandar lo que se estipula como competencias exclusivas del Estado, entendiendo, por tanto, la legislación desde una perspectiva central.
Esa es nuestra consideración. Lo que nos encontramos es que cuando así se legisla es por que no hay una correlación en la asignación de recursos, de manera que el cuadro final puede ser: Estado legisla y que paguen las comunidades autónomas. Y a nosotros eso no nos parece razonable. No nos parece razonable ni que se intente legislar desde una perspectiva centralizadora y mucho menos que después de legislar así se diga que los recursos no corresponden o provienen de la misma esfera, sino que tienen que ser las comunidades autónomas quienes nos lo reporten. Por eso, nos parece oportuno, y así lo hacemos en esta enmienda 58, al artículo 4, que haya también una clarificación y, por tanto, nominación específica al respecto de la necesidad de asignar recursos suficientes para poder cumplir lo que en la ley ahora se establece.
En la enmienda número 59, al artículo 5.1, volvemos a hacer mención a lo que puede suponer la necesidad de tener en cuenta las diferentes características de las superficies forestales y su aprovechamiento dependiendo de la comunidad autónoma de que se trate. En el caso de Galicia los aprovechamientos en el monte e, incluso, en la superficie forestal, entendida no de una manera asimilada, nunca son aprovechamientos únicos o por lo menos muchas veces conviven distintos aprovechamientos. El aprovechamiento forestal en Galicia en muchísimos casos convive con el aprovechamiento agrario y ganadero. Por eso, nos parecía importante que a la hora de hacer la especificación de aprovechamientos en el monte se tuviera en cuenta esa realidad y a eso se debe la enmienda número 59 al artículo 5.1.
Hay después toda una serie de enmiendas en las que no voy a extenderme, porque sería reiterar los argumentos ya expresados en el veto y que se expresan en las enmiendas 61, 62, 63, 64, 65 e, incluso, en la 70 en las que intentamos trasladar ya a la práctica del terreno concreto de las enmiendas parciales lo que fue la filosofía general que intentamos defender en el veto. Y así defendemos en esas enmiendas lo que consideramos un nuevo concepto de relación competencial entre las comunidades autónomas y el Estado, preservando los derechos y, por tanto, las competencias de las comunidades autónomas y otorgando al Estado la consideración y necesidad de una legislación global que garantice la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
En esas enmiendas también ofrecemos la posibilidad de mejorar lo que sería la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de una estrategia estatal para participar en la estrategia forestal europea que nos parece que en el texto que se somete a consideración no se encuentra debidamente reflejado.
Por último, dos enmiendas a las que quiero hacer mención, son la 72 y la 73 ,que son una buena demostración de lo que decimos sobre la necesidad del nivel competencial de las comunidades autónomas para aprovechar adecuadamente los recursos forestales que tienen a su disposición, que no obedece a un alegato ideológico, sino a una realidad práctica.
Así, en la enmienda 72 proponemos la necesidad de modificar el texto para permitir que las comunidades autónomas puedan tener capacidad de limitar las ayudas a la forestación en tierras agrarias. Hay una realidad hoy en Galicia que estamos viviendo. Las ayudas a la forestación en tierras agrarias provocan de una manera directa la aparición sobredimensionada de reforestación con especies de ciclo corto, claramente contrarias en muchos casos a la realidad territorial medioambiental del sitio donde se ubican y, además, provocan una consecuencia inmediata en muchos casos: la disminución de la superficie agraria útil, sobre todo, en zonas del territorio donde una política lógica lo que tendría que provocar sería exactamente lo contrario. Por lo tanto, pensamos que sería necesario una modificación del texto legal que se somete a consideración para posibilitar que las comunidades autónomas tuvieran una competencia legisladora en ese ámbito.
En la enmienda número 73 proponemos que las comunidades autónomas se reserven la potestad de rescindir convenios que puedan propiciar el aumento de la superficie agraria útil. En muchos casos la política forestal tiene que servirnos no sólo para marcar la política de forestación, sino también para marcar las zonas de territorio donde esa forestación, en función de una planificación agraria y ganadera, no es posible ni rentable ni lógica ni medioambientalmente aconsejable. Y eso sólo lo puede legislar una comunidad autónoma en función de la realidad del territorio al que se tenga que dirigir. Esta es la sustancia de las enmiendas parciales que hemos presentado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo de Coalición Canaria tiene solamente dos enmiendas a este proyecto de ley de montes, y voy a consumir mi turno en su defensa.
En primer lugar, tenemos una enmienda por la que se propone la adición de una nueva disposición transitoria del siguiente tenor: «Disposición transitoria sexta. Régimen de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias. En tanto no se proceda por la Comunidad Autónoma de Canarias al desarrollo legislativo en materia de montes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.7 de su estatuto de autonomía, seguirá siendo de aplicación en Canarias lo dispuesto en el capítulo III del Título I de la Ley de Montes,

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de 8 de junio de 1957, y en el capítulo II del Título V de su Reglamento.» Si bien es cierto que la disposición derogatoria única de este proyecto de ley de montes, en su segundo apartado, deja vigente el Reglamento de Montes actual, en tanto no se oponga a lo previsto en la nueva ley, y hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo, estimamos necesario, dada la importancia de la figura de la ocupación en Canarias --luego pasaré a describirlo--, que se asegure su aplicación en el tiempo, hasta tanto la Comunidad Autónoma de Canarias elabore su normativa de desarrollo en la materia mediante ley territorial y decretos de desarrollo.
Esta importancia de seguir contando con la vigencia y aplicabilidad de la figura de la ocupación de interés particular en Canarias encuentra su fundamento en un sistema de explotación y distribución del agua basado en la propiedad privada, y a la particular realidad hidrogeológica del archipiélago.
Concretamente, el fenómeno que nos ocupa se produce en la captación de aguas subterráneas mediante galería. Este aprovechamiento se produce generalmente en las zonas de medianías y cumbres, donde se sitúan los alumbramientos hídricos y, por lo tanto, el emboquillamiento de las galerías. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Si bien este emboquillamiento puede situarse en propiedad privada, en la mayoría de los casos lo hace dentro de los montes de utilidad pública catalogados, procediéndose a una ocupación de su subsuelo. Además, la distribución del agua mediante canales o tuberías hasta los lugares de consumo ha originado también la necesidad de ocupar el suelo de estos montes para instalar la infraestructura obligada para su transporte hacia los lugares de consumo, así como la creación de pistas como medidas de seguridad y mantenimiento. Incluso, en muchos de los supuestos en que el emboquillamiento se encuentra en propiedad privada, la misma trayectoria horizontal de la galería invade, en la búsqueda de nuevos alumbramientos, el subsuelo de montes catalogados --téngase en cuenta que, por ejemplo, en Tenerife, casi la totalidad de sus cumbres forestales se encuentran protegidas dentro del Parque Natural de Corona Forestal.
En este sentido, todas estas ocupaciones de suelo y subsuelo en montes incluidos en el catálogo de los de utilidad pública de la provincia se han legitimado mediante la aplicación de la figura de la ocupación en interés particular, lo que explica la importancia y la necesidad de que persista la vigencia y aplicación de ésta en el territorio canario.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Arroyo, le ruego que concluya.


El señor ARROYO HODGSON: Voy concluyendo, señor presidente.
Consecuentemente, se propone insertar en el texto del proyecto una disposición que mantenga en vigor la figura de la ocupación en interés particular en el territorio de las islas Canarias, hasta tanto no se regule ésta por la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejecución de su competencia de desarrollo legislativo en materia de montes recogida en el artículo 32.7 de su estatuto de autonomía, para así evitar que se produzca un vacío legal en los supuestos ya referidos.
Acabo, señor presidente.
Existe una segunda enmienda de adición a la disposición derogatoria única, apartado 1, en la que se propone incluir la siguiente frase: «1.
Quedan derogadas las siguientes leyes sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria sexta.» Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Arroyo Hodgson.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 75 a 82, 84 a 106, 108, 110 a 119, 121, 122, 124, 125, 127 a 138, 140 a 155, 157 a 176 y 181 a 208, así como ocho enmiendas transaccionales en Comisión por las que se modifica el artículo 11 y la disposición adicional décima y se introducen cinco nuevas disposiciones adicionales, presentadas todas ellas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para su defensa tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
De las 134 enmiendas vamos a hacer una defensa de las fundamentales, que es un grupo de unas 30 ó 40 enmiendas. Otro paquete de unas doce enmiendas se encuentran transadas o aceptadas con el Grupo Parlamentario Popular.
Voy a empezar con la enmienda número 85, dirigida al artículo 13 del proyecto de ley, que regula los montes catalogadas y establece las características que un monte público tiene que tener para que sea objeto de catalogación. Entre esos requisitos se habla de que esos montes contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora, la fauna, la diversidad genética, y nosotros añadimos que ese monte público contribuya a la fijación del carbono atmosférico.
Hacemos esta propuesta porque es esencial, y así lo ha dicho el senador Arribas en su primera intervención. La fijación del carbono atmosférico es importante porque estamos hablando del cumplimiento del Convenio de cambio climático de la Cumbre de la Tierra de 1992 y del Protocolo de Kioto, ratificado por las Cortes el año pasado. Por eso, entre los objetivos que sirvieran de catalogación a los montes públicos, les planteamos la fijación del carbono atmosférico, en coherencia con lo que acababa de manifestar, como he señalado, el senador Arribas en su intervención. Fíjense si es importante que uno de los elementos que está inspirando este proyecto de ley es la fijación del carbono atmosférico --tanto en su fijación como luego su conversión en oxígeno--, y dicho elemento forma parte de toda la planificación forestal española, del Gobierno y de las comunidades autónomas, y el Gobierno está en la hipótesis de elaborar una estrategia española en relación con el cambio climático.


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Por eso consideramos importante incluir, dentro de ese «prius» que suponen los montes públicos catalogados, que cumplieran esa fijación del carbono atmosférico.
La enmienda número 86 hace referencia al catálogo de montes de utilidad pública. Nosotros pretendemos una redacción del precepto más simple y palmaria. Concretamente el artículo 16 dice lo siguiente: «El catálogo de montes de utilidad pública es un registro público de carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública.» Nosotros planteamos la siguiente redacción: «El catálogo de montes de utilidad pública es un registro público de carácter administrativo, gestionado por las comunidades autónomas, ...». Es importante aclararlo. Se deduce del proyecto de ley en los apartados siguientes cuando se dice que las comunidades autónomas darán traslado al ministerio de las inscripciones que practiquen. Se deduce implícitamente que las inscripciones en el registro las efectúan las comunidades autónomas, y a efectos informativos se da participación al Ministerio de Medio Ambiente, pero hay que decir que es un registro de gestión autonómica. Nos parecía importante y por eso presentamos las enmiendas números 86 y 87 para efectuar esa clarificación en dicho precepto.
La enmienda número 93, dirigida al artículo 20, se refiere al ejercicio de las potestades públicas demaniales. La demanialidad implica el ejercicio de una serie de potestades públicas que no tiene la privacidad.
¿Cuáles son esas potestades? La facultad de investigación, la recuperación de oficio, el deslinde administrativo, etcétera. Pues bien, estos preceptos, los artículos 20 y 21, donde se atribuyen estas potestades respecto a los montes demaniales, tanto a los ordinarios como a los específicos o catalogados, establecen lo siguiente: «Los titulares de los montes demaniales, junto con la Administración gestora...».
Nosotros planteamos, en lugar de la expresión «Los titulares de los montes demaniales», lo siguiente: «La administración propietaria de los montes demaniales...». Creo que es mejor la precisión.
Ustedes dicen «... junto con la administración gestora...», mientras que nosotros planteamos en su lugar «... junto con la comunidad autónoma...», porque a lo largo del proyecto de ley sale la administración gestora.
¿Pero la administración gestora quién es? ¿Quién es la administración gestora de los montes demaniales? Por un lado está la administración propietaria y por otro la administración gestora. Del proyecto de ley se entiende que son las administraciones forestales, y ¿cuáles son las administraciones forestales? Las comunidades autónomas, pero el proyecto de ley no lo dice. Se utilizan eufemismos. Cuando son competencia de la Administración General de Estado, es el Gobierno; cuando estamos hablando de comunidades autónomas, es la administración gestora. Es importante precisarlo en el proyecto de ley porque un monte puede ser demanial, es decir, puede ser de titularidad municipal, de titularidad estatal, y que la administración forestal sea la comunidad autónoma, pero hay que decirlo; por eso es importante determinar quién va a ejercer esas potestades inherentes a la demanialidad: la facultad de investigación de oficio, la facultad de deslinde con montes privados, la facultad de recuperación posesoria en caso de usurpaciones, etcétera. Se habla de administración gestora y es importante la precisión. La administración gestora son las comunidades autónomas pero no lo dice el proyecto de ley y por ello es importante incluirlo, y lo planteamos en las enmiendas 93, 94 y 95 del proyecto de ley.
En el artículo 31, enmienda número 113, se habla de la planificación de los recursos forestales. Entendemos que la planificación corresponde a las comunidades autónomas. Por ello teníamos importantes reservas al proyecto de ley, fundamentalmente a estos preceptos de la planificación, los planes de ordenación de los recursos forestales, porque la regulación de los planes y la determinación de qué tipo de instrumentos de planificación se pueden utilizar para la regulación de los recursos forestales corresponde a las comunidades autónomas.
Se ha producido un cambio importante, lo reconozco, en la medida en que en el Congreso de los Diputados se estableció con carácter voluntario la aprobación de los instrumentos de ordenación de los recursos forestales.
Eso para una comunidad como la de Euskadi puede suponer que no va a haber planes de ordenación de recursos forestales ¿Por qué? Porque la ley en este aspecto ha dado un avance importante, es muy respetuosa con las comunidades autónomas cuando dice: «Las Comunidades Autónomas podrán...» Es un cambio sustancial en el proyecto de ley porque afecta a la espina dorsal del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, de manera que en Euskadi no van a existir planes de ordenación de recursos forestales porque ya hay una planificación previa realizada con instrumentos de regulación forestal propia. Tengo que reconocerle al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular la cintura política que han tenido de respeto a las competencias de las comunidades autónomas cuando abren el escenario a que aquellas comunidades autónomas que quieran hacer planes de ordenación de recursos forestales de esta ley los pueden hacer, pero cuando tengan la regulación y sus propios instrumentos de planificación, se regularán por ella.
Por tanto, nosotros hemos mantenido las enmiendas filosóficas 113, 114 y 115 a esta regulación del capítulo II del Título III, pero reconocemos el avance al establecer el carácter facultativo de estos preceptos.
Por tanto, cuando se dice que los planes deberán contener estos elementos, y se detalla todo el contenido de los planes, serán los planes que elaboran aquellas comunidades autónomas de conformidad con esta ley, las que no lo hagan y tengan sus propios instrumentos de planificación no quedan sujetos. Por tanto, bienvenida sea esa regulación. Quiero reconocer públicamente el sustancial avance que en cuanto a la filosofía de la ordenación y planificación de los recursos forestales supuso ese cambio.
Quería hacer referencia, señor ministro, a la enmienda número 116, al artículo 32. Ahí sí que le tengo que hacer una crítica. Se dice que el Ministerio de Medio Ambiente, previa consulta con las comunidades autónomas, elaborará una instrucción básica. Las instrucciones son actos de materialización, de ejecución de la normativa estatal, y el que se establezcan actuaciones ejecutivas básicas es algo muy

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excepcional en el sistema de distribución de competencias. Ese es el motivo por el que hemos planteado la enmienda de supresión del párrafo segundo del artículo 32.
La enmienda 125 se refiere al artículo 38, que nos parece grave porque afecta a las corporaciones locales. Dice el proyecto de ley que las entidades locales titulares de montes catalogados aplicarán un fondo de mejoras cuyo destino será la conservación de los montes catalogados de utilidad pública y con un porcentaje de destino presupuestario a tal fin no inferior al 15 por ciento del valor de su aprovechamiento. Pero lo más grave viene en el inciso final, donde dice que las corporaciones locales no gestionarán dicho fondo sino que lo gestionará la comunidad autónoma correspondiente salvo que ésta lo transfiera a su titular. Pero ¿cómo podemos aprobar esta barbaridad de que sobre la base de la autonomía municipal los recursos presupuestarios que dediquen las corporaciones locales a montes catalogados de su titularidad serán gestionados por otra administración, por las comunidades autónomas? No, ni por las comunidades autónomas ni por el Estado, por las mismas corporaciones locales. Si son recursos presupuestarios ordinarios ¿cómo se los vamos a asignar a las comunidades autónomas? Eso es un disparate. Las comunidades autónomas no pueden gestionar esos recursos, salvo que lleguen a un acuerdo, pero que por ley la gestión de los fondos presupuestarios municipales o provinciales, porque se habla de entidades locales, y también pueden ser las diputaciones provinciales, municipios o entidades locales menores, consorcios o mancomunidades, sean gestionados por la comunidad autónoma es una barbaridad, no hay precedentes de una conculcación de la autonomía local ni de la autonomía de organización presupuestaria de las corporaciones locales. Lo que sí puede hacer el Estado es decir que las corporaciones locales destinen, con un determinado objetivo, fondos de las mismas a una finalidad pública, eso lo puede reglamentar una ley de bases, pero decir que la gestión de las mismas corresponda a una tercera administración eso choca con el principio constitucional de respeto a la autonomía local, de todos los entes locales, de la Ley 7/1985.
Las enmiendas números 129, 130, 150 y 198 tienen la misma filosofía. En la número 129, al artículo 41, se habla del Plan Nacional contra la Desertificación. En el apartado siguiente se habla del Plan Nacional de Restauración Hidrológica-Forestal; en el artículo 54 se habla del Programa Nacional de Mejora Genética; en la disposición adicional cuarta se habla de la estrategia nacional de uso energético de la biomasa forestal. ¿Qué pasa en todos estos documentos de planificación? Los correspondientes artículos dicen que se elaborarán esos planes por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Lo que ustedes dicen en el artículo 30 para el Plan Forestal.
¿Y qué dicen ustedes para el Plan Forestal español? Que dicho plan se elaborará por el Ministerio de Medio Ambiente teniendo en cuenta los planes forestales de las comunidades autónomas, y ¿qué les decimos nosotros en estos preceptos? Que en el Plan Nacional de Desertificación, en el Plan Nacional de Restauración-Hidrológica, en el Plan Nacional de Mejora Genética y en el de uso energético de la biomasa forestal puede afectar un plan nacional pero con la misma redacción que el Plan Forestal Nacional, teniendo en cuenta los planes autonómicos en la materia. Por tanto, no vemos una coherencia en la sistemática del proyecto de ley ¿Por qué en el Plan Forestal Nacional se tienen en cuenta los planes forestales autonómicos y en el resto de planes especiales (de desertificación, restauración-hidrológica, mejora genética forestal y uso de la biomasa) no se tienen en cuenta los planes autonómicos? No parece sensato. Hay una incoherencia, y las Cortes están regulando con incoherencia. Tenemos en cuenta los planes autonómicos para el Plan Forestal Nacional, que es el general, el que da cobertura, y no tenemos en cuenta los específicos que pueda haber en las comunidades autónomas.
Por eso había que hacer una mejora puntual en todos esos preceptos que he indicado a la que van referidas las enmiendas que he explicitado.
La enmienda número 132, al artículo 43, requiere un comentario especial.
Se está hablando del capítulo III del Título IV de los incendios forestales, lo cual es una cuestión muy importante. La ley dice que corresponde a las administraciones públicas la responsabilidad de la organización de la defensa. No, en España la responsabilidad política y jurídica de la defensa y gestión de los incendios forestales es competencia autonómica. Esto no es una indeterminación. El Ayuntamiento de Calpe, el Ayuntamiento de Lugo, la corporación administrativa correspondiente, la Diputación de Salamanca, la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Murcia, todos son corresponsables de la gestión de los incendios forestales; no, la responsabilidad es de las comunidades autónomas porque así está establecida la asignación de competencias en el bloque de la constitucionalidad. No se puede establecer una regulación en la que se diga que a todos corresponde la responsabilidad; no, la responsabilidad corresponde a las comunidades autónomas, porque es una función que se encuadra dentro de las competencias de desarrollo y ejecución. Son actuaciones materiales de planificación, de prevención, de formación, de materialización de gestión de las competencias ambientales. Por lo tanto, esto sí requiere una autocrítica profunda sobre la previsión que contiene dicho artículo del proyecto de ley.
Lo mismo ocurre con el artículo siguiente. La enmienda 133 al artículo 44 dispone que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán..., no que las Administraciones públicas cooperarán; no, las comunidades autónomas regularán y podrán cooperar con otras. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es autonómica, en un Estado no podemos diluir las responsabilidades. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado en materia de incendios? Está presupuestando medios, que luego asigna sobre la base de los convenios correspondientes con las comunidades autónomas, pero la responsabilidad de la gestión es de las comunidades autónomas.
La enmienda número 143 es al artículo 47, en el que se dice algo terrible, que la administración responsable de la extinción asumirá la defensa jurídica del director técnico y del personal que haya participado en la gestión del incendio.


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¿Y quién es la administración responsable si el artículo 43 no lo dice, a quién corresponde la defensa de los incendios forestales, a todas? No, la administración responsable son las comunidades autónomas. Entonces, estamos dando un salto al vacío. ¿Cualquier administración pública es responsable de la gestión del incendio público, el responsable de la extinción? Creo que estas son deficiencias importantes del proyecto de ley. Se entiende implícitamente que van a ser las comunidades autónomas, pero no lo dice. ¿Por qué utilizamos esta cicatería, este eufemismo, de que todos podemos hacer todo? No, en un Estado con poder político territorializado, las competencias están repartidas y era importante decirlo. ¿Por qué? Porque si vamos al proyecto de ley, inicialmente en el artículo 7 se asignan las competencias de la Administración General del Estado y las detalla con profusión. Y si vamos al artículo siguiente respecto a las comunidades autónomas, se dice que tendrán las competencias que les correspondan por sus estatutos de autonomía. Eso es lo que no tiene una buena sistemática y coherencia. ¿Quién es el responsable de la extinción de incendios forestales? Todas las administraciones, porque no lo dice la ley y eso no puede ocurrir en un Estado políticamente descentralizado, donde hay un reparto de competencias efectuado.
Por ello, señor presidente, yo pediría reflexión al respecto porque el Estado interviene, pero ¿cuándo? Interviene cuando se produce una situación de catástrofe, de riesgo originado por un incendio de una magnitud que pueda poner en peligro el territorio de más de una comunidad autónoma. Entonces, puede intervenir no en materia medioambiental, sino en el ejercicio de las funciones de coordinación de protección civil, pero no es responsable de la extinción. Se deduce implícitamente del articulado, aunque no se quiera decir, cuando se dice que las comunidades autónomas fijarán un mando unificado de la extinción de los incendios.
Pues si las comunidades autónomas van a fijar el mando unificado de la extinción de los incendios, en el artículo anterior hay que decir que las comunidades autónomas son las responsables de la gestión de los incendios, pero no se dice. Y ello no impediría que el Estado pudiera presupuestar recursos públicos, porque lo puede hacer en base a la competencia básica en materia de montes; lo que el Estado luego no puede hacer es gestionar, tiene que territorializar estos fondos presupuestarios vía convenios. Por eso hemos presentado este grupo de enmiendas en bloque.
La enmienda número 136 al artículo 45 también tiene una redacción muy imprecisa. Se dice que toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio. ¿Y cuál es la autoridad competente, si no lo dice, si dice que todas son competentes? Nosotros lo precisamos: «... obligada a avisar al órgano competente de la Comunidad Autónoma o a los servicios de seguridad pública...», entre éstos están las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero hay que precisar quién es la autoridad competente porque no se dice.
Cualquier ciudadano español, evidentemente profano en el régimen de distribución de competencias, se preguntará quién es la autoridad competente porque no lo dice en ningún sitio. No hay ningún artículo anterior que lo establezca, por eso enmendamos también este precepto.
La enmienda número 159 es al artículo 58, referido a las funciones de gestión de la guardería forestal. Estamos en lo mismo, se dice que las administraciones desempeñarán las funciones de extensión y guardería forestal. ¿Todas? No puede ser así, ejercitarán las funciones de guardería forestal las administraciones forestales ordinarias, que son las comunidades autónomas. ¿El Estado va a estar realizando funciones de policía forestal en Cantabria, en La Rioja, en Murcia? No, las funciones de policía forestal en Cantabria, en Murcia, en Castilla, las realizan los cuerpos correspondientes de servidores públicos de dichas comunidades autónomas. ¿Por qué incluimos este eufemismo en la redacción? Se dice que las administraciones públicas efectuarán funciones de policía forestal, de conservación de la naturaleza, de prevención, pero no es así, lo harán quienes son competentes por razón de la materia. Ya lo dicen las correspondientes leyes de montes de Castilla y León, del País Vasco, de Galicia. ¿Por qué la ley básica no respeta esto? El Estado no va a establecer un cuerpo de guardas forestales, ni un cuerpo de conservación de la naturaleza, porque ya no existen. En coherencia con ello habría que decir que Castilla y León tiene su propio cuerpo de servidores públicos, que Murcia tiene su propio cuerpo, etcétera. Por tanto, esto es una incoherencia y lo normal hubiera sido decir que las comunidades autónomas desempeñarán, entre otras, las siguientes funciones, y no entramos en ellas porque están bien detalladas, lo que se explicita genéricamente y de una manera deslavazada es la asignación de una responsabilidad.
La enmienda número 196 se dirige a la disposición adicional segunda, introducida en ponencia a través de enmienda en el Congreso de los Diputados, que se refiere, entre otras cosas, primero, al territorio forestal del dominio público de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Defensa. ¿Qué es eso? Segundo, a las zonas de interés para la defensa. ¿Zonas de interés para la defensa genéricamente? Y tercero, a aquellos otros territorios en los que el Ministerio de Defensa desarrolla actividades en virtud de cualquier título jurídico. ¿Esto qué es? ¿Qué quiere decirse con una enmienda introducida en ponencia en el Congreso, no en el proyecto de ley y no sujeta a discusión, con estas tres cosas? Respecto al territorio forestal adscrito al Ministerio de Defensa podemos entender que se está refiriendo a montes gestionados por el Ministerio de Defensa, claramente, pero qué son zonas de interés para la Defensa Nacional y aquellos otros territorios en que se desarrollen actividades de defensa en virtud de cualquier título jurídico. Primero hay que determinar el concepto porque es una indeterminación total, pero implícitamente ya sé a que se está refiriendo. Y luego se dice que en estos ámbitos territoriales la aplicación de lo dispuesto en esta ley estará subordinada a los fines de la Defensa Nacional. ¿A un interés concreto de la Defensa Nacional no se le aplica esta ley? ¿Dónde está el principio de legalidad? Nosotros les decimos que el dominio público forestal, no territorio forestal,

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adscrito al Ministerio de Defensa se regirá, primero, por su legislación específica de Defensa Nacional, parece razonable y, en segundo lugar, supletoriamente por la presente ley. Pero las expresiones como zonas de interés y territorios en los que se ejerciten actividades de defensa por cualquier título jurídico constituyen un verdadero dislate en el proyecto de ley, y está incluyendo, por citar un ejemplo, la problemática de las Bardenas Reales, considerada zona de interés para la defensa y que, por tanto, no se le aplicaría la legislación ambiental que aprueba con carácter básico la ley de Cortes; es decir, como hay un interés nacional apreciado en un acto administrativo no se aplica la ley. Esto no es razonable.
Nosotros planteamos que los territorios forestales en los que el Ministerio de Defensa desarrolle actividades en virtud de cualquier título jurídico, propiedad, usufructo, arrendamiento, censo, etcétera, se rijan por la presente ley, así como por la legislación específica en la materia. Hay que precisar cuál va a ser el régimen jurídico. Estos espacios territoriales que no se indican quedan sujetos a la arbitrariedad. No hay régimen jurídico para ellos y, por tanto, consideramos que al dominio público forestal de defensa se le aplique la legislación de Defensa Nacional y supletoriamente la ley de montes, y que el resto de espacios que no quedan determinados se regulen por la citada ley y supletoriamente por la legislación específica en la materia.
Pensamos que esa es la articulación exacta que hay que realizar con la redacción que se contempla en la disposición adicional segunda, apartado 2 del proyecto de ley, que va a originar problemas ,y se está haciendo una referencia a un conflicto existente en el Tribunal Constitucional, es decir, se apela en este momento al Tribunal Constitucional en el conflicto Navarra contra el Estado. Las Bardenas Reales son zona de interés para la defensa, por tanto, no se aplica la legislación ambiental. Estamos introduciendo a través de una enmienda un cambio legislativo de una envergadura impresionante y fijando un espacio territorial sin un régimen jurídico preciso. Hoy hemos dado una alternativa y nadie ha dicho nada al respecto. Estoy esperando una respuesta y ya veremos en qué queda esta cuestión.
En cuanto a la enmienda número 201 a la disposición adicional octava se habla de ocupaciones de hecho o de derechos de paso que en dominio público forestal puede hacer la Administración General del Estado por motivos de Defensa Nacional. Puede ser razonable que por esta causa haya que efectuar atribuciones al Estado en el derecho de paso u ocupación temporal. En la enmienda proponemos que habrá que consultar, previo informe no vinculante sino facultativo y preceptiva su exigencia, al órgano forestal autonómico correspondiente. Estamos hablando de dominios públicos forestales de gestión por la administración gestora, aquella que no se precisaba en los artículos iniciales del proyecto de ley, pero se entiende que son las comunidades autónomas, y resulta que va a haber ocupaciones de dominio público y con derechos de servidumbres de paso por interés de Defensa Nacional que pueden estar justificados y no un informe previo del órgano forestal que lo gestiona. No parece que sea coherente con el resto del proyecto de ley un informe que no va a ser vinculante.
Señor presidente, estas son las principales enmiendas que a la arquitectura del proyecto de ley presenta nuestro grupo parlamentario.
También hay otras 80 enmiendas, al Título VI sobre el fomento forestal; al Título VII, al régimen sancionador, que se podían mejorar de forma más precisa, dar una articulación más acorde con el derecho administrativo sancionador; a la legislación moderna, con legislaciones que esta Cámara aprobó con una ley ambiental como fue la ley de control integrado de la contaminación; la legislación de sanidad animal, que establece un régimen sancionador muy preciso en el ámbito de la responsabilidad, de las multas coercitivas, en las reparaciones, etcétera, que pensamos igualmente que se podrían mejorar, sobre las que no me voy a extender. Son cuestiones de menor importancia que, en definitiva, hemos justificado en las enmiendas correspondientes. Pero las que he defendido tienen la suficiente envergadura como para ser tomadas en consideración.
Señor presidente, voy a terminar con aquellas enmiendas transaccionales que presentamos al proyecto de ley a las modificaciones introducidas en ponencia por el Grupo Parlamentario Popular, sobre la base de las enmiendas presentadas por dicho grupo parlamentario. Y en este punto hay muchísimo que decir.
Voy a empezar por la enmienda número 543, del Grupo Parlamentario Popular, que ha supuesto la inclusión en el proyecto de ley de una disposición adicional décima. Se refiere a la gestión en España de los montes pro indiviso --y les pediría que reflexionaran al respecto, porque es una auténtica barbaridad en la gestión del condominio en España, ya que está modificando el Código Civil español-- y dice que sobre los montes cuya titularidad en España corresponda en pro indiviso a más de diez personas podrá constituirse una junta gestora que administrará los intereses de todos los copropietarios. El párrafo 2 dice: esa junta gestora a que se refiere el párrafo anterior se constituirá mediante convocatoria del órgano forestal de la comunidad autónoma a todos los copropietarios, garantizando la máxima difusión y publicidad de la citada convocatoria, siendo suficiente el acuerdo de la totalidad de los asistentes a la misma para que dicha constitución se considere válida.
Pues bien, imagínese usted una situación problemática de gestión de una superficie forestal en pro indivisión de diez copropietarios en la que el órgano forestal de la comunidad autónoma convoca a los propietarios correspondiente, y como es suficiente el acuerdo de la totalidad de los asistentes, con que acudan dos y dos que se constituyan en junta gestora, podrán adoptar --según el siguiente apartado-- los acuerdos de administración ordinaria y extraordinaria, gestión, disfrute del monte, etcétera. Esto es un disparate porque, insisto, estamos modificando el Código Civil. La pro indivisión en España es una situación. ¿Quién puede gestionar una propiedad en pro indivisión, un territorio agrario, un territorio forestal, una casa, un local comercial, una finca adquirida en herencia por unos hermanos, por una familia, un monte, una superficie forestal adquirida en herencia?

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Deben ser los copropietarios. ¿Y quién lleva la responsabilidad de la administración? La comunidad de bienes. ¿Y qué pasa si no hay una administración ordinaria o una administración decente del condominio, de los bienes en pro indivisión? Cualquiera de ellos puede solicitar del juez la intervención, la gestión y la división de la cosa común. Por tanto, ¿cómo en España la comunidad de bienes, la pro indivisión de los montes va a estar en manos de una junta gestora convocada por el órgano forestal correspondiente y la gestión, el aprovechamiento y la administración de esas superficies forestales queda en manos de una junta gestora administrativa? Tendría que estar en manos de los copropietarios o de quienes designen. Por tanto, pediría una reflexión sobre este aspecto porque es una conculcación de la tradición del Derecho Civil español de 1888 donde se establece el régimen para gestionar la pro indivisión, la comunidad de bienes en España, de todos los bienes y derechos inmuebles, muebles en administración, en enajenación y en división de la cosa común.
Vuelvo a pedirles reflexión porque hemos introducido en ponencia esta enmienda cuya justificación dice que pretende buscar una salida a la problemática de los montes en pro indivisión de los herederos. Cuando un titular fallece los herederos, los hijos, o el cónyuge superviviente adquieren en pro indivisión la titularidad del causante. Por tanto, ¿cómo vamos a crear un régimen específico a este respecto, si ya tiene en España una regulación tradicional asentada con un acervo totalmente asumido en el Derecho común español, que es la gestión de las comunidades de bienes? ¿Cómo vamos a crear una junta gestora administrativa a la cual basta que vayan dos de diez condueños para adoptar los acuerdos de administración? Por tanto, vamos a votar en contra de esta regulación que efectivamente conculca la tradición jurídica española asentada en el Código Civil español y que está funcionando en debidas condiciones y con gran raigambre en la sociedad española.
Otra de las enmiendas transaccionales que les habíamos planteado eran las relativas a la enmienda 545, del Grupo Parlamentario Popular. Es una enmienda que cambia la Ley 4/1989. A través de una enmienda introducida en ponencia, cambian la Ley 4/1989, y hay que ver lo que dice la justificación. El Gobierno se desnuda y nos dice: España, en este momento, está denunciada mediante un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este momento estamos demandados. Hay un procedimiento de infracción. No hemos transpuesto en debidas condiciones la directiva de hábitats. ¿Cuál es la directiva de hábitats? La 79/409. En este momento tenemos en España una inminente condena por no haber transpuesto adecuadamente la directiva de hábitats.
¿Y qué es lo que se hace por el Gobierno mediante el deslizamiento de esta enmienda? Modificar la Ley 4/1989. ¿Quizás haya que cambiarla, pero no a través de este procedimiento. ¿Por qué? Porque las transposiciones de la directiva de aves como materia de ejecución de derecho comunitario tienen que ser informadas en el procedimiento legislativo por el Consejo de Estado. La ley de la Comisión Mixta de la Unión Europea exige que la transposición al derecho interno español de las directivas comunitarias tiene que seguir el procedimiento ordinario entre los cuales se encuentra el trámite preceptivo del Consejo de Estado. ¿Qué se hace aquí? Se obvia al Consejo de Estado y se introduce, vía enmienda, en la ponencia parlamentaria correspondiente. Ese no es el procedimiento ordinario. La Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza no ha informado la introducción de esta regulación de la Ley 4/1987. He hablado con miembros de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza que se han enterado ahora. Luego les puedo decir lo que me han manifestado. No ha intervenido el Consejo Asesor de Medio Ambiente, y no ha intervenido el Consejo de Estado. En la modificación de la disposición final --no estoy hablando del proyecto de ley-- no ha intervenido el Consejo de Estado, cuando es algo obligatorio. El Gobierno se encuentra dentro de esa dinámica. Lo más sencillo, lo más honesto, ¿qué es? Cortes Generales, poder legislativo español, España tiene un problema --no el Gobierno español, sino España en general, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas--, que es el cumplimiento de la directiva de hábitats y de aves. Tenemos un procedimiento de infracción con el que puede ser condenado el Reino de España en su conjunto, y la responsabilidad no solo es del Gobierno. Vayamos a una modificación de la Ley 4/1989, pero a una modificación honesta, planteada a las cámaras con el trámite correspondiente. Por eso nosotros hemos presentado una objeción a estas modificaciones que se plasman en la disposición final primera del proyecto de ley.
Señor presidente, éste es, a grandes líneas y resumiendo en treinta enmiendas, el cuerpo esencial de las objeciones que nuestro grupo parlamentario mantiene al día de hoy al proyecto de ley de montes.
Por lo demás, repito las argumentaciones efectuadas en comisión respecto a las demás enmiendas y a las justificaciones que en ellas se contienen.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Pasamos a la defensa de las enmiendas 211 a 338, presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En su nombre, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Gracias, señor presidente.
Utilizaremos este turno de defensa de enmiendas acumulándolo al turno de portavoces.
Cuando intervine antes para fijar nuestra posición respecto a los dos vetos presentados a esta ley, hacía referencia a que esta era una buena ley. En efecto, señor Arribas, una ley que, aunque vieja --y precisamente por vieja--, si ha perdurado y ha estado vigente tanto tiempo, aunque se le hayan introducido muchas modificaciones y muchas puntualizaciones, demuestra que era una buena ley, porque con las leyes pasa como con todo, que con el transcurso del tiempo quedan anticuadas, quedan fuera

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de lugar y hay que adecuarlas a las necesidades y a los tiempos actuales.
Que esta ley es necesaria no lo ha puesto nadie en duda, y no seremos nosotros quienes lo hagamos, pero que esta ley, aun siendo una buena ley, pueda mejorar su texto, tampoco debería ponerse en duda. Y tampoco debería ponerse en duda porque nadie, absolutamente nadie, está en posesión de la verdad absoluta y del saber hacer más que entre todos los demás. Por tanto esta ley, que cumple y debe cumplir unas finalidades muy importantes, pierde posibilidades en el momento en que no se prevén una serie de cuestiones que a nuestro entender son importantes. ¿Qué mal puede suponer una ley que en su articulado haga prevalecer de forma clara, concreta, rotunda, que la coordinación, la cooperación y la colaboración con las comunidades autónomas son un órgano esencial de la ley? Dejémonos de subterfugios y atribuyamos a cada cual lo que le corresponde en función de las atribuciones de una ley como ésa, que es una ley básica y, por tanto, la regulación autonómica debe tener su especificidad dentro de la propia ley. Seguramente todos los problemas no se solucionen con coordinación, con cooperación, con colaboración. Hay que poner medios, y un paquete importante de nuestras enmiendas va en esta dirección.
Entendemos también, y hemos presentado unas cuantas enmiendas, que el proyecto de ley no recoge suficientemente los mecanismos para articular y la desertificación. Esta puede representar una gran pérdida de medidas ambientales, de biodiversidad. Cuando perdemos biodiversidad nos empobrecemos todos, y desde esta perspectiva necesitamos una mejor regulación. Necesitamos articulados concretos, y nuestras enmiendas van en esta dirección, en lo que hace referencia a la conservación y restauración de la biodiversidad de los montes. Una ley como ésta no sólo debería servirnos sólo para proteger los montes, sino también para proteger todo lo que se genera alrededor de los montes.
Hemos presentado también enmiendas porque nos parece que una de las cuestiones que debe tener en cuenta la promulgación de una ley básica es la viabilidad económica, en este caso la de los montes. Ese puede ser un eje central, porque el pilar clave de una gestión forestal puede encontrarse en la rentabilidad o en la viabilidad económica, porque no solo lo hace más sostenible sino que, al hacerlo más rentable, produce mecanismos de defensa sobre el propio bosque como son las recogidas de los desechos de la biomasa que, en caso de incendios, pueden ayudar en la política de extinción de incendios, porque todos somos conscientes, y ustedes con toda seguridad saben más que nadie, de que un incendio es mayor o menor en función de la biomasa y del sotobosque que se dan en cualquiera de las circunstancias.
En definitiva, señorías, nuestra filosofía ante esta ley es que consideramos los espacios forestales como un espacio amplio donde confluye la multifuncionalidad, un espacio productor de biodiversidad, un espacio productor de usos y bienes que alcanzan valor en el mercado, un espacio protector de usos cinegéticos y un espacio protector, cómo no, de plantas que en algunos casos como el de las medicinales y aromáticas pueden tener en algunas zonas determinadas una fuerte incidencia económica, pero sin dejar a un lado el efecto de filtro que produce tener bosques en buenas condiciones para la eliminación de gases tóxicos y, evidentemente, la componente multifuncional en cuanto a desarrollo rural.
Es decir, apostamos por que este proyecto se dé con una gestión equilibrada de los recursos de acuerdo a su multifuncionalidad ecológica, social y económica, garantizando por encima de todo su sostenibilidad.
Por eso consideramos que la nueva ley debería contemplar los aspectos productivos de la madera -- también todos los demás-- sin dejar a un lado los usos ecológicos, paisajísticos y sociales, que van adquiriendo una mayor importancia con el transcurso del tiempo y que deben estar siempre vinculados a criterios de desarrollo sostenible, todos en general.
Que la masa de nuestro país es muy diversa no lo duda nadie; que la masa forestal en nuestro país necesita aportes adicionales no lo duda nadie.
Por eso presentamos también una serie de enmiendas que hacen referencia a incentivos fiscales que permitan el mantenimiento y la rentabilidad de todo lo que estamos comentando.
Estamos convencidos de que es imprescindible un enfoque más global, que debería incidir mucho más en temas esenciales, como es la protección del suelo. A nuestro entender, en la exposición de motivos sí se detalla muy concretamente lo relativo al suelo en los montes y en los bosques, pero en el articulado de la ley falta concreción y ello puede constituir un grave error que en el transcurso del tiempo deberemos corregir.
Aportamos también enmiendas que permiten solucionar el cambio climático desde una doble perspectiva: por un lado, evaluando los daños que esto puede producir y, por otro, estableciendo medidas para que los espacios forestales sirvan efectivamente contra ese propio cambio climático.
Esta ley debe fomentar medidas para la prevención de incendios forestales a través de convenios de colaboración entre la administración central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, sin olvidar algo muy importante, que es la financiación.
En definitiva, nos encontramos con que el mantenimiento y la administración de los montes no puede considerarse algo aislado. Podemos y debemos mejorar ese texto y es responsabilidad suya no haber recogido las aportaciones que los demás grupos políticos les hemos hecho en este aspecto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Batlle.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 476 a 529, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre, tiene la palabra el senador Servià i Costa.


El señor SERVIA I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en su artículo 9.10 atribuye a la Generalitat de Catalunya competencias

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exclusivas en los siguientes puntos: montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos, espacios naturales protegidos y tratamientos especiales de zonas de montaña.
Durante estos años ha habido unas cuantas sentencias del Tribunal Constitucional siempre favorables a la manifestación de estas competencias exclusivas. Hoy aprobamos una ley que incide sobre unos cuantos puntos y establece el sistema de múltiple habilitación. Desde Convergència i Unió esto no nos gusta porque crea dificultades, no facilita el funcionamiento futuro de las relaciones entre las administraciones del Gobierno del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas.
Nosotros hemos presentado 54 enmiendas, 24 de las cuales están intentando solucionar estos problemas de relaciones competenciales, pero ninguna de ellas ha sido admitida por el Grupo Parlamentario Popular. Hemos intentado también que se reconocieran, se limitaran y se favorecieran las funciones productivas de los montes con unas cuantas enmiendas que tampoco han sido admitidas. Y finalmente, hemos intentado mejorar las condiciones en que esta ley trata todo el tema relativo a los incendios forestales. Asumimos completamente las palabras referentes a este tema de los incendios transmitidas por el senador Bella Galán en la defensa de su veto, creo que han sido magníficas. Nosotros pretendíamos trabajar en pos de la prevención de los incendios y, sobre todo, en la recuperación de los montes afectados; pretendíamos que hubiera una serie de exenciones fiscales y bonificaciones para los montes afectados por incendios.
Tampoco han sido aceptadas ninguna de estas enmiendas en esta Cámara.
Quiero citar un hecho especial, que creo que es positivo: en el dictamen de esta ley hay un 24/25 por ciento de líneas nuevas, de nueva confección, lo cual sería para estar satisfecho en el sentido de que en el Senado a veces hacemos parte importante del trabajo. Lo que pasa es que hay que decir que esto corresponde a enmiendas introducidas un poco de lado, son las del Grupo Parlamentario Popular, con lo que ha quedado de manifiesto que en una ley que se estaba tramitando ya en el mes de abril en el Congreso, aquí a última hora ha habido que introducir una parte importante de ley nueva, lo cual no deja de sorprendernos.
Simplemente manifiesto desde aquí que mantenemos todas nuestras enmiendas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Servià.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 339 a 475, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el senador Lago.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente, señorías.
El Gobierno del Partido Popular anunció en el año 1996 la elaboración con carácter prioritario de una nueva ley de montes. Después de siete años nos presentan este proyecto de ley con algunas --no suficientes-- modificaciones que, a nuestro entender, no varían sustancialmente la ley de 1957, anticuada, obsoleta y preconstitucional, ley que necesitaba de una actualización legislativa seria y profunda.
Era necesario establecer una regulación básica de acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, era necesaria una ley básica para regular los montes, los aprovechamientos forestales, la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, la protección del medio ambiente. Debería ser ésta una ley de gestión forestal sostenible y favorecedora del desarrollo rural. Hoy deberíamos estar debatiendo una ley de montes que valorase el papel que deben jugar los espacios forestales en toda su integridad.
Nuestras enmiendas, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, persiguen como objetivos la ordenación, conservación, mejora y recuperación de los espacios forestales a través de una gestión sostenible que garantice el uso y aprovechamiento racional de los recursos.
Hay que destacar el papel que juegan los espacios forestales en la conservación, protección y recursos hídricos de la biodiversidad del paisaje y de los suelos, evitando la erosión y contribuyendo a la lucha contra la desertificación y los incendios. Asimismo, otro de los objetivos es el fomento de la planificación forestal, que debe tener un desarrollo sostenible, capaz de combinar el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales, la generación de riqueza y el desarrollo social, económico y cultural, la fijación poblacional y el desarrollo rural y, por último, el consenso entre todas las administraciones y agentes sociales involucrados, como premisa fundamental en el proceso de ordenación forestal de un país como España.
Por el contrario, los miembros del Grupo Popular nos presentan hoy una simple ley de la madera. Su proyecto de ley responde a una visión mercantilista y productivista de la gestión del bosque, frente a lo que debiera ser una visión más moderna, conservacionista y sostenible de los espacios forestales. Por ello, los socialistas hemos presentado en esta Cámara un veto a la totalidad del proyecto de ley y 137 enmiendas al articulado, con el objetivo de que esta legislación se adapte plenamente al momento vigente y actúe adecuadamente en el ámbito no sólo espacial sino también humano, socioeconómico y medioambiental; estableciendo como única excepción la referida al suelo urbanizable y agrícola, porque entendemos que un espacio forestal incluye, además de los bosques, pastizales, cultivos forestales, matorrales y recursos naturales propios de aquellos espacios no agrícolas, sin limitarlo sólo a las zonas arbóreas, como hacen ustedes.
Esta ley debería considerar los espacios forestales como un espacio amplio donde confluya la multifuncionalidad; un espacio productor de biodiversidad de madera, pero también de frutos y de desarrollo rural.
Por tanto, se hace necesario diferenciar entre bosque y espacio forestal --que es la premisa de muchas de nuestras enmiendas--, cuya característica debe ser la producción de biodiversidad frente a los cultivos forestales caracterizados fundamentalmente por la productividad maderera. Por tanto, a nuestro entender-- y así lo queremos plasmar en nuestras enmiendas--, es necesario diferenciar entre bosque y espacio forestal, entre madera y biodiversidad, y entre mercado y desarrollo rural.


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En este conjunto de enmiendas apostamos por un proyecto de gestión equilibrada de los usos de acuerdo a su multifuncionalidad ecológica, social y económica, garantizando en todo momento la sostenibilidad.
Una nueva ley forestal, como ésta que se nos presenta, debería contemplar los aspectos productivos como la madera, por supuesto, pero junto a otros usos ecológicos, paisajísticos y sociales, cada día más importantes en los espacios forestales.
Los procesos productivos deben estar vinculados a criterios de desarrollo sostenible, algo que no se produce en este proyecto. Por eso, la intención de una gran parte de nuestras enmiendas es fomentar la gestión sostenible de todos y cada uno de los recursos forestales; también de la madera, pero no sólo de ésta, como ustedes han legislado, reconociendo el valor de la multifuncionalidad de los espacios forestales y no solamente centrándonos en el objetivo particular de la producción maderera, que deja en el olvido la diversidad y la riqueza de nuestros montes.
Es verdad, y así lo reconocemos, que ustedes utilizan una terminología de interés indudable: desarrollo y gestión sostenible, espacios forestales... pero que, a la hora de la verdad, se queda en simples palabras, sin apenas contenido normativo. En este sentido, ustedes hablan de biodiversidad y multifuncionalidad en su exposición de motivos, pero luego no se traduce en un compromiso en el articulado. En términos cinematográficos, permítanme que les diga que han hecho un preámbulo de ficción: cualquier parecido con la realidad del articulado es pura coincidencia. Todo se queda en una simple declaración de buenas intenciones, o lo que resulta más grave, una apropiación indebida del lenguaje.
En esta ley no existe un compromiso claro, de acuerdo con la legislación vigente, en materia de evaluación de impacto ambiental, para que los programas de reforestación y recuperación de espacios forestales se sometan a evaluación ambiental estratégica. En este sentido, nosotros hemos enmendado su articulado, porque también consideramos oportuno excluir de la clasificación de monte aquellas superficies destinadas al cultivo de plantas y árboles ornamentales tal y como ya está establecido, por cierto, en algunas leyes forestales de carácter autonómicos por ejemplo, en Andalucía, desde 1992.
En su intervención en el turno en contra del veto, el portavoz del Grupo Popular introdujo una serie de circunstancias que querían trasladar el confusionismo al Grupo Parlamentario Socialista sobre los planes de ordenación de recursos naturales y aquellos otros de recursos forestales, los famosos PORN o PORF. Desde nuestro punto de vista, este proyecto olvida planes de ordenación relativos a otros usos que no sean los de la madera, como la recogida de leña, corcho, plantas aromáticas, frutos secos, aprovechamiento cinegético, biomasa, etcétera. Por esta razón, nuestras enmiendas defienden los planes de ordenación de recursos naturales, en contra de lo pretendido por este proyecto de equiparar los planes de ordenación de recursos forestales al plan de ordenación de recursos naturales. No es lo mismo porque, en el caso de los planes de ordenación de recursos naturales sí se puede entender que deriven los de recursos forestales, pero quizá sea más que discutible la preferencia de los planes de recursos forestales sobre los de recursos naturales. Por esto, creemos que este proyecto --su proyecto--, plantea ciertos interrogantes, sin respuestas, sobre la continuidad o validez de los planes de ordenación de recursos naturales. No nos parece oportuno supeditar estos planes, vigentes desde el año 1989, con una figura de creación «ex novo» y sin tradición alguna en la ordenación, conservación y gestión de la naturaleza.
Señorías, en la definición de objetivos de la política forestal española no aparece la elaboración de una estrategia para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Entendemos que la estrategia forestal nacional no puede ni debe desvincularse de la estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, como si fueran compartimentos estancos, porque su vinculación es clave para la conservación y protección de esa biodiversidad. Por lo tanto, entendemos que es oportuno establecer los objetivos prioritarios a alcanzar a través de dicha estrategia.
El propio Parlamento Europeo, en la resolución sobre política forestal, afirma que la estrategia forestal debería basarse en el reconocimiento de la biodiversidad de los bosques europeos, en su multifuncionalidad y en la necesidad de una sostenibilidad ecológica, económica y social. Son palabras de gran interés y que dan soporte teórico y político a nuestras enmiendas, porque con ellas pretendemos reforzar la función social y esa multifuncionalidad de los espacios forestales; función social de estos espacios amparada por la Constitución Española, justificada también en su influencia en la consolidación del territorio y en la fijación poblacional, fundamentales para atender debidamente los múltiples problemas que tienen nuestros espacios forestales.
Señorías, nos da la impresión de que el proyecto de ley que ustedes presentan, abunda todavía más en la despoblación interior --y, permítame que se lo diga--, ya de por sí grave en muchas zonas de España y especialmente en Galicia, mi tierra, y en provincias como Lugo.
La masificación se está produciendo y creemos que puede ser todavía mayor en grandes núcleos y en zonas costeras, mientras que muchos pueblos y zonas rurales están quedando como reservas, y no sé si, a partir de ahora, como reservas de producción de madera. Por ello, el fomento de los usos tradicionales del espacio forestal es fundamental en la conservación del territorio y en la fijación de las poblaciones rurales.
Ese mantenimiento y la administración de los montes no pueden considerarse algo aislado o que no afecte al desarrollo económico y social del mundo rural. Sin embargo, entendemos que deja en el olvido a los habitantes y sus usos tradicionales ligados al monte y ni siquiera considera el creciente uso recreativo, paisajístico, los recursos cinegéticos, silvicultura, etcétera. Señorías, los espacios forestales y su regulación deben ser gestionados, no por partes, sino de forma integral con objeto de contemplar la vegetación, la fauna, el paisaje, el medio físico y el medio humano.


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También echamos en falta en esta ley, y a ese fin hemos presentado un conjunto de enmiendas, las estrategias forestales de desarrollo y los planes específicos de actuación para solucionar problemas reales, como el cambio climático, la desertización o los incendios. Este proyecto debería incidir un poco más en temas medioambientales esenciales, como la protección del suelo, pero es evidente que la inexistencia de una estrategia clara contra la desertización de nuestros suelos califica por sí solo el tipo de ley que quiere el Gobierno del Partido Popular.
Asimismo, se debería participar en la búsqueda de soluciones para problemas tan actuales como el cambio climático, evaluando los daños que se puedan producir en nuestras masas forestales y estableciendo medidas para la lucha contra ese cambio.
Por otro lado, habría que tomarse en serio las emisiones de CO2 para evitar seguir incumpliendo el Protocolo de Kioto, porque, señorías, esta ley contempla los espacios forestales únicamente como un sumidero de CO2.
Por ello, estamos convencidos e insistimos en que la sostenibilidad debería ser el eje de la ordenación y el aprovechamiento forestal, debería ser la asignatura trasversal de todas las políticas del Gobierno relativas al medio ambiente.
En cuanto a la información y la participación, ambas son fundamentales a la hora de comprometer a la ciudadanía en la consolidación poblacional y la ordenación del mundo rural. Las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista van dirigidas hacia ese camino, es decir, a conseguir que los espacios forestales sean atendidos debidamente y defendidos, no sólo por una ley, no sólo por esta ley, sino también por los propios vecinos. Por ello, es fundamental que se presten toda la información y participación posibles para favorecer la comunicación y el acuerdo entre las partes afectadas en lo que debería ser, y así lo planteamos, un verdadero pacto por el desarrollo rural en función de la concienciación ciudadana sobre los beneficios ambientales generados por los espacios forestales para la sociedad y su conjunto. Esa es una de nuestras propuestas que deberían llevar adelante todos los grupos en el Parlamento.
Por otro lado, este proyecto de ley pasa de puntillas sobre la política de los incendios forestales, y ya lo dejó claro mi compañero el senador Bella. Por tanto, creemos que resulta imprescindible fomentar las medidas de prevención de incendios forestales a través de claros órganos de coordinación y de convenios de cooperación con las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Cuando hablamos de prevención debemos hacerlo en clave de análisis y tratamiento estadístico de datos. Quizá se debería hablar de un observatorio nacional de seguimiento de incendios, de valoración de riesgos, de disponibilidad de recursos humanos y de materiales necesarios y suficientes --entonces sí estaremos hablando de prevención, y no esperando a que truene para acordarnos de Santa Bárbara--, teniendo en todo caso siempre presente que el establecimiento del modelo concreto de prevención de incendios es una competencia autonómica.
Señorías, con nuestras enmiendas pretendemos garantizar esa coordinación y la corresponsabilidad de todas las administraciones en materia de prevención, detección y extinción de incendios de enmiendas forestales.
Porque, señorías, el fuego no entiende de limitaciones competenciales o geográficas; ni siquiera entiende de fronteras internacionales, como bien hemos podido comprobar durante este último verano.
Fomentar la participación ciudadana es fundamental en la prevención de los incendios forestales. En un año como el presente, en el que los incendios, que han marcado la agenda informativa y trágica del verano, afectaron a más de 120.000 hectáreas en nuestro país, nos gustaría haber oído decir al Gobierno y al grupo que lo apoya algo sobre prevención, sobre coordinación, sobre la política de interés general y nacional a seguir en la lucha contra los incendios forestales. También nos gustaría saber si se han cumplido todas las recomendaciones recogidas en el informe del Senado de 1995, como el compromiso de evaluación bianual.
Incluso nos hubiera gustado oír a la señora ministra de Medio Ambiente.
Nuestras enmiendas también van encaminadas a garantizar el mantenimiento del uso en aquellos terrenos forestales que hayan sufrido incendios, para evitar así la intencionalidad derivada de motivaciones económicas, con una limitación temporal nunca menor a los 30 años. Nuestras enmiendas proponen una mayor capacidad de decisión real por parte de las comunidades autónomas en esta materia, especialmente en lo que a la planificación forestal se refiere. Y nuestras enmiendas también pretenden evitar o al menos limitar los beneficios especulativos en la venta de madera quemada.
En cuanto a la invasión de las competencias propias de las comunidades autónomas, invasión que entendemos clara en algunos artículos, consideramos que los aprovechamientos forestales son competencia de aquéllas, por lo que no deben ser objeto de una ley básica de estas características, que únicamente pretende dar a las comunidades autónomas un modelo administrativo-corporativo que éstas no tienen por qué asumir.
Señorías, esta ley debería favorecer que las distintas comunidades autónomas pudieran ejecutar su política forestal con señas de identidad propias y en función de las peculiaridades de sus respectivos territorios, porque políticas exactamente iguales no solucionan problemas derivados muchas veces de realidades distintas.
Las comunidades autónomas deben participar también en la aprobación del plan forestal español, ya que éste debe integrar los planes forestales autonómicos. No se debe subordinar ni condicionar la planificación forestal autonómica a la estatal, sino que, al contrario, la estatal debe surgir de todas las planificaciones autonómicas coordinadas. Por otra parte, las entidades locales y los ayuntamientos también son administraciones competentes en materia forestal y deben tener plena autonomía para la gestión de sus bienes forestales.
Asimismo, se debe garantizar la financiación necesaria. Siempre nos olvidamos de la financiación; legislamos, aprobamos leyes, pero, por alguna razón que se me escapa, el Grupo Popular y el Gobierno siempre se olvidan de la financiación. Repito, pues, que hay que garantizar la financiación

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necesaria a las comunidades autónomas y corporaciones locales para que ejerciten sus respectivas competencias en materia de política forestal.
También se debe facilitar que puedan participar en la petición de fondos a la Unión Europea y en su distribución y empleo en temas forestales y de lucha contra incendios.
Por otro lado, proponemos un nuevo anexo a una de las disposiciones finales en el que se establecen una serie de indicadores y criterios para que se lleve a cabo una gestión sostenible conforme a las directrices de la Unión Europea --cuestión que esta ley no contempla-- por entender que sin el establecimiento de esos criterios esa gestión no se puede garantizar.
Existe una valoración económica, pero ésta no refleja el valor ambiental de los montes españoles, sino que es más bien una valoración sobre la base del potencial forestal. Sin embargo, entendemos que los incentivos económicos deben destinarse solamente a los espacios forestales cuya ordenación y gestión supongan beneficios sociales y ambientales y no perseguir una finalidad pura y simplemente comercial.
Por otra parte, los espacios forestales en montes vecinales en mano común, figura específica en lenguaje forestal, por su naturaleza singular deben tener también un reconocimiento especial en lo que a incentivos económicos y fiscalidad se refiere. Así, a la hora de legislar deberíamos tener presente que hay distintas realidades de producción, pero también que existen distintas formas de propiedad, sin que todas ellas se puedan circunscribir a la reducción de lo público y de lo privado. Y ahí están los montes vecinales en mano común.
Hasta el momento presente la legislación estatal --la suya también en este caso-- ha demostrado un gran desconocimiento de la realidad en muchas comunidades autónomas, principalmente en Galicia, pero no sólo en ésta. A este respecto, en un informe del Gobierno se dice que en el Impuesto sobre Sociedades de 2000 declararon por ese tributo, en Andalucía, 35 comunidades de montes vecinales; en Aragón, 16; en Asturias, dos; en las islas Baleares, 14; en Canarias, 10; en Cantabria, una; en Castilla-La Mancha, 12; en Castilla y León, también 12; en Cataluña, 52; en Extremadura, seis; en Galicia, 674; en Madrid, 38, en Murcia, cinco; en La Rioja, dos, y en Valencia, 26. Es una realidad en toda España, en mayor medida en Galicia, pero el hecho es que en 15 comunidades autónomas de las 17 existen comunidades vecinales en mano común.
Desde el punto de vista económico y social la problemática de estos montes vecinales permanece entre lo público y lo privado. Permanece en la tradición de una propiedad colectiva que participa de la naturaleza jurídica propia de los bienes de dominio público o comunales cuyos titulares son los vecinos de una parroquia, y esa vecindad es la que constituye el único vínculo y requisito de pertenencia y de propiedad, es decir, no existe ningún otro vínculo como ocurre en cualquier empresa o sociedad privada.
Son, pues, montes que no responden en absoluto a lo que es la propiedad privada --por eso no se les puede considerar así-- dado que representan un modelo tradicional de propiedad colectiva y responden a una realidad histórica --en el caso de Galicia de origen germánico reconocido-- de propiedad indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable.
Entendemos que como tal han de ser reconocidos también en esta ley de montes.
En Galicia existen más de 2.800 comunidades de montes que nos demandan que la ley del Estado, como ley básica, recoja su especificidad para que su concepción no pueda ser desnaturalizada. La propia Ley de montes de 1957, que hoy intentamos reformar con este proyecto de ley, ya reconocía en su artículo 4.3 la existencia de montes pertenecientes al común de los vecinos de las consuetudinarias demarcaciones parroquiales en las provincias gallegas. No se trata, por tanto, de nada nuevo. Estos montes, que sólo en Galicia representan una realidad de más de 700.000 hectáreas inventariadas, y que afectan a más de 250.000 vecinos comuneros, siguen cumpliendo tres funciones tradicionales muy importantes y a tener en cuenta cuando se regule sobre ellos: una función social, por ser propiedad de todos los vecinos y fuente de recursos incluso para los que no tienen propiedades privadas; una función económica, al representar un complemento, a veces imprescindible, para las economías familiares de los comuneros que viven en el mundo rural; una función ecológica, por ser un aprovechamiento que evita la degradación del propio monte.
El monte de propiedad vecinal trasciende, por tanto, una consideración estricta de recurso económico para desempeñar asimismo diversas funciones sociales y ecológicas. Recordemos la resolución del Parlamento Europeo: La estrategia forestal debería basarse en la necesidad de una sostenibilidad ecológica, económica y social. Esta gestión sostenible y multifuncional es el modelo más ajustado a la singularidad de los montes vecinales y a sus características tradicionales. Por ello, no se puede reducir el monte vecinal a una visión exclusivamente economicista de propiedad privada. El monte vecinal no es privado; es una propiedad de titularidad colectiva atribuida a los vecinos de un lugar geográfico determinado y con unas características que le confieren naturaleza de bien común y social, lo que lo sitúa fuera del tráfico comercial privado.
Esta definición, por tanto, permítanme que les diga, debería llevar consigo la modificación del artículo 11. Deberían clasificarse los montes en función de su titularidad como privados, públicos y vecinales en mano común, o cuando menos, debería considerarse la figura del monte vecinal fuera del ámbito privado. Esta propuesta debería también incluirse en el párrafo 9 de la exposición de motivos y tenerse en cuenta en el desarrollo de la ley, especialmente en lo tocante a los incentivos y a algo que esta ley no toca para nada: la fiscalidad. ¿Pero qué ha ocurrido durante la tramitación parlamentaria de esta ley? Permítanme que les recuerde algunas cosas, sobre todo a los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Esta ley aparecía como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados sin ninguna mención específica al monte vecinal en mano común.
Y es bien cierto que después de algunas gestiones, entrevistas y negociaciones entre representantes de comunidades de montes y grupos parlamentarios en el Congreso se accedió

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a incorporar en el artículo 11 una especificidad sobre los montes vecinales en mano común.
¡Ah, pero he aquí que para algo tenemos el Senado!, y para quienes no conocen la historia del Congreso y del Senado, sobre todo en relación con las comunidades de montes, diré que hubo una sorpresa: todo aquello que habían avanzado en la negociación previa al acuerdo del Congreso, se quedó atrás en el camino que media entre la Carrera de San Jerónimo y el Senado. Ustedes introdujeron una enmienda en este trámite que, como suele decirse, quedó en lo comido por lo servido. La enmienda dice lo siguiente: Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.1 de esta ley se les aplicará lo dispuesto para los montes privados. Volvemos otra vez al origen de todo este tema. Vuelven a estar considerados estrictamente como montes privados. Tengo que decirles que es una vuelta atrás respecto de los acuerdos que ustedes y sus compañeros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso alcanzaron con representantes de asociaciones de montes vecinales. Es una vuelta atrás, para esos representantes de comunidades de montes es un engaño y una traición en toda regla a esos acuerdos alcanzados.
En este sentido, y para resumir estas enmiendas referentes al monte vecinal, nuestra propuesta es muy clara, sencilla y directa, y así lo hemos plasmado en una de nuestras enmiendas: recoger de forma específica y diferenciada la figura del monte vecinal y asignar a las comunidades autónomas la capacidad y medios de regulación y ordenación legal. Dos son los grandes problemas de los montes vecinales: lo que atañe a su propiedad, a su reconocimiento como una forma singular y específica, y algo más material, la fiscalidad que recae sobre ellos por ser considerados de carácter privado. Esta ley tampoco se ocupa en absoluto de la fiscalidad de estos montes, que en su estado actual tiene un rechazo unánime de todas las comunidades de montes constituidas. Debería haberse incluido en este proyecto de ley el compromiso de elaborar una fiscalidad adecuada a la figura del monte vecinal en mano común, porque a excepción de ese 15 por ciento de los presupuestos que se destina a la mejora del propio monte con un mínimo, el resto lo invierten en obras de carácter social y comunitario. El Gobierno actual del Partido Popular, al que ustedes dan soporte parlamentario, por medio de la Ley 50, de 30 de diciembre de 1998, establece la obligatoriedad de tributar por el Impuesto sobre Sociedades, equiparando los montes vecinales, de forma abusiva e injusta, a las empresas mercantiles. La aplicación de este impuesto está llena de contradicciones y de excesos burocráticos que en algún caso ha llevado y puede seguir llevando a la desaparición de montes vecinales y a su propio abandono. Es fundamental, por tanto, elaborar una ley que desarrolle un régimen fiscal específico para el monte vecinal, que reconozca sus peculiaridades sobre la base de su utilidad pública e interés social.
Este proyecto de ley, señorías, se nos presenta después de casi ocho años de gobierno del Partido Popular. Sería lógico pensar que este tiempo es más que suficiente para que esta ley gozase del máximo consenso político, institucional y social. Sería lógico pensar que este tiempo es más que suficiente para que se hubiera debatido con toda la tranquilidad, la reflexión y el rigor necesarios. Sería lógico pensar que este tiempo es más que suficiente para que se adaptase perfectamente a la realidad de nuestro mundo rural, tan diverso y tan singular como acabamos de comprobar en los últimos momentos de mi exposición. Sería lógico pensar que este tiempo es más que suficiente para que se recogiesen ampliamente todos los criterios comunitarios sobre gestión sostenible y para que este proyecto coincidiese plenamente con el modelo constitucional que exige a todos los poderes públicos --al Gobierno central también-- una política conservacionista e integradora. Pero la realidad de este proyecto de ley es bien diferente: Es diferente en el procedimiento legislativo elegido, a última hora, deprisa y corriendo. Es bien diferente en el escaso consenso político y social alcanzado. Es bien diferente en el cumplimiento del mandato constitucional, y es bien diferente en la adaptación plena a las directrices comunitarias.
Señor presidente, señorías, las enmiendas que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista tienen mucho, tienen todo que ver con lo que ha sido y es en estos años nuestra postura política ante una ley básica que debe regular los espacios forestales. En los últimos años así lo hemos dejado de manifiesto y hemos defendido en todos los niveles parlamentarios y en múltiples ocasiones.
En este sentido, nuestra postura es clara. Una ley de montes o espacios forestales debe regular bien estos espacios y no sólo dedicarse a la producción de madera. Tiene que crear un nuevo marco forestal, adaptado a la legalidad vigente y a la realidad actual, que sea compatible con lo que es la preservación medioambiental y el desarrollo rural para que los vecinos se sientan cómodos con su entorno y posibilidades de futuro. Y debe buscar el equilibrio entre producción, conservación y disfrute del monte, y nosotros hemos defendido un uso racional y el aprovechamiento sostenible de todos los espacios forestales.
Señor presidente, señorías, ésta es nuestra posición como grupo parlamentario. Mantenemos todas y cada una de las 137 enmiendas presentadas al articulado de esta ley de montes, porque estamos convencidos de que este país precisa de una verdadera política forestal compatible con el marco competencial autonómico y diligente con la normativa comunitaria.
Por todo ello, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Lago.
Señorías, llevamos más de cinco horas de sesión. ¿Da su autorización la Cámara a esta Presidencia para continuar? (Pausa.) Muchas gracias.
Para realizar el turno en contra tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el senador Fernández López.


El señor FERNANDEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo al estrado, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar nuestra postura con respecto a

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las más de 500 enmiendas que han sido presentadas al proyecto de ley de montes por los distintos grupos parlamentarios.
Entiendo que se hayan presentado numerosas enmiendas, lo que pone de manifiesto la sensibilidad de sus señorías en un tema tan cercano e importante como es el de los montes y su futuro. Sin duda, a todos nos preocupa el descenso que día a día se ha ido produciendo en la superficie forestal española. El Gobierno del Partido Popular, conocedor y sensible de este fenómeno, ha confeccionado este proyecto de ley y lo ha remitido a las Cortes para su tramitación y debate, momento en el que nos encontramos en el Senado.
De las 545 enmiendas presentadas, en ponencia se incorporaron al texto 16 del Grupo Parlamentario Popular y dos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, además, se transaron otras nueve con el mismo grupo, mientras que las restantes enmiendas, en total 518, fueron rechazas en el trámite de comisión. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado con la firma de todos los portavoces tres enmiendas que, en realidad, no son más que una corrección de tres errores, y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado ocho, de las que han sido aceptadas dos y transaccionadas otras dos y, por lo tanto, rechazadas cuatro.
Señorías, no voy a entrar en el análisis de cada una de ellas y en la justificación de nuestro rechazo, porque resultaría, además de excesivamente largo, no funcional. Por ello, me van a permitir que, en orden a la brevedad, haga un breve repaso sobre alguno de los temas que se han tocado en esta tribuna.
El senador Arroyo, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, ha presentado dos enmiendas de adición, las números 209 y 210, con las que propone añadir una disposición transitoria sexta y una frase en el apartado uno de la disposición derogatoria única. Señor Arroyo, estas enmiendas no proceden, porque sigue vigente el reglamento de la Ley de montes que regula la materia; además, no sería técnicamente correcto salvar de la derogación una ley sólo para una comunidad autónoma.
El senador Quintana, del Bloque Nacionalista Galego, hace mucho hincapié en que la ley no tiene en cuenta a las comunidades autónomas. Pues bien, señoría, eso no es cierto, porque la ley tiene muy en cuenta a las comunidades autónomas y las peculiaridades de cada una de ellas. Como usted ha dicho, ésta es una ley básica, pero luego cada comunidad autónoma elabora su legislación --algunas ya lo han hecho-- atendiendo a sus características propias. Realmente, entiendo que la ley es muy respetuosa con las comunidades autónomas.
Su señoría ha hecho más hincapié en las enmiendas números 57, 58, 59, sobre las que he de decirle que no es posible acceder a lo que en ellas se plantea, porque si bien los montes vecinales en mano común tienen ese carácter de privado, no es menos cierto que tienen una vocación pública y, como tales, se contemplan en la ley. Por último, consideramos que la enmienda número 59 no mejora técnicamente la definición, por lo que no parece necesaria su admisión.
Agradezco al senador Gatzagaetxebarría el interés y ardor que ha puesto en la defensa de sus enmiendas, pero él sabe muy bien que las 134 enmiendas que ha presentado su grupo se han examinado con minuciosidad y, después de ese examen, se han aceptado tres, se han transaccionado doce y se han rechazado el resto. Quiero que sepa que no ha sido posible admitir más, que la ley es respetuosa con las comunidades autónomas y que en ningún caso invade competencias.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado 128 enmiendas, que han sido defendidas por el senador Josep Maria Batlle. Su señoría ha hecho alusión a que faltaba colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y yo creo que no, que la ley recoge perfectamente una colaboración y cooperación clara entre la Administración Central y las comunidades autónomas, así como las medidas para prevenir y luchar contra los incendios.
El senador Salvador Servià, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha presentado 54 enmiendas. Su señoría y yo hemos hablado antes del Pleno y, aunque le agradezco el tono empleado, lamento que no haya sido posible aceptar ninguna de sus enmiendas; por tanto, rechazamos todas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 137 enmiendas y quiero decirle a su portavoz, el senador Lago, que esta ley garantiza perfectamente la gestión sostenible, y se recoge claramente en la ley.
Dice: El presente proyecto de ley tiene precisamente como principal objetivo garantizar y promover la conservación de los montes españoles y asegurar una gestión sostenible. De acuerdo con dicho objetivo, el proyecto de ley reúne toda una serie de características a destacar: enriquece el concepto de monte y lo amplía; especifica y aclara las competencias de las distintas administraciones en materia forestal; destaca, asimismo, la función social de los montes, tanto públicos como privados; establece que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión; revitaliza la figura de los montes protectores; contempla la planificación forestal como eje básico de la ley; establece condiciones restrictivas para el cambio de uso forestal de cualquier monte, a lo que usted ha hecho alusión.
También ha hecho usted alusión al tema de los incendios. Quiero decir, señorías, que es de sobra conocido que el factor más importante de alteración de los montes son los incendios forestales. A este respecto el proyecto de ley recoge en su capítulo III, artículos 43 a 50, la legislación, medidas y medios dirigidos a la desaparición o disminución, en la medida de lo posible --algo, por otra parte, difícil de predecir-- de esta lacra que son los incendios, que van disminuyendo la superficie de nuestros montes, contribuyendo, por otro lado, a la desertización del territorio, algo a lo que también se ha hecho alusión.
El proyecto de ley pone especial énfasis en la prevención de incendios forestales: más vale prevenir que curar, y subraya la importancia de la participación de la sociedad civil en este sentido. Prohíbe el cambio de uso forestal por razón de incendio al tiempo que establece el mecanismo para evitar que cualquier especulación sobre un posible

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cambio de uso pueda ser incentivo para promover un incendio. Así pues, considero que el tema de los incendios está perfectamente recogido en el proyecto.
Asimismo ha hablado usted de la información, y quiero decirle que el proyecto de ley concede especial relevancia a la información forestal y al acceso del ciudadano a la misma, de igual modo que establece subvenciones y créditos para los propietarios forestales, e incorpora a los fines del mecenazgo la gestión forestal sostenible. Por tanto, tampoco estoy en absoluto de acuerdo con usted cuando decía que el proyecto de ley deja totalmente aislados a los habitantes que viven en los montes o sus proximidades. Entiendo que ello no es así, que el proyecto lo ha tenido muy en cuenta y lo recoge perfectamente.
Para finalizar, y en aras de la brevedad, pues el tiempo se nos echa encima, quisiera decirles que, una vez examinadas todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos, entiendo que su mayor parte deben ser rechazadas, unas por considerarlas innecesarias al estar incluido en el proyecto de ley su planteamiento o por resultar redundantes, otras por ser el texto técnicamente incorrecto, algunas porque deben ser precisamente las comunidades autónomas las que en última instancia se pronuncien con relación al tema planteado, y algunas otras por estimarlas improcedentes, pues contribuyen a crear un exceso de figuras de planificación. Además, queremos ser congruentes con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que ya rechazó un número importante de las mismas, y por tanto, manifiesto nuevamente la no aceptación por parte de nuestro grupo de las 518 enmiendas anteriormente reseñadas, en contra de las cuales votaremos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Fernández López.
Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde para realizar el turno de portavoces correspondiente a este proyecto de ley.


Eran las quince horas y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Comenzamos con el turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.) Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero indicar, brevemente, que nosotros en el turno anterior defendimos dos enmiendas. Una se refería a la adición de una nueva disposición transitoria que regulase un régimen de aplicación en la comunidad autónoma de Canarias que permitiese que se siguiera aplicando en esa comunidad lo dispuesto en el capítulo III del título I de la Ley de Montes, de 8 de junio de 1957. Se nos dijo en su momento que no era posible acceder a ello, ya eso que supondría hacer una excepción para Canarias, y aunque también se ha dicho a lo largo del debate que se es muy sensible con las peculiaridades y especificidades de las comunidades autónomas, desde nuestro punto de vista el hecho de no aceptar esta enmienda de adición demuestra que no se está siendo sensible con un problema concreto que tenemos en Canarias. Es verdad que sigue vigente el reglamento de la actual Ley de Montes, pero a nosotros nos parece que se produce un vacío legal y que con la aceptación de esta enmienda se daría mayor seguridad jurídica.
Lamentamos que no se hayan aceptado enmiendas de los grupos nacionalistas a esta importante Ley de Montes, que viene a actualizar otra de 1957, que propugnaban mayores competencias de las comunidades autónomas en esta materia y anuncio que vamos a apoyar muchas de esas enmiendas.
Por otra punte, hemos solicitado a los servicios de la Cámara la votación separada de las enmiendas a las disposiciones transitorias, de manera que vamos a votar en contra de las mismas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseo manifestar al portavoz de Grupo Parlamentario Popular mi agradecimiento por el tono de su intervención, así como por el esfuerzo que tanto él como el senador Arribas han realizado al menos para intentar en la medida de sus posibilidades consensuar con los demás grupos parlamentarios. Por tanto, nuestro agradecimiento desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
No voy a entrar en la réplica general que usted ha dado a los portavoces de los grupos parlamentarios. En esta dúplica quiero hacer unas breves consideraciones.
Reitero las reflexiones sobre el Fondo local de mejora y conservación de los montes catalogados. Creo que en esta Cámara estamos haciendo una verdadera conculcación de la autonomía local. Las corporaciones locales gestionan sus propios presupuestos, y una ley básica les obliga a dotar un fondo de mejora y conservación de montes catalogados, pero posteriormente no pueden gestionar dichos fondos sino que los tienen que asignar y transferir a las comunidades autónomas. Me parece que es una aberración en contra de las corporaciones locales y en favor de las comunidades autónomas. Y no me duelen prendas en reconocer que en este caso la autonomía municipal, constitucionalmente garantizada, queda en entredicho.
En cuanto a los diferentes planes, el Gobierno diseñó bien plan forestal nacional, que tenía en cuenta los planes forestales autonómicos. Eso es sensato; estuvimos de acuerdo y votamos a favor de la ley. ¿Por qué no se hace lo mismo con los programas especiales que desarrollan dicho

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plan, como es el programa de restauración hidrológica-- forestal, los programas de mejora genética forestal, los programas nacionales de acción contra la desertificación, los de uso de la biomasa con finalidad energética? No tiene sentido. Estamos dentro de la misma filosofía y de las mismas funciones en materia de políticas medioambientales y montes.
Por ello, reitero esta reflexión, porque me choca que la ley se apruebe con esa incoherencia interna.
También quiero hacer referencia a que no se expresa en la ley quién es el responsable de la gestión de los incendios forestales. Se intuye, pero se utilizan eufemismos, pues se emplean expresiones como «administraciones gestoras» y «administraciones competentes». Son las comunidades autónomas; Murcia es competente en materia de incendios forestales y Madrid, Castilla y León y el País Vasco, lo son en su ámbito territorial.
Y debemos tener la lealtad, la sinceridad y la claridad suficiente para decirlo, porque no pasa nada. Creo que hemos hecho un esfuerzo y la verdad es que hubiera merecido la pena aceptar esos avances en el proyecto de ley.
No obstante, senador Fernández, senador Arribas, a pesar de las discrepancias que podamos tener, nuestro grupo parlamentario va a apoyar el proyecto de ley, porque creemos que se ha hecho un esfuerzo por parte de su partido y del Gobierno en cuanto a aproximación de posiciones.
Termino haciendo una última reflexión sobre la enmienda transaccional, a la que ya aludí anteriormente, sobre lo que supone el régimen de la comunidad de bienes en el Código Civil. El año pasado, senador Fernández, ocurrió algo similar. Cuando debatíamos en Pleno el proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de las Islas Atlánticas, el Grupo Parlamentario Popular, a instancias del Gobierno, cometió otra barbaridad y, al final, por gestión de la Presidencia del Senado, por gestión de la Presidencia del Congreso, por gestión de grupos parlamentarios, se revocó en el Congreso de los Diputados. Me refiero a una enmienda de modificación de la Ley 4/1989, de espacios naturales. Sucedió igual que ahora, manifestando que las tomas en consideración de las proposiciones de ley provenientes de comunidades autónomas o de grupos parlamentarios debían tener informe previo de la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza. Se corrigió, y ahora sucede algo parecido.
Siento tener que decirlo, pero es un verdadero atropello el que ustedes hacen cuando plantean un régimen de la comunidad de bienes distinto al que se gestiona en el Derecho civil común del Código Civil. Pero esto no es el proyecto de ley, es una cosa que, por las circunstancias que sean, ustedes han querido plasmar en el proyecto mediante el deslizamiento de esa enmienda, a la que tengo que decir que nos vamos a oponer.
También nos oponemos al procedimiento por el que se modifica la Directiva de Hábitats...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo.
Termino con una última consideración --lo ha hecho también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- sobre los montes vecinales en mano común. Estamos ante una figura muy «sui generis»; no es un bien comunal porque los bienes comunales son bienes de dominio público, de conformidad con la legislación de régimen local y pertenecen a las corporaciones locales, aunque su uso y su disfrute corresponda a los vecinos de las corporaciones locales. Los montes vecinales en mano común es algo asimilado a los bienes comunales. Pero la legislación española los considera como bienes asimilados a los bienes demaniales porque son inalienables, imprescriptibles, inembargables e indivisibles, y así lo prevé también la legislación, por ejemplo, de una comunidad autónoma tan emblemática en montes vecinales en mano común como la gallega. La duda que se nos suscita es qué régimen le aplicamos; ustedes plantean el de los montes privados protegidos; nosotros hemos planteado una transaccional --también con una reflexión dubitativa intelectualmente-- sobre si es eso lo correcto. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que no era lo correcto. En Galicia, que tiene esta problemática, efectivamente esto tiene una gran importancia; la ley gallega, cuando regula los montes vecinales en mano común les otorga también naturaleza privada, pero a su vez le imbuye y los caracteriza de los principios de la demanialidad, inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor presidente.
Nosotros nos hemos posicionado ideológicamente a favor de la aplicación del régimen de los bienes de dominio público porque creemos que es la solución más acorde. Por eso habíamos ofertado transaccionar al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente por su generosidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Una ley a la que se han presentado en total 545 enmiendas de las cuales no se ha aceptado ni siquiera un diez por ciento, no puede ser la ley que necesita este país, porque priva la productividad y no la funcionalidad, porque no define de forma clara y contundente el papel del medio rural, al cual afecta económica y socialmente, porque prima la obtención de los recursos forestales en detrimento de la multifuncionalidad y porque no contempla de forma suficiente ni define con claridad el papel de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos, lo cual pone de manifiesto la incoherencia interna de la propia ley.
Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la no admisión de nuestras enmiendas y otras muchas de otros grupos que consideramos muy interesantes, los problemas competenciales, la falta de definición las ayudas a las funciones productivas del bosque, así como el hecho de no atacar la solución de la problemática de los incendios, todo ello haría que nosotros debiéramos votar en contra de esta ley. No obstante, como mejora mucho las que tenemos actualmente vigentes, totalmente caducadas, y es necesaria y urgente, en un sentido práctico y solidario, nos limitaremos a abstenernos, con la esperanza de que en el futuro los responsables de los departamentos del ministerio y los correspondientes de las comunidades autónomas sean un poco más negociadores y más hábiles de lo que hemos sido aquí y puedan ir solucionando paso a paso los problemas de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lago.


El señor LAGO LAGE: Muchas gracias, señor presidente.
Senador Arribas, aceleraba usted su intervención al final de esta mañana diciendo que el tiempo se nos echaba encima. Quiero manifestarle, en mi nombre y en el de mi grupo, que disponemos de todo el tiempo que haga falta para conseguir una buena, moderna y justa ley de montes. Terminaba además usted hablando de términos como biodiversidad, sostenibilidad, multifuncionalidad, y nos leía algunos párrafos. Yo lamento decir que siempre nos lee los mismos párrafos: los que están en la exposición de motivos; nos gustaría que también nos leyera los artículos que se corresponden con el desarrollo de esos principios. Esta mañana se lo decía en términos cinematográficos, permítame ahora que se lo diga en términos políticos: cualquier parecido de la exposición de motivos de la ley de montes con el articulado de esta ley hay que enmarcarlo en el apartado de los descuidos y de las anécdotas.
Decía asimismo que los montes vecinales son privados, pero que tienen vocación pública. ¡Qué suerte! Esto mismo se lo transmitiremos a los comuneros y a las comunidades de montes vecinales porque supongo que se quedarán contentos con eso de la vocación pública. Un nuevo término que ustedes han acuñado y que les hará muy felices. Pero la realidad es que estamos ante una ley excesivamente centralista, injusta y desconocedora de la realidad del monte gallego y también de otras comunidades, y que con este concepto de montes vecinales parece perseguir únicamente su privatización.
Esta ley invade y además condiciona y ata de pies y manos las competencias y las decisiones de la comunidad autónoma, por ejemplo, gallega y de otras comunidades cuando tengan que legislar sobre los montes vecinales. ¿Por qué? Porque ya de principio son montes privados; categóricamente, no queda ningún otro desliz que se pueda interpretar.
Elimina, además, de un plumazo toda la jurisprudencia gallega, la Ley de Derecho civil gallego sobre montes vecinales en mano común y sitúa determinante y finalmente el monte vecinal en el ámbito privado. No resuelve los problemas referidos a la propiedad colectiva de estos montes. No habla para nada ni resuelve nada ni da ninguna solución a la fiscalidad de los montes vecinales, aunque ustedes se comprometieron a ello en el año 2000 en un debate en el Congreso. Eso cae en el olvido, y por no cumplir no se cumplen ni los acuerdos que ustedes, su grupo, su partido y su Gobierno adoptaron con las comunidades de montes gallegas en el Congreso de los Diputados. Además, ustedes hacen del silencio respuesta porque desde el 13 de octubre están solicitando de ustedes unas entrevistas para poder solucionar este problema y ustedes no han respondido a las comunidades de montes ni a la federación gallega. Hay un sentimiento de traición, un sentimiento de tomadura de pelo; incluso estos días la prensa decía que las comunidades de montes gallegas acusan al Partido Popular de engañarlos con la nueva ley. Son sus palabras.
Tampoco se puede hablar de consenso en esta ley, señorías. El consenso parlamentario resultaba incompatible con la escasez de tiempo material para el estudio, reflexión y debate de una ley de esta importancia. No es posible por la intransigencia y el autismo político que últimamente caracteriza a su grupo que, como siempre, al final hace sencillamente lo que quiere y no lo que el país necesita.
Lo fundamental en esta ley era que el consenso fuera una realidad con las comunidades autónomas, con los partidos políticos, con los ayuntamientos, con los sectores implicados en el uso y la gestión de los aprovechamientos de los espacios forestales. Por eso lo mejor hubiera sido retirar este proyecto de ley. Por eso, pedíamos en el veto que se consensuara con aquellos que tienen la competencia real de la ordenación territorial y la gestión de los montes. Un proyecto de tal relevancia para el futuro de los montes y para el futuro del desarrollo de los pueblos en la zona rural, fundamental para caminar por la senda del desarrollo sostenible, debería contar con el apoyo de todos. No sirve únicamente que haya pasado el trámite del Consejo Nacional de Bosques.
Ustedes nos presentan un proyecto de ley de montes desde una perspectiva unisectorial y corporativista, con una visión limitativa, parcial y anticuada de la gestión del monte, con un objetivo único basado en la producción y el mercado de la madera. Se olvidan de la gestión sostenible del desarrollo rural. Se olvidan del despoblamiento de los pueblos, de las competencias autonómicas, del uso social del monte y de los usos tradicionales y alternativas. Se olvidan también de la multifuncionalidad y la multipropiedad, de la biodiversidad, de los ciclos del agua, de la desertificación, del cambio climático, del medio ambiente. Por olvidar, se olvidan hasta de la lucha contra los incendios forestales.


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Una auténtica y moderna ley, una buena ley, una verdadera ley sobre el uso y aprovechamiento de espacios forestales, necesitaría todo el tiempo que hiciera falta para su consenso y su aprobación; una adaptación legal a la realidad presente del siglo XXI, convirtiéndola en instrumento eficaz para el desarrollo sostenible y racional de los espacios forestales; una adaptación al vigente marco competencial que emana del Estado de las autonomías.
En esta España vertebrada y plural esta ley no tiene el consenso necesario, un consenso imprescindible para lo que tendría que ser un instrumento esencial de ordenación del territorio. Habría que distinguir --y no se consigue en esta ley-- entre lo que es bosque y lo que es espacio forestal, que tiene como característica fundamental esa biodiversidad y esa multifuncionalidad de la que ustedes hablan muy ampliamente en la exposición de motivos pero que después no trasladan al articulado.
La Ley de Montes debería reconocer, y no lo hace, los montes vecinales como un sistema de propiedad que por su titularidad y tradición no es privada. Ustedes acaban de atar de pies y manos al monte vecinal como una propiedad privada.
En definitiva, señorías, este proyecto...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor vaya finalizando.


El señor LAGO LAGE: Ya termino, señor presidente. Gracias.
En definitiva, este proyecto de ley de montes se presenta tarde y mal, y no satisface en absoluto las expectativas generales, ya que parece pensado únicamente en clave de productividad y no de la multifuncionalidad que hoy representan en nuestro país los espacios forestales, es decir, la multifuncionalidad que hoy representan en nuestro país los montes.
Es todo. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández López.


El señor FERNANDEZ LOPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, a mi entender, a estas alturas del debate está ya todo dicho.
Creo que este proyecto de ley llega en el momento oportuno, y que una vez aprobado constituirá un instrumento eficaz para la protección de nuestros montes e iniciar un proceso de restitución que dará sus frutos en un futuro inmediato.
Todas las medidas que en el proyecto de ley se regulan no hacen sino desarrollar sus principios inspiradores, como son la gestión sostenible de los montes, el cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en sus valores ambientales, económicos y sociales, la creación de empleo, el desarrollo del medio rural y la conservación y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas forestales. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Entiendo, señorías, que haya posicionamientos distintos a los de nuestro grupo --están en su perfecto derecho--, pero coincidirán conmigo en que es este un proyecto de ley esperado y necesario.
Por todo ello, nuestro grupo lo va a votar afirmativamente, y espero que los demás grupos políticos lo apoyen con su voto afirmativo.
Quiero agradecer al senador Arroyo su apoyo, aunque sea parcial, así como al senador Gatzagaetxebarría su voto afirmativo.
A los señores Batlle y Lago quiero decirles simplemente que la oposición tiene sus puntos de vista, y el grupo que apoya al Gobierno tiene otros que no necesariamente tienen que coincidir con los de la oposición.
Finalizo, señor presidente, agradeciendo la participación y colaboración de todos los grupos, sintetizada en los señores portavoces que han tomado parte en el debate.
Muchas gracias a todos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señorías.
Pasamos a votar. (El señor presidente ocupa la Presidencia.).


El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley de montes.
En primer lugar, enmienda presentada por el senador señor Mur, número 55.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, tres; en contra, 121; abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 56, del mismo senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, cuatro; en contra, 175; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 5, 8, 14, 15, 21, 22 y 25, firmadas y defendidas por los senadores señores Cabrero y Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, dos; en contra, 173; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 9, 16, 23 y 33, de los mismos señores senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, dos; en contra, 125; abstenciones, 63.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por los senadores señores Cabrero y Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 54; en contra, 122; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 41, firmada por la senadora señora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 57; en contra, 119; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 42 y 50, de la misma señora senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, seis; en contra, 172; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por la señora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, tres; en contra, 161; abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el senador señor Quintana, números 61 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 58; en contra, 121; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 57 a 60, 69 y 71, del senador Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 56; en contra, 122; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 64 y 68, del mismo senador.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, siete; en contra, 122; abstenciones, 61.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 73 del señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, cuatro; en contra, 122; abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 65 a 67 y 70, del señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, siete; en contra, 171; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas firmadas y defendidas por el senador señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, cuatro; en contra, 174; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 209 y 210, presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, seis; en contra, 176; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, las números 75, 90, 92, 113 a 116 y 119.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 15; en contra, 174; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmienda números 86, 87, 91, 110, 111, 124, 128 a 130, 133 y 134, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 68; en contra, 123; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 93, 94, 102, 103, 109, 120, 122, 123, 125, 126, 128 a 132 y 135, del mismo Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 15; en contra, 122; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 83 a 85, 95, 105, 118, 137, 143 a 145, 153, 166, 197 y 198, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 12; en contra, 125; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 78 a 80, 106, 108, 127, 138, 140, 141, 146, 149, 152, 155, 161, 163, 164, 168, 171, 174 a 176, 181, 182, 186, 190, 192, 195, 199 a 201, 203, 205 y 207.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 65; en contra, 123; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hacemos una votación separada para la enmienda transaccional votada y no aprobada en comisión por la que se establece una nueva disposición adicional relativa a la modificación de la Ley 4/1989, apartado 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 189; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 14; en contra, 120; abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 274 y 310.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 64; en contra, 123; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 217, 275, 306 a 309 del mismo Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 57; en contra, 121; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 318, 319, 320 y 332 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 64; en contra, 123; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 54; en contra, 123; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 476 y 480.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 21; en contra, 122; abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 477, 492, 494, 497, 527 y 529 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 190; a favor, 19; en contra, 122; abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 484, 485, 486, 490, 491, 498, 500, 501, 503, 504 y 509 del mismo Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 68; en contra, 123; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 479, 483, 499, 510, 511, 513, 514, 516, 520 a 526 y 528, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 64; en contra, 123; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 478, 481, 487 a 489, 495, 496, 502 y 505 a 508, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 23; en contra, 168; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 16; en contra, 170; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en dos bloques.
En primer lugar, el bloque formado por las enmiendas números 345, 379, 407, 408, 442 a 446 y 451, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 58; en contra, 123; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 55; en contra, 123; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Existe una propuesta de modificación del dictamen, con número de registro 59.447 a 59.451 y 59.470, firmada por todos los portavoces. ¿Puede aprobarse por asentimiento? (Pausa.) Gracias, señorías, queda aprobada.
Dictamen. En primer lugar, el artículo 38, la disposición adicional décima y las disposiciones finales primera y segunda del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 178; en contra, tres; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 23, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 47, 48, 54, 56 y 63, disposiciones adicionales primera y cuarta y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 128; en contra, 55; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 12, 13, 15, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 40, 44, 50, 57, 67 y disposición adicional segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 127; en contra, tres; abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos las disposiciones transitorias.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 178; en contra, tres; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por último, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 180; en contra, uno; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, ruego a los señores portavoces que se acerquen a la Presidencia.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)

--DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL RUIDO (S. 121/000140). (C. D. 121/000140).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señorías, vamos a iniciar el debate del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el proyecto de ley del ruido.


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Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
(Rumores.) Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar ante esta Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente al proyecto de ley del ruido.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado día 20 de septiembre, concluyendo el plazo de presentación de enmiendas el día 8 de octubre. El proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Por favor, señorías, estamos debatiendo lo que va a ser la futura ley del ruido y, precisamente, con tanto ruido no se puede escuchar absolutamente nada. Por tanto, ésta es la mejor ocasión para escuchar al señor senador.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta nueva norma, el ruido, en su vertiente medioambiental, pasa a tener por primera vez en nuestro Derecho su propia norma reguladora de ámbito estatal, que viene a dar respuesta a las nuevas orientaciones normativas sobre ruido marcadas por el Derecho comunitario.
Los distintos grupos parlamentarios han presentado un total de 249 enmiendas y tres propuestas de veto.
Los senadores designados por la comisión, a propuesta de los grupos parlamentarios, para formar parte de la ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes: por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, doña María Inmaculada de España Moya y don Oscar Llanos Vera; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Bella Galán y don Arturo González López; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Salvador Servià i Costa; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Josep María Batlle Farrán; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida; por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, don Alonso Arroyo Hodgson; y, por el Grupo Parlamentario Mixto, don José María Mur Bernad.
A la vista de las enmiendas presentadas, la ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 13 de octubre, acordando proponer a la Comisión de Medio Ambiente que se mantuviese el texto remitido por el Congreso de los Diputados, en sus propios términos.
El día 21 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente, visto el informe emitido por la ponencia, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la misma.
Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la tramitación que se ha llevado a efecto hasta este momento.
Señorías, éste es el último proyecto de ley que tramitará esta Cámara, en materia medioambiental, en la presente legislatura. Por este motivo, y como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quiero agradecer profundamente el trabajo que han realizado todos los señores senadores que integran la comisión, al propio Pleno del Senado, al personal funcionario y a los letrados, taquígrafos y estenotipistas. A todos ellos, en nombre de la comisión, les agradezco el trabajo que han desarrollado en materia medioambiental durante la presente legislatura.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
A este proyecto de ley se han presentado tres propuestas de veto, que vamos a debatir a continuación.
Para la defensa de la propuesta de veto número 3, tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la ley que estamos tramitando esta tarde no respeta las competencias de las comunidades autónomas y tampoco, de manera muy evidente, las de las corporaciones locales. En este sentido, quiero decir que este texto es una amenaza para la capacidad y la iniciativa presupuestaria de estas administraciones.
Mi grupo parlamentario, mediante la presentación de enmiendas, intentó resolver estos problemas en el Congreso de los Diputados, pero no fue posible y, por ello, nos hemos visto obligados a presentar un veto a la ley en esta Cámara.
Haciendo un poco de historia les diré que en el Parlament de Catalunya el 28 de junio de 2002 se aprobó por unanimidad la «Llei de protecció contra la contaminació acústica», que consideraba básicamente dos aspectos: la directiva europea sobre la materia, que se desarrolló casi en paralelo y en las mismas fechas, y las competencias transferidas y asumidas por la Generalitat de Catalunya.
Sin embargo, la viabilidad de la citada ley se ve gravemente afectada por la agresión que representa el proyecto de ley que ahora estamos tramitando tal como hoy se va a aprobar aquí. Quisiera, pues, poner en evidencia al Grupo Popular a través de la posición del Gobierno por no aceptar nuestras enmiendas y poner en contradicción la ley que estamos debatiendo aquí con lo que en su día se aprobó allí.
En la citada ley catalana el Grupo Popular colaboró intensamente, presentando 40 enmiendas, 35 de las cuales fueron admitidas por el Grupo de Convergència i Unió, representando al Gobierno, y las cinco restantes fueron transaccionadas. Fue una ley muy consensuada por todos los grupos.
Y permítanme que les lea la intervención, muy rimbombante, por cierto, del diputado del Parlament de Catalunya del Grupo Popular, señor Fernández Deu, en aquella ocasión. Evidentemente, llevó a cabo su intervención en catalán, pero yo voy a leerles su versión castellana porque lo que me interesa en este caso es que sean ustedes conscientes de nuestra posición respecto de estas contradicciones.
El señor Fernández Deu, en el primer párrafo de su intervención para la aprobación de la ley, decía así: Señor presidente, señorías, hoy por fin hemos alcanzado uno de

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esos hitos que nos ayudan a reconocer nuestra voluntad de hacer aquellas aportaciones que sitúan a nuestro país... --Cataluña, en este caso-- ...en un primer nivel de exigencia por lo que se refiere a la calidad de vida.
Y seguía: Y eso es bueno. Y como es bueno, lo hemos de subrayar; como es bueno, lo hemos de decir, y como es bueno, también nos hemos de sentir legítimamente orgullosos, todos, absolutamente todos y cada uno de los grupos de esta Cámara... --el Parlament de Catalunya--... que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la redacción de este texto legal.
Fin de la cita. Señor Fernández Deu, 12 de junio, en Barcelona, Parlament de Catalunya.
Señorías, el Grupo Popular se siente legítimamente orgulloso de haber colaborado de forma pionera en la aprobación de la primera ley sobre la contaminación acústica en España. Sin embargo, cuatro meses después, el Grupo Popular aquí, en esta Cámara, no admitiendo ninguna de las enmiendas que pretenden rectificar una contradicción competencial entre ambas leyes, no sólo enmiendas de Convergència i Unió, sino tampoco otras de otros grupos, muy interesantes para solucionar este problema, con pleno conocimiento, envía de manera inevitable aquella ley-orgullo de junio de 2002 al Tribunal Constitucional. No hay otra salida.
Quería dejar patente esta contradicción, y resaltar una vez más que Convergència i Unió ha presentado este veto, diciendo aquí lo mismo que dijo allí, mientras que el Grupo Popular no está representando las mismas posiciones respecto de un tema muy concreto, del día a día, que está en la calle, como es la ley del ruido.
Creemos que estamos aquí para aprobar unas leyes que eviten conflictos entre los ciudadanos, entre éstos y las administraciones, y entre éstas entre sí. Pero, tal como se va a aprobar esta ley hoy en esta Cámara, considero que no estamos cumpliendo con nuestra misión.
Justifico una vez más nuestro veto con la pretensión de que, si no consigo su apoyo, al menos haya conseguido su respeto.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Bella Galán.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, paso a defender la propuesta de veto que a este proyecto de ley presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y para ello voy a hacer una serie de indicaciones iniciales que tienen que ver con algunas cuestiones de carácter general que en cierta medida demuestran que esta ley es una demanda de los ciudadanos, para analizar después con un cierto rigor el contenido de la misma y llegar finalmente a explicar las conclusiones por las que nuestro grupo ha decidido plantear este veto.
Es indudable que la ausencia de ruido, el silencio, le provoca al ser humano tranquilidad y también paz. Quizá sea ésta una de las leyes que más incidencia social tengan. Es un problema grave para la población española pues casi unas tres cuartas partes de ella se encuentre afectada precisamente por niveles intolerables de contaminación acústica. Teniendo en cuenta que después de Japón somos el segundo país del mundo más ruidoso, es evidente que esta ley del ruido, que es demandada por la sociedad, le tendría que resolver un importante problema a la sociedad española.
El objetivo que se plantea inicialmente en la ley es la trasposición de la Directiva 2002/49, de 25 de junio, para la evaluación y gestión del ruido ambiental, trasposición en la que va implícito el compromiso que adoptó el Gobierno de Aznar en el año 1966 de hacer una ley sobre el ruido. Respecto a ese compromiso o promesa esta ley llega con un poco de retraso, como es evidente, pero también hay que decir que viene de un modo algo prematuro y precipitado, es decir, sin el adecuado consenso, motivo por el que creo que tenemos ya muy claro que la aplicación práctica de este proyecto de ley va a ser muy difícil de aplicar de mantenerse su actual texto. No obstante, podremos comprobar cómo a finales de marzo se dirá con grandes palabras que nuestro país ya tiene una ley del ruido.
Digo que este proyecto viene sin consenso, y hay algo que lo denota de manera palpable. Este proyecto de ley tuvo un solo veto en el Congreso, pero llega al Senado con tres vetos, lo que quiere decir que en su trámite parlamentario no sólo las señorías del Grupo Parlamentario Popular han conseguido adherir al proyecto a otros grupos, sino que, por el contrario, han conseguido poner enfrente a más gente. Ha habido poca flexibilidad a la hora de trabajar el proyecto desde un punto de vista formal.
Los objetivos que plantea la directiva comunitaria son varios. Pretende establecer un enfoque común destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental. Con esta finalidad la directiva pretende aplicar toda una serie de medidas para determinar la exposición al ruido ambiental mediante la elaboración de mapas de ruido y utilizando unos métodos de evaluación comunes de los Estados miembros; poner luego esta información a disposición de la propia población, y emprender la puesta en marcha y elaboración de unos planes de acción que permitirían prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario; y cuando los niveles de exposición al ruido puedan tener efectos nocivos para la salud humana, mantener la calidad del propio entorno acústico. Evidentemente, apenas relean ustedes el proyecto de ley comprenderán que estos objetivos planteados por la directiva no se rozan siquiera a la hora de cumplirlos.
Se cubre el expediente de manera muy aparente trasponiendo la directiva y poco más.
El proyecto de ley consta de un amplio preámbulo con una declaración de intenciones también amplia donde se recoge este espíritu de la directiva, el cual en nada trasciende luego al articulado de la propia ley. Por tanto, desde un principio parece fundamental, y así se plantea como muy necesario, un reglamento que desarrolle la propia ley y los 31 artículos de que consta el texto, 10 de los cuales

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están pendientes de desarrollo, así como otras cuestiones que el propio Consejo de Estado advierte de este extremo. Es decir, es la primera vez que a una ley le resulta imprescindible el desarrollo de su reglamento para que pueda aparentar ser algo.
Tiene carencias en todo los sentidos, está repleta de carencias. No hay una definición exacta de los distintos indicadores precisos para poder aplicar esta normativa, no están delimitados los límites de emisión y, aunque se definen los mapas de ruido, no se establecen plazos para ello.
Aquí cabría hacerse una pregunta. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente está, al menos aparentemente, intentando hacer que todas las localidades españolas tengan una agenda local XXI, ¿cómo podría aplicar un plan de acción contra el ruido una población que pretendiera hacerlo con los instrumentos que le vamos a facilitar con esta ley? Prácticamente sería imposible porque, entre otras carencias, falta algo tan fundamental como el propio plan de financiación de la ley, que no aparece por ningún sitio, por lo que es totalmente inviable.
Esta ley es una equivocación tremenda en el tiempo y no logra los objetivos que persigue: prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, con lo que tenemos una transposición totalmente vacía de contenido que tendrá que esperar su posterior desarrollo reglamentario.
Por tanto, queda pendiente la doble finalidad que se plantea la ley: transponer a nuestro ordenamiento una directiva comunitaria --directiva que no se cumple, y creo que es la primera vez que se hace una transposición en tiempo y forma pero sin cumplir el objetivo de la misma-- y disponer de una normativa básica que asuma toda aquella normativa que ya se ha elaborado por las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos.
Al principio he dicho que la principal preocupación que tienen los vecinos --y muchas de sus señorías han sido concejales o alcaldes o tienen relación directa con algún ayuntamiento-- es lo difícil que resulta solucionar las cuestiones relacionadas con el ruido, por lo que las ordenanzas y la normativa dictada por las comunidades autónomas bien necesitaba una norma básica que le sirviera para dar respuesta a estos problemas. Tampoco se cumple con eso, es decir no se ha tenido en cuenta la legislación de las comunidades autónomas y de ayuntamientos, y nos encontramos con un desorden total y una ley difusa y nada clara que en cierta medida va a propiciar lo que el propio dictamen del Consejo de Estado dice con respecto al proyecto y al propio reglamento. Será necesario volver a hacer la ley en forma de reglamento para que, realmente, se pueda aplicar.
Por lo tanto, perdemos la ocasión de tener una normativa básica, imprescindible para los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y hemos desaprovechado esta magnífica oportunidad para resolver un problema que aqueja a la ciudadanía; un problema que afecta a la salud de un porcentaje bastante importante de ciudadanos y ciudadanas.
Los interrogantes que nos dejan son muchísimos. De los treinta y un artículos, prácticamente diez no están desarrollados y no se sabe cómo se hará. Cuando se intenta concretar algún plazo, como sucede con los mapas de ruido y el planeamiento urbanístico, se espera hasta cinco años para ponerlo en marcha. La pregunta es, ¿qué pasará hasta entonces? De aquí a cinco años, ¿cómo se van a incrementar los niveles de ruido en las distintas aglomeraciones urbanas en las que ya existe de manera insoportable? ¿Cómo se va a abordar esto al cabo de los cinco años? Si actualmente está afectada un 70 por ciento de la población, ¿qué porcentaje lo estará cuando transcurran esos cinco años que ustedes plantean? Entre los instrumentos esenciales de la directiva cabe destacar los mapas de ruido estratégicos, que son los que luego posibilitan un plan de acción. Al no determinar los plazos, saltamos de año en año y nos colocamos, en algún caso, en el año 2012, con lo cual estamos perpetuando de una manera clarísima los actuales niveles de contaminación acústica en gran parte de los núcleos de población que deberían contar ya con un plan de acción para remediar esos males. Nos parece que es una manera muy especial de retrasar el compromiso con la directiva; se dice que se transpone, pero sólo se hace de una manera formal y no en su contenido.
Esto podría provocar que, a partir de ahora, se evaluasen las transposiciones de las directivas de la Unión Europea para comprobar si, realmente, los Estados miembros las hacen.
Evidentemente hay un miedo explícito a la planificación, posiblemente hay una falta de tiempo debido a compromisos anteriormente adquiridos, que parece más importante cubrir formalmente que con contenido, probablemente haya también alguna que otra repercusión económica y, cómo no, en los temas de planeamiento urbanístico habrá un freno a una especulación inmobiliaria que provoca indudablemente bastante ruido.
Si no hay una financiación clara, si es la primera vez que se hace la transposición de una directiva en tiempo y forma, pero la elaboración del reglamento va a exceder de ese tiempo --en definitiva mucho ruido y pocas nueces a la hora de aplicarla-- y estamos supeditados a ese desarrollo reglamentario, quiere decir que en este tema hacemos un pan como unas tortas.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, permítanme decirles que mi grupo no tiene confianza en el reglamento que puedan ustedes hacer.
Quedan demasiados cabos sueltos para unir en un reglamento, cuando no han sido capaces de hacerlo en la propia ley. Sobre fecha y plazos mejor no hablar, unos disminuyen, en tanto que otros aumentan; el tema de los mapas, instrumento imprescindible, queda pospuesto para años venideros; de la financiación ni se habla, y en cuanto a la coordinación con el resto de las administraciones, indispensable en este tema, ya ven ustedes cuál es la posición de las distintas comunidades autónomas, quienes tenían hechos los deberes se quedan ahora con ellos de nuevo por hacer, sin saber, además, a qué tienen que adaptarse, pues esta ley no resuelve nada en absoluto.
En mi opinión no han dado a este proyecto de ley la importancia que realmente tiene, y el consenso al que dicen que han llegado con la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo Asesor de Medio Ambiente

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y la Conferencia Sectorial no es más que retórica que forma parte de ese amplio preámbulo que tan bien hacen a las leyes, pero que en definitiva no mantienen en el articulado. Sepan ustedes que están legislando el ruido, una materia que tiene que ver fundamentalmente con los temas ambientales, pero también muy unido a la salud de las personas.
Como digo, si no se delimitan las competencias y el proyecto de ley parece ser la figura de un malabarista que juega con tres bolas y que no sabe cuál tiene en cada mano ni cuál está en el aire, si ustedes mismos admiten ese desorden y ese vacío del propio proyecto de presupuestos, si en realidad están hablando de una ley tautológica donde exclusivamente hacen una definición tras otra sin aportar absolutamente nada nuevo, si han colocado ese cartel que aparece al final de algunas películas de «Continuará...».


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya usted terminando.


El señor BELLA GALAN: Voy terminando, señor presidente.
Les sugiero que también pongan ustedes un cartel con el título de esa famosa obra de García Lorca, «Así que pasen cinco años», a ver si entonces, con este veto y con los de otros grupos, podemos tener una ley para que ustedes no sigan haciendo oídos sordos a problemas y demandas muy actuales de los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a comenzar hablando de algo que me ha sorprendido en el debate de hoy, y es el posicionamiento que ha mantenido en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió el senador Servià, pues lo considero ejemplificador de lo que está ocurriendo con este proyecto de ley. Convergència i Unió es un grupo parlamentario que quizá no ha expresado la crítica política o la dureza que nuestro grupo ha manifestado en la tramitación de estos proyectos de ley, ni tampoco la misma visión que nosotros hayamos podido tener de los mismos. Se lo decía también el senador Bella Galán; en una iniciativa parlamentaria como ésta, donde únicamente hay una oposición inicial absoluta, que es la del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular se encuentra con tres vetos. No es habitual que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presente vetos a los proyectos de ley, ni tampoco lo es que un grupo cuya trayectoria se ha caracterizado por el «seny» catalán empiece diciendo con total claridad que este proyecto de ley no respeta las competencias de las comunidades autónomas y presente un veto. Eso, como ha dicho el senador Bella Galán, quiere decir algo muy importante: que en este momento nadie, excepto el Grupo Parlamentario Popular, apoya este proyecto de ley.
Nuestro grupo parlamentario ha hecho lo mismo que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y suscribo plenamente la brillante intervención del senador Servià. Fuimos cautelosos, no presentamos veto a este proyecto de ley; presentamos enmiendas de mejora para que las comunidades autónomas, como gestoras de las competencias ambientales, ocupen el entramado institucional del Estado español, pero nos hemos encontrado con que ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada en el trámite parlamentario; no hemos tenido ninguna reunión con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular. Yo me he dirigido varias veces a la dirección del Grupo Parlamentario Popular con la idea de conocer qué planteamiento había al respecto; no he recibido respuesta, porque tenía que comentarse con quienes llevaban el proyecto de ley, y la verdad es que es una experiencia un tanto desagradable encontrarse con un proyecto de ley para el que, después de todo el trabajo que los grupos parlamentarios hemos realizado, al día de hoy, no hayamos tenido contacto directo con la representación del Grupo Parlamentario Popular.
Nuestro grupo parlamentario, de no tener una posición política contraria al proyecto de ley, al igual que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha pasado a tenerla, vista la actitud que el Grupo Parlamentario Popular ha tenido durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, y aquí en el Senado, como se nos indicó en ponencia y en comisión, no se ha aceptado nada de ningún grupo parlamentario. Esta es la situación que tenemos, a diferencia, por ejemplo, del debate que hemos tenido en la ley anterior, donde ha habido un ejercicio de cintura política; no sé a qué obedece el cambio de criterio, porque efectivamente en unos proyectos de ley hay intención, al menos, de dialogar, de hablar, de ensamblar los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, pero aquí nos hemos encontrado con esta posición, y es con lo que tenemos que apechugar y debatir en este momento.
Nosotros hemos planteado un veto porque entendemos que este proyecto de ley --y menciono al senador Servià-- no respeta las competencias de las comunidades autónomas --así de claro lo digo, y ningún grupo parlamentario apoya este proyecto de ley--, y no las respeta porque parte, a lo largo de toda su filosofía, de un principio que en este momento está desaparecido del Estado autonómico, que es el principio de unidad de acción o la teoría de los poderes implícitos. Este proyecto de ley está aplicando la teoría de los poderes implícitos, y luego me explayaré y aportaré los datos que al respecto existen, y los explicaremos oportunamente en el debate. ¿Por qué? Porque se parte de la siguiente tesis: aunque en materia medioambiental, en este caso específica, muy puntual --estamos hablando de la contaminación acústica, de la problemática del ruido--, hay un reparto competencial en virtud del cual los poderes centrales del Estado establecen la legislación básica y las comunidades autónomas desarrollan la misma y ejercen las funciones

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ejecutivas, en este proyecto de ley funciones ejecutivas y funciones de desarrollo legislativo de competencia autonómica son autoasignadas por las Cortes, que tienen competencia para establecer la legislación básica, y al establecer la competencia básica están asignando funciones ejecutivas a la Administración General del Estado. Y eso es lo que rompe el funcionamiento de la filosofía del Estado autonómico, y es que las competencias de ejecución son desarrolladas por las comunidades autónomas en aquellas materias en que tienen título competencial específico de desarrollo y ejecución, y esto es ejecución.
Por tanto, ésa es la discrepancia. Podemos entrar a ver en qué materias del proyecto de ley ocurre eso. En todos los instrumentos, técnicas, metodologías que el proyecto plantea en materia de protección ambiental se inspira esa filosofía, sobre todo cuando concierne a actuaciones ambientales relacionadas con la Administración General del Estado. La Administración General del Estado ocupa una posición institucional, pero horizontalmente quien ha de desarrollar las competencias de ejecución es quien las tiene constitucionalmente, y, ¿cuáles son las competencias de ejecución en materia medioambiental en la Administración General del Estado? Ninguna. Tiene la competencia de representación internacional, eso sí, y, en su caso, de coordinación de las actuaciones que en materia medioambiental pueda haber, pero no posee las competencias propiamente ejecutivas, por ejemplo, la relativa a establecer una servidumbre acústica en la carretera nacional Irún-Madrid en un punto kilométrico correspondiente a la comunidad autónoma de Castilla y León. ¿A quién corresponde ejercer la tutela en materia medioambiental relacionada con la contaminación acústica en esta infraestructura? Corresponde a la administración competente en la materia de protección medioambiental, pero no a la administración competente sustantivamente sobre la infraestructura en cuestión. La competencia sustantiva no atrae hacia sí la competencia medioambiental. Son dos planos distintos.
¿Y qué requiere esto? Requiere un esfuerzo y un ámbito de colaboración interinstitucional de los poderes centrales del Estado con las comunidades autónomas. Podrá hacer la infraestructura viaria de telecomunicaciones, de ferrocarriles, de puertos, pero de conformidad con los criterios ambientales establecidos para el ámbito territorial correspondiente en el que la comunidad autónoma ejerce las competencias medioambientales, es decir, la competencia sustantiva no tiene que atraer el ejercicio de las competencias específicas en la materia.
Y esto es lo que está inspirando todo el proyecto de ley, razón por la que nosotros hemos esperado a este trámite en el Senado para ver si era posible una modificación de la posición política del Grupo Popular respecto del articulado del proyecto, pero, como no ha ocurrido eso, nos hemos visto en la obligación política de presentar este veto.
Puedo entrar a desgranar en qué tipo de técnicas, de metodología se utiliza esta filosofía. No lo voy a hacer en este momento porque tendremos ocasión de debatir sobre el articulado, pero es referente a todas ellas: en las áreas acústicas, en los objetivos de calidad, en las servidumbres acústicas, en la fijación de los índices, en la determinación de los valores de inmisión y de emisión, en los métodos de evaluación acústica, etcétera. En definitiva, todo esto es lo que está inspirando el proyecto de ley, con lo cual nosotros mantenemos discrepancias de fondo importantes, como las mantiene también el Grupo Socialista y el Grupo de Convergència i Unió.
También se reitera a lo largo del proyecto la referencia a la administración competente cuando se quiere apelar a las comunidades autónomas. En cambio, cuando se trata de las competencias del Estado, efectivamente, se determinan y se detallan en un listado que figura en el artículo 4 cuáles son dichas competencias de la Administración General del Estado.
Todas estas cuestiones motivan que hayamos tenido que presentar este veto. Por tanto, suscribiendo la crítica política que les mostraba el senador Servià y remitiéndonos también a su argumentación, hemos presentado este veto, a la vista del contenido del articulado del proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Llanos.


El señor LLANOS VERA: Gracias, señor presidente.
Mi compañero, el senador Bernáldez, por acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente, ha presentado ante esta Cámara el dictamen del proyecto de ley del ruido.
Posteriormente, como hemos podido comprobar, los diferentes grupos parlamentarios han defendido sus vetos: el primero de ellos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el segundo es el correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista y, respecto del tercero, acaba de finalizar su intervención el senador Gatzagaetxebarría, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tengo el honor de defender el proyecto de ley del ruido ante los vetos presentados, anunciando que posteriormente la senadora España se referirá a las enmiendas.
Como saben sus señorías, el proyecto de ley del ruido que estamos debatiendo consta, fundamentalmente, de un preámbulo, cuatro capítulos, doce disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
De una forma muy esquemática, quiero decirles que el más importante, en el que se refleja lo que realmente contempla dicho proyecto, es el Capítulo I, referido a las disposiciones generales, en el que se fijan seis apartados fundamentales, que hablan del objeto y la finalidad, el ámbito de aplicación, las definiciones, las atribuciones, información, las ordenanzas municipales y planeamiento urbanístico.
El capítulo II está destinado a la calidad acústica y en él hay tres secciones; la primera habla de los tipos de áreas

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acústicas, la segunda de los índices acústicos y la tercera de los mapas de ruido.
En el capítulo III, de la prevención y corrección de la contaminación acústica, se desarrollan igualmente otras tres secciones; en la primera se fija la prevención de la contaminación acústica, en la segunda los planes de acción en materia de contaminación acústica y en la tercera la corrección de la contaminación acústica.
Por último, señorías, el capítulo IV trata de la inspección y régimen sancionador y en él se fijan los conceptos de inspección, infracciones, sanciones, potestad sancionadora y medidas provisionales.
Como ustedes saben muy bien, señorías, el objetivo fundamental del presente proyecto de ley del ruido es el de prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica. Señorías, uno de los mandatos de nuestra Constitución es el de proteger la salud y el medio ambiente, y es por eso que oyendo a la ciudadanía y teniendo en cuenta la acción legal existente, el Grupo Popular ha presentado este proyecto en el Congreso y actualmente en el Senado.
Mi compañero, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, les ha dicho ya cuál ha sido la tramitación de este proyecto y, por eso, a mí me gustaría decir que todo esto que les ha contado tiene una doble finalidad, por un lado, como dije al principio de mi intervención, el situarnos en el momento actual y, por otro lado, el dejar patente que para llegar al momento actual se han dado todos los pasos reglamentarios --repito, señorías, se han dado todos los pasos reglamentarios-- para llevar a efecto la votación y su aprobación, si así resultase de este proyecto en esta Cámara del Senado.
Señorías, decía al principio de mi intervención que en el Congreso de los Diputados se había aprobado el proyecto de ley del ruido sin modificaciones con respecto al texto del dictamen de la comisión.
Haciendo ya alguna alusión a lo que han dicho alguno de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra, me gustaría poner de manifiesto que la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de ley del ruido entre otros acuerdos adoptó los siguientes: aceptar las enmiendas los números 18 y 26 del Grupo Parlamentario Mixto; se aceptaron con pequeños matices las números 61, 63, 67 y 71 del Grupo Parlamentario Socialista, la número 11 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 142 del Grupo Federal de Izquierda Unida, manteniéndose el texto del proyecto sin otras modificaciones.
Posteriormente, el día 3 de septiembre, se celebró la Comisión de Medio Ambiente en la que se aprobaron la enmienda número 21 del Grupo Parlamentario Mixto, las transaccionales 96 y 119 del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió y al Grupo Parlamentario Socialista igualmente las transaccionales números 51, 65 y 57.
Señorías, he querido repetir intencionadamente los acuerdos que se adoptaron en el Congreso de los Diputados para llegar al veredicto de nuestro grupo en esta Cámara en relación a los vetos y enmiendas que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios. Con relación a los vetos, ya les adelanto que votaremos en contra y posteriormente mi compañera, la senadora España Moya, expresará la postura de mi grupo en relación con las enmiendas que han presentado sus señorías.
El primer veto al que voy a contestar, si me lo permiten, es al del portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Como ya hizo en la Comisión de Medio Ambiente, el senador Gatzagaetxebarría ha defendido su veto basándose fundamentalmente en dos conceptos: uno es la ausencia de consenso y otro, que es en el que fundamentalmente hace más hincapié junto con el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la falta de concordancia con el sistema de distribución competencial en materia de medio ambiente, entre los poderes del Estado y las comunidades autónomas.
Señoría, en relación al primer punto quiero decirle que es evidente que no estamos de acuerdo con ustedes. Para demostrárselo y que no quede en una simple palabrería, quiero decirle que el proyecto de ley que hoy presentamos es fruto de un prolongado trabajo redactado y acordado con los sectores implicados e informado favorablemente en su fase de anteproyecto por la Federación Española de Municipios y Provincias, que no es demagogia, sino una realidad y nadie ha demostrado lo contrario, asimismo, por el Consejo Asesor de Medio Ambiente y por la Confederación sectorial.
Senador Gatzagaetxebarría, hoy vamos a votar en el Senado un proyecto de ley que ha gozado de un amplio consenso en su fase de elaboración y que respeta escrupulosamente el reparto competencial, como, a continuación, voy a tratar también de exponerle.
Como le decía, senador, en materia competencial el proyecto se adecua al sistema de distribución de competencias que define la Constitución. El establecimiento de una regulación general en materia de contaminación acústica y la delimitación de la legislación básica se fundamenta en los títulos competenciales que el Estado otorga a la Constitución, que en ocasiones pueden resultar concurrentes.
Las atribuciones competenciales del proyecto de ley están en consonancia con la doctrina del Tribunal Constitucional, al entender que el interés general que subyace bajo las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Estado debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener otras entidades afectadas, sin que la competencia autonómica se limite más de lo necesario. Y esto, señoría, también me permite que se lo recuerde, se lo expuse en la Comisión de Medio Ambiente, está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 40/1998.
Igualmente le diré que otro de los puntos a los que ustedes hacen referencia es el que respecta a la utilización de fórmulas abiertas. Esta técnica es propia de una ley básica, susceptible de desarrollo legislativo por las comunidades autónomas. Finalmente, también hay materias que dada su naturaleza se remiten al desarrollo reglamentario al no ser propias de una norma de rango legal.
Paso a la propuesta de veto número 2 y contesto al señor Bella Galán, portavoz al Grupo Parlamentario Socialista. Si no hemos entendido mal, en su justificación del

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veto dicen que el proyecto que presenta el Gobierno, entre otras cosas, es prematuro, ya que pretende incorporar como legislación básica de medio ambiente la directiva 2002/49 de la Comunidad Europea que entró en vigor el 18 de julio de 2002 y cuyo plazo de transposición finaliza el 28 de julio de 2004.
Señorías, a este respecto he de decirles que son ustedes poco serios en sus planteamientos. Utilizan un doble lenguaje. Saben ustedes que en numerosas ocasiones han solicitado insistentemente que el Gobierno de la nación presente proyectos de ley que incorporen a nuestro ordenamiento directivas cuyo plazo de transposición todavía no ha vencido. Y en el caso que nos ocupa, que es el proyecto de ley del ruido, les parece prematuro.
Señorías, no hace mucho tiempo que ustedes estaban solicitando este proyecto. Parece increíble, pero la verdad es que es cierto. También comentan que existen requisitos pendientes de concreción, por lo que la viabilidad y aplicación práctica no será factible hasta que entre en vigor el reglamento que lo desarrolla. Efectivamente, señorías, ustedes son conscientes de que en estos momentos existen aspectos técnicos que se están definiendo en la Unión Europea.
Por otro lado, señorías, parece evidente que es necesario disponer de una ley aprobado que establezca los instrumentos antes que el reglamento que los desarrolla. Esto, señoría, es lo lógico y lo normal que ocurre con cualquier ley y, no obstante, y por ello se ha presentado el proyecto de ley con anterioridad suficiente a la determinación del plazo, con el fin de que el desarrollo reglamentario pueda estar finalizado --vuelvo a recordarle que sería antes de Julio de 2004-- antes --insisto-- de esta fecha.
A este respecto, señoría, pongo en su conocimiento que se ha constituido un grupo de trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente para iniciar los estudios que llevarán a la aprobación del reglamento en la fecha prevista.
Otra justificación que alega en su veto es que en el proyecto de ley del ruido el planeamiento urbanístico constituye un importante instrumento de prevención de la contaminación acústica y se fija su desarrollo en un plazo de cinco años.
Según ustedes es un plazo muy largo, pero nuestra apreciación no es la que ustedes manifiestan, sino que consideramos que es un plazo adecuado dada la complejidad de los trabajos a realizar. Por el contrario, nos parece de escaso realismo y puramente demagógico rebajar dicho plazo.
También hablan de los plazos de elaboración y entrada en vigor de los mapas de ruido estratégicos. Señoría, he de decirle que deberían saber que dichos plazos son los mismos exigidos por la directiva comunitaria para todos los Estados miembros, incluido España, y vienen reflejados en el artículo séptimo de dicha directiva. Y es de suponer --y si no ya se lo digo-- que nosotros somos escrupulosamente respetuosos con dichos plazos.
Por último, aunque fue el primero, voy a contestar en relación con el veto presentado por el senador Servià, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Su señoría fundamenta su veto al proyecto de ley del ruido en la incorporación de unos plazos para la aprobación de los reglamentos estrictamente necesarios, en función de las competencias de la Administración General del Estado. La fijación de estos plazos no deberá superar el plazo máximo de entrada en vigor de transposición de la Directiva 2002/49/CE, que finaliza el 28 de julio de 2004.
Señor Servià, le voy a contestar como hice al principio con el senador Gatzagaetxebarría. He explicado antes el porqué de la presentación en estas fechas del proyecto de ley del ruido y, entre otras apreciaciones, decía que el Gobierno había empezado a trabajar para que el desarrollo del reglamento estuviese realizado en la fecha adecuada, es decir, antes del 28 de julio. Repito, señoría, que ya se está trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente para que esos plazos se cumplan.
Otra justificación que alegan en su veto es que la actual redacción del proyecto de ley tampoco aborda con garantías suficientes ni da todas las respuestas necesarias a la problemática de la contaminación acústica en el Estado.
Señorías, discrepamos de tal opinión ya que el proyecto de ley no se limita a realizar una adecuada y completa transposición de la Directiva, sino que aborda otras cuestiones, precisamente para poder resolver, dentro del ámbito de una ley básica, todos los aspectos relacionados con la contaminación acústica.
Por último, expone en su veto el tema competencial, y ya le he dicho, senador Servià, que la contestación la puede usted tomar exactamente en el mismo nivel y tono que la expresada al senador Gatzagaetxebarría. No obstante, hay un párrafo interesante que responde a esos intereses competenciales a los que ustedes aluden. Dicho párrafo dice textualmente: El interés general que subyace bajo las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Estado debe prevalecer sobre los intereses que puedan tener otras entidades afectadas, sin que la competencia autonómica se limite más de lo necesario. En este sentido, señoría, le vuelvo a hacer la misma reflexión de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Para terminar mi intervención, quiero felicitar a todos los grupos que han intervenido, tanto por el tono como por la forma, invitándoles a todos a que voten favorablemente este proyecto de ley del ruido.
Señorías, el único motivo por el que no se ha entrado en comunicación con ustedes ha sido porque el Gobierno ha considerado que el proyecto está suficientemente justificado ya en el Congreso. Por otro lado, les he recordado que en dicha Cámara se aprobaron una serie de enmiendas, de casi todos los grupos, y por ello insisto, el Gobierno ha considerado que era más que suficiente.
Sé que han estado trabajando, y se lo agradecemos, pero insisto en que para nosotros, tal y como ha quedado redactado el dictamen del proyecto, es la mejor opción que podíamos tener en estos momentos.
Señorías, desde hace tiempo éste es un proyecto demandado por nuestra sociedad, de él se espera que seamos capaces de prevenir, vigilar y reducir la contaminación

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acústica. Se trata de un tema apasionante, pongámonos todos a trabajar desde ahora mismo, merece la pena.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Llanos.
Turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Cuenca.


El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para matizar dos aspectos.
En primer lugar, quiero aprovechar la intervención para dar por defendidas mis enmiendas y las de los senadores del Grupo Parlamentario Mixto, la señora De Boneta y el señor Cabrero Palomares.
En segundo lugar, hay que constatar que esta ley es una oportunidad muy importante pero vuelve a surgir el doble sentimiento de que se pierde esta oportunidad y de que no hay diálogo y no se hace buscando el acuerdo. Además, esta normativa va a entrar en confrontación con ordenanzas municipales y con el desarrollo normativo de las propias comunidades autónomas que están trabajando en esta materia.
En la comunidad de Madrid hay varios aspectos que nos preocupan en cuanto al ruido, no sólo por el tráfico viario, que es muy importante, sino porque existen otros dos elementos de contaminación sonora: por un lado, el aeropuerto de Barajas, que vivimos y padecemos, y que no vemos que se vaya a resolver en la propia ley porque no hay mapa de ruido, ni medidas, ni información alguna a la población. Y, por otro, el ferrocarril al paso por los cascos urbanos. Las vías férreas generan un alto índice de contaminación acústica y, sin embargo, tampoco se plantea en el propio texto que se vayan a exigir medidas al respecto.
Se transpone una directiva, aunque casi sin tener en cuenta los mecanismos para poder desarrollarla. Volvemos otra vez a los futuros desarrollos reglamentarios y, por tanto, no sabemos si va a funcionar o no, pero lo que está claro es que no se resuelven todos los problemas relacionados con la directiva de 2002, entre cuyos objetivos quiero resaltar, al menos, el mapa del ruido, la información a la población y todo lo relacionado con la prevención y la reducción de la contaminación.
Mientras no se aprueben los reglamentos, no tenemos claro que vaya a tener el efecto deseado y creemos que una vez más el Partido Popular lo único que hace es aparentar que hace algo pero no vemos que se avance.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor presidente.
En este turno de portavoces voy a replicar la intervención que ha efectuado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero entrar en una cuestión apriorística, de respeto a la posición de los grupos parlamentarios de la Cámara. Ya sé que ustedes tienen la mayoría, y dicen: no estamos de acuerdo con ustedes porque éste es un proyecto de ley fruto de un largo trabajo y consenso. Yo no le estoy negando que este proyecto de ley sea fruto de un largo trabajo. ¡Claro que el ministerio habrá trabajado con los servicios administrativos correspondientes a través de los expertos con los que haya consultado! No hemos puesto en tela de juicio el trabajo que ha realizado el Gobierno, pero ése no es un argumento para decir que no están de acuerdo con nosotros. Usted puede no estar de acuerdo con nosotros pero yo respeto completamente todo el trabajo que ha hecho el ministerio. Nosotros no estamos descalificando la labor institucional que está ejerciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Son dos planos completamente distintos, una cosa es la presentación de un proyecto de ley con todas las características de conformidad (la LOFAGE tiene que tener un proyecto de ley de tramitación administrativa y, por tanto, nada tenemos que decir al respecto), y otra es que no estemos de acuerdo. Son dos planos distintos, quería deslindar claramente ambas cuestiones.
Usted nos decía que nosotros criticamos la utilización de fórmulas abiertas. Vamos a ver si me entiende. Nosotros lo que le estamos diciendo es que cuando en el proyecto de ley se habla de la administración responsable y competente entendemos que se está refiriendo a las comunidades autónomas. Cuando el proyecto de ley se refiere a la Administración General del Estado lo dice expresamente. Eso es lo que le estoy diciendo. Hemos tenido un debate en el proyecto de ley anterior de una menor enjundia que en este caso porque ha habido otra posición política y otra actitud del Grupo Parlamentario Popular en relación con este proyecto de ley.
¡Claro!, si estamos hablando de competencias ejecutivas y de gestión, las competencias de gestión, de ejecución de la legislación ambiental corresponden a las comunidades autónomas. Hay que decirlo. ¿Por qué utilizamos ese eufemismo de la administración competencial? ¡Digámoslo! Cuando nos referimos a la Administración General del Estado lo dicen en muchos artículos, empezando por el 4, todo lo que le corresponde a la Administración General del Estado. Si es una ley básica, vayamos a fijar ese escenario. Por eso, cuando me refiero a fórmulas abiertas me estoy refiriendo a eso, por eso contésteme a esa cuestión. La utilización de fórmulas abiertas hace referencia a esa imprecisión.
En el proyecto de ley --lo dice también el Consejo de Estado y nosotros lo hemos incluido en la intervención que hemos realizado en relación con el veto y lo han dicho el resto de los grupos parlamentarios-- se incluyen innumerables referencias --casi una docena, entre 10 y 12-- a que el Gobierno, la Administración General del Estado reglamentariamente o determinará o concretará o fijará. Esa es la discrepancia importante que tenemos con este proyecto de ley. Esas fórmulas son totalmente indeterminadas, porque

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dicen: esto lo establezco yo, pero el desarrollo también lo establezco yo. ¿Me puede decir usted qué entiende por desarrollo legislativo y ejecución en un Estado autonómico? ¿Qué entiende usted en el bloque de la constitucionalidad por desarrollo legislativo y ejecución? Es muy importante que conozcamos ese posicionamiento los grupos parlamentarios a efectos de poder desenvolver nuestro trabajo de manera ordinaria en esta Cámara. Es decir, defíname qué entiende usted por desarrollo legislativo y ejecución de conformidad con el bloque de la constitucionalidad. Nos rompen todos los esquemas cuando acepta que en todas las precisiones, determinaciones, desarrollos va a incluir el Gobierno a la Administración General del Estado.
En último lugar, hacía usted referencia al reparto competencial, que este proyecto de ley es acorde al sistema de distribución de competencias. Se lo he dicho, este proyecto de ley instaura el principio de unidad de acción, la teoría de los poderes implícitos. Es decir, que una administración pública puede ejercer, para el ejercicio de sus competencias, aquellas otras que sean necesarias para alcanzar el objetivo de sus competencias, al margen del sistema de distribución competencial. Eso es la teoría de los poderes implícitos y eso es lo que pasa aquí, donde, reconociendo la competencia del Estado en aquellas infraestructuras de su titularidad, dice: yo no solamente hago aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, autopistas, sino que además también voy a desarrollar todas las técnicas ambientales de protección, en este caso de contaminación acústica. Pues bien, eso no es así, si usted hace un puerto en Murcia, la determinación del tipo de área acústica, de la calidad acústica y de las servidumbres las determinará la comunidad autónoma de Murcia, no las determinará la Administración General del Estado. Usted podrá ejercer la competencia sustantiva que tiene sobre puertos, aeropuertos, carreteras o ferrocarriles, pero las técnicas de protección ambiental no se las puede autoasignar por ley de Cortes la Administración General del Estado. Eso lo realizará la comunidad de Murcia, la de Santander, la de Madrid o la que corresponda cuando se realice en su ámbito territorial un puerto o un aeropuerto.
Termino, señor presidente. Usted hace referencia a la teoría del interés general. Usted se está confundiendo, este proyecto de ley no define el interés general por ningún lado. Cójase usted el artículo 4 del proyecto de ley y mire qué concepto indeterminado utiliza: el interés público.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador, vaya terminando por favor, ya que vamos muy mal de tiempo, como usted sabe.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy terminando. Un minuto, señor presidente.
El artículo 4 del proyecto de ley se refiere al interés público que subyace en toda obra pública. Obviamente, el interés público es algo inherente a todas las actuaciones de las administraciones públicas, también la del Estado, pero usted sustenta su posición contraria en la teoría del interés general, que no aparece en el proyecto de ley, ¡fíjese lo que ha dicho! Entonces, me voy a la sentencia 40/1998 y, ¿sabe usted lo que ha leído? Usted no ha leído la sentencia, usted ha leído la posición de la Abogacía del Estado en el recurso de inconstitucionalidad, porque la sentencia en su fundamento jurídico número 14 no dice eso, dice que el interés general es un concepto abierto y determinado. Es muy distinto que en una sentencia usted lea la posición de la Abogacía del Estado en vez de la fundamentación jurídica. Quería precisarle este extremo. Por tanto, la posición de mi grupo parlamentario es mantener el veto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Batlle.


El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra posición es de apoyo a los tres vetos por tres razones: primero, porque esta ley requiere un texto más acorde con la exposición de motivos y el preámbulo, que es bien cierto que expresan muy buena voluntad, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, pero que en absoluto se ve reflejado en el articulado que debería dar soporte al preámbulo, como pone de manifiesto el dictamen del Consejo de Estado, en el que textualmente se dice que es raro el precepto que no apele expresamente a su desarrollo reglamentario. Si no hay desarrollo, no hay prácticamente nada. El segundo motivo por el que vamos a apoyar los vetos es por coherencia política con la posición de mi grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña respecto a la ley de junio de 2002. Y el tercer argumento por el que vamos a mantener nuestro veto es que no queremos ser responsables de una ley que, con toda seguridad, acabará en el Tribunal Constitucional.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Llanos, puedo asegurarle que el mantenimiento de este veto hasta este momento no le ha hecho ninguna ilusión ni a este senador ni a su grupo parlamentario. Usted me ha contestado a lo que estaba escrito en el veto, es decir, a la serie de argumentos que han motivado su presentación, pero yo en mi disertación me he limitado a la cuestión competencial porque, verdaderamente, es lo que nos lleva a mantener y presentar el veto. Como usted puede comprender, Convergència i Unió por una asunto como los plazos de aplicación jamás mantendría un veto, y este ha sido siempre nuestro estilo.
Usted me dice respecto a las competencias autonómicas que se puede actuar por el interés general --a lo que ya le ha contestado el señor Gatzagaetxebarría--, siempre y cuando no se limiten más de lo necesario.
Evidentemente,

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ésta es una frase que tiene una relatividad tremenda. Nosotros hemos presentado 29 enmiendas, de las cuales 19 forman parte de este bloque de discusión competencial, y 12 de estas 19 no son discusiones sobre si se limitan más o menos unas competencias, sino que corresponden a una eliminación total y absoluta de las competencias. Esto es una exageración y es lo que nos hace mantener el veto. Quiero recordarle --y está transcrita mi intervención en la comisión-- que le hice una repetida oferta para negociar algo con respecto a las enmiendas, y estando dispuesto a admitir relatividades retiraríamos el veto, pero usted sabe que esto no ha sido ni negociable. Por lo tanto, nuestra posición será la de votar hoy a favor de los tres vetos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Bella Galán.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llanos, gracias por su contestación en la parte que ha dedicado al veto que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Sabiendo los argumentos que antes le he expresado y que no le voy repetir, están ustedes en condiciones ideales para superar al propio Romanones, no sólo hacen la ley, sino que, además, van a hacer el Reglamento, pero incluso les dicen a las comunidades autónomas: cójanlo y después páguenlo también; es decir, no podría superarse de una manera más explícita.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal, de 24 de agosto de 2003, que dice textualmente: El ruido es una de las manifestaciones de agresión al medio ambiente y a la salud de las personas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Por tanto, señoría, no estamos hablando de un tema banal sino de un tema muy serio, ante el cual ustedes han colocado el cartel de «continuará». Se lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. Continuará. Puntos suspensivos y así queda la cosa.
España ocupa el segundo lugar del mundo en ruido y el primero en Europa.
No le quepa la más mínima duda de que de la transposición de esta directiva europea no vamos a ser el primer país de Europa en hacerlo bien, porque en la misma directiva se recomienda a los países miembros que se adopten medidas y normas adicionales para solucionar el problema de cada uno de los ciudadanos de esos países. Y en ese sentido ustedes se quedan cortos. El proyecto que ustedes presentan hoy no establece un plan ni medidas relacionadas con el tiempo de aplicación, con los criterios ni con la financiación. Por tanto, no van a cumplir con la directiva ni tampoco con las demandas de los ciudadanos.
En cuanto a la participación y consulta, ustedes hablan de la FEMP, de la Conferencia Sectorial y del Consejo Asesor de Medio Ambiente. A éste, cuyas siglas son CAMA, le han cambiado ustedes tres veces su composición y les puedo decir que ahora aceptaría el nombre de mesa camilla, porque se ha quedado tan reducido que ya no es una cama sino una mesa camilla; es muy difícil , por tanto, que haya oposición a cualquier asunto que ustedes planteen.
Señor Llanos, de fórmulas abiertas nada. Hay fórmulas de huida hacia delante, sin que les importe resolver la cuestión. Nosotros no mantenemos un doble lenguaje. Pedimos que toda la normativa europea se transponga a nuestra normativa legal pero no deseamos que se haga de una manera formal. Como dice la norma europea, nosotros tenemos que prevenir, pero resulta que esa prevención se va a hacer dentro de cinco años y, con el ambiente inmobiliario que hay en este país, imáginese qué vamos a prevenir dentro de cinco años, pues estará todo construido, será casi imposible aplicar normas que puedan prevenir el ruido.
Ha dicho que ya se ha constituido un grupo de trabajo, y vuelvo al ejemplo de Romanones. No se puede ignorar a las Cámaras, es decir, habría que haber concretado más esta norma de común acuerdo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, para que no se tuviera que realizar fuera del Parlamento y hurtar la posibilidad del debate parlamentario.
Y con esto termino, y permítame la broma, señor Llanos. No sé si hay algún reflejo especial en esta norma sobre aquella moción tan concreta que ustedes presentaron en esta Cámara cuando hablamos del sonido de las campanas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Llanos.


El señor LLANOS VERA: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente reitero las gracias por el trabajo que han realizado y remitirme a lo que ya he dicho en mi anterior intervención. Ya he explicado claramente la posición de mi grupo parlamentario y, por tanto, como he dicho, a trabajar, y muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Sometemos a votación las propuestas de veto al proyecto de ley del ruido.
En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de veto número 1, defendida por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 64; en contra, 131; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 3, firmada y defendida por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 63; en contra, 130; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 2, defendida por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 197; a favor, 62; en contra, 130; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Rechazadas las propuestas de veto, procedemos al debate de las enmiendas, no sin antes facilitar dos informaciones a los señores senadores.
Oídos los portavoces, se pone en conocimiento de los senadores dos cuestiones de interés. Primero, el especial rigor en el cumplimiento de los tiempos. Segundo, que previsiblemente habrá una sesión nocturna.
Hagan sus previsiones de todo tipo. (Rumores.) ¿ Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Se dan por defendidas.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? Tiene la palabra el senador Arroyo. (Continúan los rumores.)

El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
No sé si se me oirá.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una única enmienda al proyecto de ley. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Arroyo.
Señorías, por favor, ruego que faciliten la labor del orador. Silencio.
Continúe, señoría.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Decía que nuestro grupo parlamentario ha formulado una única enmienda al proyecto de ley del ruido que voy a explicitar muy brevemente.
Es una enmienda de adición de una disposición adicional decimotercera de adaptación de la normativa del hecho insular, que dice: «En los territorios de Baleares y Canarias, los preceptos de esta Ley se aplicarán adaptándolos a las respectivas realidades territoriales y atendiendo, en cualquier caso, a las singulares condiciones medioambientales derivadas de la insularidad.» A nosotros nos parece muy conveniente prevenir una aplicación indiscriminada de una normativa continental sobre unos territorios insulares y archipielágicos singulares y, en consecuencia, susceptibles de sufrir una regulación inapropiada a sus dimensiones territoriales, ecológicas, orográficas o de densidad demográfica. En consecuencia, la nueva disposición apunta a la obligada adecuación de los actuales preceptos a la realidad insular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría. (Rumores.)

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, por favor, silencio. (Pausa.) Puede iniciar su intervención.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro grupo parlamentario mantiene la integridad de las enmiendas que presentó en su tiempo, alrededor de noventa. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Nos encontramos ante una disyuntiva: ahora nos dicen que la fundamentación del proyecto de ley es la teoría del interés general, cuando el interés general no aparece en el proyecto de ley. Nos acaban de decir que el proyecto de ley tiene su soporte, su basamento, en la teoría del interés general, pero no hay ninguna cita --ni en aquellas que se sustancian para poder autoasignar o para poder atribuir competencias de la Administración General del Estado-- al interés general, ninguna.
Ustedes deberían haber presentado una enmienda al artículo 4, apartados 2 y 3, pues se refiere a obras públicas del Estado que tengan interés público, pero es que el interés público es algo inherente a todas las actuaciones de las administraciones públicas. Otra cosa es que si ustedes quieren instaurar y pivotar la argumentación de este proyecto de ley en la teoría del interés general, fundaméntenlo en el articulado, pero eso no ha ocurrido.
Y es que además, si fuera así --partamos de esa hipótesis: que ustedes lo fundamentan en la teoría del interés general--, la sentencia del Tribunal Constitucional a la que usted ha hecho referencia dice --no la posición de la Abogacía del Estado, sino el fundamento jurídico número 14-- que el interés general es un concepto abierto y determinado que, en su caso, podrán determinarlo las Cámaras --las Cortes-- en la fijación de alguna infraestructura pública, pero siempre sujeto al control jurisdiccional del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ustedes declaran de interés general la construcción de un aeropuerto en Girona, esa decisión está sujeta a un juicio de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Habrá que ver qué argumentos tiene el Estado para construir un aeropuerto de interés general cuando la Generalitat de Cataluña tiene estatutariamente competencia en materia aeroportuaria.
Tendrá que fundamentar el Estado por qué hay un interés general; no simplemente basta apelarlo, hay que fundamentarlo: el tráfico, la ciudad turística, etcétera, todas esas características que se podrían dar en una determinada zona geográfica. Esta es una

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cuestión muy a tener en cuenta, pero no es el fundamento de este proyecto de ley y, por tanto, no deben utilizar ese argumento porque también se podría discutir sobre el asunto. Además, el interés general no es un criterio propio de distribución de competencias sino que suele ser un punto de referencia para delimitar dónde interviene el Estado y dónde la comunidad autónoma en el caso de algunas competencias tan específicas como las carreteras, los aeropuertos, los puertos, obras hidráulicas...
Ese es el interés general que tan bien conocemos todos los grupos parlamentarios, ya que ustedes lo utilizan para introducir en la ponencia de la ley de acompañamiento un buen número de obras.
Sin embargo, éste no es el fundamento del proyecto de ley. El proyecto de ley se fundamenta en la teoría de la unidad de acción de los poderes implícitos, lo que quiere decir que aquella Administración que tiene una competencia sustantiva sobre alguna cuestión --por ejemplo, el Estado para realizar una carretera o un aeropuerto--, se atribuye también todas las demás cuestiones incidentales; en este caso, las de naturaleza ambiental, relativas a la protección contra la contaminación acústica, porque se pretende también atribuir la competencia sustantiva. Por ejemplo, la determinación de los índices de calidad acústica o la servidumbre acústica de la carretera N-I, Irún-Madrid, a su paso por la Comunidad Autónoma del País Vasco, de Castilla y León o de Madrid, como técnicas de protección ambiental, deberá aplicarlas la comunidad autónoma por la que discurra la carretera, dentro de su ámbito territorial. Pues bien, eso no es lo que ocurre en este caso porque las comunidades autónomas no van a poder gestionar, ejecutar o dictar actos de protección ambiental porque todas las cuestiones ambientales, aunque sean de gestión y ejecución, se asignan al Estado.
Ese es el motivo por el que estamos totalmente en contra de este proyecto de ley, y por el que también está en contra la Junta de Galicia --como me han comentado algunas de las personas con las que he tenido oportunidad de hablar--, pero tiene que mantener su posición política: ¿Cómo le va a parecer bien a Galicia, a Murcia o a Andalucía? Pero la situación política hace que el Estado, que tiene la competencia sustancial, además se atribuya las competencias ambientales, que son de otros poderes públicos.
En este caso, se está poniendo en práctica la teoría de los poderes implícitos: aprovechar el ejercicio de las competencias propias para atribuirse todas aquellas que sean necesarias, aun correspondiendo a otras administraciones públicas, para poder alcanzar los objetivos, y les he puesto el ejemplo de los puertos, los aeropuertos, carreteras o ferrocarriles. La servidumbre acústica correspondiente de protección ambiental tiene que realizarla la comunidad autónoma por la que discurra esa infraestructura de interés general, pero no es ese el principio que inspira todo el proyecto de ley.
En definitiva, señor presidente, después de abordar la teoría general podemos pasar a la teoría específica, a los diferentes artículos que contienen estas referencias. Así, el proyecto de ley utiliza reiteradamente las remisiones al Gobierno para la delimitación, por ejemplo, de los tipos de áreas acústicas. Por ejemplo, en el artículo 8: «El Gobierno definirá los objetivos de calidad acústica...». Según el artículo 9, sobre la suspensión provisional de los objetivos de calidad acústica, por ejemplo en Galicia, la tiene que llevar a cabo la Administración General del Estado. Artículo 10, zonas de servidumbre acústica: «Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán en los mapas de ruido medido o calculado por la Administración competente para la aprobación de éstos, mediante la aplicación de los criterios técnicos que al efecto establezca el Gobierno.» Artículo 11, determinación de los índices acústicos: «Las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta Ley podrán prever otros índices...» Artículo 12, valores límite de inmisión (contaminación acústica tolerable) y emisión (la que excede de lo tolerable): «Los valores límite de emisión de los diferentes emisores acústicos, así como los valores límite de inmisión, serán determinados por el Gobierno.» Artículo 13, evaluación acústica: «El Gobierno regulará...». Artículo 15, fines y contenido de los mapas: «Los mapas de ruido delimitarán mediante la aplicación de las normas que al efecto apruebe el Gobierno...».
En trece artículos de este proyecto de ley se hacen referencias de este tipo --podría citarlos todos--, y debemos tener en cuenta que sólo tiene 26 artículos. Esta es la segunda discrepancia que mantenemos en el articulado, en cuanto a teoría específica; la general ya la he expuesto.
Ese es el caso de la enmienda al artículo 4.2 o de las enmiendas números 46, 48, 49 ó 50, todas las cuales se basan en nuestra concepción sobre la teoría general que inspira este proyecto de ley. Lo mismo ocurre con las enmiendas números 51 y 54, y con todas las que se presentan a los artículos correspondientes, ya explicitadas, que también están imbuidas de ese mismo carácter.
Otra de las cuestiones que afectan a este proyecto de ley es la utilización de expresiones abiertas --ya he hecho mención a ello, pero no se me ha concretado nada-- a la hora de hablar de la realización de determinadas funciones públicas, como la determinación de las zonas de servidumbre acústica, la identificación de los mapas de ruido, la intervención de los emisores acústicos o la fijación de las zonas de protección acústica especial. En el caso de todas esas funciones se hace referencia a las administraciones públicas competentes. Pues bien, digamos que éstas son las comunidades autónomas. En los artículos correspondientes eso no se indica, pero en el cuadro se explicitan cuáles son las correspondientes a la Administración General del Estado. ¿Por qué cuando se trata de funciones que pueden realizarse por parte de la Administración General del Estado se delimitan éstas y cuando corresponden a las comunidades autónomas --eso ya nos ha ocurrido en otro proyecto de ley-- se hace uso de ese eufemismo político que consiste en hablar de las administraciones públicas que sean competentes? Vamos a determinar esa cuestión, porque esta es la ley básica del Estado, en la que se establecen las reglas del juego entre los poderes centrales y los poderes autonómicos.
¿Qué subyace detrás de todo esto? Además de la unidad de acción, subyace lo que muchas veces hemos debatido

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en los Presupuestos Generales del Estado: la capacidad de presupuestación de recursos. Aunque no lo parezca, eso es lo que en el fondo subyace para poder llevar a cabo funciones ejecutivas. Esa presupuestación puede realizarse pero no puede gastarse, es decir, el Estado puede presupuestar amparándose en una normativa básica, pero, por ejemplo, la gestión para la implantación de mapas acústicos, de planes de acción o delimitación de servidumbres acústicas en los puertos de interés general de Galicia no la tiene que llevar a cabo la Administración General del Estado sino la Xunta de Galicia, y el Estado firmará convenios con esa comunidad autónoma para determinar el buen fin y destino de los recursos públicos.
Ese es el esquema que tenemos. Por tanto, digámoslo así, y no acudamos a otro tipo de fórmulas. Eso es lo correcto. Lo clarificador y lo honesto es determinarlo de esa manera. A ese fin hemos presentado tanto el veto como las enmiendas correspondientes, un conjunto de 30, que doy por defendidas con esta filosofía en cuanto al carácter competencial y a la teoría general que inspira este proyecto de ley.
Otro segundo paquete de enmiendas, en menor número, hace referencia a otra cuestión, y con lo que voy a decir dejo ya de referirme a la inspiración de este proyecto de ley entrando de lleno en su contenido tras haber rechazado ustedes el veto, es decir, aceptando las reglas de juego que ustedes han aprobado al ser el grupo mayoritario, reglas a las que me atengo y respeto.
Pues bien, ya le dije en comisión, senadora España --creo que me toca debatir con usted--, que los legisladores teníamos que ser rigurosos, y le sugerí que en el artículo 13 de este proyecto de ley --sin hacer referencia ahora a que el Gobierno determinará los valores de emisión e inmisión de los diferentes emisores acústicos-- incluyéramos las actividades de los buques. Por ejemplo, en Alicante, Valencia, Ferrol, Ribadeo, etcétera, en muchos lugares del litoral español, las actividades portuarias de los buques originan muchas molestias acústicas. Si alguien ha vivido en el litoral sabrá que el tráfico de entrada y salida en función del volumen del puerto origina, repito, muchas molestias acústicas. Y me pregunto cómo nosotros, los legisladores, en el extenso listado de emisores acústicos contaminantes que se incluye en la ley, entre los que figuran vehículos, automóviles, ferrocarriles, aeronaves, infraestructuras viarias y aeroportuarias, etcétera, incluimos las infraestructuras portuarias --fue una cuestión que planteó Eusko-Alkartasuna y ustedes tuvieron a bien admitirlo, y me parece muy bien--, y no así los buques que ejercen su actividad en esa infraestructura que sirve de soporte público para el desarrollo de la actividad del tráfico y la navegación marítima, que también originan una contaminación acústica importante. Por eso digo que me extraña que no incluyamos los buques.
En cuanto a las actividades de hostelería, señoría, tengo aquí los informes del Defensor del Pueblo de 1991 y de 1992 , quien, por cierto ha hecho un trabajo importante. En ellos se dice que en España, después del mayor índice de contaminación, que es el que origina el tráfico por las carreteras, las mayores quejas y denuncias vienen producidas por las actividades de hostelería, pero éstas no se incluyen en el proyecto.
Cualquiera de sus señorías que haya sido miembro de una diputación o de un ayuntamiento sabe la responsabilidad que se cierne sobre las espaldas de los alcaldes y concejales de los equipos de Gobierno de las diferentes entidades locales de la geografía española a causa de las constantes quejas domésticas que sobre contaminación acústica se reciben. ¿Cómo nosotros, legisladores, no asumimos la responsabilidad política de incluir en esta ley como un emisor de contaminación acústica las actividades de la hostelería? ¡Pero si lo dice el Defensor del Pueblo, señorías! El 75 por ciento de las quejas por inactividad de las administraciones públicas en materia de contaminación acústica provienen del sector hotelero. Me extraña que no se incluya.
Y también me extraña otra cosa, senadora España. Usted conocerá la ley valenciana; yo me la he estudiado, y luego tendremos oportunidad de debatir lo que en ella se dice sobre la hostelería, por cierto, cosas mucho más importantes que lo que dice la ley básica. Y es que ustedes en Valencia hacen mejores cosas que las que aparecen en este proyecto de ley. Por eso me extraña la filosofía del Partido Popular. En una comunidad tan emblemática como es la valenciana, el señor Zaplana, actualmente ministro, lo incluyó --y ahí está sentado el senador Cholbi, que me ratifica lo que digo asintiendo con la cabeza--, pero ahora no lo incluyen.
Es evidente que la hostelería es un emisor contaminante desde el punto de vista acústico, y por eso mismo la reflexión que hago es preguntarles, ¿pero cómo no lo incluimos? Porque si se quiere hablar de actividades industriales y comerciales hay que decir que la hostelería no es una actividad industrial, no es una transformación ni es una actividad comercial. Es una actividad de servicios denominada propiamente en algunas normativas como actividad de hostelería. Señoría, por eso ya le hice en comisión esta reflexión. Dentro de las mejoras que podamos incluir en el proyecto de ley, admitiendo que ustedes tienen la mayoría y que el marco en que debemos discutir después de rechazados los vetos es el que ustedes han determinado, creo que sí se podría hacer una mejora sustancial.
En cuanto a las actividades domésticas, señoría, también le dije que yo tenía una duda intelectual respecto de si éstas debían constar como emisores acústicos contaminantes. En Valencia lo son. Las actividades domésticas y los comportamientos vecinales en Valencia tienen un tratamiento como emisores acústicos contaminantes. ¿Por qué aquí no lo determinamos también así? En el artículo 2, ámbito de aplicación del proyecto de ley, se dice que quedarán excluidas: 2.a): «Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de los límites tolerables de conformidad con los usos y ordenanzas locales.» ¿Pero qué estamos haciendo, señorías? ¡Estamos pasando la responsabilidad de la contaminación por actividades vecinales o domésticas a las corporaciones locales cuando resulta que estamos estableciendo una legislación básica! ¡No podemos incrementar el costo de falta de medios técnicos a las corporaciones locales! Esto es un disparate, señorías; corresponde hacerlo a las comunidades autónomas. No me va a comparar

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usted el Ayuntamiento de Gandía con la Generalitat de Valencia. Los medios, la profesionalidad, la capacidad de actuación ambiental que tiene un ayuntamiento valenciano sea pequeño o mediano no tiene comparación posible con la Generalitat de Valencia.
Por tanto, nosotros planteamos una enmienda alternativa --puesto que no somos partidarios de la supresión-- que venga a decir que en relación con las actividades domésticas, igual que con el resto de las actividades generadoras de contaminación acústica, se estará a lo que determine la legislación autonómica correspondiente y desarrolle la normativa municipal. Así pues, ya que en la Comunidad Valenciana la problemática de la contaminación acústica por actividades domésticas la tienen regulada y bien articulada, ¡traslademos ese modelo a las Cortes y al resto de España ya que ustedes han hecho una cosa bien en Valencia! Me he estudiado el proyecto de ley y, realmente, ustedes han hecho en Valencia, después de los catalanes, un trabajo muy importante en el que se detallan las actividades domésticas y de los vecinos. Por lo tanto, creo que podríamos hacer el esfuerzo de incluirlos en el ámbito de aplicación. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Se apunta que las actividades militares no se incluyan, ¿por qué? Aquí podemos tener otra divergencia, ¿por qué no vamos a incluir las actividades militares? La directiva permite que los Estados puedan decidir incluirlas o no, pero en determinadas zonas de la geografía española algunas actividades militares pueden ocasionar molestias importantes. El proyecto de ley señala que esta ley del ruido no se aplicará a las actividades militares, pero ¿por qué?; ¿o es que las actividades militares no están sometidas al principio de legalidad o a la legislación que establezcan las Cortes? Tendrán que estar incluidas, igual que las actividades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las industriales o la materialización de infraestructuras públicas. Según la directiva, se pueden excluir pero usted sabe que, de conformidad con el Tratado de Amsterdam, los Estados pueden establecer niveles o ámbitos de protección ambiental más protectores --valga el juego de palabras-- que los establecidos en el derecho comunitario.
Por lo tanto, puedo admitir aquí la diferencia pero no en las otras dos cuestiones. Respetando el marco que ustedes han establecido, me parece que la ley nace muy coja y que lo que ustedes han hecho en Valencia está muchísimo mejor que, por ejemplo, lo que se prevé en los artículos 2 y 13 de este proyecto de ley. Podemos discutir sobre lo que se ha hecho en otros lugares, y ya tendremos oportunidad de hacerlo en la dúplica.
En cuanto al tema de la potestad sancionadora, como ya le dije en comisión, la potestad sancionadora es una función inherente a quien tiene las competencias de ejecución. Según ustedes, si en una carretera o vía de ferrocarril alguien incumple las servidumbres acústicas que yo he establecido, también sancionaré yo. No; si el ferrocarril pasa por Castilla y León, tendrá que sancionar esta comunidad, que para eso tiene una Consejería de Medio Ambiente. Se define la potestad para establecer la normativa básica, pero no para realizar los actos de inspección y gestión a lo largo de una carretera que pasa por diferentes comunidades autónomas. Eso no es coherente con la forma de entender el Estado autonómico.
Hemos presentado más enmiendas, señor presidente. En el tercer paquete, otras cuarenta enmiendas sobre el régimen sancionador, no me voy a explayar y las voy a dar por defendidas. No afectan a la validez política de este proyecto de ley ni a su constitucionalidad, sino que simplemente son las propuestas que modestamente hace este grupo parlamentario para mejorar la arquitectura técnica de este proyecto de ley. Creemos que con ellas se podía haber mejorado el mismo, pero en nada afectan a su fondo y contenido, así es que, aunque, no han sido incluidas, tampoco pasa nada.
En cuanto a las disposiciones adicionales y transitorias, puedo decir otro tanto. Por ello, con esta intervención doy por defendidas las enmiendas correspondientes al tercer y cuarto grupo de enmiendas, ya que tuvimos oportunidad de debatirlas con la senadora España en comisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Corresponde, ahora, la defensa de las enmiendas 134 a 177 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En su nombre, el senador Batlle tiene la palabra.


El señor BATLLE FARRAN: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo rápidamente para abreviar. La ley que hoy nos traen a debate, y por lo que veo a aprobación, es fruto de la obligación que impone la Unión Europea a los Estados miembros en virtud de la Directiva 2002/49, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión de ruido ambiental. Esta trasposición debe verificarse antes del 28 de julio de 2004.
Esta ley, tal y como la presentan, no va a resolver los problemas que tiene planteada la sociedad y, al final, tendremos ley pero no solución, porque seguirá siendo el ruido el que mine en muchos casos la salud de las personas. ¿Por qué decimos esto? Porque en una ley que tiene treinta y un artículos quedan pendientes de regulación diez artículos y cuatro disposiciones adicionales, lo cual hace inviable la aplicación de esta ley. Es una ley que no fija ni prevé absolutamente nada y que está vacía de contenido.
Nosotros damos por defendidas las enmiendas, haciendo especial hincapié en dos ideas: en primer lugar, entendemos que las enmiendas presentadas pretenden fijar plazos para que el desarrollo reglamentario se produzca con prontitud, y en segundo lugar hay que resaltar que se necesita mucha mayor concreción en la ley. Hay que definir los focos de contaminación acústica de las actividades comerciales, de las obras. Hay que fijar los indicadores que, además, es lo que concuerda con la directiva que se pretende transponer. Es necesario establecer niveles de sonidos para el día, para la noche, para las infraestructuras viarias, ferroviarias, aeroportuarias, portuarias, y para todas aquellas actividades que ocasionen molestias por su excesivo volumen de ruido.


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Pero aquí todo queda pendiente del desarrollo reglamentario, al igual que sucede con los mapas del ruido, que requieren una utilización a largo plazo. En esta ley deberían quedar definidas con un contenido mínimo todas estas cuestiones, porque explíquenme ustedes, señorías, qué hace un ayuntamiento que quiera fijar objetivos en un plazo de acción derivado, por ejemplo, de una Agenda 21. ¿Qué hace ese ayuntamiento? ¿En qué normativa se basa? ¿Cómo lo aplica? ¿Con qué niveles? Efectivamente hay una ley, pero habrá que decir a los ciudadanos que la misma está vacía de contenido, que no es posible desarrollarla ni aplicarla.
Considero que estamos perdiendo una magnífica oportunidad de presentarnos ante los ciudadanos con los deberes cumplidos, diciéndoles que hemos aprobado una ley del ruido que soportan, una ley que permite solucionar los problemas que les afectan, porque, en definitiva, las enmiendas y los vetos que hemos presentado a esta ley tienen un objetivo que creo es común a todos los senadores y a todos los grupos parlamentarios: dar solución a los problemas diarios que aquejan al conjunto de la sociedad.
Entiendo que este proyecto de ley no lo hace, y las enmiendas presentadas, que damos por defendidas, pretendían introducir todas estas matizaciones, pretendían dar a los ciudadanos una cobertura que esa ley no les da.
Nada más, y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Batlle.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas número 221 a 249, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado 29 enmiendas: dos de ellas pretendían hacer una mejor transposición de la directiva europea; cuatro de ellas pretendían determinar mejor los plazos y una reducción de los mismos; otras cuatro contenían unas mejoras generales, y las 19 restantes eran enmiendas de tipo competencial, algo sobre lo que no voy a hablar dado que ya se ha discutido mucho, pues ha sido la base de los vetos.
Para no extenderme, pero sí intentar dar un poco de alegría a este Pleno, que está siendo muy duro, pues la mayoría de los portavoces que llevamos este proyecto de ley hemos llevado también el anterior, quisiera incidir en una sola de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 221 que incide sobre el título de este proyecto. El título de este texto es: Proyecto de ley del ruido. Pocas veces el título de una ley se limita a citar la acción delictiva en sí; aquí nunca hemos debatido el proyecto de ley del atropello o el proyecto de ley del asesinato, sino que normalmente los títulos procuran tener un poco de gracia.
Quisiera hacer un ejercicio de distracción leyéndoles el título de la directiva en los distintos idiomas en los que está publicado, y perdonen mi pronunciación, pues no tengo ni idea de alemán. Dice el título en inglés: «Directive relating to the assessment and management of environmental noise»; dice en alemán: «Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm»; dice en italiano: «Direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale»; y dice en francés: «Directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement». Todo esto en la versión castellana es tan sencillo como Directiva sobre evaluación y gestión de las perturbaciones acústicas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Servià, le ruego facilite al Cuerpo de Taquígrafos el texto en los distintos idiomas.


El señor SERVIË I COSTA: No se preocupe, señor presidente; está su copia preparada y subrayada.
El título de la ley base catalana que yo he utilizado para contraponer nuestra posición con respecto al veto es «Llei de protecció contra la contaminació acústica». En base a esta situación, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pretendía, con una enmienda cambiar el título de la ley y, en lugar de ley del ruido, pretendíamos que se llamara ley de prevención y lucha contra la contaminación acústica, y he ido dando cuenta de cómo, en los distintos idiomas, lo hace la directiva europea.
Napoleón decía que la música era el ruido que le molestaba menos; yo simplemente digo que a este título le falta un poco de música.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 178 a 191, 193, 194 y 197 a 220, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palaba el senador González.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene vivas 39 enmiendas a este proyecto de ley, todas ellas fundamentadas en los argumentos que hemos planteado en la defensa del veto de nuestro grupo. Las tres primeras enmiendas tienen que ver con la exposición de motivos, y son coherentes con otras enmiendas presentadas al articulado y que ahora iremos desgranando.
La enmienda número 181, al artículo 1, es de modificación, y no intenta otra cosa que la prevención de los efectos nocivos ocasionados por la contaminación, también sea considerada como finalidad de la ley, porque entra dentro de los principios de prevención.
La enmienda número 182, al artículo 2.2, trata de suprimir conceptos como «dentro de los límites tolerables» o «usos locales». El primero de ellos, en lo que se refiere a las actividades domésticas y comportamientos vecinales, entendemos que es un valor que no se puede medir cuantitativamente y, por tanto, pedimos que se suprima. En cuanto al segundo, entendemos que no tiene mucho sentido,

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ya que estos comportamientos individuales siempre deben estar regulados por las ordenanzas municipales.
Tenemos otro paquete de enmiendas, de la número 183 a la 191, que tienen que ver con las definiciones. Estamos de acuerdo con las que figuran en el proyecto de ley, pero quedan otros muchos conceptos que sí vienen definidos en la directiva y sin embargo no se definen en el proyecto. La ley tiene que tener un texto claro, sencillo, inteligible, y sobre todo bien definido, precisamente para que quien lo tenga que aplicar y para aquellos que van a ser objeto de su aplicación no tengan ninguna duda. No entendemos por qué no se admiten estas enmiendas que no tienen otra finalidad que clarificar una serie de conceptos que pueden dar lugar a diversas interpretaciones, conceptos como «efectos nocivos» o como «indicadores de ruido: día, tarde, noche, nocturnos, vespertinos», etcétera, que además son de obligada aplicación para la elaboración de los mapas de ruido; conceptos como «mapa de ruido» o como «mapa estratégico» --hay numerosas referencias en todo el proyecto al mapa de ruido, y sin embargo no hay ninguna definición sobre lo que es el mapa de ruido o lo que es un mapa estratégico--; o también conceptos como «molestia», «planificación acústica», «relación dosis-efecto», «ruido ambiental», etcétera.
Las enmiendas números 194 y 197 que tienen que ver con las zonas de servidumbre acústica y con los tipos de área acústica. Mediante la enmienda número194 pretendemos que no se excluyan las zonas de servidumbre acústica de la fijación de los criterios de calidad acústica en los sectores de infraestructuras de transportes u otros equipamientos públicos.
Mediante la enmienda número 197 pretendemos que se definan claramente las zonas de servidumbre acústica como aquellas que pueden soportar valores límites de ruido superiores a los aplicables al resto de las zonas.
La enmienda número 198 pretende que el Gobierno fije con carácter único el valor límite de emisión y de inmisión en el interior de los transportes de competencia estatal, aspecto que no se contempla en el proyecto de ley.
También presentamos tres importantes enmiendas que tienen que ver con las zonas de protección acústica especial y las edificaciones. Es precisamente en estas zonas donde hay que limitar la existencia de nuevos emisores acústicos para evitar la construcción de nuevas edificaciones y, por tanto, un mayor número de personas afectadas, por lo menos hasta que los planes locales específicos permitan obtener en dichas zonas los resultados deseados. De lo contrario, lo que estamos haciendo es perpetuar una situación que dio origen precisamente a la declaración de zona de protección acústica.
Las enmiendas números 202 y 193 tienen que ver con las zonas de situación acústica especial. La primera de ellas pretende la supresión del artículo 26 y la segunda del artículo 4.1.h). Entendemos que no tiene sentido crear una nueva figura que se denomine zona de situación acústica especial cuando ya existe la de zona de protección acústica especial.
Esta nueva figura sería como reconocer una especie de fracaso en la protección acústica especial. En todo caso, lo que habría que modificar serían las medidas de protección o los planes específicos referidos a la zona de protección acústica especial, pero no crear esta figura.
Presentamos también una serie de enmiendas al artículo 28, relativas a las infracciones tipificadas como graves y muy graves.
La enmienda número 203 está en coherencia con la que presentamos al artículo 1.
Las enmiendas números 204 y 205 tienen que ver con ciertas conductas, como el impedimento, el retraso o la obstrucción de la actividad inspectora, que nosotros consideramos que deben ser sancionadas como conductas muy graves.
Las enmiendas números 206 y 207 son relativas al incumplimiento de las medidas correctoras en las zonas de protección acústica especial, que entendemos que deben ser consideradas como faltas graves.
Las enmiendas números 208 y 209 tienen que ver con la potestad sancionadora de las comunidades autónomas.
Por último, mantenemos once enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias. Consideramos que son importantes, dado que todas ellas pretenden mejoras técnicas y una más fiel adaptación a la trasposición de la directiva.
La enmienda número 215 nos parece fundamental. En ella planteamos que se habiliten los fondos económicos y los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para que en el plazo de un año esta ley pueda tener una correcta aplicación. Si no hay fondos, si no hay recursos, esta ley encontrará muchísimas dificultades para poderse aplicar.
Otro grupo de enmiendas trata de reducir los plazos. Como ya hemos expuesto en la defensa del veto, nos parece que estos son excesivamente prolongados. El plazo para la adaptación de los emisores acústicos hasta el año 2007 es demasiado amplio, por lo que pretendemos que sea hasta el año 2005, así como el referido a la adaptación al planeamiento territorial o urbanístico, que proponemos que en vez de cinco sea de tres años. Creemos que estos periodos son mucho más razonables que los previstos en el proyecto de ley, que hacen prácticamente inviable que esta ley tenga una aplicación real hasta el año 2009 o el año 2010.
Presentamos también una enmienda con el fin de que la adaptación del reglamento se realice en el plazo de un año. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, es un proyecto de ley supeditado prácticamente al desarrollo reglamentario, con 10 artículos y tres disposiciones adicionales pendientes de este desarrollo. Nosotros proponemos que este desarrollo reglamentario tenga un plazo máximo de un año. He oído decir a los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular en esta tribuna que se ha creado un grupo de trabajo para el desarrollo reglamentario, que se producirá antes de julio de 2004; pero eso no figura en el proyecto de ley. Si de verdad creen que esto va ser posible ¿por qué no puede ser contemplado en el proyecto de ley para que quede escrito? Por último, la enmienda 220 es muy larga y muy técnica y en ella proponemos incluir todos los indicadores de ruido y todos los métodos de evaluación de la directiva

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europea; es una transcripción fiel de lo que viene en la propia directiva que no se contempla y que para nosotros es muy importante.
Termino ya, señorías, diciendo que, una vez que no ha sido aceptado el veto que ha presentado nuestro grupo a este proyecto, espero que sean aceptadas algunas enmiendas parciales porque es el único modo de que este proyecto tenga una aplicación real y que los efectos nocivos que la contaminación acústica tiene sobre la salud humana puedan prevenirse.
Desde que en el año 1996 el señor Aznar prometió esta ley han pasado siete años; al final, tiene que ser la transposición de la directiva europea la que le obligue a ello. En estos siete años ha habido tiempo suficiente para elaborar una buena ley, una ley pensada, reflexionada y bien pulida, y con todos mis respetos, señorías, diré que esta ley está poco cocida, es una ley poco elaborada y tramitada de una forma precipitada. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con nuestra demanda. Es verdad que hemos reclamado esta ley en muchas ocasiones, pero, repito, eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que ustedes se hayan precipitado en su tramitación, que ha sido atropellada.
Esto tiene algo que ver --como en todos los proyectos que estamos viendo estos días-- con el final de la legislatura y con los deberes no hechos a su tiempo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador González.
Corresponde ahora realizar un turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora España.


La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con respecto a las distintas enmiendas que se han presentado por los diferentess grupos parlamentarios, y adelanto que el voto hacia las mismas va a ser negativo porque no compartimos los argumentos que han dado en la defensa de las enmiendas y porque nos parece simplemente más correcto el texto del proyecto de ley. El Grupo Parlamentario Popular vota a favor de las enmiendas o las acepta cuando cree que son más acertadas, como lo hizo con respecto a este proyecto en el Congreso de los Diputados o como ha hecho con el proyecto de ley de montes tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados.
Voy a justificar el voto negativo de una manera general pero he de remitirme a lo que dije en comisión. Con respecto a la defensa de la enmienda 221 por parte del senador Servià le quiero felicitar por las distintas referencias que ha hecho al título, pero después de todo no me ha convencido y me parece más acertado el título del proyecto. De cualquier forma, me ha impresionado y sabe que tiene todo mi respeto como persona y como parlamentario --lo digo por las referencias que ha hecho en su discurso al final de la defensa de su veto.
En comisión ya justifiqué mi voto negativo de una forma general a las enmiendasen relativas a temas competenciales, a las referidas a los tipos de áreas acústicas, a los objetivos de calidad acústica, a las que señalaban que este proyecto de ley necesitaba un posterior desarrollo reglamentario, a las relativas al plazo para aprobar los mapas de ruido, etcétera.
Me remito a los argumentos que di en comisión para simplemente no admitir las enmiendas presentadas por los grupos.
No obstante, quiero hacer referencia a una serie de enmiendas por cortesía parlamentaria. Votamos en contra de la única enmienda del Grupo de Coalición Canaria porque en nuestra opinión no procede establecer un régimen especial para los territorios insulares. La insularidad no es una circunstancia que incida en la materia regulada por esta norma. Por otra parte, la enmienda se contempla en términos amplios, lo que podría dar lugar a confusión.
Al portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quiero en primer lugar darle las gracias por la referencia que ha hecho a la Ley Valenciana del Ruido, pero yo no he venido a debatir con usted esta ley. Si quiere podemos comentarla en privado pero aquí venimos a debatir este proyecto de ley. En segundo lugar, me referiré a sus enmiendas números 70, 71 y 72, y he de señalar que no se incluyen los buques en el artículo 12 como emisores acústicos porque quedarían incluidos en las infraestructuras portuarias, es decir, como ruido procedente del mismo puerto dado que internacionalmente no se regula la potencia acústica de los motores de los buques. Hay que pensar que cuando dejan el puerto en realidad no llega ruido. Quedarían incluidos dentro de las infraestructuras portuarias.
Las actividades de hostelería están incluidas en los emisores acústicos como actividad comercial, ya que están dentro de la clasificación nacional de actividades económicas. Como emisor acústico no se hace alusión a estas actividades, como tampoco se alude por ejemplo a las actividades de reparación de automóviles. Las actividades domésticas o comportamientos vecinales quedarían excluidos del ámbito de aplicación de la ley, siempre que no excedan los límites tolerables y se regulan por las ordenanzas y usos locales. Por ejemplo, que un vecino ponga la televisión muy fuerte, que baile un zapateado en su casa o que tenga una discusión con su vecino quedaría regulado en las ordenanzas locales. A mí no me parece tan raro. Las ordenanzas regulan las relaciones de vecinos entre viviendas; pero un pub con la música muy fuerte o un karaoke se considera una actividad y se incluiría dentro de los emisores acústicos y, por tanto, estaría dentro del ámbito de aplicación del proyecto. Hay que recordar lo que dicen los artículos 6 y 28.5 del proyecto.
Votamos en contra de las enmiendas 44 y 22 porque entendemos que las peculiaridades de la actividad militar hacen aconsejable que se rijan por una legislación específica.
La enmienda 97 ha de entenderse como una aplicación de la flexibilidad del principio de legalidad en materias de interés local.
Respecto de la enmienda número 110 quiero hacerle una matización al senador Gatzagaetxebarría. Léase bien

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el artículo 29.1.a), inciso 5º. Señoría, el proyecto recoge el contenido de la enmienda y alude a la firmeza de las sanciones impuestas cuando se publiquen. Usted me preocupó por lo que dijo en comisión, pero léaselo bien.
Con respecto a las enmiendas 182 y 138, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se rechazan ya que la ley contempla, además de ordenanzas municipales, los usos locales.
Por último, quiero remitirme a lo ya comentado en la Ccomisión y a lo debatido en el Congreso.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora España.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Senadora España, he tomado nota de las cuestiones a las que usted ha hecho referencia en su intervención, y voy a empezar por el inicio.
Dice usted que no van a aceptar ninguna enmienda de ningún grupo porque les parece más correcto el proyecto de ley. Usted nos dijo en la Comisión lo siguiente: Esperamos incorporar algunas enmiendas más en el Pleno.
Lo siento por usted. Sé que lo habrá trabajado, pero quizá quien no lo haya hecho suficientemente han sido los servicios de la SGT del Ministerio de Medio Ambiente. En este momento la actividad gubernativa está centrada en otras cuestiones más importantes que, obviamente, el debate sobre la ley del ruido. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Hay cuestiones que podrían haberse tenido en consideración. Por ejemplo, si usted va al articulado del proyecto de ley, concretamente al régimen sancionador, verá que en un artículo se habla de las inspecciones y controles a realizar, y lo lógico es que en el artículo siguiente sea infracción la obstrucción de las inspecciones y controles que efectúan las autoridades administrativas. Tiene alguna coherencia. Sin embargo, el proyecto de ley no lo dice. Fíjese si es una cuestión de sentido común.
Una cosa es el ejercicio de la función inspectora y otra la tipificación como infracción de la obstrucción a la autoridad administrativa para el ejercicio de la función de inspección y control. Ustedes fijan como labores administrativas las de inspección y control, pero a la hora de la tipificación no incluyen las labores de control, sino únicamente las de inspección. Le estoy diciendo una cosa de cajón, y ni eso.
Dice usted que es mejor todo lo que está en el proyecto de ley. Yo puedo entender que como políticamente ustedes tienen la mayoría lo hayan interpretado así, pero no que llegue a ese punto de detalle. Se habla de la asignación de funciones de inspección y control, y cuando se tipifica la obstrucción con carácter de infracción administrativa no incluyen el control. No hay coherencia. Eso, que puede ser una mejora de coherencia legislativa, de sentido común, tampoco se incluye. Le pongo este ejemplo a efectos dialécticos en el sentido de que todo les parece muy bien.
Se ha remitido usted a la comisión. Yo no he venido aquí a debatir la ley valenciana, claro que no. Usted me ha dicho que está dispuesta a hablar de ello conmigo en privado, y yo tomo el envite, pero no es el momento.
Simplemente lo he utilizado como argumento, porque es importante. La comunidad autónoma de Valencia se inspira en la Directiva del año 2002 y se adelanta incluso a los poderes centrales del Estado, antes que Valencia lo aprobó el Parlamento de Cataluña, que incluso cuando era proyecto de directiva y tenía visos de aprobación, puso en marcha la transposición.
Ustedes en Valencia hacen cosas mejores. Ha dicho que las actividades de hostelería se incluyen en el catálogo nacional de actividades clasificadas. Vaya al Título IV de la ley valenciana, Ambitos de regulación específica. ¿Sabe lo que dice? Actividades comerciales, industriales y servicios. Vaya al artículo correspondiente de la Sección Segunda: «39, Servicios. Locales abiertos al público», y cataloga. Eso desde un punto de vista de sistemática legislativa es mucho mejor que lo que ustedes quieren hacer aquí con carácter básico porque dicen que las actividades de servicio de hostelería son emisiones acústicas contaminantes, y lo dice el artículo 39 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre de las Cortes valencianas. Ese mismo esquema se lo he trasladado yo a usted aquí, y usted aquí me dice que no. Eso es bueno. Y cuando yo le traigo ese ejemplo es porque ha habido iniciativas legislativas, y tenemos la obligación política de conocer y aprender lo que otros están haciendo bien, por ejemplo, ustedes en Valencia. Lo trasladamos, simplemente, porque nosotros conocemos y aprendemos estudiando a otros que también saben hacer las cosas bien, por ejemplo el Parlamento de Valencia.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Ese es el motivo por el que nosotros se lo hemos planteado. Usted me dice que está en el catálogo nacional, pero no es una precisión suficiente.
Me habla usted de los buques. Dice que como emisión acústica los buques ya se incluyen en las actividades portuarias ¿Y por qué están los automóviles? Los automóviles también son bienes muebles que se deslizan por bienes inmuebles, como las carreteras. ¿Por qué están las aeronaves en los aeropuertos? Yo creo que la precisión hubiera sido importante.
La cuestión de las actividades domésticas sí que me preocupa porque estamos dando un salto al vacío. Cuando en el artículo 2 nos remitimos a lo que en su caso establezcan las ordenanzas y usos locales nos remitimos al Código Civil, a la costumbre. Estamos en el año 2003, y las actividades de emisión de contaminación acústica y las actividades vecinales y domésticas las tienen ustedes reguladas.


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El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando, ha superado ampliamente el tiempo asignado.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Un minuto, señor presidente.
Ustedes lo tienen previsto en su ley en el artículo 47, y yo me he basado en ello y les he trasladado ese esquema político porque me parece bueno; ustedes han legislado bien, y lo que me parece bueno para Valencia me parece bueno para España. Por eso digan ustedes que no a este esquema de funcionamiento en el que han sido ustedes pioneros en la aplicación de la directiva.
Termino, señor presidente, con estas consideraciones, aceptando el marco del debate después de la denegación de los vetos. Creíamos que podríamos haber trasladado esquemas de funcionamiento pioneros en España, como el reconocimiento que algunos parlamentos autonómicos en el ejercicio de su facultad, como el de la comunidad autónoma del País Valenciano, han realizado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Servià.


El señor SERVIA I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para Convergència i Unió esta ley pasa, como se dice vulgarmente, de puntillas por este Senado, que en lenguaje más llano podríamos decir: sin hacer ruido, autocumpliéndose enteramente. Y después de haber picado piedra en todo el proceso de la ley, perdonen ustedes que antes haya montado un pequeño teatro, como si la tribuna estuviera entre tramoyas y bambalinas, pero era un recurso final para intentar conmover a los portavoces y ver si eran capaces de asumir riesgos y al menos admitirme la enmienda del cambio de título.
Quiero terminar diciendo que aunque los portavoces hayamos sido duros en la defesa de los vetos y de nuestras posiciones, manifestamos nuestro aprecio personal sin que haya habido ni un solo roce, agradeciéndoles sus posiciones. Y le digo especialmente a la senadora España que por mal que estén las relaciones autonómicas, yo siempre tendré con usted un brindis de Viva España. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve.
Todas las enmiendas que hemos presentado tratan de hacer una transposición fiel de la directiva europea, sin ir más allá. Podríamos hacerlo, y en materia medioambiental incluso sería conveniente, y más si tenemos en cuenta, como ya hemos dicho, que España es el país más ruidoso de Europa. Pero no hemos querido ir con nuestras enmiendas más allá de la directiva europea.
La directiva europea da como plazo para la trasposición hasta julio del año 2004. Yo les digo a ustedes que este proyecto que va a salir aprobado convertido en ley, va a tardar muchísimo tiempo en ponerse en práctica.
Va a ser imposible que en muchos años esta ley se pueda llevar a una aplicación práctica, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. En primer lugar, porque los plazos establecidos en la ley para la adaptación tanto de los emisores acústicos como de los proyectos urbanísticos son demasiado largos y sin eso va a ser muy difícil que se pueda aplicar la ley no digo a corto, sino a medio plazo. En segundo lugar, porque no hay una ley de financiación. Ustedes lo dejan todo a los escasos recursos de las comunidades autónomas y a las maltrechas arcas de los ayuntamientos y esto sin una financiación, sin unos recursos que permitan que se aplique la ley va a ser difícil que salga adelante en un plazo medio. Y, por último, porque esta ley tiene un déficit muy grande de concreción y de definición, está muy por debajo de la propia directiva europea y todo lo deja a un desarrollo reglamentario que tampoco tiene plazo de elaboración.
Lamentamos mucho que ninguna de nuestras enmiendas haya sido aceptada y termino diciendo que, independientemente de que consideremos que no es una buena ley, que habrá que mejorarla en el futuro, también tenemos que reconocer que ante ese vacío que había en la legislación española bienvenido sea lo poco, porque por lo menos será un inicio para empezar a trabajar en serio.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora señora España.


La señora ESPAÑA MOYA: Gracias, señor presidente.
Sólo resta dar las gracias a los distintos grupos parlamentarios por sus enmiendas y por su trabajo y siento no votar a favor de ninguna de ellas, pero ya les he comentado mis argumentaciones. Sólo quiero decir al señor Gatzagaetxebarría que lo que usted ha dicho es su opinión, está emitiendo juicios de valor que yo respeto. Al señor Servià quiero decirle que brindo con usted, pero doblemente: por España y porque soy España de apellido. (Risas.) Al señor González sólo quiero decirle que lo que más me ha gustado es lo último de su intervención, reconocer que este proyecto ha sido positivo y ha llenado el vacío que había con respecto a este tema.
También quiero comentar, como hizo la ministra de Medio Ambiente, que con este proyecto vamos a plantar cara al ruido en España y esta ley será el primer paso. Sentamos las bases e instrumentos para combatir el ruido de manera conjunta y eficaz y proteger la salud de las personas y dar a nuestros conciudadanos un medio ambiente más sano, en el que todos podamos vivir con mayor bienestar. Nosotros consideramos que esta ley no es ruido, como han dicho otros compañeros, sino que es música y va a hacer música.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley del ruido. En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por los senadores Cabrero y Cuenca, números 1, 2, 13, 17, 19, 20 y 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 51; en contra, 125; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 5 a 8 de los mismos señores parlamentarios.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, dos; en contra, 128; abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por los señores senadores Cabrero y Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, dos; en contra, 172; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 22, 23, 24, 26 y 27, de la senadora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, siete; en contra, 127; abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 30 y 31, de la misma señora senadora.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 55; en contra, 127; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas presentadas por la señora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, seis; en contra, 175; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 133, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 19; en contra, 127; abstenciones, 48.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 41, 45, 46, 52, 63, 70, 71, 72, 84, 85, 86, 98 a 112, 116 a 120 y 123, presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 18; en contra, 126; abstenciones, 48.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 44, 53, 59, 62 y 113, del mismo Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 66; en contra, 126; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas de dicho Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 18; en contra, 175; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en dos bloques. En primer lugar, las números 147 y 148.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 62; en contra, 128; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de dicho grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 50; en contra, 126; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 221, 223, 236 y 245.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 24; en contra, 127; abstenciones, 43.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 222, 241, 243, 244, 246, 247 y 249 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 67; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 23; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos en un solo bloque las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 178 a 191, 193, 194 y 197 a 220.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 49; en contra, 126; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen en tres bloques. En primer lugar, los artículos 1, 8, 12 y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 129; en contra, 16; abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos a continuación el resto del articulado, disposiciones adicionales primera, cuarta y décima, disposiciones transitorias primera y segunda y disposiciones finales primera y segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 127; en contra, 67.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 178; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley del ruido.
--DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (S. 621/000148) (C. D.
121/000150).


El señor PRESIDENTE: De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la comisión.
Tiene la palabra la señora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, me cabe el honor de haber sido designada para presentar ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
El proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias tuvo entrada en el Senado el pasado día 20 de septiembre de 2003, remitido por el Congreso de los Diputados. De conformidad con las previsiones del artículo 104 del Reglamento del Senado, se remitió en la misma fecha a la Comisión de Sanidad y Consumo. Al mismo tiempo, se abrió un plazo para la presentación de enmiendas hasta el día 2 de octubre, que fue ampliado hasta el día 8 de octubre de 2003. Al final de dicho plazo, se presentaron una propuesta de veto y un total de 189 enmiendas. Todos estos extremos fueron objeto de publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie II, número 148 (a), (b), (c) y (d), de fechas 20 de septiembre y 2 y 14 de octubre de 2003 respectivamente.
La ponencia, reunida el día 20 de octubre de 2003, emitió un informe publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 148 (e), de fecha 24 de octubre de 2003, introduciendo diversas modificaciones y enmiendas.
La Comisión de Sanidad y Consumo, a la vista del citado informe de la ponencia, emitió dictamen el pasado día 22 de octubre de 2003, aprobando diversas enmiendas transaccionales.
La presente ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que establezca los diferentes instrumentos y recursos para la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, tanto en su vertiente pública como en la privada, facilitando la corresponsabilidad en el logro de los fines comunes y en la mejora de la calidad de la atención sanitaria prestada a la población, garantizando, asimismo, que todos los profesionales sanitarios cumplan con los niveles de competencia necesarios para seguir salvaguardando el derecho a la protección de la salud que el artículo 43 de la Constitución reconoce a todos los españoles. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)

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Al objeto de cumplir con los mencionados objetivos, la ley establece cuáles son las profesiones sanitarias, regula la formación de los profesionales sanitarios, el desarrollo profesional, el ejercicio profesional en el ámbito privado y la participación de los profesionales sanitarios en la ordenación de las profesiones sanitarias.
Para terminar, quiero agradecer el trabajo realizado por todos los ponentes y portavoces de los grupos que han participado en este importante proyecto de ley por su actitud siempre positiva y de diálogo.
También deseo expresar el agradecimiento a la labor de todo el equipo ministerial, a la ingente labor realizada por el letrado de la comisión, así como al resto del personal adscrito a la Comisión de Sanidad y Consumo y a los taquígrafos.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Coloma.
Se ha presentado a este dictamen una propuesta de veto que debatiremos a continuación, propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el senador López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista ha incorporado un veto en el trámite del Senado que, evidentemente, es una novedad toda vez que en el Congreso esta ley no tuvo ese veto del Grupo Parlamentario Socialista. Esto se debe indiscutiblemente a que la ley que salió del Congreso de los Diputados difiere sensiblemente del proyecto aprobado por el Gobierno, y lo hace en cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, porque se altera el concepto de profesión sanitaria. En segundo lugar, porque, como consecuencia de esa alteración del concepto de profesión sanitaria, cambian los requisitos para el ejercicio de las profesiones sanitarias. En tercer lugar, porque se modifica el origen normativo de las obligaciones deontológicas. Y, finalmente, porque cambia los instrumentos que garantizan ciertos derechos de los pacientes. Voy a intentar analizar detenidamente estos cambios.
El primero de ellos hace referencia al artículo 2, al concepto --como he dicho anteriormente-- de profesiones sanitarias. Como todos ustedes saben, el proyecto remitido a las Cortes definía las profesiones sanitarias como profesiones tituladas y reguladas, mientras que el proyecto que sale del Congreso de los Diputados incorpora el término colegiadas. Hay que hacer una pequeña reflexión sobre la naturaleza de los colegios profesionales para abordar el contenido de este cambio.
Los colegios profesionales están configurados en nuestro ordenamiento como corporaciones de Derecho público, pero su origen, su organización y sus funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino de determinadas obligaciones que vienen impuestas por la propia legislación.
Esto quiere decir que los colegios profesionales cumplen dos objetivos: en primer lugar, uno que está relacionado directamente con los intereses corporativos y que, en mi opinión, no justificaría la legitimidad de la colegiación obligatoria. El segundo es un fin de interés público, determinado por ciertas profesiones tituladas y que está relacionado con la disciplina profesional, las sanciones administrativas, recursos procesales, responsabilidad civil, etcétera, y este segundo objetivo sí justificaría la colegiación obligatoria.
Cuando se toma la decisión de definir una profesión colegiada, eso afecta directamente al ejercicio de esa profesión. Quiero decir que la Constitución en el artículo 36 no prejuzga la necesidad de que las profesiones queden sometidas al régimen de colegiación obligatoria, aunque esto lo prevé como un supuesto normal. En el momento en que una ley --porque hay que hacerlo con rango de ley-- entra en este problema y lo define, ocurre que el ejercicio de la profesión está regulado por el artículo 3.2 sobre colegios profesionales, que dice textualmente que es un requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al colegio correspondiente.
Entonces el ministerio ha cumplido, evidentemente, la premisa básica de hacer este cambio en una ley --eso es correcto e indiscutible--, pero yo creo que, desde el punto de vista político, la decisión ha sido inconveniente. La razón: porque en la actualidad existe, como ustedes saben, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno a unos artículos concretos de la ley de acompañamiento del Parlamento de Andalucía aprobada en el mes de diciembre del año 2001, que está pendiente de su solución por el Tribunal Constitucional. Esa ley, la Ley 15/2001, en su artículo 30 eximía de la colegiación obligatoria a los profesionales sanitarios que estaban trabajando de forma exclusiva al servicio de las administraciones públicas andaluzas.
En mi opinión, la decisión que ha tomado el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, de declarar colegiadas las profesiones sanitarias tituladas debería haberse consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, ustedes han tomado una decisión lícita pero arriesgada, que es negociarlo con la cúpula --reitero, con la cúpula-- de la organización médica colegial y eso introduce, indiscutiblemente, inseguridad jurídica a los profesionales sanitarios.
Hay otro artículo importante, el 4 en su apartado 5, que también ha sido modificado en el trámite del Congreso y quiero detenerme en él. Este artículo hace referencia a las obligaciones deontológicas de los profesionales en el ejercicio de su actividad. El proyecto de ley establecía que los profesionales sanitarios tendrían como guía de actuación, entre otros elementos, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas --correcto--. Pero el texto que salió del Congreso añade la expresión: determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente. Esto es algo de una extraordinaria complejidad porque, en primer lugar, determinadas por las propias profesiones es una expresión tan contundente que puede derivarse que sólo son las profesiones sanitarias las que determinan de forma exclusiva los códigos deontológicos de los profesionales. Reitero que eso es muy complejo porque, entre otras razones, ética y deontología no son palabras sinónimas.


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En este sentido, la deontología es una parte de la ética que hace referencia a las obligaciones de ciertas profesiones; en este caso concreto, las profesiones sanitarias.
En segundo lugar, hay un argumento de carácter jurídico, no filosófico: que los estatutos profesionales nunca pueden desbordar el marco de la Ley 2/1974, de Colegios Profesionales y, en mi opinión, se desborda, aunque sea de forma sutil. Así, el artículo 5 de la citada ley establece como una de las funciones de los colegios profesionales velar por la ética y por la dignidad profesional. Estamos ante una norma de carácter preconstitucional, del año 1974, y no cabe la menor duda de que el concepto de ética y el concepto de dignidad profesional, aplicado a los profesionales sanitarios, no es el mismo en 1974 --durante el Gobierno del señor Arias Navarro--, que en el contexto del año 2003.
Esta circunstancia se aprecia en múltiples aspectos, y voy a poner un ejemplo: el cambio profundo que han experimentado las relaciones entre médicos y pacientes. Antiguamente, estas relaciones eran de carácter vertical, basadas en el principio de la beneficencia --se consideraba que el médico era un gran benefactor, que estaba capacitado para decidir qué era lo más importante para la salud del paciente--; ese aspecto ha cambiado gracias a una ley importante, la de autonomía del paciente --que nació de una proposición de ley debatida en el Senado--, de forma que esas relaciones han pasado a ser horizontales, ya que el enfermo participa de esa información y decide, junto con el médico, cuál es la terapéutica que conviene seguir cuando se sufre una patología concreta.
Este cambio, que es imprescindible, tiene que estar contemplado necesariamente en los códigos deontológicos que deban abordarse.
En definitiva, quiero decir que el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros era mucho más prudente que el que estamos debatiendo aquí y los cambios que se han introducido, que pueden hacerse, en mi opinión aconsejaban de forma ineludible reformar, en primer lugar, la Ley de Colegios Profesionales.
En el trámite en el Congreso de los Diputados se ha modificado un artículo muy importante, el número 5, que regula los principios generales de la relación entre los profesionales sanitarios y las personas atendidas por ellos. Esta ha sido una de las modificaciones más incomprensibles de las que han operado en esta ley; así, en uno de sus apartados, se reiteran los derechos de los pacientes, que se dividen en dos tipos: el derecho a la libre elección de médico y a recibir información en los términos de la Ley de autonomía; y, el derecho de la garantía de las prestaciones sanitarias, que se introdujo certeramente en la Ley de cohesión de sanidad. Pues bien, para garantizar estos derechos, el texto de la ley que se aprobó en el Consejo de Ministros decía textualmente que las administraciones sanitarias regularían la existencia de registros públicos de profesionales. ¿Cuál es el cambio? El Congreso de los Diputados aprueba una redacción que dice que los registros que garantizan esos derechos son los de los colegios profesionales, mientras que los registros de las administraciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud tienen el carácter de complementarios. Desde mi punto de vista, se trata de algo absolutamente inaudito y que resulta muy difícil de justificar.
Si retomamos el discurso y volvemos otra vez al doble objetivo de los colegios profesionales, olvidamos los intereses corporativos y nos fijamos en los intereses públicos, es muy difícil justificar que este cambio en la titularidad de los registros que garantizan los derechos sea mejor para el Sistema Nacional de Salud. Sencillamente, creo que ésta es una decisión mucho más propia de un Estado corporativo que de un Estado democrático, y debemos recordar que estamos en el año 2003, y no en 1974.
(Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!) Señora ministra, hemos mantenido negociaciones para retirar nuestro veto.
El Grupo Parlamentario Socialista simplemente ha intentado, a través de sus enmiendas, volver al texto original; hemos sido extremadamente prudentes en nuestro intento por alcanzar un consenso, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo. Y no lo ha habido, porque el Grupo Parlamentario Popular, el ministerio, en definitiva, ha tirado la toalla ya que ha sido incapaz de liberarse de las ataduras que tiene con la OMC, la Organización Médica Colegial. Y las modificaciones que ustedes han propuesto han sido un puro maquillaje porque en ningún momento han quebrado el principio de que no sea obligatoria la colegiación para los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud.
¿Qué refleja todo esto? En mi opinión, dos cosas. En primer lugar, como ya he dicho, la falta de autonomía del ministerio frente a las cúpulas de los colegios profesionales, que creo que en esta ocasión han pensado mucho más en fortalecerse que en el interés general, con el detrimento que esa actitud tiene en las estructuras territoriales porque las cúpulas de los colegios profesionales territoriales tienen mucho que decir en el Sistema Nacional de Salud derivado del mapa sanitario que tenemos.
En segundo lugar, pienso que el ministerio tiene una gran confusión sobre este tema, ya que mantiene una posición cuando aprueba el texto, otra distinta en el trámite del Congreso, y otra, que reitera en esta Cámara a través de sus portavoces, cuando gentilmente viene a negociar con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, entre ellos, el Grupo Socialista, al decir que quiere una definición neutra respecto de la colegiación obligatoria, que sólo afecta, lo repito una vez más, a los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud con carácter exclusivo, es decir, que no ejercen la medicina privada.
Pero, ¡claro!, las negociaciones se han roto. Y en este caso también existe una consideración económica que a ustedes posiblemente les importe poco, porque escriben las leyes, pero luego, evidentemente, no las tienen que pagar; las pagan las comunidades autónomas, tal como se deriva de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Ustedes saben que se han planteado muchos contenciosos ante la magistratura por parte de los profesionales y que hay sentencias que condenan a las administraciones públicas, en este caso, a las autonómicas, a pagar la colegiación de los profesionales sanitarios. Y eso vale mucho

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dinero, porque una colegiación mínima está entre las 60.000 y 70.000 pesetas anuales. Por tanto insisto en que ustedes podrían haber mantenido una posición algo más prudente a ese respecto, volviendo al texto original que se aprobó en el Consejo de Ministros.
Quiero hacer una última consideración que justifica en parte, no de forma tan rotunda como en el caso anterior, el veto del Grupo Parlamentario Socialista. Ya hemos dicho que se ha dado una respuesta inadecuada en esta ley al colectivo sanitario real que opera en España. Y no me voy a detener en el problema de los psicólogos o de los diplomados en trabajo social, porque no tengo tiempo para ello, pero sí en otro también importante: el de los titulados superiores de FP, por ejemplo, el de los titulados superiores de rayos o de laboratorio.
A este respecto, hemos presentado una enmienda con la que solicitamos que la Administración general del Estado adopte las medidas necesarias para garantizar a esos profesionales la homologación de su capacitación con la del resto de la Unión Europea. Ustedes dicen que ese problema está resuelto, pero no lo está. ¿Por qué? Porque los ciclos formativos que se imparten en España son de 1.000 horas menos que los de la Unión Europea y eso impide que nuestros profesionales puedan circular por ella. Así pues, se debe reformar la legislación de FP, lo que no es competencia de este ministerio, sino del Ministerio de Educación, para conseguir que esos colectivos, entre los que se encuentran los técnicos de rayos, de laboratorio, o los técnicos superiores en ortoprotésica, puedan realmente circular por Europa.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador López Carvajal, le ruego que vaya concluyendo.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Lo haré en quince segundos con su benevolencia, señor presidente.
Por otro lado, en el problema de los psicólogos o de los trabajadores sociales podía haber habido un punto de encuentro. Ustedes definen perfectamente el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar. Pues bien, me pregunto cómo se van a resolver con los equipos multidisciplinares los problemas que existen en el ámbito de la salud mental, de la que hablamos mucho, aunque parece que no forma parte de las prestaciones del sistema. ¿Cómo van a integrarse estos trabajadores en esos colectivos multidisciplinares si no tienen la consideración, no digo ya de profesiones sanitarias, que no pueden serlo, sino ni siquiera de profesionales sanitarios? Podría haberse dado como mínimo una solución semejante a la que se les ha dado a los psicólogos clínicos, a los que sí se ha incluido.
En fin, señores del Grupo Parlamentario Popular, creo que el veto del Grupo Parlamentario Socialista está suficientemente justificado y me reafirmo, evidentemente, en el contenido de mi intervención. (El señor Díaz Sol: ¡Muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador López Carvajal.
Para turno en contra en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Antón Rueda. (Rumores.) Silencio, señorías, por favor.


El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias por su presencia.
Señorías, mi intervención va a ser lo más rápida posible por problemas de horario. Cuando tuvimos conocimiento de la presentación de un veto por parte del Grupo Parlamentario Socialista, echamos un vistazo rápido a las razones en que se apoyaba, y nos pareció, como comentamos con el señor López Carvajal, que no estaba justificado. En el trámite de ponencia se aceptaron varias enmiendas y se transaccionaron otras, pero el veto siguió vivo. Posteriormente en el trámite de comisión se introdujeron tres nuevos cambios, pero tampoco sirvió de mucho, y ahora el Grupo Parlamentario Socialista modifica en este acto la justificación del veto.
El señor López Carvajal sabe que ésta es una ley realmente compleja y en la que ha habido que aunar muchos criterios; afecta a muchos colectivos y, por tanto, resulta muy difícil encontrar un punto de equilibrio que deje plenamente satisfechos a todos. Sabe el señor López Carvajal que en el tratamiento de las enmiendas tanto el ministerio como todos los grupos parlamentarios hemos buscado intensamente el consenso, y casi lo hemos conseguido; ha faltado poquito, quizás una coma, casi nada. Pero yo le pregunto, señor López Carvajal: ¿De verdad cree usted que tiene razones suficientes para mantener un veto en una ley tan importante como ésta? ¿No será, como le dije en comisión, que aunque la ley no le parezca del todo mal tienen ustedes que mantener el veto no por razones técnicas sino por puras razones políticas? Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere justificar este veto diciendo que la ley no lleva financiación, que concede excesivo protagonismo a los colegios y poco a los sindicatos, que regula funciones propias de las comunidades autónomas y que algunas titulaciones como la psicología o el trabajo social, como ha dicho el señor López Carvajal, se encuentran excluidas de las profesiones sanitarias.
Nosotros tenemos que decir que la ley tiene una disposición final segunda donde se explican claramente los mecanismos para proceder a la financiación y los preceptos legales donde están contenidos estos mecanismos. Una cosa es que la ley no tenga financiación, como dice el Grupo Parlamentario Socialista, y otra es que no les guste la forma en que la misma está legalmente regulada y establecida. Dice el Grupo Parlamentario Socialista que se desborda el marco jurídico vigente al tratar sobre los colegios profesionales. Señor López Carvajal, debo decirle que los colegios son necesarios --usted lo sabe-- y tienen perfectamente definidas sus funciones y sus competencias en el ámbito profesional. Y vuelvo a decir lo mismo: no es que esté mal lo que se dice en este proyecto de ley, no, es que no le gusta a su grupo, señor López Carvajal. Y hablando de gustos, usted sabe que muchas veces no se

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puede hacer lo que se quiere sino que sólo se puede hacer lo que se debe, como se ha hecho en esta ley.
El artículo 36 de la Constitución dice que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. Es decir, existe reserva de ley y, por tanto, podemos y debemos legislar. Perdóneme, señor López Carvajal, pero en este proyecto de ley no se dice ni se insinúa que la colegiación deba ser obligatoria. También dice su grupo que el proyecto regula funciones propias de las comunidades autónomas. Mire, señoría, nosotros sabemos que el tema competencial es un asunto recurrente siempre esgrimido por la oposición ante cualquier texto legal que se debata. Por eso le aseguro que siempre se pone un especial cuidado en evitar que exista invasión de competencias autonómicas. Cuando en un proyecto de ley hay que tratar asuntos que pueden rozar el límite de lo competencial, siempre se expresan esos asuntos de forma genérica y abierta, como se hace en este proyecto de ley, apuntando solamente las líneas básicas necesarias para alcanzar o mantener la cohesión de todo el sistema de salud sin entrar en absoluto en la normativa particular que, lógicamente, es propia de las administraciones autonómicas.
Al ministerio no le incomoda, por el contrario le satisface, el progresivo desarrollo de las competencias autonómicas sanitarias. Usted sabe que no hace mucho se han traspasado competencias del ministerio a la Comisión de recursos humanos del Consejo Interterritorial, donde están representadas las comunidades autónomas.
Por último, el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también fundamenta su veto en que el proyecto no trata determinadas titulaciones como deseaban algunos profesionales. Es normal y es difícil hacer un texto que dé gusto a todos.
En el tema de titulaciones y funciones, como usted ha dicho, se ha tratado de ser neutro. Esta no va a ser una ley de competencias profesionales. En el proyecto de ley no se ha pretendido crear profesiones o especialidades nuevas, ni modificar la consideración de las profesiones que ahora están perfectamente reguladas.
En cuanto a lo que es una profesión sanitaria, está claro que si el señor López Carvajal lee con cuidado --y supongo que lo habrá hecho-- lo preceptuado en el artículo 2.2 y lo engarza con lo que dice el 6.3 y el Título II, especialmente en el Capítulo 2, se dará cuenta de que no hay ninguna profesión sanitaria olvidada ni maltratada. Ninguna. A mayor abundamiento, la disposición transitoria tercera dice que los criterios de definición y estructuración de las profesiones sanitarias y de los profesionales del área sanitaria de formación profesional se mantendrán como están hasta que se lleve a cabo la reforma contemplada en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Universidades.
Como pueden darse cuenta sus señorías, no existen razones técnicas de peso para mantener el veto, pero lamentablemente habrá que votarlo por razones políticas. Curiosamente, como ha dicho el señor López Carvajal, los temas que hemos discutido estos días pasados el portavoz socialista y el que les habla no han sido los anteriormente expuestos, sino otros tan aparentemente inocentes como definir quién determina las obligaciones y las responsabilidades deontológicas o fijar quién determina los criterios y requisitos de los registros de profesionales. Si esto es así, si se fundamenta el veto en unas cuestiones y, después, para tratar de retirarlo se plantean otras, yo me pregunto: ¿Qué es lo que se quiere realmente? ¿Cuál es la auténtica razón para mantener este veto? Vetar este proyecto de ley es oponerse a la creación de herramientas para mejorar la calidad profesional y asistencial. Es oponerse a evaluar el cumplimiento y, por tanto, es oponerse a un deseo tan largamente esperado por todos los profesionales como es la carrera profesional. Vetar este proyecto es oponerse al esfuerzo de las organizaciones y colectivos que están trabajando por mejorar las profesiones sanitarias.
Confío en que todos los portavoces de los distintos grupos entiendan que, aunque puedan existir pequeñas discrepancias puntuales en el texto, no hay razones tan serias e importantes como para vetar una ley que es necesaria y tiene muchas más virtudes que defectos. Por tanto, les pido su voto negativo a esta enmienda a la totalidad.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Antón Rueda.
Pasamos al turno de portavoces. (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra. En primer lugar, quiero iniciar mi intervención agradeciéndole su presencia en esta Cámara cuando se debate la ley de ordenación de las profesiones sanitarias; ley que regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio, a la estructura general de la formación de los profesionales, al desarrollo profesional de los mismos y a su participación y ordenación de las profesiones sanitarias. Asimismo, la ley establece los registros de profesionales que permitan hacer efectivo los derechos de los ciudadanos respecto a las prestaciones sanitarias y la adecuada planificación de los recursos humanos en el sistema de salud.
La ley es necesaria, no cabe duda, dado que el ejercicio de la profesión sanitaria está íntimamente ligado con los derechos individuales de las personas; derechos como el de protección de su salud y, en consecuencia, el derecho a la vida e integridad física; derecho a la intimidad personal y familiar, dada la relación que se establece entre la persona y el profesional sanitario, debiendo en consecuencia preservarse la confidencialidad de datos derivados de esta relación; derecho a un trato digno, respetuoso y adecuado a sus necesidades y que respete la dignidad como persona, etcétera.
El derecho a la salud está reconocido y es un derecho individual y colectivo. Es lógico, por tanto, e incluso diría

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que necesario, regular y ordenar el ejercicio de los profesionales que hacen viable y posible el alcance de dicho derecho a través de sus actuaciones en el ámbito sanitario, y lo es, sobre todo, en aras de garantizar una calidad asistencial eficaz y una relación usuario-servicios de salud-profesional sanitario en términos de calidad, garantía, eficacia y proximidad que generen confianza en el servicio de salud y en el sistema sanitario en el que ambos, usuario y profesional, juegan un papel importante.
Sin lugar a duda los recursos humanos son pilar fundamental de la sanidad. La ordenación de esos recursos humanos que ejercen su actividad profesional en el ámbito sanitario es necesario y positivo, tanto para quienes se ven afectados por dicha ordenación, que no son otros que los profesionales sanitarios, como para quienes acuden a ellos, los usuarios de los servicios de salud, que entiendo somos todos y todas, para que el derecho a la protección de la salud se cumpla con nuevos elementos positivos, elementos que se contemplan en esta ley y que son los que en principio ésta pretende.
Sin embargo desde esta tribuna he de decir que el proyecto de ley de ordenación de profesiones sanitarias, que ahora debatimos tras su trámite en el Congreso de los Diputados, donde fue objeto de modificaciones sustanciales, al igual que lo ha sido en el trámite de ponencia y comisión en esta Cámara, a juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se excede del objeto inicial de la ley, mencionado con anterioridad por esta portavoz, máxime teniendo en cuenta que estamos haciendo referencia a aspectos básicos. Hay aspectos en los que se pormenorizan los mínimos detalles, dejando poco margen a los ámbitos competenciales propios y en exclusiva de las comunidades autónomas, en tanto que en otros se excede el ámbito objeto de la ley, que es la ordenación de profesiones sanitarias, dado que, en definitiva, estamos hablando, incluso dentro del marco de la ley, de posibles puestos de gestión y responsabilidad inherentes a la actuación y estructura del sistema sanitario.
Se me dirá que es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas. Si por ello se entiende el que no se quite la competencia que les es propia, entonces estamos de acuerdo, pero ser respetuoso al legislar sobre lo básico es, a juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, establecer el marco general, las líneas generales y de obligado cumplimiento que afecten a la materia de la ley, sin detallar, pormenorizar, especificar o remitir a reglamentación de desarrollo posterior. Esto se llama limitar y delimitar el ejercicio de competencias propias, y en este procedimiento es fácil cuando, sobre todo, quien ha de garantizar el cumplimiento de lo que se legisla es otro o cuando recae la obligatoriedad de asumir el impacto derivado de la puesta en marcha y ejecución de la ley en otro.
Desde la perspectiva territorial de esta Cámara creemos que esta ley limita de forma sustancial el ejercicio de competencias que le son propias a las comunidades autónomas, dígase si no con qué sentido se plantea cómo, qué y quién debe ejercer la gestión clínica en las organizaciones sanitarias, por ejemplo, con carácter básico, cuando esto es competencia propia de las comunidades autónomas, y además, se excede del ámbito objeto de la ley entrando de lleno a cuestionar la autoorganización y la organización interna de los distintos servicios de salud.
Concluyo este turno de intervención de esta portavoz respecto del veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista diciendo que mi grupo entiende, como bien decía el senador Antón, que la ley es compleja porque ha de conseguir un perfecto equilibrio entre el ámbito competencial de la Administración del Estado y el de las comunidades autónomas, por un lado, y las demandas que puedan ser inherentes --y en estos momentos han sido palpables-- presentadas por parte de colegios profesionales, agentes sociales y profesionales del ámbito sanitario. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Es una tarea difícil.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya usted terminando.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Concluyo, señor presidente, diciendo que, aunque la ley es necesaria, entendemos que podía haber sido mejorada sustancialmente. No obstante anunciamos que no vamos a apoyar el veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista; nos vamos a abstener, pero nuestra abstención significa que hay temas que todavía quedan pendientes de resolución en el contenido de esta ley.
Nada más, y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Quisiera comenzar agradeciendo la presencia de la ministra en el debate de una importante ley, algo que no hacen todos sus compañeros de Gabinete, y por tanto, es obligado subrayarlo.
Hubiéramos querido, y así lo habíamos expresado, no tener que intervenir en este momento procedimental por no haberse sustanciado el veto, pues creíamos en la posibilidad de que esto ocurriese. De todas formas, no voy a entrar a analizar el contenido de la exposición del senador López Carvajal, sino que simplemente voy a recordarle al senador Antón que no es malo per se, que además de las consideraciones técnicas que pueden hacerse sobre una ley y que pueden no compartirse con otro grupo, puede haber una coincidencia política en lo que tienen de ejemplificadoras, para la arquitectura gobierno-oposición, determinadas posiciones políticas. Por tanto, repito, no es malo per se, algún veto o algún voto negativo en su globalidad, aunque después resulte que técnicamente la ley pueda ser calificada de razonablemente buena, como nosotros mismos la calificamos.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, efectivamente las manifestaciones del senador López Carvajal, defendiendo la propuesta de veto, coinciden con algunas nuestras, porque las hemos hecho similares en alguna ocasión; es decir, hemos tenido el convencimiento de que el paso por una Cámara, concretamente por el Senado, empeoraba un proyecto de ley. Sin embargo no es éste el caso, ni mucho menos. Creemos sinceramente que este proyecto de ley mejoró a su paso por el Congreso de los Diputados, con diálogo, con un buen volumen de enmiendas aceptadas, aunque con alguna cuestión pendiente. En nuestro caso concreto, creo recordar que fueron aceptadas más de 20 enmiendas en el Congreso de los Diputados.
En general, la situación de los profesionales a nuestro entender queda bien enmarcada, probablemente sea perfectible, seguramente exista alguna laguna, algún olvido. Existían --existen todavía, porque no se ha llegado al debate final del articulado-- algunas visiones restrictivas en algunos aspectos autonómicos, pero que a nuestro juicio no justificaban la presentación de un veto; al contrario, creíamos que por la vía de la negociación podíamos avanzar en este proyecto de ley. Y así ha sido.
Podemos citar buen número de las enmiendas que se admitieron en el Congreso de los Diputados, concretamente la diputada Zoila Riera, el 11 de septiembre, hacía referencia a las transformaciones de los artículos 2 y 3, donde no se reconocían determinadas profesiones sanitarias de nivel diplomado, así como un conjunto de profesionales sanitarios de formación profesional, grado superior, y que a través de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se consiguieron introducir.
Esta negociación, que empezaba en el artículo 1 y acababa en el 51, más las disposiciones adicionales, transitorias y finales, ha continuado aquí en el Senado, a través no sólo de la función de los portavoces en la Comisión de Sanidad, sino que nos consta que también a través de la señora ministra y del consejero de la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha intentado también avanzar, y estamos a punto de debatir, dentro de unos minutos, una transaccional a nuestra enmienda número 164, suprimiendo parte de la disposición adicional décima, lo cual demuestra la capacidad de avanzar a través de la negociación.
Por ello, y sin juzgar de ninguna manera la base que tenga el Grupo Parlamentario Socialista para su veto, lo cierto es que no compartimos la mayoría de sus argumentos, y entendemos que este proyecto de ley mejoró en el Congreso de los Diputados, ha estado mejorando aquí, todavía va a mejorar en los próximos minutos, y, en consecuencia, el veto socialista lo aceptamos como forma de clarificar puntos de vista, pero no lo compartimos y, por tanto, no va a contar con nuestro apoyo y lo vamos a votar en contra.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senador Antón, que una cosa son las líneas argumentales que se escriben en la justificación del veto y otra es el debate parlamentario.
Usted deberá comprender que no iba a ser tan ingenuo de exponer en la justificación que se publica en el Boletín de las Cortes todos los argumentos que se me ocurran, porque, evidentemente, eso supondría hacer más frágil mi posición en el debate.
En segundo lugar, quiero decirle que el veto no tiene un significado tan negativo como usted expresa. Presentar un veto no significa que estemos en desacuerdo con la totalidad de los artículos de la ley. Esa es una visión algo maniquea. Creo que lo que realmente significa el veto es que hay una serie de artículos que, por su propia naturaleza y su contenido, suponen para nosotros una cuestión de principios. Y eso es lo que ahora estamos debatiendo. Creo que la ley tiene algunos capítulos que evidentemente son mejorables pero que son válidos y es positiva, aunque hay algunas cuestiones de principio para nosotros que ustedes han estado a punto de negociar, si bien no han querido hacerlo porque les ha faltado autonomía. Esta es la palabra clave.
Por tanto, se han debatido entre el deseo de negociar con el primer partido de la oposición y los compromisos que tenían contraídos con la cúpula de la organización médica colegial. Y en ese debate, ustedes han optado por quien han optado. Y nosotros, que consideramos que es una cuestión de principio, también hemos optado por lo que hemos optado, es decir, por mantener el veto. Pero no me cabe la menor duda de que en el fondo ha sido esa actitud poco generosa del Grupo Popular y del Ministerio con el Grupo Parlamentario Socialista lo que realmente ha motivado que hoy día nos encontremos en esta situación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Antón.


El señor ANTON RUEDA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para manifestar que hemos escuchado a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, especialmente al senador López Carvajal cuya argumentación me parece obvia y no la voy a discutir. Un veto es un veto, ustedes tienen su criterio, y nosotros tenemos el nuestro.
Saben ustedes que se ha intentando hasta el último momento aceptar el mayor número de enmiendas, que es lo que hace progresar la ley, si bien ya no es el momento de entrar en un nuevo debate. Creo que las posiciones están perfectamente definidas y, por ello, como lo más importante ya se ha dicho tanto en comisión como en la intervención anterior, no les voy a cansar a ustedes más.


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Sólo quiero insistir en que pienso que es un buen proyecto de ley, posiblemente el mejor que se puede hacer en estos momentos. Es una ley que trata de un tema muy importante, sobre el que no hay legislado prácticamente nada y, por tanto, es necesaria. Es necesario sacarla adelante y además aprobarla con la mayor fuerza posible, por tanto, con el mayor número de votos posible.
Nada más. Muchas gracias. (El senador Díaz Sol: Ha sido una argumentación impredecible. ¡No me lo puedo creer!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación del veto al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Votamos la propuesta de veto número 1, defendida por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 49; en contra, 137; abstenciones, ocho.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Procedemos al debate de las enmiendas.
Votos particulares, del Grupo Parlamentario Mixto de la número 1 a 27.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Quintana. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Hemos presentado una serie de enmiendas parciales, en total 27. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Quintana, un momento, por favor.
Señorías, les ruego guarden silencio a la hora de abandonar el hemiciclo.
(Rumores.) Senador Lavilla, por favor, guarde silencio.
Senador Díaz Sol, guarde silencio, por favor.
Puede continuar, senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía que hemos presentado una serie de enmiendas parciales, 27 en total, y muy brevemente voy a explicar el contenido general y la razón de las mismas. En primer lugar, nosotros estamos preocupados por el hecho de que el proyecto no incluya a todos los profesionales sanitarios. Así, hemos presentado las enmiendas que van de la número 1 a la 8, la 13, la 14 o la 18 con las que intentamos constatar que hay colectivos profesionales que prestan efectivamente sus servicios en el sector sanitario público o en el privado, bien como trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena y que están excluidos de este proyecto de ley. Están excluidos legalmente de la consideración de profesionales sanitarios y, por tanto, y esto es lo que más nos preocupa, se van a ver también excluidos del sistema de promoción profesional y eso nos ha llevado a la presentación de estas enmiendas, así como a atender las demandas de la Federación Estatal de Sindicatos de Técnicos Superiores Sanitarios y de la Federación Estatal de Técnicos Especialistas Superiores Sanitarios.
Por otro lado, nosotros consideramos que persiste en el proyecto un problema de distribución competencial provocado por un exceso en los cometidos que se le asignan a esta ley básica. Así, hacemos mención de ello en las enmiendas 12, 15 ó 16. Además, también queremos recordar a este respecto que una vez más se abusa de la legislación básica, pero al mismo tiempo, no se establece en la misma legislación básica la cobertura financiera mínima que haga posible que el impacto económico que la ley va a tener en los gestores sanitarios pueda tener, al mismo tiempo, una amortiguación que le permita afrontar el problema sin mayores contingencias. Por lo tanto, eso justifica las enmiendas por nosotros presentadas.
Por último, tenemos que manifestar que no hemos presentado veto porque consideramos que se hizo un esfuerzo de diálogo que valoramos en su justa medida y que buena parte de las cuestiones que hemos planteado en el Congreso fueron recogidas, pero aún así lamentamos que ese esfuerzo no haya servido para que el consenso sea lo suficientemente amplio para que todos los sindicatos y organizaciones profesionales pudieran cuando menos, si no estar de acuerdo, sentirse representados en la presente ley.
Lo que más nos preocupa es que seguramente esa falta de acuerdo conjunto va a ser un obstáculo --esperemos que no insalvable-- para la correcta aplicación de la ley que hoy se va a aprobar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Quintana.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas 53 a 63, 65 a 76, 79, 80 y 82 a 89 presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En su nombre, su portavoz, el senador Froilán Rodríguez tiene la palabra.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, Coalición Canaria ha presentado una serie de enmiendas. Tengo que decir, como algunos de los portavoces han manifestado en sus intervenciones anteriores, que nos debemos felicitar en general, al margen del resultado final de esta ley que, según nosotros, podría haber tenido algunas mejoras no sólo de forma, sino también de fondo en algunos aspectos que luego señalaré, porque estamos poco acostumbrados al esfuerzo de diálogo, de consenso, que se ha realizado por parte del ministerio, pues en reuniones, más de una, con los distintos grupos parlamentarios, con sus portavoces y, por supuesto, con los miembros de la ponencia, hemos conseguido consensuar muchas --no diría las suficientes lógicamente porque mantenemos bastantes-- de las más importantes enmiendas que habíamos presentado.
Por lo tanto, dejo constancia pública en esta intervención de ese estilo que debería ser el más frecuente, el habitual en la práctica parlamentaria, pero al cual no estamos muy acostumbrados.


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Nuestras enmiendas, algunas de carácter conceptual, se presentan a la exposición de motivos, que ahora se convierte en el preámbulo de la ley.
Alguna de ellas se refiere al concepto de profesión, que nos parece muy importante, así como a la eliminación de la referencia a la legislación de los colegios profesionales como criterio para determinar cuáles sean las profesiones sanitarias.
Como se explica con más detalle en relación con el artículo 2 de este proyecto de ley, en nuestro ordenamiento la condición de profesión se vincula con un título o habilitación administrativa, y la profesión titulada con un título académico oficial, y ello con independencia de la existencia o no de un colegio profesional.
Por otro lado, hay una serie de enmiendas muy relacionadas con el ámbito competencial. Nosotros creemos que esta ley sigue entrando en demasiados aspectos de organización y funcionamiento que son exclusivos de las administraciones sanitarias competentes, en este caso los servicios de salud de las comunidades autónomas o los organismos correspondientes que en cada comunidad autónoma se hayan desarrollado.
Por lo tanto, creemos que esta ley, que es para todo el Estado, no tendría por qué entrar en organizar y detallar determinados aspectos de funcionamiento de los servicios sanitarios que, además, no corresponden a una ley que trata de ordenar las profesiones sanitarias.
Otro grupo de enmiendas, para no entrar en detalle en cada una de ellas, están relacionadas con ese aspecto porque nos parece fundamental. En conclusión, esos dos aspectos de eliminar las referencias obligatorias a la colegiación y los que inciden en el ámbito competencial de las comunidades autónomas y sus administraciones sanitarias nos parecen fundamentales.
Por otro lado, estamos de acuerdo en que esta ley no debe entrar en aspectos excesivamente detallados con profesiones que podríamos llamar parasanitarias o que concurren en la atención sanitaria, en la atención a los problemas de salud, pero que no son estrictamente sanitarias y, por lo tanto, no hemos apoyado las enmiendas en ese sentido, al margen de que creemos que hay algunos vacíos que podrían justificar algunas de esas enmiendas.
Otras enmiendas se refieren a otro aspecto fundamental, concretamente las normas y procedimientos para la expedición de los títulos que allí se contemplan porque creemos que pasa por encima y no respeta las competencias que tienen las administraciones autonómicas para la expedición de certificaciones acreditativas de habilitaciones profesionales. Todo ello, por supuesto, de acuerdo con la norma general y con el procedimiento reglamentario que establezcan los organismos competentes del Estado.
Por otro lado, me referiré a algo también fundamental, porque a partir de ahora, desde primero de enero de este año, el Consejo Interterritorial pasa a tener unas funciones fundamentales en la ordenación del sistema sanitario. Por lo tanto, creemos que se debe recoger la intervención de este Consejo Interterritorial como órgano fundamental para la determinación de pautas para el control de determinados aspectos de las profesiones sanitarias más que el propio Ministerio de Sanidad y, por supuesto, donde tengan suficiente representación --una representación equilibrada decimos nosotros-- las diferentes comunidades autónomas.
Vamos a mantener la mayoría de nuestras enmiendas, y tengo que decir que en la fase previa a la discusión en comisión retiramos las enmiendas números 77 y 78, y que en comisión, sobre la base de transaccionales o aceptación directa en algún caso --en la mayoría transaccionadas con el Gobierno y, por tanto, con el Grupo Parlamentario Popular--, retiramos las números 64, 81, 90, 91 y 92.
Para este debate que no queremos alargar por el resto de discusión legislativa que vamos a tener a lo largo de esta noche, y en aras de esa brevedad, solamente he señalado los paquetes de enmiendas y sobre qué aspectos inciden.
De todas maneras, sobre la base no sólo del espíritu de consenso que se ha manifestado sino a la efectividad del mismo, que se ha materializado en la aceptación o transacción de varias enmiendas que para nosotros eran fundamentales, vamos a dar nuestro apoyo a esta ley, lo cual no quita para que apoyemos bastantes de las presentadas por el resto de los grupos de esta Cámara, que en gran medida coinciden con las que nosotros mantenemos vivas en este debate.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa):Gracias, senador Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas 28 a 52, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado un conjunto de enmiendas a este proyecto de ley con ánimo de mejorarla y tratar de limitar el alcance de la misma al objeto indicado en su título preliminar recogido en el artículo 1, e incluir aspectos que consideramos que de alguna forma la ley deja sin cubrir de forma adecuada.
Los títulos Preliminar y I de la ley se dirigen a determinar los aspectos esenciales del ejercicio de las profesiones sanitarias estableciendo cuáles son tales profesiones y determinando los ámbitos funcionales propios enumerando, a su vez, los derechos de los usuarios de sus servicios profesionales.
Las enmiendas números 28 a 33, ambas inclusive, van referidas a estos dos títulos. La número 28, referente al objeto y al ámbito de aplicación de la ley, que se recoge en el artículo 1, de alguna forma ha sufrido una serie de modificaciones en el trámite de ponencia y en el de comisión, y el nuevo redactado que en estos momentos plantea el proyecto de ley recoge la enmienda número 28 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos dado que elimina lo que la ley regulaba en relación a la participación de los profesionales sanitarios en planificación y ordenación del sistema sanitario, excediendo así el objeto nato de la ley que es ordenar las profesiones sanitarias tituladas, y a su vez también recoge el matiz de tituladas en el nuevo

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redactado. El nuevo redactado, por tanto, se ajusta más al objeto real de la ley y recoge el planteamiento global de la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Anunciamos en este momento la retirada de esta enmienda número 28, porque nos satisface el redactado actual, sin embargo no podemos actuar de la misma forma en relación a la número 29, referida al artículo 2, que viene a definir qué se entiende por profesiones sanitarias y los grupos en las que éstas se estructuran.
El apartado 1 vincula la calificación de profesión sanitaria no a la formación en su estricto sentido, sino que para obtener dicha calificación deberán estar organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos. Esta matización sobra.
El hecho de que tradicionalmente los distintos profesionales de la salud se hayan organizado en colegios profesionales no debe entrañar ahora el que una profesión, para obtener la calificación de sanitaria, además de la formación pregraduada especializada o específica requerida para ejercer la profesión deba estar organizada en colegios profesionales.
Esto excede el objeto de la ley y establece vínculos inadecuados y no procedentes. Pedimos, por tanto, la supresión de esta vinculación y ello no supone bajo ningún concepto que estemos en contra de los colegios profesionales ni de que los profesionales se organicen en colegios.
Por otro lado, entendemos que la certificación acreditativa que habilita para el ejercicio profesional, prevista en el apartado 4 del artículo 2, debe expedirse por parte de las administraciones sanitarias, estableciendo para ello los procedimientos adecuados, y no por el Ministerio de Sanidad y Consumo. No tiene sentido que no sean las comunidades autónomas las autoridades competentes para habilitar a un profesional para el ejercicio de la actividad, es más, entendemos que se hace un exceso interpretativo de la Ley de Ordenación Universitaria, pues, si según el artículo 34 todas las universidades pueden establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, es un exceso, valga la redundancia, que se reserve el ministerio la potestad de acreditar su habilitación profesional que, por otro lado, choca con el hecho de que sean las comunidades autónomas las autoridades competentes para habilitar el ejercicio de actividades a profesionales titulados de formación profesional, atribuyéndose tal potestad a las administraciones sanitarias.
Las enmiendas números 30 a 33 inciden en el Título I, referido al ejercicio de las profesiones sanitarias. La número 30 plantea modificar el apartado 2 del artículo 5, que establece que para que los principios generales de la relación profesional sanitaria-persona atendida, recogidos en el apartado 1 de esta ley, se puedan garantizar de forma efectiva y así facilitar el ejercicio de los derechos de las personas atendidas por los profesionales sanitarios se establezcan los registros públicos de los profesionales en los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales en sus respectivos ámbitos territoriales. Esto no es lógico. Donde va a recurrir el usuario es a la administración sanitaria. Los colegios profesionales les son desconocidos y ajenos a la mayoría de la población. Dígame --y perdóneme si no es así-- si con este apartado y otras referencias que se hacen a lo largo de la ley a los colegios profesionales --algunas adecuadas y acertadas, todo hay que decirlo, y otras no, como en este caso-- no subyace una colegiación obligatoria. Si no es así, perdóneme la interpretación que hago desde esta tribuna, pero me parece que esto es así.
Donde deben estar los registros públicos de profesionales es en las administraciones sanitarias. De ahí que pretendemos una enmienda, que es similar incluso a la que plantea el Grupo Parlamentario Socialista con el número 122.
Planteamos también a través de nuestra enmienda número 31 la supresión del artículo 10, referida a gestión clínica, modificada en el trámite en el Senado, eliminando la referencia a dirección e incluyendo que las funciones de gestión clínicas podrán ser desempeñadas por profesionales sanitarios en función de criterios que acrediten conocimientos necesarios, adecuada capacitación, aspecto este objeto de una transaccional en este trámite y al que hemos prestado la firma como grupo parlamentario, pero en aras a la cortesía parlamentaria porque es mejor que el texto actual, pero que no satisface la pretensión que es la supresión de dicho artículo 10 porque excede el ámbito objeto de la ley e incide en cuestiones organizativas de los servicios de salud, además calificándolo de básico, no nos olvidemos.
Lo mismo sucede con el artículo 11, dirección de centros sanitarios, cuya supresión también solicitamos. La solución planteada de su traslado en cuanto a contenido a una nueva disposición adicional tampoco nos satisface, señorías, y, por tanto, aunque va a ser objeto de una nueva transaccional, si no me equivoco, vamos a seguir manteniendo esta enmienda porque pensamos que no es objeto de la ley entrar a plantear cuestiones que más que propias de la profesión son ya responsabilidades vinculadas incluso en un momento concreto al ejercicio de la profesión.
El artículo 12, referido a investigación y docencia, entendemos que entra a pormenorizar aspectos que son cuestión de organización interna de los centros sanitarios, sobre todo en su apartado 3 y, por consiguiente, excede lo propio de la ley, otorgando además carácter básico a lo recogido en los dos últimos párrafos de este apartado, cuya supresión solicitamos a través de la enmienda número 33. Señorías, no olviden que son aspectos organizativos que competen a los servicios de salud y además son precisiones que adquieren, al ser básicos, el carácter de obligado cumplimiento y aunque consideremos que deberían reunir esos requisitos los centros sanitarios acreditados para la formación especializada y formación continuada, estos u otros más precisos deben ser establecidos y determinados por cada comunidad autónoma.
Lo mismo consideramos con respecto a la acreditación para desarrollar programas de formación continuada. Quizás sea una forma distinta de entender la asunción de competencias y su ejercicio por parte de los servicios de salud autonómicos en este caso.
El Título II regula la formación de los profesionales sanitarios y a su vez, aparte de entrar en la formación tanto

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pregraduada como especializada, entra también en la formación continuada.
Este título quizás es el que es objeto de un mayor número de enmiendas por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, un total de 13 enmiendas. Un grupo de estas enmiendas pretenden otorgar a las comunidades autónomas la representación adecuada en la toma de decisiones o planteamiento de propuestas en cuestiones sobre las que van a tener responsabilidad ejecutiva y en esta línea apunta la enmienda número 34, que en el artículo 14, referida a la formación universitaria de pregrado, en el trámite de establecimiento de nuevos títulos o de revisión o incorporación de nuevas áreas de conocimiento en el procedimiento recogido en el apartado 2, entendemos que quien debe tomar parte es el ámbito natural de representación autonómica, que es el consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde el Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas participan.
La enmienda número 44, referida al artículo 29 apartado 1.b), plantea que en las comisiones nacionales de especialidad, los cuatro vocales de entre los especialistas de reconocido prestigio que forman parte de las mismas sean propuestos por la representación autonómica en la Comisión de Recursos Humanos, puesto que el Ministerio de Sanidad y el de Educación, Cultura y Deporte ya tienen su papel asignado, sin tener ningún papel las comunidades autónomas, salvo el que puedan ejercer a través de la Comisión de Recursos Humanos.
La enmienda número 45 pretende que en el artículo 31, referido al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, tengan representación las comunidades autónomas. En el trámite de ponencia se incluye una nueva letra para la inclusión de dos representantes de las comunidades autónomas designados por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Esta inclusión no nos satisface puesto que los representantes de las comunidades autónomas, sean dos, cuatro, seis o uno, deben ser designados en todo caso en el órgano natural de representación autonómica que, a juicio del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, no es otro que el Consejo Interterritorial de Salud.
Otro grupo de enmiendas es de contenido competencial. Por un lado, pretenden residenciar la competencia a que pudiera hacer referencia el artículo correspondiente, en el ámbito competencial que consideramos procedente y, por otro lado, otra serie de enmiendas tienden a otorgar a las comunidades autónomas el papel que les corresponde en la formación.
En el primer bloque se incluiría, en primer lugar, la enmienda número 36, al artículo 18, que del mismo modo que el senador de Coalición Canaria, Froilán Rodríguez, plantea que los títulos de especialistas en ciencias de la salud sean expedidos por la administración competente, al ser una actuación reglada y ejecutiva competencia de las comunidades autónomas.
La enmienda número 37 al artículo 19, plantea que el reconocimiento profesional de títulos de especialistas obtenidos en Estados extranjeros corresponde a las administraciones educativas competentes, de acuerdo con el estatuto de autonomía del País Vasco y otros estatutos de autonomía, al tratarse también de una competencia ejecutiva que corresponde a las comunidades autónomas. La enmienda número 42 pretende en el apartado dos del artículo 25, referido a las áreas de capacitación específica, que el diploma correspondiente lo expida la administración sanitaria competente.
La enmienda número 43 residencia la acreditación de centros y universidades docentes en las comunidades autónomas, por entender que es competencia de las mismas resolver dichas solicitudes, para no hacer un viaje de ida y vuelta al ministerio, como se plantea en el artículo 27.3.
A su vez, consideramos que la Agencia de Calidad creada en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud no tiene ninguna función, salvo coordinar la acreditación de los servicios para la docencia de posgrado, tal y como se recoge en el artículo 37 de dicha ley de cohesión. Por tanto, sobra la referencia de este artículo a dicha agencia.
El otro grupo de enmiendas al Título II pretenden otorgar a las comunidades autónomas el papel que les corresponde en el ámbito de la formación. Así sucede con las enmiendas al artículo 22, en relación con los programas de formación en las especialidades en ciencias de la salud, puesto que en este ámbito también deben tener su peso las comunidades autónomas. Por tanto, planteamos la posibilidad de que los programas básicos de formación puedan ser complementados por las comunidades autónomas, al objeto de lograr una mejor adecuación a las necesidades y oferta docente en cada comunidad autónoma. El artículo 23 que establece el acceso a la formación especializada, es objeto de enmienda por entender, también, que debe tenerse en cuenta de forma más precisa a las comunidades autónomas. Y así, en el apartado dos de dicho artículo consideramos que las normas que regulen su convocatoria anual se deben establecer por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, pero previo acuerdo con las comunidades autónomas, además de previo informe del Ministerio de Educación. Asimismo, siguiendo el procedimiento establecido en este artículo, las comunidades autónomas podrán realizar convocatorias complementarias cuando sus necesidades y capacidad de formación de especialistas así lo requieran y lo permitan.
El artículo 33 también es enmendado con la pretensión de que los registros de especialistas en formación en ciencias de la salud o con diploma de capacitación específica, así como el de centros acreditados para formación de especialistas, se nutran de los datos proporcionados por los correspondientes registros gestionados por las comunidades autónomas. En definitiva, planteamos un registro centralizado, pero de gestión descentralizada en el ámbito autonómico.
Por otro lado, la enmienda número 35 pretende la supresión del artículo 15, referido al procedimiento de conciertos entre las universidades y los servicios de salud, instituciones y centros sanitarios. Su primer párrafo prácticamente es el mismo que el del artículo 12.3, pero en orden inverso. Y el segundo párrafo, permítame que se lo diga, pretende habilitar al Gobierno para fijar las bases generales de los conciertos y así regular las condiciones de una relación en la que nada tiene que ver la Administración del Estado, entendiendo por ello que es inaceptable.


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La enmienda número 40 plantea la reserva de un 5 por ciento de plazas de la convocatoria anual de acceso a la formación especializada destinado a las personas con discapacidad, con el ánimo de incidir en la necesidad de establecer acciones positivas que avancen en una mayor y mejor integración de las personas con discapacidad a todos los niveles.
El Título III regula el desarrollo profesional y su reconocimiento. El artículo 39 regula el reconocimiento del desarrollo profesional, pero se excede del objeto de la ley al pormenorizar y detallar aspectos en el apartado 1, letras b) y d) al detallar incluso la composición del comité evaluador, así como plantear que el desarrollo profesional repercuta en la carrera profesional; de ahí que presentemos las modificaciones recogidas en dicha enmienda que afectan a los apartados 1, letras b), d) y f), y 2 del artículo 39.
Señorías, entiendo que es excesivo que vaya pormenorizando las enmiendas, pero la ley de ordenación de profesiones sanitarias nos parece muy importante, por lo que considero necesario plantear estos aspectos, al entender que de alguna forma podrían haber sido objeto de introducción mejorando sustancialmente la ley.
El Título IV de la ley regula el ejercicio profesional en el ámbito privado, aplicando a los servicios sanitarios de tal titularidad los criterios que se determinan en esta ley con el fin de garantizar la máxima calidad de las prestaciones sanitarias, sea cual sea la financiación de los mismos.
Estamos de acuerdo, pero hay una laguna importante, y en esta línea el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la enmienda al artículo 47, en el que a través de su redactado plantea añadir a dicho artículo un aspecto importante, que es el que pretende garantizar la máxima calidad de las prestaciones sanitarias mediante el establecimiento de una cobertura de responsabilidad que no genere situaciones de indefensión en las personas atendidas por profesionales sanitarios que ejercen su actividad con carácter privado, así como la cobertura adecuada de posibles riesgos derivados de su ejercicio a los profesionales. La enmienda no pretende más que garantizar una protección al máximo de los intereses de los asegurados y, sobre todo, de los beneficiarios amparados por el seguro, que no son otros que los usuarios de dichos servicios y atendidos por profesionales que ejercen el ámbito de lo privado.
Se ha incluido una enmienda presentada por Convergència i Unió que no satisface ni cumple el objetivo que pretende la nuestra . Entendemos que puede resultar complicado, pero lo cierto es que en estos momentos se están empezando a generar las primeras situaciones de potencial ausencia de seguro para algunos profesionales sanitarios en función de la especialidad que ejerzan.
En la misma línea apunta la enmienda número 52, que plantea la adición de una nueva disposición final, en coherencia con la enmienda al artículo 47, puesto que conllevaría la modificación del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, caso de ser aceptada.
El Título V se refiere a la participación de los profesionales sanitarios en el desarrollo, planificación y ordenación de las profesiones sanitarias, articulándola a través de la comisión consultiva profesional; de ahí que entendamos que el artículo 48, referido precisamente a esta comisión, se limite a indicar que es el órgano de participación de los profesionales sanitarios, sin entrar en más aspectos.
Por otro lado, quisiera advertir que la modificación introducida en el artículo 48 debería conllevar también la modificación en el preámbulo, en la referencia a dicho Título V, en el que debiera suprimirse la participación en la regulación del sistema sanitario de los profesionales sanitarios.
No sé si me equivoco, pero creo que la modificación que se introdujo en el trámite de ponencia y posteriormente la aprobación del dictamen de la comisión conllevaría que tuviéramos que modificar en el preámbulo en el Título V la referencia que se hace a la participación en la regulación del sistema sanitario de los profesionales sanitarios, dado que ha sido suprimido en el artículo 48.
Por último, en relación con la disposición adicional primera, referida a la relación laboral especial de residencia, entendemos que es el Gobierno quien debe regularla, de acuerdo con las normas de la Comunidad Europea que resulten aplicables. En eso estamos de acuerdo, pero consideramos que las precisiones que se incluyen a continuación no deberían figurar, y en la enmienda número 50 pedimos la supresión de dichas precisiones.
Entendemos que la disposición adicional cuarta, sobre efectos retributivos del sistema de desarrollo profesional, no debe figurar, y solicitamos su supresión por considerar que crea derechos y obligaciones adicionales de los que ahora regula el Estatuto de los Trabajadores o la legislación sobre la Función Pública en tanto que ambas prevén el derecho a la cualificación, que fue considerada en la constitución de la relación laboral entre empleador y empleado, acreditada aquélla mediante los títulos académicos y profesionales correspondientes, pero en ningún caso obligan a plasmar de ninguna manera el derecho a la promoción dentro de la vida laboral, en unas condiciones prefijadas y ajenas a la negociación colectiva y, además, impone unas obligaciones que limitan la libertad de empresa y de organización privada. No olvidemos que el contenido es básico para el ámbito público y para el ámbito privado. Es más, consideramos que tras ella subyace el establecimiento de forma obligada de una retribución complementaria recogida en el artículo 43 del Estatuto marco, que no es otro que el complemento de carrera. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Quizá esté equivocada esta portavoz que les habla, pero al menos el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos así lo entiende.
Señorías, quizá se les haya hecho larga mi intervención, pero entendía que la importancia de la ley requería trasladarles a ustedes, pormenorizadamente, los aspectos más importantes que han hecho que este grupo parlamentario plantee estas enmiendas y que, a su vez, en el momento de la votación tenga que abstenerse en algunos artículos de la ley y votar en contra de otros.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Loroño.


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Pasamos a la defensa de las enmiendas números 95, 96, 100, 101, 103, 104 y 112, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor presidente.
Estas son algunas de las enmiendas que quedan vivas de nuestro grupo parlamentario. Son muy pocas, y eso quiere decir que otras muchas fueron aceptadas y que nos encontramos en la hora de la verdad, negro sobre blanco. Es donde se ve lo que los distintos grupos parlamentarios plantean de disconformidad con la ley, junto a la alternativa a esta disconformidad. Como se puede colegir de la defensa que voy a hacer ahora mismo, de forma muy breve, nuestra posición general es la de entender que estamos ante una ley razonablemente buena, siempre mejorable, por supuesto, y que esto explica nuestras enmiendas, las que aún quedan vivas, puesto que muchas de ellas fueron retiradas y otras también lo han sido en favor de enmiendas transaccionales. Por cierto, en estos momentos retiro la enmienda número 96 que, por error, figura aún en la relación de enmiendas de nuestro grupo, cuando ha sufrido una transacción.
Me queda sólo mencionar dos aspectos, y lo haré a través de dos ejemplos.
La ley, lo han dicho otros portavoces, en algunos momentos, aunque ha sido pulida y podada, tiende a invadir competencias de otras administraciones sanitarias, concretamente de las comunidades autónomas.
Insisto, aunque ha sido pulida y podada, aún tiene algún aspecto de este tipo, y el más claro, y por eso mantenemos la enmienda número 95 al artículo 4.7, está en este apartado 7 del artículo 4, donde se detallan con una prolijidad y una exhaustividad a todas luces excesiva una serie de comportamientos y de prescripciones que deberían dejarse a la autoorganización o bien de los centros sanitarios o bien de las administraciones sanitarias autónomas, incluso de las entidades de seguro libre y que contratan médicos por cuenta ajena, en definitiva, de los agentes sanitarios privados, públicos y administraciones sanitarias. Este es un ejemplo muy claro para nosotros de esta tendencia invasiva, en general, de la legislación que produce el Partido Popular. Pero en esta ley podríamos concretarlo en este ejemplo del artículo 4.7, letras a), b), c) y d), que son las que nosotros proponíamos suprimir.
Doy por defendidas las enmiendas números 100 y 103 --no merecen más comentario.
Respecto de la enmienda número 101, que va a sufrir una nueva transaccional, nos alegra ver que finalmente el Grupo Parlamentario Popular ha atendido a parte de nuestras razones y a las de otros grupos.
Hubiese sido aún mejor que se hubiese suprimido todo el artículo 11 o toda la nueva disposición adicional, pero queda sólo el primer punto y es tan genérico y tan angélico --como ya lo eran los otros dos puntos-- que por eso hemos aceptado y hemos firmado la transacción, porque se trata de una propuesta angélica y no vamos a negarle al PP una cierta relación privilegiada con estos entes especiales que se agrupan en nueve grupos, como es bien sabido.
Mantenemos la enmienda número 104, que pretende la supresión del artículo 36.4, porque continuamos pensando que no es acertado delegar en otras corporaciones, incluso de Derecho público, el reconocimiento del ejercicio de estas actividades de formación continuada. Creemos que ésta es una función que debe permanecer en el ámbito de las administraciones públicas y por eso mantenemos esta enmienda.
Finalmente, señor presidente, la enmienda número 112 sí es profunda, es de filosofía de expectativas de futuro. El Partido Popular dice: no va a pasar nada, todo está controlado, todo está bien. Otros decimos: pueden pasar cosas muy preocupantes y muy graves. Me refiero al tema de la financiación. Es cierto que en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad, en la Ley 21/2001 y en el artículo 2.1 de la LOFCA está prevista toda una arquitectura jurídico-legal que, teóricamente, parece asegurar que los nuevos servicios, las nuevas competencias y las nuevas responsabilidades por esta ley o por otras que veremos --como la del estatuto marco de forma aún más significativa-- puedan incidir en el gasto sanitario total español o gasto sanitario de cada una de las comunidades autónomas que ahora tienen transferida la gestión de la sanidad, pero lo cierto es que la asunción de estos nuevos servicios, competencias y responsabilidades pueden generar un gasto imprevisto superior al que había sido contemplado en las tres leyes que he mencionado antes. Y es por eso que nosotros hemos planteado una enmienda en el sentido de asegurar a través...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): senador Espasa, vaya concluyendo.


El señor ESPASA I OLIVER: Termino.
Decía, en el sentido de asegurar a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera que si se producen mayores necesidades haya mayores recursos para subvenir a estas nuevas necesidades en el conjunto del sistema sanitario español.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espasa.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 155 a 164, 167 a 172, 174, 176 a 180 y 183 a 185, todas ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señorías, como decíamos anteriormente, el caminar de este proyecto de ley ha sido bastante satisfactorio, fruto de lo que entendíamos como un buen diálogo a nuestro entender entre los distintos grupos, en cualquier caso entre el Grupo Parlamentario Popular, el ministerio y Convergència i Unió. De ahí que el proyecto de ley haya ido mejorando, haya ido puliendo aspectos sobre todo de carácter competencial --aunque pueden quedar algunos--, ya que entendíamos que el Ministerio de Sanidad y Consumo

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extendía de un modo excesivo sus competencias en esta materia.
El proyecto de ley salió mejorado del Congreso pero requería algunos retoques, por ello en el Senado presentamos 31 enmiendas, de la número 155 a la 185, varias de las cuales, a través de la buena disposición del grupo mayoritario, han sido aprobadas o transaccionadas, algunas entendemos que mejoran el texto y otras mejoran el papel de las comunidades autónomas en distintas partes del articulado.
Concretamente, hemos presentado enmiendas que afectan a los conciertos entre universidades y los servicios de salud --la enmienda número 166, al artículo 15--, a la acreditación de centros y unidades docentes --la enmienda número 171, al artículo 27.3--, al reconocimiento profesional de títulos de especialista obtenidos en el extranjero y el acceso a la formación especializada, recogido en la enmienda número 170.
He de manifestar nuestra satisfacción por que se haya aceptado la enmienda número 181, al artículo 47, relativa a la cobertura de responsabilidad en el ejercicio privado de las profesiones sanitarias, que ahora quedará en el ámbito de las comunidades autónomas.
Asimismo, dentro del conjunto de enmiendas de carácter competencial que, en buena parte han sido aceptadas o transaccionadas, me gustaría citar la enmienda número 163, transaccionada en comisión y que ha tenido una nueva transacción en el Pleno.
De modo particular, quiero extenderme en la enmienda número 164, que se ha transaccionado con los distintos grupos y propone la supresión del artículo 11. El citado artículo, como sus señorías conocen, se transformó íntegramente en la disposición adicional décima pero, gracias a una negociación continua, se ha llegado a una solución que, en nuestra opinión, es satisfactoria en muy buena parte. Así, se han eliminado los puntos 2 y 3 de la citada disposición adicional, de forma que el artículo señala únicamente que las administraciones sanitarias establecerán los requisitos y procedimientos para la selección, nombramiento, contratación y mecanismos de evaluación del personal de dirección de los centros dependientes de las mismas; sin inmiscuirse, por tanto, en otros terrenos que, con el redactado anterior, daban la impresión de un intento de control total y absoluto de la gestión de todos los centros, propios y ajenos.
También nos satisface que se hayan aprobado otras enmiendas; por ejemplo: la número 165; la número 166, de carácter competencial; la número 173 y la número 182, sobre la comisión consultiva profesional.
Finalmente, haré una breve mención a algunas enmiendas que todavía mantenemos vivas y que se refieren a distintos profesionales del sector de la sanidad. Por ejemplo, en la enmienda número 156 proponemos que, mediante la supresión del artículo 3, queden implícitamente incluidos quienes tengan titulación sanitaria de formación profesional, como los protésicos, higienistas dentales, profesionales relacionados con la salud mental, etcétera.
En esta misma línea, también mejoraría el texto la aceptación de las enmiendas números 158 y 159, sobre podólogos y dietistas-nutricionistas.
Proponemos, igualmente, una disposición adicional nueva por la que se incluyan como profesionales sanitarios determinados técnicos superiores o de formación profesional, muy directamente relacionados con el área sanitaria.
Por último, quiero recordar que, a través de las enmiendas números 167, 168, 170 y 171, pedimos una mayor participación de las comunidades autónomas; concretamente, la número 171 propone la necesidad de que las comunidades autónomas elaboren un informe favorable en el caso de la acreditación de los centros y unidades docentes.
Creemos que el proyecto de ley se acercaría aún más a la realidad de las profesiones sanitarias y de las capacidades autonómicas si se aceptasen estas enmiendas; en cualquier caso, la aritmética de los votos lo decidirá dentro de unos minutos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Beguer.
Para la defensa de las enmiendas números 113 a 129, 131 a 142 y 144 a 154, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna en este momento del debate para defender las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Pero antes de llevar a cabo la defensa de las 40 enmiendas que mantenemos vivas de las 42 que presentamos, quisiera hacer unas consideraciones generales que enmarcan nuestra posición respecto de este proyecto de ley.
Somos conscientes de que esta ley era necesaria, era oportuna, porque pretendía y pretende desarrollar el artículo 36 de la Constitución, aunque también pensábamos que el proyecto podía y debía mejorarse sustancialmente buscando el máximo consenso para no desperdiciar una oportunidad que el sector sanitario viene reclamando desde hace tiempo.
Ese fue el espíritu que guió nuestros primeros pasos durante la tramitación en el Congreso de los Diputados, pero nuestra desilusión se produjo ya en ese primer trámite parlamentario, cuando el dictamen de la Comisión no se parecía en nada al proyecto inicial remitido por el Gobierno. Esa modificación tan sustancial ha sido la que ha provocado nuestro veto en el Senado, que ha defendido mi compañero el senador Cristóbal López Carvajal y la que ha motivado que mantengamos vivas estas enmiendas.
No negaremos que el ministerio ha hecho gala de cierta voluntad negociadora, pero tenemos la sensación de que no ha mantenido el mismo esfuerzo negociador con todos los grupos por igual y que ha llegado a compromisos que han imposibilitado un mayor acuerdo. Ninguna de nuestras enmiendas ha sido recogida en su totalidad, y hay profundas discrepancias en una serie de puntos que pensamos son básicos, lo que provoca el descontento, no sólo de nuestro grupo, lo que hasta cierto punto sería lógico, siendo nosotros oposición, sino, lo que es mucho más relevante, la de

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distintos colectivos sanitarios, sindicatos, determinados colegios profesionales, titulados sanitarios de formación profesional y comunidades autónomas, que se han posicionado en mayor o menor medida contra la actual redacción de la ley.
Esos puntos son, entre otros, la cesión de competencias en materia de personal a instancias privadas, como los colegios profesionales, el no clarificar las relaciones entre las distintas profesiones sanitarias, lo que puede provocar conflictos competenciales y funcionales entre los diferentes colectivos, y el no contemplar la creación de un órgano de participación y negociación estatal como garantía de cohesión del sistema en materia de política de personal, sin perjuicio de las mesas que puedan crearse en los diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, es evidente que en este último trámite parlamentario ya no habrá lugar para incorporar modificaciones sustanciales, cosa que lamentamos, porque la actual redacción dejará un mal sabor de boca en todos aquellos colectivos que no ven satisfechos sus aspiraciones, cuestión que reconocemos también complicada.
Pasando a lo que es en sí este turno, es decir, la defensa propiamente de las enmiendas, en primer lugar quiero recordar la retirada de las números 130 y 143 y el mantenimiento del resto.
Sistematizando el debate, hay que decir que presentamos enmiendas a todos los títulos excepto al Título IV. No voy a defenderlas una a una, en primer lugar, porque a estas alturas del debate debe primar la economía procesal y, en segundo lugar, porque las posiciones ya están muy definidas, como ha quedado claro durante la discusión del veto.
Aún así, hay algunas enmiendas que por su importancia o significación no podemos dejar de citar. Empezando por el artículo 2 del Título Preliminar, nuestra enmienda número 113 propone suprimir la expresión: «... y que están organizadas en colegios profesionales oficialmente reconocidos por los poderes públicos.» Lo hacemos, entre otras cosas, para distinguir entre profesión titulada y profesión colegiada, ya que pensamos que la posibilidad de organizarse en colegios profesionales no debe ser una característica en la definición legal de las profesiones sanitarias.
Las enmiendas números 114 y 115 hacen referencia a la inclusión de psicólogos --en este punto hubiéramos transaccionado gustosamente el que se hubiera incluido como especialidad la de psicólogos clínicos en lugar del término genérico de la licenciatura-- y de los diplomados en trabajo social, que actualmente trabajan codo a codo con los médicos y enfermeras tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, en coherencia con la labor que llevan a cabo y porque de alguna manera convierte esa actividad en profesiones, si no sanitarias, sí parasanitarias.
De acuerdo con nuestras propuestas, planteamos las enmiendas números 124 y 125 así como las números 144 y 145.
Las enmiendas números 116, 117 y 118 pretenden en su fondo una mejor vinculación de la regulación del ejercicio de las profesiones sanitarias con todo el marco legal vigente en la actualidad, evitando confusiones y/o disfunciones por solapamientos entre distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Las números 119 a 122, al artículo 5, proponen mejorar determinados aspectos de la relación entre profesionales sanitarios y pacientes y que la Administración sea la referencia de la información a los usuarios de los registros profesionales en lugar de serlo los colegios profesionales.
La enmienda número 126 pretende que sean los conocimientos y la competencia profesional, y no la titulación, los que otorguen la capacidad de dirigir equipos.
Con la enmienda número 127 pretendíamos suprimir el artículo 11 ya que sostenemos que su inclusión es más adecuada en el estatuto marco.
Desaparece como tal artículo 11, pero se mantiene como disposición adicional nueva décima, lo cual no recoge exactamente nuestra posición.
Las enmiendas números 131, 132, 133 y 134 al artículo 23 van encaminadas a perfeccionar los puntos relacionados con el acceso y la accesibilidad a la formación especializada.
Las números 135, 136 y 137 al artículo 31 van en la dirección de dar más peso en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud a la Comisión Nacional de Especialidades y a las comunidades autónomas, y también van dirigidas a evitar la preponderancia de unas sobre otras.
La enmienda número 138 tiene un especial significado ya que propone la inclusión de las organizaciones sindicales y sindicatos profesionales en la comisión de formación continuada. Creemos que es en este ámbito donde es lógica su presencia, y no en otros, ya que abre el abanico de la representatividad en igualdad de condiciones al de otras asociaciones representadas en dicha comisión.
Las enmiendas números 139 y 140 son también muy significativas en el sentido de establecer la obligación de las administraciones públicas de auditar y evaluar periódicamente las actividades y centros de formación continuada, así como la imposibilidad de delegar la acreditación de dichos centros, aunque sí aceptamos que se delegue la gestión.
En las enmiendas números 141 y 142 pretendemos clarificar quiénes son los profesionales sanitarios de la Administración General del Estado, cuáles deben ser los reconocimientos valorables en el desarrollo profesional y dar una mayor claridad en el procedimiento para objetivar los méritos reconociendo la autonomía de las comunidades autónomas y sus servicios de salud en el proceso de evaluación.
Las enmiendas números 146 a 148 pretenden reconducir la representatividad en la comisión consultiva.
La número 149 intenta incorporar la representación sindical a la hora de negociar la regulación contractual del personal en formación, los llamados MIR. Pensamos que todo lo que haga referencia a la regulación contractual y al marco laboral es donde tienen cabida las organizaciones sindicales. En este caso la ley no lo recoge y, por tanto, esta enmienda va encaminada a subsanar este déficit.
Las enmiendas números 150 y 151 quieren abrir la posibilidad de inclusión de determinadas licenciaturas y profesionales como profesiones sanitarias cuando las condiciones

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en que los mismos desarrollen su actividad profesional sean las que recogen las enmiendas citadas, es decir, cuando su trabajo tenga una relación directa con lo que es la salud y las profesiones sanitarias.
Pensando en un ejemplo, podríamos poner el de aquellos diplomados en Exactas especializados en Bioestadística que trabajan en temas de promoción de la salud, en salud pública, etcétera.
La enmienda número 152 clarifica el régimen de sanciones y elimina supuestos ya recogidos actualmente por el ordenamiento jurídico en vigor.
Por último, la número 153 pretende asegurar la homologación de todos nuestros titulados del área sanitaria de formación profesional --reitero, todos-- para evitarles problemas en el seno de la Unión Europea. En estos momentos hay determinados titulados en formación profesional que tienen problemas a la hora de poder conseguir la homologación en determinados países de la Unión Europea. Consideramos que esta ley es un buen lugar para corregir esta problemática.
Nuestra última enmienda es la 154, que creemos que tiene una gran trascendencia para las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, no contemplada en los decretos de transferencias correspondientes, ya que con su actual redacción no se recoge la memoria económica y no se sabe su cuantía. Al respecto, el Consejo de Estado en el dictamen 287/1999, de 18 de febrero, ya llama la atención sobre la necesidad de mayor precisión en las memorias económicas a la hora de determinar la repercusión económico-financiera de todo proyecto normativo cuya efectiva aplicación suponga un incremento de gasto. Es evidente que con la redacción actual el proyecto de ley no cumple con la recomendación del Consejo de Estado en su dictamen y, por tanto, pensamos que si se recogiese esta enmienda, o al menos hubiese la voluntad de transaccionarla para dar satisfacción a esta recomendación del Consejo de Estado, podría mejorarse la redacción de la ley.
No quiero acabar el turno de defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista sin agradecer el talante cordial que ha presidido todas las reuniones de ponencia y comisión para, precisamente en contraposición con el mismo, lamentar que desde el Gobierno no se haya hecho un último esfuerzo en los días que han transcurrido desde la comisión hasta el debate en Pleno; un último esfuerzo que hubiera permitido un consenso más amplio y hubiese contentado, a la vez, a la mayoría de afectados por este proyecto de ley.
De todas formas, senadores Antón, Castell y Espuela, como ponentes del grupo que apoya al Gobierno, gracias por su colaboración, aunque lamento que no haya podido ser más amplia por esos compromisos que en un momento dado han impedido dar un paso adelante en lo que era una mejora palpable de la ley.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Socías.
Corresponde, ahora, un turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Antón Rueda.
El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero, en primer lugar, decir a los señores senadores que la señora ministra, que permaneció con nosotros durante el debate del veto, tuvo que ausentarse para presidir la inauguración de unas conferencias de oftalmología. No es que no tenga interés en seguir este debate, es que le ha sido imposible quedarse.
En representación del Grupo Parlamentario Popular, comienzo este turno para fijar nuestra posición sobre las enmiendas presentadas al proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Previamente, quiero indicar que los senadores ponentes, Castell y Espuela, junto al que les habla, nos hemos dividido el texto del proyecto de ley y, por tanto, vamos a dividir también la contestación a las enmiendas y el tiempo que tenemos para ello.
Rápidamente, voy a responder a las relacionadas con el preámbulo, el título preliminar y el Título I, pero antes quiero anunciar que, amparándonos en el artículo 125 del Reglamento del Senado, hemos presentado cuatro enmiendas --la última acabamos de repartirla entre los portavoces para su firma-- al texto del dictamen que han sido firmadas por todos los grupos.
La primera es de modificación al segundo párrafo del artículo 10.1, que quedaría con la siguiente redacción: «Tales funciones podrán ser despeñadas en función de criterios que acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación.» La segunda enmienda es de adición a la disposición final primera, que tendrá un cuarto punto redactado de la siguiente forma: «4. Lo dispuesto en los apartados anteriores lo será sin perjuicio de lo establecido en el Régimen Foral de Navarra.» La tercera propone la modificación de la disposición adicional décima, en la que se suprimen los apartados segundo y tercero. Y la cuarta, que acabamos de entregar a los portavoces para su firma, es de supresión de un párrafo del preámbulo para hacerlo coherente con el artículo 48.1, en el cual se había suprimido en ponencia una frase que dice: «... y en la regulación del sistema sanitario»; con esta enmienda se suprime en el preámbulo y se hacen coherentes ambos textos.
Entrando en materia, hemos de decir que el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias es, como he dicho antes, un texto legal necesario que viene a cubrir un importante hueco legislativo. Para ir más deprisa, señores senadores, no voy a citar las enmiendas que no vamos a aceptar, aunque sí les anuncio que nuestra posición será la de aceptar el dictamen tal como está, con la inclusión de estas cuatro enmiendas transaccionales que presentamos. Por tanto, sólo plantearé nuestra posición sobre los diversos temas en los que inciden estas enmiendas que siguen vivas.
Este proyecto de ley ha sido redactado mediante la aportación de muchas personas e instituciones. Se trata de un texto legal muy trabajado que no se escora hacia ningún lado, y en este sentido hay alguna enmienda que no se puede aceptar. La ordenación de las profesiones que se plantea se hace con pleno respeto a la legalidad y dejando abierto el camino para la integración posterior de otras profesiones del área sanitaria. Y aquí hay otras enmiendas

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del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista que tampoco se admiten.
En el establecimiento de procedimientos para expedir acreditaciones que habiliten para el ejercicio profesional, señorías, es el Ministerio de Sanidad quien tiene la competencia. Por ello también hay enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que no se admiten. Las funciones propias de las profesiones no pueden ampliarse de manera arbitraria, como solicitan el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista; por el contrario, tenemos que ir homogeneizándolas según las directivas comunitarias.
Los principios generales que deben presidir el ejercicio profesional deben quedar definidos en la LOPS, y precisamente por ser sólo principios generales, no invaden competencias autonómicas. También es necesario que se expliciten en esta ley las relaciones interprofesionales. Bajo estos criterios tampoco podemos aceptar algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo Parlamentario Socialista. Alguna mejora en la relación médico-enfermo se traduce logrará con los registros públicos de profesionales. Este tema está tratado con un cuidado exquisito, motivo por el que no cabe realizar modificación alguna.
La ley debe enunciar los principios en los que deben basarse las funciones de la gestión clínica, ya que son parte esencial del ejercicio profesional en las organizaciones sanitarias, y por ello tampoco podemos aceptar las enmiendas que pretenden suprimir el artículo 10.
Las directrices básicas sobre dirección y gestión de centros sanitarios, al no cumplir los criterios de lo que puede considerarse ejercicio profesional sanitario, fueron retiradas del Título I y trasladadas a la disposición adicional décima. Hoy con una de las enmiendas transaccionales reducimos este texto. Por último, el proyecto de ley pretende dar un gran impulso a la investigación y a la docencia, definiendo sus principios básicos, que en ningún momento invaden competencias autonómicas.
Señor presidente, con toda brevedad diré que éste es nuestro posicionamiento en cuanto a las enmiendas referidas a los 12 primeros artículos del proyecto de ley. Dejo ahora la tribuna a mis compañeros ponentes para que continúen la exposición.
Por mi parte nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Antón Rueda.
Tiene la palabra el senador Castell.


El señor CASTELL CAMPESINO: Señor presidente, señorías, me corresponde la defensa del Título II del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias que, a su vez, se divide en cuatro capítulos. El Capítulo I hace referencia a los principios rectores de la formación. Tan sólo se presentó una enmienda a este artículo 13 por el BNG, enmienda que no es aceptada por estar ya recogida en el proyecto su propuesta.
El Capítulo II, que comprende los artículos 14 y 15, regula la formación pregraduada. Se mantienen cuatro enmiendas vivas a este capítulo, dos del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, una de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y una del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió retira dos enmiendas al haber sido éstas aceptadas. Pues bien, rechazamos todas las enmiendas que se mantienen vivas porque entendemos que no hay injerencias con las comunidades autónomas, porque creemos firmemente en la autonomía universitaria y porque consideramos que el número de alumnos admitidos a la formación debe responder siempre a las necesidades de los profesionales sanitarios y a la capacidad existente para la formación de los mismos.
El Capítulo III, que se dedica a la formación especializada en ciencias de la salud, es decir, a la formación posgrado, engloba los artículos 16 a 33, ambos inclusive. A este capítulo se mantienen vivas 34 enmiendas.
Me voy a centrar en los tres artículos a los que se refieren la mayor parte de las mismas.
Al artículo 19, que se refiere al reconocimiento profesional de títulos de especialistas obtenidos en Estados extranjeros, la enmienda número 167, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, no vamos a aceptarla; no procede la adición de «previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud», puesto que una de las competencias o funciones generales de dicha comisión es la de elevar los informes que solicita la enmienda.
En cuanto a la enmienda número 168, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, le tengo que contestar que la tramitación y competencias corresponden al Ministerio de Sanidad y Consumo, según la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
En cuanto a la enmienda número 14, del Bloque Nacionalista Galego, no procede la adición, puesto que entiendo que el título de especialista no es privativo de una única profesión.
A la enmienda número 37, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tengo que decir que en este artículo no se fija la competencia, por lo que vamos a rechazarla.
Al artículo número 23, que hace referencia al acceso a la formación especializada, se mantienen diez enmiendas. Es curioso que no se presente ninguna al punto primero, que dice textualmente: «El acceso a la formación sanitaria especializada se efectuará a través de una convocatoria anual de carácter nacional.» Sin embargo, en la enmienda número 41, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, piden que puedan determinar las comunidades autónomas algunas convocatorias complementarias.
Las enmiendas números 15 y 39, del Bloque Nacionalista Galego y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, respectivamente, pretenden sustituir «Ministerio de Sanidad y Consumo» por «Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud» y «Comisión de

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Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud» por «Comunidades Autónomas». No se aceptan por tratarse de un tema competencial.
La enmienda número 40, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la número 132, del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 169, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tratan de la reserva en las pruebas de acceso de un 5 por ciento para minusvalías iguales o superiores al 33 por ciento. Saben perfectamente, señorías, que no puede recogerse, porque en este tipo de pruebas no se reservan plazas; estos procesos lo único que hacen es ordenar a los aspirantes para que, posteriormente, elijan plaza. Dichas reservas de puestos sí se contemplan, por ley, en las oposiciones a plazas en propiedad, en traslados y en otros sistemas de acceso a puestos de trabajo.
Las enmiendas números 131, 132 y 133, del Grupo Parlamentario Socialista, se rechazan por entender que el texto contempla una prueba mucho más completa que la propuesta en la enmienda, y porque en uno de los artículos se prevé ya la adjudicación de plazas en orden decreciente a la nota obtenida.
Lo que propone la enmienda número 170, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se opone al punto primero, sobre quién organiza las pruebas de acceso; por tanto, se rechaza.
Al artículo 31, que se refiere al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, se mantienen cuatro enmiendas: una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y tres del Grupo Parlamentario Socialista. Las cuatro hacen referencia a la representación de las comunidades autónomas en el consejo. Se admitió, como bien ha dicho el senador del Grupo de Entesa Catalana, la número 102, y se intentó transaccionar, pero no satisfizo los deseos de ambas formaciones.
En la enmienda número 135 el Grupo Parlamentario Socialista hace referencia a la representación sindical, y entiendo que ha sido suficientemente justificada y rebatida por el senador Antón en su explicación de rechazo al veto.
La enmienda número 137 se refiere a la no ponderación del voto de los miembros del consejo, y quien le habla entiende que no es posible que en un consejo pese exactamente lo mismo el voto de quien representa a un número equis de profesionales que el que representa a un número veinte equis de profesionales. Entendemos que en esa situación la ponderación es perfectamente asimilable con la ecuanimidad.
El Capítulo IV consta de cuatro artículos, números 34 a 37, con nueve enmiendas vivas. Este capítulo hace referencia a la formación continuada.
Es la primera vez, señorías, que se regula el derecho y la obligación de los profesionales sanitarios a la formación continuada. También lo es que se recoja como mérito exigible dentro de la carrera profesional, que a continuación tratará el senador Espuela.
El artículo 35, que hace referencia a la Comisión de Formación Continuada, tiene tres enmiendas, que se refieren las tres al punto dos, referido a la composición de la comisión. Piden todas ellas que haya mayoría de las administraciones públicas, y este senador y mi grupo las rechazamos porque la propia norma reglamentaria ya prevé que exista esa mayoría.
Las enmiendas números 103 y 138, de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista, respectivamente, proponen incluir en la comisión las organizaciones sindicales. Se rechazan porque en esta comisión sólo se van a tratar aspectos profesionales, no laborales.
El artículo 36 hace referencia a la acreditación de centros, actividades y profesionales, y se mantienen al mismo cinco enmiendas: la número 17, del BNG; la 74, del Grupo de Coalición Canaria; la 140, del Grupo Socialista, y la 104, del Grupo Entesa Catalana de Progrès. Todas ellas aluden al apartado 4 del artículo. Se trata de la posible delegación de las funciones de gestión y acreditación de la formación continuada.
La enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Mixto, pide que las sociedades científicas profesionales también puedan tener gestión, pero, al no ser de derecho público, no se puede delegar. Respecto a la enmienda número 140, del Grupo Parlamentario Socialista, y la número 104, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tengo que decirles que es competencia de toda administración sanitaria delegar o no las funciones. Finalmente, la enmienda número179, del Grupo Parlamentario Socialista, entendemos que no mejora el texto, por lo que es rechazada.
Señor presidente, señorías, no puedo por menos que terminar agradeciendo el talante de todos los ponentes de esta ley y, cómo no, a los representantes del ministerio, también a la ministra, que nos ha honrado con su presencia en la primera parte de este debate, y dar las gracias por todas las aportaciones, tanto las realizadas en el Congreso de los Diputados como en el Senado.
Señorías, tenemos una necesaria y buena ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Castell.
Tiene la palabra el senador Espuela.


El señor ESPUELA ORGAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, siguiendo con el espíritu de síntesis que parece que mantenemos para responder a las enmiendas que ustedes han defendido, voy a referirme a la parte final de la ley.
En el artículo 38, del Título III, sobre el desarrollo profesional y su reconocimiento, se habla de normas generales sobre todo en cuanto a la aplicación del desarrollo profesional, que la ley quiere que sea para todos los profesionales que ejercen en el ámbito del Estado.
Este espíritu creemos que se vulnera, si no entendemos mal, con la enmienda número 76, del Grupo de Coalición Canaria, que pretende ceñirlo solo al sector público, lo que, en principio, no aceptamos.
Tampoco aceptamos la enmienda número 141, del Grupo Parlamentario Socialista, a este mismo artículo, que modificando el primer apartado pretende especificar algo sobre los profesionales que nosotros entendemos que

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sobra porque la ley lo da por aclarado a lo largo de su articulado.
Al artículo 38 corresponde el núcleo del desarrollo profesional y, por tanto, es el artículo que más enmiendas soporta, como es lógico, puesto que, como he dicho, es la parte fundamental.
En primer lugar, hay dos enmiendas a la totalidad.
La enmienda número 142, del Grupo Parlamentario Socialista, al artículo 39, en nuestra opinión tiene un redactado ordenado de manera especial, distinta a la nuestra, pero no creemos que estas diferencias justifiquen la alteración del texto original de la ley.
Otra enmienda de totalidad pero en un sentido absolutamente diferente es la que presenta el Grupo de Convergència i Unió, que prácticamente deja este artículo reducido a su mínima expresión, sólo dejándolo abierto a que este desarrollo salga al arbitrio de las diferentes administraciones, que no digo que lo vayan a hacer mal, aunque tampoco creo que el hecho de que se especifique como se ha hecho sea algo malo.
El resto de las enmiendas a este artículo, que no las voy a enumerar para economizar tiempo, introducen modificaciones, todas razonables, puntuales, con las que se puede estar de acuerdo o no --evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo--, algunas nos parecen irrelevantes, otras son incongruentes entre sí y, curiosamente, muchas guardan aspectos contradictorias entre sí, de tal manera que si, hipotéticamente, aceptáramos alguna, al mismo tiempo iríamos en contra de otra. Pero bien, no tiene más importancia.
El artículo 40, sobre la necesidad de homologación del reconocimiento del desarrollo profesional, que es algo obvio y naturalmente necesario, solo soporta la enmienda número 177, del Grupo de Convergència i Unió, que pide suprimir una parte del párrafo donde nosotros concretamos una serie de cosas que creo que no hacen ningún daño, aunque probablemente si se suprime tampoco. Pero, como digo, concretarlo tampoco supone absolutamente nada malo.
Al Título IV, sobre el ejercicio privado de las profesiones sanitarias, se han presentado varias enmiendas a los diferentes artículos, pero creo que éste es un título que ha sido bastante consensuado. De hecho, tanto en ponencia como en comisión se han introducido bastantes modificaciones, que, a nuestro modo de entender, son suficientes. Aunque todas las enmiendas que quedan vivas a este título presentan opiniones perfectamente razonables, incluso algunas las podemos suscribir, tampoco creemos que sea un título que se deba modificar más. Creo que ha sido suficientemente consensuado y, tal y como queda, incluso en referencia a la responsabilidad civil, que soporta enmiendas muy específicas, sobre todo, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, entiendo que queda suficientemente claro.
La enmienda número 84, de Coalición Canaria, es curiosa. Pide suprimir por completo el Título V, que, evidentemente, podría ser suprimido, estoy de acuerdo, si bien tampoco creo que sobre. Ellos se basan en que la reciente Ley de Cohesión y Calidad establece en su desarrollo que este tema se desarrollaría mediante un reglamento posterior. Estamos de acuerdo, pero el hecho de que se introduzca ahora con rango de ley no me parece malo y aunque lo otro tampoco me parece mal, lo primero me parece algo mejor. Por eso no suprimimos este Título V.
El artículo 48 se refiere, como ustedes saben, a la Comisión Consultiva Profesional. Se han aceptado en los trámites de ponencia y comisión unas modificaciones que recogen las pretensiones de muchas de las enmiendas que se han presentado a este artículo, pero curiosamente, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene la 49 y yo no lo entiendo muy bien porque concretamente con esas enmiendas que se han aceptado se excluye aquello que parece que a todos les hacía daño, que era introducir que a través de esa comisión consultiva se pudiera regular el sistema sanitario pues provocaba ciertos recelos; eso se ha excluido del articulado, pero el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos mantiene esa enmienda que precisamente pide esto. A lo mejor yo no lo entiendo bien pero a mí no me parece que se deba mantener.
El artículo 49 trata de la composición y adscripción de la comisión consultiva. Es lógico que haya muchas enmiendas en relación a lo mismo porque cada uno pretende, quiere u opina que la composición que ellos deciden es la mejor; habría tantas composiciones de esta comisión consultiva como grupos hay en la Cámara; hay siete, pues siete formas, y si hubiera doce seguro que habría doce. Obviamente también entre ellas se discrepa. Para nosotros, tal como está, es suficiente garantía de representación de todos los profesionales y como tampoco ha habido un acuerdo unánime entre todas las enmiendas para fijar un modelo determinado, se deja como está.
Paso a hablar sobre las disposiciones adicionales. La adicional primera regula la relación laboral especial de los residentes, que soporta la enmienda 50 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Ellos opinan que en el punto 2 no hay por qué especificar ciertas concreciones laborales, y probablemente llevan razón pero también lo he dicho antes en otra enmienda, tampoco es malo el que se concrete, entre otras cosas, porque queda muy abierto; no es una concreción rígida y excluyente, por tanto, tampoco hace daño a nadie.
La adicional cuarta, sobre los efectos retributivos de esta ley, quiere ser suprimida por la enmienda 51 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero es necesario hacer alguna referencia al tema de la financiación, es una cláusula de seguridad. Unas enmiendas nos dicen que nos pasamos y otras dicen que no llegamos, pero es necesario esta referencia. Por ejemplo, Coalición Canaria, en su enmienda 85 --al contrario que los senadores nacionalistas vascos, que hablan de suprimir-- opina que nos quedamos muy cortos, que hay que especificar más. Son opiniones. El término medio en el que nosotros nos hemos quedado es suficiente y la disposición adicional segunda asegura suficientemente la financiación de las posibles consecuencias retributivas de esta ley.
La adicional séptima aclara o matiza lo que se entiende por profesional sanitario. Yo no voy a entrar en este debate.


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Se ha hablado mucho sobre los técnicos, los psicólogos; si son profesiones o profesionales. Ha quedado claro, desde luego son conceptos que son diferentes de unos a otros, pero lo fundamental no varía. Todos estos profesionales van a poder ejercer su trabajo en las distintas instituciones sanitarias y cuando lo ejerzan, ¿van a ser profesionales sanitarios? Para considerar o no profesión sanitaria se han explicado las razones, pero probablemente hay otras en contra. Considero que el espíritu de esta ley tampoco va dirigido a definir de forma tan clara este tipo de cosas.
Se proponen nuevas adicionales, por ejemplo, en la enmienda 27 del Bloque Nacionalista Galego, sobre la colegiación obligatoria o no. Yo no creo que esto sea objeto de esta ley ni que por muchas interpretación que se haga, uno pueda deducir ya claramente que aquí se dice que es la colegiación obligatoria. Eso sería mucho suponer, por tanto no se acepta.
Las enmiendas 87 de Coalición Canaria y 184 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió hablan también del tema de la financiación y no voy a repetir los argumentos que he dicho antes.
La 88, también de Coalición Canaria, propone homologar provisionalmente los títulos de especialistas extranjeros, y lo argumenta en base a posibilidades de urgencia de necesidades, y estamos de acuerdo; los que hemos tenido responsabilidades en este campo sabemos que a veces se necesitan mecanismos ágiles que permitan poder contratar gente, pero indudablemente homologar o aceptar provisionalmente sin ver bien los requisitos de ese profesional, y más en el tema sanitario, conlleva un peligro lógico y evidente de meter la pata, y en un área como ésta es grave. Por tanto, por una prudencia elemental no se aconseja esta homologación provisional de títulos extranjeros.
La 183 de Convergència i Unió va en la línea de la 86 anterior que he mencionado y que voy a saltar.
En cuanto a las disposiciones transitorias, la segunda que alude a la implantación del sistema de desarrollo profesional, quiere ser modificada ampliamente por la 89 de Coalición Canaria. Creemos que ellos no han tenido en cuenta las modificaciones que han introducido en el Congreso y que ha motivado un poquito el redactado de esta disposición. Por tanto, no entendemos muy bien por qué se mantiene esta disposición.
La 185, del Grupo de Convergència i Unió, pide suprimir precisamente esta transitoria. Coalición Canaria la extiende, Convergència i Unió la suprime. Argumentan que es en coherencia con su enmienda 171, pues el artículo quedaba reducido a la mínima expresión, pero por esa misma coherencia nosotros la rechazamos.
La enmienda 26 del Bloque Nacionalista Galego pide una nueva transitoria sobre el carácter de la profesión de psicología. Al respecto les remito a los argumentos que he dicho antes.
En cuanto a las disposiciones finales --y voy acabando--, Entesa quiere con su enmienda 112 a la disposición final segunda que el Gobierno dote presupuestariamente esta ley. He oído atentamente al senador Espasa y estoy de acuerdo con él. Esa es una cuestión filosófica. El pretende que esto quede asegurado. Argumenta, por ejemplo, que de pronto hay necesidades nuevas, que de pronto surgen cosas y que todo esto tiene que quedar asegurado. Yo le diría que participo de sus mismos temores, pero hay que confiar en que tal como están las disposiciones financieras son suficientes. En cualquier caso, históricamente en sanidad ha sucedido que cuando viene una nueva prestación que hay que incorporar y que no estaba prevista en el ordenamiento anterior nunca ha habido problemas de financiación para atender esa demanda asistencial por muy novedosa y última que haya sido. Tampoco va a pasar ahora. Si surgen nuevas necesidades tenga por seguro que el Gobierno que esté, da igual, va a atender económicamente esas nuevas necesidades por mucho que no se hubieran incluido ni en esta ley ni en ninguna otra.
Para terminar los senadores nacionalistas vascos proponen en su enmienda 52 una nueva disposición final sobre la cobertura de la responsabilidad civil, que es lo que he dicho antes. Participo de todos sus temores y espero que no se cumplan. Con esa transaccional que se hizo se dejaba abierto a las administraciones que ellas pusieran las condiciones para ese aseguramiento; y espero que con eso los temores del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no se cumplan.
Gracias, señorías y perdón por el tostón.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Espuela.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador don Froilán Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para fijar nuestra posición, aunque ya ha quedado clara en la defensa de las enmiendas. Tenemos que decir, lo mismo que otras veces hemos criticado el proceso de discusión y de negociación de las enmiendas, que ha habido un proceso de consenso, de diálogo, con lo cual queremos hacer patente nuestro agradecimiento y felicitación, si se puede decir de esta manera, al grupo que sustenta al Gobierno, al Grupo Popular y al mnisterio por la sensibilidad que han tenido para recoger muchas de las enmiendas no sólo de este grupo, sino del resto de los grupos. Por lo tanto, quede patente eso en primer lugar.
En segundo y último lugar, quiero ratificar --como ya dijimos en comisión-- que vamos a dar nuestro apoyo a la globalidad de este proyecto de ley, al margen, por supuesto, de apoyar nuestras enmiendas y varias de las que presentan los distintos grupos a esta ley porque van en la línea de las que nosotros hemos defendido.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Froilán Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la señora Loroño.


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La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente, porque no sería correcto por mi parte no hacerlo en este turno, quiero agradecer la actitud de diálogo y los esfuerzos que ha realizado el Ministerio de Sanidad y, en particular, los interlocutores con los cuales hemos tenido ocasión de tratar para buscar acuerdos y lograr puntos de encuentro y, cómo no, a los ponentes del Grupo Parlamentario Popular, el senador Antón, el senador Castell y el senador Espuela, porque también han colaborado en esa actitud mostrada por el ministerio con el resto de los grupos parlamentarios en esa búsqueda de acuerdos.
También quiero hacer extensivo el agradecimiento al resto de los ponentes de otros grupos parlamentarios porque creo que entre todos hemos conseguido introducir algunas mejoras en este proyecto de ley, cuyo debate concluimos ahora tras la votación.
Asimismo, hago extensivo dicho agradecimiento al letrado de la Comisión y a los servicios de la Cámara.
La verdad es que es de agradecer lo que nos han transmitido porque creo que, por primera vez, las enmiendas que presentan los grupos de la oposición tienen validez, ya que en cierto modo los argumentos que se han dado para rechazarlas denotan que, de alguna forma, pedimos cosas contradictorias mientras que lo que plantea la ley es un punto intermedio entre todas.
No obstante, quisiera recordarles una cuestión, y es que hay un punto en el que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara nos hemos puesto de acuerdo, al menos los de la oposición, desde el Grupo Parlamentario Mixto hasta el Grupo Parlamentario Socialista, que es la supresión del artículo 11 de esta ley. Por tanto, creo que eso algo quiere decir, independientemente de lo que nos ha transmitido el senador Espuela en su intervención.
La verdad es que hemos hecho lo que hemos podido y creo que todos hemos conseguido llevar a cabo la tramitación de una ley que es difícil y compleja.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senadora Loroño.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Intervengo únicamente para manifestar resumidamente nuestra satisfacción por los resultados obtenidos a través de transaccionales, algunas duramente debatidas. Evidentemente estos resultados no serán los idóneos para nuestro grupo, pero sí lo suficientemente satisfactorios para que votemos favorablemente el proyecto de ley en su totalidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Socías.
El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el senador Antón decía que el proyecto no está escorado, pero nosotros, quizás porque nada es verdad ni es mentira y todo es según el color del cristal con que se mira, sí que pensamos que hay cierto escoramiento hacia posicionamientos de la organización médica colegial, sobre todo porque la ley obliga a la colegiación al declarar las profesiones sanitarias como colegiadas. Asimismo, el ministerio, en las reuniones que mantuvimos para intentar llegar a acuerdos, veía en nuestro posicionamiento cierto escoramiento hacia posicionamientos sindicales.
Probablemente estas visiones diferentes respondan a los distintos posicionamientos, tanto en el arco parlamentario como en la sociedad de nuestros grupos respectivos, y esta distinta ubicación es buena a la hora de discernir la distancia entre una acción conservadora y una acción progresista.
No obstante, pensamos que si existen ámbitos donde es obligado llegar al máximo grado de consenso es en aquellos que tienen incidencia directa en el bienestar social de la población, como son la educación y la salud.
Ahí nos van a encontrar siempre con un apoyo crítico, ya que nuestra pretensión --evidente, por otro lado-- es ir siempre un poco más allá.
Así pues, mantenemos nuestro posicionamiento crítico respecto a aquellos artículos que pensamos que se hubiesen podido mejorar pero, sin entrar en contradicción con los motivos que han impulsado el veto, mantendremos un espíritu constructivo votando favorablemente aquellos aspectos del proyecto que mejoran la actual situación.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Socías.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Antón Rueda.


El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos un Pleno muy denso, vamos muy mal de tiempo y, por lo tanto, no voy a insistir.
Este proyecto de ley va destinado a mejorar la calidad global de nuestra sanidad, a incrementar el compromiso de los profesionales y a motivarles en la realización de su trabajo diario. Para ello la ley ordena las profesiones sanitarias, redefine las necesidades de formación y marca directrices para evaluar el cumplimiento, estableciendo así la carrera profesional. ¿Les parece poco? ¿Les parece mal? Yo creo que no, yo creo que es mucho y muy bueno.
Lógicamente, vamos a votar a favor del dictamen con la introducción de las cuatro enmiendas presentadas, y les pido que, en un ejercicio de responsabilidad política, de la que no dudo, hagan ustedes lo mismo.
Señorías, esta ley, junto con la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, la de Cohesión y Calidad y el proyecto del Estatuto marco forman el conjunto de las grandes normas sobre las que se asienta la legislación sanitaria

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que la ministra, Ana Pastor, y su equipo han modelado en este último año, un bloque legislativo de enorme importancia y solidez. Es difícil encontrar parangón a una gestión tan corta y tan fructífera, por ello creo que es de justicia resaltar esta circunstancia y agradecer el esfuerzo político realizado en estos últimos meses por el Ministerio de Sanidad y por su titular, para que esta ley sea, en palabras de la ministra, una ley de los profesionales para los profesionales.
Mi sincero reconocimiento para todos los portavoces de los grupos parlamentarios que, como siempre, han tenido una actitud integradora y, cómo no, al letrado de la comisión; mi agradecimiento a todos. Espero que esta futura ley, con el apoyo de todos ustedes, sea un instrumento que ayude a mejorar la calidad de nuestra sanidad y de nuestras profesiones sanitarias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Antón Rueda. Finalizado el debate, pasamos a la votación. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas al proyecto de ley de ordenación de profesiones sanitarias.
En primer lugar, las enmiendas presentadas por el senador señor Quintana.
Enmienda número 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, ocho; en contra, 123; abstenciones, 53

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 16, del mismo senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 17; en contra, 123; abstenciones, 47.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 15 y 27 del senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, nueve; en contra, 123; abstenciones, 55.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1, 3, 5, 10, 12, 14, 19, 20 y 22, del mismo senador.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, siete; en contra, 122; abstenciones, 59.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 2, 4, 6 a 9, 13, 17, 18, 21, 23 a 26, del senador señor Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, dos; en contra, 123; abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar, votamos la enmienda número 87.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 16; en contra, 124; abstenciones, 48.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del mismo grupo parlamentario números 56, 66, 68, 76, 84 y 89.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, cinco; en contra, 123; abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, nueve; en contra, 123; abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la enmienda número 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, nueve; en contra, 123; abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 52, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, seis; en contra, 122; abstenciones, 60.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 15; en contra, 124; abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda 95.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 52; en contra, 123; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 100, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 49; en contra, 123; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 104 de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 53; en contra, 123; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 56; en contra, 122; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 155, 156 y 163.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 12; en contra, 123; abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 180 y 185, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, 16; en contra, 122; abstenciones, 48.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 157 a 162, 164,179 y 183.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 17; en contra, 123; abstenciones, 48.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 167 a 172, 174, 176 a 178 y 184, también de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 21; en contra, 122; abstenciones, 44.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, señorías, a continuación, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 123.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 60; en contra, 123; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 128, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 61; en contra, 124; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 129.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 59; en contra, 123; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 132 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 61; en contra, 123; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 136, 147 y 154, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 63; en contra, 123; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 113, 127,134, 135, 138 y 139.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 56; en contra, 123; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 116, 117, 122 y 148, también del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 52; en contra, 123; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 114, 115, 118, 131, 133, 137, 141, 150, 151 y 153, del mismo Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 53; en contra, 123; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 119 a 121, 124 a 126, 140, 142, 144 a 146, 149 y 152 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 49; en contra, 122; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señorías, votamos, a continuación, las propuestas de modificación del dictamen cada una por separado. La primera, con número de registro 59426 referida al artículo 10.1, segundo párrafo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 178; en contra, uno; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Otro documento con número de registro 59444, referida a la disposición final primera, número cuatro, que es nuevo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 188. (Aplausos.) El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Propuesta de modificación con entrada de número de registro 59526, referida a la disposición adicional décima, que es nueva.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 180; en contra, seis; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la propuesta con número de registro 59561, referida al preámbulo de la ley, apartado III, último párrafo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 188. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, el dictamen: artículo 10; 14, apartado 2; 15; 18, apartado 1; 19; 22, apartado 2; 23 apartado 2; 25, apartado 2; 33, apartado 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 179; en contra, seis; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos por separado el artículo 23, número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 181; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos, a continuación, el artículo 29 apartado 1.b), artículo 31 apartado 1.e), 47 y 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 132; en contra, 50; abstenciones, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos a continuación el artículo 1, 8, 13, 14 --el resto--, 16, 17, 18 --el resto--, 20, 21, 22 --el resto--, 23 --el resto--, 24, 25 --el resto--, 26, 32, 33 --el resto--, 37, 40 a 46, 50 y 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 186; en contra, uno.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 2, apartados 1 y 4: artículo 5, apartado 2; artículo 12, apartado 3; artículo 27, apartados 2 y 3; artículo 39, apartados 1.b), 1.d) y 1.f), y apartado 2.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 135; en contra, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos la disposición adicional primera, apartado 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 132; en contra, 49; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la disposición adicional cuarta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 183; en contra, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la disposición adicional décima, que es nueva.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 182; en contra, cuatro; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Disposiciones adicionales segunda, tercera, quinta y sexta; disposiciones transitorias primera a quinta y sexta, nueva; disposición final primera y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 188.
.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 136; en contra, 50; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE REGIMEN ECONOMICO Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS PUERTOS DE INTERES GENERAL (S. 621/000143) (C. D. 121/000141), El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Infraestruturas en relación con el proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, el senador Burgos. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia)

El señor BURGOS BETETA: Señor presidente, señorías, en nombre de la Comisión de Infraestructuras que me honro en presidir, presento ante el Pleno de la cámara el proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, cuyo dictamen ha sido aprobado por la mencionada comisión en su sesión del pasado día 21.
Esta ley pretende dotar a los referidos puertos de un marco jurídico sólido en el ámbito del régimen económico financiero y tributario y, a la vez, profundizar en la regulación del régimen de prestación de servicios y del dominio público portuario partiendo del modelo vigente en la actualidad. Su objetivo es mejorar la competitividad de los puertos españoles en un conocido contexto del sector del transporte internacional globalizado, abierto y liberalizado, tal y como se señala en la exposición de motivos.
La ley se articula en una exposición de motivos, cuatro títulos, 132 artículos, 19 disposiciones adicionales, 14 transitorias, una derogatoria y seis finales.
Es una ley importante y extensa. La regulación de los distintos aspectos que afectan a este sector es ampliamente tratada en el texto legal. Una prueba material de la importancia que todos concedemos a la ley es la amplitud del trabajo de los grupos parlamentarios en su tramitación: se presentaron un total de seis propuestas de veto y 656 enmiendas al articulado.
El proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 20 de septiembre.
El plazo de presentación de enmiendas ampliado expiró el 8 de octubre. La ponencia designada por la Comisión de Infraestructuras estuvo formada por los senadores señor Fajarnés, señor Ayllón, señor Beguer, señor Bonet, señor Cabrero, señor Cacharro, señora Etxegoyen, señor Oria y señor Rodríguez Díaz. A todos ellos hay que reconocer tanto el trabajo realizado como el tono en el que se desarrollaron los debates en ponencia y comisión.
El informe de la ponencia fue emitido el 13 de octubre. En el mismo la ponencia aceptó por mayoría las enmiendas números 622 a 649 y 651 a 656 del Grupo Parlamentario Popular y las números 70 y 71 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La Comisión de Infraestructuras dictaminó el proyecto de ley en su reunión del 21 de octubre. En el debate en comisión se aprobó la enmienda número 81 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, además de 11 enmiendas transaccionales. Asimismo, la comisión introdujo diversas correcciones terminológicas y gramaticales que afectan al anexo del proyecto de ley y a diversos artículos de la misma.


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Finalizo, señor presidente. Este es el último proyecto de ley que tramitará la Comisión de Infraestructuras en esta legislatura y quiero resaltar el trabajo de todos los senadores que la componen no sólo en este proyecto de ley que nos ocupa, sino a lo largo de la misma.
Con el proyecto que hoy traemos al Pleno esta comisión ha tramitado cuatro proyectos de ley sólo en el presente período de sesiones, que comenzó en el mes de septiembre. Este trabajo hubiera sido imposible sin el concurso del letrado de la comisión, así como los diversos servicios de la Cámara, a los que hago extensivo en nombre de todos los senadores nuestro agradecimiento.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Burgos.
Se han presentado cinco propuestas de veto que vamos a debatir a continuación.
En primer lugar, propuesta de veto número 1, presentada por los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto (El señor Quintana González hace signos afirmativos.) Entiendo, senador Quintana, que la da por defendida (El señor Quintana González hace signos afirmativos.) Debatimos ahora la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada originariamente por el senador Quintana. Tiene su señoría la palabra.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor presidente.
Los puertos son infraestructuras estratégicas tanto para el funcionamiento del transporte marítimo como para el desarrollo económico de las zonas donde se asientan. Precisamente debido a ese carácter estratégico se ha considerado históricamente que la gestión portuaria constituye un servicio público, del que son titulares y responsables directos los poderes públicos como garantía de equilibrio entre el interés general y la vertiente comercial de los servicios portuarios.
La evolución reciente de la legislación en materia de régimen de los servicios portuarios se ha caracterizado por favorecer la liberalización portuaria, que no es más que relajar las facultades de los poderes públicos en estas infraestructuras estratégicas a favor del sector privado y, en concreto, de unos pocos operadores privados.
La Ley de Puertos de 1992 fue el primer instrumento para invertir esa concepción y favorecer una liberalización portuaria que potenció el carácter comercial de los puertos. La reforma de la citada ley en 1997 aún avanzó más en esa línea, por lo que se acabaron generalizando prácticas liberalizadoras en los puertos de interés general, trasladando facultades de los operadores privados en detrimento de la intervención pública directa a través de los entes gestores de los puertos. El resultado de este proceso ha sido reforzar el protagonismo de la iniciativa privada en las infraestructuras portuarias, reduciendo las funciones de servicio público a la mera gestión de espacios y a la tutela en la prestación de determinados servicios.
Desde nuestro punto de vista, este proyecto abre aún más las posibilidades de actuación directa a la iniciativa privada en los servicios portuarios relegando al mínimo las funciones de las autoridades públicas portuarias, lo que afecta, incluso, a servicios portuarios relacionados con la seguridad marítima o tareas de carga y descarga que exigen su ejecución directa por entidades públicas debido a su relación con competencias aduaneras.
Esa dinámica afecta también de lleno a las competencias autonómicas.
Resulta paradójico observar cómo en este proyecto de ley se opta para que casi todos los servicios prestados en los puertos de interés general sean transferidos al sector privado mientras, al mismo tiempo, se hace una férrea retención de las competencias del Estado en estas infraestructuras marítimo-terrestres, imposibilitando una mayor asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas en esa materia y también una mayor presencia de las mismas en los órganos de decisión de los puertos.
Durante la génesis y tramitación del anteproyecto de ley, durante su conversión en proyecto de ley por el Consejo de Ministros, así como en su tramitación en el Congreso de los Diputados, el Gobierno no ha propiciado la creación de un mínimo clima de diálogo, y esa situación ha provocado más de un conflicto, del que todos tenemos noticia.
A nuestro modo de ver, el afán liberalizador de los servicios portuarios afecta también a importantes aspectos relacionados con la seguridad marítima, de forma que se superponen las razones mercantilistas y economicistas a las garantías de seguridad que la gestión pública directa asegura. Se avanza por una peligrosa senda, cuyos resultados ya hemos visto en el caso del salvamento marítimo, donde la privatización de los servicios ocasiona problemas de eficacia y de eficiencia a la hora de garantizar la seguridad marítima e, igualmente, se detecta una colisión de intereses que va en detrimento de la efectividad del servicio.
En otro orden de cosas, este proyecto también avanza hacia la eliminación gradual de profesiones portuarias, afectando a importantes colectivos de trabajadores altamente especializados, para favorecer la prestación de esos servicios a través de las propias empresas navieras o de terceras empresas, lo que originará una menor calidad en la prestación de esos servicios y, además, una mayor precarización de las condiciones laborales.
Por último, pero no menos importante, se subordinan abusivamente las competencias de protección y conservación del dominio público marítimo--terrestre a las necesidades de funcionamiento e inspección de los puertos. Así, se mantiene y refuerza la competencia exclusiva de las autoridades portuarias para autorizar obras de dragado en el dominio público portuario, sin necesidad de informe del organismo ambiental, lo que permitirá la realización de nuevos dragados y rellenos en zonas marítimo--portuarias que ocasionarán --ya están ocasionando-- un indudable impacto ambiental a los ecosistemas marinos adyacentes, bajo el único criterio de la administración portuaria.
Al mismo tiempo, se atribuyen importantes facultades para utilizar nuevas obras portuarias en zonas costeras de

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dominio público marítimo--terrestre, en atención exclusiva a las necesidades e intereses portuarios, sin tener en cuenta criterios medioambientales ni la opinión superior de la administración competente en materia de protección de ese dominio público.
En suma, presentamos este veto puesto que el modelo portuario que diseña este proyecto de ley supone una relegación en la intervención pública en los puertos que, desde nuestro punto de vista, no podrá ocasionar otra cosa que problemas, para seguir llevando a cabo una planificación ordenada de las infraestructuras portuarias.
Estas han sido las razones para la presentación del veto.
Asimismo, aprovecho este mismo turno para dar por defendidas todas las enmiendas particulares que mi grupo parlamentario ha presentado al proyecto de ley y que van de las números 28 a 68. Igualmente doy por defendidas las enmiendas particulares de los compañeros de Izquierda Unida en el Grupo Mixto.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Quintana.
Para defender la propuesta de veto número 3, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría

El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, hemos presentado una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley por mantener una discrepancia política de fondo muy importante.
Este texto parte de una nueva filosofía, cual es la desregularización de los servicios portuarios. A este respecto hay que hacer una primera consideración. Se ha solido invocar por las autoridades centrales del Estado la importancia de mantener en su haz de facultades la gestión de los puertos de interés general sobre la base del nivel y la importancia de los servicios que dichos puertos prestaban. Así, la Ley 27/1992 contenía una catalogación y definición de los servicios prestados por las autoridades portuarias de interés general que ahora se han modificado completamente.
El Estado, representado por el Gobierno y por las Cortes, donde tiene la mayoría el Grupo Popular, ofrece al resto de los grupos parlamentarios la siguiente reflexión: Nosotros entendemos que el régimen vigente hasta la actualidad debe cambiar, de tal forma que ese haz de facultades públicas para la prestación de servicios en las áreas portuarias a los operadores marítimos y del transporte marítimo ya no es preciso que sea gestionado directamente por el Estado.
Y el Estado, en estos momentos representado por los poderes que he citado, plantea esa desregularización y la posibilidad de trasladar el ejercicio de esas funciones públicas a operadores o empresas de la sociedad civil.
Pues bien, si tradicionalmente el argumento utilizado para mantener los puertos de interés general en manos de la Administración general del Estado ha sido ese, la primera reflexión que deberían hacer las autoridades gubernamentales sería la siguiente: Hay sólo cuatro comunidades autónomas que tienen competencias de ejecución y gestión de los puertos de interés general: Andalucía, Cataluña, el País Vasco y Valencia. Pero --piensa el Estado-- no podemos transferir a esas cuatro comunidades autónomas la gestión de los puertos de interés general, como tampoco a los de Huelva, Sevilla, o Almería, porque el Estado ejerce funciones muy importantes. Por tanto, nos reservamos la competencia de gestión.
¿Y qué le pasa ahora al Estado? Que dice: Ahora no voy a gestionar los servicios públicos de esa manera.
Sin embargo, me pregunto por qué no se ha abierto un debate previo con Andalucía, Valencia, el País Vasco y Cataluña, diciéndoles: Ustedes, que tienen reconocidas en la Constitución y en los estatutos de autonomía esas posibilidades de gestión, ¿qué tienen que opinar a ese respecto? ¿Están ustedes dispuestos a promover un modelo de gestión portuaria en sus ámbitos territoriales distinto al que tenemos en el Estado? Porque el Estado va a desregularizar esas funciones públicas y se las va a atribuir, en unos casos, mediante licencia, y en otros, mediante autorizaciones, a operadores privados. Por tanto, ustedes, andaluces, catalanes, vascos y valencianos, ¿están interesados en poder prestar esos servicios, que nosotros, Estado, no vamos a prestar? Como digo, esa es la reflexión previa que debería haber efectuado la Administración general del Estado. Porque, ¿cómo quedan las previsiones competenciales de esos estatutos de autonomía? En su día, si hay una transferencia a Andalucía o Valencia, ¿qué van a gestionar? Porque lo que establecían esos estatutos era una subrogación de Valencia o Andalucía en la posición de la Administración general del Estado, y se decía que no se podía transferir esa mera gestión porque se ejercían funciones de gran envergadura pública, aunque ahora vayan a ser prestadas por la iniciativa privada.
Por tanto, repito, mantenemos una primera discrepancia sobre esa forma de entender la organización, la gestión y la prestación de los servicios portuarios.
Nuestra segunda discrepancia consiste en que con este proyecto de ley --y entro ya en otro debate más general, que ahora afecta al resto de las comunidades autónomas del litoral español-- las autoridades portuarias pierden facultades y funciones de autonomía de gestión, y en las siguientes intervenciones tendremos ocasión de razonar lo que digo. Es decir, el ámbito de las facultades de autonomía de gestión que puedan tener ahora el puerto de Avilés o el de Ribadeo va a quedar disminuido hasta que entre en vigor esta ley. ¿Cómo? Dice el Gobierno: No, yo no toco de ninguna manera el listado de artículos en los que se habla de las competencias de las autoridades portuarias. No es cierto porque luego veremos que en algún aspecto puntual esto se toca, pero con carácter general es así. ¿Y qué es lo que hago? Sí, toco todo el listado de funciones que corresponde a Puertos del Estado, lo que en el ámbito del litoral español se conoce como «Puerto Madrid», es decir, el ente que gestiona, centraliza, coordina y dirige a través del Cuerpo de ingenieros navales, de caminos, etcétera. Y allí se dice: que no se mueva nada en el litoral sin la correspondiente planificación central de «Puerto Madrid»

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dicho en lenguaje coloquial, en lenguaje oficial Puertos del Estado.
¿Qué se hace entonces? Pues se dice: No, nosotros no tocamos el listado de competencias de las autoridades portuarias, pero sí el del Ente Público Puertos del Estado que ahora tiene más competencias puesto que va a tener que autorizar funciones que hasta ahora no autorizaba. Va a tener que hacer propuestas, por ejemplo, al ministro de Fomento en materia de dominio público que hasta ahora no tenía que hacer puesto que las podía hacer la autoridad del puerto de Avilés o la de Ribadeo dirigiéndose directamente al ministro de Fomento en materia de desafectación. Y va a tener que emitir informes vinculantes en la aprobación de determinados pliegos de concesión de dominio público o de gestión de servicios. Es decir, ésa es la técnica que está utilizando. Si vemos la exposición de motivos del proyecto de ley, con respecto a su contenido se nos dice: No, no; nosotros no tocamos a las autoridades. Pero sí toca a Puertos del Estado indirectamente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que funciones que podían realizar las autoridades portuarias sin necesidad de autorizaciones, propuestas, informes previos y vinculantes, opiniones técnicas, inspecciones de control presupuestario y de intervención que podía hacer, ahora no van a poderlas hacer. Y no se toca el régimen de sus funciones, pero sí se toca indirectamente al darle mayores atribuciones públicas a «Puerto Madrid», es decir, al Ente Público Puertos del Estado. Ese es el esquema que se ha seguido. Yo estoy haciendo un análisis de la posición institucional Puertos del Estado Autoridades Portuarias.
Nosotros tenemos una discrepancia de fondo puesto que apoyamos en esta Cámara la modificación de la Ley 27/1992 en el año 1997, y a través de este mecanismo tangencial resulta que ese «statu quo» con el que estábamos más o menos de acuerdo se modifica, recuerdo que al final llegamos a cesiones que supusieron un acuerdo político. Y no hay más que llamar al puerto de Almería y preguntarle al señor Amate qué opina de esto, o llamar al puerto de Huelva y preguntar a compañeros que han sido miembros de esta Cámara, al señor García-Arreciado para ver qué opina de esto. Esta es la realidad.
Hay otra serie de cuestiones relativas al régimen financiero de los puertos donde hay también cambios notables. Es decir, en el listado de ingresos al Ente Público se le atribuye un ingreso nuevo muy importante: el 4 por ciento de todas las tasas. Pues eso no existía hasta ahora, pero es lógico en la filosofía del Gobierno. Si el Ente Puertos del Estado va a tener que ejercer más competencias, control, autorizaciones previas, mayor planificación, etcétera, está claro que necesita más financiación.
¿Pero a costa de quién? A costa de las autoridades portuarias que van a tener que aportar un porcentaje de las tasas como tributo ordinario al Ente Público Puertos del Estado.
¿Más contribución? Otra vía: la del fondo de compensación interportuaria.
Tenemos ahora el fondo de contribución, que tiene un determinado procedimiento para su detalle. Ahora se amplía a un 12 por ciento del resto de las tasas, etcétera, en lo que se refiere a la gestión de los recursos económicos. Hasta ahora es mucho menor la participación. Por ejemplo, datos que puedo dar de la Autoridad Portuaria de Bilbao con el esquema de la ley vigente y con el de la que va a entrar en vigor próximamente: prácticamente el incremento es del 102 por ciento de la aportación de la Autoridad Portuaria a Puertos del Estado. Eso podrá ser trasladable con mayores o menores diferencias al resto de los puertos de interés general. Esa es la situación, pero nosotros estamos en contra de eso.
No hemos vetado el tema del régimen financiero. Claro que otorga seguridad jurídica, pero lo hace en ejecución de sentencia. El Tribunal Constitucional dijo que el régimen de tarifas no reservaba el principio de reserva de ley y que había que establecer por ley las tarifas --que ahora se denominan tasas--, que tienen ser establecidas por ley por el principio de reserva constitucional. Es cierto que se da mayor seguridad jurídica, pero ¿y el detrimento? El detrimento supone un menor margen de flexibilidad para las autoridades portuarias, pero éste es el Estado en el que estamos y nuestro ámbito y, por tanto, hay que respetarlo. La reserva de ley es una cuestión que la ley garantiza, y nosotros no hemos vetado eso.
En cuanto a la gestión del dominio público portuario, repito lo que he dicho en la segunda parte de mi intervención, que también va a intervenir la autoridad central, Puertos del Estado, por ejemplo, en las prórrogas de las concesiones demaniales, que hasta ahora no tenían que ser autorizadas o informadas con carácter vinculante de manera favorable por Puertos del Estado en el caso de las prórrogas de concesiones de dominio público, y ahora tendrá que ser así en el caso de concesiones para actividades de ubicación económica importantes.
En la práctica, ¿qué supone todo este cúmulo de funciones que a lo largo del extenso articulado del proyecto de ley se atribuyen a Puertos del Estado? Que el ámbito de funciones que tienen las autoridades portuarias es menor. Básicamente, no se toca el listado de sus funciones, pero lo que antes podían hacer con competencia plena ahora requieren autorización, en unos casos, informes previos, propuestas; es decir, se cercena.
Lo mismo ocurre con la política de control y de planificación presupuestaria, mediante los diversos mecanismos e instrumentos que se establecen dentro de un marco estratégico: planes de empresa, planes directores. En todos los casos han de contar con la aprobación de Puertos del Estado y, si hay discrepancia, con la resolución del ministro de Fomento, y hasta ahora no ocurría eso.
Este es el esquema y, por eso, nosotros estamos en contra de este proyecto de ley. No estoy diciendo, y lo digo claro, que atente a las competencias de las comunidades autónomas. No tiene nada que ver la autonomía portuaria con la autonomía constitucional de las comunidades autónomas. Nada que ver, porque una comunidad autónoma puede ser igual de centralista que la Administración general del Estado respecto a sus propios puertos. No confundamos los términos, que estamos hablando de autonomía pero de diferente naturaleza.
Aquí estamos hablando de la autonomía de las autoridades portuarias y, por lo tanto, este modelo legal que plantea el Grupo Parlamentario Popular es constitucional. Yo no lo dudo, porque tiene suficiente cobertura en la

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Constitución, pero también la tiene el vigente en la Ley de 1997. Por eso, entendemos que hasta la entrada en vigor de este proyecto de ley es más adecuado para el Estado de las Autonomías el modelo vigente, donde esa autonomía funcional era más importante; era mayor de la que ahora van a tener las autoridades portuarias. Se produce una minoración, a través de mecanismos indirectos, de la autonomía de gestión de las autoridades portuarias que gestionan los puertos de interés general.
Por todas esas razones, hemos presentado el veto. No lo hicimos en el Congreso de los Diputados y esperábamos que en la tramitación parlamentaria se pudieran corregir algunas cosas, pero, dado que no ha podido ser así, nos hemos visto forzados a presentar esta iniciativa de enmienda a la totalidad.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Corresponde, ahora, la defensa de la propuesta de veto número 6 presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre, el senador Beguer tiene la palabra.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta última fase de la legislatura está dando pie a un conjunto de leyes --concretamente, en el campo de las infraestructuras y, por tanto, del Ministerio de Fomento-- por medio de las cuales, por una parte, se procede a una mayor liberalización del sector y, por otra, se limitan las competencias autonómicas. Hace dos semanas lo observábamos con el proyecto de ley del sector ferroviario y hoy, de un modo parecido, es decir, en cuanto que afecta a competencias de autoridades portuarias, vamos a ver, y creo que a demostrar, cómo y de qué forma se plantea un proyecto de ley liberalizador, pero a la vez sumamente centralista.
El Gobierno se adelanta a la directiva que está debatiendo la Unión Europea. Se ha criticado, pero el Grupo Parlamentario Popular quiere avanzar este proyecto de ley. El martes pasado una portavoz del Grupo Parlamentario Popular se oponía a una moción socialista sobre regulación de comunicaciones entre empresas y trabajadores por correo electrónico justamente por no existir directiva. Ahora, en cambio, por una conveniencia, a nuestro juicio, centralizadora, se adelanta rápidamente con este proyecto de ley. Se procede a una amplia liberalización; se regula muy favorablemente el fomento de la participación privada en la financiación, la construcción, la explotación de los espacios y los servicios portuarios, algo que curiosamente antes siempre se había negado a las comunidades autónomas.
Por otra parte, y es el núcleo central de la oposición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el proyecto de ley entra a niveles de detalle que limitan o disminuyen notoriamente las facultades reconocidas a las autoridades portuarias, atenazan su capacidad gestora y decisora y atribuyen nuevas facultades a los órganos centrales en materia de puertos, especialmente al Ministerio de Fomento y a Puertos del Estado. Vamos a poner varios ejemplos de ello: Primero, regulación de las tasas y tarifas portuarias. Existe una regulación excesivamente detallada de las tasas en el proyecto de ley. A nuestro juicio es posible y deseable una mayor flexibilidad. La mayor parte de las decisiones se reservan para los órganos centrales: Puertos del Estado y Ministerio de Fomento, que deben aprobar los criterios analíticos de los costes de los servicios comerciales, lo que limita considerablemente el margen de maniobra de las autoridades portuarias.
Segundo. Se concretan hasta extremos totalmente innecesarios los regímenes de planificación, presupuestario, tributarios, de funcionamiento y de control, e incluso de personal, reduciendo sensiblemente la autonomía de las autoridades portuarias. Tercero. El proyecto prevé un conjunto de nuevos instrumentos planificadores, planes estratégicos, marcos estratégicos aprobados por el ministerio, planes directores de infraestructura, planes de empresa, todo ello complicando la elaboración de expedientes y limitando el margen de actuación de las autoridades portuarias. Cuarto. Incremento de intervencionismo de Puertos del Estado en aspectos como la participación o no en determinadas sociedades y fundaciones o con falta de respeto a las competencias autonómicas en materia de dominio público portuario estatal en los que hay decisiones, como sus señorías saben, de carácter urbanístico o de planificación del territorio que son competencia de las comunidades autónomas. En definitiva, el avance que supuso la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que modificó la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992, va a sufrir con este proyecto de ley un importante contratiempo, disminuyendo o limitando la capacidad de decisión de las autoridades portuarias.
Señorías, parece que la aritmética de las mayorías y minorías que obligó, forzó en la anterior legislatura a determinados pactos autonomistas o descentralizadores impuestos por Convergència i Unió, permiten ahora, por esta aritmética actual, beneficiosa para el Grupo Parlamentario Popular, dar pasos atrás a nuestro juicio claramente indeseados. Dicho esto cabría admitir que en el trámite en el Senado se han aceptado algunas enmiendas y concretamente diversas transaccionales, que probablemente se aprobarán en este plenario, que mejoran técnicamente el proyecto de ley, transaccionales, algunas de ellas que consideramos importantes desde el punto de vista técnico, de las que hablaremos en su momento.
En cambio, desde el punto de vista competencial y sobre todo de descentralización de las autoridades portuarias, el proyecto de ley es claramente insatisfactorio, y por ello hemos presentado nuestro veto, esperando sea, como mínimo, escuchado por el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Corresponde, por último, la propuesta de veto número 5, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y en su nombre tiene la palabra el senador Carracao.


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El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en representación del Grupo Parlamentario Socialista quiero resaltar que tenemos una serie de criterios y principios en los que basamos todo el conjunto de las enmiendas que vamos a defender a lo largo del debate, que se diferencian, de forma muy notable, de los que contienen e inspiran el proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general. Por tanto, el rechazo de nuestro grupo al proyecto de ley es absoluto.
Voy, con la venia del señor presidente y de sus señorías, a intentar fundamentarlo con múltiples razones; algunas de ellas ya han sido expuestas en el Congreso de los Diputados, y ahora en el texto que hemos presentado en la Cámara, en forma de enmienda a la totalidad. Por la consideración y respeto que nos merece la ciudadanía española, los servicios que se les han de prestar para que se cumplan los fines de igualdad en todo el Estado español, y también por el respeto que nos merece la propia Cámara, hemos presentado un texto de enmienda a la totalidad, prolijo, sí, pero solvente, desde luego en absoluto un texto que se pudiera considerar para salir del paso. Es nuestra intención someter este texto a discusión con el grupo mayoritario y con el resto de los grupos parlamentarios. En él se recogen los aspectos esenciales que nos inducen a discrepar de la posición del Gobierno y de la del Grupo Parlamentario Popular, como ya quedó puesto de manifiesto durante el debate en el Congreso de los Diputados.
Quisiera que tuviésemos presente que, además de los criterios y principios en los que se basan las enmiendas parciales que hemos presentado a las distintas partes dispositivas de este proyecto de ley, que mi compañero el senador Oria defenderá título a título, en lo que se refiere a la exposición de motivos los objetivos declarados del proyecto, tal y como se recoge en todo el texto legislativo, se refieren al fomento de la participación de la iniciativa privada, a la mejora de la competitividad entre los puertos de interés general, a la optimización de la gestión económica, etcétera. Es decir, en todo caso entendemos que el proyecto de ley confunde los medios con los fines, y no hay que olvidar que el fin último de los puertos debe ser la defensa del interés general, lo que justifica su titularidad pública y, en ese sentido, su objetivo pensamos que debe ser constituir, no un impedimento, sino un estímulo para el desarrollo de la economía del Estado en su conjunto, y en concreto en su zona de influencia.
Señorías, el objetivo del proyecto de ley debería ser la competitividad de la economía española, y los puertos son instrumentos fundamentales para potenciar la competitividad en uno de los modos básicos del transporte que se interrelacione con los distintos modos. El cabotaje marítimo de corta distancia que viene impulsando la Comisión Europea, recogido en el Libro Blanco del Transporte, requiere una estructura competencial, una estructura organizativa de los puertos que no recoge el proyecto de ley.
Entendemos que las autoridades portuarias no se tienen que configurar como un negocio en sí mismo, como una estructura con mentalidad recaudatoria, sino que se debe dotar a los puertos del Estado, a las autoridades portuarias de autonomía orgánica y funcional, exigible para el cumplimiento de sus fines, lo que las ha de convertir en la práctica en entes directivos del Ministerio.
El intento de excesivo intervencionismo de puertos del Estado parece más inspirado en una desconfianza hacia los órganos de gobierno de los puertos que en una necesidad de coordinación del sistema portuario. Por tanto, desde nuestro punto de vista, va en detrimento de la autonomía de las autoridades portuarias y vacía de contenido algunas funciones de los consejos de administración y de sus presidentes.No nos cabe la menor duda de que el resultado de esa política puede ser una excesiva burocratización y una pérdida de agilidad y de eficacia en la gestión de los mismos. Ninguna regulación contiene el proyecto de ley en relación con la distribución de las ayudas comunitarias ni en relación con las inversiones en infraestructuras de comunicaciones terrestres a los puertos.
Y siendo estos aspectos de gran relevancia en la competencia entre puertos, consideramos conveniente que la asignación de estos recursos esté sometida al control de un órgano colegiado regulado en la propia ley, a semejanza de lo que ocurre con la distribución del Fondo de Compensación, de muchísima menor cuantía que estos otros. Muy bien podría ser el consejo rector, con representación de las comunidades autónomas, el órgano que controle estas asignaciones.
Por otro lado, la salida de las autoridades portuarias de las sociedades de estiba dejará a estas en manos exclusivamente de las empresas estibadoras y sometidas al juego de las mayorías como en cualquier sociedad mercantil. Lo que se va a producir con la salida de las autoridades portuarias de estas agrupaciones va a ser una posición de dominio de los socios mayoritarios en unas condiciones que estarán muy lejos de parecerse a las de un mercado libre pues los socios minoritarios no tendrán otra opción que someterse al dictamen de los mayoritarios. La remisión que en el artículo del proyecto que trata este asunto se hace a la Ley de Sociedades es absolutamente insuficiente. No garantiza un marco de libre y leal competencia entre los socios.
Dada la influencia decisiva que los servicios aduaneros y paraaduaneros tienen en el buen funcionamiento de los puertos y en el abaratamiento del paso de las mercancías por los mismos y quedando dichos servicios fuera del control de las autoridades portuarias, pensamos que sería muy conveniente que se regulase en la ley la composición y el funcionamiento de una comisión interministerial de puertos que velase por la prestación de dichos servicios, que son los que permiten que un puerto sea realmente ágil en su funcionamiento y para lo que el proyecto de ley no hace ni una sola referencia.
Asimismo, el proyecto establece la preferencia de la iniciativa privada sobre la pública en la prestación de determinados servicios en los puertos, llegando incluso a fijar como modelo de gestión del dominio público portuario la promoción y el incremento de la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación

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de las instalaciones portuarias y en la prestación de servicios.
Al margen de que este afán liberalizador va mucho más allá de lo que propugna la propia directiva comunitaria, parecería más adecuado que fuesen la calidad y la eficacia en la prestación de los servicios las que determinasen en cada caso si estos deben ser prestados por la iniciativa privada o por la pública en igualdad de condiciones y sin establecer a priori preferencia alguna por ninguna de ellas.
Lo que sostenemos claramente desde el Grupo Parlamentario Socialista es que no está justificada una privatización formal de los servicios portuarios, que su motivación es exclusivamente ideológica, es decir, sin que exista una justificación objetiva de gestión, que no añade nada al funcionamiento actual de los puertos, que la propia exposición de motivos de la ley dice textualmente: servicios que se vienen prestando en régimen de competencia con alto grado de eficiencia y rentabilidad por el sector privado.
Señoría, nos preocupa profundamente que el proyecto de ley traiga todo un mecanismo distorsionador de una realidad en la que se podría haber profundizado. Nos preocupan muchos de sus contenidos que ya han sido expresados por algunos de los senadores intervinientes que han defendido enmiendas a la totalidad. Existe una relevante incoherencia en el proyecto de ley entre la naturaleza jurídica de las autoridades portuarias que desde nuestro grupo parlamentario deseamos que se doten de una gran autonomía y descentralización y sus competencias de gestión que se reducen sensiblemente al quitar a las autoridades portuarias la titularidad de los servicios portuarios.
Por ello, reitero que no defendemos que el modelo organizativo de los puertos españoles deba transformarse en el caso de la estructura de las autoridades portuarios en entes públicos o empresariales o en el caso del ente puertos del Estado en un organismo autónomo ni que se reinventen mecanismos anteriores. Lo que sostenemos, insisto, es que no está justificada esa privatización formal porque los servicios portuarios se están prestando ya por empresas privadas por el procedimiento de gestión indirecta autorizada.
Entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la Unión Europea no impulsa con ahínco ningún proceso privatizador en los puertos. No hay directiva ni ordenación comunitaria que así lo diga. La Unión Europea no pide la privatización de los puertos. La preocupación de la Unión Europea se centra en conseguir, y así lo dice el Libro Blanco del Transporte, que los servicios prestados directamente por las autoridades portuarias o a través de empresas participadas por éstas, lo sean en condiciones de libre y leal competencia con otros operadores privados, evitando situaciones de favor.
El objetivo de las políticas que impulsa la Unión Europea es el de introducir la competencia como factor de abaratamiento de los precios. A la Unión Europea en ese proyecto de mercado único le interesa la liberalización como elemento esencial para la introducción de la competencia, no como un objetivo en sí mismo, tal y como hace el proyecto de ley. Por ello, es por lo que los párrafos que hacen referencia a lo que piensa la Unión Europea cuando la Unión Europea no piensa ni escribe ni razona así, nos parecen absolutamente inaceptables, porque además en esta forma falsa de interpretar lo que quiere la Unión Europea es en lo que se apoyan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular para defender distintos artículos de este proyecto de ley.
Consideramos por nuestra parte absolutamente irrenunciable el mantenimiento de lo que dicen los preceptos de la Constitución Española.
La Constitución dice claramente que los puertos son de titularidad pública, y esa titularidad pública la puede ejercer el gobierno de la nación, los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones provinciales, los cabildos insulares o las comunidades autónomas. Pero además, ¿qué razones existen para que deje de ser pública, si estos servicios vienen prestándose de forma adecuada? Si los puertos vienen creciendo en actividad comercial de forma intensa, ¿por qué hay que renunciar a la titularidad pública de estos servicios? Creemos, desde nuestro grupo parlamentario, que la titularidad pública de los servicios y su prestación indirecta, a través de contratos con la administraciones titulares, constituye la fórmula más adecuada y más generalizada en el sector público mundial.
Dado que en la exposición de motivos se hace referencia a los dos importantes archipiélagos en los que se dan cita en las islas de Tenerife y Gran Canaria o en Mallorca los mayores tráficos de carga rodada y que con esta referencia se trata de tener en cuenta que, a su vez , se llevan a cabo operaciones de transbordo para ser transferidas...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Carracao, le ruego concluya.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Estoy terminando, señor presidente.
... a puertos en islas de menor densidad, hemos introducido por esa referencia enmiendas que nos parecen fundamentales.
Término, señor presidente, diciendo que no entendemos que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular pretendan concentrar los esfuerzos en la creación de nuevos marcos jurídicos y económicos que refuercen la introducción del desarrollo de la libre competencia como medio para lograr una mayor competitividad y eficacia económica. Y lo más grave es que no se avanza en proporcionar autonomía a los puertos ni en convertir a los puertos en puertos autónomos. No serán puertos autónomos ni puertos autonómicos, ni una cosa ni la otra.
Señor presidente, la enmienda a la totalidad que hemos presentado contiene argumentos explicativos suficientes de la posición de nuestro grupo parlamentario. Rechazamos la globalidad del proyecto de ley. Este podía haber tenido un contenido centrado exclusivamente en la regulación económica...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Carracao, por favor, concluya.


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El señor CARRACAO GUTIERREZ: ... en el sistema de cobro por la prestación de servicios.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fajarnés.


El señor FAJARNES RIBAS: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches, señorías.
El proyecto de ley que hoy debatimos en el Pleno de esta Cámara es la consecuencia de dar cumplimiento a la moción aprobada en el Congreso de los Diputados en mayo de 2001 que, con un amplísimo consenso de los grupos parlamentarios, instaba al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley que regulase no únicamente el régimen económico, sino también los regímenes de prestación de servicios y de utilización del dominio público en los puertos de intereses general y también de tener en cuenta la situación extrapeninsular para la fijación de los criterios de bonificación de las tarifas portuarias para tráficos asociados al suministro y salida de productos originarios que tienen lugar en los puertos de las islas Canarias, de Ceuta y Melilla y de las islas Baleares.
Un proyecto de ley que ha sido ampliamente debatido, que ha sido consensuado hasta donde ha sido posible con los sectores afectados y mejorado para las aportaciones de los grupos parlamentarios, pero fundamentalmente de Coalición Canaria a la vez que también de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco.
Cinco grupos parlamentarios nos presentan hoy seis vetos esgrimiendo contra el proyecto de ley una serie de puntos coincidentes, aunque a veces, desde ópticas diferentes, pero en el fondo con casi los mismos argumentos finales.
Se acusa al proyecto de ley de que condiciona y minora el ámbito de las autonomías, de autonomías de gestión y financiación de las autoridades portuarias, de reducción de sus autonomías y de dar un paso atrás entre otras cuestiones. Estas afirmaciones, señorías, no son admisibles para nuestro grupo, ya que el texto presentado por el Gobierno ha querido ser y es escrupuloso en el respeto a las competencias alcanzadas por las comunidades autónomas en materia portuaria y lo que se ha dado en llamar el «Pacto del Majestic» y que dio lugar a la ley de 1997 que vino a reformar la Ley de Puertos de 1992, precisamente con el objetivo de reforzar la autonomía funcional y de gestión de las autoridades portuarias facilitando, al mismo tiempo, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de dichos entes públicos, pero siempre dejando a salvo --como se decía en la exposición de motivos de esa ley-- los necesarios mecanismos de control y coordinación de una serie de infraestructuras de interés general que por mandato constitucional son de competencia exclusiva del Estado.
Por lo tanto, señorías, no existe, en conclusión, restricción alguna de la autonomía de gestión y función de las autoridades portuarias, sino un respeto al esquema competencial vigente.
A las críticas de privatización de los servicios portuarios, el proyecto de ley no ha alterado la naturaleza jurídica de las autoridades portuarias, y se limita a recoger la categorización aprobada por el artículo seis, apartado sexto, de la Ley General Presupuestaria, aprobada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
En este punto, como en otros, notamos a faltar soluciones alternativas a este proyecto de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero decir también que la privatización de los servicios portuarios tiene por fundamento superar dos problemas estructurales que existen actualmente. Primero, permitir el libre acceso a la prestación de servicios a terceras empresas sin que existan impedimentos por la existencia de contratos de gestión indirecta con operadores exclusivos, que obligan a mantener el equilibrio económico de los mismos. En segundo lugar, suprimir la titularidad pública de unos servicios que, de hecho, se realizan por la actividad privada sin que exista justificación para que se mantenga una titularidad pública cuando dicha actividad económica puede regirse por sistemas de libre mercado.
Además, la privatización de los servicios portuarios es coherente y compatible con la titularidad pública de los puertos, ya que se conservan íntegramente todas las potestades administrativas de control sobre los servicios portuarios y sobre la gestión de dominio público portuario, que sigue correspondiendo a entidades públicas, que ven reforzadas sus prerrogativas públicas a cambio de dejar a las empresas privadas el protagonismo en la gestión de los servicios portuarios, siguiendo las orientaciones de regulación existentes en el ámbito europeo e internacional.
Discrepamos absolutamente de la opinión del Grupo Parlamentario Socialista sobre que la distinción entre provisión de infraestructura y de servicios generales es más o menos completamente teórica y artificial y que complica extraordinariamente el régimen tarifario. El principal responsable del problema tarifario de los puertos en estos momentos es que la ley aprobada por el Partido Socialista en el año 1992 confundió el concepto de servicio con el de utilización de infraestructura y permitió definir servicios que consistían en utilizar infraestructura y por los que se cobraban precios privados. Dicha confusión hace que nuestro Tribunal Supremo haya planteado cuestión de inconstitucionalidad al artículo 70 de la Ley de puertos y marina mercante de 1992.
Por el contrario, el proyecto de ley, mediante la distinción entre ambos conceptos, permite ordenar de forma impecable, tal y como reconocen importantes miembros de la doctrina científica de la magistratura, el régimen tarifario de los puertos sin riesgo de inconstitucionalidad y con gran flexibilidad y adaptación a las necesidades de los puertos españoles.
Por último, quiero referirme a lo suscitado por el Grupo Parlamentario Socialista, especialmente en lo que es el texto del propio veto, pero también por el senador del Bloque Nacionalista Galego, sobre la regulación del servicio de estiba y desestiba portuaria, afirmando que, desde el

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Grupo Parlamentario Popular, la reforma emprendida tiene como cuestión importante la descatalogación del servicio público de estiba como tal, convirtiéndolo en servicio básico de interés general, lo que permite la unificación del régimen jurídico de todos los servicios portuarios, cuestión que no se consiguió, por cierto, en la ley de 1992.
Además, se privatizan las sociedades estatales de estiba y desestiba con acuerdo de empresarios y sindicatos, dejando en manos de los sectores sociales la gestión de la actividad, y finalmente se profesionaliza a los trabajadores de la estiba creando un título de formación profesional que a todas luces dignificará la profesión al conseguir introducirla en la enseñanza reglada de la formación profesional.
Estos han sido siempre los objetivos del Gobierno, del Grupo Parlamentario Popular y de este proyecto de ley, objetivos con el máximo consenso social y empresarial para la garantía de una paz social, a pesar de que esto a más de uno le pueda doler.
En definitiva, señor presidente, señorías, por las razones expuestas y porque consideramos que estamos ante un buen texto, ante un buen proyecto de ley de puertos, rechazaremos todos los vetos presentados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Fajarnés.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para responder a las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
En mi intervención he dado la explicación de por qué nos oponíamos a este proyecto de ley y he dicho que se produce una minoración de las funciones de autonomía de gestión que tienen las autoridades portuarias. Usted nos ha respondido, senador Fajarnés, que estas afirmaciones no son admisibles y que, por tanto, las rechazan.
En segundo lugar, nos ha dicho que se respetan escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros en ningún momento hemos dicho que no se respeten las competencias de las comunidades autónomas; he dicho en mi primera intervención que es diferente la autonomía constitucional de las comunidades autónomas, que aquí no se está debatiendo, del modelo de gestión de los puertos de interés general, con un ámbito de autonomía portuaria, que es a lo que ponemos objeciones.
Un modelo de gestión puede ser eminentemente centralista cuando las funciones de los puertos las realice una comunidad autónoma o lo mismo de centralista, dependiendo del grado de autonomía y de autoorganización que esa administración titular de los puertos les dé. Por tanto, no estamos hablando de centralismo de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas, estamos hablando de la autonomía de las autoridades portuarias, y en el modelo constitucional caben diferentes opciones: cabe el modelo anterior a la Ley de 1992, es decir con tres escalones, cuatro puertos con estatutos de autonomía propios, un segundo que es la Corporación Administrativa de Puertos, y en tercer lugar, las Juntas Autónomas de Puertos, esquema de gestión que desapareció con la Ley de 1992, en que desaparecieron también los estatutos de autonomía y se crearon los puertos de interés general.
Dentro del marco de la Ley de 1992 caben diferentes modelos de organización de las autoridades portuarias: con mayor o menor autonomía y con mayor participación del Estado y menor de las comunidades autónomas y viceversa. Nosotros en este momento somos partidarios del mantenimiento del «statu quo», del pacto que alcanzamos todos los grupos parlamentarios menos el Grupo Parlamentario Socialista. Ahora, con esta modificación, el pacto se rompe y no hay acuerdo de los grupos, a excepción de Coalición Canaria que votarán favorablemente pero por consideraciones políticas que nada tienen que ver con la gestión de los puertos, sino con cuestiones de transporte marítimo.
Usted me decía: rechazamos sus afirmaciones, y yo le voy a dar la explicación de dónde se produce esa minoración. En primer lugar, en los artículos 36 y 38, donde se dice que Puertos del Estado acordará los planes de empresa y los planes directores, si lee usted la Ley 27/1992, verá que Puertos del Estado no tiene esa función.
Artículo 50, párrafos primero, segundo y tercero, la participación en sociedades, en consorcios, en fundaciones o en terceras sociedades a su vez participadas por las autoridades portuarias, es necesaria la autorización de Puertos del Estado cuando las aportaciones al capital de esos consorcios o sociedades participadas sea superior al 1 por ciento de los ingresos. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) ¿Sabe lo que dice la ley actualmente vigente? Quintuplica el grado de autonomía de las autoridades portuarias, que podían, a través de sus consejos de administración, tomar los acuerdos de adquisición y de enajenación de capital en sociedades y en consorcios hasta el 5 por ciento de sus ingresos. Fíjese cómo se baja del 5 al 1 por ciento, cinco veces menos.
Eso no es una broma. Sabe usted que las autoridades portuarias --la de Almería, la de Huelva, la de Avilés, la de Bilbao-- intervienen en muchas sociedades participadas relacionadas con el entramado portuario. El grado de pérdida de autonomía de gestión de los consejos de administración de las autoridades portuarias es impresionante. Por tanto, ahí le doy otro ejemplo de cómo se produce una minoración en cuanto a la posibilidad de participación en estos entes.
Política de personal. Hasta ahora en la política de personal había un marco autónomo de gestión interna de personal...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Un minuto, señor presidente.
Ahora desaparece completamente y las competencias de control las va a ejercer Puertos del Estado. No hay un

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convenio colectivo de las autoridades portuarias, se establece un convenio colectivo único, lo único que pueden hacer las autoridades portuarias es el reparto de la productividad, pero eso es otra cuestión, eso no tiene que ver con la gestión de la política de personal y la capacidad de concertación en la negociación colectiva. Las directrices de selección de personal las establece Puertos del Estado. Hasta ahora la Ley 27/1992 nada dice de eso. Los pliegos generales reguladores de los servicios los aprueba Puertos del Estado y los particulares de las autoridades portuarias los informa también.
El servicio de señalización marítima es un servicio esencial público, lo prestan las autoridades portuarias, pero dice que bajo el control y la inspección de Puertos del Estado. Esto no está en la Ley 27/1992. Precios privados de los servicios comerciales. Ahora las autoridades portuarias tienen capacidad para establecer los precios privados, tienen esa autonomía para fijar los precios de los servicios comerciales, no de las tasas de los servicios básicos o de los servicios generales de titularidad pública. Ahora lo podrán establecer, pero siempre de conformidad con los criterios analíticos de costes establecidos por Puertos del Estado. Todo esto que le he dicho es nuevo. Es decir, el puerto de Las Palmas, el de Bilbao, el de Pasajes, el de Huelva, esa autonomía que tienen el día de hoy no la van a tener a partir de la próxima entrada en vigor de este proyecto de ley .
Todos estos artículos y algunos más que mencionaré en la defensa de las enmiendas suponen esa minoración de la autonomía funcional de las autoridades portuarias, distinta de la autonomía de las comunidades autónomas. Aquí no estamos debatiendo eso. Yo creo que he puesto ejemplos claros y concretos de por qué se produce esa minoración. Usted me puede dar razones diciendo que lo rechazan porque creen que hay que gestionar así. Muy bien, pero ése ya es otro tipo de argumento que ya contestaré en el turno correspondiente, pero serán otro tipo de razones a las que tendré que responder en el turno parlamentario correspondiente.
Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gatzagaetxebarría.
Por parte de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador señor Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor presidente.
Mi grupo no ha mantenido el veto para el Pleno no porque no quisiera, sino por un fallo técnico. Por lo tanto, manifestamos que votaremos favorablemente todos los vetos que se han presentado. No era nuestra voluntad no mantenerlo, pero un fallo técnico nos ha impedido realizar el debate. Pocas cosas hubiésemos añadido a los razonamientos que se han presentado, pero a mí no deja de sorprenderme que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haga referencia a que esta ley fuese una continuación del Pacto del Majestic. Será una continuación por su parte, pero para sus socios no. Es decir, los que pactaron con el Partido Popular en el Majestic hoy presentan veto. Por lo tanto, ellos no deben pensar que sea la continuación del acuerdo que se produjo en aquel momento y por ello creemos que este argumento no sirve, es el Partido Popular el que ha cambiado porque los que llegaron a aquel acuerdo, por lo que he oído, defienden aquel acuerdo, no el de hoy.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor presidente.
Reiteraré nuestro argumento, muy sucinto, de que se trata de una modificación o, en su caso, de un complemento no querido por la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara y, por descontado, de Convergència i Unió, de lo que fue la ley de modificación de la de Puertos del Estado y Marina Mercante, es decir, de la ley de 1997. Y no es, en absoluto, querido por nuestra parte, porque creemos que está perfectamente demostrado a través del articulado, que las autoridades portuarias van a ver muy mermadas sus capacidades de decisión. Se deduce claramente de todo el articulado, y lamentamos no haber podido convencer al Grupo Parlamentario Popular del hecho, en el que creo que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara estamos de acuerdo, independientemente de que podamos discrepar más o menos en parte del articulado, de que las autoridades portuarias van a ver no sólo limitadas, sino muy reducida su capacidad de actuación y de decisión, por este gran control que se establece a través de Puertos del Estado y del Ministerio por el presente proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, senador Fajarnés, no voy a repetir argumentos que ya han sido expuestos por los senadores Gatzagaetxebarría y Aleu, pero es evidente que se ha perdido una magnífica oportunidad por parte del Gobierno para presentar un proyecto de ley consensuado. Lo único cierto es que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno o no han querido, o no han tenido la capacidad política suficiente para presentar un proyecto de ley consensuado, lo suficientemente flexible como para permitir el desarrollo de políticas portuarias alternativas, garantizando en todo caso unas condiciones de gestión adecuadas para los puertos. Pero todavía pueden aprovechar la magnífica oportunidad que esta Cámara les ofrece, y demostrar verdadera voluntad política aceptando lo mejor de lo que ofrecemos cada uno de los grupos parlamentarios. El proyecto de ley, señor Fajarnés, no se engañe, no resuelve ninguno de los problemas que los puertos tienen planteados, como pueden ser los relacionados con la estiba, con la coordinación de la gestión,

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con la racionalización de las inversiones, con la libre y leal competencia.
Quizá su señoría no sepa, que tras las repetidas discrepancias habidas en el Parlamento y el Consejo Europeo sobre el anteproyecto de directiva comunitaria, el texto finalmente ha tenido que ser sometido a un proceso de conciliación. El Comité de Conciliación, formado por representantes del Parlamento y del Consejo, ha aprobado recientemente un texto definitivo, pero, ¡cuidado!, un texto que ha contado con un escaso margen de votos: ocho a favor y siete en contra. Ese texto debe ser aprobado ahora por el Pleno del Parlamento y por el Consejo, sin posibilidad de introducir ya ninguna nueva enmienda sobre el texto aprobado por el Comité de Conciliación; o se aprueba o se rechaza. Si es rechazado por alguna de las dos instituciones, la directiva queda rechazada definitivamente. Respóndame ¿qué pasaría con este proyecto de ley si la directiva fuese rechazada? Seguramente usted y el Gobierno dirán que nada, pues defienden que este proyecto no es una transposición de ninguna directiva, y por eso no lo han sometido al informe del Consejo de Estado.
Pero en la práctica sepa usted que si la directiva fuese rechazada se pondrá de manifiesto una cierta precipitación por parte del Gobierno español al pretender modificar la actual Ley de Puertos sin esperar a la directiva europea, pues en el proyecto que ustedes seguramente van a aprobar hoy se regulan aspectos que también se regulan en la directiva comunitaria, y si ésta se aprueba con posterioridad a nuestra ley y en esos aspectos no fuesen coincidentes ambas normas, habría que volver a modificarla para transponer la directiva y, por tanto, sería la cuarta modificación de esta ley en tan sólo quince años.
En el caso de los puertos españoles está probado que la entrada en los puertos del sector privado y de la libre competencia ha sido posible. Hoy día prácticamente en un porcentaje muy elevado las terminales de titularidad pública están siendo gestionadas por la iniciativa privada, pero bajo la tutela y la coparticipación del ente Puertos del Estado o de las autoridades portuarias correspondientes. Y, señor Fajarnés, no hay razón explícita o concreta alguna para el cambio de titularidad que el proyecto propone, al menos ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular lo han explicado. Por tanto, no se vayan por los cerros de Ubeda y explíquenlo.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fajarnés.


El señor FAJARNES RIBAS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero decir a sus señorías que los argumentos dados por los diferentes grupos que han intervenido en este turno de portavoces desde nuestro punto de vista no han aportado nada nuevo al debate y, por tanto, no voy a insistir más en determinadas réplicas ya repetitivas y que no merecen más comentarios por parte de este grupo parlamentario.
De todas formas, quiero contestar al señor Carracao en lo que respecta a la cuestión del consenso, como si el Grupo Parlamentario Popular no hubiese querido consensuar esta ley. Quiero decirle que si no ha sido consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista se ha debido a la reiterada negativa de ése a dialogar sobre el mismo, a pesar de los continuos ofrecimientos del Ministerio de Fomento.
Señoría, usted ha hablado también del proyecto de directiva europea.
Permítame que le diga que es algo chocante hablar, por un lado, en las intervenciones en el Congreso, en el propio veto, del incumplimiento de plazos y retrasos por parte de esta ley y, por otro, reclamar que el proyecto de ley sea retirado porque no está aprobada la directiva europea. Es una postura sorprendente, no aclarada, que lo único que hace es que pensamos que lo que se busca es el entorpecimiento de esta nueva ley de puertos y demostrar sus contradicciones, cosa normal en el Grupo Parlamentario Socialista.
En definitiva, y en este último turno de portavoces, quiero significar que este es un buen proyecto de ley; un proyecto de ley, como ha dicho el Ministro de Fomento, que es un marco regulador para los puertos españoles, estable jurídicamente, que responde a la actual realidad económica de los mercados y que, en resumen, favorece su posición competitiva en el escenario internacional; una ley que potenciará el importante papel que los puertos desempeñan en la dinamización económica de las ciudades en las que se ubican y en su área de influencia, sin discriminaciones y sin privilegios y con un modelo de gestión portuaria más eficaz y eficiente; un proyecto de ley que articula un sistema de transporte que responde al interés general y a la correcta vertebración de nuestro territorio y del que hay que destacar las importantes bonificaciones para potenciar a España como plataforma logística internacional para favorecer la intermodalidad y la captación de tráficos, el incremento de la calidad en la prestación de los servicios, la mejora en las prácticas medioambientales y, sobre todo, y muy especialmente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor FAJARNES RIBAS: ... bonificaciones como nunca por razones de alejamiento e insularidad al transporte de mercancías y de pasajeros que benefician y compensan a territorios como Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares y que, además, reconoce la problemática... (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Un momento, señor Fajarnés, por favor. Silencio, señorías. Silencio, por favor. Continúe.


El señor FAJARNES RIBAS: ... como es el caso de Formentera, en donde se especifica que las mercancías y sus elementos de transporte en tránsito marítimo con origen o destino en otro puerto de interés general, de un mismo archipiélago estarán exentas de pago de tasa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Una vez debatidas, sometemos a votación las propuestas de veto al proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de puertos de interés general.
En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de veto número 1, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 54; en contra, 116; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 2, originariamente formulada por el señor Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 61; en contra, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 61; en contra, 115; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 61; en contra, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 177; a favor, 61; en contra, 116.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Rechazados los vetos, pasamos al debate de las enmiendas.
Enmiendas firmadas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, que entiendo defendidas. (Asentimiento.) Se dan por defendidas.
Enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, números 28 a 68,que damos por defendidas, ¿es así? (Asentimiento.) Gracias.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria números 120 a 156.
Para su defensa, tiene la palabra el senador don Froilán Rodríguez.
(Rumores.) Por favor, les ruego que permitan al orador hacer uso de su turno. Un momento, señor senador. Silencio, señorías. (Pausa.) Puede comenzar.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en el debate de un proyecto de ley fundamental para todo el Estado español, para todo el territorio, pero, como es lógico, especialmente importante para todos aquellos territorios que en mayor o menor medida dependen del transporte de personas, mercancías, en definitiva, de bienes, a través de los puertos. Estamos hablando de los territorios costeros y muy especialmente de los territorios insulares, por eso para Coalición Canaria la discusión, la negociación, el proceso de debate en torno a este proyecto de ley se ha tomado con muchísimo interés --como todos, pero en este caso especialmente--. Y aunque estemos en el turno de defensa de enmiendas, adelantamos ya que si, tal como está previsto, las transaccionales salen adelante --además, por supuesto, de las que ya han sido admitidas en el debate previo y en comisión--, nuestro grupo va a apoyar este texto. Sin embargo hay aspectos de tipo general sobre los cuales nosotros hemos manifestado nuestra disconformidad.
Es verdad que coincidimos con aspectos parciales de la defensa de algunos vetos en el sentido de que se han radicalizado los criterios centralizadores que ya tenía la ley anterior y que, en cierto modo, hay invasión de algunas competencias tanto del ámbito autonómico como local --en aspectos urbanísticos y de otro tipo--, por eso nosotros hemos mantenido vivas hasta el día de hoy 37 enmiendas. (El señor vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En los últimos días previos a este debate que hoy mantenemos aquí la negociación con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno ha dado algunos frutos importantes, fundamentalmente la transaccional sustentada en nuestra enmienda número 156, que recoge una aspiración largamente reivindicada desde el archipiélago canario. En definitiva, nos referimos al tratamiento diferenciado que debe tener el tráfico marítimo interinsular de aquél otro que se realiza entre los puertos de Canarias y los del resto de la península o los puertos canarios con los de otros países. Por lo tanto, al margen de que en esta enmienda transaccional sustentada sobre la número 156 se recogen aspectos parciales de las enmiendas números 120, 121 y 126 --repito que estas últimas las seguimos manteniendo vivas porque hay aspectos que no se han recogido que nos parecen fundamentales--, la aceptación de la enmienda transaccional referida conlleva --caso de ser aceptada, lógicamente-- la retirada de la enmienda base sobre la que se sustenta, que es la número 156. Como todo parece indicar que esta enmienda va a ser aceptada mayoritariamente, anunciamos que retiramos la número 156.
Como pedíamos en nuestra enmienda, en esta transaccional se contempla la necesaria coordinación con las comunidades autónomas insulares o archipielágicas, como

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queramos, más allá de lo recogido --que era la defensa que se hacía para no admitir esa parte de nuestras enmiendas-- en el artículo 36 punto 5.
Antes de terminar y como me imagino que en su momento daremos cuenta de la enmienda transaccional, quiero incidir con más detalle en lo que supone esa enmienda sobre la que se sustenta la transaccional, que es la número 156. Lo que pretendía esta enmienda era añadir una disposición adicional del siguiente tenor y referida al régimen económico específico y de prestación de servicios en los puertos canarios de interés general.
El texto lo define bastante bien: Con el fin de contribuir a la integración de los mercados canarios y a la cohesión territorial del archipiélago, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley, y previo acuerdo con el Gobierno de Canarias, se aprobará reglamentariamente el régimen económico específico y de prestación de servicios en los puertos canarios de interés general. Dicha normativa determinará las medidas oportunas que favorezcan el abaratamiento de costes y la fluidez del tráfico marítimo interinsular. En especial, se deberán alcanzar --entre otros-- los siguientes objetivos: simplificación y, cuando proceda, eliminación de los trámites administrativos en los puertos insulares de interés general; establecimiento de infraestructuras portuarias dedicadas específicamente a la navegación interinsular; aplicación de exenciones sobre las tasas que gravan el pasaje y las mercancías cuando se trate de tráfico marítimo interinsular, y que tales exenciones se compensen con cargo al fondo de compensación interportuario --FCI-- de forma que no se perjudique el equilibrio financiero de los puertos insulares de interés general; y, por último, coordinación con las autoridades autonómicas en los procesos de planificación de los puertos insulares de interés general.
Me parece importante que les ofrezca una breve justificación de la defensa a ultranza que hemos mantenido durante todo el proceso de debate del proyecto de ley, que se basa fundamentalmente en que los puertos canarios han sido objeto de un tratamiento diferenciado en el régimen económico y fiscal. En este sentido, la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en su artículo 4.4, declara que en los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias se establecerán tarifas diferentes y reducidas respecto a las vigentes en el ámbito nacional. Asimismo, en su artículo 4.3 establece el principio de liberalización de los servicios auxiliares del transporte marítimo --servicios portuarios--, y la posibilidad de que puedan ser prestados directamente por las propias compañías o contratados por éstas a terceras empresas, no necesariamente de transporte.
La cohesión territorial y la integración real de los mercados insulares exigen que las conexiones marítimas interinsulares se comporten como auténticas autopistas marítimas; los puertos no deben ser cuellos de botella que ralenticen las comunicaciones interinsulares sino que deben contribuir a la fluidez del tráfico entre las islas, debiendo, por tanto, eliminarse todos aquellos trámites, servicios y procedimientos que lo obstaculicen, sin una razón suficientemente justificada.
Por lo que se refiere a la necesidad del acuerdo previo de la comunidad autónoma sobre esta reglamentación específica y la coordinación con las autoridades autonómicas en los procesos de planificación, están justificadas por la concurrencia de competencias estatales y autonómicas en materia portuaria y de transporte marítimo. En efecto, Canarias tiene competencias asumidas estatutariamente en materia de transporte marítimo interinsular y sobre puertos que no sean de interés general, lo que exige que esta regulación específica de los puertos estatales insulares se haga de una manera ordenada, coordinando los esfuerzos de cada administración en la consecución de objetivos similares.
Esta enmienda tiene un precedente similar, entre otros, en la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, cuyo artículo 12 también mandataba al Gobierno para que estableciese una reglamentación específica para las actividades de suministro eléctrico en los territorios insulares y extrapeninsulares, para atender a las especificidades de su ubicación territorial.
Por último, me gustaría dar lectura a la enmienda transaccional que hemos consensuado entre el Grupo Parlamentario Popular y mi grupo parlamentario. En un principio, esta negociación fue bastante dura pero, al final, creo que la voluntad de consenso, el interés general y la preocupación por tratar de recoger adecuadamente las peculiaridades de los archipiélagos canario y balear han primado. Este sentido, tengo que agradecer a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular --especialmente, al senador Fajarnés--, así como a los representantes del ministerio en estas negociaciones, su disposición para llegar a un acuerdo.
Creo que la lectura de esta transaccional, que ha sido firmada por todos los grupos políticos presentes en la Cámara, recoge claramente los objetivos que planteaba, que son fundamentales para Canarias y que, además, se extienden también a los territorios insulares del archipiélago balear. La disposición adicional vigésima, sobre el régimen económico y de prestación de servicios en los puertos insulares de interés general, en cuanto al tráfico interinsular, dice lo siguiente: Con el fin de contribuir a la integración de los mercados de los archipiélagos balear y canario, y a la cohesión territorial de los mismos, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente ley, y previo informe de las respectivas comunidades autónomas en las materias de su competencia, se aprobará reglamentariamente el régimen económico específico y de prestación de servicios en los puertos insulares de interés general, en lo que respecta al tráfico marítimo interinsular en cada archipiélago.
Dicha normativa determinará, con arreglo a esta ley, las medidas oportunas que favorezcan la reducción de costes y la fluidez en este tipo de tráfico. En especial, se deberán alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos. La simplificación y, cuando proceda, la eliminación de los trámites administrativos en los puertos insulares de interés general. El establecimiento de infraestructuras portuarias dedicadas específicamente a la navegación interinsular. La aplicación de bonificaciones adicionales de hasta el cien por cien a las previstas en la ley por razón de la circunstancia de alejamiento

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y de insularidad sobre las tasas que gravan el pasaje y las mercancías cuando se trate de tráfico marítimo interinsular, con cargo a las reducciones contempladas en los artículos 10 y 13, en los porcentajes de aportación de las autoridades portuarias situadas en las regiones insulares a Puertos del Estado y al Fondo de Compensación Interportuario.
Los parámetros o elementos de cuantificación de esta bonificación adicional serán la clase de mercancías, el tipo de tráfico, en especial, los destinados al transporte de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje y al abastecimiento de las islas, así como los que sean especialmente sensibles a la economía regional, y la utilización de infraestructuras portuarias dedicadas específicamente a la navegación interinsular. La coordinación, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, apartado 5, de esta ley, con las autoridades autonómicas en los procesos de planificación de los puertos de interés general. Y, por último, la reducción de costes en la prestación de servicios portuarios.
Creo que con esta transaccional no sólo se recoge perfectamente una de las enmiendas fundamentales que presentábamos a esta ley, sino que además se amplían aspectos concretos que se enmarcan en la legislación actual.
Nos congratulamos de que los puertos y, en definitiva, la comunidad y los ciudadanos del archipiélago balear se beneficien de lo que establece esta disposición adicional, con lo cual, nos sentimos plenamente satisfechos, aunque no puedan disfrutar plenamente, porque en cierta forma padecemos en un aspecto colateral tanto en la Unión Europea como en el caso de esta reglamentación concreta, el concepto de lejanía de la España continental.
Repito que mantenemos vivas todas las enmiendas que he citado, agradeciendo la sensibilidad demostrada por el Gobierno y el Grupo Popular al aceptar las enmiendas fundamentales que hemos presentado, y volviendo a manifestar que prestaremos nuestro apoyo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Rodríguez.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 69, 72, 73, 75, 78 a 80, 82 a 102, 104 y 106 a 119, así como dos enmiendas transaccionadas en comisión, todas ellas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Quiero empezar mi intervención manifestando que suscribimos la última parte de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la problemática derivada de la aprobación o no de la directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios.
Este tema tiene su importancia, en la medida en que el Gobierno ha planteado a las Cortes este proyecto de ley inspirándose en la tramitación de esta directiva en el ámbito de la Unión Europea --Consejo de Ministros y Parlamento--, que lleva ya tres años de debate.
El Gobierno se adelanta, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, después del procedimiento de conciliación del pasado 29 de septiembre vamos a esperar a ver qué pasa el día 19 de noviembre en la votación que se va a producir en el Parlamento europeo, donde se aprueban o rechazan las enmiendas introducidas en esa comisión mixta de conciliación integrada por 15 representantes del Consejo de Ministros de la Unión y por otros 15 del Parlamento europeo. Por eso, hubiera sido razonable --lo he dicho en la primera parte de mi intervención-- haber esperado para ver cómo termina la directiva, porque en realidad podemos estar adelantándonos a esa liberalización de los servicios. Suscribo el planteamiento que ha hecho al final de su intervención el senador Carracao.
Una de las cuestiones más importantes que plantea nuestro grupo parlamentario --y defiendo así nuestro paquete principal de enmiendas-- se encuentra en la número 102, al artículo 58, que es el que regula los servicios y su catalogación en generales, básicos y comerciales. Nosotros planteamos que entre los generales, es decir, aquellos servicios que van a quedar incluidos en el ámbito de la competencia directa de la Administración General del Estado a través de las autoridades portuarias, tiene que estar el servicio de practicaje. ¿Y qué es el servicio de practicaje? La ley lo define como el servicio de asesoramiento a los capitanes de los buques de transporte o de pesca para facilitar su entrada, su salida, así como las condiciones náuticas de navegación en aras de garantizar la seguridad marítima. Con esta definición que hace la vigente Ley de puertos --que el proyecto de ley mantiene--, la seguridad de la navegación es un servicio que tiene que ser de carácter esencial y que debe mantenerse como un servicio público. Por eso, no entendemos que se traspase este servicio a aquellos calificados como portuarios básicos que van a ser prestados sobre la base de un concurso con licencias administrativas que darán las autoridades portuarias. Nosotros pretendemos que dentro de esa trilogía de servicios tienen que estar en el primer escalón, en aquel que corresponde prestar directamente a la Administración General del Estado a través de las autoridades portuarias, lo mismo que el servicio de ordenación y control del tráfico portuario, como el garantizar las condiciones de entrada y salida para tener una seguridad en las condiciones de navegación, que va a ser un servicio de naturaleza básica y, por tanto, prestado por operadores privados. Pero nosotros optamos por mantener dentro del listado de los servicios generales uno más, eliminándolo, por tanto, de los básicos e incluyéndolos en los generales.
Creemos que ésa es la filosofía de la ley actualmente vigente y no vemos las razones por las que lo cambian. De hecho, tengo en mi poder el texto de conciliación aprobado recientemente entre el Consejo de Ministros y el Parlamento, que, incluyendo el servicio de practicaje dentro del ámbito de aplicación de la directiva, habilita a cada uno de los Estados miembros de la Unión para poder establecer las normas de organización que estimen convenientes por razones de seguridad y requisitos del servicio público. Es decir, cabe perfectamente dentro de esa hipotética directiva --que si los trámites parlamentarios y del Consejo van por los cauces normales se aprobará-- que en la habilitación

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que hace a los Estados éstos lo incluyan como un servicio público general. Eso es lo que le hemos planteado al grupo mayoritario en la enmienda número 102.
En la enmienda número 80 ya entro a analizar --como le manifesté al senador Fajarnés en mi segunda intervención en el debate de los vetos-- por qué entendemos que se produce la minoración de la autonomía de gestión de las autoridades portuarias. Señoría, el artículo 36, al que se refiere nuestra enmienda número 80, dice que las autoridades portuarias elaborarán los proyectos de los planes directores y de empresa de acuerdo con Puertos del Estado, y dice también que en caso de que haya discrepancia lo resolverá el ministro de Fomento. En la realidad no ocurre esto. No está contemplado en la Ley 27/1992, luego hay un principio y un avance de una minoración.
En lo que se refiere a las enmiendas números 95, 96 y 97, así como la 117, que afectan a la adquisición o enajenación de acciones de participación en capital de las autoridades portuarias en sociedades dedicadas al ámbito del transporte o de la gestión portuaria, consorcios y fundaciones, el cambio es espectacular. La pérdida de autonomía es impresionante, lo he dicho antes también. Disminuye la capacidad en los consejos de administración de los puertos, de poder invertir hasta el 5 por ciento de los ingresos anuales en la adquisición o enajenación de acciones de empresas participadas, consorcios o fundaciones se pasa a un 1 por ciento; se da una disminución del 5 al 1 por ciento. Por lo tanto, es una pérdida importante, visto el volumen de ingresos anuales que se tiene como referencia para calcular la competencia de las autoridades portuarias.
Eso ocurre con las sociedades participadas, con las fundaciones y con los consorcios. Y lo que es más grave, señor presidente, además de eso, de que si se pasa del 1 por ciento tiene que autorizar Puertos del Estado, si no lo supera tienen que dar el visto bueno los vocales de la autoridad portuaria --de la que sea, Avilés, Bilbao o Las Palmas--, los vocales de la Administración General del Estado en el puerto de interés general correspondiente. Eso sucede cuando no se supera el 1 por ciento; si se pasa, tiene que autorizar Puertos del Estado; si no se pasa, usted tampoco lo puede acordar, aunque tenga las dos terceras partes o los cuatro quintos del consejo de administración, siempre que se opongan los vocales representantes de la Administración General del Estado.
Pero, ¿qué es esto? ¿En qué norma del ordenamiento jurídico español se prevé la capacidad de veto? Resulta increíble que esta ley de puertos establezca que los vocales de la Administración General del Estado, aunque sean cinco de los veintisiete que conforman el consejo de administración de representantes institucionales --municipios, comunidades autónomas, Administración General del Estado, cámaras de comercio y organizaciones empresariales y sindicales--, tengan veto. Este hecho no tiene precedentes en la regulación de la legislación administrativa española. ¿Cómo vamos a estar a favor de esa cuestión, si en el puerto de Avilés cinco vocales se pueden oponer a veintisiete? La autoridad portuaria de Avilés no puede participar en el consorcio, en la fundación o en la empresa dedicada a la promoción del puerto correspondiente porque alguien entiende que no es oportuno. Esos vocales representan a la instrucción correspondiente de Puertos del Estado. ¿No es esto una minoración? Prueba más palmaria no hay.
Las enmiendas números 98, 99, 100 y 101 se refieren a la política de personal; es decir, a las competencias en materia de personal que tienen ahora las autoridades portuarias, con capacidad de establecer un marco propio de las relaciones laborales en los puertos y la existencia de convenios colectivos. Hay convenios colectivos en cada una de las autoridades portuarias, pero desaparecen y se crea el convenio colectivo único estatal de puertos de interés general. ¿No es esto una minoración de las funciones de gestión de las autoridades portuarias? Según los artículos 51, 52, 53 y 54, Puertos del Estado elaborará las directrices y procedimientos para seleccionar el personal. Pero la Ley 27/1992, actualmente vigente, nada dice al respecto y da plena autonomía. La estructura del personal la aprobará el Ministerio de Administraciones Públicas en coordinación con el Ministerio de Hacienda, pero nada dice al respecto la Ley 27/1992 actualmente vigente.
Este es otro de los ejemplos, en virtud de los cuales demostramos que existe esa minoración de las funciones de las autoridades portuarias, y otro lo tenemos en el artículo 37.1 de la ley vigente, referido a las funciones de los consejos de administración. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular afirman que no tocan las funciones de los consejos de administración de las autoridades portuarias, pero no es cierto. Vean ustedes la disposición final segunda, apartado 9, modificación del párrafo que contiene la letra q) del listado de funciones de los consejos de administración de las administraciones portuarias. Ahí se produce otra minoración del ámbito funcional de gestión de las autoridades portuarias.
Continúo. Fiscalización y control financiero; lo que hay ahora y lo que va a haber luego. Puertos del Estado, a través de los planes de control internos, va a establecer unos mecanismos adicionales a los que actualmente ejercen la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas; una triple intervención pública de control. Puertos del Estado establecerá planes de control y efectuará labores de control interno con el efecto de analizar la seguridad de los activos y la fiabilidad de la información financiera. ¿Pero qué es esto? Los puertos de interés general tienen personalidad jurídica propia. ¡Qué recelo! ¡Qué desconfianza hacia los mismos! ¿O es que la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas no son poderes públicos suficientes? Otro ejemplo de minoración de facultades de autonomía de gestión financiera que hasta ahora tenían los puertos y que con la entrada en vigor de esta ley no van a tener.
Las modificaciones presupuestarias, artículo 41, se tramitarán ahora ante el Ministerio de Hacienda a través de Puertos del Estado. Antes esto lo tramitaban las autoridades portuarias, ¿qué pasa si Puertos del Estado no está de acuerdo y ejerce un control de oportunidad? La ley no dice nada al respecto. Es un filtro previo, pero la relación directa desaparece.
Estos son también ejemplos en el ámbito de la autonomía de gestión presupuestaria, de control interno y de autonomía financiera.


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Respecto a la concesión del dominio público, ahora, de conformidad con la gestión del dominio público marítimo-terrestre en su vertiente del dominio público marítimo portuario, las autoridades portuarias conceden las concesiones --y valga la redundancia-- para la utilización privativa del espacio territorial de dominio público hasta un plazo de 30 años, y los pueden prorrogar. ¿Dónde ésta la minoración? Según el artículo 107.2, cuando las prórrogas afecten a concesiones para el desarrollo de actividades económicamente relevantes requerirán informe previo y favorable de Puertos del Estado. Actualmente esto no existe y, por tanto, aquí se produce otra minoración.
Enmienda número 112 al artículo 107, que se refiere a los proyectos de construcción de obras de infraestructura portuaria. Hasta ahora había plena autonomía para las autorizaciones de las obras en dominio público a los concesionarios, a partir de la entrada en vigor de la ley será necesario un informe previo vinculante desde el punto de vista técnico y económico de Puertos del Estado.
Otro ejemplo. Gestión del dominio público marítimo-terrestre. La desafectación. Cuando un bien de dominio público no prestaba el servicio público para el que había sido destinado, es decir, perdía esa finalidad de servicio público, las autoridades portuarias podían plantear al ministerio la desafectación, y por tanto, su catalogación como un bien patrimonial. ¿Y eso que suponía? La posibilidad de entrar en el tráfico jurídico. Así se podían comprar, vender, alquilar, ceder, pasaba de un bien demanial a un bien patrimonial. Antes esto era algo que gestionaban las autoridades portuarias con el ministerio, pero ahora no; existe un filtro previo, a propuesta de Puertos del Estado. Control de oportunidad.
Enmienda número 90, relativa a que los bienes desafectados puedan ser permutados, enajenados o cedidos, es decir, entran en el tráfico jurídico. Ya no está inspirado en los principios de la demanialidad, no son inembargables, no son imprescriptibles, ¿qué hay que hacer para poder cederlos? Comunicación previa a la Dirección General de Patrimonio del Estado y Autorización de Puertos del Estado nuevamente. La Ley 27/1992 no prevé esta limitación a las autoridades portuarias.
Este es un conjunto de pruebas y estas 15 enmiendas son las principales en las que nosotros acreditamos esa minoración de funciones. Junto a ello están las enmiendas relativas a la contribución a Puerto Madrid. Para llevar a cabo todo esto Puerto Madrid necesita más dinero. ¿Y qué hace el proyecto de ley? Pues si vamos a su artículo 11 vemos que se crea un nuevo ingreso: el 4 por ciento de los ingresos devengados por las autoridades portuarias en concepto de tasas. Vamos a la ley vigente y vemos que no existe esa aportación. El 4 por ciento de los ingresos de todos los puertos de interés general es mucho dinero, además de la aportación del Fondo de Compensación Interportuario. Actualmente existe un modelo de cálculo y un fondo de contribución, que suele llegar hasta el 6 por ciento de los ingresos anuales, y pasa a un 12 por ciento --artículo 13, apartado 4--, fondo que será gestionado por Puertos del Estado, y redistribuido en función de un comité de distribución. ¿Es esto o no una pérdida de autonomía de función de las autoridades portuarias? Está claro que sí; otra cosa es que el título del proyecto de ley diga otra cosa: régimen económico y de prestación de servicios. ¡Claro!, el régimen económico está en el Título I; en el Título II se habla del aspecto presupuestario, financiero, de funcionamiento; el Título III de la prestación de servicios; el Título IV del dominio público. Sí, pero tangencialmente todas estas regulaciones a lo largo del proyecto de ley, que tiene una gran extensión --132 artículos y muchas disposiciones adicionales--, llevan este efecto, además de lo que he dicho antes, señor presidente, ¿por qué no se ha reflexionado sobre esta cuestión con Andalucía, con Valencia, con Cataluña y con el País Vasco? Porque, señor presidente --defiendo con esto la enmienda número 115, y con ello termino, porque el resto las voy a dar por defendidas--, se ha utilizado el argumento de que los puertos de interés general --decía el senador Fajarnés literalmente-- son competencia exclusiva de la Administración General del Estado. Competencia exclusiva de la Administración General del Estado siempre que no se reserve su gestión, porque si no, Andalucía, Cataluña, Valencia y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas, de las 17, con competencia para poder llevar la gestión. ¿Qué tendrá el Estado? La titularidad; el Estado siempre será titular demanial del puerto, ahora bien la gestión ordinaria, la gestión presupuestaria, la gestión de los órganos colegiados, la de prestación de servicios la pueden asumir estas cuatro comunidades autónomas.
No se ha reflexionado con Andalucía, con Valencia, con Cataluña y con el País Vasco. Ahora en los puertos de interés general esas funciones y esos servicios de interés general van a ser prestados por la iniciativa privada, bajo licencias o bajo autorizaciones. ¿Les interesa a ustedes prestar esos servicios y asumir su gestión? No se ha abierto ese debate, por eso mantenemos la enmienda número 115, que viene a decir que esas facultades de gestión que mantiene Puertos del Estado en relación a los puertos de interés general y su representación en las autoridades portuarias podrán ser asignadas a las comunidades autónomas que tienen competencias, esas cuatro que son las únicas competentes. Pero con puertos importantes, como el de Sevilla, como el de Huelva, como el de Almería o como el de Málaga, para Andalucía esto es una cuestión de envergadura, menos para el País Vasco porque sólo son dos puertos, pero para Andalucía es una cuestión de primer orden.
Por tanto, nosotros planteamos esta cuestión, y además el Grupo Parlamentario Popular tradicionalmente ha sido favorable; ya diremos en la siguiente intervención cuándo ha sido favorable a estos posicionamientos políticos y qué trayectoria se tiene en la defensa de la autonomía portuaria con ocasión de los debates de la ley de puertos y de las reivindicaciones que desde Galicia se han realizado en la materia.
Por todo ello, señor presidente, el resto de las enmiendas de nuestro grupo parlamentario las vamos a dar por defendidos, porque éstas constituyen el núcleo duro de la articulación y de la posición política de nuestro grupo parlamentario.


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Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas números 157 a 181, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
En honor a la petición que ha hecho la Junta de Portavoces voy a ser muy breve. Sólo me voy a referir a la enmienda número 181, que es nueva y que se refiere a la seguridad de las zonas portuarias, por lo que pedimos al Grupo Parlamentario Popular que la estudie con interés, porque tiene que ver con un juicio que se ha celebrado recientemente, ya que en los puertos existe una zona donde no hay prácticamente responsabilidad ni defensa ni policía que se haga cargo. Por eso pedimos al Grupo Parlamentario Popular que la mire con mucho cariño.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a la defensa de las enmiendas números 527 a 531, 534 a 591, 593 a 618, 620 y 621, todas ellas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra el senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a defender nuestras enmiendas agrupándolas en dos bloques, según práctica habitual ante proyectos que encierran problemáticas de carácter competencial.
El primero de estos bloques contiene aquellas enmiendas con un componente básico de defensa de competencias autonómicas, como, en el caso que nos ocupa, del organismo pertinente, es decir, de la autoridad portuaria, versus puertos del Estado o Ministerio de Fomento.
Por otra parte, presentamos también enmiendas de carácter estrictamente técnico, que pretenden mejorar el articulado en diversos aspectos técnicos, económicos, sociales, etcétera.
Respecto al bloque de enmiendas cuya finalidad es mantener las competencias de las autoridades portuarias o, en su caso, de las comunidades autónomas, me voy a referir a las siguientes.
La enmienda número 547 propone la supresión del Capítulo V del Título I, artículos 31 a 35, referidos a los precios privados por servicios prestados por las autoridades portuarias. Entendemos que no tiene sentido configurar la actividad comercial que pueden desarrollar las actividades portuarias, ya que no se trata de servicios portuarios sino tan solo de actividades residuales.
En esta misma línea, la enmienda número 548 propone la supresión del Título II, régimen de planificación, presupuestario, tributario, de funcionamiento y de control, que comprende los artículos 36 a 55, perfectamente regulados por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, por lo que, en consecuencia, el proyecto de ley que ahora debatimos no introduce mejora alguna sino, al contrario, encorseta y detalla excesivamente el plan estratégico, el plan de empresa, el plan director, el régimen contable, el régimen patrimonial, etcétera.
En el mismo sentido presentamos la enmienda número 545, de supresión del artículo 29, referido a tasas por servicios generales. Entendemos que estas tasas pueden perjudicar la competitividad de los puertos.
La enmienda número 546 es de supresión del artículo 30, sobre tasas por servicios de señalización marítima, ya que las consideramos de imposible repercusión.
La enmienda número 561, de supresión del artículo 54, tiene por finalidad mantener el régimen de personal ya existente en la actual Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Las enmiendas números 588, 589 y 590 proponen la supresión de los artículos 88, 89 y 90 respectivamente, sobre servicios comerciales y otras actividades, porque entendemos que estas actividades no requieren una regulación tan detallada en una ley.
Las enmiendas números 592 y 593 son de supresión de los artículos 93 y 94 respectivamente, ya que estos no añaden nada sustancial a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante en lo referente al modelo de gestión del dominio público portuario estatal y de los bienes que la integran.
Asimismo, las enmiendas números 595 y 596 son de supresión del artículo 96.7 y del artículo 97 respectivamente, sobre el plan de utilización de los espacios portuarios y su modificación.
Podríamos citar bastantes más enmiendas pero creemos que estas muestras son ya más que suficientes.
El segundo bloque lo constituyen las enmiendas que hacen referencia a cuestiones que ya hemos transaccionado y todas ellas son de carácter técnico. En él se incluyen las enmiendas números 528, 538, 577 y 587.
Queremos hacer referencia a un conjunto de enmiendas que se han transaccionado para regular situaciones transitorias, mal resueltas en general en este proyecto de ley, que podrían dar lugar a disfunciones importantes a las empresas concesionarias de algunos de los servicios, empresas concesionarias antes de la entrada en vigor de este proyecto de ley. Aparte de estas enmiendas transaccionadas a las que haremos referencia en el momento final, tenemos también la 570 sobre pliegos reguladores y la 571, ambas al artículo 65, que deben dar mucho más margen de actuación a las autoridades portuarias.
Para no extendernos más en estas enmiendas técnicas y centrarnos en las transaccionadas que han firmado los distintos grupos y que es importante reseñar, a pesar de que no afectan a la filosofía de la ley, pero sí para hacer --por lo menos en parte-- una ley que pueda considerarse útil, nos vamos a referir a la 539 al artículo 19.6, sobre tasa por ocupación del dominio público portuario en ocupación de terrenos y aguas; a la 543, sobre tasa de la mercancía, y de un modo especial a la 614 y la 615 que dan soporte a una transaccional a la disposición transitoria primera sobre adaptación del canon por ocupación o aprovechamiento de

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dominio público portuario en concesiones otorgadas con anterioridad; de la misma manera, nos vamos a referir a la 616 a la disposición transitoria segunda, sobre valoraciones de la zona de servicios de los puertos y de terrenos afectados a la señalización marítima, y a la 617 que da soporte a una modificación de la disposición transitoria quinta sobre adaptación del canon por prestación de servicios al público y el desarrollo de actividades comerciales e industriales. En la 617, a la que nos estamos refiriendo, se precisa cuándo no se aplicará el incremento escalonado previsto en el punto 3 de la disposición transitoria quinta.
En conjunto este bloque de enmiendas transaccionadas afectan de un modo muy importante a la funcionalidad de gestión de los puertos, pero, desgraciadamente, no afectan a la filosofía del proyecto de ley. Aquellas que afectan a la filosofía del proyecto de ley, que son las que hemos mencionado en primer lugar, desgraciadamente no se han podido transaccionar.
Insistimos, por tanto, al Grupo Parlamentario Popular en la inoportunidad de este proyecto de ley, de la filosofía que lo impregna y de la necesidad de modificarlo y de atender a las enmiendas en parte o en su totalidad, que hemos presentado la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Beguer.
Pasamos a las enmiendas 182 a 526 del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el senador Oria.


El señor ORIA GALLOSO: Muchas gracias, señor presidente.
Apelo, señorías, señor presidente, a su comprensión y a su paciencia a estas horas ya de la madrugada, pasada la medianoche, para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a un proyecto de ley extenso y complicado. Hemos presentado un gran número de enmiendas, pero trataré de ir al grano. De todas maneras no voy a utilizar los 345 minutos que me concede el Reglamento. Solamente voy a utilizar la mitad. (Risas.) Señoría, en este ejercicio de responsabilidad que siempre ha caracterizado al Grupo Socialista hemos presentado el veto, que es una declaración política y técnica de lo que nosotros pensamos respecto de la gestión de los puertos y que, junto con las enmiendas, es una alternativa articulada, seria, frente a este proyecto de ley que no nos gusta.
Fue precisamente la Ley 27/ 1992 la que inició la liberalización del sector portuario y estimuló la concurrencia y la competitividad de los operadores privados, abrió las puertas de los puertos a la iniciación del verdadero interés público de los puertos de intereses general del Estado, convirtiéndolos en dinamizadores importantes del desarrollo económico y social de la zona de influencia de cada puerto.
Digo esto porque habría que volver a recordarle al Grupo Popular, al señor Fajarnés, que ya llevan gobernando ocho años y que no nos sigan echando la culpa de los posibles males de la gestión portuaria en estos momentos. Esa es vuestra responsabilidad.
Vamos a defender las enmiendas de un proyecto de ley que consta de un preámbulo con cinco epígrafes al que le hemos presentado 71 enmiendas; de 132 artículos desglosados en cuatro títulos, a los que hemos presentado 230 enmiendas, y 19 disposiciones adicionales, 14 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales, a las que le hemos presentado 43 enmiendas.
Hemos presentado a este proyecto de ley un total de 344 enmiendas. Al preámbulo --como he dicho antes-- hemos presentado 71 enmiendas a las que, por supuesto, no voy a hacer referencia y, por tanto, las doy por defendidas, pero sí quisiéramos detenernos en el epígrafe cuatro en el que introduce el proyecto de ley una serie de argumentos ideológicos que fundamentan los contenidos del Título III, referido a las prestaciones de servicio. A este epígrafe hemos presentado 26 enmiendas desde la 219 hasta la 245, casi todas ellas de supresión.
Señor presidente, señorías, existe una directiva de la que ya se ha hablado largo y tendido esta noche, que está actualmente en tramitación, referida a la regulación de servicios portuarios que se encuentra en los últimos metros de su recorrido y que cuando sea definitivamente aprobada en codecisión entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han de ser objeto de transposición al ordenamiento jurídico español.
Por ello, nosotros, y lo argumentamos en ese Título III, estimamos que es un título que no debería estar incluido en este proyecto de ley, sino que debería ser objeto de una ley singular fruto de la transposición de dicha directiva.
Desde la perspectiva conceptual queremos poner de manifiesto cuatro o cinco referencias, no más, a algunas de las enmiendas.
Concretamente, la número 220 es una enmienda de supresión en la que planteamos eliminar la primera parte de este párrafo, que intenta referirse a esa Directiva. Dice así: «El proceso de liberalización, impulsado con ahínco desde la Unión Europea, consiste en una política económica que concibe al Estado, no como agente económico directo, sino como promotor, catalizador, garante de los derechos de propiedad y libertad de empresa, centrando sus funciones en el desarrollo de políticas que favorezcan la estabilidad, la libre competencia y el fomento de la inversión en los puertos, a través de fórmulas jurídicas que hagan atractiva la inversión de la iniciativa privada en los puertos de interés general, sin perjuicio de la simultánea articulación de mecanismos reguladores, habida cuenta de que los mercados de prestación de servicios de transporte, como el caso que aquí nos ocupa, vienen presentando o pueden presentar un alto grado de concentración en la concurrencia de operadores.» A pesar de este párrafo tan largo --uno termina ahogado-- que refleja tan buenas intenciones, no entendemos que la Unión Europea avale ningún procedimiento que convierta la gestión portuaria en privada, y no hay ninguna normativa comunitaria con esos considerandos.
La Unión Europea no pide la privatización de los puertos, luego no entendemos el porqué de este párrafo. La preocupación

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de la Unión Europea se centra en conseguir --y así lo dice el Libro Blanco del Transporte-- que los servicios prestados directamente por las autoridades portuarias o a través de empresas participadas por éstas lo sean en condiciones de libre y leal competencia con otros operadores privados, evitando situaciones de favor. El objetivo de las políticas que impulsa la Unión Europea es introducir la competencia como factor de abaratamiento de los precios.
Planteamos la enmienda número 223, al preámbulo, epígrafe IV, por entender que la liberalización de los servicios portuarios implica para el Estado, a través de las autoridades portuarias, abandonar el actual sistema de gestión de estos servicios, y esa es una de las columnas vertebrales argumentales de nuestra posición política. No entendemos que se concentren los esfuerzos en la creación de nuevos marcos jurídicos y económicos que refuercen la introducción del desarrollo de la libre competencia como medio para lograr una mayor competitividad y eficacia económica de las empresas dentro del mercado internacional.
Está visto y comprobado que en el caso de los puertos españoles, la entrada del sector privado y de la libre competencia es posible, ha sido posible, y hoy día prácticamente en un porcentaje elevado las terminales de titularidad pública están siendo gestionadas por la iniciativa privada, pero siempre bajo la tutela y la coparticipación del Ente Puertos del Estado o de las autoridades portuarias correspondientes.
Al Título I --he preferido hacerlo así, título a título-- hemos presentado 86 enmiendas, que van de la número 253 a la número 339. A este título, que trata sobre el régimen económico del sistema portuario de titularidad estatal, le hemos presentado estas 86 enmiendas porque consideramos que tiene una gran importancia dentro del contexto de la ley. Efectivamente, todo el resto del texto gira en torno a este título, todo termina en él y todo naufraga en él.
El tiempo previsto en este turno es mucho, pero seguro que el aguante de sus señorías no me va a permitir defender todas las enmiendas, pero sí voy a tratar de centrarme en algunas que considero más importantes.
Solicitamos la supresión de los apartados c), e), f) y g) del artículo 1, porque, como se ve en artículos posteriores, es más importante el fomento de la competencia entre modos de transporte y modos intraportuarios --como ya está más que demostrado en la práctica--, que lo que propone el proyecto de ley como interportuarios. No sé por qué hablan ustedes en este artículo de libertad tarifaria cuando es incompatible con la condición de las tasas que ha modificado el proyecto de ley.
En el artículo 2º se habla de autonomía de gestión, y nosotros planteamos añadir un párrafo en el que se indique que la autonomía de gestión debe sujetarse a los controles y a un sistema de coordinación exigible en una gestión pública y a una competencia estatal.
En el Capítulo III del Título I se habla del Fondo de Compensación Interportuario. Hemos presentado nueve enmiendas que clarifican el único artículo de este capítulo. Si se asume el criterio de que las obras de acceso marítimo deben ser financiadas con cargo al Estado, no tiene sentido este fondo si no se convierte en un órgano de la Administración pública.
En el Capítulo IV se habla de las tasas portuarias, abarcando desde el artículo 14 hasta el 30. Ahí establecemos que en cuanto a la autofinanciación volvemos precisamente al artículo 3, que manifiesta que hay que hacer frente por el propio puerto al coste de las nuevas inversiones. La pregunta es si se pueden hacer obras e inversiones con los ingresos ordinarios sin repercutir gravemente en las tasas y tarifas y limitando, por tanto, la competencia.
Al artículo 16 hemos presentado 14 enmiendas que intentan mantener los principios de legalidad y equivalencia en las reglas de aplicación en el cálculo de las cuotas de la tasa según el valor del dominio público, que es muy diferente en cada uno de los puertos.
Presentamos tres enmiendas, la 304, 305 y 306 al artículo 19, porque, abundando en la aplicación de las tasas, se atenta contra el principio de legalidad. En definitiva, se penalizan los puertos con unas inversiones, se altera la legalidad y la equivalencia, hay bonificaciones discrecionales, la definición técnica de los servicios generales es confusa, no se deslinda con propiedad y se favorecen criterios y controles subjetivos.
Al Título II, sobre el Régimen de planificación presupuestario, tributario de funcionamiento y de control, hemos presentado nueve enmiendas que van en el sentido de darle coherencia y sobre todo forma, porque no recoge las necesidades que tienen los puertos hoy en día.
Hemos presentado dos enmiendas a los artículos 36 y 37, del Capítulo I, porque creemos que el marco estratégico se ha de desarrollar por planes estratégicos y no dejándolo sólo y exclusivamente en posibilidad, como recoge el texto del proyecto de ley.
Hemos enmendado el Capítulo IV introduciendo el término fiscalización para una mayor concreción de la actividad de la Intervención General del Estado.
En el Capítulo VII hemos presentado la enmienda número 348, de supresión, al artículo 51, porque no entendemos por qué le añaden una coletilla que dice: «... sin perjuicio de que, para las actividades en que proceda, pueda ajustarse a las normas de Derecho civil o mercantil.» En la enmienda 349, que para nosotros es de vital importancia, añadimos la matización de personal laboral y así separar las incompatibilidades del personal de los organismos públicos que en muchos casos y por cuestiones obvias no tienen nada que ver con las incompatibilidades del personal laboral, que es a lo que el texto de este artículo se refiere.
Finalmente, en el artículo 55 presentamos la enmienda 350. Sí estamos de acuerdo en que sea a propuesta del presidente de la autoridad portuaria el nombramiento del personal directivo y del personal en general, incluso que marque sus retribuciones. Con esta enmienda lo que pretendemos es garantizar que se haga con los criterios que establezcan los órganos competentes de la Administración pública y respetando los convenios laborales vigentes.
El resto de las enmiendas al Título II las doy por defendidas en los términos publicados.


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Con respecto al Título III, nosotros pensamos --como ya he dicho antes-- que no debería estar en este proyecto de ley, y tenemos incluso enmiendas pidiendo su supresión. Nosotros le damos mucha importancia y puesto que a lo largo de la tramitación en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Grupo Popular no ha dado muestras de retirarlo, es por lo que le presentamos 97 enmiendas, desde la número 351 hasta la 448, a todos los artículos, desde el 56, referido a los servicios prestados en los puertos de interés general, hasta el 91, vinculado con los servicios náuticos.
Como ya he dicho antes, nosotros creemos que no es razonable que este título aparezca en el proyecto de ley porque se está tramitando en el Parlamento Europeo en codecisión con la Comisión Europea una directiva sobre acceso al mercado de los servicios portuarios. Precisamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, a través de sus eurodiputados españoles presentaron un número muy relevante de enmiendas a esta directiva. Curiosamente--porque hay que decirlo y porque hay que recordarlo-- los eurodiputados españoles del Grupo Popular y del Grupo Socialista presentaron 23 enmiendas coincidentes, con objeto de fijar una posición de interés común para los servicios que se prestan en los puertos de interés general en el Estado español, país ribereño, periférico y con unas políticas portuarias que tienen países europeos de otra latitud.
Por tanto, y dicho todo esto y teniendo en cuenta esa directiva, doy por defendidas las enmiendas de este Título III con el convencimiento de que esta ley pronto la veremos otra vez en esta Cámara.
El apartado 1 del artículo 92, con el que empieza este Título IV dice así: «La gestión del dominio público portuario estatal estará orientada, garantizando el interés general, a promover e incrementar la participación de la iniciativa privada en la financiación, construcción y explotación de las instalaciones portuarias y en la prestación de servicios...» Es decir, el objetivo de la gestión del dominio público portuario estatal va orientado a la iniciativa privada. Esa es nuestra lectura y nuestra interpretación. Por esa razón presentamos 33 enmiendas a este título, desde la número 449 hasta la 482.
La enmienda número 459, al artículo 103, procedimientos y otorgamientos, pretende suprimir el párrafo que personaliza en el presidente de la Autoridad Portuaria, el otorgamiento de las autorizaciones por un año; autorizaciones que en demasiadas ocasiones o habitualmente se acaban convirtiendo en ocupaciones más permanentes. En la enmienda número 462 al artículo 107, proponemos la supresión del apartado 2.b), puesto que la redacción permite la prórroga de todas las concesiones actuales hasta los 35 años, lo que para algunos supone duplicar su vigencia. No vemos razones para que la opción de nueva inversión no la pueda realizar otro operador, y quizá con mejores ventajas para el sector público. Con la enmienda número 465, también al artículo 107, por la misma razón que en la anterior, pretendemos suprimir el apartado 2.c) porque esta redacción permite prorrogar cualquier concesión por un plazo igual al 50 por ciento del inicial. No entendemos que exista ninguna razón para que no se pueda dar opción a otros empresarios.
Dentro del capítulo VII referente a la extinción de autorizaciones y concesiones, al artículo 124, sobre el rescate de las concesiones, hemos presentado las enmiendas números 476 y 477, que pretenden reforzar su necesidad. Creemos que debe ser una facultad reglada por el Plan de Utilización de los espacios portuarios y de los planes especiales, con objeto de aclarar que el rescate debe hacerse dentro de ese marco concreto, a fin de garantizar también la seguridad jurídica. En el artículo 124.6 consideramos que los criterios para determinar el valor del rescate se deben modificar porque son técnicamente incorrectos.
Debemos resaltar que el cobro del valor de las inversiones no debe ser compatible con el lucro cesante, ya que para obtener éste último es necesario mantener las inversiones, que al final de la concesión tendrán un valor cero para el concesionario.
En definitiva, nuestra redacción en este título IV, como no podía ser de otra manera, es diferente de la que nos proponen, y lo hacemos por las siguientes razones: en primer lugar, porque pretendemos evitar situaciones de dominio en todos los servicios portuarios, y no sólo en los básicos. En segundo lugar, entendemos que se tiene que referir no sólo al puerto en sí, sino también a su área de influencia. Y en tercer lugar, lo extendemos a las actividades económicas estratégicas en general. En resumen, pretendemos evitar situaciones de dominio o monopolio de empresas en zonas portuarias.
Este proyecto tiene tantas disposiciones adicionales, transitorias y finales, que a estas alturas doy por defendidas las enmiendas números 483 a 526 tal como vienen redactadas en el boletín editado por este Senado.
En definitiva, por todo lo expuesto hasta ahora estamos globalmente en contra de este proyecto de ley y, además, por otras cuestiones de tipo formal. Este proyecto de ley debería haber venido acompañado de una memoria justificativa económica mejor diseñada, que hubiera tenido en cuenta las nuevas figuras tributarias que modifican las anteriores, pues no existen datos en la memoria que justifiquen las cuantías de estas tasas y de estas modificaciones. Debería haber venido acompañada del preceptivo informe del Consejo Económico y Social, porque el proyecto de ley contiene disposiciones y normativas en relación con la estiba y desestiba o la transformación de las propias sociedades estatales de estiba y desestiba en agrupaciones portuarias de interés económico, con la nueva regulación laboral especial que lleva consigo; repito, debería venir acompañada de un informe del Consejo Económico y Social. Debería haber venido acompañada también por un informe del Consejo de Estado, porque traslada parcialmente la Directiva 2059, de 20 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre instalaciones receptoras de desechos generados por buques y residuos de carga y la aplicación de regímenes tarifarios.
Es un proyecto de ley, además, de intrincada lectura y de difícil comprensión. Pero hay otras cuestiones más de fondo, por ejemplo, la naturaleza jurídica de las autoridades portuarias, que deseamos estén dotadas de más autonomía,

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más descentralizadas y que sus competencias sean mejores ya que, con este proyecto de ley se reducen sensiblemente, al quitar a dichas autoridades portuarias la titularidad de los servicios portuarios.
Por otro lado, y voy terminando, a las autoridades portuarias se les debe proporcionar instrumentos para que lideren y conformen la oferta portuaria, que es única y que incluye una diversidad de agentes públicos y privados en su entorno, en ocasiones con intereses contrapuestos. En modo alguno, a las autoridades portuarias se les debe llevar a que jueguen exclusivamente el papel de arrendatarios que se les confiere desde el proyecto de ley, limitándose a jugar el papel de arrendatario de suelo portuario como función esencial.
Señorías, termino diciendo que la Constitución Española establece muy claramente que los puertos son de titularidad pública; los puertos contienen infraestructuras y servicios que se prestan en ellos; las infraestructuras y los servicios son de titularidad pública y con los contenidos del proyecto de ley, a las sociedades de estiba, en las que participa la Administración General del Estado en un 51 por ciento, se les obliga a renunciar a esa participación y se convierten en entidades con una nueva terminología de titularidad exclusivamente privada.
El proyecto de ley podía haber tenido un contenido centrado en la regulación económica, en el sistema de cobro por la prestación de servicios, incluso para salvar --y creo que es lo más importante-- las resoluciones del Tribunal Constitucional en lo referente al problema del cobro de prestación de servicios, y haberlo dejado para otra oportunidad, a medida que las políticas de liberalización del transporte en el seno de la Unión Europea se fuesen consolidando, siguiendo las directrices de los contenidos del Libro Blanco del Transporte, y no meter a la estructura portuaria española en el lío en que la vamos a meter con este proyecto de ley.
Nada más, señor presidente, señorías. Muchas gracias por su paciencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, senador Oria.
Turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cacharro.


El señor CACHARRO PARDO: Muchas gracias, señor presidente, señorías.
A estas alturas del debate, en una hora tan intempestiva, entramos en el último trámite para la aprobación de un importante proyecto de ley que supone una nueva regulación para el funcionamiento de nuestro sistema portuario de interés general. Se trata del conjunto de los principales puertos de España. Su actividad es determinante para las ciudades y para los territorios donde están ubicados. Pero son importantes también para toda España si tenemos en cuenta la extensión de nuestro litoral, nuestra situación periférica dentro de la Unión Europea --lo cual, a veces, también puede suponer ventajas-- y el carácter insular y ultraperiférico de alguno de nuestros territorios. Me estoy refiriendo, naturalmente, a Baleares, a Canarias, a Ceuta y a Melilla. Pero también es importante este proyecto de ley por el cambio que supone en la vida de nuestro sistema portuario de interés general, porque, al tiempo que persigue una presencia, un protagonismo cada vez mayor del sector privado en nuestros puertos, asegura que en ellos se dé cumplimiento y se defienda el interés general del Estado. Para ello se parte de la realidad actual de nuestro sistema portuario que, por cierto, consideramos que es una buena base, un buen punto de partida, sustentada, como saben sus señorías, en las leyes 27/1992 y 62/1997, que la modificó.
Desde esa situación se pretende actualizar nuestro modelo portuario, incorporándolo el proceso europeo de liberalización de actividades portuarias, aplicando, además, algo que algunas enmiendas parecen olvidar: el principio de subsidiariedad del Estado. Tiene presente la realidad del incremento del volumen del tráfico portuario en Europa y en el mundo entero, la integración de los puertos en las redes internacionales de transporte, la inclusión de nuevos medios, de nuevas tecnologías del transporte, y la existencia de ofertas especializadas que, al abaratar costes, hacen más atractivo el uso de los puertos. Se trata de adaptar nuestros puertos a esa realidad para que puedan ser cada vez más competitivos. Para lograrlo, el proyecto de ley dota al sistema portuario de una nueva regulación, de un nuevo marco jurídico consistente y estable en el orden económico, financiero y tributario.
En la nueva regulación resaltan las tasas. Esta nueva regulación armoniza las exigencias de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional con la necesaria flexibilidad en su aplicación para hacer más económico el paso de las mercancías por los puertos. Además, las diferencia claramente de los precios privados; en aquellas actividades comerciales que presten las actividades portuarias se establece un régimen de libertad con la única limitación de que no sean inferiores al coste del servicio.
Se crea --y esto lo consideramos muy importante-- un fondo de solidaridad interportuario --el fondo de compensación interportuario-- como instrumento de redistribución de recursos dentro del sistema. Se prevén nuevos instrumentos de planificación para mejorar el modelo de desarrollo estratégico. Se trata de mejorar la oferta y promover nuevas estrategias globales para potenciar la competitividad, y se apoya en distintos factores como son la intensificación de la competencia interportuaria e intraportuaria, la nueva regulación del dominio público portuario mediante el desarrollo del modelo concesional y de las autorizaciones, el incremento de la inversión privada, estimulada por la regulación clara y estable que supone el proyecto, y en la instalación de equipos que permitan automatizar procesos para poder abaratar costes. También se prevé el establecimiento de condicionamientos ambientales en aplicación del principio de sostenibilidad. En fin, se trata de mejorar la calidad, la seguridad y el coste.
El proyecto ha sido consensuado con los actores afectados y con los grupos políticos hasta donde ha sido posible, sin embargo los grupos parlamentarios mantienen todavía numerosas enmiendas vivas. Es imposible entrar en la consideración analítica de todas. Por nuestra parte vamos a

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mantener el dictamen de la comisión que, eso sí, ha sido mejorado, ha sido enriquecido con la introducción de diversas enmiendas de los distintos grupos políticos.
Y por lo que se refiere a las enmiendas de Coalición Canaria, no estamos de acuerdo en la idea aquí expuesta por su portavoz de que se ha radicalizado la centralización, de que existe una invasión de competencias; no mantenemos ese criterio. En cambio sí nos alegramos mucho del acercamiento que ha tenido lugar con la aprobación de una enmienda transaccional apoyada en la enmienda número 156, con la cual se viene a dar un tratamiento diferenciado: se reconoce el hecho, las circunstancias de la insularidad y resulta altamente beneficiosa tanto para las islas Canarias como para las islas Baleares. Nos alegramos de que ahora presten su apoyo al proyecto de ley.
En cuanto a las manifestaciones del señor Gatzagaetxebarría, no compartimos su preocupación. ¿Qué pasa si no se aprueba esa directiva europea o si se aprueba en otros términos? No pasa nada. Si no se llega a aprobar, sigue la ley su vida y su curso normal, y si se llega a aprobar en otro sentido, habrá que modificar aquellos artículos o aspectos en los que se pueda ver afectada. Nada más que eso.
No estamos de acuerdo en que se incluya el servicio de practicaje dentro de los servicios generales. Ya sabemos que afecta a la seguridad de la navegación, pero entendemos que tiene cabida perfectamente dentro de los servicios básicos del puerto. No olvide que si bien van a ser operados por entidades privadas, la autoridad mantiene la regulación, y nosotros pensamos que la gestión no se agota en la prestación directa del servicio, ni siquiera en la titularidad, sino en la regulación de las condiciones en que se van a presar esos servicios.
No estamos de acuerdo en que se merme la autonomía de las actividades portuarias. Y, desde luego, en lo referente a la compra de acciones y el voto de determinados consejeros, sinceramente no entendemos lo que está diciendo el señor portavoz sobre esta cuestión.
En cuanto a la postura --por lo demás compartida por otros grupos-- respecto a Puertos del Estado, quisiera hacerles una consideración: la complejidad del sistema portuario va aumentando cada vez más porque se incrementa el volumen de los tráficos, porque se incrementan también los actores que van a actuar en esos puertos, y en tales circunstancias, al aumentar la complejidad, y precisamente por la autonomía que tienen las autoridades portuarias, se hace más necesaria una función de coordinación, una función de control. Y que nadie confunda --no hay por qué-- la función de control con jerarquización, porque las distintas administraciones autónomas están sometidas a control, por ejemplo, de la Intervención General del Estado, están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, y eso no supone merma de la autonomía que les corresponde.
Nos pregunta su señoría que por qué a las comunidades autónomas que tienen reconocida competencias en la materia no se les cede, en lugar de pasar a la iniciativa privada, la prestación de servicios básicos. Este proyecto pretende que participe en la actividad y en la inversión el sector privado y, si se traspasara la competencia a las comunidades autónomas, seguiría estando dentro del sector de la Administración.
Además, la Administración central tampoco se va de los puertos; la autoridad portuaria sigue siendo una pieza clave de la regulación y, por eso, vuelvo a insistir en el argumento anterior: no se agota la gestión en la prestación directa de los servicios.
Senador Beguer, siento que no hayamos podido aproximar las posturas con su grupo parlamentario, a pesar de que lo hemos intentado.
En relación con sus enmiendas de carácter competencial, de autoridades portuarias y de las comunidades autónomas, lamentamos no estar de acuerdo con su posición. Tal y como se contempla en la Constitución Española, hay una reserva de competencia exclusiva a favor de la Administración general del Estado en lo que se refiere al sistema portuario. Por otra parte, ya tienen participación en los órganos directivos de las autoridades portuarias.
No estamos de acuerdo en que se suprima la regulación de las actividades comerciales porque entendemos que está bien contemplado; y, por supuesto, compartimos todavía menos el planteamiento de supresión de todos los instrumentos de planificación de este proyecto de ley.
Por otro lado, nos alegramos de haber conseguido llegar a esas transacciones que, a pesar de que sólo contemplen determinados aspectos técnicos, mejoran el articulado y suponen un enriquecimiento del proyecto.
Por lo que se refiere a la enmienda número 570, sobre los pliegos reguladores, he de decir que, en principio, estamos de acuerdo en que las autoridades portuarias mantengan el margen que les corresponde; de hecho, creo que en alguna de las enmiendas aceptadas se contempla que les quede un margen suficiente de actuación.
Celebramos haber llegado a una transacción sobre las tasas y la actualización de tarifas de concesiones, que viene a resolver determinados problemas y a mejorar el texto de la ley.
El Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés ha presentado un grupo de 25 enmiendas, aunque su portavoz se ha centrado únicamente en una de ellas. Sin embargo, lamentamos no poder darle cabida en este proyecto de ley y, por tanto, mantenemos el rechazo a todas las enmiendas presentadas por ese grupo.
Creo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 345 enmiendas.
Siento mucho tener que decir que no podemos llegar a un entendimiento, pero cuando se parte de situaciones tan distantes, es muy difícil.
Prácticamente, enmiendan la totalidad del preámbulo, numerosos artículos enteros, algún título completo... Es decir, este conjunto de enmiendas supone, en realidad, un proyecto de ley diferente.
Nosotros podemos entender perfectamente que no estén de acuerdo con este proyecto de ley --que no es el suyo--, que prefieran mantener la situación actual y que siga en vigor la ley vigente al día de hoy; sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo y, de la misma manera que entendemos que ustedes no estén de acuerdo con nuestro modelo, confiamos que entiendan que estamos defendiendo el nuestro.
En cuanto a las enmiendas que ustedes han presentado, creemos que, por ejemplo, el intentar mantener las denominaciones

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anteriores para las tasas, como el canon de ocupación, las tarifas portuarias, los cánones de aprovechamiento, etcétera, crea confusión e inseguridad. Así pues, vamos a rechazarlas por considerar que cuando haya utilización o aprovechamiento de dominio público se debe aplicar la tasa.
El no hacerlo traería problemas, ya conocidos, de constitucionalidad. Y recuerden los 60.000 millones de pesetas que en su momento se vieron impugnados.
Por otro lado, en esta materia debe quedar siempre clara la naturaleza jurídica de la contraprestación, lo que puede contribuir al abaratamiento del transporte. Por ello, tampoco estamos de acuerdo con sus enmiendas relativas a la autoprestación. Además, debo indicarle que no es cierto que en los casos de autoprestación se autorice el uso de los medios del puerto. Por tanto, los barcos que se acojan a esta figura tendrán que utilizar sus propios medios y también necesitarán de autorización.
Por lo que se refiere a la estiba y la desestiba, debo recordarle que se privatizan, ya que la autoridad portuaria se retira de las empresas encargadas de esa actividad y se llega a esta solución mediante un entendimiento con los empresarios y sindicatos.
Por último, debo manifestar que consideramos que el practicaje está bien regulado tal como figura en la ley.
Señorías, esperamos que con la votación este proyecto de ley supere su último trámite y, contrariamente a lo que se ha dicho acerca de que aquí naufragaba todo, llegue a buen puerto, lo que significaría la mejora del funcionamiento de nuestros puertos y que, fruto de la positiva actividad que se desenvuelva en ellos, también pueda mejorar la posición de España en el comercio y las actividades productivas en general. En definitiva, deseamos que los puertos cumplan con su función de infraestructuras completamente integradas en las redes del transporte nacional e internacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, senador Cacharro.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor presidente.
Me ha llamado la atención que haya sido el senador Cacharro el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el debate de la ley de puertos de interés general. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) En cualquier caso, señoría, me alegra esta oportunidad de debatir con usted, porque es un veterano en la Cámara y le tengo en alta consideración. Pensaba que tenía usted una representación de tierra adentro, aunque ya sé que su comunidad autónoma cuenta con un mar muy importante y provincias marítimas. Es más, creo recordar, y usted me corregirá si me equivoco, que en un debate parlamentario también usted defendió la existencia de la provincia marítima de Lugo.
Además, he tenido la oportunidad de conocer que, efectivamente, usted tiene una vocación marítima, porque en el Atlántico, en la zona de la ría de Arosa, su señoría practica la navegación; por tanto, sé que entiende de la problemática de la que estamos tratando. En definitiva, como viejo y buen navegante marítimo que es, usted sabe nadar y guardar la ropa. En cualquier caso, senador Cacharro, le agradezco de todo corazón su talante y el tono empleado en la réplica a los portavoces de los grupos parlamentarios, y en concreto al mío.
Y paso ya a hacer algunas consideraciones sobre el fondo. Señoría, debo darle la razón en algo que usted ha dicho. ¿Qué pasa si se aprueba la directiva y qué pasa si no se aprueba? Ha dicho usted que no pasaría nada. Y es cierto. Si se aprueba la directiva con posterioridad a la ley habrá que cambiar la ley, ha dicho usted. Y es así. Y si no se aprueba, España puede ser la avanzadilla de esa liberalización de los servicios.
Es así. La reflexión que yo he hecho era simplemente un tema de oportunidad, pero en la realidad es como usted lo ha dicho. Y como usted me ha convencido, yo se lo reconozco públicamente. No pasa nada.
En cuanto al servicio de practicaje, mantenemos una discrepancia política. Usted, como buen navegador en la zona de Arosa, sabe que el practicaje tiene importancia, si no en las embarcaciones de recreo sí en las de gran tonelaje. Por tanto, si mantenemos como servicio público general la ordenación y el control del tráfico portuario, parece que también debería mantenerse la seguridad de la navegación, las entradas, las salidas y las operaciones náuticas que los buques de gran porte hayan de realizar en los puertos de interés general. No obstante, eso también es valorable y ahí lo dejamos. Admito la respuesta que nos ha dado. (El señor González Príncipe: ¡Nos rendimos!) En cuanto a lo del control financiero, yo creo que me ha interpretado mal. Cuando yo decía que la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas ejercen esas funciones de control económico financiero, me dice usted: es que eso no es una merma. No, señoría, es una garantía institucional muy importante. Lo que estaba diciendo era que son una merma respecto a la ley vigente los planes de control y fiscalización que puede realizar Puertos del Estado. Esa es la novedad de la ley. Lo quiero dejar bien claro por si no me he expresado bien y su señoría no me había entendido.
En cuanto a que no ha entendido lo del voto de calidad, voy a hacerle una precisión. Eso está regulado en la disposición final segunda, apartado 9, letra q) del artículo 37 de la Ley 27/1992, que viene a decir que se reserva en favor de los vocales de la Administración General del Estado en los puertos de interés general. Por ejemplo, si en Lugo, provincia que usted conoce bien, señoría, en el puerto de Ribadeo el Estado tiene cinco vocales de los 25 que contiene la autoridad portuaria --estamos hablando en hipótesis--, esos cinco vocales, con su voto contrario, pueden impedir que el consejo de administración de la autoridad portuaria pueda comprar o enajenar acciones en sociedades participadas. Estamos en contra de eso, de que se fije un voto con la condición de veto y con la posibilidad de

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impedir la adopción de acuerdos democráticos cuando existe una mayoría suficiente. No parece que eso tenga sentido ni hay precedentes, en lo que yo pueda recordar, en la legislación administrativa española de que en los órganos colegiados alguien tenga derecho de veto cuando ese veto tiene una representación minoritaria.
Por último, en cuanto a la cuestión de fondo, usted decía que no estaban de acuerdo en que se produjera una minoración de la autonomía de las autoridades portuarias.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señor presidente.
Yo he puesto un ejemplo larguísimo de una intervención determinando qué artículos producen esa reducción de la autonomía funcional de las autoridades portuarias. Como no quiero ser repetitivo, me remito en bloque a la argumentación expuesta en mi primera intervención. Creo, señoría, que usted me ha entendido perfectamente.
Por lo demás, agradezco el talante que ha mantenido respecto a lo que han expuesto los portavoces de los grupos parlamentarios, y quiero manifestar nuestro respeto dentro de la discrepancia política.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
¿Desea intervenir el portavoz de Entesa? (Pausa.) ¿Desea intervenir el representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador señor Oria.


El señor ORIA GAYOSO: Quiero agradecerle al senador Cacharro su talante y hacerle dos consideraciones de las que yo también me alegro mucho. Por un lado, tengo que reconocer que, efectivamente, nosotros tenemos nuestro propio modelo portuario y creo que lo hemos demostrado con la defensa de estas enmiendas, y con el preámbulo de la ley. Por otro lado me alegro de que esté de acuerdo conmigo en que, efectivamente, el Partido Socialista y el Popular tienen ideologías y modelos de sociedades totalmente diferentes. Yo estaba asustado porque estaba oyendo por ahí que todo el mundo tiene la misma ideología y que todos somos iguales.
Por lo demás, sólo agradecerle el buen talante que ha tenido en su intervención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cacharro.


El señor CACHARRO PARDO: Muchas gracias, señor presidente.
Agradezco al senador Gatzagaetxebarría sus amables palabras. Es cierto que soy de tierra adentro, pero el hombre es el ser menos determinado que hay; por eso, puede vivir en cualquier espacio, lo mismo se adapta a la selva africana que al Polo Norte, precisamente por una falta de especialización. No le sorprenda que yo, siendo de tierra adentro, de vez en cuando navegue por el mar. (Risas.) Efectivamente, me he ocupado de que Lugo fuera provincia marítima y, afortunadamente, se ha logrado.
Entiendo su preocupación por lo del practicaje, pero el proyecto de ley también se preocupa de la seguridad. Créame si le digo que el servicio de practicaje --por cierto, la redacción del texto se ha pactado con los prácticos de puertos-- puede realizarse en condiciones de seguridad, aunque lo lleve una empresa privada; para eso esta la autoridad portuaria, que tiene competencias suficientes para exigírselo.
Lo que dice respecto a que la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas refuerzan la autonomía, pues en cierto modo claro que sí. Un poco más de esfuerzo y atribúyale esa virtud también a Puertos del Estado, que no hace más que reforzar, precisamente, la autonomía de las autoridades portuarias.
Se ha referido, también, a esos vocales que tienen derecho a veto, y no sé si es su parecer o una creencia real.
En todo caso, lo que sí siento de verdad es que Ribadeo no sea un puerto de interés general. En la provincia de Lugo tenemos un puerto de interés general, pero depende de la autoridad portuaria de Ferrol y es un régimen de concesión. Pero, de verdad, ojalá pudiera serlo Ribadeo.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamamos a votación. (Pausa.) Sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general.
En primer lugar, votamos la enmienda número 2 de los senadores Cabrero y Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 12; en contra, 119; abstenciones, 49.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de los senadores Cabrero y Cuenca.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, uno; en contra, 120; abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ahora, las enmiendas 32, 33, 58 y 59, presentadas y defendidas por el senador señor Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, cinco; en contra, 119; abstenciones, 56.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 179; a favor, cinco; en contra, 120; abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. En primer lugar las número 126 a 132, 139, 142, 143, 150 y 154.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 15; en contra, 119; abstenciones, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, ocho; en contra, 120; abstenciones, 52.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, todas en un bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 15; en contra, 119; abstenciones, 46.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, todas en un bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 44; en contra, 118; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, también en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 12; en contra, 120; abstenciones, 48.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en dos bloques. El primero de ellos de la enmienda número 340 a la 342.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 51; en contra, 119; abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 44; en contra, 120; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las propuestas de modificación del dictamen números de registro 59562 a 59570, en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 179; a favor, 134; en contra, 44; abstenciones, una. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Quedan aprobadas.
Sometemos a votación el dictamen. Artículos 14 a 30, 96 y 110.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 179; a favor, 124; en contra, 48; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Sometemos a votación el artículos 1 y disposiciones transitorias primera, segunda y quinta del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 130; en contra, 49; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Por último sometemos a votación el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 180; a favor, 121; en contra, 58; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


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--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL (S. 621/000145) (C. D. 121/000145).


El señor PRESIDENTE: De la Comisión de Justicia, en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Moya.


El señor MOYA SANABRIA. Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto de ley orgánica anunciado por el señor presidente tuvo su entrada en la Cámara el día 20 de septiembre, publicándose en el Boletín Oficial de la misma el mismo día 20 de septiembre... (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio; ruego faciliten la labor del señor orador. Continúe, señoría.


El señor MOYA SANABRIA: Decía, señor presidente, que tuvo su entrada en la Cámara el 20 de septiembre, fecha de su publicación en el Boletín Oficial igualmente, y terminó el plazo de presentación de enmiendas el día 8 del presente mes de octubre, después de un plazo de ampliación para la presentación de las mismas.
Se han presentado cuatro propuestas de veto: la número 1, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares; la número 2, de la senadora De Boneta y Piedra; la número 3, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, y la número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
Las enmiendas presentadas a este proyecto de ley han sido 255, distribuidas de la siguiente manera: 20 de la senadora De Boneta y Piedra, una del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, 11 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 73 del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, 46 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 77 del Grupo Parlamentario Socialista, 26 del Grupo Parlamentario Popular, y una conjunta del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de Senadores de Coalición Canaria.
La ponencia, integrada por don Hilario Caballero Moya, don Salvador Capdevila i Bas, don José Antonio Marín Rite, doña María José Mora Devis y don Alfredo Prada Presa, se reunió el día 13 de octubre. En su informe la ponencia, tras rechazar las cuatro propuestas de veto, acordó aceptar por unanimidad la enmienda número 148 del Grupo Parlamentario Socialista y, por mayoría, las enmiendas números 229 a 252, del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda número 255, presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria.
La ponencia, asimismo por mayoría, modificó también el apartado 2 del artículo 468 del Código Penal e introdujo una disposición final en la que llevaban a cabo una serie de cambios en el artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La ponencia no se pronunció en este trámite sobre el conjunto de la enmienda 253 ni sobre la enmienda número 254, ambas del Grupo Parlamentario Popular. Las demás enmiendas fueron rechazadas por mayoría.
La comisión se reunió para dictaminar el pasado día 23 de octubre. En el transcurso del debate en comisión se aprobó el texto propuesto por la ponencia con la inclusión en el mismo de varias enmiendas transaccionales, incorporadas por la ponencia a su propio informe, relativas a la modificación de diversos artículos del Código Penal, a una amplia modificación de la disposición final primera, que modifica numerosos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la introducción de tres nuevas disposiciones finales en el proyecto de ley orgánica.
Este proyecto de ley orgánica, tal y como se somete hoy a la consideración del Pleno de la Cámara, consta de un artículo único, dividido en 180 apartados, cinco disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales, precedidos de un preámbulo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Se han presentado cuatro propuestas de veto que se debatirán a continuación. En primer lugar, la propuesta de veto número 2, de la senadora De Boneta y Piedra, que tiene la palabra.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, voy a ser breve y además anuncio que en este turno voy a defender no sólo el veto, sino también las enmiendas, con lo cual proporcionaré a sus señorías --o lo intentaré--, aparte de un discurso cortito y coherente, también una reducción de los tiempos que se pueden emplear en este debate.
En primer lugar, debo decir que el proyecto de ley de modificación del Código Penal que estamos tramitando en estos momentos y al que, en nombre de Eusko Alkartasuna, presento un veto, se refiere a la modificación de 169 artículos del Código Penal y, como muy bien ha dicho, brevemente pero con precisión, el señor presidente de la comisión, también introduce un amplio cambio en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere a la prisión provisional.
No es novedad para nosotros en el Senado dicha modificación, aunque esta senadora discrepe sobre esta reforma de la prisión provisional, puesto que ya la habíamos votado y debatido en esta Cámara. No obstante, ya que su tramitación en el Congreso de los Diputados no tuvo los suficientes votos para que se convirtiera en ley, aquello nos hace introducir de una forma absolutamente poco coherente las enmiendas no aprobadas en su momento en el Congreso de los Diputados ahora, con ocasión de esta reforma del Código Penal.


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Digo esto no solo para señalar la cuestión, que entendemos que sucedió también fuera del trámite habitual de comisión, sino porque revela la forma en que en estos últimos años se viene modificando el Código Penal, sin sistemática y sin premeditación, aunque posiblemente sí se pueda decir que se hace con una cierta alevosía.
Creo que no se puede entrar en una modificación tan crucial para los ciudadanos y las ciudadanas en lo que se refiere a la defensa de los derechos y de las libertades de una forma tan asistemática, por decirlo de una forma suave. No obstante, son diez las modificaciones que se han realizado del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento en los últimos tiempos, fundamentalmente a partir del año 1999, sobre el cumplimiento íntegro de las penas, seguridad ciudadana, violencia doméstica, prisión provisional y una serie de cuestiones que efectivamente debían ser retocadas, en contra de lo que no está nadie, puesto que ante nuevas realidades sociales a veces suceden nuevos tipos de delincuencia, que hay que tipificar en el Código Penal.
En este sentido, podemos estar de acuerdo con el planteamiento de la exposición de motivos y los objetivos y las razones que señala. Esta exposición de motivos dice que se trata de incorporar al Código Penal nuevas realidades --acabo de hacer referencia a este tema--, se trata también de introducir una mayor precisión en la definición de otras figuras ya tipificadas --en esto ya no estoy tan de acuerdo, dado que en algunos casos no solo se precisa esa definición sino que se cambia todo el sistema de aplicación de penas--, se producen sustituciones de penas insuficientes e ineficaces en su disposición, en su aplicación y en su cumplimiento y se apuesta por reducir el número de delincuentes, sobre todo en relación a las víctimas de drogodependencia, potenciando su rehabilitación y desintoxicación, en vez de prever prisión para estas personas, y, obviamente, estamos de acuerdo con algunos de los cambios que acabamos de referir, como, por ejemplo, respecto de este último.
Dice también que esta reforma está realizada con sentido común. Creo que se trata de una opinión muy personal y que no se ha hecho con el reposo necesario. No obstante, el texto de la exposición de motivos dice que se han empleado 24 meses para trabajos de expertos y se han producido continuos cambios sobre la marcha --de hecho, hemos estado modificando el Código Penal mientras esos expertos estaban trabajando en la reforma que ahora estamos tramitando-- y dice también que con sentido de adaptación a la realidad social cambiante, respecto de lo que entiendo que en unos casos eso es cierto y en otros casos no.
Considero que si algo hay con lo que en este caso tenemos que estar en desacuerdo con lo previsto es, sobre todo, por lo que se refiere al sistema de aplicación de las penas, a lo que posteriormente me referiré con mayor detalle. Este proyecto introduce como una gran novedad --con lo que estamos en total desacuerdo-- la supresión de una de las penas alternativas a las de prisión introducida por el Código Penal de 1995.
Sólo lleva ocho años de vigencia y fíjense ustedes las continuas modificaciones que se están produciendo y sin ninguna coherencia ni sistematización.
Dice que tiene que desaparecer la pena de arresto de fin de semana, y de hecho la suprime, y en el discurso del propio señor ministro en el Congreso de los Diputados --en el Senado no tenemos el gusto de verle en este momento-- dice que tienen que existir penas alternativas a las de prisión, pero no penas --estoy leyendo una copia literal-- cómicas o imaginarias como el arresto de fin de semana y en este sentido --dice-- apuesta por potenciar los trabajos al servicio de la comunidad. Esta apreciación nos parece un tanto gratuita, toda vez que para que se pueda producir una eficacia en la aplicación de esas penas se tienen que poner los instrumentos al servicio de esa aplicación --me estoy refiriendo al arresto de fin de semana--. Nada de eso se ha hecho, no hay centros suficientes para cumplirlo y obviamente no ha servido. No obstante, puede que dentro de muy pocos meses estemos hablando de la misma situación en relación, por ejemplo, a potenciar los trabajos al servicio de la comunidad; si no se ponen los instrumentos necesarios, esos trabajos no se podrán producir y a lo mejor estaremos ante una nueva pena --según lo dicho por el señor ministro, no desde luego por mí-- cómica o imaginaria.
Dice que hay que reducir el número de delincuentes y aplica una regla de tres un tanto curiosa, es decir, a más pena, menos delito y más seguridad. Todavía no se ha comprobado que esto sea verdad.
Por lo tanto, y sin perjuicio de algunas novedades loables, a las que ya hemos hecho referencia y que vamos a volver hacer, suspensión de penas para el tratamiento de drogodependientes, incorporación de la tipificación de delitos que corresponden a la competencia de la Corte Penal Internacional, especificación dentro de las mutilaciones de la ablación de clítoris, otra serie de delitos como maltrato a animales, dureza en el deporte, hay una serie de realidades sociales que deben ser contempladas y que estimamos coherente e importante que se tengan en cuenta.
Presentamos este veto porque en general estamos en contra de todo lo que es la filosofía de esta modificación que no se ha hecho de una forma sistemática y coherente. En primer lugar, en nombre de Eusko Alkartasuna tengo que decir que esta máxima de a más pena, menos delito, más seguridad es errónea. Esta reforma centra la atención de lo punible principalmente y mucho más en la marginalidad que en los llamados delitos de guante blanco; aleja el sistema del fin primordial de la pena, como la reinserción o la rehabilitación. La reinserción y la rehabilitación no se compadece con el restablecimiento de esas penas cortas de tres meses que mal pueden servir a ese principio de rehabilitación puesto que entendemos que la permanencia en prisión, sobre todo si son sólo tres meses, no puede servir desde luego a estos fines.
Hay un aspecto muy grave que ya hemos tenido ocasión de criticar también, que es la introducción de la multirreincidencia que hace que una suma de delitos leves se conviertan en grave con un sistema de aplicación de penas, modificando totalmente el sentido de esta aplicación del Código Penal de 1995, es decir, cuando se produce esta reiteración de delitos leves se debe aplicar la pena superior en grado, no el grado superior de la pena que se correspondería

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con una aplicación lógica a la reiteración. Por lo tanto, esto es una regresión y una vuelta atrás.
Esa ridiculización a la que hemos hecho referencia en los arrestos de fin de semana yo ya he indicado que entiendo que, además de no ser en absoluto justa, no se puede achacar a la propia configuración de esta pena alternativa a la de privación de libertad, sino fundamentalmente a la falta de instrumentos para poder ser cumplida. Porque para poder hacer una determinada política de reinserción es obvio que hay que emplear medios económicos, personales y dotar de instrumentos para que ese nuevo sistema penal, para que esa nueva política criminal pueda ser llevada a efecto.
La reforma plantea una especie de filosofía que hace referencia a una mejora de la seguridad ciudadana sobre la base de la extensión del Derecho Penal que supone un mayor recorte de derechos y libertades en pro de una política que parece como de película del oeste, de ley y el orden, de mayor represión basada en el desmantelamiento de políticas sociales dirigidas a propiciar medidas de prevención primaria de la delincuencia.
Además, produce un falso espejismo de seguridad ciudadana ofrecido a la sociedad trasladando una opinión prefabricada.
Se plantea también un silogismo que me parece poco real: la delincuencia va en aumento porque hay más detenidos. Esto puede ser cierto, pero puede ser absolutamente incierto, puede que las policías sean más eficaces, puede que haya más medios para detener a los delincuentes. Estaremos hablando de una buena política de seguridad en el sentido de que a los presuntos delincuentes o a los sospechosos se les detiene o, a lo mejor, estaremos hablando de una mala política de seguridad porque se considera sospechoso a todo el que pasa por un determinado lugar. En todo caso, no quiere decir que el hecho de que se produzcan más detenciones la delincuencia o el delito vaya en aumento.
No existe un criterio político criminal que vaya más allá del incremento de las penas. Hay una cuestión que parece identificar esta reforma y es que política criminal es igual a política penal y no es cierto. Una política criminal en el siglo XXI debe ir más dirigida a la prevención de la delincuencia que a la pura represión que desgraciadamente es necesaria, pero que no es la única solución y que, desgraciadamente, se ha revelado como una solución poco rentable no solamente respecto de los propios delincuentes y a la filosofía constitucional de la reinserción que preside la aplicación de las penas, sino principalmente poco rentable para la sociedad en general que no se ve en una situación de mayor tranquilidad.
Por lo tanto, esta reforma es más coherente, sin embargo, con políticas que, en general, está desarrollando el Gobierno del Partido Popular y que van más en la línea de la tolerancia cero, de la impunidad cero, del déficit cero, de la inmigración cero, de la disidencia cero, y que nos tememos que en determinado momento llegue a conducirnos a la justicia cero.
Nos debe mover a reflexión que el Estado español tiene un triste récord del mayor número de población reclusa desde el punto de vista proporcional de sus habitantes, 124 por cien mil habitantes. A mí me preocupa mucho que esta nueva reforma del Código Penal nos conduzca no ya a mejoras en esta situación, sino a aumentar esta proporción y ser campeones en este triste récord.


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor vaya finalizando.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor presidente. No voy a hacer ninguna defensa de las enmiendas. Solamente voy a decir que las 20 enmiendas que planteo, y las defiendo ya en este turno, van precisamente dirigidas a cambiar la filosofía o a modificar o mejorar o enriquecer el proyecto que hoy estamos debatiendo. No tiene ningún sentido plantearlas de una en una puesto que se corresponden con la filosofía que, al menos por contradicción al propio proyecto, he venido exponiendo.
Por último, no quiero referirme --y termino-- a otras modificaciones que se nos anuncian en los mismos días en que estamos reformando este Código Penal. Entendemos que no se puede modificar el Código Penal a golpe de ilusión, impresión, sentimiento o acontecimiento. El Código Penal es una de las leyes más importantes, como decía al principio, con respecto a la defensa de los derechos y libertades de las personas y, por lo tanto, entiendo, señorías, que debe responder a un planteamiento mucho más sereno y reposado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Entiendo defendidas las enmiendas de los senadores señores Cabrero y Cuenca.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor presidente, a efectos de votación doy por defendidas las propuestas de veto de mis compañeros senadores Cabrero y Cuenca.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, propuesta de veto número 3.
Tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, en esta hora que aún entra dentro del tiempo que corresponde a la segunda imaginaria, es decir, con nocturnidad en segunda fase, pero arropado por el calor que surge de los escaños de sus señorías y de la intensidad pasional por los problemas de la seguridad pública y el mantenimiento del Estado de Derecho, voy a defender el veto que hemos presentado.
Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento al Cuerpo de Taquígrafos y, en general, a todo el personal de la Cámara. Quiero agradecerles su trabajo especialmente por la fatiga que deben estar soportando después de tantas horas de sesión, que culmina en esta etapa de nocturnidad.
Estoy de acuerdo con el Gobierno y con todos los grupos en que existe una sensación de inseguridad en España, especialmente en las grandes ciudades. Y posiblemente sea superior a la realidad, pero la sensación existe, y en

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estas cuestiones la sensación es tan importante o, al menos, debe ser valorada tanto como el hecho real.
Ha habido un aumento de la delincuencia y de la violencia, y al mismo tiempo han cambiado algunos aspectos del delito. Les recuerdo sólo la trata de blancas, el narcotráfico, el contrabando de armas, el terrorismo no indígena, que se ha superpuesto al indígena, la delincuencia organizada, incluso la mafia económica, los delitos financieros o el aumento de delitos menores ligados a bolsas de marginación.
Pero esto está en un contexto donde existe el Derecho, pero existen también menos fuerzas de seguridad dedicadas a la persecución directa e inmediata de los delitos, una desestructuración social, especialmente en las grandes ciudades, y una Justicia que sigue siendo lenta, a pesar de que unos digan que sigue siendo lenta y otros que cada vez se avanza más, pero seguimos con los dos millones de casos de pendencia y con problemas como consecuencia de esta misma lentitud de la Administración.
Es cierto que necesitamos más seguridad, y el Código Penal es un instrumento para conseguirlo, pero no es el único, y teniendo en cuenta las normas que tenemos seguramente no sea el más importante.
Y si no se abordan estos nuevos aspectos que hacen que el Código Penal tenga efectividad, como las políticas sociales, las fuerzas de seguridad o la reforma de la Justicia, ustedes, la mayoría natural que decía alguien hace años, no serán creíbles, pero no me preocupa que ustedes no sean creíbles, sino que no seamos creíbles como país y como Estado, es decir, como sistema democrático.
Con las reformas legales no se solucionan los problemas, sólo suponen una solución legal que permite resolverlos, pero sin una política criminal que ataque al hecho o delito, seguramente las leyes no van a arreglar nada, ni subiendo las penas ni bajando las penas, porque esto está en un contexto que es la política criminal. Y sólo en ese contexto el Derecho Penal tiene un sentido. Exige determinados comportamientos de política criminal y, al mismo tiempo, la política criminal que se practica condiciona la eficacia del derecho que exista.
Llevamos cuatro o cinco reformas de legislación penal y procesal penal en cuatro años que llevo en esta Cámara. Una más no es una respuesta adecuada si no se demuestra --y no se ha demostrado-- que existe un plan racional, coherente y global que comprende una parte que es el Derecho Penal para enfrentarse con el asunto de una forma distinta. Como eso no existe, yo creo que lo que hay es una confusión entre resolver los problemas y hacer una ley cada año modificando un aspecto nuevo, aunque se endurezcan las penas en algunos casos --luego demostraré que en otros no--. Existe una confusión de papeles entre lo que es la propaganda legítima de cosas que uno quiere que pasen y de novedades que se anuncian y el anuncio de novedades que no son tales, que ya existen. Por ejemplo, el delito de ablación ya está previsto, no es ninguna novedad, no hace falta ponerse una medalla, existe una discusión sobre si se ha de aplicar el artículo 149 ó 150, pero ya existe, o el de falsificación de tarjetas de crédito, que también existe.
Por tanto, el aspecto novedoso del proyecto es relativo y precipitado porque no se han analizado los efectos del Código Penal vigente, porque no se han analizado los efectos que ha producido como consecuencia la aplicación de las políticas sociales y criminales que llevan aparejados y, por tanto, como yo no he visto que se haya hecho --porque no se ha hecho-- una autocrítica de por qué ha bajado la policía y de por qué la Justicia no va más rápida, cambiando la ley estaremos donde estábamos. Se puede hacer la propaganda que se quiera, el discurso que se quiera, se pueden decir las inexactitudes respecto a la verdad que se quiera, pero no cambian las cosas, porque la gente no se lee las leyes, y menos el delincuente, que no sabe si entre 22 ó 23 años vale la pena cometer el delito. Y ustedes lo saben, y lo sabe cualquiera que haga política criminal, no digo cualquiera que sea jurista ni penalista; cualquiera que haga política criminal sabe los temas que son de política criminal --una parte del Derecho, imprescindible--, y a lo mejor la medida que proponen es acertada, pero se ha de demostrar, se ha de razonar sobre esto, no efectuando el gran o pequeño discurso, o el gran discurso del pequeño «discurseante» de que con una ley se arregla el mundo, porque ya nos lo han explicado cuatro veces en esta legislatura y seguimos donde estábamos, y a la próxima nos van a volver a explicar que hay una política criminal posible.
Aunque esté más concentrada en un tipo de delincuencia que en otro, me surgen algunas dudas sobre la cuestión. Son las dudas que están presentes en el veto que hemos presentado para que el Congreso vuelva a debatir el asunto --que es el sentido del veto-- sobre las bases fundamentales de lo que es una opción política, qué es lo que hacen las Cámaras, que se traduce en una ley pero también en unas determinadas líneas de actuación que va a realizar el Gobierno que es a quien le corresponde, y a la policía que está a las órdenes de la Administración central en aquello que es competente.
¿Cuáles son los elementos que yo encuentro en la ley y que están en la base de las enmiendas que presentamos? Primero. En mi opinión, la ley actual en algunos aspectos crea mayores condiciones de inseguridad que la ley vigente hasta este momento. Segundo. Existe un cierto retorno inexplicable al pasado, es el retorno al pasado del número cinco. No es el retorno al futuro sino el retorno al pasado en algunos puntos. Y tercero, el retorno a las penas cortas privativas de libertad. Sobre estos tres puntos me permitirán que haga unos pequeños apuntes que expliquen de la racionalidad de mi oposición.
Respecto a que crea mayores condiciones de inseguridad en algunos campos, no es una reducción de la inseguridad, sino que en algunos casos es una ampliación del campo porque hay una rebaja de la penalización en algunos delitos. ¿Cuáles? Ya lo saben. ¿Por qué no me explican los delitos? Primero explíquenme por qué lo bajan y cuál es la política criminal que se piensa seguir y entonces a lo mejor hablemos, por ejemplo, del delito fiscal, del fraude en las subvenciones, del abuso de la información privilegiada en Bolsa, de las defraudaciones a Hacienda y Seguridad Social, de la doble contabilidad fraudulenta, a veces con la conversión en euros y a veces sin ella, o de la caza.


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¿Por qué la caza fraudulenta de especies protegidas es menos castigada en esta ley? ¿Para aumentar la seguridad de la sociedad, para que no sea tan castigado el cazador que mata ilegalmente especies protegidas? Muy bien, contéstenme por qué en estos casos para un determinado tipo de delitos se rebajan las penas. Explíquemelo. Yo creo que esta mayor lenidad no es buena. No digo que no se deban rebajar, es posible, pero debe explicarse políticamente por qué no son peligrosos o menos peligrosos que antes unos delitos y por qué otros sí lo son hoy. Esa es la explicación de la defensa de una ley dirigida a personas adultas.
Respecto a cierto retorno al pasado o la nostalgia, en comisión me replicaron diciendo que no hay ninguna nostalgia. A lo mejor no lo es pero me ha parecido verla en los que estudiamos con el Código Penal de 1944, aunque quizá no sea nostalgia y es simplemente doctrinarismo. Es decir, como soy de otra escuela, pongo los principios de otra escuela más retribucionista. Puede ser, no me opongo muy fuerte, pero resucita bajo forma nueva el arresto domiciliario, resucita bajo forma nueva lo de los equis años y un día, resucita bajo forma nueva el cambio --ahora mucho más unido de lo que lo era antes-- de la calumnia e injuria en delitos convertidos en una parte en delitos públicos, como había estado anteriormente.
Esto es volver al pasado, lo cual no quiere decir nada. A lo mejor el pasado era muy bueno; para mí no. Para mí el Código Penal del pasado no era muy bueno, aunque era mucho mejor que la ley penal, ya que, como saben ustedes, para las cosas importantes no se aplicaba el Derecho Penal --eso era para los jueces ordinarios en las audiencias--sino la jurisdicción militar. Para mí este retorno al pasado es un retroceso desde el punto de vista no sólo de la imaginería colectiva, sino desde el punto de vista de lo que son las medidas.
El último punto al que quería referirme era el retorno a las penas cortas privativas de libertad. Yo creo que esto es un error. El artículo 81, por ejemplo, elimina la obligatoriedad de sustituir las penas inferiores a seis meses y las reduce a tres y un delincuente primario puede --no digo que vaya-- ir con cuatro meses de condena a la cárcel. Ese es un gran error de estrategia y de política criminal. Los penalistas no tienen por qué haber ido a la cárcel, sus señorías no tienen por qué haber ido, pero seguramente los que tienen experiencia en este campo y han ido a una cárcel, saben lo que es una cárcel como escuela, porque es una gran escuela de corrupción de personas, saben lo nocivo que puede resultar una condena corta primaria. No digo que deban ir necesariamente, según el nuevo texto que ustedes nos proponen para votar, digo que pueden ir; mientras que con la norma hoy vigente no iban en ningún caso en una condena primaria hasta los seis meses.
Por todas estas razones hemos presentado un veto, y habría una nueva añadida, que ustedes ya me han oído muchas veces, pero yo sigo con la constancia de quien se cree armado de razón en este punto, y es que es una ley que no ofrece seguridad jurídica ni en el título. ¡Y mira que era fácil poner un título que dijera lo que es la ley! El título no define el contenido de la ley. Ha habido incorporaciones por una muleta de Convergència i Unió, que han ampliado el texto inicial. ¿Y si se iba modificar, tanto costaba modificar también el título? No discuto el procedimiento de modificación, sino el título porque lo que me interesa es lo que queda al final, que es la garantía del Estado de Derecho de que el título de las leyes responda a lo que hay dentro de ellas, más importante en el caso del Derecho Penal que en otros campos. La técnica de las leyes de acompañamiento, inventadas por economistas y defendidas nuevamente por economistas, no puede trasladarse a las otras leyes, fundamentalmente a las leyes de garantías de derechos. Y las leyes del Código Penal son las leyes de garantía de derechos más centrales porque afectan a la libertad de la persona. Si uno modifica y amplía el contenido de una ley...
El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.
El señor MOLAS I BATLLORI: Si, señor presidente, inmediatamente.
Si uno modifica el contenido de la ley y quiere defender el Estado de Derecho, debe modificar también el contenido del título para avisar de lo que va a hablar este ley porque, si no, no hay otra forma de encontrar las leyes más que a través de las recopilaciones, que no siempre incluyen todo en su debido lugar y, por otra parte, los textos refundidos no pueden hacerse cada día.
De todas formas, así se ha hecho y nuestro veto sigue en pie. Esperemos que las razones hayan sido no sólo entendidas, sino compartidas, y que además de compartirlas, algún día se decidan a aplicar algo coherente con lo que es el orden jurídico en un Estado de Derecho estructurado, especialmente en las leyes que vienen del Ministerio de Justicia, que son las que deberían tener más respeto por las normas del Derecho.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Propuesta de veto número 4. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador, Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vaya por delante que no me siento bien, en absoluto, en esta intervención y no sólo debido a la hora; debatir de este modo la reforma de una ley tan importante como el Código Penal, a las dos y cuarto de la madrugada, no es para sentirse realmente bien. Así es.
Señorías, creo que seguramente podríamos estar todos de acuerdo en que la mejor forma de respetar la ley es procurar su cumplimiento en todos los órdenes. Pero no es menos cierto, señorías, que es necesario dar a las leyes el tratamiento adecuado para que obtengan el respeto de la sociedad, ese respeto que consideramos imprescindible. Pues bien, señorías, no contribuye en absoluto a conseguir ese objetivo esta forma atropellada, sin criterio sistemático alguno, respondiendo compulsivamente a acontecimientos del momento, con la que se están acometiendo reformas de una legislación tan importante como la penal.
Señorías, el mes pasado modificamos el Código Penal. En este momento estamos tramitando una nueva reforma

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y ya se anuncia que se va a producir otra. Hemos llegado a batir el récord en producir dos reformas del Código Penal al mismo tiempo, simultáneamente, con dos proyectos de ley distintos en esta Cámara. Y lo mismo ha sucedido en la vertiente procesal, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Señorías, todo esto pone de manifiesto que el Gobierno no ha sido capaz de proponer una reforma global, sistemática del Código Penal y de la norma procesal. La senadora Mora afirmaba en comisión --y es cierto-- que el Presidente Aznar en su discurso de investidura ya había anunciado dicha reforma. Pero no se trata de esto. Se trata de la improvisación, de la forma atropellada, de la forma de responder a acontecimientos puntuales que ocurren en cada momento; éste es el escenario.
Señor presidente, señorías, las leyes son sin duda reformables, y el Código Penal también. Recientemente, hemos apoyado reformas puntuales del Código Penal en esta Cámara , y también en otros casos las hemos solicitado nosotros mismos.
El Gobierno ha planteado la reforma que estamos tramitando en este momento como una respuesta al aumento de la delincuencia, al aumento de la inseguridad. El señor ministro, que hoy no nos acompaña, intervino en el Congreso de los Diputados y además ha aparecido en todos los telediarios, en todos los medios de comunicación para explicar el fundamento de la reforma. Esta masiva explicación pública nos habilita, aunque no se encuentre presente, para hablar de algunos asuntos expuestos por el señor Ministro de Justicia. Se ha dicho que en nuestro país hay penas que no se cumplen y que hay delitos impunes. Esto lo ha dicho el Ministro de Justicia, señorías, y considero que es algo extraordinariamente grave. Ha puesto una serie de ejemplos sobre esa impunidad, sobre esas penas que no se cumplen y hace referencia al robo de móviles, a la mutilación genital femenina, a la que ha hecho mención el senador Molas, a la pornografía infantil y a otros delitos. ¿Quiere decir el Ministro de Justicia que durante ocho años el Presidente del Gobierno y sus gobiernos han consentido la impunidad? (Un señor senador: ¡Sí!--Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor MARIN RITE: Parece que es lo que quiere decir. Al Gobierno, en ese impulso casi irresistible que siempre tiene de hacer oposición a los gobiernos anteriores a 1996, se le ha ido la mano en esta ocasión al hablar de impunidad y de penas que no se cumplen. Esto se les ha dicho a los ciudadanos como fundamento de la reforma que hoy tramitamos.
Señorías, ahora hay que elegir entre dos cosas, ambas malas: o no se está diciendo la verdad o han estado consintiendo la impunidad; una cosa o la otra. Nosotros vamos a ser benevolentes porque creo que es la menos grave y vamos a elegir que no es verdad lo que se dice.
Las mutilaciones están castigadas en el Código Penal y la mutilación genital femenina lógicamente también. El hurto y el robo están castigados igualmente en el Código Penal, lo mismo que el robo de un reloj o un micrófono, aunque no se diga, o el robo de móviles. Podían haberse dicho las cosas de otra forma, pero esa pulsión no les deja. No ha dejado al ministro Michavila fundamentar la reforma de otra manera. Podría haberse dicho: Señores, determinadas conductas nuevas o que ahora se producen con más frecuencia hacen necesario para su mejor enjuiciamiento precisar y concretar los tipos. Eso habría sido razonable, pero no, no se hace así.
Se acude al trazo grueso, se acude a la descalificación de lo anterior, porque no se puede evitar. Y cuando se hacen las cosas así, pasionalmente, se equivocan y uno tiene que oír que un Ministro de Justicia de España diga que aquí no se cumplen las penas, que hay leyes que no se cumplen y situaciones de impunidad. Eso es lo que ocurre.
Señorías, no estamos de acuerdo con el fundamento de la reforma. Nosotros no negamos el carácter disuasorio de la pena. ¡Cómo lo vamos a negar! No negamos tampoco el valor ejemplarizador de la pena. Naturalmente que no.
Lo que decimos, señorías, es que si no se atacan las situaciones de marginalidad, que funcionan como verdadero caldo de cultivo del delito, si se disminuye el gasto social, si no existe preocupación por otros aspectos de la seguridad, como la seguridad alimentaria o la de los pequeños ahorradores, si se mantiene una Administración de Justicia con más de dos millones de asuntos pendientes y creciendo, si es preciso poner en libertad a supuestos delincuentes por delitos muy graves, porque no ha sido posible juzgarlos durante cuatro largos años, si se disminuyen los medios materiales y humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con este panorama, en este escenario, el Gobierno no puede comparecer ante los ciudadanos y decir que esto se va a arreglar con los juicios rápidos y con esta reforma, porque eso no es verdad. Eso no es cierto, y no se puede lanzar ese mensaje a los ciudadanos, porque, repito, no es verdad.
A continuación señalamos algunos motivos más concretos de nuestra posición. Señorías, es una reforma asistemática, ya lo decía el profesor Molas. Es una reforma sin hilo conductor. Se trata de una serie de medidas aisladas entre las que posiblemente haya alguna medida positiva.
Señorías, la tan anunciada reforma del sistema de penas --que es verdad que se anunció y es verdad que el Grupo Parlamentario Popular desde la tramitación del Código Penal manifestó discrepancias con él, eso es evidente--, se ha quedado en muy poca cosa, se ha quedado en la determinación del límite mínimo de la pena de prisión en los tres meses, se ha quedado en eliminar el arresto de fin de semana y se agravan algunas penas a veces incomprensiblemente. Parece que el pasar un sello de Correos falso era algo que la sociedad estaba demandando que se penalizara con mayor gravedad. Cosas de este tipo aparecen en la reforma.
Señorías, hay una tendencia obsesiva a una vieja desconfianza en el arbitrio judicial que aparece aquí de nuevo en la reforma y se vuelve a fórmulas de códigos anteriores, como decía antes el profesor Molas, en materia de dosimetría de penas, en la reforma del sistema de días multa y se vuelve --y es cierto que se vuelve--, aunque de manera

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indirecta, a la persecución de oficio de los delitos de injurias y calumnias de los funcionarios públicos, algo que ya habíamos olvidado porque habíamos estado de acuerdo en que el honor de las personas es igual para todos y no existe un honor más protegible para los funcionarios públicos. No puede haberlo en un sistema democrático. Eso estaba superado, pero con esta reforma hemos vuelto a cosas como estas.
Se modifican incluso supuestos en los que el propio Grupo Parlamentario Popular había estado de acuerdo. Señorías, cuando tramitamos en este mismo lugar el Código Penal, en el título de los delitos contra el patrimonio, título en el que se residencia la mayor parte de la delincuencia, había una sola enmienda viva del Grupo Parlamentario Popular: el robo con rehenes, que defendió el Senador Cañellas apasionadamente. Esa era la diferencia. Hoy aparecen una serie de agravamientos indiscriminados de penas, incomprensibles. He procurado entender el fundamento de esos agravamientos y tengo que confesar que en muchos casos no lo he conseguido. No he conseguido entender dónde podía estar la razón. Al mismo tiempo, se dulcifica la respuesta penal del delito fiscal, del fraude de subvenciones, del fraude a la Seguridad Social.
Señorías, hemos señalado un buen número de motivos de carácter general y de carácter concreto de nuestra posición y vamos a ir terminando sin poder evitar la sensación --créanme que es un sensación desagradable-- de que estamos en presencia de un intento atropellado de responder a casos concretos, de que hoy, aquí, estamos haciendo eso, y ello nos produce a nosotros, repito, una sensación desagradable.
Señorías, el objetivo de conseguir una mayor seguridad es un objetivo defendible porque la seguridad es un derecho de los ciudadanos --por lo tanto no están ustedes solos en ese intento--, el intento de conseguir una mayor seguridad es un objetivo defendible, que quede claro, y esa es una posición del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista, lo es, estamos de acuerdo en eso, no creamos fantasmas, eso es un derecho de los ciudadanos. Pero esa inseguridad no tiene su origen, como se quiere hacer ver, en un código débil, porque el código no es un código débil; tiene su origen en un aumento de la marginalidad, en un aumento de la pobreza, en un aumento de las diferencias sociales, en la disminución del gasto social, en la disminución de las fuerzas de seguridad, y lanzar hacia la sociedad el mensaje de que esta situación se va a solucionar modificando --y de la forma en que se ha modificado-- el Código Penal es un mensaje que nos parece equivocado, que nos parece dañino para la sociedad. Por eso, señorías, no podemos acompañarles a ustedes a la hora de lanzar ese mensaje.
Muchas gracias (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador señor Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor presidente, señorías.
Debatimos en este momento un proyecto de ley de extraordinaria importancia --a pesar de la hora, como señalaba el senador Marín Rite--, no sólo para la Cámara, sino también para todos los ciudadanos. El Código Penal es el principal instrumento legal del Estado de Derecho para luchar contra la delincuencia y es la respuesta eficaz de la sociedad a quien decide quebrantar las reglas de la convivencia y alterar el orden social.
Señorías, no hay libertad sin seguridad y no hay seguridad sin medidas eficaces que protejan a los ciudadanos y a sus bienes. El Estado de Derecho debe garantizar un clima de confianza que permita a todos los ciudadanos desarrollar su proyecto personal en libertad.
Hace poco más de un año, concretamente el 12 de septiembre de 2002, el Partido Popular presentaba el Plan de lucha contra la delincuencia, que se asentaba sobre tres ejes: medidas operativas o preventivas, medidas legislativas y medidas judiciales. En sólo un año de aplicación se ha conseguido modificar la tendencia alcista de la delincuencia, logrando que la curva de la delincuencia se haya invertido y en lo que va de año la tasa de delincuencia haya disminuido un 2,44 y las infracciones penales más graves el 7,57 por ciento.
Respecto a las medidas preventivas, el Partido Popular ha demostrado que la seguridad ciudadana es un hecho objetivo y prioritario para el Gobierno, y así lo demuestra el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año --presupuestos que debatiremos en los próximos días en esta Cámara--, el correspondiente a la partida del Ministerio de Interior ascienda a 6.111,94 millones de euros, un 8,23 más que en el año anterior, en 2003. En concreto, el área de seguridad en su conjunto se incrementa en 564 millones de euros, un 15 por ciento más.
Y hace una semana, sólo hace una semana, el presidente del Gobierno anunciaba el Plan de infraestructuras de seguridad del Estado, con una inversión extraordinaria de 46 millones de euros, que se ejecutará antes de que acabe este mismo año y que comprende mejoras en las infraestructuras del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil tanto en sus equipamientos como en el uso de las nuevas tecnologías.
Además se está abordando un plan de aplicación de las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que permitirá la creación de 6.500 nuevas plazas anuales hasta llegar a las 20.000 y que garantizará una mayor presencia policial en las calles. Senador Marín Rite, este hecho contrasta con las posturas que adoptaron otros gobiernos, que incluso en 1988 no crearon ni una sola plazo del Cuerpo de Policía.
Junto a estas medidas preventivas, están las medidas judiciales, entre las que sobresalen los juicios rápidos que, el día 28, cumplieron seis meses de su puesta en marcha. Frente a los agoreros que pronosticaban y anunciaban un fracaso, en estos seis meses se han celebrado 100.000 juicios rápidos, de manera que hoy los ciudadanos sabemos que hay 100.000 presuntos delincuentes que han podido ser juzgados, y en su caso condenados, en menos de 72 horas --en caso de faltas--, y de quince días, para los delitos.
Entre las medidas legislativas, señorías, destaca la reforma del Código Penal. La aplicación durante ocho años

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del Código Penal de 1995 ha puesto de manifiesto sus importantes carencias y deficiencias, especialmente en relación con materias como la violencia doméstica, la habitualidad delictiva o la lucha contra las bandas organizadas; pero, senador Marín Rite, no es que yo diga esto hoy, 31 de octubre de 2003, es que ya lo dije en esta misma tribuna en el mes de octubre de 1995, cuando se aprobó el Código Penal. Estas mismas palabras se utilizaban en ese discurso, ya lo advertíamos y el tiempo nos ha dado la razón.
El Grupo Parlamentario Socialista quiso bautizar este código como el Código Penal de la democracia, pero se ha demostrado que su aplicación práctica nos ha dado la razón a quienes dijimos que no era el código que necesitaba la legislación española.
No puede sostenerse que el Código Penal defienda al ciudadano, cuando más de la mitad de las infracciones penales estaban quedando impunes, porque nunca se ha cumplido la pena de arresto de fin de semana; delinquir ha salido gratis; la impunidad de las faltas, lejos de la redención del delincuente, sólo ha traído más delincuencia y más inseguridad.
Señorías, el Gobierno ha abordado la necesaria reforma penal a través de dos proyectos de ley. El pasado 17 de septiembre, esta misma Cámara aprobaba la Ley Orgánica de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros, que ha introducido conceptos como reincidencia y habitualidad, y ha dado un paso más para la plena integración de los derechos de los inmigrantes en nuestro ordenamiento jurídico, además de proporcionar una tutela más eficaz de las víctimas de la violencia doméstica.
Ha sido especialmente importante el nuevo tratamiento de la habitualidad delictiva, con penas de prisión en caso de reiteración de faltas y de agravamiento de penas, en el caso de delitos. Hay que tener en cuenta, señorías, que el 65 por ciento de las infracciones penales son cometidas por reincidentes; es decir, por personas que han hecho del delito su modo de vida.
Pero junto a estas reformas urgentes, se debía proceder a una actualización del Código Penal para modernizarlo y adaptarlo a la realidad social, desde el análisis y el estudio, con rigor jurídico, y manteniendo aquellos principios y criterios del código vigente que no precisan revisión.
Ningún grupo parlamentario puede negar la necesidad de esta reforma, señorías --y éste es un dato muy importante--, cuando sólo en esta legislatura, en las Cortes Generales de España se han presentado más de treinta proposiciones de ley que modifican, el Código Penal.
Para ello, y cumpliendo el compromiso que en su día asumió el Presidente del Gobierno, se constituyó la comisión técnica para la revisión del sistema de penas, integrada por un conjunto de expertos, procedentes de distintos sectores profesionales que, después de dos años estudio, formuló las propuestas y sugerencias que han servido de base a este proyecto de ley y que está siendo, y ha sido, enriquecido durante su trámite parlamentario.
La reforma se ha estructurado, señorías, sobre cuatro ejes: primero, la adaptación del Código Penal a las nuevas realidades delictivas, definiendo nuevos tipos penales; segundo, mejorar la definición de algunos delitos, con arreglo a criterios técnicos; tercero, la revisión del sistema de penas para suprimir aquellas que fueran ineficaces y establecer un sistema flexible y más equitativo; y, cuarto, reducir el número de delincuentes y, especialmente, dar una oportunidad al toxicómano que se somete a un tratamiento de rehabilitación y de desintoxicación.
No creo que sea preciso desgranar en este debate plenario una reforma que afecta a 180 artículos del Código Penal, pero deberíamos destacar algunos extremos, aunque sea de manera muy breve.
Con esta reforma se contemplan algunos tipos penales en aspectos tan importantes como los que afectan a los menores. Así ocurre respecto de la pornografía infantil o los delitos relativos al tráfico de drogas, con el agravamiento de pena si se cometen en centros docentes. La propiedad intelectual y los derechos de autor también salen muy reforzados con esta reforma. Y lo mismo ocurre con los delitos contra el medio ambiente. Pero especialmente novedosa es la protección de los animales domésticos, cuyo maltrato grave debe tener una respuesta penal acorde con el rechazo que genera en la sociedad española.
La definición de los delitos de lesa humanidad y la tipificación de los delitos que la Corte Penal Internacional puede enjuiciar como genocidio constituyen una importante novedad en una materia en la que España ha sido pionera, y sigue siéndola, además de impulsora. Sólo cabe recordar que en esta Cámara precisamente se está tramitando en estos momentos la ley orgánica de cooperación del Tribunal Penal Internacional.
Por último, quiero destacar --el senador Marín Rite se ha referido a ello-- el robo de móviles y su manipulación. Señorías, por primera vez en este código se contemplan esas circunstancias. La semana pasada se daba a conocer por la Guardia Civil que el 25 por ciento de los hurtos denunciados lo son de teléfonos móviles y que los hurtos y robos de móviles suponen el 6 por ciento del total de denuncias por infracciones penales. Pues bien, la modificación legislativa que introducimos castiga específicamente esas infracciones frente a la impunidad de la regulación vigente, que las considera simples faltas castigadas con penas que además no se estaban cumpliendo.
Esto podría parecer una simpleza en 1995 por tratarse de hechos excepcionales, pero al generalizarse a finales de los años noventa el uso del móvil y, por ende, el robo de estos aparatos, consideramos muy importante esta reforma, porque aunque se trate de un hurto o robo menor, al ciudadano --o ciudadana, como les gusta decir a ustedes-- que es objeto de ese hurto o robo sufre un gravísimo perjuicio. Y los datos son incontestables: el 25 por ciento de los hurtos denunciados lo son de teléfonos móviles.
Habría también que hablar del sistema de penas que se establece con esta reforma, que de alguna manera viene a suplir la carencia que existía, porque un código penal no puede limitarse a ser voluntarista, sino que debe cumplir una finalidad, primero, preventiva del delito, disuadiendo de la comisión de infracciones penales y, segundo, retributiva y reparadora de aquél.


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La sustitución de la pena de arresto de fin de semana por una pena de prisión de corta duración, por trabajos en beneficio de la comunidad o por la de localización permanente sin duda contribuirá a que el delincuente, sobre todo el habitual, esté advertido de que la comisión de las infracciones penales va a ser efectivamente castigada.
Para terminar esta intervención quiero destacar la aportación que ha hecho esta Cámara en esta reforma, enriqueciendo este proyecto de ley en cumplimiento de una tarea de reflexión y perfeccionamiento de las leyes.
En ese cometido hay que destacar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aspectos tan importantes como el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, la investigación del ADN o la prisión provisional. Y esto enlaza con lo que decía al principio de mi intervención: lo importante de esta reforma no es sólo la hora en que la hagamos ni la forma en que se haga, y se ha hecho reglamentariamente --y no quiero reabrir ese debate, que creo se cerró en la comisión--, sino que los ciudadanos se puedan beneficiar cuanto antes de las medidas que aquí se adoptan. Asimismo, se debe resaltar el enriquecimiento que el Senado ha hecho a este proyecto en lo relativo a la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Se permite el personamiento en el procedimiento a las víctimas o a sus familiares pudiendo ejecutar la acusación particular, instar la imposición de las medidas contra el delincuente, tener vista de lo actuado, proponer pruebas, participar en la práctica de las pruebas o recurrir las resoluciones judiciales.
Se enriquece el proyecto que debatimos al manifestar de manera mayoritaria --por una propuesta que tuvimos la oportunidad de presentar vía enmienda el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el de Coalición Canaria y mi propio grupo, el Parlamentario Popular-- esa voluntad política de sancionar con más firmeza los delitos graves cuando estamos hablando de la Ley Penal del Menor, es decir, cuando son delitos cometidos por menores, así como que se cumpla las condena en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad y la posibilidad del cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios ordinarios.
Señorías, señor presidente, con esta reforma estamos satisfaciendo una vieja reivindicación social, estamos satisfaciendo un clamor de la calle porque el ciudadano no entiende --esta misma tarde algunos senadores hemos tenido oportunidad de comprobarlo con los padres de una víctima de un delito grave, de un asesinato cometido por menores-- muchas veces las decisiones judiciales o la legislación que los jueces tienen que aplicar.
En definitiva, señorías, señor presidente, con esta reforma estamos contribuyendo a resolver problemas de unos ciudadanos y también a que se haga justicia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: En turno de portavoces, ¿desea hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador señor Zubia.


El señor ZUBIAATXAERANDIO: Muchas gracias, señor residente.
En estas alegres y combativas horas de madrugada este portavoz está, como siempre, en disposición de colaborar con su señoría, como asimismo estaría en disposición de anunciarle --con un mínimo de flexibilidad de no más de dos minutos-- que renunciaría a los demás turnos de futuro en esta tramitación del proyecto de ley tanto en cuanto a defensa de enmiendas, a turno posterior de portavoces y hasta les juro que no pediría la palabra ni por el artículo 87. (Risas.--Aplausos.) Pese a no haber presentado propuesta de veto, suscribimos buena parte de las razones que han llevado a otras formaciones políticas a hacerlo, solicitando así la devolución al Gobierno de este proyecto de ley. Si no presentamos propuesta de veto y optamos por transitar por la senda de las enmiendas parciales, no ha sido porque no encontrásemos motivos para ello. Los teníamos y los seguimos teniendo. No lo hicimos, en primer lugar, porque no todo su contenido nos parecía rechazable, pero fundamentalmente no lo hicimos porque sobre la base de un sincero ejercicio de responsabilidad nos parecía y nos sigue pareciendo que toda reforma del Código Penal, máxime si tiene el alcance de la presente, debe llevarse a cabo desde el máximo acuerdo posible, desde el máximo consenso, acuerdo y consenso que para alcanzarlos exigen un esfuerzo conjunto en la búsqueda de puntos de encuentro, algo que nunca resulta fácil, pero mucho menos si se parte de una descalificación global y absoluta.
Nos interesa mucho resaltar en el inicio de nuestra intervención, señorías, que un proyecto de ley de reforma o modificación del Código Penal, que como la presente no es precisamente puntual, no es un proyecto cualquiera ni un proyecto más. Como bien se señala en la exposición de motivos de la vigente Ley Orgánica, el Código Penal ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento hasta el punto de que no sin razón se ha considerado como una especie de constitución negativa. Esto que tan clara y solemnemente proclama la propia Ley Orgánica del Código Penal, nos obliga a todos a ser especialmente rigurosos a la hora de legislar en materia penal, responsabilidad y rigurosidad que nuestro grupo parlamentario, cuando menos, ha intenta do que estén presentes en toda su actuación, y que son también los que nos llevan ahora, a punto de culminar la tramitación parlamentaria, a poner de manifiesto una postura ciertamente crítica con no pocos de los aspectos que tienen que ver con el proyecto de ley que nos ocupa. Tenemos que ser forzosamente críticos con la forma en que el Gobierno viene abordando la política penal.
Tenemos que ser críticos con la tramitación que ha sufrido, diría yo, el proyecto de ley, muy especialmente en esta Casa --y lo digo con pena--, y tenemos que ser igualmente críticos con muchas de las modificaciones concretas que se contienen en dicho proyecto. Vayamos brevísimamente a ello.


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El señor Ministro de Justicia fijaba el origen de la reforma del Código Penal en el compromiso contraído por el presidente del Gobierno y nos recordaba en su día que, al tiempo que se contraía ese compromiso, se ofrecía un método: el del rigor jurídico y el del correcto trabajo en términos, tanto de técnica jurídica como de valoración de los elementos necesarios para adaptar el Código Penal.
¿Ha sido éste, realmente, el método utilizado? No lo sabemos, no podemos decir que no lo haya sido, pero tampoco estamos en disposición de asegurarlo. Estamos en disposición, eso sí, de afirmar que no lo parece y de asegurar que asistimos a una reforma del Código Penal por entregas y fascículos, a una reforma absolutamente diseminada y dispersa. Alguien ha señalado aquí que ésta es la cuarta reforma en menos de seis meses; a decir verdad, a mí me han parecido más, y todo viene a indicar que no acaba aquí la cosa.
¿Es posible llevar a cabo así una reforma sistemática, seria y coherente del Código Penal? Baste recordar lo que han dejado escrito los vocales que formularon voto particular al informe aprobado en su día por el Consejo General del Poder Judicial en relación con el proyecto. Nos encontramos, decían, con la última de una serie de propuestas legales que, según el Gobierno, deberían mejorar el denominado problema de la criminalidad. Y añadían, los anteproyectos remitidos sucesivamente constituyen un bloque bastante heterogéneo y carente de criterio sistemático alguno.
Tenemos también que ser especialmente críticos con lo que constituye el discurso y único hilo conductor de la reforma, que en este caso, como en las anteriores, es la seguridad ciudadana; seguridad ciudadana que no va a mejorar, estamos seguros, por estas reformas. No nos resistimos a reproducir una buena parte de lo que constituye la valoración global y general que hacen del proyecto de ley los vocales del Consejo General antes referidos. Textualmente dicen --y por no cansarles, me referiré a una pequeñísima parte-- lo siguiente. La cantidad de presos es la cifra que da cuenta de la dureza del sistema penal de un determinado país. Pues bien, en los últimos siete años la población penitenciaria española aumentó de 41.900 reclusos hasta los 52.342 actuales; de hecho, España, junto al Reino Unido, tiene la mayor tasa de presos por habitante de la Unión Europea. Por su parte, el Ejecutivo admite que en el año 2001 la tasa de criminalidad aumentó algo más de un 10 por ciento y que en el 2002 aumentó, aproximadamente, un 5 por ciento. Concluyendo, y en otras palabras, la inseguridad ciudadana ha venido aumentando en los últimos años al mismo tiempo que aumentaba la población penitenciaria, de modo que la ecuación: más cárcel igual a más seguridad, es absolutamente falsa. Señorías, esto es también realmente lo que creemos nosotros.
Otro tema que no podemos silenciar y que nos genera preocupación es la supresión --algún poprtavoz se ha referido a ello con anterioridad-- de la pena del arresto de fin de semana. No puede decirse, ciertamente, que su aplicación haya constituido un éxito, pero creemos que habría que examinar las razones que han conducido a ello y ver las disfunciones que la experiencia ha puesto de manifiesto. Una vez examinadas, lo correcto bien podría ser no tanto la supresión, sino hacerla posible corrigiendo las disfunciones y dotándolas, sobre todo, de los medios adecuados para que se alcancen las finalidades pretendidas, cosa que no se ha hecho por la administración, es decir desde el Gobierno.
Tampoco podríamos silenciar, y voy terminando, señor presidente, algo que no estaba en el origen de la reforma y que ha pasado a formar parte del texto del proyecto merced a una enmienda presentada en esta Cámara. Nos estamos refiriendo a las modificaciones de los artículos 8 y 25 y a la adición de una disposición adicional sexta en la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Siempre hemos dicho, y hoy lo reiteramos, que estamos abiertos a discutir la reforma de esta ley, que en verdad no responde en determinados casos todo lo bien que debiera, pero eso requiere no precipitación, sino sosiego y debate sereno en la totalidad del ámbito parlamentario. Esta Cámara, señorías, en este aspecto se está convirtiendo, no tanto en una Cámara de segunda lectura legislativa, sino lamentablemente en una Cámara de hacer chapuzas. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡No te pases!) Porque qué decir de la disposición final primera, que vía transaccional se ha incorporado a este proyecto de ley en virtud de la cual se introducen hasta treinta modificaciones, no ya del Código Penal, sino de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. Se me dirá que es simplemente la reproducción de lo que aquí se aprobó y que por razones de todos sabidas no fue posible ratificar en el Congreso de los Diputados, pero ni siquiera así. He tenido la precaución de hacer un somero análisis y simplemente llamo la atención sobre el hecho de que en esa disposición final, punto 2.18, se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 962, modificando lo que esta Cámara había aprobado no hace tanto tiempo.
Por fin, señor presidente, y ahora de verdad termino, quisiera decir que tengo que ser crítico porque nuestro sincero ejercicio de responsabilidad ha quedado reducido a cenizas. No ha sido posible llegar a acuerdos ni con vetos ni sin ellos, ni con enmiendas ni sin ellas. El grueso de las 255 enmiendas presentadas en esta Cámara, entre ellas la totalidad de las nuestras, han sido rechazadas. Fueron objeto de defensa en la comisión celebrada la pasada semana y lógicamente no voy a reiterar los mismos argumentos, pero, con todo ello, creo que hay razones más que suficientes para anunciar que nuestro grupo no apoyará el presente proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Señor presidente, deseo manifestar que, con motivo de la defensa del veto que he realizado anteriormente, doy por defendidas el conjunto de las enmiendas presentadas por este grupo.
Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor presidente.
Este senador no va a renunciar a ninguna intervención y creo que los senadores que asisten a este debate me lo van a agradecer también. Mañana por la mañana será otra cosa. Así pues, pura y exclusivamente voy a dejar constancia de la posición de nuestro grupo respecto de los vetos presentados por los demás grupos parlamentarios.
Evidentemente se trata de una reforma principal, una reforma importante del Código Penal, pero creemos que no ha habido una falta de sistemática en las reformas operadas. Durante las dos últimas legislaturas ha habido diversas modificaciones del Código Penal. El senador Prada ha hecho referencia a 30 iniciativas y yo tengo aquí apuntadas unas cuantas de los años 1999 y 2000 sobre delitos contra la libertad e identidad sexual, malos tratos y mejor protección a las víctimas, contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros, etcétera. Asimismo la Ley de Extranjería también introdujo diversas modificaciones en la normativa penal y, por último, estos tres grandes ejes a los que ya se ha hecho referencia: la Ley orgánica sobre el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la Ley orgánica de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social, y la reforma, también por ley orgánica, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la prisión provisional.
Cuando defendimos este proyecto de ley orgánica de la prisión provisional dejamos constancia de que diversos grupos parlamentarios habían instado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en concreto, la prisión provisional. Asimismo dejamos constancia de la posición de nuestro grupo, que había presentado diversas iniciativas en este campo, de los debates del estado de la nación del año 2001 y del año 2002, en los que se instaba precisamente al Gobierno a que presentara el proyecto de ley sobre prisión provisional. Incluso, con motivo de la reforma de la Ley de juicios rápidos, nuestro grupo presentó una enmienda que se incorporó como una disposición adicional en la que se instaba al Gobierno a que dentro de un plazo de seis meses presentara el proyecto de ley sobre prisión provisional.
Así pues, en cierta manera todas estas reformas que han ido apareciendo lo han hecho de una forma sistemática y organizada, pero, además, también se ha dicho que lo han hecho por impulsos, aunque más que por impulsos han ido apareciendo por mandatos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que también han instado la reforma, tanto del Código Penal, como de las leyes procesales.
En cuanto a las iniciativas que se han ido presentando, está, por ejemplo, la de la ablación del clítoris precisamente por parte del senador Belloch del Grupo Parlamentario Socialista --en aquella ocasión, en el año 2001, cuya postura tuve el honor de defender--; la del maltrato de animales en 1999, 2001 y 2002; la reforma del delito de violación por introducción de miembros corporales. Esto obedecía también a una interpretación del Tribunal Supremo. A veces los artículos del Código Penal precisan de ciertos retoques, y aquí sí que le doy la razón al senador Marín Rite cuando ha dicho que si hubiera solicitado el ministro de Justicia la necesidad de hacer ciertos retoques y definiciones, sería la realidad. La realidad es que el Código Penal precisa de estos retoques, de estas definiciones, de ciertos preceptos, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio Tribunal Supremo nos obliga, al igual que el Tribunal Constitucional. Asimismo, tenemos la reforma del Título VIII, del Libro Segundo del Código Penal, sobre mejor tipificación de los delitos de agresión y abusos sexuales, también impulsados por una interpretación del Tribunal Supremo en dos sentencias: la de 5 de mayo y la de 7 de julio del año 2002. Sobre pornografía infantil es necesario transponer directivas marco...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor, vaya finalizando.


El señor CAPDEVILA I BAS: Concluyo, señor presidente. Directivas marco que también han venido siendo impulsadas de forma constante: en el año 2000 de falsificación de moneda, en el 2001 de fraude de medios de pago, en el 2001 sobre el decomiso, en el 2003 sobre recursos materiales y medio ambiente, adaptación del Código Penal al estatuto de Corte Penal Internacional, y luego las conclusiones a las diversas comisiones, tanto mixtas como subcomisiones que se han ido celebrando en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Así pues, esta reforma que se ha ido operando también ha venido siendo requerida y exigida. Por todo ello, señores senadores, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a votar en contra de los vetos.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Marín Rite.


El señor MARIN RITE; Muchas gracias, señor presidente.
Brevísimamente, señor presidente. No voy a insistir en los mismos argumentos. Me tiene usted, señor Prada, muy cerca de la melancolía, a esta hora de la madrugada sigue usted insistiendo en la impunidad. Decía el senador Capdevila que se trata de retoques y por esa línea podríamos haber ido. Pero usted sigue descalificando lo anterior. Habla de impunidad, y lo hace después de estar en el grupo que apoya a un gobierno durante ocho años ¿Cómo no han acabado ustedes con la impunidad en esos ocho años? Sus gobiernos han tolerado la impunidad durante ocho años. Eso es lo que acaba usted de decir en la tribuna, y yo no puedo evitar que usted diga lo que estime conveniente.
Señorías, el fundamento de la inseguridad no está en la ley. Hemos coincidido todos; ha habido estos días un escándalo en la sociedad en relación con las excarcelaciones de narcotraficantes. Señorías, ¿cuál ha sido la respuesta del Gobierno? La respuesta ha sido: ya lo estamos arreglando,

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se va a crear un registro para avisar a los juzgados de que se acaba el tiempo, etcétera. Eso lo han hecho los juzgados siempre; todos los que hemos ejercido la abogacía hemos visto en los juzgados el armario con el letrero «causas con presos»; eso lo hemos visto siempre.
Señorías, ¿cuál es la realidad? En dos palabras, señor presidente: la realidad es que la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que nos acaba de llegar hace unos días y que se considera un dato oficial, señala que el número de asuntos pendientes en la Administración de justicia española en el año 2002 ha aumentado el 3,8 por ciento; hay 2.056.000 asuntos pendientes en España, 56.000 más que el año anterior, y eso es un escándalo, y ésa es la razón por la que se producen las excarcelaciones de narcotraficantes. Y se puede hacer una relación de medidas que seguramente serán buenas, yo no niego que pueda hacerse una relación, el señor Prada la ha hecho antes, pero la realidad es que el panorama es el que es: que la justicia española no es capaz de juzgar en cuatro años, porque está atascada, porque tiene un nivel de pendencia intolerable, y ésa es la realidad a la que el Gobierno no quiere hacer frente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo debate de fondo era conocido porque venía de otra modificación que se había hecho precisamente en esta Cámara y no está en vigor en estas fechas por lo que todos ya conocemos --la ausencia de determinados diputados a la hora de convalidar el aspecto orgánico de la ley-- y en relación también la crítica que se ha recibido --insisto en que no se critica cómo se ha realizado, y hay que recordar mediante una enmienda transaccional de Convergència i Unió--, es muy curioso que el grupo parlamentario que presenta una enmienda que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal --y lo hace con todo el derecho del mundo y de manera muy legítima-- sea precisamente el grupo que critique la modificación de 30 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Senador Zubía, lo mismo que tuvo usted el derecho y la legitimidad de presentar una enmienda que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podía haber presentado 30 enmiendas que modificaran 30 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es lo que ha hecho el Grupo de Convergència i Unió y ha encontrado el respaldo de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Popular.
Señorías, hay que admirar en ese sentido las posturas que mantiene en este debate en relación con este proyecto de ley el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo de Coalición Canaria, pero entiendo la postura que mantienen los demás grupos, entiendo a los que han defendido un veto, o la intervención del portavoz de Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que es exactamente igual que si hubiera presentado un veto. Y lo entiendo por una simple razón, porque, si se me permite la expresión ya que estamos hablando de materia penal, del Código Penal, ustedes son presos, todos ustedes son presos de la postura que mantuvieron en 1995, de los errores que cometieron en 1995. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y ocho años después sus señorías no pueden cambiar el discurso, pero saben que lo que se está haciendo era necesario y nos lo demandaba la sociedad española.
Por último, señor presidente, no sé si para ustedes, especialmente para el Grupo Socialista, la seguridad ciudadana constituye una prioridad --creo que no--, pero le aseguro que para el Gobierno del Partido Popular y para el Grupo Parlamentario Popular en el Senado la seguridad ciudadana sí es una prioridad. Y por eso hemos hecho en torno a ocho reformas del Código Penal de 1995, o más de ocho reformas --le emplazo a que las contemos en el transcurso del debate de mañana--, y no hemos dejado ningún espacio de impunidad, porque nosotros queremos precisamente que no quede impune ningún tipo de acto delictivo. Y ahí está la gran reforma que se emprende con la aprobación de este proyecto esta noche o mañana por la mañana, porque no queremos que haya impunidad en los actos delictivos y no queremos que haya ineficacia en el cumplimiento de las penas.
Senador Marín Rite, en relación con la referencia que usted ha hecho al ministro de Justicia y la acusación grave de volver a imputarle --como ha hecho ya algún compañero suyo de grupo--, por su dejadez o por su política o por la política de este Gobierno, que el otro día se haya excarcelado o se vaya a excarcelar a un narcotraficante, simplemente le digo lo siguiente: usted ha dicho que eso es un escándalo como también lo es la cantidad de presos que hay en las cárceles españolas, pero, señorías, ¿saben ustedes lo que es verdaderamente escandaloso? Que a la reforma de la prisión preventiva, que a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que corregía la posibilidad de que los narcotraficantes sean excarcelados antes de que se celebre su juicio, el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señorías, sometemos a votación los vetos al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de veto número 2, firmada por la senadora De Boneta y Piedra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 41; en contra, 128; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


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Votamos la propuesta de veto número 1, originariamente presentada por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 41; en contra, 129; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta de veto número 3, presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 41; en contra, 129 ; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, votamos la propuesta de veto número 4, presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 172; a favor, 41; en contra, 128; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. Rechazados los vetos, se suspende la sesión hasta las nueve y media.


Eran las tres horas y quince minutos del día 31 de octubre.


(El debate de este proyecto de ley continúa en el «Diario de Sesiones» número 158.)

CORRECCION DE ERRORES:

En el "Diario de Sesiones" número 157, página 9722, intervención del señor Ministro de Fomento, donde dice: "En el año 2002, el volumen de mercancías con origen o destino en la Comunidad de Aragón fue de 145.000 toneladas, más las 41.291 toneladas equivalentes en contenedores de 20 pies.", debe decir: "En el año 2002, el volumen de mercancías con origen o destino en la Comunidad de Aragón fue de 145.000 toneladas, más los 41.291 contenedores de 20 pies."

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