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DS. Senado, Pleno, núm. 158, de 31/10/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2003 VII Legislatura
Núm. 158
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el viernes, 31 de octubre de 2003


ORDEN DEL DIA:

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 145, de fecha 28 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000145) (Número de expediente C. D. 121/ 000145) (Continuación).


Cuarto

--Habilitación de días conforme al artículo 76 del Reglamento de la Cámara. (Número de expediente 550/000056).


Quinto

Delegación de competencia legislativa plena:

--En la comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la tramitación del proyecto de ley de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 163, de fecha 31 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000163) (Número de expediente C. D.
121/000168).


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--En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para la tramitación del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 164, de fecha 31 de octubre de 2003). (Número de expediente S. 621/000164) (Número de expediente C. D. 121/000170).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 9922)

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Continuación) (Página 9922)

Comienza el debate del articulado.


Se dan por defendidas las enmiendas de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos y del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Capdevila i Bas defiende las enmiendas números 183 a 190, 192, 195 a 206, 208, 209, 217, 218, 220 a 223, 225, 226 y 228, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores Marín Rite y Caballero Moya defienden las enmiendas del Grupo Socialista números 106 a 147 y 149 a 182, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas transaccionales en Comisión basadas en las enmiendas números 191, 193, 207, 210 a 214, 216, 219, 227 y 228, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 241, 245, 247 a 249 y 254, del Grupo Popular, así como las relativas a la modificación del artículo 635 del Código Penal y a la adición de una nueva disposición final cuarta, y las modificaciones basadas en las enmiendas números 224, de Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y 253, del Grupo Popular, relativas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La señora Mora Devis consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora De Boneta y Piedra, por el Grupo Mixto; los señores Mendoza Cabrera, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y la señora Mora Devis, por el Grupo Popular.


HABILITACION DE DIAS CONFORME AL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA (Página 9935)

Se aprueba la habilitación del lunes 17 de noviembre para la celebración de sesión plenaria, por asentimiento de la Cámara.


DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA (Página 9935)

En la comisión de Trabajo y Asuntos sociales para la tramitación del proyecto de ley de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos (Página 9935)

Se aprueba la delegación por asentimiento de la Cámara.


En la Comisión de Educación, Cultura y Deporte para la tramitación del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado (Página 9935)

Se aprueba la delegación por asentimiento de la Cámara.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 9946)

De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Continuación) (Página 9936)

Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 20, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 142 en contra y 52 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 24 y 25, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 4 votos a favor, 182 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 27, del mismo grupo parlamentario, por 5 votos a favor, 190 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 31, del mismo grupo parlamentario, por 15 votos a favor, 133 en contra y 50 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 15 votos a favor, 179 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 39, 45, 53, 54, 78, 86, 87, 88 y 98, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 62 votos a favor, 134 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 40, 41, 57, 76, 77, 82 a 85, 89, 90, 92, 93, 97, 103, 104 y 105, del mismo grupo parlamentario, por 56 votos a favor, 133 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 54 votos a favor, 142 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 183, 186 a 189, 205, 220, 222, 223 y 225, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 134 en contra y 50 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 201 a 204, 206 y 217, del mismo grupo parlamentario, por 64 votos a favor, 134 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 181 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 112, 118, 126, 127, 152, 160, 161, 162, 174 y 182, del Grupo Socialista, por 61 votos a favor, 134 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 111, 113, 114, 130, 150, 151, 156 a 159, 163, 164, 167, 169, 172, 179 y 180, del mismo grupo parlamentario, por 53 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 52 votos a favor, 141 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueban dos propuestas de modificación del dictamen, con números de registro 59.571 y 59.572 por 148 votos a favor, 49 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones final primera, apartado primero, letras b), c) y g), y apartado segundo, letras d), e), f), h), j) y m), y final segunda del dictamen por 195 votos a favor y 4 abstenciones.


Se aprueba la disposición final primera, apartado primero, letras h), i), j), k), y apartado segundo, letras a).2, b), g), i), l), ñ), o) y p) del dictamen por 144 votos a favor, 2 en contra y 53 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 147 votos a favor, 47 en contra y 4 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos.


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Se reanuda la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL (Continuación) (S. 621/000145) (C. D. 121/000145).


El señor PRESIDENTE: Debatimos las enmiendas al proyecto de ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Tal como manifestaron en el debate de los vetos en el día de ayer se dan por defendidas las enmiendas y los votos particulares de la señora De Boneta y Piedra, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Para defender las enmiendas de Convergència i Unió, enmiendas 183 a 190, 192, 195 a 206, 208, 209, 217, 218, 220 a 223, 225, 226 y 228, tiene la palabra el senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor presidente.
Muy buenos días a sus señorías.
Hace pocas horas defendía la postura de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y manifestaba que no íbamos a apoyar los vetos, pero la limitación del tiempo, debido a la hora en que se debatían, hizo que no pudiera extenderme en nuestro posicionamiento, por lo que lo voy a hacer ahora con ocasión de la defensa de nuestras enmiendas.
Mantenemos vivas 31 enmiendas para este debate plenario que voy a englobar en los nueve bloques que ya defendí en el debate de la Comisión de Justicia. En cada uno de estos bloques ha habido enmiendas transadas con el Grupo Parlamentario Popular a las cuales haré una pequeña mención.
El primer bloque hace referencia a la violencia doméstica y comprende las enmiendas números 184, 196 y 197, que aún mantenemos vivas, a los artículos 32, 226.1 y 227.
En este bloque fue transada la enmienda numero 191, que en principio iba dirigida al artículo 57, pero a través de la transacción acordada el texto fue incorporado al artículo 48 de la sección tercera del Código Penal, adicionando un nuevo apartado cuarto que faculta al juez o tribunal para imponer al penado este control de las medidas propuestas en el propio artículo 48, a las que a su vez hacen referencia las letras f), g) y h) del artículo 39, es decir, privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, aproximarse a la víctima o demás familiares o personas determinadas por el juez o tribunal, y a comunicarse con ellos. Este control se ejercerá a través de aquellos medios electrónicos que permitan el mismo. (El señor vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Por lo que se refiere a las enmiendas que defendemos en este acto, la número 184 viene a reproducir las conclusiones de la subcomisión de violencia doméstica y propone una modificación concreta del artículo 32, solicitando que en ningún caso se imponga una pena de multa cuando se trate de supuestos de violencia doméstica y, en el supuesto de aplicación de la pena de localización permanente, que su ejecución siempre sea en domicilio distinto y alejado de la víctima.
Si bien es cierto que hay un precepto en el cual ya se incardina esta necesidad de que la pena privativa de libertad o localización permanente no se cumpla en el domicilio conyugal cuando afecte a delitos de violencia doméstica, creemos oportuno que la modificación contenida en esta enmienda se incluya en el artículo 32.
La enmienda número 196, al artículo 226.1, también hace referencia a la violencia doméstica y prevé, para el caso de incumplimiento de los deberes legales de asistencia previstos, una alternativa a la propuesta de prisión, que es la que, a su vez, informó favorablemente la Fiscalía General del Estado, y es el arresto en sitio o lugar determinado por 16 a 45 días. Esta pena puede practicarse los sábados y domingos obviamente en un lugar distinto del domicilio conyugal.
La enmienda número 197 se presenta al artículo 227.1 y ofrece también la misma alternativa de arresto en sitio o lugar determinado para el supuesto de impago de dos o más meses consecutivos de las pensiones.
Nosotros consideramos que la prisión o multa sería contraproducente para el cumplimiento de estas obligaciones.
La enmienda número 218 todavía la mantenemos viva y en ella solicitamos que se reforme el artículo 468 en relación con lo dispuesto en el artículo 57, ambos del Código Penal, al objeto de que el supuesto quebrantamiento de condena se contemple no solamente en las prohibiciones a que se refiere el propio artículo 57, sino también en el apartado tercero, que contemplaría este quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en el artículo 48 a que se refería nuestra enmienda número 191 y que ha sido incorporada a este último artículo, es decir, el quebrantamiento de las medidas de control de las prohibiciones impuestas al penado.
El segundo bloque es quizá el más extenso, y con él pretendemos cambiar la localización permanente por el arresto en sitio o lugar determinado, precisamente por el informe favorable de la Fiscalía General del Estado.
Este bloque abarca las enmiendas números 185, 186, 187, 188, 190, 221 y 223. No me voy a extender en cada una de ellas porque el dato es muy simple, se trata de cambiar la localización permanente por la pena que nosotros perseguimos en sustitución de la misma, la de arresto en sitio o lugar determinado.
Dentro de este capítulo hay otras enmiendas que, al margen de perseguir esta sustitución de referencia, conllevan

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una mayor penalización, precisamente en sustitución de la multa. Este automatismo de sustituir el arresto de fin de semana por la multa lo que hace es dulcificar la pena, y lo que nosotros perseguimos es variar la pena de multa por la de arresto en sitio y lugar determinado. Se ha llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Popular en relación con las enmiendas números 193 y 194, y se ha incorporado, en todo caso, la pena de prisión de corta duración.
La enmienda número 201 persigue la sustitución de la pena de multa, que contempla el articulado del proyecto, por la de arresto en sitio o lugar determinado.
Otro grupo de enmiendas van en la misma línea de cambiar las penas impuestas en el texto del articulado de multa o trabajo en beneficio de la comunidad por las de arresto en sitio o lugar determinado. Las enmiendas 207 y 209 pretenden dicha modificación, y lo hemos logrado porque se ha llegado a una transacción con el Grupo Parlamentario Popular, en los artículos 289 y 526. El artículo 289 hace referencia a la destrucción de cosa propia de utilidad social cultural, y aquí se incorpora la pena de prisión de corta duración, de tres a cinco meses, o multa. Es decir, no se obliga al juez a imponer la pena de prisión de corta duración, sino que éste tiene la facultad de imponer una u otra, atendiendo a las circunstancias.
La enmienda 219, al artículo 526, hace referencia al ultraje, destrucción o daño a la memoria de los muertos, violación de sepulcros, etcétera, y se incorpora la pena de prisión de corta duración, o multa de seis a diez meses.
Sobre las enmiendas números 213, 214 y 216 también se ha logrado una transacción, incorporándose la pena de prisión de corta duración de tres a seis meses, o la correspondiente multa.
El tercer bloque de enmiendas de nuestro grupo parlamentario pretende no cuantificar los tipos de hurto, el uso de vehículos de motor y el delito de ejercicio del propio derecho, tres preceptos del Código Penal, concretamente contenidos en los artículos 234, 236 y 244. Nosotros perseguimos que sea constitutivo de delito cualquier hecho incardinado dentro de esos preceptos y que sea penalizado con la pena de prisión.
Luego, según la intensidad, la gravedad o la cuantía del hecho, el juez podrá tener un margen de aplicación y de reducción considerable de la pena a tenor, precisamente, de los datos que se aprecian a través del propio procedimiento.
Durante la defensa de los vetos daba la sensación de que únicamente se perseguían los delitos contra la propiedad. Aquí hay un dato objetivo que es ciertamente alarmante, hay pequeños delitos de gran intensidad que han causado gran alarma en la sociedad. Por ejemplo, en Barcelona, la ciutat vella, una misma persona fue detenida en 147 ocasiones durante el año 2002, situación que trasladada al ámbito nacional resulta alarmante.
Constituyen pequeñas faltas, normalmente de hurto, pero que obviamente conllevan una tremenda alarma social. En este sentido van dirigidos estos tres preceptos y la globalidad de las reformas que nuestro grupo solicita.
El cuarto bloque de enmiendas pretende adaptar el Código Penal al texto de la ley concursal aprobado recientemente. Se trata de las números 202, 203 y 204, en las que no me voy a extender, ya que, como digo, se trata de incorporar en dicho Código las reformas operadas en la propia ley concursal.
El quinto bloque de enmiendas abarca la número 206 al artículo 285 y en cierta manera coincidimos con dos enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que, obviamente, vamos a apoyar. Hay una diferencia de 20.000 euros, pero la filosofía es la misma: rebajar la cuantía de este delito.
El sexto bloque hace referencia a delitos relativos a la protección de la flor y fauna, a lo cual va destinada la enmienda número 208 al artículo 337, tipificando como delito el maltrato de animales. Entendemos que hay que superar su tipificación como falta, ya que son nulos los efectos disuasorios. La enmienda número 209 al artículo 337.bis pretende la tipificación como delito de la organización de combates y peleas de perros, ya que consideramos que conlleva una derivación del maltrato de animales domésticos e inevitablemente el sufrimiento y muerte de animales en peleas o combates provocados precisamente por la acción humana, organizada con o sin ánimo de lucro.
El séptimo bloque está formado por tres enmiendas que consideramos de cierta importancia debido a la alarma social que generan; con ellas pretendemos penalizar la conducción con superación de las tasas de alcoholemia, de 0,8 en sangre y 0,5 en aire espirado. El vigente Código Penal contempla la penalización de este tipo de delitos, pero con la condición de que afecte a la conducción de vehículos de motor. La diversa jurisprudencia que existe a este respecto recoge las más variopintas opiniones doctrinales ya que, según el atestado se realice de forma correcta o incorrecta, en ocasiones se puede evadir este tipo de delitos.
Nosotros pretendemos este endurecimiento de las penas. No lo hemos logrado, pero sí hemos conseguido una transacción con el Grupo Parlamentario Popular en la que se penaliza con la pena de prisión de corta duración.
El artículo 381 hace referencia a la conducción temeraria y en este punto queremos precisar con nuestra enmienda qué se considera como tal, pues podía ser el hecho de conducir a una velocidad que superase el 50 por ciento del límite de velocidad señalado en cada tramo y que, a su vez, superase este límite en 50 kilómetros. Tampoco ha sido posible, se ha llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Popular y se define más correctamente que en el Código Penal vigente --aunque no se llegue a concretar-- qué se entiende por conducción temeraria, poniendo en peligro la integridad de las personas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene una enmienda, la número 28, que hace referencia al artículo 380, que nosotros vamos a apoyar porque lo que hace es recoger las interpretaciones de las audiencias provinciales. Pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que llega a concretarlo. Es decir, el delito de desobediencia no tiene lugar, primero, cuando el detenido no tiene signos externos de ir embriagado y, segundo, cuando los agentes de la autoridad no le requieren. Lo que sí precisa el Tribunal Supremo es que la policía que detiene a la persona en concreto tiene que decirle que tiene signos de ir embriagado

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y además advertirle de que no someterse a esta prueba conlleva el delito de desobediencia. Por consiguiente entendemos que es una enmienda muy acertada, que determina y especifica muy bien lo que han manifestado en diversas ocasiones las audiencias provinciales, y de una forma muy concreta la doctrina del Tribunal Supremo.
En cuanto al octavo bloque, la enmienda número 215, al artículo 451, fue aceptada con su propio contenido durante el debate en la Comisión de Justicia y con ella pretendíamos subir la penalización en un año. Los delitos de encubrimiento prescriben en la actualidad a los tres años y se ha dado un caso, el supuesto de Robert Graham, presunto encubridor del asesino de Rocío Wanninkhof, que está libre por la prescripción del supuesto delito. Con esta reforma se persigue que al ser concebido como delito grave, la prescripción no sea a los tres sino a los cinco años.
En el noveno bloque englobamos diversos supuestos que deberían ser incluidos y no lo están y a ello se refiere la enmienda número 217, al artículo 468, sobre el quebrantamiento de la detención. Cuando una persona está detenida en la comisaría, el hecho de que se fugue no está lo suficientemente previsto en el propio Código Penal y podría dar ocasión a algún tipo de disfunción en caso --repito-- de fugas.
La enmienda número 220, al artículo 563, es una norma en blanco. A nuestro grupo le interesa especificar con mayor detalle este tipo delictivo de tenencia de armas e incluir el dato de la peligrosidad, insertando en el texto «en unas circunstancias tales que pueda resultar peligrosa para terceros».
La enmienda número 222 pretende la supresión del punto primero del artículo 620, ya que no se puede amenazar de forma leve llevando armas.
La enmienda número 195 lo es al artículo 169 punto 2 y pretende modificar el texto en el sentido de que la amenaza cuando se realice con armas u otros instrumentos peligrosos debe conllevar precisamente una agravación de la pena.
La enmienda número 224 ha sido también transada con el Grupo Parlamentario Popular. Introduce una nueva disposición adicional --y así ha sido incorporada en el texto--, que lo que hace es recuperar todas aquellas reformas que se debatieron y aprobaron --lo han manifestado prácticamente todos los grupos parlamentarios que han hecho referencia a dicha enmienda-- pero cuya incorporación se perdió con ocasión del debate en el Congreso al no asistir los diputados suficientes y no existir el quórum necesario al tratarse de una ley orgánica. El senador Zubia comentó que no se trataba de una simple recuperación sino que se había modificado el texto; sin embargo, discrepo de esta aseveración ya que el texto es el mismo. En este sentido, se recogen los apartados 3º y 4º del artículo 796 de la ley de prisión provisional, que hacen referencia a la citación de los testigos y partes ofendidas. Por consiguiente, no varia nada; simplemente se han transcrito los apartados de referencia.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha presentado la enmienda número 31 que, obviamente, mi grupo parlamentario va a apoyar porque guarda relación con nuestra enmienda número 224, en relación al artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La enmienda número 225 propone la incorporación de una disposición adicional nueva en la que se modifiquen los artículos 45, 78 bis, 78 ter, 78 quáter y 78 quinquies de la Ley 13/1985, del Código Penal Militar. Se trata precisamente de adaptar este Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
De momento, no han aceptado la enmienda número 226, a pesar de que, con ocasión del debate de la ley de prisión provisional, el Grupo Parlamentario Popular nos prometió que se incluiría en la próxima reforma. Ahora se nos dice que se incluirá en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las citaciones, notificaciones y emplazamientos que realiza actualmente la Policía Judicial o el propio personal de los juzgados, pueda realizarse también a través de entidades particulares o públicas, previamente seleccionadas por el Ministerio de Justicia y las respectivas comunidades autónomas con competencia en la materia. En este sentido, quiero decir que mantenemos viva esta enmienda porque entendemos que no se nos han dado suficientes garantías de que, efectivamente, vayan a actuar de ese modo; actualmente se está debatiendo la Ley Orgánica del Poder Judicial pero, de momento, no se ha incluido este texto.
La enmienda número 227, que ha sido transaccionada con el Grupo Parlamentario Popular, propone la reforma del artículo 20 de la Ley Hipotecaría, con el fin de resolver un problema de cierta magnitud. El senador Marín Rite se ríe porque, siempre que hay una reforma, mi grupo parlamentario propone también alguna modificación de la Ley Hipotecaría, pero creo que, en esta ocasión, se puede encajar bastante bien dentro de la reforma del Código Penal. En este sentido, se trata de evitar la consolidación de los testaferros y sociedades interpuestas, de forma que la parte querellada no pueda alegar que carece de bienes porque todos ellos estén puestos a nombre de personas interpuestas. Esta enmienda tiene consonancia con el principio registral de tracto sucesivo, sin necesidad de una imputación formal de estos en el procedimiento.
Por último, la enmienda número 228 propone una nueva disposición final que modifique el escalonamiento de los plazos de entrada en vigor del presente proyecto de ley. Pues bien, sobre este punto compartimos en cierta forma la tesis mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de considerar que esta ley debe entrar en vigor lo antes posible. Así, nosotros proponemos el plazo de seis meses desde su publicación, sobre todo, teniendo muy presentes las medidas de control mediante elementos electrónicos de los delitos de violencia doméstica.
Por ello, si no es posible que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», al menos que sea dentro de esos seis meses, o incluso de tres, como propugna el Grupo Socialista.
Confío en que el Grupo Parlamentario Popular aprecie al menos algunas de estas enmiendas --en ello estamos--, debido a su importancia para mejorar este texto.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Capdevila.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo convaleciente todavía de la sesión nocturna de ayer, en la que sin duda estábamos en clara inferioridad respecto del senador Moya, habituado a la Semana Santa sevillana, que tiene noches incluso más duras que la de ayer. No obstante, lo asumimos con gusto.
Ayer defendíamos el veto de nuestro grupo y, por tanto, hacíamos referencia a los aspectos generales de esta reforma, a sus fundamentos, y de manera muy especial a aquellos que no compartimos. Y hoy, ya en el debate de las enmiendas, vamos a tratar aspectos más concretos, empezando por el voto particular que presenta nuestro grupo solicitando la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en relación con una serie de enmiendas que se presentaron en la Comisión de Justicia, todas ellas relativas, como antes ha manifestado el senador Capdevila, a la prisión provisional; para ser más preciso, a aquella parte de la prisión provisional que no pudo ser aprobada por falta del quórum necesario en el Congreso de los Diputados, por lo que se reproduce aquí en una serie de enmiendas. Además, se introdujeron otra serie de enmiendas relativas a la reforma del Código Penal.
Señorías, como es lógico, no vamos a reproducir ahora el debate en comisión. Por tanto, sólo diré que vamos a mantener nuestra posición y que votaremos a favor de aquello que ya votamos favorablemente en esta Cámara cuando debatimos la prisión provisional. Queremos hacer ese ejercicio de congruencia, aunque discrepamos absolutamente, como ya entonces manifestamos, del procedimiento utilizado.
Nosotros llevamos mucho tiempo en esta Casa, y concretamente en la Comisión de Justicia, y sabemos que existe un determinado uso parlamentario --precisamente el presidente de la comisión, así como el letrado, hicieron referencia a él--. Ciertamente, a lo largo del tiempo se ha producido un determinado uso parlamentario que hace referencia a la forma de completar los textos legislativos en la Ponencia y en la Comisión de Justicia.
Pues bien, creemos que los usos parlamentarios, que no olvidemos no son propiamente una ley, sino algo elaborado por el transcurso del tiempo, tienen un cierto peligro, y éste consiste en su desnaturalización. Es decir, lo que un uso pretende en principio es dar flexibilidad a la ponencia, una flexibilidad que en un órgano político como éste, en el que estamos haciendo uso del Derecho, tiene que ser siempre bien recibida --en el sentido weberiano del Derecho--. Por eso, lógicamente no se puede estar en contra de esa flexibilidad. Pero si eso se desnaturaliza, puede llevar a situaciones absolutamente improcedentes. Esto es lo que creo que ha ocurrido en la Comisión de Justicia y, señorías, sinceramente, creo que eso debe corregirse, como ya dijimos entonces, y me parece que el final de una legislatura es un buen momento para hacer esa corrección.
Nosotros no tenemos autoridad ni siquiera para proponer una resolución de la Presidencia del Senado, como es natural, pero sí podemos opinar.
Creemos que no haría falta ni siquiera una reforma del Reglamento del Senado sino simplemente una resolución interpretativa de los artículos 115 y 116 para que de ese modo se impidiera que pudiera pasar de nuevo lo que ocurrió el otro día en la comisión: que en el último turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular éste hubiera podido introducir una ley completa, como decía el otro día el senador Prada --lamento que no esté presente en este momento--. Y así ocurrió, señorías. Eso puede y debe corregirse con esa resolución interpretativa de los artículos a que me acabo de referir. Porque tal y como ocurrieron las cosas el otro día, en realidad se produce una reducción al absurdo ya que hay grupos parlamentarios que no pertenecen a la ponencia, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y puede ocurrir que en el último momento se entere de que en una comisión a la que su grupo sí pertenece se va a votar una ley completa. Eso puede ocurrir, señorías, porque incluso se puede hacer peor de lo que lo hicimos el otro día. Si eso se admite, podemos seguir estirando el procedimiento y podemos llegar a hacer cosa tremendas si nos paramos a pensarlo. Voy a dar por zanjada esta cuestión, pero creo que en esa ocasión se produjo lo que este senador denomina un verdadero atropello --en el sentido jurídico del término-- en cuanto a la aparición de textos que no conocíamos y en los que por las circunstancias del debate no se pudo entrar.
Señorías, comparto la defensa de las enmiendas con el senador Caballero Moya. Yo me ocuparé solamente de la parte general, del Libro I del Código Penal, y lo haré, además, dando por defendidas todas aquellas que no nombre. Se trata de enmiendas que están bastante englobadas en la argumentación general que se hizo partiendo de la propia naturaleza del veto. Hay una primera enmienda referente a un tema que nos preocupa, señorías, y que también preocupa a algunos juristas del Grupo Parlamentario Popular: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y digo que es un tema preocupante, señorías, porque es una excepción, y en Derecho Penal, más que en ninguna otra rama del Derecho, las excepciones son algo muy delicado. Pues bien, en las primeras lecciones de Derecho Penal nos enseñaban que la responsabilidad penal es personal. Esa es la regla general. Pues esto que se hace aquí es una excepción a esa regla general. En nuestra opinión con ello se abre un portillo complicado porque de ese modo se puede hacer a los pequeños accionistas también responsables penalmente --ya lo son civilmente de manera subsidiaria-- , de la pena de multa impuesta a los administradores en general. Nos parece que tratar esta cuestión solamente desde el punto de vista de la multa y de este modo tan parcial aún complica más la cuestión.
La enmienda número 107 al artículo 33 es fundamental para nosotros. En ella planteamos la modificación de los límites de las penas. El límite de la pena grave pasa de tres a cinco años, la pena de prisión se lleva hasta los tres meses, se elimina el arresto de fin de semana y se introduce la pena de localización permanente. La enmienda trata, lógicamente,

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de volver al sistema del Código Penal vigente, pero admitimos la inclusión de la localización permanente porque nos parece que puede dar resultado.
Señorías, nos parece un retroceso la vuelta a las penas cortas de prisión. Estas penas cortas de prisión fueron eliminadas en gran parte de los países de nuestro entorno, por ejemplo en Portugal, Francia y Alemania, porque llegaron a entender que las penas cortas de prisión se convierten en un puro castigo; en realidad quedan casi circunscritas a ese elemento punitivo que, por otra parte, siempre tiene la pena.
Señorías, en estos días los responsables del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular hablan con frecuencia de la necesidad de luchar contra la delincuencia habitual. Se dice que cualquier Estado moderno y democrático no puede convivir con personas que hacen de la delincuencia una profesión. Expresado en estos términos, parece razonable, aunque eso no quiere decir que compartamos el tratamiento que se ha dado a la reincidencia; pero, repito, que dicho así parece razonable. En este caso, con las penas cortas de prisión se hace lo contrario y muchas veces se penaliza a los jóvenes delincuentes primarios; es decir, de alguna manera esta actuación contradice a ésa otra a la que hacía referencia.
Señorías, nosotros venimos observando algo desde hace tiempo --y espero que nadie se moleste por lo que voy a decir porque, como es natural, mi intención no es ésa-- y es una vuelta atrás y una derechización en política criminal desarrollada por el Grupo Parlamentario Popular. Cuando se elaboró el Código Penal de 1995 debatimos y confrontamos posiciones con el Grupo Parlamentario Popular, y lo hicimos tanto cuando estábamos nosotros en el Gobierno como cuando llegaron ellos. En aquellos momentos vimos --y están presentes distinguidos senadores que participaron en aquel debate del Código Penal-- cómo el Grupo Parlamentario Popular, que defendía posiciones conservadoras, era capaz en muchos casos de defender posiciones progresistas en algunos temas concretos. Ese talante ha ido desapareciendo y este grupo --fundamentalmente el Gobierno, porque el grupo lo que hace es apoyar al Gobierno, como es natural, y por eso quizá sea más exacto referirse a éste-- ha ido girando hacia las antiguas posiciones de la derecha judicial española. Lo venimos observando en una serie de supuestos en los que se ve con claridad.
Es fácil comprobar cómo se vuelve atrás en distintos apartados e instituciones jurídicas. Ocurrió con la mejora de la situación de colegiación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando en el Código Penal se eleva el listón de la colegiación y se envían los delitos a partir de los 3 años a un tribunal colegiado. Eso es un avance, porque el tribunal colegiado da siempre una mayor garantía de seguridad en las resoluciones judiciales, qué duda cabe. Pero se vuelve atrás, porque se atascan las audiencias provinciales y, en lugar de resolver el problema del atasco de las mismas aportando más medios, se elimina esa mejora en materia de colegiación.
Ocurre, también, en la Escuela Judicial. Los compañeros que están trabajando en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente el senador Galán, me han comentado que se elimina parte del tiempo de formación en la Escuela Judicial porque hacen falta jueces; de hecho, parece que en la citada ley orgánica la Escuela Judicial queda, definitivamente, mal parada. Pero insisto en que se produce una vuelta atrás. Se eliminan también los arrestos de fin de semana, que fueron bien recibidos. Es decir, van desapareciendo avances que hemos recibido todos, incluidos en algunos casos los propios miembros del Grupo Parlamentario Popular, como lo que eran, como avances. Quería resaltar esta circunstancia de la que estoy convencido.
Señorías, no me voy a detener en algunas enmiendas, como en la 112. La 114 se refiere a una circunstancia especialmente delicada. Nosotros tratamos de evitar algo que choca contra el principio de legalidad, es decir, que se pueda aumentar una pena de multa una vez firme la sentencia. Eso no lo entendemos. Se dice que no es así, pero es así, puede ocurrir ese hecho. Si se lee el precepto, puede ocurrir que dándose una serie de circunstancias pueda aumentar una pena después de firme la sentencia. Esto no es compatible con el principio de legalidad de los delitos y las penas, principio, por otra parte, nuclear del Derecho Penal.
Señorías, primero quiero --y voy terminando mi intervención-- hacer una referencia a algo que nos parece una pérdida --por eso tenemos que decirlo, lo dijimos en comisión y lo tengo que volver a decir aquí-- que es la eliminación de la sección especial para la anotación de penas suspendidas. Otra vez lo mismo. Hablamos de luchar contra la delincuencia habitual, hablamos de luchar contra la reincidencia, pero en la práctica el Gobierno toma medidas como esta que en realidad perjudican a los delincuentes primarios, a los jóvenes, porque al suprimirse esta sección especial de anotación de penas suspendidas ven publicadas sus circunstancias personales, con los perjuicios que para un delincuente primario esto puede acarrear. Esto es una vez más una vuelta atrás.
Señorías, quisiera terminar --también lo hicieron así los senadores Prada y Capdevila-- refiriéndome a una parte importante de la reforma que es la reforma de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores. La aplicación de esta ley ha traído consigo problemas de alguna importancia y problemas que preocupan a la opinión pública. Es más, yo diría que de toda la reforma que estamos tratando quizá lo que ha despertado más expectación en los medios de comunicación --por lo menos tengo esa experiencia por las preguntas que me han hecho-- ha sido la modificación de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Y es así porque han ocurrido una serie de casos desgraciados, gravísimos, que han producido esa expectación y esa preocupación --insisto-- más que razonable. Nosotros queremos dejar clara nuestra posición: apoyamos la reforma que se ha apuntado aquí. Es una reforma parcial, pequeña. Se trata de la inclusión de la acusación particular en los procedimientos de menores. Nosotros solicitamos esto no sólo en una proposición no de ley que presentamos hace poco tiempo, sino que esta posición la defendimos ya en la tramitación de la ley del menor en 1999 y el Partido Popular curiosamente se opuso. Así fueron las cosas. Por lo tanto, se trata de una

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antigua posición de este grupo y como se plantea ahora, nosotros vamos a apoyarla y la vamos a votar favorablemente.
Después hay una especie de moción que se introduce en la ley. No es propio de una ley el texto que aparece ahí diciendo que el Gobierno va a hacer consultas para estudiar unas cuestiones. No estamos en contra de eso, pero nos parece que la ley no es el lugar más adecuado para hacer llamamientos de ese tipo. Si se quiere hacer, que el Gobierno llame a los grupos, que presente textos, que los envíe al Consejo General del Poder Judicial o donde tenga que enviarlos, de forma que obtenga la opinión de quien realmente le interese. En cualquier caso, y como lo que abunda no daña, también vamos a votar a favor de ese punto.
No obstante, señorías, además de permanecer en esa posición de apoyo a lo que ahí aparece como reforma, mantenemos una posición crítica en relación con la manera de proceder por parte del Gobierno en este asunto, posición que se repite una y otra vez. Lo decíamos ayer en relación con otros asuntos, y lo volvemos a decir hoy. Se trata de una ya casi permanente posición del Ejecutivo de hacer recaer la responsabilidad por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia, en este caso, o por el resultado negativo de algunos procedimientos, en la ley. Una y otra vez aparece este asunto, y nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con eso. Y así lo hace el Gobierno, señorías, incluso tratándose de leyes por él mismo impulsadas. Es decir, responsabiliza a la ley de los efectos negativos de leyes por él mismo impulsadas, porque la Ley del menor es una ley de 1999, y por tanto, y aunque estuvimos de acuerdo, pues hubo un amplio consenso, una ley impulsada por el Gobierno del presidente Aznar.
Existen problemas reales en la aplicación de la Ley del menor. No se puede ocultar la realidad, nosotros siempre procuramos no hacerlo, y lo venimos denunciando, lo ha hecho aquí la senadora Martínez en numerosas ocasiones, lo hemos hecho todos y me temo que tendremos que seguir haciéndolo. Así, en las leyes de presupuestos insistimos una y otra vez en la necesidad de que haya medios materiales y humanos para la aplicación de esta ley. Hacen falta jueces, hacen falta juzgados de menores, hacen falta centros de tratamiento de menores para que realmente podamos ver si la ley funciona o no. Lo que no se puede hacer es responsabilizar a la ley de los problemas que, como digo, es lo que hace el Gobierno. Existen esos problemas --repito-- ante lo que el Gobierno dice que hay que reformar la ley. Señorías, nosotros estamos radicalmente en contra de esa posición.
Por otra parte, también hay que salir al paso --y ya voy terminando, señorías-- de esa posición del Gobierno en esta materia que consiste en responsabilizar a la ley y a las comunidades autónomas. Lamento tener que repetir cosas que ya hemos comentado en esta tribuna, en la comisión y en todos los momentos en que hemos tenido oportunidad de hacerlo, pero consideramos que es nuestra obligación, pues pensamos que hay una posición equivocada o perjudicial para el Estado compuesto que nos hemos dado --y hoy se va a celebrar en esta Cámara un acto importante-- frente a este asunto.
Señorías, las comunidades autónomas tienen un sistema de financiación y con él tienen que atender los actos de su propia competencia.
Naturalmente que es así. Las comunidades autónomas tienen que responder con sus propios recursos a las prioridades que éstas determinen. Que no se nos diga lo contrario sobre algo que es obvio, pero cuando, como ha ocurrido con la Ley del menor y con la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre la que también intervenimos aquí, y con otras muchas leyes, cuando desde las Cortes Generales se crea una obligación económica a las comunidades autónomas, hay que sentarse con ellas a tratar el asunto de la financiación. No se puede esperar a que surjan los problemas, no se puede dejar de tratar el asunto, el meollo de la cuestión y, después, cuando ya están ahí, en los medios de comunicación, en la opinión pública, decir que la solución es modificar la ley. Esto es lo que se está haciendo, a pesar de que tanto la LOFCA, como una serie de conferencias sectoriales, con la presencia de comunidades gobernadas por el Partido Popular, manifiestan claramente la necesidad de atender este tipo de problemas originados en la actividad propia del legislador estatal. Y esto, señorías, tienen que saberlo también los ciudadanos.
Bienvenida la reforma --que es una pequeña reforma-- de la Ley del menor en este caso. Nosotros la vamos a apoyar, pero hay que decir la verdad, y desde aquí hay que hacer una cierta pedagogía: que haya acusación particular en los procedimientos de menores no va a arreglar los problemas producidos por la aplicación de la Ley del menor; no los va a arreglar, lo sabemos todos. No los va a arreglar y tenemos que decírselo a los ciudadanos porque, de lo contario, estaremos aquí originando el principio de lo que será en el futuro una nueva frustración.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Caballero.


El señor CABALLERO MOYA: Muchas gracias, señor presidente.
Dentro de la argumentación general que se produjo anoche --hoy mismo de madrugada--, a propósito de la discusión de los vetos, es donde se centra la defensa de las enmiendas que obviamente presentó el Grupo Parlamentario Socialista y a las que yo voy a hacer referencia.
El Grupo Parlamentario Socialista tiene en estos momentos 76 enmiendas vivas, a algunas de ellas ha hecho referencia mi compañero el senador Marín Rite, y yo voy a hacer referencia a las que corresponden a los Libros II y III del Código Penal, concretamente desde la número 134 a la número 182.
Dentro de esa argumentación que se estuvo realizando a propósito de los vetos, se dijo --y yo lo repito-- que se trata de modificar, con esta reforma del Código Penal, uno de los textos más importantes de cualquier Estado democrático de Derecho, lo que se ha venido a llamar la Constitución en negativo, y denunciaba mi compañero el senador Marín Rite que además se ha hecho de una manera rápida

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y apresurada buscando una respuesta mediática a lo que se puede calificar --y así se hace desde mi grupo-- de fracaso en sus políticas de seguridad. Es una reforma precipitada, pensada en términos publicitarios, de propaganda y, consecuentemente, carente de la reflexión y del rigor necesarios; me estoy refiriendo en concreto a las reformas que afectan al Código Penal, puesto que a las que afectan a la Ley del menor y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional se ha referido extensamente mi compañero el senador Marín Rite. Buena prueba de esa precipitación es el elevado número de enmiendas presentadas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y no ya sólo por los grupos parlamentarios distintos del mayoritario, sino incluso por el propio Grupo Parlamentario Popular: más de una veintena en cada una de las Cámaras, aparte del conjunto de transaccionales que se presentó en la comisión con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Decía que la reforma es una más en la línea de respuesta a su fracaso en las políticas de seguridad pública, y que tratan de ocultar no sólo a través del «Boletín Oficial del Estado», sino además olvidando que dichas políticas no sólo se combaten a través del «Boletín Oficial del Estado».
Junto con esta reforma están el cumplimiento íntegro de las penas, la prisión provisional, la extranjería, la seguridad ciudadana, todas ellas con este objetivo. Ya sé que no les gusta que les recuerden que el problema de la inseguridad no es sólo de Código Penal, sino que también es de aplicación de otras políticas, como las policiales, las judiciales, que requieren más medios personales y materiales al igual que sociales.
En el informe Eurostat 17/2003 nuestro país, sobre un índice de 100, gastaba en protección social sólo 60, en tanto que otros países como Grecia gastaba un 66, Italia un 97, Francia 110, Alemania 114 y Dinamarca 124. Y es que estas políticas sociales evitan la marginalidad y, por tanto, la delincuencia. Saben también que somos el país con mayor población reclusa de toda Europa --el senador Zubia lo recordaba anoche--; en los últimos siete años hemos pasado de 42.000 a 53.000 presos, saben que tenemos 124 reclusos por cada cien mil habitantes, en tanto que otros países como Italia y Alemania tienen sólo 95, Francia y Grecia, 80, y Dinamarca, 60. También tenemos una ratio población/jueces inferior a la media de Europa. Es decir, la inseguridad ha aumentado y la población penitenciaria, también. Insisto en que éste no es un problema exclusivo de legislación. Sin que el Código Penal de 1995 sea un dogma, sí que es un código que supuso un aumento importante de la penalidad, a lo que se unió la eliminación de la reducción de penas por el trabajo.
En fin, señorías, nuestra idea de seguridad es más amplia, caben en ella diversas políticas, pero unas suponen gasto y otras son más baratas y tienen un efecto publicitario inmediato. La reforma, obviamente, presenta aspectos positivos. La vida cambia, y un código no es un dogma inmutable.
A título de ejemplo --también se ha hecho referencia a ello a lo largo de este debate--, citaré el maltrato de animales o la ablación femenina, cuestiones que, por cierto, ya fueron planteadas con anterioridad por el Grupo Parlamentario Socialista y que fueron rechazadas. Pero lo que ponen de manifiesto es, fundamentalmente, su gran preocupación por la delincuencia primaria, la marginal, la de los jóvenes, la del barrio, la de la calle. Les preocupa ya menos la seguridad financiera que afecta al pequeño acreedor, la seguridad alimentaria o medioambiental. Se muestran duros con los delitos cometidos por los sectores marginales y se centran en perseguir delitos menores y, sin embargo, son benignos y benefician a la llamada delincuencia de cuello blanco. Criminalizan y aumentan las penas en determinadas conductas y, por el contrario, las reducen o despenalizan en importantes tramos de otras. Entre las primeras, los sectores marginales a que hacía referencia, la pequeña delincuencia, los delitos más leves contra el patrimonio. Entre las segundas, los delitos contra el medio ambiente y ecológicos, fiscales, información privilegiada, defraudaciones a Hacienda y a la Seguridad Social, doble contabilidad o subvenciones de las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, tipos delictivos cuya autoría no es asequible para la mayoría de los ciudadanos.
En referencia a cuanto estoy diciendo, voy a defender un primer bloque de enmiendas, estructurando su defensa en cuatro bloques, probablemente con poco rigor sistemático dada la diversidad de artículos a los que afecta la reforma, pero tratando de englobarlos en cuanto he estado diciendo con anterioridad, con el fin de hacer más ligera la defensa de las enmiendas.
Hay un primer bloque, que voy a defender, que se refiere precisamente a los casos en los que se rebaja la pena y en los que nosotros tratamos de elevarla, o bien introducirla como principal, y que ponen de manifiesto, como estaba diciendo antes, nuestra distinta sensibilidad ante los diferentes delitos. Me estoy refiriendo a la enmienda número 163, al artículo 328, que alude a los depósitos y vertederos de desechos o residuos tóxicos o peligrosos; a la 164, al artículo 332, que hace mención a las especies y subespecies de flora amenazada; al mismo supuesto como faltas, es decir, la 179, al artículo 632; a la 165, al artículo 333, que se refiere al equilibrio ecológico, contraviniendo leyes o disposiciones de carácter general protectores de flora y fauna; a la 166, al artículo 334.1, referido a especies de fauna amenazadas; a la 167, al artículo 336, ligado a la caza o pesca con medios destructivos; a la 161, al artículo 325.2, y a la 162, que adiciona un nuevo artículo 325 bis), referido a los delitos ecológicos y que pretenden que, en caso de una actuación dolosa que como resultado produzca en alguna persona la muerte o enfermedad, además de la pena que corresponda, se introduzca la inhabilitación especial, como en el apartado 1, y que las conductas de imprudencia grave puedan ser castigadas y no dejar resquicio a la impunidad. La 169, que es nueva, hace referencia a la modificación del artículo 352 para elevar la pena de prisión y multa en el delito de incendio de montes y masas forestales por el efecto disuasorio que puede representar dada la proliferación de estos delitos y la extraordinaria importancia de los bienes jurídicos protegidos. Al subir la pena del artículo 352, se suben por arrastre las del artículo 353 y, en consecuencia, las del incendio forestal por imprudencia grave previsto en el artículo 358.


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Aunque no guarde relación con las anteriores en tanto que no se refieren a los delitos ecológicos, nuestra enmienda 180, al artículo 635, que tipifica la conducta de quien se mantuviere en el domicilio, despacho, oficina o establecimiento fuera de las horas de apertura contra la voluntad de su titular, también pretende una respuesta punitiva mayor que la prevista en el proyecto. La enmienda fue introducida en comisión, en el proyecto se contempla la multa como alternativa, lo que no nos parece suficiente y por eso nosotros pretendemos que sea acumulativa.
La enmienda 172, al artículo 461, trata de evitar que se despenalice a quien conscientemente presente ante un juicio documentos falsos.
Hay un segundo bloque que engloba las enmiendas relativas a la reflexión general sobre algo que también ha considerado mi compañero, el senador Marín Rite, porque en esta reforma están demostrando la obsesión que ustedes tienen por el retorno a las penas cortas privativas de libertad cuando este tipo de penas etiquetan al penado, aunque sea un delincuente primario y joven, dificultan su resocialización laboral y familiar y han sido sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad, multa o arresto de fin de semana en países como Portugal, Francia, Alemania o los Países Bajos.
Quiero recordarles que el arresto de fin de semana, que pretenden mantener varias de nuestras enmiendas, aparece recogido en la legislación de países de nuestro entorno --ya los citábamos antes--: Italia, Francia, Bélgica, Noruega, Suecia, Portugal, y fuera de nuestro entorno también, en Canadá y Australia. No es un invento del Grupo Parlamentario Socialista. Además, ya venía contemplada esta figura en el proyecto de código penal de 1980.
El Grupo Popular, el Gobierno, demuestra querer prisión para los que menos tienen, para los delitos pequeños y para justificarse nos hablan del fracaso de esta figura del arresto de fin de semana olvidando que no han puesto medios para que sea efectivo. No ha fracasado en la Generalitat, que sí los ha puesto. A mayor abundamiento de las auténticas razones que les animan, aceptan el arresto domiciliario de fin de semana y no el de prisión, que cuesta dinero.
Insisto, el arresto de fin de semana nos parece una pena adecuada para determinados delitos porque no produce efectos desocializadores ni rompe el vínculo social, familiar o laboral, en lugar de penas cortas privativas de libertad.
A este respecto, presentamos también una serie de enmiendas que tratan de eliminar la pena de prisión inferior a seis meses y reintroducir el arresto de fin de semana.
Entre ellas, la enmienda número 134, al artículo 146, es referida a la imprudencia grave con resultado de aborto. Solicitamos pena privativa de libertad, en lugar de multa. La redacción fue enmendada en este sentido en comisión pero con pena de prisión inferior a seis meses.
La enmienda número 135 es al artículo 147.2, referido a lesiones de menor gravedad.
La enmienda número 136, al artículo 152.1.1º, es relativa a lesiones por imprudencia grave.
La enmienda número 137, al artículo 154, hace mención a la riña tumultuaria. En este caso no hay pena alternativa de arresto de fin de semana sino de multa, pero inferior a la que fija el proyecto.
La enmienda número 138 es al artículo 158, referido a daños al feto por imprudencia grave, en coherencia con la enmienda 134.
La enmienda número 139, al artículo 171, alude al delito de amenazas.
La enmienda número 141 es relativa al acoso sexual referido en el artículo 184.
La enmienda número 145 es al artículo 225, referente al quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de menores al abandono de domicilio cuando el responsable restituya al menor e incapaz a su domicilio. No tiene alternativa de arresto de fin de semana sino de multa, que también se eleva.
La enmienda número 146 es al artículo 226.1, sobre el abandono de familia. Este es uno de los delitos que justifican de manera paradigmática la posición que sustentamos respecto a la pena de arresto de fin de semana. La prisión crea dificultades y puede hacer imposible el cumplimiento de la obligación del infractor respecto de su familia.
La enmienda número 173 hace referencia al artículo 463.1, sobre obstrucción a la Justicia dejando de comparecer ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, que también fue objeto de una transaccional.
La enmienda número 153 alude al artículo 289, sobre destrucción de cosa propia o daños en ella cuando es de utilidad social o cultural.
La enmienda 175 es al artículo 514, referido al ejercicio de las libertades de reunión o manifestación.
La enmienda número 176 está ligada al artículo 558, sobre desórdenes públicos.
De este bloque de enmiendas, aunque no guardan coherencia, ya que solicitamos el arresto de fin de semana como pena privativa de libertad por parecernos más adecuada que la pena de multa, mantenemos la enmienda número149, al artículo 244.1, sobre sustracción o utilización de vehículos a motor ajenos, y la enmienda número 178, al artículo 630, relativa a las faltas contra los intereses generales. El abandono de jeringuillas en lugares frecuentados por menores deja de estar penado con arresto de fin de semana y permanece la multa, que nos parece insuficiente.
Un tercer bloque de enmiendas se refiere a los artículos donde el proyecto aumenta la cuantía, más allá de lo que sería una mera actualización, llegando a despenalizar parcialmente. Me estoy refiriendo a las enmiendas números 150, 151, 152, 156, 157, 158 y 159, que pretenden evitar una despenalización con efectos retroactivos de tanta entidad como la que se pretende en delitos como la estafa, daños causados por imprudencia grave, información privilegiada de valores o instrumentos negociados en mercados organizados, contra la Hacienda pública, fraudes a la Seguridad Social, fraudes en subvenciones, desgravaciones o ayudas de las administraciones públicas, y fraudes en la contabilidad mercantil.
Estas enmiendas vienen a poner de manifiesto lo que les decía al principio de mi intervención.


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Sin embargo, por el contrario, cuando nos encontramos con otro tipo de delincuencias el proyecto que nos ocupa extrema el rigor. Así, en el artículo 299.1, que se refiere a quien se aproveche habitualmente de hechos constitutivos de falta contra la propiedad, nos parece desproporcionada la pena de prisión de seis meses a un año que se propone, y estimamos más adecuada la pena actual de multa, de ahí nuestra enmienda número 154.
Voy a hacer referencia a un tercer bloque para dejar, finalmente, tres enmiendas a las que me referiré de manera más pormenorizada. Es un conjunto un tanto heterogéneo porque nuestras enmiendas, unas veces pretender dar mayor margen judicial respecto al principio de proporcionalidad, otras pretenden mejorar el proyecto desde un punto de vista de clarificación jurídica, y en otras ocasiones persiguen una ampliación de las conductas delictivas en coherencia con nuestra postura en otros proyectos de ley, o la distinta valoración de conductas. Así, con el objetivo de mantener un mayor margen judicial, hemos presentado nuestra enmienda número 140 al artículo 172, sobre el delito de coacciones, ya que el proyecto acota el abanico de la determinación judicial para imponer la multa; o restablecer el principio de proporcionalidad, como en la enmienda número 142, referida al artículo 186, sobre venta, difusión o exhibición de material pornográfico, que ve elevada la pena de multa en el proyecto.
En otros casos hemos pretendido mejorar el proyecto desde un punto de vista jurídico. La enmienda número 155 al artículo 301 pretende que se incluya la palabra grave, y no surjan dudas a la hora de deslindar la figura de la receptación del artículo 298 y el encubrimiento del artículo 451. La enmienda número 170 al artículo 369, con la introducción del término delictivas y la modificación del número uno del apartado dos. La enmienda número 171 al artículo 370 en relación a la anterior enmienda, y la número 174 al artículo 468, que busca resolver las distintas interpretaciones que se están produciendo del artículo 50 en relación con el artículo 15 de la Ley Penal del Menor. Otra de nuestras enmiendas trata de ampliar las conductas delictivas, me refiero a la número 168 al artículo 337. El proyecto tipifica el maltrato a animales domésticos, y la enmienda pretende ampliar las conductas delictivas a animales amansados, y a la crueldad en el maltrato de cualquier animal en espectáculos o actividades no autorizadas.
Al objeto de mantener la coherencia con las enmiendas presentadas durante la tramitación de la ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, que tipifica como delito las amenazas y coacciones de carácter leve cuando la víctima es alguna de las personas del artículo 173.2, hemos presentado nuestra enmienda 177. La enmienda número 143 se formula al artículo 189.2 y 5, referido a la prostitución y a la corrupción de menores. El precepto está encaminado a la protección de la libertad sexual e intimidad del menor, pero en el número 2 con la nueva redacción de este artículo se criminaliza al consumidor, a quien para su propio uso posea material pornográfico, y lo hace de una manera desproporcionada, con pena privativa de libertad y con multa. Nuestra enmienda propone su supresión. Sin embargo, somos más rigurosos en el número 5, porque nos parece razonable que quien ejerce la potestad, tutela, guarda o acogimiento sobre un menor de edad o incapaz, debe evitar, si tiene conocimiento, la continuación de tales actuaciones. En caso contrario, proponemos elevar la pena de prisión y la alternativa de multa.
La enmienda número 144 es al artículo 215, referido a los delitos de calumnia e injuria. La nueva redacción del apartado 1 establece que se proceda de oficio para la persecución de estos delitos cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma en el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de que medie denuncia como en la actualidad. Con ello se transforman la injuria y la calumnia en delitos públicos que deben ser perseguidos con independencia de la voluntad del afectado. Proponemos su supresión porque nos recuerda al delito de desacato y no creemos que ello solucione los problemas de abstención o de recusación que el ejercicio de la acción pueda provocar.
Decía con anterioridad que los delitos de abandono de familia ilustran y justifican la posición que sustentamos respecto a la pena de fin de semana, pero cuando existen comportamientos reincidentes, como el que se tipifica en el artículo 227, referidos a la prestación económica en favor del cónyuge o hijos, establecida por resolución judicial, sí nos parece razonable el que se imponga pena de prisión con carácter disuasorio, y a ello responde nuestra enmienda 147 que pretende elevar la pena que se establece en el proyecto.
Finalmente, como les decía, voy a hacer referencia a las tres enmiendas que restan. Si no he cometido un error, me he referido a todas las que manteníamos vivas a los Libros II y III, excepto a estas tres, a las que decía que voy a hacer referencia de una manera un tanto particularizada.
En primer lugar, nuestra enmienda 160 trata de introducir un artículo, el 314 bis, dentro del Título XV del Libro II del Código Penal, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores. Tratamos de tipificar cuándo una conducta de acoso moral en el trabajo incurre en delito, y con ello buscamos desarrollar una normativa específica en el Código Penal que dé solución a la indefinición actual y dé respuesta a una demanda de la sociedad. La Unión Europea ha aprobado ya varias directivas que definen el acoso moral en diversos ámbitos y los países de nuestro entorno cultural lo están tipificando como delito específico. Según la tercera encuesta sobre condiciones del trabajo de la Unión Europea, publicado por la Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y laborales en el año 2000, era un 5 por ciento de los asalariados de nuestro país quienes se sentían afectados por esta práctica, con especial incidencia en la Administración pública y el sector servicios. Es cierto que el estudio elaborado por el Instituto de Estudios Laborales de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas reduce este porcentaje a un 3 por ciento, pero es un porcentaje suficientemente elevado como para justificar, a nuestro juicio, el que se trate de penalizar o de tipificar esta conducta. Ya el Grupo Parlamentario Socialista presentó en noviembre de 2001 una iniciativa a este respecto

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--varias, pero una en concreto-- para incorporar el acoso moral al Código Penal.
La segunda de las enmiendas a las que quería hacer referencia es la número 182 al artículo 270.1, relativo a la propiedad intelectual, nueva en este trámite del Senado, y con ella tratamos de efectuar la tipificación de quienes la Ley de Propiedad Intelectual reconoce la posibilidad de copias privadas. El proyecto incorpora en su texto un buen número de modificaciones en materia de represión penal de los delitos contra la propiedad intelectual. Se justifica en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. Pero la propia directiva establece una excepción en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuada por una persona física para su uso privado y sin fines comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación. Nuestra Ley de Propiedad Intelectual establece que las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor para uso privado del copista, excepción hecha de los programas de ordenador.
El legítimo derecho de este derecho dará lugar a una remuneración equitativa y única a favor de autores, editores y productores, la cual será satisfecha a través de la entidad de gestión correspondiente, como lo muestra el reciente pacto alcanzado entre las empresas productoras de CD, DVD, vírgenes y la Sociedad General de Autores. Sería, a nuestro juicio, un contrasentido pagar un canon cuando se adquiere un CD virgen y que sea delito el ejercicio del derecho de copia privada. El nuevo texto amplía la protección establecida para los programas de ordenador a todo tipo de obra literaria, artística o científica, y ello incide en obras de música y de películas. Quizás hubiese bastado con trasponer la directiva a que hemos hecho referencia a nuestra Ley de Propiedad Intelectual, sin necesidad de recurrir al Derecho Penal que debe regirse, como todos ustedes conocen, por el principio de intervención mínima.
Finalmente, nuestra enmienda 181 propone una disposición final nueva para que la ley entre en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No ha sido considerada a lo largo del trámite del proyecto y ahora nos sorprenden con la enmienda 254 del Grupo Parlamentario Popular que pospone su entrada en vigor a finales de 2004.
El Código Penal vigente, que era de nueva planta completa, tenía una «vacatio legis» de seis meses, y no nos explicamos un plazo tan dilatado salvo que se hayan dado cuenta de que la no entrada en vigor del nuevo límite de lo que son conductas constitutivas de delito, ahora 300 euros y tras el proyecto 400 euros, les permitirá hasta septiembre del año próximo encarcelar por delitos cuya cuantía sea de hasta 300 euros y, además, de rebote les evita realizar excarcelaciones que seguramente deberían ocurrir con la aplicación de la disposición transitoria segunda y en un período electoral que ha sido lo que ha motivado que hayan propuesto una «vacatio legis» tan exagerada como la que proponen en su enmienda.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Caballero.
¿Turno en contra? En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Mora.


La señora MORA DEVIS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Subo a la tribuna para mantener la posición del Grupo Parlamentario Popular acerca del proyecto de ley que nos ocupa en atención única y exclusivamente a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Previamente, voy a realizar un esquema del contenido de la ley. La ley acomete dos partes importantes del Código Penal: Una, la parte general y otra, una parte especial que define los delitos.
Atendiendo a la parte general, sus señorías saben que el Grupo Parlamentario Popular pretende que prosperen 15 modificaciones en la mañana de hoy. Estos 15 argumentos forman uno de los dos pilares del proyecto de ley del que estamos tratando y solamente por su definición pretendo que queden contestadas algunas de las enmiendas que se han mantenido en la mañana de hoy, puesto que no han comparecido sus ponentes.
En primer lugar, nosotros pretendemos --como saben su señorías-- que la duración mínima de la pena de prisión pase de seis a tres meses. En segundo lugar, pretendemos que se establezca en cinco años la duración de la pena que permita distinguir la grave de la menos grave. También queremos suprimir la pena de arresto de fin de semana habida cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial ha advertido de la ineficacia de la medida de arresto de fin de semana.
Con la localización permanente pretendemos dar respuesta penal efectiva a determinados tipos delictivos y queremos aprovechar la tramitación de la ley, para acoplar la misma a las nuevas tecnologías así como potenciar y mejorar la eficacia de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, argumento que no se ha oído en esta mañana. Y lo queremos conseguir no sólo por la aplicación a un mayor número de delitos y faltas, sino también por la incorporación al Código Penal del régimen jurídico del incumplimiento.
Pretendemos ampliar la duración máxima de la pena de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión, incluso concluida la pena para evitar el acercamiento en los períodos de no internación. También pretendemos la ampliación de la duración máxima de la pena de privación de derecho de tenencia de armas que pasaría de 10 a 15 años. Queremos modificar el delito continuado imponiendo al autor la pena en su mitad superior, pero pudiendo llegar a imponerse la pena en grado superior en su mitad inferior.
En relación con la suspensión de la ejecución se introduce también una novedad, que se establece la pena derivada del impago de la multa.
Asimismo, se introducen medidas tendentes a favorecer la rehabilitación en aquellos casos en que se hubiera cometido el delito a causa de dependencia

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de las drogas, alcohol, sustancias psicotrópicas, etcétera.
Se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas por expresa disposición de la Unión Europea y se modifica el ámbito del alcance del comiso, el comiso equivalente, que entendemos va a beneficiar la seguridad jurídica.
En relación con la multa se introducen diversas modificaciones. Unas tienen carácter principal y otras accesorio, y todas van a entrar en un juego de aplicación de penas con las agravantes que se pretenden incorporar al proyecto y con la cuantificación de las penas y su aplicación.
En cuanto a los delitos, pretendemos establecer y regular de nuevo el delito contra la libertad sexual, los delitos relativos a la corrupción de menores, delito de injurias y calumnias a funcionario público para que sean perseguibles de oficio, delito de incumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios judicialmente aprobados por resoluciones judiciales, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, e incorporar la figura delictiva relacionada con el acceso a los servicios de radiodifusión sonora o televisiva.
También pretendemos realizar modificaciones en los tipos delictivos que afectan al medio ambiente y al maltrato de los animales.
El delito contra la salud pública también ha sido objeto de mejora, así como las alteraciones del orden con ocasión de la celebración de eventos y espectáculos.
En materia de faltas pretendemos sustituir la desaparecida pena de arresto de fin de semana y establecer la localización permanente. Esto, grosso modo.
En cuanto a las enmiendas defendidas en el día de hoy, dado que se ha dicho por la Presidencia que los grupos parlamentarios Mixto, Senadores Nacionalistas Vascos y Entesa Catalana de Progrés las dan por reproducidas, por parte del grupo parlamentario que represento las damos por rechazadas en los mismos términos.
En cuanto a las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en primer lugar agradecemos el no apoyo a los vetos que se presentaron y que fueron debatidos tanto en la comisión como en la madrugada de hoy, porque entendemos que es mucho más en lo que beneficia que en las puntualizaciones que se pudieran hacer en cuanto a las argumentaciones de los vetos, ya que no vienen a hacer otra cosa que desgranarse en las enmiendas presentadas, y adelanto a sus señorías que las enmiendas presentadas que han quedado vivas, a nuestro entender, no vienen a modificar sustancialmente ni a contravenir el texto que se propone.
Incluso podríamos señalar unas enmiendas que incurren en franca contradicción.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 184, 196 y 197, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, las rehusamos en tanto en cuanto, como ya quedó claro, vienen incardinados sus intereses en otros preceptos que están regulados dentro de la propia ley.
Lo mismo cabe decir de las enmiendas números 196 a 226. Nosotros defendemos la localización permanente como una pena que va a tener una operatividad muy por encima de la que ha tenido el arresto de fin de semana.
En cuanto a la cuantificación de los tipos, Convergència i Unió pretendía no cuantificar los tipos de uso de vehículo de motor y de robo, y nosotros mantenemos que sí se han de cuantificar en atención a las directrices de la Comisión técnica para la redacción de la pena.
Rehusamos la enmienda 185, que se refiere a la localización permanente, puesto que no encontramos tan adecuado el nombre propuesto por la enmienda como el que ofrece nuestro texto. Lo mismo ocurre con las números 186, 187, 188, 189 y 190, todas ellas referidas al mismo concepto de localización permanente.
Rechazamos la enmienda número 192, que coincide con la 178 que presentaron en el Congreso, porque el artículo 91.2 del Código Penal ya se ha reformado en este sentido en el proyecto de ley orgánica de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.
Rehusamos la enmienda número 195, que coincide con la 182 de Convergència i Unió en el Congreso, por entender que el tipo de amenazas del artículo 169 no exige especificar que se haya de realizar con unos u otros instrumentos peligrosos, puesto que el uso de dichos instrumentos se considera ya integrado en el tipo.
Rehusamos la penalidad a la que se refieren las enmiendas números 196 y 197, de Convergència i Unió, por considerar que es preferible la que nosotros incorporamos en nuestro proyecto de ley.
Respecto a la enmienda número 203, que coincide con la 194 también de Convergència i Unió, que se refiere a la Ley concursal, el proyecto de ley orgánica que se ajusta a la nueva ley concursal debe mantenerse en sus propios términos. Lo mismo sucede con las números 204 y 205.
Rehusamos la enmienda número 216, que también ha mantenido Convergència i Unió, porque pretende reintroducir una pena privativa de libertad para este delito, que queda atendido ya en el artículo 249 del Código Penal.
Respecto a la enmienda 217, de Convergència i Unió, que coincide con la 207 del Congreso, respecto al quebrantamiento de condena, entendemos que la detención nunca ha estado comprendida en el delito de quebrantamiento de condena y, por otra parte, el detenido goza de un estatuto constitucional que, si bien no justifica su huida bajo ningún concepto, lo hace muy distinto tanto del condenado como del procesado sujeto a medidas cautelares.
En cuanto a la enmienda número 220, de Convergència i Unió, que coincide con la 210 del mismo grupo del Congreso, también la rechazamos por entender que el delito de tenencia de armas no ha sido cuestionado en su actual tipificación. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido con claridad los tipos de armas a que se refiere el precepto, incluyendo como armas modificadas a los efectos de la condena aquellas en las que la modificación afecta a la potencialidad criminal o dañina, como por ejemplo la transformación de una pistola en lanzabengalas.
También rechazamos la enmienda número 220, de Convergència i Unió, que se corresponde con la 212 del Congreso, puesto que se ha aceptado parcialmente en la tramitación parlamentaria en el Congreso.
Como las enmiendas 225, 226, 227 y 228 no se han mantenido, con esto damos por contestadas las propuestas

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de enmienda presentadas por el Grupo de Convergència i Unió.
En cuanto a las propuestas de enmienda presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, y atendiendo a una intervención previa en cuanto a una enmienda presentada por Convergència i Unió, referida a la regulación de la prisión provisional, en primer lugar quiero agradecer la postura del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que van a votar favorablemente la tramitación de esta enmienda, que no viene a hacer otra cosa que a corregir errores o fallos que se producen involuntariamente, y desde ese punto de vista tengo que rehusar la expresión vertida por el senador Marín Rite en cuanto a los usos y costumbres de esta Cámara.
Quiero expresar mi oposición más respetuosa a los términos empleados por el senador Marín Rite en dos vertientes: primero, este no es un uso y una costumbre y, segundo, esta es una Cámara de segunda lectura que, nos guste o no, puede beneficiar nuestro ordenamiento jurídico penal.
Considero que en este sentido muestra su apoyo a la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió en cuanto a la incorporación de lo regulado en su día sobre la prisión provisional, porque de otra forma estaríamos votando en contra de lo regulado acerca de la propiedad intelectual; de lo regulado sobre el ADN; de lo regulado sobre el arresto domiciliario para razones especiales de enfermedad; de lo regulado para eliminar los beneficios de asistencia médica en la prisión incomunicada; de lo regulado para eliminar lo que se refiere a juicios rápidos y para eliminar la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica, algo que todas sus señorías conocen porque desgraciadamente se encuentra de candente actualidad.
En cuanto a las inhibitorias, no nos engañemos. Ha sido una forma compleja de actuar que ha permitido dilatar excesivamente la tramitación parlamentaria penal. En aras de la eliminación de la pendencia y para evitar fallos de tramitación que todos hemos denunciado, considero que las reformas introducidas con motivo de la tramitación de la Ley de prisión provisional en cuanto a las inhibitorias tiene un carácter marcadamente especial.
Señorías, voy a contestar las enmiendas mantenidas vivas por el Grupo Parlamentario Socialista, que básicamente se refieren a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y al arresto de fin de semana. En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, rechazamos su enmienda número 106, que coincide con la número 72 presentada en el Congreso, porque estimamos conveniente introducir esta responsabilidad penal de las personas jurídicas como consecuencia de nuestros compromisos asumidos en la Unión Europea, atribuyendo a las mismas una serie de consecuencias, que es por lo que en este momento estamos tratando de incorporarlo en el texto que se propone.
No nos cabe la menor duda de que la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a apoyar esa seguridad jurídica mercantil de los perjudicados. Las personas que realizan esa práctica procesal saben perfectamente que llega un momento en el que la ley no acude a la necesidad del perjudicado, pero éste ha de tener satisfacción, tanto en lo concerniente a esos hechos como a otros diferentes constitutivos de delito ya que, como se ha dicho anteriormente, es una acción tipificada y antijurídica que provoca un perjuicio a otra persona, que es injusto y que merece una pena. En estos términos introducimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el proyecto y, por las mismas razones, rechazamos su destipificación dentro de esta ley.
En cuanto a la enmienda número 107 defendida por el Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a la número 73 del mismo grupo, al artículo 33, vamos a rechazarla porque consideramos que va contra la filosofía de la reforma expuesta al principio de la exposición que establece en cinco años el límite de las penas privativas de libertad para distinguir las graves y las no graves, que igualmente establece la duración mínima de la pena de prisión en tres meses, y que suprime el arresto de fin de semana.
Voy a detenerme en esos tres aspectos.
Señorías, en la práctica procesal --quien les habla es testigo presencial de ello-- el arresto de fin de semana es una medida absolutamente inadecuada e inconveniente precisamente para aquel que la tiene que cumplir. Aunque sea elevar una experiencia personal, les digo que esta senadora ha sido testigo del interés de un imputado en que no se le aplique el arresto de fin de semana por una cuestión sociológica: porque lleva una regulación, un control, que el mismo imputado no quiere que se le ejerza en presencia del resto de los vecinos de la propia finca; prefieren irse de fin de semana a un centro fuera de la población --sobre todo cuando son poblaciones pequeñas--, que cumplir el arresto de fin de semana en su propia casa y que acuda el policía para comprobar si lo está cumpliendo o no.
En cuanto a la duración de la pena privativa de libertad mínima a tres meses, quiero hacer un alegato de la práctica procesal. La práctica procesal dice que con una pena de tres meses no entra en prisión; se puede condenar a un imputado a tres meses de prisión y de forma automática no entrar en prisión. En definitiva, ¿a qué queda reducido? A una imposición de pena y nada más que a una imposición de pena. Se me puede decir que si tiene antecedentes penales la cosa cambia, pero es que no estamos hablando de reglamento penitenciario, estamos hablando de imputación de pena. Creo que es más beneficioso para un imputado que sepa que ha cometido un delito, que es reprochable, que merece una pena y que la ha de merecer, que le quede la pena en tres meses --que no va a cumplir-- en vez de que le quede un arresto de fin de semana que sí que lo tiene que cumplir y además en presencia de todos sus vecinos. Desde ese punto de vista, todas las enmiendas que ustedes mantienen y que pretenden reintroducir el arresto de fin de semana, cuales son las números 108, 110 y 111, quedan rechazadas por los argumentos que se han vertido anteriormente y que también se dijeron en la comisión. Lo mismo ocurre con la enmienda número 113, que se refiere a la duración mínima de la pena.
La enmienda número 114, del Grupo Parlamentario Socialista, que coincide con la 79 en el Congreso y que va dirigida al artículo 51, merece especial atención. Nosotros la rechazamos porque este artículo permite modificar sólo el

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importe de las cuotas periódicas y los plazos para su pago, lo que se distingue del artículo 52.2, que sí permite la reducción del importe total de la multa. Yo creo que aquí ha habido un malentendido.
Con el artículo 51 se permite que si un condenado a pena de multa llega a mejor fortuna una vez haya pedido su aplazamiento de pago de multa y su acomodo al importe de los plazos que se le han concedido, el juez tenga la posibilidad --que antes no la tenía-- de reducir tanto el número de plazos como el importe de las cuotas, pero no se aprecia la posibilidad que pueda tener el juez de engrosar la cuota ni de abreviar los períodos de pago en perjuicio de condenado, sino al contrario, en beneficio. En definitiva, vendrá bien a las dos partes, tanto al juez que va a aplicarlo --porque va a obtener una reducción importante respecto al cumplimiento de la ejecutoria--, como al imputado que, señorías, no debemos olvidar que son los primeros que prefieren pagan y olvidarse; y esa es también una opción que se le tiene que dar al juez.
Por lo que respecta a la regulación de la responsabilidad penal del menor y la personación de la acusación particular, quiero agradecer la postura mantenida por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha atendido esta modificación.
En relación con la supresión de la sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes, he de decir que rechazamos su enmienda en atención a las directrices de la comisión técnica para la redacción de la pena, que lo razona de la siguiente manera: Se suprime toda referencia a un régimen específico de inspección en el Registro Central de Penados y Rebeldes en los casos de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la subsiguiente, en su caso; remisión definitiva de la condena por entender que no se justifica dicho régimen específico y que también deben ser de aplicación, en estos casos, las reglas generales.
Como verán sus señorías, mi grupo parlamentario mantiene su oposición en relación con las enmiendas que han quedado vivas sobre la práctica forense y procesal, en base a recoger los compromisos asumidos con la Unión Europea, la efectividad de las penas y, también, básicamente, las instrucciones vertidas en la comisión técnica para el estudio de la pena, que es de lo que se trata.
En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que se justificaban en base a la mejor regulación, a la atención de criterios de tipo social y se decía que se regulaba lo barato pero no lo caro, me gustaría que analizaran el presupuesto del año 2004 y la evolución histórica de los créditos iniciales, desde 1995 hasta 2003, donde se aprecia el importante sacrificio del Gobierno con el fin de atender esas políticas. Solamente les voy a mencionar que, por ejemplo, en el ejercicio presupuestario 2000-2001, la Dirección General de Policía ha experimentado un incremento del 36,70 por ciento; en el 2001-2002, un incremento del 15,23 por ciento; y, así, se recoge una serie de cantidades que en ningún caso bajan del 9 por ciento, aproximadamente.
En este sentido, quiero señalar que no solamente se han llevado a cabo mejoras en lo relativo a las políticas sociales o policiales sino también en cuanto a las políticas jurídicas, asumiendo el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, el día 25 de abril de 2000, en el sentido de que se iba a acometer la reforma penal. Se hacía necesario abordar una reforma penal, tanto en relación a los tipos como a las penas. Es preciso modificar los tipos puesto que lo impone la realidad jurídica, ya que existen ahora delitos que anteriormente no se podían cometer porque no había medios para ello. La Justicia, a la que siempre se le ha achacado de anacrónica, de atrasada, de no responder, ahora pretende estar a la altura de las necesidades de la sociedad. Y a ese fin obedecen nuestras reformas de los delitos.
Y en cuanto a las penas --con esto salgo al paso de manifestaciones relativas a la cuantificación de los delitos--, también se deben actualizar, así como sus cuantías; de lo contrario...


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, le ruego que vaya terminando.


La señora MORA DEVIS: Sí, señor presidente.
Decía que de lo contrario provocaríamos una regresión y una imputación injusta por la comisión de un mismo delito.
En aras de la brevedad, y al haber sido advertida por la Presidencia, doy por finalizado el turno en contra de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
No pensaba hacer uso de este turno, porque no quiero entrar en el fondo de la cuestión. Pero voy a decir algo que ayer --mejor dicho, hoy--, creo que debido al cansancio que a todos nos aquejaba, no pudimos manifestar en el último turno. Se trata simplemente de agradecer a todos los servicios de la Cámara su aguante y apoyo para estar con nosotros hasta más allá de las tres de la madrugada.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Intervengo sólo para manifestar nuestro voto favorable a este proyecto de ley.


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Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Mendoza.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Denegaciones.) ¿Grupo de la Entesa Catalana de Progrés? (Denegaciones.) Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor presidente.
También yo quiero agradecer los trabajos realizados por los servicios de la Cámara.
Asimismo, quiero agradecer el talante de la portavoz del Grupo Popular, la senadora Mora, durante las negociaciones llevadas a cabo y, cómo no, del equipo del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, debo mostrar mi reconocimiento por el coherente posicionamiento del senador Marín Rite, que hoy ha hecho gala una vez más de su rigurosidad y seriedad, así como de su criterio responsable al votar a favor de aquellas reformas que se debatieron en comisión y a las que ya dio su voto a favor el Grupo Socialista. Por tanto, nuestras más sinceras felicitaciones.
También el Grupo de Convergència i Unió presentó enmiendas a los artículos 8 y 25 de la Ley Orgánica 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, que ahora se concretan en la enmienda transaccional número 255, que introduce una serie de reformas que entonces no pudieron contemplarse, como el poder ejercitar la acusación particular, tener vista de todo lo actuado, proponer, participar y practicar las pruebas, ser oído en todos los incidentes y formular recursos. Por otro lado, se establece una mayor firmeza en la penalización o toma de medidas, sobre todo, en los delitos de especial gravedad. Asimismo, debemos felicitarnos por las medidas adoptadas para la posibilidad de prolongar el internamiento y su cumplimiento en centros de reforma y, a partir de la mayoría de edad, en centros penitenciarios ordinarios.
Sólo me queda anunciar, como es obvio, nuestro voto favorable al dictamen de este proyecto de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, senador Capdevila.
¿Grupo Socialista? (Denegaciones.) Por tanto, por el Grupo Popular tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Gracias, señor presidente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Sólo quiero manifestar nuestro agradecimiento por los trabajos efectuados por todos los grupos parlamentarios, trabajos que se han caracterizado por el rigor y el interés en que prospere esta reforma penal, que hacía mucha falta que se debatiera en la Cámara.
Muchas gracias.
--HABILITACION DE DIAS CONFORME AL ARTICULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA (550/000056).


El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley del Código Penal, la Presidencia quiere exponer a la Cámara lo siguiente: A propuesta de la Junta de Portavoces se solicita al Pleno la habilitación del lunes 17 de noviembre de 2003 para que se celebre sesión plenaria.
¿Se aprueba dicha propuesta por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
DELEGACION DE COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA:

--EN LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL Y DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS NIETOS CON LOS ABUELOS (S. 621/000163) (C. D. 121/000168).


--EN LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PARA LA TRAMITACION DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO (S. 621/000164) (C. D. 121/000170).


El señor PRESIDENTE: Hay un acuerdo de delegación de competencia legislativa en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para la tramitación del proyecto de ley de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento, la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha resuelto proponer al Pleno que se delegue en la comisión competente, que es la de Trabajo y Asuntos Sociales, la tramitación con competencia legislativa

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plena del proyecto de ley de modificación del Código Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.
¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Asentimiento.) Se delega.
Asimismo hay un acuerdo para que en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte se lleve a cabo la tramitación del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 130.1 del Reglamento, la Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha resuelto proponer al Pleno de la Cámara que se delegue en la comisión competente, que es la de Educación, Cultura y Deporte, la tramitación con competencia legislativa plena del proyecto de ley reguladora del Museo Nacional del Prado.
¿Acuerda la Cámara por asentimiento dicha propuesta? (Asentimiento.) Se delega.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL (S. 621/000145) (C. D. 121/000145) (Continuación).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de las enmiendas del proyecto de ley de modificación de la Ley 10/1995, del Código Penal. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1 a 20 de la senadora señora De Boneta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, cuatro; en contra, 142; abstenciones, 52.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, las números 24 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, cuatro; en contra, 182; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, la enmienda número 27 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, cinco; en contra, 190; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 31 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 15; en contra, 133; abstenciones, 50.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 15; en contra, 179; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Votamos, en primer lugar, las números 39, 45, 53, 54, 78, 86, 87, 88 y 98.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 62; en contra, 134; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 40, 41, 57, 76, 77, 82 a 85, 89, 90, 92, 93, 97, 103, 104 y 105, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 56; en contra, 133; abstenciones, diez.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 54; en contra, 142; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas y argumentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, votamos las números 183, 186 a 189, 205, 220, 222, 223 y 225.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 15; en contra, 134; abstenciones, 50.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 201 a 204, 206 y 217 del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 64; en contra, 134; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de este mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 15; en contra, 181; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista números 112, 118, 126, 127, 152, 160, 161, 162, 174 y 182.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 61; en contra, 134; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 111, 113, 114, 130,150, 151, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 167, 169, 172, 179 y 180 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 53; en contra, 134; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 52; en contra, 141; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas de modificación del dictamen, con los números de registro 59.571 y 59.572. Están firmadas por todos los grupos parlamentarios.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Sí, señor Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Solicitamos la votación.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Se procede a la votación de las propuestas de modificación del dictamen presentadas con los números de registro 59.571 y 59.572, a pesar de estar firmadas por todos los grupos parlamentarios.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 148; en contra, 49; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Dictamen. Disposición final primera, apartado primero, letras b), c), g), apartado segundo, letras d), e), f), h), j), m), y disposición final segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 195; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Disposición final primera, apartado primero, letras h), i), j), k) y apartado segundo, letras a).2, b), g), i), l), ñ), o) y p).
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 144; en contra, dos; abstenciones, 53.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos el resto el dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a favor, 147; en contra, 47; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Manifiesto el sentido de la Cámara, señalado por la senadora señora De Boneta, agradeciendo a los servicios de la misma el esfuerzo realizado estos días.
Se levanta la sesión.


Eran las once horas y cuarenta y cinco minutos.

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