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DS. Senado, Pleno, núm. 164, de 26/11/2003
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2003 VII Legislatura
Núm. 164
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN JOSE LUCAS GIMENEZ
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 2003


ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de estudiar la financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS) de las terapias contra el tabaquismo y la obesidad. (Publicada en el ««Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001417).


--De D. DEMETRIO MADRID LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en las obras de remodelación del Hospital Virgen de la Concha, de Zamora, para evitar los riesgos de seguridad y salubridad en la práctica hospitalaria. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001419).


--De D. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la resolución definitiva de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del sistema sanitario, que se está tramitando en la actualidad con un considerable retraso. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001421).


--De D. JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el próximo ejercicio presupuestario en las Ciudades de Ceuta y Melilla. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001429).


Página 10290


--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los incentivos económicos previstos por el Gobierno para la utilización de los caudales ecológicos de las presas para producir electricidad. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001401).


--De D. JOAQUIN VILLANOVA RUEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos que tiene para la economía española la evolución del diferencial de deuda del Estado. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003) (Número de expediente 680/001435).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo previsto por el Gobierno para impulsar el desarrollo tecnológico de la empresa Santana Motor, S. A., ubicada en Linares (Jaén). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001439).


--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en acto de servicio.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001402).


--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las causas por las que el Ejército ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas), transportando la misma desde la isla de Gran Canaria en camiones que no cumplen las condiciones necesarias. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001394).


--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha decidido trasladar la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001403).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha diseñado algún plan de actuación para que las Fuerzas Armadas, con carácter extraordinario, cooperen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las mafias que trafican con personas.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001426).


--De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fase en que se encuentra el proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), tras las reuniones mantenidas por el Ministerio de Defensa con los representantes de las instituciones públicas de la isla, principalmente el Cabildo Insular, en las que se le ha expresado su rechazo a esta iniciativa. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001428).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para garantizar que en el temario de la asignatura común de bachillerato relativa a Historia de la Filosofía y de la Ciencia se incluyan temas de Historia de la Ciencia. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001418).


--De Dña. MARIA TERESA NOVILLO MORENO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones de la Conferencia Europea sobre Necesidades Educativas Especiales y Tecnológicas de la Información y la Comunicación que ha organizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001431).


--De D. JESUS MARIA LAGUNA PEÑA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance que hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las actuaciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español realizadas durante esta Legislatura. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003.) (Número de expediente 680/001432).


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--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Gobierno considera oportuno poner en marcha para controlar en lo posible las avalanchas de niños y jóvenes inmigrantes en el estrecho de Gibraltar. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001424).


--De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas adoptadas por el Reino de España y la Unión Europea con respecto a la frontera sur en el área atlántica (Islas Canarias).
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/1437).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las acciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno, en el marco de la Unión Europea, para garantizar la continuidad de las ayudas a las distintas regiones, especialmente en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con la categoría de región insular y ultraperiférica. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001427).


--De D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones a las que han llegado la Unión Europea y sus Estados miembros respecto de la reconstrucción de Iraq. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001434).


--De Dña. MARIA TERESA PASCUAL MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el resultado más relevante de la XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante los días 14 y 15 de noviembre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003.) (Número de expediente 680/001433).


--De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de reparación de la «zona húmeda» de La Degollada, en el término municipal de Calahorra (La Rioja), tras haberse producido un deterioro significativo inmediatamente posterior a su inauguración.
(Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001420).


--De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de impacto ambiental del tramo de la línea férrea de alta velocidad entre Murcia y Almería durante el mes de noviembre. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001423).


--De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos mantenidos por el Gobierno para la mejora de las comunicaciones por carretera, por ferrocarril o aéreas en la provincia de Huelva. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001422).


--De D. CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno en relación a la salida sur del ferrocarril en Vigo (Pontevedra), tras la aprobación de la línea férrea de alta velocidad entre Oporto (Portugal) y Vigo (Pontevedra), en la Cumbre Hispano Portuguesa de Figueira da Foz (Portugal). (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001425).


--De D. ALBERTO TERAN MOLLEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las funciones que va a asignar a las Comunidades Autónomas la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001430).


--De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRAN, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Gobierno para acondicionar el tramo de la carretera nacional N-260, en el eje pirenaico, entre El Pont de Suert y La Pobla de Segur, en la provincia de Lleida. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001436).


--De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno de acondicionar el tramo de la carretera nacional N-420, entre Gandesa y el cruce de Batea, en la provincia de Tarragona. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003). (Número de expediente 680/001437).


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--De D. JOSEBA ANDONI AURREKOETXEA BERGARA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los parámetros con los que está trabajando el Gobierno para la aprobación del reglamento que regule la jubilación anticipada para los discapacitados. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003) (Número de expediente 680/001440).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación actual de la crisis originada en torno al accidente y hundimiento del buque petrolero «Prestige». (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003) (Número de expediente 670/000223).


--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política prevista por el Gobierno para desarrollar el Campo de Gibraltar y La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, así como el grado de cumplimiento de los objetivos que en su día fueron anunciados por el Ejecutivo al constituir la Comisión Interministerial. (Publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 762, de fecha 24 de noviembre de 2003) (Número de expediente 670/000222).


Tercero

Informes aprobados por las comisiones del Senado:

--De la Ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología (Número de expediente S. 543/000008) (Número de expediente C. D. 121/000163).


Cuarto

--Habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2003, conforme a los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Cámara. (Número de expediente 550/000059).


Quinto

Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de firma electrónica. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 158, de fecha 21 de noviembre de 2003) (Número de expediente S. 621/000158). (Número de expediente C. D.
121/000158).


--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional. (Publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 159, de fecha 13 de noviembre de 2003). (Número de expediente S. 621/000159) (Número de expediente C. D. 121/000156).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


PREGUNTAS (Página 10299)

De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de estudiar la financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS) de las terapias contra el tabaquismo y la obesidad (Págiona 10299)

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).


De D. DEMETRIO MADRID LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en las obras de remodelación del Hospital Virgen de la Concha, de Zamora, para evitar los riesgos de seguridad y salubridad en la práctica hospitalaria (Página 10300)

Página 10293


El señor Madrid López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).


De D. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la resolución definitiva de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del sistema sanitario, que se está tramitando en la actualidad con un considerable retraso (Página 10301)

El señor Socías Puig formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Socías Puig. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).


De D. JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el próximo ejercicio presupuestario en las Ciudades de Ceuta y Melilla (Página 10302)

El señor Imbroda Ortiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Pastor Julián).


De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre los incentivos económicos previstos por el Gobierno para la utilización de los caudales ecológicos de las presas para producir electricidad (Página 10303)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet.


De D. JOAQUIN VILLANOVA RUEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos que tiene para la economía española la evolución del diferencial de deuda del Estado (Página 10304)

El señor Villanova Rueda formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo previsto por el Gobierno para impulsar el desarrollo tecnológico de la empresa Santana Motor, S.A., ubicada en Linares (Jaén) (Página 10305)

El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares.


De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en acto de servicio (Página 10306)

El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las causas por las que el Ejército ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas), transportando la misma desde la isla de Gran Canaria en camiones que no cumplen las condiciones necesarias (Página 10307)

La señora Morales Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha decidido trasladar la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando (Cádiz) a Cartagena (Murcia) (Página 10309)

El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de

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Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha diseñado algún plan de actuación para que las Fuerzas Armadas, con carácter extraordinario, cooperen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las mafias que trafican con personas (Página 10311)

El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fase en que se encuentra el proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), tras las reuniones mantenidas por el Ministerio de Defensa con los representantes de las instituciones públicas de la isla, principalmente el Cabildo Insular, en las que se le ha expresado su rechazo a esta iniciativa (Página 10312)

El señor Mendoza Cabrera formula la pregunta del señor Acosta Padrón. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para garantizar que en el temario de la asignatura común de bachillerato relativa a Historia de la Filosofía y de la Ciencia se incluyan temas de Historia de la Ciencia (Página 10313)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.
En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De Dña. MARIA TERESA NOVILLO MORENO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones de la Conferencia Europea sobre Necesidades Educativas Especiales y Tecnológicas de la Información y la Comunicación que ha organizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Página 10315)

La señora Novillo Moreno formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. JESUS MARIA LAGUNA PEÑA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance que hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las actuaciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español realizadas durante esta Legislatura (Página 10316)

El señor Laguna Peña formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Gobierno considera oportuno poner en marcha para controlar en lo posible las avalanchas de niños y jóvenes inmigrantes en el estrecho de Gibraltar (Página 10317)

El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).


De D. JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas adoptadas por el Reino de España y la Unión Europea con respecto a la frontera sur en el área atlántica (Islas Canarias) (Página 10318)

El señor Hernández Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hernández Rodríguez. En

Página 10295


turno de dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Acebes Paniagua).


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las acciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno, en el marco de la Unión Europea, para garantizar la continuidad de las ayudas a las distintas regiones, especialmente en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con la categoría de región insular y ultraperiférica (Págbina 10320)

El señor Mendoza Cabrera formula la pregunta del señor Rodríguez Díaz. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mendoza Cabrera. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi)

De D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones a las que han llegado la Unión Europea y sus Estados miembros respecto de la reconstrucción de Iraq (Página 10320)

El señor Elorriaga Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Elorriaga Fernández. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).


De Dña. MARIA TERESA PASCUAL MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el resultado más relevante de la XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante los días 14 y 15 de noviembre (Página 10322)

La señora Pascual Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Asuntos Exteriores (Palacio Vallelersundi).


De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de reparación de la «zona húmeda» de La Degollada, en el término municipal de Calahorra (La Rioja), tras haberse producido un deterioro significativo inmediatamente posterior a su inauguración (Página 10322)

El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer). En turno de réplica, interviene de nuevo el seño Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).


De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de impacto ambiental del tramo de la línea férrea de alta velocidad entre Murcia y Almería durante el mes de noviembre (Página 10324)

El señor Asensio Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Asensio Martínez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Rodríguez Herrer).


De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos mantenidos por el Gobierno para la mejora de las comunicaciones por carretera, por ferrocarril o aéreas en la provincia de Huelva.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. CARLOS ALBERTO GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los planes del Gobierno en relación a la salida sur del ferrocarril en Vigo (Pontevedra), tras la aprobación de la línea férrea de alta velocidad entre Oporto (Portugal) y Vigo (Pontevedra), en la Cumbre Hispano Portuguesa de Figueira da Foz (Portugal).


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. ALBERTO TERAN MOLLEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las funciones que va a asignar a las Comunidades Autónomas la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial.


Esta pregunta ha sido retirada.


De D. JOSEP MARIA BATLLE FARRAN, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Gobierno para acondicionar el tramo de la carretera nacional N-260, en

Página 10296


el eje pirenaico, entre El Pont de Suert y La Pobla de Segur, en la provincia de Lleida.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno de acondicionar el tramo de la carretera nacional N-420, entre Gandesa y el cruce de Batea, en la provincia de Tarragona.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOSEBA ANDONI AURREKOETXEA BERGARA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los parámetros con los que está trabajando el Gobierno para la aprobación del reglamento que regule la jubilación anticipada para los discapacitados.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 10325)

De D. LUIS ANGEL LAGO LAGE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación actual de la crisis originada en torno al accidente y hundimiento del buque petrolero «Prestige» (Página 10325)

El señor Lago Lage realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Arenas Bocanegra). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de la Presidencia (Arenas Bocanegra).


De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política prevista por el Gobierno para desarrollar el Campo de Gibraltar y La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, así como el grado de cumplimiento de los objetivos que en su día fueron anunciados por el Ejecutivo al constituir la Comisión Interministerial.


Esta interpelación ha sido retirada.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 10333)

De la Ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología (Página 10333)

El señor abejón Ortega presenta el informe.


El señor Arroyo Hodgson defiende el voto particular presentado por los Grupos Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y de Senadores de Coalición Canaria. El señor Antón Rueda consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la señora Aránega Jiménez, por el Grupo Socialista, y el señor Abejón Ortega, por el Grupo Popular. Los señores Albistur Marin y Antón Rueda intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se suspende la sesión a las catorce horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10343)

De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de firma electrónica (Página 10343)

El señor Arroyo Hodgson, presidente de la comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de la propuesta de veto.


El señor Lavilla Martínez defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. La señora Coloma Pesquera consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Lavilla Martínez, por el Grupo Socialista, así como la señora Coloma Pesquera, por el Grupo Popular.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Página 10351)

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De la Ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Votación) (Página 10351)

Se rechaza el voto particular de los Grupos Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos y de Senadores de Coalición Canaria por 70 votos a favor, 126 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el punto 10 de las conclusiones del informe por 127 votos a favor y 73 en contra.


Se prueba el resto del informe por 196 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.


HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2003, CONFORME A LOS ARTICULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA (Página 10352)

Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara para la tramitación de los proyectos de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 10352)

De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de firma electrónica. (Continuación) (Página 10352)

Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista, por 53 votos a favor, 130 en contra y 16 abstenciones.


Comienza el debate de las enmiendas al articulado.


El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 27 a 66, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Gibert i Bosch defiende las enmiendas números 204 a 273, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 143 a 203, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Socialista. La señora Delgado García consume un turno en contra.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 27, 29, 30, 31, 33, 38, 46, 50, 53, 54, 56 a 62 y 66, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 67 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 35, 37, 45 y 48, del mismo grupo parlamentario, por 14 votos a favor, 174 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 13 votos a favor, 122 en contra y 57 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 204 a 273, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 70 votos a favor, 120 en contra y 3 abstenciones. Se rechazan las enmiendas números 156, 157, 158, 175 y 180, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 13 votos a favor, 122 en contra y 59 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 67 votos a favor, 120 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 67, 69 a 76, 79, 80, 82 a 92, 94, 96 a 113, 116 a 139 y 142, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 121 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista por 59 votos a favor, 121 en contra y 13 abstenciones.


Se aprueban los artículos 14, 25 y 28 a 36, así como las disposiciones adicionales segunda, novena y décima, transitorias primera y segunda, derogatoria y final tercera del dictamen por 179 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones.


Se aprueban el artículo 19 y la disposición final primera del dictamen por 184 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueba la disposición final segunda del dictamen por 126 votos a favor, 64 en contra y 5 abstenciones.


Se aprueban los artículos 6, 10 y 17 del dictamen por 128 votos a favor, 9 en contra y 58 abstenciones.


Se aprueban los artículos 9 y 27 y la disposición adicional primera del dictamen por 125 votos a favor, 2 en contra y 68 abstenciones.


Se aprueban los artículos 1, 4 y 24 y las disposiciones adicionales séptima y octava del dictamen por 126 votos a favor, 56 en contra y 13 abstenciones.


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Se aprueban los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 a 23, y 26 y las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y sexta del dictamen por 125 votos a favor, 64 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueba el preámbulo de la ley por 126 votos a favor, 1 en contra y 69 abstenciones.


El señor Presidente anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (Página 10360)

El señor Moya Sanabria, presidente de la comisión, presenta el dictamen.
Se inicia el debate de las enmiendas al articulado.


El señor Hernádez Rodríguez da por defendidas las enmiendas número 13 a 34, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto.
Decaen las enmiendas números 1 a 12, de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 35 a 38, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Molas i Batllori defiende las enmiendas números 39 a 41, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Xuclà i Costa defiende las enmiendas números 45 a 56, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El señor Mansilla Hidalgo defiende las enmiendas números 42 a 44, del Grupo Socialista. La señora Orós Lorente consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Mendoza Cabrero, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y la señora Orós Lorente, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 17 a 19, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 64 votos a favor, 115 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 117 en contra y 56 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 38, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 67 votos a favor, 116 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 15 votos a favor, 119 en contra y 50 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 39 a 41, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 67 votos a favor y 117 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 45 a 56, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor, 118 en contra y 54 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42 a 44, del Grupo Socialista, por 67 votos a favor y 117 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 182 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


El señor Presidente anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y quince minutos.


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Se abre la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día. Preguntas.
La pregunta del senador Terán Molleda ha sido retirada. Las preguntas de la senadora Aburto Baselga y de los senadores González Príncipe, Batlle Ferrán, Sabaté Borràs y Aurrekoetexea Bergara han sido aplazadas.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE ESTUDIAR LA FINANCIACION CON CARGO AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) DE LAS TERAPIAS CONTRA EL TABAQUISMO Y LA OBESIDAD (680/001417).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno de estudiar la financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud de las terapias contra el tabaquismo y la obesidad.
Tiene la palabra el senador señor Beguer i Oliveres.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, recientemente el Gobierno ha aprobado un real decreto mediante el que se establece la aportación reducida para especialidades farmacéuticas que tratan determinadas patologías, como soriasis, hipercolesterolemia familiar, heterocigota y alguna otra. En sentido contrario, es decir, en el sentido de abaratar costos para una reducción y mayor control del gasto, de manera inmediata se va a rebajar de forma sensible el precio de referencia de ciertos productos genéricos, algunos muy importantes.
En cuanto a la mejora y ampliación de las prestaciones, debemos recordar que existen dos patologías importantes que pueden ser graves, cuyo tratamiento no está financiado por la Seguridad Social, que son el tabaquismo y la obesidad.
Señora ministra, me gustaría conocer las previsiones del Gobierno a este respecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señor presidente.
Señorías, como en otras ocasiones he tenido oportunidad de manifestar en esta Cámara, el ministerio considera que la lucha contra el tabaquismo y la obesidad es un área prioritaria, debido a que son los dos factores de riesgo que como usted sabe, señoría, conducen a la aparición y a veces al agravamiento de otras patologías. Los principios que emanan de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y los servicios que contempla el catálogo de prestaciones se van a concretar en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que cubrirá la detección y el tratamiento de estos dos factores de riesgo que tanto condicionan la vida de las personas.
Estamos ya en condiciones de efectuar una propuesta al Consejo Interterritorial de dicho Sistema Nacional de Salud este mismo año y promulgar las correspondientes disposiciones. En el caso concreto del tabaquismo, como su señoría conoce, el ministerio ha puesto en marcha el Plan Nacional de Prevención y control del Tabaquismo 2003-2007. Por otra parte, con el trabajo que estamos realizando pretendemos concretar el asesoramiento personalizado y adecuado a las características individuales y al grado de adicción de las personas.
Con respecto al segundo factor de riesgo que también ha planteado su señoría, hemos definido ya el Plan Nacional de Obesidad, Nutrición y Actividad Física, iniciando ahora su puesta en marcha en colaboración con las comunidades autónomas y las sociedades científicas.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador señor Beguer i Oliveres.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, me agrada que fije un plazo a esa propuesta porque, teniendo en cuenta que nos encontramos a finales de noviembre y que se desea poner en marcha este mismo año, significa que el Gobierno va a llevarlo a cabo en muy breve plazo.
Su señoría ha manifestado la importancia de estas enfermedades, usted las conoce mucho mejor que yo, pero quiero recordarle los costos que se le imputan a la obesidad; se habla de 2.500 millones de euros anuales, y en realidad su tratamiento financiado por la Seguridad Social se limita a los resultados, es decir, a lo que ocasiona la obesidad, hipertensión, diabetes, trastornos osteoartríticos, cardiovasculares, etcétera.
Su señoría también recordará que en octubre del pasado año se aprobó en esta misma Cámara una moción del Grupo Parlamentario Popular a fin de que la obesidad se catalogara como enfermedad. El Gobierno ha contestado hace poco, dando cuenta de los trámites que se estaban llevando a cabo y efectivamente es importante que este mismo año pudieran finalizarse.
Y qué le voy a decir en cuanto al tabaquismo, las enfermedades y trastornos que origina son gravísimos; en cuanto a los económicos se habla de aproximadamente

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4.000 millones de euros al año, y hoy en día existen tratamientos terapéuticos contra el tabaquismo con un alto grado de eficacia, como el bupropión. También en este campo el Congreso de los Diputados aprobó --y hace ya tres años, en noviembre de 2000-- una moción sobre la necesidad de financiar desde la sanidad pública los tratamientos para el abandono del tabaquismo.
Yo espero, por tanto, señoría, que estas palabras que usted me ha manifestado anteriormente se puedan sustanciar con hechos muy concretos antes de finalizar el año.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Gracias, señoría.
Solamente voy a matizar o profundizar en dos asuntos. Uno, que en relación con la lucha contra el tabaco --y asumiendo el acuerdo del Congreso, como usted muy bien ha dicho-- se encargó a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Carlos III el análisis sobre la seguridad, sobre la eficacia y sobre la eficiencia de las tecnologías. El análisis está terminado, ha sido estudiado ya por el comité ejecutivo del plan nacional y va a ser llevado en diciembre --exactamente en diciembre-- a la comisión intersectorial para elevarlo, como sabe, al consejo interterritorial.
En el segundo caso, el Plan Integral de Nutrición y Actividad Física, lo más importante es que van a participar todos --los padres, los profesionales, las sociedades científicas-- y se van a elaborar actuaciones en cuatro líneas: en guías alimentarias para la nutrición, en promoción de la actividad física, en que la obesidad incide de forma particular en niños y jóvenes --hay que hacer hincapié sobre todo en legislación para proteger los alimentos infantiles-- y en la anorexia y en la bulimia.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
--DE DON DEMETRIO MADRID LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO EN LAS OBRAS DE REMODELACION DEL HOSPITAL VIRGEN DE LA CONCHA, DE ZAMORA, PARA EVITAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD EN LA PRACTICA HOSPITALARIA (680/001419).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Demetrio Madrid, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno en las obras de remodelación del Hospital Virgen de la Concha, de Zamora, para evitar los riesgos de seguridad y salubridad en la práctica hospitalaria.
Tiene la palabra el senador señor Madrid López.
El señor MADRID LOPEZ: Señor presidente, señora ministra.
La situación de la sanidad pública hospitalaria en la provincia de Zamora está gravemente deteriorada, siendo la causa fundamental las obras en el Hospital Virgen de la Concha, y es que el Gobierno, ante la antigüedad, incapacidad e insuficiencia del hospital, decide remodelarlo enfrentándose a todos los criterios profesionales y a la opinión pública en general. Para dicha remodelación --cuyas obras duran ya más de cuatro años y medio-- se presupuestaron 6.000 millones de pesetas, habiéndose producido oficialmente ya en estos momentos más de 40 reformados y más de 6.000.000 de euros de desviación presupuestaria, y lo que venga.
Por no tomar la decisión de construir un hospital de nueva planta conforme a los nuevos sistemas, la dispensación y ejercicio de la medicina moderna, la concurrencia de las obras con el funcionamiento ordinario del centro hospitalario está creando gravísimos e insuperables problemas que se hacen insoportables en términos de seguridad y garantía sanitaria. El incremento de intervenciones quirúrgicas para reducir las listas de espera satura aún más el hospital ante la falta de habitaciones, inhabilitadas por las obras, produciéndose la masificación en las habitaciones hábiles --eso sí, con camas cruzadas--, con lo cual la calidad asistencial se deteriora y más aún en período invernal, siendo las personas mayores las que más sufren las consecuencias en tiempos de espera de consultas y en el servicio de urgencias.
Los ciudadanos y usuarios en general, y también la mayoría de los sanitarios, manifiestan una creciente inquietud y malestar, aunque las denuncias se producen de manera muy prudente y responsable por el respeto reverencial a la medicina y la salud y también, por qué no decirlo, por miedo a posibles represalias.
No obstante, los representantes de los profesionales ponen de manifiesto la escasez de la plantilla y deficiente organización, lo que provoca un sobreesfuerzo y deterioro en la calidad asistencial de la que ellos no son responsables. Se puede decir que el conjunto hospitalario y asistencial, que lo componen los Hospitales Virgen de la Concha, Rodríguez Chamorro y Comarcal de Benavente, no responden ni están al nivel de las necesidades sanitarias de la provincia de Zamora.
Ante esta grave situación y teniendo en cuenta que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene responsabilidades en relación con las normas de calidad y seguridad, con el control de los indicadores que permiten comparar la calidad de los diversos centros y servicios sanitarios, con su homologación ajustada al riesgo fiable, así como con registro de buenas prácticas, es evidente que todos los acontecimientos adversos que se están originando --obras, gripes, hacinamiento-- significan problemas muy graves de seguridad, y no digamos de calidad, para los pacientes.
Espero, señora ministra, que el departamento que usted dirige, en colaboración con la Junta de Castilla y León, adopten las medidas oportunas y urgentes en relación con sus responsabilidades referidas a la práctica hospitalaria y a la calidad del Servicio Nacional de Salud para evitar los

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riesgos ciertos en la seguridad asistencial y salubridad en la provincia de Zamora.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra las señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, estoy impresionada por la preocupación que usted tiene por una competencia que, como sabe bien, está transferida a las comunidades autónomas. Pero le voy a decir más: lo que hacemos desde el Gobierno es velar por lo que sí son nuestras competencias y, como sabe, señoría, nuestras competencias van en la línea de mejorar la calidad del conjunto del sistema. En esa línea, como sabe, estamos haciendo un trabajo que puedo decir que es intenso; espero que los resultados también lo sean.
En primer lugar, hemos coordinado las actividades, programas y planes de salud laboral, tanto a través del consejo interterritorial como de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en la Mesa de Diálogo Social.
En segundo lugar, hemos elaborado normas, guías y protocolos de vigilancia médica específica de riesgos laborales y vigilancia epidemiológica, incidiendo especialmente en la prevención de riesgos.
Estamos a punto de publicar el libro blanco de la vigilancia de la salud de los trabajadores y hemos desarrollado por primera vez en nuestro país el Sistema de Información Sanitaria de Salud Laboral (SISAL). Y según la ley de cohesión y calidad, hemos desarrollado el primer decreto que usted sabe que hay en nuestro país sobre garantías básicas de seguridad de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Pero como usted me pregunta por el Hospital Virgen de la Concha, de Zamora, y como usted sabe que es un hospital que conozco bien, me he informado de si había problemas concretos allí. Señoría, responsables de la Consejería de Sanidad de la Junta me informan que, en los cuatro años de ejecución del plan director --que, por cierto, fue su partido cuando gobernaba el que lo puso en marcha--, se ha constituido la comisión de obras de la que forman parte la dirección, el servicio de medicina preventiva --donde hay expertos preventivistas-- y la empresa constructora, con el objeto de controlar en todo momento las medidas de bioseguridad de un hospital en obras, medidas que tienen que ser, por cierto, rigurosas y que tienen que evitar que haya ningún tipo de problema --«aspergillus», «legionella», etcétera--. Las obras --que se llaman allí en el hospital de semibloque técnico y que incluyen, como sabe, laboratorios, quirófanos, etcétera-- se están llevando a un ritmo que a lo mejor no es el que quieren los ciudadanos, porque usted sabe que hacer obras en un hospital que esté abierto son complicadas.
En relación con la polémica --que seguro que es a la que usted se refería-- sobre una escalera, los técnicos informan de que cumple la normativa en cuanto a la seguridad, porque no se trata de lo que se define como una escalera de caracol --con peldaños partiendo de un eje--, sino que me dicen que se trata de una escalera circular. Se lo pongo como ejemplo de que todos los aspectos que tienen que ver con la obra competen, lógicamente, al propio centro y a la junta. Señoría, como sabe, nosotros por lo que velamos es por que las normas básicas se cumplan y en todo momento estaremos muy pendientes.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. (El señor Madrid López pide la palabra.) Su señoría ha consumido ampliamente sus tres minutos, igual que la señora ministra.


--DE DON RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA RESOLUCION DEFINITIVA DE LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO (OPE) DEL SISTEMA SANITARIO, QUE SE ESTA TRAMITANDO EN LA ACTUALIDAD CON UN CONSIDERABLE RETRASO (680/001421).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Antonio Socías Puig, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno respecto a la resolución definitiva de la Oferta Pública de Empleo del sistema sanitario, que se está tramitando en la actualidad con un considerable retraso.
Tiene la palabra el senador señor Socías Puig.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señor presidente, señora ministra.
El proceso de consolidación de empleo abrió grandes expectativas en todos los niveles del personal del Insalud en aquel momento, actualmente transferido a las comunidades autónomas, expectativas que se cumplieron en parte con el desarrollo de las pruebas selectivas pero que el enlentecimiento de las resoluciones definitivas ha hecho que actualmente --palabra que, por otro lado, tenemos muy en cuestión en una ponencia en estos momentos-- exista cierta desazón sobre la resolución definitiva.
Conocemos las dificultades con que se han encontrado los tribunales, sabemos la complejidad de la resolución del proceso y hemos visto que en la ley de acompañamiento se prevé establecer una prórroga hasta final de 2004 para poder finalizar toda la oferta pública de empleo. Conscientes de todas estas dificultades, lo que nos interesaría conocer por parte del ministerio son las previsiones que tiene para poder concretar un calendario con plazos para una resolución definitiva, a fin de que todos los profesionales afectados puedan conocer con cierta exactitud qué previsiones pueden ir haciendo ellos para la resolución de este proceso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Sin ánimo de ofender, señoría, le diré que la OPE no lleva un retraso de un año, sino de quince. Han pasado quince años sin que se haya convocado ni una plaza de facultativo. Como sabe su señoría, el Gobierno se ha comprometido a resolver esta situación, y lo está haciendo, por cierto, con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el suyo; y lo está haciendo publicando las notas de las memorias de todas las especialidades y el resultado de las pruebas; y lo está haciendo al publicar la práctica totalidad de las valoraciones provisionales de méritos; y lo está haciendo al publicar las valoraciones y méritos de calificaciones de una buena parte de las especialidades así como de otras categorías médicas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador señor Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora ministra.
Yo ya conozco ese retraso en convocar plazas para oposiciones porque lo he sufrido en mis propias carnes. Su señoría ha dicho que han contado ustedes con el apoyo de todos los grupos y soy consciente de ello porque estuve en la ponencia que elaboró la ley, sé el consenso que hubo y también la velocidad con que esta ley fue aprobada, pero tengo que decir que las previsiones de la ley sí llevan un cierto retraso. Yo ni siquiera he mencionado si era un año o si eran seis meses porque ése no es precisamente el problema. Somos conscientes de que desde el ministerio se está haciendo todo lo posible. No nos quejamos de su actuación; lo único que queríamos saber es si hay previsto un calendario de aquí a 2004 para que si es así los profesionales lo sepan.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra la señora ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, claro que hay un calendario, y en buena medida usted lo ha dicho en su intervención. Hay muchos profesionales afectados por este asunto.
En primer lugar hemos resuelto el problema de los MESTO. Por cierto, en este país hay muchos profesionales que ya tienen una especialidad, y como digo hay un calendario, del que están informadas todas las organizaciones sindicales y todas las asociaciones profesionales. Pero fíjese usted. Es tanto el volumen de profesionales que se están examinando que, por ejemplo, sólo para ser médicos de familia han presentado su memoria 7.200 candidatos. Si el tribunal emplea como mínimo diez minutos para evaluar cada memoria, deberán dedicar 34 semanas de trabajo ininterrumpidas, sin vacaciones, sin dilaciones, sin descansos. No hay retrasos injustificados, señorías. Hay muchos tribunales trabajando. Hay una preocupación constante por llevar a cabo todos los procedimientos con plena garantía de legalidad, pero como le decía antes, llevamos un retraso de muchos años.
Puedo decirle, señoría, que por nuestra parte estamos poniendo toda la infraestructura del ministerio a disposición de los tribunales. Espero que esto vaya hacia adelante, y deseo que sea con la ayuda de todos ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JUAN JOSE IMBRODA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS INVERSIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTARIO EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA (680/001429).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Imbroda Ortiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el próximo ejercicio presupuestario en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Tiene la palabra el senador Imbroda Ortiz.


El señor IMBRODA ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora ministra, usted conoce perfectamente la grave problemática de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en lo que se refiere a asistencia hospitalaria. Sabe perfectamente que depende de su ministerio, ya que no tenemos todavía transferidas las competencias. Todo eso ha llegado a traducirse, por ejemplo, en que en Ceuta no tengamos ningún hospital público, aunque afortunadamente ya ha empezado a edificarse uno.
Pero, señora ministra, nuestro problema también se nos agudiza por la asistencia hospitalaria que desde ambas ciudades proporcionamos a miles de marroquíes que llegan hasta allí buscando una sanidad que en su país no les dan, creándosenos con ello un mayor déficit en el servicio a causa de tanta demanda. No obstante, desde su llegada al ministerio se ha empezado a ver una nueva luz en ambas ciudades. Usted conoce perfectamente los problemas. Ha estado varias veces en Ceuta y Melilla y sé que tiene usted una voluntad enorme de ir mejorando esta situación por una serie de hechos que ya se están viendo. En esa línea, me gustaría que nos dijera qué plan de inversiones tiene su ministerio para ambas ciudades en asistencia hospitalaria para el ejercicio de 2004.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


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Señoría, como antes le he dicho a un señor senador, el ministerio ha de velar por la calidad de la asistencia sanitaria en todo nuestro país. Ha de velar por que se cumplan las normas y por que la dinámica de la asistencia sea correcta, pero en Ceuta y en Melilla tenemos un plus, es decir, una obligación mayor puesto que nosotros somos los responsables de la asistencia sanitaria, es decir, somos los responsables de que Ceuta y Melilla cuenten con las infraestructuras suficientes y necesarias para que los ciudadanos tengan una atención sanitaria de calidad. Por eso el esfuerzo inversor alcanza la cifra de 16 millones 357.523 euros, cantidad que se ha consignado en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. Es una cifra, señoría, de la que más de 12 millones van destinados a las infraestructuras de Ceuta y casi tres millones y medio tienen por destino Melilla.
Las principales inversiones que se van a realizar tienen como objetivo la atención primaria. En Ceuta se van a finalizar las obras del centro sanitario que ustedes llaman Benítez y que a partir de ahora se llamará Otero, y se construirá una nueva gerencia de atención primaria. En atención especializada se van a invertir 11 millones 69.000 euros para la construcción del nuevo hospital de Ceuta. Se va a contemplar la construcción de un nuevo servicio de rehabilitación, así como el equipamiento y reforma de algunas plantas de hospitalización del Hospital de la Cruz Roja, donde se va a invertir un millón 319.681 euros.
Y en Melilla vamos a construir un nuevo centro de salud para atención primaria con una superficie de 2.300 metros cuadrados dotado de modernas consultas y de unidades de atención destinadas especialmente a mujeres.
En el mismo edificio se va a ubicar la dirección territorial. En atención especializada habrá un banco de sangre --es una necesidad imperiosa-- que tendrá una superficie de más de 200 metros cuadrados con una inversión de más de 300.000 euros. En el hospital de Melilla se va a seguir avanzando en las obras de climatización que tan demandadas son por los profesionales y por los propios pacientes. Y en cuanto a inversiones para equipamiento tengo que señalar la puesta en funcionamiento de la unidad de tomografía axial computarizada también en dicho hospital.
Es decir, señoría, estamos intentando por todos los medios que Ceuta y Melilla tengan la infraestructura suficiente para dotar a los profesionales sanitarios de los elementos necesarios para prestar una asistencia sanitaria de calidad para que la salud de sus ciudadanos sea cada vez mejor.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA LA UTILIZACION DE LOS CAUDALES ECOLOGICOS DE LAS PRESAS PARA PRODUCIR ELECTRICIDAD (680/001401).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Aleu, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre los incentivos económicos previstos por el Gobierno para la utilización de los caudales ecológicos de las presas para producir electricidad.
Tiene la palabra el senador señor Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente primero del Gobierno, la pregunta es bastante clara pero voy a concretarla más.
Conocemos el plan de fomento de las energías renovables y cómo se contemplan en él las centrales minieléctricas, las que requieren una instalación más baja, pero a lo que nosotros nos referimos es concretamente al agua que fluye por muchas presas como caudal ecológico y que seguramente sería bueno utilizar esas aguas para producir energía.
Nuestra pregunta concreta es la siguiente: Además, de la prima, ¿tiene previsto el Gobierno alguna ayuda suplementaria para la instalación de centrales minieléctricas para aprovechar estos caudales?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría.
Efectivamente, el caudal ecológico de una presa es el caudal mínimo que debe circular por ella para proteger todos los aspectos que su señoría conoce bien, por ejemplo, la biodiversidad y otras cuestiones relacionadas con el paisaje y el medio natural. Las competencias de las confederaciones hidrológicas y de las autoridades territoriales en la ordenación del territorio no impiden que el Gobierno de la nación tenga un sistema de incentivos para promover la generación eléctrica a través de la última regulación de la Ley de 1997.
Ya he tenido ocasión de responder en la Cámara, y lo hago muy gustoso una vez más, que nuestra política energética tiene tres ejes: la liberalización, la garantía del suministro y la protección del medio ambiente, que es a la que se refiere su señoría en su pregunta, y para ello esperamos cumplir el objetivo de que en 2010 el 12 por ciento de la demanda energética esté satisfecha con energías renovables. Hay un plan al que se ha referido su señoría de 1999 con instrumentos económicos y no económicos, los primeros son principalmente incentivos fiscales, créditos subvencionados y subvenciones a fondo perdido, y los segundos serían la posibilidad de vender la producción eléctrica en régimen especial sin necesidad de hacer ofertas en el mercado libre.
En este sentido, en la tecnología que preocupa a su señoría, la hidroeléctrica, el mecanismo más importante es el de primas que complementan la retribución ordinaria, según un decreto del año 1998, y también la cuantía concreta de las primas, que se fija anualmente en el real decreto de tarifas de cada año. En el área hidroeléctrica la prima tiene

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un valor fijo para las centrales con potencia que no sea superior a 10 megavatios y un valor variable y decreciente para las centrales con potencia comprendida entre 10 y 50 megavatios; por encima de los 50 megavatios las instalaciones no pertenecen al régimen especial.
El Gobierno considera que los resultados de este sistema son satisfactorios; a finales de 2002 la potencia hidroeléctrica instalada en centrales de menos de 10 megavatios era del orden de los 1.650 megavatios, lo que representa un 36 por cieno de las previsiones que tenemos para el año 2006, con un ritmo de instalación de 40 megavatios anuales; gracias a este esfuerzo tenemos en torno al 15 por ciento de toda la potencia hidráulica instalada en Europa, lo que nos coloca en el tercer lugar en el ranking europeo.
Las comunidades autónomas que lideran esta tecnología son, por un lado, Castilla y León, Cataluña, Andalucía y Aragón, seguidas a distancia ya de Navarra y Galicia. En estos momentos en el Ministerio de Economía estamos trabajando en un nuevo real decreto que dará estabilidad al sistema de primas, que complementa la retribución de tarifas. Este real decreto será analizado por la Comisión Nacional de la Energía y, por lo tanto, esperamos mejorar el horizonte de previsibilidad en la retribución de estas tecnologías y con ello impulsar aún más las inversiones privadas.
Los obstáculos para el desarrollo del régimen hidráulico en España no se encuentran en el régimen retributivo, en opinión del Gobierno, sino sobre todo en problemas medioambientales y en la duración de la tramitación de las autorizaciones, que no siempre competen a la Administración General del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, gracias por su respuesta. Es lo que ya sabíamos, pero nos referíamos a un tema mucho más concreto y desde esta perspectiva la respuesta no ha existido. Porque centrábamos la cuestión sobre un agua que fluye por necesidad; no se pretende disminuir el caudal ecológico, sino utilizar la energía que en estos momentos no se utiliza del caudal ecológico y debería arbitrarse alguna iniciativa más para fomentar el aprovechamiento energético de este tipo de caudales porque, por lo que he escuchado, se limitan a lo que hay como régimen general.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


--DE DON JOAQUIN VILLANOVA RUEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS EFECTOS QUE TIENE PARA LA ECONOMIA ESPAÑOLA LA EVOLUCION DEL DIFERENCIAL DE DEUDA DEL ESTADO (680/001435).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Joaquín Villanova, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los efectos que tiene para la economía española la evolución del diferencial de deuda del Estado.
Tiene la palabra el senador señor Villanova Rueda.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente Primero del Gobierno y ministro de Economía del Gobierno de España, la firmeza de los compromisos del Gobierno del Partido Popular en estas dos últimas legislaturas en materia de consolidación fiscal está llevando a nuestro país a las tasas más elevadas de población ocupada y de convergencia con Europa de nuestra historia, y ha permitido, a pesar de la ralentización económica internacional, reducir el déficit público, cercano en 1996 al 7 por ciento del PIB, a un superávit previsto de este ejercicio del 2003 del 0,5 por ciento del PIB, lo que ha propiciado la reducción paulatina de las necesidades de emisión de deuda pública y, por consiguiente, la reducción progresiva de la carga de intereses en los presupuestos generales del Estado de cada ejercicio económico.
La política económica de reformas llevadas a cabo en estos últimos años está consiguiendo una drástica caída del diferencial de la prima de riesgo con otros países más ricos de la Unión Económica y Monetaria; el crecimiento económico de nuestro país, muy por encima de otros países de la Unión Europea, unido a la positiva gestión de la deuda pública en España, ha dado sus frutos y ha logrado el reconocimiento nacional e internacional de los mercados con la máxima valoración; así lo reconoce el Banco de España, agentes e instituciones de los mercados financieros y de otros organismos públicos y últimamente el Fondo Monetario Internacional.
Por ello nos gustaría, señor vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía del Reino de España, que nos explicase qué efectos tiene para la economía española la evolución del diferencial de deuda del Estado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor vicepresidente Primero del Gobierno y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador. Efectivamente, como ha señalado su señoría, el diferencial de la deuda española es probablemente una de las más importantes medidas de la evolución de nuestra economía juzgada por los millones de inversores internacionales y nacionales que actúan en los mercados de deuda pública del mundo. En ese sentido, es bueno recordar que a mediados de los años noventa la economía española tenía un diferencial con respecto a la alemana, como elemento básico de medida de la deuda europea, del entorno de los 470 puntos; para que la cámara se haga una idea eso, en estos momentos, es aproximadamente

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el doble de lo que le sucede a la deuda mejicana y el entorno de lo que le sucede a la deuda brasileña y a la deuda de Colombia. En ese sentido, la política económica, especialmente la reducción del déficit público, pero también el incremento de la capacidad de crecimiento de nuestra economía, ha supuesto que los tipos de interés entre la deuda a diez años alemana y española en estos momentos se sitúe en cero, y algunos días incluso con una situación positiva desde el punto de vista español, y que nuestra deuda esté en estos momentos mejor valorada que la deuda pública, por ejemplo, de países tan importantes como Italia, Francia y el Reino Unido. El tipo medio del bono español en el primer semestre de 1995 era el 11,8, y el tipo medio del bono español en el primer semestre de este año es del 4,08. Esto tiene sin duda una consecuencia muy importante desde el punto de vista de la financiación de nuestra economía, pero también desde el punto de vista de los costes de la deuda. En estos momentos, si se tiene en cuenta la vida media de la deuda, el importe de emisión del 2003, cada punto básico de reducción de los intereses pagados en las nuevas emisiones de deuda a tipos más bajos significa un ahorro financiero de unos 40 millones de euros; es una situación favorable que, sin duda, está beneficiando a la política presupuestaria del Gobierno y que permite dedicar muchos más recursos a políticas que interesan a los ciudadanos, como pueden ser políticas sociales, educativas y también políticas de construcción de infraestructuras.
Las valoraciones que en estos momentos hacen las agencias de «rating» de la deuda española, las más altas posibles, nos sitúan entre los países con mayor credibilidad desde el punto de vista de los mercados financieros, lo cual sin duda es una muy importante condición para la política presupuestaria del Gobierno, pero también lo es para la vida diaria de empresas y familias, puesto que la financiación de nuestro sistema financiero en los mercados internacionales también está afectada por el «rating» de nuestro país y está siendo extraordinariamente positiva para la financiación de las inversiones que tanto familias como empresas quieran realizar en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL APOYO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA EMPRESA SANTANA MOTOR, S. A., UBICADA EN LINARES (JAEN) (680/001439).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo previsto por el Gobierno para impulsar el desarrollo tecnológico de la empresa Santana Motor, S. A., ubicada en Linares (Jaén).
Tiene la palabra el senador señor Cabrero Palomares.
El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, queremos conocer a través de esta pregunta la política de su Gobierno dirigida a impulsar el proyecto tecnológico científico de Santana Motor en Linares.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el vicepresidente Primero del Gobierno y ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor senador. He informado ya a la Cámara de la situación de la empresa a la que hace referencia su señoría en tres ocasiones, y dos de ellas a preguntas de su señoría en los años 2001 y 2002; por lo tanto, esta es la pregunta que me hace este año, y con mucho gusto se la contesto.
Quiero subrayar una vez más que el Gobierno de la Nación está colaborando con las autoridades responsables, que son en este caso las autoridades autonómicas, y con la empresa propietaria que, a su vez, es propiedad también de la Junta de Andalucía. En la primavera del año pasado, como tuve ocasión de informarle a su señoría, los expedientes presentados por la empresa cuatro años antes para la concesión de ayudas por el sistema de incentivos regionales no habían podido ser resueltos favorablemente como consecuencia de la tramitación por parte de la Comisión Europea y, en ese sentido, una vez finalizadas las tramitaciones en la Comisión Europea, ésta autorizó, en octubre de 2001, ayudas notificadas por la Junta de Andalucía. A partir de entonces, con la colaboración de las dos administraciones, la Junta de Andalucía y la Administración general del Estado, el Gobierno de la Nación, se han concedido a la empresa por la que su señoría pregunta una subvención por 4.490.281 euros para la realización del proyecto de fabricación de los vehículos Jimmy y Aníbal.
El programa de incentivos regionales concede ayuda regionales a proyectos de inversión y especialmente a aquellos que tienen relación con la aplicación de nuevas tecnologías. Santana Motor Andalucía tiene previstas en su plan de viabilidad una serie de inversiones materiales para fabricar nuevos modelos de todo terreno, así como una profunda reorganización de la empresa.
Las inversiones que han sido consideradas para ser objeto de subvención comprenden activos fijos propiedad de la empresa no sólo instalados en el recinto de sus factorías, sino en establecimientos de los proveedores ubicados en el propio parque industrial donde está la empresa, y también se consideran los activos que utilizarían proveedores situados en Linares. Además, indirectamente se han subvencionado proyectos a empresas suministradoras de Santana en la provincia de Jaén, cuatro de ellas situadas en el propio parque industrial y otras en municipios limítrofes.
Por lo que se refiere al contrato de colaboración de la empresa Santana Motor con la multinacional japonesa Suzuki Motor Corporation, la empresa española Santana consiguió en julio de 1997 prorrogar el contrato de licencia de

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fabricación hasta el 30 de mayo del año 2006, que finalizaba en principio en el año 1999. Cuando finalice este contrato va a ser muy importante que exista un plan de innovación y desarrollo tecnológico de Santana Motor, que hoy por hoy no existe y supongo que su señoría lo sabe.
El Gobierno de la Nación está dispuesto a estudiar los proyectos que se le presenten. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguno.
Podrían presentarse proyectos a incentivos regionales, que ya han beneficiado a la empresa, y también a programas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el Profit, con la posible vía de acceso a ayudas de proyectos o actuaciones de carácter tecnológico, bien sea en su programa nacional de automoción, bien en función de una temática específica de cada proyecto, como pueden ser tecnologías de materiales, producción industrial y control informatizado.
Por lo tanto, reitero una vez más la voluntad del Gobierno de la Nación de colaborar con la empresa y con las autoridades regionales andaluzas en cuestiones de futuro, una vez que han sido ya solucionadas las cuestiones de presente con la aprobación de la subvención de casi cuatro millones y medio de euros.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, efectivamente nos interesaba que su Gobierno nos concretase la cuestión de la subvención a los incentivos regionales para el proyecto industrial de Santana, porque es una necesidad. Siempre lo hemos pensado y hemos traído en varias ocasiones este tema a la Cámara. Y con retraso --como usted ha reconocido-- debido a unos u otros problemas, finalmente hay un proceso de subvenciones de unos cuatro millones y medio de euros.
Desde nuestro punto de vista, hay que seguir esta dinámica de apoyo a la empresa de Santana Motor para que su futuro y el del parque tecnológico y el de proveedores esté garantizado. Es una empresa en cuyo proyecto están implicados en torno a 1.500 trabajadores directos e indirectos, por lo que para nosotros es fundamental dado que es una provincia con una tasa de desempleo muy alta.
Además, señor ministro, no solamente nos interesa la cuestión de las subvenciones, y las ayudas a las inversiones, sino que también queremos conocer los vehículos que algunos departamentos de su Gobierno, por ejemplo el Ministerio del Interior, tienen previsto adquirir a través de la policía o de la Guardia Civil. Nos parece importante que se aclaren esas cuestiones.
Por otra parte, nos preocupa el convenio de colaboración comercial y tecnológica con Suzuki, que finaliza efectivamente el año 2006, porque el representante de Suzuki en la Unión Europea, de cara al proceso de ampliación y de incorporación de Hungría en el próximo año 2004, anunció que estaban pensando en la retirada de Suzuki Santana a partir de la finalización del convenio en el año 2006.
Queremos trasladarles esa preocupación porque nos parece bien que su Gobierno intervenga en las relaciones con otros países, en este caso desde la Unión Europea con Japón, y que trate el asunto con las multinacionales --también con Suzuki-- para que en ese proceso de finalización el convenio de colaboración se renueve, tenga más vida, y se tengan en cuenta algunos aspectos como la nacionalización de piezas y su integración en el propio centro de trabajo para que haya más carga de trabajo, más empleo y, en definitiva, más futuro garantizado a partir del año 2010.
Esta es la preocupación de los trabajadores y de los sindicatos que trasladamos a sus señorías y a su Gobierno, señor ministro, para que pueda defenderlo en el marco de las instituciones europeas y con otras empresas multinacionales como Suzuki.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA RECONOCER EL DERECHO A PENSION A PAREJAS DE HECHO DE MILITARES FALLECIDOS EN ACTO DE SERVICIO (680/001402).


El señor PRESIDENTE: pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa para reconocer el derecho a pensión a parejas de hecho de militares fallecidos en acto de servicio.
Tiene la palabra el senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos sabido por los medios de comunicación que algunas esposas de los familiares fallecidos tenían con ellos relaciones de pareja no convencionales, lo que venimos a denominar parejas de hecho. En mi opinión, deberíamos encontrar una solución para que pudieran cobrar sus pensiones. Me gustaría saber la suya.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laborda.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Quiero empezar agradeciendo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la deferencia que ha tenido al haber retrasado la pregunta que, por cuestiones de agenda, no pude contestar la pasada semana.
Señor Laborda, el Ministerio de Defensa, como toda la Administración General del Estado, está sometido a la ley

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y al derecho y no puede, lamentablemente, atender a unas situaciones como las que usted ha comentado, que son muy dolorosas, especialmente por el caso que produjo la muerte.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador señor Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a hacer dos consideraciones, señor ministro. A mí me parece que el Ministerio de Defensa no debe de atender sólo un orden de valores en relación con la familia. Y en cuanto al problema legal, que yo entiendo y respeto, le doy una idea. La ley 25/1984, de 29 de junio, concedió una pensión excepcional --hay normas para conceder pensiones excepcionales-- a la viuda de una persona que había muerto asesinada por ETA. Sé que el caso no es el mismo, pero aquí hay una solución técnica al problema que usted me está planteando --porque sí que hay una demanda moral en la sociedad española que es perfectamente sensible al cambio de valores y a la evolución de nuestras estructuras familiares-- para que esas personas que efectivamente perdieron, incluso, al padre de sus hijos puedan tener derecho a la pensión.
Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señoría, señoras y señores senadores, hoy se cumplen exactamente seis meses desde el accidente de Trabzon. Por lo tanto, a la gratitud que expreso al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por traer este tema a la Cámara tengo que unir el sentimiento del ministerio que dirijo al recordar, seis meses después, a las 62 víctimas. Y como quiera que su planteamiento, siempre en términos de cortesía parlamentaria muy medidos, me permite consumir algo de tiempo, quiero aprovechar la ocasión para recordar que el cobro de las pensiones se ha hecho de la manera más rápida que se ha podido, y que, desde luego, se había hecho jamás, en atención a las consideraciones excepcionales y especialísimas del accidente.
Se han completado los 62 expedientes y se han reconocido un total de 129 pensiones, todas ellas de carácter extraordinario, 37 de viudedad, 59 de orfandad y 33 a favor de los padres. En el caso de tres fallecidos que no dejan ni viuda ni hijos no se genera derecho a pensión de los padres por sobrepasar estos el límite de ingresos.
Se han dictado, en efecto, señor Laborda, cinco resoluciones denegatorias de los convivientes de fallecidos sin una relación jurídica. He de decir que así lo establece con claridad inequívoca el artículo 38 del real decreto legislativo de 1987 que concede el derecho a pensión, y que hemos repasado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por si hubiera posibilidad de considerar excepcionalmente las situaciones a las que se ha referido su señoría.
Hemos anotado en concreto las sentencias de 15 de noviembre de 1990 y de 25 de abril de 1994 que ha declarado con toda claridad y reiteración que no son situaciones equivalentes y que el legislador puede, por tanto, no tratar de igual manera situaciones que tienen un origen jurídico distinto.
Hemos intentado, al tener la vía de la legalidad y del tratamiento legal cerrada, aplicar analógicamente, como se ha hecho, la legislación de clases pasivas, pero la propia sentencia de 15 noviembre de 1990 del Tribunal Constitucional ha llegado a la misma conclusión y es que no se puede extender a supuestos distintos en el caso de la pensión de viudedad, que el legislador ha limitado al cónyuge legalmente contraído.
Su señoría me señala ahora la vía de una pensión extraordinaria y excepcional. Vamos a meditarla, pero le tengo que decir, señor Laborda, que en el Ministerio de Defensa lamentablemente los militares profesionales --y ahora lo son todos-- conviven a diario con el riesgo y también dramáticamente tenemos más víctimas y más fallecidos. Quizás esto debe llevar a una reconsideración más amplia del problema, y abrir la vía por la excepcionalidad de una pensión extraordinaria sólo resolvería este problema, pero podría crear agravio comparativo con otros.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA , SOBRE LAS CAUSAS POR LAS QUE EL EJERCITO HA PROCEDIDO A LA DESTRUCCION DE MUNICION OBSOLETA Y PELIGROSA EN EL CAMPO DE MANIOBRAS DE PAJARA, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA (LAS PALMAS), TRANSPORTANDO LA MISMA DESDE LA ISLA DE GRAN CANARIA EN CAMIONES QUE NO CUMPLEN LAS CONDICIONES NECESARIAS (680/001394).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima senadora doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las causas por las que el Ejército ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en la isla de Fuerteventura (Las Palmas), transportando la misma desde la isla de Gran Canaria en camiones que no cumplen las condiciones necesarias.
Tiene la palabra la senadora Morales Rodríguez.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, un artículo publicado en una revista de información general el pasado mes de octubre revelaba diferentes aspectos de las maniobras realizadas por el Ejército

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en el campo de tiro de Pájara, en la isla de Fuerteventura.
Los aspectos más destacados de dicha información, y que nos preocupan, son los siguientes. Soldados sin formación específica, y contraviniendo los manuales del propio Ministerio de Defensa, han manejado explosivos obsoletos y caducados en el campo de tiro, material calificado de peligroso. Como medida de seguridad esta munición debe introducirse en un agujero excavado en una vaguada, respetando de esta manera las distintas normas medioambientales y evitándose que los proyectiles que accidentalmente no hayan estallado se esparzan por los alrededores con el peligro que ello conlleva, medida que tampoco se ha llevado a cabo.
Por último, algo que nos preocupa muchísimo, es que esta munición, que procede de Gran Canaria y Tenerife, es transportada en camiones que atraviesan diferentes poblaciones por los más de 70 kilómetros que separan el muelle de Puerto Rosario del campo de tiro de Pájara sin cumplir algunas normas de seguridad y sin comunicárselo a las instituciones de la isla para que éstas tomen precauciones al respecto.
Entendiendo que el Ministerio de Defensa ha de dar explicaciones sobre esta información, le formulo la siguiente pregunta. ¿Por qué el Ejército, contraviniendo los manuales del Ministerio de Defensa, ha procedido a la destrucción de munición obsoleta y peligrosa en el campo de maniobras de Pájara, en la isla de Fuerteventura, transportando dicha munición desde Gran Canaria y Tenerife en camiones que no cumplen las condiciones para ello? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señora Morales, hemos analizado con minuciosidad el artículo de esa revista semanal, que usted ha reproducido en parte, y debo decirle que en él se contienen serios errores, sin duda dirigidos exclusivamente a mejorar esas actuaciones. Pero es que en este caso, señora Morales, ni se han contravenido los manuales ni se ha transportado nada de manera irregular, es decir, se ha cumplido absolutamente toda la reglamentación.
Por ello, puede tener su señoría la tranquilidad de que no ha habido peligro, pero también de que no lo habrá nunca en el transporte y la destrucción de explosivos de esa naturaleza que, en efecto, se verifican al menos anualmente en las islas Canarias.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica tiene la palabra la senadora Morales Rodríguez.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no es la primera vez que traemos a esta Cámara problemas relativos a la realización de maniobras militares en la isla de Fuerteventura. Precisamente su señoría compareció tras unas maniobras militares de la OTAN que provocaron la muerte de 14 cifios en nuestras costas, como se ha demostrado posteriormente en todos los estudios realizados a tal fin.
Por tanto, desde Fuerteventura pedimos sensibilidad por parte del ministerio, no solamente para que se cumplan todas las medidas que garanticen la seguridad de los militares y de toda la población civil, sino también para que se informe a las instituciones de la isla sobre las maniobras que allí se están realizando con objeto de que también nosotros podamos informar a los ciudadanos. Usted ha dicho que la información que le he proporcionado es errónea, y nos alegramos de que sea así. Sin embargo, insistimos en que se tomen todas las medidas necesarias.
Por otro lado, me gustaría trasladarle la preocupación que existe entre los vecinos que viven en las zonas colindantes del campo, cuyas casas siguen sufriendo desperfectos, agrietamientos, caídas de azulejos, etcétera, como consecuencia de esas maniobras --si usted quiere, después puedo proporcionarle los informes elaborados por la propia policía local de Pájara a ese respecto--. Asimismo, existe preocupación porque no se respetan los límites del campo de tiro, encontrándose munición fuera del mismo y haciéndose maniobras en los pueblos aledaños, en los que incluso se utilizan casas deshabitadas, y por los sobrevuelos de helicópteros y aviones a altas horas de la noche, incluso con vuelos rasantes sobre los pueblos y zonas turísticas.
Como le decía, espero que se demuestre sensibilidad hacia este asunto. Y una vez trasladada esta preocupación de los vecinos --las detonaciones se oyen a kilómetros y kilómetros del campo de tiro de Pájara, produciendo los desperfectos ya comentados en sus viviendas--, me gustaría que por parte del Ministerio de Defensa también se demostrara la misma preocupación y los visitara, para que por lo menos se les diera la posibilidad de subsanar los desperfectos que esas maniobras han producido en sus casas.
Insisto una vez más en que se tomen medidas respecto de todo lo que le he manifestado, que está ocurriendo en una isla como la nuestra, cuya economía depende del turismo y cuya venta principal es la paz y la tranquilidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señora Morales, la paz y la tranquilidad es precisamente lo que quieren garantizar las maniobras y las Fuerzas Armadas en cada una de sus misiones.
Reconozco a su señoría que hace falta tener sensibilidad hacia este tema, y después le hablaré de eso, pero también veracidad. Precisamente esta tarde voy a responder en el Congreso de los Diputados a una pregunta formulada por un compañero de su grupo sobre los cifios, pero ya le

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adelanto que no es exacto afirmar que todos los informes determinan unánimemente que su muerte ha sido consecuencia de los sonares de los submarinos. Hablaremos de eso más tarde. Por otro lado, cuente con mi compromiso de que, no sólo habrá una información previa, sino que también se realizarán visitas a los vecinos, cuestión sobre la que luego incidiré.
Pero ahora voy a recordarle cuáles son las normas, los procedimientos y las personas que han intervenido en concreto en los incidentes que su pregunta ha traído a colación.
En primer lugar, las normas son las correspondientes a la clasificación, conservación, utilización, almacenamiento y transporte de munición, y el manual de interejercicios de almacenamiento de municiones. Como digo, estas son las normas reglamentarias que se han de aplicar en estos casos, que pongo a disposición de su señoría, y que le garantizo que se han aplicado. En efecto, se colocaron los hornillos que dichas normas determinan. En el artículo se indica lo contrario, pero un análisis detallado de las fotografías que lo acompañan demuestran que sí se utilizaron esos hornillos, consistentes en agujeros que evitan que la detonación pueda alcanzar a terceros.
Además, la operación fue realizada por el personal técnico adecuado; en concreto, el almacenamiento y traslado fueron dirigidos y supervisados por el teniente jefe interino del polvorín del Barranco, mientras que la operación de encendido de las cargas y detonantes fue realizada personalmente por el teniente químico artificiero. A su vez, la munición estaba clasificada como «inútil 3D» y no con la categoría indicada en la revista, y no era apta para su uso y reciclaje, por lo que debía ser destruida, pero su manipulación y transporte no eran peligrosos, según indican todas las catalogaciones. Por otra parte, los hornillos tienen una capacidad de destrucción de munición de entre 400 y 600 kilos de explosivos, no llegando en ningún caso a los 800 kilos, por tanto, menos aún a las diez toneladas a que se refiere el artículo, lo cual da, por cierto, una nueva pista sobre la veracidad de la información publicada.
Por otro lado, no hemos recibido ninguna queja formal o informal de los vecinos. Quizá deba surgir de los propios militares, es decir, de la representación del Ministerio de Defensa y del Ejército en la zona, el aviso y el entendimiento con quienes tengan algo que decir sobre esta cuestión, y así lo vamos a hacer en lo sucesivo.
Déjeme añadir que el traslado se hizo en camiones de forma adecuada, avisando a la policía local, y que se siguieron estrictamente los itinerarios marcados por la policía municipal. El desembarco en Fuerteventura se realizó de acuerdo con las normas de seguridad, y además el transporte fue escoltado por la guardia civil, con el permiso preceptivo de la jefatura provincial de tráfico. Hemos comprobado, en fin --se lo digo para que su señoría se quede tranquila y, sobre todo, aquellas personas a las que representa--, que todos los vehículos utilizados en el transporte contaban con la correspondiente ITV y estaban en perfectas condiciones.
Para terminar, le diré que tiene mi compromiso de que se visitará a los vecinos, y si existe alguna reclamación de daños existe una junta de valoraciones de daños y requisas por maniobras que estará encantada de atender cualquier reclamación.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO HA DECIDIDO TRASLADAR LA ESCUELA DE INFANTERIA DE MARINA DE SAN FERNANDO (CADIZ) A CARTAGENA (MURCIA) (680/001403).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Carracao, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno ha decidido trasladar la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando, Cádiz, a Cartagena, Murcia.
Tiene la palabra el senador Carracao Gutiérrez.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente.
No creo necesario reiterar la pregunta, que su señoría ha expresado en términos muy precisos.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señoría, la Escuela de Suboficiales de la Armada, que actualmente está en San Fernando, va a continuar allí, y decir lo contrario es uno de los primeros errores que se está cometiendo a la hora de plantear este tema políticamente. A Cartagena sólo se va a trasladar una mínima parte, que actualmente ocupa un piso en San Fernando, lo que se va a hacer, porque hay una densidad muy desproporcionada en San Fernando y en toda la bahía de Cádiz en lo que a la presencia de la Armada se refiere en detrimento del Ferrol y la propia Cartagena, que es la última, y también, porque así se optimizará la utilización de las instalaciones de Cartagena. Pero sobre todo se va a trasladar porque así lo han propuesto la Armada y el grupo de trabajo, también en contra de lo que se está diciendo constantemente.
Sé que su señoría, que pertenece al principal partido de la oposición, entenderá estas razones, que luego ampliaré, y me gustaría que contribuyera con el Gobierno a explicárselas a algún representante municipal, que parece que no quiera utilizar más razón que la demagogia.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador Carracao Gutiérrez.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro, usted sabe que desde hace más de un siglo la Escuela de Infantería de Marina ha sido una institución que ha venido desarrollando su labor formadora en San Fernando utilizando las instalaciones, cuarteles y escuelas que la Armada Española situó allí desde finales del siglo XVIII, actividad que ha formado parte de la base económica de la ciudad. Sin embargo, el «Boletín Oficial del Estado» el pasado día 5 publicaba una orden, firmada por su señoría, por la que la Escuela de Infantería debía ser trasladada a Cartagena.
El único argumento técnico esgrimido para el traslado de dicha escuela es el reducido espacio disponible para su ampliación en la población naval de San Fernando, razonamiento discutible dada la gran superficie de suelo militar de esa ciudad que se encuentra actualmente en desuso tras la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
Señor ministro, no voy a andar con ambages. Creo sinceramente que su señoría ha firmado el traslado de la Escuela de Infantería de Marina de San Fernando a Cartagena en un intento --disculpe que lo exprese así-- descarado, incluso caciquil, de llevar a su ciudad natal... (El señor Martínez Oblanca: ¡Suave!) No, suave, no. Voy a decir, aunque en una acepción distinta, sin la intención con que usted la expresó, aquella frase que su señoría formulara cuando era presidente del Congreso de los Diputados... (El señor ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde: Muy poco serio e impropio de su señoría.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Usted me conoce muy poco como para decirme que es propio de mí. (El señor ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde: Propio no, impropio.) Es lo que pienso, y usted tiene la oportunidad de dar marcha atrás. La propia presidenta del Partido Popular en Andalucía, alcaldesa de Cádiz y senadora, doña Teófila Martínez, le ha escrito una carta pidiéndole que dé marcha atrás.
Reconozca usted una vez, sólo una vez, que comete un error y dé marcha atrás. Los ciudadanos aplauden la modestia; lo que no aplauden son los gestos soberbios.
Tendría que ser verdad que hay razones de tipo económico que aconsejaran el traslado de esa escuela para olvidar la contribución que la provincia de Cádiz, y en particular la ciudad de San Fernando, han hecho a la defensa de este país sin que ahora España fuera solidaria con esa ciudad, y que conste que no tenemos nada en contra de la ciudad de Cartagena ni de su población, y pensamos que igualmente ha contribuido de manera muy notable, o tan notable como San Fernando, a la defensa nacional de este país, pero lo que no se puede hacer es compensar a una ciudad que en su día adquirió un compromiso de su señoría por la supresión de algunos servicios y ahora dejar huérfana a otra ciudad y hacerle un traslado de unas cuestiones que están funcionando y que forman parte de la vida de esa ciudad desde hace siglos.
Para gestionar la defensa de este país hay que tener una amplitud de miras mayor, señor ministro.
Honestamente, pido disculpas por esos calificativos de caciquil que he formulado pero, desde luego, creo que es una decisión errónea, no calculada, y su señoría debería, por lo menos, darnos lugar a la duda de que piensa meditar, de que va a reflexionar y que incluso abre un portillo para la discusión y para tratar de darle otra respuesta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
En turno de dúplica tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señor Carracao, le agradezco sus palabras finales, y también comprendo la pasión que le lleva a formular la pregunta en esos términos, porque se han vertido muchas falsedades sobre los fundamentos de esa decisión, que no es del ministro, sino del Estado Mayor de la Armada que yo refrendo y que no voy a rectificar porque está basada en trabajos muy minuciosos que voy a tratar de resumir.
No se pone en discusión ni en peligro ni en riesgo ni en nada la presencia de la Infantería de Marina en San Fernando y en Cádiz, en absoluto. Ahora le daré algunos números que lo dejan bastante claro. Allí está el Tercio Armada, va a seguir estando, y la presencia de la Armada, como le he dicho, le insisto y le insistiré, es la más numerosa de las tres antiguas zonas marítimas.
La Escuela de suboficiales, cuya principal actividad es el curso de acceso a la Escuela de suboficiales, cuerpos de infantería de marina y especialistas, continúa en San Fernando. Lo que se traslada a Cartagena, en cierto modo porque parte ya estaba allí, es estrictamente la Escuela básica, es decir, se trasladan un total de 32 personas. Sin duda para cada una de ellas es un efecto, si me permiten, traumático, pero esas son las cosas de las que hablábamos antes en una profesión como la milicia, ahora bien, hagamos del problema que sin duda es respetable de 32 personas un problema nacional que tenga que deshacer lo andado en la reestructuración de las escuelas por parte de la Armada.
Los efectivos de la Armada desplegados en la bahía de Cádiz --y le doy la razón a su señoría en cuanto al importante esfuerzo por la defensa nacional que hace esta ciudad-- constituyen el 44 por ciento del total.
Contrastado con las 32 personas no me diga que es para dimensionar el problema en los términos dramáticos que está haciendo el alcalde de la localidad, es decir, 2,5 veces superior a lo que tiene El Ferrol y exactamente 4,5 superior a lo que tiene Cartagena.
El Estado Mayor de la Armada ha tenido en cuenta las siguientes consideraciones en el grupo de trabajo, cuyas conclusiones están escritas y no las he puesto yo porque, como puede suponer, ni el ministro de Defensa ni la Infantería de Marina ni la Armada podían llegar tan bajo si así lo hubieran permitido.
En primer lugar, la instalación naval de la Algameca supone una mejor ubicación porque tiene la proximidad contigua del campo de maniobras, contigüidad que no existe allí, como sabe su señoría, si conoce la actual ubicación que, por cierto, está en un piso.


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Además, se aprovechan las instalaciones de la Escuela de especialidades Antonio Ulloa, que estaba en Cartagena y que se traslada por el mismo ministro a El Ferrol, donde se traslada también la ETEA, la antigua Escuela de Especialistas de Transmisiones de Vigo, y donde se produce una gran concentración de unidades de formación porque es lo razonable, de la misma manera que es razonable que utilicemos estas instalaciones para completar las instalaciones de la Infantería de Marina escala base, mientras que la de suboficiales permanece en San Fernando. Eso es imposible hacerlo en el reducido espacio disponible de la población militar de San Fernando, que es donde está ahora. No me lo pida así porque es imposible.
En cualquier caso, señor Carracao, se ha informado personalmente por el almirante jefe de la Armada al presidente de la Junta de Andalucía, y habrá visto que es hombre que asume razones y que ha callado en la polémica. Tendré el honor de informar también, como hago ahora con su señoría, a la presidenta del Partido Popular de Cádiz, y estoy seguro de que entenderá las razones. Las entenderá --al menos me permitirá que finalice así--, como el Partido Socialista y sus colegas de la Región de Murcia, que han apoyado este traslado de la Escuela de Infantería.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO HA DISEÑADO ALGUN PLAN DE ACTUACION PARA QUE LAS FUERZAS ARMADAS, CON CARACTER EXTRAORDINARIO, COOPEREN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS QUE TRAFICAN CON PERSONAS (680/001426).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha diseñado algún plan de actuación para que las Fuerzas Armadas, con carácter extraordinario, cooperen con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra las mafias que trafican con personas.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor ministro.
Durante su última visita a Canarias realizó unas declaraciones a un medio de comunicación de Tenerife, publicadas el pasado día 19 de noviembre, que han suscitado un importante debate. Me refiero concretamente a las manifestaciones en las que señalaba lo siguiente: Con carácter excepcional, por su carácter masivo o manifiestamente ilícito e inhumano, las Fuerzas Armadas podrían participar en la lucha contra las mafias que trafican con personas o se dedican al narcotráfico.
Son declaraciones con las que coincide plenamente nuestro grupo parlamentario, dado que las funciones del Ejército están claramente definidas, y su participación en este tipo de actuaciones únicamente puede ser concebida como un acto excepcional.
No obstante --y por eso planteamos esta pregunta--, nos interesaría saber si existe un plan definido y que nos aporte los datos pertinentes y nos los transmita, teniendo en cuenta las necesarias reservas que se aplican en cualquier información sensible que afecte a su departamento.
Como usted sabe, el fenómeno de la inmigración irregular es uno de los asuntos que más preocupa a los canarios, y probablemente también a los españoles, y cualquier alternativa que se plantee, sobre todo si su autor es un representante del Gobierno, genera automáticamente un debate en la sociedad y en los medios de comunicación.
Los grupos organizados que trafican con personas y estupefacientes son los principales responsables de la masiva llegada de inmigrantes irregulares a nuestras costas, lucrándose a costa de la desesperación de muchas personas que huyen de la miseria en busca de una vida mejor en Europa.
Estos grupos, ante la permeabilidad de las fronteras en Canarias, han ido incrementando su número en las islas, motivo por el que las Fuerzas de Seguridad del Estado se han visto desbordadas para frenar un fenómeno que, en ocasiones, ha adquirido la categoría de masivo.
Por todo ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Ha diseñado el Gobierno un plan de actuación para que las Fuerzas Armadas, con carácter extraordinario, cooperen con las Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra los grupos organizados que trafican con personas y estupefacientes? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Díaz, gracias por su pregunta porque me permite explayar lo que en efecto quedó apuntado en aquellas declaraciones en mi reciente visita a Tenerife. Insisto en que no es una competencia directa de las Fuerzas Armadas. Sólo ante situaciones extraordinarias y de emergencia, como ha recordado su señoría --y se lo agradezco--, actuarían las Fuerzas Armadas en función complementaria de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Administración civil. Esto forma parte de todo lo que se denominan nuevas misiones, misiones complementarias de las Fuerzas Armadas, que se derivan de la revisión estratégica de la defensa, que concluimos ahora hace un año y que, además, suscribimos en sede parlamentaria con el grupo de su señoría, el Grupo Parlamentario Socialista y los grupos nacionalistas del Congreso de los Diputados. Pues bien, esas misiones complementarias son las que nos han llevado, por ejemplo, a reparar los efectos del vertido de chapapote en las playas de Galicia, con más de 30.000

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efectivos o, en ocasiones, como puede apreciarse en la información que suministra el Gobierno, contribuir con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Poder Judicial a la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ayudamos a estas Fuerzas de Seguridad, al Poder Judicial, a la Administración civil a luchar contra la organización de mafias que llevan hasta esos extremos el tráfico de seres humanos, el tráfico absolutamente inhumano de personas? A través del capítulo II del Plan de Actuación ante la Inmigración Masiva, conocido por las siglas PAIM, está previsto que las Fuerzas Armadas complementen la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿En qué ámbitos? En dos, señoría. En primer lugar, con la detección, seguimiento y control de grupos masivos de extranjeros no autorizados a bordo de buques en aguas internacionales en curso hacia España, y ahí han colaborado ya, y lo han hecho en ocasiones con eficacia por todos reconocida, tanto la Armada como el Ejército del Aire y lo seguirán haciendo cuando sea necesario. En segundo lugar, a través del plan elaborado por Protección Civil para la asistencia humanitaria y acogida temporal de inmigrantes, a través del cual se han puesto centros, antiguos acuartelamientos, a disposición de la Secretaría de Estado de Inmigración, del propio Ministerio del Interior, para que se puedan producir ese tipo de acogidas que son especialmente necesarias en el caso de acometidas masivas. Puedo ponerle un ejemplo de esa excelente colaboración de la Armada y del Ejército del Aire con la Guardia Civil principalmente y con el Ministerio del Interior cuando, el pasado mes de mayo, se desarrolló la llamada Operación Ulises en aguas del archipiélago canario.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En el turno de réplica, tiene la palabra el senador Rodríguez Díaz.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señor presidente.
En este caso no es un turno de réplica, por supuesto, sino de agradecimiento por la información que nos suministra. Reconocemos el valor y además esas situaciones, algunas de las cuales usted ha detallado, en que las Fuerzas Armadas actúan de forma complementaria con los organismos de que se dota el Estado, en muchos casos dependientes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para luchar contra determinadas actuaciones.
Le agradezco también la claridad con que ha suministrado esa información, que a nosotros, en general a todos los canarios, nos ayuda a tranquilizarnos ante situaciones que muchas veces crean alarma social, y creo que siempre que sea posible, como usted ha hecho hoy en esta Cámara --no siempre lo es por las características en muchas ocasiones sensibles o delicadas de esta información-- viene muy bien que los ciudadanos puedan manejar esa información para que les ayude a aumentar la confianza que tienen en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo mismo que la tienen en su Ejército.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias.
Tampoco es un turno de dúplica. Intervengo sencillamente para ratificar que en la revisión estratégica se ha previsto cuáles son los intereses nacionales que están en peligro por nuevas amenazas. El terrorismo, por supuesto, es la principal amenaza pero, además, hay nuevos fenómenos como el crimen organizado, el tráfico de drogas y, en general, la delincuencia transnacional. Antes estos eran ámbitos reservados al Ministerio del Interior, entendido en un sentido vertical. He tenido muchas oportunidades de comentar con el ministro del Interior, aquí presente, cómo estos nuevos retos obligan a tener una concepción más horizontal de la defensa, de la seguridad, de los intereses y de las libertades de los ciudadanos y, en consecuencia, a una acción complementaria de las capacidades del Estado, sin que se produzca una invasión o un solape de competencias. Esa es la razón por la que, en el documento anejo a la revisión estratégica que tendré el gusto de enviar a sus señorías y que agradeceré que se difunda, se prevé exactamente ese capítulo y se enmarcan y se complementan las capacidades de las Fuerzas Armadas como la tercera gran misión de éstas, además de la tradicional defensa nacional y de la no menos nueva de colaboración para el mantenimiento del orden internacional en las misiones de tal carácter.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON VENANCIO ACOSTA PADRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO DE INSTALACION DE UN RADAR EN MALPASO, EN LA ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE), TRAS LAS REUNIONES MANTENIDAS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA CON LOS REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA ISLA, PRINCIPALMENTE EL CABILDO INSULAR, EN LAS QUE SE LE HA EXPRESADO SU RECHAZO A ESTA INICIATIVA (680/001428).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Venancio Acosta Padrón, que formula don José Mendoza Cabrera, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fase en que se encuentra el proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), tras las reuniones mantenidas por el Ministerio de Defensa con los representantes de las instituciones públicas de la isla, principalmente el Cabildo Insular, en las que se ha expresado su rechazo a esta iniciativa.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


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El señor MENDOZA CABRERA: Gracias, señor presidente.
Sabemos que desde hace tiempo es una preocupación del Ministerio de Defensa la zona de sombra que se proyecta entre el sur de Tenerife y la isla de El Hierro, con una cierta delicadeza para la seguridad en la navegación aérea. La salida que el Ministerio de Defensa ha manifestado hasta ahora ha sido la colocación de un radar en la isla de El Hierro.
Inicialmente se pensó en la zona concreta de Malpaso, que es una zona protegida, con protestas de la población insular. Como sabemos que la necesidad sigue existiendo, queremos conocer por boca del señor ministro si las conversaciones con las autoridades insulares han permitido avanzar en la solución del problema.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias.
Señoría, si hubiera de ser lacónico, como acostumbramos a ser en el primer lance del turno de preguntas orales, le diría sencillamente que no. Y si hubiera de ser dramático, le diría que, lamentablemente, no.
Pero no sería justo. Se ha abierto una vía de diálogo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación, y también con el presidente del Cabildo, lo que pasa es que esa vía no se usa desde hace un año, ni en un sentido ni en otro.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Lamentamos que esa vía no esté dando frutos porque, sinceramente, los que somos conscientes de la dificultad estamos preocupados por que se encuentre una solución. Desde luego cuente con la colaboración de nuestro grupo en la medida en que podamos hacer de intermediarios para ver la forma de buscar una salida definitiva a un problema que sabemos que preocupa no sólo al Ministerio de Defensa sino, por supuesto, a los canarios.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor presidente.
Señoría, agradezco su expresión pública de preocupación, porque este es el tema capital. Para conocimiento de la cámara, que sin duda ya en alguna otra ocasión ha tenido oportunidad de oír hablar del asunto de Malpaso, se trata de una necesidad de la aviación no sólo militar sino también, y principalmente si se quiere, civil, por cuanto se produce una zona de sombra o un foco sin cobertura causado por la isla de Tenerife y sobre todo por el efecto pantalla que hace el Teide, dejando una zona, la suroccidental del archipiélago, sin cobertura de control en tráfico aéreo, lo cual, como pueden imaginar, perjudica, en primer lugar, los intereses de los propios canarios; en segundo lugar, los intereses y la seguridad de quienes los visitan con tanta frecuencia, y más que lo hicieran; y, en tercer lugar, la seguridad de todos ellos después de determinadas formas de manifestación del terrorismo internacional, por poner sólo un ejemplo que sin duda está muy lejano, no ya de la realidad sino del deseo de cualquiera que piense sobre las Canarias, pero que no deja de ser una realidad. De ahí que tengamos el máximo interés en que se cubra esa zona. Se pensó en el pico del Malpaso, pero colisionó con un interés entre medioambiental y tradicional, una romería que cruza por el paso cada tres años, donde han de ir los camiones a poner el radar. Sobre eso creo que se llegó a un punto de desencuentro en abril de 2001, con la visita del secretario de Estado de Defensa. Se volvió a producir un encuentro con el presidente del Cabildo, en octubre de 2001, y en marzo de 2002 se alcanzó ya un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que se formara un grupo de trabajo con el Ejército del Aire, el Gobierno canario y las autoridades de Aviación Civil. En julio de 2002, el secretario de Estado reiteró la petición para que, por el Gobierno canario, se designaran los expertos que debían constituir el grupo de trabajo, y esta es la fecha en la que todavía no se ha hecho. Comprendo que eso, sin duda, obedecerá a razones de dinámica política propia de los últimos meses, pero aprovecho la ocasión para estimular el celo de su grupo parlamentario y de los demás grupos con representación del pueblo canario para que, a su vez, animen al Gobierno de Canarias a que cubra esos puestos de expertos y podamos llegar a una pronta solución que satisfaga el interés general.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR QUE EN EL TEMARIO DE LA ASIGNATURA COMUN DE BACHILLERATO RELATIVA A HISTORIA DE LA FILOSOFIA Y DE LA CIENCIA SE INCLUYAN TEMAS DE HISTORIA DE LA CIENCIA (680/001418).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno para garantizar que en el temario de la asignatura común de Bachillerato relativa a Historia de la Filsofía y de la Ciencia se incluyan temas de Historia de la Ciencia.
Tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.


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Señora ministra, la cuestión es muy sencilla. Gracias a una enmienda presentada en el senado se transformó la asignatura Historia de la Filosofía en Historia de la Filosofía y de la Ciencia en la Ley de Calidad. Sin embargo, de manera sorprendente en los currículum de enseñanzas comunes que el ministerio aprobó a través del Real Decreto del mes de julio del presente año, solamente hay materias relativas a Filosofía, y no sobre Ciencia.
Es sorprendente y por eso preguntamos cómo va a garantizar el ministerio que se cumpla la Ley, es decir, que figure Historia de la Filosofía, evidentemente, pero también de la Ciencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, el currículum de Historia de la Filosofía y de la Ciencia añade este último concepto --y de la Ciencia-- para subrayar algo que ya se tiene que contemplar en un currículum de Historia de la Filosofía, es decir, la importancia de la reflexión sobre la evolución de la Ciencia en la dimensión científica a lo largo de la historia de la Humanidad. Pero es impensable concebir que un currículum que desarrolle esos estudios de Historia de la Filosofía no contemple las reflexiones que los pensadores, los filósofos han hecho a lo largo de la historia sobre la Ciencia, por lo que esta denominación de Ciencia que se añade al concepto de Filosofía en esta asignatura de Historia de la Filosofía, que, como sabe, se ha reforzado en nuestros estudios de Enseñanza Secundaria en relación a lo que había, viene a reforzar esa necesidad y no es concebible que no haya una dedicación a estudiar lo que los filósofos han desarrollado acerca de la propia evolución y significado de la Ciencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora ministra.
Sus razones no son nada convincentes, lo siento, porque lo que nos interesa no es solo la opinión de los filósofos sobre la Ciencia, sino también lo que han hecho los propios científicos. Y en ese sentido su respuesta es decepcionante.
Les ruego que reflexionen sobre esta cuestión e incluyan actuaciones de los propios científicos, no sólo la opinión de los filósofos sobre la Ciencia, que, evidentemente, son muy respetables.
En cierta manera, dejan el camino a las autonomías para que incluyan en sus asignaturas no comunes Historia de la Ciencia, pero creo que el ministerio hace aquí una dimisión de su obligación a la hora de cumplir con el mandato de esta Ley, porque en ella figura este concepto de Historia de la Ciencia. Y es grave que no incluyan nada entre las asignaturas comunes sobre la aportación de nuestros científicos, lo que hizo Faraday, lo que hizo Marie Curie, etcétera. Y ésas son aportaciones de los científicos, no de los filósofos.
Hace poco, el académico Sánchez Ron ha escrito un texto muy interesante, en el que dice --leo textualmente--: «El conocimiento científico no se encuentra lo suficientemente afincado en la sociedad, que está formada en su inmensa mayoría por legos en Ciencia. Que la ignorancia científica sea la norma y no la excepción en el mundo contemporáneo constituye una tragedia cuyas implicaciones futuras ignoramos pero que ciertamente no favorecen que prospere uno de los mayores, si no el mayor logro y valor humano: la libertad.» En definitiva, la enseñanza de las ciencias se está empobreciendo en España y, por tanto, que esta aportación para ayudar a mejorar la situación no se haya contemplado en los programas resulta decepcionante.
Es un fraude parlamentario, es un fiasco para la ciencia, pero, sobre todo, es un error.
Por eso, insisto, exhorto al ministerio a que rectifique y garantice unos mínimos de contenidos relativos a los propios científicos en la asignatura de Historia de la Ciencia para toda España.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, en la introducción a la asignatura que recoge el Real Decreto que regula esta materia se dice, entre otras cosas, que es preciso hacer una sistematización adecuada que ponga de manifiesto la relación que existe entre la Ciencia y la Filosofía, así como una atención especial a aquellos científicos que hayan tenido relevancia en la historia de las ideas, por ejemplo, pero es que además su señoría olvida que hay asignaturas de Ciencias, es decir, Física, Química, Biología, Geología, ámbitos donde se estudian las aportaciones y los descubrimientos que han hecho los científicos.
Además, hay un tercer elemento que es muy interesante, señoría. De acuerdo con la distribución competencial que hay en esta materia, concretamente la Comunidad Autónoma de Cataluña dispone de un 45 por ciento del tiempo y del espacio para desarrollar las distintas materias.
Naturalmente, hay que pensar que van a desarrollar y completar esa materia, no que van a utilizar ese tiempo para dedicarlo a otras.
Y si usted considera que eso no es posible, como ya le decía el otro día con ocasión del debate de una interpelación a propósito de otra materia, estaríamos encantados de disponer del cien por cien de la carga horaria a distribuir y del cien por cien de los contenidos del currículum para que

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pudiéramos desarrollar por completo todos y cada uno de los distintos aspectos.
Por tanto, le animo a que, en la próxima administración educativa, el consejero de la comunidad autónoma a la que usted pertenece complete al máximo en la línea de lo que usted expresa ese 45 por ciento del que dispone, es decir, casi la mitad del tiempo relativo a esta asignatura. Y si no, aquí estamos. Con mucho gusto, podríamos hacerlo al cien por cien.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DOÑA MARIA TERESA NOVILLO MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA EUROPEA SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y TECNOLOGICAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION QUE HA ORGANIZADO EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (680/001431).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María Teresa Novillo Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones de la conferencia europea sobre necesidades educativas especiales y tecnológicas de la información y la comunicación que ha organizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Tiene la palabra la senadora Novillo.


La señora NOVILLO MORENO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, las nuevas tecnologías se están convirtiendo en un instrumento básico para la enseñanza y el aprendizaje en cualquier nivel y en el caso de las personas con necesidades especiales su utilidad puede ser mayor si empleamos Internet, dada la posibilidad que puede ofrecer el acceso con mayor facilidad a las fuentes del conocimiento y de la información.
Además, hay que reseñar que las nuevas tecnologías pueden añadir valor a las experiencias educativas de los alumnos con necesidades educativas especiales. Es necesario descubrir el valor educativo de estas y adaptar sus contenidos a los objetivos de estudio previstos de manera individual.
Por este motivo, sabemos que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con el objetivo de afianzar el derecho a una educación de calidad, promueve acciones que hacen mejorar las posibles situaciones de desventaja en los procesos formativos de los alumnos en nuestro sistema educativo. Una de estas acciones ha sido la conferencia europea sobre la educación especial y las nuevas tecnologías, que se celebró el pasado mes de octubre, coincidiendo con las actividades que se están desarrollando respecto a la celebración del presente año europeo de las personas con discapacidad.
Es por esto por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido las conclusiones de la conferencia europea sobre necesidades educativas especiales y tecnologías de la información y de la comunicación, que ha organizado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, la conferencia que se ha celebrado los días 23 y 24 de octubre pasado y que ha estado organizada, como usted ha dicho, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en este caso en cooperación con la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, ha permitido que trabajasen juntos especialistas procedentes de muy diversos campos y, todos ellos, con un objetivo común: el empeño en conseguir un futuro mejor, en términos de formación, para los alumnos que tienen necesidades educativas especiales.
Señorías, en el transcurso de la conferencia se puso de manifiesto en qué medida está liderando este ámbito el Ministerio de Educación y la extraordinaria contribución que está haciendo a la consolidación de la red española de la agencia europea, ya que se ha potenciado de manera muy importante la colaboración entre diversas administraciones educativas de las comunidades autónomas. Las conclusiones más relevantes --porque obviamente no me puedo referir a todas ellas-- serían las siguientes: en primer lugar, es preciso promover la reflexión de expertos, en una perspectiva de futuro, con el fin de encontrar la respuesta más eficiente y adecuada a las necesidades educativas especiales que requieren este tipo de alumnos; en segundo lugar, este ámbito educativo presenta una cantidad de conocimientos cuya obsolescencia es cada vez más rápida, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar actualizándose continuamente y debe ser lo más individualizado posible; en tercer lugar, la respuesta adecuada a los alumnos con necesidades educativas especiales va indisolublemente unida porque les permite unos nuevos instrumentos para avanzar de manera más sólida y más rápida en el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación y, por último, la consecución de estas metas sólo será posible a través de la cooperación entre administraciones educativas, tanto españolas como europeas.
Finalmente, quiero destacar el papel de la red española de la agencia europea porque contribuye de manera decisiva a un aspecto importante en todos los ámbitos de la educación --y, también en éste--: la necesaria vertebración del sistema educativo en el ámbito de educación especial.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


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--DE DON JESUS MARIA LAGUNA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL BALANCE QUE HACE EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL REALIZADAS DURANTE ESTA LEGISLATURA (680/001432).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Jesús María Laguna, del Grupo Parlamentario Popular, sobre el balance que hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las actuaciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español realizadas durante esta legislatura.
Tiene la palabra el senador Laguna Peña.


El señor LAGUNA PEÑA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el final de legislatura parece el momento oportuno para repasar y hacer un examen global de las diferentes actuaciones del Ejecutivo.
Bien es verdad que la envergadura, el volumen e incluso la tipología de las obras de restauración y conservación del patrimonio histórico--artístico, en un país con una riqueza patrimonial como el nuestro, hace que un tiempo de cuatro años, la duración de una legislatura --y lo sé por experiencia propia--, sea demasiado corto. Sin embargo, con toda seguridad, un balance de actividades nos puede poner de manifiesto las múltiples actuaciones realizadas y concluidas, los proyectos comenzados que se culminarán en la legislatura próxima, así como el alto grado de coordinación y colaboración con las diferentes comunidades autónomas, y con instituciones civiles y eclesiásticas, de forma que no sólo quede justificada la fundación, hace 18 años, del Instituto del Patrimonio Histórico Español sino que se considere imprescindible como órgano de cohesión en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales.
Habría que resaltar que, además del Plan Nacional de Catedrales, del programa de arquitectura religiosa o de arquitectura militar, o de restauración de bienes muebles y de excavaciones arqueológicas, hay que destacar dos programas nuevos, puestos en marcha precisamente en esta legislatura: el Plan Nacional de Patrimonio Industrial y el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos.
Soy consciente de que la amplitud del abanico de actuaciones del Instituto del Patrimonio Histórico Español hubiera requerido la posibilidad de una respuesta más pormenorizada pero, aún así, no me resisto a solicitarle, señora ministra, que aunque sea telegráficamente y con cierta benevolencia del señor presidente, presente ante esta Cámara el balance de las actuaciones realizadas durante esta legislatura por el Instituto del Patrimonio Histórico Español.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señor presidente.
Señoría, voy a tratar de contestar telegráficamente, pero con el detenimiento adecuado y, si fuera posible, sin tener que recurrir a la benevolencia del señor presidente.
Desde mi punto de vista y en función de los datos empíricos de que dispongo, el balance es extraordinariamente positivo por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por el refuerzo presupuestario que hemos logrado. La atención preferente al patrimonio ha sido, sin duda, uno de los ejes fundamentales de nuestra política cultural; por ello, desde el año 2000, el Gobierno ha destinado más de 191 millones de euros a la conservación y restauración del patrimonio histórico español. Esta cuantía recoge las actuaciones directas del IPHE y los fondos derivados de la aplicación del convenio para la gestión conjunta del 1 por ciento cultural, del Ministerio de Fomento; inversiones, estas últimas, en las que el IPHE juega, como parece obvio suponer, un papel esencial y que hemos impulsado durante esta legislatura. Simultáneamente, el instituto ha incrementado las subvenciones públicas a las actuaciones de restauración y conservación llevadas a cabo por otras instituciones.
Desde el año 2000, estas cuantías han ascendido a más de 9,7 millones de euros.
En segundo lugar, señoría, tengo que decir que estamos especialmente orgullosos de la labor de planificación que ha desarrollado en estos cuatro años el IPHE. Así, este período ha supuesto el desarrollo de un plan que se ha ido madurando y consolidando, como es el caso del Plan Nacional de Catedrales, surgido en 1997, y al que hemos destinado 22,5 millones de euros, en el período 2000-2004, mediante intervenciones en casi 50 catedrales españolas.
Simultáneamente, el IPHE ha desarrollado una importante labor en la restauración y conservación de otro gran conjunto de bienes culturales del patrimonio histórico, como es el de la arquitectura militar; desde el año 2000, se han destinado a este fin más de 31 millones de euros.
Asimismo, en esta legislatura hemos diseñado dos nuevos planes: el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, cuyo objetivo es proteger este patrimonio tan amenazado, por ser tan reciente en términos históricos, y que constituye también nuestra memoria histórica más reciente; y, además, estamos trabajando en un plan nacional para atender otro de los patrimonios más novedosos y de difícil conservación, que necesita encontrar una gran sensibilización por parte de la sociedad, el de los paisajes culturales. Por último, también hemos sentado las bases para definir el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, al que usted se ha referido.
En definitiva, hemos desarrollado una apuesta muy firme, muy rigurosa y muy seria por la protección de patrimonios cuyos frutos son ya visibles y en los que contamos con el reconocimiento internacional, porque no debemos olvidar que España es el país del mundo con mayor número de bienes declarados Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO CONSIDERA OPORTUNO PONER EN MARCHA PARA CONTROLAR EN LO POSIBLE LAS AVALANCHAS DE NIÑOS Y JOVENES INMIGRANTES EN EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (680/001424).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Gobierno considera oportuno poner en marcha para controlar en lo posible las avalanchas de niños y jóvenes inmigrantes en el estrecho de Gibraltar.
Tiene la palabra el señor Carracao Gutiérrez.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señor presidente.
Doy por formulada la pregunta en los términos que su señoría ha expresado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias, señor presidente.
Señor senador, quiero empezar mi intervención colocando los calificativos en sus justos términos. El porcentaje de menores detenidos en el estrecho de Gibraltar, en lo que va de año, a fecha 24 de noviembre, es del 4,9 por ciento del total de los detenidos en esta zona, lo que supone un 1,7 por ciento de aumento con respecto al año pasado.
En cualquier caso, el Gobierno está afrontando este problema, que no deja de ser complejo, mediante un enfoque global, con la adopción de medidas que, esencialmente, tienen que pasar por el refuerzo de la cooperación con los países de origen; en nuestro caso, muy especialmente, con el Reino de Marruecos, en una doble vertiente: para evitar el tráfico con menores y, por lo tanto, su salida de los países de origen; y, en caso de que se haya producido, habrá de procederse a la readmisión, para que vuelvan a convivir con su familia, a la que nunca debieron dejar. Y todo ello, con el máximo respeto a los derechos del menor.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el señor Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Los menores extranjeros indocumentados crecen a un ritmo de mil al año.
Su señoría puede cuestionar la cifra, pero usted no dice de qué manera pretenden controlar esa inmigración. No cabe la menor duda, señor ministro, de que debe lucharse por cambiar las formas actuales de inmigración canalizadas por vías ilegales, pero aunque la lucha contra la entrada ilegal no pueda afrontarse sólo con medidas policiales, sino que exige también la apertura de cauces accesibles de entrada legal --por cierto, que ustedes han estado entreteniéndose muchísimo tiempo, por mal entendimiento con las autoridades del país vecino, Marruecos--, ha de haber también una actuación policial más eficaz contra quienes gestionan y hacen el gran negocio con la inmigración ilegal.
Los medios policiales y de coordinación intergubernamental son insuficientes y creo que denotan un fracaso del Gobierno y de sus ministros de Interior. Contésteme qué utilidad han tenido en la regulación del flujo de entrada o en la lucha contra la inmigración ilegal todas las medidas restrictivas que se han puesto en funcionamiento. Ninguna, señor ministro. Esa pretendida mano dura les puede reportar algún beneficio electoral a corto plazo, pero va a ser al precio de aumentar la xenofobia en nuestro país.
En su intervención anterior aprovechó su turno de dúplica para comentarme que yo pretendo utilizar esta cuestión como un arma arrojadiza. En absoluto, señor ministro, porque estamos hablando de seres humanos.
Aunque usted lo diga, señor ministro, usted no puede conocer mis intenciones de ninguna de las maneras, y le insisto en que no quiero que esto se convierta en un arma arrojadiza porque hablamos de seres humanos que pasan por situaciones vitales muy difíciles. Como intuyo que, igual que la vez anterior, usted se va a referir al acuerdo que firmamos sobre la reforma de la ley de extranjería, quiero decirle que una ley de extranjería adecuada es una condición necesaria. Creo que la hemos mejorado en su trámite parlamentario porque aceptaron 20 de nuestras 24 enmiendas, pero la ley no es suficiente para articular la política de inmigración que España necesita y, por tanto, ese acuerdo parcial no significa que vayamos a dejar de denunciar los fallos, señor ministro, ante lo que consideremos una gestión inapropiada ni que nos vayamos a corresponsabilizar con esos errores, señor ministro. El problema de la inmigración abarca mucho más, deben ustedes preocuparse de las políticas de integración, de cooperación al desarrollo. Eso sí que daría una mejor respuesta a ese fenómeno de la inmigración.
¿Ha actuado motu proprio el Fiscal General del Estado cuando ha ordenado a todos los fiscales que intenten frenar la avalancha de inmigrantes clandestinos menores de edad? Esas son sus palabras, las entrecomillo, y también entrecomillo: «para evitar la parálisis del sistema asistencial», así como: «el desbordamiento del sistema de protección». No, señor ministro, yo creo que lo ha hecho como proa del Gobierno en un tema en el que se debería ser especialmente sensible. El Gobierno no sólo ha desautorizado al señor Cardenal en esa instrucción dada con carácter general a los fiscales para que dictaminen el retorno del menor a su punto de origen a la mayor brevedad posible, sino que el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración la ha calificado de realmente oportuna y, señor ministro, yo tengo la firme convicción de que se están conculcando los derechos de los menores recogidos por Naciones Unidas y por la Carta Europea. Por tanto, señor ministro, dediquen de verdad recursos porque los extranjeros

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menores indocumentados crecen a un ritmo de mil al año, la mayoría procede de Marruecos donde las especiales circunstancias de ese país vecino les empujan a emigrar a edades cada vez más tempranas.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Yo no juzgo sus intenciones, lo que juzgo son sus palabras, y sus palabras en política de inmigración no sólo son incoherentes sino que son incompatibles entre los mismos razonamientos que hace dentro de una misma pregunta, no en dos días distintos, sino consecutivos, y además profundamente equivocada. Así que mal, señoría. (El señor Carracao Gutiérrez: Mal para usted.) Usted dice que no utilizamos la policía de manera eficaz y a continuación critica las medidas represivas y dice que lo que hay que utilizar es la integración. Usted critica que se incremente el número de menores al año y lo que propone es puertas abiertas y que el fiscal retire las medidas para devolver a los menores de manera eficaz y conforme al ordenamiento jurídico. (El señor Carracao Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) El señor PRESIDENTE: Silencio, señoría.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Ya conocemos la propuesta de su señoría. (El señor Carracao Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben.) Por favor, ¿puedo terminar?

El señor PRESIDENTE: Senador Carracao, le ruego silencio.
Continúe, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Gracias.
Le estoy diciendo, señoría, que ya conocemos cuál es su política, que usted ha defendido en esta Cámara varias veces: puertas abiertas, que vengan a Andalucía y a Canarias todos los que quieran, que nosotros tenemos recursos ilimitados, podemos dar trabajo a todos, podemos dar asistencia sanitaria a todos, podemos dar educación a todos (El señor Carracao Gutiérrez: Eso es mentira.) Esta ha sido la propuesta tradicional y que usted, en cuanto realiza sus dos primeras afirmaciones en la respuesta, vuelve exactamente a lo mismo (El señor Carracao Gutiérrez: Eso es demagogia pura.) Pues no, señoría, la política de inmigración tiene que ser controlada, tiene que ser ordenada en función de nuestro ordenamiento jurídico, de la propia protección de los menores y del resto de los inmigrantes. (El señor Carracao Gutiérrez: No son capaces de hacerlo.) Para ello tenemos que hacer una política generosa con la inmigración legal pero absolutamente firme con la inmigración ilegal, como estamos haciendo. Más de 500 organizaciones han sido detenidas en lo que va de año, por cierto, con una gran eficacia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que realizan un excelente trabajo que además hace muy mal su señoría en criticar.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


--DE DON JUAN PEDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNION EUROPEA CON RESPECTO A LA FRONTERA SUR EN EL AREA ATLANTICA (ISLAS CANARIAS) (680/001437).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Pedro Hernández Rodríguez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas adoptadas por el Reino de España y la Unión Europea con respecto a la frontera sur en el área atlántica (Islas Canarias).
Tiene la palabra el senador señor Hernández Rodríguez.


El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro. Las políticas llevadas a cabo por la Unión Europea en materia de inmigración, control de su frontera y lucha contra las mafias traficantes de seres humanos han sido un auténtico fracaso. Ejemplo claro lo tenemos en el Plan Ulises, con unos resultados negativos reconocidos por usted.
Tampoco consideramos, señor ministro, que se haya actuado con la contundencia necesaria ante este grave problema por parte de su ministerio y del Gobierno español. Por tanto, mi pregunta, señor ministro, es qué medidas piensan adoptar el Reino de España y la Unión Europea para controlar este grave problema de la inmigración respecto a la frontera sur en el área atlántica, islas Canarias.
Gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Me voy a referir a medidas concretas para no hacer calificaciones o descalificaciones genéricas que no nos llevan a ningún sitio ni benefician en nada a las Islas Canarias donde, por cierto, se está haciendo una magnífica gestión deteniendo a los inmigrantes ilegales para su devolución correcta, que ha mejorado en mucho la situación de las islas Canarias.
La Comisión Europea aprobó el pasado 11 de noviembre la creación de una Agencia Europea para el control de las fronteras exteriores, propuesta que próximamente conocerá

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el Consejo. Está prevista también la futura creación de dos centros de coordinación de fronteras marítimas, uno de los cuales probablemente tendrá su sede en España, y a los que les corresponderá el control de las aguas en el Mediterráneo occidental y en el Atlántico. Además, nuestro país ha liderado diversas opciones conjuntas del control de fronteras en el marco de la Unión Europea. Por poner sólo un ejemplo, quisiera mencionarle la operación Ulises, que ha sido bien valorada por el conjunto de la Unión Europea como un proyecto piloto que era, y por tanto cumplió los objetivos que perseguía.
Además, en nuestro ámbito estamos firmando convenios bilaterales en materia de readmisión; estamos haciendo un esfuerzo importantísimo de inversión para la protección de la frontera sur con la implantación del SIVE --Sistema Integral de Vigilancia Exterior--; la inversión para la Comunidad Autónoma de Canarias va a ser superior a 17 millones de euros y además estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en la apertura de nuevos centros de internamiento de extranjeros y en la mejora de los existentes.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
En turno de réplica, tiene la palabra el senador señor Hernández Rodríguez.


El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Permítame, señor ministro, que dudemos de todas estas medidas que usted nos plantea. Consideramos que se debe actuar con mucha más contundencia que ese control que pretende implantar la Unión Europea, pues no es la medida correcta. Discrepo con usted en que el Plan Ulises haya sido un éxito, porque ha habido incumplimientos constantes por parte de su ministerio, y se ha avanzado muy poco en este campo.
El otro día ya un periódico local titulaba que el SIVE no «sive», porque se vendió como la gran panacea, la gran solución para detectar la llegada de todas estas pateras, de todos estos inmigrantes, y vemos que no es así. La realidad nos lleva a que hace unos días nada menos que cuatro pateras consiguieron llegar a la costa de Fuerteventura sin ser localizadas, sin ser detenidas, y ése es un claro ejemplo de que las medidas que se han tomado, señor ministro, no son las correctas o al menos no están dando los resultados que todos deseábamos.
Se está repatriando a los inmigrantes que se consigue detener, en torno a cinco mil, que representan un 60 por ciento, pero el 40 por ciento restante, una vez terminado el período de detención, deambulan principalmente por las calles de Lanzarote y Fuerteventura y algunos de ellos incluso consiguen salir fuera de nuestras islas. Nuestra apreciación, señor ministro, es que por parte de este Gobierno no se defienden los intereses de los canarios, al menos no se buscan la soluciones a estos graves problemas, no se actúa con la fuerza, con la contundencia necesaria, y mi intención, señor ministro, sólo es transmitir una vez más la gran preocupación de todos los canarios para que se busquen soluciones urgentes y eficaces. Actualmente nuestra economía depende de un solo sector, el turismo, muy sensible a estos problemas; el sector pesquero ha muerto totalmente, y espero que en esta cumbre que se va a celebrar en los próximos días con Marruecos sea un asunto a tratar; la agricultura también está feneciendo: el plátano, el tomate precisamente por esos cupos que la Unión Europea ha aumentado a Marruecos--; la industria es testimonial; padecemos uno de los índices de mayor inseguridad de España; unas islas superpobladas; la lejanía al continente europeo... En definitiva, señor ministro, toda una serie de problemas que de verdad nos preocupan enormemente.
Espero, señor ministro, que de una vez por todas y por primera vez se actúe con fuerza, con firmeza ante la Unión Europea y con Marruecos en esta cumbre que se va a celebrar, para que las negociaciones obtengan el fruto necesario, que se tomen medidas urgentes y que se den verdaderas soluciones a los problemas. Ese es nuestro deseo, y espero, señor ministro, que así sea y que se obtengan grandes frutos de esas negociaciones.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, yo no comparto en absoluto el fondo de su intervención, además no tiene su señoría razón, y los canarios lo saben. Ese discurso catastrofista en todos los ámbitos de la economía: la agricultura, la seguridad, la inmigración en Canarias es lo peor de lo peor del mundo; no es verdad, señoría, porque no se corresponde con ninguno de los datos de desarrollo, de crecimiento, de turismo, que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, afortunadamente, porque aquellos que creemos en las posibilidades de Canarias y en sus oportunidades hemos hecho lo necesario para que durante estos años tenga un desarrollo extraordinario, un reconocimiento en la Unión Europea a sus especificidades, y todo ello está redundando en beneficio de los canarios y del resto de España. Así que, desde ese discurso catastrofista es muy difícil entrar a tratar cuestiones concretas.
Se refiere usted al SIVE, pero claro, el mensaje que usted da a los canarios lo hace desde el desconocimiento más profundo. ¡Si las instalaciones fijas del SIVE en Fuerteventura aún no están terminadas! ¿Cuál es su crítica? Usted dice: el SIVE ya no sirve. ¡Si todavía no está puesto en funcionamiento! ¿Cómo va a servir? Usted dice: es que están llegando las pateras a algunas zonas de Canarias. ¡Claro, donde no hay SIVE! Precisamente para eso está, para detener. Si ése es el mensaje que usted pretende transmitir a los canarios, desde la equivocación, desde la falsedad de los datos y desde la provocación de un sentimiento negativo respecto a sus propias oportunidades, créame, señoría, que se equivoca profundamente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada más y muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS ACCIONES QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA UNION EUROPEA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS AYUDAS A LAS DISTINTAS REGIONES, ESPECIALMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, QUE CUENTA CON LA CATEGORIA DE REGION INSULAR Y ULTRAPERIFERICA (680/001427).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las actuaciones que tiene previsto desarrollar el Gobierno en el marco de la Unión Europea, para garantizar la continuidad de las ayudas a las distintas regiones, especialmente en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con la categoría de región insular y ultraperiférica. La pregunta va a ser formulada por el senador Mendoza, que tiene la palabra.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señora ministra. Conscientes de que apenas quedan seis meses para la ampliación de la Unión Europea, política que por supuesto hemos respaldado y que consideramos beneficiosa para la Unión, por lo que significa de mejores oportunidades para el desarrollo de esos países así como para el conjunto de la Unión, no por ello debemos dejar de manifestar nuestra preocupación por el mantenimiento del programa mediante el que se pretende seguir atendiendo, con fondos europeos, en general a España, por supuesto, pero en particular a las regiones ultraperiféricas que, desde nuestro punto de vista, tienen unas dificultades estructurales que en cualquier caso no van a desparecer.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora minitra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Su señoría es consciente de la atención que el Gobierno ha prestado a esta cuestión, es decir, dar a la ultraperiferia un carácter permanente.
Hemos desarrollado gestiones conjuntas, porque también han participado su señoría, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, tanto en la próxima Constitución europea como en los primeros bocetos de lo que serán las perspectivas financieras.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Tiene la palabra, en turno de réplica, el senador Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, efectivamente en todo lo que ha dicho tiene razón; nuestra pregunta trataba de ver si había alguna concreción o algún adelanto de posibles conclusiones en esa línea de colaboración.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de dúplica, tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero reiterar que tenemos dos ámbitos de actuación claros. El primero es que en la Constitución se mantenga una base jurídica satisfactoria, que contemple la ultraperificidad como un elemento diferencial que justifique una excepcionalidad en el tratamiento de las regiones acogidas a este régimen. Evidentemente todavía no se ha terminado el proceso de la Constitución, pero lo que yo puedo decir es que vamos bien encauzados.
Espero que no tengamos ninguna sorpresa en este punto. Su señoría conoce muy bien los debates importantes que tuvimos cuando se intentó en la convención desconstitucionalizar este artículo y cómo defendimos, con fortuna, que se mantuviera en el proyecto de Constitución.
En el otro ámbito le puedo decir que en estos momentos estamos desarrollando una actividad intensa con la Comisión Europea, y en particular con el comisario Barnier, de la que tanto su señoría como desde luego el Gobierno de Canarias están puntualmente informados. El objetivo es que en las próximas perspectivas financieras se consolide un régimen específico permanente, basado en la ultraperificidad, que no esté vinculado a la renta; es decir, que se contemplen exclusivamente por las dificultades que significa el alejamiento y la insularidad unas excepcionalidades a las políticas generales. Esperamos que esto represente el mantenimiento de una situación equivalente a la que en estos momentos goza Canarias, pero que goza de ellas por ser región Objetivo 1 más que por la ultraperificidad. Asimismo, estamos insistiendo mucho en que se establezca un régimen excepcional en materia de ayudas de Estado que sea compatible con el mercado interior, pero que también se contemple en ellas una excepción.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


--DE DON GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CONCLUSIONES A LAS QUE HAN LLEGADO LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS RESPECTO DE LA RECONSTRUCCION DE IRAQ (680/001434).


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El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Gabriel Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones a las que ha llegado la Unión Europea y sus Estados miembros respecto a la reconstrucción de Iraq.
Tiene la palabra el senador Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿a qué conclusiones han llegado recientemente respecto a la reconstrucción de Iraq la Unión Europea y sus Estados miembros?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la Unión Europea ha recogido en las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales del pasado día 17, una filosofía que se venía perfilando desde hace tiempo, que es el apoyo pleno de la Unión Europea al proceso de reconstrucción de Iraq, al proceso de estabilización y de seguridad en Iraq, y una condena clara al terrorismo en Iraq.
Si me permite, voy a leerle el primer párrafo de esas conclusiones del Consejo. Se recoge, textualmente, que el Consejo expresa la solidaridad con Italia por el brutal ataque terrorista del día 12 contra sus fuerzas armadas; que condena, de nuevo y con la mayor firmeza, todos los ataques terroristas perpetrados contra civiles, personal humanitario, Naciones Unidas y fuerzas militares, y reitera la determinación de la Unión Europea para luchar contra el terrorismo. Me parece que es una conclusión de enorme importancia que se inscribe en la política de la Unión Europea.
Desde el punto de vista de España, es importante destacar la satisfacción del Consejo de la Unión respecto a la Conferencia de Donantes. Se congratula de los resultados, y felicita explícitamente al Gobierno de España por la organización, y creo que como españoles nos podemos sentir satisfechos.
Por supuesto, el meollo de estas conclusiones está en mostrar la satisfacción y apoyo al proceso de institucionalización de Iraq, proceso que ha sido propuesto por el Consejo de Gobierno iraquí y sus ministros, para ejercer plenamente la soberanía en un plazo breve.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
En turno de dúplica, tiene la palabra el senador Elorriaga Fernández.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Le agradezco mucho su información, señora ministra. Debemos felicitarla por los acuerdos de calendario alcanzados para el traspaso de la soberanía a los iraquíes y por el consenso existente entre las naciones de la Unión Europea en este proceso.
También le agradecemos la convicción, como ha recalcado en su repuesta, de que este proceso se desarrolle en un marco de seguridad, dado que es falsa cualquier antítesis, como a veces se presenta, entre libertad y seguridad. Sin seguridad no hay libertad real y la libertad de Iraq necesita firmeza en la lucha contra el terrorismo interior que allí se padece.
La felicitamos, asimismo, por el éxito de la Conferencia de Donantes celebrada en Madrid. Hay que comprender que esa reunión, a la que asistieron setenta Estados, fue una muestra del consenso internacional existente en relación con la política seguida por España en Iraq; Conferencia de Donantes que permitió al secretario general de las Naciones Unidas afirmar que vivimos un momento de esperanza para el pueblo iraquí.
Debemos reconocer que este espíritu de cooperación ha sido la base económica del consenso internacional para la reconstrucción de Iraq y que lo seguirá siendo, tanto en sus estructuras materiales como en sus instituciones políticas. En este sentido, el compromiso de España en este proceso es ejemplar, y así lo está reconociendo Europa y todo el mundo de la libertad frente a las opiniones ligeras que se produjeron en su día sobre las razones de la intervención de España en Iraq.
Muchas gracias, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Asuntos Exteriores.
La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Estoy totalmente de acuerdo, señoría, en que la progresiva transferencia de poderes a las autoridades iraquíes y la seguridad son los dos grandes ámbitos en los que hay que esforzarse, como estamos haciendo en Iraq; de hecho, han sido dos prioridades para España desde el comienzo de la reconstrucción.
Por otra parte, siguiendo con lo que dice su señoría, me parece legítimo constatar lo mucho que ya se ha logrado en Iraq. Ha vuelto la normalidad al sistema educativo en su conjunto, como demuestra el hecho de que estén funcionando 22 universidades, 43 institutos y escuelas y la inmensa mayoría de los colegios de primaria. Otro tanto ocurre con el sistema sanitario y la distribución de alimentos y medicamentos --de estos últimos se han distribuido hasta 12.000 toneladas-- empieza a alcanzar índices de eficacia.
Pero, sobre todo, se progresa --y esto es lo más importante-- en el campo de las libertades. No es sólo que no exista la sombra del tirano sanguinario, sino que las libertades se empiezan a ejercer como en nuestras democracias, desde los periódicos y los medios de comunicación permitiendo el intercambio de ideas. Esta es la esperanzadora realidad de Iraq, pese a las dificultades de seguridad que tenemos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


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-- DE DOÑA MARIA TERESA PASCUAL MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL RESULTADO MAS RELEVANTE DE LA XIII CUMBRE IBEROAMERICANA CELEBRADA EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA (BOLIVIA), DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE (680/001433).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la excelentísima señora doña María Teresa Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el resultado más relevante de la XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante los días 14 y 15 de noviembre.
Tiene la palabra la senadora Pascual Martínez.


La señora PASCUAL MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, hace exactamente dos semanas tuvimos el honor de contar con la presencia de la señora ministra, a petición propia, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para que informase sobre la XIII Cumbre Iberoamericana que se celebró los días 14 y 15 del presente mes en la ciudad boliviana de Santa Cruz y acogió a los jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países que integramos la Comunidad Iberoamericana de Naciones.
El desafío de las cumbres es demostrar que existen evidentes intenciones de cooperación para que se logren los acuerdos y programas de estas reuniones profundizando en los vínculos históricos y culturales que nos unen, con ánimo de diálogo y concertación política y sin dejar de respetar las identidades propias de cada país que la integramos.
El Gobierno de Bolivia, a pesar de los problemas que existieron hace un mes, continuó con el compromiso que asumió de celebrar la decimotercera cumbre en su país, lo que otorgó una señal de apoyo internacional a Bolivia.
Existe el respaldo del Gobierno español a la propuesta de reforma que supone elevar el rango y cambiar cualitativamente la actual Secretaría de Cooperación Iberoamericana, iniciativa que es un éxito de todos los países que integramos la Comunidad Iberoamericana de Naciones y una de las más importantes que se han realizado en los últimos años. Por cierto, la idea surgió de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Por todo esto, señora ministra, le pregunto: ¿Cuál ha sido el desarrollo y los aspectos más relevantes de la decimotercera cumbre celebrada en Santa Cruz, Bolivia? Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Asuntos Exteriores.


La señora MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES (Palacio Vallelersundi): Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero que podemos decir es que la cumbre de Santa Cruz de la Sierra ha respondido a las expectativas que todos habíamos albergado. A partir de la misma, la comunidad iberoamericana se dota de una Secretaría General con carácter permanente. Tendrá su pleno desarrollo en la próxima cumbre y es entonces cuando entrará en funcionamiento esa administración que permitirá llevar a cabo los proyectos políticos de envergadura en los que también se centra el informe Cardoso. Como decía su señoría, la cumbre celebrada en Santa Cruz de la Sierra tenía como objetivo dar ese salto cualitativo en el sistema de cumbres consolidándolo para el futuro, y ese aspecto se ha conseguido plenamente.
Otro importante logro de la cumbre de Santa Cruz de la Sierra que convine reseñar es el apoyo al presidente Mesa y al Gobierno boliviano. Este aspecto ya lo resalté en mi comparecencia, porque la celebración de la cumbre en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, superando una situación ciertamente difícil, tenía una enorme trascendencia.
Indudablemente, hay un elemento simbólico que no podemos olvidar, y es la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y su importante intervención en este encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, puesto que es la primera vez que el secretario general de las Naciones Unidas participa en una de estas cumbres.
Finalmente, cabe apuntar un hecho importante para España, y es que en las conclusiones de Santa Cruz de la Sierra se presta un apoyo claro a la candidatura de Zaragoza para celebrar en el año 2008 una exposición internacional en torno al agua, al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de los aspectos ecológicos. Además se firmó una importante declaración sobre el fortalecimiento de la cooperación judicial y de las instituciones democráticas en Iberoamérica.
Por último, en Santa Cruz de la Sierra se acordó que la decimoquinta cumbre se celebre en España para hacerla coincidir con el 30 aniversario de Su Majestad el rey Juan Carlos en el trono de España. Este es otro importante hito de la cumbre celebrada en Santa Cruz de la Sierra, que cumplió todas las expectativas e incluso las rebasó.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


-- DE DON JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS OBRAS DE REPARACION DE LA «ZONA HUMEDA» DE LA DEGOLLADA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CALAHORRA (LA RIOJA), TRAS HABERSE PRODUCIDO UN DETERIORO SIGNIFICATIVO INMEDIATAMENTE POSTERIOR A SU INAUGURACION (680/001420).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de reparación de la zona húmeda de La Degollada, en el término municipal de Calahorra (La Rioja), tras haberse producido un deterioro significativo inmediatamente posterior a su inauguración.
Tiene la palabra el senador señor Pérez Sáenz.


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El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, para algunos posiblemente la culpa de todo esto la tenga el nombre.
Hace un año aproximadamente se inauguró la zona húmeda de La Degollada.
El mismo día o el siguiente, no lo sé con exactitud, se deterioró la comunicación de las balsas que componen dicha zona. Las obras de reparación han comenzado hace unos diez meses, y al parecer el Ministerio de Medio Ambiente no tiene conocimiento de las mismas. Tampoco se ha llevado a cabo el estudio pertinente para la realización de esas obras de reparación. Hay que tener en cuenta --llama bastante la atención-- que éstas tienen una duración, que es lo único que puedo comprobar, mayor que las obras de ejecución del proyecto.
Por todo ello, le tengo que pedir explicaciones al respecto, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
Señoría, permítame que manifieste dos aclaraciones previas. La primera es que el proyecto original no fue inaugurado. Usted seguramente se refiere a una visita a la obra que realizó el secretario de Estado de Aguas y Costas hace ahora un año, el pasado 2 de diciembre de 2002, pero el proyecto no se inauguró. Y la segunda es que no se están acometiendo obras de reparación , sino de acondicionamiento y mejora.
Este proyecto de acondicionamiento y mejora de la zona húmeda de La Degollada --con ese nombre tan particular-- en Calahorra, La Rioja, fue aprobado técnicamente por el ministerio el pasado 31 de octubre de 2003.
Estas obras permitirán culminar debidamente un proyecto ambicioso para La Rioja y para la depresión central del valle del Ebro, por su importancia social, económica y medioambiental.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En turno de réplica tiene la palabra el senador señor Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, muchas gracias. Como usted comprenderá, hay algunas puntualizaciones que, si me permite, a su vez, voy a puntualizar. El hecho de que las obras se hayan o no inaugurado lo ha dicho previamente el Ministerio de Medio Ambiente. No es la primera vez que me preocupo por esta zona húmeda. El ministerio, al inicio de su respuesta, da por hecho que en diciembre de 2002 quedaron inauguradas las obras. Y puede estar segura de que en todas las declaraciones se dieron por finalizadas. Ahora afirma que las obras de reparación son de adaptación. Pues bien, llámelo como quiera, pero lo cierto es que existía un proyecto, que se ejecutó y que una vez finalizadas las obras se deterioraron, y ahí tiene que haber una responsabilidad, señora ministra.
Usted ha afirmado --a ver si también me tiene que puntualizar-- que el estudio de esas obras de adaptación o reparación, o como usted quiera denominarlo, se aprobó en octubre del presente 2003, es decir, prácticamente hace dos meses.
¿Cómo se puede aprobar el estudio de esas obras de adaptación o reparación en octubre de 2003 si se están ejecutando desde febrero de este año? Me gustaría que me diera una explicación, porque el Ministerio de Medio Ambiente ha contestado a este senador que no sabía en qué iban a consistir las obras de adaptación o reparación porque los estudios se estaban realizando, pero mientras las obras se estaban ejecutando meses antes. Por tanto, el ministerio desconoce quién está ejecutando las obras, en qué consisten y, en cualquier caso, han comenzado sin un estudio previo.
Señora ministra, se han estropeado una vez, y es posible que sin el estudio previo se puedan deteriorar de nuevo, una vez que se finalicen o inauguren.
Por consiguiente, le pido más explicaciones al respecto y, sobre todo, responsabilidades, ¿o es que me está diciendo que el coste de la obra es el mismo? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de dúplica tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
Señoría, en relación con estas actuaciones, los técnicos del departamento decidieron vaciar las lagunas al detectar la posibilidad de fugas en el sistema de las cinco lagunas que formaban el humedal de La Degollada, y por ello se empezó a trabajar para poner en marcha una serie de soluciones técnicas que garantizaran el buen funcionamiento del sistema; proyecto que, por otra parte, era ambicioso y pretendía, trabajando con actuaciones sobre el agua, crear ese humedal y esa importantísima reserva, que lo será, medioambiental.
En la situación de analizar técnicamente, como usted ha dicho, la solución de las lagunas, se produjeron las intensas lluvias al inicio de la primavera pasada que afectaron a los barrancos laterales que conducen las aguas al Ebro y, entre ellos, a los barrancos de La Degollada, donde se empezó a trabajar como obras de emergencia. Por eso señala usted que se están llevando a cabo actuaciones con independencia de ese proyecto de adecuación y mejora que, después de los estudios técnicos realizados, podremos comenzar después de la aprobación del proyecto en octubre de 2003.
La actuación de acondicionamiento y mejora incluye la construcción de una senda peatonal de acceso a la zona de las lagunas --que no estaba--, con observatorio de aves y paneles informativos. Es decir, aprovechando esta actuación se facilita el tránsito del público y, por tanto, del turismo sostenible en La Rioja. Asimismo, se generará riqueza ambiental en torno al humedal y una vez finalizadas

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las obras, como se pretende, La Degollada se convertirá en un hábitat natural para diversas especies de aves, anfibios y reptiles.
Estamos ante unos trabajos que, como usted ha dicho y estoy de acuerdo, hay que llevar a cabo y finalizarlos técnicamente bien, y que son necesarios para el funcionamiento, duración y creación de una zona húmeda, y hay que tener en cuenta que no es fácil crear zonas húmedas de nuevo en ese paraje de La Rioja.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
--DE DON DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO PRESENTAR EL PROYECTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE TRAMO DE LA LINEA FERREA DE ALTA VELOCIDAD ENTRE MURCIA Y ALMERIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE (680/001423).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor don Diego Miguel Asensio Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene previsto presentar el proyecto de impacto ambiental del tramo de la línea férrea de alta velocidad entre Murcia y Almería durante el mes de noviembre.
Tiene la palabra el senador Asensio Martínez.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, cuando Almería fue designada sede de los Juegos Mediterráneos del año 2005, el Gobierno prometió a los almerienses que dispondrían del AVE para esa fecha. Todos los responsables del Partido Popular que han pasado por Almería hasta hoy, desde el ministro de Fomento al de Economía o el mismísimo presidente del Gobierno dijeron que estaría para el año 2005. Después de esperar un año para que se aprobara el estudio informativo del tramo entre Murcia y Almería, en octubre del 2002 el Ministerio de Fomento envió el proyecto definitivo del trazado al Ministerio de Medio Ambiente para que emitiera la pertinente declaración de impacto ambiental.
Señora ministra, en su visita a Almería usted nos dijo que se aprobaría durante el verano. Estamos a un paso de acabar el año. Por eso le pregunto si tiene previsto dar a conocer el estudio y su aprobación antes de que finalice este mes de noviembre.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, la Dirección General de Ferrocarriles remitió en octubre del 2002 al Ministerio de Medio Ambiente el expediente completo, el llamado estudio informativo del proyecto corredor mediterráneo alta velocidad, tramo Murcia-Almería, aproximadamente 180 kilómetros de corredor, para la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental.
En el proceso de estudio se han ido intercambiando informaciones entre el ministerio y completando ese trabajo de informe ambiental, y en especial hemos tenido que solicitar información adicional relativa a la posible afección a lugares de importancia comunitaria a vertederos y a pasos de fauna. En este momento está muy adelantada la formulación definitiva de la declaración, que se realizará según el procedimiento establecido.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador señor Asensio Martínez.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, no me ha respondido a la pregunta. No obstante, le recuerdo que fue usted misma el pasado 17 de mayo, en Almería, quien aseguró que el estudio estaría aprobado en verano. Aproveche usted el sol de Almería, que pasa en nuestra tierra el invierno, pero no se aproveche de eso para alargar las estaciones, ya que estamos a menos de un mes de Nochebuena y, por lo tanto, se ha acabado el verano. Como usted sabe, se trata de unos 85 trámites administrativos que debe pasar el proyecto.
Para sorpresa e indignación de todos, llevamos esperando ya un año esa declaración de impacto ambiental; es el tiempo más largo nunca visto para efectuar un trámite administrativo de este tipo, que debería haberse resuelto en cuestión de semanas o, como mucho, de dos o tres meses.
Nuestros temores en torno a la fecha definitiva de llegada del AVE a Almería tienen fundadas razones, y es que la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes y Energía, la señora De Palacio, ha confirmado que el AVE Madrid--Valencia va a estar previsiblemente para el año 2007. Esto quiere decir que el AVE no va a llegar a Almería ni en 2005 ni en 2007, como nos vienen prometiendo, sino bastante más tarde. No olvidemos que la redacción de los proyectos puede llevarse otros dos años, con lo que estaríamos en el año 2005; la licitación, expropiación de suelo y adjudicación de obras, un año más --estaríamos en 2006--, y las obras de ejecución tardarán, como poco, entre dos y cuatro años. Es decir, que aun cumpliendo rigurosamente fechas y plazos, el AVE podría estar en el año 2010, más o menos, cinco años después de 2005.
Su Gobierno, señora ministra, ha jugado con la legítima ilusión y las aspiraciones de los almerienses sobre el AVE y ha vuelto a faltar a la verdad a los ciudadanos de Almería. ¿Por qué el estudio de impacto ambiental del AVE Córdoba--Málaga se hizo en tres días? Señora ministra, ¿hasta cuándo van a seguir abusando de la paciencia de los almerienses? Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente.


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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Rodríguez Herrer): Gracias, señor presidente.
Señoría, yo no soy consciente de que cuando estuve en Almería dijera que esta declaración de impacto ambiental se iba a hacer en el verano; ya sé que en Almería hace siempre sol y que gozan de un clima privilegiado, pero todavía sé determinar y discriminar cuáles son las estaciones--.
Puedo asegurarle que en las próximas semanas se publicará la declaración de impacto ambiental, antes de finalizar el año, como hemos informado a su grupo parlamentario en múltiples ocasiones.
Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente --que es a quien se lo está preguntando-- actúa en este caso como en todos --yo no sé lo que ocurrió en el que me señalaba antes--: en cumplimiento del principio de prevención para conservar las características de la zona desde un punto de vista ambiental, evitar procesos de contaminación y reducir los impactos negativos.
La declaración --y se lo puedo adelantar-- indicará las medidas que deben adoptarse para proteger los suelos, la vegetación, el sistema hidrológico y la fauna del entorno de la nueva infraestructura y proponemos medidas para minimizar el efecto barrera. Aconseja, asimismo, la adopción de medidas para evitar las molestias sobre las zonas urbanas ocasionadas por el polvo y el ruido provocados por las obras y, en coordinación con las autoridades autonómicas competentes, elaborar medidas de protección del patrimonio cultural.
Le puedo adelantar, además, que estimamos que deben realizarse ajustes de trazado para mejorar la integración de la infraestructura en el territorio: medidas tendentes a reducir las afecciones sobre los lugares de importancia comunitaria denominados Sierra del Alto Almagro, Río Antas, Sierra de Cabrera-Vedar y Ramblas del Gergal, Tabernas y sur de la Sierra Alamilla; un proyecto de desmantelamiento de las vías de la línea actual que quedan fuera de servicio; medidas específicas para evitar la afección a los cursos de agua atravesados; medidas de protección de los núcleos urbanos más próximos a la nueva infraestructura; medidas para proteger la red de vías pecuarias y medidas tendentes a reducir la afección sobre los cultivos intensivos bajo plástico, es decir, una multiplicidad de medidas que han hecho que la confección de esta declaración de impacto ambiental --como todas-- no sea específicamente sencilla, pero al listárselas, de alguna manera le demuestro que estamos muy a punto de poderlas ver en el boletín oficial.
Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES:

--DE DON LUIS ANGEL LAGO LAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION ACTUAL DE LA CRISIS ORIGINADA EN TORNO AL ACCIDENTE Y HUNDIMIENTO DEL BUQUE PETROLERO «PRESTIGE» (670/000223).
El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Luis Angel Lago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación actual de la crisis originada en torno al accidente y hundimiento del buque petrolero «Prestige».
Quiero dar las gracias al señor vicepresidente segundo por el esfuerzo de estar en el Pleno de hoy, a pesar las dificultades que le han surgido esta mañana.
Tiene la palabra el senador señor Lago Lage.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, también le doy las gracias a usted porque sé que ha hecho esfuerzos para cumplir el horario. En cualquier caso, sabe que estamos acostumbrados y que se podría haber celebrado en otro momento.
Señorías, el 13 de noviembre de 2002 --como ustedes bien saben-- el petrolero «Prestige», con 77.000 toneladas de fuel, sufrió un accidente a 30 millas de la costa gallega. Ante este primer revés marítimo medioambiental operaron con claridad y crudeza las incapacidades de los Gobiernos español y gallego; pusieron además en evidencia las grandes carencias de nuestro sistema de seguridad marítima, salvamento y lucha contra la contaminación. El propio defensor del pueblo, en un reciente informe, critica duramente la gestión realizada por el Gobierno en esta crisis. A lo largo de seis días asistimos a la más esperpéntica de las operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación de que se tienen noticia en el mundo del mar y que convierten un accidente marítimo en un desastre de terribles consecuencias de orden social, económico y medioambiental.
El 19 de noviembre el buque se parte en dos, se hunde a 130 millas de la costa gallega, a 3.800 metros de profundidad, con una carga de 37.000 toneladas de fuel, según las estimaciones del Gobierno en boca de su anterior vicepresidente, señor Rajoy, cantidad que al día de hoy, por obra y gracia del Gobierno, ha pasado a ser 13.800 toneladas en palabras del mismo vicepresidente, señor Rajoy. Estamos una vez más ante el baile de cifras interesado por parte del Gobierno. Falta saber si para intentar minimizar el impacto real del vertido en aquellos momentos --de lo que soy partidario--, que fueron más de 63.000 toneladas, ustedes pretenden ahora --como dicen algunos, no me lo creo-- abandonar en el pecio hundido casi 24.000 toneladas para reducir costes y trabajos.
Tras esta corrección del Gobierno podemos saber: que el fuel vertido en estos momentos, según cifras oficiales, es de 63.000 toneladas; que contaminó 2.500 kilómetros de costa, más de 700 playas; que durante meses afectó a la actividad pesquera de miles de trabajadores y que perjudicó indirectamente a otros muchos miles en sus economías y, sobre todo, que dio lugar a una gravísima contaminación no sólo por la cantidad vertida, también por la propia sensibilidad de la costa afectada, por la persistencia de corrientes y vientos hacia la costa y por las características del fuel, muy pesado y viscoso, con altas tasas de azufre y con componentes de muy lenta degradación y altos valores tóxicos.


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Existe en la conciencia ciudadana la necesidad imperiosa de conocer la verdad y analizar lo que sucedió. La descoordinación, el caos técnico y político son causa de que todavía hoy no hayamos recibido una explicación convincente de por qué el «Prestige» hace un año emprendió ese viaje enloquecido durante seis días, sin rumbo definido, a lo largo de 437 kilómetros, sembrando una extensa mancha de fuel --para algunos, hilillos-- que acabaría envenenando todo el litoral gallego, así como las costas de Francia, Portugal, Asturias, Cantabria y Euskadi. Por cierto, no tienen ningún desperdicio recientes declaraciones del «Conselleiro» de Pesca, de su partido también --supongo hechas desde el máximo rigor y responsabilidad que exige el cargo--, al decir que el vertido por lo menos les ha tocado un poco a todos. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Conocer la verdad y analizar lo sucedido en esta crisis nos lleva a la conclusión de que fue una decisión equivocada, precipitada y criticable, que no tuvo en cuenta el saber profesional y científico del que se disponía y se había acumulado en nuestro país. Por eso científicos profesionales y técnicos... (El señor Martínez Oblanca: ¿A qué puerto, a qué puerto?) Después se lo diré, no se preocupe que después se lo diré, porque lo han dicho muchos científicos y muchos profesionales, no yo que no soy experto en eso. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Científicos profesionales y técnicos tienen manifestado su desacuerdo y dicen: El desplazamiento en dirección oeste y luego hacia el sur del buque ha sido la gran responsable de la extensión y magnitud de la marea negra.
Lo que más alarma a la ciudadanía en estos momentos es seguir escuchando del Gobierno que ante una situación de similares características volverían a hacer lo mismo. Eso es lo que más alarma a la ciudadanía.
¿Por qué? Porque recuerdan la tragedia sufrida, porque nuestro país sigue en estos momentos sin disponer de los medios adecuados y necesarios y porque en la toma de decisiones siguen los mismos ausentes, incapaces e irresponsables --ninguno ha dimitido--. (El señor Azuara Carod: ¡Que ninguno ha dimitido! ¡Qué chorrada! ¡Es increíble!) Ustedes demuestran una incapacidad preocupante por asumir sus errores y sus responsabilidades. No nos sorprende --sí me sorprende de usted, que es históricamente un hombre de centro y esto le separa un poco del centro-- porque destacan últimamente por esa prepotencia y autoritarismo que les aleja del centro. Ante una decisión equivocada, lejos de asumir esa responsabilidad y rectificar, que sería lo bueno y lo oportuno, suman la negación de la crisis y la manipulación de la información en un constante ejercicio de intento de ocultación de lo que era evidente. Era evidente el impacto de la contaminación de las costas, era evidente el daño en las economías de los afectados, era evidente el perjuicio en el patrimonio colectivo y era evidente la responsabilidad de las autoridades que habían tomado las decisiones. (El señor Azuara Carod: Lo que fastidia es que está mejor que nunca.) Hubo un cúmulo de despropósitos y manifestaciones que no voy a señalar en estos momentos, desde las del propio señor Fraga, diciendo que ya había pasado el peligro más grave a las 48 horas, hasta las del propio delegado del Gobierno, diciendo que a lo mejor el fuel no llegaba a la costa, o las del entonces vicepresidente, señor Rajoy, cuando se hizo famoso por aquello de los hilillos.
Durante todo este último año, la flota del cerco del Cantábrico deja de pescar en diferentes ocasiones. La llegada de chapapote a las playas gallegas y cantábricas no ha cesado. Concretamente, en el mes de septiembre se recogieron más de 4.000 toneladas de residuos. Usted mismo --acuérdese-- dijo en septiembre que solo quedaban tres playas contaminadas, si bien al día de hoy son ocho. Algún ministro del Gobierno había prometido que estarían listas y limpias en el verano de 2003. (El señor Azuara Carod: Tranquilo, que están ya arregladas.) La superficie rocosa sin limpiar en estos momentos equivale a 37 campos de fútbol o, lo que es lo mismo, al casco histórico y amurallado de la ciudad de Lugo. El fuel del «Prestige» sigue todavía en los fondos marinos. Se dice, según informes del Gobierno, que 15 kilogramos por kilómetro cuadrado. El turismo ha sufrido un importante descenso este último verano, el fuel del buque hundido sigue sin solución definitiva y Galicia y otras comunidades de España continúan siendo lugares de riesgo marítimo al día de hoy.
Por tanto, no se puede pasar página, como ustedes pretenden, porque las consecuencias seguirán a lo largo de varios años, como recientemente dijo el señor Michel Girin, cuando manifestó que las consecuencias biológicas del «Prestige» no se conocerán hasta dentro de dos o tres años.
Un año después, los principales interrogantes sobre esta gestión siguen sin respuesta: las verdaderas causas del accidente, de qué forma se gestionó el siniestro y la crisis, si la catástrofe era o no previsible, si era o no evitable, cuáles eran las alternativas posibles, qué ha sido de la investigación del Ministerio de Fomento a raíz de supuestas irregularidades en las tareas de remolque, la solución respecto a la contaminación de la tercera marea negra aún sin resolver, el fuel que sigue en el «Prestige» y, lo que también es grave y preocupante --razón de esta interpelación--, cuáles son las estrategias que se deben desarrollar en el presente y en el futuro inmediato para evitar que se repita este tipo de catástrofe.
En el marco legal internacional, europeo y nacional, las políticas que se debían haber adoptado tendrían que haberse encaminado hacia el ideal del principio de tolerancia cero. Sin embargo, poco se ha modificado en las normativas de prevención y regulación de la seguridad marítima y el control operativo de los tráficos, como tampoco se ha avanzado mucho en el endurecimiento de las condiciones de navegación de los buques potencialmente peligrosos.
Es verdad que la costa gallega ha sido declarada área especialmente sensible ante la OMI, a propuesta de varios países, entre ellos, España, pero no fue aprobado definitivamente. Faltan por establecer al día de hoy medidas de control para hacerlo efectivo. El Gobierno español también propuso ante la OMI el desdoblamiento del corredor de Fisterra para alejar más los tráficos de mercancías peligrosas, algo que fue resuelto favorablemente en el seno de

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la OMI, pero faltan por instalar sistemas de observación de radar y comunicación que permitan un control eficaz de esos tráficos a 42 millas, porque los que hay solo lo hacen hasta las 30 millas. Y en la actualidad se está desplazando ese tráfico a ese nuevo corredor, sin contar con esas medidas, lo que lo hace más peligroso, con peores condiciones meteorológicas, con profundidades superiores a los 2.000 metros y sin los sistemas oportunos de observación. En este caso --esperemos que no sea así--, el remedio podría ser peor que la enfermedad.
La posibilidad de crear un cuerpo de guardacostas europeo es eso, una posibilidad abierta en el tiempo, que todavía no se ha tomado en firme y ni tan siquiera existe una resolución clara y con contenido en el Parlamento Europeo. Los principios de responsabilidad ilimitada y de que quien contamina paga fueron introducidos en varios informes del Parlamento Europeo, pero también fueron rechazados por los votos de la mayoría conservadora, entre ellos, los del Partido Popular Europeo.
El Fidac aumentó, motu proprio, hasta los 1.000 millones de euros la cuantía destinada a este fin, pero sin carácter retroactivo y con carácter limitado. Con toda seguridad, podría ser un buen punto de partida, pero no debemos olvidar lo que antes le decía sobre la responsabilidad ilimitada, que nos igualaría a las condiciones de los Estados Unidos.
Consideramos que la Unión Europea también debería tomar cartas en el asunto y crear un fondo de financiación específico, al margen de lo que es el marco de apoyo comunitario 2000--2006. Es imprescindible además contemplar medidas ante la Unión Europea que potencien el desarrollo económico de Galicia, por ejemplo, mediante una mayor presencia de la flota gallega en los caladeros comunitarios, la construcción de buques en las factorías gallegas y con un mayor énfasis en la creación y puesta en marcha de la agencia europea de seguridad marítima y su ubicación en España, especialmente, en Galicia.
El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el doble casco para la flota europea, pero usted también sabe que la Unión Europea no permite que estos monocascos pasen en sus puertos desde el 21 de octubre, si bien esta medida no se adoptó en el seno de la OMI, y la circulación por el mar sigue siendo libre y estos petroleros seguirán circulando por nuestras costas. Le puedo dar algún dato: cuatro de los diez buques últimamente en la lista negra de la Unión Europea han estado en los dos últimos años en puertos españoles, y este otro: petroleros de más de 15 años cargados con fuel o alquitrán siguen entrando en puertos españoles.
Además de esta desinformación y falta de actuación por parte del Gobierno, hubo otras características desde el primer momento, que fueron la descoordinación, la falta de recursos y el fracaso de los sistemas de seguridad marítima, salvamento y lucha contra la contaminación. Faltaron protocolos de actuación, material de protección, lucha contra el fuel, personal técnico preparado y, sobre todo, políticos responsables.
Algunos pasos para la seguridad marítima se han dado, pero al día de hoy Galicia continúa con los mismos remolcadores y medios de lucha contra la contaminación que tenía hace un año. Hubo promesas. Hace un año se prometieron cuatro nuevos remolcadores y un buque anticontaminación, pero los datos son los siguientes: los dos remolcadores pequeños, de 90 toneladas de tiro, estarán, a lo sumo, para el año 2005 y los dos remolcadores de 170 toneladas de tiro y un buque anticontaminación, a lo sumo, para el año 2006. ¿Qué pasa mientras tanto? Las labores de inspección en los puertos son prácticamente imposibles, según dicen los propios miembros de las capitanías marítimas, y de dudosa efectividad. Le puedo citar cuatro o cinco barcos que recalaron en puertos gallegos y españoles que en alguna ocasión fueron detenidos por infracciones en aquel momento: el «Iballa G», el «Cem Fast», el «Neptunia», el «Júpiter» y el «Sandra».
El plan de contingencias deja a la improvisación y sin soluciones precisas y concretas los diferentes supuestos marítimos. La Asociación Española de Marina Civil así lo dice. Definió las operaciones ordenadas por Fomento y Marina Mercante como una total improvisación y aseguró que en ningún momento se habían seguido ni siquiera los pasos establecidos en los planes nacional y territorial de contingencias.
Es evidente, por tanto, esa descoordinación y esa falta de medios. Un año después del siniestro no hay datos fiables sobre las cantidades de fuel vertido --no nos fiamos de esos datos--, las tareas de descontaminación no se han completado, los expertos estiman que serán necesarios de 10 a 20 años para lograr la recuperación total de los ecosistemas dañados y que, tomando como referencia el coste de anteriores accidentes o siniestros, se valora entre 2.000 y 4.000 millones de euros las pérdidas económico-medioambientales.
Son muchas las preguntas sin respuestas. Carecemos de una información que, de ordinario, debería haber pasado por una investigación parlamentaria, investigación parlamentaria que fue reclamada también por el Defensor del Pueblo en su último informe sobre esta crisis. Causa también verdadero estupor ver cómo responsables, entre comillas, del Gobierno en esta gestión sí declararon en otros países, como Francia, pero en cambio el Gobierno les imposibilitó declarar en el Parlamento gallego o en el Parlamento español.
Señorías, señor vicepresidente, en un país como el nuestro, que es una potencia marítima y dada su situación geográfica y los riesgos que causan algunos buques al paso por sus aguas, deberíamos estar preparados para enfrentarnos a situaciones de riesgo, deberíamos tener respuestas a muchas preguntas. ¿Disponemos de los dispositivos y protocolos de actuación necesarios? ¿Son adecuadas nuestras normas al respecto? ¿Disponemos de recursos humanos y materiales suficientes? ¿Tenemos un modelo de organización y un sistema judicial apropiado? ¿Sabemos gestionar una crisis marítima y medioambiental? ¿Podemos afrontar un siniestro, eliminar su impacto o reducirlo? ¿Qué están haciendo otros países más avanzados en la lucha contra la contaminación? ¿Está capacitado el Gobierno actual, del que usted también forma parte, para gestionar una nueva crisis de estas características? Deberíamos tener respuestas para una catástrofe en la que estuvieron presentes de forma

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clara los factores de riesgo indebido del negocio marítimo, la falta de política marítima y una deplorable toma de decisiones al frente de la gestión del siniestro.
Señor vicepresidente, la catástrofe del buque «Prestige» pone de manifiesto la dificultad de las actividades humanas en la mar y la necesidad de proceder a una constante ordenación y control de las mismas.
En la comunidad científica mundial existe un consenso generalizado sobre la necesidad de trabajar de forma multilateral para evitar los siniestros marítimos y sus consecuencias.
Señor presidente, señor vicepresidente, señorías, en esa necesidad de consenso en materia de seguridad marítima y porque nuestra situación geográfica y condición marítima exigen disponer de los recursos propios de una potencia marítima de primer orden, en atención también a nuestros vitales intereses y a los riesgos que afrontamos de forma permanente, fundamentamos la presente interpelación y la justificamos en el interés y el deseo de este grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para que tragedias como la del «Prestige» sean historia y nunca más se vuelvan a repetir.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de la Presidencia.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señoría, le quiero agradecer sus palabras comprendiendo que pidiera un acomodo en el horario, pero afortunadamente no hemos tenido que llegar a ninguna modificación, y en cualquier caso le agradezco su comprensión.
En segundo lugar, acudiendo al final de su intervención, he de decirle que ojalá, ojalá, ojalá, pudiéramos alcanzar algún tipo de consenso en España, en Europa o en el mundo cuya conclusión fuera que hemos conseguido evitar cualquier tipo de catástrofe, cualquier tipo de tragedia. Desgraciadamente, aunque se hacen los máximos esfuerzos para tratar de impedirlas, siempre, siempre, siempre se producen catástrofes que son muy desgraciadas y desde luego en la historia reciente de España, como bien conoce su señoría, la del «Prestige» no es precisamente la primera.
A partir de ahí, yo me permito decirle que cuando se está en el Gobierno quizá el peor consejero en la gestión de los intereses públicos sea el triunfalismo y que cuando se está en la oposición quizá el peor compañero de viaje sea el catastrofismo, porque al final --y ha pronunciado usted la palabra centro-- ni triunfalismo ni catastrofismo, y el Gobierno del Presidente Aznar, que es un gobierno centrista, en todo este tiempo y especialmente con motivo del aniversario de la catástrofe del «Prestige» ha renunciado a cualquier tipo de triunfalismo. Y permítame, señoría, que, desde el mayor de los respetos, le diga que ustedes, y usted especialmente en su intervención, han hecho catastrofismo porque al final no he oído en ningún momento que se haya hecho absolutamente nada en Galicia en este último año, ni en Asturias, ni en Cantabria, ni en el País Vasco. Según ustedes se hundió un barco. Según ustedes el barco tuvo que ir a algún puerto, pero no dicen nunca a qué puerto ni lo dirán, porque técnica y científicamente se tomó la decisión acertada; pero tenía que ir a un puerto, al puerto invisible, porque nunca sabremos, señorías, cuál es el puerto donde tenía que ir el «Prestige». Según ustedes se hundió el barco y a partir de ahí no se ha hecho absolutamente nada. Si me permite el consejo, desde el respeto, cuando los gobiernos hacen triunfalismo, la sociedad no lo entiende e inician un camino hacia la oposición, y cuando la oposición hace catastrofismo, tampoco lo entiende la sociedad y continúan su camino en la oposición. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Una oposición que es catastrofista nunca termina siendo gobierno. (El señor Arnau Navarro: ¿El consejo es gratis?) Sí, el consejo además es gratis. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Arenas Bocanegra): Muchas gracias, señor presidente.
Hay que oír lo que decimos todos y yo he oído muy pacientemente todas las aseveraciones del señor senador.
Y a partir de ahí, yo les quería decir que hace un año que ha acontecido lo del «Prestige». El Gobierno lo que tiene que decir es que no baja la guardia, va a seguir trabajando con toda intensidad. El Gobierno ha trabajado muchísimo; la administración autonómica, muchísimo; las corporaciones locales, muchísimo; los voluntarios, muchísimo; las fuerzas armadas, muchísimo, y, sobre todo, la gente del mar ha trabajado muchísimo. Yo quiero aprovechar esta intervención para hacer un homenaje público a todas las administraciones que se han volcado y han volcado sus esfuerzos en resolver el problema y no estrictamente en hacer política y en intentar desgastar al Gobierno a través de una tragedia que fue inevitable. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Todos los dispositivos que se pusieron en marcha con motivo de la tragedia del «Prestige» siguen vigentes y se van acomodando a las necesidades. El Gobierno ha aprobado el Plan Galicia por valor de 13.000 millones de euros. Quiero recordarles que el día anterior la oposición en rueda nos pidió un plan Galicia por un valor de 6.000 euros --está en todas las hemerotecas-- y al día siguiente el Consejo de Ministros celebrado en La Coruña aprobó el Plan Galicia por valor de 13.000 euros.
¿La situación ha cambiado? Ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque se han tomado todas las medidas que tenían que tomarse con respecto a las personas, con respecto a las playas, con respecto a la limpieza de fondos marinos, con respecto a la iniciación de procesos judiciales, con respecto a la recogida de fuel en el mar y también en los arenales.


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Se ha dicho hace un momento que hay ocho playas contaminadas y que en septiembre yo dije que había cuatro. En septiembre, cuando yo dije que había cuatro, es que había cuatro, porque me pasan un informe diario de cuántas playas están contaminadas. En el informe diario de hoy consta que hay ocho playas contaminadas. ¡Pero fíjese si la situación ha cambiado! Hace un año había 700 playas contaminadas. Si uno oye su intervención con mucho detenimiento, concluye que ha sido la divinidad la que ha resuelto que hace un año hubiera 700 playas contaminadas y hoy tengamos solamente ocho playas contaminadas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir resolviendo el problema de las ocho playas contaminadas, pero ya no son 700 playas contaminadas, sino ocho.
Aquí se han batido muchos récord. Uno ha sido la aprobación de normas para la percepción de ayudas; teníamos aprobadas esas normas diez días después y sabe usted que se ha tardado diez años en cobrar en otros casos. (El señor Azuara Carod: ¡Eso, que no se enteran!) Se ha batido un récord en los medios empleados, se ha batido un récord en las superficies limpiadas, se ha batido un récord en la recogida de fuel en el mar, se ha batido un récord en el sellado de unas grietas a 4.000 metros de profundidad, se ha batido un récord en las medidas normativas impulsadas en España, en Europa, en cumbres bilaterales y en la Organización Marítima Internacional, y se ha batido un récord en información parlamentario. ¿Saben, señorías, cuántas iniciativas ha contestado el Gobierno en relación con el «Prestige»? Mil. ¿Sabe, señoría, cuántas iniciativas contestó el Gobierno en relación con el mar Egeo? Cero.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y dicen ustedes que el Gobierno no acepta que se plantee una comisión de investigación. Es que todavía no sabemos cuál es el lado oscuro que hay que investigar. Hay un pleito en Corcubión, hay un pleito en Nueva York, se pueden plantear pleitos en Madrid, y no sabemos en estos momentos cuál es el lado oscuro que hay que investigar.
Cuando nos dicen que hemos cometido gran cantidad de errores fundamentalmente se ciñen al alejamiento del barco, pero seguimos en la tesis del puerto invisible. Estoy seguro que ahora usted va a subir a la tribuna y me va a decir el puerto al que habría que haber llevado el barco porque lo dice el Partido Socialista Obrero Español, y por eso presentaron una moción de censura al señor Fraga en esos días y por eso fueron a Europa a pedir una comisión de investigación y por eso dicen que hemos ayudado tan poco, tan poco, tan poco, a que consigamos fondos europeos con motivo del «Prestige».
En cuanto a las personas. En este momento han recibido ayudas más de 20.000 personas de forma directa. Se han beneficiado de reducciones fiscales por el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas 58.000 personas; por el Impuesto sobre Actividades Económicas, 23.000; por el Impuesto sobre el Valor Añadido, 26.000; bonificaciones y reducciones de Seguridad Social, 65.000; a través de la Federación de Cofradías de Pescadores, 237.000; las líneas de crédito del ICO ascienden a 200 millones, y le puedo garantizar que antes de marzo cobrarán todos los pescadores y que estamos hablando ya con la comisión y con la coordinadora. Los pescadores cobrarán en una acción del Gobierno que pueda anticipar los fondos que vendrán del Fidac, porque muchos pescadores, con motivo de la tragedia del «Mar Egeo» vieron cómo eran sus hijos o sus nietos quienes recibían las indemnizaciones con motivo de esa catástrofe. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Me pide cifras. Inspecciones de comprobación del buen estado de los alimentos: 41.000 realizadas con resultados muy favorables; estudios epidemiológicos: en marcha completamente en este momento. Usted dice que quedan 23 campos de fútbol de zonas rocosas por limpiar. Aparte de las 580 hidrolimpiadoras que hemos puesto en marcha --que no se han puesto nunca en marcha en la historia--, los propios pescadores nos dicen que mucha parte de la superficie rocosa tiene que limpiarse por el propio mar. Cuando se dice que quedan 23 campos de fútbol en equivalencia sin limpiar, o se dice también que ya se han limpiado 200 campos de fútbol o no se está diciendo la verdad. ¿Que quedan veintitrés? ¡Puede ser! ¿Que se han limpiado 200 campos de fútbol? ¡Con toda seguridad! ¿Por qué? Porque, señorías, han sido 1.200.000 jornadas las que se han dedicado al «Prestige». Ha habido una media de 3.200 personas al día trabajando. ¿Y eso quiere decir que no se ha hecho nada? Pues, mire usted, no se habrá hecho nada, pero han estado trabajando voluntarios, fuerzas armadas, desempleados del Inem, marineros y armadores. Dice usted que no hemos hecho nada. ¡Pues no hemos hecho nada! Dice usted que los datos han sido confusos en relación a la recogida del fuel. Mire usted, de fuel que se haya recogido hasta en este momento tenemos, por un lado, 84.000 toneladas mezcladas con arena y otros materiales y 51.000 toneladas que se han recogido mezcladas con agua en el mar. Esos datos se los confirmo: 84.000 y 51.000. Pero estamos hablando también de que viene mezcla de agua muy importante y mezcla de arena en el caso de los arenales.
Ya se ha encargado el estudio de impacto ambiental a través de la Fundación Parques Naturales, por un valor de 1.200.000 euros. Ya está en marcha el plan de prevención de catástrofes frente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
Habla usted de la solución definitiva. Le doy una buena noticia porque yo sé que a ustedes las buenas noticias que arreglan los problemas les alegran, como a todos nosotros. En el plazo máximo de 15 días habrá una solución definitiva al fuel que está en el pecio. Repito: Plazo máximo de 15 días para la solución definitiva al fuel que está en el pecio. ¿Cuánto fuel hay en el pecio? Lo hemos dicho oficialmente. En el pecio hay, en la zona de popa, 700 toneladas; en la de proa, 13.100. ¿Ha bajado el Gobierno al pecio? Pues no. Han bajado los técnicos. Han bajado los especialistas. ¡Ustedes hubieran bajado seguro! (Risas.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Qué datos maneja el Gobierno en esta materia? Señorías, los que nos dan los científicos, los que nos dan los técnicos de Repsol, que están haciendo un trabajo histórico porque

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nunca se han hecho estos trabajos a 4.000 metros de profundidad.
Soluciones definitivas --lo sabe su señoría porque conoce este asunto-- hay tres: bolsas lanzaderas, marquesinas y extracción por bombeo. Son las tres que se están estudiando. El Gobierno, al final, con los informe técnicos avalará una de esas decisiones. Ya se han hecho unas pruebas con las bolsas, que también conoce usted, y hubo un pequeños incidente con una raja en una de las bolsas, pero afortunadamente, en su conjunto, la prueba fue bastante satisfactoria.
Me pregunta por las medidas de futuro que se han adoptado. También las conoce usted y muchas de ellas las ha citado. El Gobierno ha tomado decisiones que se refieren a determinados buques como el «Prestige» que ya no pueden navegar por nuestras aguas ni entrar en nuestros puertos. Se han tomado un montón de decisiones en el ámbito de la Europa comunitaria impulsadas desde el Gobierno de España; acuerdos bilaterales con Francia, Italia, Alemania y Portugal.
Pregunta usted también qué se ha hecho en los buques. Dice que no se ha hecho nada. ¡Ya le gustaría al Gobierno que los barcos se construyeran en un mes!, pero eso tiene su tiempo. En este momento se van a construir cinco nuevos buques, como usted ha dicho, y algunos de ellos tienen respaldo presupuestario. Se han incorporado ya tres embarcaciones de intervención rápida y en este momento somos el país del mundo que dispone de más barreras anticontaminación.
Se han mejorado los procedimientos. Se están poniendo en marcha cinco bases estratégicas periféricas de lucha contra la contaminación. La Dirección General de Marina Mercante ha creado dos grupos de evaluación de emergencia. Se han incorporado nuevos funcionarios, treinta y cuatro destinados a la labor de inspección y seguridad marítima en la Dirección General de la Marina Mercante. Se han adoptado nuevas medidas para el control del tráfico de los propios buques en nuestra zona económica exclusiva. Se han tomado muchísimas medidas en ámbito nacional, europeo, bilateral y en la Organización Marítima Internacional.
Finalmente, sobre los fondos europeos y el Fidac quiero decirle que me alegro mucho del comportamiento que este último está teniendo con el Gobierno de España y con España. ¡Y no ha costado poco esfuerzo! Se ha conseguido un anticipo de 57,5 millones de euros. El Fidac ha hecho una evaluación de daños en torno a mil millones de euros. El conjunto del esfuerzo del «Prestige» para las administraciones públicas en España supera los 800 millones de euros. Eso también hay que decirlo.
¿Cuál es la estrategia del Gobierno? Que la compensación sea primero a los particulares y, segundo, a las administraciones públicas. Primero las personas y, en segundo lugar, las instituciones. En definitiva, señorías, de esos 800 millones de euros creemos que cerca de 500 van a venir de fondos comunitarios y a través del Fidac. El resto que falta hasta a los 800 que he puesto de manifiesto vendrá con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de las administraciones públicas. Muchos de ellos se han consumido ya en el ejercicio de 2003, con lo que no se puede presagiar que, con motivo del «Prestige», se vaya a producir ningún tipo de desequilibrio presupuestario.
Esto es, señor presidente, señor senador, lo que quería decirles, en nombre del Gobierno en el día de hoy, quedándome de su intervención con la parte que supone usted que me es más grata, que es la que se refiere a los consensos. Créame que nada tiene que ver la situación del «Prestige» de hoy con la de hace un año. Créame que el cambio de situación se produce por el esfuerzo de muchos y no simplemente por el paso del tiempo o por la intervención de la divinidad y Créame, de verdad, que explotando este tipo de cuestiones no se consiguen más adhesiones populares, sino que se aleja uno del sentir mayoritario de la sociedad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Tiene la palabra el senador interpelante. (Rumores.) Silencio, por favor.


El señor LAGO LAGE: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor vicepresidente por su intervención que encontré, como le dije en el principio, algo más centrada que la de otros que estuvieron aquí. De momento le felicito por su poder de convocatoria, pues en horas similares esta Cámara rara vez está al completo o casi al completo en los bancos del Grupo Popular. Le felicito por su convocatoria. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¿Dónde están los suyos? ¿Recogiendo chapapote?) Nunca he dicho que no se ha hecho nada; eso me lo reconocerá usted. He sido muy duro en la crítica porque yo creo que sí hay responsabilidades que el Gobierno no ha admitido y no ha cumplido. He sido quizás muy duro en la crítica, pero no he dicho nunca que no se ha hecho nada. Sí he dicho que me preocupa la situación actual un año después, porque por esta Cámara ya han pasado tres ministros dando explicaciones. Yo no sé hasta donde va a durar su explicación o quien va a ser el cuarto ministro que va a venir a dar explicaciones sobre el «Prestige». A lo mejor esa también es una estrategia del Gobierno para despistar o no aceptar esas responsabilidades. La mejor estrategia es buscar otros culpables.
Coincido plenamente con la declaración de Francisco Uría, actual comisionado del Gobierno que dice: «El lema «365 días de incompetencia» me parece injusto por los voluntarios, los marineros, los soldados.» No aparecen los ministros.
Me pide usted de que le dé soluciones. No soy experto en marina mercante --se lo digo tranquilamente, no lo soy; no soy experto casi en nada-- y no soy ministro. Si ustedes piden una solución para saber a qué puerto habría que llevar el barco o qué decisión habría que tomar porque no es buena la de alejarlo, permítanme que yo les acuse un poco más, porque más grave es que todo el Gobierno de Aznar, todos los ministros de Aznar, no sepan que solución había que tomar. ¡Eso es mucho más grave!

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En todo caso le doy algún apunte. Lean ustedes declaraciones de comités científicos, de profesionales de la marina mercante, de técnicos en marina mercante, de gente del mar. Hablan de que había posibilidades de llevarlo a un refugio seguro y de que las consecuencias hubieran sido mucho más limitadas, incluso nombran algunos. (La señora Navarro González: ¿Cuál? ¡Dígalo!) Lean ustedes las declaraciones en la prensa.
Léanlas. (Rumores.) El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor LAGO LAGE: No, no a mí no me molestan, señor presidente. Esto es un debate distendido y abierto, y me encanta.
Los ministros estuvieron, desde luego, al pie del cañón, sobre todo algunos, durante toda la catástrofe del «Prestige». Algunos sí estuvieron al pie del cañón o de los cañones. Podemos entenderlo como usted quiera.
Lo que me preocupa es la solución definitiva para algunas cosas.
En cuanto al corredor de Fisterra, claro que se hicieron cosas. Yo le dije que se habían hecho cosas, pero que estaban a medio camino. El problema es que si hoy vuelve a ocurrir otro accidente ¿qué pasa? ¿Vuelve a repetirse la secuencia de catástrofes o es que ya tenemos algo diferente para poder evitarlas? Ha sido un accidente que el Gobierno del señor Aznar convirtió en catástrofe, la mayor catástrofe medioambiental de toda Europa. Así de claro.
En el corredor de Fisterra hay que hacer una inversión de 10 millones de euros y como mucho, como mucho, sus promesas, que yo no me las creo nunca, dicen que para mediados de 2004 podría estar en funcionamiento ese sistema de vigilancia de las 42 millas.
Mire usted, la Asociación Española de Marina Mercante dice que la catástrofe del «Prestige» resume el desbarajuste marítimo español actual que provocaría que se repitiese ese desastre si volviera a haber un accidente similar.
En cuanto al plan de contingencias, Anpromar, Asociación Nacional de Profesionales del Mar, dijo lo siguiente: El accidente del «Prestige» ha puesto de manifiesto el caos organizativo y la ausencia de un auténtico plan de contingencias marítimas.
Respecto del decreto de ayudas, efectivamente, se ha dictado. Pero cuente usted todo, señoría, y diga, por ejemplo, que en estos momentos se han presentado 12.000 recursos por 12.000 pescadores ante el Tribunal Supremo por el citado decreto, que no contempla los daños futuros y además exige una cláusula de renuncia expresa a posibles acciones penales.
En relación con los afectados, 14.000 de ellos, en la comisión de cofradías, parecen estar de acuerdo con ese decreto de ayudas, mientras que otros 12.000, en la coordinadora de cofradías, parecen estar en desacuerdo. En todo caso, les animo a que todos podamos llegar a un acuerdo para que los 30.000 afectados puedan ver cubiertas sus aspiraciones.
Señor ministro, yo acuso al Gobierno de una gestión nefasta, y puede que sea catastrofista, pero me sitúo en el mismo banquillo que el Defensor del Pueblo, cuando, en un informe de más de medio centenar de folios, habla de documentación deficiente, descoordinación y contradicciones, mala fe, manipulación informativa, desidia, minimización de la catástrofe y falta de investigación. El Defensor del Pueblo y yo nos consideramos catastrofistas ante la gestión del Gobierno. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En cuanto al FIDAC, usted sale con el caso del Mar Egeo. (El señor Martínez Oblanca: ¡Lo hicisteis muy bien!) ¿Qué podemos decir al respecto? De 1992 a 2003 van 11 años. Pero en 1996 se produce un cambio de Gobierno. Por tanto, hay cuatro años de responsabilidad por un lado, que yo asumo, y otros siete años de responsabilidad que ustedes también tienen que asumir en el caso del «Mar Egeo». Pero, ¿qué hicieron ustedes durante esos siete años para que hasta ahora no se hayan pagado las ayudas? (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted me lo dirá.
Y le digo más. En el caso del «Mar Egeo» se tardaron tres horas en crear un centro de coordinación. Pero el señor Rajoy, su vicepresidente, y actual candidato a la presidencia del Gobierno, tardó 12 días en el accidente del «Prestige». El 3 de diciembre se produce la catástrofe del «Mar Egeo», y el 4 de diciembre el señor Fraga, presidente de la Xunta, hace declaraciones elogiando las tareas de las distintas administraciones. Y el 8 de diciembre el director general de Medio Ambiente de la Unión Europea envía una carta a la Administración española felicitándola por la rapidez de la actuación. Por otro lado, José Maura, director de la Oficina Española de Reclamaciones del FIDAC dijo lo siguiente: La culpa en el retraso del «Mar Egeo» está en que desde el primer día todo el mundo fue a los juzgados, y los juzgados son lentos.
Pues bien, a usted le recuerdo que en estos momentos se han presentado 1.000 reclamaciones, no en el FIDAC, sino en los juzgados, por el accidente del «Prestige». Eso también demuestra que existe lentitud en la resolución de esos contenciosos.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que vaya finalizando.


El señor LAGO LAGE: Sí, señor presidente.
También me ha hablado del Plan Galicia, pero necesitaríamos una interpelación mucho más amplia para hablar de ese plan; y no tengo ningún inconveniente en hacerlo. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí, sí!) Señoría, esta catástrofe ha puesto de relieve cuestiones muy importantes --creo que en algunas de ellas coincidiremos--, como son la insuficiencia de las reglas establecidas en materia de seguridad marítima, las limitaciones de las labores de inspección y control previo de la situación de los buques y sus tripulaciones, la importancia de los dispositivos y recursos para una navegación segura, la falta de medios en la lucha contra la contaminación del mar y la falta de inversión pública --en eso seguramente no coincidamos-- en materia de seguridad marítima y de lucha contra la contaminación.


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El señor PRESIDENTE: Señoría, una vez más le pido que vaya terminando.


El señor LAGO LAGE: Termino ya, señor presidente. Pero antes ruego de su benevolencia que deje que me acerque a mi escaño porque se me han caído los papeles, no los he perdido, y me falta uno de ellos para finalizar.
(Pausa.--Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ha perdido los papeles!) Gracias, señor presidente, y gracias, señorías.
Considero interesante finalizar mi intervención diciendo que las conclusiones del informe son dramáticas y que desde el Grupo Socialista entendemos que no se adoptaron las decisiones correctas por parte del Gobierno, que no se gestionó bien la crisis y que se trató de ocultar información. Y nos preocupa que no se haya definido una política marítima que pueda asegurar que no se vuelva a repetir un caso como el del «Prestige», pero todavía nos produce más desconfianza e inseguridad pensar que ante un caso semejante se pueda actuar igual, que es lo que usted ha dicho.
En nuestra opinión debería haber un antes y un después del «Prestige» en la política de salvamento, y el 13 de noviembre de 2002 debería haber marcado esa línea; pero un año después estamos instalados en el «antes», no hemos pasado esa frontera. Esa es la gran preocupación de los gallegos y de muchos españoles. Sin embargo, sí parece haber servido para otros menesteres, que no quisiera traer ahora a colación, como las medallas que en su día se entregaron.
Espero que usted, señor ministro, no sea demasiado triunfalista, como tampoco yo quiero ser catastrofista, sino estar en la justa medida, tal como usted ha dicho. Por ello, creo que un año después de la catástrofe tienen ustedes la oportunidad de rectificar. Además, y en función de su concepción del centro ideológico y político, le pediría que desde su vicepresidencia se diera un golpe de timón a la política de seguridad marítima y se fijara un nuevo rumbo: el rumbo de la trasparencia y la verdad; el rumbo de asumir responsabilidades, no esperando sólo las sentencias, porque eso ya lo decidirán los jueces; el rumbo de la eficacia y, sobre todo, el rumbo del consenso en materia de seguridad marítima y de lucha contra la contaminación. Desde luego, en ese camino me encontrará, y estoy seguro de que a todo el Grupo Socialista, como también a muchísimos gallegos y españoles.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el señor vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir con mucha brevedad, porque creo que en su segunda intervención el senador Lago ha repetido algunas cuestiones planteadas en la primera, pero no ha hecho ninguna nueva aportación.
Señoría, usted, que ha hecho alarde de seguir las hemerotecas y conocer algunas declaraciones manifestadas hace un año sobre este asunto, sabrá que muchos miembros del Gobierno y su presidente dijeron que en el caso del «Prestige» algunas cosas se podrían haber hecho mejor. Esas declaraciones, hechas, insisto, por el presidente del Gobierno y varios de sus miembros, indican que en cualquier actuación siempre hay un componente autocrítico.
Por otra parte, nosotros no estamos diciendo todos los días que lo hayamos hecho extraordinariamente bien, sino que les pedimos que nos indiquen qué hemos hecho tan extraordinariamente mal. Y el asunto al final parece reducirse a que la decisión inicial no fue acertada, por lo que usted pide que los miembros del Gobierno busquen otra alternativa.
Pero no se trata de eso, señoría, porque el Gobierno y el partido que le respalda opinan que la decisión del alejamiento del buque fue acertada.
Por tanto, no nos pidan que indiquemos el puerto al que debería haberse llevado el barco. (Risas.) ¿Quién tiene que ofrecer esa alternativa? Porque cuando uno quiere gobernar no se puede limitar a criticar, sino que también tiene que aportar alternativas. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores senadores desde el Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Ustedes han dicho que el Gobierno hizo una barbaridad al alejar el barco.
Nosotros les preguntamos cuál es la alternativa. Y ustedes contestan: Llevarlo a algún puerto, a un refugio seguro. Pero, ¿cuál es ese refugio? Llevamos haciéndoles un año esta pregunta, y nunca nos responden. Y es que lo que no se puede ni en política ni en la vida es soplar y sorber al mismo tiempo. (Risas.) Eso es imposible, como también lo es decir todos los días que se tiene la solución, y al preguntar cuál es ésta contestar que no se tiene ninguna.
Por otra parte, ha citado usted algunas declaraciones de don Manuel Fraga, en las que coincido al cien por cien, que son muy reveladoras. Al día siguiente del accidente del «Mar Egeo» don Manuel Fraga dijo --lo he comprobado--: Todas las administraciones trabajaremos juntas y de mí no saldrá ni una sola crítica al Gobierno de la nación. Pero, ¿sabe lo que hicieron ustedes al día siguiente del accidente del «Prestige»? Presentar una moción de censura a don Manuel Fraga, porque entendían que era lo mejor para resolver esa crisis. Ese ha sido el cambio de actitud. (Varios señores senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!--El señor Lago Lage pronuncia palabras que no se perciben.) El señor PRESIDENTE: Señoría, no interrumpa al orador.
Puede proseguir, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO PARA LA PRESIDENCIA (Arenas Bocanegra): Gracias, señor presidente.
Señoría, insisto en que también se presentó una moción de censura en el Parlamento de Galicia y hubo una comisión de investigación en el Parlamento europeo.


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Esa es la diferencia de comportamiento: el señor Fraga desde el primer día hizo una apuesta por que todas las administraciones fueran de la mano, mientras que ustedes desde el primer momento, y su señoría lo sabe perfectamente, han dicho: Con esto del barco..., a lo mejor conseguimos al final terminar gobernando. Y por eso no quieren reconocer absolutamente nada de lo que se ha hecho.
El «Daily Mail» --y se lo puedo mandar esta tarde, señoría-- en su portada dice --y el Gobierno y el Partido Popular no tienen nada que ver con él--: España, «Prestige», Galicia; milagro ecológico. Y vienen una serie de informes de periodistas del «Daily Mail» que estuvieron en Galicia hace un año y que han estado en Galicia ahora, y dicen: milagro ecológico. ¿Trabajar juntos para resolver los problemas de seguridad marítima? Estamos totalmente de acuerdo, pero yo les pido que también trabajemos juntos para no discutir lo indiscutible. ¿Que se ha trabajado más que nunca? Indiscutible. ¿Que ya se le han pagado a los pescadores y a los afectados del mar 128 millones de euros? Indiscutible. ¿Que estamos negociando en este momento con la comisión y con la coordinadora, con las dos? Indiscutible. Usted me dice que no se renuncie a las reclamaciones.
Señoría, cuando se llega a un acuerdo y uno recibe la indemnización que le corresponde, por parte del FIDAC, legalmente hay que renunciar a las acciones que uno puede ejercer en beneficio del propio Estado, que es el que está pagando las indemnizaciones. ¿Que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en limpieza de arenales? Sí; sigue un dispositivo preparado. ¿Que se sigue con la operación de limpieza de rocas? Sí; sigue un dispositivo preparado. Cíteme un precedente en el mundo de una operación tecnológica como la que se está realizando para la recogida de fuel del pecio del «Prestige». Cíteme un precedente en el mundo, uno sólo. ¿En qué caso de catástrofe marítima --que convendremos por lo menos que en España y en el mundo la del «Prestige» no ha sido la primera-- se está haciendo una recuperación de fuel a cuatro mil metros de profundidad? En ninguno. Por eso yo tengo la sencilla aspiración, señoría, de que ustedes simplemente reconozcan la realidad.
Al final, ¿cuál es la cuestión? Yo le invito a que estudie los análisis sociológicos que se han publicado recientemente. A los españoles se les pregunta qué preocupación tienen en torno al «Prestige» y contestan que es su preocupación número 32. La oposición quiere que sea la preocupación número 1, pero los españoles consideran que es la número 32. De esta forma y con ese discurso, ¡allá ustedes! Yo recuerdo que un dirigente político, en las últimas elecciones gallegas, cuando conocimos los resultados, dijo: los hombres del Partido Popular están contentos. ¡Allá ellos! Estábamos contentos. ¿Que ustedes quieren hacer un discurso catastrofista sobre el «Prestige» que no reconozca la realidad? ¡Allá ustedes! Por último, le quiero decir, señoría, que en beneficio de la institución del Defensor del Pueblo --que este grupo siempre ha respetado, siempre, no hemos hecho nunca descalificaciones del Defensor del Pueblo ni las vamos a hacer, sino que han venido en otros momentos desde otros ámbitos, no desde el nuestro-- los informes del Defensor del Pueblo o se leen enteros o se falsea la realidad, porque el Defensor del Pueblo dice, no en un informe, sino en una contestación a una queja, que procedería una investigación integrada --que es lo que dice--, pero también dice que esa investigación se ha materializado, a través de 700 u 800 iniciativas, que son las que se habían realizado hasta el mes de julio, porque si usted lo piensa, en un momento determinado nunca habrá en la historia una comisión de investigación en la que se puedan resolver, simultáneamente, las mil iniciativas que el Gobierno ha contestado sobre el «Prestige».
Nada más y muchas gracias. (Grandes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO:

--DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO Y LA VALORACION DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA EN EL CAMPO DE LA BIOETICA Y BIOTECNOLOGIA, APROBADO POR LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (S. 543/000008) (C. D. 121/000163).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo, bis, del orden del día. Informes aprobados por las comisiones del Senado. De la ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Para la presentación del informe, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el informe elaborado por la ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y la biotecnología, y aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La mencionada ponencia fue creada en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología a resultas de la aprobación por el Pleno del Senado, el día 28 de noviembre del año 2000, de una moción consecuencia de la interpelación número 16, formulada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, a la que se incorporó una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Posteriormente la comisión, a propuesta de su presidente, aprobó el nombramiento de los miembros de esa ponencia, que estaría integrada por tres representantes del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario Socialista, uno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, uno del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, uno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, uno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y uno del Grupo Parlamentario Mixto.


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De acuerdo con esa distribución, la ponencia quedó integrada por los siguientes senadores: don Adolfo Abejón Ortega, don Juan Seva Martínez, don Alberto Terán Molleda, dona Antonia Aranega Jiménez, don Ramón Socías Puig, don José Varela i Serra, don Arseni Gibert i Bosch, don Xabier Albistur Marin, don Alonso Arroyo Hodgson y don Anxo Manuel Quintana González. A lo largo de su actividad fueron bajas, como ponentes, el excelentísimo señor don Juan Seva Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, que fue sustituido por el excelentísimo señor don Juan Emilio Antón Rueda, y el excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) El día 19 de noviembre de 2001 la ponencia celebra su primera reunión para confeccionar el plan de trabajo, celebrándose desde entonces hasta hoy un total de catorce reuniones, de las cuales diez han sido destinadas a realizar dieciséis comparecencias de los mejores expertos en la materia, y las cuatro restantes reuniones han servido para elaborar el informe y las conclusiones que hoy tengo el honor de presentar aquí.
Finalmente, el pasado día 24 de noviembre la comisión aprobó, por mayoría, el informe elaborado por la ponencia, estando todos los portavoces de acuerdo en el hecho de que el texto, dada su importancia, fuera debatido ante el Pleno, lo cual fue solicitado a la Mesa de la Cámara. El texto que hoy presentamos es fruto de intensas sesiones de trabajo de máximo interés, donde se han ido recabando opiniones muy relevantes, que han servido de base para obtener una serie de conclusiones. Por todo ello, quisiera agradecer a todos los comparecientes que, con su experiencia, conocimiento, pluralidad y calidad de sus intervenciones, hayan contribuido a que el texto que hoy presentamos sea fruto de intensas sesiones de trabajo, del máximo interés, y cuyas sus opiniones han servido de base para obtener una serie de conclusiones.
Quiero resaltar, igualmente, el esfuerzo, el buen talante y la disposición de los miembros de la ponencia para la elaboración del texto.
Mi agradecimiento, en nombre de todos los grupos, a la letrada doña Mercedes Senén, por el gran interés y el apoyo que a todos nos ha prestado. Como coordinador de la ponencia, sólo me resta expresar mi satisfacción por el trabajo que entre todos hemos realizado, con la esperanza de que pueda contribuir al fomento de la investigación biotecnológica y biomédica en nuestro país, objeto que sin duda alguna todos compartimos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.
A continuación procedemos al debate sobre la totalidad del informe.
¿Turno a favor? (Pausa.) No hay turno a favor.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tampoco hay turno en contra.
Pasamos directamente al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto... (El señor Arroyo Hodgson: Señor presidente, existe un voto particular.--Pausa.) Me confirman que primero es el debate a la totalidad y luego el voto particular. (Pausa.) Señorías, tras la consulta, se renuncia al debate de la totalidad del informe, y pasamos a debatir el voto particular. En el turno a favor del voto particular, tiene la palabra el senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde a mí defender el voto particular presentado por cinco grupos parlamentarios: Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Senadores Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria.
En primer lugar, y muy brevemente porque el senador Abejón como coordinador de la ponencia ya ha presentado el informe, quiero recalcar algunos aspectos. Esta ponencia fue creada en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología a resultas de la aprobación en el Pleno, en noviembre del año 2000, de una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Los trabajos, después de que la comisión designase a los miembros de la ponencia, comenzaron el 19 de noviembre de 2001, o sea que hace ahora prácticamente dos años.
A todos los miembros de la ponencia se les dio la oportunidad de solicitar la comparecencia de los expertos que quisieran, lo que se hizo con absoluta libertad. Como consecuencia de eso comparecieron dieciséis de los mejores expertos en la materia en catorce reuniones de trabajo.
Asimismo, ha habido cuatro reuniones de trabajo para elaborar el informe entre los ponentes.
El voto particular consiste en una modificación del punto diez y último de las recomendaciones. La ponencia ha elaborado un informe que consta de diez recomendaciones, y estamos de acuerdo con las nueve primeras, mientras que hay una diferencia en la última, y voy a justificar por qué.
En la última recomendación del apartado 3, conclusiones del informe, aprobado el pasado lunes en comisión, dice lo siguiente: «Autorizar la utilización, con fines de investigación y aplicación terapéutica, de las células obtenidas en el momento de la descongelación de los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro, que actualmente se encuentran crioconservados y que no vayan a ser utilizados por las parejas progenitoras o donados a otras parejas.
Serán necesarias medidas de control tales como el consentimiento informado de los progenitores, la exigencia de que las líneas de investigación acrediten una finalidad terapéutica clara dirigida a disminuir el sufrimiento humano y sean realizadas por equipos cualificados dentro de proyectos controlados por los Comités de Bioética y debidamente autorizados.
Asimismo, para que esta opción sea compatible con el principio recogido por el Código Penal y el Convenio de Oviedo, por el que se prohíbe la creación de embriones humanos expresamente para investigar, se deberá reducir el número de embriones sobrantes al mínimo compatible con la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro.»

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Es decir, que estamos de acuerdo con el texto final del informe de la ponencia, con nueve de las diez recomendaciones, y en la décima recomendación, en su primer párrafo, proponemos el siguiente cambio: donde dice «... fecundación in vitro, que actualmente se encuentran crioconservados...», suprimir la palabra «actualmente» y cambiar el tiempo verbal, pasando de «se encuentran» a «se encuentren».
Nosotros creemos que no existen razones científicas ni éticas para hacer la distinción entre embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro que actualmente se encuentran crioconservados de los que pudieran o pudiesen estar sobrando en el futuro. ¿Qué garantías hay para que no vayan a existir ni uno más en el futuro? ¿Por qué se aplican criterios distintos? A nosotros nos parece un «nonsense», un disparate, un despropósito, un desatino y, en el fondo, un gran contrasentido.
Senador Abejón, le reto a que suba a esta tribuna y nos dé una sola razón científica para que los cinco grupos parlamentarios que hemos firmado el voto particular lo retiremos.
Finalmente, quiero indicar que es insólito, que no es habitual, que un presidente de comisión defienda un voto particular contra un punto de un documento o de un informe aprobado por la comisión que preside, pero les aseguro que este es un posicionamiento responsable, independiente y en conciencia. Está avalado por la inmensa mayoría de los acreditados expertos que han comparecido ante la ponencia durante estos dos últimos años, y quiero volver a leer un punto de la presentación del informe que hizo el senador Abejón, que dice: El texto que hoy presentamos aquí es fruto de intensas sesiones de trabajo, del máximo interés, donde se han recabado opiniones muy relevantes que han servido de base para obtener una serie de conclusiones.
Las comparecencias de esos señores nos han servido de base a nosotros para mantener este voto particular que estamos defendiendo en este momento, y creemos que el tiempo y los acontecimientos, tanto en este país como en los países de nuestro entorno, nos van a dar la razón.
De alguna manera se ha superpuesto en el tiempo la ley que la semana pasada aprobamos por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, con el texto de una ponencia que es más intemporal y que pensamos que va a tener una caducidad si no se acepta este cambio que nosotros proponemos que, repito, es simplemente suprimir la palabra «actualmente» y cambiar el tiempo del verbo pasando de «encuentran» a «encuentren».
El hecho de que se haya presentado un voto particular conjunto es sólo una cuestión --lo quiero dejar claro-- de economía, de eficacia de los tiempos, igual que lo es que se haya elegido un único portavoz para su defensa. Cada uno de los portavoces de los cinco grupos parlamentarios suscribe esto y tiene los mismos argumentos para defender el voto particular.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los escaños de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos, Entesa Catalana de Progrés y Senadores de Coalición Canaria.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Arroyo.
En turno en contra tiene la palabra el senador Antón Rueda.


El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar quiero poner de manifiesto públicamente que ha sido un privilegio y una magnífica experiencia formar parte de la Ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología. Ha sido una magnífica experiencia por el interés de los temas tratados, por la calidad de los ponentes que han comparecido y por el magnífico clima de unidad y colaboración que ha existido entre los miembros del grupo de trabajo.
El documento realizado recoge las aportaciones de los ponentes y reconoce la importancia de incentivar la investigación con el doble objetivo de aumentar el tiempo de vida y de mejorar su calidad; investigación que debe circular siempre por los carriles de la ética y que queremos impulsar por la acción política.
Como han podido ver sus señorías, el texto del documento ha sido admitido por todos los grupos políticos. Todo el texto, excepto una palabra, ha sido consensuado y aplaudido. Debemos felicitarnos por ello.
Solamente hay una palabra que nos separa, una palabra que nosotros debemos mantener y que el resto de los grupos desea suprimir. Esa palabra, como ha dicho don Alonso Arroyo, es «actualmente». En efecto, una palabra aparentemente tan inocente separa dos posturas contrarias: la nuestra, la del Grupo Parlamentario Popular, que defiende la actual legislación al mantener que sólo se usarán para investigación los preembriones actualmente crioconservados que no puedan ser utilizados con fines reproductivos, y la de otros grupos que, para darse un aire supuestamente más permisivo o moderno, se saltan lo establecido en el Convenio de Oviedo, en el Código Penal y en la recién aprobada Ley de Modificación de la Ley de Reproducción Asistida, y dicen que se usen para investigación todos los embriones, tanto los actualmente crioconservados como los que puedan producirse en el futuro.
Aun siendo un asunto técnico el que se plantea, su fondo es más político que técnico. Lo que están diciendo claramente los grupos que sostienen el voto particular es que quieren que los embriones sobrantes que se produzcan en el futuro se usen para investigación. A nosotros este planteamiento nos parece mal por tres razones fundamentales: por innecesario, por inconveniente y por ilegal. No es necesario porque, con los preembriones actualmente crioconservados que no pueden utilizarse para reproducción humana por la falta de mujeres receptoras, tenemos suficiente número como para obtener líneas celulares para investigación durante muchos años. Además, señorías, la investigación con células troncales no se realiza sólo con las embrionarias; también se hace, y con muy buenos resultados,

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con células procedentes de personas y tejidos adultos. Por cierto, hay muchos investigadores de enorme prestigio que prefieren este tipo de células para sus ensayos ya que son mucho más fáciles de conseguir, no plantean problemas éticos para su utilización y su capacidad para generar tumores es menor que la de las células de origen embrionario.
No es tampoco conveniente porque el planteamiento de la libre utilización de preembriones para investigación hace que aparezcan una serie de problemas éticos para los cuales no existen actualmente soluciones definidas. Creemos que, poco a poco, los avances científicos y sociales podrán ir aclarando estos problemas, de manera que, dentro de poco tiempo, podamos alcanzar un criterio más justo y más consensuado que el que se podría adoptar ahora. Y no es legal porque hay que recordar que hoy día, en España, está prohibida la creación de embriones con fines de investigación. Esta prohibición debe impedir la acción directa y voluntaria de creación de embriones, pero también debe impedir cualquier acción o incentivo que, de forma indirecta, permita o prime la creación y existencia de embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro.
Ustedes saben que en Estados Unidos y en muchos países europeos se han establecido plazos para poder usar embriones crioconservados en investigación, y esto se ha hecho también para desincentivar la creación indirecta de preembriones sobrantes. Si permitiésemos la utilización para investigación de los embriones sobrantes que puedan producirse en el futuro, está claro que, por razones obvias, su número aumentaría, y eso es precisamente es lo que tratamos de evitar.
Señorías, sé que mis argumentos no les van a convencer, porque nuestra distancia no está en el razonamiento sino en la premisa. A ustedes no les importa que se generen embriones sobrantes, incluso me atrevería a decir que lo desean, porque lo que quieren es usarlos para investigación.
Nosotros no queremos que se generen y, desde luego, los que puedan generarse no queremos que se usen para investigación.
Señorías, ustedes nos acusan de que queremos tratar de forma diferente a los preembriones actualmente crioconservados y a los que se puedan generar en el futuro. Yo les digo que esa afirmación que ustedes hacen es falsa, y lo es porque nosotros queremos tratar a todos los embriones por igual, queremos que todos los preembriones se conviertan en fetos y que éstos se conviertan en niños o en niñas, y además hacemos lo posible por que esto sea así. Pero lamentablemente, señorías, ustedes saben que no se puede cumplir este objetivo al cien por cien sencillamente porque no hay mujeres suficientes que puedan ser receptoras de estos preembriones que actualmente sobran. Por ello, señorías, nos queda como única alternativa posible para los preembriones que no puedan ser acogidos por una mujer, su descongelación sin reanimación y el uso de sus estructuras biológicas para investigación, siempre de acuerdo con la legislación vigente.
Pero, señorías, las actitudes debidas a causas concretas no suponen obligación de mantenimiento de dichas actitudes cuando desaparecen las causas que las forzaron. Por ello, en el futuro no utilizaremos nuevos preembriones para investigación.
Teniendo en cuenta la modificación de la Ley de Reproducción Asistida aprobada la semana pasada, sería una incoherencia que mi grupo político, que ha realizado y aprobado dicha ley, admitiera ahora una recomendación en esta ponencia que dejase abierta la puerta a la utilización con fines de investigación de los embriones que se puedan generar a partir de ahora. No, señorías, no queremos ser incongruentes. No lo somos. Somos serios y decimos siempre lo mismo, la semana pasada y hoy, algo que no pueden decir en este momento todos los grupos, lo cual lamento. Por ello, señorías, como ya saben, les anuncio que vamos a votar de forma favorable todo el dictamen y que no vamos a admitir el voto particular que han presentado.
Termino felicitando a los miembros de la ponencia y a la letrada por el magnífico trabajo realizado que hoy presentamos, y agradezco a todos de nuevo su talante.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Antón Rueda.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
En el turno de portavoces quería alabar el trabajo llevado a cabo por la ponencia a lo largo de estos dos últimos años. En sus recomendaciones, la ponencia aconseja adoptar medidas para fomentar la investigación biotecnológica y biomédica en nuestro país, tales como aumentar la financiación, facilitar la carrera profesional del investigador, favorecer la calidad y el número de publicaciones científicas, favorecer la divulgación científica y tecnológica, favorecer la transferencia de los resultados de la investigación e incrementar los programas de difusión en biotecnología y biomedicina. También se hacen una serie de recomendaciones para incluir en el próximo plan de I+D, tales como una mayor consideración de las patentes en la evaluación de los méritos profesionales de los investigadores, sin menoscabo de las publicaciones científicas, la creación de empresas biotecnológicas y biosanitarias, regulando la compatibilidad de los empleados públicos con la gestión y dirección de nuevas empresas biotecnológicas, el fomento de capitales-riesgo y de los incentivos fiscales en la investigación biotecnológica y biosanitaria y estimular el intercambio entre las universidades y las empresas.
Otras recomendaciones son extender a todas las instituciones que trabajan en estas materias o disciplinas la existencia de comités de bioética. Se aconseja que en los casos en los que la investigación se realice con células o tejidos de origen humano embrionario, fetal o adulto, ésta se realice de acuerdo con los criterios de no comercialización y no patentabilidad que se atribuyen al resto de los tejidos y órganos humanos que se utilizan para investigación y transplante. Por último, también se recomienda también regular mediante ley la protección rigurosa de los datos genéticos

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individuales y proseguir la investigación con células madre.
Quiero acabar volviendo de nuevo al punto 10, que es en el que existe un desacuerdo. Autoriza la utilización con fines de investigación y aplicación terapéutica de las células obtenidas en el momento de la descongelación de los embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro que actualmente se encuentran crioconservados y que no vayan a señor utilizados por las parejas progenitoras o donadas a otras parejas.
Y establece, y está aprobado por unanimidad, unas medidas de control, que no voy a repetir de nuevo, como el consentimiento informado por los progenitores, etcétera y dice textualmente, y también está aprobado por unanimidad, que se deberá reducir el número de embriones sobrantes al mínimo compatible con la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro para que la opción sea compatible con el principio recogido por el Código Penal y el Convenio de Oviedo. Senador Antón, lo dice textualmente.
Creemos que la ponencia ha hecho un gran trabajo y que es una verdadera lástima que suceda esto por una palabra. Coalición Canaria se queja de que usted haya hecho esa generalización tan simplista de que nosotros queremos los embriones para investigar y no para producir seres humanos.
Eso es absolutamente falso. Ustedes, con esta recomendación y con la ley, también están autorizando en determinadas condiciones el uso para investigación y fines terapéuticos de embriones sobrantes, y nosotros queremos lo mismo, pero también para los que, en su caso y en su día, a pesar de todas las cautelas, pudieran seguir siendo sobrantes.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando se pertenece a una institución respetable, lo primero que tiene que hacer todo miembro de esa institución es tenerse respeto a sí mismo.
Yo creo que en el Senado se hacen trabajos muy importantes, aunque no tienen reflejo público, lo cual lamento personalmente por el respeto que me tengo a mí mismo y por el que le tengo a la institución para la que he sido elegido por segunda vez.
En el Senado se han hecho y se hacen trabajos muy importantes, como éste que hoy nos ocupa, y también trabajos, por ejemplo, en materia de residuos nucleares que nunca llegaron a exponerse públicamente aunque son claves para nuestra sociedad. El Senado se ha dedicado a cuestiones importantes en materia de turismo, como decía ayer, y ha hecho con rigor trabajos --insisto en ello-- como éste que estamos hoy aprobando y con el que estamos también discrepando. Este trabajo lo ha hecho además con lo mejor que hemos sido capaces de aportar quienes hemos participado en ello, y sobre todo es un trabajo que se ha hecho desde los convencimientos de las personas que hemos trabajado en ello.
Por eso creo que el introducir la argumentación que hemos podido escuchar al defender una determinada posición, en primer lugar se contradice con las actitudes internas de la comisión, y en segundo lugar para mí resulta una falta de respeto. Yo, como padre de dos hijos diabéticos, los dos que tengo, no puedo admitir lo que ha escrito un diputado del Partido Popular, ni puedo admitirlo tampoco en nombre de los padres y familiares de enfermos de Alzheimer, ni en nombre de los padres y familiares de enfermos de Parkinson. Yo no puedo admitir lo que esa persona ha escrito porque en el fondo de esa frase se está suscitando la defensa del punto número 10. Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico se introduce por vez primera la posibilidad de destruir embriones para poder investigar con ellos. Y para ello sólo es precisa la autorización de la pareja progenitora o la de la mujer sola en su caso.
Pero en esta cuestión capital de la reforma hay también otras cosas positivas. El diputado se está refiriendo a la ley, pero para la Ponencia es lo mismo. Nos encontramos en una auténtica regresión en cuanto al respeto del ser humano. Esto lo dice un diputado del Partido Popular. ¿Y qué es la regresión respecto del ser humano? ¿Es que los enfermos no son seres humanos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué debate estamos hablando? (Rumores.) Estamos hablando del respeto al ser humano en sí mismo considerando, cuestión, por cierto, que no ha constituido compromiso político dentro del programa electoral del Partido Popular para las elecciones generales del año 2000, y motivo por el que el diputado votó en contra de la ley.
Perdónenme, pero yo no puedo entender esto. Si esta Ponencia ha tenido algo de positivo, era precisamente el avanzar en los aspectos políticos, en los aspectos fundamentalmente intelectuales y en los aspectos de la opinión y creación de pensamiento contra todo atavismo, contra toda razón de conservadurismo, cosa que no nos permite conseguir que nuestra sociedad sea mejor, sea más sana, y sobre todo sea más libre.
Y debemos intentar también que los recursos que se liberan por esas razones sean también utilizados para un mayor bienestar de muchísima gente que lo necesita, en unos casos por razones hereditarias, como puede ser el caso de mis hijos, y en otros casos simplemente por razones de marginalidad y subdesarrollo. Creo que somos responsables de todo ello, como creo que este Senado también es responsable de contribuir a la mejora de la Humanidad. Creo que éste es el gran éxito por el que por unanimidad se constituyó esta ponencia. Creo que verdaderamente ésta es la gran virtud derivada --como nos recordaba el presidente de esa comisión--, de la decisión de constituir esta ponencia en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Creo que éste ha sido precisamente el aporte político, porque aquí se ha hecho política, con su consenso y con su discrepancia --eso es la política--. Creo que éste es el gran éxito de lo que hoy se presenta aquí para su debate. Este es el fondo de la cuestión.
Nuestro grupo considera que al campo no se pueden poner puertas. Y la realidad está siendo tan tozuda que

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cuando empezamos a discutir hace dos años sobre esto, ni siquiera en este Parlamento se pensaba que se podría llegar a la situación política y jurídica que actualmente tenemos. Se ha aprobado una ley --aunque con discrepancias--, es decir, tenemos un marco legal. En la Unión Europea se ha avanzado de tal forma que se han modificado decisiones anteriores y hoy en día se permite la investigación en células madre y con embriones.
Europa ha evolucionado en estos dos últimos años, España también ha evolucionado, y este Senado ha sido protagonista de excepción y meritorio de su propia contribución a esos avances. Pensemos en estos aspectos positivos y no en atribuir a nadie cosas que nadie quiere. Porque si algo queremos todos es precisamente la defensa de la vida humana, de los derechos humanos y de la libertad de las personas. Creo que éste es el elemento clave.
Por esa razón, no a título personal puesto que el consenso es algo general, quiero solicitar de la Presidencia de este Senado que este documento que hoy se aprueba, junto con las ponencias y las opiniones de quienes aquí participamos en esto, se publique pronto puesto que los tiempos así lo exigen, y que esa publicación se haga solemnemente en esta Cámara, con un seminario donde participen personas externas a la Cámara pero pertenecientes al mundo de la ética, al mundo jurídico para que aporten también sus opiniones. Ello debe servir para que verdaderamente se sepa que este Senado tiene un papel en la sociedad española aparte de los otros que queremos darle: el de contribuir con serenidad, con independencia y desde la mayor unanimidad posible, de forma muy importante y significativa a la mejora de la ciudadanía, al bienestar de los ciudadanos de su propia libertad.
Señorías, había preparado muchas hojas y muchos temas para exponerlos, pero las opiniones aquí vertidas me han cambiado por completo el discurso que tenía preparado. Creo que debemos reconocer que este trabajo rico, intelectual y sobre todo vocacional que han ido haciendo los miembros de la Ponencia semana tras semana escuchando a mucha gente y aprendiendo con humildad, queda plasmado como uno de los trabajos más serios que se han hecho en los ocho años que yo llevo en esta Cámara. Confiemos en que verdaderamente podamos contribuir, desde nuestra función pública, a ver mejorada la salud de los españoles, la convivencia de los españoles y la libertad de la persona humana, a la que todos debemos contribuir.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa tiene la palabra el senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, antes que nada quiero ratificar las palabras pronunciadas por el senador Arroyo en la presentación del voto particular en nombre de todos los grupos parlamentarios que lo hemos firmado.
También quiero ratificar, sin recurrir a retórica alguna --en ocasiones parece que hay un cierto convencionalismo retórico pero no es éste el caso--, el buen trabajo que se ha realizado durante estos dos años, el clima de diálogo que ha habido en la ponencia y la voluntad para llegar a alcanzar acuerdos que han permitido, si no llegar a lograr uno total, sí a tener tan sólo una pequeña diferencia de doce letras en un texto de siete páginas, una diferencia pequeña pero notable en cuanto a su significado e importancia.
En cualquier caso, quiero también decir que éste no es un informe de desacuerdo, es básicamente un informe de acuerdo, aunque con una diferencia no menor, sino muy importante.
Por eso quiero dejar constancia --y no es retórica, sino que es un punto de vista expresado con toda sinceridad-- de que se ha trabajado mucho y bien durante dos años, que entrar en el mundo de estos nuevos problemas derivados de los avances científicos ha sido apasionante para mí y creo que para todos los miembros de la Ponencia. Quiero confesar que yo mismo durante estos dos años he cambiado y modulado sustancialmente mis opiniones previas sobre este asunto gracias a la extraordinaria calidad de los comparecientes que han intervenido en la Ponencia y a las lecturas que hemos podido hacer sobre el tema.
Estamos ante un cambio importante, un nuevo mundo que plantea grandes retos, temas que ni se deben ni se pueden parar pero que es cierto que requieren algunas cautelas en su punto justo, tampoco excesivas cautelas.
Sería ideal encontrar el punto justo de las cautelas que todo esto requiere.
Hemos conseguido siete páginas de acuerdos en puntos tan importantes como una aproximación seria a las necesidades de fomentar la investigación en biotecnológica y biomedicina, traducida en unas recomendaciones que creo que son interesantes; hemos conseguido una aproximación seria a la también importante dimensión económica de esta apuesta; hemos hecho una aproximación seria a la complejidad de la materia en términos de los retos éticos que plantea y no hemos llegado a un acuerdo en el punto 10, del que hablaré porque es el que plantea la discrepancia.
Subsiste un desacuerdo. ¡Qué le vamos a hacer! Un desacuerdo que se puede traducir en un cambio pequeño en magnitud en cuanto al texto, pero que no es menor. Es importante desde el punto de vista de lo que significa la discrepancia del punto 10. Ya se discutió en el debate de la modificación de la Ley de Reproducción Asistida hace sólo una semana, se discutió también ayer en el Pleno del Senado, y la pregunta que centra un poco la cuestión de esta discrepancia es qué diferencia hay entre un embrión excedente congelado hace un mes y un embrión excedente congelado ayer, hoy o mañana. Esta es la pregunta de fondo.
El punto 10, se lea como se lea, dice básicamente dos cosas: primero, se autoriza para investigación y aplicación terapéutica el uso de células troncales crioconservadas excedentarias de los procesos de fecundación in vitro que no vayan a ser utilizadas para esta finalidad, incluso con las dos versiones. Segundo, no se producirán embriones ex profeso para investigar, que es lo que dice el Convenio de Oviedo, y me parece mal que se cuestione si estamos de

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acuerdo o no, porque esto lo suscribimos en el texto que nosotros defendemos. Por tanto, no se producirán embriones ex profeso para investigar y se reducirán los embriones sobrantes al mínimo compatible con la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro. Lo suscribimos también, y me atrevería a decir que el senador Antón se ha excedido un poco en la interpretación de nuestras posiciones. En esto estamos de acuerdo.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno dicen, por las razones que sea y que podemos llegar a comprender --una alusión que hacía el señor Albistur puede también explicarlo--: resolvemos el problema de los embriones ya existentes pero a partir de ahora con la ley ya no se producirán más embriones sobrantes. El problema es que esto no es exacto, y lo sabemos todos. Nos parece una actitud un poco hipócrita.
El texto que propone el Grupo Parlamentario Popular nos parece inaceptable por dos razones básicamente: una de forma y otra de fondo. La de forma es la necesidad evidente, a mi juicio, de distinguir entre lo que es una ley y un informe con unas recomendaciones. Una ley puede establecer un punto cero, por ejemplo, el momento de su entrada en vigor, lo hacen la mayoría de las leyes, pero las recomendaciones de un informe deberían limitarse a decir lo que quieren decir, que es que se autoriza el uso de embriones para la investigación y aplicación terapéutica, que no se pueden producir expresamente para investigar y que los sobrantes van a ser los mínimos o inexistentes si es que lo son. Esto es lo que se puede afirmar. Esto lo puede decir un informe entre otras razones porque actualmente en la ley puede ponerse una fecha, pero un informe no establece límites de esta naturaleza. Por tanto, creemos que hay un problema de forma importante, aunque, evidentemente, no es la esencia del mismo.
El problema de fondo es que no estamos de acuerdo en establecer este punto cero y por eso no aprobamos la ley. En este sentido podría parecer lógico que hubiera discrepancias. Nos parece que no hay ninguna justificación para decir: estos embriones sí y éstos no, ni tampoco para autoengañarse y negar que va haber embriones sobrantes probablemente, porque ésta es la cuestión.
A pesar de todo termino reiterando el espíritu general de consenso y de diálogo que hemos conseguido, pero no me queda más remedio que lamentar que el consenso no haya sido total. Es evidente que en los últimos meses nadie pensaba que podíamos llegar a estas posiciones, por tanto ha habido avances importantes. El Grupo Parlamentario Popular ha cambiado de posición y esto ha permitido en la última fase de la ponencia pensar que podía haber un acuerdo que en realidad se ha alcanzado en buena medida, pero nos parece mal que el acuerdo no haya sido total porque pensábamos que podría haberlo sido.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos, Entesa Catalana de Progrés y Senadores de Coalición Canaria.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Quizá no haya que lamentarse tanto de que no haya consenso. Nos lamentamos pero también es bueno para saber qué defiende cada fuerza política, para clarificar las cosas. En ese sentido, la discrepancia no es baldía. De todas formas lo que sí deberíamos procurar, y enlazo un poco con lo que ha dicho el señor Albistur, es que las diferentes posiciones se defiendan sin frivolidad y con respeto.
Usted ha dicho, señor Antón --estará en el «Diario Sesiones»-- que algunos nos damos el aire de permisivos o modernos. Es una forma de hablar, pero es una frivolidad y poco respetuosa con la Cámara y para el trabajo de la Comisión que hemos realizado todos con el máximo interés.
(El señor Antón Rueda: ¡No, hombre!) Un poco más tarde ha insistido en que parecía que deseábamos que proliferaran los embriones, etcétera. Ya le ha respondido perfectamente el señor Gibert y no hace falta insistir, pero su intervención en ese sentido me ha parecido muy desafortunada por el tono. Parece que unos son los buenos y otros los malos (El señor Antón Rueda: Que no.), y lo toman frívolamente. Yo tengo unas razones -- que voy a defender y son las que han dado mis compañeros mejor que yo--, y ustedes tienen otras, pero ni nosotros las tomamos frívolamente ni queremos que ustedes las tomen tampoco frívolamente; parten de posiciones políticas diferentes, pero no frívolas. Nosotros no somos unos facinerosos ni unos saltimbanquis que vamos promocionando embriones, ni tenemos aires permisivos. (El señor Antón Rueda: Que no es eso.) Por tanto, mucho cuidado con las expresiones y un respeto a la Cámara y al trabajo de la comisión.
Suscribo todo lo que se ha dicho por parte de mis compañeros, y por tanto no voy a repetirlo, voy a dar argumentos un poco diferentes para contribuir a la riqueza del debate, como la ha habido en la ponencia.
Quiero recordar a la Cámara y a los señores del Grupo Parlamentario Popular que en el informe presentado por el Comité Asesor de Etica sobre la investigación científica y técnica, presidido por el señor César Nombela, en el que todos sus miembros son científicos nombrados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el punto cuatro dice: La investigación con células troncales, embrionarias o humanas sí genera problemas éticos ya que deben obtenerse a partir de embriones tempranos.
Este comité conoce dicha problemática y estima que el embrión temprano tiene un valor y merece especial respeto; pero este valor es ponderable con respecto a otros.
Según ha explicado muy bien el senador Albistur, en la misma línea del comité, el valor del embrión es ponderable con respecto a otros valores, pero eso no quiere decir que aquellos que defendemos la posición que se recoge en la enmienda despreciamos el valor del embrión y, por ello, no nos parece adecuada su posición. Creemos que defienden una actitud inmovilista, que va en contra del progreso y del bienestar humano, pero no por ello decimos que ustedes

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actúen frívolamente, a pesar de que nos duela que no participen de nuestra idea.
Mi segunda matización se centra en el punto 8 del informe, donde dice: La legislación vigente deberá ser modificada a fin de establecer un marco jurídico adecuado en lo referente a la investigación con células troncales procedentes de embriones sobrantes. Dice que deberá ser modificada para permitir esta situación, pero esta recomendación no pone un límite, no establece la fecha de noviembre de 2003. Insisto, únicamente dice: La legislación vigente deberá ser modificada a fin de establecer un marco jurídico adecuado en lo referente a la investigación con células troncales procedentes de embriones humanos sobrantes.
Esto es lo que dice el comité que ustedes nombraron, formado por eminentes científicos, y que recomiendan que se pondere el embrión, pero también otras cuestiones; por ejemplo, la investigación con embriones humanos sobrantes y que se cambie la legislación, pero sin señalar una fecha límite.
Ustedes establecen una fecha límite, a pesar de que en el Parlamento Europeo se ha votado en contra de la misma; ustedes van en contra del tiempo y en contra del progreso de la sociedad, manteniendo una actitud inmovilista que no nos permite avanzar.
Tal y como le indiqué hace pocos días en la ponencia --y el senador Gibert ha repetido esa misma idea--, una cosa es la ley y otra cosa son las recomendaciones que pueda hacer una ponencia. El Partido Popular puede aprobar una ley que resuelva el problema de los embriones congelados y, al mismo tiempo, aprobar unas recomendaciones para el futuro, sin caer en ninguna incoherencia.
Una cosa es la ley y otra cosa es una recomendación; son dos ámbitos diferentes y hay que tener en cuenta que esas recomendaciones nos permitirían avanzar. En este sentido, su negativa a modificar el punto 10 les coloca en una posición inmovilista, que no puedo dejar de lamentar aunque, por supuesto, respeto su actitud.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Aránega.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la verdad es que a estas alturas del debate prácticamente se han expuesto todos los argumentos que han motivado que todos los grupos de la oposición hayan presentado este voto particular; sin embargo, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer alguna consideración.
Al Grupo Parlamentario Socialista le ha parecido un absoluto acierto la ponencia creada en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y no solamente por los objetivos de la misma sino también por el nivel de las personas que han comparecido, la libertad con la que se han manifestado e incluso por el alto grado de diálogo que se ha desarrollado.
A pesar de que no haya sido posible alcanzar el consenso, no creo que nuestras diferencias deban ser enjuiciadas, tal y como desafortunadamente ha hecho el portavoz del Partido Popular al decir que era una especie de presentación de «triunfitos» --por decirlo de forma coloquial--, o que nosotros pretendíamos ir de modernos, como se ha expresado textualmente.
Verdaderamente, eso no responde a la realidad; es más, es absolutamente falso porque, como he dicho anteriormente, todos hemos hecho nuestro trabajo de una forma muy seria. Los comparecientes han puesto lo mejor de ellos mismos y, nosotros hemos actuado en consecuencia, poniendo también lo mejor de nosotros mismos.
Por tanto, nos parece un despropósito el que se califique este voto particular de frívolo --tal y como se ha hecho-- y, además, nos parece enormemente desafortunada su afirmación sobre lo que dice el voto particular, porque realmente no dice eso. En este sentido, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología ha manifestado de forma contundente que nosotros no proponemos algo que el Partido Popular decía que sí proponíamos en ese punto diez.
En los prácticamente dos años en que ha estado trabajando esta ponencia y durante las comparecencias de los diferentes científicos, investigadores y clínicos se han vertido una serie de opiniones que han quedado plasmadas en las recomendaciones, y que les voy a comentar.
En primer lugar, ha habido unas consideraciones de ámbito general, que tratan de dar solución a las carencias existentes en el ámbito de la investigación científica y biomédica en España; por ello, la primera recomendación propone fomentar la investigación biotecnológica y biomédica en nuestro país.
Igualmente, en otra de las recomendaciones no sólo se hace un diagnóstico del problema sino que, además, se da la receta, se propone el remedio para su solución. En este sentido, se habla de estimular la actividad científica y tecnológica; se recomienda al Gobierno que aumente la financiación en investigación, así como el número de investigadores; y que se favorezca la transferencia de los resultados de investigación --que es otra de las carencias que se han manifestado a lo largo del desarrollo de esta ponencia.
Quiero destacar la recomendación número 4 porque me parece importante para el desarrollo de la investigación en este país ya que propone incrementar actuaciones y programas de difusión de biotecnología y biomedicina, algo que me parece también absolutamente oportuno, acertado y consecuente.
Asimismo, en el punto número 5, se pide incluir en el próximo plan de I+D una serie de consideraciones, todas enormemente importantes, como por ejemplo: dar mayor consideración a las patentes para que no seamos un país deficitario y dependiente de los demás, la creación de empresas biotecnológicas y biosanitarias y el fomento del capital riesgo con incentivos fiscales, para las investigaciones de biotecnología y en el ámbito biosanitario.
Eso ha sido parte importante del desarrollo de la ponencia, y la hemos conceptuado como de ámbito general, pero también se ha centrado en algo muy relevante: en qué hacer con las células troncales embrionarias ubicadas en los

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embriones excedentarios fruto de las técnicas de fertilización asistida.
Por eso, atendiendo a las recomendaciones de los comparecientes, se han establecido los puntos números 6, donde se habla de existencia de comités de bioética --no en singular, sino en plural--, 7, que señala que hay que promover el debate interdisciplinar, y 8, al que ya ha hecho referencia el senador Josep Varela y en el que no voy a entrar.
Sin embargo, todos los comparecientes han recomendado proseguir con la investigación de células madre, tanto las embrionarias como fetales y adultas. Unos lo han hecho manifestándose con mayor énfasis en uno u otro aspecto, pero lo cierto es que la mayoría han apostado por explorar la posibilidad terapéutica de estas células, que entiendo que para todos los grupos políticos no son un problema sino la esperanza y solución de muchos problemas. Alguna senadora puede decir que no con la cabeza, pero estamos hablando de lo que se ha dicho en la ponencia y en el informe que hoy debatimos.
Respecto a la recomendación número 10, a los que hemos emitido el voto particular nos asisten razones científicas, técnicas y morales e incluso legales para apoyar esta redacción. ¿Por qué? Porque, básicamente, la redacción que nosotros proponemos es razonable mientras que lo que solicita el Grupo Parlamentario Popular, que dice que sólo se puedan hacer uso de los preembriones o embriones excedentarios que al entrar en vigor la ley se encuentren en proceso de crioconservación, no lo es por muchos aspectos.
No es razonable desde el punto de vista científico, ¿por qué? Porque los embriones excedentarios, señorías, van a seguir existiendo porque son fruto de las técnicas de fertilización asistida y, aunque éstas se perfeccionen al máximo y se logre un menor número de embriones, seguirán existiendo porque hacen compatible la viabilidad de esas técnicas; precisamente por esa característica, van a seguir existiendo embriones excedentarios. Si van a seguir existiendo embriones excedentarios, poca argumentación moral encuentro en dar un tratamiento distinto a los embriones congelados ayer y a los que se congelen mañana.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Señoría, por favor, vaya concluyendo.


La señora ARANEGA JIMENEZ: En seguida termino, señor presidente.
Es tan difícil explicarlo, que no hay argumento que lo sustente. Además, tenemos razones legales porque el Parlamento Europeo también aprobó, en contra del Grupo Popular europeo, que no se pusiera temporalidad a la investigación con los embriones excedentarios de las técnicas de fertilización asistida.
Por eso, señorías, hoy defendemos este voto particular. Eso no quita para que afirmemos que todos, incluido el Partido Popular, hemos hecho un trabajo serio; sólo existen diferencias importantes en el punto número 10, pero, desde las posiciones políticas que cada uno defiende, todos hemos puesto lo mejor en esta ponencia y en la elaboración del informe.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.) El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Aránega.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de entrar en el tema, quiero resaltar que me gustaría que la sensación final fuese que es más lo que nos ha unido y nos une que lo que nos separa. Casi diría que es el resumen de todo; si a los que hemos estado en la ponencia nos hubiesen colocado el primer día, hace dos años, el documento que vamos a aprobar, estoy convencido de que lo hubiésemos firmado todos.
¿Qué significa esto? Que, efectivamente, el tiempo es un factor a tener en cuenta, como también lo es la maduración de los temas complicados. En definitiva, estamos tratando cuestiones que tienen una repercusión ética, jurídica, económica y social, de ahí que sea necesaria la maduración, tanto para que el Gobierno pueda tomar decisiones como para que los científicos y senadores modulen posturas. Si tuviéramos imágenes de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos dos años, veríamos que nada tiene que ver la postura que manteníamos en octubre o noviembre del año pasado con la que tenemos ahora. Esa es mi primera conclusión.
En cuanto a la postura que cada uno, tanto los compañeros del Congreso como los del Senado, puede tener sobre estos temas, creo que todas son totalmente respetables porque entran en juego la conciencia, la ética, la creencia y los valores morales y humanos. Cada uno tiene su posición al respecto y debe ser respetable; de hecho, respeto totalmente la postura de los compañeros de los diferentes partidos que han optado por apoyar o no la ley. Creo que eso es el principio de la democracia, respetarnos dentro de ese margen.
Pero lo que les separa del Grupo Parlamentario Popular es, sin duda, la redacción del punto número 10, que ya se debatió con motivo de la Ley de Reproducción Asistida y sobre el que ayer discutimos en una moción y hoy volvemos a tratar. Efectivamente, ahí pueden verse las mismas razones éticas, científicas y sociales que pueden situarnos a favor o en contra, y en ese tema no voy a entrar.
En cuanto al informe del comité de bioética al que hacía referencia el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha sido un documento que se ha tenido en cuenta. Eso es lo que nosotros hemos dicho en la ponencia; uno de nuestros puntos dice, precisamente, eso: que las decisiones legislativas no se tomen sin antes tener en cuenta la opinión de los expertos. Con ello, estamos apoyando implícitamente la existencia de comités de bioética.
Voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido la opinión de nuestro grupo. En primer lugar, quiero destacar la actitud de los que hemos representado al Grupo Parlamentario Popular en la ponencia. Hemos apostado por la prudencia, por el análisis riguroso de la realidad científica que se nos ha expuesto --por cierto, nada fácil, aunque de excelente calidad--, así como por las implicaciones éticas

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que pudieran derivarse, y hemos madurado y dedicado mucho tiempo a nuestro análisis.
Nuestro grupo ha huido de posiciones partidistas y cerradas --como se ha visto en ponencia-- y tengo que decir que resulta positivo y enriquecedor estudiar todas las posibles soluciones. Todos los grupos han tenido la oportunidad de traer a la persona que han estimado oportuno, lo cual, para mí es muy importante. El tiempo es el que es y hemos podido conseguir la colaboración de determinados expertos, pero tanto los grupos minoritarios como los mayoritarios hemos recogido todas las inquietudes que se pusieron de manifiesto.
Y estoy satisfecho porque pienso que en dos años se pueden recoger las inquietudes que la sociedad demanda, que es el objeto de una ponencia, qué piensan los científicos, los juristas y la sociedad, y en ello hemos avanzado. Finalmente, tras un intenso trabajo, como se ha dicho, hemos llegado a un preámbulo y nueve recomendaciones, y nos ha separado una.
Por ello, nuevamente he de mostrar mi satisfacción porque me hacer ver con cierto optimismo que quizá sea la solución acertada, es decir, unos a favor, otros en contra; no hemos podido alcanzar un consenso unánime, que es lo que ocurre casi siempre en todos los acuerdos; desde mi punto de vista, hemos aportado una buena solución para continuar trabajando porque esto no se acaba aquí. Hay un trabajo serio y riguroso, que debe continuar, no es un principio y un final, sino un principio de continuidad.
También quiero resaltar que la ponencia reconoce el papel fundamental que ha de tener la investigación en España, concretamente el desarrollo de todas las líneas de investigación que en ámbitos como la tecnología de la vida y de la salud se están poniendo en práctica con el objetivo de obtener productos útiles como los alimentos o los medicamentos a partir de células vivas, lo cual nos lleva a otro apartado porque se van a derivar consecuencias positivas para la calidad de vida.
Como resumen, se ha puesto de manifiesto en la ponencia que la investigación del siglo XXI está siendo y va a ser la del cuerpo humano.
No sé si sus señorías estarán de acuerdo conmigo, pero con el descubrimiento del mapa del ser humano y con los avances de terapia celular y medicina regenerativa se han creado fundadas esperanzas para sanar enfermedades que hoy son incurables. Igualmente, quiero resaltar que esta investigación ha de ir unida a otra parte fundamental, que es el desarrollo tecnológico, y todos estamos de acuerdo en que la investigación básica tiene que servir de motor de la investigación aplicada, y a la pregunta tantas veces realizada sobre cuál hay que potenciar, todos estamos de acuerdo en que es necesario potenciar ambas, porque sin investigación básica no hay investigación aplicada y viceversa.
También estamos de acuerdo en que ésta es una acción prioritaria a impulsar, tanto desde el sector público como desde el privado, para conseguir que nuestra economía y el sector empresarial sean cada vez más competitivos; efectivamente, como se ha dicho, hay una responsabilidad pública, pero todos hemos conocido que tenemos que acercarnos a esos índices europeos de los países de nuestro entorno económico. España se encuentra aproximadamente en el 54 por ciento en cuanto al gasto de las empresas y Europa está en el 66 por ciento. Por tanto, ha de haber un esfuerzo de la investigación privada.
El paso necesario para converger con Europa, como también se ha manifestado, es continuar incrementando el gasto en I+D, en ambos sectores, y también apuntaría dos cuestiones importantes. Debemos obtener más rendimiento al VI Programa Marco de la Unión Europea, aprovechando, más aún si cabe, el potencial de las comunidades autónomas con una decidida proyección de nuestra investigación a nivel internacional, lo que finalmente ha de desembocar en un objetivo que compartimos, llegar a las cotas que ostentan los países antes mencionados en cuanto al número de investigadores, de patentes, de publicaciones científicas, etcétera, pero he de hacer un breve paréntesis en este punto, porque es indudable que en la democracia se ha hecho un gran esfuerzo y la investigación ya no es lo que era, aunque todavía queda mucho por hacer. Afortunadamente, hoy España es no solamente un país fuerte económicamente y en la creación de empleo sino que también estamos mejorando en sectores en los que tradicionalmente sólo éramos consumidores del beneficio de la ciencia.
Hoy España apuesta por la investigación y el desarrollo tecnológico y aporta a la ciencia nuestra propia sabiduría; esa sabiduría es la que tenemos que incrementar. Hemos roto aquella mala costumbre que decía que inventar es cosa de otros; en definitiva, en estos 25 años de la democracia hemos pasado de la ciencia del silencio a la ciencia de la experiencia; ciencia, cultura y solidaridad son ya el capital de nuestros pueblos y la capacidad de innovación y de integración del reconocimiento marcarán sin duda la capacidad de avance y del desarrollo de todas nuestras comunidades autónomas...


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Senador Abejón, vaya concluyendo, por favor.


El señor ABEJON ORTEGA: Termino, señor presidente.
Por ello, invertir en inteligencia es invertir en capital humano, en definitiva, en el patrimonio más importante de todos los españoles.
Para finalizar, me gustaría que constase en el «Diario de Sesiones» algo dedicado a la educación. La ciencia ha conseguido que tengamos un buen nivel de vida; en el futuro, los experimentos científicos seguirán haciendo preguntas a la naturaleza y sus respuestas tratarán de seguir aportando las mejores soluciones para el bien de la humanidad. Por ello, y para colocarnos a la vanguardia del conocimiento, hemos de estimular la cultura científica desde todos los ámbitos: medios de comunicación, instituciones públicas y privadas y desde la escuela. Es en esta última donde nace el amor por la ciencia y donde es más fácil actuar. Un reto apasionante es sin duda que la educación haga de nuestros hijos y jóvenes lo mejor de sí mismos, cuidando y cultivando su inteligencia. A esa tarea invito a todas sus señorías.


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Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Albistur Marin pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, señoría.
Señoría, si pide la palabra por el artículo 87, la tiene por tiempo de un minuto.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor presidente.
He hecho una propuesta en mi intervención que me gustaría fuera corroborada por todos mis compañeros portavoces. En este informe y en las correspondientes comparecencias hay mucho trabajo y de mucho valor. Sigo insistiendo en que la publicación es una cuestión importante y, para que pudiera aprobarse por unanimidad y por asentimiento, quiero proponer que la ponencia quedara al menos abierta hasta su publicación y que se encargara, junto a la magnífica colaboración de doña Mercedes Senén, de recopilar todo este material y elaborar una preparación de esa publicación. Entramos en época de elecciones, por tanto, lo ideal sería que estuviera listo para finales de enero y así tener un acto público que daría relevancia y resonancia a este Senado y a los trabajos realizados.
Esta es la propuesta que quiero someter a todos mis compañeros portavoces para que pueda aprobarse y alentar a esta institución para que nos eche una mano.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senador Albistur.
En cualquier caso, el procedimiento sería hacer una petición a la Mesa y se estudiará igual que el resto de las publicaciones.
Tiene la palabra el senador Antón.


El señor ANTON RUEDA: Gracias, señor presidente.
Treinta segundos nada más. No quiero dejar pasar el momento porque me ha parecido que algunos compañeros senadores se han sentido molestos o aludidos por dos de mis palabras. Y quiero aclarar lo siguiente: evidentemente, no ha sido mi intención frivolizar en este asunto. Esta ponencia es muy seria e importante y está muy claro que todos hemos trabajado seriamente y, repito, si en algún momento alguna de mis palabras les ha podido molestar, lo lamento mucho y las retiro.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchísimas gracias.
Quiero dar mi felicitación a todos los ponentes por el excelente trabajo.
Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.


Eran las catorce horas.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE FIRMA ELECTRONICA (S. 621/000158 y C. D. 121/000158).


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el proyecto de ley de firma electrónica.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador señor Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor presidente.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología del proyecto de ley de firma electrónica. Este proyecto de ley tuvo su entrada en el Senado el día 29 de septiembre de 2003, siendo publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales en la misma fecha. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 10 de octubre de 2003, ampliándose posteriormente hasta el 16 de octubre de 2003. A este proyecto de ley se ha formulado un veto, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista y 289 enmiendas, formuladas por los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo Parlamentario Popular.
A la vista de las enmiendas presentadas, la ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 22 de octubre de 2003, incluyéndose en el informe las enmiendas números 276, 279, 281, 282, 283, 285, 288 y 289, del Grupo Parlamentario Popular. Igualmente, el día 14 de noviembre la comisión acordó aceptar como dictamen el texto del informe propuesto en ese momento por la ponencia, incluyendo modificaciones que suponían la aceptación de las enmiendas números 274, 275, 277, 278, 280, 284, 286 y 287 del Grupo Parlamentario Popular.
Para su debate ante el Pleno ha formulado voto particular, manteniendo su propuesta de veto, el Grupo Parlamentario Socialista. Asimismo han formulado votos particulares, manteniendo sus enmiendas, los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas 27 a 66; de Entesa Catalana de Progrés, enmiendas 204 a 273; de Convergència i Unió, enmiendas 143 a 203, y Socialista, enmiendas 67 a 142, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 288 del Grupo Parlamentario Popular.
Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.


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Señor presidente, señorías, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda mi última intervención ante el Pleno de la Cámara en mi condición de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para agradecer a todos los senadores que conforman la misma, y especialmente a los miembros de la Mesa y a los portavoces de los diversos grupos políticos, el trabajo realizado durante la Legislatura que ahora concluye. Asimismo deseo agradecer el magnífico trabajo realizado por la señora letrada, adscrita a la comisión, doña Mercedes Senén, por los servicios de la Cámara en general, y en particular por doña Victoria Redondo.
Nada más, y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a continuación.
Propuesta de veto número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que será defendida por el senador Lavilla, que tiene la palabra.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente. Quisiera pedir su autorización para defender el veto a la vez que, tras el esfuerzo de síntesis que he realizado, pues así me lo han pedido muchos compañeros, indicar qué artículos vemos que no se ajustan a lo que nosotros creemos que puede desarrollar la sociedad de la información en España con la firma electrónica y las alternativas que nosotros propondríamos con nuestras enmiendas.
Confiamos en disponer de un poco más de tiempo en el último turno de portavoces para poder responder con la defensa de las enmiendas presentadas por nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señoría.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un veto al proyecto de ley de firma electrónica que contiene diez razones que justifican el mismo, que de forma sintética enumeraré y desarrollaré posteriormente.
(El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) La primera de ellas es que no se garantizan suficientemente los derechos de los ciudadanos. Así, por ejemplo, no se garantiza el principio de no rehusar. La segunda razón es que no se tienen en cuenta que la mayor parte de las firmas electrónicas, unas 500.000 hoy existentes en España, proceden del conjunto de administraciones. El texto propuesto por el Grupo Parlamentario Popular dificulta y pone barreras al desarrollo de la firma electrónica reconocida en comunidades autónomas y ayuntamientos.
La tercera razón es que este proyecto de ley tiene unos sesgos de monopolio que no favorece la libre competencia. La cuarta es que el DNI electrónico tendría que haberse establecido previamente. Lo contrario supone comenzar la casa por el tejado. La quinta es que hay una confusión clara entre firmante, solicitante y suscriptor. En cuanto a la tramitación, señorías, en el trámite de comisión se ofreció diálogo antes del Pleno, que no ha existido a pesar de que en dicha comisión nos acogimos a esa oferta, absteniéndonos en dicho trámite, como se puede ver en el acta de la misma, señalando que estábamos abiertos a negociar una serie de artículos que creíamos que con nuestras enmiendas se mejoraban.
El Grupo Parlamentario Popular, mostrando quizá una falta de independencia del Gobierno, no lo ha hecho posible.
La sexta razón es el retraso sufrido en la Directiva 1999/93 CE, del Parlamento Europeo sobre firma electrónica. Han transcurrido más de cuatro años sin que la trasposición de la misma se haya llevado a cabo porque anteriormente nos habíamos adelantado con un real decreto- ley que no fue desarrollado.
La séptima razón es que en este trámite del Senado hemos fomentado todavía más el caos legislativo: más de 40 proyectos de ley en menos de tres meses y a tan solo un mes, posiblemente, de disolverse el Parlamento y de la nueva convocatoria electoral. Dentro de este caos legislativo se incluye, vía enmienda, sin que tenga nada que ver con la firma electrónica, una modificación de la ley que más rechazo ha tenido en la red. Así se denominó la primera ley internet, la famosa LSSI, la Ley 34/2002, que modifica dos aspectos puntuales sin que ningún grupo político, lógicamente, tuviéramos conocimiento de que esto se iba a producir: respecto a las multas se cambia todo el tema de la publicidad en Internet y se incluyen, señorías, los teléfonos eróticos, los teléfonos de tarificación adicional en un proyecto de ley de firma electrónica. Nuestro grupo se pregunta qué tienen que ver los teléfonos, fundamentalmente eróticos, que se llaman de servicios de tarificación adicional, con el proyecto de ley de firma electrónica. Plantearemos, dado que se ha tramitado así, algunas iniciativas para corregirlo --porque todavía hay plazo si el Grupo Parlamentario Popular lo admitiera--, algunas alternativas para mejorar y proteger a los usuarios del fraude.
La octava es que no se han aceptado las propuestas constructivas de incorporar los nuevos temas que por sorpresa añade el Grupo Parlamentario Popular y que fueron expuestas en la comisión del 14 de noviembre.
La novena, se menoscaba, a nuestro entender, el Parlamento al seguir miméticamente las orientaciones del Gobierno haciendo inservibles las 73 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Es más, algunas iniciativas que se han presentado en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular tienen gran similitud con las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, pero en vez de aceptar la transacción se presentan como propias --lógicamente, votaremos a favor.
La décima, la ley de firma electrónica tiene que ser un instrumento al servicio del desarrollo de la sociedad de la información en España y en esta materia, dentro del conjunto, la gestión del Gobierno se ha demostrado un claro y reconocido fracaso --somos los penúltimos de Europa en casi todos los indicadores--: el fracaso del Plan Info XXI --ya sé que les persigue allí por donde van-- y el «españa.es», plan caducado y jubilado si se aplicara la Ley General de Telecomunicaciones ya en vigor desde el día 5 de noviembre de 2003 y que modifica también la LSSICE

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incorporando la disposición adicional sexta al plan de convergencia de nuevas tecnologías en materia de la sociedad de la información, como recomienda y decide --según dice el proyecto de ley-- ahora la Unión Europea. Recordamos que el Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del Grupo Parlamentario Popular, el día 25 de septiembre de 2001 planteó esta iniciativa.
Diez razones que avalan el presente veto y que el proyecto de ley no resuelve.
Quiero resaltar, para no dejarlo en el desarrollo del debate, el trabajo para mejorar el texto de este proyecto de ley, dejando constancia en el «Diario de Sesiones» de las aportaciones que nos ha hecho llegar la Agencia Catalana de Certificación, diversos sectores sociales, operadores privados, la Comisión de Libertades e Informática (CLI) y, por supuesto, a la diputada y compañera socialista, Lourdes Muñoz Santamaría, y a mi compañero, ponente también, Vicente Murillo, cuya contribución ha sido muy importante para trabajar en las enmiendas.
Como he dicho anteriormente, pasamos a desarrollar las razones de nuestro veto, que aunque reflejan el articulado de firma electrónica no han sido tenidas en cuenta y por ello los problemas persisten.
Hemos dicho que no se garantizan suficientemente los derechos de los ciudadanos --el principio de no rehusar-- y pondremos varios ejemplos. En el artículo 20.f) del texto del proyecto de ley el Grupo Parlamentario Popular plantea que los datos se han de conservar al menos durante 15 años. La pregunta que nosotros nos hacemos, que ahora planteamos públicamente en el Senado y a la cual espero tener una respuesta, es qué sucede, señorías, con aquellos acuerdos vinculantes entre las partes cuya vigencia se prolonga más allá de los 15 años; no hay una garantía jurídica y dependerá de la posible arbitrariedad de los prestadores de servicios. Nuestras enmiendas números 113, 114 y 115 resuelven este problema.
La segunda razón que hemos dicho dificulta y pone barreras al desarrollo de la firma electrónica reconocida en comunidades autónomas y ayuntamientos. El texto gubernamental --bendecido por el Grupo Parlamentario Popular por no mover ni un ápice de nada en el Senado-- no incluye suficientemente la equiparación de la firma manuscrita con la firma digital. En este caso la firma reconocida, muy útil para la relación entre los ciudadanos con la administración que se regula en el artículo 3, tiene una mayor amplitud y unas mayores posibilidades. Esto conlleva, además, el perjuicio añadido de que la directiva 1999/93/CE obliga al reconocimiento en los diversos Estados de la Unión Europea de las firmas válidas en cada Estado.
Según parece, puede suceder --y, de hecho, sucederá--, por poner un caso respecto a las trabas que se establecen el artículo 3 y las que tienen que ver con esta cuestión, que una firma reconocida en el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde es Ruiz Gallardón, no fuera válida para la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre. Y lo mismo podría suceder, por poner otro ejemplo, respecto a ciudadanos valencianos que tuvieran firma reconocida en la Generalitat Valenciana y esta no sirviera ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo titular es el señor Zaplana. Y, sin embargo, ante otra firma con menores garantías, que proceda, por ejemplo, de Dinamarca, de Irlanda o de cualquier otro país de la Unión Europea tenemos la obligación de reconocerla automáticamente.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista plantea en sus enmiendas que se siga el principio de no rehusar la firma electrónica reconocida por una administración, que consideramos una garantía para todos los ciudadanos y que evitaría también muchas arbitrariedades. Es por eso que algunos prestadores de servicios se han planteado establecer su centro de actividad fuera de España, porque de esta forma, desde fuera de nuestro país, los mismos certificados serían válidos.
En definitiva, las alternativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en sus enmiendas números 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82, así como las enmiendas presentadas a la parcialidad de otros artículos, resuelven este problema que genera el proyecto de ley gubernamental.
Defendemos un modelo para todo el Estado, para el que, cumpliendo los requisitos establecidos, se siga el principio de no rehusar la firma electrónica reconocida por una administración, que será valida en el conjunto del Estado.
En tercer lugar, la tendencia al monopolio limita la libre competencia, hace recaer la principal actividad de certificación en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como en el DNI digital, no existente todavía aunque se viene anunciando desde el año 2001, cuando, para determinadas actividades y en relación al punto anterior, sería suficiente con una homologación por parte de la administración que presta sus servicios al ciudadano. Las disposiciones adicionales cuarta y quinta consolidan este monopolio. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, entre otras, las números 136 y 137, contribuyen a corregir esta situación.
La cuarta razón es que el DNI electrónico tendría que haber sido previo.
Hemos dicho antes que se está comenzando la casa por el tejado. Entre sus múltiples funciones, el DNI electrónico podría servir de soporte, en los casos precisos, no en todos, a la firma electrónica. Sin embargo, lo que resulta un contrasentido es regular el DNI electrónico básicamente en dos artículos de esta ley de firma digital, en los artículos 15 y 16, de manera que este instrumento no se regula suficientemente como uno de los ejes de la administración electrónica para que el ciudadano pueda ejercer sus derechos y reciba los servicios que crean valor y eficiencia, tal como se recoge en las recomendaciones de la Comisión de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información en España, de fecha 1 de abril de 2003. Por tanto, el DNI electrónico ha de tener su propia regulación específica.
El DNI electrónico además permite dar soporte a un conjunto de transacciones electrónicas, no solamente a la firma digital, siendo una iniciativa fundamental para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento en España, y, sin embargo, acumula un significativo retraso, porque se anunció y se comprometió por parte del

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entonces ministro Rajoy para el año 2001, ya que su adecuada regulación en el campo de la firma electrónica iba a contribuir, como no podría ser de otra manera, a mejorar la seguridad de las transacciones, impulsando el resto de servicios en red de la Administración.
La falta de cumplimiento de este objetivo perjudica en España el desarrollo de la sociedad de la información y eso que ya, señorías del Grupo Parlamentario Popular, había un trabajo hecho. En España hay un uso extendido del DNI, por lo que llevar estas contraprestaciones al DNI digital hubiera sido muy aceptado por parte de la sociedad española y hubiera contribuido a desarrollar mucho más los servicios de la teleadministración.
Para la puesta en marcha del DNI electrónico, dado que se trata de derechos fundamentales, debería haberse regulado en una ley orgánica, previamente estudiada, previamente desarrollada, y, sin embargo, en este proyecto de ley de firma electrónica se encaja prácticamente en dos artículos.
La quinta razón es la confusión clara entre firmante, solicitante y suscriptor. Se produce en los artículos 2, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21 y 23 del proyecto de ley. Todos los grupos han venido planteando esa necesaria clarificación. No es lo mismo la persona que solicita una firma electrónica --pudiera ser, por ejemplo, el apoderado de una empresa para el consejo de administración-- que el proveedor que la suscribe, o el firmante que hace uso de la misma.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tratan de equiparar mundo real a mundo virtual, porque el mundo virtual, como nos hemos encargado de decir muchas veces, no existe, es parte de una misma realidad, con sus peculiaridades y características. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 73, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 100, 106, 110, 111, 116, 121, 122, 124 y 125 clarifican suficientemente estos conceptos.
La sexta razón que hemos explicado es la falta del diálogo. Sólo podemos lamentarnos. Nuestra actitud positiva, tras haber presentado 73 enmiendas, haber anunciado esa oferta de acuerdo, habernos abstenido en la comisión para intentar llegar en ese tiempo a modificar algún artículo o por lo menos dialogar sobre ello, pues no ha sido posible. Quiero suponer que ha sido por falta de autonomía del Grupo Parlamentario Popular y no por mala voluntad, pero el efecto ha sido ese, no ha sido posible llegar a acuerdos; es más, incluso en algunas enmiendas que presentamos, como he dicho, en el Congreso, algunas se han copiado prácticamente por parte del Grupo Parlamentario Popular sin transaccionar con nosotros.
La séptima razón es que ha existido una precipitación legislativa: 40 leyes en menos de tres meses a tan sólo un mes de disolverse el Parlamento y la nueva convocatoria electoral, con el agravante, en este caso, de que hemos formulado diversas iniciativas parlamentarias. En comisión pregunté cuándo se iban a desarrollar los reglamentos del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre. El 15 de marzo de 2001 el Gobierno contestaba a unas preguntas escritas, las números 1.080 y 3.081, donde aseguraba que en breve se iba a trasponer la directiva posterior al decreto y que se desarrollarían los reglamentos. Dos años y medio más tarde aproximadamente, de forma precipitada, ya cuando decae la legislatura, cuando finaliza, se trae este proyecto de ley a punto de disolverse el parlamento; esto es cuando menos poco serio.
Dentro de este caos legislativo y sorpresa, se incluye vía enmiendas, sin que nada tenga que ver con la ley de firma electrónica, una modificación de la ley que más rechazo ha tenido en Internet, la famosa LSSI, modificando, como hemos dicho, esos dos puntos: en el tema de la publicidad, hemos pasado de la publicidad ilegal a la comercial, como acertadamente publicaba una periodista, y en cuanto a los teléfonos de tarificación adicional --lo cual nos preocupa--, hay personas --le puede pasar a cualquiera-- a las que navegando por Internet se les incrusta un programa en su ordenador y sin haberlo autorizado y sin saber donde se ha incrustado y mejorado la configuración de su software, se conecta a un teléfono de tarificación adicional que puede ser un teléfono erótico o no.
El texto que plantea el Grupo Parlamentario Popular, por sorpresa, sin que haya habido posibilidad de debate, supone que se mantienen los mismos riesgos, se mantienen las mismas amenazas cuando la modificación del software se hace de una manera no autorizada por parte del usuario.
Señorías, nosotros proponemos una alternativa, que esperemos que sea aceptada --las madres cuyos menores utilizan los ordenadores y que han recibido importantes facturas de más de 3.000 euros se lo agradecerán--, y fíjense qué fácil es lo que planteamos en el texto que ustedes han aprobado: Bien por firma electrónica o por firma manuscrita, que se autorice expresamente a la empresa que sea a cobrar esos servicios porque previamente uno se halle suscrito y que no sea válido ningún servicio que previamente no se haya firmado que se quiere. Otra propuesta razonable es que en este tipo de teléfonos, que son fundamentalmente teléfonos eróticos, el cargo de ese servicio sea abonado en una cuenta especial abierta para este servicio, es decir, que no lo puedan cargar a la cuenta donde se tiene normalmente la del teléfono, sino que sea necesaria una cuenta especial.
Son dos alternativas constructivas que el Grupo Parlamentario Socialista pone sobre la mesa, porque esta enmienda ha venido por sorpresa, y con ello garantizaríamos la protección de los usuarios, es decir, de los menores que usan los ordenadores o que no tienen edad ni siquiera para solicitar ese tipo de servicios, y con los que se está cometiendo una irregularidad por parte de las empresas que están cobrando estas facturas. Entendemos que modifican también, señorías, la famosa Ley de Servicios de Sociedad de la Información.
Otro asunto muy práctico. Cuando se reciba un virus o un correo electrónico no solicitado, un correo basura o un «spam», el ministerio tendría que tener un órgano al que se pudiera mandar el correo para que se encargara de investigarlo. Hemos recibido, incluso en el Senado, correos que vienen firmados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos ofrecen un parche para un virus y si quien lo abre no tiene como aquí en el Senado un sistema de protección, y resulta que no es el Ministerio de Ciencia y Tecnología,

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sino alguien que ha suplantado su personalidad, se le infecta el ordenador. Pedimos que exista un órgano que de manera inmediata investigue esa denuncia.
Otra propuesta práctica. La hicimos en comisión y la volvemos a reiterar aquí en el Pleno. Recibimos tanta publicidad que muchas veces no sabemos quién la envía porque se falsifican e intentan aparecer como un usuario normal. Nosotros queremos que en el comienzo del asunto --y tampoco cuesta nada; es un problema de voluntad-- se ponga la palabra «publicidad», de este modo todos los usuarios de la red en España sabrían cuándo reciben un correo de publicidad y si les interesa pueden abrirlo y si no les interesa lo eliminan.
Planteamos también en comisión, y nos dijeron que no daría tiempo a hacerlo en esta legislatura, la posibilidad de recoger en la modificación del proyecto de ley el problema de las «cookies», que afectan a la intimidad de los usuarios. Ya sé que los derechos de los usuarios es algo más general. Lo tratamos en el debate de la ley. Lo volvemos a reiterar, pero nos gustaría que esas propuestas constructivas quedaran recogidas.
Señorías, voy terminando. Ya hemos hablado del menoscabo del Parlamento y de que la ley debe ser un instrumento para el desarrollo de la sociedad de la información.
Desgraciadamente --y para que luego no digan que se dicen cosas que no son-- hace menos de una semana hemos conocido que España ocupa el puesto 29 de la clasificación mundial en lo que a tecnologías se refiere, cuando estamos peleando por llegar a los puestos octavo, noveno o décimo de la economía mundial. Estamos muy retrasados. Nos están superando otros países constantemente.
No estamos bien, por eso, planteamos ese veto y las enmiendas que les hemos hecho saber, con especial incidencia en aquellas que tienen aplicación para los internautas, y aportando soluciones.
Vetamos esta ley porque es intervencionista, es arcaica, no resuelve nuevos problemas, es monopolística, es precipitada por tardía, y no contribuye al desarrollo de la sociedad de la información en España. De ahí nuestro veto y las alternativas que hemos planteado algunas de las cuales son prácticas, concretas, constructivas y positivas, por lo que esperamos una respuesta por su parte.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Lavilla.
Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto al veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Firma Electrónica. Solamente me voy a referir al veto porque mis compañeros se referirán en el turno en contra a las enmiendas que ya ha planteado el senador Lavilla.
El Grupo Parlamentario Popular va a rechazar el veto y voy a tratar de justificar los motivos que nos llevan a ello. El proyecto de ley de firma electrónica constituye un punto de partida absolutamente esencial para dotar de la confianza necesaria a los usuarios de Internet y conseguir fomentar la sociedad de la información y el propio comercio electrónico.
Para que se pueda desarrollar la sociedad de la información es necesaria la generalización de la confianza de los ciudadanos en las comunicaciones telemáticas. Si falta la misma, el desarrollo de la sociedad de la información y, en particular, del comercio electrónico y la administración, el denominado «e-goverment» será prácticamente imposible.
La importancia de la firma electrónica, que el propio Grupo Parlamentario Socialista reconoce en su propuesta de veto, motivó que el Gobierno aprobara el Real Decreto Ley 14/ 1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, con el objetivo de fomentar la rápida incorporación de las nuevas tecnologías de seguridad de las comunicaciones electrónicas en la actividad de las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas, impulsando así la necesaria generalización de la confianza de los ciudadanos en las comunicaciones telemáticas.
Este real decreto-ley incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 1999/93, de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica, algo que a ustedes les parece precipitado, dado que se adelantó a la directiva, e inexplicable --según ustedes-- la vía utilizada. Mire, senador Lavilla, esto se ha hecho basándose en los textos de la directiva ya consensuados en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea, de 22 de abril de 1999 --por tanto, textos muy avanzados y estables en su tramitación comunitaria-- transponiendo, senador Lavilla, todos los principios señalados en la directiva, y no dejando en el camino ningún principio importante, como señalan en el veto, bien es verdad que no han sido capaces de identificar uno sólo de esos principios que supuestamente no están recogidos. El motivo es muy sencillo: fielmente están transpuestos en el real decreto.
Dice el veto socialista que el impacto ciudadano ha sido escaso; yo y mi grupo tenemos que decir que el desarrollo de la firma electrónica está siendo lento en todos los países de nuestro entorno, y esta lentitud no se puede atribuir al Real Decreto-ley 14/1999, sino más bien todo lo contrario. España ha conseguido la expedición de un número significativo de certificados electrónicos, y desarrollar aplicaciones de firma electrónica como las que presta la Agencia Tributaria, que son referente mundial en el área de relación telemática tributaria, de lo que el Grupo Parlamentario Popular se siente muy orgulloso. Gracias a este esfuerzo legislativo del Gobierno y al impulso dado a la firma electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y por algunas administraciones, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, estas iniciativas han permitido, según la reciente comunicación de la Comisión Europea, de septiembre de 2003, situar a España en el sexto puesto en administración electrónica sobre un total de 17 países.
Señorías, señor presidente, en España existen 550.000 certificados activos, lo que nos sitúa en un lugar destacado

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entre los países de nuestro entorno. Si bien la mayoría de los certificados corresponden a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, algún prestador privado de más reciente aparición ha emitido ya, por ejemplo en el ámbito de los colegios profesionales, alrededor de diez mil certificados, y lo más importante, se confirma la tendencia ascendente en el corto plazo. Este año se han presentado alrededor de 1.800.000 declaraciones de la renta por vía telemática, y usando la firma electrónica. Esto para el Grupo Parlamentario Popular, y para cualquier persona que lo analice de forma sensata, no es un presunto éxito, como ustedes señores socialistas lo califican, sino un éxito rotundo.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está habilitada, por la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para garantizar la seguridad, validez y eficacia de las comunicaciones telemáticas en las administraciones y los organismos públicos, a través de técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. De esta manera inició la prestación de servicios de seguridad y la modernización de la administración pública aun antes de que se aprobara el real decreto y que la directiva estuviera aprobada. Esta prestación se efectúa en régimen de libre competencia con otros prestadores de servicios presentes en el sector.
Hablan ustedes en el veto de graves deficiencias del proyecto de ley. La verdadera motivación de este proyecto de real decreto-ley es que, tras la rectificación del Real Decreto-Ley 14/1999 por el Congreso de los Diputados, se acordó su tramitación como proyecto de ley con el fin de someterlo a una más amplia consulta pública y al posterior debate parlamentario, como hoy estamos haciendo aquí, y como se ha hecho también en el Congreso de los Diputados, para perfeccionar su texto. No obstante, esta iniciativa decayó al expirar, como todas sus señorías saben, el mandato de las Cámaras, en marzo del año 2000. Por tanto, éste es un compromiso asumido en la VI Legislatura y, como siempre, el Partido Popular da cumplida respuesta a sus compromisos.
El proyecto de ley persigue promover un uso más generalizado de la firma electrónica, recogiendo la experiencia acumulada y los avances constatados en el sector y en aspectos normativos y tecnológicos desde la entrada en vigor del real decreto. Por todo ello, introduce modificaciones y novedades en la normativa actual, ofreciendo una regulación más precisa, clara y completa; novedades que van a contribuir a dinamizar el mercado de la prestación de servicios de certificación.
Señorías, entre estas novedades podemos destacar, en primer lugar, la introducción de la denominación de firma electrónica reconocida, que es la firma electrónica avanzada, basada en un certificado reconocido, generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma y con el mismo valor jurídico que la firma manuscrita.
También se introducen los conceptos de fecha electrónica y de declaración de prácticas de certificación, conceptos que favorecen la transparencia y la autorregulación en la prestación de servicios de certificación.
Otra novedad importante es que se establece un marco normativo básico para el DNI electrónico, que va a permitir a los ciudadanos identificarse, y la firma electrónica de documentos con todas las garantías de seguridad. El DNI electrónico es un proyecto gestionado por el Ministerio del Interior que permitirá instaurar una cultura de uso de la firma electrónica entre los ciudadanos, que favorecerá el desarrollo de nuevas aplicaciones potenciando el sector en su conjunto.
Senador Lavilla, dicen ustedes que este no es el cauce normativo adecuado, sino que debería regularse mediante una ley orgánica específica. Desde nuestro grupo entendemos que este DNI tiene una normativa específica recogida en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana, artículo 9. No es por tanto necesario que se dicte una ley específica del DNI electrónico, y los motivos son que sus rasgos esenciales están contenidos en el proyecto de ley de firma electrónica y que la vigente normativa sobre DNI será aplicable al DNI electrónico, sin perjuicio de desarrollar reglamentariamente lo previsto en el proyecto de ley de firma en su disposición adicional sexta. Además, éste no es un proyecto que esté en el aire, sino que ya se está ejecutando con una programación y unos costes determinados.
Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es la emisión de certificados de personas jurídicas, reconociendo que la firma electrónica, a diferencia de la manuscrita, es susceptible de integrarse en procedimientos automatizados, sin intervención directa de una persona física, herramienta de especial utilidad en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
Se elimina el registro de prestadores de servicios de certificación previsto en el real decreto para hacer más dinámica y fluida la prestación de servicios. La sustitución del mismo se acompaña de la puesta en servicio de un mero servicio de difusión de información sobre los prestadores de servicio de certificación que operan en el mercado.
Se modifica la definición de acreditación voluntaria para otorgarle un mayor grado de libertad y mayor protagonismo a la participación del sector privado. Así se favorece la autorregulación de la industria.
Asimismo, se refuerza la capacidad de inspección y control del Ministerio de Ciencia y Tecnología al no ser necesario para la prestación de servicios de certificación la autorización previa.
Por otra parte, se clarifica y suaviza la obligación de constituir una garantía económica, haciéndolo más asequible y flexibilizando, además, los instrumentos de constitución de la propia garantía.
Todas estas novedades mejoran la normativa vigente y refuerzan la seguridad de las redes electrónicas y de la información que circula por ellas a fin de dinamizar ámbitos como el comercio electrónico y la administración electrónica y potenciar la sociedad de la información.
Buena parte de estas innovaciones contenidas en el proyecto de ley han surgido del amplio y constructivo diálogo que el Gobierno ha mantenido con el sector, con el objetivo de propiciar el mayor desarrollo posible en la prestación de servicios. Este ha sido un proyecto transparente,

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sometido a una amplia consulta pública. Durante su tramitación se han publicado los borradores cuando estos han sido lo suficientemente estables, publicaciones realizadas en la Dirección de Internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología, recibiéndose en el primer borrador sesenta contribuciones y presentándose en el Consejo asesor de telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Asimismo, se han solicitado los informes de la Agencia de Protección de Datos, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y del Consejo de Consumidores y Usuarios.
En julio de 2002 se presentó otro borrador en la dirección de Internet del ministerio, que concluyó sin tener ninguna observación.
Posteriormente el texto se remitió para consulta del Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, no habiéndose recibido informe desfavorable. El propio foro de la firma electrónica, al que hace mención en el veto, senador Lavilla, ha valorado las importantes novedades y mejoras que incorpora el proyecto de ley, mostrándose en un tono muy positivo con el proyecto que hoy debatimos.
En relación con la interoperabilidad, se espera que se avance en la consecución de soluciones armonizadas europeas en el corto plazo.
Mientras tanto, no tengan duda de que desde el Gobierno se apoyará cualquier actividad tendente a conseguir la mayor interoperabilidad de los sistemas de firma electrónica, no siendo esto materia de ley, que por sus características deberá atenerse a unos principios de regulación más generales. En cuanto a la interoperabilidad entre administraciones, ésta debe conseguirse mediante mecanismos de coordinación, ya previstos por el Gobierno, para el desarrollo de la administración electrónica, parte de la cual es la firma electrónica. Y no se pone ninguna traba ni a las administraciones, ni a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos.
Yo soy senadora por Valladolid y me siento muy orgullosa porque desde hoy mi Ayuntamiento cuenta con firma electrónica. Luego, senador lavilla, no se le ha puesto traba alguna a ningún ayuntamiento ni a ninguna comunidad autónoma.
Tachan ustedes el proyecto de ley de intervencionista y de no respetar la libre competencia. La verdad es que cuando no se tienen argumentos sólidos para rebatir algo que está bien y no se sabe qué decir, siempre se recurre a tópicos tan alejados de la realidad que son difícilmente sostenibles. Y en cuanto a intervencionismo y monopolio, ninguno. Ya se lo dije el otro día, senador Lavilla. No se confunda usted. Estamos en el año 2003, gobernados por el Partido Popular, no por el Partido Socialista. Si siguiéramos gobernados por el Partido Socialista estaríamos en un régimen de monopolio como el que ustedes solicitaron en Europa para que este año las telecomunicaciones todavía siguieran con ese régimen monopolista, pero afortunadamente los electores han sido inteligentes, votaron al Partido Popular y no estamos en ese régimen. No se confunda. Estamos en algo muy distinto. Estamos en un libre mercado y eso beneficia a todos los ciudadanos.
El proyecto consagra el principio de libre prestación de servicios.
Recoge que los órganos de defensa de la competencia velarán por el mantenimiento de condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de certificación --así se dice en el artículo 5 del proyecto-- que se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y no discriminación.
Hace usted también referencia a los servicios de tarificación adicional y a la LSSI. Pues bien, señoría, todo avanza y por eso hay que modificar las leyes, pero no pasa absolutamente nada. Por eso la experiencia que llevamos a lo largo de este año desde la aplicación de la LSSI nos ha llevado a modificar un artículo de esa Ley. Precisamente lo que pretendemos con todo esto, en bien de los ciudadanos, es mejorar la transparencia de la prestación de servicios de la sociedad de la información que utilizan las conexiones telefónicas a través de números de tarificación adicional.
Por todo ello entendemos que éste es un proyecto bien elaborado, sólido, moderno y flexible, y lo que nos presentan ustedes como alternativa es un veto injustificado, basado en la irrealidad y sin suficiente cuerpo como para apoyarlo. Por todos los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar el veto planteado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, senadora Coloma.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Desea hacer uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el senador Gibert por el Grupo Entesa Catalana de Progrés.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro grupo piensa que efectivamente hay algunas razones para presentar y defender un veto. Y desde ahora anuncio que nuestro grupo va a votar a favor del que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Si no lo hemos presentado es porque hemos entendido que en general los vetos tienden a ser interpretados como una toma de posición de carácter político. En este caso, las razones de nuestro desacuerdo con buena parte del proyecto no acaban de tener este carácter de diferencia política. No creemos que sea una ley idónea, razón suficiente para presentar algún veto, pero no tenemos muchas objeciones a la intención de la ley, que creemos que, en principio, es buena.
Por esa razón hemos preferido argumentar nuestro posicionamiento, contrario a la ley, en el turno de defensa de las enmiendas, y así lo haremos, pero ello no es óbice para reiterar que votaremos favorablemente el voto defendido por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, senador Lavilla, ya que razones para no compartir el contenido de la ley las tenemos.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, señoría.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con total brevedad simplemente para decir que he escuchado con mucho interés lo que decía el señor Lavilla. Compartimos bastantes de sus argumentos, pero creemos que esta ley responde a la transposición de una directiva y, por tanto, nuestro grupo va a abstenerse en esa votación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lavilla.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Sabía que no nos iban a contestar a las razones concretas que hemos dado y por las cuales entendíamos que este proyecto de ley no iba a desarrollar la sociedad de la información en España. Hemos planteado una serie de alternativas, como ya hicimos en Comisión y hemos vuelto a recoger en el Pleno, y senadora Coloma, se lo agradecerían los usuarios y aquellas familias afectadas que pagan 3.000 ó 6.000 euros muchas veces por problemas de estos teléfonos. Yo estoy convencido de que usted, como madre, puede estar también preocupada. Si ustedes aceptaran esta iniciativa constructiva --por encima del debate que podemos tener en torno a otras cuestiones que ahora detallaré-- se solucionaría un problema que la gente tiene, y se lo he dicho bien claro. Si quien utilizara todos los teléfonos que ustedes han incluido por sorpresa, si quien utilizara esos servicios tuviera que tener una firma digital, como la que nosotros acabamos de aprobar, una firma manuscrita y una cuenta específica sólo para ese servicio --fíjese si es fácil-- resolveríamos de un plumazo todo el problema. Y aquí hay que estar o de parte de los que tienen el negocio o de parte de los usuarios, no hay término medio; en ustedes está la decisión.
Señora Coloma, ni usted ni yo podemos ser adivinos. El Gobierno ha cambiado en esta legislatura diversas leyes. Usted no puede suponer qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos estado gobernando. Puede decir que en aquel momento se tramitó una solicitud --y en eso lleva razón--, pero usted no puede suponer qué hubiéramos hecho, porque el mismo Gobierno del Partido Popular ha hecho drásticos cambios en esta legislatura; se han cepillado el Plan Info XXI de un plumazo y han dado un giro significativo en muchas materias. ¿Dónde está ese plan de formación de un millón de personas? Ha cambiado radicalmente, y hacia lo que nosotros decíamos precisamente, dentro de una misma legislatura. Por tanto, ese argumento no tiene peso.
Pero hay más; me acaban de remitir, con fecha 18 de noviembre de 2003, un procedimiento de advertencia a España por no transponer el servicio de acceso equitativo a los nuevos operadores y los mínimos de servicio universal; es decir, por atacar a la competencia --acordado por la Comisión el 18 de noviembre de 2003--. O sea, no saquen pecho, la Comisión Europea les está llamando la atención por incumplidores.
Tenemos que decir también otra cosa. Mercado de móviles-mercado de fijos.
Cuando habla de mercado, diga también cómo estamos en el mercado de fijos: 17 por ciento sólo de liberalización. ¿Y en el mercado de móviles cómo estamos? Con una apertura muy grande, y esa regulación también se inició durante la etapa socialista. Los tiempos cambian. Fíjese, por ejemplo, el precio de acceso a Internet por los teléfonos móviles es diez veces más alto o más que por telefonía fija. Gobiernen ustedes o gobernemos nosotros, estos precios van a bajar porque es cuestión de tiempo. La pregunta es: ¿Cómo se gestionan esos tiempos? Ustedes ya lo han demostrado: nos han colocado los penúltimos de Europa. En cualquier caso, nosotros no nos alegramos de esta circunstancia. Seguiremos teniendo las mismas opciones de ganar, y ya veremos qué es lo que deciden los ciudadanos, que siempre será respetable, les elijan a ustedes o a nosotros. En este sentido, yo no divido a los ciudadanos como ha hecho usted, en inteligentes o no inteligentes, en función de si les votan a ustedes o a nosotros.
A ustedes les ha tocado gestionar la sociedad de la información en Internet y no lo han sabido hacer; ocupamos el puesto número 29 a nivel mundial y el penúltimo de toda la Unión Europea. Estos son los datos y no hay más que decir a este respecto. A todos nos gustaría que estuviésemos mejor, pero la política tecnológica del Gobierno ha sido un fracaso.
Senadora Coloma, se refiere usted a la administración electrónica y, una y otra vez, le tengo que recordar que lea la página 12 del informe Soto, donde se recoge que España, en relación al uso de la administración electrónica, ocupa un puesto muy modesto. En este sentido, mientras la media de la Unión Europea es del 27 por ciento, en relación a la gestión completa --que es lo que realmente hay que valorar--, España sólo alcanza el 14 por ciento. Insisto, lea la página 12 del informe Soto.
Como ya hemos comentado, coincidimos en un punto: en que la Agencia Tributaria, para cobrar, está haciendo un buen trabajo. ¿Podría hacerlo mejor? Quizá sí. Pero nunca lo hemos criticado; por tanto, no nos atribuya críticas que no se han planteado en esta tribuna.
Efectivamente, en relación con las consultas se ha creado un foro público por parte de los prestadores de servicio, pero se ha hecho en contra del proyecto de ley, como usted bien sabe.
También ha hecho referencia al DNI electrónico, senadora Coloma; pero igualmente se ha producido un incumplimiento claro porque el entonces ministro, el señor Rajoy, lo anunció para el año 2001 y no se ha cumplido. Si todo está resuelto, ¿por qué no se ha puesto en práctica? Usted ha hablado del Ayuntamiento de Valladolid y, por ello, le voy a poner ese mismo ejemplo: para que los certificados emitidos por el Ayuntamiento de Valladolid no puedan ser rehusados en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la de Andalucía o en la de Baleares, es necesario

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que se aplique el principio a no rehusar, de forma que un certificado expedido por una administración pública sea válido en cualquier otra.
Estoy totalmente de acuerdo con ese punto, pero son ustedes los que no quieren ponerlo en práctica y, por ello, no lo aceptan en su texto.
Los argumentos del Grupo Parlamentario Socialista son sólidos y ponen de manifiesto que ustedes no han dado respuesta a los ejemplos concretos y prácticos para desarrollar y mejorar su proyecto de ley.
Tampoco nos han explicado por qué introducen en este proyecto de ley de firma digital los teléfonos eróticos, sin que se produzca un debate verdadero en el Parlamento. ¿Por qué no han permitido ese debate, a pesar de ser un problema para mucha gente? Se modifican los programas de los usuarios sin que ellos lo autoricen; sin embargo, el artículo que ustedes plantean no resuelve el problema. En junio de 2002 aprobaron un reglamento similar al que ahora se propone y no ha sido eficaz y, por ello, nosotros hemos planteado algo muy eficaz: una cuenta específica y una firma autorizada, electrónica o manuscrita. Contesten que sí o que no, pero en este último caso, expliquen el porqué.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Lavilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Coloma.


La señora COLOMA PESQUERA: Gracias, señor presidente.
Voy a comenzar mi intervención dando las gracias a todos los portavoces que han intervenido en este turno por el tono que han empleado, a pesar de que algunos de ellos no han llegado a anunciar el sentido de su voto.
Me gustaría aclarar al senador Varela que con este proyecto de ley no se traspone la directiva europea porque ya fue traspuesta en el real decreto de 1999.
Senador Lavilla, sabía que iba a sacar usted, como siempre, la catástrofe, la irrealidad y que no iba a poner los pies en la tierra, como hace siempre. Unicamente le ha faltado enseñar la foto de los ministros pero, como ya le dije el otro día, ustedes no pueden sacar la foto de ningún ministro de Ciencia y Tecnología porque durante 14 años no tuvieron ninguno. (Protestas.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto, usted podrá sacar las fotos, pero será de los ministros de Ciencia y Tecnología de Gobiernos del Partido Popular. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Si quiere, también podemos hablar de facturas telefónicas, y así le podré decir lo que ha disminuido la factura telefónica durante los años de Gobierno del Partido Popular. La evolución de la factura de teléfono fijo en relación con la renta per cápita, desde 1996 hasta 2002, ha disminuido aproximadamente un 24 por ciento, pasando de 45,2 a 34,4 euros de gasto por cada mil euros de renta. Eso a los ciudadanos sí que les interesa, y mucho.
Si quiere, también le digo lo que ha supuesto el real decreto que aprobamos en el año 1999. Las ventas electrónicas al consumidor en España, lo que se conoce como «B to C», han sido de 1.160 millones de euros en el año 2002, el doble de lo que se facturó durante los años 2001 y 2000.
Dice usted que la gente no tiene confianza, que esta ley es muy mala y que todo lo que se ha hecho hasta ahora, incluyendo las consecuencias de la aplicación del real decreto, no es bueno. Pues mire, los usuarios que compraron Internet en el año 2002 fueron 2.500.000 frente a 1.100.000 que lo hizo en el año 2001.
Dice usted, como siempre, que somos los últimos y estamos en la cola, pero no dice de qué partíamos. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra situación actual; podríamos estar mejor, claro que sí, pero es que partíamos de cero.
El número de internautas ha vuelto a batir récords, prácticamente hay 10 millones de usuarios, con lo que nos estamos acercando al 28 por ciento de la población, mientras que en el año 1996 había 240.000, tan sólo un 0,7 por ciento. Creo que el avance es sustantivo y sustancial.
Siento que no sepa distinguir el verbo ser del verbo estar, pero es cosa suya. Desde luego, yo sí distingo los verbos ser y estar y no he dicho que los votantes que no votaran al Partido Popular no fueran inteligentes, sino que a la hora de votar sabían a quién tenían que votar.
Con respecto a lo que dice de los certificados, no tienen que regularse ahora. Según usted, no será operativo por la falta de compatibilidad entre las distintas comunidades autónomas, pero esta ley es general y, luego, han de desarrollarse los reglamentos y decretos pertinentes.
Además, habrá que esperar a ver cómo evoluciona en Europa.
Por lo tanto, piense que las cosas van razonablemente bien porque se han puesto los principios para que así suceda. Insiste en lo del monopolio, pero yo no me lo invento. Ustedes solicitaron una moratoria hasta el año 2003, o sea que no me estoy inventando absolutamente nada. Si gobernaran ustedes, todavía tendríamos un régimen de monopolio en las telecomunicaciones; afortunadamente, gobernamos nosotros.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Llamamos a votación. (Pausa.) INFORMES APROBADOS POR LAS COMISIONES DEL SENADO (Continuación):

--DE LA PONENCIA PARA EL ESTUDIO Y LA VALORACION DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA EN EL CAMPO DE LA BIOETICA Y BIOTECNOLOGIA, APROBADO POR LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (S. 543/000008) (C. D. 121/000163) (Votación).


El señor PRESIDENTE: Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, el informe de la ponencia para el estudio y la valoración de la legislación española en el campo de la bioética y biotecnología, aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología, y debatido en el curso de la mañana.


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El informe se somete a votación en tres bloques. En primer lugar, el voto particular presentado por los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, Senadores Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos,197; a favor, 70; en contra, 126; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
En segundo lugar, votamos el punto número 10 de las conclusiones del informe aprobado por la comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a favor, 127; en contra, 73.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Resto del informe aprobado por la comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 196; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


--HABILITACION DE TODOS LOS DIAS Y HORAS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2003, CONFORME A LOS ARTICULOS 76 Y 77 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA (550/000059).


El señor PRESIDENTE: La Presidencia solicita habilitación de los días y horas conforme a los artículos 76 y 77 del Reglamento de la Cámara. La Mesa del Senado, en su reunión de 17 de noviembre, oída la Junta de Portavoces, ha acordado solicitar al Pleno la habilitación de todos los días y horas de los meses de noviembre y diciembre de 2003 para la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 y del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
¿Se aprueba dicha propuesta? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento. (Rumores.) Silencio, por favor.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE FIRMA ELECTRONICA (S. 621/000158) (C. D. 121/000158) (Votación).
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la propuesta de veto numero 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en relación con el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología, relativo al proyecto de ley de firma electrónica.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a favor, 53; en contra, 130; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al debate de las enmiendas.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos presenta las enmiendas números 27 a 66.
Tiene la palabra el senador Albistur. (Rumores.) Por favor, ruego silencio en el hemiciclo.
Puede comenzar su intervención, señor Albistur. (Rumores.) Señor Elorriaga, por favor.


El señor ALBISTUR MARIN: No hacéis más que hablar. Encantado de que me escuchéis. Ahora me vais a escuchar.
Buenas tardes, señorías.
Mi grupo ha presentado 40 enmiendas a este proyecto de ley, pero fundamentalmente quiere llamar la atención sobre 5 de ellas, que son, a nuestro modo de entender --procuro que se me escuche, pero son las circunstancias que nos rodean las que no nos lo permiten--, las enmiendas clave en cuanto a cuáles son nuestras intenciones y cuál es nuestra contribución a la mejora de la ley, mejora que, como siempre, va a caer en saco roto.
Sin embargo, voy a dejar constancia en el Diario de Sesiones de nuestras observaciones, que consideramos que son serias y que contribuyen de forma significativa a una mejora de la aplicación de la ley en relación con aquellos conceptos que tienen que ver, por ejemplo en el caso de la primera enmienda, con el Código de Comercio. Me refiero a la enmienda número 42, relativa a la adición de un nuevo artículo 11 bis, en el certificado reconocido del empleado, pero quiero decir que en una ley que pretende ser modernizadora sigue habiendo conceptos absolutamente anacrónicos que nada tienen que ver con la aplicación de la ley de firma electrónica. El nuevo artículo pretende dar respuesta a la problemática comentada en la enmienda al artículo 7, en la que no voy a insistir, de la necesaria flexibilización --cosa que es absolutamente necesaria por la aplicación de esta ley-- de las relaciones telemáticas de las personas jurídicas --dado que son crecientes y además son cada vez más la realidad de lo que se está plasmando en el mercado-- si bien desde un planteamiento acorde con los principios generales de la figura de la representación en su regulación actual, es decir, la regulación que estamos ahora tratando de discutir.
La solución que proponemos no se limita a las personas jurídicas, sino que se extiende también al ámbito de los empresarios individuales que, como saben sus señorías, son más de tres millones en el mercado español, dotándoles

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de un instrumento que podrán utilizar sus empleados, respondiendo a sus necesidades de agilidad en el tráfico, equivalentes a las de los empresarios societarios, porque los empleados tienen delegadas estas funciones.
La propuesta consiste en introducir un subtipo de certificado de representación para cuya emisión no se requiere la acreditación de las facultades de representación por documento público, bastando con la declaración que al respecto emita la persona jurídica, en este caso el empresario individual. Los límites de uso de este tipo de certificado se circunscriben al tráfico ordinario y los que las administraciones determinen en cada caso y que, además, ahora, dada precisamente la configuración autonómica del Estado español y la cada vez mayor importancia de los ayuntamientos, este tráfico es más complejo, estando, además, cada vez más involucrado con los temas de la Unión Europea.
El firmante será en muchos casos un empleado del correspondiente negocio, con un régimen análogo al contenido en el artículo 292 del Código de Comercio, que contempla la figura de colaboradores del empresario cuyo poder de representación se limita a algún aspecto de los asuntos que constituyen el giro o el tráfico de la empresa. Hasta aquí los hechos como son. Se trata de apoderamientos que pueden conferirse mediante documento público en la mayoría de los casos o que suelen efectuarse en muchos de ellos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, por un simple pacto escrito o de carácter verbal, pero que muchas veces no es público. Y aquí viene lo anacrónico de este tema que la ley se empeña en mantener, una ley que pretende ser moderna: el Código utiliza una terminología arcaica, habla de dependientes y mancebos, por lo que en el artículo propuesto se ha optado por una denominación más actual que resulta idónea, pues les llama empleados o delegados, terminología ésta mucho más idónea y adecuada para un certificado previsto para ser utilizado por las personas que se encuentran bajo la dependencia de un empresario y que normalmente adquieren el título no de dependiente, sino de empleado, delegado o persona de confianza o, en algunos casos, incluso directivo, dirigente o apoderado, que suele ser el nombre más común.
El régimen transcrito se ha trasladado al ámbito del certificado electrónico, de forma que los empleados, delegados o apoderados podrán actuar en el ámbito del tráfico ordinario con los límites que el empresario indique en el propio certificado, de forma análoga a como se aplica en el Código de Comercio en su artículo número 292, y no se exigirá más acreditación de sus facultades de representación que la solicitud cursada por el empresario para su emisión. Esta solicitud, junto con el propio contenido del certificado que da publicidad frente a terceros sobre las limitaciones para su uso en las operaciones de carácter comercial o empresarial, constituyen elementos suficientes para preservar la apariencia creada, garantizando la seguridad en el tráfico y protegiendo a terceros de buena fe, que son generalmente los consumidores y los compradores.
Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, ¿a que ésta es una enmienda muy buena? Lo que sucede es que hay otros elementos que, de alguna forma, influyen o deciden en este tema. Esta es una enmienda muy buena, inteligente, bien preparada, adecuada a los tiempos y a la ley que estamos debatiendo.
La segunda enmienda que voy a defender es la número 46, que se refiere a la supresión de los artículos 15 y 16 y que tiene mucho que ver con la intencionalidad que el Gobierno tiene, si es que el Gobierno tiene verdaderas intenciones en el uso que del documento nacional de identidad se debe hacer en esta materia. O es que el Gobierno, aprovechando que el Pisuerga en este caso pasa por el documento nacional de identidad, quiere aprovechar para meter un poco más la nariz entre los ciudadanos y utilizar un documento nacional de identidad, que debería servir sólo para una firma electrónica, para controlarnos bajo otras finalidades, cosa con la que este Gobierno nos amenaza permanentemente y a la que nos tiene habituados. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Abejón Ortega: ¡Qué maldad!) Ustedes escúchenme, escúchenme, las razones que les voy a dar yo son profundas y serias, otra cosa es que su militancia les permita tener la agilidad suficiente como para entenderlas. No, no, esto es objetivo, lo que voy a leer yo es objetivo, no pretende ser otra cosa.
En el preámbulo se lee que el documento nacional de identidad --cito textualmente-- se erige en un certificado electrónico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios físicos. Continúa diciendo el preámbulo que la ley se limita a fijar el marco normativo básico del nuevo documento nacional de identidad electrónico poniendo de manifiesto sus dos notas más características: acredita la identidad de su titular en cualquier procedimiento administrativo y permite la firma electrónica de documentos. O sea, objetivo verdaderamente meritorio , reconocible y muy oportuno si fuera solamente esto --si fuera solamente esto--, pero ya voy a acabar de demostrar que no es esto sólo, que es algo más, que siempre hay una intención aviesa en todo eso. Continúa el preámbulo: remitiéndose a la normativa específica en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico.
Señorías, llama la atención que la voluntad de la norma, manifestada en los términos expuestos hasta ahora, no se corresponda con el contenido del artículo 15, de carácter mucho más expansivo. Por lo tanto ya empezamos a ir más allá de lo que se quiere decir en el preámbulo, en cuanto que relaciona la eficacia identificadora del documento nacional de identidad no ya con el estricto ámbito del procedimiento administrativo, sino con la obligatoria aceptación por todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Esta obligatoriedad tiene importantes consecuencias a la vista de las nuevas funcionalidades que de paso se incorporan al documento nacional de identidad.
A diferencia de lo dispuesto por la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que declara que el documento nacional de identidad tiene --y cito textualmente-- por sí solo suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas, el nuevo documento nacional de identidad electrónico facilita al ciudadano instrumentos que le permiten firmar en el ámbito

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telemático, dotando a los documentos firmados con este instrumento de garantía de autenticidad e integridad.
Se duda de la idoneidad de que el Ministerio del Interior penetre en un ámbito de actuación que es y debe serle absolutamente ajeno; tiene sus competencias, pero el Ministerio del Interior no puede entrar en aquellos temas que corresponden precisamente a transacciones de carácter mercantil o relativos a cualquiera de los servicios que puedan existir --éste es un tema absolutamente claro, si no manifiéstense ustedes diciendo que no y digan que en la ley el Ministerio del Interior es capaz de penetrar mediante esta operación en cualquiera de los ámbitos de actuación del ciudadano, tema que ya puede llevarnos a un absurdo y a novelas, películas y pensamientos de épocas precedentes que creíamos superadas o que solamente pertenecían a la literatura de la ciencia--ficción, pero aquí lo estamos viendo--, y se entra en el ámbito de aportar la garantía de la autenticidad e integridad de las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos, cuestión que, a mi modo de entender, resulta un absurdo político, pero está plasmado en la ley.
No se alcanza a ver la necesidad de esta iniciativa, no solo porque excede los actuales límites del marco de actuación de este ministerio, sino porque, dada su indudable situación de privilegio, introduce un factor de desequilibrio en un ámbito de actuación abierto al libre mercado, tema que nos parece muy, muy grave, y no sé si esta ley estaría corroborada en los mismos términos en Europa.
En todo caso, aunque se aceptara la oportunidad de esta iniciativa, seguiría sin verse la necesidad de un artículo específico para su regulación, tema que ya nos lleva a la sospecha, ya que lo procedente sería que el Ministerio del Interior ajustara su actuación como prestador de servicios de certificación a los requerimientos que con carácter general establece la legislación comunitaria --pero no estos que acabo de citar--, por cuanto lo contrario, el establecimiento de un régimen de favor, viola frontalmente el principio de libre competencia, tal y como ocurre con lo dispuesto en los artículos 15 y 16, razón por la que pedimos su supresión. Y para no extenderme en exceso, señorías, dejo la cuestión para posteriores intervenciones.
De aceptarse esta enmienda, nada impediría al Ministerio del Interior --y aquí les ofrezco una salida-- emitir el documento nacional de identidad electrónico como un certificado electrónico reconocido. Y eso nadie lo pone en duda, eso es lo que realmente sería un auténtico servicio para el ciudadano y verdaderamente supondría corroborar, facilitar, adecuar y modernizar las actuaciones de los ciudadanos mediante un instrumento hoy día utilizado por todos en la mayoría de las transacciones con la administración y las entidades privadas.
Pero con eso nadie niega al ministerio que el DNI sea un certificado electrónico reconocido. Sin embargo, su régimen sería el de general aplicación, esto es, cumplidos los requerimientos que para los certificados reconocidos y para los prestadores de servicios de certificación establece la ley, podría disfrutar del régimen legalmente previsto. El uso del documento nacional electrónico, en combinación con un dispositivo seguro de creación de firma, gozaría de la equivalencia funcional con la firma manuscrita. Esto es lo que todos esperábamos de esta ley y, sin embargo, no es precisamente lo que sale de ella. Y salen también más cosas, que no deberían haberse incluido en ella, como siempre ocurre.
En definitiva, su estatuto sería como el de cualquier otro prestador. El ministerio solo facilitaría a los ciudadanos un instrumento para que funcionasen acordes con los instrumentos electrónicos establecidos en la sociedad, con unas transacciones más rápidas y tan seguras como las utilizadas anteriormente. Además, en este marco, seguiríamos abogando por que el documento nacional de identidad electrónico no se apartara de lo que hasta ahora ha sido, restringiendo su utilidad a la acreditación de la identificación, sin adentrarse en la prestación del servicio de firma.
Y esto fue así hasta en las épocas más duras del régimen anterior. Nunca superó este hecho el documento nacional de identidad.
En este sentido, ¿por qué no analizar vías de colaboración con los prestadores de servicios de firma que se reconocen en esta ley, que se crean con esta ley, que se instituyen con esta ley? ¿Por qué no analizar vías de colaboración con los prestadores de servicios de firma que pudieran suministrar certificados electrónicos y productos de firma a partir de la identificación contenida en el documento nacional de identidad, en vez de introducir desde el ministerio una competencia en el mercado? Si hoy día cualquiera pide el documento nacional de identidad y si los ciudadanos no nos negamos a mostrarlo, precisamente como referencia de nuestra presencia e identificación, ¿por qué no se colabora desde el ministerio precisamente respecto de aquellos instrumentos que se crean en esta ley para facilitar los servicios a los ciudadanos? ¿Por qué esa exclusividad? ¿Qué se pretende con esta exclusión? ¿Por qué no mantener el concepto actual del documento nacional de identidad, sin más adaptación que la incorporación de un soporte que permita albergar certificados electrónicos reconocidos por cualquier prestador de servicios? En conclusión, señorías, se propone desligar el documento nacional de identidad de los usos de firma electrónica y ,consecuentemente, extraer su regulación de la ley que regula la firma electrónica solamente, para que, si se establece que sea un elemento regulador certificado, sea precisamente el documento nacional de identidad ese elemento certificador de la firma electrónica. Si ustedes no admiten esta enmienda, yo no tengo más que deducir una cosa: que aquí se le ve el plumero al Partido Popular y se le ve el plumero al Gobierno. Aquí hay otros intereses detrás de todo esto, aprovechando que se aprueba una ley de firma electrónica.
Demuéstrenme lo contrario, porque considero que aquí hay gato encerrado y por eso pedimos la supresión de los artículos 15 y 16.
Finalmente, me referiré a la enmienda número 56, de modificación, por la cual planteamos la supresión de la posibilidad de la aprobación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de normas técnicas diferentes de las que se aprueben en el ámbito comunitario. La ley es una aplicación de una directiva y, como tal, lo que no entendemos es que de repente empecemos a crear nuestras propias actuaciones

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y nuestras propias normas al margen de lo que va a ser una norma aplicable a todos los ciudadanos europeos. Aunque sea con carácter excepcional, la admisión de normas técnicas singulares, sin que consten los supuestos en que podrán aprobarse, que simplemente se le dé un reconocimiento sin más al ministerio, ya nos lleva también de nuevo a nuevas sospechas; plantea evidentes riesgos para la interoperatividad de los certificados en el ámbito comunitario y, sobre todo, no es un servicio al ciudadano.
Nuestra enmienda número 61, referente a la disposición adicional tercera, indica que se podrán expedir certificados, etcétera, en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda, y añadimos que lo anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Con esta modificación que proponemos se plasma la referencia necesaria al régimen foral tributario y a la competencia de los órganos forales correspondientes a la hora de regular las relaciones tributarias con los contribuyentes. Lo cito porque el otro día lo dije también en el debate de la Ley General Tributaria y se me hizo el mismo caso como si lo hubiera dicho una de aquellas partes de la pared que está ahí enfrente, pero éste es un régimen que existe y ése es un régimen reconocido en una ley como la del Concierto Económico, es un régimen además reconocido por una ley orgánica y que, por lo tanto, debería por sensibilidad democrática y legislativa figurar en todas las leyes.
Y, en último lugar, me referiré a la enmienda número 65 que se refiere a la disposición final primera, la cual se justifica en virtud de qué artículos de la Constitución se dicta la ley que estamos aprobando.
Nosotros citamos estrictamente los artículos 4, 5.3 y 7.6 al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución y el resto de los preceptos al amparo de los artículos 149.1.8ª y 21ª de la Constitución. Consideramos que, en primer lugar, no es correcto citar los títulos competenciales sin especificar los artículos a los cuales es referido el fundamento constitucional, especialmente cuando, como en el presente caso, convergen competencias plenas y competencias para el establecimiento de bases que posibilitan un desarrollo por parte de las comunidades autónomas, y vuelvo a aquello con lo que he empezado. Por otra parte, en coherencia con nuestra enmienda de supresión en relación al documento nacional de identidad electrónico, artículos 15 y 16, se propone la supresión del título competencial referido en el apartado 29 del 149.1 de la Constitución Española porque nos parece un abuso de interpretación.
Es decir, el Gobierno se atribuye la interpretación de la Constitución y precisamente ése es uno de los más importantes conflictos que hay: que interprete y que encima lo plasme en una ley. Eso no es tema de competencia. Es un tema de interpretación de la competencia y por esa interpretación de la competencia el Estatuto de Gernika está sin cumplir.
Seamos serios y seamos rigurosos. Esa es una interpretación de competencia, que se le atribuye unilateralmente al Estado, y por esa razón decimos que hay que suprimirlo. Seamos serios. Este es un tema muy serio, políticamente muy serio y no se quiere reconocer este hecho. Lo digo sin acritud, pero con vehemencia, que es distinto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albistur.
Para defender las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, números 204 a 273, tiene la palabra el senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores senadores, el proyecto de ley que nos ocupa prevé ahora --el proyecto original no lo preveía-- la futura legislación para establecer un documento de identidad digital. Y lo preveía, a nuestro juicio, mal, tal como hace unos momentos decía el senador Albistur.
Nuestra tesis central y global sobre este proyecto es bastante sencilla.
Primero había que hacer la ley del documento de identidad digital y después la de la firma electrónica. Se ha hecho al revés y nos parece un error, y aunque el error viniera de Bruselas, que no es así, seguiría siendo un error. Esta misma mañana el presidente Aznar decía que en Bruselas también se equivocan.
Al margen de esta tesis central, que desarrollaré más adelante, hemos enmendado también, como otros grupos, diversos aspectos del texto con la intención de mejorar el proyecto. Doy estas enmiendas por defendidas y si alguna hubiera dado pie a una transacción tanto mejor, pero me limitaré a argumentar las dos enmiendas que pretenden subsanar el error citado.
Admito que lo pretenden hacer con una formulación jurídicamente algo discutible y, además, con el orden de registro cambiado porque la 272 debería ser la 273 y la 273 debería ser la 272, dejando establecido que hay que crear el documento de identidad digital y que cuando se haga, si se hace bien, esta ley de firma electrónica deberá ser sustancialmente modificada y probablemente bastante recortada en su longitud. A veces, complicamos las cosas innecesariamente. A veces, las cosas son bastante más sencillas.
Si creamos un documento de identidad digital y lo hacemos bien debería ser con los siguientes requerimientos. Primero, ser un documento físico de identificación presencial, como los actuales. Segundo, ser asimismo un documento físico inteligente con banda magnética o algo equivalente para uso presencial en determinados supuestos, en determinadas máquinas, para entendernos. Y tercero, ser emitido como opción de los ciudadanos con los trámites necesarios para hacer la función propia de la identificación a distancia mediante un sistema de certificación basado en un fichero electrónico; es decir, ser un instrumento simple de identificación electrónica para usar sin soporte físico, como los actuales certificados, por ejemplo, para relacionarse con la Administración. Dicho de otra manera, un documento de identificación para ser usado opcionalmente por los ciudadanos tanto en su soporte físico, tangible, como en un fichero electrónico.
Dicho sea de paso, y nuestra enmienda también lo propone, el documento de identidad digital, como documento tangible, debería ser emitido opcionalmente en las cuatro lenguas oficiales del Estado. Si lo hiciéramos así y lo hiciéramos antes de esta sofisticada y compleja regulación de la firma electrónica, ¿qué ocurriría? Ocurriría lo siguiente: El documento de identidad digital sería ya un instrumento de firma electrónica, el instrumento estándar, sería

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útil para identificarse presencialmente y también opcionalmente a distancia.
Entonces viene la segunda pregunta: ¿Sería un instrumento suficiente y suficientemente seguro? Para algunas cosas sí y para otras cosas no.
Sería suficiente, por ejemplo, para la mayoría de supuestos de relación entre ciudadanos y administraciones, puesto que la seguridad y el método tecnológico serían similares o idénticos a los certificados actuales para la relación con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social. Sería suficiente para muchos supuestos de relaciones entre particulares.
Téngase en cuenta que hoy ya hay mucho comercio electrónico, como nos recordaba la senadora Coloma, sobre todo entre empresas, con bastante menos seguridad en cuanto a identidad de la que habría con una determinada identificación de este tipo, que en muchos casos se produce igualmente en base a la confianza; en relación a la identidad de los interlocutores, se dan órdenes de servicios financieros incluso con un nivel de seguridad equivalente; en estos momentos ya está ocurriendo.
Sería suficiente para la identificación a distancia en todos los casos en que se aceptara como suficiente, que podrían ser muchos, y serían muchos.
No sería suficiente, evidentemente, para supuestos que objetiva o subjetivamente requieran más seguridad: contratos o similares entre privados que, a juicio de las partes, requieran más garantías de identificación, y sobre todo dejar constancia fehaciente equivalente a la documentación; evidentemente para esto no serviría, y habría que arbitrar otros métodos más seguros que dejaran constancia fehaciente a efectos de posibles litigios o a los efectos que sean. También se requeriría más seguridad para determinadas relaciones entre privados y la Administración, que exijan mayor garantía de identificación en el mismo sentido de dejar constancia fehaciente, casos de registros, etcétera.
También haría falta legislación adicional y más seguridad para apoderamientos o delegación de firma, que evidentemente no se arreglarían con el documento de identidad digital. Para esos casos, y sólo para ésos, haría falta después una normativa probablemente más sencilla y dinámica, menos casuística, menos sofisticada que el presente proyecto de ley.
La tercera y última pregunta sería: ¿Por qué no se ha hecho así? Yo no tengo la respuesta segura; no lo sé, pero intuyo que probablemente no se ha hecho así porque muchas personas, y seguramente también muchos abogados del Estado y euroburócratas, todavía no han entrado del todo en la era digital. Así de sencillo; probablemente ésta sea la explicación.
Aquellos que no han entrado en la era digital tienden a hacer analogías demasiado directas entre lo antiguo y lo nuevo, convierten pequeñas lomas en inmensas montañas, confunden los molinos de viento con los gigantes, y como les asusta lo que no conocen suficientemente, salen leyes complicadísimas, como ésta. Eso es lo que ocurre en estos casos.
Insisto en que todo es un poco más sencillo; el secreto consiste en empezar por el principio --lo decía el senador Lavilla--, en no empezar la casa por el tejado, y empezarla por los fundamentos. Por eso nos gustaría la incorporación en el texto de nuestras enmiendas números 272 y 273, bien directa o transaccionalmente, que no invalidan la ley para nada, sino que proponen construir cuanto antes los fundamentos y después arreglar y simplificar el complicado tejado que construimos hoy con esta ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hacer un comentario a la senadora Coloma. Este proyecto de ley no es la transposición de la directiva, dicho textualmente, y en la exposición de motivos se dice que el real decreto-ley al que usted ha aludido se publicó incluso antes de su promulgación y publicación en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»; es decir, que el real decreto-ley fue anterior a la directiva.
Precisamente los problemas que se han producido con esa directiva, por las disfunciones con el real decreto-ley, han provocado la petición desde la oposición en diversas ocasiones de iniciativas legislativas para adaptar ambas medidas, y de hecho esta ley es para eso. O sea, que en cierta manera es una transposición de aquella adaptación del real decreto-ley a la directiva posterior y de los problemas posteriores.
Pero, en fin, dejemos esto que es un tema menor. Lo esencial es que estamos ante un proyecto de ley que es necesario, y por eso nuestra postura ha sido de abstención en el veto.
Nuestras enmiendas se engloban en tres grupos. Uno es para generar confianza en la ciudadanía ante el desarrollo de la sociedad de la información y las comunicaciones electrónicas; un segundo grupo es para dinamizar el mercado de prestación de servicios de certificación, y un tercero es para el respeto de competencias autonómicas. Las doy todas por defendidas, aunque me centraré en algunas de ellas.
En el primer bloque, el desarrollo de la sociedad de la información y generación de confianza, tenemos, por ejemplo, las enmiendas números 149, 150, 151 y 202. La enmienda número 149 pretende la mejora en la equiparación y equivalencia entre firma electrónica reconocida y firma escrita.
Por su parte, la enmienda número 202 pretende adicionar una nueva disposición adicional para incluir en el Código Civil un artículo que indique expresamente el reconocimiento de la firma electrónica reconocida como equiparable a la firma manuscrita, al mismo tiempo que puede ser utilizada por cualquier persona física o jurídica para firmar.
En este grupo están también las enmiendas números 143 a 148. Por ejemplo, con la enmienda número 147 se pretende introducir la definición de firmante como la persona física que genera la firma. Esta enmienda propone la adición de un nuevo apartado al artículo 2 que completa en un solo artículo las distintas definiciones del proceso para la generación de la firma electrónica. Con estas enmiendas se modifica la regulación que contiene el proyecto, que tan

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solo preveía la figura del firmante, mientras que los roles que se dan en el procedimiento de la firma electrónica hacen conveniente diferenciar el suscriptor del firmante para conseguir que todas las relaciones internas y externas que se asocien a la generación de una firma estén previstas desde el punto de vista jurídico. Esto permite la existencia de suscriptores personas físicas o jurídicas, y estas últimas con la posibilidad de generar firmas. Al mismo tiempo, se puede diferenciar la empresa suscriptora de la persona que firma, que puede ser un trabajador de ésta. La admisión de estos roles supone la necesaria sustitución a lo largo del proyecto de todas las referencias al firmante por la de suscriptor, lo que da lugar a enmiendas a lo largo de todo el texto.
Dentro de este punto, y relacionado con las competencias, está la cuestión de la introducción del DNI electrónico. En este sentido, en las enmiendas números 174 y 176 proponemos suprimir los artículos 15 y 16.
Pensamos que el artículo 15, que regula el DNI electrónico, no resulta amparado por ningún título competencial del Estado que habilite para imponerlo como mecanismo de identificación ante otras administraciones públicas y particulares. He escuchado muchas protestas, además de competencia desleal, con la creación de este documento. Por ejemplo, tengo unas declaraciones de Adrián Moure, proveedor de Safelayer, que dice lo siguiente: Me indigna que en un negocio tan embrionario se introduzca un elemento que distorsionará la libre competencia. La inversión para que Ceres entre en el mercado comercial cobrando está hecha con dinero público. Esa es la cuestión. Estas enmiendas a los artículos 15 y 16 pretenden esa supresión.
Dentro de este ámbito de dinamización del mercado de prestación de servicios están las enmiendas 181 y 182, al artículo 20. La enmienda número 181 pretende modificar la letra f) del apartado 1 para asegurar la conservación de toda la documentación relativa al certificado durante el período de prescripción de las acciones derivadas del uso del certificado, sustituyendo el plazo de quince años por un plazo más abierto en función del tipo de certificado y del uso que se haga de éste.
Esto facilita las acciones y, por lo tanto, dinamiza el mercado.
En cuanto a competencias autonómicas, en nuestra enmienda número 194 proponemos la adición de un nuevo apartado 23 bis. Nuestra justificación se basa en que la regulación del Título III (prestación de servicios de certificación) se aplicará sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en materia de protección de los consumidores y usuarios.
En la número 203, también con vistas a conseguir que se respeten las competencias autonómicas, hablamos del fundamento constitucional. El proyecto se fundamenta en una extralimitación de los títulos competenciales del Estado enumerándolos, pero sin concretar qué artículos tienen la consideración de legislación. De ahí que formulemos esta enmienda.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Socialista da por defendidas sus enmiendas.
En turno en contra tiene la palabra la senadora Delgado.


La señora DELGADO GARCIA: Muchas gracias, señor presidente.
En este turno en contra de las enmiendas voy a referirme a las presentadas a la exposición de motivos y llegando hasta las relativas al artículo 16. Del resto se ocupará mi compañero el senador Abejón.
En primer lugar empezaré refiriéndome a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pero dado que con algunas de las enmiendas defendidas de ese grupo defendidas por el senador Albistur también coinciden otros grupos parlamentarios, iré dándoles respuesta al mismo tiempo a fin de intentar agilizar el debate.
El senador Albistur ha empezando defendiendo sus enmiendas partiendo de la número 42. No sé si lo habrá hecho en aras de la brevedad o porque sabe que, efectivamente, las enmiendas números 27 a 41 no las vamos a aceptar puesto que no mejoran ni añaden nada en concreto al texto.
Incluso algunas de ellas, por ejemplo la número 29 --y me refiero también a la enmienda número 152 del senador Varela--, no entendemos por qué las mantienen vivas puesto que en realidad ya no aportan mucho más al artículo 3, que ya ha mejorado en su paso por el Senado con nuestra enmienda número 275, que quedó incorporada en comisión. (El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.) En cuanto a las enmiendas números 37, 38 y 44 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el texto del proyecto de ley es verdaderamente mucho más preciso.
Ahora me voy a extender algo más en un segundo bloque de enmiendas también presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que hace mención al certificado electrónico de las personas jurídicas. El senador Albistur se ha referido en concreto a su enmienda número 42, consistente en añadir un artículo 11 bis. Realmente esto mismo se trata también en otras enmiendas puesto que esa enmienda 11 bis es consecuencia de la número 32, donde dicho grupo pide que se suprima el artículo 7. En consecuencia, en la enmienda número 33 se propone una redacción nueva al artículo 7. Y a continuación vienen unas enmiendas correlativas, de la número 34 a la número 36, la número 39 y de la 41 a la 43, en coherencia con la supresión y modificación de ese artículo. Y entre esas coherencias y esas consecuencias viene la enmienda número 42, en la que introducen un nuevo artículo 11 bis. Por eso voy a centrarme en dar una respuesta globalizada a todo este bloque, ya que no tiene sentido contestar puntualmente a la enmienda número 42 dado que está integrada en un grupo más amplio.
En lo que se refiere a la regulación de los certificados de personas jurídicas, tal y como la concibe su grupo, senador Albistur se convierte la figura del certificado de persona jurídica en un tipo especial de certificado de persona física con poderes de representación. Esta figura, con la propuesta que ustedes hacen, resulta más rígida que la formulación

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actual dado que ésta permite que el certificado se utilice no por una sola persona física, sino según se decida en cada persona jurídica en función de sus normas internas de funcionamiento, con lo cual es más flexible.
En sentido más general, al mismo tiempo que contesto al senador Albistur, quiero contestar también a las enmiendas que han presentado los distintos grupos a este bloque, las números 156, 157, 158, 159, 160 y parte de la 171, del senador Varela, del Grupo Catalán de Convergència i Unió; 216, 217, 222 y 253, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y 83, 84, 100 y 123, del Grupo Parlamentario Socialista.
Con carácter general puede decirse que la figura de certificado de persona jurídica del proyecto de ley, que nos trae aquí esta tarde, concilia la demandada flexibilidad en la utilización de certificados en el entorno empresarial, con un necesario rigor, eso sí, en la determinación de las responsabilidades por el uso del certificado.
Es cierto que durante la consulta pública han existido diversas propuestas, a menudo en sentido contrapuesto, en relación con la figura del certificado de persona jurídica. Por un lado, ha habido posturas que han intentado hacerlo más restrictivo, acercándolo de alguna forma a un certificado de persona física con poderes de representación. También es cierto que ha habido otras más flexibles que pretenden eliminar totalmente la inclusión de una referencia a una persona física.
Finalmente, en el texto se ha optado por una solución de equilibrio de mantener una referencia a una persona física cuya función es ejercer la custodia del certificado.
Quiero indicarles, señorías, que para esta opción elegida en el texto del proyecto de ley disponemos también de una experiencia acumulada durante varios años en esta línea, como es la llevada a cabo por la Agencia Tributaria, que ha venido utilizando certificados de persona jurídica, tal como viene en el texto de una manera satisfactoria, con lo cual entendemos que ésa es la manera más correcta de presentarlo, y, por tanto, no aceptamos ni la enmienda 32 ni la 33, de supresión del artículo 7, ni, en consecuencia, todas aquellas otras enmiendas que sus señorías habían presentado en coherencia con la supresión de este artículo.
El senador Albistur ha presentado la enmienda número 46, de supresión del DNI. Voy a aprovechar para contestar también a los distintos grupos que se han posicionado respecto a los artículos 15 y 16. Me refiero al Grupo Catalán de Convergència i Unió, que ha presentado las enmiendas 174, 175 y 176; al Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado las números 103 y la 104, y al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que ha presentado las números 235 y 236.
En primer lugar, y a modo general, les diré que el DNI electrónico figura en esta ley por incorporar certificados electrónicos y hacer uso de los instrumentos de firma electrónica. El DNI, se erige en un certificado electrónico reconocido llamado a generalizar el uso de instrumentos seguros de comunicación electrónica capaces de conferir la misma integridad y autenticidad que la que actualmente rodea las comunicaciones a través de medios electrónicos. Además, la instauración del DNI electrónico permitirá establecer entre los ciudadanos una cultura de uso de la firma electrónica que impulsará el uso adicional y otros certificados, y sobre todo las inversiones en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas y servicios basados en la firma electrónica.
Ahora voy a matizar brevemente algunos aspectos que sobre este tema han aportado algunos de los senadores. Voy a empezar por el senador Albistur.
A bote pronto se me ocurre aquella famosa frase histórica que dice: «Quosque tandem», Senador Albistur, «abutere patientia nostra», porque, ojo la suspicacia que ha derrochado esta tarde usted aquí. Senador Albistur, sinceramente, usted ha pretendido ver lo que no hay; está usted en su legítimo derecho de querer hacer segundas, terceras y cuartas lecturas, pero aquí nos vamos a atener todos a lo que el texto dice, y el texto dice lo que dice, no lo que usted cree o quiere que diga.
Sólo voy a hacer tres puntualizaciones, para poder también contestar a los otros senadores.
En primer lugar, el proyecto de ley se limita a fijar el marco normativo básico del nuevo DNI electrónico, poniendo de manifiesto sus dos notas más características: acredita la identidad de su titular y permite la firma electrónica de documentos; y, por otra parte, se remite a la normativa específica en cuanto a las particularidades de su régimen jurídico.
También le quiero comentar que el proyecto de ley garantiza el principio de libertad de prestación de servicios, punto que usted ponía en duda, y somete los servicios de expedición del DNI electrónico, a cargo del Ministerio del Interior, a los requisitos y obligaciones exigibles, con carácter general, a todos los prestadores de servicios de certificación, con la única excepción de constitución de fianza. En este sentido, me remito al artículo 16.1 del proyecto de ley, donde viene detallado.
Finalmente, en la expedición del DNI electrónico no podrán almacenarse las claves privadas del titular del documento al estar prohibido por la ley.
El senador Varela pone en entredicho el respeto a las transferencias de las comunidades autónomas, pero he de decirle que rechazamos su enmienda número 175 porque la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, dictada en virtud del título competencial exclusivo sobre seguridad pública establecido en el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española, regula el DNI como único documento público que tiene el valor de acreditar por sí mismo la identidad personal. En este sentido, senador, hay que remitirse a este punto y no hay por qué buscar otros aspectos.
Me parece que, en algún momento de su intervención, el senador Lavilla ha hablado de hacer una ley específica del DNI electrónico y quiero señalar que mi grupo parlamentario considera que no es necesaria porque sus rasgos esenciales están contenidos ya en el proyecto de ley de firma electrónica y, además, la vigente normativa sobre el DNI, recogida en la Ley Orgánica 1/1992 y las normas reglamentarias de desarrollo, van a ser aplicables al DNI electrónico en todo lo que se adecue a sus peculiares características, sin perjuicio de la previsión contenida en la disposición adicional sexta de este proyecto.


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El senador Varela ha comentado las enmiendas números 143 y 144, que se corresponden con las enmiendas números 72 del Grupo Parlamentario Socialista y con la 208 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Mi grupo parlamentario entiende que, tal y como viene explicitado en el texto, no resulta necesario realizar una enumeración de los sujetos a los que se dirige la ley y, por otro lado, resulta más claro que la difusión de establecimiento se contemple en la propia ley, en lugar de remitirse a otra norma, como ustedes proponen.
No se aceptan las enmiendas números 145 y 73 porque no estamos de acuerdo con la inclusión de la definición de solicitante, dado que la utilización de este término en el texto se ajusta a su significado natural y es ampliamente conocido como persona que solicita.
No se aceptan las enmiendas números 146, la 163 a 166, 168, 170, 173, 73, 85, 209, 218 y 229 a 231, de diversos grupos parlamentarios, así como todas aquellas en que se introduce el término de suscriptor, dado que debe entenderse que el titular --es decir, el suscriptor del certificado--, coincide siempre con el firmante, que es la persona que, tal y como se dice en las propuestas de enmienda, dispone del derecho de uso del certificado para generar firmas basadas en el mismo. La disociación entre firmante y suscriptor o titular del certificado introduce inseguridad jurídica y, por tanto, es rechazable.
Asimismo, la enmienda 165 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y las números 92 y 98 del Grupo Parlamentario Socialista deben rechazarse porque la mención al número de identificación de extranjeros resulta improcedente, ya que la equivalencia con el DNI viene determinada por la normativa específica aplicable.
La enmienda número 147, formulada al artículo 2, no se acepta porque la definición de firmante en el proyecto de ley coincide con la recogida en la directiva, por lo que debe mantenerse tal cual.
El senador Varela también se ha referido a la enmienda 149, formulada al artículo 3 y coincidente con la número 75 del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Senadora Delgado, a efectos de que administre el tiempo del turno compartido, sepa que ya ha consumido 17 minutos. (La señora Delgado García sufre un desvanecimiento.--La sesión se suspende durante unos minutos.--El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Muchas gracias a todos los señores portavoces.
Señorías, sometemos a votación las enmiendas al proyecto de ley de firma electrónica.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 27, 29, 30, 31, 33, 38, 46, 50, 53, 54, 56 a 62 y 66, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 191; a favor, 67; en contra, 121; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 35, 37, 45 y 48, del mismo grupo parlamentario.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 14; en contra, 174; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 13; en contra, 122; abstenciones, 57.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas y defendidas por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, números 204 a 273.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 70; en contra, 120; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 156, 157, 158, 175 y 180.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 13; en contra, 122; abstenciones, 59.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 192; a favor, 67; en contra, 120; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


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Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en dos bloques.
En primer lugar, enmiendas números 67, 69 a 76, 79, 80, 82 a 92, 94, 96 a 113, 116 a 139 y 142.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 68; en contra, 121; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 59; en contra, 121; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen en varios bloques. En primer lugar, sometemos a votación los artículos números 14, 25 y 28 a 36, disposiciones adicionales segunda, novena y décima, disposiciones transitorias primera y segunda, disposición derogatoria y disposición final tercera.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 19 y la disposición final primera del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 184; en contra, siete; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Disposición final segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 126; en contra, 64; abstenciones, cinco.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Artículos 6, 10 y 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 128; en contra, nueve; abstenciones, 58.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 9 y 27, y disposición adicional primera.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 125; en contra, dos; abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Artículos 1, 4 y 24 y disposiciones adicionales séptima y octava.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 126; en contra, 56; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
A continuación sometemos a votación los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 a 23 y 26, y disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y sexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a favor, 125; en contra, 64; abstenciones, seis.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Por último votamos el preámbulo de la ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a favor, 126; en contra, uno; abstenciones, 69.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución Española, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE COOPERACION CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (S. 621/000159) (C. D.
121/000156).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la comisión, senador Moya.


El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señor presidente.
Tramitándose por el procedimiento de urgencia, se somete a la consideración del Pleno el proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, que tuvo su entrada en el Senado el pasado 10 de octubre, fecha en la que, asimismo, se publicó en el boletín oficial, terminando el plazo de enmiendas el pasado 28 del mismo mes de octubre.
(El señor vicepresidente, Caneda Morales, ocupa la Presidencia.)

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Se han presentado a dicho proyecto 56 enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: 12 de la senadora De Boneta y Piedra, 22 de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, cuatro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tres del Grupo Entesa Catalana de Progrés, 12 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y tres del Grupo Parlamentario Socialista.
La ponencia que ha informado este proyecto ha estado integrada por don Salvador Capdevila i Bas, don José Iribas Sánchez de Boado, don Mario Mansilla Hidalgo, don José Antonio Marín Rite y doña María Angeles Orós Lorente. Se reunió el pasado 7 del presente mes de noviembre y emitió informe en el que, tras ser rechazadas por mayoría las diferentes enmiendas presentadas, mantuvo en todos sus términos, igualmente por mayoría, el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
La comisión se reunió el pasado 7 de noviembre y aceptó como dictamen el texto propuesto por la ponencia, que no introduce modificación, como ya he dicho, del remitido por el Congreso de los Diputados.
El proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional tal como se somete al debate del Pleno consta de 25 artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y un preámbulo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias.
Pasamos al debate de totalidad. ¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.) Muchas gracias.
Pasamos al debate de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas números 13 a 34, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares. Tiene la palabra el senador Hernández.


El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: Doy por defendidas las enmiendas de Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): ¿Las que eran en su momento de la senadora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto, también las da por defendidas?

El señor HERNANDEZ RODRIGUEZ: No.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Entonces decaen las enmiendas números 1 a 12.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 35 a 38. Para su defensa, tiene la palabra el senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.
Culmina hoy en esta Cámara la tramitación parlamentaria de un importante proyecto de ley orgánica, cual es el de la cooperación con la Corte Penal Internacional, proyecto este que trae causa de la Ley Orgánica 6/2000, que autorizó la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
No seré yo quien a estas alturas del debate vaya a hacer un discurso sobre lo que el proyecto supone e implica. Ya se hizo, señorías, y con amplitud en el Congreso de los Diputados y a lo allí dicho por nuestro grupo parlamentario me remito en este momento. Por tanto diré tan solo que mantenemos a día de hoy cuatro enmiendas vivas, aunque cualquiera que sea el futuro que les aguarde --que, por cierto, lo intuyo-- nuestro voto será favorable al texto del dictamen emitido por la comisión y que se corresponde tal cual con el que fue aprobado en la Cámara Baja. Por ello, señor presidente, con suma brevedad, me limitaré a hacer una somera defensa de estas cuatro enmiendas que mantenemos.
La primera de ellas es la enmienda número 35 y lo es al artículo 2, referido a la cooperación pasiva. Es evidente que uno de los principios que inspiran el presente proyecto de ley, junto con los de plena constitucionalidad y complementariedad, es el principio de plena --y lo recalco-- cooperación de todas --lo recalco también-- las autoridades con la Corte Penal Internacional. El propio título de la proyectada norma avala la idea de que se trata de una ley de cooperación con la Corte, cooperación que, en palabras del propio ministro de Justicia, obliga a todas las autoridades, no solo al Gobierno y a los órganos del Poder Judicial, sino a todas las instancias y poderes del Estado. Sin embargo, a nuestro juicio tal idea no tiene el reflejo que debiera tener en el articulado y, concretamente, en el artículo 2 al que me refiero únicamente, con carácter difuso, se prevé que España prestará plena cooperación, sin mayores concreciones. Por ello, estimamos oportuno singularizar los sujetos de colaboración, lo que nos lleva a añadir un segundo párrafo en el artículo, a fin de dejar meridianamente claro que, a los efectos de prestar esa plena cooperación, se entenderá que todos los poderes y órganos del Estado actuarán en el marco de sus competencias con respeto a dicho principio.
Además, ésta es una recomendación también hecha por Amnistía Internacional y, de igual manera, es una propuesta en la que coincidimos totalmente con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través de Izquierda Unida, concretamente, mediante su enmienda número 13.
La segunda de nuestras enmiendas es la número 36 al artículo 4. Tiene idéntica intención y, consiguientemente, pretende que al señalar las autoridades competentes para la aplicación de esta ley, no haya duda de que lo son todas las administraciones públicas. Por tanto, no sólo las que figuran en las letras a), b), c), d), e), f) y g) del artículo sino también el resto de poderes y órganos del Estado, lo que incluiríamos precisamente con esta redacción en una nueva y última letra, que sería, en concreto, la letra h).
Fíjense, además, señorías, si la duda que planteamos es razonable que hasta el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al anteproyecto, demandaba que se incorporara a dicho Consejo entre las autoridades competentes, dentro de las funciones que tiene atribuidas de apoyo a los órganos judiciales que realizan actos de cooperación judicial internacional.


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Por su parte, al artículo 7, uno de los más debatidos y enmendados, mantenemos la enmienda número 37. Como sus señorías conocen, la cuestión a debate es la que tiene que ver con el respeto o no de este artículo al principio de justicia universal que proclama el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Es justo reconocer que la inclusión en este artículo de un apartado 3 por el que en el supuesto de que la Corte no actuase en un caso, la denuncia, querella o solicitud podría presentarse ante las autoridades españolas, es ya de por sí una introducción importante que da satisfacción parcial a nuestra enmienda, pero hemos optado por insistir en el contenido del resto de la misma, en la parte relativa, concretamente, al apartado 2, que parece que supone una modulación a ese artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en tanto que, cuando el autor de los hechos es un extranjero y los delitos son cometidos en el territorio español, la jurisdicción española se vería superada por la de la Corte. En definitiva, lo que buscamos con esta enmienda es un punto de equilibrio a esta apuesta por la jurisdicción internacional, adicionando un supuesto en el que la preferencia no tendría lugar, en concreto, cuando la víctima del delito fuera un nacional español, en cuyo caso siempre sería competente la jurisdicción española.
Finalmente, señorías, la enmienda número 38, al artículo 16, referido a las solicitudes concurrentes, tiene por pretensión ganar en claridad, respetando en todo caso lo establecido en el Estatuto de Roma. No parece que hayamos sido capaces de convencer al Grupo Parlamentario Popular de que sea así y no insistiré sobre la misma.
Por tanto, termino, señor presidente, indicando, como hice al inicio de mi intervención, que mantenemos para votación estas cuatro enmiendas pero que, en cualquier caso, nuestro voto será favorable al texto del dictamen aprobado por la comisión y remitido para esta sesión plenaria.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Zubia.
Para la defensa de las enmiendas números 39 a 41, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para defender las tres enmiendas que hemos mantenido a este proyecto de ley que ha mejorado notablemente en su tramitación en el Congreso de los Diputados donde se ha conseguido evitar algunas de las claudicaciones que estaban presentes en el proyecto inicial del Gobierno.
Como decía anteriormente, mantenemos tres enmiendas que tienden a una misma finalidad genérica, aunque sean distintas en su planteamiento. La idea general que ha presidido nuestra actitud respecto al proyecto de ley es que España no debe perder la jurisdicción que le da el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En los delitos contra la Humanidad, en los que siempre hay interés por parte de España, si existe una conexión directa por razón de autor, de víctima o de lugar no debe perderse la posibilidad de mantener el criterio de la jurisdicción universal. Ese es el sentido de la enmienda 39.
En la enmienda 40 se concretan las medidas cautelares y se complementaría con la número 41 que plantea una visión de la adecuación de nuestra ley al carácter central del Estatuto de Roma en el caso de que existan solicitudes de entregas concurrentes.
Mantenemos las tres enmiendas y subrayamos nuevamente que el texto salido del Congreso respeta el carácter pleno de España en la jurisdicción que le da nuestra legislación interior y que nosotros queríamos que además estuviera también presente en estos dos aspectos de las enmiendas 39 y 40 y en el aspecto complementario, si se quiere, pero central, en una concepción de lo que es la persecución de los delitos contra la Humanidad que es el carácter superior del Estatuto de Roma a los tratados bilaterales expresados.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Molas.
Para la defensa de las enmiendas 45 a 56 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para hacer la defensa de las once enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene vivas en este debate en Pleno, concretamente las enmiendas comprendidas entre la 45 y la 56. Vaya por delante la manifestación de nuestro apoyo a esta ley que facilita la armonización de la puesta en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional con el sistema judicial español y las reformas que se tienen que acometer para esta armonización.
Anuncio ya de entrada nuestro voto favorable a esta ley.
Nuestros compromisos internacionales, nuestro firme compromiso a favor de lo que supone el Estatuto de Roma y la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional nos obliga a acometer modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico interno. Puestos a hacer estas modificaciones, hagámoslas con respeto al carácter del Estado español como Estado compuesto y atendiendo a la pluralidad de administraciones en el campo de las competencias policiales, penitenciarias y del personal al servicio de la Administración de Justicia. Este es el sentido que inspiran nuestras enmiendas números 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52. El sentido de todas ellas es aplicar estrictamente los criterios de distribución competencial vigentes, aplicarlos simplemente de forma estricta sin reserva y sin recelos.
Comprenderán, siendo como es el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió un grupo con clara motivación territorial de representación de Cataluña, que les plantee algunos casos concretos en desarrollo y aplicación de esta armonización entre las competencias también de las comunidades autónomas, del conjunto de las administraciones y la puesta en funcionamiento de los

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mecanismos de engarce de nuestro sistema judicial con nuestros compromisos con el Estatuto de Roma. Por ejemplo, algunas comunidades autónomas tienen competencias integrales en policía. La Comunidad Autónoma de Cataluña, exclusivamente, también tiene competencias en prisiones sin cerrar la puerta, evidentemente, al hecho de que el bloque de constitucionalidad prevé que otras comunidades autónomas también puedan asumirlas. Y también son varias las comunidades autónomas que tienen competencias en materia del personal al servicio de la Administración de Justicia. Pues bien, prisiones, policía y administración de Justicia cuando están ejercidas por parte de las comunidades autónomas no pueden quedar al margen de la puesta en funcionamiento de estas modificaciones legislativas para el buen funcionamiento de nuestros compromisos en el Estatuto de Roma.
Estamos reclamando también a través de estas enmiendas un buen funcionamiento, un criterio de eficacia en la persecución de delitos graves, de delitos de lesa humanidad como lo son los expresamente y de forma restrictiva tipificados en el Estatuto de Roma para el «desplegamiento» del Tribunal Penal Internacional.
No podemos lesionar el funcionamiento de la Justicia por concebir que en algunos asuntos como éstos no pueden participar quienes tienen competencias si éstas no son ejercidas por la Administración central del Estado. No se tendrían que discutir y no se tendrían que presentar estas enmiendas. Sí debemos discutir si las comunidades autónomas con competencias en policía, en prisiones, en personal al servicio de la Administración de Justicia también son Estados.
Decía que tendrían que incorporarse estas enmiendas por un criterio de eficacia porque deben ser oídas las otras administraciones que puedan tener conocimiento de que eventualmente se puedan estar cometiendo los delitos tipificados y bajo jurisdicción subsidiaria, pero jurisdicción del Tribunal Penal Internacional; o se tendría que contemplar, como prevén también nuestras enmiendas, que los gobiernos autonómicos con competencias en policía, en prisiones o en personal al servicio de la Administración de Justicia pudieran remitir al Gobierno información de aquellos indicios que pudieran indicar que se han cometido delitos en dicha comunidad autónoma. Este es el ánimo que inspira la enmienda número 47.
Si les parece les voy a poner un ejemplo porque, a veces, un ejemplo es mejor que mil argumentaciones de carácter doctrinal. Pongamos, por ejemplo, --la canción dice «pongamos que hablo de Madrid»--, que hablo por un momento de la Costa Brava, de Cataluña. Pongamos, por ejemplo, que una persona perseguida por un delito contemplado en el Estatuto de Roma, perseguida por el Tribunal Penal Internacional, se está escondiendo en una localidad de la Costa Brava. Pongamos que Charles Taylor está viviendo en Platge d'Aro.
Recordemos que en la distribución competencial actual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen competencias integrales en estas comunidades en terrorismo, en fronteras y en tráfico de drogas. Verán su señorías perfectamente que en este caso hipotético de que Charles Taylor estuviera refugiado en un piso en primera línea de mar en Platge d'Aro, la policía competente, la policía integral, la policía que, al final, tendría que investigar y comunicarse con los órganos judiciales e intervenir para detener a este presunto criminal tipificado dentro del Tribunal Penal Internacional, sería una policía que, desde el punto de vista de la concepción del Grupo Parlamentario Catalán no debe ser de segunda, sino una policía con competencias para la aplicación ordinaria de estas funciones.
Esto puede parecer caricaturesco para algunas concepciones jurídicas de algún grupo parlamentario, pero en la práctica --reflexionen sólo un momento-- también tendría que tener voz la policía y competencias de carácter penitenciario.
La segunda parte de la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió hace referencia también a la jurisdicción universal en delitos contra la Humanidad. Este es el objeto de la enmienda número 48 de mi grupo parlamentario; somos partidarios de mantener para España la jurisdicción universal en delitos contra la Humanidad. Esta es una conquista clara del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y es un avance extraordinario, al cual no debemos renunciar. Otros países de nuestro entorno jurídico, otros países de la Unión Europea no hicieron en su momento esta apuesta, una apuesta valiente en favor de la persecución de dichos delitos contra la Humanidad.
Se ha puesto de manifiesto que ésta es una enmienda compartida con otros grupos parlamentarios, y debemos tomar en consideración el principio operativo del Tribunal Penal Internacional: el principio de que allí donde no entren los Estados, entrará el Tribunal Penal, esto es, el principio de subsidiariedad, y esto queda reflejado en el Estatuto de Roma. Pues bien, mientras no se despliegue perfectamente el funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, y teniendo en consideración que en algunos casos pudiera ser que no entrara, creemos que tiene sentido continuar teniendo esta jurisdicción internacional.
En el Estado español ha sido muy aplaudida la intervención de algún juez de la Audiencia Nacional en ciertos casos de extraterritorialidad en los que había españoles fuera del ámbito de nuestro Estado. Sería deseable que la justicia internacional avanzara a un ritmo, a una intensidad y con una amplitud de miras suficiente como para que algún día esto no fuera suficiente. Mientras tanto, parece que el ánimo de la mayoría, que el ánimo del Gobierno es quitarse de encima este instrumento poderoso que es el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y aunque algo se ha avanzado con el artículo 7.2 de esta ley, creemos --y así lo defendemos en nuestra enmienda número 48-- que claramente hay que mantener esta jurisdicción internacional, no sólo como se contempla en estos momentos, en los supuestos de delitos cometidos en el territorio o en el supuesto de delitos cometidos por el sujeto activo presuntamente español, sino también cuando la nacionalidad española es predicable de la presunta víctima.
Termino, señorías. El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió ha presentado dos enmiendas más: la número 54 y la número 55. Soy consciente

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de que son dos enmiendas no directamente vinculadas con el objeto de la regulación de esta ley: Recomiendo a los portavoces de Justicia del grupo de la mayoría, a los políticos y a los técnicos del departamento de Justicia, que se lean detenidamente estas dos enmiendas, porque plantean dos problemas concretos de la Administración de Justicia, uno sobre planta judicial y otro de carácter procedimental, que de una forma u otra se deberían resolver, y que atendiendo a que estamos a final de legislatura y a que ésta es una ley importante en el ámbito de las competencias de la Comisión de Justicia, creíamos conveniente introducir estas dos reformas de carácter judicial.
Termino reiterando el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió a esta ley, sea cual fuere la suerte de nuestras enmiendas, y subrayando que con la aprobación de la misma avanzamos, definitiva y decididamente, en algo que hace cinco o seis años parecía imposible, y que hoy está tomando forma, que es un ámbito concreto, preciso, jurídicamente delimitado pero claro, de justicia internacional.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Gracias, señoría.
Pasamos a las enmiendas números 42 a 44, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de las mismas, tiene la palabra el senador Mansilla.


El señor MANSILLA HIDALGO: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna por la importancia que el Grupo Parlamentario Socialista le da a esta ley, no porque la intervención vaya a ser larga.
Hemos mantenido tres enmiendas porque sin duda en el Congreso este proyecto de ley sufrió una modificación importante.
Y quiero destacar el hecho de que en una ley orgánica, antes de empezar a hablar de las enmiendas, todos los grupos parlamentarios decimos lo mismo, que pase lo que pase con las enmiendas vamos a votar a favor el texto del dictamen. Quiero decirlo así porque esto debiera haber hecho reflexionar al Grupo Parlamentario Popular sobre el hecho de que todas las enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley, que van en la misma dirección, podían haber sido objeto de acuerdo --hubiera sido posible y deseable--, ya que todos pensamos lo importante que es la cooperación con la Corte Penal Internacional; sin embargo, nos quedan algunos flecos sueltos.
Hay cosas que todos los grupos parlamentarios hemos denunciado, como una pequeña laguna de la ley y que a nuestro juicio se debiera haber corregido porque tiene que ver con la justicia universal. Todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en el artículo 7.2, a pesar de que es verdad que al añadir el apartado 3 ha mejorado de forma considerable el proyecto de ley.
No obstante, si todos hemos coincidido en eso, desde nuestro punto de vista el Grupo Parlamentario Popular debiera haber hecho un esfuerzo mayor. Pensamos que hay una pequeña laguna, que se deja una puerta abierta, y eso va en detrimento de la justicia universal. Ustedes se lo deberían haber planteado, básicamente los artículos 7.2 y 8.1.
Lo mismo ocurre con el artículo 16. No sabemos por qué se empeñan en no poner lo que establece el artículo 90 del Estatuto de Roma, porque tal y como se plantea la redacción, da la sensación de que en algún momento el Gobierno puede entender que un tratado con cualquier otro Estado puede ser preferente al Estatuto de Roma, y eso no sería bueno. Y como no sería bueno conviene que quede puesto en la ley tal y como es y ha sido el espíritu tanto en el Congreso como en el Senado.
Todos vamos a votar favorablemente la ley, es verdad, pero también es verdad que aún haciéndolo seguimos pensando que hay lagunas que no se cubren porque por parte del Grupo Parlamentario Popular, en mi opinión, hay una sinrazón, aunque reconozco que he tenido la oportunidad de hablar con la senadora Orós en tres o cuatro ocasiones, pero siempre me he encontrado con la misma respuesta, y hubiera sido deseable que nos hubiéramos sentado a solucionarlo. Ya no da tiempo, pero ojalá que antes de subir a la tribuna reflexione y acepte cualquiera de las enmiendas al artículo 107.2. Con eso sería más que suficiente.
En todo caso, le deseamos buena suerte y que no la interpreten nunca de forma restrictiva.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchísimas gracias, senador Mansilla.
Para el turno en contra tiene la palabra la senadora Orós.


La señora OROS LORENTE: Gracias, señor presidente.
Habitualmente todos damos las gracias por el tono y las formas que los portavoces desarrollan en esta tribuna. En este caso es cierto y quiero dar las gracias a todos por el tono, la forma y, sobre todo, porque vamos a aprobar finalmente un proyecto de ley tan importante como éste por unanimidad, aunque el senador Mansilla, en su vehemencia habitual, siempre da un tono de color a los debates, incluso cuando estos se aprueban de este modo.
Este proyecto de ley, como bien ha dicho el senador Mansilla y muchos de los portavoces, viene precedido por un debate muy extenso que mejoró el texto tras el trámite del Congreso. Tanto en ponencia como en comisión y en pleno se aprobaron muchas enmiendas que mejoraron sustancialmente el mismo.
Las que han llegado a la Cámara alta son más o menos una copia literal de las que ya fueron rechazadas, y algunos portavoces, como el senador Mansilla, nos pedían que hiciéramos un último esfuerzo para aceptar las enmiendas que quedan vivas, pero si me lo permite, según nuestro criterio, ninguna de ellas mejora sustancialmente el texto, y les explicaré por qué.
No voy a relatar una por una, sino que he intentado agruparlas en cuatro bloques porque todas ellas tenían puntos en común; sin embargo, si alguna de sus señorías quiere alguna puntualización, lo haré en el turno de portavoces con todo gusto.


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Una de ellas, y muy importante, se refiere a la justicia universal. No es cierta la afirmación que esgrimen algunas señorías en cuanto a que este proyecto de ley produce una merma o declive del principio de justicia universal; muy al contrario, la creación de la Corte Penal Internacional supone en sí misma la consagración de este principio, para lo cual los Estados parte han convenido, según señala el Consejo de Estado, que la Corte Penal puede intervenir cuando las jurisdiccionales nacionales no actúen o no puedan hacerlo, y estos Estados confían en la Corte Penal Internacional para apreciar las circunstancias cuya consecuencia obligada es dar primacía a la Corte sobre las competencias de los Estados parte.
Es decir, el objetivo básico de este proyecto de ley es el reforzamiento de la Justicia universal y no al contrario, que será plena cuando cada Estado cumpla el deber de ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales y coopere plenamente en el ejercicio de la jurisdicción con la Corte, que por un lado es complementaria de las jurisdicciones nacionales y por otra debe ser ejercida siempre que éstas no actúen o no puedan hacerlo, circunstancia que apreciará la Corte, lo que exige que su competencia prevalezca sobre las de los Estados miembro con un precedente, la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, de cooperación con el Tribunal Internacional.
En circunstancias normales, ante un hecho delictivo que no haya sucedido en España y en el que el inculpado no sea español, el órgano jurisdiccional interno que no se considere competente y decida que el enjuiciamiento pudiera ser competencia de la Corte Penal Internacional, junto al deber habitual de abstenerse deberá adicionalmente informar al particular sobre la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, consiguiendo así evitar con mayor eficacia los supuestos de impunidad.
Con respecto a la supuesta intromisión del Gobierno en temas y decisiones cuya competencia algunos consideran que debería corresponder a las comunidades autónomas y otro grupo de enmiendas en las que se considera que hay temas de competencia que deberían residir en jueces y tribunales, he de decirle, senador Xuclà, que con respecto al artículo 2 a mi grupo le parece superfluo que esta ley recoja la expresión «todos los poderes y órganos del Estado en el marco de sus competencias», ya que además de que en el artículo 86 del Estatuto se recoge la expresión «Estados parte», que lógicamente engloba a todos los poderes y órganos del Estado, si pusiéramos la coletilla «en todos los preceptos», seguiríamos una tendencia reglamentista que a nuestro juicio no procede en una ley orgánica como ésta. Esta ley no es un reglamento; por el contrario, tiene una conceptualidad distinta del detalle pormenorizado al que deben descender los reglamentos.
En otro orden de cosas, respecto de la supuesta intromisión del Gobierno y en cuanto a que éste no debería ser el exclusivamente competente para presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional --el tan traído y llevado artículo 7.1--, quiero decirles en primer lugar que el Estatuto de Roma en su artículo 13 ya prevé tres sistemas para iniciar las investigaciones por delitos de su competencia, que son los Estados parte, el Consejo de Seguridad y el Fiscal de la Corte.
La competencia exclusiva a que alude el artículo 7.1 es únicamente la facultad de los Estados parte de iniciar investigaciones, competencia que recae en el Gobierno en tanto en cuanto él es el responsable constitucionalmente de la política exterior y ejerce la representación internacional de España. En ningún caso está previsto que sean órganos distintos los que ejerzan esa representación, como a sus señorías seguramente les parecerá lógico.
Algunos parecen desconocer que la cooperación por mandato del Estatuto que esta ley trata de regular es la de los Estados parte, pero eso constitucionalmente corresponde al Gobierno en función del artículo 97 de nuestra Constitución. Además, en este proyecto de ley no estamos debatiendo una y otra vez el sistema de competencias administrativas internas, sino ante una norma que corresponde en plenitud a la competencia del Estado, tanto en la legislación procesal como en las relaciones internacionales de España, que es lo que intenta regular, con la Corte Penal Internacional.
Respecto a los órganos judiciales, tampoco nos parece lógico que el papel de éstos sea el de recoger denuncias. Los órganos judiciales deciden sobre su competencia para admitir denuncias, pero no tienen la obligación de pronunciarse sobre el órgano competente sin perjuicio de los trámites de inhibición previstos. Pero en este proyecto de ley sí se introduce una obligación importante en aras de proteger el principio de Justicia universal, como les comentaba al principio, y es que para dirigirse directamente al Fiscal de la Corte el particular puede hacerlo, y es una tercera vía de oficio para iniciar la investigación. Por esta vía los individuos particulares pueden acceder a la Corte, por lo que no existe indefensión ni impunidad en ningún caso. Y en este punto quiero recordarles que el Estatuto de Roma es de directa aplicación.
Senador Xuclà, el Partido Popular siempre busca un escrupuloso respeto hacia el Estado de las Autonomías y hacia cada una de las comunidades.
Con respecto a lo que usted decía en relación con la competencia que tienen las comunidades autónomas en materia penitenciaria debo recordarle que la sentencia del Tribunal Constitucional 104/1998, de 8 de junio, decía que al Estado le corresponde la legislación con inclusión de los reglamentos ejecutivos y también la coordinación porque no puede desentenderse de la ejecución autonómica de la legislación estatal. El Estado puede establecer condicionamientos en el ejercicio de las competencias ejecutivas de la comunidad autónoma que sólo serán contrarios al orden constitucional cuando desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo supongan una pérdida en la autonomía de la ejecución.
El alcance de las competencias de las comunidades autónomas en materia de ejecución de la legislación penitenciaria es de orden organizativo, por lo que no resulta necesaria la aceptación de las enmiendas que proponía el senador Xuclà, que podrían trascender de dicho ámbito competencial. En ningún caso, senador Xuclà, queremos quitarnos de encima el artículo 23, al que usted aludía hace un momento, muy al contrario, nosotros consideramos que hacer

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una pequeña cesión de competencias a la Corte Penal Internacional supone que una institución a nivel internacional, que va a ser siempre más efectiva y más rápida que las jurisdicciones nacionales, pueda dar un rápido procedimiento a personas que cometen delitos tan deleznables.
Respecto del artículo 8, de la nacionalidad de las víctimas --que comentaba el senador Mansilla--, a nuestro juicio yo creo que no puede ni debe suprimirse, ni consideramos procedente su modificación, porque, como señala la exposición de motivos, y en aras a la justicia universal, deben preverse eventuales conflictos entre la Corte y los tribunales españoles, cuya solución debe ajustarse a este procedimiento y a los principios que la ley inspira. Tampoco puede extenderse la competencia de los Estados, añadiendo a los criterios del lugar de los hechos y a la nacionalidad de los presuntos responsables, otro como la nacionalidad de las víctimas, que no está previsto en el estatuto y que les recuerdo que nos vincula y es de plena aplicación. Los criterios que recoge el estatuto son la territorialidad, el lugar en que se desarrolla el crimen, así como la nacionalidad del presunto delincuente.
Respecto a las solicitudes concurrentes, enmiendas 41, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y 44 del Grupo Parlamentario Socialista, que contemplan la posibilidad de que el Gobierno no entregue a la persona solicitada por la Corte Penal Internacional, debo decir, en primer lugar, que el Gobierno no participa en el procedimiento de entrega de personas, ni tampoco en la resolución de solicitudes concurrentes, sino sólo como mera correa de transmisión de la Corte Penal Internacional de las decisiones tomadas por la autoridad judicial.
En segundo lugar, en caso de concurrencia, el artículo 16.2 ya señala que la Audiencia Nacional resolverá, de acuerdo con el estatuto, y en su caso, de acuerdo con el Tratado de Extradición Bilateral, y a falta de éste, se dará preferencia a la Corte Penal Internacional. Si la concurrencia fuera con una orden europea, el artículo 23.5 de la Ley 3/2003, señala ya las disposiciones previstas para los casos de concurrencia, y además, el artículo 90 del estatuto señala las decisiones y pasos a tomar para resolver la colisión de obligaciones internacionales dimanentes del Estatuto de la Corte Penal Internacional y del Tratado Bilateral de Extradición. Por tanto, en caso de concurrencia de solicitudes de entrega, en la mayoría de los casos se resolverá a favor de la Corte. La decisión del juez de no entregar a una persona a la Corte Penal Internacional vendrá dada por su opción de entregarla a otro Estado para su enjuiciamiento por los hechos delictivos.
Por todo lo expuesto --y siento haberme extendido tanto-- anunciamos que no vamos a aceptar las enmiendas presentadas, pero sé que se va a aprobar por unanimidad, porque yo creo que es un proyecto de ley que mejora sustancialmente la persecución de los delitos más deleznables, los delitos contra las personas y los delitos contra la Humanidad.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senadora Orós.
Pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mendoza.


El señor MENDOZA CABRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Para manifestar nuestro voto favorable al proyecto, porque sin lugar a dudas es un salto cualitativo extraordinario, después de casi cuatro décadas sin avances en el Derecho Internacional, en la persecución de los crímenes más deleznables. Pero en cualquier caso, vamos a votar a favor de las enmiendas que han presentado diversos grupos porque entendemos que mejoran el proyecto de ley y, además, algunas de ellas coinciden con nuestra concepción de cómo debe funcionar el Estado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Caneda Morales): Muchas gracias, senador Mendoza.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Orós.


La señora OROS LORENTE: Intervengo únicamente para dar las gracias a todos los grupos.
Creo que nos debemos felicitar por este proyecto de ley porque es muy beneficioso para todos y, durante su desarrollo, podremos ir cubriendo las lagunas que puedan surgir.
Nada más y muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional.
En primer lugar, votaremos las enmiendas números 17, 18 y 19, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, 64; en contra, 115; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 182; a favor, nueve; en contra, 117; abstenciones, 56.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la enmienda número 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 67; en contra, 116; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 15; en contra, 119; abstenciones, 50.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, votamos las números 39 a 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 67; en contra, 117.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 45 a 56.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 12; en contra, 118; abstenciones, 54.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos en un solo bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 42 a 44.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 67; en contra, 117.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazas. (El señor Arnau Navarro pide la palabra.) Senador Arnau, tiene la palabra.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señor presidente.
Entiendo que, al iniciar la votación de las enmiendas, el señor presidente ha sometido a votación las números 17, 18 y 19 del señor Cabrero Palomares y, a continuación, el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, pero, a menos que se hayan retirado, hay enmiendas de la señora De Boneta, del Grupo Parlamentario Mixto, que no se han votado.


El señor PRESIDENTE: Las enmiendas de la senadora De Boneta han decaído, por eso sólo se han votado las de los senadores Cabrero y Cuenca. Han decaído en la sesión, precisamente por no haber sido defendidas.


El señor ARNAU NAVARRO: La confusión deriva por haber sometido primero a votación las enmiendas del señor Cabrero Palomares y, a continuación, el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor PRESIDENTE: Son las únicas vivas.


El señor ARNAU NAVARRO: Efectivamente, pero se trata de dos subgrupos del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor presidente, nosotros hemos solicitado votación separada de las enmiendas números 2 y 11 de la señora De Boneta. Otra cuestión es que las enmiendas hayan decaído, pero, al someter a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en cierta medida ha confundido a mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: Una vez que han decaído, las enmiendas de la señora De Boneta no existen en el Pleno. Por eso, se han sometido a votación el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, que son las presentadas por los señores Cabrero y Cuenca.
En cualquier caso, recojo la sugerencia y el matiz de su señoría. Tal vez habría que haber empezado la votación diciendo que habían decaído, si bien en el turno de defensa se ha hecho mención a ello.
Señorías, votamos el dictamen en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a favor, 182; en contra, uno; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional .
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y quince minutos.

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