DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 216, de 23/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 216
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 200
celebrada el jueves, 23 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:
-Real Decreto-Ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los
tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. ("Boletín
Oficial del Estado" número 270, de 11 de noviembre de 2006.) (Número de
expediente 130/000037.) ... (Página 10943)
Enmiendas del Senado:
-Proposición de Ley reguladora de la gestión de la deuda externa. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, número 33-1, de 23 de abril de 2004.
(Número de expediente 122/000019.) ... (Página 10946)
-Proposición de Ley relativa a la inclusión en el régimen general de la
Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a
determinados cargos públicos y sindicales. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 163-1, de 1 de abril de 2005. (Número de
expediente 122/000142.) ... (Página 10949)
-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 76-1, de 27 de enero
de 2006. (Número de expediente 121/000076.) ... (Página 10953)
-Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente
121/000093.) ... (Página 10966)
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes. (Votación.) ... (Página 10979)
-Del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 76-1, de 27
de enero de 2006. (Número de expediente 121/0000076.) ... (Página 10980)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 93-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente
121/000093.) (Votación.) ... (Página 10981)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
-Proyecto de Ley de Suelo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A,
número 96-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente
121/000096.) ... (Página 10981)
-Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie A, número 101-1, de 8 de septiembre de 2006. (Número de expediente
121/000101.) ... (Página 10998)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. ... (Página 10943)
Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los
tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. ... (Página 10943)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y
Hacienda (Solbes Mira) expone las razones que han impulsado al Gobierno a
la adopción del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que
se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del
tabaco. Manifiesta que en el convenio marco de la Organización Mundial de
la Salud para el control del tabaco, ratificada por España, se reconoce
la eficacia de los impuestos como medio para elevar el precio del tabaco
y lograr una reducción del consumo, en particular por los jóvenes.
Finaliza señalando que la norma respeta en todos sus extremos las
condiciones exigidas por la normativa comunitaria vigente, constituida
por las directivas 92/79 CE y 95/59 CE, relativas a la aproximación de
los impuestos sobre los cigarrillos y a los impuestos distintos sobre el
volumen de negocios que gravan el consumo de labores de tabaco.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Utrera Mora, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Armas Dárias, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa ... (Página 10946)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila,
del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Robles
Orozco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Madina Muñoz,
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proposición de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la
Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a
determinados cargos públicos y sindicales ... (Página 10949)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC); Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso y Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ... (Página 10953)
El señor Esteban Bravo pide la palabra para una cuestión de orden. La
Presidencia estima que no hay tal cuestión de orden.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Lasagabaster
Olazábal y Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; García
Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); los señores Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); las señoras Matador de Matos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y Polonio Contreras, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.
En nombre del Gobierno interviene el señor ministro de Justicia (López
Aguilar).
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10966)
Proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte ... (Página 10966)
La señora ministra de Educación y Ciencia Cabrera Calvo-Sotelo presenta el
proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte. Manifiesta su satisfacción por presentar hoy
este proyecto de ley, pues uno de los objetivos del Gobierno en materia
deportiva es el juego limpio, es decir, entender el deporte como vehículo
de transmisión de valores hacia la sociedad. Esta es una iniciativa en
defensa del juego limpio, orientada a preservar que el deporte sea una
escuela de vida y de ciudadanía, especialmente para la infancia, la
adolescencia y la juventud españolas; que eduque y no deforme, que sea un
acontecimiento festivo y no trágico, que favorezca la fraternidad, el
respeto y la convivencia social en vez del odio y el rechazo hacia quien
es diferente; en definitiva, un espectáculo en el que prime la belleza de
una competición entre iguales, sin barreras y abierta a todos.
Hace un repaso de las iniciativas del Gobierno en esta legislatura para
erradicar la violencia en el deporte y señala los aspectos que regula el
proyecto de ley, como las obligaciones y responsabilidades tanto de
quienes organizan las competiciones como la de los asistentes a los
mismos y de los dispositivos de seguridad.
Finaliza manifestando que espera el respaldo de todos los grupos y desea
que con la participación de todos se apruebe una ley con un mensaje claro
y contundente a la sociedad y es que el deporte también es incompatible
con la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas
intervienen los señores Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García Suárez, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; los
señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); González
Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Gómez
Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera
Calvo-Sotelo)
El señor Martínez-Pujalte López, pide la palabra para una cuestión de
orden.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación.) ... (Página 10979)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
10/2006, de 10 de noviembre, por el que se modifican los tipos
impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco, se aprueba por 320
votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley
reguladora de la gestión de la deuda externa.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley
relativa a la extensión de la protección por desempleo a determinados
cargos públicos y sindicales, se aprueban por 321 votos a favor y una
abstención.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica
por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora
de la responsabilidad penal de los menores.
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter orgánico,
se aprueba por 185 votos a favor, 136 en contra y dos abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ... (Página 10981)
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto
de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte, se rechazan por 29 votos a favor, 287 en contra y siete
abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 10981)
La señora ministra de Vivienda (Trujillo Rincón) presenta el proyecto de
ley del suelo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de julio.
Es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a favor de la
transparencia y la participación de los ciudadanos y es un proyecto para
hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas. Manifiesta que la
iniciativa es el resultado de un arduo y prolongado trabajo de
elaboración y negociación, que ha pasado por una fase de consultas con
todas las administraciones afectadas y con las organizaciones más
representativas del sector. Define el proyecto de ley que hoy se presenta
como innovador, que propone una renovación valiente de las bases del
régimen jurídico del suelo, bases que combinan la eficiencia económica
con la calidad ambiental y con la cohesión social.
Finaliza resumiendo los objetivos del proyecto en cuatro: ampliar la
transparencia del sector y la participación de los ciudadanos en la toma
y en el control de las decisiones urbanísticas; asentar las políticas
urbanas sobre las bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible;
asegurar una mayor oferta efectiva de suelo para vivienda protegida y
aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando la
especulación.
En defensa de las enmiendas a la totalidad presentadas, intervienen los
señores Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto y Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu
Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y
Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Interviene el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto para
anunciar la retirada de su enmienda a la totalidad.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades ... (Página 10998)
La señora ministra de Educación y Ciencia (Cabrera Calvo-Sotelo) presenta
el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El Gobierno está convencido
de que la política universitaria debe ser una política de Estado, por lo
que es un asunto en el que desean el mayor consenso posible. El
ministerio desde que comenzó a trabajar en la reforma de la Ley Orgánica
de Universidades ha apostado por el diálogo, diálogo con el consejo de
coordinación universitaria, con las organizaciones sociales, con los
sindicatos, con los empresarios y con los representantes de otros
colectivos. Dada la importancia de la reforma la ministra apela a la
responsabilidad de todos aquellos que están dispuestos a conseguir que
nuestras universidades ofrezcan un servicio público de calidad para que
se sumen a esta iniciativa.
Expone las líneas generales sobre las que gira la reforma de la Ley de
Universidades, que son las mismas cuestiones que preocupan a nuestros
socios europeos, cuyas políticas universitarias caminan en la dirección
que estamos proponiendo.
Finaliza señalando que en el ministerio están convencidos de que esta es
la reforma que necesitan ahora nuestras universidades, pero están
abiertos a la negociación con todos los grupos políticos, a escuchar las
sugerencias que sean necesarias y a incorporar al proyecto todos los
cambios que puedan mejorar la futura ley.
En defensa de la enmienda a la totalidad presentada, interviene el señor
Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora García
Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
las señoras Cañigueral Olivé, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC); Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Palma Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso.
Interviene la señora ministra de Educación y Ciencia.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del
proyecto de ley del suelo, se rechazan por 136 votos a favor, 160 en
contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto
de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, se rechaza por 128 votos a favor y 173 en
contra.
Se levanta la sesión a las cinco y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
-REAL DECRETO-LEY 10/2006, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de
expediente 130/000037.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto VII del orden del día. Señalo
a la Cámara que, debiendo producirse una ley de naturaleza orgánica
relativa a la responsabilidad penal de los menores, vamos a situar todas
las votaciones en torno a la una de la tarde.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Las enmiendas de totalidad también?
El señor PRESIDENTE: También, todas, a petición de su grupo parlamentario.
(El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.)
No discutamos más porque, si no, lo hacemos una por una. No me enrede. A
petición de su grupo parlamentario se concentrarán todas las votaciones a
la una de la tarde.
Convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se modifican
los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco. Tiene la
palabra el señor vicepresidente segundo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Real Decreto-ley 10/2006, cuya convalidación se somete hoy a
esta Cámara, constituye un nuevo instrumento en el marco de las políticas
desarrolladas
por el Gobierno para prevenir y combatir el tabaquismo. Aun cuando la
imposición sobre las labores del tabaco tuvo en su origen una finalidad
básicamente recaudatoria, se ha convertido cada vez en mayor medida en un
importante instrumento de apoyo a la política sanitaria. En el convenio
marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco
ratificado por España se reconoce la eficacia de los impuestos como medio
para elevar el precio del tabaco y, por tanto, lograr una reducción del
consumo, en particular por los jóvenes. El Gobierno no puede fijar los
precios de venta de las labores del tabaco, pero sí puede determinar los
impuestos que inciden sobre las mismas. A su vez, las compañías
tabaqueras pueden decidir trasladar al precio el incremento impositivo o
bien absorber la totalidad o parte del mismo en sus márgenes. Como
conocen SS.SS., el Gobierno ya ha aprobado durante el presente año dos
reales decretos-leyes que han incrementado los tipos impositivos del
impuesto sobre las labores del tabaco. En el segundo de ellos, el Real
Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, se estableció un tipo mínimo para
los cigarrillos exigible cuando la suma de las cuotas resultantes de la
aplicación de las dos tarifas, la ad valórem o proporcional y la
específica, fuera inferior al referido tipo mínimo. Sin embargo, hay una
fracción significativa del mercado de cigarrillos cuyos precios de venta
al público se encuentran todavía por debajo de los niveles considerados
deseables desde la perspectiva sanitaria. Ante esta situación, el
Gobierno ha entendido que los objetivos de política sanitaria exigían un
nuevo incremento de la fiscalidad, que, insisto, es la única vía que
tenemos para influir sobre los precios sin distorsionar la libre
competencia. Nuestro objetivo principal es, por tanto, lograr una
elevación de los precios de venta que haga disuasorio el consumo. Por
esta razón, el presente real decreto-ley, que consta de un único
artículo, procede a una elevación del citado tipo mínimo, que se
incrementa desde un importe de 55 euros por mil cigarrillos hasta 70
euros por mil cigarrillos. La medida afecta únicamente a las marcas cuyo
precio de venta era inferior a 2,17 euros por cajetilla de veinte
cigarrillos. Por tanto, es previsible que estos productos eleven sus
precios de venta al público. Los cigarrillos que tienen un precio igual o
superior al indicado no se verán afectados ya que la suma de su
tributación por el elemento ad valórem y el elemento específico continúa
siendo superior a 70 euros por mil cigarrillos.
En cuanto a la figura jurídica a través de la cual se aprueba esta medida,
debe destacarse que se adopta una modificación que afecta a los tipos
impositivos y a la cuota tributaria a satisfacer, elementos sujetos al
principio de reserva de ley. Si tal medida se adoptase mediante una ley
ordinaria sujeta a una tramitación parlamentaria normal, el prolongado
periodo de tiempo entre su conocimiento y su entrada en vigor afectaría
negativamente a su efectividad y podría provocar además distorsiones y
conductas especulativas en el mercado del tabaco. Estas circunstancias
justifican el recurso a la figura jurídica del real decreto-ley al
concurrir el supuesto habilitante de la extraordinaria y urgente
necesidad que nuestra Constitución exige para su utilización. El Tribunal
Constitucional ha respaldado el empleo del real decreto-ley en
situaciones análogas. Así, en su sentencia 108/2004, de 30 de julio del
año 2004, enjuicia un supuesto esencialmente idéntico al actual, como es
la subida de los tipos de los impuestos sobre el alcohol y bebidas
derivadas y sobre labores de tabaco que llevó a cabo el Real Decreto-ley
12/1996, del 26 de julio. El Tribunal Constitucional confirmó plenamente
la posibilidad de utilizar la figura del real decreto-ley para proceder a
un incremento de los tipos impositivos de los impuestos especiales.
Por último, señorías, no quiero concluir sin apuntar que, como no podía
ser de otro modo, la norma para la cual solicito su respaldo respeta en
todos sus extremos las condiciones exigidas por la normativa comunitaria
vigente sobre la materia constituida por la Directiva 92/79CE, del
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los
impuestos sobre los cigarrillos, y por la Directiva 95/59CE, del Consejo,
de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los
impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores
del tabaco.
El señor PUIG CORDÓN: En la misma línea, vamos a dar apoyo al decreto.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Gracias, señor presidente.
Me permitirán que me extienda un poquito más dentro de nuestro apoyo a
este decreto-ley. Voy a basar mi breve intervención en dos apartados.
Primero, el de los hechos. Es el tercer decreto-ley sobre lo mismo a lo
largo del año. Nosotros ya anunciamos en el anterior, en el número 2,
correspondiente al 10 de febrero, que se había iniciado una modificación
sustancial y adecuada en el impuesto especial sobre el tabaco al
establecer una fiscalidad mínima, una imposición mínima que garantiza un
suelo de tributación que permite, por tanto, actuar sobre precios mucho
mejor que con el tipo ad valórem, el tipo proporcional, al tiempo que
anunciábamos también en aquel caso que proponíamos mejoras y pedíamos la
tramitación como proyecto de ley del decreto-ley. Precisamente las
mejoras a las que hacíamos referencia eran el establecimiento de un
impuesto mínimo suficiente para alcanzar el objetivo de política
sanitaria de que el precio no fuera inferior a 2 euros por cajetilla. Eso
es justamente lo que nos trae el Gobierno, con un tipo mínimo que sube 30
céntimos por cajetilla, pasando la tributación mínima de 1,1 a 1,4 por
cajetilla.
En cuanto a la historia, voy a ser muy breve al decir que votamos en
contra del primer decreto-ley que trajo el Gobierno, porque inducía una
distorsión en el mercado de tabaco mucho más grave de la que entonces ya
se estaba operando y, por tanto, contribuía a inestabilizar todavía más
ese mercado. Todavía recuerdo las críticas que se nos hacían desde otros
grupos parlamentarios, fundamentalmente desde el socialista. En primer
lugar se decía que estábamos solos, lo cual nos congratula, sobre todo en
situaciones como esta en la que al final el Gobierno se aviene a nuestros
argumentos. En segundo lugar se decía que defendíamos a determinados
grupos empresariales. Supongo que el portavoz del Grupo Socialista no lo
repetirá, porque si lo dice es que se ha salido de la órbita de lo que el
Gobierno propone, puesto que el Gobierno y nosotros coincidimos ahora en
los argumentos que yo utilizaba el pasado mes de febrero. En el segundo
real decreto nos abstuvimos porque creíamos, como he dicho antes, que era
mejorable, y votaremos a favor del tercer real decreto porque la mejora
que creíamos que se podía hacer al segundo se ha hecho al primero. La
pena es que hemos perdido siete meses para conseguir el objetivo de
política sanitaria, que era situar el precio más bajo de la cajetilla de
tabaco en España en torno a 2, 2,10 ó 2,15 euros.
Queremos llamar a la reflexión primero al Gobierno para que reconozca que
se ha equivocado en la fiscalidad del tabaco durante muchos meses, y
también a los otros grupos parlamentarios, que, con tan pocos argumentos
como hoy y en el pasado con algunos argumentos más, lo apoyan todo;
apoyan lo que es malo como apoyan lo que es bueno y además sin
despeinarse, como comúnmente se dice. Por tanto, quienes hemos estado
solos y en nuestro sitio hemos sido el Grupo Parlamentario Popular, y
ahora seguimos en nuestro sitio pero, eso sí, acompañados -incluido el
Gobierno- en nuestra argumentación de que había que establecer un tipo
mínimo suficiente para compatibilizar la política recaudatoria del
impuesto especial con la pretendida política sanitaria de encarecimiento
de las cajetillas de tabaco más baratas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Utrera.
Finalmente, por el Grupo Socialista, señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para manifestar nuestro apoyo a este real decreto-ley
del Gobierno en el que fija el impuesto mínimo y único sobre las
cajetillas, independientemente de que la suma del ad valórem y el
específico llegue a esta cantidad de 70 euros cada 1.000 cigarrillos.
Como se ha señalado, esta es la tercera vez en el presente año que el
Gobierno presenta un real decreto-ley sobre el impuesto sobre las labores
del tabaco. En la primera ocasión no se quería -y de ahí nuestro apoyo al
Gobierno- armar una revolución en el impuesto, lo que ustedes, el Grupo
Popular, criticarían adecuadamente. Se quería modificar el impuesto del
tabaco para, en relación con la llamada Ley antitabaco, elevar los
precios moderadamente, y también se pretendía equilibrar la diferencia
entre las llamadas marcas baratas y las marcas de más alto precio. En
aquella ocasión las marcas reaccionaron bajando el precio y el impuesto
ad valórem -como usted sabe, es el único procedimiento que tiene el
Gobierno para intervenir en el precio del tabaco porque realmente lo
fijan las distribuidoras- disminuyó. Fue un ataque, insisto, de las
multinacionales al interés del Gobierno por reducir el consumo, al cual
ustedes se unieron, y no se lo dije yo exclusivamente sino que el resto
de los grupos parlamentarios también se lo dijeron. En cuanto a la
soledad a la que usted se refiere en la última parte de su intervención
en la que ha atacado, entre comillas, al resto de los grupos
parlamentarios, es evidente que están cada vez más solos, señor Utrera,
usted y su grupo.
Con esta medida se intenta que el precio medio -solo incidirá este
impuesto sobre las marcas de bajo precio- de las marcas de bajo precio
aumente. Ya lo están haciendo; ya se están publicando en el Boletín
Oficial del Estado los precios, y las cajetillas que antes se vendían a
1,95 euros ahora están en 2,11; las de 2,17 euros siguen equilibradas y
no suben, aunque algunas sí lo han hecho a 2,20 euros, lo cual es bueno,
porque la medida no es recaudatoria -como ya ha señalado el señor
vicepresidente en la defensa del real decreto- sino una medida sanitaria
para disminuir o desincentivar el consumo, especialmente de los menores,
que según la
Organización Mundial de la Salud es el mejor procedimiento para
conseguirlo. Como se explicó en la comparecencia del secretario de Estado
de Hacienda del pasado martes, que usted pudo atender, el consumo del
tabaco en España se ha reducido en un 4 por ciento después de la
aprobación de la Ley 28/2005 y tras la subida de impuestos. El segundo
real decreto-ley no solo modificó los impuestos sino que también creó por
primera vez en España el impuesto mínimo único, además de otras
cuestiones, como modificar la citada Ley antitabaco para regular la venta
en los quioscos de vía pública y también el porcentaje de los
estanqueros.
Por lo anteriormente expuesto, defendemos y apoyamos este real decreto-ley
porque va en la línea del interés de este Gobierno de reducir el consumo
de tabaco. Las medidas adoptadas en esta línea han llevado a que a la
ministra de Sanidad se le haya dado una distinción internacional, por lo
que le pedimos, señor vicepresidente, que traslade a la ministra la
felicitación de este grupo por tal distinción.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
ENMIENDAS DEL SENADO.
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. (Número
de expediente 122/000019.)
El señor PRESIDENTE: Punto VIII del orden del día. Enmiendas del Senado.
Proposición de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Fijación
de posiciones por los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo
Parlamentario Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Anuncio nuestro apoyo a la mayoría de las enmiendas que vienen del Senado
en la medida en que entendemos que clarifican, por un lado, la
transparencia y, por otro lado, los criterios de cooperación del Estado
español con terceros países, y daremos el voto negativo a algunas de las
enmiendas que proceden del Senado porque entendemos que no mejoran el
texto sino que lo dejan un poco más confuso.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Es conocida nuestra posición crítica y la de buena parte de las
organizaciones relacionadas con la deuda externa ante el proyecto -ya
casi ley- de la deuda externa. Creemos que es una oportunidad perdida. Se
producen algunos avances, aunque, en nuestra opinión, queda muy lejos de
las aspiraciones de las organizaciones relacionadas con la deuda externa
y, sobre todo, de los países afectados. En ese sentido, mantenemos
nuestras diferencias de fondo respecto a la orientación de los créditos
FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo, y también mantenemos nuestras
diferencias de fondo respecto a la ley de la deuda, por lo que vamos a
ser muy críticos con la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Parlamentario Popular, señor Robles. (El señor Herrera Torres entra
en el hemiciclo y pronuncia palabras que no se perciben.)
Lo lamento, señor Herrera, pero es que ya se ha producido la intervención
de su grupo.
Señor Robles, adelante, por favor.
El señor ROBLES OROZCO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar pido disculpas porque desconocía que se había modificado
el orden del día y por eso he llegado con retraso. Estamos en la recta
final de la presentación de la ley de la deuda, y voy a intervenir
rápidamente para motivar la posición de mi grupo sobre las enmiendas del
Senado a dicha ley. Efectivamente, se ha producido un esfuerzo, una vez
más, como en la tramitación del Congreso, para llegar a acuerdos entre
los diferentes grupos parlamentarios, lo que ha servido para mejorar en
algunos aspectos técnicos la ley y también para introducir en ella
algunas cuestiones, como el cómputo de la AOD al final de los objetivos
que se ha planteado el conjunto de la sociedad española.
Entrando en la cuestión de fondo, mi grupo está de acuerdo con la
modificación que se ha producido en los artículos quinto y sexto. Son
cuestiones que realmente mejoran el texto de la ley. Quiero recalcar muy
especialmente lo relativo a la disposición final primera, sobre la que se
ha producido, como digo, un acuerdo entre todos los grupos que ha
mejorado el texto pero ha dejado dudas entre las ONG del sector. Por lo
tanto, después de revisar y de plantearnos cuál es el texto mejor, en mi
opinión sería más conveniente volver al texto del Congreso. Por eso mi
grupo no va a apoyar este texto que básicamente repite la misma
orientación pero deja fuera una cuestión importante, que es conocer los
objetos del contrato en los temas que hacemos referencia. Vamos a estar
de acuerdo en la disposición adicional cuarta como también en la
disposición adicional quinta. Quiero resaltar que ha habido un aspecto
conflictivo con el sector de las ONG que se refiere a la creación de una
comisión distinta de la que en este momento ya existe tanto en el Consejo
de Cooperación como en la Comisión de Cooperación del Congreso, que va a
introducir confusión. Como lo que se pretende es que esta ley mantenga el
consenso desde el principio, nosotros hemos reconsiderado nuestra
posición y no vamos a apoyar la creación de esa comisión, y, por lo
tanto, vamos a seguir confiando de alguna
manera en la Comisión de Cooperación del Congreso y también en el Consejo
de Cooperación, en el bien entendido, lógicamente, de que el Gobierno
será el que tenga la responsabilidad de enviar toda la información.
Quiero resaltar especialmente la disposición transitoria cuarta (nueva),
que ha supuesto una vez más un esfuerzo de acuerdo entre los diferentes
grupos parlamentarios, con objeto de dejar de contabilizar aquellas
operaciones de deuda que no deben computarse como AOD una vez alcanzada
la cifra del 0,7. Esta ha sido quizá la gran aportación que se ha
conseguido hacer en el Senado.
No quiero extenderme más sin decir que este es un momento para
felicitarnos por dos cosas: primero, por el hecho en sí de que vamos a
tener una ley de deuda, que es una demanda de todos los que trabajamos en
cooperación, que es un nuevo instrumento para la financiación de la
cooperación al desarrollo; y, segundo, cuando estamos hablando de
alcanzar los objetivos del Milenio y encontrar nuevos instrumentos para
la financiación de este desarrollo, realmente la política de cancelación
de deuda o conversión de deuda es un instrumento tan positivo o más que
los temas de los que a veces hablamos respecto a alcanzar o no los
porcentajes derivados de la AOD. Hay realmente una aportación novedosa.
España va a ser, además, el segundo país que tenga una ley en esta
dirección, lo que sin duda es bueno, y que responde además a las
inquietudes que en este momento sectores sociales y todos los actores que
trabajan en la cooperación nos han demandado. Probablemente no llegaremos
a las expectativas que se habían creado, como en casi todo lo que pasa en
la vida, pues en un proceso de negociación evidentemente siempre hay
cosas que cada uno de nosotros hubiéramos querido, pero el final del
proceso es que tenemos una ley de deuda que es un buen instrumento para
la financiación del desarrollo, que ha habido un esfuerzo importante de
diálogo en esta Cámara y también en el Senado y que responde
acertadamente a estos objetivos. Además existe el compromiso de seguir
trabajando en otros aspectos importantes, como la nueva regulación de los
créditos FAD, estudiar el impacto que realmente han tenido y que pueden
tener en las políticas de desarrollo. Por lo tanto, vamos completando en
esa escala de articulación jurídica y política -desde la Ley de
cooperación del año 1998 a esta ley de deuda más la regulación que tenga
que venir por los créditos FAD- una estructura razonable, equilibrada,
sensata para que España siga comprometida, como ya lo hicimos en la
cumbre de Monterrey, con los objetivos del Milenio. Por tanto, doy las
gracias a todos los que han trabajado y han hecho posible este diálogo y
les reitero cuál es la posición de nuestro grupo sobre cada uno de estos
asuntos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Robles.
Para evitar cualquier malentendido, señor Robles, quisiera señalarle que
el orden del día no se ha cambiado, es exactamente el que estaba
previsto. Si se está produciendo esta situación es porque en el primer
punto del orden del día no ha intervenido prácticamente ningún grupo
parlamentario y en vez de durar una hora ha durado solo diez minutos.
Pero el orden del día no se ha cambiado, quiero dejarlo claro para que no
haya malentendidos.
Tiene la palabra el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar, como señalé en la anterior intervención, cuando
esta tramitación de ley salió del Congreso para viajar al Senado, su
segundo trámite legislativo, remarcando que mi grupo celebra que por fin
estemos ya debatiendo y cerrando el proceso de tramitación de esta ley
que busca un modelo de regulación de la gestión de la deuda externa. Sin
duda ha sido una tramitación larga, llena de contactos entre los partidos
políticos, los grupos políticos y la sociedad civil, que ha generado un
debate amplísimo, profundo, cargado de argumentos y que hoy viene aquí en
un texto lleno de inspiraciones de muchos grupos de la sociedad civil, de
muchas ONG que han participado activamente en todo lo relativo a la
construcción, a la arquitectura de esta ley. Por ello quiero que mis
primeras palabras sean para ellos, para agradecerles el trabajo
realizado, las propuestas transmitidas a los grupos políticos y el
interés mostrado por hacer que esta ley sea la mejor ley posible.
Asimismo quiero dar las gracias a todos los grupos políticos -a todos-
por el excelente trabajo que han realizado, por su capacidad para el
debate, dado que en el documento de hoy estamos muy lejos de donde
estábamos cuando esta tramitación comenzó. Su capacidad para el acuerdo
político ha permitido que hoy vayamos a dibujar sobre el mapa de la
cooperación española una nueva línea de avance, alcanzada en este caso
sobre el interés compartido por todos de hacer de nuestra solidaridad
internacional una política mejor, más moderna, más avanzada y también más
regulada.
Además, señorías, esta ley llega justo en su momento, en el momento
oportuno, porque en esta legislatura la política de deuda en la defensa
de un modelo de condonación de créditos por desarrollo la ha practicado
España, la ha practicado este Gobierno desde sus primeros momentos y la
ha defendido en cumbres multilaterales de todo tipo de una forma
contundente y bien evidente. Se desprende por tanto de las políticas
desarrolladas un modelo permanentemente defendido, que es canjear
créditos pendientes de España con terceros países por inversiones en
desarrollo en esos mismos países. Es un modelo en el que hoy estamos
dando un paso en legislación que creo que viene correctamente y, como
digo, en el tiempo concreto. Esta no es una ley ni para condonar ni para
cancelar créditos, y si ha habido alguien que así lo haya entendido fuera
de esta Cámara yo le digo que no es una ley ni para cancelar ni para
condonar, es una ley que busca crear un marco que regule las operaciones
de deuda para el futuro en este país, por tanto, un mandato legislativo
que establece una forma de operar con deuda, una forma de gestionar la
deuda,
una forma de tratar las políticas de deuda, un mecanismo regulador que
imprime sistemas avanzados de control parlamentario y social y que apunta
a los objetivos de las políticas de deuda y establece las prioridades de
las mismas. Y su principal secreto, su clave de bóveda es que vincula
políticas de deuda con políticas de desarrollo, es decir que se entiende
que la deuda es un instrumento que puede estar a favor del desarrollo, se
vincula la liberación de créditos pendientes con inversiones de
desarrollo sobre las prioridades que cada región tenga en materia de
desarrollo según están establecidas en la biblia de la cooperación
española, que es su Plan Director de la Cooperación, en este caso,
2005-2008. Es una ley que se alinea con el objetivo 8 de la Declaración
del Milenio como expresión del compromiso de los países desarrollados con
las políticas de reducción de la pobreza y de lucha contra el hambre en
el marco del pacto de asociación de los países que lo necesitan. En esta
ley destaca, en primer lugar, el principio de condicionalidad, es decir
el compromiso del país deudor de utilizar los recursos liberados en
inversiones para su propio desarrollo a través de estrategias de lucha
contra el hambre y de reducción de la pobreza. En segundo lugar, son de
señalar también avances sustanciales que quedan recogidos en este texto
en el objetivo de la progresiva desvinculación de la ayuda y la primacía
de la iniciativa local como mecanismo generador de capacidades
productivas en la utilización de dichos recursos. Damos un paso más en el
principio de apropiación de desarrollo por parte del país deudor. En
tercer lugar, en cuanto al principio de armonización, es importante
señalar que nuestro país armoniza su política de gestión de deuda en
torno a instrumentos y políticas que tienen un carácter multilateral, que
es un modelo de actuación por el que este Gobierno ha avanzado y apostado
desde sus primeros momentos y que esta ley vuelve a recoger con el
acuerdo de la enorme mayoría de las fuerzas políticas que están
representadas en esta Cámara. En cuarto lugar, España se alinea con
aquellos países que orientan sus políticas hacia la prevención de nuevos
sobreendeudamientos, lo que queda explícitamente recogido en esta ley, y
mi grupo lo celebra de forma especial así como también otros grupos que
están aquí representados.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que en su conjunto esta ley es
un avance porque establece instrumentos para su aplicación y desarrolla
además los mecanismos de seguimiento y control adecuados. Se ha
establecido, como decíamos en la anterior intervención, a partir de la
nivelación de tres elementos. En primer lugar, las comisiones de Economía
del Congreso de los Diputados y del Senado, también las comisiones de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los
Diputados y del Senado, y la participación de la sociedad civil, que por
primera vez tiene otorgados mecanismos de control nivelados con las
Cámaras que quedan recogidos en esta ley para control en materia de
operaciones de deuda en todo lo relativo a cada una de estas dentro de lo
que la Ley de Cooperación prevé como un instrumento privilegiado para la
participación de la sociedad civil, es decir el Consejo de Cooperación.
Son también importantes o reseñables, desde el punto de vista de mi
grupo, las disposiciones que definen los mecanismos de control de esta
ley: las disposiciones adicionales primera y tercera, que otorgan unos
niveles de transparencia muy elevados para todas las operaciones de deuda
en materia de concesión y de liberación de créditos, y eso implica, en
primer término, control democrático por parte de la sociedad civil y de
ambas Cámaras de las Cortes Generales y, por otro lado, claridad de
gestión. Si hubo un tiempo en el que tuvimos algunas dudas en materia de
claridad de gestión años atrás, hoy ya por ley quedan difuminadas para el
futuro y para siempre. Además, la ley hoy aprobada -porque se aprobará
previsiblemente por una amplia mayoría- llevará en su interior un mandato
al Gobierno para que envíe para su debate en esta Cámara un proyecto que
regule el Fondo de Ayuda al Desarrollo, como sabemos, uno de los
principales instrumentos generadores de deuda, pero también de
desarrollo, y cuya revisión hará del mismo un instrumento más acorde con
las nuevas políticas de solidaridad internacional que desde hace ya tres
años está desarrollando este país.
Con todo, es una evidencia que hoy este Parlamento puede decir que son
pocos los parlamentos nacionales de la Unión Europea o de los países
occidentales que han debatido y tramitado proyectos de ley tan avanzados
en materia de deuda y en un sentido tan amplio. Como antes señalaba, esta
ley llega en un momento muy oportuno y se convierte en el marco
legislativo más avanzado de todos los países de la Unión Europea. España
puede decir hoy que aporta una ley que es la más avanzada de todos los
países de la Unión Europea en un momento, como digo, en el que la
cooperación al desarrollo está dando un avance importantísimo y en el
que, como vemos hoy, damos un paso más, ajustando la agenda de este
Parlamento a la agenda política del Gobierno. Con esta ley la deuda será
en el futuro un elemento más sujeto al control del Parlamento, un
elemento más adecuado a la nueva política de cooperación que España está
desarrollando y un elemento más moderno, más democrático y mejor
legislado.
Quiero señalar una vez más, antes de fijar la posición sobre las enmiendas
procedentes del Senado, que lo que más valora mi grupo es la labor que
todos los grupos, organizaciones no gubernamentales y colectivos de la
sociedad civil han realizado por la vía de las aportaciones, del interés
demostrado sobre esta ley, y que sin ellos hoy esta ley, tan avanzada
desde el punto de vista de mi grupo, habría quedado algunos pasos atrás.
Por tanto, y agradeciendo también la labor de los compañeros senadores en
su segundo tramo de tramitación de este documento legislativo, mi grupo
quiere señalar que fijará posición a favor de la aportación al artículo
quinto de la proposición de ley, donde se da un nuevo campo de
participación a la sociedad civil. También diremos sí a la aportación al
artículo sexto en su párrafo segundo,
así como al artículo séptimo, apartado 1. Diremos no a la disposición
adicional primera en su nueva redacción del Senado, porque desde el punto
de vista de la técnica legislativa está mejor explicitada y mejor
señalados los registros de control que las cámaras del Congreso y Senado
tienen sobre lo que en deuda opere este o cualquier otro Gobierno y, por
tanto, votaremos que no para volver a la redacción inicial que salió del
Congreso. Diremos sí a la disposición adicional cuarta, que es una
enmienda de mi grupo, por la que 528 millones de euros se irán, a través
de iniciativas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a
contribuciones o donaciones a los organismos multilaterales de desarrollo
para vehicular un modelo de FAD que no generará deuda en los países que
lo reciban. Diremos también sí a la disposición adicional quinta, que
permite su ejecución. Diremos no a la disposición adicional sexta, porque
el mandato al Gobierno para la reforma del instrumento FAD estaba mejor
explicitado en la salida del Congreso que en la vuelta del Senado.
Diremos también no a la disposición adicional séptima, porque esta
comisión se puede trabajar por la vía de un decreto y donde corresponde,
esto es, el Consejo de Cooperación. Diremos no a la disposición
transitoria tercera, porque si se considera necesaria la reforma de Cesce
se puede hacer desde la perspectiva de reforma del instrumento FAD.
Finalmente, diremos sí a una disposición que incluye un paso más
importante, según mi amigo Joan Herrera me señalaba el otro día, en el
que cuando España alcance el objetivo del 0,7, según el compromiso de
este Gobierno en el año 2012 y cumpla así con los objetivos y la
declaración del milenio, las operaciones de liberación de créditos de
deuda pendiente serán contabilizadas adicionalmente al cómputo general de
AOD. Incluimos así el principio de adicionalidad para cerrar una ley que
pasará a la historia como uno de los momentos estelares de la cooperación
al desarrollo en materia de control, en materia de legislación, aportando
al conjunto de los países de la Unión Europea un marco de legislación, de
regulación y de control de un instrumento, la deuda, que bien tratado
puede ser un motor a favor del desarrollo de quienes más lo necesitan.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Madina.
-PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A
DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente
122/000142.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto: Proposición de ley relativa a la
inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión
de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y
sindicales.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a reiterar la defensa de esta mejora de la
protección social de los cargos públicos y sindicales desde la
perspectiva de que tanto el compromiso social como el compromiso político
deben estar basados en una situación de dignidad sin privilegios. El
hecho de que haya cargos públicos y sindicales que carezcan de esa
protección social no es un buen mensaje para el compromiso político en
nuestro país, que además desgraciadamente tiene una tradición de que el
compromiso político y el compromiso sindical no están suficientemente
valorados. En ese sentido, es muy importante que esta Cámara dé contenido
de protección social a ese compromiso que hoy se está realizando por
parte de muchas personas en el ámbito social y en el ámbito político y,
por otro lado, también en relación con la coyuntura, en relación con la
situación actual, es hora de hablar de ese compromiso con dignidad y sin
privilegios. No se plantea en esta iniciativa ninguna situación de
privilegio que no tendríamos derecho a demandar ni por nuestro compromiso
social ni por nuestro compromiso político, pero sí al menos de no situar
a nuestros compañeros en desventaja con respecto al resto de los
ciudadanos. Es un tema importante. No se plantea ningún privilegio. El
político o el sindicalista no tiene en ese sentido más privilegios que el
resto de los ciudadanos, pero sí un compromiso que debe ser ejercido en
todo caso con dignidad y con los mismos derechos que el resto de la
ciudadanía; ni un derecho más, pero también ni un derecho menos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Vasco. Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
En relación con este proyecto de ley que llega del Senado, comparto las
opiniones manifestadas por el señor Llamazares. Evidentemente, la
perspectiva analítica de lo que aquí se consigna analizada desde el punto
de vista del pretendido privilegio, no deja de ser más que pura y simple
demagogia. Estamos de alguna forma removiendo una injusticia histórica
que afecta a quienes se dedican al ejercicio de cargos públicos en el
ámbito de las corporaciones locales y en otras instituciones que
expresamente se consignan en el proyecto de ley, las juntas generales
-hay que decir que el proyecto de ley ha sido mejorado en el Senado desde
una perspectiva técnico-jurídica de forma notable-, los junteros son los
miembros de las juntas generales de los territorios históricos, los
miembros de los cabildos insulares en las islas Canarias, los miembros de
algunas sociedades públicas y aquellos representantes sindicales de
sindicatos que ostentan la condición de mayor representatividad sindical
y que se liberan para ejercer el ejercicio de funciones públicas y
cuasipúblicas, que son las que
hoy están ejerciendo los representantes sindicales a través de la etérea a
veces institución denominada diálogo social y que predetermina todo lo
que se aprueba posteriormente en esta Cámara; es decir, están
colegislando prácticamente. Luego es de pura justicia y es un
requerimiento del ordenamiento jurídico el reconocimiento de la
protección de la contingencia de desempleo a personas que han trabajado
en el ámbito público y que luego pierden su actividad y su retribución.
Esto lo consigna así y se trata de armonizar el requerimiento del
artículo 205 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el 1/1994, con su
homónimo de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y, en concreto, el
artículo 75 de esta ley, y además atender a los requerimientos de la
sentencia 4/2004 del Tribunal Constitucional, que estable que es una
opción de política legislativa legítima reconocer la protección por la
contingencia de desempleo de aquellos cargos públicos que aquí se
consignan que, una vez abandonada la función, pierden su retribución y
desaparece su actividad. Desde esa perspectiva, por fin hemos logrado
remover lo que constituía una verdadera injusticia histórica -nosotros
hemos utilizado expresiones más fuertes: una verdadera atrofia
democrática- y nos congratulamos, porque esta fue una iniciativa
parlamentaria presentada originariamente solo por nuestro grupo
parlamentario, pero que afortunadamente fue asumida por todos los demás,
fue universalizada y, por tanto, estamos corrigiendo la situación que
afecta al desempleo muy lacerante en ocasiones, señor presidente, de
personas que pertenecen o ejercen sus funciones públicas -en el sentido
más noble de la expresión- en el ámbito local, en el ámbito de las
corporaciones locales, en el ámbito foral, en el ámbito de las juntas
generales de los territorios históricos, en el ámbito de los cabildos
insulares y mediante el ejercicio de la representación institucional que
corresponde a los miembros de los sindicatos liberados que ostentan la
condición de mayor representatividad sindical. Con esto quiere decir,
señor presidente, que es a todos, no solo a los sindicatos liberados de
ámbito estatal, aquellos que tienen más del 10 por ciento del total de
los representantes electos en las últimas selecciones sindicales, sino
también de otros ámbitos diferentes al estatal, como son los que en el
ámbito autonómico tienen en las últimas elecciones sindicales más del 15
por ciento y 1.500 representantes... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Olabarría.
Por favor, el señor Olabarría está interviniendo y le están molestando.
Gracias.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Terminaba ya, señor presidente, y además
compatibilizando razonablemente bien mi disertación con la interesante
conferencia que se estaba produciendo delante de mi escaño.
En definitiva, la perspectiva de la remoción de una injusticia no admite
ningún tipo de invocación, como se ha hecho en algunos medios de
comunicación y por algún partido político -desgraciadamente-, vinculada a
la generación de falsos privilegios. Este es un requerimiento de justicia
social, es un requerimiento de la jurisprudencia constitucional, es un
requerimiento normativo y por fin históricamente podemos ya pensar que la
Función pública adquiere la dimensión de dignidad, también desde la
perspectiva de la protección que muchas personas que se dedican a esta
noble función, obviamente cuando se ejerce noblemente -aunque parezca
tautológico conviene decirlo-, merecen, como cualquier otro trabajador,
porque los representantes políticos en estos ámbitos son representantes
políticos y son también trabajadores. Aunque esto parezca una tautología,
señor presidente, no es malo repetirlo y hacerlo con cierta reiteración
en esta Cámara y en otras.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por Esquerra Republicana, el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.
Cómo no, voy a unirme a las palabras de los portavoces que me han
precedido. Nuestro grupo parlamentario entiende que una vez aprobada esta
ley, después de las enmiendas que nos vienen del Senado, resolveremos una
grave injusticia a la que se veían abocados determinados cargos electos
de la Administración local y de las organizaciones sindicales. Por lo que
a la Administración local compete, la Ley General de la Seguridad Social,
a partir del año 1985, incluyó en el régimen general de la Seguridad
Social a los cargos electos con dedicación exclusiva, pero no resolvió
entonces la contingencia por desempleo. Esta situación se corrige en esta
ley y se reconoce así la aportación de muchas personas que dejaron sus
puestos de trabajo para dedicarse al ejercicio de cargos electos
municipales o sindicales y que cuando finalizaban este cometido, sin
poder reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo, no tenían ninguna
cobertura por desempleo, siendo esta, a nuestro entender, una grave
desigualdad que ha durado muchos años. Quizá esta ley podía haber ido un
poco más allá, podía haber sido un poco más ambiciosa y haber reconocido
este mismo derecho a otros miembros electos, como pueden ser diputados de
asambleas territoriales o a senadores y diputados. Esta desigualdad
también tendrá que corregirse en alguna otra iniciativa que impulsemos
desde esta Cámara.
Por lo que se refiere a las enmiendas que vienen del Senado, muchas son de
carácter técnico, que entendemos que van a mejorar el texto, pero me
gustaría resaltar una que introduce una nueva disposición adicional que
contiene un mandato al Gobierno para que apruebe las disposiciones
normativas necesarias a efectos de computar para los miembros de las
corporaciones locales que ejercieron su mandato con anterioridad a la Ley
de Bases
del Régimen Local del año 1985, es decir, aquellos que ocuparon un cargo
entre los años 1979 y 1985, el tiempo que estuvieron ejerciendo su cargo
y que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el
régimen general de la Seguridad Social. Es una enmienda que apoyaremos,
con la que, al igual que con el texto completo de la proposición de ley
que aprobamos hoy con el apoyo de todos los grupos parlamentarios -eso
cabe destacarlo-, como decían los anteriores portavoces, vamos a acabar
con esa injusticia social de estas personas que muchas veces se han
dedicado a ayuntamientos pequeños. No creo que sea ningún privilegio,
pues muchos de ellos están cobrando muy poco, tienen remuneraciones
bastante bajas y dedican muchas horas a desempeñar una tarea básicamente
en beneficio de la sociedad. Como he dicho a lo largo de mi intervención,
creo que vamos a acabar con una injusticia bastante importante. Esa gente
que se está dedicando a los ayuntamientos pequeños -también a los
grandes-, que está dedicando muchas horas en beneficio de sus municipios,
hoy va a ver recompensada esta tarea y, cuando cesen en su puesto
político, si no pueden reincorporarse a un puesto de trabajo, al menos
podrán tener el desempleo.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoras y señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señorías.
Con la venia, señor presidente. Creo que reflejo la opinión de los
portavoces de otros grupos parlamentarios, en el sentido de que
hubiésemos entendido una gestión del anterior punto del orden del día que
nos permitiese a los diversos portavoces defender nuestra opinión en el
trámite en el Congreso de las enmiendas del Senado a la Ley de Deuda
Externa...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, le ruego, por favor, que se dedique
al punto del orden del día que estamos discutiendo. El presidente no es
responsable de que se produzcan aceleraciones en los debates, ya lo he
explicado. En consecuencia, le ruego que se centre en el debate. A las
nueve de la mañana empieza la sesión y todos los diputados de esta Cámara
tienen que estar disponibles y al servicio del Pleno. Siga, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Me centraré, lógicamente, señor presidente,
en esta intervención, pero creía necesario hacer ese comentario, que,
insisto, refleja la posición del resto de portavoces que no hemos podido
intervenir.
El señor PRESIDENTE: Ustedes no han podido intervenir porque han llegado
tarde y todo diputado a partir de las nueve de la mañana tiene que estar
disponible. Le llamo a la cuestión ahora formalmente por primera vez.
Continúe con el punto del orden del día que estamos discutiendo, se lo
ruego, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Tendremos ocasión
de continuar discutiéndolo.
Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas que introduce el Senado a
esta proposición de ley que fue impulsada por todos los grupos y muy
específicamente quiero destacar la incorporación de una disposición
adicional nueva, que regula el régimen de cotizaciones sociales de los
miembros de las corporaciones locales con dedicación exclusiva que
ejercieron con anterioridad a la inclusión de los concejales en el
sistema de la Seguridad Social. Esa es una demanda del mundo municipal
desde hace muchísimos años y pretende reconocer a aquellos concejales y
alcaldes que dedicaron buena parte de su vida en el inicio de la
recuperación democrática, en el inicio de los primeros ayuntamientos
democráticos, y que entonces no pudieron ver reconocido ese esfuerzo en
términos de las pensiones que deberían cobrar cuando alcanzasen la edad
de jubilación. Mi grupo, al defender esta cuestión en el trámite del
Congreso, citó al alcalde de Sabadell, el señor Farrés, como una de las
personas que habían batallado este tema. Recordemos que también nos
acompañó en los debates de esta proposición de ley el señor Mas,
histórico alcalde del Ayuntamiento de Mataró; y nos parecía de justicia
reconocer ese esfuerzo cívico que hicieron alcaldes y concejales en esos
primeros años seguramente difíciles en la consolidación de nuestra
democracia. El texto que incorpora el Senado abre la vía para resolver
esa cuestión, dando, por tanto, respuesta justa a una vieja demanda del
mundo municipalista. Más allá de esa consideración, nos parece que con
esta proposición de ley resolvemos la protección social de personas con
dedicación cívica, de personas que se dedican a tareas fundamentales para
consolidar nuestro sistema democrático, y creo que estamos ante una buena
noticia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Finalmente, Grupo Popular, señor Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, intervengo con
brevedad, manifestando que yo llevo aquí desde las nueve de la mañana, y
sin ánimo de enredar en absoluto, sino de colaborar a que se desarrolle
el Pleno con normalidad. Paso a fijar la posición de mi grupo en torno a
las enmiendas del Senado a una proposición de ley que impulsamos todos
los grupos parlamentarios. Mi primera reflexión hoy es de satisfacción
porque se lleve a buen término una proposición de ley cuya iniciativa
viene de los grupos parlamentarios. Lo común es que las leyes que van al
BOE provengan de la iniciativa del Gobierno, de proyectos de ley, pero
esta proviene de una proposición de ley que, además, contó en su inicio
con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Todos los grupos
parlamentarios fuimos los impulsores de esta proposición de ley. Por
tanto, expreso mi satisfacción porque hemos encontrado un tema en el que
todos pudimos ponernos de acuerdo y en el que además hubo un consenso
inicial y en cada uno de los pasos que se han ido dando; por eso, votamos
a favor de la toma en consideración y contó con la unanimidad en todos
los pasos.
Quiero señalar que el título que irá al BOE es algo confuso, porque habla
de extensión de la protección por desempleo a determinados cargos
públicos y sindicales, y no es a todos los cargos públicos. Los que
firmamos esta proposición de ley tuvimos muy en cuenta pedir un derecho
para cargos públicos, pero no para los que firmábamos esa proposición de
ley. Estamos hablando de la extensión de una protección social para
cargos públicos locales y sindicales. Algunas de las enmiendas que se han
incorporado en el Senado incluyen cabildos insulares y organismos locales
distintos de los ayuntamientos, pero siempre circunscribiéndonos a los
cargos locales. En esta proposición de ley, que será ley cuando reciba la
aprobación de esta Cámara esta mañana, no se habla de asambleas
legislativas ni autonómicas ni nacionales, estamos hablando de cargos
públicos locales y sindicales. Por tanto, los que impulsamos esta
proposición de ley tuvimos buen cuidado de circunscribir esta proposición
de ley a un determinado colectivo que, a nuestro entender, se lo
merecía.
Tercera reflexión que me gustaría que quedara bien clara en el "Diario de
Sesiones": No supone privilegio para nadie. Estamos hablando de una
proposición de ley que equipara las prestaciones sociales de los
trabajadores en todos los ámbitos. Decía el señor Llamazares, y no suelo
coincidir con él, pero en este punto coincido: Hay que dignificar la
posición de los que dedican una parte de su tiempo a la vida local y a la
vida sindical. Desde luego, no tenía ningún sentido que hubiera un trato
discriminatorio de las personas que trabajan con exclusividad en tareas
ejecutivas locales o en tareas sindicales con otro tipo de trabajadores.
No se habla de dar prestación social a quien no haya cotizado, se habla
de que las prestaciones sociales por desempleo también las puedan
percibir personas que han trabajado con exclusividad y han cotizado. Aquí
no se habla de extender ninguna prestación a nadie que no haya efectuado
la correspondiente cotización. Eso conviene dejarlo muy claro, porque, de
hecho, en la disposición adicional que ha mencionado algún diputado que
me ha precedido en el uso de la palabra se dice que hasta el año 1985
-creo que era-, en el que todavía no se había cotizado, se pueda cotizar
si se quiere recibir la prestación actualmente, pero siempre la
prestación posterior a la cotización. Eso conviene dejarlo bien claro. Mi
grupo no sabe si esto también habría que extenderlo en el futuro a las
asambleas legislativas. Nosotros entendemos que esta proposición de ley
ha sido un primer paso para reconocer la labor que hacen los que trabajan
con exclusividad en todos los gobiernos locales: ayuntamientos,
diputaciones, cabildos, etcétera, y en las organizaciones sindicales. Si
esto hay que ir ampliándolo para todos aquellos que realizan un trabajo
durante muchos años y equiparar su situación a la de otros trabajadores,
habría que estudiarlo, pero se ha dado un paso en tratar con justicia a
muchas personas que dedican muchos años de su vida a actividades
públicas, que lo hacen con honestidad y que tienen derecho a tener las
mismas prestaciones que cualquier otro trabajador.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Finalmente, Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta, por favor.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista y como responsable de política
municipal del Partido Socialista, que conoce perfectamente el sentir y la
demanda que había en relación con la proposición que hoy aprobamos en
este último trámite y el enriquecimiento en su contenido que ha
significado también el debate y las aportaciones del Senado. En efecto,
reparamos una justicia histórica. Aquí no estamos hablando de
privilegios, sino del ejercicio de una función de representación de la
ciudadanía, del ejercicio de algo que ha sido clave además para el
desarrollo, no solo de la democracia y del periodo democrático que
venimos viviendo desde la aprobación de la Constitución, sino en el
diseño de los mejores principios de lo que debe ser el futuro de la
democracia y los mejores modelos de gestión y de modernización. Les decía
que no es un privilegio. Además, es una reivindicación histórica, tan
histórica que un partido, como el Partido Socialista, que tiene en el
municipalismo una de sus esencias fundamentales y de sus raíces, venía
defendiendo. Les contaré una anécdota histórica. Pablo Iglesias, que fue
concejal en 1905 en Madrid, glosaba los veintisiete concejales que el
Partido Socialista había conseguido en las elecciones de 1902 en toda
España. Para aquellas elecciones había presentado en el ámbito municipal
un programa electoral común para toda España, en el que había un
compromiso de garantizar, por ejemplo, comedores para los hijos de las
mujeres trabajadoras o dos pares de botas al año para calzar a los niños.
Había propuestas aparentemente muy ingenuas pero de un hondo calado
social, que incluso en algunos casos significaron un adelanto de los
mejores modelos del Estado del bienestar de nuestros días. Entre aquellas
reivindicaciones se hablaba de dignificar el ejercicio de la función de
concejal porque, si no, los trabajadores no podían dedicarse a la digna
tarea de representar a los ciudadanos en los ayuntamientos. En aquel
programa se hablaba hasta de la retribución y los derechos de los
concejales. Es decir, no estamos ante un privilegio sino ante una
remoción de obstáculos para
ejercer un derecho constitucional, que es el derecho de participación
ciudadana, en este caso el ejercicio de la función de concejal.
En nombre de mi grupo quiero agradecer a todos los grupos esta iniciativa
conjunta, que se viene gestando desde hace bastante tiempo en el
municipalismo español y que nunca había cristalizado. Se hace justicia a
personas abnegadas al reconocer algo tan elemental por lo que se venía
luchando durante estos últimos veinticinco años: la inclusión en el
régimen general de la Seguridad Social y la extensión de la protección
por desempleo fundamentalmente a representantes en el ámbito local y a
cargos sindicales. Además el Senado completa y mejora los derechos que se
reconocen en la proposición originaria. En esta disposición adicional
nueva se insta al Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses a
partir de la aprobación de la ley, se pongan en marcha las disposiciones
normativas necesarias a los efectos de computar a los miembros de las
corporaciones locales con dedicación exclusiva que ejercieron su cargo
político con anterioridad a la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local, el tiempo que estuvieron
ejerciendo su cargo, en el que no les fue permitido cotizar por su falta
de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se
le reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación
denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida. Esto
arregla una injusticia histórica, que ya en el debate en el Congreso fue
puesta de manifiesto por otro histórico que hoy tenemos del municipalismo
en la Cámara, Manel Mas, a quien quiero hacer también hacer un público
reconocimiento, porque es una persona que podría ser simbólicamente el
representante de ese municipalismo, ahora que vamos a celebrar el 28.º
aniversario de la Constitución Española y también del municipalismo -en
marzo se cumplirán veintiocho años de ayuntamientos democráticos-. Desde
entonces se ha recorrido un largo camino. Los ayuntamientos y la labor de
aquellos primeros concejales fueron claves para vertebrar España, para
crear un tejido, una red de protección y articulación de nuestra
Constitución y de desarrollo democrático. A aquellas primeras
corporaciones locales llegaron gentes procedentes de la lucha
antifranquista, sindicalistas, vecinos implicados en los movimientos
vecinales, gentes generosas e imaginativas que inventaron una forma de
hacer que dio vida a la democracia y a la modernidad de nuestro país. Es
más -lo decía antes-, las mejores experiencias de gestión, los mejores
modelos de política social y de impulso cultural y democrático surgieron
de unos ayuntamientos que, por inventar, inventaron hasta sus propias
competencias, muchas respuestas y un funcionamiento institucional que sin
duda alguna ha creado escuela, porque muchas de SS.SS. han pasado por los
ayuntamientos ejerciendo esa digna función de concejal. Son por tanto
legión los miles de concejales -añado algo más en estos tiempos: legión
de concejales honestos): 8.111 ayuntamientos, más de 60.000 concejales en
España. Puede haber casos aislados escandalosos de corrupción, pero la
generalidad de las personas que representan a sus convecinos en los
ayuntamientos son honestas. (Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López:
...Ciempozuelos.) Lo ha puesto de manifiesto, fíjense ustedes, el último
barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuando habla de la
confianza que a los ciudadanos les merecen determinadas instituciones.
Fíjense, entre las instituciones que aprueban entre los cuatro primeros
puestos figura el ayuntamiento; como anécdota también les digo que la
última en el ranking es el Poder Judicial. La alta valoración que tienen
los ayuntamientos pone de manifiesto que con esta ley estamos haciendo
justicia.
Acabo, señorías. Práctica y cultura de la ciudadanía, sindicalismo
moderno, defensa de los trabajadores, estabilidad y crecimiento económico
de España y ciudades inteligentes, capaces de potenciar las posibilidades
vitales y culturales de sus ciudadanos, ese es sin duda alguna el legado
de aquellos a quienes hoy honramos con esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000,
DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día: Debate de totalidad de
iniciativas legislativas. (Rumores.) Disculpen, señorías. Queda otro
proyecto de ley, que es la orgánica, por la que se modifica la Ley
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Lo lamento. Doy un
poco de tiempo, pero comprendan que los jueves es un procedimiento, el
legislativo, que entraña ciertas dificultades. (El señor Esteban Bravo
pide la palabra.)
Sí.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, una cuestión de orden. ¿Por qué
no iniciamos ya el procedimiento? Todo el mundo debe estar dispuesto aquí
desde las nueve. No entiendo como puede haber dificultades en otro punto
del orden del día y ahora estamos retrasando el inicio de este punto
porque no está el ministro.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, esto no es una cuestión de orden.
El señor ESTEBAN BRAVO: Es porque no está el ministro, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No, porque no está previsto que intervenga ningún
ministro. Lamento profundamente
lo que ha acontecido y se lo quiero explicar de buenas maneras. Lo que no
puede hacer el presidente es estar pendiente de lo que ocurre en los
grupos parlamentarios. Tienen ustedes pantallas en sus despachos, tienen
ustedes excelentes medios de comunicación para estar disponibles cuando
se produce una aceleración del orden del día. Ningún ministro va a hacer
la presentación. Pretendo solamente decirle de buenas maneras que no
puedo aceptar... (La señora Lasagabaster Olazábal pronuncia palabras que
no se perciben.) Señora Lasagabaster, no va con usted, es por lo que ha
acontecido anteriormente. No puedo aceptar que se haga pesar sobre el
presidente la responsabilidad o no de la presencia de los señores
diputados en el hemiciclo. (El señor Martínez-Pujalte López: Ya llega el
ministro.) No, no lo he dicho por eso. (El señor Esteban Bravo: Le ha
salvado la campana, señor presidente, porque acaba de llegar el
ministro.) Señor Esteban, si usted ha llegado tarde, lo lamento
profundamente, pero lo que no puedo hacer es, cuando se ha comenzado el
debate, que se vuelva a abrir y a reabrir porque se ha llegado tarde.
Comprendan ustedes que esto, multiplicado por 350, haría absolutamente
inmanejables las mañanas de los jueves. Lamento profundamente que algunos
de ustedes, a los que tenía por personas capaces de comprender esto, no
sean capaces de hacerlo. (Rumores.)
Proyecto de Ley orgánica de responsabilidad penal de los menores. ¿El
Gobierno desea intervenir? (Pausa.) Al final. (Rumores.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente, pero por lo
visto algún ministro quería intervenir, por eso se retrasó este punto al
tercer lugar. Con todos los respetos, señor presidente, como usted sabe,
entienda que los diputados que le han pedido el uso de la palabra son
personas que están aquí siempre a las nueve de la mañana. No hago ninguna
alusión a nada, simplemente digo que creo que el señor Campuzano y el
señor Esteban cumplen muy bien su trabajo.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, por favor, a la cuestión. Están
siendo ustedes muy injustos con la Presidencia. A la cuestión, por
favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Por supuesto.
Quería señalar desde el punto de vista de Eusko Alkartasuna que no vamos a
poder apoyar la reforma de la Ley de responsabilidad del menor que se ha
llevado a cabo. No voy a explicarles todo lo que ha sido la tramitación,
pero en resumen me gustaría señalar que para nosotros esta reforma, unida
a otra serie de reformas a que se dio lugar a partir de la ley de 2000,
ha ido llevando a la justicia juvenil a una situación mucho peor o mucho
más débil de lo que debe ser objeto de una especial protección. Podríamos
hablar del réquiem de la justicia juvenil.
La razón que ha suscitado nuestra no aprobación de esta ley o nuestro voto
no positivo se refiere a varias cuestiones que no han sido recogidas de
manera adecuada a lo largo de la tramitación, tanto en el Congreso como
en el Senado. Una de las cuestiones que podríamos citar -no voy a
señalarlas todas- ha sido mantener esa competencia excepcional para
determinados casos de la Audiencia Nacional que no es de recibo porque no
se ajusta a las normas, reglas o principios que deben aplicarse a la
justicia juvenil. Evidentemente hay otra serie de consideraciones que no
podemos compartir -no voy a extenderme- en los artículos 9, 10, 12, 14,
etcétera, pero lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, desde el
año 2000, y el porqué de todas estas reformas no tiene que ver mucho o
tiene que ver menos con la regulación legal o con esa regulación por una
alarma social. Esta probablemente tiene razón en muchos casos, pero no se
va a solventar con modificaciones legales, sino con otra serie de
cuestiones como es la financiación, para dar oportunidad a que realmente
se pueda producir una reeducación, una reintegración en la sociedad de
aquellos menores que, repito, tienen una especificidad, o debieran
tenerla, por las convenciones internacionales de derechos del niño para
la reeducación, en vez de la aplicación de la justicia penal stricto
sensu al igual que para los adultos. No creemos que se haya producido a
lo largo de estos años una verdadera política, ya que ha faltado, si me
permiten la expresión, la parte material, la parte real, que es la
financiación. Para reeducar, para reintegrar se requiere una capacidad
financiera para tener una dotación de psicólogos, tutores o educadores,
en definitiva una serie de elementos claves para que se puedan cumplir
los objetivos de una ley de justicia juvenil.
A lo largo de estos seis años hemos visto que ha sido muy duro para las
comunidades autónomas aplicar una ley que establecía una serie de
consideraciones que para nosotros eran positivas, la ley del año 2000,
pero al final por falta de medios, por falta de dotación a esas
comunidades autónomas -no hablamos de nuestro caso- ha sido imposible
llevar a buen término los objetivos en muchos casos. Cambiando las leyes,
cambiando simplemente el articulado, no vamos a alcanzar el objetivo que
se pretende, que es reeducar y reintegrar. Por ello, a esta ley le sobran
muchas cosas, probablemente le falta mucha financiación de las
administraciones competentes y en definitiva no creemos que sea positiva
para el objetivo final: reeducar, reintegrar al joven, al menor que haya
cometido vulneración del ordenamiento jurídico. No se arregla con una
imposición, mediante un paralelismo, con una justicia penal de adultos;
los menores deben tener otro tipo de soluciones y de previsiones
legislativas, judiciales y por supuesto de reeducación y reintegración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lasagabaster.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Como ya dijimos en el anterior debate mantenido aquí en el Congreso, y de
acuerdo con las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley,
considerábamos más adecuado que se incidiera en medidas más relacionadas
con la formación, con la educación, en definitiva con la orientación de
los menores a la incorporación a la sociedad superando las condiciones,
situaciones o causas que provocaron que tuvieran problemas de
delincuencia u otras cuestiones que efectivamente obligaran a la
Administración de Justicia a actuar sobre ellos, en vez de en los
aspectos expeditivos que se siguen manteniendo, a pesar de la
modificación que hoy vamos a aprobar. Dicho esto, y en tanto que nuestras
enmiendas, las presentadas tanto en el Congreso como en el Senado, no
tuvieron fortuna, también queremos manifestar algo que ya expuso la
señora Lasagabaster, que esta ley, incluso la del año 2000, no cumplirá
los objetivos si la Administración no dota suficientemente de los medios
adecuados para poder hacerlo, y estamos hablando por supuesto de los
medios humanos, profesionales para que la ley pueda ser desarrollada, y
no solamente desde el punto de vista judicial, sino también del de los
centros o instituciones que tienen que actuar con los menores.
La experiencia que tenemos de la ley del año 2000 -es algo que seguramente
se puede conocer en todas las comunidades autónomas; yo hablo desde la
experiencia de Galicia- nos dice que hubo dificultades para que la misma
se desarrollara, o por lo menos para que se actuara en las debidas
condiciones, sobre todo en lo que al menor se refiere, tanto en la
remodelación de los centros como en la adecuación de profesionales, ya
que no se contaba con profesionales como los que acaba de señalar la
señora Lasagabaster: psicólogos, orientadores sociales, etcétera. En
muchas ocasiones se resolvió el problema de la inadaptación de los
centros dejándolos en manos de una gestión privada que utilizaba métodos,
criterios y formas educacionales que no solo no se adecuaban a una ley
que no incide en estos aspectos, sino que perjudicaban la orientación
formativa del menor para una integración social, que debe ser el objetivo
de la ley y lo que debe pretender la Administración, en definitiva la
sociedad.
Por eso saludamos positivamente la enmienda que se incorpora en el Senado,
que modifica el apartado 3 de la disposición final tercera, que insta al
Gobierno a dotar de más personal a la Administración de Justicia, es
decir las plantillas de técnicos de las distintas administraciones. Esta
enmienda incorporada al texto de la ley -aprovechamos la presencia del
señor ministro, por tanto del Gobierno- no serviría absolutamente para
nada si desde el Gobierno no hay una voluntad de dotar de recursos
económicos suficientes para que esto se pueda desarrollar. Hay que
mantener la interlocución necesaria con las comunidades autónomas, de tal
manera que la incorporación sea la adecuada a las necesidades que existan
en cada una, pero sobre todo para que esa interlocución permita la máxima
coordinación de las distintas políticas y competencias que cada
Administración tiene, dado que las de Justicia son del Estado pero las
que tienen una orientación social son de las comunidades autónomas. Por
tanto, aprovechamos este debate para instar al Gobierno a realizar esa
dotación económica, a llevar adelante esa interlocución con las
comunidades autónomas y a esa máxima incorporación porque, si no, esta
enmienda que viene del Senado, y que nosotros vamos a apoyar, no
cumpliría objetivo ninguno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, en primer lugar quisiera hacer una breve
referencia para aclarar que nuestro grupo parlamentario presentó una
enmienda a la totalidad de la ley que hoy estamos debatiendo en su último
tramo y que posteriormente también presentó enmiendas parciales al
proyecto de ley en la línea de seguir apostando por un modelo de política
criminal de menores basado en la reinserción social y en una ley de
naturaleza sancionadora educativa, en definitiva con el objetivo que la
Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor tenía hasta
este momento. Era una buena ley, con consenso político y social; una
buena ley que no obtuvo el apoyo necesario para su desarrollo en las
legislaturas anteriores, con el Gobierno del PP, y que tampoco lo ha
tenido con el Gobierno socialista. Finaliza hoy, pues, la tramitación
parlamentaria del proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica
reguladora de la responsabilidad penal del menor, y a la vista del texto
resultante se confirma lo que nuestro grupo parlamentario ha venido
manifestando a lo largo de su tramitación. Ahora, con las enmiendas
introducidas en el Senado, salvo en alguna excepción y con las alianzas
bien definidas para esta ley, podemos decir a la sociedad -lo lamentamos
profundamente porque es la primera ley en la que tenemos unas diferencias
absolutamente frontales con el Gobierno- que el Gobierno socialista ha
optado por las tesis más conservadoras, desaprovechando así la
oportunidad de definir un modelo de política criminal progresista
ajustado al propio espíritu de la ley que se reforma o, mejor dicho, que
se deforma. Lo decíamos y lo mantenemos: este proyecto de ley es un
retroceso. Se retrocede respecto a la vigente ley en un intento de
aproximar la justicia de menores a la justicia de adultos, ofreciendo una
respuesta punitiva y vindicativa cada vez más próxima al derecho penal de
adultos con el único objetivo de satisfacer cierto populismo punitivo,
relegando los principios de reeducación o reinserción al parecer
políticamente incorrectos hoy día pero nítidamente progresistas y además
más efectivos. Hemos sido críticos
desde el inicio. Hemos puesto de manifiesto lo innecesario de esta
reforma, la falta de análisis y evaluación rigurosa del impacto de la ley
actual tanto en la seguridad ciudadana como en la respuesta penal y
punitiva del Estado. Pedimos que se definiera un modelo de política
criminal, y a partir de ese modelo queríamos abordar las reformas
necesarias pero de manera integral, desde un mayor consenso previo con
los grupos parlamentarios y los agentes implicados: fundamentalmente las
comunidades autónomas -ya se ha dicho por los portavoces antecesores-,
los jueces, fiscales y las ONG. Hoy día -créanos, de verdad nos preocupa
muchísimo, señor ministro- no nos ha dado ni un solo motivo para cambiar
de opinión, por tanto de nuevo vamos a votar en contra de la aprobación
final de esta ley. En el trámite del Senado no se ha incorporado ni una
sola de nuestras enmiendas y durante la tramitación parlamentaria en esta
Cámara los cambios fueron absolutamente insignificantes para nuestro
grupo. En definitiva, el núcleo de la reforma posterga la respuesta
sancionadora educativa prevista en la ley para convertirla
exclusivamente, como ya he dicho, en una respuesta vindicativa. Esta
reforma no ataca los auténticos problemas de la justicia de menores, como
también se ha dicho anteriormente, como es el control y la eficacia de la
ejecución de las medidas impuestas.
Voy a poner algún ejemplo. Esta ley no garantiza en absoluto que las
medidas de libertad vigilada se realicen en condiciones de éxito, es
decir que realmente haya profesionales suficientes y necesarios para
hacer el seguimiento de esa medida. Esta medida -todos lo sabemos- está
siendo absolutamente injusta para los menores porque no existen los
recursos necesarios para que funcione. Pongo un ejemplo que se da cada
día en ciudades, en pueblos, en comunidades autónomas por tanto. Un menor
condenado al que se le imponga una medida y no empiece a cumplirla hasta
pasados, como mínimo, siete meses -eso está sucediendo en estos momentos-
probablemente continuará delinquiendo en ese tiempo, con la gravedad que
supone para la sociedad -nosotros somos conscientes de que esto es un
problema para la sociedad- pero también con la gravedad para él mismo
porque se le está negando la posibilidad de reeducarse, una posibilidad a
la que la ley obliga o que es responsabilidad de la ley. En esos meses
pueden suceder otras cosas que ya están pasando, como que el menor cumpla
la mayoría de edad. En ese tiempo en el que ya tendría que estar
reeducándose el menor puede delinquir de nuevo, cumplir la mayoría de
edad y por tanto pasar a prisión, y más ahora con esta ley. La medida de
vigilancia es una buena medida que por falta de valentía y voluntad
política y por unos presupuestos inadecuados no está funcionando, con la
consecuente repercusión social y personal que ello tiene. Este es el
verdadero déficit detectado por todos. Lo sabe el Gobierno, lo saben las
comunidades autónomas, lo saben los profesionales, lo sabemos todos y
todos estamos ayudando a engañarnos y a no cumplir con una enorme
obligación. Este es el verdadero déficit sin duda, y es uno de los ejes
de nuestra oposición. No estamos satisfechos, pese al avance que supuso
la enmienda transaccional a una disposición adicional, aunque contenga un
compromiso de evaluación del gasto sin ningún compromiso político.
Entrando ya a valorar las enmiendas del Senado, no podemos más que decir
que se produce un importante retroceso al suprimir los apartados 2 y 4
del artículo 1 que hacía extensiva la aplicación de la ley a los mayores
de 18 y menores de 21 años cuando así lo declarase el juez competente,
oído el ministerio fiscal, el letrado del menor y el equipo técnico. Se
aleja nuevamente de los principios progresistas inspiradores de la ley.
Se cierra la puerta a que los jóvenes de 18 a 21 años -ateniéndose a las
circunstancias personales, las circunstancias del delito cometido, las
circunstancias del entorno familiar u otros factores que han de
valorarse- puedan según opinión de los jueces acogerse a las medidas
educativas y resocializadoras que caracteriza la justicia de menores,
abocándoles a la cárcel. Nos van a decir que las comunidades autónomas
estaban pidiendo esto, es verdad. Evidentemente, a veces no queda más
remedio que pedir la parte más fácil, que es esta, pero hay que buscar
soluciones para unos colectivos determinados que no es bueno que
continúen -ni por ellos ni por los menores de los centros- en los mismos
centros que otros menores. La solución no es que pasen a prisión ni
tampoco es la responsabilidad, en este caso de la Administración. En todo
caso, la solución pasaba por mayores medios para dotar de unos recursos
específicos a esos menores. Las comunidades autónomas hubieran estado
encantadas de la vida de poder desarrollar esos nuevos recursos,
evidentemente con una respuesta de mayores presupuestos. El resto de
enmiendas significativas a los artículos 24, 26, 28, 33, 37, 42 y 53
tienen como objetivo regular la actuación procesal de la acusación
particular en el procedimiento. Se refuerza - nos parece gravísimo- el
papel de la acusación, figura no prevista en el texto aprobado por
unanimidad por esta Cámara en 2000 y sobre la que en 2003 el Gobierno del
PP introdujo una reforma con el apoyo -hay que decirlo- del Grupo
Parlamentario Socialista y que ahora refuerza el Gobierno del Partido
Socialista con el aplauso del Grupo Popular; una gran coincidencia -que
lamentamos- en la política penal de los menores del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Repito que lo lamentamos,
pero nosotros no vamos a dejar de defender estos aspectos y de denunciar
este retroceso en la política penal de los menores acercándola cada vez
más a la política penal de los adultos, por tanto escapando de la
responsabilidad que le corresponde a este Gobierno, a todos los Gobiernos
y fundamentalmente a un Gobierno socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco (EAJ-PNV). Tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el trámite de enmiendas del Senado es el momento apropiado para
hacer el balance de cuál ha sido la postura de un grupo político en
relación con la tramitación de una norma. Es conocido en esta Cámara que
a nuestro grupo le gustaba especialmente la Ley Penal de Menores inicial,
la Ley 5/2000, y que pusimos pegas porque nos fueron disgustando
progresivamente los añadidos o los retoques que se le hicieron con la Ley
7/2000, la Ley 9/2000 y la Ley 15/2003 que, desde nuestro punto de vista,
suponían una rebaja en la tutela de los intereses sobre el superior
interés del menor y tenían un componente claramente punitivo. Tampoco nos
gustó de entrada el proyecto de ley que presentaba el Gobierno, aunque
era con alguna loable intención, y, por ello, presentamos una enmienda a
la totalidad, enmienda que defendimos pero que luego retiramos a la vista
de que desde el Gobierno se manifestaba la voluntad de poder llegar a
acuerdos o de modular el texto inicialmente presentado. En el trámite de
Comisión y posteriormente también en el Pleno manifesté que el haber
admitido la presencia letrada constante o el mayor protagonismo que se
concedía a las entidades públicas de tutela podía ser objeto de
reconocimiento y de que ciertas cuestiones de endurecimiento podían verse
atenuadas. Por supuesto, en todo momento nos hemos mostrado contrarios a
que siga existiendo ese Juzgado Central de Menores dependiente de la
Audiencia Nacional. Tampoco nos gustaba especialmente que no se pudiese
aplicar la normativa de menores a los comprendidos en el tramo de edad de
18 a 21 años, entendiendo que está solo supeditado a la existencia real
de medios personales y materiales y de centros adecuados, por lo tanto,
problemas que no tienen nada que ver con la tutela o garantía de
derechos, sino con las posibilidades económicas y con la dación de
medios.
En cuanto a la acusación particular que se establece como nueva en el
proyecto, nos parecía que debiera haberse quedado en el respeto a la
decisión marco del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001, relativo al
estatuto de la víctima en un proceso penal, que no exige necesariamente
la presencia de acusación y que, tratándose de un procedimiento penal de
menores, puede incluir el elemento de venganza. Hay otras formas de
articular la presencia de las víctimas en el proceso sin que sea
exactamente ejercicio de la acción penal, que pueden significar la
garantía respecto de sus derechos e intereses. Especialmente críticos
fuimos, señorías, con el contenido del artículo 28, que hacía referencia
a las medidas cautelares. Entendemos que si toda medida cautelar en un
proceso penal tiene algo de vulneración del derecho fundamental a la
presunción de inocencia, en el caso concreto de los menores habría que
ser más cuidadosamente escrupuloso, y aun pareciéndonos mal la
prolongación del tiempo máximo permitido de internamiento en
establecimiento cerrado de tres a seis meses, particularmente sangrante
nos parecía que se pudiese dictar una medida de internamiento por la
reiteración en la comisión de hechos delictivos si estos eran de entidad
menor. Nos parece particularmente satisfactorio que este apartado haya
quedado finalmente recogido en el texto de la ley que ahora viene del
Senado a través de las enmiendas presentadas por nuestro grupo.
Señorías, respecto de las enmiendas introducidas en el Senado, mi grupo va
a votar que no a una de ellas y es la referida al artículo 1.2, puesto
que no nos gusta que desaparezca la posibilidad de aplicación de la Ley
Penal de Menores al tramo de edad comprendido entre los 18 y 21 años. En
los demás aspectos nos gusta, nos parece que la ley es correcta, y haré
mención a algunas de las enmiendas aprobadas. Así, por ejemplo, cuando en
el artículo 7, en la enumeración de medidas, se habla de la prohibición
de aproximarse o comunicarse con la víctima, resulta correcto cómo ha
quedado completado a través de las enmiendas del Senado diciendo que, en
estos casos, si la prohibición de comunicarse o acercarse a la víctima
supone la imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres,
tutores o guardadores, deberá llamarse a la entidad pública de protección
del menor. Esto era lógico, señorías, pero está bien que así quede
establecido y se respete, por tanto, la Ley Orgánica 1/1996. También han
sido objeto de aclaración algunos aspectos respecto de la modificación de
las medidas impuestas en el artículo 13, y se ha introducido un criterio
que nos parece satisfactorio porque el criterio que haya de tenerse se
dice siempre en el texto de la ley, pero siempre que la modificación
redunde en el interés del menor, nos parece que está bien la mención
expresa. El artículo 14 no ha sido modificado en el Senado pero sí ha
sido atenuado a lo largo de la tramitación de la norma. Justo es decir
que el texto del proyecto era conocidamente más duro de lo que finalmente
va a quedar como aprobación de este texto, sin embargo, señorías, no nos
gusta el hecho de que puedan pasar a cumplir en establecimientos
penitenciarios cuando se produzca la mayoría de edad del condenado.
También introduce una garantía que en el apartado 2 del artículo 17,
referido a la instrucción, se señale expresamente que el menor detenido
tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad
y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración que,
si no me equivoco, también fue introducida por enmiendas del grupo al que
represento.
Otra serie de enmiendas se deben única y exclusivamente a corregir
determinados aspectos de la tramitación teniendo en cuenta que ahora van
a existir, además del letrado del menor, otras partes en el proceso, y se
han adecuado y corregido así aspectos que suponen una mayor garantía o
una mayor concreción. Especialmente nos satisface lo indicado ya con
anterioridad, es decir, que se haya modificado el artículo 28, exigiendo
que la reiteración de hechos que puedan posibilitar el internamiento sean
hechos graves de la misma naturaleza. Y tengo que decir que nos seguimos
manifestando muy críticos en torno al apartado 3, ampliación del tiempo
máximo de la medida cautelar de internamiento de seis meses prorrogables
por otros tres, que nos parece que no tiene que ver con la garantía de
ningún tipo de derechos, sino simplemente con la insuficiencia de
juzgados de menores que motivan la dilación interminable de algunos de
sus procedimientos. Quería hacer especial referencia a que también nos
parece correcto cómo ha quedado redactado el artículo 40, referido a las
posibilidades de suspensión de las medidas cautelares, excepcionando,
como ya había salido de esta Cámara pero con una mayor corrección, la
posibilidad de suspensión de lo que hace referencia a la responsabilidad
civil. También nos parece que queda mejor redactado de lo que salió de
esta Cámara lo que hace referencia al control del juez de menores cuando
el ya mayor de edad termina por cumplir la medida en un establecimiento
penitenciario. La garantía de que es el juez de menores quien controla o
tutela, que ya estaba establecida en el texto de la Cámara, nos parece
que ha quedado mejor resuelta en la redacción que tiene el artículo 44
tal y como ha quedado a su salida del Senado. La competencia del juez de
menores para la ejecución cuando se tienen varias medidas que ejecutar
también es fruto de enmiendas del grupo al que yo represento. Y quiero
también hacer mención, igual que lo ha hecho la representante del Bloque
Nacionalista Galego, a la disposición final tercera. La adecuación de las
plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia en los
juzgados de menores radica efectivamente en el Gobierno y en las
comunidades autónomas, pero lo que se ha añadido referido a que las
plantillas y los equipos técnicos estén compuestos por personal
funcionario o laboral al servicio de las administraciones públicas
creemos que corta de raíz una práctica desde nuestro punto de vista
peligrosa, como era la privatización de este tipo de servicios
disponibles por los juzgados de menores. Insisto, nos parece que es una
garantía el hecho de que se matice que tiene que ser personal funcionario
o laboral al servicio de las administraciones públicas. También nos
parece correcto que sea suprimida la cláusula derogatoria en los términos
en los que se votó también en el Senado. En este punto, señor ministro,
señorías, creo que conviene hacer una recapitulación.
Vamos a votar que sí a todas las enmiendas del Senado excepción hecha de
la que he mencionado. Quedaría la duda de si votamos sí o no a la
organicidad del texto respecto de las enmiendas introducidas. Si uno lee
con detenimiento el artículo 132 del Reglamento de esta Cámara ve que
votar hoy negativamente al carácter orgánico de lo introducido por el
Senado supondría que el texto queda tal y como salió de esta Cámara.
Comparado el texto que salió de esta Cámara y las enmiendas que se han
introducido en el Senado -en concreto alguna de las que he mencionado a
instancias de nuestro grupo-, nos parece que ha mejorado en algo. No
obstante, señor ministro, tome puntual nota de que mi grupo no cesará de
reclamar una y otra vez la posibilidad de que los jóvenes entre 18 y 21
años sean juzgados y sean tratados con las posibilidades de
rehabilitación que la justicia de menores requiere; tampoco dejaremos de
reivindicar que desaparezca ese Juzgado Central de Menores en la
Audiencia Nacional y asimismo que también nos oponemos a que determinados
tipos delictivos permitan medidas de internamiento con la extensión y la
intensidad que el texto de la norma permite ahora.
No es que nos guste extraordinariamente el texto que sale pero sí creemos
que la diferencia entre lo aprobado en esta Cámara y lo que viene de la
Cámara Alta lo ha mejorado. Por eso, señor ministro, vamos a votar las
enmiendas del Senado en los términos que le he indicado y daremos nuestro
voto favorable al carácter orgánico de la norma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Por Esquerra el señor Cerdà, por favor.
El señor CERDÀ ARGENT: Presidente, señorías, subo a esta tribuna para
fijar posición en relación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley
por el que se modifica la Ley orgánica de responsabilidad penal del menor
y respecto al voto del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el
Congreso del conjunto del proyecto de ley.
En relación con las enmiendas del Senado, queremos reconocer el buen
trabajo hecho por la Cámara Alta, tanto en ponencia como en Comisión -el
Grupo de la Entesa ya expresó su satisfacción-, que desde nuestro punto
de vista ha permitido perfeccionar la ley, en coordinación con el Grupo
Parlamentario de Esquerra del Congreso y con el resto de grupos de la
Entesa y en consonancia con las propuestas hechas desde el Govern de la
Generalitat, en concreto desde la Dirección General de Justicia Juvenil.
A nuestro entender, algunas de las enmiendas de Esquerra presentadas en
el Congreso ya mejoraron el proyecto de ley presentado por el Gobierno
español en cuestiones como la inclusión de una disposición adicional, en
la que se contempla la necesaria lealtad institucional en la valoración
económica de los gastos que las comunidades autónomas con competencia en
la materia deben asumir, en pro de la reinserción social y la educación
de los menores. Efectivamente, las administraciones competentes en
materia de menores deben asumir la responsabilidad de su reinserción y
reeducación. Se necesitan todos los medios personales y materiales que
estén al alcance de la Administración en interés de la reinserción y
educación del menor. La financiación de las comunidades autónomas en
estos casos es asfixiante, como todos sabemos. No es un discurso nuevo,
pero lamentablemente es un debate que debemos sacar a colación en todos
los temas relacionados con los derechos sociales y civiles. Cuando
hablamos de insuficiente financiación, lo hacemos con conocimiento de
causa. ¿O es que cabe alguna duda de que es necesario dotar de
suficientes recursos económicos para la reinserción social y la educación
de los menores a los que se aplica esta ley? ¿Por qué no se
aborda? No es un tema desde nuestro punto de vista baladí. Los menores de
cada comunidad autónoma, en especial las comunidades con competencia en
la materia que son objeto de la aplicación de esta ley, también necesitan
nuestra solidaridad. Recogemos y apuntamos el compromiso del señor
ministro López Aguilar, asumido en el Pleno del Senado, de que el Consejo
de Política Fiscal y Financiera, en su aplicación del principio de
lealtad institucional, se ocupe de evaluar el impacto de estas
modificaciones, y le interpelamos a que se evalúe no solo el impacto de
estas modificaciones sino del conjunto de la ley sobre las obligaciones
de gasto que ocasionan a las comunidades autónomas. Asimismo, como
expresamos en el debate de aprobación por el Pleno del Congreso en el
dictamen de este proyecto de ley, valoramos muy positivamente la
introducción de lo que el señor ministro ha llamado juez de ejecución y
que el señor López Aguilar destacaba como uno de los buenos avances del
proyecto. Pues bien, como mínimo podemos decir que hemos contribuido a
mejorar la tutela y seguimiento del menor, primando su interés, tal y
como establecen los tratados internacionales, que, recordamos, son
también de obligado cumplimiento.
Las enmiendas aprobadas por el Senado incorporan varias enmiendas del
Grupo Parlamentario de Entesa, a propuesta de Esquerra Republicana, que
mejoran el texto en relación con el juez de ejecución, cuestión que ya
advertimos que sería necesaria para dotar de coherencia a este proyecto.
Así, también compartimos la enmienda por la que se vuelve al texto
original del proyecto de ley que permite no incluir en la Ley del Menor a
los jóvenes mayores de 18 a 21 años. Sabemos que es un tema que fue
objeto de enmienda en el Congreso, pero los jóvenes de 18 a 21 años son
mayores de edad a todos los efectos. Otro problema es que la política
penal y penitenciaria no sea del todo acorde con el principio de
resocialización, pero todos los medios de la justicia juvenil y la
aplicación de esta ley deben centrarse en los menores de 14 a 18 años.
Los jóvenes que delincan entre 18 y 21 años necesitan efectivamente de un
tratamiento especial, seguro, pero abordemos aparte este problema. No
sometamos a demasiadas distorsiones a los jóvenes de 14 a 18 años que se
encuentran a cargo del sistema juvenil autonómico, que, como decíamos
antes, carece de recursos suficientes. Abordemos la problemática de los
jóvenes de 18 a 21 años, a 23, a la edad que se acuerde fijar, pero de
forma especializada. No podemos cerrar los ojos, porque el problema
existe, subsiste y subsistirá. Instamos al Gobierno, pues, a dar una
respuesta adecuada a las personas mayores de 18 ó 21 años, con el objeto
de evitar la reincidencia y conseguir una plena incorporación de estos
jóvenes a la vida social, cultural, económica y laboral. Es nuestra
intención también destacar y valorar la enmienda aprobada por el Senado
que incorpora y precisa el carácter público del personal de algunos
servicios reeducativos del menor, con la finalidad de alejar la idea de
privatización que tanto gusta a algunos gobiernos autonómicos, a nuestro
entender, desafortunadamente.
Entrando a valorar el conjunto de la ley que sometemos a votación después
de aprobadas e incorporadas las enmiendas del Senado, nos gustaría volver
a insistir en algunos puntos que para nuestro grupo son relevantes. En
primer lugar, me gustaría reprochar la falta de diálogo con las
comunidades autónomas con competencia en la materia, cuestión que
solicitaríamos -y estamos legitimados por nuestro apoyo al Gobierno en la
aprobación de esta ley- que se dialogara con los gobiernos afectados por
la aplicación de las leyes que está previsto reformar, como es el caso de
la Ley del Menor. Solicitamos que se valoren los resultados de la
aplicación de la ley conjuntamente con los gobiernos competentes y que se
aborde la dotación financiera suficiente a los mismos, informando de la
valoración a estas Cortes Generales.
En segundo lugar, solicitamos e instamos al Gobierno a valorar la
propuesta presentada por una parte significativa de esta Cámara de acabar
con los tribunales de excepción, y, en concreto, los tribunales de
excepción de menores. Solicitamos el compromiso de enmendar lo que se
hizo mal en la pasada legislatura al crear un juzgado central de menores
de la Audiencia Nacional, como mínimo hasta que se den las circunstancias
políticas necesarias, que a nuestro juicio se han dado, que permitan
abordar la cuestión de atribución de competencias de la Audiencia
Nacional en materia de menores.
Han perdido una oportunidad en la modificación de la ley que hoy votamos,
pero nunca es tarde si la dicha es buena. Por ello, les agradeceríamos
que tomen en cuenta nuestra solicitud para abordar este tema que es
efectivamente una deficiencia en el sistema judicial.
En tercer lugar, para finalizar, les manifestamos nuestra preocupación por
el carácter punitivo, aunque suavizado posteriormente, de la reforma y de
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. No deja de ser una reforma
consecuencia de la reforma del Código Penal mediante la Ley 15/2003, de
altísimo contenido punitivo. Por ello les instamos a abordar las reformas
penales y penitenciarias con seriedad, sin impulsos legislativos
consecuencia de una supuesta alarma social, sino desde el punto de vista
socializador y más aún tratándose de los menores.
Con el Partido Popular y con sus propuestas punitivas no se ha demostrado
que se disuada la comisión de delitos. Cuenten, pues, con Esquerra para
abordar cuestiones tan importantes como esta. En definitiva, daremos
apoyo a las enmiendas y al conjunto de la ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cerdà.
Por Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señor ministro de Justicia,
señorías, hoy llega al Pleno del Congreso el trámite final de una ley
troncal de nuestro
ordenamiento jurídico. Más que un debate técnico a nuestro grupo le
gustaría hacer un debate político en este último trámite. La Ley de
Responsabilidad Penal de los Menores es una ley troncal, por tanto, de
carácter orgánico. Es una ley que debe pivotar siempre, entiende nuestro
grupo, sobre un objetivo constitucional que seguro que todos compartimos:
el imperativo constitucional de la reeducación. La reeducación debe ser
siempre la guía, el faro que nos lleve a cualquier tipo de medida penal;
este sería el objetivo. Sabemos que no siempre es un objetivo fácil de
conseguir y sabemos también que necesariamente hay que tomar medidas
reeducadoras pero también medidas sancionadoras. Pero no olvidemos nunca
ese objetivo, ese faro: buscar la reeducación. Si ese es un objetivo que
prima y debe primar siempre una política penal, debe primarla más aún,
señor ministro, señorías, al hablar de menores. Al hablar de menores es
cuando menos podemos decir que no hay remedio; al hablar de menores es
cuando más voluntad debemos poner todos para conseguir esa reeducación,
para conseguir que esa persona, un menor, pueda realmente en un futuro
ser una persona distinta. Este sería el objetivo y, por tanto, este
objetivo no quiere abandonarlo Convergència i Unió.
Nosotros apoyamos la actual ley aún vigente, votamos a favor de la misma y
dijimos desde el primer día que tenía grandes virtudes, pero también un
gran defecto: faltaban medios para aplicarla; ese era el denominador
común. Algunos balances, no siempre positivos, que se hacen de la ley hoy
vigente vienen ligados a esa falta de medios. Cierto es que en política
de menores los medios los precisan las comunidades y, por tanto, aquí hay
que hacer un importante esfuerzo presupuestario y de lealtad
institucional con las comunidades autónomas. Por ello, nuestro grupo
planteó, y se transaccionó en el Congreso, una enmienda importante que
figura en la ley que finalmente vamos a aprobar, relativa a la
disposición adicional única. Quiero lanzarles un mensaje, señorías, señor
ministro, y al Gobierno en su conjunto -hoy no está el ministro de
Economía, pero también es un mensaje para el ministro de Economía y
Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno-, y es que esa disposición
adicional única prevé que esta ley debe dar cumplimiento al principio de
lealtad institucional previsto en la Lofca y que para ello deberá
procederse a evaluar las obligaciones de gasto que para las comunidades
autónomas puedan derivarse de la aplicación de las disposiciones de la
presente ley orgánica. Esta disposición adicional única obliga a evaluar
el gasto que la Ley del Menor, la que hoy aprobamos, va a comportar para
las comunidades autónomas. Eso quiero ligarlo a una enmienda que ha
aprobado el Senado y que hoy debemos aprobar en esta Cámara, una enmienda
importantísima al adicionar un apartado 3 a la disposición final tercera,
porque esa enmienda obliga al Gobierno, a través del Ministerio de
Justicia, y a las comunidades autónomas, a través de sus correspondientes
consejerías, a adecuar las plantillas de funcionarios de la
Administración de Justicia a las necesidades que presenten los juzgados y
las fiscalías de menores para la aplicación de la presente ley. Por
tanto, se está diciendo: hacen falta más medios personales y habrá que
adecuar plantillas. Y en la disposición siguiente se dice: se evaluará
este gasto para compensar a las comunidades autónomas. Quiero ligar las
dos disposiciones, debemos ligar las dos y si, como novedad, en la misma
ley decimos: adecuaremos las plantillas, porque hace falta adecuar las
plantillas, en la misma ley debemos decir que vamos a compensar a las
comunidades autónomas a través de los mecanismos de financiación
autonómica y con el principio de lealtad institucional que reconoce la
Lofca. Esto es importante y hay que valorarlo. Respecto a ese déficit de
la ley actual, de falta de medios, hoy aquí deberíamos tener la voluntad
política de conseguir mayores medios para aplicar la Ley orgánica de
responsabilidad penal de los menores.
En esa línea, señor ministro, señorías, nos falta valentía. No podemos
entender por qué razón no hemos conservado en el Senado un aspecto
importante de la ley aprobada en el Congreso, un aspecto respecto al que
al Gobierno le faltó valentía para explicarlo mejor y quizá también nos
faltó a todos la misma valentía para explicarlo mejor cuando se aprobó.
En el texto aprobado en el Congreso, que se ha mutilado en el Senado, se
decía: Esta ley también es aplicable a mayores de 18 años y menores de 21
años; pero también se decía: solo cuando el imputado haya cometido una
falta o un delito menos grave y no pueda ser aplicable en él medida de
internamiento en régimen cerrado. Por tanto, no era para todos los
supuestos, como se ha querido vender después, y es por lo que el Gobierno
empezó a flaquear, cuando se cuestionaba qué nos va a pasar, porque esto
se aplica de los 18 a los 21 años. Repito, no, esto era solo para casos
de faltas o delitos menos graves en los que no sea aplicable la medida de
internamiento en régimen cerrado. Por tanto, no era una medida erga
omnes, para todas aquellas personas que han cometido un delito en esa
franja de edad, era solo para aquellos delitos menos graves y faltas. ¿Y
por qué renunciar en esos casos a aplicar las medidas reeducadoras de la
Ley del Menor? ¿Por qué renunciar? ¿Porque faltan medios? Proporcionemos
medios. Puedo entender que eso supone mayores medios, sobre todo para las
comunidades autónomas, pero quiero creerme la ley que aprobamos y esa
disposición adicional única, en la cual vamos a hacer una apuesta por la
financiación de las comunidades autónomas en este ámbito, y quiero
creerme la nueva e importante disposición final tercera, punto 3, en la
cual decimos al Gobierno y a los gobiernos autonómicos que adecuemos las
plantillas. No renunciemos a la reeducación. Tampoco podemos renunciar a
los aspectos punitivos que en toda ley de índole penal deben existir y
que la sociedad también nos pide -somos conscientes de ello-, pero no
debemos renunciar a la reeducación. Ustedes, que pactaron con unos grupos
la ley en el Congreso, pactan en el Senado con el Grupo Popular una
medida para mutilar un aspecto importante de lo que se
había conseguido en el Congreso. Podían hacerlo. La apuesta no ha sido
valiente y podíamos haber hecho una apuesta valiente. En todo caso, no
entendemos a Esquerra Republicana, pues critica medidas coercitivas que
plantea el Grupo Popular, pero luego dice que la única que se ha
incorporado al texto que viene del Senado la van a votar a favor, por lo
que es un doble discurso. Las comparten o no las comparten. Si las
comparten, es lógico que voten a favor y, si dicen no compartir nada, no
entiendo cómo votan a favor de esa enmienda del Senado, que es la única
que el Grupo Popular ha visto que prosperaba, una enmienda en este caso
importante.
Más allá, señor ministro, de esa valoración, de esa enmienda en relación
con la cual anunciamos ya que vamos a votar en contra, globalmente vamos
a dar a esta ley un voto afirmativo, globalmente vamos a votar que sí a
esta ley, sabiendo como sabemos que hay otras enmiendas del Senado
importantes, como la que he destacado, relativa a la de falta de medios
-el gran diagnóstico que todos compartíamos- de que adolece la ley
actual. Sabemos que hay esa gran laguna en la ley actual, que el nuevo
proyecto que hoy se aprueba intenta subsanar, por lo que damos la
oportunidad a esta ley para que se subsane esa gran laguna de falta de
medios de la que adolece la ley actualmente vigente. Démosle una
oportunidad a esta ley, pero, señor ministro, también le pedimos que al
mismo tiempo se dé una oportunidad firme y comprometida con la
reeducación y con los mayores medios que se van a necesitar, con la mayor
financiación que se va a necesitar, para aplicar esa Ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Quiero -finalizo ya, señor presidente, señorías- destacar también que,
gracias a Convergència i Unió, hemos modificado en esta ley aspectos que
habíamos propuesto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hemos conseguido
garantizar a los menores, cuando son testigos en un procedimiento, esa no
confrontación visual. Convergència i Unió ha conseguido también mejoras
importantes con sus enmiendas a la hora de garantizar la asistencia
letrada y hay aspectos que han mejorado mucho durante el trámite del
Congreso y el Senado, por lo que finalmente mi grupo votará a favor,
sabiendo también que quedan aspectos pendientes -les ha faltado esa
valentía final-, pero esperemos que esta ley dé sus frutos y sirva
realmente para una mejor política de reeducación y de manera clara a las
exigencias que la sociedad nos pide en estos momentos.
Gracias, señor ministro, por su atención. Gracias, señores diputados.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco su presencia hoy aquí en el debate final de
la ley y además le felicito por el don de la ubicuidad, por estar en
Canarias y en Madrid al mismo tiempo a raíz de lo que ha pasado al inicio
del Pleno.
Antes de empezar mi intervención respecto a esta ley, quiero manifestar
que no dejan de sorprenderme cosas que se han dicho aquí esta mañana y
que se llevan diciendo a lo largo de toda la tramitación de este debate.
Se empieza a hablar de falsa alarma social. ¿Dónde está esa falsa alarma
social? Los datos están ahí, la delincuencia juvenil ha subido, nos lo ha
dicho el ministerio, nos lo están diciendo los hechos que están pasando
todos los días en la calle. ¿Dónde está esa falsa alarma social?
Por otro lado, también me sorprende que sigamos llamando niños a chicos y
chicas de 19 y 20 años. Yo soy madre y para mí mis hijos siempre serán
mis niños, pero un chico o una chica de 19 ó 20 años no es un niño, nos
guste o no nos guste, es un joven, y nosotros, los políticos y la
sociedad, tendremos que preocuparnos por ellos, y sobre todo en estas
situaciones, pero, señorías, no es un niño, es un adulto. Puede votar,
puede casarse, puede hacer cosas que no les están permitidas a los
menores de edad. Entonces, seamos serios. ¿Que el sistema penitenciario
no funciona? Vayamos al sistema penitenciario si realmente no funciona,
pero un joven de 19 años no puede estar en un centro de menores con un
chaval de 14 años, porque no. Además, la realidad y los hechos así nos lo
han demostrado.
Hoy debatimos aquí las enmiendas del Senado como trámite último de esta
ley y nuestro grupo parlamentario no puede dejar de manifestar una
tristeza y un sabor agridulce, porque, siendo conscientes de que esta
reforma era necesaria, y así lo hicimos constar a lo largo de todo este
debate, habiéndonos dado un mandato legal en la pasada legislatura y
llegado a acuerdos entre los dos partidos mayoritarios, no habiendo
presentado este grupo parlamentario ninguna enmienda a la totalidad, esta
ley va a salir sin consenso. Me sorprende que, después de las
intervenciones que se han hecho aquí, en esta tribuna, esta mañana,
exponiendo criterios completamente distintos unas formaciones políticas y
otras, al final digan que van a votar favorablemente la ley, aunque la
ley diga lo contrario de lo que plantean sus enmiendas, por eso del juego
de las mayorías parlamentarias y de los acuerdos políticos.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de algunas
enmiendas a las que luego haré referencia, pero no va a votar a favor del
carácter orgánico de esta ley. Tengo que decirles, señorías, que esta ley
nacerá sin consenso, porque el consenso se alcanza cuando lo vota la
mayoría de las diputadas y los diputados que votan en esta Cámara,
independientemente de los grupos que sean. Y vuelvo a insistir en que no
es porque este grupo parlamentario se haya opuesto a este consenso.
Entrando en las enmiendas que vienen del Senado, si bien se han aprobado
algunas del Grupo Parlamentario Popular, quiero dejar constancia, porque
ayer se me preguntó a través de un medio de comunicación, de que, si bien
el Grupo Parlamentario Socialista del Senado
finalmente aprobó la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y que hoy se
ha debatido aquí referente a la aplicación de la ley entre los 18 y 21
años, después de esta polémica que surgió en torno a si la aprobamos o no
en el Senado -y lo tengo que decir aquí porque ayer se me preguntó-,
debido a la moratoria que estaba prevista, el grupo que apoya al
Gobierno, en la preparación de los órdenes del día en la Mesa de este
Parlamento tenía que haber previsto, en relación al tramo comprendido
entre 18 y 21 años, que va a tener vigencia durante 24 días la aplicación
de esta ley, del 1 al 24 de enero. Las enmiendas del Senado podíamos
haberlas debatido con anterioridad para evitar esa situación, ya que la
ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Vamos a votar a favor de esas enmiendas que afectan al artículo único,
apartados 1 y 3, y también de las que afectan al artículo 18 bis, ter,
19, 23 y 33, todas ellas -y no voy a repetirlas aquí- tendentes a mejorar
el derecho de las víctimas, así como a reforzar el derecho del menor.
Respecto al papel de las víctimas, a lo largo de la tramitación de las
enmiendas en el Congreso y en el Senado hemos visto que hay posiciones
totalmente enfrentadas. Hay grupos parlamentarios que piden reducir la
participación de las víctimas lo más posible, otros no quieren que estén
presentes las víctimas y el Partido Popular siempre se ha mostrado a
favor de que se ampliara la presencia de las víctimas, no solo a lo largo
de la tramitación del procedimiento, sino también en la ejecución de las
medidas judiciales impuestas a estos menores. ¿Qué ha hecho el Partido
Socialista en este tema? Aquí, en este tema, en cuanto a las enmiendas
que se han aprobado en el Senado -y he de decir que algunas han sido del
Grupo Parlamentario Popular-, se ha quedado en la mitad. Si bien ha
admitido algunas de nuestras enmiendas que iban en el sentido de reforzar
ese derecho de las víctimas, nos hemos quedado a medias. No nos vale que
se diga por parte de algunos grupos parlamentarios que las víctimas
buscan venganza, que es una postura vindicativa, porque nosotros pensamos
que no es así. Con esto no nos extralimitamos en esta ley, porque somos
conscientes de que era una carencia que tenía la Ley del año 2000, que
era una disfunción de esas que tantas veces hemos dicho que había que
corregir y para nosotros se trata de un derecho fundamental de defensa de
la víctima.
Insisto en que hay enmiendas que han mejorado algo el texto, pero no
podemos estar de acuerdo con el texto que va a salir del Congreso de los
Diputados esta mañana porque no se afronta ese incremento de la
delincuencia juvenil ni tampoco se refuerza esa educación de los menores.
Señorías, durante este mes de octubre he tenido el privilegio de estar
con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en una conferencia
sobre justicia juvenil, en la que países de nuestro entorno que están
reformando sus legislaciones en esta materia han debatido larga y
abiertamente sobre cómo se están reformando las legislaciones y en qué
sentido. Si bien esos países de nuestro entorno, como pueden ser Bélgica
o Suiza, hacen hincapié en que hay que hacer una labor preventiva de
educación y de resocialización, no podemos olvidar la función
sancionadora de la ley de justicia juvenil, sobre todo para casos
reincidentes y para casos especialmente graves. En estas legislaciones,
en la belga y la suiza, se intenta atajar el problema a edades mucho más
tempranas que aquí, en España. Nosotros planteamos una enmienda sobre qué
pasaba con esos menores de 13 años que cometen delitos especialmente
graves, y se nos dijo que estábamos atentando contra todos los convenios
europeos en relación con esta materia. No, señoría; nosotros simplemente
atendíamos una de las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado,
en la que se dice que ahí hay un problema y, siempre atendiendo a este
principio de oportunidad, habría que buscar una solución a este tema que
en esta ley no se ha contemplado. También somos partidarios de un
incremento mayor de las sanciones. Sí, señorías, sí lo somos. Vuelvo a
repetir, los jóvenes de hoy en día y los que utilizan a esos jóvenes
menores de edad para cometer delitos no pueden creer que les puede salir
gratis. Ahora mismo en la sociedad y en la gente joven existe esa
conciencia, que delinquir les sale gratis. Nos dicen: pero no podemos
llevarlos a un centro de internamiento porque, al final, no va a cumplir
la función de resocialización y de reeducación. Algo está fallando; en
estos 5 años de aplicación de la ley hemos visto que el sistema ha
fallado. Pues acometámoslo bien, no con palabras bonitas en un texto, a
través de enmiendas, diciendo lo que vamos a hacer y lo que vamos a dejar
de hacer. Y no me vale lo de tú más, porque seguro que bajará ahora la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y dirá: Sí, pero es que
ustedes tal y tal. Señora del Grupo Parlamentario Socialista, hemos
hablado largo y tendido de esta ley, porque es una ley que nos interesa
tanto a usted como a mí, como al resto de diputados que estamos aquí, y
si la ley anterior no ha funcionado y sabemos dónde no funciona esta ley,
atajemos el tema por ahí. Nosotros les ofrecimos nuestro consenso y
nuestra colaboración desde el primer momento. ¿Qué está fallando?
Hay otro problema añadido que son las comunidades autónomas, que tienen un
papel protagonista en esta ley porque tienen que ejecutar todas las
medidas que se impongan, pero se habla con ellas después de que el
Gobierno traiga aquí este proyecto de ley. Porque recordemos que se
levantaron de la mesa, que no se llegó a ningún acuerdo con ellas y que
están muy descontentas con este tema, porque al final van a tener que
pagar lo que el Gobierno está legislando mal y la patata caliente les va
ahora a las comunidades autónomas. Si vemos que, cuando hay que ejecutar
esas medidas, no están funcionando, que hay muchos menores en centros que
están mezclados unos con otros, que no se están llevando a cabo las
medidas de resocialización, de educación, etcétera, atajemos el problema
por ahí. ¿Cómo se ataja este problema? Con la financiación. Y me dirán:
pero es que ustedes, los señores del Grupo Parlamentario
Popular, no pusieron ni una sola peseta. Sé que me van a decir eso. Usted
era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en aquel momento y nos
dijo que la ley nacía muerta porque nacía sin financiación. Hoy, como
usted es el ministro y yo soy la portavoz de la oposición, le tengo que
recordar que en esta ley, lamentablemente, vamos a cometer el mismo error
y después de 5 años va a nacer muerta porque no recoge el tema de la
financiación, que es un problema esencial y básico para atajar muchos de
los problemas que plantea la ley. Si la finalidad que se busca con esta
ley es la resocialización y la reeducación de esos menores, hace falta
dinero encima de la mesa. ¿Para qué? Para tener más medios materiales,
más medios profesionales y más centros en los que se pueda cumplir
realmente esa función si queremos evitar que al final los menores acaben
hacinados en centros y cuando salgan a la calle vuelvan a delinquir.
Para finalizar, porque se me acaba el tiempo, tengo que decirle que
lamentablemente no vamos a votar a favor del carácter orgánico de esta
ley por todas estas cuestiones y algunas más que se me escapan en estos
momentos y que he expuesto a lo largo de mis intervenciones. Siendo un
tema tan importante y tan de actualidad -no olvidemos los temas que
tenemos ahí-, no lo resuelve esta ley. El tema del acoso escolar o el
tema de las bandas no los resuelve esta ley. La sociedad cree que esta
ley los va a resolver y que va a ser la panacea para esos temas y no es
así. Esperemos que cuando acometamos todas esas reformas que son
necesarias el Grupo Parlamentario Socialista cuente con el grupo
mayoritario de esta Cámara, que es el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Polonio, por favor, por el Grupo Socialista.
La señora POLONIO CONTRERAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista en este debate con el que culmina la tramitación del proyecto
de ley orgánica por la que se modifica la Ley reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Es una iniciativa de sentido común
y puesta al día de una legislación que, congruente con los principios que
la inspiraron en su origen, necesita una actualización para continuar
sirviendo mejor a la sociedad española y sus necesidades.
Quiero comenzar mi intervención manifestando la intención de nuestro grupo
de votar a favor de las enmiendas que nos remite el Senado y, por
supuesto, a favor de la votación en conjunto. También quiero expresar
nuestro reconocimiento al trabajo de los distintos grupos parlamentarios,
porque hemos cumplido con nuestra tarea y con nuestro deber para con la
sociedad española preservando el interés supremo del menor como principio
inspirador de la legislación a este respecto y, al mismo tiempo, siendo
sensibles con los problemas que la realidad y la experiencia plantean y
siéndolo en un sentido congruente con la potenciación de la oportunidad,
la flexibilidad y, en definitiva, la proporcionalidad de
individualización de las medidas judicialmente impuestas, con todas las
garantías, cuando se trata de menores para que en ningún caso el menor
tenga peor tratamiento que el adulto. La labor de ambas Cámaras ha dado
como resultado un buen trabajo y se ha conseguido un alto índice de
acuerdo. Eso demuestra, primero, que el Gobierno hizo razonablemente bien
los deberes en relación con este proyecto y, segundo, que entre todos
vamos a dotar a la sociedad española de un buen instrumento para trabajar
en el campo de la delincuencia juvenil, con la seguridad de que estamos
haciendo lo que debemos y, sobre todo, cumpliendo el mandato legal
plasmado en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 5/2000, en
la redacción dada por la Ley 15/2003.
Señorías, en el trámite del Senado se han adoptado decisiones importantes.
No quiero dejar de mencionar la vuelta al texto del proyecto del Gobierno
en lo referente a la exclusión definitiva de la posibilidad de atribuir
la competencia a los juzgados de menores de ciertos delitos cometidos por
jóvenes entre 18 y 21 años. Si bien es cierto que esta Cámara apostó por
la atribución a los jueces de menores de cierta competencia, al menos
para casos de delincuencia menor sobre esta franja de edad, ya que este
había sido el acuerdo adoptado unánimemente en el año 2000, cuando la ley
fue aprobada a instancias del Gobierno del Partido Popular, no es menos
cierto, señorías, que ahora no parece el momento más oportuno para
sobrecargar de asuntos a los juzgados de menores ni a las comunidades
autónomas responsables de la ejecución de las medidas socioeducativas
acordadas. Señorías del PP, por una vez apoyan en algo al Gobierno,
porque insisto en recordarles que la supresión de esta franja de edad ya
estaba prevista en el proyecto que el Consejo de Ministros remitió a esta
Cámara. Sean responsables y no le den a este aspecto el tratamiento de
mérito suyo sino, como mucho, de simple coincidencia con los
planteamientos del Gobierno, después de que han cambiado su criterio con
respecto a lo que plasmaron en la Ley del año 2000. (Aplausos.)
Quisiera hacer la apreciación de una posible corrección técnica porque,
para el caso de que no se aprobara la enmienda que proviene del Senado
con respecto a la supresión de la franja de edad de 18 a 21 años, habría
que hacer esta supresión concreta en el preámbulo.
Señorías, también merece una especial mención la garantía de que será un
mismo juez, el llamado juez de la ejecución, quien entienda de cómo deben
aplicarse todas las medidas que eventualmente conciernan a un mismo menor
por reiteración de distintas infracciones, y por tanto de la posible
acumulación de condenas, para garantizar así el mejor seguimiento de las
medidas correccionales. Esta novedad fue introducida en el Congreso
gracias a las enmiendas, en especial, de Esquerra
Republicana, pero el Senado ha corregido algunos olvidos y respaldado esta
opción definitivamente.
Dentro del proyecto de ley hay que destacar la protección a la víctima en
su triple dimensión: víctima directa del delito, menor víctima de un
delito -aquí quiero hacer un inciso y destacar la importante aportación
de Convergència i Unió sobre la protección de los menores cuando sean
testigos- y victimización secundaria. Pues bien, en este ámbito quiero
resaltar el avance en la protección especial que se presta a las víctimas
de los delitos cometidos por menores, en el sentido de que se le reconoce
a la acusación particular su presencia durante la instrucción y
enjuiciamiento. Ello no significa -y quiero dejarlo muy claro- que este
proceso se haya desvirtuado para convertirse en algo puramente
vindicativo. La presencia del ministerio fiscal garantiza el supremo
interés del menor que guía esta ley, pero no podemos desconocer la
vigencia del principio de igualdad de armas entre las partes del proceso.
Cuando se tramitó la Ley del año 2000, nuestro grupo mantuvo desde el
principio la necesidad de la presencia de la víctima y, señorías, no
hemos cambiado nuestra postura; es otro grupo, el Grupo Popular, el que
ha cambiado de opinión. Esa es una muestra más de su falta de coherencia
en este tema, ya que, curiosamente, ahora quieren ir más allá. Cuando
tenían mayoría absoluta impidieron que las víctimas formaran parte de
ninguna fase del proceso y solo con Ley 15/2003 se abordó de forma tímida
este aspecto. Nuestro grupo considera que esta cuestión se aborda en la
reforma que nos ocupa de manera muy correcta, respetando de todo punto
los derechos de la víctima en el proceso contemplados en la Decisión
marco del Consejo Europeo de 2001, relativa al Estatuto jurídico de la
víctima. Si nos hiciéramos eco de las pretensiones del PP estaríamos
extralimitándonos y rozando la vindicación y la venganza en el caso de
llevar la presencia de la víctima a la fase de ejecución.
Señorías, quiero destacar una aportación que ha realizado nuestro grupo en
el Senado, y que ha sido destacada también por el resto de los grupos
parlamentarios en las anteriores intervenciones, cuyo objetivo es, en
primer lugar, poner fin a la polémica en torno a la posibilidad de
privatizar de algún modo el servicio que prestan de modo fundamental en
este campo los equipos técnicos, al establecer que su composición será de
contratados laborales o funcionarios al servicio y bajo la dependencia de
la Administración, sea esta autonómica o General del Estado allí donde
las competencias de justicia no han sido transferidas, y en segundo
lugar, adecuar las plantillas de funcionarios a las necesidades que
presenten los juzgados y las fiscalías de menores para la aplicación de
la ley.
Quiero enlazar este último tema con otro muy importante y que también ha
sido mencionado por todos los grupos, y es el acuerdo alcanzado por todos
en el Congreso, excepto por el Partido Popular, para garantizar la
necesaria financiación de esta ley en la medida en que pueda suponer un
sobrecoste para las comunidades autónomas. El Consejo de Política Fiscal
y Financiera evaluará conforme al principio de lealtad institucional, que
queda consagrado en la Ley orgánica de financiación de comunidades
autónomas, la implementación de esta reforma. De esta forma no volverá a
producirse en este ámbito algo que ocurrió en el año 2000, cuando
gobernaba el Partido Popular. Es precisamente en este punto donde tenemos
que resaltar otra de las grandes incoherencias del PP en esta reforma que
ahora abordamos. La Ley 5/2000 se modificó dos veces antes de su entrada
en vigor y se volvió a modificar en 2003. Quiero recordar a los diputados
y diputadas del Partido Popular, y en especial a su portavoz en este
debate, que ninguna de estas reformas se acometió para dotar de
financiación y facilitar por tanto la aplicación de la ley. No se
pusieron sobre la mesa en ningún momento ni medios ni un solo euro para
las comunidades autónomas. Ahí está la diferencia, señorías del Partido
Popular, entre ustedes y el Gobierno socialista, porque en esta ley sí
que se refleja la voluntad de resolver la financiación: por un lado, la
supresión en el proyecto de ley que envió el Gobierno a las Cámaras de la
aplicación de la norma al tramo de 18 a 21 años que ya he explicado antes
con detalle y, por otro, el hecho de que se recoja expresamente en el
texto la garantía, conforme al principio de lealtad institucional, para
que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto con las
comunidades autónomas, quienes valoren y evalúen la repercusión económica
que supondrá la entrada en vigor de la ley con el correspondiente
compromiso del Gobierno. Por tanto, es paradójico que lo que no hizo el
Partido Popular durante los años que estuvo gobernando, ni siquiera
mostró la más mínima intención de hacerlo, lo exija a este Gobierno.
Perdonen ustedes, señorías del Partido Popular, pero no les ampara
ninguna autoridad para hacer esa exigencia. (Aplausos.)
Finalmente, señorías, se ha hecho un esfuerzo por preservar la
intervención cautelar mediante internamiento cerrado de la posibilidad de
que la mera reiteración de infracciones baste por sí sola para ser
acordada; la reiteración debe ser, como ahora explicita el texto, de
otros hechos también graves. Se cumple así nuestro compromiso con el
Partido Nacionalista Vasco, que no pudo llevarse a cabo en el anterior
debate en el Congreso por la negativa del Partido Popular a tramitar una
transaccional en este sentido.
Quiero terminar agradeciendo el trabajo y las aportaciones de todos los
grupos, que han contribuido de manera sensible a mejorar el proyecto que
el Gobierno remitió a las Cámaras, y la disposición de todos a llegar a
acuerdos en determinados temas, aunque en ocasiones no ha sido fácil o
incluso ha sido imposible llegar a puntos comunes, sobre todo teniendo en
cuenta las diferencias abismales entre unas y otras posiciones,
posiciones que en algunos casos resultan sorprendentes por la
incoherencia que ponen de manifiesto, y me refiero en concreto al Partido
Popular, máxime cuando con la reforma siguen estando vigentes los
principios que conformaron
e inspiraron la Ley 5/2000 que ahora se modifica. Era, sigue siendo y
seguirá siendo una norma con una doble naturaleza: formalmente penal y
materialmente educativa y sancionadora. Este es un hecho que está avalado
por diferentes informes, incluido el del Consejo General del Poder
Judicial. En especial quiero manifestar nuestro agradecimiento a los
grupos parlamentarios que van a dar su apoyo al proyecto que ahora se
aprueba.
Quiero terminar con una aclaración y con una reflexión en concreto al
Partido Popular. No sé si usted sabe, portavoz del Partido Popular, que
en este trámite se vota el carácter orgánico de lo que viene del Senado.
Reflexión y nueva incongruencia: si finalmente no apoyan este carácter
orgánico, como han puesto de manifiesto, ¿cómo van a explicar a las
comunidades autónomas donde gobiernan que con su falta de apoyo a la
votación de conjunto de la ley pueden propiciar que la ley se aplique al
tramo de 18 a 21 años? Ustedes verán cómo explican su mucha
incongruencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: ¿El Gobierno desea intervenir? Adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Con brevedad y sin ánimo de reabrir el debate uso la palabra una vez más
en este trámite definitivo en el Congreso de los Diputados para hacer
honor a la naturaleza bicameral de nuestro Parlamento. Ambas Cámaras de
las Cortes Generales han hecho su trabajo y quiero reconocerlo y
agradecerlo a todos los grupos parlamentarios que han participado de ese
debate. Yo mismo introduje el proyecto de ley en el trámite inicial,
defendiéndolo frente a las enmiendas de totalidad, y ese proyecto de ley
cursó enteramente el procedimiento en esta Cámara Baja. Fue enmendado y
pasó al Senado. También el Senado ha aportado valor añadido. Allí lo
reconocí igualmente en el Pleno, pero intervengo ahora precisamente para
poner de manifiesto que, de acuerdo con el Derecho parlamentario, el
texto que obtuvo mayoría absoluta en su votación definitiva después de
haber cursado enteramente el trámite en esta primera Cámara sería ley
orgánica si no adoptásemos ahora de nuevo por mayoría absoluta en esta
votación definitiva la decisión de validar las enmiendas que ha recibido
en el Senado. Eso es lo que quiero reconocer, que se ha hecho el trabajo
todo el tiempo para apoyar al Gobierno a cumplir su objetivo de
legislatura -lo expresé con claridad-, congruente con los principios que
nos animan: extender derechos de ciudadanía, reforzar la calidad con que
esos derechos se garantizan por el sistema judicial y al mismo tiempo
proveer seguridad frente a las amenazas de un mundo inseguro,
especialmente frente al crimen organizado. Creemos que esto es lo que
estamos haciendo también aquí, en la Ley orgánica de responsabilidad
penal del menor, que modificamos tal y como se nos emplazó a hacer en la
pasada legislatura. Lo hemos hecho reflexivamente, sin ninguna concesión
al populismo punitivo, preservando la filosofía que inspiró en su primera
aprobación esta ley orgánica, que es la de exaltar el interés supremo del
menor y, por supuesto, articular el principio de que en ningún caso el
menor pueda recibir peor tratamiento que el adulto ante el proceso penal
ni ante las sanciones que puedan deducirse de las infracciones del
ordenamiento penal. Creemos que lo hemos conseguido a través de la mejora
y el refuerzo de la protección a las víctimas en todas las situaciones
que se dan en la justicia de menores y en el proceso especial de menores,
a través de la incorporación de la respuesta a nuevos fenómenos, como son
la criminalidad juvenil organizada y el fenómeno del acoso escolar, pero
sobre todo a través de la potenciación del principio de flexibilidad, de
oportunidad, que permite individualizar la respuesta judicial a la luz de
las circunstancias también individualizadas de cada caso, con más fuerza
aún si cabe cuando se está enjuiciando a un menor por haber infringido el
ordenamiento penal.
Finalmente, hemos incorporado mejoras técnicas que han sido glosadas con
todo detalle en las sucesivas intervenciones, notablemente en la de la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que con ello nos queda
una respuesta más actualizada y puesta en hora del proceso de menores y
de la justicia de menores. Hemos dado a la víctima un tratamiento
diversificado, permitiendo que tenga mejor protección frente al agresor
que ha infringido el ordenamiento penal siendo menor de edad; que la
responsabilidad civil se ventile al mismo tiempo que la penal, lo cual
también es un refuerzo de las garantías de la víctima, y que la víctima
tenga mejor información de los asuntos que le conciernen en el
procedimiento a través de la obligación, que está regulada ahora, del
secretario judicial de informarle en todo caso. Hemos procedido también a
la protección de la víctima frente al agresor en el curso del proceso
penal reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hemos evitado la
victimización secundaria del menor autorizando al juez a disponer que no
cumplan en el mismo centro de internamiento ni de la misma manera las
medidas de internamiento personas que cometieron delitos siendo menores
de edad, pero cuyo pronóstico de resocialización o cuya respuesta a las
medidas reeducativas está siendo cualitativamente distinta y, por tanto,
merecen también un tratamiento individualizado. Pero, además, hemos
incorporado algunas respuestas nuevas, como se ha puesto de manifiesto en
el trámite del Senado -y por eso merece la pena sumar aquí el voto de la
mayoría absoluta en esta votación definitiva-, como es el caso del juez
de la ejecución, que garantiza que será siempre el mismo juez el que
monitorice la aplicación de todas las medidas de internamiento o
privativas de libertad impuestas sobre el mismo menor, aun cuando sea en
procesos distintos; es el caso de la apuesta por evitar la llamada
privatización de los servicios correccionales dependientes de comunidades
autónomas, asegurando que esos servicios sean proveídos en todo caso por
funcionarios
públicos o contratados laborales al servicio de las administraciones de
las comunidades autónomas, cumpliendo así enteramente su competencia, o
es el caso de la referencia que se ha hecho en el último turno a las
medidas cautelares, en el caso de ser de internamiento, privativas de
libertad, que solo podrán responder a infracciones graves del
ordenamiento, que merezcan esa calificación de graves. Pero, sobre todo,
en el Senado se aseguró también que, cumpliendo con esa naturaleza de
integración de la diversidad territorial y de representación territorial,
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en aplicación del principio
de lealtad institucional, que está regulado en la Ley orgánica de
financiación de comunidades autónomas, va a evaluar el gasto causado, el
impacto sobre las políticas de gasto de las comunidades autónomas.
Quiero finalizar reconociendo que es verdad que la Ley orgánica de
responsabilidad penal del menor, como en su caso el Código Penal, por sí
sola no es respuesta suficiente ni la única, ni excluyente de cualquier
otra frente a los fenómenos que pone de manifiesto la delincuencia
juvenil. Es verdad que hace falta educar, asistir, integrar, rehabilitar,
garantizar cohesión, pero también que la sociedad no puede ignorar, no
debe ignorar la sensibilidad de la respuesta legislativa ante las
variaciones de la realidad y el modo en que la delincuencia juvenil va
emergiendo e impactando en la conciencia social, exigiendo este esfuerzo
de actualización. Creemos que hemos cumplido con nuestro deber y yo
quiero reconocer a todos los grupos parlamentarios ese valor añadido, de
forma muy especial a los que han manifestado su disposición a votar
favorablemente el texto: Grupo Mixto, Grupo de Esquerra Republicana,
Grupo de Convergència i Unió y Grupo Socialista, por supuesto. Agradezco
las consideraciones de Izquierda Unida-Izquierda Verde, aun cuando no las
comparta, y espero que el Partido Popular haga un esfuerzo de reflexión
para estar a la altura cuando llega el momento de estarlo. Esta ley llevó
su firma en el año 2000 y simplemente me permitiré corregir la memoria de
la portavoz del Grupo Popular, para recordarle que se aprobó en la
legislatura en la que el Partido Popular no disfrutaba de mayoría
absoluta. Yo ni siquiera era diputado. La Ley orgánica 5/2000, de 12 de
enero, fue la última que se aprobó en esa legislatura e inmediatamente
después fui elegido. Aun cuando era una ley que no había sido impulsada
por un Gobierno socialista, tuvo el compromiso del Grupo Socialista en su
vocación y en las oportunidades que tuvo de enmendarse y actualizarse.
Ojalá el Grupo Parlamentario Popular sea capaz de corresponder con esa
misma vocación de servicio a la ciudadanía que ha mostrado el Partido
Socialista, tanto cuando ha estado en la oposición como cuando ha estado
en el Gobierno.
También agradezco al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) su aportación.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA
INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX: Proyecto de ley contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, es una satisfacción para el Gobierno presentar hoy en esta
Cámara el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y
la intolerancia en el deporte. Como ustedes saben muy bien, uno de
nuestros objetivos en materia deportiva es el juego limpio, es decir,
entender el deporte como vehículo de transmisión de valores hacia la
sociedad. Por este motivo presentamos la Ley orgánica de protección de la
salud y de la lucha contra el dopaje en el deporte, que fue aprobada por
una gran mayoría de esta Cámara y hoy lo hacemos con el proyecto de ley
que intenta frenar los brotes de racismo y violencia en el deporte.
Esta es una iniciativa legislativa en defensa del juego limpio, orientada
a preservar que el deporte sea una escuela de vida y de ciudadanía,
especialmente para la infancia, la adolescencia y la juventud españolas;
que eduque y no deforme; que sea un acontecimiento festivo y no trágico
que favorezca la fraternidad, el respeto y la convivencia social, en vez
del odio y el rechazo hacia quien es diferente; un espectáculo, en suma,
en el que prime la belleza de una competición justa y entre iguales, sin
barreras y abierta a todos. De modo singular, el marco deportivo de la
competición profesional y de alto nivel está obligado a ser un referente
ético en comportamientos para el conjunto de la sociedad, un espejo que
vea reflejados en el deporte los valores de libertad, justicia, igualdad
y pluralismo en que se sustenta nuestra convivencia democrática.
Más de 12 millones de personas hacen deporte en España o desarrollan de
manera habitual alguna actividad física. La iniciativa legislativa que
hoy presentamos está orientada precisamente a preservar que el deporte en
cualquiera de sus dimensiones, profesional, recreativa o de espectáculo,
sea un espacio de encuentro. Quienes son incompatibles con el deporte
como practicantes y como espectadores son aquellos que desarrollan
conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes, ya sea en el
terreno de juego, en las gradas de un estadio, en una instalación
deportiva, en un gimnasio o en un espacio abierto. Estas conductas son un
anacronismo y es obligación de los poderes públicos hacer cuanto sea
posible para erradicarlas de nuestra convivencia social.
Las únicas diferencias que el deporte admite son los distintos
rendimientos y marcas que cada uno obtiene en la modalidad deportiva de
su libre elección. El rendimiento deportivo en ningún momento está
asociado al origen social y cultural, al color de la piel o a las
creencias religiosas del deportista. Muy al contrario, la competencia
deportiva está basada en un principio de igualdad y tiene como
consecuencia final resultados desiguales. Es lo que sucede en sociedades
abiertas como la nuestra, que intentan hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades como punto de partida del conjunto de una
ciudadanía de mujeres y hombres iguales y, a la vez, diferentes.
Les quiero recordar que en esta legislatura el Gobierno, a través del
Consejo Superior de Deportes, ha trabajado y tomado iniciativas para
erradicar la violencia en el deporte. Para ello, el 22 de diciembre del
año 2004, se constituyó el Observatorio del racismo y la violencia en el
deporte con el fin de diseñar estrategias, obtener información, análisis
de la misma, seguimiento de la información procesada y toma de decisiones
y acciones a emprender. Como consecuencia de ello, unos meses más tarde,
el 18 de marzo de 2005, se firmó el Protocolo de actuaciones contra el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol, que fue rubricado
por el secretario de Estado para el Deporte y por responsables de los
ministerios de Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, así como por
representantes de la Real Federación Española de Fútbol, la Liga de
Fútbol Profesional, los presidentes de clubes de primera y segunda
división, la Asociación de Futbolistas Españoles, árbitros y
entrenadores, asociaciones de aficionados y otros colectivos implicados
en el mundo del deporte. Las medidas de este protocolo se estructuraron
en tres apartados: en primer lugar, medidas de prevención y protección de
la integridad física y moral de las víctimas de actos racistas, xenófobos
e intolerantes en el ámbito del deporte; en segundo lugar, medidas de
localización y control de participantes en incidentes racistas,
xenófobos, intolerantes y violentos en el fútbol y, en tercer lugar,
medidas de represión y sanción de los incidentes racistas, xenófobos,
intolerantes y violentos en el fútbol. Por tanto, el Gobierno ha estado
actuando en todo momento ante estos problemas de violencia en el
deporte.
Hoy presentamos el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia en el deporte, del que son proponentes el
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior. Es un
proyecto que tiene como objetivos fundamentales, en primer lugar,
favorecer la convivencia en el deporte y más particularmente en el
fútbol, que es el deporte más popular y con mayor tirón entre la
población española e inmigrante. En segundo lugar, prevenir y reforzar la
seguridad de los acontecimientos deportivos, que son los espectáculos que
reúnen en nuestro país mayores audiencias directas e indirectas. En
tercer lugar, actualizar el régimen disciplinario y sancionador en
nuestro derecho deportivo contra este tipo de conductas. En cuarto lugar,
establecer la pauta social y la correspondiente sanción jurídica contra
conductas inaceptables, que menosprecian la dignidad humana e intentan
discriminar a las personas en función del género, del color de su piel,
de su origen social o geográfico, de su orientación sexual o de sus
creencias religiosas. En quinto y último lugar, dar cobertura legal a
muchas de las medidas contempladas en el Protocolo de actuaciones contra
el racismo, la xenofobia y la intolerancia que, por iniciativa del
Consejo Superior de Deportes, suscribieron, como he dicho, hace un año
todos los sectores y organizaciones del fútbol español. Este proyecto de
ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte cuenta con un respaldo muy amplio, desde el punto de vista
social. Desde su aprobación por el Consejo de Ministros el texto
articulado ha sido sometido a la consideración y el debate de un amplio
espectro de agentes y organizaciones sociales y deportivas, que en
trámite de audiencia pública han tenido ocasión de aportar sugerencias,
críticas y enmiendas -todas las que han considerado oportunas-, muchas de
las cuales han sido incorporadas al texto de este proyecto de ley.
Asimismo, el Gobierno decidió también que el anteproyecto contase con los
dictámenes de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado,
cuyas observaciones han mejorado la técnica jurídica y legislativa del
texto.
Este proyecto que hoy presentamos regula los siguientes aspectos: las
responsabilidades y obligaciones de las personas organizadoras de
competiciones y espectáculos deportivos; las obligaciones de las y los
espectadores asistentes a los mismos; los dispositivos de seguridad y
medidas provisionales para el mantenimiento del orden público en caso de
incidentes violentos, racistas, xenófobos e intolerantes en recintos
deportivos; las funciones de la comisión nacional contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, órgano de nueva
creación, que sustituye a la actual Comisión Nacional Antiviolencia y,
por último, el régimen sancionador y disciplinario deportivo aplicable en
la persecución y sanción de este tipo de conductas, que armoniza nuestro
ordenamiento jurídico con países de nuestro entorno como el Reino Unido,
Alemania, Holanda y Francia que tienen leyes específicas contra la
violencia de signo racista en los espectáculos deportivos. Señorías, la
liga de fútbol es, con gran diferencia -ya lo he mencionado-, el
acontecimiento español que tiene un impacto mediático mayor y más
continuado, más cobertura informativa y mayores audiencias en todo el
mundo. La proyección de la dimensión formativa y educadora que tiene el
deporte lo convierte en un poderoso factor de integración y de cohesión
social en sociedades diversas; por el contrario, la identificación del
racismo, la xenofobia y la intolerancia como formas incivilizadas de
violencia destruyen los valores pedagógicos y sociales de una sociedad
democrática y de convicciones éticas. Además, el reconocimiento de que
tenemos un problema y que es preciso afrontarlo de manera resuelta por
parte de todos los sectores implicados,
es la razón por la que el Gobierno ha asumido la responsabilidad que le es
propia al presentar esta iniciativa. La existencia de un consenso básico
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte, tanto en el plano internacional como en el nacional, de todos
los sectores, organizaciones y actores relevantes del fútbol español,
hace que estemos en el camino acertado al presentar este proyecto de
ley.
Señorías, el Gobierno espera el respaldo de todos los grupos en este
proyecto de ley y desea que, con la participación de todos, a través del
trámite parlamentario, aprobemos una ley con un mensaje claro y
contundente a la sociedad, que el deporte también es incompatible con la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra, por su intervención.
Comenzamos por el turno a favor de las enmiendas. En primer lugar, tiene
la palabra el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.
Comparezco ante SS.SS. para exponer los motivos por los cuales nuestro
grupo, Convergència i Unió, ha presentado una enmienda a la totalidad a
la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte. Un grupo político que se precie de ser coherente -en este
caso, en Convergència i Unió creemos que lo somos-, antes de presentar
una enmienda a la totalidad debe valorar todos y cada uno de los motivos
que expone una ley, ha de valorar los pros y los contras antes de dar un
paso de este calibre. Por este motivo, Convergència i Unió, después de
estudiar a fondo el proyecto de ley, llega a la conclusión de que se debe
pedir al Gobierno que retire esta ley y que la cambie, en su contenido en
general, no que la deje, sino que haga otra. ¿Por qué? Por su contenido
en diversos aspectos. Si uno lee el enunciado de la ley, incluso su
exposición de motivos, puede creer que esta es una ley necesaria por el
contexto en que por desgracia se mueve hoy el deporte en los estadios. Es
más, oyendo explicaciones de la señora ministra, uno seguiría pensando
esto, que esta es una ley necesaria, por desgracia, dada la evolución del
deporte y en los estadios deportivos a los que accede el público. No solo
puede parecer una ley necesaria, puede incluso parecer una ley bondadosa,
con buenas intenciones. Por tanto uno podría preguntarse: ¿por qué se
enmienda una ley necesaria que incluso parece bondadosa? Porque una
lectura más profunda nos da a entender que de manera muy sibilina el
Partido Socialista una vez más, y ya empieza a ser usual últimamente, el
Gobierno español, intenta laminar y rebajar el techo competencial de las
comunidades autónomas, y en este caso hablamos de las competencias en
materia deportiva, de seguridad, etcétera, de la Comunidad Autónoma de
Cataluña.
Es curioso porque, por ejemplo, hace pocos meses se aprobó en este mismo
hemiciclo el nuevo Estatut de Catalunya en cuyo artículo 134.1.j), se
dice textualmente: la Generalitat tendrá competencia exclusiva en materia
deportiva, y en concreto sobre la regulación en materia de prevención y
control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos. Uno se
pregunta, entonces ¿qué estamos debatiendo?, ¿por qué estamos aquí? Si
Cataluña tiene competencias exclusivas en este aspecto, ¿por qué el
Gobierno no regula dejando aparte aquellos ámbitos territoriales
-Cataluña, Euskadi, etcétera- que tienen competencias exclusivas? Es más,
si el Gobierno tripartito bis se entera de que el nuevo Estatuto le
confiere estas competencias, veremos si realmente se dedica a esto o a
otras cosas. Si se entera de este aspecto, debería hacer dos cosas: una,
llevar esta ley, si prospera tal cual, al Tribunal Constitucional
mediante recurso; dos, elaborar una nueva ley que regulara estos
aspectos, y digo nueva porque hoy Cataluña ya puede actuar en aspectos
como éste. Por tanto uno se pregunta, ¿por qué esta actitud totalmente
incoherente? Básicamente por una acción reiterada, solapada, del Grupo
Socialista de recuperar competencias con leyes trampa y a la vez penetrar
en Cataluña y en algunos territorios del Estado mediante leyes necesarias
y bondadosas en el deporte. En Cataluña no corresponde al Gobierno
legislar estos aspectos sino a la Generalitat de Cataluña. Uno se
pregunta también, buscando bondades, ¿no será que el Gobierno central,
viendo cómo han ido estos 3 últimos años y viendo lo que se avecina en el
Gobierno de Cataluña, intenta tutelar a la nación catalana desde
diferentes aspectos legales y lo hace legislando en aspectos que
correspondería legislar al Gobierno de Cataluña? Y como no se hace, como
en Cataluña hay otras cosas que privan, pero no el Legislativo, puede
ser, cómo no, una medida tutelar; de tutelar Cataluña, también
legislativamente, a la vez que laminar y rebajar el tema competencial.
Volvamos a la ley. Esta es una ley que hace buena la conocida expresión
castellana: Ancha es Castilla, ya que podría parecer una ambigüedad, pero
es cierto que es un atentado jurídico al espacio competencial catalán -no
hablo de Euskadi, de Galicia, etcétera- porque esta ambigüedad que vemos
reiteradamente invade competencias en materia de prevención de la
violencia en los estadios deportivos, en materia de seguridad, en materia
deportiva, etcétera. ¿Por qué digo que atenta jurídicamente? Porque en
muchos -y digo muchos con mayúscula- artículos del proyecto de ley no se
acotan jurídicamente los campos de actuación de la ley, con reiteradas
actuaciones -en muchos artículos- y expresiones que dicen: se determinará
reglamentariamente. Vamos a ver; el artículo 3.2.i) dice: "Cualquier otra
obligación que se determine reglamentariamente"... ¿De qué obligaciones
hablamos? ¿De las que se determinen reglamentariamente? Esto es muy
ambiguo y muy amplio. Artículo 4.2: "Reglamentariamente, podrán
establecerse medidas"... ¿Qué medidas?
El artículo 8, cuando habla del acceso a recintos y de las conductas,
exactamente dice en la letra f): "Cualquier otra conducta que,
reglamentariamente, se determine." Estamos hablando de ambigüedades. Este
proyecto acaba diciendo en la disposición adicional primera que se
autoriza al Gobierno a orquestar los aspectos reglamentarios que incluye
la ley y los que más convengan: "Se autoriza al Gobierno a dictar normas
reglamentarias tanto en los supuestos específicos previstos en esta ley y
en aquellos otros que sean necesarios"... -Otra vez reglamentarias-
Ambigüedad importante en una ley importante. Por tanto, nos preocupa, y
mucho, que esto se lleve por estos derroteros, no solo porque invade las
competencias, en este caso de Cataluña, y tiene ambigüedad, sino también
porque atenta contra la libertad de expresión y el libre pensamiento de
las personas al no acotar en los términos que se debería a qué se
refiere.
Volvemos al artículo 8, en su letra b). Cuando habla de condiciones de
acceso al recinto, hace mención a introducir o exhibir pancartas,
banderas, símbolos, etcétera, que incitan a la violencia o sean
peyorativos. Uno se pregunta: ¿Qué significa esto de peyorativo? Incluso
en el redactado de la ley encontramos reiteradamente los términos, la
religión o las convicciones. Señora ministra, con todo el respeto, ¿una
ley puede regular las convicciones? ¿Qué se entiende por convicciones?
¿No será una ley trampa para dar un marco jurídico sancionador a las
fuerzas de seguridad del Estado, para que no se repitan actos como el que
pasó en un campo contrario en el que el Fútbol Club Barcelona jugó y se
requisaron senyeras esteladas y se identificaron a sus portadores? Porque
esto son convicciones. ¿No será una ley para evitar que se vuelvan a
exhibir pancartas que dicen: Catalunya is not Spain, que jóvenes de libre
pensamiento quieren exhibir y que a través de esta ley se les pueda
detener y sancionar? Porque esto son convicciones, compartidas o no,
respetables. Esta ley va a acotar esto: senyeras esteladas, pancartas que
llevan escrito: Catalunya is not Spain. Por consiguiente, a uno le
preocupa que esta sea una ley necesaria, bondadosa, pero laminadora de un
nivel autonómico y sobre todo intervencionista, desde el punto de vista
de pensamiento ideológico de un país, en este caso de una nación como es
la catalana. Ya no hablo de Euskadi ni de Galicia, cuyos portavoces sin
duda también harán sus especificaciones en este tema. Nos preocupa mucho
porque ustedes pueden decir: ¿Un grupo como el suyo, con sentido de
Estado, coherente no va a dar apoyo a una ley contra acciones
intolerantes, contra la violencia, etcétera? Sí, vamos a dar apoyo a una
ley, no a ésta. Estamos de acuerdo en que haya una ley, no ésta. Estamos
de acuerdo en que haya una ley sobre estos aspectos, pero tengan en
cuenta que estamos en un Estado de las autonomías y que en su momento se
han dado competencias exclusivas en deporte, en seguridad, etcétera, y
esto se tiene que regular. Por tanto, estamos de acuerdo en una ley, no
estamos de acuerdo en esta ley. Sabemos que en temas territoriales y
autonómicos la pinza PP-PSOE tumbará nuestra propuesta de enmienda a la
totalidad y que tendremos que ir a la Comisión a debatir. Iremos con el
espíritu positivo de siempre. Aportaremos coherencia política,
aportaremos el debate, enmendaremos todo aquello que hoy aquí se ha
expuesto. Sabemos de la bondad negociadora y respetuosa, desde el punto
de vista político, del señor secretario de Estado del Deporte, el señor
Lissavetzsky, y esperamos de él, de su equipo y del ministerio en general
la voluntad de rebajar estas cuotas intervencionistas porque, si no, será
una ley que no contará con un consenso, y una ley dirigida a la
convivencia social, al respeto y a la dignidad de las personas, debería
ser una ley consensuada y una ley con la cual los partidos nos
sintiéramos cómodos; hoy no nos sentimos cómodos.
Hemos presentado una enmienda a la totalidad solo por este motivo y por
ningún otro, porque buscamos coherencia en la política y enmendar a la
totalidad es una posibilidad que tiene cualquier grupo, pero que ha de
utilizar solo cuando no haya otra alternativa y vemos que esta ley es una
ley con muchos claroscuros, con muchos vacíos. Fíjese bien, hablando de
vacíos, en su articulado habla de dotación y convocatoria de premios que
estimulen el juego limpio, aprobación de planes, etcétera, pero no habla
de quién lo pagará. No dice que se instará a que en los Presupuestos
Generales del Estado haya dotación económica; lo pagarán otra vez las
autonomías; ustedes piensan y nosotros pagamos. Es un vacío legal.
Otro vacío legal, artículo 18. Depuración y aplicación de las reglas del
juego. Dice que la Comisión nacional contra la violencia, el racismo, la
xenofobia y la intolerancia, las organizaciones de árbitros y jueces, y
las federaciones deportivas españolas velarán por el cumplimiento del
presente artículo en sus respectivos ámbitos competenciales. Uno se
pregunta, señora ministra -estamos de acuerdo si cuando hay federación
española los clubes catalanes y las federaciones catalanas están
representados-, pero ¿qué ocurre en aquellos deportes en los que no hay
federación española, como la federación de korfball, federación de pitch
and putt, cursos de alta montaña, fisioculturismo, etcétera? Los clubes
no están representados, sus árbitros tampoco y sus deportistas no tendrán
voz. ¿Qué necesitamos? Que el Estado se dé cuenta de que Cataluña también
tiene representación internacional, aunque pequeñita y minoritaria porque
nos encontramos con paredes en el punto de las selecciones nacionales y
deportivas, pero que ya hay algunas que son reconocidas. Ustedes no se
han enterado de algunas y las han pasado por alto, pero Cataluña está
compitiendo internacionalmente y estos clubes y estos deportistas no
estarán amparados por el artículo 18. Es otro lapsus, otro vacío.
Sabemos que podremos dialogar, sabemos que nos escucharán, pero no sabemos
si nos entenderán. Les rogamos una vez más consenso porque esta es una
ley que no es buena, pero es una ley que hace falta, que hay que mejorar
y que nuestro grupo con su talante, utilizando
palabras de su presidente, siempre aportará mejoras técnicas, coherencia
política, pero pedimos por parte de ustedes que entiendan que este es un
Estado con autonomías y con competencias traspasadas y que no pueden
hacer leyes que rebajen el nivel competencial y que nos vayan laminando,
poco a poco, las competencias exclusivas que tanto ha costado conseguir
al pueblo de Cataluña también desde el punto de vista deportivo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.
Enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra. Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, señorías, señora ministra, la
lucha pública contra la violencia del deporte tiene que tener un enfoque
a nuestro parecer realista. El deporte, tal y como ya argumentó nuestro
compañero Ignasi Doñate en la comparecencia ante la Comisión de Educación
del Congreso, comporta en sí mismo violencia, entendida como fuerza
aplicada sobre el entorno o sobre otras personas a las que se les obliga
o impide ciertos actos o situaciones con el objetivo de alcanzar una
victoria. El proyecto de ley parte de una premisa, a nuestro entender,
equivocada y alejada de la realidad. Dice en el preámbulo que existe una
radical incompatibilidad entre deporte y violencia. La violencia es
intrínseca al deporte y, ejecutada de acuerdo con las normas de juego,
resulta una aplicación autorizada de la misma fuerza. Si la violencia es
antirreglamentaria se considera una agresión y se sanciona. Es el mismo
mundo del deporte el que al aprobar las normas de juego determina el
nivel de violencia aceptable deportivamente. La realidad es que el mundo
del deporte, como espectáculo, utiliza la violencia, fomentando el
deporte de contacto, eufemismo del enfrentamiento físico entre
contrarios. La atracción de la violencia es tal que la violencia es
utilizada por los medios de comunicación, a veces incluso impúdicamente,
para aumentar el interés del espectáculo deportivo. El mundo del deporte
tiende a favorecer la violencia, el contacto o la aplicación de la
fuerza, el enfrentamiento a todos los niveles: deportivo, entre técnicos,
entre aficionados, cuando no entre simbologías de pueblos.
Un enfoque realista en contra de la violencia buscará combatir la
permisividad social, cultural y política de la violencia en el deporte,
alejarse de esta permisividad, procurando una conciencia social de los
agentes del mundo del deporte a favor de su rechazo. Sin embargo, el
proyecto de ley refleja esta permisividad pública de la violencia en el
mundo del deporte cuando no aplica los medios ordinarios que tiene el
Estado para combatir los problemas graves de la sociedad: el Código
Penal, para castigar las conductas violentas, y el Código Civil, para
procurar una justa reparación de las víctimas de esta violencia. El
proyecto se limita a plantear medidas administrativas aplicables
normalmente para definir las políticas ordinarias de la Administración,
pero no para reconducir conductas y abusos que, por otra parte, está
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal. Una sentencia de la
Audiencia Provincial de La Rioja, de 8 de septiembre del año 2004, y cito
textualmente, advierte: A pesar de la frecuencia con que se produce,
falta en nuestro ordenamiento jurídico un tratamiento jurídico de las
lesiones en el deporte, pues no hay regulación específica de la
responsabilidad penal o civil que pueda derivarse de las mismas y es muy
asombrosa la escasez de jurisprudencia que existe sobre ella, siendo muy
pocos los casos que han tenido acceso a los tribunales con relación a la
frecuencia con que se produce; y cierro la cita.
El proyecto no trata la violencia como un problema serio y se limita a
aplicar una cierta política de permisividad pública, permisividad que no
es la respuesta adecuada a la realidad del problema. La violencia es un
aprendizaje que empieza en las categorías infantiles y juveniles y se
perfecciona en las categorías amateur y de adultos. Es necesario que las
medidas de antiviolencia afecten a todas las categorías, especialmente a
las inferiores, que es donde se origina el aprendizaje violento. Limitar
el tratamiento de la violencia a las categorías estatales es limitarse a
ver la punta del iceberg, cuando la parte más importante es la sumergida.
Una política antiviolencia tiene que suponer un planteamiento global,
especialmente dirigido a las categorías inferiores, donde la violencia se
aprende y se practica frecuentemente con total impunidad. Por este
motivo, las comunidades autónomas, en tanto que tienen competencia en
todas las categorías, son las que están mejor situadas par combatir el
fenómeno de la violencia en el deporte, reservando al Estado la adopción
de los grandes instrumentos jurídicos que permitan al mundo del deporte
luchar con efectividad contra la violencia.
Una política pública contra la violencia en el deporte tiene como objetivo
fundamental fomentar la menor tolerancia posible de la violencia en el
mundo del deporte. La lucha contra la violencia no es un tema de
seguridad pública, es fundamentalmente un tema social, cultural y
deportivo. Las víctimas de la violencia deportiva son, en primer lugar y
básicamente, los mismos deportistas. Es a ellos a quienes es necesario
dotar de los instrumentos legales para poder reaccionar contra el
fenómeno violento. En este ámbito subsidiario se sitúa el Protocolo de
actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
fútbol, firmado el día 18 de marzo del pasado año, que establece 31
medidas a adoptar por los clubes y estamentos deportivos más
significativos. Además, es necesaria una política antiviolencia de
proximidad, una política conocedora del hecho de que puede ser causa de
una respuesta violenta, una política que sea comprendida por las fuerzas
de seguridad que tendrán que acabar aplicando estas medidas. Es necesario
un tratamiento de proximidad a fin de coordinar las instancias deportivas
con las directivas y con las fuerzas de seguridad.
El Estatut de Cataluña define en el capítulo 1 del título IV las
diferentes tipologías de competencias que corresponden a la Generalitat:
las exclusivas, las compartidas y las ejecutivas. Nunca había estado tan
claro. Así, la Generalitat, en relación con las competencias exclusivas,
ostenta la integridad de la potestad legislativa, la potestad
reglamentaria y la función ejecutiva. La Generalitat es la única que
ejerce estas potestades y funciones para, a través de ellas, establecer
políticas propias. La delimitación y la concreción de los ámbitos
competenciales sobre los que la Generalitat quiere competencia obedece a
la necesidad de definir los límites competenciales de la Generalitat y el
Estado, a fin de impedir lo que siempre ha ido ocurriendo, los conflictos
presentes y futuros de carácter competencial, y con demasiada frecuencia
el Estado, en virtud de títulos competenciales transversales, ha excedido
su ámbito competencial, reduciendo así la capacidad de la Generalitat
para establecer políticas propias en ámbitos de su competencia exclusiva.
El Estatut del año 1979, ya derogado, no definía la tipología de las
competencias ni concretaba el ámbito competencial de las materias. Este
ha sido el gran avance de este Estatut. El Estatut anterior sí daba lugar
a injerencias continuas por parte del Estado, pero el nuevo impide
interpretaciones flexibles y amplias de las competencias y delimita un
marco competencial de distribución de estas entre el Estado y la
Generalitat. Y no por dicho no hay que repetirlo. El artículo 134.1 del
Estatut establece que corresponde a la Generalitat la competencia
exclusiva y correlativamente la letra j) del mismo precepto especifica
que se trata de la capacidad para -cito textualmente- regular en materia
de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos
deportivos, respetando las facultades reservadas al Estado en materia de
seguridad pública. El término regulación es suficientemente amplio como
para alcanzar la capacidad para legislar y no solo para desarrollar la
normativa estatal. Estamos, pues, ante una competencia legislativa. La
reserva -ahora voy al meollo- a favor del Estado de la competencia en
materia de seguridad pública -artículo 149.1 de la Constitución española-
se refiere a la competencia genérica en materia de orden público y por
tanto no supone ningún título competencial horizontal a favor del Estado,
como sucede sí con las leyes de bases en materia económica o de igualdad
en el ejercicio de derechos, que es lo que de forma tangencial invocaba
el Estado en el caso de la Ley del Deporte. Aquí me remito a nuestra
coherencia, habiendo dado apoyo y habiendo participado activamente en la
mal llamada Ley de la Dependencia, puesto que el argumento no es el
mismo. Aquí estamos hablando de otro tipo de competencia respecto a las
del Estado.
En el caso presente, sin embargo, no hay constitucionalmente ninguna
reserva expresa en ese sentido a favor del Estado. Se trata simplemente
de una invasión material de nuestras competencias. Previsiblemente, en el
caso de que se produjera un conflicto competencial entre el Estado y la
Generalitat de Cataluña sobre esta materia, la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Constitucional acostumbra a resolver este tipo de litigio a
favor del principio de especialidad, es decir, a favor de la materia más
específica y en este caso es obvio que resulta más específica la materia
de prevención y control de la violencia en los espectáculos públicos
deportivos que el título más general sobre esta seguridad pública.
Incluso en el caso de admitir algún tipo de concurrencia de la
Generalitat y del Estado, está claro que el único titular de la
competencia en materia de prevención y control de la violencia es la
Generalitat, con independencia de que sobre la materia en cuestión el
Estado pudiese tener reservadas algunas potestades o funciones
ejecutivas. Eso no invalida que el titular de la competencia sea la
Generalitat y lo único que quisiera decir es que determinadas funciones o
potestades ejecutivas podrían corresponder al Estado, ciertamente, pero
en ningún caso legislar. La prueba de todo ello la encontramos en la
normativa que en Cataluña regula el ámbito del deporte. Me refiero al
Decreto-legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el
texto único de la Ley del Deporte, que refunde toda la legislación que
sobre esta materia se ha aplicado en Cataluña desde el año 1984, en
virtud de la competencia exclusiva en materia de deporte que atribuía a
la Generalitat el Estatuto del año 1979. Este decreto legislativo regula
las entidades deportivas, la organización administrativa del deporte
catalán, la gestión y regulación de la educación física y el deporte, la
inspección deportiva y el régimen sancionador administrativo, la comisión
antidopaje de Cataluña y la comisión contra la violencia en espectáculos
deportivos de Cataluña. Ya con el Estatuto del año 1979, la Generalitat
ha regulado en materia de violencia en espectáculos deportivos. La Ley
del Deporte crea la comisión contra la violencia en espectáculos
deportivos de Cataluña donde se le atribuyen funciones para prevenir todo
tipo de acciones y manifestaciones de violencia como consecuencia de
actitudes deportivas en el ámbito territorial de Cataluña, así como
funciones de prevención y elaboración de estudios sobre las causas y
efectos de la violencia en el deporte. Igualmente, establece medidas de
prevención contra la violencia y de seguridad en los recintos deportivos
y crea la figura del coordinador o coordinadora general de seguridad en
estos acontecimientos. Esto les debe sonar, porque de hecho estamos
hablando de lo mismo, y haría falta saber quién empezó antes -si se me
permite la digresión-. Este coordinador, que ya está recogido en nuestra
legislación, es nombrado por el departamento competente en materia de
seguridad ciudadana y recae en miembros de la Policía de Cataluña, ya que
la Ley 10/1994, de la Policía de la Generalitat, en su artículo 12
establece a este cuerpo las funciones de protección de la seguridad
ciudadana, atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por
la Ley Orgánica 1/1992.
En resumen, la Generalitat ha venido ejerciendo la competencia exclusiva
en materia de deporte y también en materia de prevención y control de la
violencia en los
espectáculos públicos deportivos, mucho antes de la entrada en vigor del
nuevo Estatut. Por tanto, está claro que la legislación estatal en esta
materia no puede ser de aplicación en Cataluña, sobre todo, porque esta
se dicta sobre la base del título genérico del Estado en materia de
seguridad pública, mientras que la Generalitat tiene atribuida en
exclusividad la competencia específica en materia de prevención y control
de la violencia en los espectáculos públicos. Por todo ello, debo
decirles que, a nuestro entender e intentando buscar una fórmula que nos
permitiera salir de este atolladero, nosotros hicimos llegar dos textos
al Gobierno. Uno era el óptimo para nuestro grupo parlamentario, que
decía así: De conformidad en lo previsto en el artículo 134.1.j) del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la Generalitat de
Catalunya dictar las normas sobre prevención y control de la violencia en
los espectáculos públicos deportivos, sin que le sean de aplicación las
contenidas en la presente ley. Era una cláusula de salvaguarda que no fue
aceptada. Luego hicimos llegar otro texto que decía lo siguiente: Lo
previsto en esta ley no será de aplicación en las comunidades autónomas
que tengan atribuidas en sus estatutos de autonomía competencias en
materia de prevención y control de la violencia en los espectáculos
públicos deportivos.
Aun considerando la predisposición al diálogo y la buena relación que
viene caracterizando a nuestro grupo parlamentario con los compañeros
socialistas, debo decir que no ha sido posible el entendimiento, lo cual
nos lleva a presentar esta enmienda a la totalidad y, aunque intentaremos
en el trámite parlamentario seguir reivindicando nuestras posiciones,
lamentamos profundamente que en una ley -si se me permite la expresión, y
lo digo con todo respeto a la Cámara y al trabajo de la ministra- menor
-y todo el mundo entiende qué se entiende por menor en este contexto aquí
y ahora-, tengamos el primer desencuentro por un texto legislativo que
invade, a nuestro entender, el nuevo Estatuto de Autonomía. Francamente,
encontramos profundamente lamentable que seamos capaces de entendernos en
leyes de rango mayor -también entrecomillado- y, en cambio, seamos
incapaces de buscar fórmulas que permitan que todo el mundo se sienta
cómodo -repito- en este nuevo marco político que se abre con el nuevo
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) ¿Grupo
Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria-Nueva Canarias, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de estas dos enmiendas a la
totalidad de devolución que han presentado el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana,
basándonos en los siguientes argumentos. Nosotros participamos de muchas
de las preocupaciones, sobre todo de las que ha expresado el señor
Maldonado, también citadas por el señor Tardà, en cuanto a unas
competencias que ustedes tienen muy señalizadas en este momento en el
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lo entiendemos perfectamente y no nos
vamos a oponer de ninguna manera a que con un estatuto de autonomía
aprobado recientemente y sancionado en referéndum por el pueblo de
Cataluña, se tenga que hacer así. No nos vamos a oponer y lo entendemos
perfectamente. Después hay otra serie de comunidades autónomas que como
no tienen aprobado en sus estatutos actuales de autonomía una competencia
exclusiva o ejecutiva sobre los fenómenos de racismo, xenofobia y de
violencia en el mundo del deporte, deben tener otro tratamiento
jurídico.
Nosotros basamos nuestros argumentos fundamentalmente en un carácter más
globalizador de las instituciones deportivas que actúan dentro del Estado
español. Las estructuras son fundamentalmente de federaciones o de
confederaciones a nivel general del Estado. Normalmente se trata de las
federaciones locales de tipo provincial, tal como está estructurada la
que nos sirve de motivo fundamental, que es en la del denominado deporte
rey, el fútbol, porque es ahí donde se han dado lamentables ejemplos y
espectáculos de violencia y de xenofobia, que no se dan en otras
actividades deportivas afortunadamente, debido a la actuación pasional de
determinados elementos improcedentes en una sociedad de convivencia. El
otro ámbito es a nivel de las federaciones provinciales, como las del
fútbol, ya dentro de la región o de la comunidad autónoma y, finalmente,
en el del Estado. Cabe recordar que los reglamentos de todas las
federaciones deportivas en cualquier país, entre ellos España, son
reglamentos de todo el Estado. No hay un reglamento para jugar al fútbol
distinto en una comunidad autónoma que en otra, por lo que un poder
central del Estado tiene que regular esas normas que emanan de una
federación. Ningún Gobierno se ha metido nunca a decirle a ninguna
federación el tiempo que deben durar los partidos de fútbol, de
baloncesto, etcétera. Son las propias organizaciones internacionales
deportivas las que fijan los reglamentos de los deportes para que se
pueda competir en igualdad reglamentaria en cualquier parte del Estado o
de la comunidad internacional que organice estos eventos porque si no
sería imposible el ejercicio del deporte sin las medidas de tiempos, de
tantos, de número de jugadores en el campo, etcétera. Para nosotros esto
significa que en el Estado central debe haber una capacidad de arbitraje
o reguladora de este fenómeno que se dirija fundamentalmente a ellos. Por
ejemplo, cuando nosotros hemos oído la intervención de la ministra,
siguiendo la exposición de motivos del proyecto de ley que presentó el
Gobierno, vemos que los capítulos en los que están divididas todas las
funciones de responsabilidad, etcétera,
incluso cuando en el capítulo I se dice responsabilidades y obligaciones
de las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos,
se refieren a personas jurídicas, porque normalmente en el deporte las
personas físicas son los jugadores en la cancha y son ellos los que
pueden recibir una amonestación determinada; a partir de ahí son personas
jurídicas las que tienen una responsabilidad y fundamentalmente en el
mundo del deporte esa responsabilidad está precisamente en los clubes
deportivos, que son los que tienen que tener un delegado de campo que
tenga una conexión con la autoridad gubernativa o autonómica que
corresponda al lugar en el que se vayan a realizar esos eventos.
Si el reglamento y las exigencias que las distintas federaciones
deportivas tienen que cumplir están globalizados y estatalizados y dichos
reglamentos son iguales en todas las comunidades autónomas españolas, en
todas las provincias españolas y en todos los ámbitos administrativos e
incluso penales, las repercusiones de orden penal que se puedan derivar
del comportamiento anómalo de xenofobia y de racismo de los espectadores
de esos espectáculos estarán reguladas por un código penal que no es
diferente según las comunidades autónomas, sino que es unitario del
Estado. Por tanto, es de sentido común que, mientras que en el reglamento
de las distintas federaciones lo que ocurre dentro del club y del campo
de juego es responsabilidad de la Real Federación Española de Fútbol, de
la Real Federación Española de Tenis, de la Federación Española de
Baloncesto, de la Real Federación Española de Voleibol o de cualquiera de
las múltiples federaciones deportivas conocidas, debe existir una norma
genérica, sin menoscabo de aquellas funciones ejecutivas que les puedan
corresponder a aquellas comunidades autónomas especiales porque tengan
policías autonómicas propias, etcétera, en este reparto administrativo y
orgánico de responsabilidad. Sin embargo, eso no es óbice para que no
debamos contar con una norma unitaria a nivel de Estado, en este caso de
la Administración General del Estado, que es la que se entiende con las
distintas federaciones deportivas de ámbito estatal, no de ámbito
regional, autonómico, local o provincial, que recoja estos mensajes y que
sean los primeros estamentos orgánicos en velar por que en los
espectáculos deportivos no se den muestras impresentables, lamentables,
incívicas y antidemocráticas, impregnadas de racismo, xenofobia y
violencia, cuando se esté perdiendo o ganando un encuentro deportivo.
Esas funciones, que por vía de enmienda podemos introducir para mejorar
el proyecto de ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte, no pueden ser dejadas fuera de la
responsabilidad de estas Cortes Generales. Por esa razón, señor
presidente, vamos a votar a favor del proyecto del Gobierno, con las
enmiendas que se presenten y se vayan debatiendo en ponencia y en
Comisión, porque recoge estas ideas generales, y vamos a votar en contra
de las dos enmiendas de devolución presentadas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.
Izquierda Unida. Señora García, por favor.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, nuestro grupo también va a votar en contra de
las dos enmiendas presentadas a la totalidad por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo de Esquerra Republicana.
Quisiera empezar recordando -el tiempo pasa muy rápido- la interpelación
que presentó mi grupo parlamentario -en este caso concreto fui yo misma-
hace ya dos años, concretamente en noviembre de 2004, a la ministra de
Educación en aquel momento, señora Sansegundo, con motivo de los
lamentables acontecimientos xenófobos y racistas que habían sucedido.
Estábamos evidentemente preocupados por este fenómeno y por las
consecuencias que estaba teniendo. Fue una interpelación interesante, que
dio lugar a una moción que tuvo la aceptación y el voto favorable de
todos los grupos de la Cámara. Quisiera resaltar cinco de los aspectos de
aquella moción, con la que todos de manera unánime estuvimos conformes,
porque desde ellos nuestro grupo va a enfocar también sus enmiendas
parciales al proyecto y porque demuestran el sentimiento que ya había en
aquel momento, y ahora también, de que es necesaria una regulación.
Podría haberse hecho de una determinada manera y el Gobierno ha decidido
presentar este proyecto de ley.
En aquella moción que fue aprobada por unanimidad, nosotros planteábamos,
en primer lugar, que se revisara el código de ética deportiva; en segundo
lugar, que se desarrollara un plan concreto en colaboración con las
comunidades autónomas, sin menoscabo de las competencias en esta materia;
en tercer lugar, que se desarrollaran campañas institucionales de
concienciación sobre los valores a favor de la tolerancia y la no
discriminación y contrarias a las actitudes fascistas y xenófobas; en
cuarto lugar, que se dieran las instrucciones precisas a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y a los clubes y estamentos que contratan
servicios de seguridad privada, que vigilan y controlan los eventos
deportivos y, por último -todo esto definido en la Ley 10/1999, del 15 de
octubre-, que se promueva ante las autoridades gubernativas pertinentes
que las sanciones que se impongan por incumplimiento de la Ley del
Deporte se ajusten al baremo definido por infracciones leves, graves o
muy graves.
Evidentemente, la moción fue mucho más extensa, pero en todo caso en el
debate hubo una gran coincidencia por parte de todos los grupos. Esto
lleva a nuestro grupo a pensar -y vamos a demostrarlo con nuestras
enmiendas- que estamos ante un proyecto de ley que es sin duda mejorable,
como lo son en la mayoría de las ocasiones todos los proyectos de ley.
Siempre he dicho que si no fuera así la función de estos diputados y
diputadas estaría muy poco justificada y deberíamos marcharnos
a casa. Por tanto, yo siempre entiendo que un proyecto de ley llega con
unas intenciones y con unos planteamientos que aquí debemos -es nuestra
obligación- mejorar.
Las enmiendas presentadas por los grupos Catalán (Convergència i Unió) y
Esquerra Republicana se basan -al menos en los papeles presentados- en la
presunción de que se exceden las competencias que las leyes otorgan al
Estado. De todas formas, después, al escuchar las intervenciones, me ha
parecido ver que se ponía el acento casi igual o más en otros aspectos
que en los aspectos competenciales. En todo caso, es mi interpretación.
Nuestro grupo ya ha adelantado, y lo vuelvo a decir, que va a seguir
siendo muy riguroso en la vigilancia de las leyes -seguro que otros
grupos, entre ellos los que han presentado estas enmiendas también -,
para que estas se ajusten a nuestro sistema legal y al marco
reglamentario que establecen los estatutos de autonomía, en concreto el
de Cataluña, que es al que más nos vamos a referir hoy. Por tanto, lo que
vamos a hacer siempre ante cualquier ley es pedir todos los informes y
asesoramientos posibles para ver hasta qué punto hace falta mejorar o
dónde hay que poner el acento.
Los informes que tenemos, señorías, no apuntan en esta dirección o, en
todo caso, apuntan, pero las valoraciones y los comentarios que se
realizan son perfectamente asumibles con las enmiendas parciales que
después, en el proceso parlamentario, seguramente se van a tener en
cuenta. En primer lugar, se ha dicho -y es evidente- que el artículo
134.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat la
competencia exclusiva en deportes y, más concretamente, la regulación en
cuanto a prevención y control de la violencia en los espectáculos
públicos deportivos, respetando las facultades reservadas al Estado en
materia de seguridad pública. Esto lo dice también el Estatuto de
Cataluña, y nosotros somos rigurosos, porque nos lo creemos desde la
primera hasta la última página. El artículo 110 del Estatuto de Cataluña,
que define las competencias exclusivas de la Generalitat, establece que
corresponde a la misma, en el ámbito de sus competencias exclusivas, de
manera íntegra, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva; que
corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de estas potestades
y funciones, mediante las cuales podrá establecer políticas propias.
Según estos artículos, el 110 y el 134 del Estatuto de Autonomía, parece
claro que el Estado no puede promulgar una ley que regule la prevención y
el control de la violencia en los espectáculos públicos deportivos; pero
debemos interpretar también -el inciso que antes comentábamos- que debe
hacerse respetando las facultades reservadas al Estado en materia de
seguridad pública, lo que nos obliga a distinguir -como creo que también
se ha apuntado- entre titularidad y ejercicio de la competencia.
En todo caso, vayamos por partes. Toda la ley se fundamenta en estos dos
artículos, cuando realmente hoy por hoy las competencias estatales en
deportes tienen su base legal en los artículos 149.2, en cultura, y en la
cláusula residual del artículo 149.3 de la Constitución española. La
legislación vigente ha recogido este reconocimiento constitucional en la
Ley estatal de 1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como en el texto
refundido de la Ley del Deporte aprobado por la Generalitat en el Decreto
legislativo de 31 de julio, en el que se prevén dos niveles
competenciales, el estatal y el autonómico. Hoy por hoy la competencia de
la Generalitat se extiende a la actividad deportiva que se desarrolla en
el territorio de Cataluña y comprende las federaciones catalanas,
mientras que el Estado es competente con relación a las federaciones
estatales. Hoy por hoy, esto es así. Hoy por hoy. Por tanto, nuestra
posición será presentar enmiendas al articulado que diferencien
claramente el ámbito de aplicación del deporte de competencia estatal.
Este será el objetivo de nuestras enmiendas, que esto quede
suficientemente asegurado y garantizado. Propondremos incluir, por tanto
-ya lo adelanto para que nadie se crea después que gracias a estas
enmiendas a la totalidad hemos conseguido no sé qué; nosotros ya lo
adelantamos, lo teníamos previsto-, en la disposición final primera una
referencia al título competencial estatal en materia de deporte, ya que
es la materia que entendemos realmente regulada por ley, no tanto la de
seguridad pública, y una cláusula de salvaguarda en las competencias de
la Generalitat, así como modificar los artículos y títulos necesarios
para concretar el ámbito de aplicación al deporte competencial estatal.
Podría decir muchas más cosas, sobre todo en relación con aspectos muy
importantes que creo que esta ley va a regular, pero por la falta de
tiempo preferiría comentar que me ha preocupado como catalana la
intervención del señor Maldonado cuando ha planteado sus interrogantes en
relación con el artículo 8.b). Lo voy a leer porque no se ha leído
íntegramente. Como persona de Cataluña, con una identidad catalana muy
arraigada, yo me siento perfectamente bien con este artículo. En concreto
dice que quedará prohibido introducir, exhibir o elaborar pancartas,
banderas, símbolos u otras señales con mensajes que inciten a la
violencia o sean peyorativos o vejatorios en cuya virtud una persona o
grupo de ellas sea amenazado, insultado o vejado por razón del origen
racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad o la
orientación sexual. Yo entiendo que ninguna de las identidades catalanas
que se encuentran dentro del marco constitucional en Cataluña puede
sentirse para nada presionada ni con ningún tipo de coacción ante este
articulado. Las identidades catalanas recogidas en el marco de la
Constitución seguro que se sentirán muy bien con este artículo
específico.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García.
Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Ciertamente compartimos muchos de los puntos de vista expuestos por los
grupos que han presentado las enmiendas a la totalidad a este proyecto de
ley, y es que a nuestro grupo le causa bastante sorpresa el furor
legislativo del que está haciendo gala el Gobierno en esta legislatura en
el ámbito deportivo. Una competencia que teóricamente era exclusiva de
las comunidades autónomas y que incluso había sido sancionada de esta
manera desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional,
resulta que está siendo regulada -invadida diría yo- por parte del Estado
troceando diversos aspectos poco a poco. La verdad es que, si nos
atenemos a los títulos, a las grandes frases, a los principios que
impregnan la ley, ¿quién puede estar en contra? Estamos todos en contra
de la xenofobia, de la intolerancia y de la violencia en el deporte,
claro que sí, pero simplemente este hecho no quiere decir que, de acuerdo
con el esquema constitucional y del ordenamiento jurídico que nos hemos
dado, tenga que regularse aquí, porque parece que, en cuanto hay un tema
que salta más a los medios de comunicación y cuya causa como principio
general es justa, eso parece que supone un título cierto para el Estado
para poder asumir su regulación. Todos podemos estar de acuerdo con lo
que ha afirmado la señora ministra en el planteamiento de la ley: juego
limpio, lucha contra el racismo, etcétera. Lo que ocurre es que
entendemos que ese impulso del juego limpio en el ámbito del deporte no
se da a la hora de respetar las competencias de las comunidades
autónomas, y estamos viendo que como sigamos así, poco a poco, a base de
recortar aquí y allá, al final nos vamos a quedar con el deporte escolar
y quizá con el de la segunda división de alevines, porque incluso en la
Ley de Universidades -a la que nos vamos a referir posteriormente- entran
ustedes en el deporte universitario. Creo que hace falta reflexionar
sobre esto. Tampoco me valen ciertos argumentos. El señor Mardones me ha
dejado -por decirlo de alguna manera no muy fuerte- alucinado con la
argumentación: Como las reglas para pitar penalti son las mismas en todas
partes y las del fuera de juego también, es normal que sea una regulación
del Estado. Con esta misma razón le podemos mandar al Parlamento Europeo
o mejor a Naciones Unidas, a Kofi Annan, o, por qué no, a Pierluigi
Collina, que era un gran árbitro, aunque ya se ha retirado. No me valen
esos argumentos tan peregrinos; hay que ver cuál es el ordenamiento
jurídico español y cuál es el reparto competencial.
Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, pero lo pensamos y
lo valoramos seriamente. Pensamos que no iba a prosperar, como por lo que
han señalado algunos portavoces parece que va a suceder, y en
consecuencia nos dedicamos a intentar presentar una batería de enmiendas
que pudieran ser negociadas. Pero estamos de acuerdo con el planteamiento
que han hecho estos dos grupos. Para empezar, la ley define el objeto
pero no define algo muy importante, que es el ámbito de aplicación de la
ley, y hasta el Consejo de Estado lo señaló así. Nos olvidamos de que las
comunidades autónomas tienen aprobadas leyes del deporte y que estas
abordan el fenómeno de la violencia desde el punto de vista organizativo,
disciplinario, administrativo, sancionador, etcétera; porque parece que
ahora hemos llegado a la lucha contra la violencia en el deporte sin que
nadie hubiera hecho nada antes, cuando desde las comunidades autónomas, y
en el ámbito de sus competencias, se ha estado trabajando y se han creado
incluso comisiones destinadas ad hoc a este fin.
Nos encontramos además con una batería de artículos que no podemos
compartir. Todo el título III y todo el título IV deben desaparecer de
este proyecto de ley porque se refieren al régimen disciplinario
deportivo, al régimen sancionador, y eso pertenece al ámbito de las
comunidades autónomas. Hay otros artículos basados también en la
competencia deportiva, y sorprende que de repente sean asumidos por
órganos que no están en ese ámbito autonómico; por ejemplo, el artículo
19, que habla de la regulación, de las normas que se puedan implantar
acerca de las personas voluntarias contra la violencia o el racismo, o el
artículo 16, que habla de las medidas de fomento de la convivencia y la
integración por medio del deporte -si estas medidas no son parte básica
de la competencia del deporte y tienen que ser desarrolladas por las
comunidades autónomas y no por otros, ya me dirán ustedes-; incluso las
funciones de la denominada Comisión nacional contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, desde que se
mantiene completamente obviado que existen otras comisiones en el ámbito
autonómico con competencias y con estos fines, hasta que, por ejemplo, en
algunos de los artículos queda al albur de las decisiones de esta
denominada Comisión nacional quiénes quedarán sometidos a sus decisiones.
Por ejemplo, en el artículo 6, en lo relativo al libro de registro de
actividades se dice que serán quienes establezca la Comisión nacional
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte quienes estén obligados a mantener el libro de registro de
actividades y en los términos en los que esta comisión nacional señale.
Para nosotros no deja de ser a todas luces sorprendente que esta
denominada comisión nacional deba informar preceptivamente las
disposiciones de las comunidades autónomas que afecten al régimen estatal
de prevención de violencia, racismo o xenofobia, o la propia composición,
que simplemente se queda a lo que decida per se el Gobierno, porque se
dice que la composición y el funcionamiento se establecerán
reglamentariamente. Por supuesto, sin que a nadie se le haya ocurrido que
quizá podría haber sido una manera de templar un poco los ánimos haber
incluido a las comunidades autónomas que tengan estas competencias en esa
comisión nacional.
Se olvida también el proyecto de que existe una normativa autonómica sobre
deporte y espectáculos públicos muy desarrollada en muchas comunidades
autónomas, una normativa sancionadora en este sentido que debe ser
respetada. Parece que con este proyecto y con los artículos y normas que
incorpora hacemos tabla rasa de todo
esto. Se olvida de que existen registros de sanciones en el ámbito de las
comunidades autónomas. Algo muy alarmante que se aprecia en muchos
artículos, pero que sobre todo es evidente en la disposición adicional
primera, es que parece que el desarrollo reglamentario de la ley, que
puede ser prolijo, queda solo en manos del Gobierno del Estado, cuando
ese desarrollo reglamentario podría y debería ser llevado a cabo
perfectamente, basándonos en las competencias, por parte de las
comunidades autónomas. No solo es que se dejen algunos aspectos en
penumbra, a expensas de lo que vaya a suceder, sino que además, a tenor
de lo que dice la disposición adicional primera, uno colige que al final
será el Gobierno del Estado en exclusiva el que haga el desarrollo
reglamentario. ¿Por qué no puede hacerse ese desarrollo reglamentario
desde los competentes, es decir, desde las comunidades autónomas? Estos
son algunos aspectos y hay otros más que supongo que tendremos que
dilucidar en Comisión y que se irán debatiendo a través de las enmiendas
muy a nuestro pesar, porque creemos que la entrega en el registro de
estas enmiendas a la totalidad por los dos grupos presentantes ha sido
acertada. En consecuencia, vamos a apoyar esa iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Esteban.
Grupo Popular, señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señor presidente, señora ministra, señor
secretario de Estado, señorías, hoy es un momento en el que quizá algunos
de los planteamientos con los que se oye definir la actitud del Grupo
Popular en esta Cámara se vendrían abajo, porque para el Grupo Popular
hoy sería factible apoyar dos enmiendas a la totalidad y rechazar un
texto del Gobierno. No es el caso. Y esos argumentos se caen porque, en
función de la calidad de los textos legislativos o de los acuerdos a los
que se pueda llegar con quien propone, es fácil que exista ese consenso
tan traído y llevado por unos y, sin embargo, tan imputado de no hacerlo
por otros. Por tanto, venimos a demostrar que el Grupo Popular es
coherente en todo momento en esta Cámara, incluso en situaciones que
podrían favorecer la derrota del Gobierno. No es nuestra función.
Nosotros queremos hacer leyes y colaborar en su planteamiento para que
mejore la situación de nuestra sociedad en general.
Hoy se debaten dos enmiendas a la totalidad que, como he dicho, vamos a
rechazar porque entendemos que es un texto que, efectivamente, tiene que
mejorarse, que tiene deficiencias cuya solución hay que acometer y que
entre todos tenemos que hacerlo, pero consideramos que es un texto
necesario fundamentalmente porque en la legislación española hay una
dispersión grande sobre la violencia, la xenofobia y el racismo. Y este
texto viene precisamente a aglutinar algo que era necesario desde hace
tiempo. Además es un momento bueno para hacerlo porque en las leyes que
se ejecutan en contextos de tensión social como consecuencia de un acto
violento en un estadio o de una situación no querida por nadie
seguramente se dejan flecos que no son buenos a la hora de legislar ya
que el sentido de esas leyes iría inducido de alguna manera por
sentimientos, y las leyes tienen que ser absolutamente asépticas respecto
a los sentimientos y hay que intentar que se apliquen con el mayor rigor
y justicia posibles. Las leyes no tienen por qué ser bondadosas,
simplemente tienen que ser justas y mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, y eso es lo que pretendemos con las enmiendas parciales que
presentaremos a este texto ya que es estrictamente necesario, pues el
texto, desde nuestro punto de vista, requiere mejoras sustanciales.
Hay una cosa que no comparto con la señora ministra y que no es un punto
de desencuentro absoluto pero que podemos mejorar. Esta ley no es una ley
educativa, es una ley, si obedecemos al principio, al prólogo y a todo el
contexto de la ley, a sus apartados y artículos, fundamentalmente
represiva. En todos sus capítulos solamente hay un apartado que hace
referencia a la educación y a los valores. De hecho, es una ley
compartida, como bien ha dicho la ministra, entre el Ministerio de
Educación y el Ministerio del Interior, y este, por mucha bondad que
queramos ponerle, tiene aspectos no precisamente educativos sino, por la
función que tiene, más bien represivos. Dicho esto, entendemos que hay
que profundizar en que hay que cortar lo que sucede en la sociedad. ¿A
qué me refiero? Me estoy refiriendo a que es fácil utilizar desde esta
tribuna palabras muy grandilocuentes, poner el sello en aquellos aspectos
que queramos mejorar, pero tenemos que mirar a la calle. Yo siempre pongo
un ejemplo que quizá no sea muy académico pero que me parece ilustrativo.
El fundamento de la violencia empieza, efectivamente, desde pequeños,
pero no hay que regular la violencia en los pequeños, lo que hay que
hacer es empezar la educación contra la violencia desde pequeños. Estamos
viendo que los locos de los fines de semana -como yo les llamo-, padres y
entrenadores, están educando en valores a niños que juegan al balonmano,
baloncesto o fútbol y les someten a una presión increíble, exigiéndoles,
como si fueran profesionales -que tampoco tendría que hacerse con los
profesionales-, que cometan faltas, si es necesario, con tal de conseguir
el objetivo que es ganar. Ahí empezamos a ver cómo se diluyen los
principios olímpicos de que lo importante es participar, lo importante no
es ganar. Nosotros propondremos en su momento que exista algún elemento o
alguna actividad complementaria en la educación que se base en los
valores olímpicos, porque si estamos hablando del deporte, qué mejor que
los valores olímpicos, que tienen cinco anillos, que representan cinco
continentes, que no hablan de xenofobia, que no hablan de racismo o de
violencia, para que los pequeños, desde su más tierna infancia, empiecen
a entender que la violencia no es el objeto del deporte sino todo lo
contrario: el acuerdo, la amistad y la competición. Nosotros tampoco
venimos aquí a hacer filosofía sobre si el
deporte engendra violencia en sí mismo. Tendríamos que empezar a filosofar
sobre las guerras, sobre la violencia dialéctica, sobre la propia
violencia que podemos ejercer aquí en un momento determinado a la hora de
hacer manifestaciones que se puedan exceder no en función de lo que se
diga sino en función de quien lo oiga. No hemos venido aquí a eso.
Estamos debatiendo una ley que creemos que es necesaria. No considero que
sea una ley menor, independientemente de que no sea orgánica. Es una ley
que tiene un calado y una importancia básica para la convivencia en una
sociedad; una sociedad que vive intensamente el mundo del deporte. La
sociedad española posiblemente sea de las sociedades que de una forma más
intensa viva el mundo del deporte; lo hemos visto. Me preocupa
profundamente que para unas leyes haya apreciaciones de que se invaden
competencias y en el mismo artículo del mismo estatuto -voy a hacer
referencia, obviamente, al Estatuto de Autonomía de Cataluña en su
artículo 134, apartados i) y j)- haya dos aspectos que hablan de lo mismo
y, sin embargo, se consideren de forma distinta. Hace pocas fechas
aprobamos la Ley del Dopaje. En el mismo artículo -no sé si en el
apartado i) o en el j)- esas competencias le son atribuidas, por la salud
de los deportistas, a la Generalitat de Catalunya, y de los dos grupos
que presentaron las enmiendas a la totalidad no hubo aquí nadie que
hiciera referencia a eso, y esta ley está aprobada y en vigor con
abstenciones pero sin ningún voto en contra. En función de los resultados
y de las políticas que se están ejecutando ahora en una comunidad
autónoma se quieren condicionar las políticas y las leyes del Estado
español. Pues no. Nosotros también vamos a vigilar que no se invadan
competencias. Somos los primeros que no queremos que se invadan
competencias de las comunidades autónomas porque nosotros también
gobernamos en comunidades autónomas. Es que somos coherentes. Si esas
competencias no fueron invadidas, porque se votó a favor por los que hoy
están diciendo que son invadidas, no tiene sentido que en el mismo
artículo, con la diferencia de que sea un apartado u otro, digamos que es
distinto. Por lo tanto, este argumento sinceramente me parece muy débil,
fundamentalmente por la actitud representada por los que antes he dicho.
Otra cosa es que entremos en otros valores, como bien ha dicho la portavoz
de Izquierda Unida, sobre la base de otra serie de elementos que en la
ley deben ser modificados. Además hay que poner encima de la mesa y
también en valor que tuvimos la oportunidad de llevar a responsables,
técnicos y especialistas en el mundo del deporte y en el mundo de la
violencia a la Comisión de Educación, y todos coincidieron en algo, en
que era necesario un texto legislativo que definiera en este país lo que
es la violencia. Nosotros creemos que se puede mejorar, que hay que
incrementar en el ámbito de la ley el tema de la educación, que
seguramente habrá que acometer unas reformas en esa ley, pero coincidimos
con todos los técnicos y con todas aquellas personas que estuvieron en la
Comisión de Educación en que es necesaria la ley. Por lo tanto, nuestro
voto va a ser favorable, y vuelvo al principio de lo que he dicho, porque
precisamente los que defendemos las posturas del Partido Popular en esta
tribuna y desde ese grupo parlamentario actuamos en coherencia y en
consecuencia de los criterios políticos y no de otros, y entendemos que
si es necesaria una ley y esa ley tiene que aprobarse para luego ser
modificada con enmiendas parciales, la presente quien la presente, sin
distingos -haciendo referencia al título de la ley- de razas, ni de
ideas, estaremos con aquel que la presente porque es necesaria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
Grupo Socialista. Señora Gómez, por favor.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, me va a permitir que en primer lugar salude al
secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes y a
los miembros del consejo que le acompañan y les dé una vez más la
bienvenida a esta Cámara.
La señora ministra nos ha presentado la ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte de forma
absolutamente clarificadora y nos ha expuesto una vez más los objetivos
de esta ley demostrándonos el interés que tiene su ministerio en todo lo
relacionado con el deporte, aunque a algunos les pueda parecer que es una
cuestión menor. Señorías, la violencia y la intolerancia están presentes
en diferentes ámbitos y niveles deportivos, aunque es cierto que con
distinta intensidad, pero no podemos permitir que ciertas dosis de
violencia o de intolerancia en la actividad deportiva se asuman como
parte del espectáculo. Puede que sean unos pocos, pero saben que
precisamente en el deporte, en los espectáculos y competiciones
deportivas es donde más notorias y llamativas son sus acciones dada la
gran difusión del deporte en los medios de comunicación.
Son muchos los antecedentes normativos del proyecto de ley que se presenta
hoy. No me voy a referir a ellos, pero sí quiero mencionar la Ley del
Deporte de 1990, que les recuerdo que fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios y supuso un punto de inflexión o, si
quieren, de referencia a partir del cual, y con el desarrollo
reglamentario posterior, hemos podido convertir a nuestro país en un
referente internacional en cuanto a la seguridad de grandes
acontecimientos deportivos. Con esta ley el Gobierno ha tomado la opción
de integrar en un único texto un conjunto de disposiciones y de preceptos
tipificadores de infracciones y sanciones que aparecen dispersos en
diferentes normas deportivas tras las sucesivas reformas introducidas
específicamente en materia de prevención y sanción de la violencia en el
deporte.
Señorías, esta es una ley con un enfoque global. Concibe y trata esta
materia desde un punto de vista integral,
conteniendo medidas preventivas, medidas que pueden considerarse de
reinserción, medidas de disciplina y medidas administrativas
sancionadoras. Pero la ley contiene importantes novedades. Se reconoce el
valor educativo del deporte en una ley. Se ha hablado mucho del carácter
educativo del deporte, pero solamente eso, se ha hablado, en esta ley por
primera vez se le reconoce. Sabemos que el deporte contribuye, sobre todo
entre los más jóvenes, a desarrollar un estilo de vida saludable y en
muchos casos a evitar comportamientos antisociales, y desarrolla otros
aspectos muy importantes para nuestra sociedad, como la tolerancia, la
solidaridad o el respeto al adversario. Señorías, está comprobado que los
jóvenes que practican deporte tienen una más alta estima de sí mismos y
tienen, por tanto, una mejor disposición para enfrentarse a los problemas
más frecuentes a esa edad. Como ven, son muchos los motivos por los que
el deporte no puede reflejar comportamientos que en nada contribuyen a
esta labor educativa. Sumado al carácter educativo del deporte, no
podemos olvidarnos de su labor integradora, de su carácter integrador, y
la ley pone el acento en favorecer este aspecto para evitar que se
discrimine en la práctica deportiva a los inmigrantes y sus familias,
entendiendo que el deporte es un poderoso factor de integración
intercultural y tiene que facilitar el principio de igualdad de trato
entre las personas, independientemente de su origen racial o étnico. Los
deportistas son a menudo ídolos en los que se reflejan los jóvenes y las
competiciones y espectáculos deportivos han pasado a formar parte de
nuestro tiempo de ocio, y cada día más, por lo que no pueden convertirse
en espacios en los que se dé rienda suelta a comportamientos que como
ciudadanos nos avergüenzan y como institución nos deben al menos alertar.
Esto es motivo suficiente para que el proyecto de ley incorpore otras
novedades relacionadas con las declaraciones que inciten a la violencia,
al fomento o promoción de la violencia y la intolerancia a través de
Internet o de las nuevas tecnologías. Se contempla la posibilidad de que
las autoridades gubernativas impongan sanciones por la realización de
declaraciones públicas que amenacen, inciten a la violencia o contribuyan
a la creación de un clima hostil; y también se tipifica la difusión por
medios técnicos de información o contenidos que promuevan o den soporte a
la violencia, que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos
violentos, racistas, xenófobos o intolerantes o todos aquellos que
supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la
competición o en el espectáculo deportivo. En definitiva, lo que se
prohíbe es el apoyo a los grupos que incitan a la violencia, ya sea apoyo
técnico, económico o material; para ser más clara, todo lo que conocemos
como pagar autobuses, ceder locales o páginas web para que grupos que
mantienen actitudes nada aceptables se hagan más visibles.
Señorías, creo que es importante resaltar la creación de la Comisión
nacional contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia
en el deporte. Esta Comisión sustituirá a la Comisión nacional para la
prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Señoras y
señores diputados, podemos legislar, y hacerlo bien, pero si la sociedad
en su conjunto no toma conciencia del problema difícilmente tendrá
solución. Es necesario implicar al conjunto de los actores del deporte:
familia, educadores, entrenadores, organizadores, responsables
deportivos, asociaciones deportivas, deportistas profesionales y, cómo
no, medios de comunicación. Entre todos tenemos que transmitir los
valores positivos del deporte como la solidaridad, la cooperación o la
tolerancia. Creemos que es una buena idea y que puede contribuir a la
concienciación necesaria que en este ley se contemple la figura del
voluntario en labores preventivas y de colaboración en el buen desarrollo
de los espectáculos deportivos, junto a la posibilidad también de
colaboración de las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra
el racismo y la violencia en el deporte.
Señorías, desde una reflexión serena, la violencia en los campos de fútbol
se ha reducido. Se han tomado medidas, entre otras la creación en esta
legislatura del Observatorio del racismo y la violencia en el deporte así
como el Protocolo de actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la
intolerancia, en el que todos los estamentos del mundo del fútbol
-asociaciones de futbolistas españoles, colectivo arbitral, entrenadores,
asociaciones de aficionados, Federación de Fútbol, Liga de Fútbol
Profesional y la Administración, tanto la de Interior como la Secretaría
de Estado para el Deporte- tomaron esta iniciativa para favorecer un
clima de ausencia de violencia y tomar conciencia de la problemática que
existe en los estadios de fútbol. Por tanto, se han tomado iniciativas,
pero tenemos que seguir avanzando como lo están haciendo países de
nuestro entorno así como organizaciones internacionales, entre ellas el
Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA, que están muy
satisfechas con el interés de nuestro país en la lucha contra la
violencia.
Señorías, a esta ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad,
basadas ambas en la invasión de competencias en el ámbito deportivo y en
el de la seguridad pública por parte del Estado. Este grupo parlamentario
entiende que no se produce ninguna invasión competencial por parte del
Estado. Teniendo en cuenta los estatutos de autonomía, la Constitución y
otros antecedentes, se ha redactado la disposición adicional octava del
proyecto de ley, en donde se despejan dudas tanto sobre el reparto
competencial como sobre el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas; pero no solamente en la disposición adicional octava, también
en la disposición final primera del proyecto de ley se abunda en el mismo
sentido. Señorías, el deporte une y no separa. El Gobierno -y ustedes lo
saben- no tiene la menor intención de invadir ninguna competencia que
esté regulada en los diferentes estatutos de autonomía. Por tanto, este
grupo parlamentario solicita desde la sinceridad política que el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana retiren la enmienda de totalidad a esta ley. Nos
comprometemos a trabajar para que cualquier duda sobre posibles
conflictos
de competencias se resuelva desde el diálogo, y lo hemos intentado ya.
Señoras y señores diputados, este proyecto de ley, si ustedes así lo
aprueban, comienza hoy su andadura parlamentaria. Viene con un amplio
consenso social y es de desear que obtenga también un amplio consenso y
respaldo político. Tenemos tiempo de abrir un amplio espacio de debate y
de diálogo que nos lleve si cabe a mejorar el proyecto de ley entre
todos, señorías, entre todos los grupos parlamentarios. Señorías, el
deporte necesita de limpieza y juego limpio. El Grupo Parlamentario
Socialista está abierto al diálogo y, como les he dicho anteriormente, a
lograr el mayor consenso posible en aspectos generales y también en los
competenciales, como nos ha pedido el señor Maldonado, desde la más
absoluta coherencia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gómez.
Señora ministra, cierra el debate.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas
gracias, señor presidente.
Sin ánimo en absoluto de reabrir el debate, sí quería señalar el
agradecimiento del ministerio a los grupos parlamentarios que han
anunciado su apoyo a este anteproyecto de ley -a Coalición Canaria, a
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y al Grupo Parlamentario
Popular- y a los grupos parlamentarios que han presentado enmienda a la
totalidad y a quien ha anunciado que va apoyar esas enmiendas, que en su
tramitación parlamentaria en Comisión encontraremos la manera de
coincidir dentro del máximo respeto, desde luego, al Estado de las
autonomías y a los estatutos de autonomía vigentes.
Muchas gracias. (Aplausos. -El señor Martínez-Pujalte López pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, ¿a qué efectos pide la
palabra?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Es una cuestión de orden.
Señor presidente, usted esta mañana ha dicho que todas las votaciones se
iban a producir al acabar todos los puntos del orden del día. Este
diputado ha preguntado y usted le ha insultado, y pido que retire las
palabras que ha dicho contra los diputados esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, desde luego no entiendo su
actitud, pero créame que no le he insultado porque no se me ocurriría
insultarle nunca. Solo le he pedido que deje al presidente dirigir y que
deje de enredar, pero dejar de enredar no quiere decir insultar a nadie.
Por favor, siéntese y tengamos la fiesta en paz.
Llamamos a votación. (El señor Martínez-Pujalte López: Señor presidente,
el que está enredando es usted. Está enredando desde primera hora de la
mañana, señor presidente.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN.)
-REAL DECRETO-LEY 10/2006, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LOS
TIPOS IMPOSITIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO. (Número de
expediente 130/000037.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votación de la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 10/2006, de 10 de noviembre, por el que
se modifican los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del
tabaco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 320; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley?
(Pausa.)
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIONES.)
-PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LA GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA. (Número
de expediente 122/000019.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición
de ley reguladora de la gestión de la deuda externa. Votación de las
enmiendas a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, ocho; en contra, 315.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a las disposiciones adicionales cuarta y quinta
(nuevas).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a
favor, 300; en contra, 12; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a las disposiciones adicionales sexta y séptima
(nuevas).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 15; en contra, 307.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas a la disposición transitoria tercera (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 323.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas a la disposición transitoria cuarta (nueva).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 304; en contra, uno; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación del resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a
favor, 321.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
-PROPOSICIÓN DE LEY RELATIVA A LA INCLUSIÓN EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y A LA EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO A
DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS Y SINDICALES. (Número de expediente
122/000142.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado a la proposición
de ley relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad
Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados
cargos públicos y sindicales. Votamos en bloque las enmiendas del
Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 321; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/2000,
DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.
(Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de
ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado uno y artículo
único, apartado tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 304; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartados número dieciocho
bis (nuevo), dieciocho ter (nuevo), diecinueve, veintitrés y treinta y
tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 318; en contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de las enmiendas al artículo único, apartado cuarenta y cuatro
(nuevo).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a
favor, 192; en contra, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votación de la enmienda a la disposición derogatoria única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 15; en contra, 306; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación del resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a
favor, 186; en contra, 136; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto por tener la iniciativa carácter
orgánico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 185; en contra, 136; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos.)
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIÓN.)
-PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA, EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA
INTOLERANCIA EN EL DEPORTE. (Número de expediente 121/000093.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a la votación del punto
41: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de
totalidad de devolución del proyecto de ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a
favor, 29; en contra, 287; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las dos enmiendas a la totalidad. Si
no me hago recriminar, el presidente les había dicho que votaríamos en
torno a la una. Hemos comenzado a la una y cinco y el presidente cree que
en torno a las tres de la tarde estaremos en condiciones de votar, si no
me recrimina nadie. (Aplausos.)
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra la señora ministra de
la Vivienda. (Rumores.)
Por favor, vamos a agilizar el debate. Señorías, por favor, les ruego que,
si han decidido abandonar el hemiciclo, lo hagan rápidamente porque
perdemos mucho tiempo.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor
presidente.
Señorías, comparezco ante el Pleno de esta Cámara para presentar el
proyecto de Ley de suelo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado
17 de julio. Es un proyecto en contra de la especulación urbanística, a
favor de la transparencia y la participación de los ciudadanos y para
hacer ciudades más sostenibles y cohesionadas. Esta iniciativa es el
resultado de un arduo y prolongado trabajo de elaboración y negociación,
que ha pasado por una fase de consultas con todas las administraciones
afectadas y con las organizaciones más representativas del sector. Yo
misma lo presenté a la comisión ejecutiva de la Federación Española de
Municipios y Provincias, a la Conferencia sectorial sobre suelo y
vivienda y presidí la pasada primavera una quincena de reuniones con más
de veinte organizaciones sociales, empresariales y profesionales, desde
los colegios profesionales de arquitectos, arquitectos técnicos,
geógrafos, geólogos, notarios y registradores, pasando por las
organizaciones empresariales de constructores, promotores públicos y
privados, cooperativas y sindicatos, así como el Consejo de la Juventud,
los representantes de las personas con discapacidad o las principales
organizaciones ecologistas. Todos ellos han tenido la oportunidad de
trasladar sus observaciones, de debatir y contribuir a mejorar el
anteproyecto, que ha recibido además el informe favorable de la
Federación Española de Municipios y Provincias en la Comisión Nacional de
Administración Local y el dictamen favorable del Consejo Económico y
Social. El proyecto que el Gobierno ha remitido a estas Cortes
sustituirá, si es aprobado por las mismas, a la Ley hoy vigente sobre el
régimen del suelo y valoraciones, de 1998.
Señorías, cuando el 30 de octubre de 1997 compareció ante este Pleno el
entonces ministro de Fomento para presentar el proyecto de ley de 1998,
concluyó su intervención con esta afirmación. Leo literalmente: Con este
proyecto, señorías, se inicia un proceso que puede ser el principio de
solución para esos dos problemas que tiene el alto coste del suelo entre
nosotros; doble efecto, como es limitar seriamente el ejercicio del
derecho a la vivienda, el acceso a una vivienda digna de precio asequible
y también la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas,
para las cuales el coste del suelo es un factor que tarde o temprano
termina por incrementar sus costes. (La señora vicepresidenta, Chacón i
Piqueras, ocupa la Presidencia.) Pues bien, señorías, este proceso al que
se refería el entonces ministro más que liberalizar el suelo lo ha
desregulado, y lejos de poner solución a los dos problemas expuestos, los
ha acompañado y agravado hasta niveles conocidos por todos los
ciudadanos. Sirva como dato que entre 1998 y 2005 el precio de la
vivienda libre se incrementó un 150 por ciento y el precio del suelo
urbano lo ha hecho nada más y nada menos que en un 500 por ciento, según
datos del Banco de España. Por tanto, señorías, está claro que la Ley del
Suelo de 1998 no ha cumplido los objetivos entonces declarados por
quienes la promovieron: ni ha abaratado el suelo ni ha mejorado el acceso
a una vivienda a un precio asequible. Además, en estos años no solo no se
han resuelto los problemas mencionados, sino que también se han agravado
otros y han aparecido nuevos. En primer lugar, me refiero a un problema
ambiental de primer orden, alimentado por un
proceso de urbanización acelerada y extensiva de suelo en el que muchas
veces no se ha evaluado, prevenido ni corregido su impacto sobre el
territorio y el paisaje. En segundo lugar, a un problema social
preocupante, ya que durante estos años la promoción de vivienda protegida
cayó hasta mínimos históricos, haciendo aún más difícil el acceso a la
vivienda de importantes colectivos de nuestra población. Y en tercer
lugar, a un problema político que ha generado una importante alarma
social, como son los casos de especulación de suelo y la corrupción
asociados a los mismos. Señorías, no afirmaré que la actual Ley sobre
régimen del suelo y valoraciones ha causado estos tres problemas, porque
sería una simplificación injusta, pero sí puede decirse que no contiene
ninguna medida para prevenirlos ni para combatirlos. Como decía antes,
señorías, la Ley de 1998 no ha conseguido los objetivos perseguidos. Por
cierto, todos eran estrictamente económicos, sino que ha olvidado o
postergado otras dimensiones importantísimas de la regulación de los usos
del suelo tales como la ambiental o la social. Por eso, señorías, el
Gobierno cree que hace falta un cambio de rumbo en la materia y la
opinión pública, la ciudadanía, demanda cada día más que se adopten
medidas decididas para combatir la especulación y la corrupción, para
garantizar un desarrollo urbano que sea sostenible y para favorecer el
acceso a la vivienda. Está claro que estas medidas tienen que venir de
los tres niveles territoriales de Gobierno y que, en lo que toca al
Gobierno de la nación, no pueden ceñirse a la reforma de la Ley del
Suelo, pero sí que pasan por esta reforma legal que vienen reclamando
varios grupos de esta Cámara, además del socialista.
El Gobierno presenta hoy un proyecto de ley que, ante todo, definiría como
un proyecto innovador. Propone una renovación valiente de las bases del
régimen jurídico del suelo, unas bases que combinan la eficiencia
económica con la calidad ambiental y con la cohesión social. Esta
innovación, que creemos que es absolutamente necesaria y pertinente a la
vista de la situación que les he descrito muy someramente, ha suscitado
dudas sobre la adecuación a la distribución competencial en la materia en
algunos de los grupos de esta Cámara. Comprendo esas dudas, aunque desde
luego no las comparto. El proyecto de ley hace, como digo, un uso
innovador de los títulos competenciales relativos a la ordenación y
gestión del suelo, porque la situación y los problemas actuales de los
mercados de suelo son muy distintos de los de hace una década, pero esta
innovación no invade las competencias autonómicas, antes al contrario,
avanza hacia su respeto más pleno. Efectivamente, el proyecto de ley es
respetuoso al máximo con la distribución de competencias y está
plenamente inspirado en la jurisprudencia constitucional en la materia.
Por eso, por primera vez, evita utilizar y definir categorías
estrictamente urbanísticas, tales como los tipos de planes, las clases
urbanísticas de suelo, el aprovechamiento urbanístico, etcétera, y además
abre el margen de decisión al legislador autonómico. Por ejemplo, en la
horquilla de participación de la comunidad en las plusvalías, que le
permite aumentar o rebajar excepcionalmente, de manera que pueda moverse,
ordinariamente, entre el 5 y el 15 por ciento y, excepcionalmente, entre
el 0 y el 20 por ciento. Los criterios para la clasificación del suelo,
que la Ley de 1998 y sobre todo el decreto ley liberalizador de 2000
quisieron cerrar, se abren de nuevo al legislador autonómico. De esta
manera el proyecto favorece que las condiciones básicas de la igualdad y
las bases que sienta puedan coexistir con los distintos modelos
urbanísticos definidos con plena autonomía por las comunidades autónomas.
Además, no puede pasarse por alto que buena parte de los contenidos del
proyecto son preceptos que tienen cobertura en títulos competenciales del
Estado, cuyo alcance y proyección sobre la materia urbanística ya ha
determinado el Tribunal Constitucional, por lo que cabe suponer que están
fuera de discusión. Son los casos de los artículos que contienen reglas
de derecho civil o referidas a los registros e instrumentos públicos,
conforme a lo previsto en el 149.1.8ª de la Constitución, así como otros
que contienen reglas de valoraciones y responsabilidad patrimonial, al
amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución, por citar solo algunos
ejemplos.
Entrando ya en el contenido sustantivo del proyecto, permítanme que resuma
sus objetivos en cuatro: primero, ampliar la transparencia del sector y
la participación de los ciudadanos en la toma y en el control de las
decisiones urbanísticas; segundo, asentar las políticas urbanas sobre las
bases de un desarrollo territorial y urbano sostenible; tercero, asegurar
una mayor oferta efectiva de suelo para vivienda protegida; y cuarto y
último, aumentar la eficiencia de los mercados de suelo, desincentivando
la especulación. ¿Cómo se traducen estos objetivos en avances en los tres
planos a que me refería al principio de mi intervención, es decir desde
el punto de vista económico, ambiental y social? En primer lugar, en el
plano económico el proyecto de ley adopta varias medidas para mejorar el
funcionamiento de los mercados de suelo para hacerlos más transparentes y
eficientes y para combatir la especulación. Por eso, el proyecto favorece
la libre competencia en la iniciativa privada, dejando un amplio margen
legislativo a las comunidades autónomas, pero garantizando en todo caso a
los propietarios el derecho a participar en esa iniciativa. También se
salvaguarda que puedan ejercerlo sin atropellos, por lo que prohíbe bajo
sanción de nulidad de pleno derecho que los convenios urbanísticos les
impongan sin su consentimiento más cargas u obligaciones que las
legalmente establecidas. En este plano merece ser destacado, señorías, el
nuevo régimen de valoraciones, orientado a tasar la situación real del
suelo y también la inversión y el riesgo en su caso asumidos, pero no las
meras expectativas, lo que desincentivará las prácticas de clasificación
y retención puramente especulativas del suelo. Así lo ha sabido apreciar
el Consejo Económico y Social en su dictamen favorable a la ley, con
pleno consenso de los representantes de los grupos
primero y segundo, es decir de los sindicatos y la patronal. El proyecto
persigue en suma objetivar criterios de valoración que de un lado
aseguren a los operadores una mínima seguridad jurídica y del tráfico
para los casos en que se aplican y de otro garanticen la sustitución del
bien en el mercado por otro en su misma situación real, pero no en sus
mismas expectativas, porque no es función de los poderes públicos
garantizar las expectativas, sino combatir la especulación. Recordemos,
señorías, que el suelo es el único bien cuya especulación manda impedir
expresamente nuestra Constitución en su artículo 47. En segundo lugar, en
el plano ambiental el proyecto de ley propone un gran avance en la
apreciación del suelo como un recurso natural, escaso y no renovable. Los
criterios básicos de utilización del suelo dan buena cuenta de ello. El
proyecto ya no intenta hacer del suelo urbanizable la clase residual,
como la ley vigente. No compartimos la ponderación de valores que late
detrás de este principio, aparentemente liberalizador, que en realidad no
ha producido beneficios contra la escalada de precios pero sí lamentables
efectos sobre el medio ambiente. Señorías, todo el suelo rural, no solo
el suelo especialmente protegido, tiene un valor ecológico y
paisajístico.
Esa idea del todo urbanizable también ha dañado los intereses generales
urbanísticos al desplazar la decisión del poder público a los
propietarios y promotores sobre dónde se urbaniza, favoreciendo los
desarrollos dispersos, originando problemas de movilidad, de suministro
de agua y otros servicios públicos, como estamos viendo estos años.
Señorías, no se puede afirmar primero que se quiere combatir la
especulación y después propiciarla generalizando expectativas
urbanísticas por todo el territorio. Urbanizar no es producir solares,
urbanizar es hacer ciudad, por tanto también infraestructuras, dotaciones
y equipamientos públicos. Reivindicar el urbanismo como una función
pública irrenunciable y no susceptible de mercadeo no es un acto de
intervencionismo, sino un ejercicio de responsabilidad hoy más que nunca.
También avanzan por el camino de la sostenibilidad las reglas básicas
propuestas en el proyecto para la evaluación ambiental de los planes que
ordenen actuaciones urbanísticas. La evaluación ambiental de estos planes
es una exigencia del derecho europeo y del sentido común, en un país que
goza y vive en buena medida de la riqueza paisajística y patrimonial de
su territorio. Lo que propone el proyecto es articular esta evaluación de
forma que sea eficaz para los fines que persigue, y para ello propone
avances tales como que el informe de sostenibilidad ambiental incorpore o
remita necesariamente a un mapa de riesgos naturales, así como también
evitar duplicaciones de trámites, dilaciones y conflictos entre
administraciones, para lo que integra en la evaluación ambiental todos
los informes relevantes que ya son preceptivos según nuestra legislación
en vigor, como son los de agua, costa o carreteras por ejemplo
Pasando del plano económico al plano social, en tercer y último lugar, el
proyecto de ley propone asimismo avances de relieve. Este es un proyecto
de ley orientado a la ciudadanía, que enuncia por primera vez un catálogo
mínimo de derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el suelo y
el urbanismo, recuperando la noción de ciudad como espacio colectivo en
el que disfrutar y ejercer la ciudadanía. Las leyes estatales de suelo
anteriores se han centrado en los derechos de los propietarios. Este
proyecto que presenta el Gobierno propone completar esta perspectiva con
la de los derechos de los ciudadanos no propietarios, que también se ven
afectados muy directamente por lo que ocurra con el urbanismo. El
Tribunal Constitucional ha declarado que la forma natural de expresión de
la competencia estatal para establecer las condiciones básicas de la
igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes
constitucionales es a través del enunciado de principios y reglas
generales, por eso el proyecto de ley enuncia algunos principios
generales como los del desarrollo sostenible o participación, junto a
otros más novedosos como los de accesibilidad universal, seguridad,
movilidad, eficiencia energética, garantía de suministro de agua o
igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, todos ellos
inspirados en las orientaciones más modernas de las políticas europeas en
la materia.
Señorías, estos principios generales que les acabo de citar se acompañan
de algunas reglas básicas de transparencia que aumentan el control de los
ciudadanos sobre las decisiones urbanísticas que se tomen en planes y
convenios, porque es básico que los ciudadanos puedan participar en esas
decisiones y no ya de manera formal, consultando una documentación que no
entienden, sino de manera real. Si se lo facilitamos, habremos adoptado
la mejor medida preventiva contra la corrupción. Por eso el proyecto
exige que no solo los planes se sometan a información pública antes de su
aprobación, sino también los convenios urbanísticos. No puede ser que la
Administración asuma de espaldas a los ciudadanos compromisos que afectan
diaria, directa y poderosamente a sus propiedades, a sus viviendas y a la
calidad del medio en el que viven. Consideración especial merecen también
las medidas a favor de una oferta real de vivienda protegida que
contribuya a moderar la escalada de precios y, sobre todo, que facilite
el acceso a la vivienda de quienes se ven excluidos del mercado libre. Me
refiero a la reserva mínima de un 25 por ciento del nuevo suelo
residencial para vivienda protegida y las medidas adoptadas para asegurar
que este uso de interés social del suelo se cumpla efectivamente, porque
de nada sirven los estándares y reservas si no se cumplen ni se hacen
cumplir. Imagino que algunas de SS.SS. considerarán ese estándar
demasiado bajo, mientras que otras lo creerán excesivo. Al Gobierno le
parece una medida coherente y razonable con los objetivos del nuevo plan
de vivienda, habida cuenta de que es un mínimo que pueden aumentar las
comunidades autónomas. Lo cierto es que alguna de ellas todavía no tiene
estándar legal alguno o lo establece en cantidades tan escasas como
el 10 por ciento, lo que dificulta sobremanera que se promueva suficiente
vivienda protegida en sus territorios. Esta reserva del proyecto de ley
quiere garantizar que haya suelo para que puedan promoverse suficientes
viviendas protegidas, moderarse así los rigores de la evolución reciente
de nuestros mercados de suelo y vivienda y evitar que sigan expulsando a
colectivos tan amplios de nuestra población del acceso a la vivienda. Por
eso esta medida tiene un alcance básico y en consecuencia tiene también
cobertura competencial. Concurre en este mismo objetivo la regulación
propuesta para la participación de la comunidad en las plusvalías. Como
saben, señorías, el Tribunal Constitucional tiene sentado que el Estado
no puede fijar el porcentaje de esta participación, pero sí un máximo y
un mínimo, es decir una horquilla dentro de la cual puede moverse el
legislador autonómico. La ley actual fija esta horquilla entre el cero y
el 10 por ciento y el proyecto propone dos caminos: situarla entre el 5 y
el 15 por ciento, y permitir al legislador autonómico fijarla
excepcionalmente por encima del 15 por ciento, hasta el 20 por ciento, o
por debajo de ese 5 por ciento cuando se trate de actuaciones
excepcionalmente lucrativas o poco lucrativas respectivamente. Se aumenta
de esta forma el margen de decisión a la legislación autonómica
permitiéndole adaptarla a la rentabilidad real de las actuaciones, es
decir a la plusvalía real, que es justamente en lo que la Constitución
manda que participe la comunidad. Más importante que el grado o nivel de
suelos destinados a vivienda protegida, ya sean privados o públicos, es
que dicho destino de interés social se cumpla efectivamente, acabando con
la tolerancia hacia las malas prácticas. El Plan de Vivienda 2005/2008 ya
prevé alguna medida en ese sentido y también el proyecto de Ley de suelo
que presento hoy introduce nuevos controles de legalidad valiéndose de la
competencia estatal, por ejemplo sobre los registros e instrumentos
públicos. En ese sentido el proyecto obliga a mencionar en las escrituras
que los terrenos están destinados a vivienda de protección pública cuando
sea el caso. También prohíbe subastar o vender los suelos públicos
destinados a vivienda protegida por encima del valor máximo de
repercusión del suelo para ese uso social y manda anotar en el Registro
de la Propiedad dicho límite para evitar que pueda defraudarse en
sucesivas transmisiones. Las nuevas propuestas de regulación de los
patrimonios públicos de suelo y del derecho de superficie, por último,
modernizan y mejoran los preceptos dedicados a estas materias en el texto
refundido de 1992 y que siguen en vigor después de que el Tribunal
Constitucional los declarara conformes a las competencias del Estado.
Concluyo, señorías. Esta Cámara representa la soberanía popular y de sus
debates surgirán sin duda mejoras al texto del proyecto que ha elevado el
Gobierno, porque no hay proyecto perfecto. En un debate de totalidad como
este debemos ante todo preguntarnos si alguno de nosotros está dispuesto
a trasladar a la ciudadanía el mensaje de que las cosas están bien como
están, por eso el Gobierno de la nación ha promovido este proyecto. La
opinión pública reclama mejoras y medidas decididas que no acaban en el
plano legislativo, pero sí empiezan en él. En definitiva, señorías, les
pido que reciban este proyecto y sobre su base trabajen para mejorar el
marco estatal de referencia en la materia con tanta determinación como
respeto por las competencias autonómicas, de forma que en el futuro la
ordenación y gestión del suelo en España pueda ser más transparente,
menos especulativa y más sostenible, como sin duda todos deseamos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.
Comenzaremos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas a la
totalidad presentadas, y lo haremos en primer lugar con el turno del
señor Matos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
dado que ha sido la primera de las enmiendas presentadas.
El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, parece que la culpa del título
de farolillo rojo que le han asignado durante los últimos treinta meses
los ciudadanos según la encuesta del CIS es de la Ley 6/98 vigente hasta
ahora.
Señora presidenta, señorías, el 19 de octubre de 2004 el presidente de
nuestro partido y del grupo parlamentario, Mariano Rajoy, ofreció
públicamente al Gobierno un acuerdo nacional sobre suelo y vivienda entre
el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con esta oferta
se trataba de renovar, esta vez desde la oposición, la misma voluntad de
diálogo y pacto que había inspirado el acuerdo sobre suelo y vivienda
adoptado en el seno de la conferencia sectorial el 22 de enero de 2003,
firmado por todas las comunidades autónomas, excepto las gobernadas por
el Partido Socialista. En su comparecencia el presidente Rajoy,
consciente del poco margen de maniobra que nuestro marco competencial
reserva a la Administración del Estado, comprometió la mejor disposición
de las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobernamos para llegar
a acuerdos y modificar la legislación territorial, incluso la
financiación de las corporaciones locales. Esta oferta de diálogo y pacto
fue rechazada esa misma tarde por el entonces portavoz parlamentario
socialista señor Pérez Rubalcaba. Siguiendo el guión habitual del Partido
Socialista, a los seis meses el Gobierno nos remitió una propuesta de
pacto totalmente ridícula en la que se recogían párrafos tan llenos de
contenido como que las administraciones firmantes se comprometen a
ejercitar con eficacia las competencias que tengan atribuidas. En esos
momentos tan solo había transcurrido un año desde las elecciones y al
parecer todavía no habíamos aprendido la lección. En España solo caben
pactos cuando quien los ofrece es el Partido Socialista, esté en el
Gobierno o esté en la oposición. Tampoco habíamos aprendido la segunda
lección: las leyes aprobadas por el Partido Popular jamás
se modifican; se destruyen, es decir se sustituyen en su totalidad, y así
se traslada a los ciudadanos la sensación de que hasta la llegada del
salvador todo se había hecho mal. Solo así se entiende que el Gobierno,
si lo que quería era modificar el sistema de valoraciones o sustituir la
cesión obligatoria del 10 por ciento por la horquilla entre el 5 y el 15,
o el cero y el 20 como ha dicho la ministra, no presentara un proyecto de
ley de modificación de los artículos que considerara necesario corregir y
optara por la sustitución total, aunque muchos de los artículos digan lo
mismo pero con distinta literatura.
Señorías, ese pacto sobre el suelo y vivienda lo ofrecimos porque los
principales problemas que aquejan a la vivienda, cuya manifestación más
evidente es el precio del suelo y su incidencia en el precio de la
vivienda, no exigen soluciones que puedan darse solamente desde una ley
estatal del suelo. Por cierto, señora ministra, es clamorosa la ausencia
en el preámbulo del proyecto de ley de cualquier mención al objetivo de
lograr la moderación del precio de la vivienda. Tanto la Ley 8/90, del
Gobierno socialista de Felipe González, como la vigente Ley 6/98, del
Gobierno del Partido Popular, se refieren en el primer párrafo de su
preámbulo a la necesidad de lograr la moderación del incremento del
precio de la vivienda. Es la primera vez en nuestra democracia que una
ley del suelo no plantea la necesidad de moderar el precio del suelo, por
tanto el de la vivienda, y eso me resulta incomprensible. Señorías, la
necesaria modificación, agilizando los procedimientos de tramitación de
los instrumentos de transformación del suelo urbanizable en solares aptos
para edificar, sobre todo para vivienda protegida, la generalización de
los instrumentos de gestión que eviten la retención especulativa del
suelo, como cualquier otro instrumento de gestión, son competencias
exclusivas de las comunidades autónomas. Favorecer a las corporaciones
locales que puedan constituir y desarrollar los patrimonios públicos de
suelo no es solo una cuestión urbanística; es sobre todo un problema de
financiación y de reforma de la Ley de Haciendas Locales. La dinamización
del mercado de alquiler, tan necesario no solo para facilitar el acceso a
la vivienda sino también para moderar el precio de venta, tampoco es un
problema urbanístico, sino de reforma de la Ley de Arrendamientos
Urbanos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por lo tanto, el proyecto de ley no da respuesta a los
problemas actuales del sector de la vivienda, y ese es el primer motivo
de la presentación de nuestra enmienda a la totalidad. Si el proyecto de
ley no da respuesta a los problemas reales de la vivienda tampoco da
respuesta a los objetivos que, según viene proclamando durante los
últimos meses la ministra, pretende perseguir. La ministra ha manifestado
que esta ley contribuirá a frenar la especulación y la corrupción
urbanística. Absolutamente falso, señora ministra. He leído decenas de
veces el texto del proyecto de ley sin encontrar ningún artículo que
incorpore un control que evitara la especulación y la corrupción
urbanística, y si no es así suba y dígalo desde esta tribuna. No los
encontré pero me topé con una nota de prensa de la ministra que explicaba
a qué se refería. Decía: La ley contribuirá a frenar a la corrupción y la
especulación urbanística, ya que los planes se someterán a información
pública y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de esos planes.
Señora ministra, no hay en el territorio nacional ni una sola ley
urbanística ni estatal ni autonómica que no obligue a someter a
información pública los planes de ordenación o desarrollo, y si usted
conoce alguna suba aquí y dígalo. Me fui al artículo 11.2 de proyecto de
ley para ver en qué consistía el célebre resumen ejecutivo, y dice:
Contendrá la delimitación del ámbito al que afecta con un plano de
situación y la delimitación de los ámbitos en los que se suspenda la
ordenación y la duración de la suspensión. Usted dice a los españoles que
esta ley va a acabar con la corrupción porque en la información pública
que siempre se ha hecho se va a aportar un planito de situación. Esto es
completamente ridículo y debería sonrojar a quien lo manifiesta.
La ministra también viene proclamando que la ley posibilitará una mayor
disponibilidad de suelo para vivienda protegida, y para ello cita
constantemente dos de sus propuestas estrella. La primera, la reserva del
25 por ciento del suelo de uso residencial para vivienda protegida. Pues
bien, además de que el Estado carece de competencias para establecer ese
porcentaje, su propuesta es todo menos nueva. La inmensa mayoría de las
comunidades autónomas ya contemplan la reserva de suelo para vivienda
protegida: Andalucía el 30 por ciento; Aragón el 40; Asturias el 30;
Canarias el 20; Cantabria el 30; Castilla y León entre el 10 y el 30;
Castilla-La Mancha el 50; Cataluña el 20; Extremadura el 25; Galicia el
20; Madrid el 50; Murcia el 10; Navarra el 50; La Rioja el 30; Valencia
entre el 25 y el 40 y el País Vasco entre el 40 y el 75. Lo dicho:
absolutamente nada nuevo. La segunda propuesta estrella de la ministra o
de la ley es la fijación del porcentaje del suelo de cesión obligatoria
en una horquilla que va del 5 al 15 por ciento o, como ha dicho usted,
del cero al 20, y en la vigente Ley del Suelo se fija en el 10. Para esa
modificación, con independencia de que nosotros creemos que se
incrementará un 20 por ciento el precio del suelo y por lo tanto el de la
vivienda, no hacía falta la sustitución total de la ley. Otra propuesta
estrella es abrir en su artículo 6 el derecho de iniciativa a
particulares que no sean propietarios del suelo; es lo que se conoce como
ejecución por sustitución, ejecución empresarial o agente urbanizador.
Nosotros no somos contarios a ese instrumento de gestión. Lo que ocurre
es que la regulación de todos los instrumentos de gestión es una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas y no del Estado, como
lo recuerdan otras enmiendas a la totalidad que han presentado y que se
debatirán con posterioridad a la mía. Además este instrumento es otra vez
todo menos nuevo. El 80 por ciento de las comunidades autónomas ya
recogen ese instrumento de gestión. De lo expuesto -nada nuevo hasta
ahora- se desprende que
lo único que persigue el proyecto de ley es abaratar el precio en las
expropiaciones. En el caso de que se inicie un procedimiento de
expropiación para hacer una vía, un colegio o la ejecución de un plan
parcial por compensación en los que exista propietarios minoritarios no
adheridos, o por cooperación, o por ejecución, por sustitución, el agente
urbanizador, al propietario no se le pagará lo que su suelo vale y así le
saldrá más barato a la Administración o al promotor inmobiliario. Este
abaratamiento lo plantea el Gobierno por dos vías: la primera,
destruyendo la tradicional clasificación de suelo de no urbanizable,
urbano y urbanizable, absolutamente arraigada en nuestro acervo jurídico,
cultural y social y que jamás había planteado conflicto alguno,
sustituyéndola por una nueva clasificación que la ley llama situaciones
básicas del suelo reduciéndolas a dos: suelo rural y suelo urbanizado, y
negando de forma totalmente artificiosa la existencia del suelo
urbanizable. Ese artificio llega a tal nivel que dice que es suelo rural,
además del considerado tradicionalmente como rústico o no urbanizable, el
suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado
hasta que esté terminada la urbanización, es decir donde se puedan
construir viviendas. Según el proyecto de ley tiene la misma
clasificación o situación -suelo rural- un parque nacional, una finca de
plátanos, un prado donde pasten cerdos, un monte y un plan parcial donde
el ayuntamiento prevea en el futuro la construcción de viviendas o de
naves industriales. ¿A quién se le ha ocurrido este disparate? Ahora
resulta que no se le ha ocurrido a nadie. ¿Nadie le ha dicho a la
ministra que es imposible que tenga una misma clasificación urbanística
-suelo rural- una finca de plátanos y un plan parcial de vivienda? Ese
disparate lo plantean con la única finalidad de decir a continuación que
todo el suelo rural se pagará, en caso de expropiación, calculando su
precio mediante el sistema de capitalización de renta anual real o
potencial, es decir atendiendo al rendimiento de una explotación. En
resumen y volviendo al ejemplo de antes, se pagará lo mismo por una finca
de plátanos que por un terreno que esté en un plan parcial en el que en
el futuro se puedan construir viviendas. Además, se pagará mucho menos
que con la ley actual porque se elimina la referencia al valor por
comparación de fincas análogas de las que se tenga referencia.
También cambia el sistema de cálculo del precio respecto al suelo urbano,
que hasta la fecha se establece según el aprovechamiento, es decir el
valor básico de repercusión de las ponencias catastrales. Señorías, sé
que con este sistema al Gobierno, a las comunidades autónomas, a los
ayuntamientos y a los promotores inmobiliarios las expropiaciones les van
a salir más baratas, pero es totalmente injusto que un ciudadano tenga la
mala suerte de que le pase por su terreno una vía, una carretera o una
actuación urbanística y no se le pague realmente a lo que vale. En este
punto, señora ministra, quiero contestar a dos falsedades que algunos
dirigentes socialistas -incluido usted- se hartan de repetir. La primera
es que la actual ley del Partido Popular declara urbanizable casi todo el
suelo en España. Quien dice eso no menciona nunca que la ley lo primero
que hace es definir lo que es suelo no urbanizable en su artículo 9, que
dice que es aquel que el planeamiento general considera necesario
preservar por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas
naturales, así como aquel otro que se considere inadecuado para el
desarrollo urbano. El artículo 12 de su proyecto de ley dice que es suelo
rural el que deba quedar sujeto a protección, de acuerdo con sus valores
agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, así como aquel con
riesgos naturales, incluidos los de inundación. El artículo de suelo
rural es exactamente igual que el de suelo no urbanizable en ambas leyes,
salvo lo de las inundaciones; por lo tanto, señora ministra, pura
demagogia. La segunda falsedad es que la ley del Partido Popular permite
que se paguen las expropiaciones por las expectativas, es decir a un
precio especulativo; absolutamente falso. El artículo 27 de la vigente
Ley del Suelo en su apartado 1 dice: En cualquier caso se descartarán los
elementos especulativos del cálculo y aquellas expectativas cuya
presencia no esté asegurada. Si a todos estos argumentos sumamos la
literatura demagógica del proyecto de ley -en su artículo 2 habla, por
primera vez en la ley urbanística, de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres- y que hay artículos que violan el
marco competencial que reside en las comunidades autónomas, entenderán
que hay argumentos más que suficientes para solicitar de este Pleno la
devolución al Gobierno del presente proyecto de ley.
Señorías, para finalizar les voy a dar otro argumento de peso. Esta la ley
tiene 37 artículos, estas son las enmiendas presentadas, 303. Esta ley es
tan mala, señora ministra, que los grupos que apoyan al Gobierno -los
socios Esquerra Republicana, Izquierda Unida y el Partido Socialista- han
presentado a esta ley de 37 artículos 164 enmiendas y el socio suplente,
Convergència i Unió, ha presentado 58 enmiendas y una enmienda a la
totalidad. Fíjese, señora ministra, si es mala. Ustedes saben, incluidos
diputados socialistas, que esta ley es inútil, aunque sus consecuencias
no se verán lamentablemente hasta principios de la próxima legislatura.
Tengan un poco de sentido común y apoyen esta enmienda de devolución.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Matos, muchas
gracias.
Continuamos con el turno del siguiente grupo parlamentario enmendante,
Grupo Parlamentario Mixto, y, en particular, el Bloque Nacionalista
Galego. Por tanto será su portavoz, el señor Rodríguez, quien defienda la
enmienda presentada a este proyecto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego considera legítima la posición del Grupo
Parlamentario Socialista y, en particular, del Gobierno, manifestada ya
desde las épocas en que estaba en la oposición, de derogar la Ley 6/1998,
de régimen del suelo y valoración para expropiaciones, porque, según el
criterio del Grupo Socialista, es una ley, como dijo la señora ministra,
incapaz de frenar la especulación e indirectamente puede ser responsable
de no poder paliar o reducir la corrupción en la medida en que sería
necesaria, y mucho más en una atmósfera social como en la que estamos
viviendo, donde la intervención de carácter mediático condiciona el
debate político. De todas maneras, consideramos que la preocupación por
el suelo y la vivienda es un tema que podemos compartir mayoritariamente.
Efectivamente, cuando el Partido Socialista accedió al Gobierno del
Estado se plantearon medidas en contra de promover segundas viviendas
para segunda residencia y reducir las desgravaciones fiscales en un
sentido negativo o plantear la necesidad de pisos de alquiler o pisos
para la juventud. Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego comparte
totalmente este tipo de pretensiones.
En la primera versión de esta ley está claro que se hacía un tipo de
interpretación y se daban soluciones mucho más radicales que en la
actual, sin duda debió de haber algún conflicto dentro de los intereses
económicos que defiende en concreto el vicepresidente del Gobierno y las
intenciones más sociales del Ministerio de Vivienda. En todo caso,
nosotros consideramos que está bien hacer una ley para librarnos del
urbanismo salvaje, para lograr ciudades más sostenibles y para lograr más
accesos a la vivienda. El problema para nosotros está en que hay algunas
cuestiones de procedimiento y algunas cuestiones de contenido que
pensamos que no son totalmente acertadas. En primer lugar, las cuestiones
de procedimiento. Honradamente pensamos que se podrían haber establecido
objetivos coherentes y mejoras a través de modificaciones puntuales de la
legalidad vigente. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que hay que
eliminar la desregulación del suelo que posibilitaba la Ley 6/1998, que
modificando un artículo de esa ley se podía haber logrado. Fijar mínimos
de viviendas sujetas a algún tipo de protección se podría hacer
exactamente igual, objetivo que compartimos, y la participación pública
en las plusvalías también se podría hacer a través de la inclusión de
algún apartado en algún artículo de la Ley de 1998. Echamos en falta que
no se haya asumido con mayor radicalidad, o con una radicalidad en
función de las necesidades, el problema del parque de viviendas de
alquiler y en concreto el de construcción del parque de viviendas para
alquiler, medidas claras y menos conflictivas contra la retención de
solares y también la agilización en los trámites de carácter urbanístico.
Pensamos que en este momento cualquier ley tendrá problemas y no vamos a
caer en la candidez de pensar que ésta va a acabar con la especulación.
En la medida en que éste es un sector económico de gran importancia en el
Estado español y que se somete mayoritariamente a la iniciativa privada
en nombre de la libertad de empresa y de competencia, y que la iniciativa
pública directa de construcción de vivienda no es precisamente hoy una
especie de estandarte, como podría haberlo sido en los Estados de la
actual Unión Europea en los años cincuenta, sesenta e incluso setenta,
pensamos que vamos a tener claras contradicciones y claros límites a la
hora de posibilitar una política de vivienda y de suelo que no caiga en
la especulación y en la carestía de un bien social tan elemental como
éste.
Nos preocupa también, señora ministra, el problema de la valoración del
suelo y pensamos que la ley tal como está puede dar pie a que vaya en
detrimento de los pequeños propietarios. Efectivamente, cuando se habla
de pagar no por lo que supuestamente pueda valer sino por lo que vale en
un determinado momento puede provocar que se rebajen los precios de
valoraciones a efectos expropiatorios con grave perjuicio precisamente
para las personas que tengan más dificultades económicas o menos
propiedades. Igual ocurre a la hora de valorar el problema de la
productividad del campo. En Galicia, si se hace con este criterio, le
puedo asegurar que se va a considerar nula, no se podría justificar la
productividad en muchos casos y eso daría pie a expropiaciones muy por
debajo del valor que hoy se aplica cuando se hace una carretera, un
puente o cualquier otro tipo de obra pública. En todo caso está bien, y
la ley lo garantiza mucho mejor, que el aspecto colectivo se garantice a
través de mayor dinero para las administraciones públicas por concesiones
de licencias. Pero notamos que hay una cierta dejación a la hora de
garantizar, en concreto, la transparencia y participación -sobre todo la
participación- de la ciudadanía pues, efectivamente, en el preámbulo se
afirma con mucha rotundidad pero después, en el articulado queda un poco
cojo. Con todo, señora ministra, créame, todas estas deficiencias, siendo
importantes, son para nosotros perfectamente asumibles y se pueden
intentar mejorar en un proceso de debate posterior, partiendo del
criterio de que no somos optimistas sobre la trascendencia práctica de la
ley.
Lo que sí es grave para nosotros, y nos gustaría escuchar alguna palabra
en el sentido de que puede haber alguna forma de paliarlo, es el problema
competencial, en concreto en lo referido a la catalogación o
clasificación del suelo y a las competencias de las comunidades
autónomas. Está claro que el Estado tiene derecho a clasificar el suelo
en nombre de esa política de unidad, a establecer un régimen básico de
propiedad y a establecer las reglas de valoración del suelo para
expropiaciones. Está claro que a eso dan pie los artículos 149.1 y
149.1.18ª, pero hay que cuidar que esto no tenga consecuencias jurídicas
que incidan en las competencias exclusivas de la comunidad autónoma que,
como todos sabemos, son: urbanismo, ordenación del territorio y
ordenación litoral. Los tipos de suelo autonómicos tienen que guardar
cierta equivalencia con los clasificados por las leyes del Estado si no
queremos vernos en continuos conflictos, especialmente en algunos lugares
como
Galicia que tienen una peculiaridad total en cuanto a la tipología de
suelo, y en especial la referida al núcleo rural, y que los legisladores,
en concreto los del Estatuto, ya tuvieron claramente en cuenta. Lo que yo
no quiero como representante del Bloque Nacionalista Galego y como
representante al servicio de la sociedad gallega es que se puedan
producir con esta ley conflictos como los que estamos viviendo ahora, en
concreto, por ejemplo, con la Ley de Costas. Y me explico. Está claro
cuáles son las competencias exclusivas del Estado, pero no justifica que
la legislación estatal asocie a la clasificación del suelo consecuencias
jurídicas que inciden en estas competencias. Y vamos a verlo. En
concreto, hoy en día nadie duda que las comunidades autónomas son las
únicas competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
tienen capacidad para regular tipos de suelo distintos de los
contemplados en la legislación estatal, basándose en sus peculiares modos
de asentamiento poblacional.
No obstante, en estos tipos de suelo, como tienen que guardar cierta
equivalencia con los clasificados en las leyes del Estado, se producen
fenómenos, por ejemplo, como el que hoy en día acontece. Una ley de la
comunidad autónoma del año 2000 estaba perfectamente pensada para
salvaguardar los núcleos rurales tradicionales de la costa, pero hoy son
prácticamente todos ilegales, a pesar de que la legalidad autonómica sí
los protege, porque se hace una aplicación de la Ley de Costas del año
1988 que no tiene en cuenta esta peculiaridad. No son aberraciones
urbanísticas, no son nuevas construcciones, son asentamientos de 150, 200
ó 300 años. Esto no se puede seguir produciendo. Por eso, para nosotros
es fundamental que esta ley se cuide mucho, aunque no sea de forma
específica para Galicia, de dejar claro que en la tipología del suelo se
puede establecer un núcleo rural, por lo tanto urbanizado, y que será de
aplicación la legislación autonómica. En todo caso, los organismos del
Estado no pueden contradecir el hecho de que estos núcleos rurales son
legales, urbanizados, están asimilados a suelo urbano y, por lo tanto, el
Estado se atendrá a esa concepción y no a la de que cualquier organismo
público del Estado pueda atacar nada menos que al 50 por ciento de los
núcleos de población existentes en el Estado español, en concreto 31.894,
que no es producto ni de la irracionalidad ni del desorden, sino de la
necesidad económica de un hábitat y de la necesidad cultural que tiene un
gran poso histórico detrás. Si no se actúa así, nos vamos a encontrar con
que si se aplica en algún tribunal la ley del Estado, la que vamos a
aprobar tal y como está, y prevalece sobre cualquier legislación
autonómica, son ilegales prácticamente todos los asentamientos de
población que hay en Galicia. Comprenderán que esto es un problema. Yo sé
que puede no pasar, pero no puede quedar al capricho de la interpretación
de un tribunal determinado y, por eso, para nosotros es fundamental.
Créame, señora ministra, que si se busca una solución a esto, no
específica para Galicia pero sí que deje clara la tipología competencial
de las comunidades autónomas -la sublegalidad en este aspecto, siempre
que no contravenga aspectos fundamentales que tengan que ver con la
especulación urbanística, con las grandes urbanizaciones, que todo esto
se respetará-, nosotros estaríamos en disposición de retirar esta
enmienda a la totalidad; si no, nos va a resultar prácticamente
imposible.
Me produce pena tener que estar en el año 2006 repitiendo debates que en
la etapa de la República los diputados gallegos conscientes tenían
continuamente en relación con las leyes del Estado, leyes abstractas,
generales, en nombre de la igualdad y que en Galicia provocaban justo el
ataque más profundo a la igualdad de las personas que tienen precisamente
carácter popular, que están vinculadas al trabajo y que tienen una
fenomenología más adecuada con la realidad cultural, socioeconómica y de
hábitat del propio país. Es cierto que la Unión Europea anda muy
preocupada -no se sabe si es por las urbanizaciones de Levante- con esto
de que no haya urbanizaciones dispersas o desordenadas, pero lo de
Galicia no tiene que ver con esto. Es la estructura compleja y particular
de un país, vinculada a la explotación agraria y tradicional. Si no lo
respetamos así, señorías, vamos a repercutir aún más negativamente en
zonas despobladas, en declive demográfico, donde el Gobierno gallego está
haciendo un intento de recuperación demográfica y de la economía. Esta
ley, le vuelvo a repetir, si se aplica literalmente y por encima de la
legalidad autonómica, que nadie duda -ningún partido allí se atreve a
discutir- esa cuestión hasta el extremo de que es un valor de carácter
estatutario, créame que nos van a provocar muchísimos problemas.
Castelao lo recordaba en la etapa de la República desde esta misma tribuna
y yo solo les quiero afirmar contundentemente: No a la especulación, no a
las edificaciones salvajes, pero sí respeto por la estructura urbana
diferenciada de nuestro país, que es distinta a la del resto del Estado.
Cuando en Valencia o en Alicante las construcciones costeras eran
prácticamente inexistentes, no había el problema que hay actualmente,
Galicia tenía una gran ocupación de su litoral, pero era una ocupación
natural, vinculada a la explotación del mar, vinculada incluso a oficios
de carácter marino, a oficios de carácter simbiótico entre tierra y mar,
y eso ya está provocando, y seguro que la señora Narbona lo conoce, que
prácticamente media Palmeira sea ilegal, medio Marín sea ilegal con esta
aplicación de la ley del Estado y este error no se puede volver a
acometer. Impidamos que no se siga haciendo este tipo de asentamientos en
lugares que están hoy vírgenes o en lugares que no tienen la tradición
histórica, pero trasladen esto al interior del país y a las zonas
rurales: si todo el núcleo rural actual se convierte en rústico, créame
que no hacemos un favor al país ni desde el punto de vista social ni
desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista demográfico
ni desde el punto de vista cultural. Espero que puedan acceder por lo
menos a dialogar sobre este tema, a negociarlo en alguna manera y, si
esto tuviera una vía de
solución, el Bloque Nacionalista Galego retiraría la enmienda a la
totalidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez.
Pasamos, señorías, a la tercera de las enmiendas presentadas a este
proyecto de ley que pertenece al Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió y tomará la palabra el señor Jané en su nombre. Adelante.
El señor JANÉ I GUASH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Vivienda, señora ministra de Medio Ambiente, señorías,
Convergència i Unió ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto
de ley del suelo y la ministra de Vivienda defendía su proyecto hace unos
minutos destacando que no pretendía la perfección. Decía la ministra: Sé
que no siempre es posible un proyecto de ley perfecto. Nosotros no le
pedimos, señora ministra, un proyecto de ley perfecto. Le pedimos un
proyecto de ley que respete las competencias de las comunidades
autónomas. Le pedimos, en el caso de Cataluña, un proyecto de ley que
respete el Estatuto aprobado.
Señora ministra, las cosas han cambiado. Tenemos un nuevo marco
estatutario en Cataluña; tenemos un nuevo marco estatutario que está
publicado en el BOE, que usted debe respetar, su Gobierno debe respetar y
esta Cámara debe respetar. Y no estamos respetando el Estatuto de
Cataluña, no estamos respetando el artículo 149 del Estatuto de Autonomía
de Cataluña. Señora ministra, con el actual marco estatutario el Gobierno
no tiene competencia ni título competencial para presentar el proyecto
que presenta con el alcance final que se desprende de su articulado.
Incluso sería más lógico que lo presentara su compañera de escaño, la
señora Narbona, porque entre los títulos competenciales que se citan sí
que se cita el de medio ambiente, pero usted se agarra a su ministerio,
justifica su ministerio y justifica este proyecto de ley que pretende
impulsar con un gran título horizontal que es el gran argumento de
laminación competencial que el propio Tribunal Constitucional ha tenido
que destacar en reiterada jurisprudencia. Usted se basa en el artículo
149.1.1ª, que da al Estado la regulación de las condiciones básicas que
garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales, y ese título no vale para
todo, señora ministra, ese título no le vale en este caso para conculcar
el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El propio Tribunal Constitucional
en reiteradas sentencias ha venido a destacar ese título de manera clara,
y le voy a citar simplemente una de ellas, la sentencia 37/1987 -y usted
las conoce bien porque, al igual que el portavoz que les habla, tiene una
dedicación al derecho constitucional-, que dice que el 149.1.1ª no puede
interpretarse de forma que se vacíen las competencias atribuidas a las
comunidades autónomas. Y ustedes las vacían, las ignoran, quieren
justificar esas medidas de la Ley del Suelo y pretenden -y nosotros lo
compartimos también- adoptar medidas contra la especulación urbanística,
claro que sí, pero no a través de un proyecto de ley que conculque
competencias autonómicas. Cada Administración pública tiene que cumplir
sus cometidos, cada Administración pública tiene que adoptar las medidas,
pero no podemos a partir de ese título genérico, tener el paraguas que
nos lo permita todo. Ese artículo 149.1.1.ª no es un chicle que se vaya
alargando como una gran mampara competencial que quiera dar una
competencia a estas Cortes Generales que no tienen. La Constitución es
clara y los estatutos de autonomía también. La propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en esta materia lo ha aclarado de manera concisa
y ustedes quieren ampliar las competencias del Estado a costa de las
comunidades autónomas; no es ese el camino. Señora ministra, ¿sabe cuál
era el camino? El camino era el que intentamos prefijar en esta misma
Cámara cuando aprobamos una moción en la que pedimos un pacto de Estado.
Un pacto de Estado en materia de suelo y vivienda no conculca
competencias, porque el pacto de Estado son medidas que todos nos
comprometemos a impulsar, cada uno desde su ámbito competencial,
respetando las atribuciones de las comunidades autónomas, las
atribuciones de las corporaciones locales y las atribuciones de su
ministerio, pero este no ha sido el camino elegido por su ministerio. Su
ministerio ha querido elegir el camino de la legislación a toda costa y
esta no va a ser la varita mágica que nos ayude a superar el problema de
especulación que se ha dado en determinadas zonas del territorio español;
esta ley no va a ser la varita mágica, y usted lo sabe. Ustedes tienen
una política de vivienda que, como sabe, señora ministra, nuestro grupo
no comparte.
Igual que le decía que ustedes no están respetando el Estatuto de
Autonomía de Cataluña que han aprobado estas Cámaras, tampoco están
respetando en materia de vivienda las propias partidas presupuestarias
que se aprobaron en esta Cámara en la Ley de Presupuestos vigente. Voy a
ponerle un ejemplo, señora ministra. Si repasamos esta semana, se ha
presentado el balance de la ejecución del Presupuesto General del Estado
vigente, el del año 2006, y es un balance que abarca el período
enero-septiembre. En una partida de su ministerio, el Programa de
promoción y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda, en ese
mismo período, de enero a septiembre del año 2005, se habían ejecutado
525 millones de euros. ¿Qué se ha ejecutado este año? Menos de la mitad:
227 millones de euros. ¿Esto es un impulso a la vivienda? Ustedes, en al
Programa de promoción y ayudas para la rehabilitación y acceso a la
vivienda, este año ejecutan menos de la mitad de lo que había en el
presupuesto del año anterior. Otro ejemplo: subvenciones para la
adquisición y rehabilitación de viviendas ¿Qué nos dice el informe que ha
presentado el Gobierno esta semana? Nos dice que de enero a septiembre
del año 2005 se invirtieron 58 millones de euros. ¿Cómo
está la partida este año? El Ministerio de Economía y Hacienda nos
advierte de que van bien las cuentas públicas, tenemos menos déficit,
porque el Ministerio de Vivienda, ante esas subvenciones para la
rehabilitación y adquisición de viviendas, ha decidido no invertir ni un
solo euro, cero euros. Esta es, señora ministra, una de las causas de esa
falta global de planificación en materia de vivienda; esa es, señora
ministra, la política de vivienda en este momento inexistente.
Por todo ello, nosotros entendemos que este proyecto de ley del suelo no
va a ser la solución, y no va a serlo de manera clara porque desconoce
las competencias de las comunidades autónomas y, en el caso de Cataluña,
las nuevas y muy concretas competencias que el Estatuto incluye. Durante
el debate estatutario, se criticó mucho el Estatuto, por ejemplo, por
parte de algunos sectores se decía que el Estatuto de Autonomía de
Cataluña era demasiado extenso. Era extenso porque quería concretar el
alcance final de cada una de las competencias que se asumían y en el
ámbito del suelo, el Estatuto llega a decir que la competencia es
exclusiva, que engloba la regulación del régimen urbanístico del suelo,
régimen que incluye en todo caso la determinación de los criterios en los
diversos tipos de suelo y de sus usos, y que esta competencia incluye
también -todo ello dentro del artículo 149.5- la política de suelo y
vivienda, la regulación de los patrimonios público de suelo y vivienda, y
el régimen de intervención administrativa en la edificación, urbanización
y uso del suelo y subsuelo. Ahora las competencias están claras, son
concretas. El Tribunal Constitucional va a tener ocasión de pronunciarse
sobre este proyecto de ley, porque seguro que comunidades autónomas que
están legitimadas para presentar recurso, ante la inversión que se les
viene, van a reaccionar con un recurso de inconstitucionalidad. Y sabe
usted que, para comprobar desde el Tribunal Constitucional si una ley se
adecua o no al ámbito competencial que fija la Constitución, son
parámetro de constitucionalidad también los estatutos aprobados. Los
estatutos aprobados integran el bloque de la constitucionalidad y son un
parámetro para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Este no es el
camino.
Corrupción urbanística. Al igual que con el artículo 149.1.1.ª, se ha
querido plantear el tema de la corrupción urbanística como ese otro gran
paraguas que amparaba esta legislación. Señora ministra, nosotros
compartimos que la corrupción urbanística debe atajarse y, si no
prosperan las enmiendas a la totalidad, tendrá a mi grupo dispuesto en
las enmiendas al articulado para buscar medidas concretas. Ya le propongo
una sobre la que es competente su Gobierno. Su Gobierno puede realizar un
impulso político general, su Gobierno puede plantear un pacto de Estado y
nosotros en la enmienda 229 proponemos a su Gobierno que haga el esfuerzo
de acordar medidas transversales entre todas las administraciones que
tienen competencias y que voluntariamente -no es invasión competencial-
quieran comprometerse en sus respectivos parlamentos -en mi caso, en mi
nación, Cataluña, en el Parlament de Catalunya- a impulsar medidas
concretas, que una ley, en este caso catalana, aprobada en Cataluña, sea
acordada a través de ese pacto transversal, de ese pacto de Estado. Se lo
planteamos porque puede que existan acciones que necesiten ese compromiso
global. Nuestra enmienda 229 propone la lucha contra la corrupción a
través de lo que puede hacer un pacto de Estado y usted podría liderarlo,
podría abanderar ante el conjunto de la ciudadanía unas medidas
concretas, pero en ningún caso invadiendo las competencias de las
comunidades autónomas, un pacto de Estado que incluso debería implicar
-sabe la señora ministra que soy portavoz en la Comisión de Justicia-
medidas en el ámbito judicial, creación de fiscalías específicas, y de
manera clara y precisa un compromiso ético de todos los partidos
políticos de no incorporar a aquellas personas que tienen una condena
judicial en nuestras listas electorales. Claro que se pueden acordar
medidas, pero este proyecto de ley, tal y como se ha planteado, no es el
camino, como tampoco es el camino, señora ministra, el olvido de una
moción de Convergència i Unió aprobada en esta Cámara por una amplia
mayoría, en la que se pedía de manera clara impulsar la puesta a
disposición de las comunidades autónomas del suelo público de la
Administración General del Estado; ese suelo público de la Administración
General del Estado que nosotros pedíamos, suelo de Defensa, suelo de la
Guardia Civil, se puede no vender a la Administración autonómica, pero sí
ponerlo a disposición para que esa Administración autonómica pueda
realizar esa promoción pública de viviendas, sea en régimen de propiedad
o de alquiler. Estamos dejando pasar las ocasiones y, señora ministra,
nosotros, que compartimos muchos objetivos, no podemos, compartiendo
objetivos, conculcar competencias. Es un traspaso que mi grupo no puede
realizar. Compartimos objetivos, pero veamos los instrumentos para
realizarlos. Estamos de acuerdo con el incremento que el proyecto de ley
realiza en el porcentaje de cesión de suelo para dotación en la promoción
de actuaciones. Ese porcentaje ahora es del cinco al quince -antes era
del cero al diez- y se pone un tope del veinte. No entendemos por qué se
pone un tope. ¿Esto es básico, señora ministra? ¿Y si se pacta en un
proyecto concreto que ese tope sea superior? ¿Por qué hay que poner un
tope del veinte? ¿Por qué? Dígame una sola razón constitucional por la
cual una comunidad autónoma que decida, a través de un convenio, en una
determinada actuación, ir más allá no lo pueda hacer. ¿Qué lo debe
impedir? Por tanto, señora ministra, no incluyamos en una ley del Estado
aspectos que deben regularse en una ley autonómica. Esta es la posición
que le traslada Convergència i Unió.
En cuanto al porcentaje final de vivienda de protección pública, que
debería fijar cada comunidad autónoma, yo le hago un llamamiento: no nos
olvidemos en ningún caso de las personas que no podrán acceder a una
promoción pública porque no reunirán los requisitos, quizá estén en la
frontera de esos requisitos. ¿Dónde quedaran
sus expectativas de realizar el derecho a la vivienda digna que le
reconoce la Constitución? Porque algunas rigideces pueden empeorar las
posibilidades de acceder a una vivienda a ese segmento. Esto lo decía el
propio informe del Consejo Económico y Social y, por tanto, le hago ese
llamamiento.
Se me acaba el tiempo. Termino. Señora ministra, hay otros aspectos en el
proyecto de ley sobre los que debemos reflexionar. Lo decían algunos
portavoces y hay centenares de enmiendas planteadas: en el proyecto de
ley hay una incidencia negativa sobre el suelo rural. Se pueden ver
afectados en este caso agricultores que vean mermadas sus posibilidades
en caso de una expropiación. Yo le pido aquí, señora ministra, que
reflexionemos sobre cuál es el alcance final de las competencias del
Estado y cuáles son al final las soluciones concretas que se realizan en
este proyecto de ley. Mi grupo retoma la línea de consenso al que
habíamos llegado el 26 de abril en esta Cámara, espera que rectifiquen,
espera que esa invasión competencial que hoy se produce pueda verse
revisada a lo largo de la tramitación de enmiendas a este proyecto de
ley. Esta es la voluntad de nuestro grupo parlamentario. Mientras se
respeten las competencias de las comunidades autónomas, podrá contar con
Convergència i Unió; a costa de las competencias de las comunidades
autónomas, a costa del artículo 149 del nuevo Estatuto de Autonomía no
contará nunca con Convergència i Unió. ¿Cuál es el límite de nuestra
colaboración? Podemos compartir objetivos, pero en ningún caso debemos
conculcar competencias autonómicas en este ámbito.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jané, muchas
gracias.
Entramos, señorías, en los turnos de fijación de posiciones, a no ser que
alguien desee ejercer turno en contra. (Pausa.)
Comenzaremos con el señor Herrera, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros al principio de legislatura dijimos que era necesaria una ley del
suelo y esta ley del suelo llega; llega un poco tarde, pero llega bajo
los esquemas, los parámetros que nosotros habíamos solicitado. Que nadie
se equivoque: una ley del suelo no va a solventar los problemas de la
vivienda; ahora bien, una ley del suelo tiene la obligación de no
acentuar los problemas de la vivienda y nosotros entendemos que la Ley de
1998 los acentuaba. La primera prioridad es hacer políticas públicas para
vivienda pública, y nosotros se lo hemos dicho, señora ministra, el
problema es que continuamos gastando poco y lo poco que gastamos lo
gastamos mal. Se continúa poniendo el acento en las desgravaciones
fiscales y no en las políticas públicas. Y además tenemos un problema
añadido y es que la colaboración con las comunidades autónomas no llega
donde tendría que llegar, y hoy tenemos un problema doméstico en
concreto, como es la rehabilitación de barrios en Barcelona, cuyas
partidas, no de este año, sino del año pasado, no se han podido ejecutar
y no ha sido culpa del Gobierno de la Generalitat. Por tanto, Ley del
Suelo y políticas públicas de recuperación de la vivienda.
Nosotros decíamos el 30 de octubre de 1997, cuando se estaba tramitando la
Ley de 1998, que no era la solución. Por aquel entonces el ministro de
Fomento decía que la presente ley pretendía hacer posible el aumento de
la oferta de suelo y, a tal fin, consideraba susceptible de ser
urbanizado todo el suelo que todavía no hubiese sufrido un proceso. En
definitiva, entendía que el mercado iba a solucionarlo todo, que la falta
de suelo era el principal problema y el hecho de que el suelo residual
fuese el urbanizable podría acabar solventándolo casi todo. La
experiencia nos dice que la Ley del Suelo no ha servido para atajar los
problemas en el acceso a la vivienda, sino que ha servido precisamente
para agravarlos. Por aquel entonces, en aquel paradigma del mundo liberal
que lo solventaba todo, el Partido Popular fue acompañado por
Convergència i Unió, por el señor Recoder. He leído el "Diario de
Sesiones" de aquel entonces, cuando la ministra, señora Narbona, también
pudo intervenir, y Convergència i Unió compartía el paradigma liberal de
que el mercado lo solventa todo. Decían, y dicen hoy en la enmienda a la
totalidad del Partido Popular, que el objeto de la Ley 6/1998 era
impulsar el sector de la construcción con un claro efecto de locomotora
sobre la economía. La realidad es que hoy tenemos un monocultivo, el
monocultivo del ladrillo, y que el problema de la vivienda no se ha
atajado. El error fue pensar que la oferta lo solventaba todo y no que
las políticas públicas, acompañadas de una buena ley del suelo, podían
solventar el problema. Por eso, nosotros decimos que no a mantenernos en
la Ley 6/1998, pero decimos que sí al pleno respeto competencial y para
ello hemos introducido enmiendas, que hoy mismo se acaban de mencionar.
Queremos que se respete plenamente el nuevo artículo 149 del Estatuto de
Cataluña, que se respete en la ley y que se respete en las prácticas del
Ministerio de Vivienda. Entendemos que hay artículos que no tienen razón
de ser y por eso hemos presentado una enmienda. Hemos presentado una
enmienda al artículo 16.3 del proyecto de ley que se presenta porque no
entendemos por qué se tiene que fijar un tope del 20 por ciento, como
decía el señor Jané. Una comunidad autónoma puede ir más allá de ese 20
por ciento, perfectamente, claro que sí. Ese es un elemento que se tendrá
que corregir en la ley. Voy a hacer un paréntesis. Me gustaría que el
señor Jané, cuando nosotros lo hemos propuesto en el Parlament de
Catalunya, también nos hubiese acompañado para ir más allá de ese 20 por
ciento. En ese sentido, rechazamos las enmiendas a la totalidad, porque
no queremos quedarnos en la Ley 6/1998 y porque con las enmiendas que
presentamos
vamos a garantizar el pleno respeto competencial y el pleno respeto al
nuevo artículo 149 del Estatuto.
¿Qué queremos? Situarnos en un paradigma distinto. Aquí les tengo que
decir que queremos que la ley vaya más allá de lo que ha ido; en
definitiva, que sitúe los retos para atajar la corrupción urbanística,
las ilegalidades urbanísticas y el urbanismo insostenible que padecemos.
Nos parece entrañable la forma de hacer del Gobierno, un Gobierno que
presenta la ley, que hace de Gobierno y que hace de oposición,
autoenmendándose con enmiendas, algunas de ellas nuestras. Nos parece
exquisito este doble papel de partido de gobierno y de oposición a la
vez. Pero les decimos que les vamos a plantear enmiendas para que se vaya
más allá y para que se recupere el texto original que ustedes habían
planteado, garantizando, por ejemplo, la función social de la propiedad.
Entendiendo que quien garantiza la lucha contra la especulación no es la
Administración Central del Estado, sino los controles -no solo
preceptivos, sino vinculantes- de las autoridades ambientales. ¿Qué
pedimos? Por ejemplo, que se recupere el texto original en lo que se
refiere al tratamiento imperativo del anterior borrador en materia de
vivienda desocupada referente al deber de utilización de la vivienda y a
la consideración de vulneración de dicho deber como incumplimiento de la
función social de la propiedad. Primer elemento. Vamos a incorporar en el
artículo 9 la inclusión del deber de uso de las viviendas que está
expresado de forma excesivamente genérica. Voy a recordar que se puede
llegar a la expropiación por el incumplimiento de la función social de la
propiedad. Segundo elemento. Queremos no solo un 25 por ciento, queremos
acercarnos a un 33 por ciento en las reservas para la vivienda protegida
y queremos que se fije un precio máximo para las viviendas protegidas,
por una razón muy simple, porque no vamos a aceptar falsas legislaciones
autonómicas que dicen tener mucha vivienda protegida, pero en realidad no
es vivienda protegida, por lo que le vamos a pedir al Gobierno que
establezca ese precio máximo. Tercer elemento. No entendemos ni
compartimos el redactado del artículo 3.3, porque el fomento de la
participación privada es una expresión que puede llevar a equívocos. A
partir de aquí, les vamos a plantear soluciones para solventar el nudo
gordiano de nuestro modelo urbanístico, que es la valoración. La
valoración hoy, en nuestro modelo urbanístico, fomenta específicamente
-permítanme que lo diga con claridad- la corrupción urbanística, porque
posibilita que el valor de un terreno se incremente espectacularmente por
una simple decisión administrativa y que dicha plusvalía pase
directamente al patrimonio de su propietario. Sabemos que no es un
problema nuevo, sino que viene de todas las legislaciones en materia
urbanística de España desde el año 1956. Una buena ley del suelo, que no
invada competencias, tiene que abordar ese nudo gordiano porque, en
definitiva, la plusvalía es de la sociedad. La plusvalía es de quien
decide, pero no de aquel que no invierte ni un solo euro en ese bien. El
problema está en intentar que la plusvalía de ese suelo sea un bien, un
patrimonio de la sociedad. Esta ley no aborda radicalmente, como a
nosotros nos gustaría, ese problema, pero también sabemos que la ley
camina en una buena dirección, entendiendo que en las valoraciones no se
puede tener presente la expectativa, como ha pasado en estos últimos
años. Hoy se tiene muy presente la expectativa en las valoraciones del
suelo. Por eso planteamos que haya soluciones muy concretas como, por
ejemplo, modificar el artículo 11 de proyecto de ley para atribuir al
Pleno la competencia en la aprobación de convenios urbanísticos o
realizar procesos de transformación en la ciudad consolidada, que el
valor de las edificaciones esté en función de la antigüedad, de la
conservación, de la conformidad o no con la normativa vigente
precisamente para, como digo, garantizar los procesos de transformación
en la ciudad consolidada. No debe haber suelo urbanizado de suelo rural
hasta que los deberes de ese suelo estén cumplidos y las cargas
levantadas. Se debe establecer que es imprescindible fijar límites más
estrictos, por ejemplo en la valoración del suelo periurbano, como hemos
discutido en multitud de ocasiones. Y así pondríamos poner multitud de
ejemplos.
Segundo elemento que hay que abordar: las ilegalidades urbanísticas. Para
abordar las ilegalidades urbanísticas lo que hay que hacer es un código
penal -podemos discutirlo cuando quieran- que se adecue a estas
exigencias, y más exigencias de acuerdo con la memoria fiscal, por
ejemplo, del año 2006. ¿Qué significa? Que en el artículo 13 de la Ley
del Suelo se introduzca expresamente la prohibición de dedicar a uso
residencial el suelo rural. ¿Se puede ir mucho más allá? Claro que sí.
Por ejemplo, en disposiciones adicionales, incluyendo modificaciones en
el reglamento de inscripción de actos urbanísticos en el Registro de la
Propiedad para que la anotación preventiva en la incoación de expedientes
de disciplina urbanística o de recursos contencioso-administrativos que
afectan a construcciones ilegales sea obligatoria. Caminan en ese
sentido, pero no de forma definitiva.
Tercer elemento fundamental -voy concluyendo, señora presidenta- en
materia de urbanismo insostenible. El urbanismo insostenible es uno de
los principales problemas de este país. Supone una hipoteca y una deuda
ecológica extraordinaria con las generaciones presentes y también con las
futuras. Aquí tienen que ir mucho más allá de lo que van. Las propuestas
son sencillas, simples. Si hablamos del carácter preceptivo del informe
de la autoridad hidráulica, nosotros les decimos claramente: informe
preceptivo y vinculante. Y vinculante, repito. Porque no se puede
construir allí donde no hay agua. Informe preceptivo y vinculante de la
autoridad ambiental. Claro que sí. Si un espacio tiene un especial valor
ecológico, lo que no se puede es construir. Y no quitamos ninguna
competencia autonómica porque la autoridad ambiental continua estando
donde tiene que estar, que es en la comunidad autónoma. Lo que estamos
diciendo es que las comunidades autónomas deben poner
límites a procesos especulativos. Nos parece bien esa enmienda que dicen
que es suya pero que la han copiado de una propuesta nuestra en
Andalucía, pero se tiene que ir mucho más allá, garantizando que los
informes ambientales no solo sean preceptivos sino vinculantes y
entendiendo que un proceso de transformación no se puede producir como se
producen hoy en todo Levante, en el interior e incluso ya en zonas del
litoral cantábrico. Eso significa, por ejemplo, modificar el artículo 15,
referente a los informes que se tienen que emitir, o establecer
expresamente que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
incluyan determinaciones que establezca la memoria ambiental.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, por favor.
El señor HERRERA TORRES: Acabo, ya señora presidenta.
Subsidiariamente, mientras no se aprueben instrumentos de ordenación
territorial que establezcan límites cuantitativos y temporales en los
procesos de ocupación y de transformación del suelo, es necesario fijar
un límite de crecimiento del suelo destinado a uso residencial del 50 por
ciento del número actual de viviendas para los municipios de más de 5.000
habitantes y del cien por cien para municipios de menos de 5.000. Al fin
y al cabo, señora ministra, señoras y señores diputados, de lo que se
trata en esta materia es de tener voluntad política y de entender que el
liderazgo lo tienen las comunidades autónomas, pero hay que saber que hay
un bien a proteger, el derecho al acceso a la vivienda; que hay un bien a
proteger, que es el medio ambiente, y entender, en definitiva, que hay
que cambiar las pautas de crecimiento, las pautas de un modelo que se
basa en la corrupción urbanística, un modelo que se basa en decir: con la
transformación del suelo me enriquezco yo y no se enriquece la
colectividad. Eso es algo que hay que cambiar. Entendemos que hay buenas
bases, pero le exigimos, porque la sociedad y la opinión pública se lo
exige, que las enmiendas que hemos presentado puedan prosperar. Por eso
vamos a apoyar la tramitación de la ley y por eso les pedimos que apoyen
e incorporen al texto las más de 60 enmiendas que hemos presentado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.
Señorías, les rogaría que respetaran los tiempos asignados, por favor.
En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra el señor Beloki, para fijar
posición en este debate de totalidad sobre el proyecto de Ley del Suelo.
El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señoras ministras, señorías, mi
grupo quiere comenzar su intervención reformulando una pregunta que ha
hecho, con una oratoria brillante, el portavoz del Grupo Popular, que es
la siguiente: ¿Es esta una ley necesaria? ¿Era necesario hacer esta ley o
se hace simplemente porque en esta legislatura tenemos un ministerio y
hay que demostrarlo? ¿Tenemos un proyecto de ley que responde a una
problemática que requería una ley como esta o lo tenemos simplemente
porque tenemos una ministra y un ministerio?
Señor Matos, nuestra respuesta no es tan tajante como la suya, es mucho
más matizada. De que la coyuntura urbanística actual -no la califico de
otra forma; esta mañana se han utilizado aquí muchos calificativos, pero
quiero decirlo aséptica y simplificadamente- requiere de actuación
pública no nos cabe ninguna duda. Las cosas no están bien, de forma que
hasta ahí todos estaríamos de acuerdo, pero ese no es nuestro mensaje,
señora ministra. Otra cosa es qué tipo de actuación es la que conviene y
la que se nos requiere en este momento, qué tipo de actuaciones
correspondientes a la situación y pertinentes para resolver los problemas
que tenemos hoy son las necesarias. Que esa actuación necesaria pública
deba serlo en el campo legislativo de forma prioritaria nos parece ya más
discutible. Que puestos a actuar en el campo legislativo deba ser esta
Cámara la que actúe en primer lugar y principalmente todavía nos parece
más discutible, ahí hay un campo de discusión amplio. A juicio de mi
grupo, para responder a la situación actual la legislación autonómica es
más importante. Por ejemplo, el hecho de que en el País Vasco se haya
aprobado la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, responde
más a esta situación que esta otra ley, a mi juicio. Puestos a tener que
elegir entre medidas que son necesarias para actuar, es más oportuna
aquella ley que esta. Y en todo caso, lo que a mi grupo le parece más
claro es que, puestos a actuar, puestos a actuar desde esta Cámara y
puestos a actuar con este proyecto de ley, y me atrevería a decir que con
cualquier otro proyecto de ley, constituiría un error de apreciación
-evidente error, a mi juicio- creer que, hecha esta ley, resueltos los
problemas de los que tenemos noticia todos los días a través de los
medios de comunicación. Hecha la ley no van a estar resueltos los
problemas urbanísticos que nos aquejan y que llaman la atención de todo
el mundo y la atención de los políticos en orden a actuar. Entiendo por
lo mismo que no tiene mayor interés suscitar más expectativas que las
pertinentes, no sea que después, aunque sea tarde -como dice el
responsable del Partido Popular, dentro de tres años-, vuelvan las
consecuencias de algo que se sugirió y que puede no ser real.
En todo caso, tenemos un proyecto de ley. Como dice el propio proyecto de
ley, es evidente que en esta materia no se ha conseguido sentar un modelo
estable, hasta hoy se ha caminado de modificación en modificación, por
cierto mediante instrumentos normativos urgentes o de acompañamiento en
muchos casos. De ahí que hay un objetivo que para mí es noble para un
posible proyecto de ley: buscar orden, buscar estabilidad, simplemente,
que no es poco y puede ser uno de los objetivos interesantes de este
proyecto de ley. Pero eso es un objetivo.
Hecha la ley, no es seguro que sin más se logre tal objetivo, no es seguro
que lo logremos y hay que ser consciente de ello. Corremos, también esta
vez, el riesgo de hacer una actuación excesivamente pegada a la coyuntura
política; es decir, que parezca que merece la pena, que dé la impresión
de que podemos entrar a resolver los graves problemas, como decía antes,
porque hacemos la ley. Sería, insisto, un grave error, un auténtico
bumerán, aunque llegue no sé si al cabo de los dos o de los tres años. De
forma que esta no es una ley para presentarse arrogantemente ante la
sociedad; en su caso, es una ley para presentarse con una enorme humildad
y decir: vamos a hacer lo que es posible y sabemos que esta es solo una
de las posibles actuaciones. Porque no olvidemos que es cierto que este
es un proyecto de ley que indiscutiblemente está ligado al artículo 47 de
la Constitución y que, como bien se detalla en la memoria económica,
obliga, en resumen, a asegurar a todos los españoles el derecho al acceso
a una vivienda digna y adecuada -no sé si no sería más ajustado decir que
proclama el derecho de todos y de todas a una vivienda digna y adecuada-,
a evitar la especulación del suelo y de la vivienda y a recuperar para la
sociedad parte de las plusvalías producidas en el proceso urbanizador;
pero no menos cierto es que este es un objetivo de horizonte, de llegada.
Sería un grave error decir que, hecha esta ley, ya hemos alcanzado el
horizonte, sería error decirlo y sería error sugerirlo. Sin desconocer la
importancia de la legislación, la autonómica o la estatal, creo que la
consecución de esos objetivos requiere tanto o más actuaciones decididas,
valientes, compromisos claros desde todos los planos ejecutivos, desde la
Administración local y, por supuesto, desde la Administración autonómica
y desde la Administración central en esa dirección. Por ejemplo, requiere
que se hagan planes directores de vivienda serios en los que se pongan
medios, en los que se fijen unos objetivos claros, por ejemplo el que
acaba de hacerse como segundo plan en el País Vasco en la perspectiva
temporal de 2006/2009. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa
la Presidencia.)
En todo caso, es cierto que esta Cámara tiene campo de maniobra, tiene
campo de actuación; dicho con otras palabras, hay campo para la
legislación y también para la legislación estatal. Y digo más, a juicio
de mi grupo hay campo necesitado de actuación, por ejemplo en esos dos
campos a los que ustedes mismos se han referido al traer a colación
iniciativas previas habidas en torno a la valoración del suelo -una
proposición no de ley del Partido Popular- o a la expropiación forzosa,
tema que se vio en el debate presupuestario del año 2006 en el Senado,
presentado por Convergència i Unió. Hasta ahí no hay ninguna duda. Pero
el ministerio ha querido ir más allá, acogiéndose básicamente al artículo
149, que, otros lo han recordado y yo vuelvo a recordarlo, no reservó
ninguna competencia explícita para la Administración central en materia
de urbanismo, ordenación del territorio y vivienda, fue el 148 el que
reservó la competencia exclusiva para las comunidades autónomas; pero es
cierto que el 149 reservó otro tipo de competencias -digámoslo así-
horizontales, que, según vamos comprobando, y dependiendo del espíritu y
de la voluntad política de quien se acoge a ellas, parecen tener
virtualidades sin límite. Y ahí hay un riesgo, riesgo en el que se ha
incurrido en la legislación que sobre este tema se ha venido elaborando
en los años precedentes. En cualquier caso, tomando como base en ese
título competencial se ha elaborado el proyecto de ley que hoy tenemos
entre manos.
Creo que el Gobierno y el ministerio, al lanzarse por ese camino, corren
riesgos, pero también estoy convencido de que ustedes son conscientes de
esos riesgos; son conscientes de que se han movido y se mueven en un
terreno que, por calificarlo de alguna forma, es resbaladizo. Y buena
prueba de que estamos en un terreno resbaladizo es que hoy hay aquí tres
enmiendas a la totalidad, enmiendas que mi grupo no atribuye a la
oposición por la oposición. Creo que hay un trasfondo del que hay que
hablar en profundidad porque las tres enmiendas a la totalidad, insisto,
empiezan a reflejar que estamos ante un terreno que es, como decía antes,
resbaladizo. Mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad, y
no lo hemos hecho -y no nos duelen prendas en reconocerlo- porque hemos
entendido el esfuerzo que ustedes han hecho y hemos decidido que a su
esfuerzo vamos a corresponder con otro esfuerzo por nuestra parte. De la
misma forma que ustedes -según hemos podido reconocer en el texto- han
intentado afinar, nosotros creemos que hay otros temas en los que todavía
es necesario afinar más; pero vamos a hacer ese esfuerzo correspondiendo
al suyo y estamos dispuestos a hacerlo con generosidad. Buscamos ayudar,
con nuestra participación en la elaboración de la legislación estatal y
en la medida en que esté en nuestra mano, a resolver ese gravísimo
problema de la vivienda a lo que, como decía en mi intervención, esta
legislación puede en parte ayudar.
Termino, señor presidente. No sería bueno que encalláramos nuevamente. Esa
esperanza de no encallar, unida al esfuerzo que acabo de reconocer que
han hecho ustedes al presentar este proyecto de ley, es la que nos ha
llevado a no presentar ninguna enmienda a la totalidad y nos va a llevar
a no apoyar ninguna de las que se han presentado, esperando que entre
todos mejoremos, en el camino que juntos deberemos hacer, un proyecto de
ley al que reconocemos buena intención.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Beloki.
Para fijar su posición, por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU DOMINGO: Señor presidente, señora ministra, señoras y
señores diputados, con esta ley -y nos los indican los ciudadanos
encuesta tras
encuesta- estamos debatiendo uno de los temas que más preocupan al
conjunto de la ciudadanía. El tema de la vivienda, especialmente el
acceso de los jóvenes a la misma, está en muchas de las encuestas de
opinión como primera preocupación de los hombres y mujeres de este país.
Partimos de la actual legislación, la Ley de 1998. Yo no dudo de las
buenas intenciones de los que en aquel momento legislaron y aprobaron con
su voto la Ley de 1998, pero la realidad es terca y esta ley no ha
servido para ninguno de los propósitos que la inspiraron. Más que subir,
se ha multiplicado el precio del suelo, ha alcanzando el precio de la
vivienda límites que hacen muy difícil el acceso a la misma. No todo ha
sido la ley. Aquí ha habido una confluencia de la ley con diversas
cuestiones de ciclo económico como pueden ser unos intereses
extremadamente bajos, la irrupción del fenómeno de la inmigración con el
aumento población que ha conllevado, y el constante crecimiento económico
por un largo ciclo. Es cierto, pero, como decía, la realidad es terca y
no ha servido para los propósitos que motivaron la presente ley. Además
ha permitido un desarrollo urbanístico que dudo que sea sostenible, ya
que ha sido poco respetuoso con el medio ambiente y con la sostenibilidad
social. Y, si no, solo hace falta hacer un viaje por ciertas ciudades o
ciertas costas.
Hay otro tema que ha aflorado y que quisiera separar absolutamente de la
ley: la corrupción urbanística. La corrupción fue intrínsecamente alejada
de la ley anterior y lo será de esta. Aquí se proponía un gran pacto de
Estado, yo lo ofrezco. Nuestro partido ofrece un gran pacto de Estado
entre todos los partidos contra la corrupción urbanística, para ir tan
lejos y ser tan severos como se quiera y como se pueda. En esto
encontrarán la participación entusiasta de Esquerra Republicana de
Catalunya. Exigimos en esta ley el respeto escrupuloso a las competencias
autonómicas y, en especial, al nuevo Estatut de Catalunya. En la
discusión del articulado se verá que algunas de nuestras enmiendas tienen
este espíritu. Estamos seguros de que en el tema competencial podremos
llegar a acuerdos que dejen claro que no hay la más mínima invasión.
Una cuestión que no resolvía y que agravó la ley vigente, y que se tiene
que corregir, es la relativa a las valoraciones y la expropiación al
introducir el tema de las expectativas. Este diputado nació políticamente
con el sindicato agrario Unió de Pagesos y me cuesta comprender ciertas
exposiciones que se han hecho sobre que con la nueva ley haríamos una
minoración de los suelos agrícolas. Creo que hay suficiente
jurisprudencia sobre valoración de suelos agrícolas para saber que esta
ley ni ninguna podrán aminorar. De eso tenemos que ser conscientes. En
los dos casos más grandes de expropiación en los que se han aplicado las
expectativas, que son el del aeropuerto de Barajas, el desvío del
Llobregat y la tercera pista de El Prat, en Madrid y Barcelona, se ha
llegado a unos supuestos de valoración muy altos que hacen difícil que se
puedan hacer proyectos de infraestructuras si seguimos con este criterio.
Les aseguro que en este proceso expropiatorio no había agricultores pero
sí promotores.
En relación con el 0 a 10, al 5, al 15 de suelo neto para los
ayuntamientos yo, que he sido alcalde de mi villa, sé que todos los
alcaldes de este país están muy contentos. Me preguntan que por qué el
20, que es mejor dejarlo sin tope. ¿Entonces por qué lo dejaron en el 10
antes si ahora el 20 no les parece suficiente? Si se pone más allá del 20
dirán que los ayuntamientos estamos hinchando sobre la base de la
contribución de suelo neto el precio de la vivienda. (El señor Ayala
Sánchez pronuncia palabras que no se perciben.) Ya nos entendemos.
Sobre el 25 por ciento de protección oficial, el señor Matos nos cuenta
que hay comunidades que aplican esto, lo otro y lo otro, pero no nos dice
que en la Comunidad Valenciana, a través del reglamento de la Ley de
Urbanismo, en las zonas de costa y turística -es decir, casi todo- la
vivienda de protección oficial puede quedar a cero. Esta es la realidad
que ha pasado en la costa de Valencia. Sí, como mínimo un 25 por ciento y
si lo podemos elevar mejor. Pedimos en nuestras enmiendas que ampliemos
el concepto de protección oficial y más cuando se prevé una subida de
intereses que hará más difícil el acceso a una propiedad por compra a los
jóvenes. Queremos que este concepto de protección oficial con precio
tasado sea tanto para el acceso a la propiedad como para el acceso al
alquiler con un precio tasado.
Estamos ante un tema que a lo mejor, a pesar de las buenas intenciones de
los que proponen la ley, también será difícil que se detenga el ciclo
inflacionista del precio del suelo y de la vivienda. Quizá, con todo, no
sea aún suficiente, pero creo que por responsabilidad de todos, aunque en
este esfuerzo nos quedemos cortos, tenemos la obligación de superar una
situación anterior y hacer que el acceso a una vivienda digna sea un
derecho de toda la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor Andreu.
Para fijar la posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el diputado señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, el Grupo Parlamentario Socialista cree que
usted y su ministerio han hecho un buen trabajo. A primeros de septiembre
entró en esta Cámara el proyecto de ley de suelo. Habían transcurrido
poco más de dos años desde el inicio de esta legislatura, y el Gobierno
cumplía con su compromiso de modificar la Ley del régimen del suelo y
valoraciones y lo hacía desde la participación. La sociedad en este
momento nos demanda que la nueva ley del suelo defina pautas de ocupación
del suelo en el marco de un desarrollo sostenible
que articule tres variables: medio ambiente, crecimiento económico y
cohesión social. Por ello, el proyecto que ha presentado el Gobierno
parte de una filosofía distinta a la de la Ley vigente. En la Ley 6/1998
el Grupo Popular argumentó que era la falta de suelo lo que hacía subir
el precio y estableció el suelo urbanizable como residual -es decir, todo
lo que es urbano o está expresamente protegido es susceptible de
urbanizar-. Todos sabemos cuál ha sido el resultado de esa filosofía. Les
daré algunos datos. En el periodo 1998-2005, como ha recordado ya la
señora ministra, el precio acumulado de la vivienda de nueva construcción
ha sido del 150 por ciento; el incremento en el mismo periodo del precio
del suelo ha sido, según el Banco de España, el 500 por ciento. Conviene
recordar que en la década 1990-2000, en España se han urbanizado 170.384
hectáreas, es decir, un 25 por ciento de lo urbanizado en toda nuestra
historia anterior. Podemos concluir en este punto que se ha urbanizado
más que nunca, pero el precio ha subido también como en ningún otro
momento y con resultados no deseables para el territorio. El origen de
las subidas desmesuradas del precio del suelo hay que buscarlo por tanto,
no en la escasez de suelo urbanizable sino más bien en otros factores,
entre los que destacamos la opacidad del mercado de suelo y la
incertidumbre que se ha venido generando en relación con los valores
futuros del suelo, así como los mecanismos que hacen que el precio del
suelo sea el resultado del precio de la vivienda, no a la inversa. Estas
razones hacen que el proyecto de ley del suelo que defendemos se oriente
a la consecución de los siguientes objetivos: el fomento de la eficiencia
-lo que equivale a un desarrollo urbano sostenible-, la apuesta por una
ordenación y gestión del suelo al servicio de la efectividad del derecho
a la vivienda, la mejora de la transparencia y la participación ciudadana
con la inclusión de un estatuto del ciudadano y combatir la
especulación.
Hemos de resaltar que este proyecto de ley llega al Congreso después de un
largo proceso de acuerdos y consultas con los profesionales y miembros
del sector, y que el mismo ha obtenido el respaldo de la Federación
Española de Municipios y Provincias y ha sido sometido, el pasado 26 de
junio, al Consejo Económico y Social, un trámite que el Gobierno de
entonces trató de soslayar sin éxito con la Ley 6/1998, y en el que este
proyecto de ley ha contado con el apoyo de sindicatos y empresarios,
hecho por el que le expresamos, señora ministra, nuestra felicitación. Ha
pasado la mitad de la legislatura y el Gobierno socialista ha cumplido su
compromiso: ha presentado un proyecto de ley del suelo, uno. El Partido
Popular entre 1996 y 2003 presentó las siguientes normas: Decreto-ley
5/1996, Ley 7/1997, Ley 6/1998, Ley de acompañamiento 55/1999,
Decreto-ley 4/2000, Ley de acompañamiento 53/2002 y Ley 10/2003, y les
recuerdo que entre los años 2000 y 2003 ustedes tenían mayoría absoluta.
Es evidente que este proyecto, frente al popurrí de normativas
improvisadas por el PP, ha tenido una elaboración medida, reflexionada y
ausente de precipitaciones y oportunismos, aunque no de oportunidades.
En el Grupo Socialista creemos que se acierta plenamente en el proyecto
cuando por primera vez en una ley de suelo se reconocen los derechos y
deberes de los ciudadanos, aunque no sean propietarios porque la ciudad
es de todos y todos sus ciudadanos disfrutan de una buena ordenación del
territorio y de un buen urbanismo, o todos padecen los desarrollos
urbanísticos masivos con falta de servicios y comunicaciones. También nos
parece acertado que se separe con claridad la facultad de urbanizar como
función pública del derecho de propiedad porque, como ya sabemos, el
derecho de propiedad del suelo no es ya un derecho potencialmente
ilimitado, sino más bien un derecho encerrado en límites precisos que
empieza a definir la propia Ley del Suelo y que termina por perfilar los
planes de ordenación. El proyecto de ley es un texto sencillo, respetuoso
con las competencias de las comunidades autónomas, en materia de
ordenación del territorio y urbanismo y con la sentencia del Tribunal
Constitucional 61/1997. Este proyecto, alejado de los tecnicismos del
derecho urbanístico pretende convertirse en una ley de suelo, no en una
ley urbanística, por ello se renuncia incluso a la técnica de
clasificación urbanística y se habla de situaciones básicas del suelo con
una diferenciación entre suelo rural y suelo urbanizado. El proyecto hace
una apuesta decidida, en primer lugar, en la lucha contra la especulación
y el desarrollo incontrolado en el mercado del suelo, y para ello
introduce mecanismos de transparencia y participación; en segundo lugar,
por favorecer el acceso a la vivienda a cuyo fin establece una reserva
mínima de suelo del 25 por ciento para vivienda protegida; en tercer
lugar, por una participación de la comunidad de las plusvalías que genera
la acción urbanística de los entes públicos, razón por la que se
establece que la promoción entregará a la Administración competente,
libre de cargas de urbanización, un porcentaje de edificabilidad
comprendido entre el 5 y el 15 por ciento. Finalmente, el proyecto de ley
regula temas que son competencia exclusiva del Estado: el régimen de
valoración del suelo y la expropiación forzosa, en los títulos III y IV,
así como la función social de la propiedad, en el título V.
Por hacer una breve reflexión a la argumentación que hoy se ha vertido
aquí por los ponentes de las distintas enmiendas a la totalidad, empezaré
por el Grupo Parlamentario Popular, que inicia su argumentación diciendo
que la Ley 6/1998 ha sido una magnífica ley, porque en el septenio de
vigencia de la misma se han construido 3.500.000 viviendas. Pero,
señorías, al margen de lo desafortunado que es este argumento, ¿han
pensado ustedes durante cuántos septenios más se puede mantener ese tipo
de desarrollo? ¿Durante cuántos septenios más podemos estar construyendo
3.500.000 millones de viviendas, sabiendo además que durante ese tiempo
el número de hogares que se ha creado en nuestro país no ha llegado a los
2 millones? Los problemas, lejos de resolverse se han agravado, y no digo
que sea como consecuencia exclusiva de la ley, hay otras razones también;
pero si ustedes quieren apuntarse el desarrollo a su
ley, también tendrían que reconocer que esa misma ley es la que hace
precios inaccesibles, parque de viviendas ineficiente, menos del 60 por
ciento de la vivienda está dedicada a vivienda principal, el resto son
segunda vivienda y viviendas desocupadas. Eso no ocurre en ningún punto
de Europa. Se ha dado lugar a un crecimiento insostenible y se ha dado
lugar a un desarrollo totalmente desordenado, sin olvidar a millones de
ciudadanos que tienen que pagar una hipoteca durante 40 años, mientras se
han privatizado ingentes cantidades de plusvalías en manos privadas.
Decía también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que le resulta
demagógico establecer un mínimo del 25 por ciento como reserva para suelo
residencial, porque la inmensa mayoría de las comunidades autónomas
tienen más. Señoría, permítame que le diga que no es así. Baleares tiene
el cero por ciento de reserva; la Región de Murcia tiene el 10 por ciento
de reserva y la Comunidad Valenciana tiene en la ley el cero por ciento
-léase la legislación de la Comunidad Valenciana-; además, si le parece
que esa cantidad es ridícula nosotros estamos dispuestos a incrementarla
en la tramitación parlamentaria, seguramente con su apoyo, del 25 al 30
por ciento pues ya hay algunas enmiendas que lo plantean. Ustedes dicen
que es ridículo; ya veremos si están en una posición de salón o de verdad
quieren resolver este problema. ¿Dice que nosotros destruimos la
clasificación que consagra nuestro derecho urbanístico de suelo urbano,
urbanizable y suelo rústico? No, nosotros no destruimos nada. Simplemente
la ley no hace uso de esa clasificación, que es cierto que el Tribunal
Constitucional lo tiene permitido, pero para los efectos de valoración
del suelo que contempla esta ley no era necesaria esa clasificación que,
por otro lado, introduce elementos especulativos solamente por la razón
de la clasificación. Por eso, no hacemos uso de esos elementos.
Otro argumento que da es que no hacemos nada por los patrimonios públicos
de suelo. Señoría, este proyecto de ley tiene un capítulo completo y tres
artículos dedicados a los patrimonios públicos de suelo. Su ley no tenía
absolutamente ninguna referencia a los patrimonios públicos de suelo, y
además también hacemos algo cuando subimos la horquilla de las plusvalías
de la cesión entre el 5 y el 15 por ciento. Ustedes lo tenían entre el 0
y el 10 por ciento. Eso también colabora a incrementar las plusvalías.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor diputado, tiene que ir
acabando.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, voy acabando. Por cortesía,
haré una referencia a Convergència i Unió y a BNG.
Convergència i Unió hace referencia a los temas competenciales. Cuando se
aprobó la Ley 6/1998, la referencia que se hacía en ella para legislar
sobre esta materia, era precisamente el artículo 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª
de la Constitución, los mismos que ahora, y ustedes en aquel momento
votaron a favor de esa ley. Ahora traen a colación que el Estatuto genera
una situación distinta. No creo que el Estatuto genere una situación
distinta en cuanto a las condiciones básicas que garantizan el derecho a
la igualdad de todos los ciudadanos, y sabemos perfectamente...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, el señor Jané
se da por satisfecho. Tendría que ir acabando porque lleva casi tres
minutos más.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy acabando, señor presidente.
Decía que no creo que el Estatuto genere una situación distinta en cuanto
a las condiciones básicas que garantizan el derecho a la igualdad de
todos los ciudadanos, y sabemos perfectamente que las condiciones básicas
no permiten definir un solo urbanismo. Hay que dejar un margen de modelo
urbanístico y esta ley permite ese margen de distintos modelos
urbanísticos.
Quiero terminar agradeciendo la disposición que tiene por supuesto el
Grupo de CiU, para que trabajemos conjuntamente en la elaboración de las
enmiendas en su tramitación en la Comisión, y también muy especialmente
la disposición del señor Rodríguez, del BNG, para que arreglemos el
problema que ha planteado. Estamos dispuestos a que esa cuestión sobre
determinadas especificidades en el ámbito rural podamos resolverlas en el
trámite parlamentario. Les agradeceríamos muy especialmente tanto a usted
como a CiU que retiraran sus enmiendas a la totalidad porque nuestra
disposición a trabajar en Comisión va a ser total.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, de verdad, le
voy a quitar la palabra.
El señor CONTRERAS PÉREZ: También hacemos un ofrecimiento al Grupo Popular
porque puede haber algún elemento de encuentro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Señor Contreras, ha conseguido
que me riñan todos los grupos. (El señor Ayala Sánchez: De ahí el dicho,
eres más pesado que Contreras. -El señor Contreras Pérez: Eso lo he
aprendido de ti.)
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor
presidente.
Pido la palabra no para reabrir el debate ni para rebatir ninguna de las
intervenciones anteriores,...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Se lo agradezco, señora
ministra.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): ... sino solo para
agradecer brevemente la actitud de los grupos que han fijado su posición
a favor de la tramitación del proyecto. Además, solo me queda reiterar no
solo a estos grupos, también al resto de los grupos parlamentarios, mi
mejor disposición para seguir trabajando en el resto de la tramitación
parlamentaria con el objeto de mejorar el proyecto. En particular, en
cuanto a las objeciones que ha presentado el Grupo Mixto, le ofrezco mi
mejor disposición para buscar soluciones a lo largo de la tramitación
parlamentaria y para que se pueda contribuir a aumentar el consenso en
esta ley que tan necesaria es.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora
ministra. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)
Tiene usted la palabra, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, solamente quiero aclarar que
vamos a retirar entonces la enmienda a la totalidad y nos agarramos a esa
buena voluntad de solucionar, en el trámite de enmiendas, el problema en
el que hicimos tanto énfasis de los núcleos rurales de Galicia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
-PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001,
DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en el último punto
del orden del día: Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Se ha presentado
una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, pero previamente tiene la palabra la señora
ministra para presentar el proyecto.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, ayer en esta Cámara el presidente del Gobierno dijo que la
política universitaria debe ser una política de Estado. El Gobierno, y
por supuesto esta ministra de Educación, está convencida de ello y, por
tanto, este es un asunto en el que queremos buscar el mayor consenso
posible. Esta es la razón por la que en el Ministerio de Educación y
Ciencia, desde que comenzamos a trabajar en la reforma de la Ley Orgánica
de Universidades, hemos apostado por el diálogo, diálogo, en primer
lugar, con la comunidad universitaria, que ha discutido y debatido en
diversos foros los diferentes borradores de reforma de esta ley.
El proyecto, por otra parte, ha sido ampliamente discutido también en el
Consejo de coordinación universitaria, máximo órgano consultivo y de
coordinación del sistema universitario; diálogo también con las
organizaciones sociales, con los sindicatos, con los empresarios y con
representantes de otros colectivos con los que hemos contrastado y
debatido diversas propuestas, muchas de las cuales además se han
incorporado al proyecto de ley. A esto nos ha llevado la convicción de
que la política universitaria compete a toda la sociedad porque en ella
nos jugamos buena parte de nuestro futuro. Esta voluntad de diálogo sigue
en pie y se abre a todas las fuerzas políticas que deseen mejorar nuestro
sistema universitario.
Dada la importancia de la reforma que nos ocupa, me atrevo a ir un poquito
más allá. Apelo a la responsabilidad de todos aquellos que están
dispuestos a conseguir que nuestras universidades ofrezcan un servicio
público de calidad para que se sumen a esta iniciativa. Como he señalado,
este proyecto ha sido debatido por la comunidad universitaria, ha sido
debatido por los rectores, ha sido debatido por las comunidades autónomas
y el Consejo de Estado ha informado favorablemente el proyecto y no ha
establecido reparos de legalidad ni observaciones que exigieran
modificaciones sustantivas, mientras que sí destacó lo acertado de muchas
de las medidas propuestas. De hecho, algunas de las sugerencias del
Consejo de Estado se han incorporado ya al texto que ha llegado a la
Cámara, y esperamos que este respaldo institucional se extienda al
conjunto de los grupos parlamentarios. Nosotros, repito, estamos abiertos
al diálogo y dispuestos a negociar. Hemos querido reformar la Ley
Orgánica de Universidades en lugar de hacer una nueva ley, porque el
marco general que regula nuestras universidades debe tener un cierto
grado de continuidad. La ley, no obstante, debía ser reformada y así lo
ha demandado buena parte de la comunidad universitaria al detectar
problemas derivados de la aplicación de la ley vigente. Pero ese no es el
único motivo de la reforma. Estamos convencidos de que la política
universitaria necesita una nueva orientación y este es el cambio que
requiere hoy nuestro sistema universitario.
Nuestras universidades necesitan modernizarse; necesitan cumplir los
compromisos adquiridos en la construcción del espacio europeo de
Educación Superior; necesitan abrirse al mundo y, al tiempo, reforzar sus
lazos con la sociedad; necesitan mejorar la calidad de la formación que
ofrecen a nuestros titulados; necesitan intensificar su actividad
investigadora y conseguir que esta sea de calidad, y lo necesitan porque
la educación superior constituye uno de los instrumentos principales para
garantizar un desarrollo constante y de calidad que contribuya a mejorar
el nivel de vida de nuestros ciudadanos.
Quiero hacer una referencia expresa a una de las cuestiones que acabo de
citar: la construcción del espacio
europeo de Educación Superior. El texto que presentamos establece las
condiciones para que nuestras universidades participen activamente en
este proceso en los tiempos que tiene marcados. Por una parte, sus
principales líneas de acción coinciden plenamente con el rumbo que está
adoptando la política universitaria de nuestros socios europeos, pero
además sienta las bases para que nuestras universidades puedan adaptar
sus titulaciones al espacio europeo de Educación Superior.
En definitiva, queremos tener universidades más fuertes, pero también más
ágiles, más flexibles y capaces de afrontar los desafíos que la sociedad
del conocimiento plantea en permanente transformación, así como la
convergencia en el espacio europeo de Educación Superior. De ello depende
nuestro futuro.
Estas son en líneas generales las cuestiones sobre las que gira nuestra
reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Son, como acabo de señalar,
las mismas cuestiones que preocupan a nuestros socios europeos, cuyas
políticas universitarias caminan en la dirección que estamos proponiendo.
Así lo reflejó este año el comisario europeo de Educación, Jan Figel,
cuando recomendó a los ministros de Educación de la Unión Europea que
permitieran a las universidades una mayor autonomía y responsabilidad, de
modo que pudieran responder rápidamente al cambio. Por todas estas
razones, en el proyecto hemos tratado de eliminar aspectos excesivamente
reglamentistas o restrictivos que pudieran limitar la actividad de
nuestras universidades. No podemos legislar de espaldas a ellas, como si
fueran menores de edad o sospechosas de las peores conductas. No podemos
seguir desconfiando de nuestras universidades. Nuestra reforma otorga a
las universidades un amplio margen de confianza para que establezcan su
propio modelo de organización, para que diseñen los títulos que desean
impartir o para que contraten en un proceso abierto y público que, por
supuesto, respete los principios constitucionales de mérito y capacidad a
los profesores que hayan cumplido los requisitos previos de acreditación
y que mejor se adapten a sus necesidades. Quiero detenerme un momento en
estos dos últimos puntos.
Debíamos reemplazar el sistema vigente de habilitación. La práctica
unanimidad de la comunidad universitaria española cree que se trata de un
modelo de selección altamente disfuncional y Guy Haug, uno de los
promotores iniciales del Espacio europeo de educación superior, no dudó
en definirlo en su comparecencia ante la Comisión de Educación de esta
Cámara como una curiosidad en el paisaje universitario internacional. El
modelo de selección del profesorado que proponemos se asienta sobre un
doble principio: la garantía de la calidad en la selección de los
candidatos y la libertad de opción de las universidades. El sistema de
acreditación que proponemos es un proceso público y transparente, que se
inspira en las mejores tradiciones académicas de evaluación y selección
por los pares y que garantizará la calidad de todos los candidatos. Con
iguales criterios de publicidad, transparencia y objetividad, las
universidades seleccionarán a aquellos profesores, ya acreditados, que
necesiten para diseñar con autonomía el perfil de sus plantillas. Estamos
convencidos de que las universidades, en el libre ejercicio de su
responsabilidad, actuarán en su propio beneficio y tratarán de
seleccionar a los mejores.
En este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades, como en
el documento de reorganización de las enseñanzas universitarias, que el
Consejo de Coordinación Universitaria respaldó el pasado 14 de noviembre,
proponemos un sistema de títulos universitarios más flexible. Este
sistema permitirá que cada universidad proponga qué enseñanzas quiere
impartir y cuál debe ser el diseño de sus contenidos. De este modo, las
universidades tendrán más oportunidades para afianzar su propia identidad
y esto aumentará la diversificación de nuestro sistema universitario.
Así, tendrán más facilidad para ofertar las enseñanzas que la sociedad
demanda.
Nuestra propuesta permite que la estructura de nuestras titulaciones
universitarias cumpla con los compromisos adquiridos en la construcción
del Espacio europeo de educación superior. No obstante, la creación de
nuevas titulaciones, como se dispone en la propuesta de reforma, irá
acompañada de un estricto proceso de control y de evaluación. Los planes
de estudio que propongan las universidades deberán someterse a las
directrices generales que establezca el Gobierno sobre los estudios de
grado, master y doctorado y cubrir toda una serie de requisitos
académicos de excelencia, que supervisará el Consejo de Universidades.
Las comunidades autónomas serán las que finalmente, en el marco de sus
respectivas legislaciones, autorizarán la implantación de los títulos.
Una mayor autonomía para las universidades ha de ir unida ineludiblemente
a una más efectiva rendición de cuentas ante la sociedad. No me cansaré
de insistir en que es una absoluta prioridad de este ministerio impulsar
las políticas de mejora de la calidad de la universidad española.
Queremos alentar una cultura de la calidad que impregne todo el trabajo y
la actividad de nuestras universidades. A través de la formación, de la
investigación y, en definitiva, de la transferencia del conocimiento la
universidad ofrece un servicio público y es obligación de las
administraciones velar por que este servicio público sea de calidad. Por
esta razón, la reforma de la Ley Orgánica de Universidades refuerza la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, que se
convierte en una agencia pública en el marco de la Ley de Agencias que
aprobaron las Cortes este mismo año. La Aneca seguirá desarrollando su
actividad de acuerdo con los principios de competencia técnica y
científica, de independencia y transparencia, en el marco de actuación
fijado para estas instituciones en el contexto internacional y además,
por supuesto, queremos impulsar la cooperación entre la Aneca y las
agencias autonómicas.
Nuestro proyecto de reforma avanza también en una de las líneas esenciales
de la política científica europea, el impulso a la investigación en y
desde las universidades. El Consejo Europeo de Lisboa, en marzo del año
2000, abogó por el desarrollo de una economía competitiva y dinámica
basada en el conocimiento, y la Declaración de Berlín de 2003 reconoció
la importancia de la investigación como parte esencial de la educación
superior en Europa. La reforma de la ley que proponemos entronca con esta
política. Sostiene entre sus principios fundamentales que la universidad
debe desarrollar una investigación de calidad y debe ser capaz de
transferir a la sociedad el conocimiento y la tecnología que ha generado.
En línea con la estrategia de Lisboa, la reforma parte de la convicción
de que las universidades deben ser un motor para el desarrollo económico
y social del país. Este proyecto de ley da un nuevo impulso a la
investigación en las universidades y a la transferencia de sus resultados
a la sociedad. La capacidad para transferir el conocimiento científico
será en adelante un mérito reconocido en la evaluación del profesorado.
La reforma propicia también que los profesores de nuestras universidades
puedan intensificar su trayectoria investigadora a lo largo de su carrera
y por otra parte el proyecto facilita la cooperación entre la universidad
y el sector productivo, permitiendo la movilidad del personal docente
investigador hacia otros ámbitos mediante excedencias temporales.
Asimismo impulsa la vinculación entre la investigación universitaria y el
entorno productivo del sistema de ciencia y tecnología mediante la
creación de institutos mixtos de investigación.
Como insistía al principio de mi intervención, estamos convencidos de que
la educación requiere el máximo esfuerzo de consenso y cooperación,
cooperación que es esencial entre las administraciones que tienen
atribuidas las competencias educativas. Para impulsar la colaboración
entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas,
el proyecto de ley establece la conferencia general de política
universitaria, órgano que estimulará la coordinación y que servirá para
compartir propuestas y poner en común experiencias con el fin de mejorar
la calidad del servicio público universitario. Además, recuperamos otro
gran foro de coordinación universitaria, el Consejo de Universidades, que
vertebrará la cooperación académica entre las universidades y el
Ministerio de Educación y Ciencia y, por supuesto, esperamos que haya una
comunicación fluida y permanente entre ambos órganos porque ello
redundará en beneficio de nuestro sistema universitario.
El proyecto de ley refleja también nuestra convicción de que los
estudiantes destinatarios directos del servicio universitario deben tener
una representación institucional del más alto nivel en el centro del
sistema. Queremos escuchar su voz y que intervengan en aquellas
decisiones que también les incumben y por esta razón el proyecto prevé la
elaboración de un estatuto del estudiante universitario y la creación de
un consejo del estudiante universitario. El consejo será un órgano
colegiado de representación estudiantil adscrito al Ministerio de
Educación y Ciencia, que vertebrará la participación de los estudiantes
en la política universitaria, estudiantes cuyos derechos amplía también
esta propuesta de reforma.
En último lugar, me gustaría destacar que este proyecto de ley no olvida
el papel esencial de la universidad como transmisor de valores. Queremos
hacer de nuestras universidades un modelo de referencia en el respeto a
los derechos y libertades fundamentales, así como al principio de
igualdad de oportunidades. Por esta razón, y en consonancia con otras
iniciativas legislativas del Gobierno, el proyecto de ley incluye una
serie de disposiciones cuyo objetivo fundamental es promover los derechos
de ciudadanía plenos y para todos. La reforma impulsa políticas activas
para garantizar la igualdad de oportunidades. Con este fin, crea
programas específicos de ayuda a las personas con cargas familiares,
víctimas de la violencia de género o con discapacidad, garantizando así
su acceso y permanencia en los estudios universitarios. Asimismo, dispone
que la política de becas preste especial atención a estos colectivos.
Por otra parte, queremos remover también los obstáculos que dificultan una
presencia paritaria de las mujeres en los órganos de gobierno
universitario y en el nivel más elevado de la Función pública docente e
investigadora. A este respecto, el proyecto de ley dispone que los
estatutos de las universidades deberán establecer las normas electorales
pertinentes que propicien la presencia equilibrada de mujeres y hombres
en los órganos colectivos de gobierno. Asimismo, en las comisiones que
han de acreditar al profesorado habrá una composición equilibrada entre
mujeres y hombres. También queremos que la presencia de mujeres y hombres
en los equipos de investigación sea equilibrada y que ambos puedan
desarrollar en igualdad de condiciones su carrera profesional. Por
último, una disposición adicional prevé que las universidades cuenten en
su organización con unidades de igualdad destinadas a desarrollar estas
políticas de igualdad entre mujeres y hombres.
Termino. Como ven, se trata de una reforma significativa de la ley vigente
que proporciona a nuestras universidades el marco legal adecuado para su
modernización. Permítanme que acabe recapitulando muy brevemente los
objetivos de la reforma. Queremos dar mayor autonomía a las
universidades, porque así serán más independientes, más ágiles y
flexibles y podrán establecer sus propios perfiles, diversificarse y
afrontar mejor los retos que impone la sociedad del conocimiento; pero
arbitramos también los medios para que sean más responsables y efectúen
de un modo más eficaz su rendición de cuentas ante la sociedad. Queremos
promover la investigación universitaria y la transferencia de sus
resultados hacia la sociedad. Queremos fomentar la cooperación
institucional entre las administraciones con competencia en universidades
y queremos otorgar un lugar central a los estudiantes impulsando además
las políticas de igualdad.
En el Ministerio de Educación y Ciencia estamos convencidos de que esta es
la reforma que necesitan ahora nuestras universidades, pero también
estamos abiertos a la negociación con todos los grupos políticos. Estamos
dispuestos a escuchar las sugerencias que sean necesarias y a incorporar
al proyecto todos los cambios que creamos que pueden mejorar la futura
ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora
ministra.
Para ejercer el turno a favor de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso tiene la palabra el diputado señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Educación y Ciencia, en las comparecencias celebradas
hace unos días en la Comisión de Educación al comienzo de la tramitación
de este proyecto de ley, uno de nuestros más prestigiosos académicos, el
profesor Víctor Pérez Díaz, trazó un cuadro muy severo de la situación
universitaria española. Nos vino a decir que durante los últimos 20 ó 30
años hemos hecho muchas cosas en el ámbito universitario: ha aumentado
exponencialmente el número de nuestras universidades, se han multiplicado
sus profesores y sus alumnos, se han hecho esfuerzos de todo tipo,
económicos, organizativos, etcétera. Sin embargo, expresó con gran vigor,
con gran convicción y preocupación el carácter insatisfactorio del
balance que podemos hacer. Nos dijo algo que no podemos dejar que caiga
en saco roto: Frente a otros campos, como el económico, en los que España
ha alcanzado el nivel de los países más avanzados, en lo que se refiere a
la educación superior, España pertenece a otro nivel, no está en la parte
que corresponde a los países avanzados. Esto, señora ministra, sabemos
todos que es una hipoteca para nuestro futuro. El sistema universitario
español no está hoy a la altura de lo que exige un país avanzado. El
profesor don Víctor Pérez Díaz añadió también algo sobre lo que no quiero
callar. Dijo: En este largo tiempo las culpas están repartidas, porque
han sido muchos los actores responsables en este tiempo. No es esta la
hora -y no lo voy a hacer aquí- de enzarzarnos en materia de culpas.
Asumo la que pueda corresponder al grupo al que ahora represento y a la
corriente de la vida nacional de la que mi grupo quiere ser expresión
política, porque nuestra obligación es mirar hacia delante y poner
remedio a esto que constituye -podremos estar de acuerdo- una de nuestras
debilidades nacionales. Si el diagnóstico es certero y muchos buenos
profesores lo comparten, la reforma que usted nos trae hoy a la Cámara es
muy decepcionante, causa una profunda decepción, no solo porque no aborda
las cuestiones que están en el corazón de los problemas de nuestra
universidad, salvo en un aspecto, el de la selección del profesorado -y
en este caso con una orientación profundamente equivocada-, sino también
porque, como diré a continuación, va a generar incertidumbres seriamente
nocivas tanto para la vida universitaria como para la sociedad española.
Cualquiera que lea la reforma se da cuenta de que carece de ambición
porque tiene un alcance aparentemente limitado, pero contiene una
alteración profunda de elementos básicos de la vida universitaria que van
en la dirección contraria a lo que la universidad necesita verdaderamente
para dar el salto que reclamaba nuestro profesor.
Pese a lo que usted diga, señora ministra, la universidad está ausente en
esta reforma. No ha habido un debate en el seno del mundo universitario.
El Consejo de Estado lo ponía de relieve en su dictamen al decir: Resulta
criticable que no se haya dado audiencia a las comunidades autónomas y a
determinadas instituciones, organizaciones o asociaciones del mundo
universitario cuyos intereses se podrían ver afectados por la reforma
proyectada. Es cierto que la Conferencia de Rectores se ha pronunciado y
que asociaciones representativas de intereses concretos nos han hecho
llegar sus demandas y expectativas, pero el mundo universitario en su
complejidad no se ha hecho presente en esta reforma. Si yo fuera usted,
señora ministra, lejos de causarme satisfacción, me provocaría inquietud.
¿Qué está pasando en la vida española para que tantos ruidos nos
ensordezcan y nos impidan debatir de verdad los asuntos que realmente
importan para nuestro futuro? La opinión pública universitaria está dando
la espalda a esta reforma.
Voy a referirme brevemente a los temas centrales de nuestras discrepancias
de fondo en los que se motiva nuestra demanda de devolución del texto. Me
centraré en los dos más relevantes y después expondré muy brevemente los
demás. El primero es el modelo de selección del profesorado de los
cuerpos docentes universitarios. Por primera vez en la historia
universitaria contemporánea española desaparece un sistema homologado y
homogéneo para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Nunca
hasta ahora se había podido acceder a ningún ámbito de la Función
pública, docente o no docente, de cualquiera de los distintos poderes del
Estado, sin unas pruebas públicas, competitivas, reguladas por la ley, en
las que se garantizasen el mérito y la capacidad como exigen los
artículos 23.2 y 149 de la Constitución. El modelo de su proyecto pivota
sobre un doble cheque en blanco. El primer cheque en blanco es para el
Gobierno de turno, no solo para su Gobierno, señora ministra, sino para
el que le sucederá en la primera fase del proyecto, la de acreditación.
El proyecto difiere prácticamente toda su regulación al desarrollo
reglamentario, no ofrece las mínimas garantías que aseguren la idoneidad
en la composición de las comisiones encargadas de la selección, que ni
siquiera deberán ser especialistas del área del conocimiento en el que
aspira a acreditarse el candidato. Los únicos requisitos que figuran en
la ley son un reconocido prestigio del docente investigador y, algo
absolutamente sorprendente, que sus currículos se harán públicos -lo que
no es nada difícil
en los tiempos de Google, señora ministra-, y la selección se hace sobre
papeles y sobre documentos.
El segundo cheque en blanco es para las universidades en la segunda fase
del proceso. Estas tienen manos libres, tanto para establecer la
composición de las comisiones juzgadoras como para determinar el
procedimiento de los concursos. En esta segunda fase de concurso los
riesgos de que se consoliden arraigadas tendencias localistas en nuestras
universidades van a ser fortísimos. El profesor Víctor Pérez Díaz dijo en
su comparecencia: Es un escándalo el nivel de endogamia local de las
universidades españolas; ese 95 por ciento de endogamia local es
inconcebible. Y el profesor Pedraza, también durante las comparecencias,
nos dijo que en la facultad en la que es docente todos los profesores
desde hace más de 25 años han sido los candidatos locales. Este es el
modelo castizo de la universidad española frente a los modelos de otras
universidades. El modelo de habilitación podrá ser criticado, señora
ministra, podrá ser discutible, pero es un intento serio de seleccionar a
los mejores, de introducir rigor y competencia en el acceso a la docencia
universitaria, y cuenta con muchos respaldos de buenos profesores, que
creen necesarias las pruebas públicas. Ustedes ahora, cuando solo ha dado
sus primeros pasos, quieren guillotinarla. Probablemente se podría
racionalizar y simplificar, y eso es lo que ofrecemos en nuestras
enmiendas, pero lo que debe quedar claro aquí son los graves riesgos del
modelo de la ministra Cabrera que ni siquiera se atrevió a plantear la
ministra Sansegundo, que mantenía pruebas públicas homogéneas en la
segunda fase del proceso. El argumento de la confianza, señora ministra,
es muy endeble. Le voy a recordar una frase de un libro que usted
conocerá y habrá leído, el de El político y el científico, de Max Weber,
sobre la ética de la responsabilidad del político, que citando a Fitche
dice: El político no tiene derecho a suponer que el hombre es bueno y
perfecto y no se siente en situación de poder descargar sobre otros las
consecuencias de su acción. El buenismo, señora ministra, lleva -usted lo
sabe bien- al desastre. No se sostiene el argumento de la confianza por
la sencilla razón de que no hay contrapesos a medio plazo para que quien
no actúe con criterios de calidad tenga algún tipo de sanción. Cuando un
modelo no se aplica con coherencia, teniendo en cuenta todos sus
contrapesos, el resultado suele ser un rotundo fracaso.
El segundo asunto que nos preocupa, y de modo creciente, es el de las
titulaciones. El origen de su propuesta, que ha pillado por sorpresa
hasta a los rectores, hay que remontarlo al descabellado propósito de su
antecesora, la pobre ministra Sansegundo, cesada fulminantemente por el
presidente Zapatero el mismo día que se aprobó la LOE -relativamente
pobre, porque ahora goza de un buen retiro en París-. (Un señor diputado:
¡Qué desagradable!) A Sansegundo y a su equipo no se les ocurrió otra
cosa, creo que tocados del mal de Bolonia, que pensar que el Espacio
europeo de educación superior exigía un nuevo catálogo de títulos que
había que hacer con plumilla y cartabón. (Un señor diputado: Ocho años
sin hacer nada.) Así nació la famosa poda de títulos, que creó un
guirigay en la comunidad universitaria y hasta Zapatero tuvo que salir en
socorro de su ministra para prometer que no se suprimiría el título de
historia del arte. La ministra Cabrera no quiere, al parecer, correr el
riesgo de su antecesora y no se le ha ocurrido otra cosa que atender
-supongo- a la idea ingeniosa de alguno de sus colaboradores, que ha
dicho: Lo mejor es suprimir el catálogo de títulos. Es fantástica la
solución. Muerto el perro, se acabó la rabia. Es un monumento al
arbitrismo, señora ministra. Los catálogos son mucho más duros de roer de
lo que parece. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que
un catálogo es una relación ordenada de objetos que están relacionados
entre sí. Para suprimir el catálogo es necesario suprimir los objetos
relacionados entre sí, es decir, los títulos oficiales; pero los títulos
oficiales no se suprimen nominalmente, simplemente se desvirtúan,
generando una confusión y unas incertidumbres que van más allá de la vida
universitaria y que van a afectar al sistema de profesiones en España. Es
un asunto muy serio. La propuesta de la ministra Cabrera es sustituir el
catálogo por un registro. Cada universidad elaborará sus títulos. El
ministro se limita a registrarlos. He acudido a la página web de una
universidad -he escogido la Carlos III para no suscitar suspicacias en la
bancada socialista- y en la primera página, en el frontispicio, me he
encontrado: Catálogo de titulaciones de la universidad. Hay más de 60
universidades; pueden ustedes calcular los miles de títulos que se
inscribirán en el registro. De la poda de la ministra Sansegundo, hemos
pasado al mar oceánico de la ministra Cabrera. Los rectores han
reaccionado y han puesto el dedo en la llaga en el documento que usted
tiene y que elaboraron la semana pasada. Dicen los rectores: Vislumbramos
el peligro de que en la práctica se produzca una coexistencia de ambas
cosas: un catálogo de titulaciones con directrices propias y bien
definidas y un registro para el resto de títulos sin directrices propias.
Ello puede redundar en una clasificación de las titulaciones en diversas
categorías, según estén en el catálogo o en el registro, así como en una
presión de estas últimas para la obtención de directrices propias. Y
añaden algo muy importante: Deberíamos disponer también de una relación
completa de todas las titulaciones propias. Yo le reclamo también esta
relación, entre otras cosas, para poder decir a los estudiantes de
historia del arte si su título estará en el catálogo o estará en el
registro, porque tienen derecho a saberlo. El nuevo modelo lejos de
resolver algún problema va a causar muchos, con el agravante de que el
trascendental cambio es prácticamente desconocido en los medios
universitarios y profesionales, es una huida hacia delante.
Finalmente -voy concluyendo, señor presidente-, hay otros tres asuntos, a
los que me voy a referir muy esquemáticamente y en los que mi grupo
discrepa muy seriamente. El primero es la eliminación del Consejo de
Coordinación Universitaria, que es una institución, un lugar de encuentro
de los principales agentes del sistema universitario, que viene
funcionando desde hace ya casi 25 años. ¿Por qué este tejer y destejer?
La fortaleza de un país, de un sistema, también se debe a la estabilidad
de sus instituciones. Los países serios procuran mantener sus
instituciones. Los dos consejos que ustedes crean van a ser
compartimentos estancos y ello va a acarrear serias disfunciones.
Intégrenlos, busquen fórmulas integradas en un solo consejo. Encima se
cargan ustedes los consejeros independientes, contra todas las reglas del
buen gobierno corporativo. El segundo tema, señora ministra, es la
devaluación de los consejos sociales. Usted ha dicho que le interesa
mucho la rendición de cuentas. No lo parece en su proyecto de ley. El
principio de rendición de cuentas experimenta un claro retroceso, incluso
con respecto a la Ley de 1983, creadora de los consejos. La universidad
no gana nada en ello, se cierra en sí misma y se quiebra su
imprescindible vinculación con la sociedad. ¿Qué tienen en contra de los
consejos sociales? El tercer y último asunto se refiere a distintas
reformas relativas al gobierno de las universidades. No voy a entrar en
ellas, porque son diversas, pero ¿por qué pretenden revisar el modelo de
elección de rector directamente por la comunidad universitaria cuando es
respaldado ampliamente por la mayoría de esta comunidad? ¿Demandan
nuestras universidades otro proceso de elaboración de sus estatutos?
La reforma presentada -vuelvo a repetirlo- carece de ambición, es
imprudente en muchos temas, va a generar conflictos e incertidumbres, no
aporta nada que ayude a resolver los verdaderos problemas universitarios,
no hay cambio, camina en una dirección equivocada, es una oportunidad
perdida y merece ser devuelta al Gobierno.
Señora ministra, no quiero terminar mis palabras sin referirme al
bochornoso hecho que ayer presencie en esta Cámara. El presidente del
Gobierno anunció la retirada del recurso presentado ante el Tribunal
Constitucional sobre la ley universitaria de Cataluña. Lo hizo por un
simple mercadeo de votos. Estas cosas no deben suceder, degradan nuestra
democracia. No podemos privar al guardián de la Constitución de que se
pronuncie cuando hay dudas legítimas sobre la constitucionalidad de las
leyes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Nasarre.
¿Algún grupo quiere ejercer el turno en contra? (Pausa.)
Pasamos a la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente para expresar la oposición del Bloque
Nacionalista Galego a la enmienda a la totalidad del Grupo Popular. Lo
hacemos no porque estemos satisfechos con las enmiendas o con la reforma
que el Gobierno ha hecho a la Ley Orgánica de Universidades del Partido
Popular, sino porque nos parece que en esta enmienda a la totalidad se
opta por una mayor centralización del sistema educativo universitario,
confundiendo además lo que es la igualdad con la homogeneización e
incidiendo en un aspecto de la enseñanza universitaria que precisamente
es uno de sus principales defectos, la jerarquización, el corporativismo,
en una concepción a través de la universidad que está muy vinculada a los
aspectos más rancios de un concepto de españolidad. En lo que sí
consideramos que la enmienda a la totalidad tiene más justificación es en
algunas cuestiones que afectan a la representatividad democrática y a las
formas de elección de los órganos unipersonales de la universidad.
Nos parece de todas maneras que aceptar los planteamientos del Grupo
Popular sería recuperar el espíritu y la letra de una ley que nosotros
rechazamos abiertamente ya hace años. En todo caso, a través de enmiendas
parciales se tratará de mejorar la ley que presenta el Gobierno. En
concreto, la Agencia Nacional de Evaluación nosotros pensamos que debe
ser sustituida por agencias autonómicas. Además, hay que esforzarse más
por que las universidades estén vinculadas al aparato productivo de las
distintas comunidades autónomas, a su lengua, a su cultura y que el
acceso de los estudiantes sea un acceso igualitario a base de becas por
cuenta del Estado. En definitiva, que haya una participación democrática
mayor que la que hoy existe.
Por todo lo dicho anteriormente, no vamos a apoyar esta enmienda a la
totalidad del Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
Casi es una tradición ya en el derecho parlamentario español, desde
principios del siglo pasado, que todo Gobierno nuevo y todo ministro de
Educación, de Instrucción Pública, etcétera, plantee una reforma de los
planes de estudios generales, de los planes de estudio de la universidad
o de las universidades o de los planes del bachillerato. Seguimos en esta
línea, porque se ve que es algo abierto verdaderamente en una demanda de
la sociedad, aparte de una respuesta permanente política de los grupos
que van democráticamente ocupando las responsabilidades en el área de
educación y de la formación universitaria a cualquiera de sus niveles.
Tenemos el caso de este nuevo proyecto de ley, que viene a modificar,
después de cinco años de vigencia, la vigente Ley Orgánica 6/2001, de
Universidades.
Nos encontramos ante un documento que siempre lleva la carga ideológica y
sobre todo la carga polémica de un organismo tan vivo. En España nos
encontramos con una cifra que supera ampliamente el medio centenar de
universidades, donde están concurriendo las universidades públicas,
estatales, junto a las universidades privadas, fenómeno que también tiene
que ser contemplado en toda ley de enseñanza universitaria. Desde que
existen las universidades privadas siempre ha sido polémico buscar una
homogeneización, una armonía, en la calidad de las titulaciones que se
obtienen, qué catálogo de títulos o qué registros tienen que ser
equiparables entre los otorgados por las universidades públicas y los de
las universidades privadas, o qué cuestiones deben regular la
representación de los estudiantes, qué otras cuestiones deben regular
para evitar la denuncia de la endogamia en los cuadros de catedráticos y
profesores titulares, o qué armonización tiene que haber entre las
exigencias de calidad para las que se pide el título de doctor y para las
que no sea exigible sino una coordinación con una actividad privada.
Muchos de estos elementos de discurso y de confrontación que he enunciado
están implícita o explícitamente contenidos en el proyecto de ley que ha
mandado el Gobierno y se deduce de las intervenciones que se vienen
produciendo en distintos ámbitos y finalmente de la intervención que
acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al presentar
la enmienda de devolución al Gobierno.
Mi grupo no se va a inclinar por apoyar una enmienda de devolución al
Gobierno, votaría en contra de ella, pero sí recogemos muchas de las
inquietudes que el señor Nasarre ha reflejado, sobre todo las referidas a
los problemas que emanan del catálogo de titulaciones y del registro
entre cerca de sesenta universidades. Eso lo podemos matizar y corregir
por la vía de enmiendas. Celebro que la señora ministra de Educación, al
final de su intervención, haya dejado abierta la puerta de un campo de
búsqueda de consenso entre todas las fuerzas políticas parlamentarias
para hacer las mejoras que este texto, por su trascendencia e
importancia, pueda requerir. Mi grupo, en una primera actuación, apoya el
texto del proyecto del Gobierno como un texto enmendable, mejorable y
perfeccionable, y agradezco la buena voluntad de la señora ministra para
no enfrascarnos en un debate estéril, con un encastillamiento de las
distintas fuerzas políticas entendiendo cada uno que tiene razón al hacer
un modelo de universidad de acuerdo con sus características ideológicas,
personales o de grupo parlamentario. Esta tiene que ser una ley entendida
como un servicio a la nación y a todas las comunidades autónomas en
cuanto a un principio de enseñanza estatal que sea perfectamente
coordinable y homologable.
A medida que vamos reflexionando sobre el texto del proyecto, quiero
resaltar que, a través de la presentación de enmiendas, se podrán
corregir algunas situaciones que se pueden plantear, haciendo, como he
visto en algunas universidades, modelos de simulación; por ejemplo, qué
va a ocurrir con la emisión del catálogo de titulaciones o los registros,
requisitos para poder homologarlas con las titulaciones de las
universidades de la Unión Europea y que las convalidaciones se lleven a
cabo con una gran presteza y naturalidad, sin que la persona que demanda
una convalidación de títulos obtenidos en universidades de distintos
países, bien de la Unión Europea o de fuera de ella, se eternice con unas
dilaciones de plazo contrarias a todo sentido.
Se ha cuestionado, entre otras cosas, la desaparición del Consejo de
Coordinación Universitaria, que venía funcionando casi desde el principio
de la democracia. No sé si cabrá algún buen entendimiento respecto a que,
dado que este proyecto de ley que trae el Gobierno introduce y constituye
la figura del denominado consejo de universidades, con funciones de
asesoramiento, cooperación y coordinación en el ámbito académico, pueda
considerarse como heredero y sucesor del Consejo de Coordinación
Universitaria y asumir algunas de las competencias que tradicionalmente
ha tenido ese Consejo. En esta coordinación, es necesario y conveniente
el nuevo y nonato todavía consejo de universidades. Creemos que la
conferencia general de política universitaria puede tender a un adecuado
proceso, como se dice en el proyecto de ley, de verificación de planes de
estudio.
Sí me preocupa y preocupa a nuestro grupo que se haga una muy clara
regulación del proceso de verificación de planes de estudio para evitar
interpretaciones erróneas y contraproducentes. Nosotros consideramos
esencial que, aparte de luchar contra la endogamia del profesorado
universitario, denuncia constante en los medios informativos, en nuestra
sociedad y en nuestra unidad universitaria dentro del Estado, la
verificación de los planes de estudio sea muy delicada, muy reflexiva,
muy responsable, entre las comunidades autónomas y la Administración
General del Estado. No olvidemos que estamos hablando de una materia que
está perfectamente delimitada en la Constitución española como una
competencia en el ámbito de las comunidades autónomas, pero con un
reconocimiento de la autonomía de las universidades del Estado español;
tiene que estar garantizado también en este avance.
Una de las últimas cuestiones que también nos preocupa es el análisis del
sistema de contratación de los profesores de universidad. La universidad
pública debe tener unas exigencias máximas donde se responde ante unos
parlamentos autonómicos; las universidades privadas no tienen esta
exigencia y están más en la demanda de un mercado laboral de titulados y,
si funcionan con agilidad, pueden ofrecer la obtención de los títulos
correspondientes. La señora ministra se refería también a esto. Habría
que estudiar qué grados de diferenciación podemos establecer con la
titulación simple, con los cursos de doctorado, el acceso a los masters
que se vayan implantando por las universidades y qué grado de
correlación
debe tener esto entre las distintas universidades que existen en el Estado
español. Las exigencias con respecto a las universidades privadas; por
ejemplo, el porcentaje de profesores que imparten enseñanza y actos
docentes a los que se exige ser titulados superiores o doctores
universitarios. Esto puede ser una cifra que tenga que fluctuar según la
exigencia de calidad de cada centro, siempre calidad máxima en los
centros, que tienen que ser ejemplares en su correspondencia con sistemas
democráticos, políticos y parlamentarios, como son las universidades
públicas en cualquiera de las comunidades autónomas que las tengan, junto
a las universidades privadas, que pueden tener otros requisitos y otras
exigencias y que, con una mejor agilidad con los profesionales que están
actuando en la sociedad pública, en la sociedad civil, pueden impartir
determinados cursos de enseñanza.
Termino, señor presidente, y vuelvo a repetir que nos acogemos a la oferta
de diálogo y consenso de la señora ministra, para entre todos tratar de
obtener al final de los debates y de la aprobación definitiva una nueva
ley de universidades acorde con las exigencias de nuestra sociedad, de
los tiempos en que nos movemos y de las exigencias también de calidad,
que es motivo inexcusable de una enseñanza universitaria y como escuela
de democracia al potenciar el consejo de estudiantes universitarios, para
que no solamente aprendan las asignaturas del título profesional
correspondiente, sino un comportamiento de usos democráticos en las
opiniones que salgan de los distintos estamentos políticos ubicados en
las universidades. Por estas razones, vamos a votar en contra de esta
enmienda, ya que estamos en la línea de apoyo vía enmiendas al proyecto
presentado por el Gobierno, que nos parece positivo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la
diputada señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, nuestro grupo parlamentario no dará apoyo
evidentemente a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Popular.
Quisiera empezar con una reflexión, sin ánimo de ofender al señor Nasarre,
porque además él sabe que yo le tengo un verdadero respeto. Su
intervención me ha recordado -ya que estamos en el ámbito de la educación
en general, aunque ahora hablemos de la educación universitaria- aquel
discurso que, a veces con demasiada frecuencia, se oye a los padres,
cuando sus hijos adolescentes empiezan a tener problemas y dificultades.
Dicen, cómo ha podido pasar esto, cómo ocurre lo que ocurre, en lugar de
hacerse otras preguntas que son importantes, y no porque yo quiera decir
que siempre está relacionado. Por suerte no es así, porque la mayoría de
jóvenes adolescentes, aún incluso sin haber tenido todas las
oportunidades que se merecen, a veces nos dan sorpresas increíbles en
positivo. Los padres tendrían que preguntarse dónde estaban ellos, qué
hicieron para evitarlo, cómo cuidaron o no de la evolución de la
educación de sus hijos y, sobre todo -la pregunta fundamental-, quién
tiene más responsabilidad en todo esto. Su discurso -insisto- me ha
recordado todo esto. En ocho años de Gobierno -usted mismo, usted mismo
ha sido secretario general de Educación y Formación Profesional-, ustedes
han tenido una gran responsabilidad, han tenido una gran oportunidad en
este país para dar un empuje importantísimo a la educación y en concreto
a la educación universitaria. Yo pienso, señor Nasarre, que no vale este
discurso que ustedes nos plantean, cuando en definitiva este hijo
adolescente -entre comillas- es producto de muchas veleidades incluso y
de algunas grandes irresponsabilidades por parte de gobiernos anteriores.
Esta es una primera reflexión que quería realizar. Usted ha dicho que hay
diferentes responsabilidades, es cierto, por eso le digo que me merece
respeto, lo ha dicho, pero no ha quedado suficientemente claro el
equilibrio de las responsabilidades. Yo se lo tengo que recordar un
poco.
Quiero hacer otra reflexión. Deberíamos intentar cada vez más no hablar
tanto de la universidad -ha habido algún otro portavoz que lo ha dicho-
sino de la gran diversidad de universidades que tenemos, más de sesenta,
privadas y públicas, y sobre todo de la gran diversidad de
universitarios, que es otro de los temas importantísimos. No podemos dar
las mismas soluciones para distintos contextos ni para distintas
realidades. Este es un reto muy importante que tenemos. Hay otro elemento
de reflexión, antes de entrar en por qué creemos que sí era necesaria
esta reforma. Tampoco me parece justo decir que nuestro sistema
universitario en general está a la cola total de los países europeos,
porque sabemos perfectamente que también hay excepciones importantes en
nuestro sistema universitario, las hay, y no estamos haciendo ningún
favor a nuestro país ni a la imagen que nuestro país se merece, porque
algunas universidades tienen un gran reconocimiento fuera de nuestro
país. Por eso me parece importante que entre todos ayudemos a cambiar
esas imágenes, esos estereotipos que seguramente todos hemos ayudado a
crear, cada uno en su momento, es posible. Yo quiero insistir en que vale
la pena intentar cambiarlo.
Ustedes han presentado su enmienda a la totalidad basándose en tres
cuestiones fundamentales: diciendo algo así como que no se trata de una
enmienda parcial, pues afecta a cuestiones esenciales, que no se ha dado
audiencia a las comunidades autónomas ni a otras instituciones y que no
se aborda el tema de la financiación. ¿Qué pensamos nosotros? Que habría
estado bien podernos evitar este debate de hoy, porque, tal y como
sucedió la aprobación de la LOU, ya teníamos que haber pasado página y
haber ido al proceso parlamentario, a mejorar este proyecto de ley que
tenemos encima de la
mesa. En efecto, nosotros creemos que sí se trata de una enmienda parcial.
¿Por qué, señor Nasarre? Porque no se modifican aspectos estructurales de
las universidades, ni los órganos de gobierno, tampoco el modelo de
carrera académica del profesorado, ni se modifican esencialmente los
cuerpos docentes de profesorado universitario, sino que solo se promueve
su transformación. Tampoco se modifican aspectos esenciales del
profesorado contratado y, como no podía ser de otra manera, no afecta
esencialmente a las comunidades autónomas, por cuanto ellas pueden -y han
de hacerlo- desarrollar leyes propias para su sistema universitario.
Nosotros queríamos una reforma más en profundidad de la LOU, una nueva
ley -lo sabe el Gobierno, lo sabe el Grupo Socialista-, y así lo
manifestamos, hasta el punto de que estuvimos planteándonos presentar una
enmienda a la totalidad, pero no hubiéramos coincidido, ustedes la
presentan por una razón y seguramente nosotros lo habríamos hecho por
otra. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos intentado hacer algo que creo que
los políticos debemos hacer, y seguro que todos hacemos lo máximo
posible: hemos escuchado. ¿A quién? A la comunidad universitaria. ¿Qué ha
dicho la comunidad universitaria a nivel público y a nivel concreto
cuando se le ha preguntado? Que prefería que se hiciera una reforma, no
una nueva ley en su totalidad, porque no querían pasarse cuatro años más
desarrollando una nueva ley y otros tantos años aplicando nuevas
transformaciones estructurales y reglamentarias. Esta es una realidad,
somos todos responsables, unos más y otros menos, señor Nasarre, pero hay
una gran responsabilidad. Por tanto, damos por bueno un planteamiento
basado en reformar aspectos parciales y dejar para más adelante abordar
la referida reforma en profundidad. Nosotros queremos esa reforma en
profundidad, pero entendemos que, por el bien general, por el bien de la
estabilidad del sistema universitario, en estos momentos no es lo más
aconsejable.
No sé si me va a dar tiempo, pero yo le quería decir por qué nosotros
creemos que esta reforma de la vigente Ley, del texto de la LOU, era
importante. En primer lugar, por lo que ya criticamos cuando ustedes
aprobaron esta ley, porque no se sabe cuál es el modelo de universidad
que subyace en la LOU actual, ni qué perspectiva de futuro presenta a
medio y a corto plazo. Teniendo en cuenta que la universidad, y lo ha
recordado la señora ministra, es un servicio público, nos parece, como
mínimo, preocupante que en su ley fundamental no tenga claro cuál es el
modelo de universidad. Otro motivo por el que creemos que se debía
reformar es porque la LOU no se fundamenta en un consenso con las
diferentes fuerzas políticas en torno a los elementos esenciales;
precisamente ustedes critican ahora esto. Ustedes saben que la LOU no se
fundamentó en un consenso con las diferentes fuerzas políticas en torno a
los elementos esenciales que deben regir el sistema universitario,
consenso que debería estar articulado en bases sólidas entre las cuáles
deberían estar, como mínimo, la existencia de un modelo de sistema que
recoja y admita la pluralidad; la formulación de unos objetivos
compartidos, con diferentes perspectivas pero compartidos; un esquema
básico de estructura; una adecuación a las nuevas funciones de la
universidad, que son fundamentales; y, sobre todo, la existencia de un
diálogo con la comunidad universitaria y sus representantes
institucionales y sindicales. Hay muchas otras razones por las que
nosotros pensamos que era imprescindible reformarla; por ejemplo, porque
la LOU se caracteriza por un ansia reglamentista excesiva, concretada en
un marco rígido y uniformista que debemos intentar reformar lo antes
posible, y con esta reforma se está intentando. También por otro elemento
fundamental, porque la LOU, y lo ha dicho alguno de los que me han
precedido en el uso de la palabra, trasluce una desconfianza del Gobierno
hacia la universidad pública, desconfianza a la que debemos poner remedio
lo antes posible, porque está afectando al propio sistema, está afectando
al desarrollo de la universidad y está afectando, en definitiva, a todo
el colectivo universitario de nuestro país, que es al que se ha de
dirigir el buen hacer de una ley como esta.
Por todas estas cuestiones, nuestro grupo ha presentado no menos de 55
enmiendas al proyecto que presenta el Gobierno. Por tanto, no estamos
diciendo que este proyecto sea al cien por cien positivo para nosotros.
Pero sí creemos que es imprescindible reformar la LOU, sí creemos que
urge hacerlo y sí que estamos dispuestos, junto con la mayoría de los
grupos parlamentarios, a llegar a unos acuerdos que permitan avanzar en
la situación que tenemos en este momento, sin dejar de decir que en un
tiempo no demasiado largo debemos abordar en profundidad el modelo
universitario que nuestro país, con los retos que tiene, debe tener para
el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Por el Grupo Parlamentario
Vasco tiene la palabra el diputado señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: El Grupo Vasco opina que la reforma de la LOU era
necesaria, es una exigencia, si tomamos como base no solo las demandas
del mundo académico, a pesar de lo que ha manifestado el diputado que ha
presentado la enmienda a la totalidad, sino también la insatisfacción de
muchos grupos políticos de esta Cámara que no compartían el texto que vio
la luz en el año 2001. Una reforma necesaria que quizás podría haber sido
más ambiciosa y que debía haber retocado toda la ley. Creemos que la
próxima legislatura va a tener que abordar esa reforma, pero la
proximidad del espacio de educación europea hacía necesarios ya
determinados retoques en la legislación.
Estamos de acuerdo con el contenido principal de la ley, que es dotar de
una mayor autonomía universitaria a estas instituciones académicas. Lo
que no podemos permitir o lo que vamos a tratar de impedir es que, entre
la autonomía universitaria y las competencias del
Gobierno del Estado en materia de universidades, las comunidades autónomas
queden en meros espectadores pagadores de la universidad, pero sin poder
intervenir en la gestión y en la ordenación del ámbito universitario. No
compartimos muchas de las afirmaciones en las que se basa la enmienda a
la totalidad del Grupo Popular. No creemos que la reforma que se propone
vaya a influir negativamente, a pesar de que, como luego voy a señalar,
no compartimos algunos puntos de la misma. En estos momentos tampoco
puedo decir que estuviéramos en disposición de votar favorablemente, si
el texto se mantiene tal como está, pero no creemos que la modificación
que se propone influya negativamente en la búsqueda de la excelencia y en
la configuración de una universidad abierta. Al contrario, a pesar de que
no aborda en toda su extensión la adaptación del sistema universitario
español a las exigencias del nuevo espacio de educación europeo, sí da
pasos en esa dirección y pasos absolutamente necesarios. Yo señalaría que
nos iguala con Europa, porque la universidad española ha estado en muchas
de sus tendencias y de sus tradiciones -tradiciones de las que también
habla el escrito del Grupo Popular- alejada de ese movimiento
universitario europeo. La desaparición del catálogo y el nuevo sistema de
acreditación son aplaudidos desde nuestro grupo como reformas
absolutamente necesarias.
No compartimos como una tragedia la desaparición de lo que denomina el
Grupo Popular un sistema homologado y homogéneo de selección del
profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios,
señalando que el acceso no responderá ya a criterios homogéneos y que no
se garantizará el mérito y la capacidad. Nosotros creemos que no va a ser
así. Es más, habría que preguntarse si en muchos casos este sistema de
homologación, tan bueno, al parecer, existente en la actualidad, ha
funcionado. En muchos casos ha primado más la búsqueda de una comisión ad
hoc para lograr un cierto resultado y que determinadas plazas, como se
señalaba anteriormente, contribuyan a que la endogamia de las
universidades españolas se mantenga. Lo que está claro es que este
sistema era una rara avis en el panorama europeo. En nuestra opinión,
¿qué garantiza el sistema actual? ¿Qué, como he pasado una oposición, a
mí ya no me mueven? Pues poco más. Señalar esos males por adelantado al
sistema de acreditación, que es un sistema en el que se está moviendo el
mundo universitario europeo y hacia el que camina una convergencia de
todos los países de la Unión Europea, es absolutamente necesario.
Insisto en que nos congratulamos de la desaparición del catálogo y además
es bueno. Porque parece que se ha señalado que, desaparecido el problema,
desaparecen las tensiones. Es bueno que desaparezcan las tensiones, es
bueno que la oferta aumente, es bueno que la especialización aumente y es
bueno, además, que las universidades puedan tener un margen para poder
competir en un mercado abierto. Yo no puedo compartir que el texto que se
nos ofrece fomente tendencias patológicas al localismo. Al revés, el
localismo va a desaparecer por la propia fuerza del espacio de educación
europeo, ya que va a forzar una competencia, una competencia abierta
entre las universidades, como la existente en el mundo empresarial. Creo
que eso es positivo para las universidades, y unas sufrirán más, a otras
les irá mejor y otras quizá tengan que cerrar sus puertas, pero el
mercado estudiantil ya no es el mercado español, por decirlo de alguna
manera, es el europeo, y la forma en que la excelencia mejora en la
producción, en la ciencia, en la industria, es la competición, y esa
competencia entre universidades, hoy por hoy, con el sistema actual no
existe. Y si las universidades van a tener que competir, entiendo que con
el sistema que se intenta implantar también los profesores van a tener
que ponerse las pilas, y ya no va a valer eso de: yo he pasado una
oposición y aquí estoy quieto, porque las universidades también van a
tener que pelearse, deben pelearse, por los profesionales que tengan y
por ofertar a unos o a otros para atraerlos y para poder competir en ese
mercado abierto. Creo que eso sí se facilita, en líneas generales, con la
modificación que se propone por parte del Gobierno. Una cosa es la
especialización, a la que siempre tendrán que tender, no digo todas, pero
sí muchas universidades para competir en ese otro mundo abierto, y otra
cosa muy diferente es el localismo.
Por otra parte, no puedo ocultar que tenemos ciertas preocupaciones en
algunos aspectos del texto, y en ese sentido propugnaríamos una
modificación en el articulado que se refiere a la regulación del personal
docente. Creemos que sería positivo que las comunidades puedan crear
modalidades propias de contratación administrativa porque, a pesar de lo
que se ha dicho anteriormente por algún portavoz, a nosotros no nos
parece que la Función pública, el funcionariado, digamos, en la
universidad sea lo que vaya a traer la calidad a la misma. Es más, de
hecho, particularmente mi grupo es partidario de que se vaya disminuyendo
el porcentaje de puestos en la docencia que se cubran a través de Función
pública, precisamente por ese cambio que está a punto de producirse a
nivel europeo. Por eso nosotros creemos que quizá podría retocarse el
límite máximo de personal contratado e introducir otros matices a la hora
de contabilizarlo, y para ello -no voy a entrar en detalles- hemos
aportado algunas ideas a través de nuestras enmiendas.
El criterio lingüístico también debe ser considerado, en el sentido de que
a la hora de hacer el cálculo de las retribuciones adicionales hay que
tener en cuenta que algunas universidades están haciendo un esfuerzo, que
también les corresponde por la normalización lingüística y por la
introducción de otros idiomas oficiales en la universidad; que se
contemple ese criterio a la hora de calcular las retribuciones puede ser
interesante. También la Aneca, o la agencia autonómica ad hoc que valore,
debe tener en cuenta que parte de la producción científica está hecha en
lenguas minoritarias y que eso no significa que sea mala. Esa producción
en algunos ámbitos, quizá
por ser un mundo académico más reducido -por ejemplo, filologías u otras,
incluso trabajos que se han hecho en el ámbito de la física- se realiza
en idiomas minoritarios, aunque se publica en revistas que son
importantes, todo ese esfuerzo de normalización debe ser valorado.
Nos parece que el ámbito de la autonomía universitaria debería ser
ampliado en cuanto a la organización, juntas de la facultad, consejo de
departamento, etcétera, que todo eso lo desregularicemos y que quede en
manos de la universidad. Creemos también -le pido un poco de cuartelillo,
señor presidente, voy a ser breve, voy acabando- que la regulación del
procedimiento para elegir al rector debe quedar en manos de las
comunidades autónomas. Sería más acorde con la distribución competencial
actual. Nos parece que algunos artículos que se refieren a los títulos
universitarios no deberían tener carácter orgánico; el título VII tampoco
debiera tener carácter orgánico. Hay matices que hacer en cuanto a la
autorización de implantación de enseñanzas. No nos parece lógico que el
Consejo de Universidades, tal y como está configurado ahora en la ley,
compruebe necesariamente que el plan de estudios se ajusta a las
previsiones del Gobierno. Es precisa una territorialización en las
partidas para becas. La UNED debería adecuarse al esquema organizativo
político-administrativo del Estado, y en este sentido quizás también
debería irse pensando en contemplar la transferencia de funciones y
servicios a aquellas comunidades autónomas que lo soliciten o, si no, al
menos la participación autonómica en sus estructuras.
Voy concluyendo, señor presidente. Me dejo otros puntos que también...
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Tiene treinta segundos de
cuartelillo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Simplemente quiero decir que votaremos en contra
de la enmienda a la totalidad, pero no supone un voto final favorable a
la ley. Veremos si estos asuntos son corregidos, porque, si no, no
podremos votar a favor. Para concluir, a mi también me gustaría escuchar
de boca de algún representante del Gobierno que, así como el recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Universidades de Cataluña va a ser
retirado, también va a serlo el recurso presentado contra le Ley de
Universidades del País Vasco, que tiene suspendidos algunos artículos.
Con la tendencia que tiene esta reforma propugnada por el Gobierno no
tendría mucha lógica -porque coincidiría bastante con lo que se planteó
por el Parlamento vasco- que se siguiera manteniendo ese recurso. No sé
si será en esta ocasión o en una próxima, pero también me gustaría oírlo
por parte de la señora ministra o de otro miembro del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Muy generoso.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Dos minutos de cuartelillo,
señor Esteban, que no se repita. (Risas.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la
palabra la señora Cañigueral.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la vigente Ley Orgánica de Universidades,
presentada y aprobada durante el Gobierno del PP, es una ley concebida
desde el centralismo y que solo perseguía uniformizar todo el sistema
universitario a partir de un articulado sumamente intervencionista y
detallista. Desde Esquerra Republicana creemos que dicha concepción
lastra demasiado el proyecto para que la LOU permita ser solo reformada.
Debería haberse hecho una ley de nueva creación que asumiera con
naturalidad la realidad competencial de las comunidades autónomas en el
sistema universitario. Somos conscientes de que la comunidad
universitaria no puede volverse a someter a una reforma total de su
sistema de organización y gestión, como hace apenas cinco años. Será
necesario, pues, un trabajo de reformulación exhaustivo para que la nueva
ley orgánica de universidades tenga en cuenta las nuevas competencias
autonómicas, específicamente con las del nuevo Estatut de Cataluña y con
las previsibles nuevas competencias que se deriven del proceso de
reformas estatutarias de otras comunidades autónomas. En efecto, el
ministerio continúa queriendo dictar la política universitaria al margen
de las comunidades autónomas, estableciendo unas débiles competencias
para la nueva Conferencia general de política universitaria, que
contrasta con la responsabilidad autonómica en la financiación de las
universidades. Esta petición ya no es solo porque el Gobierno debería
tener respeto a los diferentes estatutos autonómicos, sino por una
cuestión de eficiencia. La universidad tiene que estar al servicio de la
sociedad. La universidad debería responder a las demandas sociales y
económicas de su realidad más próxima. Para alcanzar este objetivo
imprescindible para evolucionar de una sociedad industrial a una sociedad
del conocimiento la mejor fórmula, a nuestro entender, sería, en primer
lugar, que la universidad tuviera capacidad reguladora desde su propia
autonomía universitaria. La Administración más próxima a ella y, por
tanto, con mayor conocimiento del contexto social y económico, es decir,
la comunidad autónoma, debería situarse en un segundo lugar en el proceso
de toma de decisiones y, finalmente, situaríamos al Estado. Sería
interesante tomar ejemplo de la República Federal de Alemania, donde la
legislación universitaria ha sido traspasada a los länder con el
argumento de que la globalización hace necesaria la diversidad para poder
estimular la creatividad. Traspasar la capacidad de decisión a las
administraciones regionales permite a las universidades una mayor y más
rápida adaptación y adecuación a las demandas sociales y económicas. Este
es tan solo un ejemplo de un país que prima la eficiencia de su sistema
universitario por delante de la voluntad de homogeneización de sus
diferentes Estados federales.
La LOU tendría que ser una ley de bases dirigía a inscribir el sistema
universitario del Estado en el espacio europeo de educación superior y
centrada en promover la investigación para alcanzar los porcentajes que
ya tienen la mayoría de los países europeos. Por tanto, creemos que un
decidido y rápido cumplimiento de los compromisos de Bolonia debería ser
la primordial preocupación del Gobierno. Este debería ajustar su tarea a
definir y pactar con las comunidades autónomas las orientaciones
estratégicas del sistema, a partir de una evaluación de su generalidad, y
a encontrar mecanismos para su tan necesitada mejora en la financiación,
a partir de estimular la inversión privada sin disminuir la contribución
pública y a mejorar la interrelación universidad-empresa. El marco más
idóneo para este debate es la Conferencia general de política
universitaria, que es el mecanismo que fija la propia reforma de la ley
para la colaboración y concertación entre las comunidades autónomas y el
Gobierno. Consideramos, pues, que es el mejor espacio para tomar
decisiones que afectan a ámbitos que el Estatut de Cataluña señala como
competencias compartidas, cuestiones tan importantes como la oferta de
plazas de las universidades públicas, la regulación del Consejo estatal
de estudiantes, las disposiciones relativas al establecimiento para la
admisión de estudiantes, el registro de títulos o la creación y el
reconocimiento de las universidades. En concreto, tal y como está
planteado el proyecto, actualmente la ley vulnera los artículos 134, 142,
172 y 200 del Estatut de Cataluña. No podemos alegrarnos tampoco de que
los consejos sociales pierdan peso en el proyecto cuando deberían ser
reforzados como factor de estímulo de las relaciones entre la universidad
y la sociedad en general. En un sistema universitario comprometido con
las directrices de Lisboa y con una necesaria reconversión hasta la
economía del conocimiento, los consejos sociales necesariamente tienen
que funcionar. La interlocución constante entre el ámbito universitario y
el mercado laboral es imprescindible, sin que ello signifique, en ningún
caso, una supeditación de las universidades al capital privado. También
lamentamos que la ley continúe ignorando la existencia de las lenguas
propias de las comunidades autónomas. Sería preciso, para dar
cumplimiento al mandato constitucional de respeto y protección, acoger
las disposiciones sobre lengua en general y, específicamente, las
relativas a universidades contempladas en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña.
El PSOE emprendió una gran campaña contra la LOU cuando estaba en la
oposición. Esperemos que se acuerde de ello durante el trámite
parlamentario de la reforma de la ley. El Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya votará en contra de la devolución de la ley,
porque confiamos en el compromiso del Gobierno de tener en cuenta
nuestras peticiones y de respetar las competencias que se atribuyen a las
comunidades autónomas a partir de otras leyes orgánicas, como son los
diferentes estatutos autonómicos. Por último, nos alegramos de que el
Gobierno retire el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de
Universidades de Cataluña que impulsamos Esquerra Republicana junto a
Convergència i Unió. Aun así, lamentamos que la constitucionalidad o no
de una ley vaya en función de la coyuntura política, ya que durante los
últimos tres años el Departament d' Universitats, Recerca i Societat de
la Informació del Gobierno catalán ha pedido de forma reiterada la
retirada de este recurso. Con esto ponen de manifiesto una vez más la
poca consideración que tiene el Gobierno español a una institución del
Govern de la Generalitat de Catalunya.
Muchas gracias, señor presidente; gracias, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora
diputada.
Para fijar su posición, tiene la palabra la diputada doña Mercè Pigem del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió comparte en buena medida las
razones y los objetivos que han llevado al Gobierno a presentar el
proyecto de ley orgánica por el que se modifica la vigente Ley Orgánica
de Universidades, proyecto al que el Grupo Parlamentario Popular -es el
único- ha presentado una enmienda de devolución que estamos debatiendo y
que anuncio ya, sin mayor preámbulo, que no vamos a apoyar. No vamos a
hacerlo porque creemos que el proyecto de ley es oportuno y lo es, a
nuestro juicio, porque aborda la reforma de aspectos de la vigente LOU
que, tal como se ha venido demandando desde un amplio sector, yo diría,
que un sector mayoritario de la comunidad universitaria, era necesario
acometer de manera más o menos inmediata y que se refieren entre otros,
pero principalmente, a la reforma del procedimiento de acceso del
profesorado de los denominados cuerpos docentes universitarios a la
universidad. El sistema previsto en la vigente LOU -el sistema de
habilitación- ha supuesto unos costes humanos, en muchos casos muy
frustrantes, y unos costes económicos desorbitados, y además,
sinceramente, creemos que no se ha revelado eficaz en el objetivo que se
propuso de romper o acabar con una supuesta endogamia universitaria. En
este sentido, creemos que el sistema propuesto en el proyecto que estamos
debatiendo -indudablemente con mejoras que podemos llegar a introducir
los grupos parlamentarios a lo largo del trámite- puede atender mejor las
adecuadas finalidades que debe tener todo procedimiento de acceso al
cuerpo docente universitario, además de suponer otra cuestión, que es la
apuesta por la autonomía universitaria, que es una apuesta que desde
Convergència i Unió rotundamente compartimos, tal como se plasmó ya
cuando redactamos y aprobamos, junto con Esquerra Republicana, la LUC, la
actual Ley de Universidades de Cataluña. También compartimos otras
propuestas que se hacen en el proyecto, aunque también son mejorables, y
que podrían ser las medidas que propician la movilidad del profesorado y
las que flexibilizan y en este sentido impulsan una mejor y mayor
transferencia de la investigación desde la
universidad a la sociedad y a la empresa. Esta coincidencia en razones y
objetivos, señorías, señora ministra, no significa que Convergència i
Unió vaya a dar sin más su apoyo al proyecto presentado por el Gobierno.
Buena prueba de ello son las numerosas enmiendas parciales que mi grupo
parlamentario ha presentado al proyecto. Son enmiendas que persiguen
mejorar, por ejemplo, el propio sistema de acreditación, proponiendo,
como he anticipado, mejoras para concretar y reforzar la calidad de las
comisiones de acreditación que quedan, a nuestro juicio, excesivamente
indefinidas en el proyecto. Enmiendas también para acercar nuestro
sistema universitario al modelo que propugna el espacio europeo de
Educación Superior, que sería la flexibilidad en la duración de las
titulaciones y no imponer más limitaciones que las que marca Europa. En
este sentido, mi grupo parlamentario está de acuerdo, por ejemplo, con la
supresión del catálogo. De acuerdo con estas directrices europeas, hemos
presentado enmiendas para potenciar las posibilidades de especialización
de las universidades para que puedan ofrecer titulaciones oficiales y
también propias de alta calidad y para que puedan de esta manera erigirse
en polos de excelencia académica apetecidos por estudiantes y profesores
de dentro y fuera de nuestro entorno. Ello enlaza con otro grupo de
enmiendas dirigido a propiciar la movilidad en el sistema universitario.
En el proyecto de ley se apuntan mecanismos, pero no son suficientes. Es
necesario facilitar la movilidad de estudiantes y profesores,
especialmente si hemos de cumplir los objetivos fijados por la Comisión
Europea, en el sentido de duplicar el porcentaje de estudiantes que pasan
un tiempo en el extranjero y también ampliar el porcentaje de movilidad
de los investigadores. En este sentido, resulta fundamental para las
universidades contar con un sistema de contratación ágil y flexible que
facilite las posibilidades de movilidad; movilidad no solo de estudiantes
y profesores europeos a la que me he referido anteriormente, sino también
movilidad para facilitar la entrada de alumnos e investigadores de fuera
de Europa, extracomunitarios, para lo cual es necesario simplificar los
actuales trámites. Enmiendas también para potenciar y abundar lo que en
el proyecto se dispone acerca de la transferencia de conocimiento y una
mayor interrelación de la universidad con la actividad económica. Si tal
como señala la Comisión Europea el I+D y las universidades constituyen
los fundamentos de la competitividad europea, es necesario reforzar la
transferencia de conocimientos entre la universidad y la actividad
económica y viceversa, y para ello, y en este sentido hemos formulado
nuestras enmiendas, se han de afrontar dos retos principales entre otros,
pero dos principales: propiciar la creación de nuevas empresas intensivas
en conocimiento y reforzar la participación de las universidades en la
formación continua de los titulados universitarios en estrecho contacto
con los sectores y las empresas. Otro paquete de enmiendas que hemos
presentado van en la dirección de abrir también nuevas vías de
financiación privada a las universidades, en el mismo sentido en el que
apunta y recomienda la comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo del pasado 10 de mayo del año 2006. Finalmente,
enmiendas referidas al ámbito competencial. Este, señora ministra,
señorías, es un bloque de enmiendas particularmente importante y en
muchas de ellas coincidimos con otros grupos parlamentarios; importante
si tenemos en cuenta no solo las competencias exclusivas o compartidas
que Cataluña tiene en universidades a tenor de lo dispuesto en el
artículo 172 del nuevo Estatut de Cataluña, que son muchas e importantes,
sino también y muy especialmente si hemos de atenernos -y hemos de
atenernos- al contenido de lo que debemos entender por competencias
exclusivas y compartidas según lo dispuesto en los artículos 111 y 112
del Estatut de Cataluña, ley orgánica aprobada por estas Cortes. Por ello
hemos planteado enmiendas, para que el texto se adecue mejor, más
precisamente a las competencias autonómicas. Competencias que permiten
reforzar el modelo catalán de personal docente e investigador contratado,
que debe ser considerado en plano de igualdad con el personal
funcionario. Enmiendas para ajustar las competencias en el sistema de
elección de rectores. El modelo actual de elección por sufragio universal
es bueno. Obviamente, el Estado puede definir un sistema, éste u otro,
pero si no lo hace -y el proyecto no lo hace-, a nuestro entender, quien
tiene competencia para hacerlo es la ley de la comunidad autónoma, puesto
que la Generalitat tiene competencias sobre ello. Competencias, entre
otras, en la evaluación de la calidad del sistema universitario, en
becas, en la programación y coordinación del sistema universitario
catalán en el marco de la coordinación general, en lengua, en la
regulación del régimen de acceso a las universidades y en el deporte en
general, así como en el deporte universitario, y a ello, a salvar todas
estas competencias, va dirigido, como he dicho, un paquete importante de
nuestras enmiendas. Enmiendas, como ven, numerosas, importantes, pero que
plantean mejoras del texto de la propuesta y que sinceramente esperamos y
deseamos que puedan irse solventando a lo largo del trámite
parlamentario, teniendo en cuenta la buena disposición y el requerimiento
que se ha hecho a este grupo parlamentario por parte del ministerio,
singularmente por parte de la señora ministra, por parte del señor
secretario de Estado, por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, señora Palma, y valorando muy positivamente, como no podía
ser de otra manera, el anuncio que ayer se hizo por parte del presidente
del Gobierno, que respondiendo a una pregunta del portavoz de mi grupo
parlamentario, señor Duran, anunció que el Gobierno va a retirar el
recurso de inconstitucionalidad que en su día presentó el Gobierno Aznar
contra la Ley de Universidades de Cataluña. Como ustedes conocen, esta ha
sido una condición, una petición y una reivindicación constante de mi
grupo parlamentario en defensa de las competencias del Gobierno de
Cataluña y, por tanto, Convergència i Unió se felicita de que finalmente
se haya podido conseguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Pigem
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Palma.
Ruego a las señoras y señores diputados que -estamos acabando- mantengan
un cierto nivel de silencio, porque están subiendo sus conversaciones.
Señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, era previsible que al
Partido Popular no le gustara que se reforme la Ley de Universidades,
pero permítanme que empiece comentándoles que, al menos para mí, no era
previsible que la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario
Popular fuera -si me lo permiten- al menos poco elegante, utilizando
calificativos, refiriéndose a la universidad, como el de castiza. Esta
expresión de universidad castiza no creo que a los universitarios nos
parezca demasiado correcta y adecuada. Además, tampoco me parece que
hayan sido elegantes las referencias que ha hecho a antiguos cargos del
propio Ministerio de Educación. En cualquier caso, parece lógico que
hayan presentado una enmienda a la reforma de una ley, que fue su Ley de
Universidades. Digo su ley, porque fue suya y solo suya, aprobada contra
viento y marea, sin apoyos, aunque tuvo el apoyo de Convergència i Unió
por cuestiones que ahora no vienen al caso, pero sin ninguna duda fue una
ley aprobada en contra de la comunidad universitaria y al amparo de la
mayoría absoluta que tenían en aquel momento.
Señorías, no voy a entrar en los contenidos de la ley, porque ya lo ha
hecho la señora ministra, porque tiempo tendremos de debatir en la
Comisión el contenido de la ley y sus enmiendas, pero sí me referiré a la
enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a
sus argumentos y a la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va
a ser de rechazo. También digo con satisfacción que, más allá de las
discrepancias, he visto como la mayoría de intervinientes han entendido
perfectamente el espíritu de esta reforma; espíritu que no ha entendido,
no ha querido entender el Grupo Popular, puesto que se equivocan incluso
en los mayores argumentos. Dicen que es una reforma parcial, con un
aparente alcance limitado y, sin embargo, hablan de una alteración
profunda de los elementos básicos. Para empezar, las primeras frases de
la argumentación de su enmienda tienen algo de contradictorio. Incluso se
han equivocado en esta definición. Esto es exactamente al revés. Es una
reforma profunda, sin alterar la vida cotidiana de las universidades,
para seguir funcionando y para hacer aquello que no pudieron hacer,
desgraciadamente, en 2001, que fue dar respuesta a los importantes retos
y tareas que tenían por delante. Les diré más, es una reforma esperada,
deseada, necesaria y oportuna, porque el rechazo unánime a la LOU
provocó, a partir de 2002, dos efectos importantes, uno negativo y otro
positivo. El negativo fue que alteró durante demasiado tiempo la vida
cotidiana de las universidades. El positivo fue que provocó el
convencimiento general de que sería imprescindible reformar la ley en
cuanto fuera posible, y cuanto antes mejor; en eso estábamos todos de
acuerdo. El debate, que siempre ha estado abierto en la comunidad
universitaria -afortunadamente las universidades debatieron a pesar del
Partido Popular-, se intensificó desde el año 2004 en diferentes foros,
algunos debates fueron impulsados por las propias universidades -la
Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria, de la Universidad
Politécnica de Madrid, es un buen ejemplo-, pero también por otras
organizaciones sindicales o por el propio seno del Consejo de
Coordinación Universitaria. En eso también se han equivocado, señores del
Partido Popular. Esta reforma surge después de haber debatido ampliamente
con la comunidad universitaria y con diferentes agentes sociales de una
forma intensa e importante. Se equivocan también en su manera de afrontar
la autonomía universitaria -se ha dicho aquí por parte de algunos
intervinientes- desde la desconfianza, desde el recelo, con una visión
reglamentista y uniformizadora. ¿Por qué temen tanto que exista mayor
flexibilidad y mayor responsabilidad en los procesos de selección del
profesorado? ¿Qué tiene de malo que esto se haga partiendo de claros
requisitos y controles de calidad? ¿Qué tiene de malo que respetando e
intensificando las garantías de mérito, capacidad, transparencia y
publicidad se busquen procedimientos más ágiles y eficaces para la
selección del profesorado o para decidir qué enseñanzas quiere impartir
cada universidad?
Respecto a la selección del profesorado, me gustaría saber si ustedes que
hablan tanto de endogamia pueden afirmar que cinco años de habilitaciones
han reducido la endogamia. Permítanme solo un comentario sobre la
endogamia. No vamos a negar que se hayan podido producir algunas
irregularidades, pero el profesor Pello Salaburu de la Universidad del
País Vasco dice que no muchas más que las que se cometían en sistemas
anteriores a la LRU donde, al menos en bastantes especialidades y en
determinadas áreas de conocimiento, las llamadas escuelas de turno iban
distribuyendo plazas -sí, señor Nasarre- por toda la geografía española
mirando a la rigurosa lista de espera y aparentando admirable
objetividad. En esta cuestión ha citado al profesor Pérez Díaz quien en
su comparecencia en la Comisión de Educación y Ciencia nos puso
continuamente el referente de Harvard. Evidentemente Harvard es un buen
referente para la universidad española, pero se pueden hacer
comparaciones bastante injustas cuando se habla de endogamia y de
localismo. No hay que olvidar que las universidades españolas no han
disfrutado de las mismas condiciones que estas universidades de
referencia que muchas veces utilizamos. Los años posteriores a la LRU
estuvieron marcados afortunadamente por una incorporación espectacular de
nuevos estudiantes, nuevos profesores, creación de nuevos centros,
etcétera. ¿Por qué? Porque no existían aulas o edificios adecuados, a
veces ni siquiera universidad y, mucho menos, profesores e investigadores
bien preparados. Veníamos de la época que veníamos: 40 años en
el túnel del tiempo para nuestras universidades y nuestros universitarios.
No se puede decir de ninguna manera que nuestra universidad no está a la
altura de los sistemas europeos e internacionales de educación superior
cuando nuestros profesores y nuestros investigadores a los que se les
está acusando de endogamia llevan a cabo un alto nivel de producción
científica. En cuanto a las cuestiones que citan en su enmienda de
devolución sobre las titulaciones oficiales, el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una serie de enmiendas para adecuar el texto del
proyecto de ley, pero creemos que la existencia de un registro de títulos
abierto y flexible está mucho más en consonancia -nos lo dijo el experto
internacional Guy Haug en la Comisión- y es mucho más compatible a nivel
internacional y permitirá que los títulos españoles sean reconocidos en
Europa de acuerdo con la nueva estructura de grado master y doctorado y
no solo en Europa, sino más allá del ámbito europeo.
Por lo que se refiere a la coordinación del sistema universitario, señor
Nasarre, no es verdad que se suprima el Consejo de Coordinación
Universitaria. El Consejo de Universidades, mejor dicho, la existencia de
un órgano de coordinación fue una de las grandes aportaciones de la LRU y
lo que hacemos ahora es atender a la demanda de los propios miembros del
Consejo de Coordinación Universitaria y respetar los ámbitos de
coordinación y de cooperación, uno el propiamente académico y otro el
propiamente político. En cuanto a la relación entre universidad y
sociedad, afirman de una forma absolutamente errónea que el proyecto
debilita la vinculación recíproca de la universidad con la sociedad. Una
vez más, he de decirles que esta vinculación entre universidad y sociedad
no se resuelve disminuyendo la autonomía universitaria. La autonomía
universitaria puede crear recelos, pero la solución no parece ser
restringirla, sino proponer vías que permitan evitar los defectos
derivados del corporativismo. Señorías, las universidades, ahora sí -en
2001 también la hubieran tenido si no hubiera sido por la actitud del
Partido Popular-, tienen una vez más una nueva oportunidad para demostrar
que son capaces de ostentar el liderazgo intelectual y social para
impulsar transformaciones para la calidad entendida no como un reto, sino
como una de sus funciones rutinarias.
Quiero terminar con una cita del profesor Quintanilla, catedrático de la
Universidad de Salamanca, quien más allá de altas responsabilidades en
este momento, tiene una gran producción científica sobre la calidad en
las universidades, que en el año 1998 decía: En la mayoría de las
ocasiones, las universidades no solo han sabido adaptarse, sino que han
terminado poniéndose a la cabeza del proceso de transformación. Ahora
estamos en una de estas coyunturas y estoy seguro de que las
universidades demostrarán una vez más su capacidad. Al fin y al cabo
-añade el profesor Quintanilla-, el ejercicio de la inteligencia ha
demostrado ser siempre la más eficiente estrategia adaptativa y su
cultivo, hoy como siempre, sigue siendo la misión principal de la
universidad. Ya que no fue posible en el año 2001, queremos expresar
nuestra esperanza, nuestro deseo y nuestro convencimiento de que el
ejercicio de la inteligencia, también en este Parlamento, hará posible
una Ley de Universidades que lleve a los profesores, a los
investigadores, a los alumnos, al personal técnico y de administración a
las más altas cotas de calidad de acuerdo con el entorno internacional y
todo ello para un mejor desarrollo económico, social, cultural,
individual y colectivo. A ello emplazamos a todos los grupos de la
Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señora diputada.
Señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Cabrera Calvo-Sotelo): Muchas
gracias, señor presidente.
No voy a reabrir el debate, entre otros motivos porque estoy segura de que
SS.SS no me lo perdonarían esta tarde (Risas.) y porque sé que el debate
se va a producir en Comisión entre los grupos parlamentarios. Aprovecharé
cualquier ocasión para intentar explicar y seguir insistiendo en cuáles
son los objetivos de esta reforma de la ley y también confío en poder
atraer a esta convicción al Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora
ministra. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer
lugar, votamos las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de
ley del Suelo. Quedan vivas dos enmiendas a la totalidad porque entiendo
que el señor Rodríguez Sánchez ha retirado la suya.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 136; en contra, 160; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a
favor, 128; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y quince minutos de la tarde.
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