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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 9-3, de 26/10/2004
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
26 de octubre de 2004

Núm. 9-3


ENMIENDAS DE TOTALIDAD

121/000009 Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada de Eusko Alkartasuna, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 1

PRIMER FIRMANTE:

Doña Begoña Lasagabaster Olazábal

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

Eusko Alkartasuna presenta la siguiente enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 basándose en los siguientes argumentos que a continuación se detallan.


El Gobierno del Partido Socialista Obrero Español ha presentado su primer proyecto de Presupuestos desde que accediera al Gobierno del Estado el pasado mes de marzo con los que pretende impulsar un nuevo modelo económico basado en el aumento de la productividad, la mayor competencia en los mercados, la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, la transparencia de las cuentas públicas, y que prevé un crecimiento de la economía del 3% del Producto Interior Bruto.


En el mismo establece como prioridades el gasto social, que crece en un 9,5%, y la productividad, que será impulsada a través de la inversión en Investigación y Desarrollo, que aumenta más del 25%, las infraestructuras y la educación.


Si bien, consideramos loable la consecución de tales objetivos, hemos de manifestar nuestras serias dudas respecto a la previsión de crecimiento que se espera alcanzar, en tanto creemos poco realista establecer una estimación del 3%, máxime en las actuales circunstancias de fuerte incertidumbre respecto a la confirmación de recuperación de la economía internacional y de importante encarecimiento del precio del petróleo, dudas que también recientemente han sido confirmadas por el propio Vicepresidente y Ministro de Economía.


Y es que las cuentas que se nos presentan han sido elaboradas tomando como referencia un precio del barril de crudo de 34 dólares, cuando en la actualidad el brent se sitúa ya en los 48 dólares. Lo que nos revela que o bien el Gobierno ha adolecido de imprevisión o bien ha asumido una apuesta arriesgada.


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Es pues así, que a nuestro entender, la previsión de crecimiento que se maneja es poco creíble, ajustándose más a la realidad una hipótesis de crecimiento entre el 2,5 y el 2,8%.


Además, consideramos que la estimación de ingresos para el próximo ejercicio, del orden del 8,6%, es excesivamente optimista y que responde más bien a la pretensión de ocultar el déficit público que pueda generarse en 2005.


Aun siendo conscientes del escaso margen de tiempo que ha tenido el nuevo Gobierno para la introducción de cambios significativos en los PGE y por el gasto comprometido por el anterior ejecutivo del PP, consideramos que estas cuentas son continuistas.


A nuestro juicio, era necesario haber dado un mayor giro social en materia presupuestaria para abordar la brecha existente en esta cuestión respecto a la media europea. Y pese a lo que señala el Gobierno como importantes hitos en los Presupuestos, consideramos insuficiente el esfuerzo hecho en materia de vivienda e infraestructuras, así como en investigación y desarrollo. No obstante, es de agradecer la supresión de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, conocida como Ley de Acompañamiento; cajón de sastre de uso abusivo por parte de los anteriores ejecutivos.


Decíamos es continuista el presupuesto del PSOE, puesto que, por ejemplo, apuesta por la militarización científica desarrollada en los últimos diez años por anteriores gobiernos. El PSOE ha incumplido así el compromiso electoral de contabilizar únicamente como gastos de I+D los que realmente fueran utilizados para estos fines, reubicando los gastos militares destinados a la fabricación de armamento a su lugar adecuado, e incrementar en un 25% anual los fondos públicos de investigación y desarrollo referidos a gastos no financieros. Es más, no sólo se mantienen los programas militares como I+D, sino que además suponen alrededor de un tercio del gasto público en esta materia, y la mayor parte del incremento de fondos para I+D se centra en créditos a empresas a los que no tienen acceso los organismos de investigación. Las partidas destinadas a I+D militar suponen el 26,7% del total de los fondos previstos para 2005, frente a la media europea del 14%, mientras que el programa principal de financiación pública para investigadores recibe el 9,9%.


En este punto conviene recordar que según la OCDE el Estado español es el estado desarrollado que menos dinero destina a la investigación científica y, tras EE. UU., el que más militarizada tiene esta política.
Para 2005 se incluyen once nuevos proyectos de desarrollo armamentista y el presupuesto para investigación militar supone casi tres veces más que el dedicado a la investigación científica básica, más de cinco veces más que el dedicado a la sanitaria, 22 veces más que la agraria y 31 más que la dedicada a la investigación oceanográfica y pesquera.


A todo esto, el presupuesto del Ministerio de Defensa crece un 4,2%, hasta los 7.024 millones de euros, muy por encima de los de Vivienda, Agricultura, Medio Ambiente, Justicia, Educación o Trabajo, cuestión que nos parece poco compatible con el supuesto carácter social de los presupuestos para 2005.


A este respecto y entre otras cuestiones, estimamos necesario dotar de fondos suficientes la nueva Ley de Violencia de Género para su eficaz cumplimiento, más allá de la financiación que las Comunidades Autónomas deben realizar en relación a sus propias competencias y con las cuales el Gobierno no consultó suficientemente este presupuesto. Reprobamos la falta de compromiso presupuestario del Estado con la recuperación de la memoria histórica de las víctimas del franquismo y para el reconocimiento económico de las mismas; y consideramos insuficiente el incremento del 0,23% al 0,27% del PIB de la ayuda en materia de cooperación al desarrollo, porcentaje que queda muy lejos del 0,40% que proponemos al objeto de alcanzar finalmente el 0,7% del PIB.


No podemos apoyar el presupuesto de un Gobierno que no cumple los acuerdos con las instituciones vascas en relación con la liquidación del Cupo vasco, referidos al importe de la cuantía a pagar por el Estado por los gastos ocasionados por la limpieza de las costas afectadas por la marea negra del "Prestige" y que tuvo que asumir la administración vasca, la financiación de la ampliación de la Ertzaintza o las compensaciones derivadas de la financiación sanitaria.


Asimismo, en el capítulo de grandes inversiones estratégicas, como puede ser entre otras una infraestructura vital como la "Y" vasca, que forma parte de uno de los grandes ejes transeuropeos y su vertebración con el corredor navarro, no se aprecia un verdadero compromiso presupuestario por parte del Gobierno.


Finalmente, una de nuestras grandes oposiciones a este Presupuesto reside en el incumplimiento que hace este Gobierno del Estatuto de Gernika.


No podemos apoyar el presupuesto de un Gobierno que impide el desarrollo de la CAV al no transferir sin justificación alguna las competencias pendientes reconocidas en el Estatuto de Gernika, lo que redunda de forma notable en un menor bienestar para la ciudadanía vasca. Ciudadanía que ve además con gran preocupación el futuro de un sector estratégico para la economía vasca como es el sector naval, en concreto el futuro del astillero de Sestao y su sector auxiliar, que puede quedar en una situación crítica.


Porque no es de recibo que la CAV se vea obligada a pagar al Estado por la gestión de competencias a las que tiene derecho como el Régimen General de la Seguridad Social, la Formación Continua, el fomento y la gestión del Empleo, la Inspección de Trabajo, las Prisiones (pese a la reconocida por Instituciones Penitenciarias desastrosa situación en que se encuentran los centros penitenciarios radicados en la CAV), la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Competencias

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no transferidas que obligan a detraer un muy importante volumen de fondos de otras competencias propias con los que compensar las carencias en la financiación del EstadoPor todas estas razones, debemos solicitar la devolución del Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Vasco, al amparo de lo establecido en el artículo 109 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 de devolución al Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


ENMIENDA NÚM. 2

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Vasco

(EAJ-PNV)

A la totalidad

De devolución.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, solicitando la devolución de los mismos al Gobierno.


Al analizar el Proyecto de Ley de Presupuestos constatamos que algunos de los argumentos utilizados los años anteriores siguen plenamente en vigor; que no se han producido los cambios importantes que desde nuestro Grupo Parlamentario se vienen demandando.


La reforma del gasto público continúa siendo una asignatura pendiente.
Existen materias básicas con la I+D+I; la formación profesional o la Seguridad Social, entre otras, que, siendo competencia de las instituciones públicas vascas según el Estatuto de Autonomía de Gernika, aún no han sido transferidas, y ello imposibilita desarrollar con eficacia y eficiencia las políticas públicas vinculadas a dichas materias. Dificulta sobremanera el impulso de la necesaria segunda transformación económica de Euskadi ligada a la tecnología, a la educación, a la formación continuada a lo largo de la vida, etc..


En segundo lugar, el olvido de Euskadi en materia de inversiones públicas es patente. Las inversiones regionalizadas del Estado en Euskadi representan tan sólo el 0,38% de las inversiones totales del Estado, cifra a todas luces elocuente, y que no es mínimamente coherente con el peso que le corresponde a Euskadi en el PIB del Estado (6,5%). Una inversión que es, además, un 50% inferior a la presupuestada el año anterior en un Presupuesto que se autodenomina como inversor.


En tercer lugar, porque no ha sido posible iniciar con el Gobierno negociación alguna relativa a los Presupuestos para el año 2005. El Gobierno socialista no ha cumplido aún la parte del compromiso que adquirió hace tres meses con nuestro Grupo Parlamentario, con motivo del debate y aprobación en esta Cámara del Acuerdo de Estabilidad Presupuestaria. Este compromiso es para nuestro Grupo Parlamentario previo a cualquier avance en negociaciones posteriores.


Es por estos argumentos por lo que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) solicita la devolución al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.


A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto-BNG, a iniciativa de don Francisco Rodríguez Sánchez y doña Olaia Fernández Dávila, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente enmienda a la totalidad de devolución del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.-María Olaia Fernández Dávila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 3

PRIMER FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 no cumple con las expectativas que se habían generado con el cambio de Gobierno.


Estamos ante unos Presupuestos continuistas en materia de política económica. A pesar de las reiteradas manifestaciones de cambio, se puede afirmar que la filosofía económica que inspira estos presupuestos es la misma que informaba los presupuestos de las dos legislaturas

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anteriores: retórica de equilibro presupuestario y promesas de incremento de competitividad y productividad de la economía, pero ausencia de una estrategia clara de política industrial, debilidad crónica de las políticas de empleo, escasas mejoras sociales, mantenimiento de una estructura fiscal regresiva, que hace recaer el peso de la financiación de las administraciones públicas sobre los salarios de los trabajadores y como resultado una distribución de la renta a cada paso más desigual, tanto a nivel personal como territorial.


Al igual que en ejercicios anteriores nos encontramos con previsiones de crecimiento y de inflación realizadas a piñón fijo, haciendo abstracción de la situación real de la economía. No por reiterado podemos obviar que el escenario macroeconómico concebido por el Gobierno descansa sobre la base de unos precios irreales de la energía, en particular de los precios del petróleo, que ya en el momento de la elaboración de los presupuestos superaba aproximadamente en un 40% las previsiones barajadas por el Gobierno; y sobre unas previsiones de inflación injustificadamente optimistas.


No pocos institutos de investigación económica han alertado ya sobre las consecuencias del fuerte crecimiento de los precios del petróleo sobre las economías europeas. En este sentido el Presidente del Banco Central Europeo atribuye al encarecimiento de los precios del crudo la desviación de los objetivos de inflación en la Unión Europea y advierte de que la escalada de los precios del petróleo podría "enfriar el crecimiento" de la zona Euro. El propio presidente del Banco de España condicionaba en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso las previsiones de crecimiento de la economía española a un mejor comportamiento de los precios del crudo y a la recuperación de la demanda externa.


De hecho, el crecimiento de la demanda externa, particularmente de los países de la Zona Euro, es la gran baza sobre la que descansan las previsiones de crecimiento del Gobierno. Un escenario macroeconómico que se traza sobre un estancamiento de la demanda intenta, la contención del consumo público, una tendencia a un menor crecimiento del sector de la construcción (principal motor de la economía española en los últimos años), la moderación del nivel de precios y el crecimiento de la demanda externa, pero que no tiene en cuenta la evolución real de los precios del petróleo, se nos antoja no sólo un tanto ilusorio, sino hasta cierto punto irresponsable.


Con unos costes energéticos en alza y dada la fuerte dependencia del petróleo de las economías europeas, la principal baza sobre la que descansan las previsiones de crecimiento del Gobierno se verá necesariamente afectada y con ello su contribución al crecimiento esperado de nuestra economía.


La esperada mejora de la productividad se confía a las consabidas medidas de liberalización de mercados, ya sea de bienes y servicios o de factores; a un incremento de la inversión en I+D+i, que ha sido duramente criticado por los propios investigadores, por no alcanzar los niveles prometidos; a una cierta mejora estadística en la productividad por ocupado derivada de un menor peso del sector de la construcción en el crecimiento esperado y, cómo no, a la estabilidad presupuestaria.


Sin embargo, con total ausencia de Política Industrial, sin una orientación clara de las líneas estratégicas en Investigación, Desarrollo e Innovación, con crecimientos muy modestos en educación y formación continua y con políticas débiles de promoción de empleo, no se vislumbra una verdadera estrategia de crecimiento económico en estos presupuestos.


De su anunciado carácter social no se adivinan más que pinceladas dispersas y propagandísticas; incrementos en becas y en pensiones mínimas, pero falta de dotación para una oferta suficiente de plazas en guarderías, para la implantación definitiva y generalizada de la gratuidad de los libros de texto, para la atención a las personas dependientes y a sus familias, para la conciliación de la vida laboral y familiar, con la necesaria ampliación del permiso de maternidad; para la mejora de las prestaciones por desempleo o para reforzar los programas de integración social.


La evolución de la distribución territorial de la renta certifica el fracaso de los mal llamados mecanismos de solidaridad interterritorial (en los últimos años ninguna de las comunidades beneficiarias del FCI ha dejado de serlo por superar los umbrales de renta establecidos). Las comunidades más ricas son también las que más crecen y el Gobierno no piensa hacer nada para invertir esta tendencia; antes al contrario, durante los últimos años y también en estos presupuestos, la inversión pública, lejos de contribuir a reducir las diferencias territoriales, ha ayudado a incrementarlas.


En el caso particular de Galicia, a una situación ya de por sí mala, caracterizada por tasas de paro superiores a la media estatal, mayores tasas de desempleo juvenil y femenino, menores tasas de actividad, población más envejecida; proceso acelerado de emigración juvenil, que lleva cada año a cerca de 20.000 jóvenes gallegos a buscar trabajo fuera de nuestra comunidad, cierre de explotaciones agrarias, desmantelamiento del sector industrial, reducción de la aportación autonómica al PIB estatal; ... , se vino a sumar la catástrofe del "Prestige", cuyas pésimas consecuencias sobre los ecosistemas y sobre la economía gallega se vieron multiplicadas por la intervención directa del anterior Gobierno central.


Fue precisamente la mala conciencia derivada de esa actuación lo que permitió arrancar del anterior Gobierno un compromiso, siquiera propagandístico, de una actuación inversora especial en Galicia, sin precedentes, habida cuenta del maltrato a que estamos acostumbrados en el reparto de las inversiones públicas del Estado.


A pesar de que no sólo en campaña electoral, sino ya en el Gobierno, y en reiteradas visitas a Galicia, ese

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compromiso fue asumido por el actual presidente del Gobierno, las dotaciones contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 no reflejan ningún tratamiento especial (la inversión pública estatal asignada a Galicia en los PGE para 2005 se sitúa incluso por debajo de su peso poblacional, presentando un diferencial negativo de 96.6 euros per cápita con respecto a la media estatal), ningún plan de choque diseñado para superar una situación excepcional y resulta a todas luces insuficiente para el desarrollo de los proyectos de infraestructuras comprometidos en Galicia.


Así se deriva de la resolución del Parlamento de Galicia, que en su sesión plenaria del pasado 28 de julio aprobó solicitar del Gobierno Central un volumen de inversión en Galicia de al menos 1.559,95 millones de euros como condición necesaria para garantizar que los plazos de ejecución de los principales proyectos infraestructurales pendientes en Galicia no se dilaten indefinidamente en el tiempo, y así lo entiende también el Congreso de los Diputados, que en su reunión de la Comisión de Fomento y Vivienda del pasado 5 de octubre acordó solicitar del Gobierno una inversión suficiente para dar cobertura financiera en 2005 a todas las actuaciones previstas en el denominado Plan Galicia; en idénticas cantidades a las ya reclamadas por el Parlamento de Galicia.


Pero valoremos más detenidamente y con mayor concreción los Presupuestos Generales del Estado para 2005 en su significado para Galicia. Desde el punto de vista de las inversiones debemos tener en cuenta si representan un cambio cualitativo, una ruptura de la tendencia tradicional. Hasta ahora los Presupuestos dieron un trato discriminatorio a Galicia, en cualquiera de los parámetros que se tenga en consideración. No se tuvo en cuenta nunca ni nuestra participación poblacional en el conjunto del Estado, ni la renta por habitante, ni la urgencia de atender a necesidades en infraestructuras y en servicios. O mejor, una combinación de los tres criterios. El resultado es que las actuaciones del Estado se producen de forma tardía y se llevan a cabo con una lentitud pasmosa. No hay forma de ejecutar un proyecto en plazo razonable, los retrasos y lentitud de las obras desde que se contempla su inicio son constantes; por si no llegase, los fraudes y maquillajes presupuestarios son característicos.


En el caso de los Presupuestos para 2005, pertenecen a un nuevo Gobierno en el Estado; por lo tanto, hay que enmarcarlos en un nuevo contexto político. El BNG desea dejar claros, en primer lugar, los datos empíricos en lo que se refiere a las inversiones que planifica el nuevo Gobierno para Galicia. El Presupuesto consolidado, esto es, Ministerios, más Seguridad Social y otros organismos, alcanzan la cifra de 791 millones de euros, de un total para el conjunto del Estado de 11.656 millones de euros. Esto significa un porcentaje del 6,8%. El presupuesto de las empresas públicas, que no consolidan, alcanza la cantidad de 467 millones de euros de inversión, lo que significa el 3,9% del total para el conjunto del Estado, que se sitúa en 11.995 millones de euros.
Globalmente, pues, el Estado planifica una inversión de 23.652 millones de euros, de los que 1.258 millones son para inversiones en Galicia, un porcentaje del 5,3%. En contraste con el año 2004, podemos observar que la inversión planificada fue entonces de 1.045 millones de euros de una inversión total en el conjunto del Estado de 22.707 millones. Esto es, el 4,60%. Es decir, con respecto a 2004, hay un aumento del 0,72%. La subida de la inversión en Galicia significa un 20,4% respecto del año anterior (1.258 millones frente a 1.045 millones).


Si se tuviese en cuenta nuestra participación poblacional, la inversión debía alcanzar los 1.523 millones de euros; si se tuviese en cuenta nuestro menor nivel de renta (el PIB por habitante es el 79.3% de la media española), la inversión debía alcanzar los 1.920 millones; si se tuviese en cuenta el mayor coste en la dotación de infraestructuras, la cifra sería superior. Pese, pues, a una ligera mejora, no hubo un cambio cualitativo. Se hizo un cierto maquillaje para poder justificarse respecto de años anteriores. Pero la situación de Galicia sigue siendo la misma: sexta comunidad autónoma por inversión en cifras absolutas; octava, en inversión por habitante. Estamos por detrás de Aragón, Asturias. Cantabria, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, y La Rioja, desde esta perspectiva. Y esta consideración debe, además, analizarse teniendo en cuenta las secuelas de la catástrofe del "Prestige", los compromisos del Plan Galicia, tildado por el actual partido en el gobierno cuando estaba en la oposición, y por supuesto por el BNG, de virtual y propagandístico. Pues bien, los Presupuestos para 2005 no representan un compromiso serio y real con los proyectos prometidos en este Plan, asumidos teóricamente también por el actual Gobierno, y con las fechas establecidas por el Congreso de los Diputados para que se finalicen las infraestructuras en él contempladas. Existe un acuerdo del Parlamento de Galicia a este respecto que cuantifica, de forma ponderada, en 1.555 millones de euros la inversión necesaria en 2005 para poder cumplirlo en los horizontes temporales establecidos. De las actuaciones contempladas y cuantificadas para este año por el Parlamento sólo se contemplan 638 millones de euros. Faltan 921 millones.
Sólo se programa un 40%, como mucho.


No es de recibo, por lo demás, que se imputen a Galicia los gastos en las Fragatas F-100, nada menos que 127 millones de euros, lo que habla también de la tendencia al fraude que era característica del anterior Gobierno.


Podemos resumir diciendo que no podemos aceptar los Presupuestos en su vertiente inversora para Galicia porque:

- No son suficientes para evitar la divergencia de Galicia con el resto del Estado.


- No contemplan actuaciones estratégicas pendientes en Galicia.


- No dan respuesta a los problemas pendientes y agudizados por la catástrofe del "Prestige".


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- No abordan las actuaciones contenidas en el Acuerdo del Parlamento de Galicia respecto del Plan Galicia.


- Retrasan temporalmente la realización de importantes infraestructuras de acuerdo con el calendario previsto anteriormente.


No son los Presupuestos que la mayoría de la sociedad gallega esperaba del nuevo Gobierno, en las actuales circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de Galicia.


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, por la que se solicita la devolución del Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2004.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


ENMIENDA NÚM. 4

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 no se ajusta a las necesidades actuales de la economía española, no impulsa suficientemente el crecimiento y la creación de empleo, no mejora las políticas de bienestar de nuestro país y se ha construido sobre una hipótesis que con toda probabilidad va a ocasionar que se incurra en déficit público. Se basa en un escenario macroeconómico carente de credibilidad y contestado por los expertos nacionales e internacionales.


Los principales organismos y servicios de estudios pronostican crecimientos de la economía española en 2004 y 2005 sensiblemente inferiores a los previstos por el Gobierno.


Asimismo, el objetivo de inflación del Banco Central Europeo para 2005 es inalcanzable en nuestro país, dada la espiral inflacionista iniciada en marzo de 2004 y la pasividad del Gobierno para su control.


La ausencia de medidas de reforma económica de este Gobierno y el diseño de este Presupuesto contribuirán al incumplimiento de los objetivos de crecimiento, que se trasladará al resto de la economía: tendremos un menor crecimiento de los ingresos públicos, volveremos a tener déficit, se generan tensiones sobre los tipos de interés y, en última instancia, se afectará negativamente al bienestar de los ciudadanos.


Los Presupuestos que ha traído a la Cámara el Gobierno del Partido Socialista son continuistas con sus años anteriores de Gobierno, como si no hubiera pasado nada en nuestro país y en el mundo en los últimos ocho años.


Los ingresos están hinchados de forma temeraria y la previsión de superávit de la Seguridad Social está llevada al límite, única forma de poder contar con un generoso techo de gasto en 2005 sin incurrir en previsión de déficit de las Administraciones Públicas.


El Gobierno ha renunciado a la estabilidad presupuestaria y se ha deslizado por la senda del gasto público y, especialmente, del gasto corriente que crecen más que los gastos de capital.


Estos Presupuestos no son los que necesita la economía española. La ausencia de una política económica estructurada y coherente es preocupante. El Gobierno encubre, con una serie de anuncios propagandísticos (vivienda, plan extraordinario de carreteras, educa­ción, I+D+i, etc.), pero carentes de contenido económico real, su incapacidad para hacer frente a las demandas de la economía española.


Con estos Presupuestos el Gobierno renuncia expresamente a bajar los impuestos de los españoles, ya que agota todo el margen para ello. Muy al contrario, la deflactación parcial del IRPF, al no modificar los mínimos personales ni las deducciones por hijos, supone una elevación encubierta del impuesto de más de 800 millones, lo que viene acompañado de la elevación de tasas y de creación de otras nuevas.


El Gobierno anuncia que estos presupuestos tienen como una de sus prioridades el fomento de la productividad de la economía española. Y para ella, paradójicamente y en contra de la razón, disminuyen el volumen de inversiones en infraestructuras, paralizan las grandes obras en marcha y reducen el esfuerzo inversor del Estado. De esta forma no sólo no se incrementa la productividad, sino que se consigue que la economía española se estanque.


Estos Presupuestos, además, no son sociales, por mucho que el Gobierno se empeñe en anunciar públicamente lo contrario. El aumento del porcentaje del gasto social en el total del Presupuesto, hasta el 50,1%, viene explicado en un 91% por el crecimiento del gasto en desempleo, además, ya los años anteriores el gasto social había superado el 50% del Presupuesto.


Los anuncios de aumentos espectaculares en pensiones, vivienda o educación han quedado reducidos a simple publicidad y voluntarismo engañoso y con crecimientos en sus dotaciones presupuestarias poco significativos. El aumento en estas dos últimas partidas no representa más allá de 300 millones de euros, un 0,003% del PIB.


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El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 adolece, finalmente, de una falta de transparencia flagrante. Sirva como ejemplo el anuncio del Gobierno de un plan extraordinario de carreteras que carece de dotación presupuestaria. Este presupuesto nace ya con una rectificación que le resta toda la credibilidad y transparencia.


Además, este Presupuesto incorpora una Ley de Acompañamiento en la sombra a través de una acumulación de disposiciones adicionales. Algunas de ellas modifican leyes que nada tienen que ver con el Presupuesto General del Estado y otras vulneran en opinión de este Grupo Parlamentario el marco constitucional, como la creación de tributos o la modificación de la Ley de Estabilidad restando competencias al Senado.


En consecuencia, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 presentado por el Gobierno es un presupuesto incoherente, mal elaborado y no aporta soluciones a las necesidades de la economía española, por lo que se solicita su devolución al Gobierno.


A la Mesa de la Comisión de Presupuestos

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de octubre de 2004.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


ENMIENDA NÚM. 5

PRIMER FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno no se adecua a las expectativas creadas entorno al cambio de Gobierno que propiciaron las pasadas elecciones, ni tampoco a los compromisos asumidos en el debate de Investidura. Por otra parte, el Proyecto de Ley no afronta con realismo los problemas sociales y económicos que tiene el país.


En primer lugar, el Proyecto de Ley se manifiesta insensible a los cambios de coyuntura que presenta la economía internacional y en especial al elevado crecimiento de los precios del petróleo. Fijan un crecimiento del 3% para la economía y de un 2% para la inflación, a la vez que estiman un precio de 33,5 dólares por barril de petróleo, cuando éste ya ha superado los 50 dólares. Son cifras idénticas a las del presupuesto para 2004 en un contexto económico muy diferente, el propio Gobierno ha reconocido que cada aumento de tres dólares en el precio del petróleo significará una reducción de dos décimas en el crecimiento económico, sin embargo nada prevén los presupuestos para compensar los menores ingresos que tendrá el Estado si hay menor crecimiento, ni tampoco los mayores gastos que esta coyuntura puede comportar.


En segundo lugar, la falta de medidas legislativas a lo largo del año 2004 convierte los presupuestos para 2005 en unos presupuestos de una continuidad, respecto los presentados por el anterior Gobierno para el año 2004, no previsible hace siete meses con motivo del debate de investidura, continuidad que resulta especialmente grave con los déficit.
No contemplan ninguna mejora en la financiación de las comunidades autónomas, no contemplan ninguna medida para empezar a corregir los déficit de financiación que padece la sanidad, no abordan ninguna medida para destinar más recursos a la educación, no dan respuesta alguna a las demandas sobre prestaciones de dependencia que la sociedad exige, no cumplen con las cuatro sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a la Administración Central del Estado a traspasar a las comunidades autónomas los recursos del FORCEM destinados a la formación continua de los trabajadores. Y no cumplen tampoco con el compromiso que tiene el Gobierno con Catalunya de reducir el déficit de inversión en infraestructuras; al contrario, los presupuestos para 2005 disminuyen la inversión en infraestructuras en Catalunya, lo que equivale a agravar los déficit denunciados largamente por toda la sociedad civil catalana y por todas las fuerzas parlamentarias.


En tercer lugar, son presupuestos vacíos de medidas para dar respuesta a las mayores demandas de sensibilidad presupuestaria que exige la sociedad en gastos sociales, en creación de empleo o en medidas de apoyo a la actividad productiva. Dos ejemplos, el presupuesto destinado a subsidiar el desempleo crece el doble que el destinado a apoyar las políticas activas de promoción y búsqueda de empleo; o bien, más allá de argucias con las partidas financieras destinadas a la investigación, el gasto presupuestario no financiero del Estado destinado a políticas de I+D civil disminuye un 9%, mientras que la destinada a I+D militar se incrementa en un 4,2%. Tampoco la pequeña y mediana empresa, ni los trabajadores autónomos, encuentran, en el Proyecto de Ley presentado, estímulo alguno para afrontar una situación coyuntural de la economía que resulta incierta y cambiante.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán presenta enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 y solicita su devolución al Gobierno.

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