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BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 43-8, de 17/11/2005
 

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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
VIII LEGISLATURA
Serie A: PROYECTOS DE LEY
17 de noviembre de 2005

Núm. 43-8


ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO

121/000043 Orgánica de Educación.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas presentadas en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de Educación, así como del Índice de enmiendas al articulado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa de la Comisión de Educación y Ciencia

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley Orgánica de Educación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


ENMIENDA NÚM. 1

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, párrafo 18, línea 7

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir a partir de la 7ª línea "gratuita" hasta el final del párrafo por el siguiente texto: "gratuita en el marco de la programación general de la enseñanza y asumiendo nuevas necesidades, como el reparto equitativo del alumnado entre los distintos centros docentes".


ENMIENDA NÚM. 2

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, párrafo 19, línea 9, 10

De modificación.


Página 72


Texto que se propone:

Sustituir en las líneas 8ª y 9ª "acentuando así el carácter complementario de ambas redes escolares, aunque sin perder su singularidad" por "acentuando así el carácter complementario de la red concertada a respecto de la pública".


ENMIENDA NÚM. 3

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, párrafo 32, línea 12

De adición.


Texto que se propone:

Añadir en la línea 12, después de "supracomunitario" "pero que debe facilitar y no inviabilizar que los diferentes territorios tengan su propio sistema educativo".


ENMIENDA NÚM. 4

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, párrafo 48

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir el párrafo 48:

"En lo que se refiere... los nuevos ciudadanos."

ENMIENDA NÚM. 5

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 1, párrafo 1 (introducción), línea 2

De adición.


Texto que se propone:

Añadir en el primer párrafo, después de "Constitución" "y en los respectivos Estatutos de Autonomía".


ENMIENDA NÚM. 6

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, nuevo párrafo al final de artículo 1

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado q): "La asunción de la configuración plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado. Español para garantizar que las diferentes naciones del Estado Español puedan llevar a cabo una planificación escolar insertada en su realidad social, cultural y económica".


ENMIENDA NÚM. 7

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la exposición de motivos, nuevo párrafo al final de artículo 1

De adición.


Texto que se propone:

Página 73


Añadir un nuevo apartado r): "Las Administraciones educativas garantizarán la gratuidad de los libros de texto, el material didáctico y los servicios complementarios en los niveles educativos obligatorios y Educación Infantil".


ENMIENDA NÚM. 8

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Nuevo párrafo al final del artículo 1

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado s): "La laicidad de la educación. El estudio del hecho religioso debe ser considerado como un tema cultural e histórico.
La difusión de la fe religiosa no debe formar parte del currículo escolar".


ENMIENDA NÚM. 9

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 2, apartado g), línea, 1,2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado q). Modificar por el siguiente texto: "La educación en el respeto de la pluralidad nacional, lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor del sociedad".


ENMIENDA NÚM. 10

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 6, apartado 2, línea 2.


De adición.


Texto que se propone:

Apartado 2: Añadir después de "Gobierno", "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


JUSTIFICACIÓN

Sería apropiado que los objetivos, competencias básicas y criterios de evaluación fuesen, como mínimo, fijados de acuerdo con las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 11

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 11, nuevo apartado 4

De adición de un nuevo apartado al final del artículo.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 4: "Las Administraciones educativas garantizarán gratuitamente los- servicios de transporte y comedor escolar, libros de texto, material didáctico y actividades extraescolares en todos los centros públicos, como mínimo, para los niveles de enseñanza obligatoria y educación infantil".


Página 74


ENMIENDA NÚM. 12

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 12, apartado 2, línea 1,2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustituir por el siguiente texto: "La Educación Infantil tendrá carácter voluntario en el primer ciclo y obligatorio en el segundo ciclo. Su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas".


ENMIENDA NÚM. 13

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15, apartado 1, línea 1, 2, 3 y 4

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Sustituir por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas garantizarán plazas suficientes en el primer ciclo para atender la demanda existente".


ENMIENDA NÚM. 14

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustituir por el siguiente texto: "La Educación Infantil será obligatoria en el segundo ciclo y gratuita en toda la etapa. Las Administraciones educativas garantizarán plazas suficientes en los centros públicos. No se podrán establecer conciertos educativos en esta etapa educativa".


ENMIENDA NÚM. 15

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 15, nuevo apartado 5

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 5: "La ratio máxima para el primer ciclo de Educación Infantil será, como máximo, de 6 alumnos/as de 0 a 1 año, 10 alumnos/as de 1 año y de 12 alumnos/as de 2 años; en el segundo ciclo, máximo de 15 alumnos/as por aula, que se reducirán a 12 cuando se escolarice en el mismo grupo alumnado de diferentes edades o con necesidades educativas especiales".


ENMIENDA NÚM. 16

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18, apartado 2, línea 5

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 2. Suprimir el Área de "Educación para la Ciudadanía".


JUSTIFICACIÓN

Los posibles contenidos de este Área deben tratarse de forma transversal e interdisciplinar. De lo

Página 75


contrario, estaríamos ante una propuesta que serviría de excusa para afirmar que el sistema educativo da respuesta a una enseñanza integral y de valores porque ya cuenta con una materia. La previsible carga lectiva de esta posible materia puede llevar, además, a considerarla como de poca importancia en el currículo escolar. Proponemos ampliar la transversalidad de la educación en valores, entre otros, la educación no sexista, de manera que se profundice en la sensibilización contra la violencia de género. La educación para la igualdad, la solidaridad y la justicia social entre los pueblos y entre las personas y que luche por acabar con todas las discriminaciones, logrando mayores niveles de justicia social. La educación para la paz, que inspire, divulgue y proponga iniciativas para la paz y el desarme, la solución pacífica de los conflictos, la necesidad de acabar con el imperialismo, el belicismo y el militarismo. La educación para la defensa del medio ambiente, que incorpore al currículo escolar contenidos y objetivos necesarios para una educación que tome en consideración los factores ecológicos y de carácter ambiental. En este sentido, la Administración debe aprobar exclusivamente el material escolar que evite la discriminación de la mujer y cumpla las condiciones necesarias desde una perspectiva coeducadora.


ENMIENDA NÚM. 17

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 18.2, Capítulo II

De sustitución.


Texto que se propone:

Cambio de denominación del área de Educación Primaria "Conocimiento del medio natural, social y cultural" sustituirla por "Conocimiento del medio físico, social y cultural" o en su caso "Conocimiento del medio natural, tecnológico, social y cultural".


ENMIENDA NÚM. 18

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 19, al final del primer párrafo

De adición.


Texto que se propone:

Añadir al final del primer párrafo del artículo 19: "Estas medidas deben implicar ampliación, entre otras, de las plantillas del profesorado del centro, reducción de alumnos/as por aula, reforzar la tutoría con su correspondiente reducción horaria, contar con los apoyos necesarios y con profesorado de PT, AL y Orientadores escolares en todos los centros".


ENMIENDA NÚM. 19

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 21

De supresión de todo el artículo.


JUSTIFICACIÓN

La evaluación del 2° ciclo de Primaria (4°) mediante una evaluación de diagnóstico de la evolución del aprendizaje del alumnado supondrá mayor burocracia, de la que están ya muy sobrecargados los centros y el profesorado. Por otra parte parte, este alumnado acaba de ser evaluado de forma ordinaria.


ENMIENDA NÚM. 20

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22, al final del apartado 5

De adición.


Página 76


Texto que se propone:

Apartado 5. Añadir al final: "... la reducción de alumnos/as por aula, refuerzo de la tutoría con reducción horaria lectiva, la Orientación escolar, la dotación de educadores/as y asistentes sociales, profesorado de PT y AL, etc".


ENMIENDA NÚM. 21

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 22, nuevo párrafo al final del artículo

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 8: "Las ratios máximas para esta etapa serán de 20 alumnos/as por aula".


ENMIENDA NÚM. 22

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24, al Titulo del artículo

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir el título del artículo 24 por "Organización de la Educación Secundaria Obligatoria".


JUSTIFICACIÓN

Se debe concebir la organización de toda la etapa en su conjunto y no diferenciar 4° curso, tal como se pretende. No tiene sentido que cuarto curso tenga función preparatoria para continuar los estudios o para abandonarlos, máxime cuando la tendencia es a constituir itinerarios, tal y como está configurado.


ENMIENDA NÚM. 23

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24, apartados 1, 2 y 4

De modificación.


Texto que se propone:

Apartados 1, 2 y 4. Sustituir por el siguiente texto: "Serán materias obligatorias de esta etapa las siguientes: Ciencias de la Naturaleza, Educación Física, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y lengua cooficial, si la hubiere, y su Literatura, Lengua Extranjera, Matemáticas, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología. Las Administraciones educativas podrán organizar esta etapa de tal forma que no sea imprescindible cursar todas las materias en todos los cursos y también desglosar los contenidos de alguna materia en dos. En todo caso, estas materias tendrán, como mínimo, la misma carga horaria que en la actualidad."

ENMIENDA NÚM. 24

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 24.2

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir: "Tecnologías" por "Tecnología".


Página 77


ENMIENDA NÚM. 25

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 25

De supresión.


Texto que se propone: Supresión del artículo 25.


JUSTIFICACIÓN

La organización del cuarto curso diferente a los otros cursos de la misma etapa no tiene justificación. Se debe concebir la etapa en su totalidad.
Cuarto curso no debe tener función preparatoria para continuar los estudios o para abandonarlos, máxime cuando la tendencia es a constituir itinerarios, tal y como está configurado.


ENMIENDA NÚM. 26

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 26.3

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir a partir de la 2ª línea "los malos profesores con la debida cualificación impartirán más de una materia..." por "los profesores con la debida especialidad impartirán de forma voluntaria más de una materia...".


ENMIENDA NÚM. 27

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 29

De supresión.


Texto que se propone: Supresión del artículo 29.


JUSTIFICACIÓN

Consideramos que esta evaluación poco va a aportar, pues el/a alumno/a acaba de ser evaluado.


ENMIENDA NÚM. 28

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30, segunda línea del apartado 2

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 2. Añadir en la 2ª línea, después de "alcancen" "el Título de Graduado en Educación Secundaría Obligatoria" o "las competencias..."

JUSTIFICACIÓN

Uno de los objetivos del alumnado que curse Programas de Cualificación Profesional Inicial debe ser el de poder alcanzar la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


ENMIENDA NÚM. 29

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30, apartado 5

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 5. Modificación a partir de la 2ª línea, después del primer punto seguido debe decir: "Serán impartidos exclusivamente en los centros públicos".


Página 78


JUSTIFICACIÓN

Estos programas deben impartirse exclusivamente en los centros públicos.


ENMIENDA NÚM. 30

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 30, apartado 6, línea 3

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 6. "Suprimir en la 3ª línea "y privados concertados".


JUSTIFICACIÓN

Deben ser impartidos exclusivamente en los centros públicos.


ENMIENDA NÚM. 31

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.6

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir: "Ciencias para el mundo contemporáneo" por "Ciencia y tecnología para el mundo contemporáneo".


ENMIENDA NÚM. 32

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34.6

De modificación.


Texto que se propone:

" 6. Materias comunes del bachillerato.


Eliminación de la materia de "Ciencias para el mundo contemporáneo" del listado de materias comunes del bachillerato, e inclusión de la asignatura de "Ciencia y Tecnología para el mundo contemporáneo" como materia de modalidad en la modalidad de "Humanidades y Ciencias Sociales" y en la modalidad de "Artes"."

ENMIENDA NÚM. 33

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 34, apartado 6, línea 5

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 6. Sustituir en la 5ª línea "Historia de España" por "Historia".


ENMIENDA NÚM. 34

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 38, párrafo 2, líneas 3, 4 y 5

De modificación.


Página 79


Texto que se propone:

Apartado 2. Modificar a partir del punto seguido de la 3ª línea: "La prueba tendrá validez para el acceso a las diferentes titulaciones de las universidades de las respectivas Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que se puedan suscribir acuerdos entre diferentes Comunidades Autónomas para que tengan validez en su territorio".


ENMIENDA NÚM. 35

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 38, apartado 3, líneas 2 y 3

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 3. Sustituir en la 2ª y 3ª líneas "previa consulta a las Comunidades Autónomas" por "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


JUSTIFICACIÓN

Esta competencia debe prevalecer en las Comunidades Autónomas como ha sucedido en su día.


ENMIENDA NÚM. 36

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 38, apartado 6, línea 1

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 6. Añadir en la 1ª línea, después de "Gobierno" "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


JUSTIFICACIÓN

Debe ser una competencia compartida.


ENMIENDA NÚM. 37

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 39, nuevo apartado 7

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 7:

"Las administraciones autonómicas tendrán competencias para para crear un catálogo de cualificaciones profesionales, determinar los catálogos de las certificaciones de profesionalidad y establecer los requisitos necesarios de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.


Los Centros Integrados de FP tendrán carácter público. La convalidación de las acciones formativas de FPO y FPC (en lo relativo a su formalización académica) debe corresponder en exclusiva a la Administración Educativa".


ENMIENDA NÚM. 38

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 41, línea 1 del apartado 4

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 4. Añadir en la 1ª línea, después de "podrán ofrecer" "en los centros públicos" "cursos...".


Página 80


JUSTIFICACIÓN

Los cursos destinados para preparar las pruebas de acceso a Formación Profesional deben cursarse únicamente en los centros públicos.


ENMIENDA NÚM. 39

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 42, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir el apartado 1 por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, planificarán la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional y se preservará su capacidad para fijar el 35% o 45% del currículo, según le corresponda".


ENMIENDA NÚM. 40

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al nuevo artículo 42 bis

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo artículo 42 bis: "Es necesario un sistema integrado de FP que asuma la necesidad de la integración competencia) y administrativa y la transferencia a las Administraciones autonómicas de las competencias referidas a la Formación Continua para abordar la integración de los tres subsistemas. Al mismo tiempo, los Centros Integrados de FP deben tener carácter público".


ENMIENDA NÚM. 41

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 59, apartado 2, línea 2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustituir en la 2ª línea "tener dieciséis años cumplidos" por "tener cursados los dos primeros cursos de la ESO o estar en posesión del título de Graduado Escolar, del certificado de escolaridad de estudios primarios".


JUSTIFICACIÓN

Estos son los requisitos que son necesarios en este momento y nos parecen más adecuados ya que puede haber alumnado que curse enseñanza de idiomas y que no tenga los dieciséis años.


ENMIENDA NÚM. 42

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 49, artículo 60, apartado 2, línea 3

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 2. Añadir en la 3ª línea, después de "del español" "y de las demás lenguas cooficiales" continuando "como lengua extranjera".


JUSTIFICACIÓN

No sólo se debe fomentar el español como lengua extranjera, sino todas las lenguas del Estado.


Página 81


ENMIENDA NÚM. 43

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 67, párrafo 3

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 3. Modificar antes del último punto seguido por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas serán las responsables de organizar y planificar la enseñanza de las personas adultas. Podrán establecerse convenios de colaboración con las universidades y corporaciones locales". "Estos convenios podrán..."

JUSTIFICACIÓN

No estamos de acuerdo en que se convenien este tipo de enseñanzas en la iniciativa privada.


ENMIENDA NÚM. 44

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 72, apartado 2

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 2. Supresión de las 3 últimas líneas, desde el punto seguido hasta el final: "Los criterios para ...y concertados".


JUSTIFICACIÓN

A las Administraciones educativas les corresponde garantizar las dotaciones en los centros públicos, pero no en los privados, aunque éstos sean concertados.


ENMIENDA NÚM. 45

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 74, nuevos apartados 5 y 6

De adición.


Texto que se propone:

Añadir dos nuevos apartados:

Nuevo apartado 5. "Todas las unidades de los centros públicos que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales verán reducido el número de alumnos/as por aula. Asimismo contarán con el apoyo y asesoramiento suficiente del profesorado de PT, AL y Orientadores".


Nuevo apartado 6. "Los centros serán dotados de aquellos profesionales que sean necesarios para una plena integración: intérpretes de lenguaje de signos, cuidadores, etc.".


ENMIENDA NÚM. 46

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 81, apartado 3

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 3. Añadir en la 1ª línea, después de "Primaría" "y Educación Infantil".


ENMIENDA NÚM. 47

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 83, apartado 3

De supresión.


Página 82


Texto que se propone:

Suprimir el apartado 3 de este artículo.


JUSTIFICACIÓN

Esta debe ser una competencia de las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 48

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 84

De supresión.


Texto que se propone:

Supresión de todo el artículo 84.


JUSTIFICACIÓN

Todo lo relacionado con este artículo debe ser competencia de las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 49

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 85

De supresión.


Texto que se propone:

Supresión del artículo 85.


JUSTIFICACIÓN

Debe ser competencia de las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 50

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 89

De modificación.


Texto que se propone:

Modificar el artículo 89 por el siguiente texto: "El Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, podrá convocar, previo acuerdo y en colaboración con éstas, premios o concursos de carácter estatal destinados a alumnado, profesorado o centros escolares".


ENMIENDA NÚM. 51

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 93, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Modificar por el siguiente texto: "Para impartir las enseñanzas de Educación Primaria será necesario tener el título de Maestro o el futuro título de postgrado equivalente a licenciatura".


ENMIENDA NÚM. 52

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 93, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Página 83


Apartado 2. Sustituir en la 2ª y 3ª líneas, después de "Gobierno" por "de acuerdo con las Comunidades Autónomas", "serán impartidas...".


ENMIENDA NÚM. 53

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 95, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Modificar en la 3ª línea, después de "...bachillerato" por el siguiente texto: "El Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, habilitará otras titulaciones para la docencia en determinados módulos".


ENMIENDA NÚM. 54

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 96, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Modificar en la 2ª línea después del "Gobierno" "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


ENMIENDA NÚM. 55

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 100, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Modificar por el siguiente texto: "La formación inicial de todo el profesorado, independientemente del nivel en que imparta docencia, debe corresponder a licenciatura universitaria o al título de postgrado y tener la formación didáctica que el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, establezca".


ENMIENDA NÚM. 56

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 103, nuevos apartados 3 y 4

De adición.


Texto que se propone:

Añadir dos nuevos apartados:

Nuevo apartado 3. "Las Administraciones educativas facilitarán la formación dentro del horario lectivo, su gratuidad y la desvinculación de las retribuciones a percibir".


Nuevo apartado 4. "Las Administraciones educativas garantizarán a todo el profesorado el disfrute de un año sabático a lo largo de su vida profesional".


Página 84


ENMIENDA NÚM. 57

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Nuevo 103 bis

De adición.


Texto que se propone:

Nuevo artículo 99 bis: "La formación permanente del profesorado es una necesidad inherente al sistema educativo, que va desde la formación inicial hasta la jubilación. Por lo tanto, esta formación debe ser considerada tanto un derecho de todo el profesorado como un deber de las Administraciones educativas a facilitarla".


ENMIENDA NÚM. 58

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 104, al final

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 5: "El Ministerio de Educación, de acuerdo con las Comunidades Autónomas elaborará un cuadro de enfermedades profesionales de los/as docentes y reconocimiento de las mismas a todos los efectos legales".


ENMIENDA NÚM. 59

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 104, nuevo apartado 6

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 6: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho a de disfrutar de una licencia por el tiempo necesario, por un deber inexcusable debido a enfermedades de familiares de primer grado de consanguinidad".


ENMIENDA NÚM. 60

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 104, nuevo apartado 7

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 7: "Las Administraciones educativas garantizarán al profesorado el derecho a desarrollar una jornada laboral que no implique docencia directa para aquel profesorado que, por razones de salud, se vea imposibilitado para ello, sin reducción de sus retribuciones".


ENMIENDA NÚM. 61

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 104, nuevo apartado 8

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 8: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho a la negociación colectiva. Con este objeto se emprenderán las reformas y medidas necesarias para efectivizar este derecho".


Página 85


ENMIENDA NÚM. 62

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 105, apartado 2 a)

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 2 a). Añadir, después de "función tutorial" "a todo el profesorado mediante la reducción del horario lectivo y los incentivos económicos a todo el profesorado".


ENMIENDA NÚM. 63

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 105, apartado 2 b)

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir el apartado 2 b) del artículo 105.


JUSTIFICACIÓN

El reconocimiento a la función docente no debe conllevar retribuciones diferentes entre el profesorado, sino que debe abarcar al conjunto del profesorado.


ENMIENDA NÚM. 64

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 105, apartado 2 c

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir el apartado 2 c) del artículo 105.


ENMIENDA NÚM. 65

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 105, apartado 2 e)

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2 e). Modificar a partir de la 2ª línea, después de "que lo soliciten" "podrá acogerse a la reducción de su horario lectivo, como mínimo, en un tercio, sin merma en sus retribuciones". Continuar con "Podrán, asimismo..."

ENMIENDA NÚM. 66

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 106, apartado 4

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir el apartado 4 del artículo 106.


JUSTIFICACIÓN

Nos oponemos a que la "valoración" de nuestro trabajo tenga repercusión en nuestras condiciones de trabajo.


Página 86


ENMIENDA NÚM. 67

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 109, apartado 1

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 1. Suprimir en la línea 3 "y privados concertados"

JUSTIFICACIÓN

El servicio público de la educación debiera ser prestado únicamente en la red pública.


ENMIENDA NÚM. 68

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 109, apartado 2

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 2. Suprimir en la línea 3 "y privados concertados".


ENMIENDA NÚM. 69

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 109, apartado 5

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 3. Modificar a partir del punto seguido de la 4ª línea por "Asimismo se perseguirán los principios de equidad", continuando atendiendo a las limitaciones materiales...


ENMIENDA NÚM. 70

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 112, apartado 3

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 3. Suprimir en la 2ª y 3ª líneas, desde "en proporción" hasta "ubiquen".


JUSTIFICACIÓN

Todos los centros que escolaricen alumnado con necesidades específicas necesitan apoyo educativo.


ENMIENDA NÚM. 71

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 112, apartado 4

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 4. Sustituir por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas garantizarán que todos los centros, independientemente del número de unidades, dispongan de los especialistas a los que se refiere el articulo 90 de esta Ley y reciban los apoyos necesarios para asegurar la calidad de las correspondientes enseñanzas".


Página 87


ENMIENDA NÚM. 72

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 112, apartado 5

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 5. Sustituir por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas garantizarán que los centros públicos ofrezcan los servicios complementarios, entre los cuales se encontrarán los comedores y el transporte escolar".


ENMIENDA NÚM. 73

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 112, nuevo apartado 6

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 6: "Todos los centros educativos públicos de todos los niveles educativos serán dotados de personal administrativo y de servicios".


ENMIENDA NÚM. 74

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 113, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Modificar por el siguiente texto: "Los centros públicos dispondrán de una biblioteca escolar que tendrá que contar con un fondo documental adecuado y actualizado así como con instalaciones y equipamientos apropiados a sus funciones".


ENMIENDA NÚM. 75

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 113, nuevo apartado 5

De adición.


Texto que se propone:

Añadir un nuevo apartado 5: "Las bibliotecas escolares deben ser consideradas como un departamento más de los que integran la estructura organizativa del centro, con entidad y proyecto propios integrados en los documentos programáticos y de gestión del centro".


ENMIENDA NÚM. 76

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Nuevo artículo 113 bis

De adición.


Texto que se propone:

"Nuevo artículo 113 bis. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).


La presencia de las TIC en los centros escolares debe conllevar la vertebración de una organización escolar basada en garantizar una presencia global y coherente de las TIC, teniendo en cuenta que en los primeros niveles educativos deben usarse como herramienta de aprendizaje y comunicación. La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a los centros debe implicar formar, dentro del horario lectivo, a todo el profesorado en el uso de las nuevas tecnologías, dotar a los centros de los equipos y espacios necesarios."

Página 88


ENMIENDA NÚM. 77

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 116, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Sustituir por el siguiente texto: "Los centros privados que ofrezcan enseñanza obligatoria únicamente podrán acogerse a conciertos educativos cuando no existan plazas suficientes en la enseñanza pública y mientras ésta no pueda garantizar la escolarización de la totalidad del alumnado. En este supuesto tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos los centros que, ofreciendo enseñanza gratuita, contribuyan a satisfacer necesidades de escolarización, atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, cumpliendo alguno de los criterios anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia aquellos centros que en régimen de cooperativa cumplan los criterios anteriormente señalados".


ENMIENDA NÚM. 78

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 116, apartado 5

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 5. Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Parte de este apartado está recogido en la enmienda realizada al apartado 1 de este mismo artículo.


ENMIENDA NÚM. 79

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 177, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustitución por el siguiente texto: "A efectos de distribución de la cuantía global a que hace referencia el apartado anterior, el importe del módulo económico por unidad escolar se fijará anualmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma respectiva".


ENMIENDA NÚM. 80

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 117, apartado 3 b)

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 3 b). Suprimir en la 4ª y 5ª líneas: "Asimismo, podrán considerarse las derivadas del ejercicio de la función directiva no docente".


JUSTIFICACIÓN

El ejercicio de la dirección no docente no debiera ser considerado en el establecimiento del módulo económico.


ENMIENDA NÚM. 81

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 117, apartado 4

De modificación.


Página 89


Texto que se propone:

Apartado 4. Sustituir en la línea 44: "profesorado estatal" por "profesorado de la Comunidad Autónoma correspondiente".


JUSTIFICACIÓN

Los salarios del profesorado son diferentes en las distintas Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 82

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 117, apartado 7

De supresión.


Texto que se propone: Apartado 7. Supresión.


JUSTIFICACIÓN

Nos parece insostenible que se facilite más dinero para los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y, sin embargo, no se garanticen apoyos en los centros públicos.


ENMIENDA NÚM. 83

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 118, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Sustituir en la 3ª línea: "valores de Constitución" por "valores democráticos".


ENMIENDA NÚM. 84

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 118, apartado 5

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 5. Supresión.


JUSTIFICACIÓN

Somos partidarios de modificar la Ley 5/2002 en lo que respecta a diferentes aspectos de los centros integrados y de referencia nacional.
Debe regirse por la misma norma que los centros públicos de otros niveles.


ENMIENDA NÚM. 85

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 120, apartado 4

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 4. Modificar en la 2ª línea, después de "humanos" "provistos por las propias Administraciones educativas" continuando "puedan adecuarse..."

JUSTIFICACIÓN

Estos recursos deben ser facilitados por las Administraciones educativas.


Página 90


ENMIENDA NÚM. 86

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 120, apartado 4

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 4. Añadir en la 6ª línea, después de "Gobierno" "de acuerdo con las Comunidades Autónomas."

ENMIENDA NÚM. 87

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 121, apartado 6

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 6. Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Los centros que viven del erario público no debieran tener "carácter propio".


ENMIENDA NÚM. 88

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 122, apartado 2

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 2. Suprimir en la línea 2 "o privados concertados".


JUSTIFICACIÓN

Las mayores dotaciones de los recursos a determinados centros debe estar limitada únicamente a los centros públicos.


ENMIENDA NÚM. 89

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 122, apartado 3

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 3. Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones educativas deben garantizar los recursos necesarios a todos los centros públicos y no estar condicionados para el buen desarrollo educativo a tener que estar condicionados a la obtención de recursos complementarios.


ENMIENDA NÚM. 90

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 126, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir el apartado 1 por el siguiente texto:

"El Consejo Escolar de los centros públicos estará compuesto por representantes del Claustro de Profesores, del personal de administración y servicios, del alumnado, de padres/madres y un/a representante del ayuntamiento correspondiente. También formará parte

Página 91


el/la Jefe/a de Estudios, el/la Secretario/a, con voz pero sin voto, y el/la director/a, que será su Presidente".


JUSTIFICACIÓN

El número de miembros y el peso de cada grupo dentro del Consejo Escolar le debe corresponder a las diferentes Administraciones educativas.


ENMIENDA NÚM. 91

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 126, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8

De sustitución.


Texto que se propone:

Sustituir los apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas regularán en sus respectivos territorios tanto la participación de los diferentes sectores como las competencias del Consejo Escolar".


ENMIENDA NÚM. 92

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 128, apartado 1

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 1. Suprimir en la línea 3 "en su caso".


JUSTIFICACIÓN

El Claustro de profesores debe tener poder de decisión sobre todos los aspectos educativos del centro.


ENMIENDA NÚM. 93

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 129

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir todo el artículo por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas regularán en el ámbito de sus competencias el funcionamiento y las competencias del Claustro de profesores".


ENMIENDA NÚM. 94

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 131, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustituir por el siguiente texto: "El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones específicas legalmente establecidas".


ENMIENDA NÚM. 95

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 131, apartado 3

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 3. Modificar por el siguiente texto: "El/La directoria propondrá al Claustro y al Consejo Escolar

Página 92


el nombramiento y cese de los restantes miembros del equipo directivo, de entre el profesorado con destino definitivo en el centro, que tendrán que ser refrendados por la mayoría de estos órganos".


ENMIENDA NÚM. 96

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 132

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir todo el artículo por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas regularán en el ámbito de sus competencias, las competencias del/de la Directoria y del resto de los cargos directivos".


ENMIENDA NÚM. 97

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 133

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir todo el artículo por el siguiente texto:

Apartado 1. "Cualquier profesor/a con destino definitivo en el centro puede optar a ser elegido Director/a de dicho centro".


Apartado 2. "Los/as aspirantes a la dirección tendrán que presentar un proyecto de dirección al Claustro y al Consejo Escolar que incluya, entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y la evaluación del mismo".


Apartado 3. "La designación del/de la Director/a se realizará mediante elección democrática en el Consejo Escolar entre todos/as los/as candidatos/as".


ENMIENDA NÚM. 98

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 134

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir todo el artículo 134.


JUSTIFICACIÓN

Nuestra propuesta para nombrar los cargos directivos debe ser por elección directa y no mediante concurso de méritos. Los requisitos ya están expuestos en la enmienda anterior.


ENMIENDA NÚM. 99

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 135

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir todo el artículo 131.


JUSTIFICACIÓN

Los cargos directivos deben ser elegidos democráticamente y no seleccionados por concurso de méritos.


ENMIENDA NÚM. 100

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 136, apartado 1

De modificación.


Página 93


Texto que se propone:

Apartado 1. Sustituir por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas garantizarán a todos/as los/as Directores/as elegidos/as la formación necesaria para el desempeño de su responsabilidad. Los/as aspirantes seleccionados/as que acrediten una experiencia de al menos dos años en la función directiva estarán exentos/as de la realización del programa de formación inicial".


ENMIENDA NÚM. 101

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 136, apartado 2

De supresión.


Texto que se propone:

Apartado 2. Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Por tratarse de cuestiones que corresponden a los gobiernos autonómicos.


ENMIENDA NÚM. 102

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 136, apartado 3

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 3. Sustituir por el siguiente texto: "Las Administraciones educativas respectivas regularán la duración del nombramiento, su renovación y cese".


ENMIENDA NÚM. 103

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 137

De modificación.


Texto que se propone:

Sustituir el artículo 137 por el siguiente texto: "En ausencia de candidatos/as o en el caso de centros de nueva creación, las Administraciones educativas designarán Director/a teniendo en cuenta la opinión del Claustro de profesores".


ENMIENDA NÚM. 104

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 138, subapartado d)

De modificación.


Texto que se propone:

Modificar el apartado d) añadiendo en la 4ª línea, después de "interesado": "y al Claustro de Profesores".


JUSTIFICACIÓN

La revocación del/de la director/a por parte del Consejo Escolar debe estar precedida de la audiencia al interesado/a y al Claustro de profesores.


ENMIENDA NÚM. 105

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 139

De modificación.


Página 94


Texto que se propone:

Sustituir todo el artículo por el siguiente texto: "El ejercicio de cargos directivos conllevará reducción del horario lectivo a determinar por las respectivas Administraciones educativas. Asimismo, durante el desempeño de sus funciones, podrán percibir un complemento retributivo en concepto de distorsión horaria y especial dedicación, a determinar por las Administraciones educativas".


ENMIENDA NÚM. 106

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 140

De modificación.


Texto que se propone:

Modificar la 5ª línea a partir de "sociedad" por el siguiente texto: "La evaluación debe contemplar las carencias y necesidades de la enseñanza y su calidad, así como las condiciones de los centros, infraestructuras, servicios, recursos, medios y presupuestos. Es primordial analizar el contexto del que partimos y si la educación cumple los objetivos que se ha propuesto".


ENMIENDA NÚM. 107

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 142

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir todo el artículo 138.


JUSTIFICACIÓN

La evaluación del sistema educativo debe ser competencia de las diferentes Administraciones educativas.


ENMIENDA NÚM. 108

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 143, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 1. Sustituir por el siguiente texto: "Corresponde a las diferentes Administraciones educativas la evaluación general del sistema educativo en la que se determinarán prioridades y objetivos. Debe contemplar, entre otras cuestiones, la evaluación de las carencias y necesidades de la enseñanza y su calidad, así como las condiciones de los centros, infraestructuras, servicios, recursos, medios y presupuestos".


ENMIENDA NÚM. 109

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 143

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado 2. Sustituir en la 1ª línea "en colaboración con las Administraciones educativas" por "de acuerdo con las Administraciones educativas".


ENMIENDA NÚM. 110

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 144

De supresión.


Página 95


Texto que se propone:

Supresión de todo el artículo.


JUSTIFICACIÓN

Seguimos sin verle utilidad a estas evaluaciones.


ENMIENDA NÚM. 111

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 141.ª

De adición.


Texto que se propone:

Apartado 2. Añadir al final "y la evaluación de las propias Administraciones educativas para que dispongan del conocimiento preciso para actuar de manera eficaz sobre las carencias detectadas en la evaluación".


ENMIENDA NÚM. 112

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 143, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Apartado l. Sustituir en la 1a línea "previa consulta a las Comunidades Autónomas" por "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


ENMIENDA NÚM. 113

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 149

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir todo el artículo 149.


JUSTIFICACIÓN

Las competencias atribuidas a la Alta Inspección deben corresponder a las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 114

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

Al artículo 150, párrafo b, d y e

De supresión.


Texto que se propone:

Suprimir los apartados b, d, e del artículo 150.


JUSTIFICACIÓN

Estas competencias deben corresponder a las Comunidades Autónomas.


ENMIENDA NÚM. 115

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional primera

Página 96


De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional primera.


Sustituir en 1ª línea "previa consulta a las Comunidades Autónomas" por "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


ENMIENDA NÚM. 116

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional segunda

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional segunda.


Sustitución por el siguiente texto: "La asignatura de religión no formará parte del currículo escolar. El estudio del hecho religioso será considerado como un tema cultural e histórico en el ámbito de las ciencias sociales.


Se revisará el concordato con la iglesia sobre la enseñanza de la religión para que no forme parte del currículo escolar. Mientras, se garantizará que el profesorado de religión sea seleccionado por un sistema público dependiente de las Administraciones educativas, atendiendo a los principios de publicidad, mérito y capacidad y se le garantizarán todos los derechos laborales".


ENMIENDA NÚM. 117

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional tercera.


Apartado 2. Sustituir por el siguiente texto: "El Estado aprobará una ley de financiamiento para la aplicación de esta Ley, que supondrá, como mínimo, dedicar a la educación pública el 6% del PIB. Asimismo se arbitrarán las medidas de financiación necesarias para corregir las discriminaciones históricas en materia educativa a las que fueron sometidas algunas Comunidades Autónomas".


ENMIENDA NÚM. 118

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera, apartado 4 a)

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional tercera.


Apartado 4 a). Sustituir en la 2ª y 3ª líneas "será de 25 para la educación primaria y de 30 para la educación secundaria obligatoria" por "será de 20 para la Educación Primaria y de 20 para la Educación Secundaria Obligatoria".


ENMIENDA NÚM. 119

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera, apartado 4 f)

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional tercera.


Apartado 4 f). Sustituir por "Medidas de apoyo, formación y mejoras retributivas".


Página 97


ENMIENDA NÚM. 120

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional tercera

De adición.


Texto que se propone:

Disposición adicional tercera.


Añadir un nuevo apartado h). "Servicios de transporte y comedor escolar, así como actividades extraescolares gratuitas para todo el alumnado de Educación Infantil y enseñanza obligatoria".


ENMIENDA NÚM. 121

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional cuarta.


Apartado 2. Sustituir en la 1ª y 2ª líneas "no requerirán la previa autorización..." por "requerirán la previa autorización...". Suprimir "asimismo" después del 2.° punto seguido. Añadir en la 6ª línea, después de "deberes constitucionales" "y de los Estatutos de las Comunidades Autónomas respectivas". Añadir al final "Asimismo deben asumir la diversidad nacional, cultural y lingüística del Estado Español".


JUSTIFICACIÓN

Los libros de texto deben tener autorización de la Administración educativa correspondiente. De lo contrario serán las grandes editoriales quienes ejerzan esta competencia. También deben respetar los valores de los Estatutos de Autonomía y la diversidad nacional, cultural y lingüística.


ENMIENDA NÚM. 122

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional cuarta, apartado 3

De adición.


Texto que se propone:

Disposición adicional cuarta.


Apartado 3. Añadir en la 5ª línea, después de "Constitución", "y en el correspondiente Estatuto de Autonomía".


ENMIENDA NÚM. 123

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional quinta

De supresión.


Texto que se propone:

Supresión de la disposición adicional quinta.


ENMIENDA NÚM. 124

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional sexta, apartado 1

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición adicional sexta.


Apartado 1. Suprimir a partir del último punto seguido. "El Gobierno desarrollará... de la función pública docente".


Página 98


JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de estas normas debe corresponderle al ámbito de las diferentes Administraciones educativas.


ENMIENDA NÚM. 125

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional sexta, apartado 3

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional sexta.


Apartado 3. Sustituir a partir de la 3ª línea del 2.° párrafo de este apartado "Incluirán..." por "Se incluirá un único baremo para todos los cuerpos, en el que se tendrá en cuenta la antigüedad en el cuerpo y en el centro". Supresión del tercer párrafo.


JUSTIFICACIÓN

Se debe evitar la meritocracia para el concurso de traslados.


ENMIENDA NÚM. 126

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional séptima

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional séptima.


Sustitución por el siguiente texto: "Se suprime el cuerpo de catedráticos.
Se le garantizarán y respetarán todos los derechos administrativos y económicos que los vienen disfrutando".


ENMIENDA NÚM. 127

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional séptima, apartado 1 y 2

De modificación.


Texto que se propone:

En el penúltimo párrafo del primer apartado y en el primer párrafo del segundo apartado, sustituir "previa consulta a las Comunidades Autónomas" por "de acuerdo con las Comunidades Autónomas".


JUSTIFICACIÓN

Posibilita a las Administraciones educativas para que el profesorado de un cuerpo pueda impartir docencia en un nuevo nivel o etapa de otro cuerpo.


ENMIENDA NÚM. 128

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional décima

De supresión.


Texto que se propone:

Supresión de los 4 primeros párrafos de la disposición adicional décima.


JUSTIFICACIÓN

No vemos oportuno el cuerpo de catedráticos y, por lo tanto, no se debe regular su acceso.


Página 99


ENMIENDA NÚM. 129

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional duodécima, apartado 2

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición adicional duodécima.


Apartado 2. Supresión.


ENMIENDA NÚM. 130

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional duodécima

De adición, de un nuevo párrafo.


Texto que se propone:

Disposición adicional duodécima.


Añadir un nuevo apartado, después del 1º. "Se establecerá un sistema de acceso extraordinario y transitorio específico para el profesorado que tenga prestados servicios a las Administraciones educativas, mediante un sistema de concurso-oposición en el cual la fase de oposición no sea eliminatoria y la experiencia laboral docente sea valorada hasta el máximo legal. También se arbitrará un sistema transitorio para posibilitar el acceso a la función pública docente de aquel profesorado que está impartiendo docencia y no tiene la titulación requerida".


ENMIENDA NÚM. 131

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional duodécima, apartado 4 a)

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición adicional duodécima.


Apartado 4 a). Suprimir en la 3ª línea a partir de "docentes" hasta el final del apartado.


JUSTIFICACIÓN

El desempeño de cargos directivos y la pertenencia al cuerpo de catedráticos no deben ser considerados para el acceso a la Inspección.


ENMIENDA NÚM. 132

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional duodécima, apartado 7

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional duodécima.


Apartado 7. Sustituir en la 21 línea a partir de "implantación..." por el siguiente texto: "... de medidas destinadas a garantizar las mismas condiciones laborales y retributivas a todos/as los/as docentes, independientemente del nivel o etapa educativa en el que impartan clase".


ENMIENDA NÚM. 133

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional duodécima

De sustitución.


Texto que se propone:

"Disposición adicional duodécima.


El sistema de ingreso en la función pública docente será, el de concurso y concurso-oposición convocados

Página 100


por las respectivas Administraciones educativas, que podrán ofertar así las plazas necesarias para el acceso del profesorado interino, fijando los porcentajes respectivos para cada uno de los sistemas. En el sistema o fase de concurso se valorarán, entre otros méritos, la formación académica y la experiencia docente previa. En la fase de oposición se tendrán en cuenta la posesión de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, la aptitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. El número de seleccionados no podrá superar el número de plazas convocada en cada sistema. Existirá una fase de prácticas, que podrá incluir cursos de formación y constituirá parte del proceso selectivo. Asimismo, en estas convocatorias se incluirá al profesorado que careciendo de la titulación requerida acredite una experiencia docente de al menos dos cursos académicos..."

JUSTIFICACIÓN

Desde hace años, la alta temporalidad y la inestabilidad prolongada a veces durante muchos años, en la función pública docente se ha convertido en un gran problema social y laboral que afecta negativamente al sistema educativo público y a las condiciones de trabajo de más de 80.000 docentes.


A pesar de ello, el proyecto de la nueva ley, la LOE, no recoge en su desarrollo referencia alguna a la problemática del profesorado interino y no se prevén, por tanto, soluciones inmediatas dentro de ese marco legal, extremo éste altamente demandado por las distintas fuerzas sociales; así como por el Defensor del Pueblo, que en un informe emitido al respecto insta a la Administración Educativa a solucionar este problema.


Como consecuencia, planteamos la necesidad de que la nueva Ley de Educación contemple un cambio en el sistema de acceso a la Función Pública Docente que permita la integración en el sistema del colectivo de interinos que, tras largos años de servicios prestados a la Administración Educativa, tiene derecho a que le sea reconocida su capacidad para realizar la función docente que ha venido desempeñado largamente.


Por todo ello solicitamos que, mediante la presente enmienda se sustituya el texto de la Disposición adicional 12 de la LOE por el texto que se propone.


Hay que tener en cuenta que el sistema de CONCURSO también está previsto como forma de ACCESO a la función pública, y así se encuentra contemplado en el artículo 19 de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que establece asimismo en su disposición adicional primera, apartado 2.


"2. El personal al servicio de la Administración del Estado que perciba el total de sus retribuciones con cargo a los créditos de personal vario sin clasificar de los Presupuestos Generales del Estado deberá ser clasificado por el Gobierno, mediante Real Decreto, determinado, en su caso, su INTEGRACIÓN, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones y la titulación académica exigida en Cuerpos o Escalas de FUNCIONARIOS o plantillas de PERSONAL LABORAL".


Entendemos que esta solución no entra en contradicción con el principio de igualdad, al poder cada opositor optar libremente por uno u otro de los sistemas establecidos, sabiendo de antemano que en vía de Concurso se primarán los méritos que pueda aportar y que normativamente se establezcan y en vía de Concurso-Oposición la suma del resultado de las pruebas realizadas y la puntuación por los méritos alegados.


En cuanto al establecimiento de un doble sistema, hay que tener en cuenta que, aún sonando novedoso, ya se encuentra contemplado en algunos casos.
Así podemos citar, a título de ejemplo el artículo 447 de la LOPJ o la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud cuyo artículo 31 admite concurso-oposición, oposición y concurso, es decir, los tres sistemas previstos en el artículo 19 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.


En definitiva, consideramos que cualquier solución a esta situación debe ser contemplada desde un punto de vista estructural y permanente, ya que no se trata de un problema coyuntural, sino de una circunstancia que volverá a reproducirse en el futuro, habida cuenta de la necesidad que la Administración Educativa tiene de contar con personal que cubra las situaciones de urgencia, sustitución de vacantes de su personal, ocupación de vacantes no establecidas con carácter definitivo, etc. y el texto que se propone permitiría, también en el futuro, dar salida a la alta precariedad laboral que el propio sistema pueda volver a generar.


ENMIENDA NÚM. 134

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional decimoquinta, apartado 1

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición adicional decimosexta.


Apartado 1. Suprimir en la 2ª línea "y estimular la gestión conjunta".


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JUSTIFICACIÓN

Solamente las Administraciones educativas deben ser las responsables de planificar, gestionar y garantizar la educación pública. Cuestión diferente es que se establezcan las colaboraciones necesarias.


ENMIENDA NÚM. 135

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición adicional decimoquinta, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición adicional decimosexta.


Apartado 2. Modificar la 3ª y 4ª líneas a partir de "...educación especial" por el siguiente texto: "dependerán de las Administraciones educativas". Continuar con "Dichos edificios...".


JUSTIFICACIÓN

Es la única manera de garantizar un trato equitativo y la atención necesaria a todos los centros y no estar condicionado a la capacidad presupuestaria de los diferentes ayuntamientos.


ENMIENDA NÚM. 136

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la nueva disposición adicional

De adición.


Texto que se propone:

Añadir una nueva disposición adicional vigésima: "El Ministerio de Educación emprenderá las medidas necesarias para negociar la mejora de las actuales jubilaciones del profesorado. Entre otras medidas, garantizará el derecho al 100% del haber regulador con 30 años de servicio y emprenderá las reformas necesarias con el objetivo de aumentar las cantidades a percibir en las pensiones. La edad de jubilación obligatoria se establecerá a los 65 años."

ENMIENDA NÚM. 137

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria primera

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria primera.


Sustituir la frase anterior al primer punto seguido por: "Los/as funcionarios/as del cuerpo de maestros podrán continuar concursando indefinidamente a los puestos del primer y segundo cursos de Educación Secundaria Obligatoria así como a los puestos de Educación Infantil y Primaria". Continuar con "En el supuesto...".


ENMIENDA NÚM. 138

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 1. Suprimir en la línea 7 "hasta el día 4 de octubre de 2010" por "indefinidamente".


Página 102


JUSTIFICACIÓN

Nos parece inaceptable la prórroga tan corta para continuar jubilándose anticipadamente, máxime teniendo en cuenta que acaba de ser aprobada una proposición de Ley en el Parlamento presentada por el Bloque Nacionalista Galego que contempla este derecho como indefinido.


ENMIENDA NÚM. 139

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 1 a)

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 1 a). Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Hoy no tiene explicación esta limitación para jubilarse anticipadamente, cuando esta fecha (1 de enero de 1990) hace referencia a la época de la aprobación de la LOGSE.


ENMIENDA NÚM. 140

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 1

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 1. Suprimir en la 3ª línea del penúltimo párrafo "que será a este efecto el 31 de agosto del año en que se solicita" por "se podrá optar por la jubilación anticipada o la continuación en activo hasta que finalice el curso académico correspondiente".


JUSTIFICACIÓN

Hoy está suponiendo un problema para el profesorado que cumple los requisitos, por ejemplo, a 31 de septiembre y tiene que esperar un año para poder acogerse a la jubilación anticipada.


ENMIENDA NÚM. 141

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 2. Suprimir en la 3ª y 4ª líneas "de acuerdo con la legislación de Clases Pasivas".


ENMIENDA NÚM. 142

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 4

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 4. Sustituir en la 3ª línea "al menos 28 años de servicios efectivos al Estado" por "al menos 25 años de servicios efectivos al Estado o a la Seguridad Social".


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Sustituir en la 10ª línea desde "La cuantía ..." hasta el final del párrafo "...interprofesional" por "La cuantía de la gratificación extraordinaria a percibir será, como mínimo, equivalente a la cantidad que, sumada a la pensión correspondiente, sea igual a la retribución que se percibiría de seguir en activo hasta los 65 años".


JUSTIFICACIÓN

Cada vez el profesorado se incorpora más tarde a la docencia y, por lo tanto, es conveniente rectificar la edad para recibir la gratificación.
Al mismo tiempo, para incentivar la jubilación anticipada es necesario aumentar la gratificación.


ENMIENDA NÚM. 143

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 5

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 5. Añadir en la 5ª línea, después de "número 4" "excepto la pertenencia al régimen de clases pasivas del Estado".


Suprimir en la línea 11, a partir del último punto seguido "En este supuesto, la cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá, en ningún caso ser superior a un importe equivalente de 50 mensualidades del salario mínimo interprofesional".


ENMIENDA NÚM. 144

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria segunda, apartado 6

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición transitoria segunda.


Apartado 6. Añadir en la 3ª línea, después de "...clases pasivas" "y Seguridad Social".


JUSTIFICACIÓN

El profesorado perteneciente al régimen de la Seguridad Social debe tener el derecho a jubilarse anticipadamente.


ENMIENDA NÚM. 145

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria quinta, apartado 2

De modificación.


Texto que se propone

Sustituir: "...serán de aplicación en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley" por "serán de aplicación en el plazo de 3 años desde la entrada en vigor de esta ley".


ENMIENDA NÚM. 146

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición transitoria décima

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición transitoria décima.


Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Los niveles educativos post-obligatorios no se deben concertar. En todo caso, habrá que regular cómo, paulatinamente, las Administraciones educativas van retirando los conciertos existentes hoy en día. La enseñanza no obligatoria no debe ser objeto de conciertos o subvenciones.


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ENMIENDA NÚM. 147

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 1

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 1. Suprimir los apartados b) y c).


ENMIENDA NÚM. 148

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 7

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 7. Sustituir por el siguiente texto: "El articulo 56.1 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, tendrá la misma redacción que el artículo 122 de la presente Ley".


ENMIENDA NÚM. 149

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 8.1

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 8.1. Sustituir en la 1ª línea "leve" por "grave".


ENMIENDA NÚM. 150

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 8

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 8.2 a). Suprimir las líneas 1, 2 del apartado 8.2 y el apartado a).


JUSTIFICACIÓN

Consideramos que los incumplimientos mencionados en el apartado 8.1 deben ser considerados ya faltas graves.


ENMIENDA NÚM. 151

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 8.5 b)

De supresión.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 8.5 b). Suprimir.


JUSTIFICACIÓN

Consideramos que las faltas tipificadas como "leves" deben catalogarse como "graves".


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ENMIENDA NÚM. 152

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la disposición final primera, apartado 8.6

De modificación.


Texto que se propone:

Disposición final primera.


Apartado 8.6. Modificar en la 2ª linea "entre el total y el doble" por "entre el doble y el triple".


ENMIENDA NÚM. 153

FIRMANTE:

Don Francisco Rodríguez Sánchez

(Grupo Parlamentario Mixto)

A la nueva disposición derogatoria

De adición.


Texto que se propone:

Añadir una nueva disposición derogatoria: "Modificar la Ley 30/1984, del 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, la Ley Orgánica 8/1985, del 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la Ley 7/1987, del 12 de mayo, de Órganos de Representación, modificada por la Ley 18/1994 en todos los aspectos que contradicen las propuestas de modificaciones".


JUSTIFICACIÓN

Para garantizar el derecho a la negociación colectiva y las elecciones por centros, entre otras propuestas recogidas en nuestras enmiendas, es necesario modificar ciertos aspectos de estas leyes.


A la Mesa del Congreso

Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 y ss., del Reglamento de la Cámara, Presenta una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley Orgánica de Educación.


Palacio del Congreso. de los Diputados, 25 de octubre de 2005.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


ENMIENDA NÚM. 154

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Catalán

(Convergencia i Unió)

A la exposición de motivos

La educación y el conocimiento constituyen un pilar básico de las sociedades adelantadas. El sistema educativo es una herramienta privilegiada para conformar sociedades más justas, solidarias y cohesionadas. El progreso y el bienestar de las personas depende en gran medida de su nivel educativo. Por ello, es necesario apostar por la formación y por contar con un sistema educativo de óptima calidad, riguroso y exigente, pero que también pueda ser flexible y solidario. Una buena base educativa facilita el desarrollo personal y profesional individual y colectivo, contribuyendo así a reforzar y mejorar nuestra sociedad.


Teniendo en cuenta que la educación es un bien irrenunciable del cual depende el presente y el futuro de nuestra sociedad, se tiene que adaptar a los retos que hoy se nos plantean, tanto de índole social como de índole instrumental, por ejemplo, con la aplicación y extensión de las nuevas tecnologías y la entrada en la sociedad del conocimiento.


Entre los retos que se nos plantean a nivel educativo también está otra visión de esta nueva realidad: la configuración de sociedades multiculturales. El número de alumnos en nuestras escuelas provenientes de otros países del mundo se incrementa anualmente y las escuelas requieren herramientas para integrar a los recién llegados, para fomentar el civismo, para promover el respeto hacia las diferencias y, en definitiva, para cohesionarnos socialmente.


La mejora de las políticas educativas se ha convertido en una preocupación general de los poderes públicos, en consonancia con el aumento de la voluntad de los ciudadanos por conseguir mayores niveles de calificación y participación.


La necesidad de adaptar el modelo educativo vigente a un nuevo paradigma social, económico y cultural es una prioridad, pero también lo es mantener y mejorar

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algunos de los principios que han constituido, durante estos años, nuestro modelo educativo: la defensa de la plurinacionalidad y del plurilingüismo en las escuelas, la libre elección de centro por parte de los padres, la potenciación de la escuela pública, la defensa de la escuela concertada, así como la implicación de las familias en la educación de los hijos.


La transferencia de las competencias en materia de educación a las diecisiete Comunidades Autónomas, que actualmente las están ejerciendo en todos los ámbitos de la educación, ha supuesto una nueva situación histórica en el panorama político y educativo del Estado, que ha originado una práctica enriquecedora a partir de las experiencias educativas de las diferentes nacionalidades y regiones comportando también para el Ministerio nuevas funciones, destinadas a fijar regulaciones de mínimos y establecer mecanismos de coordinación general.
Estas nuevas funciones no quedan recogidas en el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno que mantiene una estructura excesivamente reglamentista.


Bajo el dinámico contexto descrito, para acometer con posibilidades de éxito los retos de la educación, resulta conveniente simplificar los marcos normativos hasta ahora en vigor, con el objetivo primordial de promover la mejora del rendimiento del sistema educativo mediante una adaptación a las nuevas circunstancias. El objetivo debiera ser consensuar entre todas las fuerzas políticas y los sectores implicados en la comunidad educativa, un modelo educativo que permita adecuar el vigente y a su vez renovarlo con visión de futuro; ser innovador y ambicioso en sus objetivos de calidad y a su vez perseguir un futuro de estabilidad y permanencia del nuevo modelo con el fin de que no se varíe en cada legislatura, dependiendo de las prioridades del correspondiente Gobierno.


La reforma emprendida por el Gobierno a través del proyecto de Ley Orgánica de Educación no es una reforma de consenso y no resuelve algunos de los retos planteados y que se centran en los ejes siguientes:

En primer lugar, configura la educación como servicio público y esta concepción afecta restrictivamente a la definición de programación, a los requisitos para la admisión de alumnos y a la concertación de centros.


En segundo lugar, no garantiza de modo suficiente el derecho de los padres o tutores a elegir libremente el modelo de formación y el centro que desean para sus hijos y tutelados, contradiciendo la previsión que efectúa el texto de la Constitución Europea. Resulta imprescindible, para ello, que tanto en la programación de la enseñanza, como en la concertación de los centros se tenga en cuenta, entre otros extremos, la demanda social.


En tercer lugar, el Proyecto de Ley no avanza como debiera en garantizar la gratuidad de la educación desde los tres años hasta completar la educación básica, para todos los ciudadanos, también para los que deciden la escolarización en la escuela concertada. Ello requiere una nueva definición de los conciertos educativos que incorpore los costes reales que gravan la actividad escolar, como la amortización, el alquiler o la responsabilidad civil de los centros y los riesgos laborales. Y la asunción de esa gratuidad real por los Presupuestos Generales del Estado y de las restantes administraciones educativas. Además es preciso garantizar en los centros escolares la actualización de los costes de acuerdo con la inflación real y no solamente de acuerdo con lo previsto por el Gobierno.


En cuarto lugar, es preciso dar prioridad a una mejora de la calidad de la educación con el fin de superar los malos resultados que internacionalmente se otorgan al vigente sistema educativo español.


Las vías para la consecución de este objetivo son múltiples, por una parte, es preciso reorientar la manera de evaluar el rendimiento y el esfuerzo de los alumnos, dotando de mayor autonomía los centros educativos y facilitando la investigación y la experimentación.


Por otra parte, la calidad de la enseñanza requiere dotar a los centros no sólo de los medios materiales y personales necesarios, sino también de una amplia capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos así como de una adecuada autonomía en la gestión de sus recursos.


En quinto lugar y en relación a la organización y funcionamiento de los centros públicos, cabe reforzar la autoridad y profesionalización de la dirección de los centros, de acuerdo con todas las recomendaciones y líneas de actuación en educación comparada. Para optimizar los recursos humanos y materiales de los centros y para conseguir un clima escolar que facilite la convivencia y el aprendizaje es preciso fortalecer las competencias del equipo directivo y del claustro, de profesores, reservando al Consejo Escolar la importante función de participar en la gestión y el control de la vida de los centros.


En sexto lugar, para mejorar la calidad es necesario impulsar un salto cualitativo en la valoración del profesorado y en su formación inicial.
Elevar la consideración social del profesorado, reforzar el sistema de formación inicial, tanto en primaria como en secundaria, en consonancia con la doble dimensión científico-pedagógica que comporta la tarea de enseñar, la cual requiere conocimientos técnicos y científicos, a la vez que habilidades pedagógicas para transmitirlos y para estimular a los alumnos en las tareas de aprendizaje. Asimismo es preciso articular una carrera profesional en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta una enmienda a la totalidad solicitando la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente enmienda a la totalidad con texto alternativo al Proyecto de Ley Orgánica de Educación, acompañado de la correspondiente memoria económica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2005.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


ENMIENDA NÚM. 155

FIRMANTE:

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

A la totalidad

Exposición de motivos

La educación se encuentra hoy en el centro de los desafíos y oportunidades de las sociedades del siglo XXI. España no es ajena a esta singular circunstancia histórica. Nunca como ahora la educación ha sido un factor tan decisivo para la realización personal, para el mejor ejercicio de la libertad personal, para el logro de cotas más elevadas de progreso social y económico y para conciliar el bienestar individual y el bienestar social. El futuro de una nación, su capacidad de proporcionar a sus ciudadanos oportunidades y empleo, de incrementar la cohesión social, de asentar su convivencia en valores sólidos, de estar en condiciones de hacer frente a las exigencias de un mundo cada vez más abierto y dinámico, tiene mucho que ver con la formación de sus habitantes. Este es el mayor patrimonio de una nación. Por eso, la mejora de la educación debe considerarse como un objetivo nacional prioritario.


La Constitución estableció los principios y las bases fundamentales de nuestro sistema educativo. Todas las políticas, que los poderes públicos han de impulsar, deben estar inspiradas y ser congruentes con los preceptos y valores de nuestra Carta Magna. Los dos pilares del modelo constitucional educativo, proclamados en el artículo 27.1 de la Constitución, son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
Ambos gozan de la máxima protección jurídica que nuestro ordenamiento constitucional otorga y deben ser desarrollados armónicamente.


La Constitución, asimismo, proclama que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, y que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. La Ley debe satisfacer plenamente estos preceptos constitucionales.


El derecho a la educación implica el deber por parte de los poderes públicos de proporcionar todos los medios y recursos necesarios para el acceso universal a una educación de calidad, removiendo todos los obstáculos que puedan impedir o dificultar su ejercicio. La Constitución establece la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza básica, que a partir de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, se extendió de ocho a diez cursos escolares, desde los seis a los dieciséis años. Y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002 amplió la gratuidad a la educación infantil, a partir de los tres años, reforzando así la concepción de la educación como un sistema de igualdad de oportunidades, que ha de hacerse realidad desde las edades más tempranas, para evitar que nadie pueda quedar excluido.


Con la finalidad de facilitar el acceso de toda la población a la educación secundaria superior, sin que lo puedan dificultar obstáculos de naturaleza socioeconómica, resulta ahora preciso dar un paso más en el camino hacia la gratuidad de estas enseñanzas. El futuro de nuestras sociedades dependerá de que una gran mayoría de la población adquiera la formación y la cualificación que proporcionan las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria superior. Así lo han entendido los Estados de la Unión Europea, que han establecido compromisos tan ambiciosos como necesarios en este ámbito, y que España debe cumplir. Por ello, la presente Ley establece un amplio programa de ayudas y becas al estudio para procurar el acceso a estas enseñanzas del mayor número posible de alumnos.


Satisfacer el derecho a la educación incluye, también, una obligación por parte de los poderes públicos de adoptar políticas que compensen las situaciones de especial dificultad, por razones de naturaleza socioeconómica o cultural, en que se encuentren determinados sectores de la población. El mundo rural ha de ser objeto, igualmente, de una especial atención. Asimismo, en determinadas zonas resulta imprescindible impulsar acciones educativas preferentes, que proporcionen a los centros educativos ubicados en ellas los medios, los apoyos y los recursos necesarios para que puedan realizar con eficacia su labor educadora dirigida a sectores de población en situación de desventaja social.


Una buena integración en el sistema escolar de la población inmigrante constituye un reto al que hay que dar una respuesta eficaz. Partiendo del principio de que los inmigrantes son titulares de los mismos derechos y deberes que los demás, sin que resulte admisible un trato diferenciado, existe, ciertamente una determinada población inmigrante que se incorpora al sistema educativo

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en situación de desventaja y que, por razones lingüísticas, carencias formativas o condiciones sociales, hace necesario desarrollar acciones específicas de carácter compensatorio.


El ejercicio del derecho a la educación por parte de todos, sin ningún tipo de exclusión, y en condiciones que garanticen una real igualdad de oportunidades, constituye, en nuestro tiempo, el mayor factor de cohesión social. Por eso, el Estado social y democrático de Derecho asume una principal responsabilidad en esta tarea. Con tal fin, ha de dotarse de los instrumentos y medios precisos para garantizar este derecho a todos los ciudadanos en condiciones básicas de igualdad, con independencia del lugar en que residan. El Estado social y democrático de Derecho no puede aceptar que la educación sea un factor de desigualdades territoriales en el conjunto de la nación. Esta es la razón por la que el presente proyecto contempla la creación de un Fondo de Cohesión interterritorial educativo, como instrumento operativo para promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español, con el fin de impulsar políticas de interés general para la mejora constante de la calidad del sistema educativo y de contribuir a la solidaridad de conformidad con el principio de equidad.


El segundo pilar del modelo constitucional educativo, junto con el derecho a la educación, es la libertad de enseñanza. Esta libertad comprende el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación y el centro escolar para sus hijos y, correlativamente, el derecho de la sociedad, independientemente de los poderes públicos, a participar en la tarea educativa mediante la creación y dirección de centros docentes, que pueden, si así lo desean sus titulares, tener carácter propio garantizado por la Constitución.


Nuestro modelo constitucional educativo configura, así, un sistema de oferta plural, en el que concurren tanto los centros de titularidad pública como los de iniciativa social. En las enseñanzas declaradas gratuitas, se ha de garantizar que todos estos centros, en las condiciones que la ley establezca ofrezcan las enseñanzas gratuitamente.
De este modo, los padres pueden ejercer su derecho de elegir centro docente, sin estar condicionados o limitados por razones de carácter económico.


Las familias españolas aprecian cada vez más este derecho de elegir centro escolar para sus hijos y quieren ejercerlo sin trabas ni obstáculos. Los poderes públicos, en consecuencia, tienen la obligación de crear las condiciones más favorables para el ejercicio real de esta libertad, así como de garantizar la oferta de plazas escolares, que debe atender las demandas de las familias y facilitar su derecho de elección.


II

A lo largo de nuestra democracia el Estado se ha transformado substancialmente, al irse configurando conforme al modelo constitucional del Estado de las Autonomías. Este proceso ha supuesto en el ámbito educativo, al igual que en otros ámbitos, una profunda descentralización, que se culminó al final de la pasada década. Las Comunidades Autónomas, al asumir las competencias educativas, han pasado a ser responsables de la gestión de las políticas públicas. Son ellas las que gestionan más del 90 por 100 de los recursos públicos destinados a la educación, lo que, entre los países más desarrollados, convierte a España, en el de mayor grado de descentralización.


En este nuevo marco, y con escrupuloso respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, constituye un objetivo de interés general mantener un sistema educativo vertebrado, que asegure una formación común básica a todos los españoles y garantice que se ejerzan en condiciones de igualdad los derechos y libertades reconocidos en la Constitución en el ámbito educativo. Con todos los instrumentos que la Constitución pone a disposición del Estado, éste, a través de la legislación básica, en virtud del título competencial que aquélla le reconoce, y mediante la acción que le compete directamente, tiene la obligación de fortalecer un sistema educativo vertebrado, al servicio de la sociedad española. Las enseñanzas comunes, que han de formar parte del currículo en sus propios términos y en la proporción que legalmente se establece, han de asegurar esa formación básica común a todos los españoles.


III

El logro de una educación de calidad para todos, finalidad esencial de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, sigue siendo el objetivo en el que deben concentrar todos sus esfuerzos los poderes públicos y la sociedad. Se trata de un fin cuyas raíces se encuentran en los valores humanistas propios de nuestra tradición cultural europea. Únicamente a través de una educación de calidad los ciudadanos estarán en condiciones de ejercer adecuadamente sus derechos y sus responsabilidades y de acceder a las oportunidades que ofrecen las sociedades avanzadas.


En su historia reciente, el desarrollo económico, social y cultural de España se vio menoscabado por una insuficiente formación y cualificación de sus ciudadanos. La universalización de la educación primaria no se completó hasta entrada la segunda mitad del siglo XX, aunque nuestro nivel de escolarización en la educación secundaria y universitaria fuera, ya entonces, similar al de los países de nuestro entorno.


En los últimos treinta años el salto dado en la extensión de la escolarización ha sido muy importante. Al comienzo de la democracia, los Pactos de la Moncloa dieron un fuerte impulso a la ampliación de las plazas escolares en la educación secundaria, lo que facilitó la escolarización universal hasta los dieciséis años de

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edad, alcanzada en los años noventa, así como el logro de una muy elevada tasa de escolarización, superior al 85 por cien, de los jóvenes hasta los 18 años.


Con todo, este innegable progreso histórico no puede ocultar una serie de importantes deficiencias y problemas, que hoy presenta nuestro sistema educativo y que se refieren a su calidad, esto es, a su capacidad de lograr los objetivos que debería alcanzar una sociedad con el grado de progreso económico y social como la española. Son deficiencias que deben ser subsanadas, con determinación, sin pérdida de tiempo y con estrategias adecuadas. Así lo reclaman el futuro de nuestros jóvenes, las aspiraciones de las familias y las necesidades de nuestra economía y de nuestra sociedad.


La consecuencia de lo expuesto es que los problemas prioritarios de nuestro sistema educativo se concretan en la necesidad: de reducir las elevadas tasas de alumnos que no logran alcanzar los objetivos de la educación secundaria general; de mejorar el nivel medio de los conocimientos de nuestros escolares; de combatir eficazmente y reducir drásticamente el abandono escolar prematuro; de lograr que la gran mayoría de la población acceda a las enseñanzas de la educación secundaria superior y adquiera los conocimientos y competencias propios de esta etapa; de universalizar la educación y la atención a la primera infancia; de dotar al sistema educativo de una suficiente flexibilidad que lo convierta en una red de oportunidades para todos; de ampliar e intensificar, en fin, la atención educativa a la población adulta.


El desafío consiste en integrar todos estos objetivos en la perspectiva de una educación y de una formación a lo largo de toda la vida, en la que las diferentes etapas educativas forman un continuo y se relacionan entre sí tanto desde el punto de vista de la eficacia de las acciones educativas como desde la eficiencia de la inversión pública en educación.


Las evaluaciones y los análisis de nuestro sistema educativo, efectuados por organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, revelan deficiencias de rendimiento preocupantes respecto a los países con similares condiciones económicas y culturales. Estas deficiencias se manifiestan, particularmente, en la educación secundaria, aunque buena parte de sus causas procedan ya de la educación primaria. Así, una cuarta parte del alumnado no obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria y abandona el sistema sin titulación alguna y con una cualificación muy insuficiente. Además, nuestros alumnos se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea en sus conocimientos de materias instrumentales como las matemáticas y las ciencias, fundamentales en una sociedad en la que la dimensión científico-tecnológica del conocimiento es primordial. Asimismo, presentan graves deficiencias de expresión oral y escrita que están relacionadas con la falta de hábito de lectura, que ha de ser incrementado, entre otras medidas, con la potenciación y un mejor uso y funcionamiento de las bibliotecas escolares. Por otra parte, diversos estudios han puesto de relieve el progresivo empobrecimiento de las enseñanzas humanísticas, que son imprescindibles para que el alumno adquiera una comprensión crítica de la cultura y del mundo a la altura del tiempo en que le ha tocado vivir. El aprendizaje de las lenguas extranjeras, en fin, está lejos de ser satisfactorio, a pesar de los indudables avances experimentados en la última década.


Por otra parte, la plena integración de España en el contexto europeo exige una mayor apertura y un mayor grado de homologación y flexibilidad de nuestro sistema educativo. Los alumnos deben adquirir destrezas que, como la capacidad de comunicarse, la de trabajar en equipo, la de identificar y resolver problemas o la de aprovechar las nuevas tecnologías, resultan hoy indispensables.


En una sociedad que tiende a la universalización, una actitud abierta, la capacidad para tomar iniciativas y la creatividad, son valores fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los individuos y para el progreso y el crecimiento de la sociedad en su conjunto. El espíritu emprendedor es necesario para hacer frente a la evolución de las demandas de empleo en el futuro.


IV

Si el reto fundamental que tiene hoy nuestro sistema educativo es la mejora de su calidad para todos, es preciso impulsar y poner en práctica las reformas, las políticas y las estrategias orientadas a la consecución de este objetivo, que es vital para la sociedad española.


En continuidad con las medidas y reformas que la Ley de Calidad de la Educación ha introducido para promover los necesarios cambios en nuestro sistema educativo con la finalidad enunciada, los principios y orientaciones en los que deben asentarse las políticas de calidad obedecen a cinco ejes estratégicos, que inspiran este texto normativo.


En primer lugar, resulta imprescindible plantear a la sociedad española y al conjunto del mundo educativo que los valores del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la mejora de la calidad del sistema educativo. Estos valores, por la concurrencia de diversos factores, se han ido devaluando en los últimos tiempos, y a la vez se han debilitado los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto al profesor.


En este sentido, el aprecio al esfuerzo y su consideración como presupuesto inexcusable de cualquier tarea de aprendizaje es una garantía del progreso personal, del buen funcionamiento de los centros educativos y de su mejor rendimiento. Que los adolescentes forjen su futuro en un sistema educativo que sitúe en un lugar secundario este valor, significa sumergirles en un espejismo que comporta, a medio plazo, un elevado coste personal y social. Es precisamente aquel clima que no reconoce

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el valor del esfuerzo el que resulta más perjudicial para los grupos sociales menos favorecidos. En cambio, en un clima escolar ordenado, afectuoso pero exigente, la institución escolar es capaz de compensar las diferencias asociadas a los factores de origen social.


El segundo eje consiste en orientar más abiertamente el sistema educativo hacia los resultados. En este sentido, la educación diseñada en la Ley de 1990 presentaba carencias fundamentales: no preveía ningún tipo de evaluaciones, de pruebas o de controles externos a lo largo de todo el proceso educativo (quince cursos escolares), con lo que resultaba imposible averiguar los niveles de conocimientos de los alumnos y el grado de consecución de los objetivos educativos, para corregir los errores y orientar adecuadamente las políticas. La consecuencia es que el sistema acababa sin objetivos ni resultados. Ningún sistema educativo europeo presenta esta grave carencia.


Por ello, la mejora de la calidad está vinculada a la intensificación de los -procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los centros y del sistema en su conjunto, de modo que unos y otros puedan orientar convenientemente los procesos de mejora. La evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos no sólo es un factor básico de calidad, sino que constituye, además, un instrumento ineludible para diseñar adecuadas políticas educativas a todos los niveles y para incrementar su capacidad de adaptación a los cambios.


Los países desarrollados que mejores resultados han obtenido en los recientes estudios internacionales sobre rendimiento escolar disponen de procedimientos generales de evaluación que les permiten efectuar un seguimiento continuo y adecuado de sus respectivos sistemas educativos.
Pero, además, todos ellos han definido, sin ambigüedad, los conocimientos y las competencias que los alumnos han de alcanzar al finalizar los diferentes cursos o etapas educativas.


La presente Ley asume la importancia que concede a la evaluación la Ley de Calidad de la Educación y, procurando aprender de los mejores sistemas educativos, da un paso adelante al establecer la definición precisa de niveles prescriptivos que, en relación con los conocimientos y las competencias básicas, deben haber adquirido los alumnos al finalizar la Educación Primaria y la Educación Secundaria General. Las Evaluaciones Generales de Diagnóstico, previstas en la Ley, permitirán determinar en qué materias básicas y en qué proporción los alumnos españoles han alcanzado, en cada centro, en cada Comunidad Autónoma y en todo el territorio nacional, dichos niveles prescriptivos.


El tercero de los ejes que inspiran el presente proyecto consiste en reforzar significativamente un sistema de oportunidades de calidad para todos, empezando por la educación infantil y terminando por los niveles postobligatorios. En una sociedad basada en el conocimiento, la educación y la formación se han convertido en los elementos claves para el logro del progreso personal, social y económico. Precisamente por ello, nuestro sistema de educación y formación debe asimilarse cada vez más a una tupida red de oportunidades, que permita a cada persona transitar por ella y alcanzar sus propios objetivos de formación. Ello exige que posea una configuración flexible, capaz de adaptarse a las diferencias individuales en aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas, justamente para ampliar el horizonte de las oportunidades y alcanzar resultados de calidad para todos.


La diversidad del alumnado aconseja una cierta variedad de trayectorias.
Pero ha de ser responsabilidad de los poderes públicos que cualquiera de ellas asegure la adquisición de competencias cualificadoras para las posteriores etapas educativas, formativas o laborales y garantice una calidad equivalente de los diferentes procesos formativos.

El cuarto eje se refiere al profesorado. Resulta evidente que las políticas condiciones profesionales, de modo que favorezcan el desempeño de su función docente, constituyen el elemento más valioso y decisivo a la hora de lograr la eficacia y eficiencia de un sistema de educación y formación. La educación de calidad que queremos para nuestra nación necesita, por tanto, atraer a la profesión docente a los buenos estudiantes y retener en el mundo educativo a los mejores profesionales.


En este sentido, la presente Ley, siguiendo las pautas de la Ley de Calidad de la Educación, se propone elevar la consideración social del profesorado; procurar que éste tenga un mayor respaldo de las familias y del conjunto de la sociedad; mejorar sus condiciones profesionales; reforzar el sistema de formación inicial y de formación continua; y articular una carrera profesional, en la que evaluación, formación y progresión tengan cabida de un modo integrado.


La Ley consolida de modo indefinido el sistema de jubilación voluntaria a los 60 años, al considerar que es una medida que beneficia la calidad del sistema. El texto incorpora un catálogo de derechos y deberes del profesorado, con la finalidad de garantizar mejor las condiciones que resulten más idóneas para el desempeño de sus funciones y propugna la equiparación retributiva de todo el profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos. Todo ello, sin perjuicio de que resulte ya inaplazable la elaboración de un estatuto de la función pública docente.
A tal fin, la presente Ley encomienda al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses elabore las normas relativas al estatuto básico de la función pública docente.


El quinto eje está relacionado con el reforzamiento institucional de los centros educativos. Para ello, resulta imprescindible dotarles de la capacidad normativa y de organización, así como de los recursos que les permitan llevar a cabo, con eficacia, las tareas, cada vez más complejas, que la sociedad les encomienda.


Este fortalecimiento institucional de los centros implica la potenciación de su autonomía (pedagógica, organizativa y de gestión económica) y, en consecuencia,

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de su responsabilidad social. Ello comporta la necesidad de que cada centro tenga que responder de los resultados de su tarea, mediante procedimientos de evaluación que faciliten la mejora y permitan orientar las acciones conjuntas de cada centro educativo y de cada Administración.


La Ley crea el marco adecuado para el desarrollo de tales actuaciones e introduce los Planes de Mejora como instrumentos que, por un lado, hacen posible la definición ordenada, sistemática y evaluable de los procesos de mejora en los centros públicos y, por otro, sirven de fundamento para asumir, entre cada centro y la Administración educativa correspondiente, compromisos específicos de carácter recíproco. Tales compromisos conllevan la aportación de los medios, los recursos y los apoyos adicionales, en general, que en cada caso se acuerden para alcanzar los objetivos de mejora definidos en el Plan.


El logro de una educación de calidad para todos requiere un tratamiento diferenciado de los centros públicos, por parte de la Administración, y un grado de intervención institucional cuya intensidad varíe en función de las características de cada centro, de su problemática y de sus propias necesidades objetivas. Este principio general, del que participan los Planes de Mejora, adquiere una especial relevancia práctica en el caso de aquellos centros ubicados en zonas geográficas con poblaciones en desventaja socioeconómica y sociocultural que han de beneficiarse, con carácter preferente, de actuaciones integrales de compensación educativa.
La Ley introduce el concepto de centro educativo prioritario y establece la orientación de las actuaciones que, a este respecto, deberán desarrollar las Administraciones educativas.


La creciente complejidad de los centros escolares, con la progresiva asunción de nuevas responsabilidades sociales, coincide con una orientación internacional de fondo, hacia una mayor autonomía en la gestión de esa considerable variedad de procesos que les son propios, y hace de la profesionalización de la dirección escolar un factor de calidad de importancia capital. Sin la garantía de una buena dirección escolar el éxito de esa transformación en marcha estará seriamente comprometido y es altamente probable que la autonomía degenere en debilidad institucional y haga necesaria la correspondiente intervención correctora por parte de la Administración educativa, con el fin de garantizar que todos los alumnos se beneficien de una buena educación. El texto preserva, a este respecto, el enfoque de la Ley de Calidad de la Educación que ha supuesto un avance decisivo en este terreno.


V

Conforme a las orientaciones expuestas, este proyecto, que se presenta como texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno, define los principios, las estructuras fundamentales y las líneas de actuación básicas que corresponde desarrollar a los poderes públicos al servicio del interés general de la sociedad española.


La Ley tiene en cuenta el valor de la estabilidad de un sistema educativo, que no debería verse sometido a vaivenes y cambios excesivos, fruto de las coyunturas políticas. Por eso ha procurado cuidadosamente y con sentido de la responsabilidad conservar las estructuras básicas del sistema que se estableció en la ley de 1990, aun sabiendo que existen en el seno de la comunidad educativa razonables demandas de algunas modificaciones que afecten a estas estructuras.


Pero las consideraciones anteriormente enunciadas conducen a la conclusión de que nuestro sistema educativo necesita reformas que permitan resolver sus acuciantes problemas, en los que coincide la gran mayoría de la comunidad educativa, así como caminar por la senda de una mayor calidad.
Estabilidad no puede ser sinónimo nunca de inmovilismo, y menos en las circunstancias en las que vive nuestra realidad educativa. Sólo con reformas debidamente orientadas y ejecutadas con determinación, y con el concurso de la comunidad educativa, podrá nuestra educación salir de la problemática situación en que se encuentra y lograr los objetivos que imperiosamente necesita alcanzar. Sin reformas en la buena dirección, el sistema educativo español está condenado al fracaso, con las consecuencias nefastas que tendría para el futuro de nuestra sociedad. La pérdida de dos años en la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Calidad de la Educación es ya irreparable. El fracaso del modelo de comprensividad de la LOGSE se ha hecho patente a lo largo de los quince años de su aplicación.


La Ley se articula en un Título Preliminar, siete Títulos y las correspondientes Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.


El Título Preliminar enuncia los principios básicos en los que se ha de asentar el sistema educativo español, de acuerdo con los valores constitucionales, y que tienen como pilares fundamentales la calidad, la equidad y la libertad. Formula los fines a los que se ha de orientar, cuya síntesis es la formación humana integral e incluye el enunciado de los derechos y deberes básicos de quienes componen la comunidad educativa: estudiantes, profesores y padres, porque son ellos los protagonistas del conjunto de actividades que conforman el sistema educativo.


En los dos capítulos sucesivos del mismo Título, la Ley desarrolla, por una parte, el principio de cooperación entre las Administraciones educativas, con la finalidad de reforzar todos los mecanismos imprescindibles para mantener la vertebración y cohesión del sistema educativo. Se regula, por primera vez, la Conferencia de Educación, que ha de ser potenciada en esta nueva etapa, una vez que todas las Comunidades Autónomas han asumido las competencias en materia educativa.
Se crea el Fondo de Cohesión interterritorial educativo, como ya se ha dicho anteriormente, y se potencia,

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asimismo, la labor de las Corporaciones locales en el ámbito educativo.


Por otra parte, la Ley regula la cooperación internacional y la acción educativa en el exterior, actividades que, en el mundo abierto y cada vez más interrelacionado en el que vivimos, cobran creciente importancia. Por ello, es un ámbito en el cual resulta muy conveniente un renovado impulso, que requiere un marco jurídico innovador.


El Título I define la estructura del sistema educativo, señalando sus diferentes etapas, bajo el principio orientador básico de la educación permanente. Se ha procurado, cuando ha resultado necesario, adaptar nuestra terminología legal a la utilizada habitualmente por los organismos internacionales de los que España forma parte, a los efectos de una mayor claridad y comparabilidad.


La Educación Infantil se configura en dos ciclos: el primero, de carácter preescolar, para la atención educativa e integral de la primera infancia; el segundo, ya de carácter escolar, en el que se pone el acento en la iniciación a la lectura, a la escritura y al cálculo, con métodos pedagógicos apropiados a la edad de los educandos.


Tanto la Educación Infantil como la Educación Primaria constituyen un periodo decisivo en la formación de la persona, porque en ellas se asientan los fundamentos, no sólo para un sólido aprendizaje de las habilidades básicas en lengua, cálculo y lengua extranjera, sino que también se adquieren, para el resto de la vida, hábitos de trabajo, lectura, convivencia. ordenada, sentido del deber y respeto hacia los demás. En la Educación Primaria se mantiene la denominación de las áreas de conocimiento y los objetivos establecidos en la Ley de Calidad de la Educación.


Para mejorar la capacidad cualificadora del conjunto de la enseñanza básica, una reforma que se estima imprescindible es la potenciación de la identidad de la Educación Secundaria General, como etapa educativa diferenciada y con perfil propio. Es en esta etapa, crucial en el proceso formativo de los alumnos, donde se han apreciado los mayores problemas, con consecuencias extraordinariamente negativas. No sólo un considerable porcentaje de escolares no logra graduarse, sino que una buena parte de los estudiantes no recibe formación suficiente para proseguir en buenas condiciones los estudios postobligatorios. Este fracaso constituye la antesala de la marginación social.


Esta situación indeseable exige algunos cambios en la configuración y estructura de la Educación Secundaria General. La orientación de estos cambios consiste en dotar a esta etapa de una mayor flexibilidad, con el establecimiento de vías formativas de calidad, que se adapten a la diversidad de intereses y necesidades de los alumnos.


Se mantienen, sin modificación ni creación de otras nuevas, las asignaturas vigentes, procedentes de la LOGSE y de la Ley de Calidad. No se considera ni beneficioso para el sistema, ni acertado, la creación de nuevas asignaturas, a no ser que exista una bien fundamentada justificación para ello. Nuevas asignaturas, que no estén respaldadas por una disciplina científica consolidada, acaban teniendo una vida efímera y problemática. También se mantienen los criterios de evaluación y promoción establecidos en la Ley de 2002. Se promueve la intensificación de las medidas de apoyo y de refuerzo para aquellos alumnos. que las necesiten y que presenten dificultades en su proceso de aprendizaje, atendiendo a sus diferencias individuales, con la finalidad de que puedan alcanzar satisfactoriamente los objetivos de la etapa.


El cuarto curso, en la línea ya preconizada en la Ley de Calidad de la Educación, se concibe como un curso preparatorio para la educación secundaria superior, con la función de ser un curso de orientación y puente entre la Educación Secundaria General y las enseñanzas posteriores. El objetivo de lograr el acceso generalizado de la población escolar a la educación secundaria superior -enunciado anteriormente- hace sumamente conveniente que los alumnos dispongan de un curso específico con la finalidad de prepararles, en las mejores condiciones posibles, para transitar con éxito en los futuros estudios que vayan a elegir.


El curso preparatorio se organiza en modalidades formativas diferentes, con un tronco común de asignaturas, que permitirán a los alumnos adquirir conocimientos y competencias en relación con los estudios que cursarán posteriormente.


Con esta misma finalidad, los programas de iniciación profesional, establecidos en la Ley de Calidad y que se mantienen en este proyecto, se conciben como una alternativa presidida por los principios de la máxima inclusividad y la adecuada flexibilidad del sistema educativo y orientada, primordialmente, a aquellos alumnos que rechazan una orientación puramente académica de los estudios, de modo que quienes los cursen con aprovechamiento puedan conciliar cualificación profesional y competencias básicas. Por ello, resulta esencial que la posibilidad de que los alumnos puedan incorporarse a estos programas no se plantee demasiado tarde, cuando ya se hayan producido las negativas consecuencias del fracaso escolar y del abandono educativo prematuro. Al conducir al título de Graduado en Educación Secundaria General, permitirá reducir las actuales cifras de abandono del sistema y abrirá a un mayor número de alumnos todas las oportunidades de formación y cualificación que ofrecen las enseñanzas postobligatorias, así como el acceso, en el marco del sistema nacional de cualificaciones, a la vida laboral.


El Bachillerato mantiene su configuración actual con las modalidades previstas en la Ley de Calidad, que responden adecuadamente a las finalidades atribuidas a esta etapa. Este modelo se aparta del que propugna una especie de "bachillerato a la carta", que debilitaría su capacidad formativa, teniendo en cuenta, además, que estamos en presencia del bachillerato más corto de Europa.


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El mantenimiento de la prueba general de Bachillerato responde a la necesidad de homologar nuestro sistema educativo con los de los países de nuestro entorno y, al mismo tiempo, garantizar unos niveles básicos de calidad en los requisitos exigibles a todos los alumnos, cualquiera que sea su lugar de residencia o el centro en que hubieran cursado sus estudios. La prueba general de Bachillerato cumplirá, asimismo, la función de acceso a la educación superior, excluyéndose así, con carácter general, el establecimiento de pruebas específicas adicionales de acceso a la Universidad.


La Ley mantiene la vigente ordenación general de la Formación Profesional inicial, potenciada en la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, en cuyo marco se encuadra. Introduce una mayor flexibilidad en los procedimientos de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, eliminando o reduciendo obstáculos que podrían dificultar el tránsito por estas enseñanzas, con el fin de ampliar las posibilidades de los alumnos de completar su formación y de incorporarse al mundo del trabajo en condiciones adecuadas de cualificación.


En el Título I se regulan también las enseñanzas de régimen especial: las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y las enseñanzas deportivas. La novedad más importante se refiere a las enseñanzas artísticas superiores, que, desde hace ya largo tiempo, fueron declaradas de rango universitario, sin que nuestro ordenamiento hubiera establecido para ellas un régimen jurídico, de organización y de funcionamiento acorde con tal rango. Ha llegado el momento, pues, de dar el paso, que la propia comunidad artística reclama, de posibilitar la incorporación de estos estudios a la Universidad, superando la ambigua situación en la que se encuentran ahora. La Ley posibilita asimismo la constitución de Universidades de las Artes, cuando una Comunidad Autónoma así lo decida, en el marco de la Ley Orgánica de Universidades.


El Título II se refiere a la igualdad de oportunidades y la cohesión social, respecto a las cuáles la educación es en nuestras sociedades el factor más decisivo. Se potencian las enseñanzas destinadas a la formación permanente de las personas adultas como uno de los instrumentos esenciales para hacer efectivo el principio del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se regula la atención especial preferente a los alumnos con necesidades educativas específicas (a los que padecen discapacidades u otras condiciones personales de análogos efectos, a los superdotados intelectualmente y a los que se incorporan tardíamente y en situación de desventaja al sistema educativo español). Los principios que orientan esta atención son los de integración, flexibilidad y adaptación de la respuesta educativa a las circunstancias y necesidades que en estos alumnos concurren. Se establece la norma, entre otras, de que no se podrán establecerse límites de edad para permanecer escolarizado en un centro de educación especial, mientras fuese beneficioso para los alumnos destinatarios de este servicio educativo.


La Ley mantiene el sistema nacional de ayudas y becas al estudio, que tiene como finalidad remover los obstáculos de orden económico que impiden o dificultan el ejercicio del derecho a la educación y garantizar que el acceso a los estudios postobligatorios solamente esté basado en los criterios de mérito y capacidad. Para fomentar la igualdad de oportunidades y la cohesión social el sistema de becas ha potenciarse tanto en relación con las enseñanzas de educación secundarla superior como las correspondientes a la educación superior.


El Título III se refiere al profesorado. Siguiendo las atinadas indicaciones del Consejo de Estado, la Ley incluye en este Título todas las normas relativas al profesorado, que aparecían de forma dispersa. El texto establece el marco general que ha de regir la función docente, factor determinante de la calidad y la mejora de la enseñanza. La regulación se inspira en la necesidad de dar más apoyo y respaldo al profesorado y mejorar las condiciones de su ejercicio profesional. A tal fin, se refuerza la formación inicial y permanente, así como la valoración del desempeño de la función docente y las medidas de apoyo que requiere dicho desempeño. Por otra parte, se configura la carrera docente con tramos sucesivos, que permiten desarrollar una carrera profesional a lo largo de toda la vida docente.


El Título IV se refiere a la regulación de los centros docentes. Establece las normas relativas a la libertad de elección de centro docente y a la escolarización, con arreglo a los principios ya aludidos. La oferta escolar, caracterizada en nuestro sistema educativo, por su pluralidad, es regulada con el criterio de que debe satisfacer plenamente el valor superior de la libertad.


Se introduce un capítulo referente a la innovación, investigación y mejora escolar como factores clave de calidad que contribuyen, decisivamente, a hacer avanzar los centros docentes, en lo referente tanto a los procesos como a sus resultados. La innovación y la experimentación educativas requieren de un clima de pluralismo y libertad, estimulado y reconocido por la Administración, que facilite ensayar soluciones nuevas y explorar modelos efectivos, en el marco de un sistema educativo ordenado. El texto concreta suficientemente esta orientación.


El Título V establece las normas relativas a la autonomía, participación y gobierno de los centros docentes.


Factor esencial para elevar la calidad de la enseñanza es no sólo dotar a los centros de los medios personales y materiales necesarios, sino también reforzar su autonomía y su capacidad de iniciativa para promover actuaciones innovadoras en los aspectos pedagógicos y organizativos, que han de vincularse al principio de responsabilidad de los resultados que se obtengan.


La Ley mantiene el modelo de dirección establecido en la Ley de Calidad de la Educación, potenciando sus

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facultades y su capacidad de dirección, pues ésta es una condición clave para la buena organización y funcionamiento de los centros. El procedimiento para su selección y nombramiento pretende dotar a la figura del director del mayor grado de profesionalidad posible, que ha de insertarse en el marco de la carrera docente profesional.


El texto incluye un capítulo relativo al clima escolar y a la convivencia en los centros, con la finalidad de dotarles de normas adecuadas y recursos para garantizar el derecho y el deber del estudio a todos los escolares y asegurar el necesario ambiente de orden y disciplina, que favorezca las tareas formativas y la convivencia de la comunidad educativa.


El Título VI está referido a la evaluación del sistema educativo como factor imprescindible para la mejora de sus resultados. En él se articula el conjunto de actuaciones previstas en el Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, en línea con lo que dispuso la Ley de Calidad de la Educación. De entre ellas, cabe destacar por su importancia las dos Evaluaciones Generales de Diagnóstico, en los niveles educativos correspondientes a los 12 y 16 años, que serán desarrolladas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo con la colaboración de las correspondientes Administraciones educativas. Otras actuaciones principales, establecidas en este Título, se refieren a la participación de España en evaluaciones generales internacionales, que permiten la comparación con otros países a efectos de mejora; a la elaboración periódica del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación; y, finalmente, a otros planes de evaluación, ya en el ámbito propio de los centros docentes y de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas.


Por último, el Título VII está dedicado a la inspección del sistema educativo, entendida como función que, por mandato constitucional, es competencia y obligación de los poderes públicos. Sin duda, la inspección educativa es un instrumento de capital importancia para promover la mejora de la enseñanza que España necesita.


El texto concluye con las correspondientes Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales.


En suma, el presente texto establece el marco general de los distintos aspectos del sistema educativo, con la pretensión de dotarle de los instrumentos normativos, de los recursos y de las orientaciones básicas, que resultan imprescindibles para que la realidad educativa española pueda superar los graves problemas a los que se enfrenta y emprender, un camino ilusionante hacia una mayor calidad. Todos los poderes públicos adquieren una responsabilidad que nace no sólo de las obligaciones impuestas por el ordenamiento constitucional sino también de las demandas de nuestra sociedad que, legítimamente, exige de nuestro sistema educativo una respuesta eficaz en las presentes circunstancias históricas.


TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO I

De los principios y fines de la educación

Artículo 1.-Principios.


1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios:

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, con independencia de sus condiciones y circunstancias.


b) La equidad, que garantice una igualdad de oportunidades de calidad sin discriminación, para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, y promueva la compensación de las desigualdades personales, culturales y sociales, con especial atención a las que deriven de la discapacidad.


c) La libertad, que garantice el derecho de los padres de elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos.


d) La transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, la participación cívica, la igualdad de derechos de las personas con independencia de su sexo, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, y que ayuden a eliminar cualquier tipo de discriminación.


e) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de toda la vida.


f) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo individual como elementos esenciales del proceso educativo.


g) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, para contribuir a la mejor consecución de los objetivos educativos en el desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio.


h) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos.


i) La flexibilidad, para adecuar su estructura y organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, a la personalidad de los alumnos, y sus diversos intereses, aptitudes y expectativas.


j) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea,

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con atención prioritaria a su formación y actualización docente y a su promoción profesional.


k) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y conocimientos, fomentando los valores y principios básicos de creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.


l) La orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.


m) La responsabilidad social de los centros escolares, mediante el refuerzo de su autonomía y eficacia así como la potenciación de la función directiva de los centros.


n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativas.


ñ) La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización como en los procesos de enseñanza y aprendizaje.


o) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.


2. Los principios educativos enumerados en el apartado anterior se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos internacionales sobre materia educativa suscritos por España.


Artículo 2.-Fines.


El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno, mediante una formación humana integral y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, en el respeto a los principios democráticos de la convivencia y de los derechos humanos y libertades fundamentales.


b) La progresiva adquisición de capacidades y hábitos intelectuales y de trabajo, así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, con especial atención a las formas de expresión.


c) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.


d) La preparación para la participación activa en la vida política, social y cultural de una sociedad democrática y pluralista.


e) El fomento de una actitud de comprensión de las relaciones entre todos los pueblos fundada en la paz, la cooperación y la solidaridad.


CAPÍTULO II

De los derechos y deberes de alumnos, padres y profesores

Artículo 3.-Alumnos.


1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel educativo que estén cursando.


2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos y en los Tratados y Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España, particularmente, en los del ámbito de la Unión Europea.


3. Se reconocen al alumno los siguientes derechos básicos:

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.


b) A recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.


c) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución.


d) A que se respeten su integridad y dignidad personales.


e) A la protección contra toda agresión física o moral.


f) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento educativo sean valorados y reconocidos con objetividad.


g) A recibir orientación educativa y profesional.


h) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.


i) A que el centro le facilite las oportunidades y servicios educativos que contribuyan a su formación integral.


j) A la utilización de las instalaciones y material del centro, que habrán de adaptarse a sus necesidades con las máximas garantías de seguridad.


k) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.


1) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente.


4. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los alumnos y la formación de federaciones y confederaciones.


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5.- El estudio es un deber básico del alumno que se concreta en:

a) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las relacionadas con el desarrollo de los currículos.


b) Respetar la autoridad de los profesores y seguir sus directrices respecto a su educación y aprendizaje.


c) Asistir a clase con puntualidad y realizar las tareas encomendadas por el profesor.


d) Participar y colaborar con sus compañeros en las actividades formativas, en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de todos los alumnos a la educación.


6. Además del estudio, son deberes básicos de los alumnos:

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales.


b) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.


c) Respetar y cumplir las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.


d) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y equipamiento del centro, así como de los materiales didácticos.


Artículo 4.-Padres.


1. Los padres, en relación con la educación de sus hijos, tienen los siguientes derechos:

a) A que reciban una educación con las máximas garantías de calidad, conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.


b) A la libre elección de centro docente.


c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.


d) A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos.


e) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos.


f) A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.


g) A colaborar voluntariamente en las actividades del centro en beneficio de la formación de sus hijos.


2. Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos, les corresponde:

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias de la educación y asistan regularmente a clase.


b) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.


c) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores y los centros.


d) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.


e) Fomentar el respeto a todos los componentes de la comunidad educativa.


f) Apoyar y respaldar la actividad docente de los profesores al servicio de la formación de sus hijos.


g) Colaborar de manera activa en las actividades que los centros establezcan para mejorar el rendimiento escolar de sus hijos.


3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de asociación de los padres y la formación de federaciones y confederaciones. Asimismo, facilitarán a las asociaciones de padres los medios necesarios para que puedan desarrollar las funciones que les encomienda la presente Ley.


Artículo 5.-Profesores.


1. Los profesores tienen reconocidos los siguientes derechos básicos:

a) A que sea respetada su dignidad e intimidad personal en el trabajo y a ser tratados con corrección, consideración y respeto por todos los miembros de la comunidad educativa.


b) A la libertad de cátedra en los términos establecidos por la Constitución,

c) A la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.


d) Al ejercicio de su función docente adaptada a las características de la etapa educativa en que la desarrollan.


e) A que su función docente se desarrolle en las condiciones que favorezcan la calidad de la educación y en un ambiente ordenado que facilite la enseñanza y el aprendizaje.


f) A la percepción de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio establecidas en cada caso.


g) Al descanso necesario, con el reconocimiento de las vacaciones periódicas retribuidas y de los permisos, en los términos que se establezcan.


h) A ser informados de las funciones, tareas, cometidos y objetivos encomendados en el ejercicio de su función docente, así como de los sistemas establecidos para su evaluación.


i) A participar en las actividades generales del centro educativo, particularmente en las de programación

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y coordinación de las actividades docentes, en la forma establecida por las leyes y en la normativa de los centros.


j) A promover y participar en las iniciativas y actividades que se desarrollen en el ámbito de la innovación y de la investigación pedagógica y académica.


k) A proponer medidas e iniciativas que favorezcan la actividad educativa del centro.


l) A recibir protección y asistencia jurídica, así como a la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con el ejercicio de su actividad profesional.


m) A la promoción interna y desarrollo profesional, en la forma prevista por las disposiciones en cada caso aplicables.


n) A la formación continua adecuada a su función docente y al reconocimiento de su cualificación y méritos profesionales.


ñ) A recibir protección social, en el régimen que les corresponda, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan.


o) A la jubilación en los términos y condiciones establecidos en las normas que sean aplicables en cada caso.


2. Asimismo, los profesores tienen reconocidos, en los términos establecidos en la Constitución y en la legislación específica aplicable, los siguientes derechos colectivos:

a) De reunión, que ha de ejercerse respetando las actividades educativas de los centros.


b) De asociación, particularmente en los ámbitos académico y profesional.


c) De libre sindicación.


d) De actividad sindical.


e) De negociación colectiva, representación y participación de carácter sindical en los términos establecidos en la legislación aplicable.


f) De huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios esenciales para la atención de los alumnos.


3. Los profesores tienen en el ejercicio de su función docente, los siguientes deberes básicos:

a) Respetar la Constitución, el correspondiente Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico.


b) Respetar la dignidad e intimidad personal de los miembros de la comunidad educativa, así como todos los derechos que les reconocen las disposiciones aplicables.


c) No realizar discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.


d) Ejercer sus funciones docentes y de tutoría con lealtad, eficacia y con observancia de los principios éticos y deontológicos que les sean aplicables.


e) Mantener debidamente actualizados los conocimientos y aptitudes necesarios para el correcto ejercicio de sus funciones docentes.


f) Dirigir la actividad formativa de sus alumnos, ayudándoles a superar sus dificultades con atención a sus condiciones personales, valorando su trabajo de acuerdo con el principio del mérito, orientándoles y corrigiéndoles adecuadamente, cuando resulte necesario.


g) Cumplir y hacer cumplir, en el ejercicio de su autoridad docente, las normas de organización y funcionamiento del centro educativo y respetar, en su caso, el carácter propio del centro en el que desarrollan sus actividades docentes.


h) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores propios de una sociedad democrática.


i) Mantener la debida confidencialidad de la información de que dispongan como resultado de su labor docente y que, por su propia naturaleza, deba tener carácter reservado.


j) Cumplir el régimen de horarios y jornada, atendiendo a las necesidades y al mejor funcionamiento del centro docente.


k) Informar debidamente a las familias, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, sobre la evolución del proceso educativo de sus hijos.


1) Colaborar en aquellas actividades programadas por el centro, en el ámbito de sus competencias profesionales, orientadas a contribuir a la formación integral de los alumnos.


CAPÍTULO III

De la cooperación entre las Administraciones educativas

Artículo 6.-La Conferencia de Educación.


1. La Conferencia de Educación es el órgano permanente de coordinación y cooperación de la Administración del Estado y de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. Tiene la finalidad de promover la vertebración y cohesión del sistema educativo, la mejora de su calidad y la garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia educativa en todo el territorio del Estado, en condiciones básicas de igualdad.


2. Para su adecuado funcionamiento, la Conferencia de Educación aprobará su reglamento interno.


3. Los acuerdos de la Conferencia se plasmarán a través de recomendaciones que se aprobarán por consenso.


Artículo 7.-Composición de la Conferencia de Educación.


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1. La Conferencia de Educación está constituida por el Ministro de Educación y Ciencia, que ostentará su presidencia, por los Consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas y por el Secretario General de Educación. Existirá una Vicepresidencia, que desempeñará uno de los Consejeros elegido entre ellos por mayoría de dos tercios.


2. La Conferencia podrá acordar la creación de cuantas comisiones y grupos de trabajo considere necesarios para la preparación, el estudio y desarrollo de las cuestiones sometidas a su conocimiento.


Existirá, en todo caso, una Comisión General permanente, que actuará como órgano de apoyo y discusión previa de cuantos asuntos hayan de ser sometidos a la deliberación de la Conferencia. Actuará también como órgano de coordinación técnica y administrativa en aquellas cuestiones que se le encomienden. Será presidida por el Secretario General de Educación y estará integrada por un representante de cada Comunidad Autónoma con rango, al menos, de Director General o equivalente.


3. La Conferencia contará con una Secretaría, como órgano de soporte y apoyo técnico permanente, cuyo titular será nombrado por el Ministro de Educación y Ciencia, con conocimiento previo de aquella. El Secretario asistirá a las sesiones de la Conferencia con voz y sin voto, así como a las comisiones y grupos de trabajo a los que se refiere el apartado anterior.


4. La Conferencia podrá recabar la asistencia técnica de expertos cuando lo considere necesario. El Reglamento, al que se refiere el artículo anterior, establecerá los procedimientos en que se llevará a cabo esta asistencia, incluida la participación en reuniones cuando proceda.


Artículo 8.-Funciones de la Conferencia de Educación.


1. La Conferencia de Educación ejercerá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Informar las disposiciones legales y reglamentarias, cuya iniciativa corresponde adoptar al Ministerio de Educación y Ciencia, y que afecten al conjunto del sistema educativo español, particularmente las enunciadas en la presente ley.


b) Elaborar estrategias y promover políticas públicas orientadas a la mejora de la calidad del sistema educativo español así como a fortalecer su equidad.


c) Elaborar criterios comunes para la coordinación de la política general de recursos humanos en el sistema público educativo, en particular los orientados a asegurar la movilidad de los funcionarios públicos docentes, su promoción profesional a través de una carrera docente, y la formación continua, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.


d) Acordar las líneas generales de los planes y actividades de evaluación del sistema educativo, que realizará el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.


e) Asegurar la coordinación de todas las Administraciones educativas en materia estadística.


f) Coordinar las actividades conjuntas que se acuerden en el ámbito de la investigación, experimentación e innovación educativas.


g) Contribuir a la formación de la voluntad del Estado en relación con las políticas educativas que se impulsen o desarrollen en el seno de la Unión Europea.


h) Ser informada y colaborar en la ejecución de los compromisos internacionales que asuma España en materia educativa, a través de acuerdos internacionales suscritos con otros Estados y en el marco de los organismos internacionales de los que España forma parte.


i) Cooperar, en general, en todos aquellos aspectos y acciones relacionados con el sistema educativo que dispongan ésta u otras leyes o que, de acuerdo con su naturaleza, precisan de una actuación coordinada de las Administraciones educativas.


j) Deliberar sobre todos aquellos asuntos cuyo conocimiento los miembros de la Conferencia de Educación consideren de interés general o requieran la colaboración de las Administraciones educativas.


Artículo 9.-Cooperación entre las Administraciones educativas.


1. Las Administraciones educativas, a través de la Conferencia de Educación, podrán establecer acuerdos de cooperación para llevar a cabo actuaciones educativas conjuntas, con la finalidad de lograr una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en la presente ley.


2. Las actuaciones educativas conjuntas podrán abarcar cuantos ámbitos se consideren de interés general, y, particularmente, en lo referente a recursos humanos, formación permanente del profesorado, fomento de la calidad, formación profesional, investigación e innovación y cohesión del sistema educativo.


3. Las acciones educativas conjuntas se formalizarán mediante convenios en el seno de la Conferencia de Educación.


Artículo 10.-Programas de cooperación.


1. El Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, promoverá programas de cooperación territorial orientados a objetivos educativos de interés general. Estos programas tendrán como finalidad, según sus diversas modalidades, favorecer el conocimiento y aprecio de la riqueza cultural de España por parte de

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todos los alumnos, así como contribuir a la solidaridad interterritorial.


2. Los programas de cooperación territorial serán desarrollados y gestionados por el Ministerio de Educación y Ciencia y por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias, mediante los convenios que, a estos efectos, se suscriban.


Artículo 11.-Cooperación de las Administraciones locales.


1. Las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos e instrumentos para favorecer y estimular la gestión conjunta con las Administraciones locales y la colaboración entre centros educativos y Administraciones Públicas.


2. Asimismo, las Administraciones educativas, a fin de propiciar una mayor eficacia, coordinación y control de los recursos por parte de la sociedad, podrán convenir la delegación de competencias de gestión de determinados servicios educativos o de apoyo a la educación a los municipios o agrupaciones de municipios que se configuren al efecto. En particular, podrán delegar, total o parcialmente, la gestión de la educación infantil preescolar a los municipios, con la finalidad de que este servicio educativo se preste con la mayor proximidad a las familias y tenga en cuenta sus necesidades.


3. Las Corporaciones locales cooperarán con las Administraciones educativas competentes en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.


4. La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria o educación especial, corresponden al municipio respectivo.


5. Los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes sostenidos con fondos públicos.


6. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deban afectar, por necesidades de escolarización, edificios escolares de propiedad municipal en los que se hallen ubicados centros de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, dependientes de las Administraciones educativas, para impartir educación secundaria o formación profesional, asumirán, respecto de los mencionados centros, los gastos que los municipios vinieran sufragando de acuerdo con las disposiciones vigentes, sin perjuicio de la titularidad demanial que puedan ostentar los municipios respectivos. Lo dispuesto no será de aplicación respecto a los edificios escolares de propiedad municipal en los que se impartan, además de educación infantil y educación primaria o educación especial, los dos primeros cursos de educación secundaria general.


7. Las Administraciones educativas podrán establecer convenios de colaboración con las Corporaciones locales para las enseñanzas artísticas. Dichos convenios podrán contemplar una colaboración específica en escuelas de música y danza cuyos estudios no conduzcan a la obtención de títulos con validez académica.


8. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento para el uso de los centros docentes que de ellas dependan por las autoridades municipales, fuera del horario lectivo, para actividades educativas, culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de dichos centros.


9. Las Administraciones educativas, deportivas y municipales, colaborarán para el establecimiento de procedimientos que permitan el doble uso de las instalaciones deportivas pertenecientes a los centros docentes o a los municipios.


10. Los municipios podrán establecer acuerdos con los centros educativos para el uso de las bibliotecas municipales con las finalidades establecidas en el artículo 138 de la presente Ley.


11. Para la mejor ejecución de las tareas y actividades enunciadas en los apartados anteriores, la Conferencia de Educación establecerá procedimientos de consulta y colaboración con las federaciones o agrupaciones más representativas de las Corporaciones locales.


Artículo 12.-Fondo de Cohesión interterritorial educativo.


1. Se crea el Fondo de Cohesión interterritorial en materia educativa con la finalidad de promover y asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en condiciones básicas de igualdad en todo el territorio español, impulsar políticas de mejora constante de la calidad en el sistema educativo de interés general y contribuir a la solidaridad interterritorial de conformidad con el principio de equidad.


2. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado consignarán los créditos que integrarán el Fondo. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia de Educación, fijará los objetivos y programas, que podrán tener carácter plurianual, a los que se destinarán los recursos consignados.


3. El Ministerio de Educación y Ciencia y las Administraciones educativas gestionarán el Fondo en la forma en que se determine reglamentariamente, atendiendo a la naturaleza y características de los objetivos propuestos y con respeto a las competencias que correspondan a cada Administración.


Para el reparto equitativo de los recursos del Fondo se tendrán en cuenta, como factores preferentes: la población escolarizada, la dispersión geográfica, las específicas necesidades del mundo rural, la población

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inmigrante y demás alumnado con necesidades educativas específicas.


Artículo 13.-Transparencia de los datos educativos.


1. Las Administraciones educativas proporcionarán los datos necesarios para la elaboración de las estadísticas educativas nacionales e internacionales que corresponde efectuar al Estado, las cuales contribuyen a la gestión, planificación, seguimiento y evaluación del sistema educativo, así como a la investigación educativa. Asimismo, las Administraciones educativas harán públicos los datos e indicadores para favorecer la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa.


2. Las Administraciones educativas facilitarán el intercambio de información y la difusión de buenas prácticas educativas o de gestión de los centros docentes, así como todas las actividades de innovación y experimentación que se desarrollen en su ámbito, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la educación.


Artículo 14.-Garantías de escolarización y movilidad.


1. El Estado, en colaboración con las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, promoverá acciones y adoptará medidas que favorezcan que todos los alumnos, con independencia de su lugar de residencia, puedan elegir las opciones educativas que deseen de acuerdo con los requisitos que en cada caso se establezcan. Asimismo, se garantizará que la movilidad de los estudiantes por el territorio nacional, por circunstancias familiares o de otra índole, no suponga perjuicios a su adecuada escolarización.


2. Las Administraciones educativas colaborarán para facilitar el acceso a enseñanzas de oferta escasa y a centros de zonas limítrofes a los alumnos que no tuvieran esa oferta educativa en centros próximos o de su misma Comunidad Autónoma. A tal efecto, en los procedimientos de admisión de alumnos se tendrá en cuenta esta circunstancia.


3. En aplicación del principio de colaboración, el Estado impulsará convenios para que las Administraciones educativas faciliten a alumnos y profesores de otras Comunidades Autónomas el acceso a sus instalaciones educativas y la utilización de sus recursos.


CAPÍTULO IV

De la cooperación internacional y la acción educativa en el exterior

Artículo 15.-Cooperación internacional.


1. La cooperación internacional en materia educativa forma parte esencial de la política exterior del Estado. El Gobierno impulsará y coordinará sus acciones a través del Consejo de Política Exterior. El Ministerio de Educación y Ciencia las desarrollará, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores.


2. La cooperación internacional se hará efectiva a través de la participación de España en los organismos internacionales especializados de las que forma parte así como de las relaciones bilaterales con otros Estados.


3. Sin perjuicio de las relaciones que se establezcan con otras áreas o Estados, se prestará especial atención a la cooperación internacional en materia educativa con la Unión Europea y sus Estados miembros, así como con la Comunidad Iberoamericana y sus Estados miembros.


Artículo 16.-Acción educativa en el exterior.


1. La acción educativa española en el exterior se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y por lo que dispongan los Tratados y Convenios internacionales de los que España sea parte y con sujeción, asimismo, a la legislación local aplicable y al principio de reciprocidad.


2. La acción educativa española en el exterior incluirá la promoción y organización de:

a) Enseñanzas regladas correspondientes a niveles del sistema educativo español distintos a los universitarios.


b) Currículos mixtos de contenidos del sistema educativo español y de los propios de otros sistemas educativos.


3. Las modalidades de acción educativa a las que se refiere el apartado anterior irán dirigidas indistintamente a alumnado de nacionalidad española o extranjera.


4. La acción educativa española en el exterior se desarrollará, entre otras, en las instituciones siguientes:

a) Centros docentes de titularidad del Estado español.


b) Centros docentes de titularidad mixta, con participación del Estado español.


c) Secciones españolas de centros docentes de titularidad extranjera.


d) Otras instituciones con las que pudieran establecerse convenios de colaboración.


5. En el marco de lo establecido en el apartado anterior, el Gobierno potenciará y ampliará de manera progresiva la red de centros españoles en el exterior y pondrá en marcha las medidas necesarias para la consecución de este objetivo.


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6. Corresponde al Gobierno la regulación y la gestión de los centros docentes públicos españoles en el exterior.


7. La acción educativa en el exterior incluirá entre sus objetivos preferentes el mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de origen de los residentes españoles en el exterior y de sus descendientes.


8. El Ministerio de Educación y Ciencia promoverá las enseñanzas regladas del sistema educativo español mediante la modalidad de educación a distancia.


9. La acción educativa española en el exterior incluirá, en el marco de sistemas educativos extranjeros:

a) La promoción y organización de programas de apoyo para la enseñanza de la lengua y cultura españolas, así como de las demás lenguas españolas cooficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas.


b) Programas de apoyo a los intercambios en el ámbito educativo y en el de la investigación.


c) Facilitar a los españoles el acceso a la educación en el extranjero.


d) Potenciar la proyección de la educación, la cultura y la investigación españolas en el exterior.


10. La acción educativa española en el exterior y la cooperación internacional prestarán especial atención a fomentar la movilidad internacional de profesores y alumnos, especialmente en el marco de la Unión Europea, con políticas que intensifiquen los intercambios y las estancias en otros países.


Artículo 17.-Centros educativos extranjeros en España.


1. A los efectos de la presente ley, se entiende por centros educativos extranjeros en España aquellos que imparten en territorio español enseñanzas propias de sistemas educativos distintos del sistema español.
La enseñanza universitaria se rige por sus normas especificas.


2. Los centros extranjeros en España se regirán:

a) Por lo dispuesto en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España, teniendo, en cuenta, en su defecto, el principio de reciprocidad.


b) Por lo establecido en esta Ley y en los artículos 10, 12.2, 13, 21.2, 22, 25, y 26.1 de la Ley Orgánica 811985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, así como en las normas que los desarrollan.


3. Reglamentariamente se establecerá el régimen al que se ajustarán dichos centros con arreglo a las siguientes normas:

a) Podrá ser titular de un centro extranjero en España cualquier persona física o jurídica, de nacionalidad española o extranjera, con excepción de las que se encuentren en algunas de las situaciones previstas en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.


b) Los centros extranjeros en España deberán reunir los requisitos que, para la creación de centros docentes y la validez plena de sus enseñanzas, exija la legislación de sus países. En el supuesto en que la legislación del país respectivo no establezca requisitos en cuanto a instalaciones y condiciones materiales, serán de aplicación las establecidas por la legislación española con las singularidades derivadas de cada sistema educativo a juicio de la Administración educativa competente.


c) Para poder funcionar válidamente en España, los centros extranjeros deberán inscribirse en el Registro público de centros dependiente de cada Administración educativa competente, la cual deberá dar traslado de los asientos registrales al Ministerio de Educación y Ciencia.


d) Estos centros podrán acoger tanto a alumnos extranjeros como a alumnos españoles. En las enseñanzas correspondientes a la enseñanza básica sólo podrán acoger a alumnos españoles, si dichas enseñanzas están homologadas al sistema educativo español o se complementan con enseñanzas de lengua y cultura españolas y, en su caso, de la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que estén ubicados. El currículo de estas enseñanzas deberá ser aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia y por la Administración Educativa correspondiente, con arreglo a sus competencias.


Artículo 18.-Doble Titulación.


El Gobierno podrá establecer convenios con otros Estados de la Unión Europea y de la Comunidad Iberoamericana para que se puedan impartir las enseñanzas a las que se refiere la presente Ley con un currículo integrado que permita al alumnado obtener las titulaciones equivalentes del Estado correspondiente.


TIÍTULO I

Estructura y ordenación del Sistema Educativo Español

CAPÍTULO I

De los principios generales

Artículo 19.-Enseñanzas del sistema educativo español.


1. El sistema educativo español tiene como principio básico propiciar la educación permanente.


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2. Las enseñanzas que comprende el sistema educativo son de régimen general y de régimen especial,

3. Las enseñanzas de régimen general son las siguientes:

a) Educación Infantil.


b) Educación Primaria.


c) Educación Secundaria General.


d) Bachillerato.


e) Formación profesional

f) Enseñanza universitaria.


4. Las enseñanzas de régimen especias son:

a) Enseñanzas Artísticas.


b) Enseñanzas de Idiomas.


c) Enseñanzas Deportivas.


5. La Educación Primaria y la Educación Secundaria General constituyen la enseñanza básica.


6. El Bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio constituyen la educación secundaria superior.


7. La enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior.


8. La enseñanza universitaria se rige por sus normas específicas.


9. Las enseñanzas artísticas superiores podrán incorporarse a las Universidades en los términos previstos en la presente Ley.


10. El sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos para facilitar su desarrollo personal y profesional.


11. Las enseñanzas a las que se refieren los apartados anteriores se adaptarán a los alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.


12. Para garantizar el derecho a la educación de quienes no pueden asistir de modo regular a los centros docentes se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia.


13. Los poderes públicos facilitarán el acceso de toda la población al nivel de formación correspondiente a la educación secundaria superior o equivalente. A tal fin, se establecerá un programa especial de becas y ayudas al estudio para remover los obstáculos de naturaleza socioeconómica que dificulten el acceso a estas enseñanzas y su permanencia en ellas.


14. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, podrá establecer nuevas enseñanzas, si la demanda social y las necesidades educativas lo requiriesen.


Artículo 20.-Enseñanza básica.


1. La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 19.5 de la presente Ley es obligatoria y gratuita, y comprende diez años de escolaridad. Se iniciará a los seis años de edad y se extenderá hasta los dieciséis.


2. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, en las condiciones establecidas en la presente Ley.


CAPÍTULO II

Del currículo

Artículo 21.-Currículo.


1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo.


2. En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, el Gobierno fijará las enseñanzas comunes, que constituyen los elementos básicos del currículo, con el fin de garantizar una formación común a todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes. A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55 por 100 de los horarios escolares en las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la castellana, otra lengua propia cooficial y el 65 por 100 en el caso de aquellas que no la tengan.


3. Las Administraciones educativas competentes establecerán el currículo de los distintos niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo, que deberá incluir las enseñanzas comunes en sus propios términos.


4. En cumplimiento del artículo 3 de la Constitución, las enseñanzas comunes garantizarán que al finalizar la enseñanza básica todos los alumnos hayan adquirido las competencias de comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, lengua oficial del Estado.


5. Los títulos académicos y profesionales serán homologados por el Estado y expedidos por las Administraciones educativas en las condiciones establecidas en la legislación estatal y en las normas de desarrollo que al efecto se dicten.


Artículo 22.-Libros de texto y demás materiales curriculares.


1. Corresponde a los centros educativos, en el marco de su autonomía pedagógica, adoptar los libros

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de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. Los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. Las Administraciones educativas determinarán la intervención que, en el proceso interno de adopción de los libros y demás materiales curriculares, corresponde a otros órganos del centro.


2. Los libros de texto y demás materiales a que se refiere el apartado anterior deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa.


3. Con carácter general, los libros de texto y materiales curriculares adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro años. Excepcionalmente, cuando la programación docente lo requiera, las Administraciones educativas podrán autorizar la modificación del plazo anteriormente establecido.


4. La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa, sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje.


CAPITULO III

De la Educación Infantil

Artículo 23.-Principios generales.


1. La educación infantil constituye la etapa educativa que atiende a los niños hasta los seis años de edad.


2. La educación infantil se organiza en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años y tiene carácter preescolar. El segundo está constituido por tres años académicos, que se cursarán desde los tres a los seis años de edad

3. La finalidad de la educación infantil es el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros escolares cooperarán estrechamente con los padres ayudándoles a ejercer su responsabilidad fundamental en la educación de sus hijos.


Artículo 24.-Educación infantil preescolar.


1. Corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con la normativa básica que sobre los aspectos educativos de este ciclo establezca el Gobierno, la organización de la atención dirigida a la primera infancia y el establecimiento de las condiciones que habrán de reunir los centros e instituciones en que se preste. Establecerán, asimismo, los procedimientos de supervisión y control que estimen adecuados.


2. En la educación infantil preescolar se atenderá al desarrollo del movimiento, al control corporal, a las primeras manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social y al descubrimiento del entorno inmediato.


Artículo 25.-Educación infantil escolar.


1. La educación infantil escolar contribuirá a desarrollar en los niños las siguientes capacidades:

a) Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.


b) Observar y explorar su entorno familiar, social y natural.


c) Adquirir una progresiva autonomía en sus actividades habituales.


d) Relacionarse con los demás y aprender pautas elementales de convivencia.


e) Desarrollar sus habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión artística.


f) Iniciarse en el aprendizaje de la lectura y de la escritura.


g) Iniciarse en las habilidades numéricas básicas.


2. Las Administraciones educativas promoverán en este ciclo la generalización del aprendizaje de una lengua extranjera. Asimismo, fomentarán experiencias de iniciación temprana en las tecnologías de la información y de la comunicación.


3. Los contenidos educativos se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se transmitirán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para el niño.


4. La metodología se basará en las experiencias, las actividades y el juego y se aplicará en un ambiente de afecto y de confianza.


Artículo 26.-Oferta de plazas y gratuidad.


1. El primer ciclo de la educación infantil tiene carácter voluntario para los padres. Las Administraciones competentes atenderán a las necesidades que concurran en las familias, particularmente con la finalidad de procurar la conciliación de la vida familiar y laboral, y promoverán y coordinarán la oferta de plazas suficientes para satisfacer la demanda de las familias y facilitar la libre elección de los padres.


2. La escolarización en el segundo ciclo de la educación infantil escolar tendrá carácter voluntario y gratuito. Las Administraciones educativas garantizarán

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la existencia de puestos escolares gratuitos en centros públicos y en centros privados concertados para atender la demanda de las familias y su libertad de elección de centro docente.


3. Las Administraciones educativas promoverán la escolarización en esta etapa educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales.


Artículo 27.-Profesorado.


1. El primer ciclo de la educación infantil será impartida por maestros con la especialidad en educación infantil o el Título de Grado equivalente y por otros profesionales con la debida cualificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad. En todo caso, la planificación y el seguimiento de los aspectos educativos estarán bajo la responsabilidad de un maestro de educación infantil.


2. La educación infantil escolar será impartida por maestros con la especialidad correspondiente.


CAPÍTULO IV

De la Educación Primaria

Artículo 28.-Principios Generales.


1. La Educación Primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años

2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, con el fin de garantizar una formación íntegral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria General.


Artículo 29.-Objetivos.


La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

a) Conocer los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas y respetar el pluralismo propio de una sociedad democrática.


b) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia.


c) Desarrollar hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y actitudes de curiosidad e interés por el aprendizaje, con las que descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha.


d) Desarrollar la iniciativa individual y el hábito del trabajo en equipo.


e) Fomentar la igualdad efectiva en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.


f) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en el ámbito escolar,

g) Conocer y usar adecuadamente la lengua castellana y, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en sus manifestaciones oral y escrita, así como adquirir hábitos de lectura.


h) Iniciarse en el lenguaje matemático básico y en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones.


i) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, la geografía, la historia y la cultura.


j) Adquirir, en una lengua extranjera, la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.


k) Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, creatividad e iniciativa personal.


1) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y de la comunicación.


m) Iniciarse en la valoración y en la creación estética de las diferentes manifestaciones artísticas, así como en la expresión plástica, rítmica y vocal.


n) Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte como medios más idóneos para el desarrollo personal y social.


ñ) Conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y observar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.


Artículo 30.-Organización y principios metodológicos.


l. La etapa de Educación Primaria se organiza en tres ciclos de dos años académicos cada uno.


2. Las áreas que se cursarán en la Educación Primaria serán las siguientes:

a) Ciencias, Geografía e Historia.


b) Educación Artística.


c) Educación Física.


d) Lengua Castellana.


e) Lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en su caso.


f) Lenguas extranjeras.


g) Matemáticas.


Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, el área de Sociedad, Cultura y Religión.


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3. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, en la determinación de las enseñanzas comunes se establecerán las áreas que se impartirán en cada uno de los ciclos.
Tendrán especial consideración las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos.


4. La comprensión lectora y la capacidad de expresarse correctamente serán desarrolladas en todas las áreas. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas áreas se desarrollen actividades que estimulen el interés, el hábito de la lectura y de la expresión oral y escrita.


5. A partir del segundo ciclo de la etapa, las Administraciones educativas podrán ofertar una segunda lengua extranjera.


6. Los métodos se orientarán a la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y se adaptarán a sus características personales.


7. Para garantizar la continuidad del proceso de formación de los alumnos se establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación con la Educación Secundaria General.


8. A lo largo de toda la etapa se fomentará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.


Artículo 31.-Atención a las diferencias individuales.


1. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de atención a las diferencias individuales y de refuerzo educativo en cada uno de los cursos, particularmente en las áreas de lengua y matemáticas.


2. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención individualizada de los alumnos, en la realización de diagnósticos precoces y en el establecimiento de mecanismos de refuerzo, para evitar el fracaso escolar en edades tempranas.


Artículo 32.-Evaluación.


1. La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua y tendrá en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las distintas áreas.


2. Los maestras evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos y los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas, según los criterios de evaluación que se establezcan en el currículo.


3. Los alumnos accederán al ciclo siguiente si han alcanzado los objetivos correspondientes establecidos en el currículo. Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos, podrá permanecer un curso más en el mismo ciclo.
Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la Educación Primaria.


4. Los alumnos que accedan al ciclo siguiente con evaluación negativa en alguna de las áreas, recibirán los apoyos necesarios para la recuperación de éstas.


5. Para garantizar la movilidad de los alumnos, el Estado, previa consulta de las Comunidades Autónomas, determinará los elementos básicos de los documentos de evaluación, así como los requisitos derivados del proceso de evaluación que sean precisos.


Artículo 33.-Evaluaciones generales de diagnóstico.


Las Administraciones educativas realizarán al final de la etapa una evaluación general de diagnóstico en los términos establecidos en el artículo 176 de esta Ley que tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de los conocimientos y competencias básicas en relación con los niveles prescriptivos correspondientes a dicha etapa educativa. Esta evaluación general carecerá de efectos académicos y poseerá un valor formativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias, los alumnos y la propia Administración.


Artículo 34.-Profesorado.


1. Para impartir las enseñanzas de educación primaria será necesario estar en posesión del título de Maestro o el título de Grado equivalente, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.


2. Los maestros tendrán competencia en todas las áreas y tutorías de esta etapa. La enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que se determinen serán impartidas por maestros con las especialidades correspondientes.


CAPÍTULO V

De la Educación Secundaria General

Artículo 35.-Principios generales.


1. La etapa de educación secundaria general comprenderá cuatro años académicos, el último de los cuales será un curso preparatorio para la educación secundaria superior. Se cursará ordinariamente entre los doce y los dieciséis años.


2. La finalidad de la educación secundaria general es transmitir a los alumnos los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos científico, tecnológico y humanístico; afianzar en ellos hábitos de estudio y trabajo que favorezcan el aprendizaje autónomo

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y el desarrollo de sus capacidades formarlos para que asuman sus deberes y ejerzan sus derechos y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral.


3. Los alumnos tendrán derecho a permanecer escolarizados en régimen ordinario hasta los dieciocho años de edad, siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, puedan obtener el título de graduado en educación secundaria general.


4. La orientación educativa y profesional de los alumnos es un principio básico en esta etapa. Se prestará especial atención a las diferencias individuales de los alumnos y a la prevención de las dificultades de aprendizaje arbitrando, en el momento en que se detecten, los oportunos mecanismos de ayuda y las correspondientes actividades de recuperación.


5. Corresponde a las Administraciones educativas regular las medidas de atención a las diferencias individuales, así como las de carácter organizativo y curricular, que permitan a los centros una organización flexible de las enseñanzas.


Artículo 36.-Objetivos.


Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:

a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia y la solidaridad entre las personas, y ejercitarse en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.


b) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y como medio para el desarrollo personal.


c) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos.


d) Afianzar el sentido del trabajo en equipo y valorar las perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás.


e) Fomentar la igualdad efectiva en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.


f) Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en el ámbito escolar.


g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.


h) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y para la toma de decisiones.


i) Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas.


j) Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las tecnologías de la información y de la comunicación, a fin de usarlas, en el proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquiridos.


k) Consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando actitudes de confianza en uno mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.


l) Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.


m) Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística; identificar y analizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas.


n) Conocer el funcionamiento del propio cuerpo, para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del deporte, para favorecer el desarrollo en lo personal y en lo social.


ñ) Conocer el entorno social y cultural, desde una perspectiva amplia; valorar y disfrutar del medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora.


Artículo 37.-Organización de los cursos primero, segundo y tercero.


1. Las asignaturas de los tres primeros cursos de1a educación secundaria general serán las siguientes:

a) Biología y Geología.


b) Ciencias de la Naturaleza.


c) Cultura Clásica.


d) Educación Física.


e) Educación Plástica.


f) Física y Química.


g) Geografía e Historia.


h) Lengua Castellana y Literatura.


i) Lengua oficial propia y Literatura de la Comunidad Autónoma, en su caso.


j) Lenguas extranjeras.


k) Matemáticas.


1) Música.


m) Tecnología.


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Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


2. Con el fin de garantizar un adecuado aprendizaje en los distintos ámbitos del conocimiento, al fijar las enseñanzas comunes se determinarán las asignaturas que se impartirán en cada uno de los cursos.


3. Además de las asignaturas mencionadas, el currículo incluirá asignaturas optativas. Corresponde a las Administraciones educativas la ordenación de la oferta de estas asignaturas, entre las que se ofrecerá obligatoriamente una segunda lengua extranjera.


4. En el curso tercero las enseñanzas se organizarán en asignaturas comunes y específicas, que constituirán itinerarios formativos con el mismo valor académico. En la determinación de las enseñanzas comunes se establecerá la organización de estos itinerarios.


5. Al finalizar el tercer curso, con el fin de orientar a los alumnos y a sus familias, el equipo de evaluación, con el asesoramiento del equipo de orientación, emitirá un informe de orientación escolar para cada alumno.


Artículo 38.-Curso preparatorio.


1. Los alumnos que hayan superado satisfactoriamente los tres primeros cursos de la educación secundaria general podrán acceder al curso preparatorio.


2. El curso preparatorio tendrá carácter de orientación y de curso puente para la educación secundaria superior. Proporcionará la formación, madurez, conocimientos y capacidades para acceder adecuadamente a dichas enseñanzas y para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria General.


3. Este curso se organizará en asignaturas comunes, en asignaturas especificas de modalidad y en asignaturas optativas.


4. Las modalidades serán tres: tecnológica, científica y humanística.


5. Las asignaturas comunes del curso preparatorio serán las siguientes:

a) Geografía e Historia

b) Educación física.


c) Ética.


d) Lengua castellana y literatura.


e) Lengua oficial propia y literatura de la Comunidad Autónoma, en su caso.


f) Lengua extranjera.


Asimismo se cursará, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda, la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión.


6. Las asignaturas propias de cada modalidad serán tres. De ellas los alumnos deberán cursar necesariamente:

a) En la modalidad tecnológica: Tecnología y Matemáticas A.


b) En la modalidad científica: Física y Química y Matemáticas C.


c) En la modalidad humanística: Latín y Matemáticas B.


7. La tercera asignatura de modalidad deberá ser cursada entre las siguientes: Biología y Geología, Dibujo, Informática, Música y segunda lengua extranjera.


8. Los alumnos podrán cursar alguna asignatura optativa en los términos que establezcan las Administraciones educativas.


9. Los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todas las modalidades establecidas en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán adecuar este principio a la demanda de los alumnos y a las características y recursos de los centros.


Artículo 39.-Programas de iniciación profesional.


1. Los programas de iniciación profesional estarán integrados por los contenidos curriculares esenciales de la formación básica y por módulos profesionales asociados, al menos, a una cualificación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Dicha formación, que tendrá una estructura flexible de carácter modular, se impartirá en dos cursos académicos. El Gobierno fijará las directrices básicas de estos programas.


2. La formación básica contribuirá, de acuerdo con las características de los alumnos, al desarrollo de las capacidades establecidas para la Educación Secundaria General.


3. Aquellos alumnos que, cumplidos los quince años, hayan cursado, en todo caso, los dos primeros cursos de la Educación Secundaria General, podrán, de forma voluntaria y tras la adecuada orientación educativa y profesional, acceder a un programa de iniciación profesional. Asimismo, podrán incorporarse a dichos programas los alumnos con dieciséis años cumplidos.


4. Los métodos pedagógicos de estos programas se adaptarán a las características específicas de los alumnos y fomentarán el trabajo en equipo. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán especial consideración en estos programas.


5. Estos programas podrán desarrollarse de acuerdo con el modelo de formación en alternancia, combinando la asistencia de estos alumnos al correspondiente centro de enseñanza con prácticas en empresas o centro equivalente de actividad profesional.


6. Las Administraciones educativas promoverán la participación de otras instituciones y entidades, especialmente las Corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no gubernamentales

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y otras entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo de estos programas.


7. La superación de un programa de iniciación profesional dará derecho a la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria General. La superación total o parcial de los módulos de carácter profesional integrados en los Programas de Iniciación Profesional será acreditada conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. En el caso de la superación de la totalidad de los módulos, la certificación otorgada surtirá, además, los efectos académicos previstos en el artículo 59 de la presente Ley.


Artículo 40.-Métodos pedagógicos.


1. Los métodos pedagógicos en la educación secundaria general procurarán la adquisición de los conocimientos y de las competencias básicas en las materias instrumentales. Se adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la capacidad para aprender por sí mismos y para trabajar en equipo promoviendo la creatividad y el dinamismo, e integrarán los recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aprendizaje. Los alumnos se iniciarán en el conocimiento y aplicación de los métodos científicos.


2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en las distintas asignaturas se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.


Artículo 41.-Medidas de refuerzo y apoyo.


1. Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen los objetivos de esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de atención a las diferencias individuales y de refuerzo educativo en cada uno de los cursos. Se prestará una especial atención a los alumnos con desfases educativos procedentes de la Educación Primaria, con asignaturas pendientes y con necesidades educativas específicas.

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