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BOCG. Senado, serie II, núm. 38-c, de 17/02/2006
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
SENADO
VIII LEGISLATURA
Serie II: PROYECTOS DE LEY
17 de febrero de 2006

Núm. 38 (c)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 43 Núm. exp. 121/000043)


PROYECTO DE LEY

621/000038 Orgánica de Educación.


PROPUESTAS DE VETO

621/000038

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del Senado, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley Orgánica de Educación.


Palacio del Senado, 15 de febrero de 2006.--P. D., Fernando Dorado Frías, Letrado Mayor Adjunto del Senado.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 1 Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACIÓN

Hace 15 años, en 1990, el Gobierno Socialista del señor González puso en marcha la LOGSE y la experiencia de estos años ha evidenciado el fracaso de esta ley educativa. Numerosos estudios nacionales e internacionales avalan esta afirmación y ponen de relieve el más que preocupante fracaso escolar --uno de cada tres alumnos no acaba la educación básica-- y el conocimiento medio de los jóvenes españoles se sitúa en la cola de los países de la OCDE.
La LOGSE ha sumergido al sistema educativo español en la incompetencia, la destrucción de los conocimientos, la desmoralización de los profesores, la desmotivación de los estudiantes, el crecimiento exponencial de la indisciplina y la degradación del clima de estudio y trabajo en las aulas.
El Proyecto de Ley Orgánica de Educación que llega al Senado tras su debate en el Congreso es una reedición de la LOGSE, con el agravante de que reduce drásticamente las competencias del Estado en materia educativa, lo que puede dar lugar a que las CC. AA. establezcan sus propios modelos educativos. Además de no garantizar la vertebración del sistema educativo español, pone en riesgo la igualdad de oportunidades de los españoles a través de la educación y la cohesión social.
Este Proyecto llega sin el consenso que demanda la sociedad y al que se comprometió el Presidente del Gobierno. Las CC. AA. gobernadas por el Partido Popular, que representan al 42% de los alumnos no han sido escuchadas. Tampoco se ha tenido en cuenta las propuestas de las asociaciones de padres y madres de alumnos, profesores y las indicaciones del Consejo de Estado y del Consejo Escolar del Estado.
Este Proyecto no gusta a casi nadie y está siendo muy contestado por la sociedad. El 8 de noviembre los estudiantes de toda España convocados por el sindicato de estudiantes y el 12 de noviembre un millón y medio de personas, convocadas por distintas asociaciones expresaron el rechazo, la decepción y la inquietud a esta reforma.


Palacio del Senado, 14 de febrero de 2006.--El Portavoz, Pío García- Escudero Márquez.


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El Senador José Ramón Urrutia Elorza, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula un veto al Proyecto de Ley Orgánica de Educación.


Palacio del Senado, 14 de febrero de 2006.--José Ramón Urrutia Elorza.


PROPUESTA DE VETO NÚM. 2 De don José Ramón Urrutia Elorza (GPMX)

El Senador José Ramón Urrutia Elorza, EA (Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de veto.


JUSTIFICACIÓN

Planteamos la presente enmienda de veto al Proyecto de Ley Orgánica de Educación en tanto que no se ha materializado por parte de los representantes de la Administración Central una disposición a subsanar las, a nuestro entender, numerosas invasiones de competencias propias de las comunidades autónomas en general y de la Comunidad Autónoma del País Vasco en particular, dimanantes de la actual redacción del texto que se nos propone.
Si bien valoramos positivamente el avance que supone el enfoque del proyecto de ley respecto a la anterior LOGSE, hacia la calidad, la innovación, el aprendizaje a lo largo de la vida, la diversidad curricular para adecuar el sistema educativo a las capacidades de los alumnos, o en relación con las necesidades educativas especiales, aspectos por cierto sobre los que ya viene incidiendo el sistema educativo vasco desde hace muchos años, y más allá de puntuales diferencias en determinados pormenores del articulado, no podemos pasar por alto otras cuestiones que entendemos capitales en tanto que afectan al autogobierno de la CAPV, puesto que muchos de sus artículos limitan las competencias propias de dicha comunidad en materia de educación, bien por su atribución de carácter básico y orgánico, bien por un abuso de la regulación en detalle que excede del ámbito competencial del Estado y mengua la capacidad de decisión de la comunidad autónoma; así como por las remisiones en blanco al gobierno estatal, que encontramos en el mismo Proyecto de Ley, que escapan de un lado a las relaciones que deben guardar la ley y reglamento en los términos del artículo 97 de la Constitución; y de otra tampoco se ajustan al concepto formal de bases, en cuanto han de venir recogidas en ley formal.
Tal es así, cuando la regulación de las enseñanzas mínimas comunes que se deberán impartir en todo el Estado invade competencias educativas plenas de la CAPV tras el paso atrás que supuso la nueva redacción introducida en el trámite parlamentario, al establecer que los contenidos básicos de dichas enseñanzas requerirán el 55% de los horarios escolares en las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para aquellas que no la tengan; lo que nos genera preocupación respecto al tenor de su futura normativa de desarrollo vía decretos. Entendemos que dicho porcentaje debiera ser un máximo que permitiera a cada comunidad autónoma organizar los horarios escolares en función de los niveles y etapas educativos y de dichos contenidos básicos. Es más, junto a la capacidad para financiar el sistema educativo propio, estamos convencidos de nuestra capacidad para fijar el 100% del curriculum, siempre desde una óptica universal cultivando los conocimientos y destrezas necesarios en el actual mundo globalizado, e introduciendo, como es lógico, los rasgos definitorios de nuestra identidad vasca.
Pero es que además, no podemos admitir que se entre a regular con carácter orgánico y básico las enseñanzas no obligatorias, e incluso no regladas, hurtando así la competencia a la CAPV. Consideramos que la redacción del proyecto de ley sobrepasa la competencia del Estado respecto a su capacidad de centrarse a derechos fundamentales y aspectos básicos que afectarían a todos los ciudadanos del Estado español. Y es que la atribución de carácter orgánico o básico excede del ámbito competencial del Estado cuando se trata de la regulación del aprendizaje a lo largo de la vida, o de aquel otro aprendizaje que trata de dar respuesta al fracaso escolar a través de los programas de iniciación profesional, que precisamente por quedar excluidos de los niveles de enseñanza ha de ser competencia que ha de desarrollar la CAPV. Y otro tanto podemos decir de la educación permanente de adultos que junto con la educación infantil, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas es regulada con carácter básico u orgánico, cuando en realidad se trata de enseñanzas no obligatorias; en suma atribuir carácter básico a enseñanzas no obligatorias vulnera, y rebaja, el ámbito competencial del País Vasco.
Ello sin olvidar que la regulación de los conciertos educativos y subvenciones relativas a enseñanzas no obligatorias también limitan el margen de maniobra autonómico al exceder, por un lado, del ámbito competencial del Estado, y por otro al afectar en la CAPV y en la CFN a sistemas de financiación propios vía Concierto Económico y Convenio respectivamente. Entendemos que la regulación estatal de las becas de dichos niveles de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas debiera haberse reducido a su mínima expresión. Y con respecto a la enseñanza obligatoria, consideramos que corresponde a la CAPV el establecimiento de las medidas oportunas para alcanzar su gratuidad.
Por otra parte, también nos vemos compelidos a plantear este veto en vista de que el proyecto de ley lesiona las competencias de la CAPV en materia de función pública docente, como pone de manifiesto la regulación relativa a las funciones, formación y reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado, desatendiendo así la jurisprudencia constitucional relativa a que únicamente corresponde al Estado la regulación de las bases estatutarias, mientras que compete a la CAPV el desarrollo legislativo y la ejecución de dicho régimen.
Y finalmente, hemos de expresar también nuestra disconformidad con lo relativo a la participación, autonomía, órganos de gobierno de los centros escolares y forma de

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elección de sus directores. Procedimiento que colisiona con el regulado por la Ley de la Escuela Pública Vasca, el cual consagra en cambio la autonomía de los centros, excediendo por su redacción demasiado pormenorizada de la facultad de dictar normativa básica.
La necesaria salvaguarda de las competencias reconocidas a las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía; el respeto a las peculiaridades derivadas del sistema de financiación, en la CAPV y en la CFN, vía Concierto y Convenio respectivamente; así como a los derechos históricos establecido en la Disposición Adicional Primera de la propia Constitución española, hacen que consideremos necesario presentar este veto.

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