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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 70, de 08/09/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 70
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 9
celebrada el miércoles, 8 de septiembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias, en relación con el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género:

-Del señor coordinador de turno de oficio de violencia doméstica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y coordinador de programas de información (Bejarano Guerra). (Número de expediente 219/000040.) ...
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-Del señor catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (Arroyo Zapatero). (Número de expediente 219/000041.) ...
(Página 11)

-De la señora presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos (Abril González). (Número de expediente 219/000042.) ... (Página 29)

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-De la señora alcaldesa del municipio de San Fernando de Henares (Muñoz de Diego), con experiencia en el ámbito de la violencia de género. (Número de expediente 212/000127.) ... (Página 38)

-Del señor presidente de la Audiencia Provincial de Alicante (Magro Servet). (Número de expediente 212/000128.) ... (Página 50)

-Del señor fiscal de la Fiscalía General del Estado (Moreno Verdejo), especialista en violencia de género. (Número de expediente 212/000129.) ... (Página 61)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.


-DEL SEÑOR COORDINADOR DEL TURNO DE OFICIO VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y COORDINADOR DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN (BEJARANO GUERRA) (Número de expediente 219/000040.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a reanudar la sesión con la celebración de las siguientes comparecencias.


Contamos con la presencia de don Fernando Bejarano Guerra, coordinador de turno de oficio violencia doméstica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, al que agradecemos su presencia y su aportación al proyecto de ley que en este momento estamos tramitando y que esperamos que sea enriquecedor.


Tiene la palabra para su primera exposición, señor Bejarano.


El señor COORDINADOR DEL TURNO DE OFICIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y COORDINADOR DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN (Bejarano Guerra): Señoras y señores diputados, es evidente que mis primeras palabras tienen que ser para manifestar el honor que para mí supone comparecer hoy en esta casa para poder dar la valoración sobre tan importante ley en tramitación. Es evidente que he sido invitado como experto -yo a mí mismo lógicamente no me califico como experto sino como un observador privilegiado en esas funciones que avanzaba la presidenta- por esa gran posibilidad que he tenido de dirigir el turno de oficio de violencia doméstica, ser director de más de quince cursos de formación en el Colegio de Abogados de Madrid, así como haber participado en las comisiones de implantación de juicios rápidos y seguimiento de la orden de protección a través del sistema de enlaces que pusimos en funcionamiento en nuestro Colegio de Abogados.


Es breve el tiempo que yo tengo para realizar esta intervención y me gustaría tocar fundamentalmente el tema por el que creo que he sido invitado, la asistencia jurídica, pero también querría entrar modestamente como profesor de derecho penal en el problema de la tutela penal y en cómo va a quedar la jurisdicción con estos nuevos juzgados de violencia contra la mujer.


A modo de introducción vaya por delante que a la hora de trabajar en la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer es evidente que no puede ser valorada de otra manera sino positiva cualquier medida, medida esperamos eficaz, que resulte de las iniciativas de lucha contra esta terrible lacra social, esa terrible forma de delincuencia. Es evidente que así, como también han manifestado otros comparecientes, nos lo exigen los instrumentos y tratados internacionales, porque también lo exigimos todos los ciudadanos que estamos concienciados con esa campaña de tolerancia cero en la lucha contra la violencia, pero lógicamente porque así nos lo exigen las víctimas. A ello hemos querido contribuir la abogacía a través de ese sistema de turno de oficio que posteriormente les enunciaré.


Ese reclamo de las víctimas se manifiesta a través de la dramática situación que ponen de manifiesto las cifras de violencia, cifras escalofriantes entre las que se destacan las muertes. Yo no me quiero detener en esas terribles cifras, sino en las de denuncias sobre las que no comparto la valoración que he escuchado de algunos de los comparecientes anteriores, una valoración pesimistas

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sobre que la violencia se incrementa. Siempre he querido ver que el crecimiento de esas cifras, y creo que habría que estudiarlo más en profundidad, no significa en mi modesta opinión sino que el ordenamiento ha ido actuando correctamente, despacio, con diversos pasos, pero la confianza de las víctimas, la confianza que ha hecho que vayan aflorando y saliendo de ese terrible círculo de la violencia doméstica, se ha manifestado en un crecimiento de denuncias. Lejos quedan las 11.516 denuncias que aparecían en las estadísticas con las que yo trabajaba en el Instituto de la Mujer en el año 1983; estamos, según informaciones del Consejo, por las 76.000 denuncias. La violencia no crece, las víctimas de violencia quieren salir de su espiral y se les está ofreciendo recursos.
Por tanto, sigo manteniendo la confianza en esa evolución del ordenamiento, en la que además espero que esta norma sea un paso más y que sea definitivo.Para acabar con esta pequeña introducción, cómo no, me referiré a esa metáfora que tantas veces hemos utilizado los que hablábamos de violencia contra la mujer para definir esta lacra, y podría decir en esa valoración de las cifras que la famosa punta del iceberg cada vez es más visible, y lo es porque se va evaporando ese mar de tolerancia que hasta el momento cubría estas situaciones de violencia. Es bueno que ese mar se evapore y esperemos que definitivamente desaparezca.
Por tanto, daba la bienvenida a todas las medidas, a estas que están en tramitación, siempre que puedan ser eficaces para cerrar ese círculo de reformas iniciado ya con la Ley 14/1999, cómo no, con las posteriores 38, o la Ley Orgánica 8/2003, seguidas fundamentalmente por la Ley 11 y como colofón la Ley de Orden de Protección, la Ley 27. Son medidas, además, que he considerado especialmente buenas para la lucha en la violencia contra la mujer porque han observado el fenómeno desde el parámetro de protección a estas víctimas, pero nunca con la exclusión de otros que están dentro de ese círculo de violencia y que también sufren con estas conductas ocultas en el ámbito de la privacidad, que tenemos que ir destruyendo y que hemos ido destruyendo. El círculo de reformas debe cerrarse desde este mismo parámetro. En palabras de otros comparecientes, la mejor fórmula en una forma de acción positiva indirecta.


Y cómo no, me tengo que centrar, y me centraré, en lo que es asistencia jurídica, contenida en el artículo 16 del proyecto. Tras una positiva valoración del conjunto de la regulación de asistencia jurídica, como no podía ser menos, porque, sorprendentemente, incluye muchos de los puntos en los que el Colegio de Abogados de Madrid, pionero en el establecimiento de estos turnos de oficio específicos y especializados, ha trabajado durante estos cuatro últimos años, encontramos muchas cuestiones en su regulación que han sido normas internas y parámetros de funcionamiento en nuestro turno de oficio. Es evidente que ese funcionamiento vino respaldado por convenios con la Administración, como fue el establecido con la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, el 8 de marzo del año 2000, ó posterior convenio con el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio de Justicia, que dieron lugar a la implantación de un sistema de guardias de 24 horas. Con esta experiencia en estos turnos, turnos que les comentaré, ya tienen formadas a 886 personas especialistas en esta materia de violencia. Han asistido en lo que va de semestre del año 2004, a una cifra superior a 2.130 víctimas en el primer semestre, que esperamos con las cifras que tenemos en la actualidad sea duplicada a finales de este año, con un total de designaciones de violencia doméstica en materia penal de 2.001 y en materia civil, designaciones, 675 durante el primer semestre. Por lo tanto, esta experiencia vemos que ha sido recogida favorablemente por las víctimas y, por lo tanto, es una interesante y una importante apuesta por parte de la ley.


Decía que encontrábamos ideas, algunas de ellas que en su momento nos planteamos para configurar el turno de oficio y que vemos felizmente recogidas, aunque en determinados supuestos ampliadas, y no compartimos esa ampliación. Me refiero a la misma dirección letrada en materia de defensa de las víctimas. En este aspecto, por el que personalmente luché mucho para que así saliera en nuestro colegio de abogados, a la hora de realizar este turno de oficio especializado y el sistema de guardias, tengo que decir que la misma dirección letrada debe quedarse acotada a lo que son los actos y las consecuencias nucleares de la violencia, esto es, a aquellos supuestos de violencia y su vertiente civil y penal. No creo que debamos extender la asistencia letrada al ordenamiento laboral, a las consecuencias administrativas e incluso a las reclamaciones económicas.
Éstas me gustaría verlas en el sentido que hemos venido funcionando, aunque debieran funcionar con más intensidad, deben ser responsabilidad de la administración frente a las víctimas. Todo el catálogo de medidas económicas debieran estar bien preparadas para ser ofrecidas, por ejemplo, en las oficinas de asistencia a las víctimas. Todo ese catálogo de medidas, no sólo las de la Ley 35/1995, sino las que se contienen en la nueva norma, o las rentas de inserción social, debieran ser tramitadas a través de esta oficina como compromiso de la Administración. Después, en régimen de recursos, ya vendrían los letrados; pero esa misma defensa debe, insisto, quedar restringida a los actos nucleares de violencia.
Porque si a los juzgados de violencia, tal cual está en el proyecto, no vamos a traer las competencias del ordenamiento social, como no podía ser de otra manera, no vamos a traer la vertiente administrativa de las funcionarias, ¿por qué las defensas vamos a aglutinarlas? Como ya han dicho otros comparecientes, en estos supuestos intentar centralizar y especializar lo único que va a hacer puede ser desespecializar y esto no va a contribuir a la buena defensa de las víctimas de violencia doméstica.


También me permito plantear una serie de mejoras y precisiones. Algunas de ellas ya se habían valorado. En

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lo relativo a cuántas reformas deben operarse en asistencia jurídica, es conveniente que éstas aparezcan en la Ley 1/1996, especialmente algunas como pueden ser los derechos de los causahabientes en la asistencia jurídica.Las medidas de designación urgente que dice la ley deben precisarse, ir más allá. Hay que establecer servicios de guardia con una conformación dependiendo de la litigiosidad y del volumen de denuncias.
Es evidente que no todos los partidos van a tener servicio de guardia de 24 horas, pero al igual que existen servicios de guardia de asistencia a detenidos en todos los partidos con la periodicidad que el partido requiere, hay que hacerlo en los sistemas de protección de violencia contra la mujer, porque la mujer puede ser agredida en cualquier momento y a cualquier hora y la asistencia jurídica tiene que llegar desde ese primer momento.


En cuanto a los módulos de formación se insiste en la formación para el acceso al turno de oficio. Es evidente -y así también se hace en un compromiso del Colegio de Abogados de Madrid por la calidad y la formación de sus letrados- que en cualquier programa de formación de práctica jurídica tiene que existir, como hemos incorporado, un módulo en violencia contra la mujer, pero también hay que precisar que tienen que ser letrados específicamente formados y sólo estos los que asistan a las mujeres ante los futuros juzgados de violencia, si así saliera la ley, o ante el ordenamiento penal y civil, como es en este momento en nuestro Colegio de Abogados.


También propongo una reforma de una cuestión que hemos detectado en la modificación normativa operada por las normas de juicios rápidos. Es el problema que se ha planteado en cuanto a la posibilidad del ejercicio de la acusación en nombre de víctimas de violencia doméstica a los letrados de turno de oficio. Nos hemos encontrado con el grave problema de que, después de haber designado letrado de guardia, de haber tenido la víctima su letrado, haber podido trabajar en esa posible acusación, intentan ejercitar la acusación y no pueden personarse en los juzgados y no pueden, lógicamente, porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que es necesario abogado y procurador. De aquí que hayamos reclamado reformas tanto en la Ley 1/1996, como en los artículos 768 y 797 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a los efectos de permitir, como se hizo con los detenidos en juicios rápidos, que el letrado pueda tener habilitación legal para la representación de las víctimas de violencia, y teniendo esa habilitación legal no volveremos a la paradoja de que una víctima que quiera ejercitar la acusación asistida de letrado tenga que marcharse a casa porque no puede ejercitar esa acusación y no va a ser escuchada.


También queríamos aprovechar para solicitar la modificación en lo relativo a orden de protección -y así aparecía en su protocolo- de algo comúnmente aceptado, que es la preceptiva de asistencia letrada en las comparecencias de orden de protección. Debiera aprovecharse esta norma para exigir que en orden de protección, tanto víctima como agresor, en todo caso tengan asistencia preceptiva. En Madrid hemos conseguido solventar este problema a fuerza de intentar coordinar esfuerzos entre todos aquellos operadores jurídicos que estamos en la materia, pero es la ley la que debe hacer el reconocimiento. No debemos quedar condicionados a la buena voluntad de tribunales para llamar o no al ejercicio de la defensa de las víctimas, debe aparecer la obligatoriedad en la norma. No debemos esperar a que realmente haya o pueda haber una buena voluntad del juzgado para que la comparecencia de orden de protección se realice con todas las garantías, debe aparecer en la norma.


Finalmente, una última modificación que podría contenerse en el artículo 3 de la Ley de asistencia jurídica gratuita, la Ley 1/1996, sería el incorporar, junto con los supuestos de detenidos, que la violencia sobre la mujer no necesitará nunca acreditación previa de carecer de recursos.
Esta es una práctica que ya venimos desarrollando, pero vuelvo a insistir en que debe incorporarse a la norma; es decir, no puede quedar condicionada ninguna designación a una acreditación previa de recursos económicos. Posteriormente habrá de tramitarse esa solicitud y, en el sentido en que lo venimos realizando hasta el momento, tramitarse de manera urgente, pero evidentemente no puede ser condicionante para una buena defensa.


Junto a estos aspectos de asistencia jurídica, quería dejar apuntados otros -y me imagino que pueden surgir en el debate, aunque ha habido debates de mucha más altura con comparecientes anteriores- en lo relativo a tutela penal. Lógicamente no seré yo quien venga a rebatir o a avalar argumentos que ya han quedado también informados tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado y por otros comparecientes en sentido contrario. En cuanto a tutela penal, simplemente quería hacer la reflexión, como abogado, de que nosotros en defensa de los intereses de nuestros clientes, que en ocasiones son las víctimas de la violencia doméstica pero que en ocasiones son los agresores, tenemos la obligación de explorar todos los recursos del ordenamiento en defensa de sus intereses. Y digo que tenemos que explorar -hago esta reflexión- porque lógicamente debemos trabajar con cualquier duda de constitucionalidad, con cualquier falla del ordenamiento y debemos potenciarla. Como letrado, cuando ejerzo la defensa de víctimas de violencia doméstica, me gustaría que no hubiera esas fallas para que si ejercitara la defensa de un agresor no tuviera todas esas armas y todos esos mecanismos. De aquí que me preocupe que hayan salido cuestiones como la posible regulación discriminatoria. Valorando la norma -les decía- como modesto profesor de derecho penal, puede resultar preocupante ver la asimetría que se presenta en determinados tipos delictivos, no sólo por las alegaciones que hemos visto que han hecho otros comparecientes sino porque es un instrumento

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para conseguir el ya elevado porcentaje de absoluciones. Ni qué decir tiene que evidentemente sería grave que el día de mañana una ley pudiera tener determinados apartados declarados inconstitucionales.Me parece positivo que esa voluntad pueda llevarse con sintonía a los tipos penales, como se ha realizado hasta el momento y como se realizó en las sucesivas reformas. Desde ese punto de vista de acción positiva indirecta, por qué no podemos utilizar ese círculo de sujetos pasivos que ya hemos encontrado como fundamento de todas las reformas previas. Me estoy refiriendo al círculo de sujetos pasivos incorporado en el artículo 173.2. ¿Por qué no hemos seguido, por qué no se sigue trabajando en ese aspecto? Y cómo no, si se quiere dar esa protección especial a esas relaciones de dominación con las que queremos acabar -han existido interesantes propuestas, como la posibilidad de incorporar agravantes-, ¿por qué no hacemos un ordenamiento sistemático, sin preocupantes asimetrías que en el fondo serán verdaderas herramientas para la defensa de los agresores?

Nos preocupan las críticas al principio de proporcionalidad, como ha preocupado a toda la doctrina y a todos los comparecientes, pero especialmente me preocupa cómo puede ser visto ese problema de proporcionalidad, no sólo, lógicamente, por el destinatario de la norma, por el ciudadano, sino por las víctimas, por esas víctimas a las que nosotros asistimos; en muchas ocasiones -y creo que esto es digno de estudio- habría que pararse a ver qué ha pasado con el nuevo artícu­lo 153, con esa elevación de las faltas de maltrato sin lesión y habría que ver cómo se ha evolucionado. Escuchamos mucho a víctimas que no quieren determinadas consecuencias punitivas para sus agresores y habría que valorar hasta qué punto se puede tornar esto en supuestos de desmotivación para la víctima. Porque además hemos observado a muchas víctimas que después de la denuncia, sintiéndose culpables, tienen que hacer el doble esfuerzo de intentar reparar los efectos de esa denuncia que ven que va mucho más allá de lo que ellas querían. Es muy habitual verlas por ese vagar de intentar retirar la denuncia, ver cómo pueden dejar sin efecto ese procedimiento penal que ya no va a dar marcha atrás.
Por eso, en muchas ocasiones nos encontramos con esa contraproducente retirada de denuncias, más de 10.000 señala el Consejo General del Poder Judicial, o con la alarmante estadística de un 38 por ciento de absoluciones en las que muchas vienen marcadas por una falta de colaboración absoluta de la víctima, porque la víctima en muchas ocasiones contribuye a la absolución porque no quiere la condena que el ordenamiento marca.


Finalmente, dejo apuntada la referencia a la regulación de los juzgados de violencia. Les debo confesar que desde que en el año 1999 empiezo a trabajar y a estudiar esta materia mi convencimiento sobre la necesidad de órganos especializados ha ido decreciendo, porque en un primer momento ante la falta de normativa, de recursos, lo que queríamos era concentrar, coordinar, buscar la fórmula de solución, y veía esa buena respuesta en juzgados especializados. En la actualidad, con las últimas reformas, especialmente con la orden de protección, los juzgados de violencia en algunos apartados no van a estar dotados de las funciones con las que se les parece crear; me explico. Estos juzgados de violencia contra la mujer veo que en supuestos de guardia no van a tener competencia para conocer, por ejemplo, la conformidad en un maltrato, y les puedo decir -veo los atestados de Madrid capital todos los días- que esas conformidades se realizan, no son competencia del juzgado de violencia. Pero es más, si bien sabemos que la orden de protección tiene ese plazo de 72 horas, su grandeza está en la celeridad, en que se pueda acordar de manera inmediata; esa manera inmediata es acordarda en juzgado de guardia, y desgraciadamente no es posible articular la existencia de tantos juzgados de violencia que pudieran permitir un sistema de guardia. Por tanto, habría muchas órdenes de protección, por no decir la mayoría, que serían acordadas fuera de esos juzgados especializados. Por tanto, al traer elementos civiles más allá de los que tiene la orden de protección ¿es necesario criminalizar esa resolución de crisis de familia? Creo que no.
Desde mi modesto punto de vista puede seguirse potenciando en la especialización de los juzgados de instrucción, y esto se puede hacer con normas incluso de reparto adecuadas, especializar juzgados de instrucción; es más, creo que en determinados partidos judiciales, como puede ser Madrid capital, no sólo hay que especializar juzgados de instrucción, sino que probablemente hubiera que especializar algún juzgado de guardia para que órdenes de protección y supuestos de guardia en violencia contra la mujer fueran adoptados siempre por ese mismo juzgado.


Esas son mis modestas propuestas. También les quiero apuntar la necesidad de valorar algo que vemos también en el día a día, que es la especial situación de las mujeres inmigrantes que sufren violencia a las que en muchas ocasiones a esa situación de violencia además añaden el plus de miedo a la desinformación sobre los efectos de su denuncia, a qué va a pasar con la única persona que tienen como vinculación, en ocasiones la única persona que supone su apoyo económico y que el propio ordenamiento puede llegar, en aplicación del artículo 89 del Código Penal, a sustituir una condena por expulsión. En muchas de ellas su problema de violencia se une al que supone ser mujer inmigrante. Hago estos planteamientos y espero poder contestar a cuantas dudas tengan.


Muchísimas gracias por su paciencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bejarano, por su exposición.


¿Qué grupos desean intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra la señora Uría del Grupo Vasco (EAJ-PNV).


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias al compareciente por su exposición. Ya en su momento me pareció interesante que acudiese alguien para explicar los esfuerzos que desde los distintos colegios profesionales se hacen en relación con la ayuda a quienes son víctimas de la llamada violencia de género. Bien es cierto que una cosa es lo que las normas digan -dicen lo mínimo-, pero después, dentro de las potestades de autoorganización de cada colegio, cada uno ha estructurado estos servicios como bien le ha parecido y supongo que las diferencias de unos a otros serán importantes. Madrid es un colegio importante y por lo tanto más dotado de medios y posibilidades, con órganos judiciales cercanos, incluso con medios policiales cercanos. Ayer veíamos cómo no en todas las partes es lo mismo, puesto que en pueblos pequeños no existen ni siquiera los colegios profesionales y quizá la asistencia en pequeños núcleos de población sea mucho más complicada. Me ha resultado además gratificante para mi ego haberle escuchado porque ha sido usted bastante benévolo o incluso laudatorio con las últimas modificaciones normativas habidas en relación con esta materia. Esta es mi tercera legislatura y he sido ponente en todas ellas. En una materia como esta una tiene con frecuencia dudas sobre si estamos acertando en lo que se regula -siempre nos anima la mejor intención-, puesto que la realidad social día a día nos dice que la violencia de género sigue existiendo, y muchas veces se siente ese cierto descorazonamiento, si se me permite decirlo, acerca de si estamos acertando con las respuestas que desde los poderes públicos o desde los órganos legislativos damos a esta cuestión. Por lo tanto -insisto-, que un profesional del derecho que tiene encomendada esta misión en su colegio diga que le parece que las cosas no están demasiado mal me ha resultado, por lo menos, gratificante.


Sí me ha gustado, si bien no la comparto, otra reflexión que usted ha hecho y que sí deberíamos tener en cuenta quienes vamos a elaborar y presentar enmiendas al texto del articulado y es cuando ha hablado de separar la asistencia del profesional de la abogacía a las personas víctimas del maltrato en relación con los procedimientos civiles o penales -me ha parecido entender- en cuanto a las ayudas de índole administrativa o incluso con las de índole social o del orden laboral. Yo no lo tengo en absoluto claro, pero creo que la pretensión de la ley de ser integral también debería trasladarse a este aspecto. Cuando se supone que son situaciones y circunstancias personales dolorosas que una tiene que contar y que hasta puede costar comunicar, quizá que una persona sea la única destinataria del total conocimiento de la situación que afecta a esa persona podría dar una visión global y así que sea el profesional del derecho quien le atienda en todos los órganos y quien le asesore y le informe de las respuestas que el ordenamiento en su conjunto le ofrece, no sólo de lo que hace referencia a las comparencias en los juzgados sino también sobre las ayudas a las que pueda tener derecho. Esto además enlazaba con alguna otra afirmación que ha hecho usted cuando hablaba de explorar todos los recursos que el ordenamiento ofrece. A lo mejor esto se consigue mejor con una única persona que teniendo que contar la circunstancia concreta o dolorosa -insisto- a distintos profesionales para que cada uno le dé su enfoque en relación con el asunto del que se trata. Me ha parecido también que lo separaba usted queriendo poner en manos de las administraciones públicas todo lo que pertenecía al orden, llamémosle, asistencial. Las administraciones públicas están siempre detrás -no sé si en toda España, pero desde luego en Euskadi sí-, puesto que el turno de oficio es financiado íntegramente por la Administración de la comunidad autónoma, con lo que cual la Administración pública está siempre detrás. Insisto, creo que la víctima se sentiría más acompañada si también para peregrinar por las distintas instancias administrativas contara con esta asesoría; asesoría que a mí, en principio -salvo que usted, al contestarme, me convenza de otra cosa-, me parece que sería mejor residenciarla en única persona en cuanto a profesional del derecho.
Por lo que compete a profesionales de otras disciplinas como psicólogos, sociólogos o las que sean pertinentes quizás sí deban ir por separado.


He tomado buena nota de lo que usted indicaba en cuanto a que para comparecer no se les exija estar representadas por procurador y pueda hacerse sólo con abogado, pero tendrá usted en cuenta que nuestros compañeros los procuradores van a poner el grito en el cielo. A lo mejor no se trata tanto de quitar la presencia del procurador sino de que los colegios de procuradores tengan también un sistema lo suficientemente ágil que permita con igual rapidez una respuesta adecuada. No se trataría, por lo tanto, de quitar a los procuradores un cometido que ahora desarrollan sino de que los colegios de procuradores dispongan de un sistema adecuado o de que el propio Colegio de Abogados tenga la suficiente coordinación con los de procuradores para que esto pueda realizarse sin demérito de la función que el ordenamiento atribuye a cada uno de ellos.


Por último, que en los órdenes de protección la presencia de abogado sea exigida en todo momento o que para conceder la asistencia letrada no sea requisito acreditar con carácter previo la inexistencia de recursos me han parecido factores sugerentes. Creo que, de hecho, ya se efectúa así pero, en todo caso, tendremos especial cuidado en trasladarlo así al texto de la norma. Lo que más me interesa es el porqué de separar la asistencia letrada o querer dividir en distintas la asesoría que yo prefiero de forma global en la respuesta a la mujer, pero quizá usted me convenza de lo contrario.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Nosotros damos también las gracias al compareciente.


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Considerábamos cuando estábamos afrontando el proyecto de ley para erradicar la violencia de género que era fundamental abordar de una manera específica la asistencia jurídica a las víctimas de esa violencia.
Es verdad que este tema ha salido en las distintas comparecencias porque es una pieza clave que las mujeres puedan contar con esa atención, con la debida información y asesoramiento desde el primer momento no sólo desde los medios sociales y sanitarios, sino también desde los medios jurídicos. Nos parece que así podremos avanzar más, dar los pasos -que esas denuncias se formulen, que no se retiren, que prosperen...-; en definitiva, contribuir a erradicar la violencia. Por tanto, no ha defraudado nuestras expectativas porque ha hecho planteamientos concretos que podremos estudiar y tener en cuenta para introducirlos en algunos de los preceptos del texto que nosotros estamos estudiando.


El compareciente señalaba antes de que se iniciara esta sesión de una manera formal, hablando con la presidenta, cómo todos los profesionales encargados de aplicar esta ley tienen expectativas, igual que todas las víctimas de violencia, así como todos los españoles que tenemos repulsa social ante esta lacra. Usted decía al inicio de esta sesión que lo importante era que no se defraudaran esas expectativas, evitando al final que las medidas que pudiéramos aprobar no fueran eficaces. Es esencial, para que haya una eficacia en todas las medidas que de aquí puedan salir, el respaldo social, al igual que el de todos los profesionales implicados en llevar a cabo las distintas medidas que se puedan poner en marcha. Ha señalado cómo determinadas dudas de constitucionalidad pueden crear problemas. Es un tema que hemos abordado cuando han ido compareciendo penalistas, que han puesto sobre la mesa sus claras dudas. Ha habido quien ha apuntado directamente clarísimas cuestiones de inconstitucionalidad, ha habido quien no lo ha dejado tan claro pero ha señalado que eran redacciones que desde luego podían generar problemas en la práctica. Usted mostraba ciertas reticencias (me parece importante desde la experiencia que tiene en la práctica de defensa de las víctimas, estando también en contacto con abogados que defienden a los agresores), en su intervención. ¿Usted cree que con la redacción actual puede haber determinados márgenes de incertidumbre que puedan provocar que los imputados por violencia de género puedan tener una defensa más allá de la normal, que puedan aprovechar estos espacios de incertidumbre? Me gustaría que nos dijera también las consecuencias que puede tener en las propias víctimas saber que hay esos espacios o que se pueden plantear recursos de inconstitucionalidad. Yo no sé si en los debates de su grupo de abogados profesionales se han planteado esas cuestiones al hilo de la tramitación de este proyecto, si abogados defensores de agresores han dicho ya que cuando haya un caso de este tipo van a plantear inmediatamente contra la sentencia un recurso de inconstitucionalidad.
Una cuestión que nos importa muchísimo es la eficacia de la norma -y ya no hablo desde el punto de vista de la pureza normativa, puesto que como legisladores desde luego nos tiene que importar que salga el texto mejor y que cumpla todas las garantías constitucionales- y que verdaderamente tenga medidas contundentes y garantistas para las mujeres que están sufriendo violencia. Querría que desde su experiencia, desde la práctica de la abogacía nos dijera el tipo de consecuencias que puede tener.


Me gustaría enlazar con las reflexiones que hacía ayer la catedrática de sociología, la señora Subirats. Señalaba que con las reformas legislativas, y en un tema tan grave como es este, hay que ir poco a poco (decía: ir planteando medidas que la sociedad sea capaz de asumir), intentando que no haya enfrentamientos, que no haya divisiones de buenos y malos y que no haya medidas que se puedan interpretar por las propias víctimas, como usted ha señalado, como excesivamente contundentes hacia los agresores y que lleven a algo que me parece dramático -el dato que usted ha señalado-, que se retiren más de 10.000 denuncias por malos tratos. Por tanto, asumo la reflexión que usted ha planteado, y desde luego vamos a mantenerla en esta fase de estudio y en la que tenemos que presentar enmiendas.


Ha apuntado otra cuestión, que también ha sido objeto de debate aquí, en la que existen posiciones muy diversas, que se refiere a la nueva organización de los juzgados, la configuración y denominación de los juzgados de violencia. Los dos representantes del Consejo General del Poder Judicial, el vocal don Enrique López y la vocal doña Monserrat Comas, nos han expresado sus dudas respecto a la atribución de competencias de orden civil a los juzgados de violencia. Expresaron sus dudas y la poca conveniencia de ello. Ha habido quien ha defendido que se refuercen y se atribuyan más competencias a los juzgados de familia. Ha habido quien, como usted, ha señalado que sería más eficaz y adecuado potenciar y especializar los juzgados de instrucción. Quizá debamos reflexionar y tener en cuenta pros y contras de las distintas soluciones que podamos dar. En todo caso, en relación con las reflexiones que usted nos ha trasladado, querría que nos dijera si esa configuración de los juzgados de violencia puede perjudicar, y usted ha mencionado algo al respecto, la aplicación de las órdenes de protección. Usted ha señalado que la grandeza de este instrumento nuevo es precisamente la inmediatez en su acuerdo y que en muchísimos casos hay que hacerlo en los juzgados de guardia, lo que supondría acordarlos al margen de esos juzgados de violencia. ¿Qué problemas puede tener esto en la eficacia de ese instrumento? Por otra parte, querría que me dijera si también puede darse el caso de que haya juzgados de guardia que a la hora de acordar esa orden de protección se inhiban y digan: si hay un juzgado especializado en materia de violencia, que sea ese juzgado el que acuerde esa orden de protección. Es una duda que se me plantea y me gustaría que nos dijera si se puede dar luego en la realidad y qué consecuencias puede tener eso para la eficacia de ese instrumento de

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la orden de protección. También me gustaría saber qué tipo de consecuencias puede haber en la aplicación de un instrumento que parece estar siendo efectivo, como son los juicios rápidos aplicados en materia de violencia de género. Me gustaría que usted, con su experiencia en el Colegio de Abogados, nos dijera si están siendo efectivos y si verdaderamente esa justicia más ágil y efectiva -que queremos para todos los supuestos, pero desde luego mucho más en un caso tan grave como el de la violencia de género- está demostrando ser eficaz y si esta nueva configuración de los juzgados podría generar algún tipo de ineficacia.Le agradezco las recomendaciones que nos ha hecho en lo que se refiere concretamente a la asistencia jurídica. Tengo una duda. No voy a insistir en esa acotación de los actos nucleares que usted ha denominado de violencia, porque ya ha hecho referencia a ello la señora Uría, pero querría que me dijera si cuando una víctima de la violencia pone una denuncia y solicita que se acuerde la orden de protección, y al cabo de 30 días tiene que solicitar que se convalide o ratifique la misma, cuenta con la misma asistencia letrada. A mí me parece fundamental y es un tema que ya salió ayer en alguna de las comparecencias. Puede haber una indefensión para esa mujer si en el momento inicial cuenta con una asistencia de un determinado letrado, pero al cabo de esos 30 días ya no ha tenido el asesoramiento de la misma persona. Usted ha tenido un empeño personal en el Colegio de Abogados de Madrid para que fuera así, pero quisiera que me dijera si funciona igual en todos los colegios de abogados la práctica de los turnos de oficio en materia de violencia de género o si sería bueno que nosotros introdujéramos en este texto alguna medida para garantizar esa unidad de letrado en toda la tramitación de la orden de protección.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Doy la bienvenida a esta Comisión al compareciente, don Fernando Bejarano, a quien agradecemos de entrada la información y las valoraciones que nos ha facilitado. Además, le agradezco el esfuerzo realizado para opinar y dar su versión sobre el conjunto de los aspectos más importantes del proyecto de ley: penales, procesales, constitucionales, incluso acerca de alguna regulación del Código Penal, valoración de las reformas anteriores... Le agradezco toda esta información, aunque le adelanto que han venido ya catedráticos, expertos, procesalistas, constitucionalistas y penalistas. Por lo tanto, le agradezco sobre todo el aspecto de la asistencia jurídica, que es para el que usted ha venido a esta Comisión a informar y a asesorarnos. Voy a centrar sobre todo mi intervención en lo que era el objeto de su comparecencia, que es la asistencia jurídica y la regulación que hace este proyecto de ley. En este sentido, agradezco su valoración positiva sobre el contenido genérico del proyecto, al que realiza algunas sugerencias que tendremos que analizar con detenimiento porque ciertamente podrían mejorar la redacción del proyecto de ley; no obstante, hay alguna cuestión en la que me permito modestamente discrepar de su posicionamiento, por ejemplo, cuando manifiesta -al menos yo lo he entendido así- el no acierto con la misma dirección letrada para el conjunto de los asuntos y que no debe extenderse a otros ámbitos, como el laboral, el administrativo, incluso de reclamaciones económicas, debiendo centrarse en los actos nucleares de violencia porque, si no, se corre el riesgo -eso he interpretado yo- de desespecializar. Yo creo que usted está pensando en el Colegio de Abogados de Madrid, pero eso es la excepción y no la regla, pero esta norma se va a aplicar en todo el territorio español. Cuando se designa un abogado en turno de oficio no es un especialista en derecho laboral, en derecho civil, en derecho penal o en derecho administrativo, sino que es el abogado en turno de oficio que le toca para llevar el asunto que sea. Por tanto, en la práctica no existe este riesgo de desespecializar.


Por otro lado, en los asuntos que nos ocupan la práctica totalidad de actuaciones que exigen la intervención preceptiva de letrado son, no nos engañemos, civiles y penales. Desde ese punto de vista también discrepo de usted porque, permítame decírselo, es muy interesante la designación de un único letrado y la concentración en un único juzgado, el de violencia contra la mujer -por lo que veo, a usted no le gusta, pero esto es una decisión del legislador, y así va a ser-, de los aspectos civiles y penales. Yo le hago una reflexión y casi una pregunta: ¿No le parece a usted que esto mejora sustancialmente la tutela efectiva de las víctimas? ¿No conoce usted muchos casos, alguno muy reciente y llamativo, de una misma mujer que efectúa cinco denuncias que están en cinco juzgados distintos, conociendo cinco personas distintas, con asistencias letradas diferentes? ¿No le parece que es mucho más efectivo, más eficaz para la defensa de la víctima una defensa letrada única y el conocimiento y la concentración en un único juzgado de violencia de género? Comparto con usted la necesidad, la urgencia del nombramiento, y así se recoge expresamente en la ley: la designación urgente de letrado de oficio y los cursos de especialización, pensando en colegios como el de Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y difícilmente en provincias pequeñitas, aunque hay que hacer el intento para que así sea.


Poco más. Le agradezco, insisto, su información, aunque no comparto alguna de sus valoraciones, pero, como no están en relación con el tema que nos ocupa, no voy a profundizar en ellas, aunque sí diré que es usted excesivamente benevolente con toda la regulación que se ha efectuado en los últimos años, incluida la del Código Penal, aunque en su intervención nos plantea un problema concreto respecto al artículo 89 en relación con la inmigración. Esa es una reforma muy reciente del Código Penal con la que yo personalmente

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no estoy de acuerdo y, efectivamente, quizá sea algo que haya que modificar en un futuro no tardío.Concluyo. Le agradezco sus aportaciones, especialmente las que se refieren al turno de oficio.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra nuevamente el compareciente, señor Bejarano, para contestar o hacer las aportaciones que considere oportunas.


El señor COORDINADOR DEL TURNO DE OFICIO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID Y COORDINADOR DE PROGRAMAS DE INFORMACIÓN (Bejarano Guerra): Muchas gracias a las señoras y señores diputados que han preguntado; por lo tanto, mi intervención ha suscitado al menos un mínimo interés. Voy a contestar por el orden en que he sido preguntado.


En primer lugar, le preocupaba a la señora Uría el problema de la separación, el hecho de tener o no una misma defensa para los asuntos de violencia, que también preocupaba al último portavoz. Sigo insistiendo, convencido de tal necesidad exclusivamente para los actos nucleares. Ese peregrinar por los despachos de los distintos abogados contando la situación terrible de violencia doméstica, a veces de difícil expresión, es lo que en su momento quisimos evitar al darle esta calidad al turno de oficio de violencia. Es evidente que, cuando uno va a utilizar ese título habilitante que puede ser la orden de protección para ir a un procedimiento laboral, no necesita trasladar el problema para que el letrado lo asuma y defienda en el juzgado; sólo hay que trasladar el título. Yo ya puedo acreditar que soy víctima de violencia doméstica. No tengo que explicarle mi situación de violencia doméstica para que usted la traslade; le doy el título habilitante de que soy víctima de violencia doméstica. No es necesario; no creo que sea necesario. Evidentemente el ordenamiento laboral -sea en Madrid capital o en provincias- tiene sus especialidades. Hay que conocerlo y hay que saber trabajar con él, como con cualquier ordenamiento. Si la opción legislativa es generalizar esta defensa, es la opción legislativa, pero no creo que sea la mejor defensa de las víctimas. Las víctimas para trasladar su problema de violencia, que radica nuclearmente en el ordenamiento civil y penal, deben estar atendidas por profesionales que conozcan con detalle el procedimiento civil, especialmente los problemas de familia, la instrucción penal y los tipos penales. Por supuesto, no deben perderse en los procedimientos laborales -siempre son buenos los conocimientos, máxime en derecho- o en los problemas de aquellas funcionarias que quieran acogerse a la nueva regulación que establece la ley. De modo que sigo insistiendo en tal necesidad, porque nada aporta a la calidad. No creo que las defensas deban ser diferentes, tanto si uno es vecino de Madrid capital como si es vecino de Torrelaguna, partido judicial muy diferente del que tenemos en nuestra comunidad; la defensa tiene que ser de la misma calidad. Es posible que los colegios especialicen a sus colegiados, y den los cursos de formación correspondientes y organicen turnos; lo que no tendrán probablemente es el número de letrados que tiene Madrid capital, que le permite tener disponibles diariamente cuatro de ellos para los asuntos de violencia doméstica, sólo para la capital, con guardias de 24 horas. Eso no podrá ser, pero sí que se puede establecer de otra manera, partiendo de parámetros y contenidos de calidad.


Me alegraba escuchar que la señora Uría iba a hacer su valoración, al igual que doña Ana Torme: la posibilidad de plantearse qué está pasando con las víctimas que no pueden comparecer y no pueden defender sus intereses en juicios rápidos, con la voluntad de que el procedimiento se agilice. Les recuerdo que estas reformas van encaminadas también a la defensa de las víctimas; estas están entre sus finalidades. Siempre hemos insistido en que la respuesta rápida es la mejor respuesta en estos temas, pero en aquellas ocasiones no pudieron comparecer ante el juzgado.
De modo que recojo con gran satisfacción la posibilidad de que sea asumida la propuesta que viene haciendo el Colegio de Abogados de Madrid.


Se valoraba también qué iba a significar para los abogados que defienden a los agresores; quiero precisar que a éstos los defienden abogados que también defienden víctimas. ¿Qué significa esto realmente para las defensas? Significa -en el caso en que se ejerciten para agresores- la obligación de explorar esas parcelas de constitucionalidad. Ya decía que no quiero rebatir a catedráticos ni a procesalistas; algunos han alabado la norma y otros la han criticado con fuerza. Lo que decía es que hablamos de una norma que ha despertado muchas expectativas. A las víctimas quizás no les preocupe el aspecto técnico, sino las consecuencias. La norma suscita grandes expectativas, pero también ha sido puesta en tela de juicio por profesionales de reconocido prestigio, y no hablo de éste, sino del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado; evidentemente, si aquello es avalado por el alto Tribunal o por el Tribunal Constitucional, las víctimas se van a ver insatisfechas; es más, pueden detectar un efecto contraproducente. Ese tema lógicamente no era el mío, por lo que no me voy a meter.


En cuanto a las órdenes de protección, me preguntaba sobre la necesidad de celeridad y hasta qué punto la configuración de los nuevos juzgados podría mermarla. Es evidente que existen esas 72 horas para acordar la orden de protección, y en el partido que realmente conozco, en lo que es Madrid, esa celeridad se extrema, porque hay esos recursos, esos juzgados que las pueden acordar de manera inmediata. No sabemos qué podrá pasar.
Existe la previsión de procurar que una orden de protección, que por plazo legal pueda dictarse en las 72 horas y probablemente por el juzgado que corresponda en su momento, pueda no acordarse en el de guardia, pero confío mucho en la responsabilidad de los jueces;

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evidentemente que no se adopte en ese momento por juzgado de guardia, por un juzgado que no sea de violencia y se pase al día siguiente al juzgado de violencia. En la actualidad como no existe esa posibilidad se acuerda en juzgado de guardia en cuanto es posible. Es más, las órdenes de protección pueden entrar, como es práctica habitual en Madrid, por la mañana y antes de las 2 de la tarde pueden ser celebradas. Si entran a media mañana, en esa misma tarde se están celebrando las comparecencias de orden de protección. Ese es un sistema que permite lógicamente la protección de las víctimas, y es al que hay que atender, pero si ya lo tenemos es el que hay que procurar que no desaparezca.Me hablaba de los juicios rápidos. Por supuesto que los juicios rápidos en conjunto, la reforma, la he valorado positivamente como valoraba la norma; es más, también compartiré con el representante señor Villarrubia que el artículo 89, siempre lo he avalado incluso por escrito, mis dudas de constitucionalidad sobre esa reforma del artículo 89. Planteaba el aspecto de la migración, pero por ejemplo ese aspecto de las reformas no sólo las he criticado, sino que las he criticado fuertemente. Con independencia de ese problema de extranjería, le diré que en cuanto a juicios rápidos es evidente que es un instrumento eficaz en la lucha contra la violencia. Ahí estaba dentro de su elenco de delitos que servía para violencia doméstica. El único supuesto para el que no le veo eficaz es lógicamente para el maltrato psíquico. Hay determinadas valoraciones de situaciones de violencia que no se pueden tramitar en una instrucción concentrada como es la que propone juicios rápidos, pero le diré que para otros procedimientos está resultando. Por ejemplo, las estadísticas del mes de agosto nos demuestran que de los 560 juicios rápidos que se han celebrado aproximadamente en Madrid capital 230 son por violencia contra la mujer, superando los ciento y pico delitos que se han producido por delitos contra la seguridad en el tráfico, los clásicos delitos contra el patrimonio; el máximo de delitos está quedando señalado para quince días y, es más, con un porcentaje en muchas ocasiones en agresiones del artículo 153, quedando con conformidades dictadas en juzgado de guardia.
Quedan las medidas, queda incluso la sentencia, queda la protección dictada. Por tanto, hemos visto que en estadísticas puede llegar a ser una buena respuesta.


Me preguntaba también la señora Torme, a la hora de esta unidad de defensas en la que sigo insistiendo, cuando debe concentrarse en ese núcleo de defensa civil y penal, si realmente las defensas siguen en esa convalidación de orden de protección. Por supuesto que siguen en esa unidad de defensa. El letrado es designado para todos los asuntos civiles y penales que puedan devenir de la situación de violencia de esa víctima.
Es más, a ese mismo letrado incluso no estando de guardia, cuando esa víctima pueda sufrir una nueva agresión, se le localiza para saber si se le puede encomendar esa nueva asistencia, porque esas denuncias por desgracia se reiteran en muchas ocasiones, evidentemente sobre todo cuando ha habido una retirada de denuncia previa y vuelve a resurgir el maltrato. Ese letrado sigue siendo el competente, ese es el letrado que además será competente para entablar el procedimiento de familia; si bien en esto también les traslado una preocupación detectada en el día a día de la valoración de estos procedimientos. Se dictan muchas órdenes de protección, de las cuales el grueso de las medidas, como aparece en las estadísticas del Consejo, no lo forman las medidas civiles, sino el alejamiento. De todas aquellas con medidas civiles hemos visto que se convalidan pocas, no porque no exista letrado, que existe y lo hace, sino porque hemos descubierto que detrás de esa escasez en cuanto a convalidaciones -y habría que tener estadísticas, porque les puedo decir que en Madrid capital no ha sido posible porque nadie estudiaba este fenómeno y ha habido que acordarlo a través de fiscalías y abogados para ver qué es lo que estaba pasando- existían muchas vueltas atrás de la víctima, mucha reconciliación, y tras la orden de protección no se ha querido seguir adelante. Esto hay que valorarlo, porque todas esas órdenes de protección que engrosan las estadísticas, esas víctimas que vuelven atrás en la retirada de la denuncia, en cuyo caso el ordenamiento no termina actuando y no puede hacer nada y luego además no se convalida en el ordenamiento de familia, esa crisis fa­miliar que no está resuelta, todo eso es una situación de riesgo, es potencialmente la denuncia del día siguiente y la muerte es potencialmente, por desgracia, en mu­chas ocasiones la noticia de prensa del día siguiente. Por tanto, estas cuestiones hay que valorarlas.


Evidentemente no creo que pueda convencer a la señora Uría sobre la posibilidad o no de acordar la misma defensa para todo. No creo que sea conveniente, porque a la hora de tramitar los recursos asistenciales y sociales hemos visto una buena experiencia en las oficinas de asistencia a las víctimas, que por cierto no aparecen como tales en la ley. Las experiencias que hemos tenido de las sedes de los juzgados de instrucción (hasta que desgraciadamente en Madrid nos las han cambiado y han perdido su efectividad) son que, aunque la Administración esté siempre detrás de todo -por supuesto que lo está-, esas oficinas tienen que tener entre sus funciones la valoración inmediata de la situación de esa víctima y la tramitación. Son escasas las solicitudes de ayudas, cuando era posible con la Ley 35/1995, no sólo que se han tramitado, sino que se han podido llegar a obtener; era un poco el punto que estaba ahí, y no se tramitaba, no se hacía. Probablemente no hubiera profesionales suficientes en esas oficinas. Por supuesto no descarto que hay un profesional del derecho en esas oficinas, las oficinas son multidisciplinares, tiene que haberlo para los asesoramientos. En todos los servicios de orientación jurídica hay servicio especializado de mujer y se asesora específicamente en estas materias, pero también, por qué no, en este sistema del artícu­lo

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15, en todos los recursos sociales, en esa información que se da también está la información jurídica.En el sistema de guardias de veinticuatro horas, incluso cuando la mujer, la víctima, no quiere poner la denuncia, no va a ir a denunciar, se ha asistido por sistema de guardia. Cuando la víctima llega a un servicio de mujer y quiere saber y tener un abogado que le asesore, porque a lo mejor no es entonces cuando pone la denuncia, o la quiere valorar o quiere solicitar la orden de protección y necesita un mayor estudio en profundidad, también tiene un abogado de guardia que le asesora, no es necesario que lo haga fuera. El abogado no sólo está para el procedimiento, está también para actos previos de ese procedimiento, y esa es la verdadera protección que se puede dar a las víctimas.


Espero con todo esto haber podido dar respuesta a las cuestiones que me preguntaban; si no, por supuesto quedo a su disposición para remitirles cuantos datos estimen necesarios. Muchas gracias por haberme escuchado con tanta atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bejarano, por su colaboración, por sus aportaciones, y quedamos abiertos a esas nuevas aportaciones que nos ofrece. (Pausa.)

-DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (ARROYO ZAPATERO). (Número de expediente 219/000041.)

La señora PRESIDENTA: Reanudamos las comparecencias con la presencia de don Luis Alberto Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, a quien agradecemos su comparecencia ante esta Comisión para hacer sus aportaciones a este proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.


Voy a dar la palabra al señor Arroyo para que haga su primera exposición.
Sin más dilaciones, señor Arroyo, tiene la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Arroyo Zapatero): Es una satisfacción para mí comparecer ante esta Comisión, y además es una satisfacción personal añadida como catedrático de derecho penal, porque siempre nos solemos quejar de que no se nos consulta y por lo menos en este caso está claro que a algunos catedráticos se nos pregunta, cosa distinta lógicamente es que se nos haga caso o que se nos tenga que hacer caso.


Mi comparecencia se refiere a la parte propiamente penal del proyecto de ley integral contra la violencia de género, estrictamente la penal, como explicaba el profesor Asencio el otro día en su comparecencia. Los penalistas sustantivos no sabemos mucho de procesal, y yo personalmente no he asistido ni a mis propios juicios, pero es de lo sustantivo de lo que puedo hablar y de lo que creo que puedo realizar alguna aportación en este tema de los malos tratos a las mujeres, que presenta una extraordinaria complejidad por razones culturales, jurídicas y criminológicas.


En lo antropológico-cultural baste decir que hoy en día, salvo los imanes radicales, no hay nadie que se atreva a afirmar que la mujer deba estar sometida al marido, incluso por la fuerza, como proclamó nuestra tradición por la boca de Santo Tomás y nuestra modernidad ilustrada por la de Rousseau, remachada por el propio Napoleón, cuyo Código Civil acaba de cumplir 200 años y nos lo ha recordado Robert Badinter. Apenas a finales de los sesenta comienza a afirmarse la idea de la igualdad radical de hombres y mujeres, y al filo de 1968 se plantea la retirada por vez primera del derecho penal, por ejemplo, de las relaciones homosexuales entre adultos, que llegó a ser en Alemania la primera victoria contra el derecho penal moralizante histórico. Bien es verdad que tuvo lugar en Alemania y nosotros requerimos llegar hasta el año 1986 y a una sentencia del Tribunal Constitucional que acabara con la Ley de peligrosidad y rehabilitación social.


En España la vigencia de la tradición llega por razones bien conocidas hasta antesdeayer. Sólo en 1963 se deroga el privilegio del varón, su cuasiimpunidad para dar muerte a su mujer sorprendida en adulterio. Un tema curiosamente de actualidad en el debate por la modernidad en Turquía en su condición de candidata a la entrada en la Unión Europea. No parecen cosas de mundos lejanos, es de nuestro mundo más cerca, año 1963. Y sólo ayer mismo, en los albores de la democracia, en 1977 se despenalizaba el adulterio con la añadida discriminación de la punición más agravada de la mujer frente al amancebamiento masculino. Debe recordarse también que la legalización del divorcio llegó sólo en 1981 y la parcial despenalización del aborto, sin llegar todavía a los estándares ordinarios europeos, en 1985. Cosas como el privilegio del infanticidio y el aborto honoris causa tienen la misma raíz masculina que todo lo anterior. Es más, resulta muy significativo que en la legislación histórica se hayan previsto de modo constante dos tipos de faltas singulares muy curiosas: la del marido que maltratare a su mujer, aun cuando no le causare lesiones, 1848, y también en el código de la misma época la falta de la mujer desobediente a sus maridos que la provocare o injuriare. Se reproducen en el código de 1870, se mantiene prácticamente igual en el código de 1932, en realidad no desaparece esta distinción hasta la reforma de 1983, y lo cito no por prurito cultural, sino porque pone de manifiesto la sabiduría del legislador del siglo xix, útil para el debate del día de hoy: los maridos maltratan, las mujeres desobedecen y se rebelan. Eso es exactamente la esencia de nuestro debate de hoy.


El sometimiento de la mujer estaba explícito en la moral oficial y la legislación vigente hasta tiempo, como digo, muy cercano; y no es de extrañar que esa

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moral oficial histórica esté todavía bien presente y vigente en la cabeza de muchos hombres, e incluso de las víctimas mujeres, y que esa concepción de dominio natural sobre la mujer que tantos tienen a flor de piel o escondida en el reservorio más profundo de su memoria emocional, rebrote ante la vida en una España moderna en la que en muy pocos años la mujer se ha abierto paso como ser autónomo e igual, a pesar de todas las limitaciones sabidas y por aprender. Junto a la moral oficial y a las leyes está siempre la concepción del mundo de los aplicadores del derecho penal. Al margen de un porcentaje relevante de jueces y magistrados, y de fiscales quizá también, de mentalidades más próximas a santo Tomás que a Rousseau, no es menos cierto también que hasta la actual crisis la idea general preponderante en todos los aplicadores del derecho consistía en que lo mejor y más prudente era la mínima intervención en los conflictos de la vida doméstica. Con ello, lo que no se veía no se quería ver. Pero un buen día todo lo que era invisible, o no se quería ver, se coló en la primera página de los periódicos y las ediciones de los telediarios y no lo ha soltado. Y el paraíso de la igualdad de hombres y mujeres de nuestra joven democracia se quebró al mostrar un infierno radicalmente intolerable. La experiencia del resto de los países europeos es relativamente diferente. Salvo Portugal, no todos tienen nuestra misma historia política y, además, esos países, en la medida en que no han tenido rupturas, al menos en tiempos más largos, tienen diversos mecanismos de corrección de los que carecemos nosotros.


Desde 1989 se ha abordado la cuestión de los malos tratos después de la desaparición oficial del problema en la reforma de 1983, producto de esa euforia constitucional y de progreso. Se introdujo el artículo 405 para castigar con prisión a quien ejerciera violencia física sobre los miembros del grupo familiar de modo habitual. No se contemplaba la violencia psíquica porque entonces eso no se entendía, ni en esta Cámara ni en la universidad, ni en estos delitos ni en muchos otros. Daba pie a una concepción cuantitativa de la habitualidad de manera que no había forma de aplicar el delito propiamente y, por lo tanto, se aplicaba la falta. Ni siquiera se seguía el criterio por los muchos jueces y tribunales -sobre todo jueces- del Tribunal Supremo, que estableció tiempo después que esta habitualidad no era la reincidencia histórica. El Código Penal de 1995 mejoró esa figura delictiva. Resolvió la cuestión de la compatibilidad entre esa conducta y las faltas de lesiones concretas producidas y, además, incrementó las penas, pero dio igual; los jueces seguían calificando los hechos principalmente como faltas, con los conocidos efectos de tener que prescindir de la prisión provisional que era entonces -sin existir la orden de protección- la única medida de protección cautelar que se podía adoptar y que no se adoptaba, de tal manera que aquello acaba dando pie a que el maltratador terminara acabando con la vida de la mujer, incluso delante del juzgado, y a que la víctima acaba sumida en una impotencia tremenda.


El infierno se avivó en el fuego y el problema se convirtió en radicalmente insoportable, en especial con el conocido asesinato de Ana Orantes. Sólo desde entonces hubo numerosas iniciativas de asociaciones y de administraciones públicas. Yo, en mi condición de catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, quiero recordar el debate y la ley que se aprobó en aquella comunidad sobre esta cuestión, de presentación estridente pero muy finamente acabada. En ese contexto surge también otra reforma -la tercera- de la materia con la Ley orgánica del año 1999, en la que ya se crean las penas y las medidas cautelares de prohibición de aproximación y comunicación, se introduce la violencia psíquica y se hace referencia a la figura delictiva cuando se comete con posterioridad a la ruptura de la convivencia. A pesar de todo, en el año 2001 el Consejo General del Poder Judicial hace un examen muy crítico de sí mismo -no solamente tenemos que fijarnos en las resoluciones del Consejo de un día determinado, sino en su historia-, y esa crítica es la que da lugar y fundamento a la reforma del año 2002 en esta materia. Durante la preparación de la reforma del año 1995, que comienza en 2001 y fundamentalmente en 2002, la conciencia general es que las medidas penales parecían no servir de gran cosa para atajar la epidemia. Esto hay que entenderlo en toda su dimensión y es, en mi opinión -y esta cuestión es particularmente relevante para mis colegas de academia-, que estos fenómenos son intolerables para todo el mundo, pero que desde luego no hay Gobierno ni Cámara de representación popular que pueda quedarse sin hacer nada. Lo que ocurría es que, con la intervención penal, a partir de los tipos de homicidio y de lesiones, los jueces llegaban siempre tarde, cuando ya se había producido la lesión particularmente grave o la muerte.
¿Las lesiones leves y los maltratos? No se llegaba, se llegaba tarde y, además, como las consecuencias jurídicas de las faltas eran las que eran, no se protegía a la víctima, se envalentonaba al maltratador y generaba todavía mayor desconfianza en la justicia y un gran desvalimiento.


Se debe recordar que la figura jurídico-penal de las faltas no permite adoptar la prisión provisional, y en estos delitos, como veremos luego más detalladamente, el problema no es la huida del imputado, no es la de­saparición del mismo, no es la destrucción de las pruebas, el problema de estos delitos es la reiteración y la agravación de las conductas del maltratador sobre su víctima.


Toda la acción de juristas, de organizaciones de mujeres, de partidos políticos termina concentrada en esta reforma, que creo que se aprueba por unanimidad en la Cámara, en tres elementos. La primera es la Ley de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica; la segunda, la reforma de la prisión provisional con referencia a la violencia doméstica y, naturalmente, la reforma del Código Penal hecha por la Ley

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orgánica 11 de 2003. Saben la mayoría de las cosas, o sea que voy a procurar referirme exclusivamente a aquellas que pueden ser, en mi opinión, de mayor interés para el debate que se produce en este momento.Lo importante de la orden de protección y, sobre todo, su aplicación, es que pone de relieve que en la práctica casi nunca lo que llega al juzgado es la primera vez. Se puede estudiar esto más detenidamente. Si se crea un observatorio, como propone la ley de la violencia doméstica, que tenga medios y que sea capaz no sólo de seguir las noticias por los periódicos, sino de coger todas las sentencias de arriba abajo, se verá exactamente que lo que ocurre es eso, que nunca se denuncia la primera vez. Naturalmente habrá excepciones, pero tendrán su tratamiento. Revelan todos los procesos que la víctima se encuentra casi siempre en un peligro real, que se conoce como ciclo de la violencia, en el que suele estar inmersa. La Ley de la orden de protección creo que está muy bien resuelta, pero debe seguir la práctica, los medios, la organización, la disciplina conceptual por parte de los órganos judiciales, la estrategia de las organizaciones de mujeres y de todas las administraciones. Baste recordar que este asunto no es fácil, que en los primeros meses de aplicación las medidas de alejamiento carecían de sentido común, y la batalla que dicen los estrategas jurídicos de esta materia es que están intentando llegar de los 50 metros a los 500 metros, lo que supone una falta relevante de comprensión real de la materia que estamos tratando en esfera legislativa y en la esfera de las leyes concretas.


La reforma de la prisión provisional, en lo que aquí interesa, viene a decir que se puede aplicar la prisión provisional para las penas superiores a tres meses, es decir, a todo, salvo las faltas -tres meses de prisión-, lo cual tiene que ver mucho con todas estas figuras que tienen penas relativamente menores.


La reforma del Código Penal hecha por la Ley 11 de 2003 tiene muchos elementos que no sé si mencionarlos. Yo diría que la opción fundamental es que, además de la violencia doméstica tradicional que venía de 1989, la reconvierte en un delito contra la integridad moral; es decir, el concepto de referencia de que los malos tratos son tortura le lleva a ponerlo al lado, aunque no se deben comparar unas cosas con otras, pero se lleva a la idea de la integridad moral. Hay un debate que me parece capital en esta ley, en la anterior y en todo lo que hagamos, y es que no sé por qué extraña razón -aunque sí que podría aventurar alguna- junto al problema real de la violencia doméstica, que es el de las mujeres, se incorpora una relación de víctimas posibles, a las que se protege por igual, que carece de sentido común. Piensen ustedes que se refiere no solamente a los cónyuges, no solamente a los hijos menores o a los mayores, se refiere al cónyuge, a los análogos, a los padres, a los tíos, a los hermanos, a los tíos políticos del cónyuge, del conviviente, de los menores, de los incapaces que convivan, los que, por cualquier otra relación, estén integrados en la convivencia familiar. Hay un auténtico despropósito que tiene sus consecuencias para la interpretación de la ley y para lo demás. Algunas cuestiones más. Fíjense ustedes, modifica algo tan relevante como que existía desde tiempo inmemorial una falta que era la amenaza leve con armas. Esto es propio del siglo xix, pero en los siglos xx y xxi a nadie se le ocurre que puede ser leve una amenaza con armas. Pues esto lo resuelve la reforma del año 2002. La reforma acaba con un tema muy discutible, los arrestos de fin de semana, con penas privativas de libertad ordinarias y trabajos en beneficio de la comunidad. Posiblemente, lo que hizo la reforma de 2002 -es decir, elevar las faltas de lesiones y malos tratos a delito- fue forzar a los jueces poco rigurosos a hacer justicia -en un lenguaje más coloquial-, en la calificación como delito y, por lo tanto, dándoles más posibilidades de aplicar la prisión provisional. Es decir, se trata de una razón instrumental. A mí me gustaría que no hubiera sido una razón instrumental la que inspiró la reforma del año 2002, sino que la reforma hubiera estado inspirada en que estas conductas históricamente leves, aplicadas al caso de las mujeres en la violencia doméstica, representan un mayor grado de culpabilidad propia y superior a la de las faltas, como veremos después. Todo esto es imposible de captar en el maremágnum de situaciones y relaciones entre el autor y las víctimas al que hecho referencia festiva cuando me he referido a los tíos, primos y demás familia política.


La reforma en este punto -en otros no me expreso en este momento- me parece globalmente positiva, salvo en el mantenimiento y ampliación de ese elenco de personas, que va mucho más allá de las mujeres, de los menores y de los mayores. Sobre esta materia, y de común acuerdo todo el mundo, llega el proyecto de ley. Respecto del proyecto de ley, lo primero que hay que decir es que los penalistas siempre reclamamos que no se busquen las soluciones sólo en el derecho penal. Casi por vez primera en la historia, un problema que prácticamente se ha abordado sólo con derecho penal, se aborda de modo integral. Esto permite combinar perfectamente dos cosas muy importantes en teoría general: el principio de codificación -el Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Civil- con el abordaje de los problemas de la vida cotidiana, que son las leyes horizontales. No hay contradicción si las leyes integrales se hacen integradamente con las demás. Esta es la aportación más importante: una ley íntegra.


Los penalistas decimos que el derecho penal es la última ratio y reclamamos siempre medidas civiles, mercantiles, administrativas, económicas, de asistencia social, de apoyo, de organización judicial.
Todo esto está aquí, con mayor o menor acierto, por vez primera. Luego hay diversas modificaciones, todas ellas nucleadas, aunque no todas, curiosamente, en torno a la idea de que lo principal y más grave es la violencia de los hombres contra sus mujeres, con la fórmula: contra la mujer que fuere o hubiere sido esposa o mujer que hubiera estado ligada al autor por una análoga relación

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de afectividad, aún sin convivencia. Destaca sobre todo lo demás, sobre todas las relaciones contenidas en el artículo 173.2, que antes he enunciado festivamente, las de los hombres sobre las mujeres. Además, hace más cosas. Todavía quedaban amenazas leves constitutivas de falta que, cuando se producen por el marido contra la mujer, en la fórmula del artículo 148, ahora pasan a ser delitos; la pena es de 6 meses a un año.
Como el prelegislador entiende lógicamente que no en todos los casos puede darse esta misma gravedad que él estima estándar, incorpora una cláusula que está en muchos preceptos del Código Penal: en atención a las circunstancias personales del autor y concurrentes en la realización del hecho se podrá bajar la pena en un grado, razonándolo en la sentencia. Es decir, obliga a los jueces a razonar lo que hacen, que es una obligación estupenda derivada de la Constitución. Y en vez de no razonar la no persecución o la calificación como falta, les obliga a razonar todo, pero especialmente si bajan la pena. En el delito de coacciones hace lo mismo.
Las coacciones leves por parte del marido a la mujer las eleva a delito.El proyecto reformula el recientemente reformulado delito de quebrantamiento de condena. Si el que ­quebrantaba la condena tenía una pena privativa de libertad, no había problema, se le castiga con pena de prisión y vuelve a la cárcel más tiempo; el problema es que no había pena de prisión para el delito de quebrantamiento de condena para las penas que no eran privativas de libertad, es decir, penas o medidas de seguridad, que es lo que son todas las órdenes de protección. Ahora, lo que se propone es que el quebrantamiento de todas las medidas cautelares sea constitutiva de delito con pena de prisión. Naturalmente, eso permite la prisión provisional.


Los penalistas somos capaces de decir cualquier cosa colectivamente. Se ha dicho por algunos que esto es una ruptura del principio de proporcionalidad y se han dicho muchas cosas, pero normalmente se han dicho porque no se ha entendido lo que tenemos en juego. Aquí, en esta propuesta del proyecto no se está protegiendo a la Administración de Justicia, lo que se está protegiendo es el sistema de las órdenes de protección, que es un sistema nuevo, capital. Sin órdenes de protección habrá más muertos y más heridos, heridos y muertas, o habrá más penas privativas de libertad; pero, si hay más órdenes de protección que efectivamente se cumplen, habrá más paz, habrá menos penas, habrá menos cárcel y habrá menos daños. Por tanto, esa pena agravada del quebrantamiento de condena de las medidas cautelares no solamente protege a la Administración de Justicia, sino que protege una política de esta casa, que es una política jurídica capital, de evitar en lo posible el derecho penal y proteger a las víctimas con medidas de aseguración.


Por último, el proyecto, la parte sustantiva, concluye con una cláusula dirigida a la Administración de Justicia para algo que también es conocido en estos momentos y que se realiza en algunos espacios, que son unos programas específicos para maltratadores.


Esto es lo que ha ocurrido y lo que se pretende que ocurra, y yo les voy a decir lo que a mí me parece que explica que esto que se pretende que ocurra se entienda tan mal, lo mismo que se entiende mal todo lo que ha hecho esta Cámara por unanimidad en el tiempo anterior, particularmente en los medios jurídicos y académicos, que son los que yo conozco mejor, calificando estas reformas en general -o descalificándolas- como huidas al derecho penal. Lo que pienso, y es lo más importante que yo les puedo decir a ustedes en esta comparecencia, es que la esencia del problema del tratamiento penal de los malos tratos y de las violencias domésticas es el déficit del conocimiento criminológico que se tiene al respecto. ¿Qué es el conocimiento criminológico? Por decirlo de un modo plástico, lo que sabe la directora de una casa de mujeres maltratadas, pero elaborado científicamente en inglés. Eso es la criminología. Hay un déficit de conocimiento de esto. ¿Por qué? Porque la criminología, lo mismo que la psicología y la psiquiatría de los conflictos, de lo que se llama violencia de género, y yo lo llamo así porque, si no, no se entiende de qué estamos hablando a pesar de los esfuerzos de la Real Academia, es una elaboración tardía, es una elaboración de finales de los setenta en los Estados Unidos y la recepción científica en España es todavía más tardía, entre otras cosas porque nosotros tenemos un tardío añadido y de causas añadidas en la criminología y en la sociología empírica y, además, hay que decirlo, porque esta elaboración de la criminología de los malos tratos, de la violencia de género, en buena parte está directamente ligada a lo que se podría llamar criminología feminista. Naturalmente, como todos los demás movimientos, la criminología feminista tiene también manifestaciones extremas que hacen que el ordinario receptor de la información pueda llegar a repudiar el conjunto. Por ejemplo, cosas tan poco sensatas como la equiparación de la pornografía a la violación forman parte de ese movimiento. No entender que no se pueden mezclar las cosas es un déficit de esa criminología o de ese pensamiento feminista, pero lo peor es lo mal que hace comprender el resto del problema a todos los demás. Además, a veces estas ideas tienen éxito y la última reforma de la violación, que entrará en vigor en 1 de octubre, tiene una manifestación de estas teorías que, al final, son neomoralizantes, lo cual contrasta con todo el espíritu liberal y de libertad ideológica y de costumbres que rige en nuestro país.


Las razones del déficit de comprensión criminológica singularizada del fenómeno de la violencia de género -curiosamente, es anterior el conocimiento de la violencia contra los niños, de los niños maltratados y su síndrome- son las relativas al conocimiento de lo que hoy llamamos todos -los que hemos leído de eso- el síndrome de la mujer maltratada; que es, como todas estas cosas del ámbito de la psicología y de la sociología, mucho más difícil de explicar que cómo funciona

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una pieza de una máquina de motor. Es más difícil de explicar y, naturalmente, de comprender. Y si esto es difícil de comprender para las mentalidades más modernas, imaginemos lo que es para las mentalidades más tradicionales.La idea básica es la siguiente: la esencia y signo diferencial de la violencia de los hombres sobre sus parejas no es otra que la necesidad-deseo de dominio de la mujer. La acción violenta del hombre está psicológicamente orientada a someter a la mujer mediante un combinado de agresiones físicas y psíquicas, que integran el elenco de infracciones penales constitutivas de homicidio, lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones. El sometimiento se persigue a través del daño y del miedo, del miedo al daño y del miedo a seguir sufriendo daños físicos y psicológicos, en la misma mujer o sobre sus hijos, y de todos los miedos que tienen que ver con la seguridad, con la libertad, con la economía, etcétera. Todo eso constituye lo que hoy ya en psiquiatría y psicología se tiene como saber cierto: el síndrome de la mujer maltratada, que el que mejor lo explica -y para todos los públicos- es Miguel Lorente, y así lo ha hecho en esta Comisión durante el mes de julio. Sin embargo, hay trabajos del profesor Miguel Lorente de mayor fundamento científico y menos divulgativos, como su libro sobre la agresión a la mujer y las diversas variantes.


En las conductas violentas y de malos tratos hay, por supuesto, dolo de lesionar y de matar, pero lo más relevante no es eso; lo más relevante es una voluntad más o menos explícita, más o menos elaborada intelectualmente por el autor, de someter a su pareja. A esto quería referirse el anteproyecto en el artículo 1, y lo hacía desgraciadamente.
Tan desgraciadamente, que se corrigió en el proyecto y que ha dado lugar a muy malas comprensiones. Entre otras, a que mucha gente no se haya enterado de que se ha cambiado el artículo 1 del anteproyecto por el nuevo del proyecto.


Las violencias de la mujer por parte del marido no son tanto un hecho como un proceso. Y lo más grave en ello no es tanto la lesión misma como la permanente exposición al peligro de lesión física y el permanente dolor del sometimiento al maltrato y a la humillación. Esta es la esencia criminológica de estos delitos frente a todos los demás. Los golpes y el dolor duran más o menos; pero el miedo -en no pocos casos, verdadero terror-, la humillación, la impotencia, la destrucción de la personalidad, la quiebra de la integridad moral, hacen que esas violencias y malos tratos sean continuados y permanentes, y no se parecen a estos ninguno de los demás tratos ni violencias interpersonales; ni las generales ni las de todo ese círculo de sujetos. Algo se acerca a la materia la de los menores y la de los mayores dependientes; pero sólo si son vulnerables, no tal y como viene en el Código en la actualidad.


El proceso y la dinámica de la violencia de género en la pareja está hoy, como digo, perfectamente identificada en el ciclo de la violencia del síndrome de la mujer maltratada: voluntad de dominación y sometimiento, acumulación de la tensión, explosión violenta, reconciliación o manipulación afectiva, escalada y reanudación del ciclo. Siendo así las cosas, lo que resulta en la vida real es que la intervención penal no se produce casi nunca en el primer tiempo del ciclo, sino tras la fase de explosión violenta de cualquiera de los sucesivos ciclos. La formulación de la denuncia ante la policía o el juez no llega a producirse nunca, o casi nunca, con ocasión de la primera vez. Esta circunstancia de que lo que llega no es la primera vez, sino que ocurre después de iniciado el ciclo, tiene mucha relevancia.


El hecho que llegará a ser objeto de denuncia por la víctima o de conocimiento por la autoridad tiene siempre un proceso previo de hecho de daños y peligros, que no sólo es fundamental captar en la investigación y en la prueba, sino también en el propio momento de la denuncia. Otra gran contribución de la orden de protección es que va a desarrollar en los jueces, en los aplicadores del derecho, el concepto de este peligro; que no es un peligro abstracto, sino concreto, entre otras cosas porque es lesión. Esa situación de peligro, que naturalmente quien mejor la capta es la víctima, pero eso no le vale de gran cosa, es la que convierte en graves hechos que normalmente serían menores o leves y que de producirse por primera vez podrían tratarse como leves y, por tanto, como faltas.
Eso es lo que ocurre precisamente en el espacio de las amenazas y coacciones. Lo que violenta más a la víctima no es tanto el grado objetivo de la coacción o amenaza leve, es decir, de la falta histórica, sino la significación que en verdad tiene para la víctima ese hecho leve en el contexto del proceso del síndrome de los malos tratos. Lo que para el observador externo, el juez, el policía -y peor si es superficial además de externo-, resulta leve, para la mujer, por las circunstancias del proceso de conflicto, puede tener y tiene de hecho un grado de credibilidad en la amenaza, en la coacción, en la amenaza del daño, en la inminencia del peligro de lesión y de algo tan inexorable que le resultará bien grave. Y aquí no nos podemos quedar como observadores externos, porque lo que en la realidad ocurre es que para la mujer la coacción y la amenaza es sumamente grave.


Esto es lo que acontece, creo, en la práctica judicial, la lesión leve o el maltrato aparece como un hecho aislado, hasta que se desarrollen todos los protocolos que están en marcha en aplicación de las leyes anteriores y particularmente de la orden de protección. Al final lo que aparece es un papel desnudo y pobre que no refleja la realidad, por consecuencias y causas que ha estudiado perfectamente Elena Larrauri en un conocido artículo que creo que citaba ella también en su compareciencia aquí, titulado: ¿por qué retiran las denuncias las mujeres?, y por muchas más razones que no les desarrollo en este momento. Además de aparecer los hechos como aislados, como desconectados de la gravedad real del daño que para la mujer tiene y más allá de decisiones de aplicadores jurídicos o jueces extravagantes,

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lo normal es que eso aparece así y nos pasa a todos. Eso mismo tiende a que no se comprenda bien por los juristas y en especial por los penalistas qué es lo que se está lesionando aquí. Cuando se crea el artículo 153 se dice que son anticipos de la pena de la falta, anticipos de la pena del resultado, delitos de peligro abstracto. Ninguno de los que ha opinado de esto sabía bien lo que era el síndrome de la mujer mal tratada y se ve en las fuentes y en las citas de los materiales que fundamentan sus tesis. Todo ello y ese debate incluso tiene el aspecto negativo, esa creación de delito contra la integridad moral, porque su concepto es lógicamente impreciso cuando los juristas se ponen a diseccionarlo, oculta esa realidad de que las coacciones y amenazas leves en la salud física y psíquica y en la libertad moral que son los bienes jurídicos que tutelan estos delitos de lesiones, de faltas de lesión, no son meras puestas en peligro ni abstracto ni concreto, sino que son conductas de lesión a la que se acompaña riesgo de lesiones todavía más graves.Merece la pena observarse que mientras que en la generalidad de las violencias interpersonales la denuncia y la intervención policial acaban con la acción criminal del sujeto aquí ocurre casi lo contrario, la denuncia genera mayor violencia del sujeto. Esto no pasa nunca. Esto no pasa tampoco en las violencias domésticas contra menores y mayores. La generalidad de los sujetos se sujeta con la intervención policial, menos los hombres en las lesiones y agresiones a las mujeres. Si esto no se sabe no se entiende lo que han hecho las Cámaras en las leyes anteriores y lo que pretende ahora este proyecto. La compulsión del varón al maltrato está preordenada a la dominación, eso no ocurre en los demás casos de violencias domésticas, y tiende a superponerse a las motivaciones ordinarias. La consecuencia de ello es la extraordinaria necesidad de tener la medida cautelar, la pena cautelar, pero también es consecuencia de ello que tengamos que entender que estamos ante unas violencias distintas de las violencias interpersonales, como muy bien dicen también los médicos forenses que han opinado sobre estas cuestiones. Por todas estas razones, estimo que está bien fundamentado tanto el sistema de la orden de protección como la conversión de la falta de lesiones y de malos tratos en delito que hizo la Ley de 2003 en el artícu­lo 153, y por las mismas razones estimo que resulta necesario convertir en delitos las faltas de coacciones y amenazas leves cuando se trate de las cometidas en el marco de la violencia de género, es decir, por el hombre sobre la mujer, tal y como plantea el proyecto de ley.


Llegado a este punto haré una referencia a las cuestiones de constitucionalidad de las que entendemos parcialmente los penalistas, naturalmente dando por sentado que han intervenido constitucionalistas y que la posición expuesta por el profesor Peces-Barba es, a mi modo de ver, convincente, aunque no sean necesarias, por las razones que les voy a explicar, ni la de Peces-Barba ni la de todos los demás, porque en realidad aquí -les anticipo-, en lo penal, no hay discriminación positiva ni negativa alguna, eso es una gran confusión que puede haber venido de todas partes pero que necesitamos superar. No hay, como digo, discriminación positiva ni negativa. Lo explico.


Pienso que no nos encontramos ante un tratamiento desproporcionado al intentar configurar de modo ­agravado estas violencias o malos tratos de género de marido contra esposa o asimiladas; al contrario, esas coacciones y amenazas que en las relaciones interpersonales, como he dicho, pueden ser leves y seguir siendo faltas, si se producen en el marco del conflicto de género en la pareja en los términos en los que se describe el síndrome de la mujer maltratada deben considerarse y tratarse como más graves y, por tanto, como delito procesal y materialmente, es decir, con pena privativa de libertad y con posibilidad de prisión por delito. Es proporcional porque el daño, la lesión de los bienes jurídicos en juego, es mayor que en las demás lesiones o faltas de lesiones interpersonales.


Entiendo que puede alegarse razonablemente que, aunque esa sea la regla general, que es más grave, no se puede excluir que al juez pueda llegar una amenaza o coacción propiamente leve. La impresión que yo tengo, aunque este asunto todavía es más peligroso, es que cuando llega la primera vez no es verdad; esta es la impresión que yo tengo en un conocimiento pobre, que es el que nos da la estadística judicial. Cuando estas verdades o falsedades llegan a instancias judiciales no especializadas, donde no hay especialización del juez o magistrado, del fiscal, de los abogados ni de los policías, puede ocurrir cualquier cosa.
Si están especializados, naturalmente es tan fácil como en cualquier otro delito descubrir cuándo hay una denuncia falsa o verdadera. Es decir, este problema de las denuncias verdaderas o falsas no es un problema de estos delitos, es de todos, sólo que en cada delito requiere unas comprobaciones diferentes. Fíjense ustedes las comprobaciones que requiere el delito del abuso de la información privilegiada en Bolsa, pues ¿por qué vamos a exigir o a poner menos fuerzas en la prueba de estas conductas delictivas? Por tanto, como digo, aunque pueda razonarse que la regla general puede convertirse en excepción, el proyecto de ley hace esa previsión en una cláusula que permite reducir la pena que, como digo, no es un invento de este proyecto de ley, sino que es una cláusula que está en más de veinte artículos del Código Penal.


Ahora bien, si se quiere asegurar este mayor grado de desvalor que digo que tienen los casos de violencia de género constitutivos de síndrome de mujer maltratada y que no pueda correrse el riesgo de que una primera vez real sin ciclo de violencia mereciera en la opinión general ser tratada como leve y no como delito, ahí se puede incorporar a la descripción típica algo, no que nos encontremos ante el síndrome de la mujer maltratada, porque eso no se hace nunca en el Código Penal, pero se me ocurre como idea que utilicemos lo mismo que utiliza la orden de protección que han hecho ustedes

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ya y por unanimidad, que es la situación objetiva de peligro. Es decir, serán delitos las amenazas y coacciones, incluso maltratos, que ordinariamente son leves, las que se produzcan en una situación objetiva, o como se quiera decir, de peligro que, como decía antes, es un concepto que hoy nos sorprende pero que está en la orden de protección y que se va a desarrollar. Eso quiere decir que nos encontramos con hechos que no son leves porque están en el ciclo de la Ley de Violencia y porque comportan una conciencia de daño y de peligro de ulteriores daños en la mujer superior y, por tanto, es un daño mayor, nos pongamos como nos pongamos.
Esta es una idea para mejorar el proyecto.Procede ahora, para prácticamente terminar, según mi criterio se ha expuesto la naturaleza propia de la violencia de género de la pareja, abordar la cuestión de la constitucionalidad de la creación de tipos que tienen por sujeto activo al varón y por víctima la mujer, tema absolutamente capital. Lo que ocurre es que tras lo que he dicho hasta ahora, en la reforma penal propuesta en este proyecto no nos encontramos ante un supuesto de discriminación, como he dicho, positiva o negativa, porque no hay que confundir distinguir con discriminar, esto lo explicaba Santo Tomás y sigue válido; distinguir no es discriminar. Lo que está haciendo el proyecto de ley es distinguir unas realidades de otras, no a hombres de mujeres, sino unos tipos y contextos de violencia distintos unos de otros, que en el caso que nos ocupa es de hombres contra mujeres. Estamos ante el propósito de tipificar de modo autónomo un tipo de comportamiento que sólo se da en toda su extensión por parte del hombre sobre la mujer en la pareja y no de la mujer sobre el hombre. Los daños que sobre la salud y libertad de la mujer se producen en el contexto del síndrome de la mujer maltratada por vía de lesiones, amenazas y coacciones son más graves que cualesquiera otras lesiones, amenazas y coacciones interpersonales comunes de mujeres sobre hombres dentro de la pareja, o de hombres sobre mujeres con quienes no tengan ninguna relación ni la hayan tenido. Por cierto, se utilizan las estadísticas judiciales que tienen una pobreza tan tremenda que no sirven para gran cosa. El 10 por ciento son maltratadoras, pero nadie hasta este momento ha tenido la dedicación de estudiar esas sentencias y ver de ese 10 por ciento de maltratadoras cuántos son casos de violencia reactiva. Estoy convencido de que ese 10 por ciento se reduciría al 2 o al 3 por ciento. No hay más que indicios en la prensa, pero esa es una de las tareas que es necesario hacer en la lucha contra esta violencia; son tareas de ese observatorio, no sólo del Consejo General del Poder Judicial, sino de quien responde ante los españoles, que es esta Cámara, y del Gobierno, que puede y debe tener todos los medios para hacer incluso esto. Además, conociendo mejor la realidad criminológica se puede observar si estas reformas que se han hecho o las que se proponen tienen fundamento, son completas, merecen contrarreformas o merecen mejoras.


Puede alegarse también, y esta es una vocación de nuestro tiempo, que son más graves que las lesiones normales, las coacciones y las amenazas, las que se cometen contra menores y mayores dependientes. Yo admito que son más graves o pueden serlo que las lesiones y las coacciones normales, lo que no admito técnicamente es que lo juntemos. ¿Por qué razón? Porque juntar todo ese tipo de sujetos tan distintos pone en igual condición a los menores y a los mayores que a los tíos y sobrinos y demás familia que aparece, que llega a incluir hasta al encargado de la guardería o de cualquier otro sistema de acogimiento. Tenemos que ser capaces de aunar un hecho, que es la violencia contra las mujeres, a todo ese aparato institucional, que si lo siguen, el que está en marcha y el que viene, no está pensado para las violencias contra menores y contra mayores, porque ese no es el problema, sabe más lo que estamos haciendo que a veces lo que decimos. Se pueden considerar típicamente más graves las violencias contra mayores y menores, pero sólo si están en alguna situación de vulnerabilidad; si no, dejaríamos fuera al que no es ni menor ni mayor, porque tiene 30 años, pero es parapléjico. Esta es una insensatez que se da ahora en la legislación vigente y que no debe hacernos confundir todo lo que ocurre. Por tanto, mi propuesta es que es legítimo y constitucional el tipo autónomo y especial de violencias de hombres contra mujeres de las que tienen esa condición; tiene sentido mantener una agravación para menores y mayores, pero podríamos decir para cualquier persona que se encuentre en una situación especial de vulnerabilidad, que puede ser ese menor vulnerable, el mayor que también lo es, o el que está en la edad intermedia y tiene otro problema como ese que he mencionado antes, pero no en el mismo número. En el momento que entremos a mezclarlo todo, el sistema no corre y esto es como un puzzle, si las piezas no están bien encajadas no funciona.


Fíjense ustedes en una nota absolutamente superficial. Cuando hay una violencia sobre un menor o sobre un mayor en un espacio doméstico, lo normal es que se retire al menor o al mayor, pero a nadie se le ocurre que el que ha maltratado vaya a perseguir a nadie a la puerta de la casa de acogida a golpearle. Son violencias distintas, más graves las de menores y más vulnerables que las comunes, pero de mayor dimensión espacio-temporal y de daño las de los hombres sobre las mujeres. Esta es la esencia del debate en estos momentos. No digo que se quiera entender o no, pero yo procuro explicarlo. Luego las cosas se entienden o se participa de ellas por razones muy distintas, entre otras, la complejidad que la vida tiene. Y en la comparecencia de ayer, en lo que salía en el periódico, tienen que ver desde las posiciones personales de cada cual por sus razones intelectuales, hasta las razones de la historia personal en la que cada cual le hace pensar en un problema y en un aspecto determinado. Pero, como decían los clásicos, lo diga Agamenón o su porquero, primero, es verdad que las violencias de género de hombres o de

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mujeres son una realidad autónoma, la más grave de todas; y segundo, es también grave contra los menores y los mayores vulnerables, y posiblemente haya que corregir el 173.2, porque todo lo que allí se contiene es, en mi opinión, perturbador y no protege eficazmente a nadie más.En términos más propios de la dogmática penal, para que mis colegas puedan reconocerme como penalista, se dice lo siguiente: El principio constitucional de igualdad requiere en las incriminaciones penales, en la configuración típica y en la pena que no se traten de modo desigual, privilegiada o agravatoriamente, conductas cuyo valor de acción y de resultado sean iguales. Esto, como ven, es para penalistas. Queremos decir lo mismo cuando los penalistas decimos -ya se ha mencionado en las comparecencias anteriores- que no se pueden hacer distingos de incriminaciones y de pena ante conductas lesivas del mismo bien jurídico que ofrecen el mismo grado de injusto y de culpabilidad. Eso es cierto, pero nada de eso se vulnera aquí. Porque lo que sí es legítimo es constituir tipos agravados sobre los comunes o básicos de lesiones, amenazas y coacciones para captar en ellos el mayor desvalor de acción en los tres supuestos: lesiones, coacciones y amenazas, y el mayor valor del resultado en las amenazas y coacciones que representan los supuestos de violencia masculina generadora del síndrome de la mujer maltratada. En estas conductas el grado de injusto es mayor, pues el daño sobre la libertad, la seguridad y la integridad de la mujer es también mayor y también es mayor el grado de culpabilidad, en una forma muy esotérica de medirla que tenemos los penalistas, pues resulta más reprochable la motivación que inspira el autor de la violencia de género que el que realiza la violencia por cualquier otro motivo.


Conclusión. El proyecto de ley orgánica no representa una huida más al derecho penal sino exactamente lo contrario: el cierre o el intento, siempre pretencioso de los seres humanos, de cerrar toda una historia de más de quince años, insatisfactoria en los resultados, con una ley integral. La importancia que éste tiene para los principios político-criminales es capital porque abarca todos los aspectos institucionales de las administraciones, asistenciales, económicos, de dotación económica también, penales y procesales penales. En lo penal, mediante la creación de tipos autónomos agravados para los supuestos de violencia de género de hombres sobre sus parejas, que es una realidad criminológica material, conocida como síndrome de la mujer maltratada, que presenta mayor desvalor de acción y de resultado que en las demás violencias interpersonales, por lo que ese tratamiento no resulta ni discriminatorio, ni inconstitucional, ni mediante la protección penal singularizada y agravada de los cumplimientos del sistema de medidas de protección con el nuevo delito de quebrantamiento de condena. En lo procesal, porque concentra todas las competencias en el mismo órgano judicial que permitirá que algo difícil, que es proteger a las víctimas en las diversas esferas en las que se les lesiona, no sea imposible o casi imposible, como ocurre en la actualidad, con competencias de órganos judiciales diferentes. Esto no bastará, será necesario que el conjunto de la sociedad española, de sus administraciones, de sus responsables y de las organizaciones sociales entiendan que esto es así y que lo hagan funcionar, que se dote económicamente, que se coordinen las ayudas, el apoyo, la acción social, la investigación y la protección de las víctimas.


Naturalmente que el texto del proyecto merece reformas y retoques, algunos los he mencionado ya, y posiblemente mereciera retoques que no están ni siquiera en el proyecto. No termino de ver que tenga sentido ese delito contra la integridad moral del 173.2, con toda esa ristra de personas, y no sé si este será el momento para abordarlo o realizar algo que creo que hay que hacer: después de la vorágine de reformas penales, después de 1995, alguien tendrá que decidir que hay que revisar el Código Penal, las reformas que se han hecho, la aplicación práctica con cierta tranquilidad y con ánimo de que la polémica no esté inspirada más por la pasión que por el cerebro. Al final este proyecto tiene el mismo problema: necesita de la pasión de todos ustedes y del cerebro más fundamentado, a cuyos efectos espero que mi intervención y las referencias que les daré en el papel escrito les sirvan de algo útil y haya conseguido explicárselas.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

El orden va a ser el habitual, aunque hubo una petición por parte de la señora Uría para intervenir primero si no hay problema.


Tiene la palabra la señora Uría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Doy las gracias a la diputada que me ha permitido alterar el orden de las intervenciones y pido por adelantado perdón al compareciente, puesto que concluidas las preguntas que le formulo me ausentaré porque he de asistir a un acto protocolario en el Tribunal Supremo. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la Presidencia.)

Le agradezco enormemente, profesor, su intervención, puesto que aunque esta ley tiene el carácter de integral, y es la querencia, creo, de todas las formaciones políticas que como tal se presente, sin embargo su aparición en sociedad estuvo muy vinculada precisamente a si eran correctas o no las tipificaciones penales. Por tanto, al haber sido lo penal un poco el escaparate de la norma, que no lo más importante, ni siquiera lo sustancial en la querencia de quienes la promueven y quienes la aceptamos, nos parece especialmente indicado que la parte penal que tiene quede extraordinariamente bien perfilada y separada de toda idea de discriminación positiva cuando, como usted ha manifestado

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y también otros profesores que han intervenido en esta misma Comisión, es absolutamente inadecuado la utilización de esta expresión cuando no se está uno refiriendo a tareas de promoción o de facilitar el acceso a determinadas cuestiones. En lo penal la discriminación no existe, son distintos los bienes jurídicos que se tutelan.Parte mi formación política de la idea del derecho penal como constitución negativa y, por tanto, como última ratio y quisiéramos conseguir que todo lo que deba ser abordado de otra manera no tenga por qué residenciarse en los tipos penales. De ahí, le insisto, que quisiéramos acertar y evitar la vorágine -usted se ha referido a ella- de modificaciones a que en los últimos tiempos nos hemos visto abocados, tras la reforma global del año 1995.


Tenía anotado para preguntarle -puesto que la profesora Larrauri, a la que usted ha citado se refirió a ello- si le parecía adecuada o no esta triple diferenciación que se hace respecto del 173.2, según sea sujeto innominado, según se trate de la esposa o mujer. He visto que a usted no le gusta, nosotros teníamos la misma percepción, pero ha enlazado usted con otra cuestión: ha dicho que en los tipos que deben ser tratados en esta ley no es lo importante el derecho de lesionar o de matar, sino la idea de someter y de humillar. La profesora Larrauri parecía partidaria de que hiciésemos una única referencia a una descripción que tuviese esto en cuenta y que después alumbrase los distintos tipos que el Código Penal contempla. Puesto que usted ha sacado el asunto, yo le pediría ayuda para esa cuestión. ¿Qué bien jurídico podríamos decir que es el protegido: la dignidad, la integridad? Quizá habría que pensar en algo más preciso que eso que nos sirviese para trasladar esta idea que usted ha expuesto, ya que en los delitos que tenemos que contemplar, que queremos contemplar aquí, lo que estamos buscando es la idea de sometimiento y de humillación, que es lo que está detrás de estos tipos delictivos; cómo podría enunciarse para que con una única descripción nos sirviera para cualquier tipo delictivo, porque, por ejemplo, también el secuestro puede cometerse con esta misma motivación y no está contemplado en este momento.


Hay otra cuestión, profesor, a la que usted se ha referido y es a lo proclives que son estas relaciones a las reconciliaciones, a la manipulación afectiva por parte de unos y otros, lo que está dando quebraderos de cabeza a profesionales del derecho, singularmente a jueces y magistrados, cuando contemplan cómo se está viendo el quebrantamiento de condena. ¿Cuántos quebrantamientos consentidos va a haber y cuántas acciones judiciales deberán establecerse al respecto? Le pregunto si tendría que establecer alguna previsión dentro del propio texto de la norma, porque aunque se esté cumpliendo condena seguro que alguna de las mujeres maltratadas dirá: Sólo nos vimos para ver...; me dijo que venía a buscar... Eso son quebrantamientos y si alguien lo denuncia tendrían que ser objeto del duro tratamiento que respecto del quebrantamiento se prevé. Esa es otra cuestión en la que me gustaría que nos ayudase para poder perfilarla de una manera más correcta.


Su intervención ha sido tan larga y tan densa que le prometo leerla, estudiarla con todo detenimiento, de la misma manera que le reitero la petición de perdón porque una vez formuladas estas preguntas deberé ausentarme.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Quiero agradecer al profesor Arroyo su exposición, que también prometo leérmela con mucho más detenimiento, porque tanto en cantidad como en calidad hay muchos matices interesantes sobre los que reflexionar.


Yo también voy a ser breve en mi exposición. Me gustaría resaltar algunos de los aspectos en los que se me antoja muy interesante coincidir, pero desde una perspectiva diferente. Mi perspectiva no es tanto jurídica o penal, porque tampoco es mi especialidad, pero sí coincido, como es lógico y normal, más desde lo social o desde la parte más comunitaria, en la visión de estos acontecimientos y de este problema, que es lo que realmente conozco más. Usted ha querido resaltar, y ha dicho que tenía muchísima importancia, que cuando se realiza la primera denuncia nunca o casi nunca -siempre es mejor decir casi nunca, eso lo comparto con usted- ha empezado ahí realmente el problema de la violencia. Esta es una realidad clarísima y además marca precisamente las posibles diferencias de enfoque que en estos momentos se pueden estar dando en el análisis de esta ley. Me explico. Usted ha hablado del déficit del conocimiento criminológico, ha dicho que una de las razones puede ser esta y ha puesto como ejemplo en este caso una casa de acogida. Creo que puede dar luz a la razón por la cual se pueden estar analizando las propuestas que se realizan de forma diferente -todo el mundo está de acuerdo en que debe haber una ley- y también el enfoque, el porqué puede haber estas diferencias. Pienso que precisamente la causa está aquí. Este análisis criminológico que usted comentaba, precisamente sobre una casa de acogida, empieza en un momento determinado cuando la mujer que llega allí está ya en una situación extrema, desde mi punto de vista, cuando ya se han efectuado estas denuncias, cuando ya ha habido una situación de malos tratos evidentes, palpables y que de alguna forma han dado pie a la intervención judicial. Ese es el análisis que se puede realizar fundamentalmente desde estos centros o desde este lugar, da igual que sea un centro u otro espacio.


Hay otro análisis que, a mi modo de ver, da también un conocimiento importantísimo, y es el que se tiene quince años antes del momento en el que la mujer llega a esta casa de acogida; me explico. La realidad, como usted muy bien ha dicho, es que el fenómeno de la violencia

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puede empezar a los 18 o a los 20 años, como ayer nos explicaba otra compareciente, con las primeras relaciones de noviazgo, con las primeras salidas, con las primeras presiones, y sigue después evidentemente con la relación de pareja, si se establece, etcétera. Estas primeras reacciones de violencia muchas veces sí que son conocidas -éste es el tema- por familiares, por amigos, incluso son conocidas, me atrevo a decirlo así, más adelante por los servicios sociales, en este caso de atención primaria, son conocidas por la escuela de los niños, porque los niños también manifiestan de alguna forma alteraciones que llevan a conclusiones determinadas, y pueden transcurrir años antes de que realmente se produzca esta primera denuncia o esta situación. Por tanto, este conocimiento del problema de la violencia pienso que tiene muchísimo valor para entender su complejidad. Este valor se ha de unir a este otro conocimiento que usted comentaba, porque si no no entenderíamos nada, ya que el problema fundamental, que es lo que yo le querría trasladar, es que es mucho más fácil actuar a partir de que hay una denuncia, que la mujer va a decidir cuándo realiza y no podemos olvidar que esto será así siempre, porque al final si la mujer no está convencida de ir hacia delante va a retirarla o va a volver a una situación de convivencia con esta persona. Por tanto ha de estar convencida. Es igual que denuncie un vecino o un familiar, ella ha de estar convencida de esto, si no no va a servir. Está claro que la solución penal ha de llevarse a cabo y que debemos buscar la vía más eficaz, porque la palabra eficaz tendríamos que incorporarla, ya que no se trata solamente de buscar unas determinadas actuaciones, sino que éstas sean eficaces para resolver aquel problema y sobre todo para que no se reproduzca. Pero previamente hay todo un trabajo a realizar y no se me ocurre cómo actuar de forma penal se me ocurre que han de ser siempre -por eso es una ley integral- actuaciones a otro nivel, pero la penal me preocupa, porque si no hay una decisión por parte de la mujer, por más que pueda haber amenazas, no se puede intervenir. Por tanto, aquí hay un aspecto de difícil solución que yo querría que usted nos dijera cómo lo ve.Por último, me gustaría comentarle que algunas personas -y en este caso me identifico- estamos preocupadas fundamentalmente por la cuestión de la infan­cia. Usted se refería a los menores siempre que sean vulnerables, yo personalmente parto de que un menor siempre es vulnerable. No se me ocurre pensar en una situación en que un menor no sea vulnerable, y es más vulnerable todavía cuando está conviviendo en una situación familiar de violencia en este sentido. Además hay otra razón, aparte de esta protección al menor que me parece que tenemos que garantizar y asegurar, que es el convencimiento de que -como ayer nos explicó una compareciente y me pareció muy interesante- estamos en un nivel de evolución muy interesante como sociedad en todo lo cognitivo, pero muy pobre en la gestión de los sentimientos y los afectos. Esta es una cuestión importantísima. Si de verdad queremos incidir en el fenómeno de la violencia pero no solamente en el presente sino también en el futuro, o damos suficiente importancia a la vivencia de esta infancia, de estos hijos e hijas de familia con problemas de violencia, o le damos el valor necesario hoy a esa infancia o 15 años después seguramente estaremos tratando a esas mujeres con ese problema. Por tanto, desde cualquier punto de vista, tanto desde el punto de vista de la obligación de protección del menor como desde el de la prevención, tenemos que poner un acento importantísimo en este sentido, en esta protección y atención o tratamiento, si fuera necesario.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente tiene la palabra la señora Pigem, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


La señora PIGEM PALMÉS: Muchas gracias, profesor Arroyo, por su exposición detallada, amena, ilustrada y, al mismo tiempo, rigurosa que me ha agradado escuchar, ya que gusto de estos temas jurídicos. Le quiero agradecer ese barrido inicial que ha hecho por el camino de la desigualdad legal; algo que, como la memoria es corta, todos pensamos que se ancla en la prehistoria de los tiempos y que es algo tan extremadamente reciente. Le quiero agradecer también la mención que usted ha hecho a esa compuerta de contención para que surgieran propuestas de solución legal a ese principio de mínima intervención penal con el que se respondía cuando, en el ejercicio de la abogacía, acompañabas a una comisaría a una mujer maltratada. Le decían casi siempre que eso era un tema de la pareja, que era un tema del matrimonio y que lo que tenían que hacer era hablar entre ellos, resolverlo y que, en fin, esas cosas pertenecían al ámbito de lo privado. Esto, como digo, no es algo lejano; es algo con lo que yo me he encontrado en el ejercicio profesional y, aunque ciertamente ya tengo una cierta edad, no es tanta como para se ancle en la prehistoria de los tiempos.


Me ha gustado también la valoración positiva de las medidas penales que se aprobaron en la pasada legislatura: la orden de protección, las reformas en prisión provisional y las reformas del Código Penal que todavía no han entrado en vigor -lo harán el próximo mes de octubre-. Quisiera tener tiempo para poder comentar cuál ha sido la voluntad del legislador, puesto que he tenido la oportunidad de participar en estas reformas que se han hecho por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, sabiendo perfectamente que la norma, una vez que nace, tiene vida propia y su interpretación corresponde a los jueces y no a los legisladores. Pero sí le quería decir que esta larga lista que aparece en el artículo 173 de ampliación de los ofensores y de los ofendidos -en un círculo que quizá sí es excesivamente extenso- vino a raíz de las propuestas que se hicieron por grupos de juristas y sobre todo de las que se

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hicieron en un estudio -desde mi punto de vista magnífico- realizado por la Fiscalía y también de propuestas del Consejo General del Poder Judicial. También le querría decir sobre el análisis que usted ha hecho de estas reformas que el paso de falta a delito de la primera agresión se hizo -al menos por eso se impulsó desde mi grupo parlamentario- creyendo que en sede de relaciones afectivas entre hombres y mujeres no hay falta.
Cuando se produce la primera agresión ha de ser un delito porque ya se han perdido todas las barreras de contención. Como usted ha dicho muy bien, no es la primera vez ni seguramente la vez número 100 ni la vez número 200 que eso ocurre, porque primero habrá habido una larga escalada de violencia, a veces silenciosa, de amenazas, violencia psicológica, disminución de la personalidad, etcétera. Creo que en la conceptuación como delito sí ha habido una parte de recoger la necesidad de que hubiera un reproche penal más contundente a este tipo de situaciones. Y se introdujo no tanto como para que fuera posible aplicar la prisión provisional -esto salió después, según se iban haciendo las reformas en paralelo- sino para que hubiera la posibilidad de aplicar medidas cautelares. Como la calificación judicial era casi siempre de falta, no se adoptaban medidas cautelares, que no tenían cabida cuando era una falta y no un delito. Entonces, la disyuntiva era o bien posibilitar que en estos asuntos cupieran las medidas cautelares en falta, o bien que fuera realmente un delito. También hubo discusión acerca de la ubicación de este delito puesto que, como estamos viendo, es claramente pluriofensivo.Tiene un especial valor que, siendo usted penalista, haya afirmado que la respuesta a la violencia no puede abordarse sólo desde el punto de vista del derecho penal, porque todos tenemos la tendencia a pensar que con los instrumentos que conocemos podemos coadyuvar de manera importante a solucionar los problemas que se nos plantean; por lo tanto, tiene especial valor. Por eso también nosotros pensamos en la necesidad de una ley integral que abordara el tema desde el campo de la prevención hasta el campo de la protección social, desde el punto de vista social y no únicamente asistencial. No sólo es importante que esta ley nazca, que nacerá, sino que sea bien entendida, bien acogida y muy apreciada por la colectividad, por la sociedad a la que se dirige.


Respecto a la ley integral queda claro -usted ha hecho mención a ello- que hay un tema de respuesta penal que no está siendo bien comprendido socialmente como es que los tipos, tal como vienen descritos en el proyecto, abordan reformas cuyo sujeto pasivo es sólo la mujer (usted se ha alargado en ello en su exposición), es decir, el agresor ha de ser siempre el hombre, la víctima siempre ha de ser la mujer, por la razón que sea. Usted ha apuntado -también Carme García, de Iniciativa per Catalunya- que hay un déficit de conocimiento criminológico en la violencia de género, que no se conoce bien la etiología de este fenómeno, pero, por la razón que sea, no está siendo bien entendido. Por lo tanto, que no se entienda esta ley puede hacer de alguna manera que no sea lo apreciada, lo deseada y querida que tiene que ser y, al revés, pueda convertirse en un boomerang -cuando quieres adoptar una reforma con tal precisión tecnológica o técnicojurídica que no es muy bien comprendida- con un efecto contraproducente. Coincido con usted no sólo en que es posible constitucionalmente -es cierto, el mandato constitucional de tratar de forma desigual a las situaciones desiguales es éste, no el contrario, evidentemente, si no, sería de gran injusticia cualquier solución-, pero le pregunto: ante la incomprensión que hay, ¿lo ve absolutamente necesario o -bajo si quiere un peldaño-, lo ve completamente conveniente, o se puede conseguir el mismo objetivo a través de soluciones que se nos han apuntado, por ejemplo, por Monserrat Comas, la presidenta del Observatorio de la Violencia, de poner una agravante genérica de sexismo, de machismo en el artículo 22 y mantener la descripción de los tipos en forma neutra y que fuera la sociología del delito lo que pusiera el porcentaje de mujeres y de hombres que cumplen el tipo, por llamarlo de alguna manera? Segundo, ¿en el resto del ordenamiento penal hay otros delitos en los que se distinga por sujeto activo o sujeto pasivo? Yo creo que es bueno que se sepa, para que se vea que tampoco es una novedad en nuestro sistema penal. Tercero, esta ley es pionera en nuestro entorno aunque no en países sudamericanos, pero no el reproche penal de los ordenamientos jurídicos europeos. En el resto de ordenamientos jurídicos penales europeos que usted conozca ¿cómo se trata este tema, hay una diferenciación por el sexo del agresor y de la víctima, hay una formulación neutra? Me gustaría que me contestara desde su conocimiento.


También quisiera conocer su opinión con respecto a una propuesta que nos hizo una letrada, María José Varela, experta en temas de violencia, que se refería a la conveniencia de que en el artículo primero de la ley se definiera lo que se entiende por violencia física, psíquica, económica, etcétera, etcétera, para, de alguna manera, pautar la respuesta judicial, es decir, no ponerlo en el Código penal, pero que la interpretación de los tipos estuviera pautada de alguna manera por el contenido del artículo primero de la ley integral.


Estaría interesada en que nos diera también su opinión con respecto a la orden de protección. En la redacción que se dio a la orden de protección ha de haber forzosamente una doble decisión discrecional por parte del juez. Primero, valorar si hay una situación objetiva de peligro y, segundo, existiendo esta situación objetiva de peligro, valorar si concede o no la orden de protección. ¿Usted cree que sería conveniente o necesario que dejáramos esta doble decisión discrecional en una sola, es decir, que si se valora que hay una situación objetiva de peligro se tuviera que dar siempre la orden de protección?

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Finalmente, quisiera agradecer que nos vaya a dar por escrito algunas notas, y preguntarle su opinión sobre el resto de medidas del proyecto de ley, aunque usted haya dicho que lo suyo es el derecho penal, y si tiene algún tipo de sugerencia que esté directamente vinculada con el tema.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, tiene la palabra la señora Quintanilla, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora QUINTANILLA BARBA: Quiero felicitar a mi buen amigo, el señor Arroyo Zapatero, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista y profesor en materia penal.


Indiscutiblemente, me gustaría hacer una reflexión. Su intervención ha sido magistral, pero a mí me ha quedado una duda sobre algo que nos preocupa a todos y que ha sido el gran debate que ha habido en la calle al principio de la presentación de la ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género. Desde su especialidad como profesor y catedrático de derecho penal y desde su posición como conferenciante por todo el mundo, en la misma línea que la señora Pigem, le pregunto sobre si, efectivamente, en los códigos penales de los países de nuestro entorno comunitario existen distintas clases de penas o sanciones si quien ejerce la violencia es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque le he querido entender que la propia ley integral no debe hacer discriminación positiva en el Código penal, si quien ejerce la violencia es hombre o mujer, a pesar de que somos conscientes de que el 95 por ciento de las mujeres son maltratadas a manos de sus agresores, compañeros, ex compañeros, maridos, etcétera, etcétera. Desde ese planteamiento he visto que ha valorado usted positivamente todas las reformas llevadas a cabo en la anterior legislatura y, sobre todo, la orden de protección en la lucha contra la violencia doméstica. Esa orden de protección, como usted bien sabe, no solamente protege a las mujeres, aunque, efectivamente, fue creada para proteger especialmente a las mujeres, sino que además fue creada como consecuencia de un trabajo realizado durante dos años en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que dio lugar a unas conclusiones -después de escuchar a 78 comparecientes, verdaderos especialistas en la lucha contra la violencia doméstica- y también a un acuerdo de todos los grupos parlamentarios para hacer posible que esta orden de protección viera la luz. Por lo tanto, quisiera -una vez que hemos visto que la orden de protección funciona y que, además, los juicios rápidos están funcionando para proteger y amparar a las mujeres-, que valorara cómo ve usted los juzgados especiales de violencia que recoge la ley integral. ¿No le parece que estos delitos podrían ser vistos en los juzgados de familia y no seguir especializando a la justicia en España para no victimizar mucho más a la mujer víctima de la violencia doméstica?

Simplemente le agradezco su presencia, señor Arroyo Zapatero, en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales.


La señora PRESIDENTA: Seguidamente, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, señor Arroyo Zapatero. Le felicito sinceramente por la magnífica exposición que ha hecho, rigurosa, impecable desde el punto de vista técnico, aunque, en algún aspecto puntual, y seguro que desautorizadamente por mi parte, me parece que podríamos no coincidir, pero ahora lo aclararemos, que es lo bueno en este ámbito. Su exposición nos ha parecido -algunos hemos tenido ocasión de comentarlo por encima- magnífica y, por tanto, gracias. Seguramente ahora podremos analizar en profundidad, que es el objetivo de este tipo de comparecencias, el proyecto de ley que se va a tramitar de inmediato en esta Cámara, para corregirlo en lo que quepa y mejorarlo, que en definitiva es lo que todos queremos para que, al final, tengamos la mejor ley para combatir esta grave lacra de la violencia de género que tenemos en nuestro país.


Dicho esto, haré algunas pequeñas reflexiones, aunque varios de los asuntos que trataré ya se han tocado. De todos modos, permítanme alguna pequeña reflexión.


Una. Yo deduzco de su intervención que una misma conducta puede tener un reproche penal diferente. En concreto, ¿una amenaza, una coacción, una agresión, según sea realizada por un hombre o por una mujer, siendo el mismo tipo de agresión aparente, puede tener un tratamiento penal diferente? Lo resumo. Esa regulación propuesta en el proyecto de ley, ¿considera usted que podría caer en lo que se denomina derecho penal de autor? Distintos expertos ya han hecho algunas reflexiones y aunque en su intervención ya ha dicho algo del mayor desvalor, de la acción, del maltrato, del hecho y no del autor, nos gustaría que pudiera realizar alguna reflexión en este sentido.


También, porque yo no lo he entendido muy bien -esas pequeñas discrepancias de que le hablaba-, y aparte de su interpretación plenamente constitucional del proyecto, no es esa la discusión, respecto al artícu­lo 9.2 de la Constitución. Usted venía a decir que ni siquiera hay una acción positiva o igualdad promocional que decía el profesor Peces-Barba. Le rogaría diera algún matiz en este sentido porque, a nuestro juicio, sí entendemos que el artículo 9.2 mandata el tratamiento para conseguir la igualdad real y efectiva y remover cualquier tipo de obstáculo. A nuestro juicio, podría tener sustento en este artículo 9.2 -también en el 14, en el 10 y en otros de la Constitución española- el propio contenido del proyecto de ley.


Otra pequeña cuestión. Desde el punto de vista de gran experto penalista, ha tocado de alguna forma el

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problema concreto que en este proyecto de ley pretendemos acometer: la violencia de género dirigida contra la mujer y en su relación de pareja, matrimonio o pareja actual o anterior. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. Ha manifestado que nada tiene que ver, que son problemas distintos aunque pueden ser tratados o no otros colectivos. ¿Interpreta usted o puede afirmar que la mayor protección que se pretende dar a la mujer en la regulación conjunta de este proyecto de ley -esta es la pregunta concreta- minora o perjudica de alguna forma derechos de cualquier otro colectivo? Otra cuestión en la misma dirección, señor Arroyo. ¿No cree usted que regular exclusivamente este grave problema, dirigido exclusivamente al ámbito de la mujer, produce también un valor de prevención general positiva, desde el punto de vista de que los poderes públicos y el derecho acometen esta cuestión visualizando exclusivamente el problema de la mujer, con independencia de otros problemas que puedan o no regularse pero que no son objetivo de esta ley?Voy resumiendo y abreviando. Es un tema importante, de cuya constitucionalidad no tenemos ninguna duda, pero sí intentamos que su regulación definitiva en el ámbito penal quede lo mejor posible.
Manifestaba usted en su exposición -y compartimos su punto de vista- la gravedad de cualquier tipo de agresión, amenaza o coacción dirigida al ámbito de la mujer, pero manifestaba igualmente que, en efecto, aunque ese es el criterio general, en algunas ocasiones pueden caer en manos del juez situaciones de amenaza o coacción de carácter leve. Me ha parecido entrever -y quiero que nos lo aclare en la réplica- alguna alternativa, como la exigencia de la concurrencia de la situación objetivo de riesgo o de peligro de la víctima. Le agradecería que realizara alguna ampliación en este sentido. Igualmente, y con carácter general, quiero que nos diga si considera usted correcto, desde el punto de vista del derecho penal, algún otro tipo de alternativa; resumo la pregunta, porque ya se la ha formulado la portavoz de Convergència i Unió.


Otro par de cuestiones, y termino ya, señora presidenta. También le ha preguntado por esto la portavoz del Grupo Popular. La concentración de competencias civiles y penales, en el caso de violencia, ¿considera usted que incrementa la tutela judicial efectiva de las mujeres víctimas de la violencia? Igualmente -y esta es casi la mayor del proyecto, de modo que no entendemos muy bien la pregunta de la portavoz del Grupo Popular, pero la hacemos por si acaso-, ¿no considera usted que la creación de los juzgados de violencia contra la mujer incrementan también la tutela judicial efectiva de las víctimas? Evidentemente, no estamos ante una jurisdicción especial sin ante juzgados especializados, como ha quedado clara y reiteradamente expuesto, pese a la errónea valoración de la mayoría del Consejo General del Poder Judicial; pero eso ni se lo pregunto, porque está ya aclarado y matizado.


Finalmente, aunque parezca un tema menor, nos gustaría conocer también su opinión sobre la modificación, en las normas procesales penales, del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lleva la competencia para el conocimiento de las faltas -incluidas las del 620.1 y 620.2 del Código Penal- a los juzgados de paz. Queremos conocer su opinión porque estamos ante faltas contra las personas -en el 620.1 y 620.2 del Código Penal- que afectan a la integridad y a la libertad, valores tan importantes. Los jueces de paz no son normalmente licenciados en derecho, y si miramos lo que ocurre en la mayoría -y son miles los que existen en pequeños municipios, sobre todo del interior, de 80, 100 ó 200 habitantes; varios miles, no quiero exagerar, 5.000 ó 6.000-, ¿qué opina usted sobre que una persona del pueblo conozca de estas faltas? Queremos saber si cree usted que esta cuestión es adecuada, o si sería mejor mantener el conocimiento en los expertos del derecho, que son los jueces de instrucción.


No me queda más que repetirle nuestro agradecimiento por su magnífica exposición.


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para dar respuesta a todas las cuestiones que han quedado pendientes en esta comparecencia, seguidamente tiene la palabra el catedrático Arroyo Zapatero.


El señor CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Arroyo Zapatero): Muchas gracias, por sus palabras amables para conmigo. Tengo que decirles que para mí es un honor estar aquí hoy, pero es algo mucho más importante. Para mí es una responsabilidad personal porque en los tres últimos meses he captado que esta realidad criminológica y este abordaje del problema de los malos tratos a las mujeres no se comprende en particular en el espacio que es mi profesión, que son los catedráticos y titulares del derecho penal, y no lo entienden ni las mujeres catedráticos y titulares de derecho penal. De todos los trabajos gruesos de libros escritos por penalistas sobre esta materia sólo dos saben realmente lo que tienen entre manos: una joven doctora de la Facultad de Derecho de Albacete y criminóloga, autora de este libro y un español sevillano que curiosamente es profesor en Manchester, el que más sabe, pero está en Manchester. Si esto no se sabe la reacción es mala y como además todo tiene sus enemigos vamos a oír varias cosas inconvenientes. Vamos a oír que se está castigando como delito la primera vez, vamos a oír que se está castigando como delito lo que es leve, vamos a escuchar que esto es producto del feminismo radical, vamos a escuchar de todo. Sin embargo, yo estoy aquí por la misma razón, en mi sitio naturalmente, por la que están ustedes, porque considero que el fenómeno no puede ser ajeno a todos los que tengan un espacio de responsabilidad y salir a la calle. Porque además es posible que muchos penalistas no lo entiendan, pero yo creo que la generalidad de los

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ciudadanos sí que lo entienden y, sobre todo, las víctimas. Las dimensiones son brutales. Los datos oficiales y siempre hay cifra negra son una barbaridad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es posible por algún hecho histórico que existía, que los que conocemos el tema sepamos que el mundo en el que se veía algo más era el mundo rural y que esto es de siempre, pero es muy posible que nos encontremos ante una ola nueva rebrotada frente a esa presencia distinta y autónoma de la mujer en la sociedad española, todo ello producido en apenas 20 años que es lo que nos diferencia de Europa. Me preguntaban varios de ustedes qué hacen los demás ordenamientos. En Europa están abordando este problema desde hace más de 40 años de un modo normal porque han tenido servicios sociales activos. No sé cuando se generalizan en España las casas de acogida, pero sé que en el resto de los países europeos con Estado social es de los años setenta. Igual no acudían al derecho penal, pero acudían a la casa de acogida y había una política municipal, y autonómica allí donde estén organizados así, y ellos no han captado como se ha captado esto aquí porque el modo de producirse la aparición de la mujer en la vida pública es distinto. Nuestras estadísticas judiciales son muy malas, pero la gran investigación hecha por el Gobierno francés con gobiernos de distinto signo tampoco sabe lo que busca en la investigación. Los franceses han entendido lo que significan los malos tratos a partir de un hecho en principio absurdo, como es el asesinato de una cineasta, Marie Trintignant, por su novio. Ese el momento en el que los franceses han entendido que tienen un problema que no saben dimensionar. Las estadísticas que estamos utilizando dicen que es muy propio también de los países más avanzados, porque Finlandia es avanzado en telecomunicaciones, pero en lo demás no. Hay un grado de violencia histórico resuelto de otro modo y nosotros creíamos que éramos todos iguales, suprimimos la falta de malos tratos y nos encontramos con que tenemos una epidemia. Los demás países no han intervenido penalmente. Los demás países y toda la prensa europea están mirando a España, están descubriendo el problema en la nueva dimensión, a partir de hechos diferentes y casuales y los hechos son distintos en unos países y en otros y en unos países en el norte respecto del sur, caso de Italia. La experiencia española y la acción de esta Cámara están siendo seguidas.
Tenemos muy pocas cosas que enseñar en Europa, pero ésta puede ser una de ellas, no porque sepamos más, es que nos ha dado más fuerte y más concentradamente. Eso sobre Europa.Por otra parte, somos el país que menos derecho de policía y medidas de seguridad tiene de toda Europa. En Alemania, cuando llega uno a vivir a una ciudad, tiene que pedir el permiso para vivir en la vivienda y registrarse, y el que no hace eso es sancionado, no se le envía a la cárcel, pero se le pone una multa que se cobra. Todo es más formal. ¿Por qué? Pues porque no han tenido la obligación de liberarse de la noche a la mañana de una dictadura, y nosotros, en una euforia constitucional tremenda, hemos ido en el movimiento del péndulo e instrumentos que tiene cualquier país nosotros no los tenemos. Como no tenemos tiempo para hacer eso, no podemos decir a las mujeres que esperamos. Entonces, con independencia de qué ocurra con el derecho de policía -que se llama así, no es que sea denigratorio- o las medidas de seguridad, naturalmente es un camino que hay que seguir y explicar lo que ocurre en el resto de Europa. Es de lo poquito que podemos enseñar de lo malo; de lo bueno también hay otras cosas.


Ahora intentaré recuperar el orden, que comenzaba por doña Margarita Uría, que quería que le respondiera. La creación del delito y la referencia a la humillación, a la denigración, ya está vinculado a la creación del delito contra la integridad moral, que es lo que está en el 173.2. Esto nos lleva a una complejidad notable que yo no me atrevería a desarrollar aquí. El delito contra la integridad moral para los malos tratos es un hallazgo muy bonito y muy poco útil, porque nos lleva a confundir las cosas. Como no se encuentran las lesiones y por tanto el daño a la integridad física y a la salud, se busca la integridad moral, ¿y qué es la integridad moral? Pues no sabemos lo que es. Sólo sabemos en los casos más graves, sabemos cuando se lesiona, cuando se destruye la personalidad de alguien, pero eso normalmente no es una cosa puramente psicológica, es simplemente el paso previo al genocidio.


Entonces incorporar a estos tipos las referencias a la humillación o a la denigración yo no lo veo útil. Se pueden decir las cosas como hace el anteproyecto, diciendo lo que dicen los seres normales y ciudadanos, aunque tengamos que decir para entendernos violencia de género porque, si no lo decimos, entonces no sabemos de qué estamos hablando, entonces estamos hablando de la mujer maltratadora, que hay dos estudiadas por Elena Larrauri, posiblemente haya más. Esta es una cuestión muy técnica y con poco debate todavía, yo creo que hace falta una generación para aclarar esto, pero no vamos a esperar. Por eso yo, incluso aunque soy contrario a la configuración de ese delito del 173.2, prefiero no tocarlo, dejémoslo, hagamos lo que hay que hacer, que es lo que nos preocupa en este momento, y observemos todo.


¿Cuántas reconciliaciones con quebrantamiento de condena? Me da igual cuántas vaya a haber, pero si la tarea del legislador es proteger a las mujeres en todas sus circunstancias, como si se tiran por la ventana después por cualquier otra razón. Para eso un observatorio nos estará diciendo a todos qué es lo que tenemos que hacer, y si hay muchas reconciliaciones, el artículo de Larrauri sobre por qué las mujeres retiran sus denuncias es muy ilustrativo: pues porque no son hombres, porque son mujeres, y la historia de las mujeres es distinta de la historia de los hombres, y como no lo vamos a cambiar con una ley... O sea, que no me preocupa que las mujeres retiren sus denuncias ni me preocupa

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que haya quebrantamientos de condena. Ojalá haya quebrantamientos de condena reconciliatorios efectivos. Ya se sustituirán las penas en su caso o ya inventaremos cómo sustituir las penas, lo que no puede ocurrir es lo que ocurre ahora, que no llegamos ni siquiera a la reconciliación porque no hay protección o no hay protección suficiente. Esta era la cuestión más relevante que me parece que planteaba Margarita Uría.Carme García hace referencia a algo que es lo cultural. Lo cultural no se resuelve con una ley, pero las normas penales son normas de cultura. Esto el primero que lo dijo fue un catedrático alemán que era judío y socialista; se murió de un infarto, no lo mató nadie, le dio un infarto cuando supo que a los judíos les iban a matar. ¿Coacciones, amenazas, lesiones, homicidio? ¿Es que todos nos vamos a negar a ver que en el caso de Max Ernest Mayer se murió porque lo mataron? ¿Es que ese dolor no somos capaces de verlo? Ese es el dolor de las mujeres maltratadas, el que no se ve, pero no es un dolor inventado, está sufrido por Max. Esto le gustará a mis colegas que recordarán a Max Ernest Mayer, judío, socialista, alemán, y muerto antes de que lo mataran. Son normas de cultura. ¿De dónde viene esto? Por eso he dicho esa cosa pretenciosa de Rousseau y de Santo Tomás, porque viene de muy lejos. Eso seguramente se resuelve mejor con un complejo de acción de servicios sociales y educación que con el derecho penal, estoy convencido, pero el derecho penal también sirve.


A la diputada del Grupo Popular que representa una circunscripción que me es próxima le diré que los empresarios industriales no se tomaron en serio los delitos contra el medio ambiente hasta que no procesaron a los primeros en la ciudad de Barcelona, pero uno de los imputados era de Ciudad Real, se lo tomaron en serio y claro que se generó una cultura y una cultura técnica también sobre el medio ambiente. Esos no fueron educados, los educó el derecho penal a esos dos en concreto, a los demás por imitación también el derecho penal; los que salgan luego, la siguiente generación, ya serán distintos. O sea, que también tiene efecto, pero eso no debemos perseguirlo; esto simplemente es así, es un mecanismo social, sociológico, sociopsicológico, que funciona así.


El menor; yo no lo desprecio en absoluto (la ventaja de la Comisión es que queda todo escrito). Yo soy partidario de proteger especialmente, frente a las lesiones y malos tratos, a los menores y a los mayores, más que a los que no lo son, sobre todo si son especialmente vulnerables. El de 17 años que mide 1,80 no es especialmente vulnerable, y el que tiene 23 y es parapléjico sí lo es. Soy partidario de eso, pero no quiero mezclarlo, y lo conozco. Sobre el síndrome del niño maltratado (la primera publicación no es mía, porque yo escribía entonces como ayudante con mi maestro, Marino Barbero Santos). Hicimos una investigación en el hospital universitario de la Universidad y ciudad de Valladolid, hablamos con 50 médicos, amigos. Nadie conocía a niños maltratados -año 1979-; nosotros sabíamos que existían, porque nos lo habían dicho en Estrasburgo. Eso existe, pero la mecánica, los protocolos de actuación, los protocolos de detección, las necesidades de protección son distintas; luego, pongamos en cada artículo del Código Penal, o por lo menos en cada número, cada problema para luego que el puzzle de actuaciones funcione, porque unos tienen que ver entre sí y otros no. Naturalmente al menor no se le puede dejar, pero es que este proyecto de ley no deja nada que no esté en marcha y bien, y además me imagino que no impedirá que otro proyecto de ley haga algo que no esté y que tenga que estar.


Señora Pigem, yo empiezo las clases la próxima semana. Daré clase a chicos de 17, 18 años (vuelvo a dar clase ordinaria después de muchos años); les voy a poner la fotocopia del periódico del otro día que decía: El Gobierno turco reintroduce la diferencia entre adulterio y amancebamiento. Lo van a leer y todos van a pensar que qué turcos, y después les voy a enseñar la fotocopia en la que se dice que sus padres eran turcos; una generación -si no me confundo, por mi edad- o generación y media de turcos a modernos. Este es el problema del cambio cultural, el problema de la historia y el problema de de dónde venimos. Venimos de Turquía, por decirlo de un modo vinculado a la noticia del periódico, y sigue habiendo muchos turcos. (Risas.)

Los datos de los demás países europeos están en todas las publicaciones.
No estamos en ninguna parte, no estamos mejor que nadie, porque nadie sabe cómo estamos, ni nosotros, ni los franceses. No se ha estudiado en serio. Las primeras investigaciones útiles van a ser las aplicaciones, y los informes del primer semestre están ahí, pero eso es muy incompleto.
En tres años tendremos una radiografía de los malos tratos a partir de la aplicación del orden de protección como no tendrá ningún país europeo, y tendremos que traspasarles los datos, la criminología, y financiar el estudio de la criminología. Financiar o no la investigación en ciencias sociales tiene consecuencias. La consecuencia es esto, la criminología no está financiada en este país. En los demás países europeos sí, o en casi todos, por lo menos en los que son productivos. El sevillano se tuvo que ir a Manchester, y allí les aseguro que está financiada, a pesar de la poca financiación en los tiempos que corren en la pérfida Albión.


Con los años termina uno aprendiendo hasta cómo funcionan las enmiendas y las comisiones. El artículo 173, por acumulación. Todo el mundo quería estar, y en ese momento se hacen las propuestas más razonables y más inverosímiles; al final todo se mete, porque al final hay que cerrarlo en cuatro horas. Ese es un mal sistema que tenemos de legislación en este país, peor que otros, y además no nos sirve de nada la segunda Cámara como segunda lectura, con lo cual, así nos va, pero es que nos va peor.
Esta Comisión es de Trabajo y de Asuntos Sociales; no está el Ministerio de Justicia; lo

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grave no es eso, lo grave es que no estén los ministerios debidamente integrados. Así vamos siempre en materia penal y administrativa, como Jano: por un lado miran los del derecho al trabajo y los otros por...; ese es un mal asunto que no sé si seremos capaces resolver alguna vez en técnica de legislación.Vamos a oír hablar mucho de la primera vez. Pidan, encarguen, conminen que se haga el estudio que demostrará que lo de la primera vez es una broma de mal de gusto. Cuando nos digan que defendemos el que vaya a la cárcel con pena de prisión el de la amenaza y la coacción leve por primera vez, tengan algo para defenderse, porque si no me van a tener a mí sólo y a otros cuatro. Eso es fundamental, tenemos ya elementos, lo que pasa es que están informatizados y no se meten en ese campo. Se tiene que contratar (por supuesto será el Gobierno, para empezar) a alguien que revise las órdenes de protección y todos los datos acompañantes. Entonces tendrán ustedes, los de hoy que gobiernan y los que constituyeron la mayoría parlamentaria absoluta e infinita que aprobaron las leyes anteriores, su defensa ante los sectores que dicen cosas que yo creo que no tienen razón, pero yo no lo puedo resolver.


¿Hay otros delitos en el Código Penal con sujetos activos de hombre y mujer? Antes sí, ahora no. ¿Hacen falta? No, sólo aquí. Les voy a decir más. Yo no soy partidario de la regulación que se hace de la violación en el Código Penal desde 1989. Eso de que somos sujetos pasivos de la violación hombres y mujeres por igual es una tontería; no es lo mismo. Ni es lo mismo la violación de un modo que de otro; ni es lo mismo la violación tradicional de la que se ha incorporado al Código Penal para el 1 de octubre; lo que pasa es que eso no es relevante. Lo importante era cambiar el sistema del delito de violación histórico que convertía a las mujeres en víctimas dos veces: cuando las violaban y después cuando tenían que demostrar en el juicio que las habían violado. Tenían que demostrar que todo había sido muy grave porque la pena era de doce años, es decir, como si la hubieran matado; y si no lo demostraban era mejor matarla que dejarla viva. Todo era un despropósito; eso lo sabemos los penalistas. Aquí hace falta, y no tiene nada que ver con la discriminación de hombres y mujeres, porque en el proyecto lo que se está castigando son los malos tratos a la mujer. Podíamos castigar los malos tratos también a los menores, a los hombres, pero lo que tiene sentido y lo que se pretende en el proyecto de ley es castigar los malos tratos a las mujeres. No es discriminación, es seleccionar un problema social.
Imaginemos que tuviéramos otro. El problema que agobiaba a los franceses hasta lo de Marie Trintignant era el rapto, violación y asesinato de niñas. Alguien se puede poner pesado y decir que es igual para los niños que para las niñas, pero no; son otras víctimas. De hecho entre los niños no hay víctimas de esa clase. ¿Hay que regular sólo para las niñas? Es que no es necesario. ¿Hay que regular aquí para otros? Ya están regulados -y me anticipo a la pregunta del diputado socialista; la del derecho europeo también la he respondido antes-.


Definir esto en un artículo primero, definir las cosas es muy difícil, y en los códigos menos; a veces creemos que está bien definido y no está definido, lo que está es bien interpretado. ¿Qué es un bien mueble? ¿Qué es un inmueble? Creemos que los sabemos, pero no lo sabemos. Un inmueble parece que no se mueve y resulta que los aperos de labranza son inmuebles. Es decir, las cosas nuevas sobre todo no es posible definirlas. El anteproyecto incurrió en un error al querer definir el fenómeno real, pero eso no valía para el mundo del derecho, por eso generaba un despropósito.


Lo único de fundamento que dice el Consejo General del Poder Judicial en su informe -y es la primera vez que veo a la mayoría del Consejo en un informe técnico captado y prendado por una pasión más que por el conocimiento- es que, si se quiere definir, ya hay definiciones buenas: las de las leyes de Castilla-La Mancha y de Canarias. Eso está fenomenal, pero no se agobien con eso, porque esto habrá que definirlo en la vida práctica. ¿Cómo definir la situación objetiva de peligro en la orden de protección? ¿Se han parado ustedes, señorías, en este momento a decir que esto no está definido? Ustedes no tienen que definir, ustedes tienen que dar el indicio de lo que ocurre, y la vida, es decir, los tribunales, terminarán cerrándolo; o sea, que no soy partidario de definir gran cosa.


Comienza el debate y hasta la Academia de la Lengua se puso a dar criterio con la mejor intención. Conocemos a los académicos, que son inmortales y no nos consideran más que mortales, y estaban haciéndonos un favor colectivo y llegaron a esa consecuencia absurda. Naturalmente que género viene de genus y viene de una teoría general, por supuesto, pero, ¿de qué estamos hablando? De la violencia de los hombres contra las mujeres, que son pareja o lo han dejado de ser. ¿Cómo se sintetiza eso? ¿Violencia doméstica? No, si la violencia doméstica es de todos los demás, pues violencia de género. Habría que decirle a la Academia que tiene que limpiar la lengua y darnos las palabras que necesitamos para entendernos; si hay algo con lo que nos entendamos mejor que con el concepto violencia de género, lo acepto, pero es que no lo hay. Naturalmente que no se acaba aquí; digo violencia de género en la pareja, porque luego está la violencia en las guerras, en los genocidios, en la Corte Penal Internacional y otras cosas que no son malos tratos. Yo no definiría más de lo que está ni pelearía por la definición, salvo que fuera un despropósito, que es lo que ocurría, pero tiene su lógica, porque mientras un penalista ve una descripción hecha desde el mundo de la vida social el sociólogo describe las cosas de modo subjetivo-objetivo, y los penalistas no.


Valoración de la orden de protección. Es pronto, pero va a ser fundamental, está siendo fundamental. Podremos quejarnos de si las órdenes de protección que se dan por algunos jueces son de cincuenta metros y se

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les olvida o no caen en la cuenta de que les prohíben llegar al colegio donde van los niños y tienen que ir a buscarlos. Es cierto, hay personas torpes en todas las profesiones, pero el sistema de orden de protección será completado con el sistema integral en el que en la misma instancia van a estar los jueces, los fiscales, los delegados gubernativos, la policía, todos con un principio de especialización, aunque muy poco.
Conocer esto de lo que estamos hablando, de lo que han hablado ustedes estos días durante estas comparecencias, y destilado, es lo que va a hacer que eso funcione muy bien; y hasta los más refractarios a hacer justicia la terminarán haciendo porque no estarán solos, estarán rodeados de datos, de acciones, etcétera; y también las o los que se excedan en la demanda de protección estarán solos. Es decir, tiene una importancia capital, sobre todo si se complementa con este tipo de medidas asistenciales y de las otras.El debate de la ley en la calle. Donde ha habido un debate sobre la cuestión penal ha sido en los periódicos. Lo que hay en la calle -y lo saben todos los diputados y diputadas, particularmente las de mi circunscripción- es la sensación de horror; nada de lo que se haga, si está bien hecho, nos lo van a reprochar ni a los penalistas ni mucho menos a ustedes. ¿Que lógicamente luego todo eso hace que se entable un debate político y a veces se acierta en la intervención o no? Es lógico y natural. Yo les digo desde esa angustia especial que siento por la incomprensión del fenómeno que esta ley es de las que sin duda alguna merece que nos centremos en conseguir que el mensaje de la norma de cultura no llegue teñido políticamente a las víctimas, a los autores y a los agentes sociales.


Ya he mencionado lo europeo. Valoración y reformas. De la reforma de 2002 valoro positivamente esto de la violencia doméstica. Hay muchas cosas que no me gustan, pero en esto todos estamos de acuerdo, en el Parlamento y fuera de él, salvo una buena parte de los penalistas.


Juicios rápidos. Aquí hay una cuestión técnica y un debate, que es para lo que tiene que servir manejar un problema tan grave con un consejo de vigilancia o con un observatorio. Por una parte, parece muy interesante que se celebren los juicios rápidos, pero en estas cosas que no son accidentes de circulación, que tienen que ver con procesos psicológicos, habrá que decidir si rápido o normal en función de lo que mejor les venga a las víctimas. Si resulta que a las víctimas -como procesalistas no sé cómo se puede instrumentar- lo que mejor les viene para ser protegidas eficazmente es que no sea tan rápido, pues que no sea tan rápido; será necesario que sea rápido cuando haya muerte y lesiones, pero entonces ya da igual que sea rápido. Hay circunstancias en las que precisamente hace falta rapidez pero eficacia. Ese va a ser un debate que va a quedar abierto, porque se haga rápido o no -creo que ha sido Elena Larrauri quien lo ha puesto de manifiesto- tiene ventajas e inconvenientes; lo mismo que tiene ventajas e inconvenientes -y no lo deciden ustedes en la ley, la práctica decide si es bueno y positivo- el paso de las faltas a delitos. Al final las cosas se aplican colectivamente, y si la conciencia jurídica general dice que es A es A, y no habrá ley que lo cambie. De manera que, en relación con esa pregunta, según las situaciones es mejor una cosa u otra, y eso no sé exactamente cómo se puede gobernar.


Cuando yo leí el informe del Consejo sobre la cuestión de los juzgados me quedé muy alarmado, porque si el Consejo General del Poder Judicial dice que se está cometiendo una tropelía lo normal es pensar que se comete una tropelía. No siendo procesalista yo pensaba -ocupándome de los delitos económicos, que es lo a mí más me gusta, el estudio, no cometerlos- que lo que al final se oía que se hacía en el anteproyecto era lo mismo que se ha hecho con los tribunales de comercio, con los tribunales mercantiles; pero repito que al no ser procesalista no lo sabía. Cuando leí la comparecencia del profesor Asencio me di cuenta de que es un despropósito decir que eso está mal, entre otras cosas porque eso está bien y bien visto por el Consejo General del Poder Judicial en los tribunales de comercio y en otros más. Lo que hay que hacer es lo que hace la ley: que a ser posible estén especializados; es decir, que sepan... Con los taquígrafos uno no sabe si hacer confidencias. Yo sólo he estado cerca de un caso de malos tratos. Yo sabía que era una denuncia falsa. Creía el abogado que lo tenían perdido, pero tuvieron la suerte de que la juez y la fiscal del caso sabían de lo que trataba y en dos minutos se advirtió que aquello era falso. Si hubiera sido verdadero, conociéndolo, hubieran resuelto el problema mejor. ¿Qué es conocer? ¿Qué es especializar? Pues estudiar lo que no se ha estudiado antes. Si los catedráticos y titulares de derecho penal no han estudiado esto y no está en el programa de las oposiciones, desde luego de los que hicieron las oposiciones hace unos años, esto no se sabe; hay que especializar.
Especializar es simplemente eso, dar una formación complementaria. ¿Que es buena también para otras cosas? Por supuesto, pero estamos hablando de esta cuestión; y luego al juez de guardia y al juez de paz para las faltas menores. Lo resuelvo con una anécdota. En un pequeño pueblecito de Castilla donde he estado hace unos días en la fiesta oficial, la jueza de paz era una mujer aguerrida, con su bastón. Desgraciadamente había tan pocos habitantes que no había nada que hacer, no había faltas de ninguna clase. No hay inconveniente ninguno. Si creemos en el jurado, ¿cómo no vamos a creer en el juzgado de paz? El jurado se hace por sorteo y el juez de paz por nombramiento de un alcalde. En los alcaldes como en los catedráticos hay de todo, pero lo normal es que acierten. Yo en eso no veo ningún inconveniente. Lo que veo conveniente es que haya una ley integral que permita que todo el mundo tenga claro que cuando llegue a un juzgado de paz una falta de las que quedan en manos de los juzgados de paz lo comunique inmediatamente a alguien que esté en condiciones de recibir

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la información, en la audiencia, en el juzgado y, por tanto, inmediatamente el fiscal pueda ver si estamos ante una falta o estamos ante una barbaridad. Lo que hace la ley integral más importante y más integral es romper el laberinto de las competencias judiciales en la instrucción, que es lo que nos interesa, en la protección inicial, porque luego todo es visto en apelación por todo el mundo y, por tanto, la seguridad jurídica es tan completa en éste como en otros muchos delitos.
Posiblemente habrá cuestiones técnicas que no estén bien resueltas en el proyecto de ley porque son cosas que se hacen nuevas, lo mismo que hay un montón de cosas técnicas mal hechas en la Ley Reguladora de los Tribunales Mercantiles, pero nadie la ha parado. Lo que hay que hacer es ir viendo y detectando qué es lo que ocurre, más aún si tenemos observatorio. Los mercantiles no necesitan observatorio, son cuatro despachos de abogados los que resuelven esos temas; son el observatorio.
Aquí o lo hace alguien o no hay observatorio. O sea, no hay que preocuparse de esto sino al contrario, instar a que haya orden y concierto en la cuestión de que el primer juez que pase, que es el de guardia, resuelva o pueda resolver, y que resuelva con el fiscal, con el comisario, con el trabajador social, con quien sea, con el forense (a ser posible lo más lejos posible), pero en el caso.¿Una misma conducta puede tener dos tipos distintos de delitos? Eso es el Código Penal. ¿Cuántos tipos de amenazas hay? ¿Cuántos tipos de delitos contra la propiedad? El problema no es sólo el bien jurídico, es el desvalor -esto es un poco cursi dicho así, pero es de penal- de la acción, el desvalor del resultado. El desvalor de acción y el desvalor de resultado en los tipos distintos de forma de lesionar la propiedad ajena hace que haya robos, hurtos, delitos. Lo único que suena raro es que sean hombres y mujeres.
Si no hubiera el problema, pues no habría que plantearlo; si fuera al 50 por ciento, pues es que estábamos ante violencias interpersonales normales en las que el derecho penal no necesitaría intervenir de modo especial, porque bastaría con la de los delitos de lesiones normales. O sea, que nada de derecho penal de autor; ¡hombre!, autor siempre hay en un delito; a lo que se refieren es al derecho penal del nacionalsocialismo. Aquí no hay un derecho penal del autor, lo que hay es un derecho penal de la víctima, de la mujer con síndrome de maltrato.


Eso sí que es lo que hay aquí, y naturalmente está maltratada por un hombre, no por uno que pase por la calle que no esté relacionada con ella. Si eso ocurre en la calle y no tiene nada que ver con ella eso es otro problema distinto que nadie nos ha planteado. Les voy a recordar algo. Cuando se hizo la primera gran reforma que llevó el delito fiscal al Código Penal un jurista muy conocido ya desaparecido -no voy a mencionar su nombre- dijo que castigar el delito fiscal era propio del nacionalsocialismo. Les puedo dar la cita reservadamente. Se van a decir todas las cosas, pero aquí no hay derecho penal de autor. Aquí lo que hay es el delito de malos tratos, de género, con síndrome de mujer maltratada o con las características que dicen los especialistas. Eso es lo que hay y no otra cosa; como no hay otra cosa no podemos elegir. Si tratáramos igual los síndromes de la mujer maltratada que los síndromes de la mujer lesionada por la calle por un vehículo automóvil estaríamos tratando mal e igual lo que es distinto.


Lo que dice el artículo 9.2 es que todos los españoles, y particularmente los que gobiernan, tienen que ser progresistas (Risas.); eso es lo que dice, sean de derechas o de izquierdas; que hay que remover los obstáculos, y de ahí surgen muchas cosas: discriminaciones positivas, negativas. ¿Sabe lo que sale de ahí? Mi intervención inicial me ha costado, porque es distinto comparecer ante la Cámara que comparecer ante los ciudadanos o comparecer ante los colegas. El artículo 9.2 quiere decir que al ser humano hay que considerarle en sus posiciones concretas, que no nos basta la idea liberal del hombre y la sociedad de seres libres e iguales; que eso era falso. Lo que nos dice el artículo 9.2 es que son desiguales y que hay que hacerles iguales, y eso en el Código Penal quiere decir que las penas tienen que ser resocializadoras, que no nos podemos desinteresar del destino de quienes han cometido los delitos y en la parte especial quiere decir que tenemos que meter en el Código Penal a los seres humanos en sus posiciones concretas. Lo he dicho siempre sin saber que iba a llegar aquí este día. Hay que meter al ciudadano como trabajador, delitos contra los trabajadores; al ciudadano en su medio ambiente, delitos contra el medio ambiente; al ciudadano como consumidor, delitos contra los consumidores; y así seguía y decía: y al ser humano como mujer. Cuando empecé a hablar de esto decía que eso quiere decir que en el Código Penal tiene que haber: a) un delito de violación que no obligue a la víctima a pasar dos veces por la violación, b) tiene que haber un aborto libre en los plazos correspondientes; y hoy digo c) tiene que haber una protección especial de la mujer que realmente lo necesita, que es la que está sometida a los malos tratos. Eso es el artículo 9.2, pero eso no tiene nada que ver con la discriminación positiva. Eso tiene que ver con el progreso, con un cambio de filosofía jurídica, de teoría general, muy útil -lo que además explica muy bien Peces-Barba- y que tiene consecuencias para el derecho penal -y yo he escrito sobre eso pero veo que no ha tenido mucho éxito porque siguen confundiendo las cosas-.
Eso es el artícu­lo 9.2: el progreso, el Estado social, el sueño de Europa -un artículo de anteayer o de ayer mismo-, un espacio de libertad y de protección social frente al sueño turco. Lo que ocurre con los turcos es que tienen el sueño de Europa, no el turco; esta es la cuestión.


¿Estos delitos sirven para una prevención general positiva? Eso son cosas de penalistas. Esto sirve para proteger a las mujeres, esto sirve para proteger a las víctimas. Lo de la prevención general positiva es un enredo para nuestras oposiciones. Por supuesto que sirve y eso es lo que quería decir en su teoría de las

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normas de cultura Max Ernst Mayer, judío, catedrático de penal y socialista, muerto de susto antes de que lo mataran. Preguntaba que qué hacemos con esa coloración del tipo, con la situación de riesgo. Yo creo que meterla. Métanla porque están metiendo todo lo que se vaya a elaborar por los aplicadores del derecho y por los tribunales en relación con la orden de protección. Con eso estamos diciendo que en ningún caso se trata de la primera vez, pero no porque lo diga la ley sino porque la práctica va a decir si lo es o no. Sabemos que en el 99 por ciento de los casos nunca es la primera vez porque siempre va a haber una situación de conflicto. Si no la hay (se ha acreditado, todos lo sabemos, que hay oficinas de manejo de todos estos hechos, en donde participa todo el mundo y está debidamente organizado y no ocurre, como hasta hace poco, que no comunicaban a la víctima lo que hacían con el autor porque el aparato judicial estaba pensado, y las leyes criminales, para otras cosas distintas que para éstas), se puede hacer.Concluyo porque lo del artículo 14 y los jueces de paz lo he mencionado ya, de manera que les agradezco su atención, les ruego que perdonen mi entusiasmo pero me reincorporo a dar clase dentro de poco y entonces estoy abrumado de responsabilidad, sobre todo por lo que les he dicho antes con toda seriedad. Tengo la impresión de que es un momento importante en la lucha contra este fenómeno, tienen ustedes la mayor responsabilidad, pero no me considero ajeno a ella y mucho menos como penalista. Me gustaría poder salir a la calle de las universidades con la cabeza alta diciendo que hemos resuelto bien y con sentido común este problema como catedrático de derecho penal, digan lo que digan algunos, inclusive aunque sean amigos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arroyo. Desde luego no le ha faltado pasión, contenido ni claridad, así que muchas gracias por su comparecencia y continuamos con la mayor rapidez. Puesto que nos falta ya muy poco tiempo para concluir, le voy a pedir a la siguiente compareciente que ocupe este lugar.


-DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS (ABRIL GONZÁLEZ), (Número de expediente 219/000042.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos las comparecencias con la presencia de doña Consuelo Abril González, presidenta de la Comisión para la investigación de malos tratos, a la que también le damos la bienvenida a la Comisión y agradecemos su colaboración en este proyecto de ley.


Tiene la palabra ya la señora Abril.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS (Abril González): Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, por haber dado la oportunidad a la Comisión para la investigación de malos tratos de exponer nuestra actual visión, que es fruto de una labrada experiencia porque, concretamente, esta Comisión nace en el año 1977. El maltrato hacia las mujeres es un tema que nos preocupa y que alarma a la sociedad. En concreto, voy a tratar sobre el proyecto de ley integral contra la violencia de género. Intentaré ser breve porque la exposición del anterior compareciente -interesantísima, sin duda- ha llevado un poco más de tiempo.


Pienso que mi intervención -por lo que he oído al anterior compareciente, que ha tratado el tema desde un punto de vista penal- puede ser bastante complementaria, pues el proyecto de ley no habla solamente de aspectos penales, como todos sabemos. Hay aspectos civiles, sociales y aspectos muy importantes que puedo intentar analizar, sobre todo porque nuestra comisión nace en el año 1977 y desde ese momento empezamos a tratar el tema de las mujeres maltratadas. Desde el primer momento en el que nace nuestra comisión estamos en contacto con mujeres maltratadas, tenemos un teléfono de asistencia, tenemos también un servicio de asistencia jurídica y de asistencia psicológica; es decir, conocemos la realidad del mundo del maltrato desde el punto de vista directo y cercano a la mujer maltratada.


Por otra parte, no solamente tenemos esa visión, sino que ha habido tres comparecencias anteriores en distintos momentos. Concretamente, la primera de ellas fue ante la Comisión Mixta Congreso-Senado en el año 1988, en la que intentamos evaluar la magnitud del problema de los malos tratos y su cuantificación, así como la necesidad de sensibilizar a la opinión pública y a los poderes públicos para su erradicación. Ese fue nuestro objetivo en un primer momento. En un segundo momento hablamos de aspectos que nos parecen absolutamente imprescindibles, los aspectos psicológicos del maltrato y de cuáles son las peculiaridades y la idiosincrasia del mismo. Si no se conocen estas peculiaridades es imposible erradicar el maltrato e intentar proteger a las mujeres.
Concretamente, esto lo hicimos en una comparecencia que se llevó a cabo en la Comisión Mixta Congreso-Senado, el día 27 de noviembre del año 1995, por una compañera, doña Milagros Rodríguez Marín. En una tercera comparecencia, realizada el 9 de marzo de 1998, ya manifesté la necesidad de la existencia de una ley integral contra la violencia de género. Es decir, esta ley es fruto de la experiencia de las mujeres y de las asociaciones que llevamos muchísimos años tratando el tema de la mujer maltratada y también de nuestra experiencia en la cooperación con otros países, viendo cómo se protegía a la mujer maltratada en otros países del área americana, concretamente en Canadá, en Estados Unidos y en todos los países latinoamericanos. Vimos que una visión integral y completa era absolutamente imprescindible. En este

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momento, tenemos la satisfacción de que este anteproyecto de ley ha acogido nuestras reivindicaciones. Estamos realmente muy ilusionadas.
Esta misma ley integral se la propusimos en su día al Partido Popular y no la acogió. La ha acogido el Partido Socialista y estamos realmente muy contentas y muy satisfechas, pues todas las organizaciones de mujeres pensamos que con este proyecto de ley casi podemos decir que nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestra forma de plantear el problema está acogido de una manera sincera y rigurosa en esa ley integral contra la violencia de género. No cabe duda de que, como todas las leyes, será mejorable, y por vía parlamentaria y de enmiendas podremos enriquecerla y complementarla para que consiga el objetivo último: la erradicación de la violencia.Hablar de definición, concretamente de violencia de género, es un tema que se ha tratado de manera muy exhaustiva, y por falta de tiempo no voy a repetirlo, pero sí quiero decir que nosotros pensamos que la única definición viable y posible es la de violencia de género, como así se lo expusimos en su día al presidente del Gobierno y lo hemos manifestado en cuantas ocasiones nos han preguntado, porque violencia de género es la definición que recoge exactamente lo que es la violencia que se ejerce hacia a las mujeres por el hecho de serlo. A su vez, como todos sabemos, partió de Pekín, aunque su origen estaba en la declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, aprobada con fecha de 20 de diciembre de 1993; concretamente, en el año 1995, internacionalmente y en cualquier foro donde vayas, siempre se habla de violencia de género y no se habla nunca ni de violencia domés­tica ni de cualquier otro tipo de violencia. El término está recogido internacionalmente y creo que es imposible que nosotros no lo llevemos adelante, con lo cual espero y deseo que en el anteproyecto -según está- se defina y se apruebe como violencia de género.


Dentro de la ley integral contra la violencia de género se habla de distintas violencias. A mí me parece que todo el ámbito de la violencia, y este anteproyecto también, adolece de una definición de lo que es la violencia y que tendría que ampliarse al tema económico. La violencia económica que se ejerce entre las parejas, entre las personas que conviven es muy importante y este anteproyecto debería contemplarla. Me refiero fundamentalmente a la dificultad que se produce para acceder a determinados recursos dentro de la pareja. El hombre es el que decide en todo momento quién se queda con el dinero o cómo se distribuye. Es una forma de maltrato, el maltrato económico. Y, sin duda, un maltrato económico de grandísimo calado es el impago de las pensiones alimenticias. Este tipo de violencia debe ser contemplado dentro de la definición y este proyecto debe ampliarse también a lo que es la violencia económica.


Este proyecto de ley integral se ha analizado por las ONG, por los medios de comunicación y por las instituciones, constatando todos que este problema es un cáncer de grandes dimensiones que mina la sociedad española, que afecta a todas las clases sociales y que una sociedad democrática no se puede permitir esa lacra social. Todo esto nos ha servido para aflorar el problema, analizarlo, cuantificarlo, dejar claro quién es la víctima del maltrato y quién es el verdugo, pero el nuevo siglo nos demanda soluciones integrales a este grave problema, atacándolo desde una óptica única que abarque todos los campos: judiciales, psicológicos, asistenciales, recursos. Se habla permanentemente, y el proyecto parece que ha tenido mucho eco, del punto de vista penal. Esto está muy bien tratado desde ese punto de vista penal -el anterior compareciente ha explicado debidamente todo el campo penal-, pero hay muchos campos en la ley integral y el penal es un campo más. Yo creo que, en general, estamos olvidando otros campos que son tan importantes o más que los aspectos penales. El aspecto penal es, insisto, uno más. Hay aspectos civiles, aspectos de protección de las mujeres, aspectos de prevención de la violencia, aspectos de recursos a los que no se les está dando la importancia que, desde mi punto de vista, tienen. Cuando nosotras hemos planteado la ley integral la hemos planteado no solamente en relación con la sanción penal. La ley integral es fundamental porque existen aspectos y efectos civiles y penales del maltrato que es imprescindible que estén coordinados. La descoordinación entre los aspectos civiles y los aspectos penales y la respuesta penal que haya que dar hace que no se pueda proteger debidamente a la mujer, hace ineficaz a la ley. Esa falta de visión global del problema hace perder la perspectiva del problema. De nada vale una actuación correcta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si la acción judicial, la Fiscalía, no actúan con el mismo grado de implicación y eficacia. Tampoco sirve que un juez penal sancione a un agresor con una multa o con un arresto, si un juez civil otorga a éste un régimen de visitas a favor de los hijos. Del mismo modo, resulta infructuoso que una mujer pueda acudir a una casa de acogida con sus hijos, cuando el agresor está disfrutando del domicilio familiar por no existir medidas urgentes adoptadas, por reticencias de los jueces. Es irrelevante que a una mujer se le anime a denunciar los malos tratos, si no se le da la cobertura necesaria para salir de esa situación.


La realidad nos dice que todavía son muchísimas las mujeres maltratadas que no denuncian la violencia ni la violación de sus derechos fundamentales; sólo lo hacen el 10 por ciento de las mujeres que se encuentran en situación de violencia. ¿Qué razones son las que le hacen a una mujer plantearlo, y no denunciarlo? Hay infinitas razones; dichas de modo indicativo, la dependencia económica y afectiva de la víctima respecto al agresor, el sentimiento de miedo, la no aceptación del fracaso matrimonial o de pareja, queriendo sostener la relación hasta límites insospechados, la falta de conciencia de ser una mujer maltratada -sólo se debe denunciar cuando hay una lesión; si no hay una lesión,

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¿qué voy a denunciar?-, el sentimiento de culpa a la hora de denunciar al padre de sus hijos, el desánimo de ser consciente de que no le va a servir para nada la denuncia, la falta de recursos económicos, no tener dónde ir o la falta de respuesta de la familia de la víctima y de las instituciones en general. Esto último podemos decir que se va dulcificando, y así va calando en la sociedad, en las familias y también en las instituciones; es decir que se va paliando, pero todavía existe algo de tolerancia. No hay tolerancia cero ante la violencia, todavía existe algo de tolerancia en cuanto a la violencia. Como ejemplo podemos poner las sentencias y sus argumentos para absolver a los maltratadores.
Otras razones son: la ocultación del problema por vergüenza, la falta de autoestima de la víctima que le impide dar respuesta a la agresión, la tolerancia del maltrato por parte de la víctima, el temor a la habitual utilización de los hijos en el procedimiento -por ejemplo, en el régimen de visitas por parte del agresor- e innumerables deficiencias que podríamos constatar en el sistema.La labor de coordinación les incumbe a las instituciones, a la hora de dar una respuesta integral al problema.
De modo que yo diría que la respuesta penal está muy bien, pero que hay miles y miles de aspectos que debemos tratar. Creo que, ahora, ustedes, señorías, tendrían que ir avanzando en este tema, hablando de otros aspectos que -insisto- son tan importantes y necesarios como el de integrar todos los aspectos.


Aunque sea mínimamente, voy a tratar algo que me parece importante. Soy abogada matrimonialista y llevo 30 años dedicándome al derecho de familia y a las separaciones matrimoniales; al Tribunal Eclesiástico y a todo lo que afecta a la ruptura de la relación matrimonial. Uno a mi experiencia que, desde el año 1977, estoy en esta Comisión de investigación de malos tratos, y siempre ha sido labor nuestra el intento de erradicarlos.
Entiendo que, desde el punto de vista civil, es importante hablar de la causa de separación matrimonial. Con anterioridad a la Constitución española, España era un país confesional y prácticamente toda la tramitación de las separaciones matrimoniales se llevaba en los tribunales eclesiásticos. En el Tribunal Eclesiástico la causa de separación matrimonial era imprescindible llevar a cabo una sentencia que dijera si había lugar o no a la separación matrimonial. Esto significaba que había que examinar de forma minuciosísima y rigurosísima la causa; yo diría que excesivamente exhaustiva, y que lo que producía en los cónyuges era odio terreno. La causa de separación matrimonial se convertía en un proceso en el cual, durante dos o tres años, se intentaba averiguar quién era el cónyuge culpable y, consecuentemente, si había habido sevicias o malos tratos.


Así, cuando empecé a ejercer, siempre preguntaba a la señora: ¿es usted una mujer maltratada? Y la señora me decía: ¿una mujer maltratada yo? ¡Hombre, no! Una bofetada, cuando me la merezco; pero una mujer maltratada, no; realmente, no soy una mujer maltratada. ¿Que me tira un plato a la cabeza, o algo así? Por supuesto. Pero maltratada no lo era.
De ahí que, con otras compañeras -psicólogas, abogadas, doctoras y demás-, iniciáramos la Comisión de investigación de malos tratos. Lo hicimos porque vimos que era una realidad social; realidad que estaba totalmente oculta y que nadie respondía ante ella. Parecía que se trataba de hechos aislados, que correspondían a clases sociales determinadas, muy bajas. Entonces empezamos a cuantificar el problema. Sin embargo, el motivo por el que hablo de esto es porque, lógicamente, desde la Constitución, al ser un país laico, toda la competencia era de los tribunales eclesiásticos al estar todos bautizados, prácticamente la totalidad del país, salvo que hubieras hecho apostasía de la fe o alguna cosa de este tipo. Se suponía que todos éramos practicantes y todos éramos católicos. Consecuentemente, todas las causas de separaciones matrimoniales tramitadas ante los tribunales eclesiásticos estaban llevadas entre bautizados. Al ser un país laico las causas de separación matrimonial pasan a la jurisdicción civil (el Código Civil habla de causas de separación matrimonial y el artículo 82 habla de la causa de malos tratos, de determinadas causas de infidelidad y demás) y como reacción a toda esta política del Tribunal Eclesiástico, desde mi punto de vista tan terrible y tan perjudicial para las partes, se entró en la línea de intentar aguar absolutamente todas las causas de separación matrimonial.


Lógicamente, la jurisprudencia ha ido avanzando siempre en el de que no hay necesidad de entrar en las causas de separación matrimonial; hablemos solamente de los efectos. En este momento tú inicias un proceso de separación matrimonial. En cuanto ambas partes piden la separación, aunque sea por distintas causas, el juez no entra a valorar la causa, por lo que automáticamente se les concede la separación. Esto, que en principio podíamos decir que es una cosa positiva al no existir conflicto entre los cónyuges -los matrimonialistas estamos absolutamente a favor de ello-, tiene un gran defecto, y es que aunque inicies un proceso de separación matrimonial con unos malos tratos reales, automáticamente el juez no va a tener en cuenta para nada los malos tratos. Va a considerar que es un tema penal y que ya será la jurisdicción penal la que se encargue de imponer la sanción oportuna ante esos malos tratos. ¿Qué conlleva esto? Cosas terribles, tales como que la guardia y custodia de un menor se puede otorgar a un padre que ha sido sancionado por la vía penal e incluso por malos tratos físicos. Parece un poco llamativo decir esto, pero ese es el problema.


La causa de separación no existe, luego cada parte dice, aduce y argumenta lo que considera oportuno en los hechos de la demanda en los que se tratan los temas matrimoniales y el juez automáticamente empieza a hablar de quién es el más idóneo para tener la guardia y custodia de los hijos.
¿A qué conlleva eso? A que inicialmente empezamos a valorar quién es el más adecuado para tener la guardia y custodia. Automáticamente

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los jueces de familia se remiten, en el 99,9 de los casos de conflicto de guardia y custodia, a los informes de los equipos psicosociales. ¿Qué pasa con los equipos psicosociales? Adolecen del mismo principio que el juez. El juez no entra en la causa y los psicólogos tampoco entran en la causa de separación matrimonial, tampoco entran en averiguar si existen malos tratos. Realmente en los tribunales nos encontramos con una indefensión impresionante, tanto yo como todos los compañeros y compañeras que nos dedicamos a esta materia, y fundamentalmente aquellos que estamos más sensibilizados con el tema del maltrato, porque cuando inicias un proceso de separación, por ejemplo, pides la ratificación de ese informe psicológico y consultas y preguntas a los psicólogos sobre cómo se puede dar la guardia y custodia de un menor a un padre violento, la contestación de los psicólogos es la siguiente: Señora letrada, nada tiene que ver que el padre o el marido haya maltratado a su mujer con que sea un buen padre. ¡No te lo pierdas! ¡No nos lo perdamos! Es terrible, pero es la realidad. Ellos entienden perfectamente que puede ser un buen padre, y ¿quién es un buen padre? Pues un buen padre es el que ocupa mucho tiempo con su niño, el que tiene un horario mejor que la madre, el que tiene una dedicación por llevarle al colegio o al médico; es decir, se atiende a circunstancias que no cabe duda que se tienen que tener en cuenta, pero para nada valoran que sea un maltratador, porque entienden que eso ya tiene su sanción penal y ¿cómo nuevamente ponerle otra sanción desde un punto de vista civil a un maltratador? Obviando absolutamente que ese niño va a vivir esa conducta, la va a reproducir, la va a aprender y va a volver a seguir haciendo niños maltratadores en el futuro y a las niñas futuras víctimas.Por eso la valoración de la causa de separación matrimonial me parecería excelente, y además hay un anteproyecto de ley en este momento, y quiero que SS.SS. lo tengan muy presente, en el que se habla de hacer una separación matrimonial e ir directamente al divorcio prácticamente sin causa. Excelente en aquellos casos en los que no existan malos tratos, en aquellos casos en los que sea una mera ruptura de la unión matrimonial, de sentimientos, de convivencia, de una serie de cosas, perfecto, no culpabilicemos, no entremos a hacerles pasar por un drama por esta situación, pero nunca esas separaciones pueden ser sin causa cuando existen malos tratos, porque la repercusión que tiene de futuro es importantísima para los hijos, para la guarda y custodia, para el régimen de visitas, y en este momento es muy habitual que a maltratadores se les esté dando un régimen de visitas a favor de sus hijos, por el mal entendido principio de que los hijos tienen también derecho de estar en contacto con su padre. Un derecho fundamental de los hijos es estar en contacto con sus padres, pero mucho más fundamental es tener unos padres que les produzcan equilibrio, tolerancia, igualdad y no violencia, es fundamental que esos niños vivan en un clima de paz. Si no, no arreglaremos nada ni con esta ley ni con ninguna otra.


En las leyes es muy importante el compromiso, el marco que les estamos dando, la vía civil, la vía penal, la coordinación, es absolutamente imprescindible -y yo me defino de una manera clara- para los juzgados especializados en violencia de género, pero todavía pongo mucho más hincapié en que es imprescindible que la formación de los agentes que tienen que dar respuesta hacia el maltrato sea una formación en género, que conozcan lo que es la realidad del tema del maltrato. Es fundamental que conozcan esa realidad, y no que veamos sentencias en las cuales se dice: esta señora presentó su denuncia y luego la retiró, pues no sería verdad. Eso es desconocer lo que es una mujer maltratada, desconocer los motivos por los que una mujer maltratada está retirando una denuncia.
Pero ¿en qué delito, en qué ordenamiento, en qué situación podemos contemplar que una mujer que denuncia al maltratador siga viviendo con el maltratador? Si es que eso es algo que repudia la razón completamente.
¿Cómo no va a retirar una denuncia una mujer que tiene dependencia normalmente, cuando menos psicológica, del maltratador, cuando es el padre de sus hijos, cuando el maltratador conoce cuáles son todos sus pasos? ¿Cómo no va a tener miedo esa mujer de retirar la denuncia si cuando llegue a casa se puede encontrar con que la amenaza se cumple? ¿Es que no estamos hartos de ver en los medios de comunicación que eso es algo que no nos estamos inventando los movimientos feministas radicales ni nadie, sino que es una realidad que está pasando en este país? Entonces, es fundamental, insisto, que todos los agentes que den respuesta al tema del maltrato sean especializados y conocedores de la realidad. La ley efectivamente habla de formación de agentes, de muchísimos, hablemos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de jueces, de abogados -es muy importante como plantea un proceso de separación o una denuncia un abogado o una abogada-, de fiscales y de jueces, todos necesariamente tienen que conocer la realidad del maltrato para poder proteger a la mujer y dar la sanción adecuada.


Brevemente, porque yo me apasiono con este tema después de tantos años dedicada a él, sí quiero dar dos ejemplos breves y significativos de cuál es el planteamiento judicial que se hace al tema del maltrato. En este momento tengo presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo que espero que prospere, lleva ya un año, es triste que lleve un año y todavía no ha sido ni admitido, es triste pero es una realidad.
Este recurso de amparo está apoyado por 60 organizaciones de mujeres y se plantea porque se da la guarda y custodia de un menor de cuatro años a un padre maltratador que tiene sentencia firme de malos tratos. Tanto la Primera Instancia como la Audiencia dicen que el tema del maltrato no hay que tenerlo presente, también lo dice el equipo psicosocial, y que como el padre parece que tiene algo más de tiempo porque es funcionario, y

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esta señora es dependienta de unos grandes almacenes, es todo su mal, entonces convendría que se le otorgara la guarda y custodia. Eso lo dicen los equipos psicosociales y, desgraciadamente, se puede decir que prácticamente todo lo que plantean los equipos psicosociales los jueces automáticamente lo elevan a definitivo, acuerdan lo que marcan los equipos psicosociales, si hay una recomendación clara sobre el tema de la guarda y custodia automáticamente pasarán a dársela al padre. Si alguien quiere más documentación sobre este recurso de amparo, que espero, insisto, que prospere, estoy a su disposición por supuesto.Me gustaría hablar de otro caso tan sencillo como el de una señora que lleva 51 años recibiendo malos tratos, junto con su hija, amenazas, pequeñas lesiones; lleva 51 años teniendo esta vida. Presenta una denuncia, se hace un juicio de faltas, automáticamente se le sanciona al agresor con 5.000 pesetas de multa -estoy hablando del año 1977- y cuando llega a casa con esa sentencia -está conviviendo con el agresor- el agresor la dice que la mata directamente, que la va a pegar cinco tiros. Ella, atemorizada ante la reacción violenta a esta mínima sentencia, automáticamente se va del domicilio, abandona todo, desaparece y presenta otra denuncia que da origen a unas diligencias previas, y esas diligencias previas el juez las archiva porque dice que la jurisdicción penal con el principio fundamental de no intervención, de la mínima intervención, como muy bien conoce nuestro anterior compareciente, no está para temas familiares habituales de riñas y cosas de este tipo, considerando que él está para otras sanciones, otros delitos de mayor calado. Esa es, desgraciadamente, la realidad.


Insisto, brevemente, en que me parece que es muy importante hablar de la coordinación, es muy importante que se hable de formación de todos los equipos. No es lo mismo que un policía recoja una denuncia con rigor, con un atestado en el que se incluyan señales y fotografías, al igual que se hace, por ejemplo, en el caso de un accidente de coche. Cuando se produce un accidente de coche se tiene mayor rigor a la hora del atestado.
Hablamos de un atestado en el que se cumpla todo, en el que se hable con los testigos y con los vecinos. Con todo ese instrumento, con todo ese atestado es muchísimo más fácil para el juez poder evaluar una situación de maltrato. Es importantísimo que los equipos psicosociales conozcan la realidad del maltrato, y esta es una lucha que llevo desde hace años. He hablado con todos los organismos, he hablado con el decano del Colegio de Abogados, con el decano de justicia, con todos, para que los equipos psicosociales conozcan la realidad del maltrato, porque hay unas secuelas en la mujer maltratada que son muy fáciles de visualizar, incluso hasta en la mirada; se conoce a una mujer maltratada en la falta de autoestima.
Es decir, hay montones de cosas que nos pueden hacer ver la existencia del maltrato psíquico. ¿Cómo demostramos la existencia del maltrato psíquico si no hablamos de equipos psicosociales, de equipos psicológicos que evalúen el miedo, el daño que ha sufrido una mujer maltratada o todo su entorno? Insisto, es fundamental que haya formación. Si queremos que esta ley entre en vigor, si queremos que tenga su aplicación y vaya avanzando en el camino de la erradicación de la violencia, es fundamental, y así lo he hecho ver en el Ministerio de Justicia, que exista ya formación de todos los agentes implicados.


Sería importantísimo que los grupos parlamentarios apoyaran esta ley, que la enriquecieran en aquellas materias que consideren que no están suficientemente contempladas y que la apoyaran, olvidándose de protagonismos y de historias de partido. Insisto, es una ley importante.
Como decía el compareciente anterior, es una respuesta única en Europa.
Tendría que exportarse, no habría que contemplarla sólo en España, sino que habría que intentar llevarla a otros países. Sería un modelo adecuado, idóneo e imprescindible para erradicar la violencia. Esta ley, con todo lo que conlleva de aspectos civiles y penales, tiene un aspecto que, desde mi punto de vista, es esencial, y es el tema de la prevención.
La ley habla de la prevención, pero no la trata de una forma estructurada. Todo el dinero que dediquemos a la prevención es un dinero bien gastado, por todo lo que evita de costes sociales, de absentismo laboral, de temas de salud y de cualquier otro orden. El dinero mejor gastado es el dedicado a la prevención en los tres medios que socializan al ser humano, la familia, la educación y los medios de comunicación.
Concretamente en la educación tendría que haber una asignatura curricular en todas las facetas, en todos los niveles educativos, que tratara de no violencia, de tolerancia y de resolución de conflictos. Espero y deseo que esta ley salga adelante. Creo que va a ser un referente importantísimo para ser analizado e imitado en toda Europa.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Bonàs.


La señora BONÀS PAHISA: Muchas gracias, señora Abril, por su intervención, que ha sido muy interesante. Comparto con usted que esta ley debería ser un hito importante en la historia de este país, en la historia de las mujeres maltratadas que hasta ahora han recibido una respuesta muy pasiva por parte de la sociedad, para que no se sientan tan abandonadas. También comparto la preocupación de que estamos hablando de un 10 por ciento de las mujeres y que el 90 por ciento siguen en la oscuridad porque no se atreven a salir. Es importante que esta ley dé instrumentos suficientes para que más mujeres se atrevan a denunciar, para detectar la violencia antes de que se denuncie, para prestar ayuda antes y no esperar diez, veinte años. En este aspecto la ley se ha elaborado demasiado rápido porque ha habido un periodo de vacaciones en medio, si aportaciones como la suya y otras que ha habido estos días se hubieran

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visto antes, si se hubiera dedicado más tiempo a que la sociedad se implicara más en la redacción de esta ley, igual podríamos haber corregido muchos errores que tendremos que corregir más tarde y hubiéramos podido hacer ahora una redacción mejor.Usted ha hablado de la prevención. En la ley se habla genéricamente, habría que perfilar más cómo hacemos la prevención, porque igual si es una asignatura no es interesante, hay que revisar cómo se educa en todos los aspectos y esto en la ley no ha habido tiempo de perfilarlo, de articularlo correctamente. Se habla de formación universitaria, de formación profesional, pero estoy pensando en los profesionales, como ha dicho usted, que ya están trabajando. Me ha preocupado mucho el tema de los sicólogos. Si esos profesionales están trabajando ahora, habría que obligarles a que se reciclaran, a pasar un tiempo de formación, porque si no no haríamos nada esperando a que se incorporen nuevas generaciones ya formadas. Por tanto, coincido con usted en toda esta apreciación.


Esta mañana he estado hablando con un abogado matrimonialista que me ha explicado lo difícil que es en el día a día enfrentar la situación cuando ves que una mujer maltratada retira la denuncia y no puedes hacer nada aunque sepas que está en situación de peligro. He estado pensando que es mucho más complejo de lo que vamos a tratar aquí. Creo que este tema requeriría un poco más de reflexión y esperar a recibir aportaciones como las suyas en forma de enmiendas concretas. Por eso me gustaría saber si tiene alguna enmienda concreta al articulado que podría ser considerada.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Bienvenida a esta Comisión y bienvenida una vez más para colaborar con el Parlamento en la solución de este gravísimo problema de la violencia que sufren las mujeres, violencia que lamentablemente no es de hoy, que atenta a los derechos humanos, a la dignidad humana, en definitiva, a valores fundamentales de nuestra sociedad y que, sin embargo, está presente en una sociedad libre y democrática. Es un fenómeno social contra el que hoy, afortunadamente, todos gritamos y todos pedimos tolerancia cero. Afortunadamente, hoy hay una sensibilidad social y un esfuerzo, y buena muestra de ello son todos los trabajos parlamentarios que se han venido realizando a lo largo de años para que se erradique de la sociedad española. Quiero reconocer expresamente el trabajo de su asociación, pero sobre todo la mucha e importante ayuda que han prestado a muchísimas mujeres que sufrieron la violencia y que siguen sufriéndola, ese esfuerzo continuado a lo largo de muchos años. Se lo quiero agradecer como mujer, como ciudadana y como política, sinceramente.


Creo que es preciso que esta ley que hoy estamos aquí tratando entre todos de perfeccionar, la enmarquemos en todo lo que se ha hecho hasta el momento, en lo que hizo, más concretamente, el Gobierno anterior. Usted recordará que no hace muchos años -y hoy aquí lo ha dicho- esta era una cuestión única y exclusivamente de las ONG y era además un tema exclusivamente privado. Desde hace una serie de años, afortunadamente, forma parte de la agenda política y creo que también de la prioridad política de los gobiernos. Todos recordamos, y usted lo recordará también, cómo por primera vez el ministro Javier Arenas puso sobre la mesa en una conferencia sectorial de la mujer la necesidad de hacer un primer plan de lucha contra la violencia de género, al que siguieron otros planes. Se hacía referencia a la dificultad de tipificar la violencia síquica. Todos recordarán cómo hace muy poco se tipificó que fuese un delito la violencia síquica, y esto lo hizo el Gobierno anterior. También, por ejemplo, que desde la primera agresión se considerase ya un delito esa bofetada -a la que hacía referencia hace un momento- que se daba y que parecía que no tenía ninguna importancia para la persona que lamentablemente la recibía; también la reinserción pasó a contemplarse como un agravante cualificado, algo que creo que es importante; se duplicó el tema del alejamiento hasta los diez años; también algo tan importante como la Ley de la prisión provisional por quebrantamiento de esas medidas de alejamiento, que era básico y fundamental. Esto se ha hecho en estos últimos años. Es importante la aplicación de los juicios rápidos. Lamento que se haya marchado ahora el profesor que ha intervenido anteriormente que decía: los juicios rápidos, según convenga. Creo que a la mayoría de las mujeres que sufren malos tratos lo que le interesa es que los juicios sean rápidos, se resuelva el problema y el agresor esté lo más lejos posible o esté en prisión, si así lo merece, por el delito que ha cometido. En definitiva, agilizar los juicios es una demanda de la sociedad en general y, desde luego, creo que es básico y fundamental en el tema de los malos tratos.


Se han considerado adecuadas multitud de medidas y además han tenido su plasmación más importante en la primera ley que contempló medidas de protección integrales -no nos podemos olvidar de eso-, que fue la orden de protección. Aquí hay medidas de tipo civil, igual que las hay en esta ley; hay medidas de tipo penal, como hay ahora en esta ley; hay medidas de tipo social, como hay en esta ley; hay medidas de tipo económico, como hay en esta ley. Sin duda esa fue la primera ley que estableció medidas de carácter integral, exactamente igual que ahora las hay en esta otra.
No es que esta sea una ley integral y la Ley de la orden de protección no lo sea. Por parte del Gobierno ya se ha rectificado el título; es la Ley de medidas de carácter integral. Es así, no es que sea la ley integral.
Es decir, fue la primera vez que se introdujeron esas medidas de tipo penal, de tipo social.


Usted hacía referencia a una preocupación y a una inquietud que yo comparto. Esto ya se ha recogido, ya

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se ha modificado en la legislación. Al haberse modificado la legislación hoy en día un maltratador puede perder la guarda y custodia de los hijos, la patria potestad de los hijos. Eso por lo que se clamaba como una auténtica necesidad ya es posible desde hace muy poco, año y medio aproximadamente, porque se ha modificado la legislación. Por tanto, esa preocupación que usted expresaba -desde luego coincido claramente con todas las reflexiones que ha hecho- creo que hoy podemos ir despejándola gracias a una legislación que se ha ido modificando. Hoy estamos aquí para conseguir entre todos que esa ley que contiene medidas de carácter integral sea lo mejor posible. Desde el primer momento nuestro grupo ha anunciado su apoyo, como también se consiguió, cuando gobernaba el Partido Popular, el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas para esa Orden de protección integral. Me parece, además, que esa es la forma de trabajar en este importantísimo problema que está en la sociedad y que afecta a las mujeres.Quisiera hacer unas reflexiones y preguntarle algunas cuestiones concretas desde nuestro espíritu de colaboración y desde ese deseo de que la ley sea eficaz. Usted sabe muy bien la importancia que tiene en este proceso la coordinación de todas las administraciones y conoce bien la importancia que tienen las ayudas que pueden prestar, cuando existen organismos adecuados, las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, que son básicas y fun­damentales. ¿Por qué? Porque las competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales han sido transferidas a las comunidades autónomas. Piense que muchas de las cosas a las que usted se ha referido -que yo comparto totalmente y no sólo porque sea docente- se fundamentan en la prevención, que va ligada a la educación; pero es que esta es una competencia que ha sido transferida a las comunidades autónomas. ¿No le parece que esta ley tendría que haber sido consensuada con las comunidades autónomas, que son las que luego tienen las competencias para llevar a cabo estas cuestiones? Hay algunos artículos, como el artícu­lo 14, en donde hay una absoluta inconcreción, porque se habla de la necesidad de información y asesoramiento. Pero ¿quiénes tienen que proporcionar esto? Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y no se estable­ce ningún mecanismo de colaboración ni ninguna previsión económica para sacarlo adelante, y eso se lo puedo extrapolar a todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el tema sanitario, con el tema de la educación y con el importantísimo tema de servicios sociales.


Seguro que coincide con nuestro grupo en que el tema de seguridad es muy importante, y de hecho hay un artículo, el artículo 27, que se refiere a la seguridad de las mujeres maltratadas, que sinceramente se convierte en una declaración de intenciones. ¿No piensa que falta, por ejemplo, una definición de los programas de protección para las víctimas o que existe una ausencia de medios que hoy son muy importantes, que tienen que ver con la innovación tecnológica, medios telemáticos que son necesarios para aplicar medidas cautelares de alejamiento hoy día tan importantes, o indefinición en el número de miembros que tendrán las unidades especiales? Le digo esto porque nuestro grupo ha planteado una proposición de ley en la que específicamente se habla del tema de seguridad y protección a las mujeres -que yo no sé si usted conoce, pero sí no nos gustaría hacérsela llegar-, que me parece que es un pilar básico y fundamental y que consideramos que queda cojo en este proyecto de ley, que deseamos, repito, pueda ser lo más completo posible y se pueda avanzar en el terreno de la educación y de la prevención, que es básico para nosotros, y también en el tema de la seguridad.


Como sabe muy bien, en función de las posibilidades que había y en ese espíritu de protección y de independencia económica, de la misma manera que en los últimos años se han incorporado muchísimas mujeres al mundo laboral activo, han tenido acceso a la Seguridad Social -usted sabe que la independencia económica es básica y fundamental también para que la mujer pueda afrontar su futuro desde una libertad y una seguridad-, se estableció la renta de inserción activa como una primera medida, el acceso a los planes de empleo, etcétera. Me gustaría preguntarle si le parece suficiente que por ley se establezca que sólo las mujeres mayores de 55 años o de 50 con cargas familiares puedan acceder a ayudas sociales. Desde su experiencia, desde el conocimiento de las necesidades de las mujeres a las que tantas veces ustedes han ayudado y que nosotros se lo agradecemos, me gustaría saber si no sería razonable tener en cuenta otras situaciones personales -no sólo la etiqueta de la edad- y familiares que tienen estas mujeres. También me gustaría reflexionar con usted acerca de si considera -yo le adelanto que nuestro grupo piensa que no y desde luego de manera particular la diputada que le habla- que las medidas educativas que aquí se establecen son suficientes y son la mejor herramienta para lograr ese objetivo fundamental que es la prevención, y en ese terreno ya le he adelantado algunas cosas.


Por abreviar, porque nos hemos alargado muchísimo en el tiempo, me gustaría conocer su opinión respecto a si en esta ley está articulado suficientemente algo en lo que usted ha hecho hincapié, en lo que ha hecho hincapié el profesor anterior y que cualquier persona que conozca la realidad y que tenga sentido común considera que es básico, que es la formación. Porque usted ha hablado de dos cosas que podrían llegar a ser contradictorias. Por ejemplo, ha dicho: es que normalmente los jueces tienen en cuenta lo que dicen los psicólogos. Y añade: y dicen a veces cosas tan terribles como la que ha dado lugar a que ustedes hayan presentado ese recurso de amparo. Y al mismo tiempo dice: es necesario que existan equipos psicológicos. Ahí estamos ante una tremenda contradicción. Es decir, es necesaria la formación. Por tanto, le preguntaría: ¿No considera

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necesario que se establecieran esos equipos psicológicos de médicos forenses e incluso educadores en los juzgados? Soy partidaria de ello, pero al mismo tiempo le digo: creo que las medidas de formación no están perfectamente perfiladas en la ley y que deberíamos de trabajar y de ahondar en ello. Por último, señora presidenta, ¿considera que es importante que cuando una mujer formaliza una denuncia sobre maltrato cuente ya en ese momento con una asistencia gratuita?La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Monteserín.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, doña Consuelo Abril, por su intervención. Nos vemos obligados, a pesar de la hora, a sufrir la desconsideración de algunos grupos ya que, una y otra vez, sus distintos portavoces nos hacen un balance realmente largo y extenso de lo que han supuesto los últimos años en políticas sobre esta materia, quizá obligados por la experiencia de que en los últimos cuatro años se intentó hacer esta ley y no se pudo porque había una mayoría parlamentaria diferente. Ese error en esa votación nos lleva a hacer un recordatorio largo, extenso y, después de tantas comparecencias, hasta un poco tedioso de lo que han sido las distintas medidas escuetas que se han puesto en marcha a lo largo de estos últimos ocho años con respecto a este problema. Estoy totalmente de acuerdo con usted en cuál ha sido el origen y la necesidad de la ley. Efectivamente el papel de las organizaciones de mujeres ha sido fundamental y también lo ha sido -y se lo tengo que decir porque le agradezco sus esfuerzos personales en esa materia- el papel de las mujeres que, con su experiencia personal, laboral y profesional -como ha sido su caso- y también, por qué no decirlo, con su militancia feminista, han contribuido a esto. Cuando hablamos de formación de los distintos agentes que tienen que ver con estos dispositivos, si se leyeran algún manual feminista y algunas de las reflexiones que hemos hecho a lo largo del tiempo quizá bastaría para descubrir lo que es un síndrome de violencia en una mujer. Ha sido posible llegar a este debate, al de una propuesta de ley que recoge por fin un tratamiento y una legislación integral del tema, gracias a este pasado al que han contribuido las mujeres y su lucha tan incomprendida a veces. Y usted lo ha explicado muy bien, como ha explicado muy bien la necesidad de ponernos todos de acuerdo en un término, violencia de género, que es un término común para España y que es un término común internacionalmente.
Se sigue sin entender muy bien por qué sigue habiendo miedo a usarlo como un término normal. La ley lo recoge así y es el único término que puede hacernos entender a todos que estamos hablando de aquella violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.


Ha hecho hincapié en muchos aspectos interesantes, pero dada la hora y dada su experiencia particular y profesional, me gustaría preguntarle dos cosas que tienen que ver con la creación de los juzgados de violencia contra la mujer: si cree usted, desde su experiencia como abogada matrimonialista, que mejoran la tutela judicial efectiva de las víctimas y si la concentración de las competencias civiles y penales ante esos mismos juzgados de violencia contra la mujer también mejoran la tutela efectiva de las víctimas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra nuevamente la señora Abril para contestar lo más brevemente que pueda a estas cuestiones.


La señora PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS MALOS TRATOS (Abril González): Voy a intentar ser lo más breve posible.


Hablábamos de la sociedad y yo creo que en este momento sí se está implicando en este tema. Lo que sí podemos decir -y contesto globalmente para no hacerlo de forma concreta a cada grupo parlamentario- es que la sociedad ha avanzado incluso más que los grupos parlamentarios. Pienso que ha ocurrido así, que los grupos de mujeres y la sociedad están impulsando realmente que esta ley esté en esta situación. Me parece que la implicación de la sociedad es muy importante. La sociedad no sabe de tecnicismos de la ley, pero conoce de la necesidad de esa ley. Las mujeres maltratadas saben que tiene que haber una ley integral -además les suena muy bien, es integral, va a tratar todos los aspectos del maltrato- y, cuando hablas con ellas, con la sociedad en general -con un taxista, con quien sea-, todo el mundo está a favor absolutamente de la ley integral y la sociedad se está implicando.


Nosotras, como Comisión para la investigación de los malos tratos, insisto, propusimos la ley hace más de seis años e igualmente, como es lógico, en su momento, al Partido Popular. Concretamente tuvimos una entrevista con el ministro de Justicia, que en su día era don Ángel Acebes. Nos trató muy amablemente, hablamos de la ley integral, dijimos que la ley integral era realmente una necesidad y que había que llevar a cabo. Nos escuchó, nos dio muy buenas palabras, pero posteriormente, por desgracia, no acogió el tema de la ley integral. ¿Pensamos si efectivamente a lo largo de ocho años ha habido reformas que han ido avanzando y sensibilizando a la opinión pública? Sin la menor duda, reformas han existido, pero desde nuestro de vista han sido bastante descoordinadas. Concretamente estas reformas descoordinadas dieron lugar a la última reforma, a la que hacía mención la representante del Grupo Popular, que aludía a una orden de protección integral, fruto de unas negociaciones entre distintos grupos parlamentarios, pero al no aceptar que existiera esa ley integral contra la violencia de género, se acordó como mal menor, por decirlo de alguna forma, avanzar y hablar de determinados planes y determinadas normativas ya referidas concretamente a la orden de protección

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integral de las mujeres. Sinceramente, no nos sentimos acogidas por el anterior Gobierno. Lo propusimos. Nosotras no pertenecemos a ningún grupo parlamentario ni a ningún partido político, lo único que queremos, fundamentalmente, es defender a las mujeres y que se sientan protegidas, pero debo reconocer que los avances no han dado el fruto necesario. De hecho, nos encontramos con el número de mujeres muertas que hay en este momento, que no decrece. En los juicios rápidos está habiendo muchísimas deficiencias -no tengo tiempo ni creo que sea el momento adecuado para tratarlo- y están restando garantías procesales a las mujeres maltratadas, por ejemplo, a la hora de demostrar la existencia de malos tratos psicológicos. Hay avances. Como digo, la ley integral es muy, muy necesaria porque abarca una globalidad de temas muchísimo más amplia que las pequeñas reformas que se han venido haciendo -no digo que sin buena voluntad-, pero sin una voluntad política real de erradicar este tema. En este momento nosotras decimos que nos sentimos apoyadas por el Partido Socialista y esperamos que, cuando pase el tiempo, podamos seguir diciendo con la misma libertad que tenemos en este momento que nos han apoyado, que la ley está acogiendo todas nuestras indicaciones, nuestras recomendaciones, que nos sentimos acogidas; esperemos que, con el tiempo, podamos mantener esta misma postura y con la misma libertad. Si no es así, lo pondremos de manifiesto ante la opinión pública, pero en este momento, no podemos negarlo, es una realidad: nos sentimos realmente acogidas en este tema.Evidentemente, la ley se puede modificar, se puede enriquecer. ¿Que podemos hablar más de protección? Por supuesto. ¿Que podemos hablar más de lo que es la prevención de la violencia a nivel educativo? Sin la menor duda. Podemos hablar de muchas cosas. De hecho, en mi intento mínimo de esta comparecencia, un poco escasa en cuanto al tiempo, he pretendido decir que, efectivamente, me parece que el tema de formación no está suficientemente contemplado en la ley y no solamente eso, sino que, si queremos que se ponga en vigor esa ley, tendremos que empezar a hablar ya de formación, porque si no será papel mojado.
Insisto, con la anterior legislación -me estoy refiriendo incluso al Código civil y al Código penal-, con voluntad de interpretarla de forma rigurosa, se podrían haber hecho miles de cosas, montones de cosas, si realmente los agentes, los psicólogos, los jueces y todo el mundo hubieran tenido la finalidad de erradicar la violencia y de ser conscientes de cuál es la realidad de ese tema de maltrato. Lo que ocurre es que siempre se ha considerado como un tema menor. Muy significativo es lo que ha dicho anteriormente el profesor: ni los propios profesores de universidad, desde un punto de vista penal, están en la línea de saber si esa ley integral va a tener largo o corto recorrido o en qué consiste; es decir, ni ellos mismos lo conocen. Eso mismo se puede trasladar al criterio judicial. Por eso el Consejo del Poder Judicial dice las barbaridades que dice, porque lo único que hace es manifestar los prejuicios que ha tenido durante toda su vida. Es decir, este es un tema de tanta envergadura, de tanto calado, que es necesario que haya una profundización de ese tema. No parece que con la formación de unos profesionales en el Colegio de Abogados, en unos cursos de 20 horas, se vaya a conocer la realidad del maltrato y lo vayan a tratar con dignidad.
No es suficiente con que los jueces hagan un cursillo o se especialicen.
Este tema es de tal calado que podríamos perfectamente equipararlo a lo que es un especialista en medicina. ¿Cómo un señor que termina su carrera o que no tiene una especialización va a hacer una operación de corazón? Si tenemos un problema específico vamos al especialista, un especialista que requiere muchos y labrados años de experiencia sobre ese tema. En este tema, cualquier juez es apto para tomar en consideración y juzgar cualquier tipo de cosa. Cualquier psicólogo, simplemente por tener unos conocimientos psicológicos, ya tiene capacidad absoluta para poder tratar todos estos temas. Ese es el error. Yo digo y mantengo que los jueces tienen en cuenta unos informes psicosociales que, desgraciadamente, están dictados por gente que carece de formación en el tema del maltrato. Esa es la realidad. Por eso efectivamente es importante todo lo que ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Popular, me parece excelente. Yo espero y deseo que por la vía de enmiendas apoyen al máximo esta ley integral y que la enriquezcan con todas sus indicaciones -que seguro que las tienen y, por lo que me ha manifestado, parecen muy coherentes todas-, para que hagamos una ley que nos interese a todos, que realmente erradique el mundo de la violencia y que las mujeres maltratadas se sientan protegidas por esta ley.


En cuanto a la conveniencia o no de los juzgados especializados, no es que me parezcan convenientes, sino absolutamente imprescindibles. Me parece imprescindible que sean juzgados especializados que tengan competencias civiles y penales, porque es la única forma de coordinar las resoluciones desde una sola visión, y que no sean contradictorias, en las que, por una parte, un juez penal diga que existe un maltrato y, por otra parte, un juez civil acuerde unas medidas de régimen de visitas a favor del maltratador. Eso hará que exista un juez especializado, un juez que realmente sepa lo que es una maltratada y no se atenga, por ejemplo, a casos en los que se ha retirado la denuncia. Este es un procedimiento que se tiene que perseguir de oficio, usted retirará la denuncia o no, pero es un delito que va contra la convivencia de todos los miembros de la familia, es algo que afecta a la estructura familiar y a la convivencia.
Es un bien jurídico dignísimo de protección y esa dignidad de protección hace que, probablemente, sea un delito mucho más terrible que muchísimos otros que son considerados con extensión, con criterios, con argumentos y como atentado al sistema capitalista. Esto es un atentado a derechos fundamentales de las personas. Si no hacemos esto, seguiremos

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teniendo una sociedad enferma, una sociedad violenta, no arreglaremos absolutamente nada. Esos juzgados especializados son fundamentales y en esos juzgados no solamente tendrá que haber agentes, policías que sepan instruir, sino psicólogos que conozcan esa realidad, jueces, fiscales que persigan el delito y que contemplen todos los aspectos civiles de ese maltrato. Es fundamental que esos juzgados sean específicos, que todos aquellos temas que no tienen gran relevancia, que no tienen incidencia desde el punto de vista del maltrato, se traten en la jurisdicción civil, en los juzgados de familia normales y corrientes, y que aquellos otros en los que exista una incidencia específica del maltrato, que requiere un tratamiento completamente diferente a lo que es una separación matrimonial, se traten con el rigor, con el conocimiento, con la profundidad que realmente se requiere, con lo cual, insisto, me parecen necesarios, imprescindibles esos juzgados. Si no existen esos juzgados y son los mismos jueces -a los que me he referido anteriormente en relación con esa sentencia que entiende que es un tema menor, etcétera, y ese juez concretamente es un juez que sigue en la jurisdicción penal- con esas mentalidades, nos dará igual esta ley. Es imprescindible que las partidas de formación sean importantes en los dos campos, en el de prevención y en el de formación de los agentes que tengan que dar respuesta al asunto del maltrato. (La señora Sainz García pide la palabra.)La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Abril.


Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde.


La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, cuando un miembro y portavoz de un grupo pide la palabra, por lo menos tiene que preguntar por qué pide la palabra. Lo lógico y lo natural es que no se diga que no por señas.


La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, usted sabe de sobra que a veces nos comprendemos simplemente con la mirada y en este caso, por la hora que es, no le puedo dar la palabra. Puedo entender sus razones, usted ha expuesto durante su intervención, de exactamente 13 minutos y 27 segundos, lo que ha querido. Creo que a las 15 horas hay que concluir la sesión.


No hay más temas que tratar.


La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, aquí se han hecho algunas acusaciones muy graves que...


La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, no tiene la palabra. Lo siento.


Eran las tres de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


-DE LA SEÑORA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (MUÑOZ DE DIEGO), CON EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 212/000127.)

La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Montserrat Muñoz de Diego, alcaldesa del municipio de San Fernando de Henares. Le damos la bienvenida y agradecemos su comparecencia en esta Comisión. Sin más preámbulo, le damos la palabra para que inicie su exposición.


La señora ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (Muñoz de Diego): En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que se me da de estar presente en esta Comisión de Trabajo y poder exponer cuáles son mis puntos de vista sobre el proyecto de ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y también, en la medida de lo posible, aportar la experiencia de una ciudad como es la que tengo el honor de presidir, una ciudad de 40.000 habitantes en el área metropolitana de Madrid, que lleva realizando un programa integral contra la violencia de género desde el año 1996. Por tanto, hemos podido sacar conclusiones que espero que sean útiles a esta Comisión y, si lo consideran, puedan ser tenidas en cuenta para abordar este problema desde el punto de vista de las ciudades.


Quiero, en primer lugar, valorar positivamente el hecho de que se quiera sacar adelante una ley integral. Yo soy una firme convencida de que sólo de una manera integral se pueden abordar procesos tan complejos como la violencia de género, no podemos pensar que las soluciones vengan dadas desde un solo ámbito. Es un tema que abarca muchas disciplinas, que afecta a muchos ámbitos de la vida y que desde mi modesto punto de vista tiene mucho que ver con los modelos sociales, con los roles que cada uno de los ciudadanos de un Estado asume. En ese sentido, hablar de violencia doméstica o violencia de género sin hablar a su vez de la desigualdad sería un error. Hay que trabajar luchando contra la violencia de género, pero, a su vez, hay que trabajar en un amplio ámbito que es el de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ese debe ser el camino para abordar no solamente el tema de la violencia de género, sino otras desigualdades que las mujeres sufrimos en la sociedad española y en otras sociedades. Además, comparto con la propuesta de ley el modelo, por un lado, de prestar protección a la víctima y, por otro lado, de persecución en este caso a quien cometa un delito de violencia contra su compañera, su esposa, etcétera. Comparto también la necesidad de trabajar en la sensibilización y en la prevención de estos fenómenos.


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Por tanto, hay un diseño en la ley que, si bien podría a mi juicio incorporar algunas cuestiones, puede encajarse como un diseño adecuado por ese ámbito de integralidad. Creo también modestamente que algunos elementos podrían introducirse y es lo que, si me permiten, me gustaría hacerles llegar con la experiencia del ayuntamiento que desde el año 1995 dirijo.En el municipio de San Fernando de Henares pusimos en marcha en el año 1996 un programa integral de violencia de género, que se compone básicamente de un equipo multidisciplinar en el que hay una trabajadora social, una abogada, una psicóloga y una responsable de la Policía local, que en este caso es cabo. Está coordinado por dos áreas, el área de Servicios Sociales y Mujer y el área de Policía local, porque parte de los asuntos que trata este programa llega al ámbito del ayuntamiento a través de mujeres que han acudido a la Policía local a denunciar una situación de maltrato. Otra buena parte de los casos que se abordan en este programa no llegan a través de la Policía, sino de los propios servicios sociales generales que detectan muchas situaciones familiares, detrás de las cuales en muchas ocasiones se encuentra una situación de violencia. Este programa se puso en marcha en el año 1996, con esos recursos técnicos adscritos al mismo, siendo en el año 2000 cuando, tras evaluar cuatro años de programa y realizada la encuesta que nosotros hacemos a las mujeres que han acudido al mismo, nos dimos cuenta de que había una demanda que empezaba a convertirse en una necesidad para todas las mujeres incorporadas a ese programa, algo imprescindible para poder continuar con la construcción de una nueva vida lejos de su agresor. Se trataba del apoyo a sus hijos y a sus hijas menores, sobre todo apoyo psicológico, que nosotros incorporamos a este programa en el año 2000.
Fue una reflexión que hicimos después de bastantes años de poner en marcha este programa.


Ahora mismo, además de esa atención a las mujeres en el ámbito que antes he dicho, multidisciplinar, y de tener un espacio específico en la oficina de desarrollo local para poder encauzar su inserción laboral si es preciso, existe ese espacio de atención a los menores, ya que era una dificultad con la que se encontraban las mujeres para poder rehacer su vida fuera de la espiral de la violencia, teniendo también que superar sus propios hijos el hecho de haber vivido una situación muy compleja en su ámbito familiar, debiendo ser capaces de luchar contra ella, de abordarla con sus recursos personales; necesitaban ayuda para hacerlo, con lo cual desde el año 2000 nosotros incorporamos a ese programa el apoyo psicológico a los menores.


Este equipo multidisciplinar se encarga básicamente de articular todos los mecanismos y todos los recursos municipales y supramunicipales que existen para que las mujeres que se incorporan al programa puedan tener desde asistencia psicológica a asistencia jurídica, pasando por la ayuda para comenzar un itinerario y poder acceder a un empleo si lo necesitan y sobre todo para poder acceder en muchos casos a una vivienda. Estas son las dos peticiones que más nos han planteado las mujeres durante estos ocho años tras decidir alejarse de su maltratador. Hay dos demandas fundamentales: la primera es el empleo en el caso de que no estén trabajando, o un empleo de mayor calidad que el que tienen debido a que cuando se separan no tienen recursos suficientes para salir adelante, y la segunda es la vivienda. En muchas ocasiones nos hemos encontrado con que la vivienda que compartía la pareja era de alquiler y eso provoca que la mujer, aunque se quede en la vivienda, tenga que hacer frente a unos gastos que por sí sola es muy complicado que los pueda asumir. Por ello se trabaja también en la línea de intentar facilitar el acceso a la vivienda.


Una vez iniciado el programa en el año 1996, en el ayuntamiento se fueron haciendo protocolos de actuación por los propios profesionales, los cuales permitían que hubiera una relación directa entre las diferentes instancias municipales, de tal manera que si una mujer llegaba a cualquier dependencia municipal y se comprobaba que había sido objeto de violencia de género, de violencia doméstica, lo que se hacía por cualquier departamento municipal era dirigirla a estos profesionales, que son los que llevan adelante el programa en la ciudad. Todas las áreas del ayuntamiento saben en qué consiste el programa, qué recursos tienen y cómo derivar hacia dicho programa a las mujeres que acudan. Una preocupación que nosotros tuvimos cuando lo pusimos en marcha fue intentar coordinar los esfuerzos y sobre todo que las mujeres que acudían al programa no sintieran en ningún caso que las estábamos, como se dice vulgarmente, mareando, sino que en cualquier lugar del ayuntamiento iban a encontrar una respuesta a su llamada telefónica al responsable del programa, evitando lo que en muchas ocasiones habíamos percibido, el desánimo de las mujeres por ir de uno a otro departamento, lo que hacía que al final perdieran la esperanza de que realmente se las pudiera ayudar; iban a sentir que el ayuntamiento no sólo había asumido el reto de ayudarlas, sino el compromiso político claro de que la violencia no era un tema privado, sino que afectaba a la salud de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. Por tanto, el ayuntamiento tenía la obligación de poner todos los medios a su alcance para que no nos tuviéramos que avergonzar de tener en nuestra sociedad ciudadanas que estaban sufriendo la lacra de la violencia cotidianamente. Ésa fue la filosofía del programa, llevado a cabo en su mayoría por mujeres, que se sienten profundamente satisfechas del mismo, sabiendo que se han conseguido los éxitos posibles desde la perspectiva profesional y también desde la perspectiva social. A mí me gustaría decirles que este programa ha tenido un éxito del cien por cien, pero no ha sido así. Por diferentes razones, probablemente por errores propios del ayuntamiento o también por decisiones personales de ellas mismas, no hemos conseguido que algunas mujeres salieran de la espiral de la violencia, pero un 70 por

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ciento de mujeres ha salido, ha rehecho su vida; ahora mismo tienen autonomía personal y pueden enfrentarse a la vida como cualquier otro ciudadano o ciudadana libre que puede tomar sus propias decisiones.Este programa tiene algunos componentes que también quería señalar porque tienen que ver con lo que luego plantearé referente a la ley. No oculto que es un programa que tiene un coste económico muy alto. Si me permiten, al finalizar mi comparecencia les haré entrega del programa, pidiéndoles disculpas porque está elaborado antes de 2003 y por tanto las referencias legales no están actualizadas, pero el programa y la forma de trabajar sí lo está. Es un programa muy caro porque todas las profesionales que trabajan en el mismo son cualificadas y reciben unos salarios que suponen un coste. Por dar un dato, solamente el coste del personal directo que trabaja en el mismo es de cerca de 150.000 euros anuales, sin incluir el coste de la policía que hace el seguimiento de órdenes de protección o del agente que trabaja en el ámbito de los itinerarios de empleo, etcétera. A ello hay que añadir las ayudas de emergencia que en muchas ocasiones hay que hacer llegar a estas mujeres porque hay veces que se encuentran en la calle con lo puesto, o la necesidad de alquilar una vivienda, lo que hace necesario contar con esas ayudas de emergencia, sin contar lo que destina el ayuntamiento a prevención y sensibilización, que es un programa al que destinamos anualmente entre 9.000 y 12.000 euros.
Ésa es la cantidad que anualmente venimos destinando a programas de prevención dirigidos al conjunto de la población, muy especialmente a los chavales y las chavalas que están en los institutos porque creemos que es una población diana con la que es importante trabajar para diagnosticar las posibles relaciones y fomentar que se pueda vivir desde la igualdad, que a nuestro juicio es un elemento que facilita que no haya violencia de género.


Una vez planteados los términos del programa, me ha sorprendido que esta ley no haga ninguna mención a los ayuntamientos. Creo que una ley que pretenda luchar contra la violencia de género se tiene que poner en marcha desde la cercanía, tiene que ser una ley que establezca los recursos allá donde la mujer puede acceder más fácilmente a ellos, y ese lugar no es otro que los propios municipios y los ayuntamientos. Desde mi modesto punto de vista, la ausencia de los municipios es un error porque deben jugar un papel muy importante en la lucha contra este tipo de violencia. Además, en este país hay sobradas muestras de que los municipios, a través de los servicios sociales generales, a través de programas específicos o a través de las policías locales, hemos ido intentando tapar huecos que no se estaban cubriendo por otras administraciones. Esa experiencia debería ser recogida en esta ley y debería darse un papel importante a los ayuntamientos en la misma.


En segundo lugar, me ha sorprendido -y me gustaría mencionarlo- que el papel de las policías locales, que está siendo muy importante en la lucha contra la violencia de género, solamente aparezca en la ley en referencia a la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de órdenes de protección. Sin embargo hay un problema cotidiano que les pediría que estudiaran si es posible. Hoy nos encontramos con que una mujer que ha sido víctima de violencia acude a la Policía local, cuenta su experiencia y se la toma la declaración oportuna, pero eso no sirve como denuncia, tiene que volver a hacer lo mismo con la Policía Nacional. Les pediría que en este ámbito se tuviera en cuenta que la actuación policial fuera única, de tal modo que, bien por atestado o bien por intervención de la Policía local o de la Policía Nacional, se diera por iniciado el trámite de denuncia y se evitara a la mujer pasar por plantear las mismas cuestiones en dos ocasiones.


Otra cuestión que me preocupa y que también quiero plantearles es que creo que esta ley debería establecer el protocolo de actuación y de relación en las situaciones de emergencia. Hay ocasiones en las que la violencia de género se detecta en los servicios sociales, otras veces se ha detectado en la escuela y otras veces se ha detectado en la Policía local; unas veces se hace a través de denuncia y otras veces se hace por intervención de la trabajadora o del trabajador social, que tiene la percepción de que algo está ocurriendo y que ofrece los servicios municipales, pero la ley debería prever la necesidad de establecer los protocolos de actuación que permitieran que, ante el conocimiento de la situación de violencia, todo el mecanismo se pusiera en marcha. Eso, dicho así, parece muy sencillo, pero yo, que he tenido que dirigir un ayuntamiento, sé que no es tan fácil. Si no hay un protocolo de actuación pactado y previsto entre los diferentes elementos que intervienen puede llegar un momento en que la actuación se quede en nada. Es importante que esta ley prevea la coordinación de todos los recursos, que prevea los protocolos de actuación para que ninguna mujer que inicie el camino de lucha contra la violencia de género, a través de denuncia o simplemente contando su situación a una trabajadora social, se encuentre con que no puede dar el paso siguiente para continuar luchando contra la violencia.


También quiero transmitir otra cuestión que es muy doméstica, pero que a los ayuntamientos, por lo menos al mío, les preocupa. En algunas órdenes de alejamiento, en algunas sentencias se establecen determinadas medidas para el régimen de visitas de los padres a los menores, y nos hemos encontrado con que en algunos ayuntamientos, sobre todo medianos y pequeños, no se ha articulado todavía un mecanismo de puntos de encuentro medianamente racional, a mi juicio, que no dependa de la buena voluntad de un ayuntamiento o de otro; debe haber puntos de encuentro que sean controlados o dirigidos -desde mi modesto punto de vista- por la Administración de justicia y que sirvan para hacer cumplir las sentencias. Ese es un déficit que existe ahora mismo y que algunos ayuntamientos, debido a

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su tamaño, no van a poder cubrir nunca ni con buena voluntad.También me gustaría mencionarles otro problema que hemos tenido en mi ciudad, en la que tenemos este programa, lo que nos ha permitido detectar algunos problemas. Estaría bien que entre todas esas medidas cautelares y esas modificaciones legales que se proponen, y en las que yo no voy a entrar porque no estoy aquí en calidad de jurista y por tanto no me considero capacitada para hacer una valoración de las mismas, se podría plantear la posibilidad de que las sentencias establecieran los mecanismos de confidencialidad de los datos. Voy a contarles casos que están ocurriendo y que probablemente con una sentencia y con una medida cautelar en ella se corregirían. Nosotros nos hemos encontrado con padres que tienen la patria potestad de sus hijos con sus ex mujeres, con datos protegidos, que sin embargo han ido al ayuntamiento a pedir un certificado de empadronamiento de sus hijos. Legalmente ese certificado de empadronamiento no se le puede negar a un padre que tiene la patria potestad de sus hijos, pero el certificado de empadronamiento lo que determina es el domicilio de la madre. Esas cuestiones, que puede parecer que no tienen excesiva transcendencia, en muchas ocasiones pueden estar poniendo en peligro incluso el cumplimiento de una sentencia. A los ayuntamientos nos llegan en muy pocas ocasiones las sentencias judiciales con la confidencialidad de los datos, a veces nos llegan con respecto a las mujeres, en ningún caso respecto a los menores. Esas modificaciones legales se tendrían que tener en cuenta, porque a través de los menores lo que se consigue es localizar a la madre; y de nada sirve la confidencialidad si se la localiza de otro modo. Esta sería, si es posible, una nueva medida cautelar que sobre todo evitaría muchos conflictos en los municipios; nos vemos en la tesitura de, sabiendo que eso se va a utilizar para localizar a la madre, que legalmente no podemos denegar un certificado de empadronamiento a un padre que tiene la patria potestad de un menor.


Esas situaciones nos han llevado también a la conclusión de que los municipios tenemos, además de una Policía local que protege lo que puede, porque los recursos son limitados, que cumplir otra función que es cuidar a nuestros ciudadanos, no sólo porque haya policías sino porque nos tenemos que cuidar entre todos, porque defendemos un modelo de convivencia. Para eso hace falta mucha sensibilización, hace falta mucha prevención y hace falta mucha información. A los ayuntamientos nos llega poca información, los recursos para este tipo de programas nos llegan a través de las comunidades autónomas y en general tenemos muy poco margen para poder incluso organizar los propios servicios, atendiendo a las necesidades de nuestra ciudad. Por ello pediría a esta Comisión, a quien corresponda, que se tenga en cuenta a los ayuntamientos, que se tenga en cuenta a los servicios sociales municipales, que se tenga en cuenta que sin los ayuntamientos esta ley no podrá funcionar, porque o se ejerce, como he dicho antes, desde la cercanía, se pone en marcha desde la cercanía, o no servirá de nada. De nada servirá que en el centro de Madrid haya, no seis profesionales, 60 profesionales, si esos profesionales no están cerca de las mujeres, no están en sus ciudades, no están en sus barrios. Y para eso es imprescindible a mi juicio que esta ley también establezca ámbitos de actuación. No vale exclusivamente con decir que habrá un equipo multidisciplinar, hay que decir cuántos equipos multidisciplinares, dónde y para qué coberturas. Hay un modelo en este país que, con sus defectos, puede seguir funcionando; es el modelo que hay de servicios sociales. Los servicios sociales municipales están concertados con las comunidades autónomas y en algunos municipios mancomunados, porque son municipios muy pequeños. Es el ámbito de actuación de esta ley y se debe hacer con la colaboración y el empuje de los ayuntamientos. En general, si alguien ha visto mujeres en situaciones dramáticas de maltrato han sido las concejalas de mujer o los concejales de servicios sociales, los alcaldes y las alcaldesas; es donde van a acudir las mujeres porque es lo que conocen, lo que tienen más cerca y donde esperan encontrar soluciones.


Quería asimismo señalar que en el ámbito de apoyar el acceso a la vivienda de estas mujeres, como antes he dicho, nuestra experiencia es que son dos las preocupaciones fundamentales: el empleo y la vivienda. Una vez que la mujer ha tomado ya la decisión de alejarse del maltratador, la vivienda y el empleo son dos de sus retos fundamentales. Debo destacar que muchas de estas mujeres no piden tanto una vivienda en propiedad, sino un lugar donde poder irse a vivir mañana para poder iniciar una nueva vida. Creo que sería correcto establecer medidas de apoyo al acceso a la vivienda, no necesariamente de adjudicación de una vivienda definitiva, sino lo que en muchos casos se ha conocido tradicionalmente como el apoyo a esas mujeres para que alquilen una vivienda hasta que puedan comenzar un nuevo proceso vital. Lógicamente se tendrán que enfrentar a él con las mismas desventajas o ventajas que el resto de la población, pero en todo caso hay que ayudarles a dar ese paso.


Hechas estas sugerencias, si me lo permiten, me gustaría mencionar solamente dos cosas más, para no cansarles mucho, porque además se lo voy a dejar todo por escrito. Quien ha hecho este programa no ha sido la alcaldesa sino las profesionales y los profesionales que hay en mi ciudad, a los que yo tengo la obligación de reconocer que son excepcionales y que se han creído este tema igual que se lo ha creído el equipo de gobierno y el conjunto del ayuntamiento, porque estos programas siempre han sido aprobados por unanimidad en nuestra ciudad y yo creo que eso ha ayudado a que los programas hayan sido un éxito.


Esta ley necesita financiación y a nadie se le debe escapar que es una ley cara. Yo sé, por la experiencia de mi ciudad, que, solamente para una ciudad de 40.000

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habitantes, el coste es alto. También creo que, cuando se tiene un 70 por ciento de casos de éxito, el coste es ridículo porque hemos conseguido que el número de mujeres que han acudido haya salido de la espiral de violencia y sobre todo hemos conseguido dignificar nuestra sociedad; cuando conseguimos que una de estas mujeres pueda salir de esa situación, dignificamos al conjunto de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.
Pero hay que decir claramente lo que se va a financiar y lo que no, porque si hay algo desesperante para una mujer que viva esta situación, es la frustración. Yo creo que hay que dar la esperanza que las mujeres sean capaces de constatar con la realidad, la esperanza que la ciudadanía pueda constatar con la realidad, porque es algo terrible ya digo, ante una situación tan dramática, encontrarse con la frustración. Y creo que ustedes tienen la responsabilidad de asumir ese reto para no frustrar las esperanzas del conjunto de la sociedad y sobre todo de las mujeres que vayan a querer acogerse a esta ley para mejorar su vida.Les pediría también que contemplaran la situación de absoluta desprotección en la que están dos colectivos de mujeres que sin embargo acuden a los servicios municipales habitualmente. Uno son las mujeres inmigrantes que no están legalizadas; no tienen ninguna posibilidad de acceso a ningún tipo de prestación y se están encontrando en muchas ocasiones con la única alternativa de volver al lugar donde han sido maltratadas. Ahora mismo, en nuestra ciudad, los únicos que estamos pudiendo aportar algo a esas mujeres somos el equipo del ayuntamiento, a través de ayudas de emergencia. No pueden percibir las rentas básicas, no pueden tener ningún acceso a ciertos beneficios y estamos abocando a muchas de estas mujeres a volver a los brazos de su maltratador. Creo que es imprescindible que esta ley prevea, como una cuestión de emergencia absoluta, la situación de estas mujeres inmigrantes que no están regularizadas, porque realmente cada vez hay un número mayor que acude a estos servicios, y una sociedad democrática no puede decir a una mujer en esta situación que, como no está legalizada, tiene que volver a los brazos de su maltratador. Eso debe ser contemplado por esta ley.


Debe contemplar, a mi juicio, también cómo se atiende a las mujeres que, además de ser víctimas de malos tratos, tienen algún tipo de adicción.
Ahora mismo hay muchos problemas con mujeres que, además de ser víctimas de malos tratos, tienen algún tipo de drogadicción. No hay recursos públicos para ellas, ni casas de emergencia, ni casas de acogida, y esas mujeres, además del problema de marginalidad que ya tienen por sus adicciones, tienen el problema añadido del maltrato. Al final, ni solventamos su problema de adicción ni solventamos su problema de maltrato. Son también víctimas de la violencia de género, hay que contemplarlas y esta ley debe ser en ello generosa. Debe ser generosa con las mujeres, digo, porque eso significa ser generosa con la sociedad que pretende hacer justicia ante una situación profundamente injusta. Como he dicho antes, también esta ley debe contemplar la situación de los menores, porque ninguna mujer -por lo menos de las que nosotros hemos atendido- desea salir de esa espiral sin sus hijos. Quiere salir adelante con sus hijos y con unos hijos que hayan recibido la atención psicológica necesaria para afrontar una situación, que no debe ser nada sencilla, como es haber vivido la violencia de su padre hacia su madre cotidianamente. Eso forma parte también de lo que yo entiendo por la espiral de violencia de género que afecta a las mujeres, pero que tiene daños colaterales tremendos. Esos daños colaterales también hay que tratarlos, desde mi modesto punto de vista, en esta ley.


Espero no haberles cansado demasiado, haberme ajustado a mi tiempo y si no lo he hecho lo lamento.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Muñoz de Diego.


¿Qué grupos desean intervenir?

La señora García, por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Quiero agradecer a la alcaldesa de San Fernando de Henares, doña Montserrat Muñoz, su intervención, con la que nos ha puesto al corriente de una experiencia municipal concreta en materia de violencia de género. Desde el primer momento pensamos que era necesario que a estas comparecencias vinieran de diferentes municipios, y si era posible de diferentes dimensiones, convencidos de que no será posible aplicar esta ley si no recoge de alguna manera la pluralidad y la diversidad, tanto en población, como en recursos, como en posibilidades, de las diferentes tipologías de municipios de todo el Estado; es impensable. Ayer escuchábamos lo sucedido en un municipio de 5.000 habitantes y hoy estamos conociendo la experiencia de un municipio de aproximadamente 50.000; quizá no podamos escuchar otros, pero me parece que es importante y necesario.


Querría empezar por felicitarla como alcaldesa, felicitar al Ayuntamiento de San Fernando de Henares por esta iniciativa, por este programa, además de decirle que, si bien ha dicho que el programa no ha sido el alcalde, la alcaldesa en este caso, quien lo ha desarrollado, quien lo ha llevado adelante, sino que han sido los trabajadores, los técnicos, etcétera, dado que he llevado los dos sombreros en diferentes momentos de mi experiencia profesional y política, técnica y política, eso es cierto, que son los técnicos los que lo desarrollan, pero que no es posible hacerlo sin voluntad política que es donde se inicia la posibilidad de resolver los problemas. La voluntad política en este caso del Congreso de los Diputados, de nuestro Gobierno en estos momentos, es aprobar esta ley tan importante. Nos alegramos de ello desde el primer momento y queremos aportar humildemente lo que sea posible porque, como cualquier propuesta que se hace, creemos que es mejorable.


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En todo caso, es una voluntad política y esto va a ayudar a que avancemos en este problema. Y voluntad política sin duda de llevar adelante este programa es la de su municipio.Como usted muy bien ha explicado, es un programa que a nivel de costes es importante, sobre todo si tenemos en cuenta que, por lo que yo interpreto, por lo que acostumbra a pasar, en todos los municipios, que en el Estado son unos cuantos, por suerte, hay programas de este tipo y dependen del financiamiento exclusivo del ayuntamiento. No sé si usted lo ha comentado, pero me gustaría que nos confirmara si esto es así o no, si hay financiamiento por parte de alguna otra institución supramunicipal. Es una voluntad política doblemente plausible, puesto que es querer llevar adelante y de alguna forma escoger; posiblemente habrán tenido que dejar, como municipio, de abordar otras problemáticas, otra actividad, y han decidido priorizar esta. Esto es lo plausible, han priorizado la posibilidad de resolver un problema en el municipio que, como muy bien ha dicho, es de salud individual, familiar y colectiva de ese municipio. Por tanto, en nombre de los muchos otros municipios a los que seguramente no podremos escuchar pero que, al igual que San Fernando de Henares, en su momento decidieron desarrollar estos programas, les felicitamos, y en nombre de ellos también, tal y como usted ha dicho, pienso que una de las cuestiones que se deberían hacer en esta ley y que con toda seguridad vamos a proponer es que los ayuntamientos tengan un papel no más importante, sino relevante, puesto que desde la comunidad y la Administración más cercanas es desde donde se detecta el problema y desde donde se puede resolver.


Dicho esto, comentaré que nos parece muy acertada la idea de que, una vez concretado que es desde los ayuntamientos desde donde se debería gestionar el desarrollo de todo lo que suponga esta ley, la manera de gestionarlo y seguramente de concretarlo a nivel de departamentos sería dentro de lo que es la red de los servicios sociales públicos y municipales, sin que esto signifique que cada ayuntamiento después deberá ver de qué manera lo concreta, si es a través de la gestión directa y propia del ayuntamiento, si es a través de convenios, o dando un papel a entidades, a asociaciones, a alguna ONG, etcétera. Me parece que aquí la autonomía de los ayuntamientos es obvia y ha de quedar muy clara, pero en todo caso una cuestión es quién gestionará al final aquella actuación, aquel programa, y otra es que entendamos que la dirección y las directrices por tanto de lo que en el municipio se ha de desarrollar lo ha de hacer el ayuntamiento. O sea, que estamos de acuerdo en este planteamiento.


He tomado buena nota de algunas sugerencias que nos ha hecho, porque realmente las considero muy importantes. Por ejemplo, y aquí se ve una vez más el matiz de los ayuntamientos grandes o pequeños, los puntos de encuentro. Esto en las grandes ciudades en estos momentos lo tienen bastante resuelto, en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes mayoritariamente también, en Cataluña también es así, pero en Cataluña, al igual que aquí y en el resto del Estado, los ayuntamientos más pequeños tienen un gran problema, porque seguramente estamos hablando de dos o tres casos al mes y de un servicio que está ahí y se ha de ver cómo se pueden sostener las dos cosas. Posiblemente sería a través de la Administración de Justicia como tendría que recogerse de alguna manera, puesto que tener bien ubicado y con un planteamiento acertado este servicio no da pie a posibles problemas posteriores en los casos de malos tratos. El tema de las sentencias y de la confidencialidad en lo que se refiere a los certificados de empadronamiento ha pasado en varias poblaciones, fundamentalmente en aquellas más pequeñas, puesto que es cuando se sabe que está viviendo allí la madre, la mujer, y por tanto donde es más fácil ir al ayuntamiento a pedir esta información.


En cuanto a las nuevas situaciones que usted plantea, que las he anotado y que coinciden con las expuestas en otras comparecencias que se han realizado, por ejemplo aquellas relacionadas con la mujer inmigrante, yo quería preguntarle cómo están ustedes resolviendo este problema en estos momentos, porque es un problema grave. Querría saber cómo están haciéndolo con tan pocos recursos, tanto legales como materiales. El problema de las mujeres maltratadas y con adicción no había salido hasta estos momentos en ninguna comparecencia y ciertamente es también un problema que deberíamos tener en cuenta, porque es una doble problemática. En estos momentos, los recursos existentes descartan totalmente la posibilidad de atender este tipo de problemáticas.


Finalmente, coincido plenamente con el planteamiento que ha hecho de los menores. Esta diputada siempre ha insistido en esta preocupación y continuará haciéndolo siempre que le sea posible, puesto que me preocupa enormemente. Comparto y entiendo que hayan tenido que añadir al programa de actuación el psicólogo infantil, a petición en este caso de las propias madres, porque esta es la experiencia que desde mi modesta aportación puedo decir que he vivido. Se tuvo que ampliar en el lugar donde desarrollaba esta actuación, puesto que las madres eran las que lo pedían; incluso al cabo del tiempo volvían y decían que sus hijos estaban teniendo una serie de problemas que venían de aquellos años de convivencia familiar y veían y preveían que iban a ser niños con dificultades posteriores. Solicitaban por ello al ayuntamiento este soporte y esta ayuda profesional.


No querría extenderme más. Me ha parecido muy interesante su intervención por la que de nuevo le doy las gracias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Castellano.


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La señora CASTELLANO RODRÍGUEZ: En primer lugar quiero agradecer la exposición que ha hecho la señora alcaldesa, porque yo también soy concejala de un municipio de 100.000 habitantes en Gran Canaria, en Telde concretamente, y estoy de acuerdo con prácticamente la mayoría de las cosas que usted ha expuesto; son prioridades y necesidades que tenemos todos los municipios. Nos preocupan muchísimas cuestiones de diferentes ámbitos, creemos que no quedan del todo resueltas en la ley y nos gustaría contar con su apreciación en este sentido.


En el ámbito educativo hay una declaración de buenas intenciones, sin embargo no se garantiza la obligatoriedad de las mismas y tampoco se especifican los objetivos ni las medidas concretas que se van a poner en marcha en este ámbito. En cuanto a la ausencia de los municipios en la asistencia social integral de la que usted hablaba, lo vemos todos los que tenemos competencia municipal, no figuramos los municipios, sin embargo, cada vez tenemos más protagonismo. A partir de que se dictó la orden de protección a las víctimas son muchísimas más las mujeres que pasan por las concejalías de la mujer, muchísimas más las que presentan denuncias y muchísimas más las que acuden a los ayuntamientos como Administración local más cercana a ellas. Lo cierto es que nos vemos desbordados. En la mayoría de los casos seguimos contando con los mismos servicios que teníamos antes de que las denuncias fueran tantas y tan masivas y cada vez tenemos más demandas. Yo pregunto si no sería más lógico que fueran los ayuntamientos los que reciban estos recursos y no que sean las comunidades autónomas, pues luego nos vemos obligados a estar todo el día pendientes de la correspondiente subvención.


Sobre la asistencia jurídica nos preguntamos si no cree que debe ser inmediata, desde la propia comisaría, sin necesidad de tener que acreditar las mujeres la insuficiencia de recursos económicos, porque lo que ocurre hoy en día es que, cuando son los juicios rápidos, las mujeres se presentan solas en los juzgados, todavía no se ha tramitado el correspondiente turno de oficio, todavía no tienen abogado y van solas a los juicios, mientras que los agresores acuden acompañados de asistencia jurídica en la mayoría de los casos.


En el tema de empleo, se habla de que es indispensable tener una orden de protección. Yo pregunto si también es indispensable tenerla para poder acogerse a los derechos que se recogen en este proyecto de ley.
Concretamente en el caso de mi municipio hemos hecho un protocolo de colaboración con el servicio canario de Empleo para que no tenga que haber una orden de protección, porque todos los que conocemos estos casos sabemos que no todas denuncian y que no todas puedan alcanzar una orden de protección, pero sí es cierto que la mayoría de las mujeres acuden a los servicios, tanto psicológicos como jurídicos. Con la emisión de un informe podrían obviarse el trámite de tener una orden de protección, simplemente bastaría con la constancia de que esa mujer acude a los centros y es víctima de malos tratos.


En cuanto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando se dice que el Gobierno establecerá unidades especializadas, a mí me gustaría saber de cuántos miembros estamos hablando. Si en el caso de su municipio tiene algún miembro de segunda actividad trabajando, tiene suerte, porque en mi municipio, de 100.000 habitantes, no tenemos la suerte de contar con ninguno y en la provincia de Las Palmas hay 13 vacantes, debido a la lejanía y a la insularidad. Por las condiciones geográficas que tenemos en las islas, esos puestos normalmente no son cubiertos y solamente hay cinco efectivos para cubrir la capital de la provincia, en el resto no tenemos a nadie, sino, como bien decía usted antes -lo comentaba agradeciendo también la labor-, a la Policía local, que si bien parece que no están, nosotros, en los municipios, sabemos que sí están porque son los que nos ofrecen esa ayuda inmediata.


¿Para cuándo la creación de los puntos de encuentro? Antes comentaban que en las ciudades grandes los tenemos. No; mi ciudad es una ciudad de 100.000 habitantes, es una ciudad de las grandes, por lo menos para la media de las ciudades canarias, y no tenemos esa posibilidad, no tenemos financiación suficiente para tener estos puntos de encuentro y que los agresores no tengan que acudir a los domicilios de las víctimas para recoger a los hijos y donde haya personal cualificado que, en un momento dado, pueda emitir informes a requerimiento de la jurisdicción competente.


La última pregunta. Nosotros nos preguntamos si no se debería contemplar la figura del destierro para el agresor. Desgraciadamente hoy son las mujeres, por las condiciones vitales, las que se destierren. En algunos casos tenemos casas de acogida, pisos tutelados y las mandamos de un sitio a otro, las desterramos. Aquí se prevén muchas medidas para los agresores, pero no el destierro, que sería una medida a tener en cuenta.
Estas son las preguntas que quería hacer.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Señora Muñoz, quiero felicitarla por su intervención. Me he sentido muy comprometida y muy cómplice. La gente que venimos del mundo local hemos vivido la situación que usted describía de manera perfecta. En el municipio de Santa Coloma de Gramanet tenemos grandes problemas y un programa parecido al que usted señalaba y a mí se me ocurrían algunas reflexiones que me gustaría compartir con esta sala, y naturalmente con usted, para finalmente formularle algunas preguntas.


Usted hablaba de la importancia de los municipios en el abordaje y prevención de la violencia de género. Estoy de acuerdo con usted no solamente en esta materia, sino en cualquiera que tenga que ver con la vida de

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las personas, con la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en un territorio concreto, de ahí la importancia de los municipios. Usted manifiesta que el proyecto de ley no lo señala.
Efectivamente no lo señala, pero yo diría que del texto se infiere que es así y que no se aborda por un tema estrictamente competencial. Tampoco habla de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas, de aquello que corresponde al Estado, etcétera. Usted sabe que en materia de asistencia social todo está traspasado a las comunidades y que los ayuntamientos tienen competencias a través de la Ley de Bases del Régimen Local y a través de las competencias delegadas de las comunidades autónomas. Yo diría que este sería el motivo por el que no se refleja, pero sí estoy de acuerdo con usted en que aquí nos encontramos no solamente con un déficit que podríamos decir que está en este proyecto de ley, sino -me va a permitir que haga esta reflexión- con un déficit de desarrollo del sistema de servicios sociales como cuarto pilar del sistema de bienestar. Y esto es tremendo. Después de los años de democracia que llevamos, en los que la construcción de nuestra sociedad de bienestar realmente ha sido dura, nos encontramos con que los instrumentos de los que nos hemos dotado, entre ellos el Plan concertado de prestaciones básicas, han sido recortados, hoy este ha sido compensado por el actual Gobierno. Esto quiere decir que buena parte de los recursos deberían estar contemplados en los ayuntamientos, con una mejor financiación de las haciendas locales, actualmente asfixiadas, y usted lo sabe, alcaldesa. Con una ley integral de estas características estaríamos en mejores condiciones, al tener un mejor desarrollo de los servicios básicos, de las prestaciones básicas a través de los ayuntamientos. Por tanto, permítame que señale este déficit que arrastramos y que evidentemente tendremos que superar con el desarrollo, en paralelo, de esta ley, el día en que esté aprobada, del cuarto pilar del sistema de servicios sociales.También ha señalado algo que a mí me parece muy interesante, que es la importancia que tienen los servicios sociales, el propio municipio, así como la especificidad de los programas de igualdad.
Yo creo que este es el diseño. Tenemos unos programas específicos que se enmarcan de manera transversal interdepartamental, por tanto de manera intersticial, en la organización municipal, y hemos de ser capaces de llevarlo a todas las instancias de las distintas administraciones.
Permítame que la felicite por esto porque esta es una opción política, más allá de una opción organizativa.


Señalaba el elemento de la policía local-nacional. Yo quiero hacerle una sugerencia y es que por cuestiones competenciales las denuncias hay que hacerlas a la Policía Nacional, pero a través de las juntas locales de seguridad o a través de convenios entre las distintas policías. Yo lo había resuelto con las denuncias a la policía local, que eran perfectamente válidas, y que luego eran recogidas por la Policía Nacional. Esta es una sugerencia -supongo que usted lo habrá pensado- y así se eliminarían tantos eslabones burocráticos, que para nada favorecen este acercamiento a las mujeres.


Otro elemento que usted ha señalado es el de los protocolos. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Hoy tenemos un sinfín de protocolos que por suerte se han ido desarrollando, pero hemos de unificar un modelo de protocolo que nos sirva no sólo para tener un marco de referencia operante, sino para que después podamos sacar conclusiones, tal y como ustedes han hecho, y me parece encomiable el importante grado de superación que han tenido del problema. Pero esto solamente se puede hacer con instrumentos fiables, homologados para todo el Estado, a fin de que después podamos intercambiar los objetivos de mejora y superar las dificultades que vayamos teniendo. Esto, indefectiblemente, lo tendremos que ver durante el desarrollo de la ley. Recogemos su aportación porque si no en esta ley, que es de carácter generalista, en su desarrollo debería ser contemplado, homologado y consensuado con las distintas administraciones y con los ayuntamientos como primer eslabón.


En cuanto a las mujeres inmigrantes, es cierto que es un handicap, ya que el factor cultural está ahí. De hecho, las ayudas que pueden recibir las mujeres inmigrantes irregulares son aquellas que se prestan desde los ayuntamientos, lo cual, con los déficit que vienen arrastrando, se hace una empresa difícil. No se escapa que en algún momento tendremos que introducir algunas modificaciones en el reglamento de la Ley de Extranjería, pues se deberían buscar fórmulas para que las mujeres inmigrantes en situación de desamparo puedan tener facilidades burocráticas para su regularización parcial, temporal, etcétera, que les permita acceder a un puesto de trabajo y a otras prestaciones, como la renta básica a la que usted se refería. Comparto con usted muchos de sus argumentos.


En cuanto al tema de los drogadictos, se junta un elemento claro de exclusión social, lo cual obliga a otra reflexión que comparto. Por lo que se refiere a los menores, me va a permitir que le diga que queda contemplada su protección como víctima indirecta de los malos tratos, además de la legislación específica existente para el menor, pero no los recursos. Ahí de nuevo vuelvo a compartir con usted la necesidad de desarrollar el sistema de servicios sociales con muchos más recursos.
Algo que se deberá hacer en el desarrollo de la ley es especificar el catálogo de prestaciones necesarias, a fin de que los resultados sean eficaces, eficientes para el objetivo que pretendemos.


Visto todo esto, quisiera hacerle tres preguntas. En este espíritu municipalista me gustaría también señalar algunos aspectos. Respecto al diagnóstico precoz a la integralidad que pretende la ley, ¿la ley permite esta prevención, este diagnóstico precoz, sienta las bases para ello? Ligado a esto, ¿cómo puede colaborar el municipio directamente, con estrategias propias, en esta prevención? Se me ocurre trabajar con el sistema

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de redes, fortalecimiento de la comunidad, ayuda mutua, etcétera, que esto sí es competencia exclusiva de los municipios. Desde su experiencia y de la de su equipo, ¿qué otros perfiles profesionales -S.S. ha señalado el de psicólogo y la asistencia jurídica- especializados son necesarios? Finalmente, ¿qué papel otorgaría a las organizaciones sociales que la ley contempla, que son importantes porque han sido punta de lanza? En este nuevo contexto, ¿qué papel les otorgaría desde su experiencia?La señora PRESIDENTA: Nuevamente tiene la palabra para responder a las cuestiones planteadas por los distintos grupos la señora Muñoz de Diego.


La señora ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES (Muñoz de Diego): A la diputada que ha intervenido en primer lugar, Carme García, quisiera agradecerle su felicitación. Las tres diputadas que han intervenido conocen bien la vida local, con lo cual poco les voy a poder contar que no sepan. Podemos hablar en confianza y eso quiere decir que hay unas comunidades autónomas que pueden tener unas obligaciones pero que no aportan los recursos, que hay unos servicios sociales que se han ido construyendo por mucha voluntad municipal y que los ayuntamientos hemos ido viendo cómo nunca hemos aparecido en las leyes por un tema competencial y no aparecer en las leyes significa que nunca tenemos recursos, competencias ni medios para abordar los problemas. Eso ha sido así tradicionalmente. Soy una firme defensora de que todos los temas de proximidad los pueden abordar mejor los municipios, porque tienen los recursos, conocen la realidad y pueden hacer que esos recursos sean mucho más efectivos que si se utilizaran desde otras administraciones. Pues bien -intento también contestar a la globalidad de las preguntas-, esta ley debe contemplar a los municipios. No debemos plantear que como las competencias son de las comunidades autónomas, se habla con ellas y luego se ve. No se puede hacer una ley que quiera ser eficaz si no se establece que el ámbito de actuación de esta ley es el marco del municipio. No se puede establecer que esta ley tiene unos recursos multidisciplinares y que no se hable si esos son para toda la comunidad autónoma o para cada ciudad. Antes he intentado explicar cuál es mi visión. Si hoy el ámbito del plan concertado de servicios sociales en mi ciudad es que yo convenio con la comunidad, lo que pido es que esta ley diga también que el ámbito de actuación de la ley integral es el ámbito de la ciudad, porque si no estaremos a expensas de que unas comunidades autónomas tiendan en una dirección, otras en otra, haya ciudades que tengan recursos para las mujeres que son víctimas de violencia y haya ciudades que no los tengan.
En la distribución del plan concertado está ya marcado el ámbito de actuación. Donde hay plan concertado de servicios sociales puede haber perfectamente plan y programa integral de violencia de género. Pónganse los recursos en el coste que se estime. Como soy alcaldesa, no voy a esgrimir que desconozco lo que son los recursos públicos y las limitaciones financieras de las administraciones. Hacer ese planteamiento sería muy poco serio por mi parte. Lo que sí se puede hacer en política es priorizar los recursos que existen. La lacra de la violencia de género es tal que merece, finalmente, que haya por una vez priorización presupuestaria, porque hasta ahora no la ha habido. Preguntaba la señora García cómo financiamos este programa en el ayuntamiento. Pues quitando recursos de otras cosas y aportando recursos propios, como no puede ser de otra manera. ¿Ese es el modo de abordar un programa de esta entidad? Yo entiendo que no debe ser así, porque al final lo que tenemos que intentar es que el plan concertado cumpla su función y que el programa de violencia tenga sus recursos. Lo otro no deja de ser ingeniería y no deja de ser mucha imaginación para sacar adelante la gestión cotidiana. Este tema se debe solventar desde la suficiencia financiera, a través de los recursos, ya no se puede solventar sólo con buenas voluntades, porque eso está abocado finalmente al fracaso o por lo menos a que sólo se haga donde haya voluntad política. Si el Gobierno del Reino de España, del Estado español, tiene la voluntad política de luchar contra la violencia de género, cualquier mujer debe tener acceso a estos recursos. Por eso el ámbito debe ser el de los servicios sociales y, como antes le comentaba a la señora García, lo hacemos como podemos. Esos 150.000 euros los gastamos con gusto, pero cuando llega el momento de hacer los presupuestos hay que quitarlos de otro sitio, porque la realidad de los ayuntamientos es lamentable. En los últimos años hemos ido perdiendo posibilidades de financiación, cada vez tenemos menos recursos, menos peso específico en el conjunto del gasto del Estado. Yo espero que esa situación cambie en el futuro, pero con ella nos hemos tenido que ir manejando y todo el que está en un ayuntamiento o ha estado sabe que las cosas son así.


Comentaba también el tema de las mujeres inmigrantes. Nosotros ahora lo estamos resolviendo de un modo que a mí personalmente no me gusta, a través de las ayudas tradicionalmente conocidas como de emergencia. Ante la situación de desamparo de una mujer, con independencia de que sea regular o irregular, no se la puede dejar en la indigencia, en la calle.
Las trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales municipales tienen a gala decir: En esta ciudad no dormirá nadie en la calle, mientras haya un ayuntamiento que lo pueda impedir. ¿Eso es suficiente? No. Al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en el programa de violencia de género hay mujeres de primera y mujeres de segunda, porque las españolas o regularizadas tienen acceso, entre otras, a la renta básica y la mujer que no está regularizada simplemente tiene ayudas de emergen­cia para ir cubriendo las necesidades más básicas. La

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situación de maltrato es igual, la violencia de género es igual, la situación de desamparo de esa mujer es igual.Esta ley debería contemplar que ante esa decisión de romper la espiral de violencia ninguna mujer se pueda encontrar contra una pared. Tiene que tener un recurso que la permita salir y esta ley puede contemplarlo a través probablemente no del mismo sistema, porque hay unos mecanismos de regularización, pero sí como ayudas de emergencia más permanentes que garanticen que esa mujer tiene una salida. Las ayudas de emergencia no son suficientes. La ayuda de emergencia es puntual, pero no puede permitir, como en la renta básica, que esa mujer tenga unos ingresos todos los meses, aunque sean pequeños para intentar salir adelante. Nosotros en el ayuntamiento optamos por priorizar la violencia de género a la hora de luchar contra lo que considerábamos ya en el año 1996 y antes que era una lacra insoportable para cualquier sociedad. Es verdad que hemos tenido que dejar de hacer otras cosas. Espero que ahora, con esta nueva ley, con nuevos recursos, podamos hacer también las cosas, además de seguir luchando contra la violencia de género y que, por fin, lleguen esos recursos. Debe haber un mecanismo para que lleguen a los ayuntamientos, pero no el típico mecanismo de la subvención, sino que cada ciudad debe tener el ámbito de actuación y el modelo de gestión de este programa igual que el modelo concertado tiene unos determinados requisitos en cada ciudad. Desde mi modesto punto de vista, eso se debería hacer así.


Respecto a lo que ha comentado la diputada del Grupo Popular, la señora Castellano, probablemente hay que mejorar muchas cosas de esta ley. Yo he dicho al principio que saludo que esta ley esté encima de la mesa, ya que nos permite discutir de un modo integral sobre la violencia de género.
Era una discusión imprescindible, puesto que la violencia de género no se aborda con una cuestión puntual por aquí y con otra por allá, sino que la problemática es mucho más profunda y las necesidades que tienen esas mujeres y la realidad que viven son terribles como para que la ley integral sea una necesidad. Sin duda es mejorable, ya que cualquier cosa en esta vida lo es.


En cuanto al tema educativo, es muy bueno que en la cuestión curricular se incluya la igualdad, del mismo modo que son imprescindibles, por la experiencia que hemos tenido en nuestro programa, los valores de la igualdad. Todo el mundo dice que no tiene ningún problema, pero luego nadie sabe ejercer los valores de la igualdad. Sobre todo en ámbitos como los institutos deberían tener una regulación más extensa y explico la razón. Nosotros hemos trabajado con dos institutos, especialmente con chavales y chavalas con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, personas que empiezan a tener sus primeras relaciones afectivas o de pareja y que comienzan a establecer el modelo de relación entre ellas.
Ahora es menos desalentador, pero el primer año que lo hicimos las trabajadoras del ayuntamiento volvieron alarmadas por lo que habían oído.
Es muy importante trabajar con esa población diana, ya que de la forma en que establezcan sus relaciones de pareja desde el principio va a depender mucho cómo los chicos y las chicas van a ser capaces de evolucionar personalmente en sus dependencias afectivas y en su modelo de relación.
Ahí hay que trabajar de un modo constante en los institutos y por eso yo saludo que se incluya en los elementos curriculares, desde infantil, tal y como aparece, hasta secundaria, pero animaría a que se profundizara bastante en ese tema en secundaria, puesto que si no todos podemos hablar de igualdad, pero luego no ejercemos y casi es mejor ver si posterior­mente somos capaces de ejercer. Sobre todo aquí y en bachillerato es importante trabajar en la relación entre personas que van camino de ser adultos rápidamente.


Por lo que se refiere a los municipios, ya he manifestado que es fundamental una presencia. Esta ley debe tenerla y, como usted ha comentado también, en los ayuntamientos podemos gestionar con mayor eficacia esos recursos, puesto que simplemente van a llegar a una mayor población. Un euro que gaste el ayuntamiento va a ser más eficaz respecto a las personas a las que va dirigida que uno que gaste la comunidad, ya que sólo en el camino burocrático hasta llegar a la ciudad se pierde la mitad de ese euro. En todas las políticas de proximidad lo que gestionan los ayuntamientos es más eficaz, aunque luego, como es lógico, hay ayuntamientos que gestionan bien y otros mal, como hay comunidades que gestionan bien y otras mal, pero eso es independiente y los ciudadanos se encargan luego de poner notas, que para eso estamos en una democracia, se celebran elecciones y se decide donde se tiene que decidir.


Con respecto a la asistencia jurídica, si no me equivoco -puede que no esté bien informada-, por la experiencia que tengo, he de decir que a las mujeres que acuden a la comisaría o al juzgado con la denuncia se les está facilitando la misma. No sé si en Madrid ha habido algún acuerdo con la comunidad autónoma, no me atrevería a asegurarlo, pero la experiencia que nosotros tenemos es que se está proporcionando esa asistencia jurídica inmediata y en la ley se prevé que se beneficien de la justicia gratuita y que además sea la misma persona la que lleve los diferentes procesos. Muchas veces es imposible que cinco abogados se encarguen de casos semejantes y que están entrelazados, con lo cual considero que se trata de un acierto.


En cuanto al empleo, probablemente no lo he expresado antes con claridad pero esta ley, para acceder a determinados recursos, exige orden de protección y hay una serie de mujeres que se acogen a estos programas que no la tienen porque son mujeres que no han llegado al programa a través de denuncia previa sino de la asociación de mujeres, de una entrevista que han tenido con algún responsable municipal y que por razones que estimen pertinentes, que yo no juzgo porque intento no juzgar a nadie, no han puesto denuncia, no tienen esa orden de protección y sin embargo están siguiendo el programa. Lo que debería exigirse es que esa mujer

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esté incluida en un programa contra la violencia de género, pero la orden de protección no sería en todos los casos exigible ya que habría mujeres que se quedarían fuera porque por razones personales han decidido no denunciar y, sin embargo, sí salir de la espiral de violencia por sus propios mecanismos. Comparto que la orden no debería ser un requisito sine qua non para acceder a ese itinerario especial en materia de empleo.Respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, qué le voy a decir si usted está en un ayuntamiento. En el ayuntamiento que yo presido no hay Policía Nacional ni Guardia Civil, sólo hay Policía Local.
No es que falten pocos o muchos, es que no hay. Tenemos una comisaría compartida con el municipio de al lado al que le faltan desde los últimos 11 años el 40 por ciento de la plantilla. Esa es la situación. ¿Con esa situación se pueden seguir las órdenes de protección como quisiéramos? Honestamente, no. O se cubren las plazas de policía o pondremos a las mujeres víctimas de violencia el móvil o todos los artilugios técnicos que queramos, pero cuando llamen no sabremos si hay un policía al otro lado. Por eso, cuando digo que esta ley es cara estoy hablando de todo; estoy hablando de una Policía Nacional que en Madrid, que es lo que yo conozco, en los últimos años faltan 1.000 efectivos que o se cubren o no se puede llevar a cabo. Es un reto que tenemos que transmitir. Si queremos que se cumpla son necesarios esos recursos porque la Policía local por mucho esfuerzo que haga, da igual porque llega un límite en el que si quieres trabajar el programa de violencia de género con recursos propios y además tener más Policía local, y sin impuesto de actividades económicas, no se llega; lo digo por experiencia propia porque yo ya no llego de ninguna manera a cubrir las necesidades.


Sobre los puntos de encuentro, estoy completamente de acuerdo. No hay financiación. Yo quería transmitirles una reflexión. Yo creo que los puntos de encuentro deberían estar en el ámbito judicial. La experiencia que nosotros tenemos es que en muchos casos en esos puntos de encuentro en los que se recogen y se dejan a los niños o se ve a los menores hay situaciones que, porque han llegado tarde o no han llegado, están resolviendo educadores cuando lo que están haciendo es interpretar sentencias judiciales. Quien tiene que interpretar una sentencia es el Poder Judicial y esos puntos de encuentro por partido judicial serían mucho más efectivos en el ámbito judicial que en el ámbito local o en las comunidades autónomas. Sinceramente creo que es lo que le daría eficacia, por varias razones, en primer lugar porque, ante una duda, interpreta el juez puesto que lo que se está cumpliendo es una sentencia, y en segundo lugar, porque permitiría que ante un incumplimiento grave el propio juez adopte las medidas que tenga que adoptar en ese mismo momento. Desde mi modesto punto de vista, ese modelo, que no se ha utilizado, es el más adecuado para garantizar que las sentencias se cumplan y que los derechos de los menores se respeten. Es una fórmula que les pido que estudien con cariño.


Sobre la figura del destierro para el agresor, no tengo ninguna idea preconcebida, probablemente porque he trabajado mucho más sobre la protección social de la víctima, sobre los recursos que necesita y sobre cómo sale de la espiral de violencia, que sobre las repercusiones penales del agresor. La percepción que yo tengo, que se fundamenta en haber vivido un programa ocho años, es que las mujeres que a mí me han llegado se han preocupado extraordinariamente de salir adelante. El destierro puede ser una fórmula como el alejamiento o como cualquier otra, pero si somos capaces de cumplir las órdenes de alejamiento, tampoco es necesario ir exprimiendo las posibilidades de represión penal hasta el infinito.
Seamos eficaces con lo que tenemos, evaluemos lo que hacemos y, cuando lo hayamos evaluado, veamos si vamos dando más vueltas, porque el problema del destierro es que después tendrá que haber alguien que lo controle, y entonces volveremos a lo mismo: nos faltan 20 policías, no sabemos, etcétera. Probablemente por venir del mundo local pienso: vamos a evaluar lo que hacemos, vamos a cumplir lo que prometemos y vamos a ver por dónde avanzamos, porque si no vamos a querer hacerlo todo a la vez y la conclusión va a ser que no vamos a hacer nada, y eso es lo peor que podría ocurrir. Tampoco descarto la idea, pero no me ha preocupado especialmente si es mejor esta figura o la otra.


Respecto a lo que ha comentado la señora Esteve, del Grupo Socialista, yo estoy muy acostumbrada a decir que la segunda descentralización va a llegar mañana, iba a llegar anteayer o va a llegar otro día, pero no llega nunca. La realidad es que al final los municipios son los que hacen los programas de violencia, pero no tienen los recursos ni aparecen en las leyes porque es un tema competencial. Tenemos que ser realistas. Me gustaría que esta ley fuera sobre todo realista, que hable de la realidad, de lo que ocurre y de quién tiene que abordarlo. Si no se incluye a los ayuntamientos, por un tema competencial o por cualquier otra razón, se está cometiendo un gravísimo error, porque después nos tiraremos otros dos años discutiendo con las comunidades autónomas cuál es el ámbito de actuación del programa y cuando queramos poner en marcha definitivamente la ley estaremos en el año 2010. Eso se puede evitar con un planteamiento global de corresponsabilidad de todas las administraciones, y ahí los ayuntamien­tos debemos estar presentes, con nuestras experiencias positivas y con las negativas, con las cosas que se hacen bien y con las que se hacen mal para corregirlas.


No entiendo un programa de violencia si no hay un plan de igualdad. Creo en un plan contra la violencia de género integral, porque creo en la igualdad como algo que tiene que vertebrar el conjunto de la política local. Nosotros tenemos un plan de igualdad y la violencia de género es una parte del mismo, pero hay un plan de igualdad mucho más amplio, que es el que nos permite

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incardinar ese diagnóstico precoz, toda esa actividad municipal en pro de la igualdad para intentar romper dinámicas que finalmente lleguen al ejercicio de la violencia de género. Por eso creo también que esta ley tendrá que estar finalmente encuadrada en un gran ámbito de actuación que tiene mucho que ver con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del Estado español, llámense planes o proyectos; hace mucho que no discuto por los nombres.Respecto a la Policía local y Nacional, es verdad lo que decía de los convenios, pero hay localidades en las que no nos dejan. Durante la anterior legislatura he planteado en muchas ocasiones acuerdos de la junta local para que las denuncias que se hacen en la Policía local -ya que no tenemos Policía Nacional- sirvan.
No. Todo lo que depende de la voluntad depende sólo de ella e ir más allá de la ley depende de la voluntad, pero si no hay ley... En mi ciudad, con un programa de estas características, la Policía local atiende a la mujer, pone los recursos a su disposición, la toma declaración, habla con ella, la acompaña a la Policía Nacional y se repite la operación. Eso con un programa de estas características y no sirve que digan que es posible un convenio porque luego no es verdad. Yo pido que haya una actuación policial única, ya sea la Policía Nacional o la local, da igual, pero tiene que ser única. No puede haber un trasiego con las mujeres para repetir ante unos y ante otros algo de lo que todos los que estamos aquí imagino que somos conscientes de que no es nada agradable, y a nadie le apetece ir contando cosas que no son en absoluto agradables, como he dicho antes. Por eso yo planteo que la ley establezca que haya una actuación policial única y que sirva con el traspaso de una policía a la otra para que la denuncia esté validada y no se tenga que repetir, porque ya me gustaría a mí que fuera de otra manera, pero no lo es. Espero que esto pueda cambiar.


Respecto a las mujeres inmigrantes, a lo mejor hay que hacer alguna modificación en la Ley de Extranjería. He visto que en esta ley se establecen bastantes modificaciones de diferente legislación y me gustaría que lo tuvieran en consideración, porque las ayudas de emergencia -las que vienen del mundo local lo saben- no cubren la necesidad de una mujer que tiene que irse a vivir a otro lado o tiene que marcharse de su casa, etcétera. Igual pasa con las extradiciones.


Agradezco también lo que ha comentado sobre los menores porque está claro que son víctimas de una convivencia familiar muy dura. Si no se consigue que los menores asuman y puedan vivir con esa situación y abordar su vida de otra manera, las mujeres lo tienen muchísimo más difícil porque ellas necesitan también que sus hijos y sus hijas entren en una nueva etapa distinta alejados de la espiral de la violencia. Por eso he hecho hincapié en lo relativo a los menores porque creo que es importante. Ya le he comentado que el diagnóstico precoz se hace en muchas ocasiones a través de planes de igualdad que abordan todo el ámbito de la actuación municipal; eso es lo que permite detectar los problemas y también actuar en el ámbito que se considera más importante.


Respecto a los perfiles profesionales, nosotros tenemos asignado al programa una trabajadora social, una psicóloga y la agente promotora de la igualdad, que no está en el multidisciplinar pero es parte de la gran coordinación del Plan de Igualdad y, por lo tanto, interlocutor imprescindible en el programa, que recaba datos, aporta información y colabora en todo el proceso. Es importante no perder nunca de vista que el programa de violencia de género no es un programa al margen o para algunas mujeres, sino que está dirigido al conjunto de la población también, porque tiene una parte de sensibilización y prevención que afecta al conjunto de la sociedad. Las personas que trabajan en las áreas de mujer aportan también un perfil muy importante para no perder el punto de vista de que al final hablamos siempre de igualdad y de que este programa persigue, entre otras cosas, erradicar un problema que tiene su base en una discriminación profunda de las mujeres desde hace muchos años y de un modo muy duro.


En cuanto al papel de las organizaciones sociales, en San Fernando hay una asociación de mujeres que colabora activamente en el programa. Parte de la actividad de las mujeres del programa de violencia de género para volver a incorporarse a un mundo distinto se hace con ellas. Las entidades sociales, y especialmente el movimiento de mujeres, son imprescindibles por lo que generan de solidaridad, por lo que generan también de sensibilización y porque permiten conocer la realidad.
Nosotros tenemos una excelente colaboración con ellas y casos que han llegado al programa han llegado directamente desde la asociación. Ese papel es fundamental, aunque el número de asociaciones dependerá de la dimensión del municipio para que el papel que puedan hacer vaya más allá.
Eso depende también del tamaño de cada ciudad, pero en nuestro caso ha sido fundamental, pues las asociaciones son el pilar básico para que las mujeres puedan salir a la sociedad, ya que suelen salir a través de la asociación.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz, señora, alcaldesa, sobre todo por su gran pragmatismo. Desde luego, no hay duda de que las que somos municipalistas agradecemos y conocemos la gran escuela de la realidad social que es el municipalismo. (Pausa.)

-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (MAGRO SERVET). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 121/000128.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con las comparecencias, en este caso, la de don Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Provincial de

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Alicante, a quien agradecemos su presencia en esta Cámara. Además le damos nuevamente la bienvenida puesto que ha sido senador, por tanto, conocedor de esta casa.Señor Magro, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (Magro Servet): Para mí es un honor comparecer aquí, lo digo sinceramente señoras y señores diputados, porque soy un férreo admirador del gran trabajo que se hace en el Parlamento español. Desde luego, para un juez, para un magistrado como yo seguir la tramitación parlamentaria de un texto legislativo es sumamente importante. Lo digo con total sinceridad. A mis compañeros, a los magistrados, siempre intento trasladarles, cuando tenemos que aplicar un texto legislativo, la obligación y el compromiso de que para interpretar la norma jurídica intentemos analizar cuál ha sido el trámite parlamentario de una ley, desde el proyecto de ley, luego las enmiendas, las comparecencias que se han sucedido en el Congreso de los Diputados y en el Senado, porque así ya podemos conocer y saber el espíritu que ha marcado una reforma legislativa puntual que se ha podido aprobar. De ahí mi felicitación al Congreso de los Diputados, trasladada al Senado, por el gran esfuerzo legislativo que se ha hecho en esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Iturrioz, ocupa la presidencia.) Respecto a la violencia doméstica o violencia de género también tengo que hacer una importante puntualización, porque se ha hecho un gran esfuerzo legislativo en el Parlamento español, sobre todo el año pasado. Ahora los jueces estamos aplicando cuatro reformas legislativas muy importantes que se aprobaron el año pasado y que han producido -se lo tengo que decir, señorías- un vuelco en la tramitación ante los órganos judiciales en lo relativo a la protección de las mujeres frente a la violencia de género. Se lo tengo que decir con toda sinceridad y desde el punto de vista del práctico. Yo no vengo a hablar desde el punto de vista de mi opinión como jurista, que lo podría hacer, sino desde el punto de vista del práctico del derecho. Nosotros, los jueces, estamos aplicando las leyes que ustedes aprueban en el Parlamento, y desde el punto de vista del práctico del derecho les tengo que felicitar por los textos legislativos que se aprobaron el año pasado en este Parlamento, textos que están demostrando que ahora mismo -y se lo tengo que decir porque así me lo transmiten mis compañeros magistrados- el 30 ó 40 por ciento de asuntos que entran en un juzgado de guardia se refieren a denuncias por violencia doméstica o violencia de género. Esto es importante porque las cifras que se están plasmando en la transparencia demuestran el incremento de denuncias que se ha producido en nuestro país en materia de violencia doméstica o violencia de género, y eso tiene una explicación muy sencilla: el mejor tratamiento informativo que se ha hecho en este tema y que la mujer ha comprobado que se ha producido un cambio en la lucha contra la violencia doméstica y la violencia de género y ahora está denunciando.


Las cifras son realmente curiosas: en 1999 hubo 29.505 denuncias y el año pasado se presentaron 64.407. Fijémonos en el incremento porcentual que se ha producido, de un 117,81 por ciento, en el número de denuncias, realmente espectacular. En la transparencia podemos ver que solamente existen datos desde 1983. De todas maneras, las cifras de denuncias de violencia doméstica o violencia de género que se están presentando ahora sólo son la punta del iceberg de lo que está ocurriendo ahora mismo.
Fíjense que en el año 2003 se presentaron más de 5.000 denuncias mensuales por este problema. Esto quiere decir -es una explicación muy sencilla- que las reformas legislativas que se han aprobado en este Parlamento han producido que la mujer tenga una mayor confianza en la Administración. Ahora tenemos mejores textos legales, tenemos una ley de la orden de protección que está funcionando correctamente en los órganos judiciales y en ese sentido podemos comprobar que la mujer se siente mucho más protegida. Pero fijémonos también en que estas son nada más cifras negras del problema que está ocurriendo en la realidad. Podemos decir que en el estudio que hizo el Instituto de la Mujer en el año 1999 se prevé que cerca de 640.000 mujeres son en la actualidad víctimas de la violencia doméstica o violencia de género. No son las 64.000 ó 70.000 que han formulado denuncia, ya que tan sólo un 10 por ciento de las mujeres que son víctimas de la violencia doméstica o violencia de género acuden a denunciar. Ahora mismo, con este proyecto de ley de medidas de protección integral que se está tramitando en la Cámara, lo que tenemos que hacer -por lo menos yo intentaré transmitirlo- es complementar el gran esfuerzo parlamentario que se ha hecho con los cuatro textos legislativos a los que he hecho referencia con anterioridad. Y lo digo porque son textos que están funcionando en la práctica y yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para complementar lo que está funcionando en realidad e introducir algunos cambios que puedan optimizar el rendimiento que ahora mismo -lo digo con toda sinceridad y desde la práctica de un magistrado- están funcionando en la protección de las víctimas de la violencia doméstica.


Las cifras demuestran muy claramente lo que está ocurriendo en la realidad. ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, antes de que se aprobara la ley 38/2002, de 24 de octubre, la conocida Ley de Juicios Rápidos? Estaba pasando que una mujer que presentaba una denuncia por un juicio de faltas tenía que esperar 158 días para que se celebrara su juicio. ¿Qué estaba pasando en los juicios ante los juzgados de lo penal? Que tardaban 497 días, es decir que una mujer que era víctima de un delito tenía que esperar casi 500 días para que se celebrara su juicio, señorías. ¿Qué estaba ocurriendo? Ustedes lo saben. El Consejo General del Poder Judicial encargó un informe al laboratorio de sociología jurídica de

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Zaragoza y la respuesta de este observatorio fue muy clara: el 70 por ciento de las denuncias que se presentaban por violencia doméstica eran absolutorias. ¿Qué ha pasado a raíz de la implantación de la ley de juicios rápidos, de la que yo fui también un férreo defensor porque nosotros hicimos juicios rápidos en Alicante con un resultado óptimo? Pues el juicio rápido ha transformado los 497 días en 15 y ahora mismo en los juicios de faltas se ha pasado a uno o dos días frente a los 158 días que antes tardábamos en celebrar un juicio de faltas, con lo cual yo creo que el cambio es espectacular.Yo voy a defender un modelo de juzgados especializados un tanto distinto del que consta en el proyecto de ley de medidas de protección integral, y digo un modelo un tanto distinto porque en Alicante pusimos en marcha unos juzgados especializados en violencia doméstica, y yo voy a intentar aportar la experiencia que tuvimos en este modelo. Se presentaron 30.269 denuncias en el año 2000 en toda España, entre 1.400 juzgados de instrucción aproximadamente; en Alicante tuvimos juzgados especializados en violencia doméstica en tres juzgados, en Alicante, Elche y Orihuela; es decir, la experiencia que ustedes analizan en este proyecto de medidas nosotros la hemos puesto en práctica en Alicante, ahora bien, con un modelo distinto, con un modelo en el que recibíamos denuncias tanto de hombres como de mujeres, y les tengo que decir, señorías, que el modelo fue un éxito rotundo. Pudimos comprobar que la especialización en este tratamiento ha dado un resultado positivo.
La mujer acudía con una confianza absoluta porque hablaba con un solo juez; en Alicante estaba el Juzgado de Instrucción número 5 del magistrado Manrique Tejada, en Elche estaba el Juzgado de Instrucción número 5, y en Orihuela el Juzgado de Instrucción número 4. Se concentraban en un solo juzgado las denuncias de violencia doméstica, pero incluíamos todo el arco de sujetos pasivos que ahora consta en el artículo 173.2 del Código Penal, y les puedo decir, señorías, que el 98 por ciento de los denunciantes en estos tres juzgados eran mujeres. El Consejo General del Poder Judicial ha hecho referencia en el año 2003 a un 92 por ciento de víctimas en violencia doméstica o violencia de género que son mujeres y un 8 por ciento que son hombres, nosotros llegamos en nuestra estadística a un 98 por ciento de mujeres que denunciaban y un 2 por ciento de hombres, y el 2 por ciento de hombres tan sólo presentaban denuncia por incumplimiento de medidas, de régimen de visitas, pero no había aparentemente grandes denuncias de violencia física, lo cual no quiere decir que diéramos un tratamiento distinto a la mujer por el hecho de que hubiera hombres que presentaran denuncias. En modo alguno existía una mayor desprotección de la mujer porque hubiera hombres que presentaran denuncias, pero no sólo hombres sino también niños, ascendientes, etcétera, es decir, todo el arco de lo que ahora constituye el artículo 173.2 del Código Penal. Lo cierto y verdad es que el resultado fue muy positivo, lo único que pasaba es que -lo vamos a ver ahora mismo- en esos juzgados complementábamos el tratamiento de la violencia doméstica con otro tipo de procedimientos.


El artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue el que nos permitió especializar tres juzgados en Alicante como plan pionero. El problema que teníamos era que el tratamiento de estos juzgados era exclusivo, los juzgados conocían en cada partido judicial sólo ellos de violencia doméstica pero también conocían de otros procedimientos, como estafas, homicidios, etcétera, y eso perjudicó el funcionamiento de los juzgados, porque el tratamiento no era excluyente, era exclusivo, solamente conocían ellos pero conocían también de otro tipo de procedimientos, y eso fue lo que perjudicó el buen funcionamiento de los juzgados, porque el artículo 98 no nos permitía decir: el Juzgado número 5 de Instrucción de Alicante sólo va a llevar violencia doméstica; no nos lo permitía porque la ley no lo permitía. En consecuencia, nosotros defendemos los juzgados especializados, pero entiendo que con un modelo abierto, con un modelo que incluya a todo el arco de sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal.


Por la experiencia que tuvimos en Alicante, Elche y Orihuela se ha demostrado que siempre es positiva la especialización: da idénticas respuestas al mismo problema planteado y hay una mejor preparación de los profesionales que ejercen por la especial dedicación. Yo hablé personalmente con cada uno de los jueces que voluntariamente se ofrecieron a ser ellos los especialistas en violencia doméstica, y lo que pasa es que dependíamos de la sensibilidad de los partidos judiciales. Yo intenté trasladar el proyecto a otros partidos judiciales, pero, comprendo que mis compañeros jueces tienen una gran carga de trabajo y algunos, lógicamente, rechazaron asumir de forma voluntaria un trabajo añadido. Cuando yo iba a Villena, a Barcelona, a Murcia, me preguntaba alguna mujer por qué no tenían ellos juzgados especializados. Yo creo que ahora es un buen momento para dar un vuelco a este problema, pero, insisto, con el modelo, por lo menos es mi opinión, que nosotros pusimos en práctica en Alicante. Insisto en que no hablo desde el punto de vista del jurista, no desde el punto de vista de si es o no constitucional -que podría hacerlo, ya se ha dicho aquí, en esta Comisión-; hablo desde el punto de vista de que nosotros lo hemos hecho en Alicante y conocemos el resultado que hemos obtenido. Me gustaría que SS.SS. conocieran el agradecimiento que tenían muchas mujeres que acudían a nuestros juzgados porque hablaban con el mismo juez, con el mismo secretario, con los mismos funcionarios. Agradecían la concentración de denuncias porque se olvidaban ya de ir juzgado por juzgado a pedir denuncias anteriores porque sabían que sus denuncias siempre estaban en el mismo juzgado, pero, insisto en ello, ninguna mujer, absolutamente ninguna se quejó de que también hubiera hombres que denunciaran, de que también el fiscal denunciara algún maltrato a un menor, sin necesidad, como consta en el

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proyecto, de que también haya agredido a la mujer o de que también se presentaran denuncias por ascendientes. El proyecto que pusimos en marcha funcionó. La Administración ahorra costes, optimiza resultados y si tiene que invertir, lo hace solamente en un órgano judicial. En estos juzgados profesionales especializados en la materia se pueden incluir asistentes sociales, médicos forenses, psicólogos y funcionarios especializados.La concentración de denuncias garantiza el conocimiento de la habitualidad para poder aplicar el artículo 173.2, y la incoación del delito de maltrato habitual es fundamental. Ustedes saben que el Consejo General del Poder Judicial aprobó el pasado año una instrucción complicada. Yo pertenezco como asesor al Observatorio de Violencia Doméstica, cuya presidenta es, como saben, Montserrat Comas, a la que tengo que felicitar por su intervención, y cuando aprobamos esa instrucción en el Observatorio lo hicimos con cuidado para evitar que algún juez pudiera sentirse atacado en su independencia, porque es una instrucción dirigida a los jueces pero es complicada. Ahora mismo el sistema de instrucción es complejo, son muchos juzgados los que conocen de violencia doméstica o violencia de género y el sistema es complejo. La mujer se complica a la hora de saber dónde está su denuncia, y no solamente dónde está su denuncia en un juzgado de Plaza de Castilla, sino que pongamos el caso de que también haya estado residiendo en un partido judicial distinto, lo cual complica la cuestión todavía más.


Otra ventaja es que existe una relación directa con el Registro Central de Medidas, que ahora mismo está funcionando perfectamente y ya sabemos las cifras. En este Registro Central han sido inscritas 11.000 personas, lo que demuestra el éxito del proyecto. Yo soy un asiduo lector del "Diario de Sesiones" del Congreso de los Diputados y del Senado y me sorprende gratamente el avance que hemos tenido. Recuerdo una respuesta gubernamental, creo que fue en el año 2002, a una pregunta sobre cuántas medidas cautelares se habían adoptado en el año 1999-2000, y fue que se habían adoptado unas 500, 800 ó 1.000 medidas cautelares. Existía el artículo 13, que era muy indefinido, o el artículo 544 bis, y los jueces tampoco sabían, por ejemplo, si en el auto de incoación de un procedimiento por violencia doméstica podía dictarse la expulsión del hogar familiar del agresor. En Alicante hicimos una guía protocolizada para el tratamiento de la violencia doméstica de la que se repartieron por todo el país cerca de 50.000 ejemplares, y fíjense la diferencia de criterio que existía que en la comisión había algunos juristas que decían que el juez de instrucción no podía acordar en el auto de incoación de diligencias previas la expulsión del domicilio familiar del agresor, sino que había que recurrir a un procedimiento civil de separación para que el juez de primera instancia o el juez de familia acordara como medida el uso de la vivienda por la mujer que había sido maltratada. Tuvimos que votar en la comisión de trabajo para hacer la guía si se incluía en la guía protocolizada que el juez de instrucción podía acordar la expulsión, sencillamente porque -decían- la ley no hablaba de eso. Hombre, sí que hablaba, dije yo, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un cajón de sastre que sí lo permitía. La Ley de Orden de Protección ha permitido abrir las puertas a la adopción de medidas cautelares y a que lleguemos, como dijo Montserrat Comas en esta Comisión, a 6.000 medidas de protección en diciembre de este año y a que ahora mismo haya más de 11.000 personas inscritas en cuanto a medidas de protección.


El juzgado especializado trabaja muy directamente con la Administración en relación con la violencia doméstica con comunidades autónomas, con ayuntamientos, con policía y se facilitan protocolos de actuación entre Administración y juzgado para trasladarlos también a las víctimas, que es otra de las ventajas. El Consejo General del Poder Judicial tiene un informe que es importante en este tema. Ahí se puede ver que en el año 2003 se enjuició a 57.716 personas, siendo condenadas 33.936, un 59,4 por ciento, y absueltas 23.447, un 41 por ciento. Hombres enjuiciados, 50.450 y 6.718 mujeres. Pero hay una cifra que es importante: el número de órganos judiciales que en España tenían asumida competencia en materia de violencia doméstica era de 1.957, frente a los 3.124 órganos que existen en total. Evidentemente, los juzgados especializados reducen esa cifra.
Vamos a pasar de tener 1.957 jueces de violencia doméstica a una cifra más reducida. Ahora bien, ¿por qué vamos a tener menos juzgados especializados de violencia contra la mujer y otros juzgados de instrucción distintos donde se pueden denunciar por hombres, se pueden denunciar por el fiscal las agresiones a menores, se pueden hacer denuncias de ascendientes, etcétera? Yo, sinceramente, señorías, creo que complica la situación. El procedimiento que nosotros apoyamos es un único juzgado especializado que asuma todo el arco del artículo 173.2 del Código Penal. Lo hemos dicho antes al hacer la referencia a los menores.
No podemos supeditar el conocimiento de la agresión al menor al hecho de que también sea agredida en este caso la mujer. Yo creo que no hay que establecer trabas o cuestiones de exclusión al resto de sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal, sino abrir el abanico a todas las posibilidades.


La competencia civil del juzgado solamente cuando la víctima sea mujer.
Esto también introduce algunas cuestiones importantes. Yo, por ejemplo, recomendaría también la inclusión de las parejas de hecho. Hay que decir que en el texto está tácitamente excluida la posibilidad de las parejas de hecho. En principio, les recomendaría la posibilidad de que se aprovechara esta tramitación parlamentaria u otra para hacer referencia a que en el artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se introdujera la posibilidad de que las parejas de hecho fueran también al mismo procedimiento de separación o divorcio, al mismo trámite que establece el juicio verbal en los procesos especiales.


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En la orden de protección ha sido importante el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, de creación del Registro Central, previsto en la disposición adicional primera de la Ley 27/2003, para inscribir las medidas adoptadas, y hasta el pasado mes de julio se habían inscrito 11.402 hombres y 845 mujeres por denuncias presentadas a ellos por violencia doméstica; es decir, introducir distintos órganos judiciales yo creo que sería mucho más positivo que el que un solo juzgado fuera el que remitiera estas medidas al Registro Central. El Registro Central se creó con esas claras finalidades, que yo creo que quedarían un poco perturbadas si introdujéramos distintos juzgados que fueran los que remitieran estas medidas de protección al Registro Central. Si los juzgados especializados no conocen todo el abanico de sujetos pasivos del artículo 173, se divide la remisión de datos a este Registro Central, desde juzgados de instrucción para el resto de casos y juzgados de violencia contra la mujer cuando fuera ésta la víctima o el menor cuando también se hubiere agredido en este caso a la mujer. Por eso insisto en esa vía única para la mayor protección de la mujer.


Respecto del tratamiento en materia del Código Penal -ya voy terminando, señora presidenta-, yo entiendo que los tipos penales no pueden articularse sobre la base de la consideración del sexo de la víctima, y lo digo porque no creo que exista ningún beneficio en el tratamiento de la protección de la víctima mujer por el hecho de que la respuesta del derecho penal sea distinta en uno y otro caso. Hay que buscar fórmulas que mejoren el sistema de protección de las mujeres, no que introduzcan distinciones de trato entre géneros. Además -si quieren luego en el curso de las preguntas podemos tratarlo con mayor concreción-, recientemente el Tribunal Constitucional ha dictado un auto, el 233/2004, de 7 de junio, ante el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un juez de San Vicente, que lo que había cuestionado era la reforma de la Ley 11/2003, entendiendo que era desproporcionada la sanción que se imponía en el artículo 153 del Código Penal, es decir, la remisión de las faltas que estaban en los artículos 617 y 620 al 153. Lo digo porque se ha reflexionado sobre qué va a decir el Constitucional sobre algunos temas de elevación de penas, etcétera. El Constitucional ya se ha pronunciado. El 7 de junio de 2004 el Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad por ser notoriamente infundada. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro en este tema. Este auto va a ser muy importante para las reformas que se hagan en materia de violencia doméstica o de género, porque el Tribunal Constitucional viene a reconocer el carácter pluridisciplinar de este fenómeno, pero el Tribunal Constitucional ya ha resuelto también la tesis de la proporcionalidad entre el hecho y la pena. El Tribunal Constitucional permite claramente la elevación de las penas e incluso que las dos faltas que estaban antes en los artículos 617 y 620 sean ahora delitos del artículo 153. No plantea ningún problema y no lo hace porque el Constitucional dice que eso es posible en razón del problema que sufren muchas víctimas de malos tratos en nuestro país. El Tribunal Constitucional ya ha resuelto la tesis de la proporcionalidad. Pero yo deduzco del auto del Tribunal Constitucional que lo está planteando tan sólo para supuestos en los que no haya ninguna distinción, en este caso, en el sexo del sujeto pasivo del hecho delictivo. Yo me decantaría -ya lo dijo Montserrat Comas creo en esta Comisión- incluso por hacer desaparecer las faltas contra las personas en el Código Penal e irnos a un tratamiento unificado como delitos, pero dudo mucho que se aceptara -lo digo como jurista, es mi opinión nada más- que hubiera un tratamiento distinto a los delitos que están contemplados ahora mismo en el proyecto en cuanto a la distinción de hombre y mujer respecto a los delitos de amenazas y al de coacciones que se contemplan en el proyecto de ley. Sí que es cierto -tengo que decirlo- que se mejora la redacción en el 468; les felicito, porque creo que es una redacción que mejora el tratamiento que va a entrar en vigor ahora, por cuanto yo entiendo -y siempre lo he entendido- que el incumplimiento de una medida cautelar de la orden de alejamiento tiene que ir sancionado con pena de prisión y no con pena de multa. Entiendo que se ha criticado el hecho de que recoger solamente la pena de prisión podía ser criticable por cuanto no introduce ninguna alternativa; por ejemplo, hay algunos tipos penales que introducen prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. No hace falta que lo digan ustedes, yo entiendo que es correcto que se diga que en el 468 el incumplimiento de una medida cautelar va con pena de prisión, porque luego el juez en la ejecutoria penal puede aplicar una sustitución de la pena sobre la base del artículo 89 o puede, por ejemplo, suspender la ejecución de la pena y aplicar un plan formativo de reeducación de maltratadores que nosotros hemos defendido, que estamos aplicando en Alicante y al que, si quieren, puedo hacer alusión luego en el turno de preguntas, en cuanto a los resultados que estamos teniendo en este protocolo de implantación; en ese sentido, creo que puede ser positivo.


Por último -y abrimos ya, si les parece, el turno de intervención para cumplir el tiempo que se me ha concedido-, hago una propuesta. Aparte de la que hago de incluir un artículo nuevo en el sentido de introducir en este proyecto de ley de medidas de protección integral la posibilidad de desarrollar por ley el 83.1.4 del Código Penal -que ahora es 83.1.5 de dicho código-, a partir del 1 de octubre, planteo que esos planes formativos de reeducación de personas que han sido condenadas por maltrato se regulen en este proyecto, porque creo que es el sitio donde se deben contemplar. Si quieren, luego les explicaré en el desarrollo posterior qué hemos hecho en la provincia de Alicante en este plan de reeducación, cuál ha sido nuestra experiencia, pero creo que mejoraría en mucho esta posibilidad el hecho de que se incluyera en este proyecto de ley. Otra observación

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es la relativa a la inclusión, también por ley, de un baremo indemnizatorio para los casos de malos tratos. Uno de los mayores problemas que tenemos los jueces es que la indefinición de la norma da lugar a una diferencia de criterios en su aplicación y eso es sumamente peligroso. Ahora mismo existe un baremo indemnizatorio en materia de accidentes de tráfico que está dando un resultado muy positivo. Yo recomendaría -y se lo digo sinceramente, señorías, porque están existiendo problemas en la práctica de los tribunales, ya que en los juzgados no tenemos un criterio en cuanto al tratamiento indemnizatorio a las víctimas de malos tratos-, creo que sería muy positivo, aprovechar un modelo similar al baremo que existe en materia de accidentes de tráfico para que los jueces tuviéramos en ese sentido mayor seguridad jurídica y una mayor unificación de criterios. Estas propuestas, tanto el baremo en el proyecto de ley como también la regulación, por ley, dentro del proyecto, de los planes formativos de reeducación a maltratadores -luego, si les parece, puedo comentar la experiencia-, serían dos ideas francamente positivas incluidas en el proyecto de ley.La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Magro, por su exposición. Vamos a dar participación a los grupos que deseen intervenir. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor Magro, por su comparecencia y por los datos que usted aquí ha expuesto. También quiero transmitirle nuestro agradecimiento por ese reconocimiento que usted ha hecho a la labor legislativa que venimos realizando los parlamentarios y, en concreto, por esa valoración positiva que usted ha hecho de los nuevos instrumentos, instrumentos realmente novedosos que se han aprobado en la pasada legislatura -ha hecho referencia a cuatro textos legislativos-, por la eficacia que desde el punto de vista de su práctica de la justicia y de la aplicación de esos instrumentos, ya están teniendo en la lucha contra la violencia de género. Eso nos anima a seguir trabajando de forma exhaustiva tratando que de aquí salgan los mejores textos para que sean efectivos y que puedan luchar de la forma más eficaz contra este terrible mal que estamos padeciendo.


Usted ha mencionado distintas cuestiones. Ha hecho referencia a uno de los asuntos que se han debatido y sobre el que hay distintas posiciones, que es la organización de los tribunales. Hemos visto que hay un planteamiento radicalmente diferente en el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno del que se planteaba en la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista en la pasada legislatura. Ahí se defendía una organización, en realidad se creaba un nuevo orden jurisdiccional, denominado de igualdad y asuntos familiares con competencias civiles y penales. Ahora lo que se hace es introducir una especialización, pero limitándolo a las mujeres mediante tribunales contra la violencia que sufren las mujeres. Usted ha hablado de una experiencia que han puesto en marcha en Alicante donde se hace esta especialización, pero ampliando a todos los sujetos del artículo 173. Desde esa práctica nos está exponiendo aquí y afirmando que ese tipo de especialización es la que usted considera que es más adecuada. Querría que nos lo ratificara.


En su intervención señalaba que esta ley integral -que yo creo que es un objetivo que todos compartimos- debe servir para mejorar instrumentos que ya han sido aprobados y que no tienen demasiado tiempo de vigencia, pero que a pesar de eso ya están demostrando que son eficaces. En este sentido, quisiera que concretara sus propuestas, qué tipo de redacción cree que tendría que haber, en concreto en la organización, por ejemplo, de los tribunales. Además, quisiera que usted, como magistrado, como persona que está aplicando la justicia y que conoce muy bien ese mundo, nos dijera si tiene que haber también una concreción sobre programas de formación y de especialización para todos los profesionales que han de aplicar la justicia y una concreción en materia de financiación, presupuestos para realizarlo, incluso si sería partidario de que hubiera unas disposiciones en las que se hiciera referencia a un plazo concreto en el que todos los agentes -sobre todo jueces, secretarios, fiscales- que tengan que aplicar estas medidas hayan debido recibir esa formación.
Quisiera que nos concretara qué modelo defiende usted y que cree que puede ser más eficaz para ese objetivo de luchar contra la violencia de género.


Enlazando con lo que usted exponía de que lo que queremos es que se consiga más eficacia en los instrumentos que ya vienen funcionando, quisiera que nos trasladara propuestas concretas para que hagamos más eficaces los juicios rápidos, de los que usted ya ha hablado, así como la orden de protección. En concreto esta mañana se nos ha mencionado que en algunos casos, lamentablemente, se daba marcha atrás en el momento de tener que convalidar la orden de protección, que había muchas mujeres que no seguían adelante, que daban un paso atrás. Nos decían que hay pocas estadísticas todavía. Es verdad que la orden de protección entró en vigor en abril de 2003, de manera que no hay demasiado tiempo para que pueda haber también esas estadísticas. Quizá nos pudiera hacer alguna propuesta de cómo hacer ese seguimiento y de qué órganos deberían impulsarlo.
Quisiera que nos dijera si usted desde esa práctica de la justicia tiene datos que nos permitan conocer este tema con profundidad, porque a veces se produce un rechazo, el no ir adelante con un instrumento que en principio aparece como muy eficaz. Quisiera que nos dijera si es que son necesarias otras medidas. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, hemos presentado una proposición de ley donde incluimos un plan de seguridad personal que esté individualizado para las especiales circunstancias que tiene cada víctima; circunstancias que están ligadas con el perfil que tiene el agresor, con el grado de peligrosidad,

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si hay hijos u otras personas dependientes de la mujer, con el entorno y las características del domicilio, del lugar de trabajo, de los centros escolares, para que en función de esas especiales circunstancias de víctima-agresor, de todo ese entorno, se pueda concretar una serie de medidas en función de tres niveles de seguridad. Ese plan recogería desde sistemas telemáticos hasta protección policial intermitente o incluso protección policial continua. Se producen hechos que verdaderamente son terribles y que demuestran la situación psíquicamente inestable en que se encuentran las mujeres, destrozadas por esa lacra, lo que hace que a veces no se llege a poner la denuncia. Afortunadamente, en eso estamos avanzando y es un fenómeno que está aflorando, pero muchas veces esas denuncias se retiran y en otros casos, que es a lo que me estoy refiriendo en este momento, existen órdenes de protección que al final no se convalidan y no siguen adelante. Quisiera saber si con esas medidas destinadas directamente a la protección física se puede proporcionar más seguridad a las mujeres, de manera que se siga adelante con este proceso para cortar con el terrible mal de la violencia.Ha mencionado el aspecto de la rehabilitación de los agresores. Aquí una persona a la que usted también ha hecho alusión, la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial, decía que le parecía muy positivo que en el artículo 35 se recogiera la reinserción social de los condenados, proyectos concretos de rehabilitación, pero en este caso sólo está circunscrito a aquellos condenados que ingresan en prisión, y ella defendía la necesidad de que se extendiera también a aquellos condenados que no ingresen en prisión. Quisiera que usted nos diera su criterio a este respecto y si con la experiencia que están teniendo en Alicante con el plan piloto nos puede anticipar qué tipo de programas se pueden poner en marcha y cómo, y si usted es partidario que sea para ambos casos, para los que ingresan en prisión y para los que no ingresen.
Nosotros creemos que para prevenir esas conductas futuras y acabar con la violencia doméstica hay que condenar y proporcionar seguridad a las mujeres, pero si queremos evitar que esa persona que se ha demostrado que es un agresor no vuelva a reproducir esos comportamientos en el futuro, como no exista un proceso de rehabilitación, difícilmente podremos prevenir dichos comportamientos.


Una de las cuestiones que ha sido mayor objeto de debate es la de las modificaciones penales. Usted ha hecho alusión a las mismas y yo ahora no quiero entrar en si son constitucionales o no, pero sí quiero hablar desde el punto de vista de la eficacia. Esta mañana un abogado responsable del turno de oficio en materia de violencia de género del Colegio de Madrid señalaba que esa tipificación, en la que se distingue en función del sujeto pasivo, si es hombre o mujer, si es menor, puede provocar ámbitos de incertidumbre que pueden dar lugar a que luego haya defensas para el agresor que desde luego no deseamos los legisladores.
Quisiera que desde esa práctica de la justicia nos dijera usted si puede darse ese caso y restar eficacia a todas las medidas, que por supuesto nosotros queremos que sean lo más eficaces posibles.


También se ha mencionado aquí -lo apuntó la señora Comas- que faltaba una mención expresa a los puntos de encuentro. En su comparecencia habló de la eficacia que estaban demostrando en muchos asuntos de violencia, en prevención y en evitar en general situaciones de violencia familiar.
Quisiera que usted nos dijera si cree que es un recurso que está demostrando que tiene un papel fundamental en la lucha contra la violencia y de qué manera podría recogerse en este texto legal.


Sin más, le agradezco nuevamente su compare­cencia.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quiero dar las gracias al compareciente, don Vicente Magro Servet, por habernos ilustrado con sus valoraciones acerca de este proyecto de ley integral contra la violencia de género. Si me lo permite, haré algunas consideraciones al respecto de su intervención y le formularé alguna pregunta.


En primer lugar, le agradezco la valoración positiva que ha hecho del conjunto de la ley. No en vano, sin perjuicio de sus expresiones de beneplácito y de valoración positiva de las medidas adoptadas con anterioridad en esta dirección de la lucha contra la violencia de género, el objeto hoy son las aportaciones posibles para mejorar este proyecto de ley integral, que es el primero que se realiza en nuestro país. Vemos que en los temas importantes podemos coincidir en buena parte. Defiende usted, como no podía ser de otra forma, la creación de los juzgados especializados contra la violencia sobre la mujer, que nosotros creemos que incrementan la tutela judicial efectiva de las víctimas. Sin embargo, añade usted que debiera aumentarse la protección e incluir en el ámbito competencial del juzgado especializado al resto de los sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal. Nuestro grupo parlamentario no coincide con esta valoración ni sobre todo con la que usted realiza para justificarlo cuando en el documento que nos ha trasladado dice: Personalmente entiendo que no se mejora la protección a la mujer por excluir del ámbito competencial del juzgado especializado al resto de los sujetos pasivos del artículo 173.2 del Código Penal. Curiosamente coincide literalmente con una pregunta que formula desde el mes de julio en cada comparecencia el Partido Popular. Parece que hay buena sintonía, porque creo recordar que usted era senador del Partido Popular hace poco tiempo, pero, bien, para quienes creemos que la política, en mayúsculas, no es incompatible -y no se lo digo con ironía sino de verdad, con convicción-, sólo quería poner de

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manifiesto esta coincidencia porque facilita la fluidez en la comunicación y el traslado incluso de preguntas y cuestiones concretas, que nos parece correcto, no lo tome como ironía, pero es que curiosamente viene literal.
¿Y qué hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista? Hacemos la pregunta al revés: el hecho de que existan juzgados de violencia contra la mujer ¿en algún caso perjudica o minora la protección jurídica y la tutela judicial efectiva del resto de los colectivos? Porque la premisa, señor Magro, de esta ley -y si no es no entender lo que se pretende con la misma, se lo digo casi cariñosamente- es la lucha contra la lacra social de la violencia de género que tenemos en este país. Los escasos minutos no dan de sí para desarrollar lo que han expuesto aquí numerosos expertos. Mi estimada compañera del Partido Popular se refería a una persona que hoy ha comparecido amablemente, experto en el turno de oficio, pero se le ha olvidado mencionar a un auténtico experto en el ámbito penal. Yo le recomiendo también amistosamente y por curiosidad intelectual que lea esa comparecencia y los contenidos históricos y actuales de la valoración de por qué sí los tipos penales son constitucionales, son proporcionales y son adecuados, aunque sea discutible, pero con un rigor exquisito y no como una mera valoración de posicionamiento por quien no era un experto en la materia sino en otra muy distinta, pero que se permitió opinar sobre los aspectos procesales, constitucionales, penales, etcétera, seguro que con la alegría que da tener la palabra en un foro tan adecuado como es este, pero muy al margen de lo que era su especialización.Nosotros entendemos y afirmamos que esta ley es para proteger a la mujer de la violencia de género, pero no toda violencia de género, sino aquella que se produce en la relación de pareja o ex pareja, aun sin convivencia (artículo 1), con lo cual las parejas de hecho -quizá haya sido un pequeño lapsus por su parte- sí entran. ¿Cómo no van a entrar si no se exige la convivencia? Quizá se quería usted referir a las parejas homosexuales o al próximo matrimonio homosexual, pero las parejas de hecho evidentemente están en el objeto de la ley.
¿Que puede ser objeto de regulación otro tipo de comportamientos o de conductas no sólo de colectivos de ancianos o de menores sino cualquier tipo de colectivo con especial vulnerabilidad, o discapacitados que no necesariamente tengan que ser menores? Claro que sí. Eso no es ajeno a cualquier regulación que consideremos positiva, pero si en esta ley, que es una ley integral, compleja, con numerosas aristas, con medidas asistenciales, sanitarias, laborales, de Seguridad Social, educativas y de todo tipo, metemos más elementos de complejidad, probablemente estaremos desviando la atención de lo único que pretende afrontar esta ley, de lo que es el objeto de la ley. ¿Que es deseable que todos seamos buenos y benéficos? Sí, claro, pero esto no toca decirlo en esta ley. Le agradecemos cualquier opinión que pueda darnos en cuanto a cuestiones positivas que puedan ser objeto de regulación legislativa, de verdad que sí, y probablemente esté acertado en buena parte, seguro que sí, pero la voluntad de nuestro grupo parlamentario y del Gobierno es no mezclar en este proyecto de ley otras posibles regulaciones.


En cuanto al baremo indemnizatorio, se me ocurre alguna cosa, pero muy sobre la marcha y por tanto me voy a limitar a decir que estudiaremos esa cuestión, porque a bote pronto se me ocurren algunas ventajas pero también algunos inconvenientes. En fin, no habíamos pensado en esta cuestión, tampoco venía en la documentación, pero no sería sincero si no reconociera que estos días he leído algún comentario escrito respecto a los cursos de formación que llevan esos programas en su provincia y que tampoco ha tratado, lo ha dejado únicamente colgado al final, diciendo nada más y nada menos que solicitaba que se incluyeran en el texto de la ley. Así, sin más, me parece un poco complicado. Si quiere, puede comentarnos alguna cuestión. Desde luego, nuestro grupo parlamentario cree en la rehabilitación, no sólo cree en ella, sino que en su filosofía defiende hasta la médula cualquier actuación rehabilitadora de todo tipo de delincuentes, también de los maltratadores. En la regulación del proyecto de ley, en el artículo 35, se recoge que la Administración penitenciaria realizará programas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la violencia de género. A mí me ha parecido entender -me referiré a ello brevemente, porque creo que el proyecto de ley no iba en esa dirección- que estamos hablando no de que sea en el centro penitenciario, sino de programas con carácter previo para personas que hayan sido condenadas. A nosotros inicialmente nos parece adecuado cualquier tipo de tratamiento rehabilitador. Si el debate es si automáticamente es motivo de sustitución o suspensión de la pena, tengo que decir que eso no es lo que viene en nuestro derecho positivo y no es lo que corresponde aplicar, como también me ha parecido leer que alguien ha interpretado. También es importante -y he de reconocer que lo desconozco- el tipo de curso concreto, los profesionales, los contenidos, los tiempos, las exigencias, la evaluación, quién evalúa, pero, en resumen, de entrada nos parece positivo cualquier tratamiento rehabilitador, que en ningún caso -ahí sí que no compartimos la opinión- perjudica a las víctimas, ni minora la atención hacia ellas, que es nuestro interés prioritario, incluso si cabe por encima de estos principios, no como principio, sino como efecto práctico de a quién tenemos que atender en primer lugar. El tra­tamiento rehabilitador no excluye la atención a las víctimas.


Creo que he tocado los temas principales. Me referiré a una última cuestión, porque creo que se ha tocado poco y es importante. ¿Qué opina usted, como práctico en la materia, de la regulación de las medidas cautelares que llevamos en el proyecto de ley como medidas complementarias y compatibles, según va en el artículo 49, en relación con el 52, con la orden de protección del

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artículo 544 ter, que menciona el artículo 50 del mismo proyecto? Nos gustaría que nos hiciera una somera valoración de esta nueva regulación de medidas cautelares -insisto- compatibles con el 544 ter y nos dijera si considera que mejora la situación actual.La señora PRESIDENTA: Tiene nuevamente la palabra el señor Magro.


El señor PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE (Magro Servet): Muchas gracias por las acertadas, y desde luego interesantes para mí, preguntas y cuestiones que se me han trasladado. Como licenciado en derecho que hizo oposiciones, hay algunos aspectos de mi intervención que se han circunscrito al tiempo que se me ha dado. Cuando yo hice oposición a judicatura y preparaba mi oposición recuerdo que me decía siempre mi preparador: Tienes 60 minutos para hacer el examen. Yo sabía que no tenía 60 minutos y 5 segundos porque los cinco miembros del tribunal me tocaban la campanilla -y aquí hay algún opositor también- y me echaban del examen, con lo cual yo he sujetado mi intervención al tiempo que me ha dado la presidenta, además muy generosamente, y se lo tengo que agradecer. Como conocía el desarrollo de la comparecencia, sabía que tenía la posibilidad de ampliar aquellos aspectos importantes, como han hecho los dos portavoces de los grupos parlamentarios, respecto a cuestiones que son sumamente interesantes. Si me permiten, las voy a desarrollar porque son sumamente acertadas algunas advertencias.


Yo he defendido el modelo de los juzgados especializados en violencia doméstica, el modelo que pusimos en práctica en Alicante en el año 1999.
Yo he dicho al principio de mi intervención que no iba a hacer una valoración, ni una opinión como jurista, sino que iba a hacer una valoración desde el punto de vista práctico. Me he leído antes de venir aquí los diarios de sesiones de todas comparecencias que ha habido en esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales. Esto desde luego es perfectamente opinable y ha habido personas que no están a favor de la especialización desde el punto de vista de la opinión y, como ha dicho el señor Villarrubia, de la valoración personal. Yo no lo hago desde la valoración personal, sino que lo hago desde el punto de vista de la experiencia. Nosotros sabemos cómo funciona esa especialización de juzgados. Por eso contestaré a la pregunta que me formulaba la representante del Grupo Popular respecto al modelo. Yo me decanto por un modelo completo, por un modelo sin exclusión. Insisto en que nosotros utilizamos el modelo que se nos permitía en ese momento, que era el del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero era un modelo de exclusividad, solamente se nos permitía centrar un juzgado. Yo hablé personalmente con la junta de jueces de Alicante y la de Orihuela y el juez decano de Elche en aquel momento también especializó un juzgado, pero dependía del carácter voluntarista de un grupo de personas y entendimos que había que utilizar una vía alternativa a las medidas que en ese momento se estaban planteando en la lucha contra la violencia doméstica. No podemos hacer depender del carácter voluntarista de los profesionales la implantación de medidas o sistemas de protección contra la violencia doméstica.


Les puedo asegurar que a mí, cuando he salido fuera de Alicante, en muchos foros me han preguntado muchas mujeres si se podía utilizar vías alternativas, pero nunca se me ha planteado la opción de si se podían entorpecer el sistema de protección de la mujer maltratada, abrir el abanico a todos los sujetos pasivos porque -y lo venimos diciendo todos- el 92 por ciento de las víctimas son mujeres. Sin embargo, insisto, en Alicante la cifra de las denunciantes era del 98 por ciento y de los hombres de un 2 por ciento. Vuelvo a insistir que la cifra que da el Consejo General del Poder Judicial en el último informe es del 92 por ciento. En Alicante hemos tenido un 6 por ciento más de víctimas mujeres de violencia de género que la cifra que el Consejo General del Poder Judicial ha dado para toda España, un 6 por ciento más, incluyendo a hombres, incluyendo a niños, incluyendo a ascendientes, incluyendo a todo el arco del 173. Es decir, tenemos datos, tenemos la experiencia personal. Al juez de instrucción número 5 de Alicante ninguna mujer le ha dicho: No quiero ver a un hombre que denuncie, no quiero ver al fiscal que presente la denuncia respecto a un menor que ha sido maltratado.


Además, la cuestión -permítame que se lo diga señor Villarrubia- no es esa, sino que es al revés. En el mundo del derecho, la cuestión que me ha preguntado no es en qué le perjudica a la mujer, sino que es al revés la cuestión. No hay ningún perjuicio para la mujer por el hecho de que un hombre vaya a presentar una denuncia en el mismo juzgado especializado.
La cuestión es al revés, no existe ningún perjuicio. En el mundo de la organización de los tribunales, no podemos hablar de la pregunta que usted me ha formulado, evidentemente con toda la buena intención, porque la cuestión es al revés. Nosotros, los que estamos al frente de los tribunales de justicia, tenemos que abrir la puerta sin distinción de sexo, sin distinción del género de la persona que viene a denunciar. No podemos hablar basándonos en si es mujer u hombre el que presenta la denuncia porque no existe ningún perjuicio, absolutamente ningún perjuicio, para la mujer por el hecho de que presente la denuncia un hombre. Señorías -se lo digo desde el punto de vista de la experiencia personal-, en Alicante, en Elche y Orihuela, ninguna mujer se ha sentido perjudicada por el hecho de incluir todo el abanico del 173.2 del Código Penal vigente.


Hablando de modelos, yo he leído la proposición de ley que se presentó en diciembre de 2001 por el Grupo Parlamentario Socialista y creo que es un modelo mejor, es un modelo que está más en la sintonía del modelo que nosotros utilizamos en Alicante porque es

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un modelo no excluyente, un modelo que no excluye. Es un modelo que especializa, que concentra denuncia, que facilita la aplicación de la habitualidad porque la mujer no tiene que ir, juzgado por juzgado o partido judicial por partido judicial, preguntando dónde está su denuncia. ¿En qué le perjudica a esa mujer que también haya un hombre buscando sus denuncias y que las pueda encontrar en el mismo órgano judicial? Desde luego, lo que produce una disfunción, una distorsión del fenómeno de la violencia doméstica es que haya hombres que vayan al juzgado de instrucción a instruir esos procedimientos que se han visto en un juzgado de lo penal y mujeres que vayan a otro juzgado distinto, porque entonces tendríamos un juez especializado en violencia contra la mujer en ese juzgado y, luego, muchos jueces que iban a conocer del resto de denuncias que presentaran los sujetos pasivos del 173.2 del Código Penal. Quiere esto decir que no estaríamos resolviendo en su totalidad el problema que sufren menores (porque también hay que agredir en este caso a la mujer para que se pueda incluir dentro del juzgado de violencia contra la mujer) ni ascendientes, etcétera.Señor Villarrubia, yo no sé si las observaciones que se incluyen en la documentación que se le ha dado coincidirán con las de algún grupo parlamentario (yo he mandado una documentación aparte de esa, lo que pasa es que creo que ha habido algún problema con el correo electrónico, pero tiene que estar en la casa), pero le tengo que decir que el 28 de mayo de 2001 yo publiqué un trabajo en el diario La Ley, Los nuevos juzgados especializados en violencia doméstica, de donde he sacado la observación que consta en mi transparencia; yo publiqué el 22 de diciembre de 1999 un trabajo en el diario La Ley, Los juzgados especializados en violencia doméstica, en el que yo hacía referencia a las mismas expresiones que he utilizado en mis observaciones. Usted ha hecho alguna referencia en su pregunta, pero le tengo que decir que esto no lo he dicho yo ahora, en 2004, es que yo lo vengo diciendo en una documentación que se la he remitido y que por algún problema del correo electrónico no les ha podido llegar, pero estas son unas observaciones que yo hacía ya en los años 1999 y 2001, literalmente, respecto a mi criterio sobre los juzgados especializados en violencia doméstica.


Yo creo que es bueno que haya una mayor información. Una de las cuestiones fundamentales que nosotros vimos en el proyecto que planteamos en Alicante es que había que dar mayor información a las víctimas. Se dice que hay más denuncias ahora que en el año 1999, yo recuerdo que, en Alicante, algunos medios de comunicación me interpelaban: Hay más situaciones de malos tratos ahora mismo porque hay más denuncias.
Nosotros a veces tenemos que explicar qué está pasando en la realidad y advertimos: No es esa la valoración correcta del problema, lo que pasa es que al haber una mejor regulación legal, al haber mejores medidas, mejores instrumentos legales contra la violencia doméstica, la mujer denuncia porque encuentra una mayor protección. Lo que yo estaba diciendo era que se aprovechara este proyecto de ley de medidas de protección integral para complementar lo que se había trabajado sobre esta cuestión.
La mujer tiene que tener mayor información, y se lo digo desde el punto de vista de la experiencia. En la provincia de Alicante, las mujeres que acudían lo hacían porque nosotros habíamos insistido y porque además habíamos hecho un protocolo de coordinación con todas las administraciones para que esto fuera posible. Lo digo porque la ley es la ley, pero nosotros no podíamos darles a las mujeres el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se la estudiaran; lo que hacíamos era protocolizar las actuaciones e intentar facilitar esa información a las mujeres para que tuvieran mayor confianza y acudieran, en este caso, a los juzgados.


Se ha hecho referencia por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular a la reinserción, a la que también ha aludido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. No me he extendido más por cuestiones de tiempo, como fiel cumplidor del tiempo que me da la presidenta de la Comisión, pero sí aprovecho ahora para aclarar cuál ha sido la experiencia. Aprovecho esta oportunidad -vuelvo a decir que me honran ustedes con esta petición de comparecencia- para decirles que sabemos que existe el artículo 83.1.4 del Código Penal que es el que nos ha permitido implantar planes formativos de reeducación de maltratadores. El problema con el que nos encontrábamos es que volvemos a depender del carácter voluntarista de un grupo de juristas o de un grupo de personas comprometidas contra la violencia de género o la violencia doméstica, que en Alicante han hecho un protocolo de coordinación para aplicar el 83.1.4 (ahora 1.5 a partir del primero de octubre) del Código Penal.


Sé que ha habido alguna crítica a este protocolo de implantación, pero a lo mejor puede que no se ha haya entendido. Se ha dicho que estábamos quitando penas a los maltratadores y sustituyéndolas por cursos de formación. No es cierto y tuve que convocar una rueda de prensa en Alicante para decir expresamente que eso no era así. Se lo voy a decir.
Ha comparecido esta mañana, me parece, la representante o una portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas THEMIS creo recordar. La Asociación THEMIS, que está apoyando la lucha contra la violencia doméstica, en un informe que cito en varios trabajos que he publicado en varias revistas jurídicas, dice que a cerca del 60 por ciento de las personas que son condenadas por violencia doméstica se les suspende la ejecución de la pena. ¿Qué está pasando con estas personas a las que se les suspende la ejecución de la pena? Muy sencillo. Son personas que han cometido un delito de violencia de género, a las que se ha aplicado una pena inferior a dos años de prisión y la consecuencia directa es que, en la ejecutoria penal, automáticamente son puestas en libertad y no cumplen absolutamente nada. Esto se está produciendo en un porcentaje elevadísimo. ¿Qué hicimos en Alicante? Que

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un juez de lo penal de Alicante, ante la condena a un maltratador a una pena de un año, establece en el auto de la ejecutoria que se someta el condenado a un plan formativo y que se le suspenda la ejecución de la pena.¿Qué hacen los medios de comunicación? Preguntan por el plan formativo, porque no había un protocolo de implantación ni un desarrollo legal de la aplicación del plan formativo del 83.1.4 del Código Penal.
¿Qué hicimos nosotros? Cubrir la laguna que estaba recogida en el Código Penal y decir: vamos a protocolizar el plan formativo. Es lo que hicimos.
Señorías, les voy a contar la experiencia. Aprobamos el protocolo el 1 de marzo de este año; empezamos el 20 y el 21 de mayo con dos sesiones que se prolongaron el pasado lunes y martes, ayer mismo hicimos una sesión del curso del Plan formativo que la prolongaremos sucesivamente. La experiencia fue que los días 20 y 21 de mayo comparecieron diez personas condenadas por violencia de género y los jueces les habían supeditado la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento del plan formativo.
El primer día, sigo hablando por experiencia personal, desde la práctica, los diez que estaban en el plan formativo no querían estar, pero estaban porque el juez en el auto de la ejecutoria les había dicho que supeditaba la libertad a que comparecieran. No estoy echando flores a los que hemos hecho el Plan formativo, pero, ¿qué hubiera ocurrido si no hacemos el Plan formativo? Que estas diez personas estarían en libertad sin ninguna obligación complementaria o añadida, igual que el 60 por ciento de las personas que son condenadas por violencia de género. Nada, absolutamente nada. Es decir, el efecto de la pena no existe porque se les condena a un año de prisión, no van a prisión en la mayoría de los casos y no se hace nada con ellos. ¿Qué pasó el lunes en la tercera jornada del Plan formativo? Comparecieron 24 personas y les tengo que decir que en su gran mayoría los que habían repetido -se incorporaban 14 personas nuevas y otros repetían-, los que habían estado ya el pasado 20 y 21 de mayo, les recomendaban a los que iban por primera vez las ventajas del plan formativo, las mismas personas que el día 20 de mayo estaban diciendo que estaban allí obligadas, que eso para ellos no era. No reconocían ni la culpabilidad, decían que el juez les había condenado sin pruebas, que ellos no habían sido, etcétera. Ahí nos dimos cuenta nosotros de la importancia del plan de reeducación porque les estábamos intentando cambiar de forma de pensar. Además hay una circunstancia añadida, es la informativa. Les dije, miren ustedes se les ha suspendido la ejecución de la pena porque es la primera vez que han cometido este hecho delictivo, pero no se les va a dar una segunda oportunidad, es una primera oportunidad, pero única. Si ustedes vuelven a empujar a su pareja de hecho o a su mujer, van a ir a prisión porque se les va a revocar la suspensión de la ejecución de la pena. En su gran mayoría, los diez que estaban me dijeron a mí personalmente que eso no era posible, que si ellos golpeaban o empujaban a su mujer y no había sangre, se les imponía una multa y no pasaba nada. Mi sorpresa, señorías, por la ignorancia, por el desconocimiento, fue mayúscula. Ignoraban, evidentemente, porque no son juristas, que se había producido una serie de reformas en el Código Penal en virtud de las cuales en el 153 del Código Penal, con la derogación del 617 y del 620, faltas de malos tratos ahora eran delitos.
Se lo estábamos trasladando a ellos, y les dije: como golpeen ustedes a su mujer o pareja de hecho o a otra persona con la que puedan volver a convivir, que lo dice muy claramente la nueva regulación, serán ustedes ingresados en prisión porque se les revoca la suspensión de la ejecución de la pena.


Fíjense las ventajas que ha tenido solamente el carácter informativo del plan que estamos haciendo. El día 6 de septiembre la situación era radicalmente distinta. Ellos advertían a sus compañeros, y yo lo he visto: llevad cuidado porque los juristas que están viniendo aquí nos están diciendo que como le peguemos un empujón eso es un delito del 153 e ingresaremos en prisión por la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena. Eso ya es importante. Ejemplos tenemos muchísimos, incluso una de las personas que estaban condenadas que había golpeado a su pareja de hecho y había sido condenada por ello, el pasado mes de julio había contraído matrimonio. Yo no voy a decir que a raíz del curso haya cambiado radicalmente su forma de ser, pero sí cambió su forma de pensar, que eso va a incidir en su forma de ser, porque esta persona nos dijo a nosotros, y dijo luego ante los medios de comunicación, y lo dijo públicamente, que tenía que cambiar de forma de ser, que de alguna manera le estábamos abriendo los ojos y que en ese sentido había contraído matrimonio con la persona a la que había golpeado e incluso iban a ser padres de un hijo.


Ese cambio que se ha producido demuestra claramente que no tenemos que depender del carácter voluntarista de los partidos judiciales o las audiencias provinciales. Es preciso -y yo creo que es muy interesante- que se añada un precepto en este proyecto de medidas de protección integral para que se regule por ley. Es el mismo modelo de los juzgados especializados, les estoy diciendo absolutamente lo mismo: ustedes están con un proyecto de ley que incluye juzgados especializados, nosotros pusimos un modelo voluntarista de juzgados especializados; nosotros estamos poniendo ahora un modelo voluntarista de plan formativo y eso no está en ningún desarrollo legal. Con el carácter práctico que les quiero transmitir, les insisto en que eso es altamente positivo, porque para que eso se implante no dependeremos de la voluntad de unos partidos judiciales sino de una regulación legal que haga altamente positiva esta implantación.


Los puntos de encuentro son muy positivos. En algunas comparecencias que he leído se han cuestionado algunos aspectos que están en el proyecto y yo creo que cuanto más regulación legal se incluya -y eso es un acierto y se lo debo reconocer-, a nosotros, a los jueces,

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nos va a venir mejor; nos va a venir mejor que se clarifique la figura del fiscal especializado, aunque ya está en la circular de la Fiscalía General del Estado, y aquí está Jaime Moreno Verdejo, que desde luego tiene mayor conocimiento que yo sobre esta cuestión, a quien tengo que felicitar por sus grandes aportaciones a la lucha contra la violencia doméstica.En cuanto a los tipos penales, hay que ser muy claro, cualquier jurista sabe perfectamente que ningún precepto del Código Penal habla del hombre que golpeare a la mujer o la mujer que golpeare al hombre, se habla del que matare a otro, el que obligare a otro, el que sustrajere, etcétera, pero en ningún momento se establece lo que el Consejo General del Poder Judicial ha denominado como derecho penal de autor, es decir, no se recoge de ningún modo esta figura. Además, creo que es un error establecer los tipos penales, el cambio a falta, según cuál sea el sujeto autor del hecho delictivo. Yo voy incluso con la postura que mantuvo aquí Montserrat Comas; si vamos a ir a posturas avanzadas, vamos a despenalizar las faltas contra las personas. ¿Para qué establecer esta diferencia o este trato diferencial entre hombre y mujer en esta cuestión? Vamos a ir radicalmente a derogar las faltas contra las personas en estos casos y considerar que son delitos cualquiera de los hechos que están incluidos en el 173.2 del Código Penal, por una razón muy sencilla, porque el Tribunal Constitucional ya ha reconocido expresamente, en el auto al que he hecho referencia con anterioridad, que eso está permitido, que eso se puede hacer. Lo que yo deduzco de la lectura de esta resolución judicial, importantísima en el tratamiento de la violencia doméstica, es que se pueda introducir el tratamiento distintivo de hombre y mujer en la lucha contra la violencia doméstica.


Con algunos aspectos que pueden ser interesantes, me refiero a las parejas de hecho. Cierto es que el artículo 1 en la regulación inicial se refiere a las parejas de hecho, pero es que hay una cuestión que es fundamental, y es la organización de los tribunales, porque en el artículo 37 en cuanto se refiere a la organización de los juzgados (lo digo desde el punto de vista de la práctica y de la experiencia personal porque en esto nosotros nos hemos encontrado con problemas) se hace referencia a que los juzgados de violencia sobre la mujer podrán conocer en el orden civil, y hace referencia, en el apartado g), a los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro. Se está refiriendo a las parejas de hecho con hijos. El problema que suscita esta regulación es que las parejas de hecho sin hijos ahora mismo no están incluidas porque esta referencia del apartado g) es la misma que consta en el artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señorías, ahora mismo, y yo lo he publicado en alguna revista jurídica, existe un tratamiento distintivo por cuanto las parejas de hecho sin hijos tienen que irse a un procedimiento de juicio ordinario para resolver las diferencias que existan en su convivencia y las parejas de hecho con hijos se tienen que ir al juicio verbal especial de la Ley de Enjuiciamiento Civil; es decir, existe un tratamiento diferenciador en cuanto a la resolución de las medidas de las parejas de hecho con hijos y sin hijos.


¿Qué pasa en el texto del artículo 37? Que se reproduce literalmente el 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en tanto en cuanto tan sólo se refiere a las parejas de hecho con hijos, con lo cual dichas parejas quedarían excluidas porque la referencia del apartado g) es la misma que incluye el 769.3. Yo recomendaría que se aprovechara la tramitación parlamentaria de este texto para resolver el tratamiento procesal civil de las separaciones de las parejas de hecho sin hijos, que se remiten a un procedimiento civil distinto, que es el juicio ordinario, frente a las parejas de hecho con hijos, cuyas diferencias van con un procedimiento aparte y hasta con un juzgado aparte, que es el juicio verbal especial de los juicios especiales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora mismo, una pareja de hecho con hijos y otra sin ellos tienen un tratamiento procesal distinto a la hora de resolver las cuestiones civiles dentro de los órganos judiciales, y esto está introduciendo serios problemas.


Me gustaría trasladar apuntes importantes que recientemente, a la vuelta del verano, me comentaba un compañero magistrado juez de familia. Se trata del plazo de los 30 días cuando se concede una orden de protección de validez de esas medidas contenidas en la misma, porque se ha planteado la duda de si se excluyen o no los días inhábiles. Esto plantea una serie de problemas porque algunos juzgados entienden que no se excluyen y otros que sí. Algún jurista puede decir: esa es una interpretación de los tribunales, que se resuelva por los tribunales. Sin embargo, no podemos estar haciendo depender siempre de los tribunales la respuesta a estos problemas porque habrá audiencias provinciales que entiendan que se excluyen los días inhábiles y otras que no. El problema se suscita con mucha mayor claridad en los días 23, 24 y 25 de julio respecto a órdenes de protección concedidas a final o a mitad del verano y la validez o la caducidad de esas medidas adoptadas. ¿Se excluyen los días inhábiles o no se excluyen? Yo creo que se excluyen por aplicación del 133 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es mi criterio y puede que haya otros jueces que tengan criterios distintos.


Yo entiendo que el proyecto es claramente mejorable. Les felicito por estar debatiendo en el Parlamento un proyecto de medidas de protección integral, como puntualizaba mi compañero Enrique López, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Les ruego que se tengan en cuenta, por lo menos desde el punto de vista de la práctica, estas mínimas observaciones que se han hecho respecto a la experiencia personal de los juzgados especializados, respecto a la inclusión igualitaria de las parejas de hecho sin hijos, respecto a la regulación legal de los cursos de formación, de reeducación,

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que son altamente positivos. Insisto en que se haría un gran favor a todos los jueces, a todos los partidos judiciales si tuviéramos la oportunidad de contemplar en este proyecto que en todos los partidos judiciales de España se siga por esta vía; les recuerdo que ahora mismo estamos controlando a 24 personas, de las cuales ninguna ha reincidido y muchos han manifestado públicamente que se han rehabilitado. Creo que dejar al voluntarismo de los profesionales la resolución de los problemas de la violencia de género o la violencia doméstica no es la vía a seguir. Les felicito porque cuanta más regulación legal exista, mayor protección tendrán las víctimas de la violencia de género o violencia doméstica. Se facilitarán a los jueces, a los juzgados, unos criterios uniformes a la hora de resolver estos problemas, con la especialización de los juzgados desaparecerá la disparidad de criterios que pueda haber entre los mismos, incluyendo todo el arco del artícu­lo 173.2 y las denuncias se incrementarán.He dicho al principio de mi intervención, y con esto termino, que hoy día cerca de 700.000 mujeres son víctimas de la violencia de género; tan sólo el 10 por ciento ha presentado denuncia.
Sigamos avanzando, que lo estamos haciendo, ya que en el año 1999 sólo se presentaron 29.000 denuncias. El porcentaje se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque, y se lo tengo que agradecer, el Parlamento está legislando bien, porque se están dictando textos legislativos importantes que nos permiten a los jueces dar mayor protección a las víctimas de la violencia de género o violencia doméstica. Yo les ruego que este proyecto sirva para complementar todas las medidas que en ese sentido se han aprobado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Magro, por su colaboración y sus aportaciones, que, desde luego, contribuirán a enriquecer el proyecto de ley y a dar solución a este problema que viven tantas mujeres.
(Pausa.)

-DEL SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (MORENO VERDEJO), ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO (Número de expediente 212/000129.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, continuamos con las comparecencias, ahora de don Jaime Moreno Verdejo, fiscal de la Fiscalía General del Estado, a quien agradecemos su presencia en esta Comisión. Para su exposición inicial tiene la palabra el señor Moreno.


El señor FISCAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO (Moreno Verdejo): Señora presidenta, con su venia.
Señoras y señores diputados, es un honor comparecer ante esta Comisión y la satisfacción es mayor aún, si cabe, para hacerlo sobre esta materia: el proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una materia, la violencia de género, la violencia familiar y la violencia doméstica, a la que he dedicado mi atención y mis esfuerzos como fiscal y que creo que es una de las cuestiones básicas y eje de lo que es la política criminal. Se han dictado leyes por esta casa de enorme importancia en los últimos tiempos y pienso que este proyecto viene a ser un hito importantísimo en esta evolución legislativa, que creo que está siendo muy trabajosa en aras de conseguir que disminuya esta lacra social. Mi propósito ante esta Comisión no es otro que tratar de aportar mi visión como fiscal, como práctico, en aquellas cuestiones del articulado del proyecto que a mi modo de ver pudieran ser susceptibles de mejora o susceptibles de una mayor eficacia. No quiero que se vean las criticas como una critica al anteproyecto y mucho menos como un inmovilismo, sino, al contrario, como un modesto propósito para contribuir a mejorar lo que creo que es un acertado proyecto.


Con carácter previo y esencial, quisiera hacer referencia a una cuestión preliminar. Yo no estoy en la Fiscalía General del Estado. Yo desde noviembre del año 2003, estoy destinado en la Fiscalía del Tribunal Supremo, en concreto en la Sala de lo Penal y por tanto mi misión en la fiscalía es despachar los recursos de casación; algunos, no muchos, me han llegado en relación con esta materia. Digo esto porque no tengo ninguna responsabilidad hoy o intervención directa, como he podido tener en la medida en que fui representante del observatorio en la época en que estaba en la Se­cretaría Técnica, estuve en la elaboración de la circular 1/98, pero desde noviembre de 2003 mi destino está en la Fiscalía del Tribunal Supremo y por tanto no tengo ningún tipo de responsabilidad de la Fiscalía General llevando estas materias. Por eso en modo alguno tengo voz de la Fiscalía General del Estado, lo que diga serán opiniones absolutamente particulares como fiscal de a pie. Comprendería perfectamente que, ante esta manifestación, SS.SS. entendieran que esta comparecencia no tiene objeto y que pensaran que tiene mayor interés que compareciera algún representante de la Fiscalía General del Estado, en cuyo caso les sugiero la posibilidad de que esa citación se realice a través del cauce del fiscal general del Estado en la persona que él designara. En todo caso es un honor para mí y desde luego emplearé estos minutos en tratar de ser lo más constructivo posible respecto de este proyecto, centrándome evidentemente en los aspectos judiciales y organizativos.


Como cuestión primera, yo creo que el principal acierto del proyecto es abordar una serie de materias hasta ahora no atendidas. La exposición de motivos hace alusión a un enfoque global y yo creo que efectivamente se supera lo que era un enfoque meramente penal hasta ahora. Estos delitos son diferentes al resto de los delitos, la persona que viene a denunciar o la mujer que viene a denunciar una situación de maltrato

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está en una situación muy distinta, y no podemos perderlo de vista, a la de cualquier otra persona que viene a denunciar un delito. Reclama una seguridad, reclama unas medidas, reclama una protección, reclama un estatus y por ello resolver en esta materia es muy diferente, y a mi modo de ver mucho más complicado, que resolver en cualquier otra manifestación delictiva. Por eso me parece que el proyecto tiene una serie de cuestiones de las que se ocupa de enorme importancia. En primer lugar, se ocupa de las causas, siempre difíciles, pero en definitiva enraizadas en concepciones sociales de superioridad. De ahí que haya apartados que me parecen enormemente importantes: primero, la atención que presta a la publicidad y, segundo, toda la atención que presta al sistema educativo.
Nada más que alabanzas, si bien con una pequeña cuestión. En materia de publicidad, el artículo 9 del proyecto no incluye entre los legitimados activamente para ejercitar las acciones al ministerio fiscal. Creo que sería correcto incluirlo, en la medida en que ya está incluido en la disposición adicional de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, y con eso se evitaría una posible antinomia entre ambos preceptos. Sería una antinomia formal, pero tampoco pasaría nada por incluirlo en la medida en que propongo, por cuanto que nunca se sabe en qué puede perjudicar esa antinomia formal o que pudiera dar lugar a interpretaciones poco acordes con lo que entiendo que es la legitimación activa en este punto del ministerio fiscal.En segundo lugar, el proyecto atiende, y es otro de los méritos, a realidades o necesidades asistenciales de la víctima que son paralelas a la vía judicial. Es decir, quien denuncia necesita estar atendido desde un punto de vista de sus derechos laborales, de sus derechos funcionariales, necesita ayudas sociales, necesita que el tema de la vivienda esté resuelto. Estas cuestiones son atendidas por el proyecto. Y en tercer lugar, y con esto ya termino esta primera parte, respecto de los agresores, el artículo 35 del proyecto me parece que aborda una cuestión hasta ahora poco menos que tabú, poco menos que tratada de una manera un tanto maniquea, en la medida en que se venía sosteniendo que el tema de la rehabilitación era una especie de puerta falsa del cumplimiento de la condena y una especie de cumplimiento de lujo. Yo creo que el proyecto es decidido en esta materia, que apuesta por el artículo 25 de la Constitución y que en consecuencia apuesta por programas penitenciarios de rehabilitación y de tratamiento. Ya se ha hablado en la comparecencia anterior de que estos programas no sólo deben abarcar a quien se encuentra cumpliendo efectivamente en prisión, sino que, por la vía de la suspensión de condena, sería o es muy conveniente atender a experiencias de las que se ha hablado para extender en el proyecto la posibilidad de creación de programas de sujeción a quien tuviera suspendida condicionalmente la pena bajo la condición de sumisión a este tipo de programas.


La segunda cuestión a la que quisiera dedicar mi atención y que es a mi modo de ver una de las apuestas importantes del proyecto son los juzgados de violencia sobre la mujer. Yo creo que la apuesta por la especialización es una apuesta correcta y lo digo porque es una cuestión controvertida, en la cual, leyendo anteriores comparecencias, he visto que se ha puesto en tela de juicio las valoraciones críticas de algunos de los principales protagonistas en lo que ha sido esta experiencia de juzgados especializados. Los juzgados especializados añaden un plus de eficacia y por eso es conveniente la especialización. Creo que sobre eso ya se ha pronunciado la Fiscalía General en el año 1999, en un informe sobre el tratamiento jurisdiccional del maltrato, en la página 58, publicado en colaboración con el Instituto de la Mujer. En la memoria del fiscal general del Estado del año 2001, en la página 328, existe una reflexión sobre esta materia y se transcribe en concreto el informe del fiscal de Alicante, que estuvo al frente de uno de esos juzgados especializados. Este fiscal es don Ángel Alcázar, quien se muestra partidario, si bien recogiendo las dificultades que existieron en aquellos juzgados. E igualmente creo que el informe del Consejo General del Poder Judicial del año 2001, de 21 de marzo, establece una apuesta por la especialización. Para terminar con esta cuestión, quisiera reseñar que el titular de uno de esos juzgados, Manrique Tejada del Castillo, tiene un artículo doctrinal precisamente sobre esta cuestión, sobre su experiencia como titular al frente de uno de estos juzgados, en concreto del juzgado de Alicante. Está publicado en los estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales, publicados en el plan de formación del ministerio fiscal entre el Ministerio de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales, y el Instituto de la Mujer. En la página 116 de ese tomo I del año 2001 aparece efectivamente el balance de este señor, el señor Tejada del Castillo, como titular de esos juzgados, entendiendo que fue un balance positivo, pero en el que denunció una falta de apoyo institucional y de medios a esos juzgados. Cualquier consideración que yo haga a este respecto es una consideración de oídas y por tanto he querido remitir a SS.SS. a los informes de los que fueron protagonistas directos de aquellos juzgados especializados, coincidiendo ambos en que el balance fue positivo y en que hubo una cierta falta de apoyo, de medios y de carácter institucional para el funcionamiento de esos juzgados. En mi modesta opinión, la creación de juzgados especializados es un plus de eficacia y es un acierto en la lucha contra este tipo de violencia.


Yo querría plantear dos cuestiones en relación con los juzgados especiales de violencia sobre la mujer. En primer lugar ¿el diseño de esos juzgados en el anexo 13 es operativo como verdadera especialización? En segundo lugar ¿la competencia atribuida a esos juzgados especializados es una competencia también operativa, es correcta, o sería conveniente introducir algunas modificaciones? El anexo 13, como SS.SS. saben, crea

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14 juzgados de competencia exclusiva en esta materia en las principales ciudades y crea 421 juzgados compatibles; por tanto en cada partido judicial se crea un juzgado especial de violencia sobre la mujer. Yo quería llevar a la consideración de SS.SS., desde un punto de vista de contribución absolutamente práctico y en lo que a mí me parece que supondría una mejora, lo siguiente. A mi modo de ver, por las razones que explicaré, sería preferible analizar la posibilidad de crear menos juzgados especializados, dotar a los que se creen de un sinfín de medios y superar el actual ámbito territorial de lo que son los juzgados especializados. El anexo 13 pretende crearlos con el ámbito territorial de un partido judicial y a mi modo de ver habría que crear menos con un ámbito territorial más amplio (uniprovincial o semiprovincial) y dotando a los que se creen de más medios.¿En qué apoyo esta consideración que someto a SS.SS. como una idea a reflexionar? A mi modo de ver, especializar es más que redenominar. Yo sé y lo valoro de una forma muy positiva, créanme, que aquí hay un ejercicio absoluto de posibilismo, es decir, que cuando se establece el anexo 13 se establece un anexo posibilista, pero yo creo que tampoco la propuesta que yo hago no es posibilista. Me explico. Si en las localidades que tienen un juzgado único decimos que ese juzgado es especial de violencia contra la mujer le estamos redenominando, pero no se está añadiendo nada, la situación en ese aspecto sigue igual. En las localidades en que haya varios juzgados, lo que estamos no es especializando sino atribuyendo o dando una norma de reparto para que, si hay seis juzgados, sea el número 6 el que conozca de todos esos asuntos. Las normas de reparto suponen que el juzgado número 6 pierde el reparto de no sé qué asuntos y gana el del resto de los juzgados de esta materia.


Ahora bien, esto plantea en las localidades con varios juzgados un problema de no fácil solución. Hoy, el tratamiento de la violencia doméstica es un tratamiento que tiene que ser inmediato. Lo voy a decir de una forma un poco exagerada pero lo que quiero decir es que la sentencia da un poco igual, lo importante es lo que se haga inmediatamente después de la denuncia. Las medidas cautelares subsiguientes a la denuncia, la recepción que se haga de la víctima, la declaración del agresor, la comparecencia, la adopción de unas medidas adecuadas hacen que la sentencia sea muy importante evidentemente, pero en esos primeros momentos subsiguientes a la denuncia está el meollo de una respuesta judicial eficaz, útil y que sirva como acicate a las víctimas de violencia para denunciar y para sentirse verdaderamente protegidas. Con el sistema creado en las localidades con varios juzgados, el tratamiento inicial pivota, a mi modo de ver, sobre el que esté de guardia, y ese juzgado seis, al que denominamos Juzgado de violencia contra la mujer, no puede estar permanentemente de guardia; estará de guardia igual que el resto de los juzgados, de tal manera que las órdenes de protección o las denuncias en horas en que no esté abierto ese juzgado irán al juzgado de guardia, quien actuará inicialmente y tendrá que remitírselo posteriormente al especializado. Pues bien, las inhibiciones, todas las cuestiones de competencia de un juzgado a otro son una carcoma del sistema judicial. Cualquiera de SS.SS. que haya actuado ante los tribunales sabe que las inhibiciones, las declinatorias, son tiempos muertos muy importantes en materia judicial: al que lo recibe le llega ya iniciado, el que lo inicia sabe que no lo va a concluir y por tanto lo inicia de otra manera y en el camino se pierde tiempo.


Cuando hablamos de juzgados especiales de violencia contra la mujer, esos juzgados necesitan medios y los necesitan porque resolver es muy complicado. Necesitan equipos asistenciales, necesitan equipos de psicólogos, necesitan la creación de protocolo, una operativa de los funcionarios, que un funcionario sepa de memoria cómo se trabaja en una operativa cuando se recibe una denuncia de esas características; necesitan que el juez esté especializado, que haya asistido a cursos y que se haya empapado en esta materia y necesitan también un fiscal que esté en el juzgado. Agrupar los juzgados y hacer menos juzgados permite dotar de medios y agrupar los territorios que sean competencia de un juzgado, es decir, ampliar el ámbito territorial es superar una estructura geográfica que hoy, en materia de especialización, nos anquilosa. No creo que la estructura de partidos judiciales, que data poco menos que del siglo XIX sea hoy válida. Estaba creada para unas distancias y para unas situaciones geográficas que hoy están superadas.
Pensar que de El Escorial se pueda ir a Madrid y que El Escorial o Majadahonda sean partidos judiciales distintos de Madrid, a mi modo de ver, tiene poco sentido. Esa situación se ha superado en muchos otros ámbitos: Hacienda la tiene superada, no les digo ya las empresas privadas y los centros comerciales, y en el ámbito sanitario me parece que no se crean grandes hospitales o centros con medios en todas las localidades, sino que se va agrupando. Incluso en vía judicial, los juzgados de menores, los juzgados de vigilancia penitenciaria, los juzgados de lo contencioso han superado ese ámbito y los juzgados de lo laboral también.
Por tanto, modificar el ámbito territorial y crear menos juzgados pero en aquellas grandes poblaciones que abarquen varios partidos judiciales puede ser correcto desde ese punto de vista.


Quisiera apoyar con unas precisiones esta afirmación. Cuando se hizo el estudio para la implantación de los juicios rápidos, se elaboró un protocolo general para la implantación en el que intervinieron los ministerios de Interior, de Justicia, la Fiscalía General y el Consejo.
Hubo un dato que quiero poner ahora en su conocimiento que a mí me llamó mucho la atención. En 10 grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Bilbao, Zaragoza, entre otras-, en 10 grandes capitales y dentro del partido judicial de esas 10 grandes capitales hay 30 juzgados de guardia al

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día, por tanto atendidos por treinta fiscales. Esos 30 juzgados, que están en 10 ciudades y atendidos por 30 fiscales, conocen del 50 por ciento del total de la criminalidad. Del otro 50 por ciento conocen partidos con más de un juzgado de Instrucción, 411 o partidos con juzgado único, 105. Los partidos con juzgado único conocen del 2,8 por ciento de la criminalidad.
Si superáramos esa estructura geográfica y arrimáramos todo a esas ciudades en las que ampliamos el ámbito territorial del partido, nos encontraríamos con 60 juzgados que podrían conocer estando de guardia el total de la criminalidad, frente a más de cuatro ciento y pico juzgados.La tercera cuestión que quería resaltar es que una organización como la que someto a su consideración facilitaría mucho la adecuación de la estructura de la fiscalía a la estructura de los juzgados. El artículo 59 crea una sección de la fiscalía contra la violencia sobre la mujer y señala que intervendrá en todos los procesos penales. Ahora bien, esto no es fácil, si es que es posible. No lo es porque en una fiscalía el número de fiscales que integrarán ese servicio será un número muy inferior al del número de partidos judiciales, por tanto, al de juzgados especializados. De tal manera que cuando el juzgado especializado de Mansilla o el juzgado especializado número 6 de Avilés tenga un asunto de violencia familiar será muy difícil que pueda acudir el fiscal de violencia familiar, porque si acto seguido tiene otra declaración distinta por un asunto que no sea de violencia familiar, de los que también conocerá porque no está en competencia exclusiva, el fiscal que debiera acudir a ese caso será el ordinario del juzgado de Avilés. Al final creamos una estructura en la que los fiscales del servicio de violencia tendrían que atender a muchos órganos y tendrían que estar poco menos que itinerantes, de viaje, con un despliegue territorial que no está adecuado a la fiscalía. Entre tanto tendría que estar prevista la posible asistencia de otro fiscal a ese juzgado para el caso de que lo que hubiera entrado como denuncia no fuera un supuesto de violencia de género de los que son competencia en este juzgado. Esos son los argumentos a favor de la propuesta. Sugiero comenzar con algunos juzgados especializados, superar el ámbito territorial que tienen éstos, dotarles de medios, atribuir juez, fiscal y equipos a los que realmente se creen y agrupar los partidos judiciales.


La segunda de las cuestiones que anunciaba es el análisis de la competencia de estos juzgados, de los que están en el anexo XIII, o de los que en su caso se creen porque esta cuestión sería común a cualquier caso. En primer lugar, el artículo 47 modifica el artículo 15 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene a establecer una nueva competencia territorial. Establece la competencia territorial no en favor, como sucede con carácter general en cualquier delito, del lugar de la comisión del delito, sino -y esta es la excepción- en favor del lugar del domicilio. Desde mi punto de vista, no es operativa esta excepción por las siguientes razones. Primero, no nos bastaría cualquier domicilio. El domicilio que fija la competencia (porque esto afecta al derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, por tanto, un derecho fundamental) no es el domicilio de la víctima en cualquier momento, sino el domicilio de la víctima predeterminado por la ley en el momento de cometerse los hechos. La violencia en el seno familiar da lugar a frecuentes cambios de domicilio, hecho que complica esta materia. Además, existen problemas de indeterminación inicial del domicilio por una cultura jurídica muy arraigada a favor del lugar de comisión. Por último, la idea de acercar la justicia a la víctima, entendiendo que sea el juzgado de su domicilio, me parece que no es una idea real. La víctima acude al juzgado del lugar de comisión si ese es un juzgado especializado y sin mayores problemas.


En segundo lugar, la competencia por conexión es tratada en el artículo 48 y se limita a los apartados 3 y 4 del artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mi modesta opinión en este punto es que la exclusión de los números 2 y 5 del artículo 17 no es una exclusión justificada. En cuanto al número 2, pensemos en un marido concertado con determinadas terceras personas para efectuar llamadas maliciosas desde diferentes puntos. Pues bien, el número 2 permitiría que todo eso se conociera en el juzgado sin tener que separar esos diferentes autores de las llamadas. Respecto al número 5 -por seguir con un ejemplo que se ve más gráficamente-, quien tras golpear a su pareja, y ante la llegada de la policía, empuja a la policía o acude al lugar conduciendo previamente borracho, no tiene razón de ser que el delito de conducción bajo los efectos del alcohol o el delito de atentado o de resistencia no se vea ya en un juzgado, en la medida en que la denuncia está allí y que desde el punto de vista de economía procesal enturbia muy poco y, sin embargo, enturbia mucho más el tener que deducir testimonio de particulares, con lo que eso puede suponer de doble juicio en el que las pruebas, los testigos, etcétera, tuvieran que ser los mismos porque los hechos se han cometido en presencia de los mismos testigos presenciales. En todo caso, el número 5 podría ser sorteado, si se entendiera que no es procedente el enjuiciamiento conjunto, en la medida en que ya el artículo 762, apartado sexto, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitiría a ese juzgado especial crear una pieza separada y enjuiciarlo en otro lugar.


Por último, la competencia objetiva. El artículo 46 modifica el artículo 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene a establecer que los juzgados especiales conocerán de los delitos cometidos contra la mujer.
Ese es un planteamiento de acuerdo con la idea de que estamos ante violencia de género, tal y como enuncia el título del proyecto. Sin embargo, a continuación añade: Y sobre los hijos, cuando también se haya producido un acto de violencia sobre la mujer. La cuestión definitiva es si los hijos deben de estar incluidos o no en el ámbito de competencia de este juzgado. Si partimos de que el juzgado especializado -por equipos, por

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medios, por respuesta más eficaz, y de ahí el especializarlo- se considera una respuesta mejor, no es una solución coherente entender que si un padre golpea a una hija no va a ir al juzgado especializado, pero si el padre golpea a esa hija y al recriminarle la madre la acción la insulta, entonces sí. No podemos hacer depender, a mi modo de ver, la competencia no de lo principal sino, en ese caso concreto, de lo accesorio. Eso plantea problemas porque ¿hasta qué punto, existiendo hijos y habiendo sido éstos golpeados por el marido podemos, desde un punto de vista jurídico, descartar fácilmente que ese golpe a los hijos no sea de por sí algo que afecte en todo caso a la mujer, una violencia psíquica hacia la mujer? Los hijos menores, e incluso mayores, están protegidos en menor proporción que lo puede estar el cónyuge o la pareja. Lo digo incluso respecto de las hijas si se quiere una versión exclusivamente sexista o de género, porque puede haber situaciones en las que la violencia de género se esté produciendo porque el marido o una persona viuda está golpeando exclusivamente a sus hijas y no a sus hijos. Y ahí late una concepción absolutamente de género o sexista del problema que no es operativo dejar fuera. Algunas sentencias -las números 834/2000 y 1161/2000-, que son poco paradigmáticas en el tratamiento de la violencia familiar, dejarían esos supuestos fuera del conocimiento de esos juzgados.La necesidad de una especial asistencia se produce si se quiere más en los casos de hijos. En ese sentido, el juzgado especial es un ámbito que parte del planteamiento de que es un proyecto de ley de violencia de género, pero romper en ese punto no distorsiona en nada y protege a personas que merecen esa asistencia. Porque es verdad que es un proyecto de ley de violencia de género, pero no es verdad que todos los artículos del proyecto lo sean en relación exclusivamente a la violencia de género. Cuando se está diciendo que se impondrá la pena de prisión a quien quebrante medidas cautelares no se está diciendo que sólo al hombre que las quebrante, sino a todas las personas del artículo 173 o del 153.
Por tanto, muchos preceptos tienen un círculo de sujetos que, sin embargo, no se deroga y sigue vigente. No resulta del todo coherente con ese planteamiento, a mi modo de ver, sino una especie de reforma por capas, el prescindir de lo que ya existe para, partiendo de que se creen unos juzgados especializados que van a dar una mejor respuesta, prescindir en parte de esa respuesta. Desde el punto de vista funcional, es verdad que ya existen por la circular 1/1998 fiscales de violencia familiar. Esos fiscales conocen hoy todos los sujetos del artículo 173.
Han tenido varias reuniones, han emitido conclusiones en esas reuniones, vienen trabajando desde el año 1998 y sus informes aparecen en las memorias de la Fiscalía General del Estado. Mi duda es, ¿se suprimen esos fiscales con esta reforma? ¿Creamos el fiscal de violencia contra la mujer y mantenemos el fiscal de violencia familiar sólo para el resto de sujetos protegidos en el artículo 173? ¿Dejamos de lado la figura del fiscal de violencia familiar que ya existe y que ha venido funcionando para los hijos o para ascendientes? Una cuestión es el que se promuevan, desde el punto de vista penal, determinados preceptos, protegiendo especialmente a la mujer; que se otorguen determinadas medidas, como ya hemos señalado, pero desde el punto de vista de la estructura judicial y de la organización de la fiscalía, es un paso atrás el sistema de competencia objetiva que se ha establecido en este ámbito.


Termino ya por razón de tiempo y para no cansar más a SS. SS. con alguna cuestión. El artículo 468 que castiga con pena de prisión el quebrantamiento de medida cautelar, ya es una medida correcta. En segundo lugar, propondría la inclusión de una norma similar al actual artículo 48.4.º del Código Penal, artículo que permite el control por medios electrónicos de las penas es decir, las prohibiciones de aproximarse, de comunicarse, etcétera, pero el citado artículo no alude a las medidas.
Esas prohibiciones pueden adoptarse o bien en sentencia como pena o bien como una medida cautelar, una medida de seguridad. El artículo 48 permite el control por medios electrónicos sólo de las penas y sería conveniente introducir un artículo siguiente al artículo 57, un 57 bis, para incluir en el Código Penal también la posibilidad de que un juez pudiera acordar el control por medios electrónicos no sólo de las penas, sino de las medidas.


Quedo a su disposición para cualquier aclaración que SS. SS. tuvieran por conveniente efectuar.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.


¿Qué grupos desean intervenir?

Tiene la palabra la señora Uría, por el Grupo Vasco (PNV).


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Quiero dar las gracias al compareciente, a quien debo manifestar que no ha defraudado en absoluto las expectativas que sobre su intervención tenía, en el mismo sentido que debo añadir que la representante de Izquierda Verde, que se ha visto obligada a ausentarse, me manifestaba que pidiese luego la transcripción de la intervención, puesto que también estaba encontrando muchos aspectos interesantes en las cuestiones que usted ha traído a colación. Quienes me conocen en esta Cámara saben que siempre he tenido especial consideración por el cometido que tiene atribuido el ministerio fiscal, sobre todo en lo que hace referencia a esa definición constitucional de defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, en este caso concreto tan oportuna respecto de la cuestión que pretendemos regular de una manera más adecuada.


Otros intervinientes catedráticos de derecho penal y el magistrado que le ha precedido han hecho hincapié en cuestiones referidas a los tipos penales, respecto de los cuales tendremos que tener mucho cuidado a la hora

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de enmendar. Usted se ha referido a una cuestión que hasta ahora no había sido tan tratada y que a mí me ha interesado especialmente, que son los aspectos orgánicos y funcionales de los procesos en esta materia. Con relación a la promoción de la acción de la justicia, hemos tomado buena nota -yo por lo menos- de la ausencia de atribución de legitimación al ministerio fiscal en lo relativo a los procedimientos referidos a publicidad en esta área y tendremos cuidado de que no exista la contradicción que usted ha señalado atribuyendo de manera expresa la legitimación para emprender acciones al ministerio fiscal.En cuanto a la creación de juzgados desde el ministerio fiscal y en numerosas circulares se venía sosteniendo su conveniencia, y yo pensaba haber hecho la pregunta, pero usted mismo la ha resuelto en su intervención a la hora de analizar la adecuación al territorio de la estructura de juzgados que se pretende. Yo pensaba pedir que la cohonestase con la estructura de la Fiscalía General del Estado, del ministerio público, que no es exacta a la de los juzgados. Ustedes tienen una dependencia territorial distinta, la atribución específica a determinados juzgados no es la misma y a lo mejor su estructura resulta más operativa en relación con lo que usted pretendía respecto de los órganos judiciales que la que resulta de los órganos y de los partidos judiciales, que yo también considero que en muchos casos son una auténtica antigualla.


Me gustaría que profundizara en los casos en los que los sucesos puedan producirse -en estos días hemos tenido comparecencias que lo abordaban- no en grandes poblaciones, no en capitales de provincia, donde existen juzgados inmediatos, colegios de abogados y también fiscalías, sino en muchísimas localidades que no tienen un fiscal con el carácter de permanencia, sino que se desplazan para asistir a determinados juicios.
Me gustaría que nos explicase cómo piensa que podría casarse la estructura judicial con las estructuras de la fiscalía en las pequeñas poblaciones en las que estos sucesos pueden ocurrir.


Puesto que en esta materia funcionan en una medida importante los llamados juicios rápidos y las órdenes de protección y respecto de estas dos cuestiones la intervención policial es fundamental -la instrucción en los juicios rápidos prácticamente es policial y quien tutela o debe garantizar la eficacia de las órdenes de protección es la policía; yo tengo pedida mañana la comparecencia de quien es viceconsejero de seguridad en Euskadi porque allí sí se ha intentado una estructura de acuerdo con la fiscalía que permita liberar elementos policiales que puedan asegurar el cumplimiento de estas medidas-, me gustaría preguntarle cuál es su criterio, ahora que vamos a empezar a debatir en esta Cámara sobre el fiscal instructor, sobre la mejor utilización de los efectivos poniendo en relación las facultades que en esta materia les corresponden a los jueces, las que tiene la fiscalía y las que deben darse desde las policías, a las que en estas comparecencias hemos prestado muy poca atención.


He tomado nota de defectos que usted señala, como el domicilio predeterminado por la ley, que el artícu­lo 47 establece en el lugar de domicilio, cuando efectivamente en estos supuestos es muy habitual la necesidad de cambio de domicilio, con lo cual esa alternativa que la ley ofrece queda corta. En cuanto a la exclusión que usted ha anotado respecto de la competencia por conexión de los apartados 2 y 5, si se incluyen el 3 y el 4, tiene razón de ser la inclusión de una igual previsión. Pienso analizar con todo cuidado las referencias que usted ha hecho a las diferencias que puede haber entre la mujer maltratada y otros sujetos del artículo 173 en relación con las atribuciones competenciales y la necesidad de que se contemplen los medios electrónicos alternativos, no solamente respecto del control posible de las penas, sino también de las medidas.


Ya ve que no le hago grandes preguntas, valoro enormemente su comparecencia, y pienso estudiarla para sacar conclusiones sobre la ley, pero su comparecencia me sirve para hacer un llamamiento al grupo mayoritario, al grupo que apoya al Gobierno, en relación con las prisas que se quieren atribuir a la tramitación de la norma. Ha apuntado usted cuestiones que requieren sosiego, serenidad, contraste incluso con opiniones distintas de la suya, con la lectura de las circulares de la fiscalía a las que usted se ha referido que si tenemos la intención de acierto, que es la que nos guía a todos, debiéramos mirarlas con más pausa y sosiego que con los plazos inmediatos que la presentación de enmiendas requieren. Ha apuntado usted muchísimas cuestiones, todas ellas de enorme trascendencia, que si no se corrigen pueden llevarnos más al embarullamiento en los procesos que a la claridad y al acierto. Más que hacerle preguntas concretas, le prometo que estudiaré con detenimiento la cuestión. Me gustaría que me contestara a la estructura de los juzgados, de las fiscalías y la policial. En cuanto al resto, que el grupo mayoritario se de por enterado respecto de esta petición de mayores tiempos y sosiego en la tramitación de esta norma.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Yo quiero darle la bienvenida a don Jaime Moreno a esta Comisión de estudio, grupo de trabajo en definitiva, dentro de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y agradecerle muy sinceramente las valiosas aportaciones que ha hecho, que una vez más, pero de una manera muy singular, nos hacen reflexionar sobre la necesidad y la importancia, como decía la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, de que la ley nazca con la serenidad, reposo, estudio y voluntad de que sea la mejor ley posible. En ello estamos poniendo el empeño todos los grupos parlamentarios. El mío, también con detenimiento, analizará todas aquellas cuestiones sobre

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las que ha reflexionado, algunas de las cuales ha dejado abiertas. Nos ha abierto los ojos sobre algunas cuestiones que uno ya consideraba que no eran precisamente las soluciones mejores que se daban en la ley. A mí me gustaría ahondar en algunos de los planteamientos que usted ha hecho y escuchar algunas reflexiones.Me gustaría que ahondase en lo que ha hecho en estos últimos años la fiscalía en esta materia que nos ocupa, es decir, en el tema de la violencia doméstica. Usted ha dicho que estaban ya funcionando fiscalías especiales contra la violencia doméstica, creo que en las fiscalías provinciales, y ello indicaría, por tanto, que existen ya unos fiscales especializados. También le he escuchado que podría haber distorsiones o indeterminaciones de qué se va a hacer con lo que existe. Me gustaría que nos aclarase cuál es el cometido. En segundo lugar, qué novedades puede haber. Y en tercer lugar, cuál es la estructura que, en relación con el tema de las fiscalías, usted consideraría mejor para ser más eficaces. Nuestro grupo echa en falta muchas cosas, pero entre otras también la parte correspondiente de las memorias económicas, porque hoy día están transferidas a las comunidades autónomas pero tienen que conllevar los recursos adecuados. Este asunto cae fuera de su competencia, pero nosotros hacemos esta reflexión también porque es otra de las cuestiones que nos preocupa.


Por otro lado, me gustaría que pudiese decirnos (algo ha apuntado), si S.S. está de acuerdo con los tipos penales agravados, los que sólo entienden cuando el sujeto activo sea hombre y el pasivo mujer; si cree que las medidas de agravación penal que se incorporan son necesarias para mejor proteger a la mujer, que es el objetivo que nos debe mover a todos.
¿Cree que con endurecer penas de determinados comportamientos que, siendo objetivamente los mismos, se sancionan de forma más grave por razón de ser el sujeto varón y no por la mayor gravedad del injusto de verdad se está protegiendo más a la mujer, que es el objetivo verdaderamente importante para todos?

Usted se ha mostrado partidario de los juzgados especializados con una nueva distribución territorial. La señora Uría, que me ha precedido en el uso de la palabra, ha ahondado en esta materia, pero usted, siendo partidario de esos juzgados especializados, ha hecho unas reflexiones acerca de posibles distorsiones, de problemas derivados de la atención, buscando la eficacia de la especialización y que luego, en la práctica, no sea tanta, de que perdamos en inmediatez, cuestión que yo comparto con usted que es absolutamente fundamental en el asunto que nos atañe. Si pudiese darnos alguna explicación o sugerencia sobre esto aparte de lo que ya se ha dicho, se lo agradeceríamos y, si no, estudiaremos con detenimiento las reflexiones que ya ha hecho sobre esta cuestión.


Por último, me gustaría que, si es posible, hiciese una valoración de la Ley de la orden de protección. Permítame que le diga que, a mi juicio, fue un ejemplo de una forma de legislar, porque ahí han participado la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial; todos los grupos políticos hemos estado trabajando en el ministerio, nació de una sugerencia del Poder Ejecutivo en la que se integró totalmente el Legislativo, le hemos dado muchas vueltas, han estado trabajando con nosotros miembros del ministerio, y en concreto el director general; es decir, se pensó mucho, todos consideramos que era una buena fórmula y, por otro lado, establecíamos una verdadera protección integral, por primera vez el juez de instrucción iba a dictar medidas en el ámbito penal y en el ámbito civil. Además de esa valoración que usted pueda hacer, me gustaría que nos dijese si la nueva ley que ahora estamos articulando puede crear distorsión con la orden de protección, que, de acuerdo con las últimas manifestaciones que aquí se han oído, con las valoraciones, entre otros, de Montserrat Comas, miembro del Consejo General del Poder Judicial, era claramente positiva y, en caso de que haya alguna distorsión, cómo la podríamos casar para no perder un instrumento que consideramos valioso.


Valoramos de nuevo su intervención y le agradecemos todas las reflexiones y consideraciones que nos ha hecho.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muchas gracias, don Jaime Moreno Verdejo, por su comparecencia y por su información, que es positiva. Se la agradecemos con independencia del puesto concreto que ocupe ahora. Si su información fuera en función del cargo, tendría alguna relevancia, dicho entre comillas, lo que usted pudiera decir, pero lo importante es lo que puede aportar como motivo de reflexión para, entre todos, analizar, estudiar y sacar conclusiones. Que pueda aportar algo para mejorar el proyecto de ley es el objetivo común y el motivo de estas comparecencias; por tanto, estamos agradecidos por sus aportaciones y por la valoración positiva global en lo que nos toca como grupo mayoritario que apoya al Gobierno en cuanto que ha dicho que es un acertado proyecto, que, como ley integral, aborda una serie de materias hasta ahora no atendidas. Sí le adelanto que esperaba que usted se hubiera referido más al ministerio fiscal que a otros aspectos porque del conjunto de los problemas procesales, penales, constitucionales, ha habido expertos, como bien conoce, que nos han ido desgranando ideas sobre cada una de las materias, aunque, insisto, toda opinión es positiva. De todas maneras, alguna pregunta más le haré relacionada con el ministerio fiscal, aunque por otro lado -y decía que la condición no es lo importante- tenemos en el expediente el informe preceptivo de la propia Fiscalía General del Estado. O sea que ahí tenemos el posicionamiento formal de la fiscalía, pero, insisto, aquí tenemos, más allá de lo que es el posicionamiento formal, una serie de aportaciones.


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Usted considera, como más del 90 por ciento de la gente del mundo del derecho, positiva y correcta la apuesta general de los juzgados de violencia sobre la mujer como juzgados especializados, no como una jurisdicción especial, si bien hace una serie de reflexiones y propuestas concretas, reconociendo que los juzgados especializados añaden un plus de eficacia y por tanto es una apuesta correcta, como dice la propia Fiscalía General del Estado reiteradamente, la de antes y la de ahora, y como dice el Consejo General del Poder Judicial, excepto en un desliz que han tenido los 10 consejeros del Partido Popular, que en aras, en un principio -yo creo que se ha reconducido-, de atacar el anteproyecto de ley, llegaron a hablar de jurisdicción especial y de no apostar por la creación de este tipo de juzgados. Evidentemente, ha sido una incoherencia, incluso corregida ya por el propio ponente que compareció ante esta Comisión. Fue un pequeño exceso que no tiene mayor importancia.La apuesta del proyecto de ley es por juzgados especializados de violencia sobre la mujer y en el sentido posible y viable, como usted seguro que ha entendido. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno, porque no es posible. Lo que usted plantea, aparte de que los juzgados no son 14, sino 21, creo recordar, es la posibilidad de que haya menos juzgados con más medios, superando el ámbito territorial del partido judicial. A nuestro grupo le parece que la opción que se lleva a cabo es la posible y la que más aporta, aunque es discutible -lógicamente respetamos cualquier otra posibilidad- en la práctica, no sé si desde el punto de vista del ministerio fiscal -se lo digo positivamente-, porque probablemente para el cuerpo del ministerio fiscal la opción que usted manifiesta sea más cómoda y mejor, pero desde el punto de vista del servicio público de la justicia para la víctima entendemos que es mucho más razonable esta posición, entre otras cuestiones por la inmediación, por la cercanía, por la proximidad. Estamos hablando de especialización dentro de lo posible, y cuando usted alude, y con acierto, a que casi se consigue en una provincia pequeña, que es lo común -Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia son la excepción, aunque tengan un importante número de asuntos-, en el conjunto, en la práctica a veces es partido judicial único -olvidémonos de ese supuesto-, pero donde hay varios, cinco, seis, siete, que es muy común en la mayoría de las provincias, ¿qué se va a conseguir, la especialización por la norma de reparto? Muy bien, pero se consigue esa especialización también, aunque sea por el mero hecho de la norma de reparto, ya que va ir conociendo permanentemente de este tipo de asuntos y va a ser dotado también de medios. Pero la superación del partido judicial en cuanto al aumento de la distancia entendemos que es una cuestión que no favorece especialmente a las víctimas, y creo, salvo mejor criterio, que no afecta a la plantilla del ministerio fiscal en el sentido de que normalmente -usted lo conocerá mejor que yo- hay más número de fiscales que de juzgados de primera instancia e instrucción, y desde luego muchísimos más de los que consideremos especializados para el tema de la asistencia. En definitiva, nos parece que es una buena opción.
Además, el número vendrá determinado por la demanda real de las necesidades, como deja abierto el proyecto. El número inicial de 21 es, efectivamente, inicial, y después se verá en función de la demanda real -no teórica, sino real- en una sociedad y en un mundillo donde sabemos que los recursos no son ilimitados sino más bien escasos y que hay que optimizarlos. Estudiaremos sus sugerencias respecto a la competencia, pero en cuanto a la fórmula de los juzgados especializados y la de la competencia territorial en el sentido que va en el proyecto, nos parece que va bien orientada.


Hay alguna cuestión más sobre la que quisiera que manifestara su opinión.
Insisto en un par de cuestiones más sobre el tema de la fiscalía, pero como ha sacado también el tema la portavoz del Partido Popular, le indico que no es violencia doméstica sino que es de género y que por primera vez hay una memoria económica que acompaña a este proyecto de ley y que está evaluado el coste de la creación de cada uno de los juzgados; está en el anexo XIII y la memoria económica acompaña al proyecto -esto por primera vez, señora Sainz-. Me sorprende que usted, como ponente, no conozca este extremo. Le ha pedido bastante información sobre el pasado, pero creo que hay que ir más al tema concreto, al futuro, a acometer este proyecto de ley y su tramitación, como bien dice doña Margarita Uría, no con especiales prisas, buscando más el acierto -estamos de acuerdo-, pero tampoco con paralizaciones innecesarias, porque algunos enseguida se agarran a eso, a analizar. De hecho, ¿qué estamos haciendo? Comparecencias que iniciamos en el mes de julio y que estamos continuando en el mes de septiembre. Tenemos precedentes que nada tienen que ver con este tipo de tramitación, y no es precisamente la orden; tenemos, por ejemplo, una modificación tan importante como la del Código Penal que va a entrar en vigor el día 1 de octubre y que estará vigente no demasiado tiempo, que se tramitó con 10 minutos de ponencia en esta Cámara. Eso sí fueron prisas, doña Margarita, 10 minutos de ponencia, no 10 meses sino 10 minutos. En fin, esos son tiempos pasados y lo importante es que esta ley intente dar respuesta al grave problema de la violencia de género, que no va a resolver la ley, que es un mecanismo para que poco a poco vayamos dando pasos a lo largo de los años en la cultura de este país, en la atención a las mujeres maltratadas, a las que sufren violencia. Desde luego, es más importante acertar en el contenido de la ley que sacarla un mes antes o un mes después. Eso es verdad, pero siempre con la buena intención de dar pasos adelante.


No se ha tocado y quisiera saber -rápidamente, señora presidenta- cómo valora el conjunto de las medidas cautelares que van en este proyecto de ley. Como bien dice, las primeras actuaciones son claves y,

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como bien sabe, en los artículos 49 y 52 se recoge la compatibilidad con las medidas cautelares actuales que vienen determinadas en el artículo 50 con la remisión al 544 ter de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Le agradecería que hiciera alguna valoración al respecto. Otra cuestión: ¿considera necesario y adecuado el nombramiento del fiscal contra la violencia sobre la mujer y las funciones que se le atribuyen en el proyecto de ley con carácter general? Otra pregunta: ¿La intervención del fiscal en todos los procedimientos penales y civiles que tengan origen en la violencia intrafamiliar favorecerá, a su juicio, una tutela judicial más efectiva de las víctimas? Otro efecto directo que se ha producido en este proyecto de ley es la concentración de todas las denuncias de las víctimas ante un único juzgado, no como ahora que se produce una dispersión: cinco denuncias en cinco juzgados distintos. ¿Considera usted que la concentración de todas las denuncias por violencia ante el mismo juzgado mejora la tutela judicial efectiva de las víctimas? Última pregunta: ¿Comparte usted -porque era a donde inicialmente iba cuando me referí a la portavoz del Partido Popular, que vuelve a tocar el tema penal, aunque no era lo que más nos interesaba- que el artículo 9.2 de la Constitución española impone la adopción de medidas activas a favor de la igualdad incluso en el ámbito penal?La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Moreno para contestar a los distintos grupos.


El señor FISCAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO (Moreno Verdejo): Señora presidenta, con su venia.


Antes de nada quiero agradecer enormemente a las dos diputadas y al diputado que han intervenido sus amables palabras por lo que ha sido la valoración de mi intervención inicial, y ya no les agradecería tanto sus difíciles preguntas, pero esto último me temo que va en el precio de haber venido aquí. En definitiva, me han formulado bastantes cuestiones y trataré, igual que trataba al principio, si bien con la dificultad de que esto es a bote pronto, de ser lo útil que pueda en las respuestas.


Para no ir una a una y no ser excesivamente lineal, hay una cuestión en la que creo que han incidido las tres intervenciones, que es la relación fiscalía-estructura de la fiscalía en relación con los juzgados. La estructura actual es que ya existe desde el año 1998 un servicio de fiscales especiales de violencia familiar. Los creó la circular 1/98. Lo que sucede es que eso se crea por una circular, se pone en marcha, y la estructura organizativa de las fiscalías es muy distinta unas a otras. Me explico. Por un lado, Madrid y Barcelona no tienen nada que ver, como es lógico, con la Fiscalía de Soria y, por otro, -por qué no decirlo- hay fiscalías en las que debido al talante personal del fiscal de violencia familiar eso ha tenido un desarrollo tremendo y hay otras en las que tiene una menor intervención.


Quisiera señalar algo. En la medida en que hoy un asunto de violencia contra la mujer o contra alguno de los sujetos protegidos del artículo 173 puede entrar en cualquiera de los juzgados competencia de una provincia y, por tanto, de una fiscalía, es imposible -y no se está haciendo- que el fiscal del servicio de violencia familiar acuda personalmente a despachar desde el inicio esa causa. Ni siquiera en la celebración de los juicios, no digo ya a despacharla en fase de instrucción, sino tampoco a despacharla en fase de juicio oral. Eso es así hoy, y lo que hacen los fiscales es intervenir en otra serie de ámbitos como son: uno, en aquellos asuntos de especial transcendencia relativos a la violencia de género o familiar; dos, coordinar y dar normas al resto de los fiscales que lleva cada uno su juzgado en el que puede entrar un asunto de esta naturaleza y erigirse, por tanto, en una figura que irradia, junto con el fiscal jefe de la fiscalía, las normas y directrices sobre cómo solicitar diligencias o ejercitar, en definitiva, la acusación en este tipo de materias. Respecto al planteamiento que se hace de las funciones del fiscal de violencia contra la mujer, concretamente: intervendrá en todos y cada uno de los asuntos, creo sinceramente que si todos y cada uno de los asuntos pueden ir a cada juzgado, la intervención no es posible. No hay tantos fiscales como juzgados de primera instancia e instrucción. Desde luego no hay tantos fiscales del servicio como juzgados especiales se creen. No se podrían crear hoy 429 fiscales del servicio de violencia familiar. Eso es así.


Es más, dicen que se crean 21, pero en el anexo III salen, según mis cuentas, 14. En todo caso, 14 ó 21, no he visto en ningún lugar que paralelamente se creen 14 ó 21 plazas de fiscales añadidas. No lo he visto, pero creo que es necesario. Ahora bien, si por ejemplo la Fiscalía de Madrid tiene que crear el servicio del fiscal contra la violencia sobre la mujer, en cada partido judicial podría haber un asunto de esta naturaleza y por tanto tendría que haber tantos fiscales como partidos judiciales, y eso difícilmente va a ser posible. La solución que yo he propuesto es que haya uno, dos o hasta cinco. En Madrid, por ejemplo, podría haber dos o tres en Plaza de Castilla y otro juzgado especializado en otra localidad. Así, el juzgado tiene un fiscal del servicio a pie de juzgado desde el momento en que el juzgado abre y hasta que cierra y ese juzgado conoce exclusivamente de esta materia. Eso adecuaría y facilitaría muchísimo la relación del fiscal del servicio con el juzgado.
Es cierto, como decía el señor Villarrubia, que eso plantea un problema, y es que para la víctima es mejor la inmediación o la cercanía. Yo le diría que es más cómodo, pero no es mejor. A usted le es más cómodo si vive en El Escorial que le atienda el médico de El Escorial, pero le aseguro que si viene a Madrid, en Madrid está el mejor especialista, sin ningún problema. Y eso es lo que yo estoy planteando aquí. Acercar la justicia al ciudadano es darle una justicia mejor, pero no ponérsela en el portal de enfrente de su casa, porque

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no podemos ponérsela. Dice usted que los medios son escasos. Claro que lo son, pero todavía mucho más si pretendemos dotar de medios a cuatrocientos veintitantos juzgados. ¿Qué pasa? Que no les vamos a dotar.
Sin embargo, si establecemos juzgados uniprovinciales o semiprovinciales de ámbito territorial y creamos dos, tres o uno en Soria, el fiscal del servicio de violencia de Soria lo atenderá, pero lo hará él sólo y no tendrá que andar itinerante por los diferentes partidos judiciales, en los que me parece que se produce una desigualdad, como me parece que se produce en el hecho de que existan juzgados especializados de familia en una capital de provincia. Quien se tiene que divorciar y tiene la suerte de residir en esa capital de provincia va a ese juzgado de familia especializado; sin embargo, quien se tiene que divorciar en Vitigudino, como no tiene juzgado especializado en familia, va al de allí, que es un juzgado que tiene, porque es así, muchos menos medios. Los juzgados de periferia tienen menos medios que los juzgados de capital y en ese sentido se atasca el tema. Eso es así. ¿Cómo estamos funcionando? Pues en muchos lugares, porque el fiscal no llega, se acude a la videoconferencia. Es una solución positivista, pero no es la solución perfecta. Me gusta mucho más la del fiscal de presencia física que lleva íntegramente todos los asuntos. Ahora, eso obliga a desplazamientos de las víctimas. ¿Qué sucedería con la policía en ese tema? Yo creo que la policía es clave en la orden de detención puesto que en una orden de detención está funcionando -es otra de las cuestiones- la valoración. El Consejo General tiene estadísticas y a ellas me remito. Yo no había preparado la valoración de la orden de protección y por tanto lo que voy a decir es en definitiva mi percepción en el tiempo que estuve en el observatorio, puesto que hace ya 10 meses que no estoy atento a la evolución de la orden de protección.Tengo la sensación de que las órdenes de protección dan mucho trabajo en un juzgado, y eso es lógico. Si yo tengo que acordar una medida como juez para una persona que ha robado un coche, es muy fácil. ¿Esto que pena tiene? Tanta. Pues es prisión o libertad, como mucho con fianza. Eso, créame, es muy fácil, es una comparecencia sencilla. Ahora, si lo que tengo que decidir es sobre la vivienda, sobre qué pasa con los hijos, sobre la orden de aproximarse o de acercarse, eso me exige una disección familiar que es muy complicada.
Por tanto, las órdenes de protección están dando mucho trabajo y lo están dando más aún porque muchas órdenes de protección vienen con un mero formato, y no es lo mismo una orden de protección con un lujo de datos basado en un atestado policial que explica cómo es todo lo que hay detrás, que un frío: me golpeó el día tal. Eso es una acción única. La habitualidad supone una valoración distinta: necesito oír a una serie de personas, y oír a los hijos en el juzgado plantea muchos problemas de victimización. En definitiva, todo eso da mucho trabajo en un juzgado por la dificultad de deslindar esos casos. Yo creo que los juzgados de guardia necesitan ver las órdenes de protección. La creación de un juzgado con un ámbito territorial más amplio, en la medida en que pudieran turnarse las guardias y crearse más de uno en la misma localidad, permitiría que conocieran ellos las órdenes de protección. El señor Villarrubia decía que había que valorar las medidas cautelares.
Perfecto. Me parece muy bien, y me parece que deben ser compatibles con las que ya de por sí establece la orden de protección.


Señora Uría, la pregunta sobre la relación fiscal con juzgado creo que en cierto modo la he contestado. Creo igualmente que he contestado a lo relativo a la orden de protección si lo uno a la necesidad de que si superáramos el marco territorial, me parece que en ese marco antiguo territorial sí que debería seguir existiendo la posibilidad de confección de atestados que irían al juzgado especializado desde ese ámbito territorial, con todo lo que supondría de desplazamientos no sólo de la víctima y con la ventaja de la policía cercana a la víctima que puede llegar a conocer en localidades pequeñas determinadas circunstancias que de otro modo sería muy difícil llegar a conocer o investigar. Es esencial, por tanto, el atestado como modo de iniciar una orden de protección, y la policía sujeta al lugar me parece algo importante.


La señora Sainz me preguntaba qué ha hecho la ­fiscalía en esta materia.
Ya me he referido a la circular 1/98. Se crearon en cada fiscalía servicios de violencia familiar. Ya he dicho que cada fiscalía tiene distinta forma de organización, distinta importancia no sólo por el ámbito de la fiscalía, ya que no llevan toda la materia sino que sencillamente coordinan y asumen los asuntos más importantes. Me decía que aludía a futuras distorsiones. No, yo no he dicho que existan ya en la fiscalía distorsiones, en modo alguno. Yo no he detectado ninguna. Lo que digo es que, desde mi punto de vista, cuando se cree el fiscal especial contra la violencia sobre la mujer nos encontraremos que ya hay uno creado, que es el fiscal del servicio de violencia familiar, y otro que se crea, que es el fiscal contra la violencia sobre la mujer. El primero, el fiscal de violencia familiar, tiene unas competencias más amplias que el segundo, pero las del segundo coinciden con las más amplias del primero, en parte, y eso obliga a decir que bien se suprime uno o se amplían las del otro, lo que en definitiva aboca a un sistema en el que sí que creo que no debiera haber un fiscal contra la violencia sobre la mujer y un fiscal del servicio de violencia familiar para hijos, ascendientes, etcétera, de tal manera que, producido un hecho incardinable en el artículo 153 o en el 173, conozca uno u otro en función de que vaya como víctima la mujer o que vaya como víctima un hijo. Me parece que eso no es operativo en modo alguno. La estructura de esa fiscalía tendrá que ser única y por tanto haber un fiscal del servicio contra la violencia sobre la mujer que conozca de todo el artículo 173, o un fiscal del servicio de violencia contra la mujer que conozca sólo del nuevo ámbito que se establece en el

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artículo 148, las faltas de amenazas o coacciones, que han pasado a delito. En ese caso tendríamos que eliminar algo que ya viene existiendo y que a mi modo de ver, no tiene razón de ser que se elimine.Me preguntaba la señora Sainz si me parecía que los tipos agravados eran o no necesarios y me pedía mi opinión el señor Villarrubia sobre si esto afectaba o no al artículo 9.2. Sobre esta cuestión han hablado ya tanto personas tan expertas que no sería yo quien se atreviera a decir si es contrario o no al principio de igualdad. En todo caso, me parecería que podría ser contrario al principio de proporcionalidad. Me explico. No es proporcional que la pena sea mayor si se amenaza a la mujer que si se amenaza -por seguir con un planteamiento sexista- a una hija menor de edad. Ahora bien, el problema no es tanto este caso sino que viene originado porque el proyecto se denomina de violencia de género pero no es un proyecto de violencia de género en su totalidad, porque está fuera la violencia de género en el ámbito de la prostitución, en la relación de las Fuerzas Armadas, en el ámbito privado o en el ámbito laboral. Por tanto, a mi modo de ver, debería denominarse violencia de género en el ámbito familiar o doméstico, porque no es de toda la violencia de género.
Eso por un lado. Y por otro, el proyecto aterriza sobre una realidad que ya existe, y no podemos desconocer que esa realidad está en el artículo 153 y en el 173 y que el endurecimiento ya se produjo de forma brutal. No sé por qué la prensa se ha escandalizado tanto ahora del endurecimiento, si éste se produjo con la Ley 11/2003; esa sí que es dura. Por ponerles un ejemplo, mañana una persona denuncia que su hermano le ha dado un bofetón y nos encontramos con un delito del artículo 159, un bofetón único durante una pelea en casa por ver quién tiene el mando a distancia y le pega ni siquiera un bofetón, un empujón, y uno de los hermanos denuncia al otro. Nos encontramos que es un delito, con una pena que además debe imponerse en su mitad superior porque se ha producido en el domicilio. Si el denunciante fuera menor, todavía tendría mayor pena porque concurre otra de las agravantes. Nos encontramos con el artículo 57.2, que en todo caso obligaría a acordar la prohibición de aproximarse como mínimo durante seis meses; esos hermanos tendrían que vivir separados seis meses. Si el denunciado fuera campeón de tiro olímpico tendría que dejar de presentarse a las olimpiadas de Atenas porque tendría que ser privado de la tenencia y porte de armas. Por tanto, el endurecimiento viene de la Ley 11 y, por tanto, poco añade ahora una cuestión de endurecimiento, que me parece que es posible endurecer. Ahora bien, sería bueno saber, antes de endurecer, hasta qué punto el endurecimiento del artículo 153 no está abocando, como creo que lo está, a muchas absoluciones del 153, lo cual no sería bueno. En definitiva, creo que estamos enfocando el maltrato de una manera que no es la real.
La cuestión del maltrato no es el acto puntual del maltrato. Lo que debe detectar un buen juez o un buen fiscal es si existe habitualidad, y para eso es independiente que el acto aislado sea o no constitutivo de mayor o menor gravedad. En la medida en que exista habitualidad, la gravedad salta por sí sola aunque los actos individuales de esa habitualidad sean lo nimios que sean. Ese es mi punto de vista en esta materia. En consecuencia, me parece que el endurecimiento viene de antes y se perpetúa en una medida ahora. En todo caso, establecer diferentes tipos de víctimas lo que provoca no es tanto un problema desde el punto de vista penal, que lo provoca desde el punto de vista de proporcionalidad, sino desde el punto de vista funcional, en la medida que creamos tres diferentes círculos de sujetos: en primer lugar, el del 153 y 163; en segundo lugar, el del 148, y en tercer lugar, el de una mezcla para atribuir competencia al juzgado especial, que son mujer e hijos cuando afecte a la mujer. Entiendo que eso no es sino un sistema un poco complejo que viene a complicar un panorama legislativo que en la medida en que se complica dificulta el tratamiento.


No sé si he dejado alguna pregunta en el tintero. En todo caso, no sería en modo alguno mi intención, sino por las apresuradas notas que he tomado de sus intervenciones. Quería expresar a la señora Uría mi agradecimiento por sus, he entendido, hasta cariñosas palabras de felicitación e igualmente a la señora Sainz y al señor Villarrubia, así como a todas las demás señoras y señores diputados por su atención y su paciencia.
Muchísimas gracias una vez más.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, señor Moreno, por su colaboración y su aportación, que sin duda contribuirá al enriquecimiento de este proyecto de ley que tenemos en este momento en esta Cámara.
Muchísimas gracias.


El señor FISCAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ESPECIALISTA EN VIOLENCIA DE GÉNERO (Moreno Verdejo): Muchísimas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Se suspende la sesión hasta mañana a las 10.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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