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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 125, de 10/11/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 125
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARÍA POSADA MORENO
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 10 de noviembre de 2004


ORDEN DEL DÍA:

Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. (Número de expediente 121/000009.) ... (Página 2)

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
(Número de expediente 121/000009.) ... (Página 2)

Página 2


Se abre la sesión a las nueve y diez minutos de la mañana.


EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2005.
(Número de expediente 121/000009.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Presupuestos en la que debatiremos precisamente los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.


Como ustedes saben ya por experiencia, éste es un debate largo, hoy durará todo el día hasta entrada la madrugada y mañana probablemente hasta tarde, y como saben también por experiencia, es conveniente ir con cierto orden, sobre todo en el momento de las votaciones, para saber exactamente lo que se ha votado en cada caso, que a veces es complejo.


En cuanto al sistema de votaciones, como también sin duda saben, habrá una votación hoy a las ocho; mañana habrá otro período de votación, porque son muchas votaciones, a la una; y al final, o sea, mañana a última hora, para terminar, habrá una tercera votación. Tienen ustedes una indicación del orden en que se va a debatir: comenzaríamos con los títulos, luego las secciones, siendo la 17 y la 23 las que se tratan por la noche, luego otras secciones, sociedades mercantiles estatales, fundaciones públicas estatales, entidades públicas empresariales y finalmente las votaciones cuando procedan.


En cuanto a las intervenciones, a título meramente indicativo, porque por supuesto los portavoces saben el tiempo que necesitan, en este primer bloque, que comprende los títulos I y II, dispondrán de diez minutos por grupo por ser las primeras intervenciones y por si quieren expresar cuál es su posición ante los presupuestos, y en el resto de los títulos yo creo que para defender las enmiendas cinco minutos puede ser un tiempo razonable. Por supuesto que si algún grupo quiere emplear más tiempo o quiere dar más importancia a algunas enmiendas, no tiene más que comunicármelo y no habrá ningún inconveniente.


Sobre el orden de intervención de los grupos, empezaríamos de más a menos, terminando con el Grupo Socialista en una intervención final en cada uno de los títulos y luego de las secciones.


Si les parece, y comenzando por las enmiendas a los títulos I y II, para la defensa de las mismas tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señorías, iniciamos el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 en Comisión y antes de centrarme en el análisis de las enmiendas a los títulos I y II de este proyecto de ley, me gustaría hacer unas consideraciones generales sobre el mismo. El proyecto que ha presentado el Gobierno es el resultado de muchos condicionamientos y no contiene, como se ha anunciado, ningún cambio en el patrón de crecimiento. La demanda exterior apenas despega, sigue recortando el crecimiento del PIB y un año más ha de ser la demanda interna, y más concretamente el consumo privado, el motor de la economía.
Probablemente la restricción más notable es que el escenario macroeconómico no es muy realista, pues la previsión de crecimiento del PIB del 3 por ciento, y del empleo y de la inflación del 2, no convence a casi nadie. El propio vicepresidente económico ha reconocido esta dificultad. Por tanto, no es fácil apostar por el 3 por ciento de crecimiento del PIB que prevé el Gobierno, y menos todavía si se perjudica la confianza de los ciudadanos, que son básicamente los que han de sostener el crecimiento de 2005 con sus decisiones de inversión y consumo.


El Gobierno Socialista lleva seis meses enviando a la sociedad mensajes equivocados, desde la manipulación política del déficit de este año para aumentar su margen de gasto, hasta las escasas iniciativas económicas, que además han sido contraproducentes. Así ha ocurrido, por ejemplo, con el recorte de la libertad de comercio y con los continuos mensajes negativos para las expectativas del mercado inmobiliario. Con estos presupuestos perderemos durante 2005 el ritmo de convergencia real con Europa y se enfriará la creación de empleo. El Gobierno Socialista mantiene su obsesión por la productividad y sin razón alguna que lo justifique recorta el objetivo de empleo para engordar un poco la productividad aparente. Será muy difícil en el año que viene que los precios se mantengan en el nivel del 2 por ciento previsto en estos presupuestos con la evolución actual del precio del petróleo y el peor comportamiento del IPC español respecto a la media europea. Por ello creemos que no es razonable proponer para el año que viene un presupuesto expansivo con incremento del gasto por encima del 6 por ciento. Los compromisos políticos que están detrás de este gasto excesivo obligan al Gobierno a plantear una increíble previsión de ingresos superior al 8 por ciento sobre la liquidación estimada para este año, y para lograr estos ingresos tiene que dibujar un escenario económico demasiado optimista.


En definitiva, lo que recogen los presupuestos podríamos decir que es poco y malo: el aumento de algunos impuestos indirectos y la decisión de desplazar parcialmente la tarifa del IRPF. Esta medida, que tiene efectos desfavorables para las rentas bajas, supone en total una inyección de 170 millones de euros, cantidad insignificante frente a los 5.000 ó 4.000 millones que las bajadas del IRPF en 1999 y 2003 aportaron a las familias españolas. Además, según el Gobierno, las prioridades de gasto de este presupuesto son: la educación, las pensiones, las inversiones en I+D, la vivienda y las infraestructuras, pero en realidad las cifras nos muestran que no estamos ante un presupuesto ni más

Títulos I y II

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social ni más inversor. En primer lugar, es falso que esta sea la primera vez que el gasto social supera el 50 por ciento del presupuesto de gastos, esto ya ha ocurrido en los anteriores presupuestos del Partido Popular. La educación se puede plantear como una prioridad presupuestaria, pero hay que considerar que se trata de una competencia autonómica y, por tanto, el aumento es sólo de 90 millones de euros. Hay un incremento en becas del 10 por ciento, frente al 9 por ciento del año pasado, y el número de becas entre 1996 y 2004 subió un 50 por ciento.
Las pensiones son la parte más importante del presupuesto, ascienden a casi 80.000 millones de euros, el 10 por ciento del PIB. El incremento propuesto para el presupuesto de 2005, el 6,8 por ciento, es menor al del año pasado, que era de un 7,1 por ciento. Esta reducción en el ritmo de crecimiento se traduce en una menor participación de las pensiones en el gasto social. Se pasa del 32 por ciento al 31,8. Si nos atenemos a las cifras, no es un presupuesto más social que los presupuestos de los gobiernos populares, y si tenemos en cuenta que crean menos empleo, son menos sociales todavía. Así, sí se incrementa el gasto social de una manera importante. Sabemos que las prestaciones para este año por desempleo crecen un 14,4 por ciento, frente a lo que crecen las políticas activas de empleo, que crecen muchísimo menos. Por tanto, se apuesta menos por el empleo y no se ambicionan las políticas que llevan a España al pleno en empleo.


En I+D+I, si se comparan las inversiones totales en el año 2005 con las de 2004, el incremento real es de 16 por ciento, no del 25 por ciento anunciado en el programa electoral socialista. Este porcentaje de subida es debido, en gran parte, al incremento de los préstamos, un instrumento financiero que resulta de difícil ejecución. Entre los años 1995 y 2004 las inversiones crecieron en este concepto un 400 por ciento. Se ha roto, por lo tanto, la tendencia creciente en este tipo de inversiones.
Esperemos que el sistema de incentivos fiscales a la I+D+I, el más generoso de toda la OCDE, no sufra ningún contratiempo el año que viene.
Respecto a las inversiones en infraestructuras, el incremento global, lo que llamaríamos el esfuerzo inversor del sector público estatal, se incrementa en este presupuesto sólo un 5 por ciento. El año pasado, el de 2004, creció un 10,5 por ciento, y en la etapa de los gobiernos del Partido Popular se multiplicó por más de dos. En relación con la vivienda, el esfuerzo se centra en el incremento del gasto, cuyo aumento absoluto es de 200 millones de euros, cinco euros por español. Un aumento que se dedicará en buena parte al acondicionamiento, mantenimiento y retribuciones del nuevo Ministerio de la Vivienda. Sin embargo, el incremento de las deducciones en el IRPF a la compra de viviendas, que el año pasado fueron más de 3.000 millones de euros, asciende únicamente el 1,1 por ciento. Lo que resulta más llamativo es que el capítulo que más aumente sea el capítulo VIII, el de los activos financieros, que lo hace en un 34,8 por ciento. Este capítulo, que el PSOE calificó a lo largo de la pasada legislatura como déficit oculto, este año lo incrementa en 3.700 millones de euros, seguramente en honor a la coherencia y a la transparencia de esta nueva etapa.


Señorías, con este presupuesto se acaba con una etapa de control del gasto corriente que ha permitido afrontar, por primera vez en la historia de España, bajadas de impuestos continuas y permanente y que ha centrado su esfuerzo en el gasto social, en la viabilidad del sistema de pensiones y en las inversiones en infraestructuras y en I+D+I. Se acaba también una política basada en la mejora de expectativas y la generación de confianza entre los agentes económicos. El Gobierno ha desaprovechado cinco meses muy importantes para presentar nuevas medidas económicas, y su primera prueba, la presentación de los presupuestos para el año que viene, no ha sido superada. La timidez y la falta de iniciativa del Gobierno en materia económica pasarán factura el próximo año. Estos presupuestos que apuestan por el gasto corriente y una mayor presión fiscal, son una clara renuncia al objetivo del pleno empleo. Ésta por sí sola es razón más que suficiente para dudar de ellos. Un gobierno que no cree en el presupuesto como un instrumento de la política económica, no puede presentar un presupuesto que inspire confianza, y sin confianza no es posible impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.


La siguiente discrepancia de mi grupo con estos presupuestos se refiere a la estabilidad presupuestaria. El diferencial de inflación y el desequilibrio de la balanza por cuenta corriente parecen demandar, no ya estabilidad presupuestaria, sino superávit presupuestario, pues de otro modo habremos aceptado decisiones discrecionales pro cíclicas. Al llegar aquí surge de inmediato la alarma. En el documento de presentación del proyecto se indica la voluntad inequívoca del Gobierno de emprender de inmediato una reforma en profundidad de la legislación en materia de estabilidad. Los objetivos de la reforma son introducir el concepto de la estabilidad a lo largo del ciclo económico para facilitar que la política fiscal actúe como estabilizadora de la economía, mejorar el marco que establecen las leyes para las administraciones territoriales y reforzar el principio de transparencia. Así se lee en los presupuestos. Y ahí, señorías, se abre un portillo al déficit. La primera y colosal dificultad es la de decidir si se está o no se está en un ciclo alcista o en un ciclo depresivo, y la duración que tendrá ese ciclo para poder equilibrar los ingresos y los gastos a lo largo de él. Por otro lado, siempre existe la posibilidad de una aceleración en el crecimiento de los déficits, porque la deuda pública que los sostiene ha de pagarse con la emisión de más deuda pública, como pasó ya en España en otras etapas, y, lo que es más difícil, la amenaza de las etapas de depresión. El gasto se puede disparar con mucha facilidad porque conseguir superávit en el ciclo de prosperidad también es muy difícil, como acabamos de ver con este primer presupuesto socialista. Además, no conocemos la duración

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de esas etapas. Esa pretendida estabilidad cíclica se convierte por fuerza en generadora de déficit, y lo que todos los analistas reconocen, la dificultad grande de analizar el ciclo y determinar y evaluar ese ciclo.
Por tanto, esta amenaza a la estabilidad presupuestaria, esta pretensión del Gobierno de abogar por la estabilidad en el ciclo, nos parece una medida que nos va a llevar al déficit en muy poco tiempo.


Por último, el Gobierno presenta estos presupuestos como un esfuerzo de transparencia porque no contienen ley de acompañamiento. Pues bien, no dicen la verdad a los españoles, porque estos presupuestos contienen una ley de acompañamiento en la sombra, la que forman todas las disposiciones adicionales que modifican más de diez leyes en vigor. Este procedimiento de incorporar al articulado de la ley de presupuestos preceptos que modifiquen las leyes en vigor no es nuevo. Se utilizaba en 1993 y fue declarado inconstitucional. La supresión de la ley de acompañamiento no se debe a un esfuerzo de transparencia, se trata de una maniobra política para evitar presiones mayores por parte de los socios del Gobierno y para evitar esas presiones de determinados grupos de presión. Desde el Grupo Parlamentario Popular decimos que la ley de acompañamiento en sí no es ni buena ni mala, depende del uso que se haga de ella. Pero lo relevante es que este Gobierno con la ausencia relativa, porque entendemos que el conjunto de las disposiciones adicionales suponen una ley de acompañamiento en la sombra, lo que hace es renunciar a presentar reformas económicas que impulsen el crecimiento de la economía y, al final, la creación de empleo y el bienestar de los españoles. Concluímos diciendo que este presupuesto representa una oportunidad perdida, la de seguir avanzando en la línea de la convergencia con los países de nuestro entorno, que no es más que seguir creciendo por encima de la media europea para llegar, que es lo que deseamos, al pleno empleo y a conseguir un mayor bienestar de las familias españolas.


Señor presidente, permítame que para terminar comente las enmiendas que ha presentado mi grupo a los títulos I y II de este proyecto de ley. Hemos presentado una enmienda al título I, la 680, con el objetivo de que se avance en el proceso de separación de fuentes en el cumplimiento de acuerdos para la mejora y desarrollo de la protección social de 2001, que fue renovado por el Pacto de Toledo de 2003, contribuyendo a la solidez del Fondo de reserva y con ello a la viabilidad del sistema de pensiones.
En cuanto a las enmiendas referidas al título II, la 681 y siguientes hasta la 688, todas ellas al artículo 14, del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados, buscamos mejorar la transparencia y conocer cuáles son los costes reales de la educación concertada, adecuando los gastos a la eficacia, prever la financiación de nuevas unidades de formación profesional, mejorar la dotación de los orientadores de secundarias y extender a la educación infantil y a la educación primaria la implantación de estos educadores conforme al avance de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación y mejorar el tratamiento de la educación especial. Mi grupo espera obtener la confianza y el apoyo de los demás grupos parlamentarios para que se puedan incorporar al texto del proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado alrededor de 400 enmiendas, que van dirigidas a modificar aspectos sustanciales e importantes de estos presupuestos generales para el año 2005. Ya en la enmienda que presentamos a la totalidad de los mismos manifestábamos que eran unos presupuestos poco creíbles, que no eran unos buenos presupuestos, ya que, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva política, carecían de algunos aspectos que nosotros intentaremos modificar si gozamos de la sensibilidad y del apoyo del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno para orientarlos y que sean unos presupuestos más creíbles, más solventes, con los que finalmente se puedan cumplir las expectativas de generación de puestos de trabajo. Algunas de las deficiencias importantes se han manifestado en esta última semana, posterior al debate de los mismos, cuando el vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía afirmaba, certificaba y reconocía que probablemente no se llegaría al crecimiento del 3 por ciento previsto para el año 2005, que probablemente existiría también un déficit en la generación de puestos de trabajo, en referencia a los que estaban previstos en los mismos, y esto quiere decir implícitamente que también reconocía, aunque no lo manifestaba públicamente, que este presupuesto carecía de mecanismos importantes para impulsar la economía productiva, que es la que, en definitiva, puede hacer posible la generación de puestos de trabajo. Pues bien, estas son las cuestiones que nosotros intentaremos plantear y defender ante esta Comisión de Presupuestos esta semana y posteriormente en el Pleno.


Hemos planteado unas enmiendas orientadas a incrementar la actividad económica, a impulsar mecanismos que posibiliten que exista más actividad industrial en nuestro país en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos; a que se incrementen también, en la misma medida, todos aquellos elementos que hacen referencia a la investigación, al desarrollo y a la innovación, y también establecemos unos mecanismos importantes, que nosotros ya denunciábamos en nuestra defensa de la enmienda a la totalidad, que hacen referencia a incrementar los recursos para solventar el déficit en el que están inmersas las comunidades autónomas.


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También pudimos certificar este fin de semana que el señor Solbes decía que el Estado no piensa plantear en ningún momento la posibilidad de incrementar recursos para poder mitigar el déficit de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo también decía que si las comunidades autónomas querían resolver el déficit sanitario no tendrían otra alternativa y otro remedio que incrementar los impuestos autonómicos. Con estos planteamientos nosotros no estamos de acuerdo y establecemos mecanismos que puedan ir en la dirección de paliar estos déficit sanitarios autonómicos y al mismo tiempo posibilitar la creación de formulaciones que puedan evitar que se produzcan en el futuro. También planteamos más recursos para todos aquellos aspectos que hacen referencia a la educación y a cuestiones sociales.


Finalmente, hemos presentado una serie de enmiendas orientadas a corregir el déficit importante de inversiones en infraestructuras en Cataluña. El mismo señor vicepresidente y ministro de Economía reconoció que en el año 2005 solamente un 15,5 por ciento de las inversiones del Estado se destinaban a Cataluña y reconocía al mismo tiempo que eran menos inversiones de las previstas para el ejercicio del año 2004. Desde esta perspectiva hemos planteado un incremento de inversiones sustancial en Cataluña para que pueda llegar a unos niveles de inversión de alrededor del 18 por ciento.


Yendo ya directamente a las enmiendas que hemos planteado para los títulos I y II, tengo que decir que hacen referencia a los artículos 10 y 14 y que van en la dirección de posibilitar que exista una analogía retributiva para el personal docente de la enseñanza concertada, así como que se pueda posibilitar una analogía retributiva para el personal de la Administración y de los servicios de la enseñanza concertada. En esta dirección hemos planteado las enmiendas números 1986, 1987, 1988, 1990, 1991 y 1992, con el objetivo de eliminar la reducción del coeficiente de otros gastos en el concierto de centros de formación profesional específica, que cuentan con autorización para una ratio inferior a 30 alumnos por unidad, de conformidad con el Real Decreto 77/1998. Al mismo tiempo también para posibilitar la aplicación a los centros que imparten enseñanzas de ciclos formativos de formación profesional y programas de integración social de módulos previstos para estas enseñanzas, así como también para posibilitar la disminución que se debe derivar de las partidas, no del módulo económico completo. También contemplamos la posibilidad de incluir a las enseñanzas de educación infantil y primaria en la dotación de servicios de orientación educativa, modificando al mismo tiempo la ratio del orientador de 25 a 20 unidades concertadas.
Asimismo, contemplamos la posibilidad de incluir la relación profesor-unidad en la concertada para la fijación de los módulos económicos. Las administraciones competentes al mismo tiempo podrán incrementar y posibilitar esta relación, así como también planteamos la posibilidad de poder asumir por las administraciones educativas el pago de la antigüedad de los profesores en pago delegado. También solicitamos posibilitar la obligatoriedad de incrementar todas aquellas relaciones que hacen referencia a profesor y unidad de los centros concertados para adaptarlos a la realidad y acomodar los módulos de conciertos a dicha ratio.


Finalmente, la enmienda número 1985 va dirigida al apartado 10 y propone la inclusión de un nuevo apartado, en la cual contemplamos la posibilidad de transferencia de las partidas correspondientes de asistencia al autoempleo en la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, a fin de unificar su gestión y obtener mayor eficacia de las políticas activas de empleo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, ya en su momento, en la discusión en Pleno de las enmiendas a la totalidad, nuestro grupo votó en contra de tales enmiendas, en el sentido de que algunas de las enmiendas que hemos negociado con el grupo mayoritario han quedado incorporadas en el dictamen de la ley de presupuestos.


Hemos de decir que estos presupuestos para nosotros son singularmente mejores de los aprobados en esta Cámara en la pasada legislatura. Se han introducido mejoras en estos presupuestos, tanto desde un punto de vista social, como de infraestructuras, de corregir déficit en inversiones e infraestructuras en Cataluña, en el País Valenciano y en las Illes Balears. Esto se ha incorporado en estos presupuestos, pero aún quedan temas pendientes. Tenemos una serie de enmiendas vivas que esperamos poder llegar a acuerdos para que se terminen incorporando.


Hay algunas cuestiones en estos presupuestos que para nosotros son mejorables. Entendemos que en los presupuestos del Ministerio de Defensa hay que crear mecanismos para fomentar la cultura de la paz y pensamos que hay que corregir esos incrementos en el Ministerio de Defensa.
Entendemos que son unos presupuestos de transición para afrontar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, y en ese sentido en nuestro grupo parlamentario creemos firmemente que hay que cambiar ese modelo para corregir los errores, para corregir el déficit fiscal, que es una cuestión que reivindicamos y que año tras año se ha ido incrementando y que, según los últimos datos que el Ministerio de Hacienda nos ha ido facilitando se va a seguir incrementando. Hemos planteado enmiendas en el sentido de mejorar el sector y la actividad económica, para potenciar la actividad económica de la pequeña y mediana empresa.


Hemos planteado la corrección del déficit que ha habido en los últimos años en las inversiones en Cataluña,

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País Valenciano e Illes Balears y se aportan estas mejoras. Esperamos que en el trámite parlamentario de discusión de las enmiendas que iniciamos esta mañana podamos incorporar enmiendas que vayan fomentando unos presupuestos más sociales. Creemos que queda camino por recorrer y que hay posibilidades de hacerlo en este sentido.


Refiriéndome a los títulos I y II, tenemos dos enmiendas vivas que van en el sentido de no autorizar la generación de crédito en el Ministerio de Defensa, según la idea que ya hemos expresado antes de disminuir el presupuesto del Ministerio de Defensa para fomentar lo que entendemos que es la cultura de la paz y el nuevo modelo de relaciones internacionales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, nuestro grupo no ha presentado ninguna enmienda a estos títulos, por lo que intervendré en el siguiente bloque.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa Verds ha planteado enmiendas que van en la línea que planteábamos también en el debate de las enmiendas de totalidad que hubo en el Pleno. Nuestro grupo entiende que estos son presupuestos de transición, que son presupuestos definidos por el Gobierno en los que nuestro grupo ha participado incidiendo en dos líneas: condicionar futuros en la política fiscal, en la política contra el fraude, en el cambio y en el abandono, en definitiva, de la política del dogma del déficit cero, y condicionar también el presupuesto actual en partidas que eran manifiestamente mejorables. En este sentido hemos presentado diferentes enmiendas en los títulos I y II. Una de las enmiendas que planteamos coincide con uno de los condicionamientos de futuro en la línea de la reforma fiscal. Nuestro grupo continúa planteando hoy también que es necesario un incremento de ingresos, modificando por tanto la política fiscal para afrontar el diferencial en gasto social que existe con la Unión Europea.


La segunda enmienda que planteamos incide en ahondar en la transparencia, no sólo con la Oficina Presupuestaria sino haciendo también que el Gobierno presente la ejecución con el mismo detalle que presenta los presupuestos. De la misma manera planteamos que sobre las bonificaciones, exenciones, subvenciones, etcétera, que practican las diferentes administraciones, y concretamente la Administración General del Estado, haya un informe sobre cuáles son los beneficios reales que reportan, especialmente a la Administración, pero concretamente a la Seguridad Social.


Este es el sentido de estas enmiendas, que creemos que mejorarían el presupuesto, siendo este un presupuesto, como dijimos en su día, de transición y un presupuesto que se ha mejorado y que se podría haber mejorado aún más. También hemos planteado enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, que si el señor presidente lo considera oportuno podría avanzar o bien esperar al final.


El señor PRESIDENTE: Señor Herrera, me da usted oportunidad para decir una cosa con carácter general. En efecto, los portavoces que lo consideren conveniente pueden defender en esta intervención aquellas enmiendas a disposiciones adicionales y transitorias que tengan relación con los títulos. Por supuesto que al final habrá una última intervención para defender todo aquello que no se haya defendido.


Perdone la interrupción, señor Herrera, pero le agradezco la posibilidad de decírselo a todos.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Pues bien, en estas disposiciones adicionales nuestro grupo ha planteado cuestiones que tienen que ver con los títulos y sobre las que, más allá de lo que haga cada uno de nuestros portavoces en cada uno de los títulos, quisiera ya adelantar algo. Una de las enmiendas hace referencia a los pagos a cuenta a la Iglesia católica española en 2005. En España había una práctica, que ha durado muchos años, según la cual a la Iglesia católica se le avanzaban los recursos que tendría que recibir en el presente año. De hecho, esta práctica, que ha sido habitual, ha supuesto que la Iglesia católica tuviese más dinero que el que les otorgaban los contribuyentes. Nuestro grupo quiere simplemente conseguir una normalidad en ese sentido y hacer que la Iglesia católica reciba aquello que le asigna el conjunto de los contribuyentes. Es por eso por lo que, más allá de las promesas para el futuro, nuestro grupo va a plantear en este caso la votación de esta enmienda, que lo que supondría sería conseguir avanzar ya no hacia la laicidad sino simplemente hacia la aconfesionalidad del Estado, y creemos que además sería un avance. En este sentido va la enmienda 1291.


En las disposiciones adicionales planteamos otras enmiendas que creemos que son importantes. Pensamos que se debería aprobar en estas disposiciones adicionales la elaboración del plan de choque contra el fraude así como la reforma fiscal en el siguiente año; un plan de financiación para la deuda de Radiotelevisión Española; las compensaciones a los entes locales por las pérdidas del IAE por un fondo de nivelación municipal, especialmente a los pequeños municipios, y permitiendo también a éstos que graven las viviendas vacías con mayores márgenes en el IBI. Planteamos además dos propuestas que creemos que son importantes para la AECI, para que pueda operar de forma más diligente en el extranjero, pudiendo operar más allá del

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Banco de España y permitiendo también a la AECI que el personal que trabaja para ella pueda tener contratos privados de seguro médico en aquellos países donde este seguro médico o la asistencia médica no sean del todo satisfactorios. Además planteamos la compatibilidad entre pensiones e indemnizaciones otorgadas a los afectados por el síndrome tóxico y planteamos también algo que es novedoso -lo planteamos hoy, pero en caso de que no se apruebe continuaremos planteándolo-, como es que en la casilla del IRPF que asignan los contribuyentes los fines no sean exclusivamente sociales. Coincidimos en que tienen que ser sociales, pero sería bueno que también fuesen fines medioambientales, sabiendo que hoy, para el beneficio de la sociedad, trabajan organizaciones con fines sociales, pero también organizaciones con fines medioambientales. Hay más enmiendas que damos por defendidas, pero este sería el sentido de las mismas.


Aparte de estas enmiendas quisiera hacer una última reflexión, que va en el sentido siguiente. Nuestro grupo ha intentado incidir y mejorar estos presupuestos, en algunos casos lo ha conseguido y en otros casos nos hemos quedado a medias, incluso en algunos casos no hemos avanzado de forma sustancial. Pondría el ejemplo de Educación, Vivienda o Defensa.
Pese a que hay un incremento pequeño, del 0,5 por ciento en referencia a la inflación, nuestro grupo hubiese querido que afrontásemos ya desde el principio un debate en torno al modelo de defensa que queremos, en torno al ejército, que nuestro grupo cree que es sobredimensionado, y apostásemos por un modelo de defensa con un ejército reducido, no tan sobredimensionado. Por eso nuestro grupo también ha planteado en enmiendas -algunas de ellas las vamos a aprobar, otras no- que haya una mayor investigación a favor de la cultura de la paz, que se acote mucho más el modelo de ejército y que, en definitiva, podamos encaminarnos hacia un modelo de sociedad en el que prime la cohesión social y en el que la defensa y el gasto militar global vayan reduciéndose hacia partidas que lo que hacen es conseguir una mayor seguridad en nuestro entorno.


Este es el sentido de nuestras enmiendas, y por tanto nuestro grupo daría todas por defendidas, haciendo énfasis en las que he mencionado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto, el señor Labordeta tiene la palabra. (Pausa.) Perdón, señor Labordeta, me he equivocado porque no había visto al señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: En todo este bloque -y aprovechando las palabras del señor presidente durante la intervención del diputado representante de Izquierda Unida-los Verdes- no tengo nada más que una enmienda a la disposición adicional vigésimo octava bis, la 1831, que se refiere a la isla de Tenerife, del archipiélago canario, al puerto de la localidad de Guía de Isora. Nosotros la mantenemos porque se trata de una explicación muy técnica y especializada sobre esta instalación del puerto de Guía de Isora y la mantengo en los términos en los que se ha presentado la justificación. Es la única enmienda de todo este bloque.


El señor PRESIDENTE: Le pido nuevamente disculpas por haberle saltado, señor Mardones.


Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Resulta difícil intervenir para defender las enmiendas de un grupo en el que ha habido tres partidos que han votado una enmienda a la totalidad y uno que no la hemos votado. Por ello, me voy a abstener de hablar y lo que voy a hacer es defender las enmiendas de los partidos del Grupo Mixto que han presentado enmiendas en general.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, efectivamente el contenido esencial de los presupuestos se recoge en los títulos I y II de este texto articulado para el año 2005, y por tanto me gustaría hacer una referencia general puesto que estamos hablando de estos dos títulos pero también de la esencia del presupuesto.


Con el nuevo Gobierno en España ha llegado la hora de una política económica más moderna, teniendo como objetivo el incremento del empleo de calidad y también el incremento de la productividad, y ello basado en tres pilares: una regulación óptima de los mercados y de los factores; unas cuentas públicas sanas a lo largo del ciclo y además transparentes, y una reorientación del gasto público hacia el gasto productivo y hacia el gasto social. Por tanto, el presupuesto del año 2005 se enmarca en una reorientación de la regulación de los mercados de bienes, de servicios y de factores; dicho de otra manera, las necesarias reformas estructurales que necesita la economía española. La portavoz del Grupo Popular ha dicho que el nuevo Gobierno socialista ha desaprovechado cinco meses en materia de reformas estructurales. La pregunta que yo me hago es cuánto perdió el Partido Popular en materia de reformas estructurales: ocho años. Vamos a suponer que la portavoz del Grupo Popular tuviera razón, en cuyo caso desde luego no habría comparación desde el punto de vista temporal, pues el Gobierno del Partido Popular perdió ocho años en cuanto a reformas estructurales.


El modelo de crecimiento de la economía española, intensivo en la utilización de factores productivos, ha tenido dos consecuencias negativas: la primera es una pérdida de competitividad, como dicen los datos que presenta la economía española, que tienen que ver, lógicamente, con decisiones anteriores del Gobierno anterior,

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y la segunda es una brecha de productividad con la Unión Europea que se ha incrementado entre 1995 y 2003. Para tratar de recomponer ese modelo de crecimiento pensamos que hay que reorientar el gasto público tratando de impulsar y conectar capital humano, capital tecnológico y capital físico, y en esa dirección, si empezamos por la apuesta por el capital humano, que además de ser un gasto tremendamente productivo es eminentemente social, tenemos que decir que la educación pública sale muy bien parada en este primer presupuesto.
Ya se ha dicho en muchas ocasiones que las becas crecen a una tasa del 10 por ciento en este presupuesto. Estamos hablando de una partida, de un crédito que tiene la doble función de ser un gasto social y también un gasto productivo. El proyecto de presupuestos incrementa los recursos, los créditos destinados a la investigación y al desarrollo en un 25 por ciento. Pero además hay que decir que las enmiendas que hemos pactado con otros grupos parlamentarios van a incrementar el Fondo Nacional para la Investigación en 25 millones y además el Centro Superior de Investigaciones Científicas va a aumentar sus fondos en 15 millones de euros, y también se ha pactado una enmienda de tal manera que hay 6 millones para convertir en contratos las becas de los investigadores científicos.


Decía anteriormente que hay que conectar capital humano y capital tecnológico con el incremento del capital físico, es decir, las infraestructuras. El Estado -los organismos autónomos- hace crecer sus partidas en materia de infraestructuras un 9,1 por ciento. Pero además el ADIF crece a una tasa no del 9, 10 ó 12 sino del 18 por ciento. Pero es que el Consejo de Ministros ha aprobado un plan especial de carreteras que supone una licitación en el año que viene de 2.500 millones de euros.
Por lo tanto, en materia de capital físico no se puede decir que no crezca por encima del crecimiento del presupuesto. Esto se dice con una evidente falta de rigor y un desconocimiento de lo que tiene planificado el Gobierno para el año que viene. Y todo ello se va a realizar sin subir los impuestos, porque los impuestos no suben, más bien lo contrario, en 2005 se va a deflactar la tarifa del IRPF. También he oído decir a la portavoz del Grupo Popular que en el juego que se hace la deflactación con el IRPF no es completa. O sea, he creído entender que el Partido Popular el año pasado, 2004, sí que deflactó el IRPF y que el año anterior también y el anterior también, he creído entender que eso fue así. Evidentemente, SS.SS. saben que eso no fue así. Creo que la crítica no es, por decirlo de alguna manera, consistente. Este presupuesto es equilibrado, mal que le pese a algún grupo, con un superávit de una décima del producto interior bruto. Esto sin trampas, sin ocultaciones, como se hacía anteriormente.


Me ha parecido interesante la apreciación que hacía la portavoz del Grupo Popular cuando hablaba de la necesidad de que los estabilizadores automáticos funcionaran en la economía. Toda la literatura económica dice que el déficit año a año implica que no funcionen los estabilizadores automáticos, y eso es lo que ha pasado con el Partido Popular, que no han funcionado los estabilizadores automáticos. Cuando la economía iba bien, entonces el gasto público era mayor. Por tanto, no creo que tampoco puedan decir que es necesario que funcionen los estabilizadores automáticos, porque en la época del Partido Popular eso no fue así.


También me ha parecido interesante lo que han preguntando los portavoces del Grupo Popular respecto a cómo vamos a saber en qué parte del ciclo estamos. Es que no tenemos que saberlo. Deben estudiar un poquito más de economía. No tenemos que saber en qué parte del ciclo económico tenemos que estar; tenemos que saber cuál es el crecimiento tendencial o el potencial de la economía en relación con la estimación que hacemos de crecimiento el año siguiente, pero no tenemos que saber en qué parte del ciclo económico estamos. Tienen que seguir estudiando economía para entender bien lo que estamos diciendo.


En relación con las pensiones también he oído que las pensiones crecen menos en el conjunto del gasto social. Esta es una nueva manera de tratar de argumentar que no crecen las pensiones. Yo me pregunto: ¿crecen o no crecen las pensiones por encima del crecimiento de la economía? Dicho de otra manera, de la tarta, de la riqueza nacional, ¿destinamos a pensiones este año más o menos que el año anterior? Sí, señoría, esa es la cuenta buena, no una cuenta para tratar de justificar algo injustificable. Esa es la cuenta buena: de la riqueza nacional destinamos a pensiones este año más que el año anterior. Igualmente, respecto a vivienda, ¿es bueno o no que crezca el presupuesto de vivienda un 33 por ciento? ¿Es bueno o no? Crece un 33 por ciento. Evidentemente hay que coordinar la política de vivienda con el conjunto de administraciones autonómicas, pero creo que hay un incremento sustancial que hay que señalar y apoyar para tratar de resolver el desaguisado creado por el PP en materia de vivienda y en su mercado.

En relación con las estimaciones de crecimiento, el vicepresidente segundo del Gobierno habló en su intervención de una manera clara; utilizó un informe del Gobierno anterior, el informe de actualización del programa de estabilidad de España. En dicho informe, elaborado por el PP, de enero de 2004, se hablaba de la sensibilidad en relación con el crecimiento y el déficit público y en el mismo se ponía de manifiesto que las cuentas que presenta el Gobierno socialista son consistentes. Además, hay que decir que lo importante, desde el punto de vista de la recaudación, de las previsiones de ingresos no es tanto el crecimiento real como el crecimiento nominal, que no se discute. En relación con este presupuesto lo importante es el crecimiento nominal, digo en relación con los ingresos, que es de lo que estamos hablando. El crecimiento nominal no se discute, porque el crecimiento nominal, como saben SS.SS., es el crecimiento real más la inflación más el deflactor del producto interior bruto. Por lo tanto, desde el punto

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de vista de los ingresos no hay ningún problema cuando el Gobierno ha estimado sus ingresos.


Estamos hablando de un proyecto de presupuestos más transparente; hemos hecho los ajustes de contabilidad nacional que no hizo el Partido Popular cuando elaboró el presupuesto de 2004. ¿Eso es transparencia o no? No hay Ley de Acompañamiento, mal que les pese a los del Partido Popular, y por tanto hay más transparencia; no tenemos ese cajón de fondo que ocultaba debate público y debate parlamentario y que generaba inseguridad jurídica a las familias, a los individuos y a las empresas. Pero es que además los acuerdos con el resto de grupos políticos, con los socios en estos presupuestos, hacen que se refuerce la transparencia, hacen que se apueste por la estabilidad presupuestaria, porque no está en juego la estabilidad presupuestaria -la estabilidad presupuestaria está fuera de toda duda-, porque con esos acuerdos se acentúa la apuesta por el nuevo patrón de crecimiento, porque hay más inversión en infraestructuras, porque hay más inversión en I+D, porque hay una apuesta mayor por lo social. Todo ello se hace en detrimento del gasto corriente más improductivo, porque, cuidado señorías, no todo el gasto corriente es improductivo.


En definitiva, quiero decir que en el primer presupuesto del nuevo Gobierno se va en la buena dirección; sin duda es mejorable, pero es un presupuesto que va buscando un nuevo modelo de crecimiento que no es una aspiración del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, sino que es una aspiración de la sociedad española. Tenemos un modelo de crecimiento que ha tocado techo, que se ha agotado, y la sociedad española, los empresarios, los sindicatos, todas las fuerzas políticas están en la idea de que hay que reorientar nuestro patrón de crecimiento.
Por tanto, este presupuesto va en la buena dirección, aunque no hemos llegado todavía. Evidentemente, en un presupuesto no podemos cambiar el patrón de crecimiento, pero éste va en la buena dirección. Creo que es poco consistente que se nos pida que en cinco meses hagamos lo que no ha hecho el PP en ocho años. Al Partido Popular le pediría que trataran de buscar otros argumentos porque ese argumento central no es creíble ante la sociedad española, ante los empresarios, ante los sindicatos.


En relación con las enmiendas al título I y al título II me gustaría hacer unos breves comentarios. Hay una enmienda de Izquierda Verde-Izquierda Unida, la 1269, que nos parece interesante, pero creo que el portavoz de dicho grupo estará de acuerdo conmigo en cuanto a que el Gobierno ha optado por aparcar la reforma de los ingresos para el ejercicio siguiente, para el año 2005. Por tanto, esta enmienda tiene mucho sentido en el debate del año que viene y sobre todo en el debate de la reforma fiscal, e invito a Izquierda Verde-Izquierda Unida a llegar a acuerdos sobre la misma. Creemos que no se han hecho los estudios económico-fiscales adecuados para justificar el incremento de 3 millones de euros que plantea Izquierda Verde-Izquierda Unida. Creo que podríamos aparcar esta enmienda y hablar de ella cuando se plantee la reforma fiscal.


También hay enmiendas del Grupo Popular, por ejemplo, la que ha comentado su portavoz al artículo 13. Nosotros creemos que la aportación que hace el Estado en 2005 a complementos de mínimos en materia de pensiones es importante; el incremento supone, ni más ni menos, el 33 por ciento. Se hace por tanto un esfuerzo en materia de pensiones, se hace un esfuerzo importante en materia de separación de fuentes financieras, se hace un esfuerzo importante en materia de complementos de mínimos. Por eso vamos a rechazar esa enmienda, porque el Gobierno ya ha presupuestado un incremento del 33 por ciento.


En relación con las enmiendas números 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, a la 1046, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992 del Grupo Popular y también de Convergència i Unió, anuncio que las vamos a rechazar porque, en primer lugar, encontramos errores materiales y técnicos en la construcción de las mismas; en segundo lugar, entre otras cosas, porque ya están completadas estas enmiendas en el proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno; en tercer lugar, porque muchas de ellas son competencias de las comunidades autónomas; en cuarto lugar, porque la antigüedad en relación con los formadores, los profesores, es una componente tenida en cuenta en la fijación de las retribuciones de la enseñanza pública, por lo que las enmiendas nos parecen recurrentes, y en quinto lugar, porque la Ley de formación profesional ya contempla alguna de las enmiendas que han presentado los grupos que he señalado anteriormente. Por todas esas razones, el Grupo Parlamentario Socialista va a rechazar esas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: En general, y dado que va a haber muchas intervenciones defendiendo y rechazando enmiendas, como es lógico, yo sugeriría a los portavoces que no hiciésemos turno de réplica. Es decir, se defiende una enmienda, se rechaza, todo el mundo tiene argumentos, pero creo que no conduce a nada insistir en la argumentación.


En este caso, al ser el título I y porque hemos hablado en general del presupuesto y por lo tanto tiene un carácter mucho más político, va a haber un turno muy breve de réplica para los grupos que quieran utilizarlo, terminando el señor Saura. Será un turno como mucho de cinco minutos.


Por el Grupo Popular, señora Báñez.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor portavoz del Grupo Socialista, hemos recibido una buena herencia económica, son palabras del presidente Rodríguez Zapatero en esta Cámara. Y es verdad. El señor Solbes, vicepresidente económico de este Gobierno, que además se hereda a sí mismo de gobiernos anteriores socialistas, ha recibido una herencia que nunca soñó porque ha recibido unas cuentas públicas en equilibrio,

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sin déficit; cinco millones nuevos de empleo, con lo que supone además de afiliación a la Seguridad Social -más de 17 millones de afiliados a la Seguridad Social-; un presupuesto saneado y una economía en crecimiento constante y convergiendo con la Unión Europea, muy lejos de lo que él mismo dejó como herencia al Partido Popular, que era un presupuesto con déficit, altas tasas de desempleo y la imposibilidad de que en ese momento España pudiera ser miembro de pleno derecho de la Europa del euro. Por eso, señor portavoz del Grupo Socialista, muy buena herencia económica han recibido ustedes, y con orgullo lo tenemos que defender desde las filas del Partido Popular. Le voy a decir más, habla usted de ajustes de contabilidad nacional que no han tenido más remedio que hacer.
No, lo que han hecho ustedes han sido ajustes de contabilidad nacional por decisión política de su propio partido, porque muchas de las cosas que ustedes han anunciado como ajustes estaban contabilizadas adecuadamente.


En cuanto a la estabilidad presupuestaria, para nosotros no es un dogma, claro que no, lo que pasa es que se ha demostrado que equilibrio presupuestario significa en España y en Europa más crecimiento económico y sobre todo más empleo y bienestar para las familias españolas, y con ello no hipotecamos las generaciones futuras. Ustedes hablan de estabilidad o de equilibrio a lo largo del ciclo. Pues ustedes serán quienes tengan que explicar qué significa eso porque los analistas encuentran dificultad al analizar esa política de equilibrio a lo largo del ciclo. Y no es que nos lo tengamos que saber; es que ustedes tienen que explicar a la sociedad española dónde estamos y a dónde nos quieren llevar; en qué momento del ciclo estamos para que sepamos cuándo vamos a tener superávit de las cuentas públicas y cuándo vamos a tener déficit, porque los ciudadanos españoles estamos preocupados por nuestro futuro.


Habla usted de deflactación. La deflactación del 2 por ciento que hacen significa que las rentas más altas son las que se benefician de esta medida que han tomado ustedes en este presupuesto, porque no ajustan ni los mínimos personales ni los familiares. Lo que quiere el Partido Popular son rebajas de impuestos, no deflactación; rebajas de impuestos que, frente a los 170 millones que les supone a las familias españolas la medida que ustedes toman en el presupuesto de 2005 con la deflactación, les ha supuesto a las familias españolas que ingresen 9.000 millones de euros en sus bolsillos. Creo que la diferencia se explica por sí sola.


En cuanto a las pensiones, mal que les pese, suben un 6,8 por ciento para el año que viene, frente al año 2004, cuando crecieron un 7,1 por ciento.
Yo lo siento, pero es la realidad y los datos son los datos. En cuanto a la vivienda, lo que realmente crece en el presupuesto del Ministerio de Vivienda se debe a que ustedes han montado un ministerio que tiene pocas competencias pero muchos gastos de funcionamiento; esa es la realidad de lo que les va a afectar a los españoles el crecimiento del presupuesto para vivienda el año que viene: muy poquito, señor portavoz del Grupo Socialista.


Me habla usted de transparencia. Mejor no hablen de transparencia, porque le recuerdo que la Ley de Acompañamiento la crearon los gobiernos socialistas en presupuestos de otra época y fueron ustedes quienes la pusieron en funcionamiento y hoy dicen que no la presentan haciendo un esfuerzo de transparencia. Pues bien, el esfuerzo de transparencia se traduce en presentar una Ley de Acompañamiento en la sombra con todas las disposiciones adicionales que cambian diez leyes en vigor, lo que incluso puede tener visos hasta de inconstitucionalidad.


Se trata, pues, de un presupuesto que nace con muchos condicionamientos, que no apuesta decididamente por la estabilidad y el equilibrio presupuestario, que todo lo que parece conseguir es que aumente el gasto público y nos veamos abocados pronto a un déficit, y que pone en riesgo el crecimiento y la convergencia real de nuestra economía con el resto de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, y por tanto -lo que es más importante- pone en peligro la creación de empleo y el bienestar de las familias españolas. Nosotros tenemos que decir la verdad a los ciudadanos y tenemos que denunciarlo desde aquí.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? (Pausa.)

El señor Saura, por el Grupo Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Hablaba la portavoz del Grupo Popular de la herencia económica recibida. Me gustaría poder debatir en algún momento con un mínimo de rigor en relación con cuestiones económicas. Nadie discute el crecimiento económico de los últimos años y eso es lo que ha dicho el Gobierno. Ahora bien, junto a eso planteo dos cuestiones. En primer lugar, en relación con el déficit público, no compare dos partes del ciclo económico distintas: un momento de expansión económica del conjunto de la economía europea y mundial y por tanto de menos déficit, con el principio de los noventa y una situación de crisis económica. No se pueden comparar dos partes distintas del ciclo. Habría que ser, al menos aquí, en la Comisión de Presupuestos, mínimamente riguroso. En segundo lugar, hemos recibido una herencia y también la brecha de productividad ha crecido en relación con el resto de la Unión Europea.
¿Eso es así o no? Porque la productividad es un elemento importante a la hora de determinar la convergencia real en el futuro. Por tanto, esa es la herencia. Nosotros no discutimos que hubiera crecimiento económico, por supuesto, pero hay cosas que no funcionaban bien en el modelo de crecimiento y eso es lo que hay que cambiar. Les pediría que, más allá de los mensajes partidistas de un mitin, trataran ser mínimamente rigurosos en un debate de presupuestos.


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Por otra parte, me habla de los ajustes de contabilidad nacional. Son ajustes que tenemos que hacer porque lo está pidiendo Eurostat, porque es una exigencia de la Unión Europea y, como consecuencia de esa exigencia, tenemos que hacer los ajustes de contabilidad nacional y los hemos planificado, programado y presupuestado para que no suceda lo mismo que ha sucedido con el Partido Popular en el año 2004, que planteó un déficit del 0,4 por ciento y vamos a terminar con el 1,8 por ciento. Por tanto, ese déficit es imputable totalmente al Partido Popular. En relación con la estabilidad presupuestaria año a año, evidentemente nosotros estamos de acuerdo -no solamente nosotros sino todo el arco parlamentario- con la estabilidad presupuestaria, pero una estabilidad presupuestaria más racional económicamente, no año a año, porque no es racional ni económica ni socialmente. Por tanto, eso no lo tenemos que explicar nosotros porque cualquier analista serio lo entiende; no tenemos que explicarlo porque se entiende perfectamente. Además es algo antiguo, no moderno. En los momentos de expansión económica hay que ahorrar para compensar los malos momentos de la economía. Eso no lo ha inventado el Partido Socialista ni ningún grupo parlamentario en el año 2004 o en el año 2005. Eso es muy antiguo, son teorías económicas muy consistentes. Por tanto, no lo tenemos que explicar porque está suficientemente explicado en la literatura económica.


También me parece interesante la afirmación que ha hecho sobre la deflactación del IRPF, diciendo: Es tremendamente injusto porque no se han deflactado los mínimos exentos y no se han deflactado las deducciones; por tanto, el IRPF es tremendamente injusto. Por consiguiente, está usted reconociendo que el IRPF que ustedes construyeron es tremendamente injusto, porque no deflactaron en ningún momento y además fueron ustedes los que construyeron toda su arquitectura. Por lo tanto, como ha reconocido la portavoz del Grupo Popular, el IRFP del Partido Popular fue tremendamente injusto. Yo creo que es una perla interesante desde el punto de vista del reconocimiento del Grupo Popular.


Las pensiones crecen por encima del conjunto del presupuesto y respecto a la vivienda, al gasto corriente del Ministerio de Vivienda...; no. Hemos sacado una parte administrativa del Ministerio de Fomento, por lo tanto, se trata de los mismos gastos de funcionamiento que se encontraban anteriormente en el Ministerio de Fomento y de un nuevo organismo que anteriormente se encontraba en el Ministerio de Fomento, pues Vivienda antes se encontraba en Fomento.


En relación con la constitucionalidad de algunos preceptos del texto articulado, el portavoz del Grupo Popular, el señor Rajoy, contestó a lo que ha dicho usted esta mañana. ¿Qué dijo el señor Rajoy en el debate presupuestario sobre la inconstitucionalidad de algunos preceptos del texto articulado? Señoría, no dijo nada; no dijo nada. Por lo tanto, poca convicción tenía el presidente del Partido Popular sobre lo que los portavoces del Grupo Popular en materia económica han dicho de la inconstitucionalidad de algunos preceptos del texto articulado. Su propio portavoz le ha contestado a usted esta mañana.


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las enmiendas presentadas al título III.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Como supongo que las admoniciones del portavoz del Grupo Socialista van dedicadas a todos los integrantes de mi grupo (ha citado las declaraciones de nuestro portavoz y presidente en el debate de totalidad), yo le quería decir algo también. Sé que él es un experto profesional en economía, pero en los próximos días leeré mi discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, que versa además sobre la ley de acompañamiento, a la que le invitaré para que acuda y pueda profundizar en saber si efectivamente este presupuesto lleva o no algo parecido a la ley de acompañamiento, así como para que conozca la historia de la misma, que es muy interesante, para mayor ilustración acerca de su génesis, de cuáles fueron las razones por las que los gobiernos socialistas recurrieron a este instrumento y cuál ha sido su historia; supongo que así no nos volverá a repetir las consideraciones que nos ha hecho en relación con la ley de acompañamiento. Espero que su asistencia o que el texto del discurso, que con mucho gusto le remitiré, le pueda ilustrar.


Este título, en el que me corresponde intervenir en nombre de mi grupo, ha merecido para nosotros pocas enmiendas, como ha ocurrido con la totalidad del presupuesto. Respecto a las declaraciones de S.S. en cuanto a que venimos a hacer aquí intervenciones de mitin, sabe que los mítines, trasladados al Parlamento, al debate público y a todas las oportunidades, es algo en lo que SS.SS son expertos. En realidad, el problema es que este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado es lo que es.
Nosotros nos vemos atenazados por una idea clara a la hora de formular enmiendas, sobre todo a supuestos del articulado tan sensibles como el que corresponde al título respecto del que intervengo en este momento.
Nosotros hemos dicho (queremos ser coherentes con la enmienda de totalidad, que es el juicio general al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado) que estábamos seguros de que estos eran unos presupuestos donde el rigor estaba bastante ausente. Sabemos que SS.SS tienen una tendencia a conseguir una serie de objetivos que sé que no se proponen alcanzar y que terminan funcionando como relación de causa efecto. Allí donde SS.SS tienen responsabilidades de Gobierno ofrecen criterios como el de la estabilidad o la contención del déficit; pero cuando el déficit no se contiene, cuando el déficit aumenta y cuando los criterios de estabilidad se dejan al margen generan los efectos conocidos. Como esos

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efectos no son buenos para los intereses generales, nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio de responsabilidad muy importante a la hora de elaborar las enmiendas parciales. Ya decía el señor Solbes que creía que el crecimiento iba a ser menor en medio punto (yo creo que después nos dirá que un punto) y que las previsiones de empleo serían también menores, con unos 50.000 puestos de trabajo menos que los 350.000 señalados. Si esos van siendo los pronósticos, imagínese cómo serán después los resultados.


Señorías, nosotros tenemos cuatro enmiendas a este título; en primer lugar, una enmienda de supresión al artículo 20, apartado dos, en la que queremos la eliminación de la siguiente expresión: y, si no fuera posible, en la siguiente oferta de empleo público. Entendemos que el portillo que supone esta alternativa priva prácticamente de sentido el mandato que el propio artículo 20, apartado dos, pretende establecer.
Queremos también adicionar al apartado cuatro del artículo 20 un párrafo final, referido a las contrataciones fuera del territorio nacional, efectuadas por la Administración o administraciones públicas españolas, en donde queremos la igualación de derechos de esas eventuales personas contratadas a las que hace referencia ese apartado. Pretendemos que se contemple que gozarán de los mismos derechos, garantías y deberes que el personal contratado en el territorio nacional, que va de suyo. El principio de unidad de la Administración, de su personalidad jurídica, de sus derechos y obligaciones suponen también su proyección fuera del territorio nacional. En la enmienda 691 pretendemos que se adicione un nuevo apartado al artículo 20, que sería el seis, en la relación de oferta del empleo público, que dijera así: Semestralmente el Gobierno remitirá al Congreso y al Senado un informe sobre la evolución de la oferta de empleo público, referida a los diferentes ministerios, organismos públicos dependientes de los mismos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. Igualmente dará traslado de esta información a los sindicatos representativos de la Función pública. Evidentemente, esto no es ni más ni menos que un elemento de clarificación de la oferta de empleo público. Supone que las Cámaras, a las que corresponde la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y todo cuanto concierne a la oferta de empleo público, tengan la información necesaria para ir valorando la evolución de esta oferta, así como los sindicatos más representativos, para el ejercicio de las responsabilidades y funciones que les competen dentro del esquema de las relaciones de trabajo y funcionariales en las administraciones públicas. Finalmente, tenemos la enmienda 692, que dice textualmente: Semestralmente el Gobierno remitirá al Congreso y al Senado un informe sobre todas las contrataciones realizadas con cargo a los créditos de inversiones previstas en este artículo y realizadas por los diferentes ministerios, organismos dependientes de los mismos y entidades gestoras de la Seguridad Social. Igualmente dará traslado de esta información a los sindicatos representativos de la Función pública. Esta enmienda se presenta al artículo 35, relativo a la contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones, y su fundamentación es la misma que la expuesta para la enmienda anterior: no es ni más ni menos que la proyección de la primera en el segundo supuesto.


Anunciamos, señorías, acerca de las enmiendas de los otros grupos, que tenemos la intención, en principio y salvo que cambiáramos de criterio después de escuchar a los portavoces, de apoyar la enmienda 1282 de Izquierda Unida, que tiene relación en su filosofía con nuestra enmienda 691; me refiero a la filosofía del título. Asimismo, nos abstendremos en la votación de las enmiendas 1780 de Esquerra Republicana de Catalunya, 1995 de CiU y 1278 de Izquierda Unida.


Termino diciéndole de nuevo al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que estamos dispuestos, por supuesto, a seguir escuchando admoniciones de rigor, pero para hablar de rigor hay que ser rigurosos, y a nosotros nos parece que estos presupuestos carecen de él.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado cuatro enmiendas al título III, que se refiere al personal y sus retribuciones. Como todos los años, hemos presentado enmiendas orientadas a subsanar errores en cuestiones que para nosotros son nucleares. Pretendemos que se elimine el carácter básico del establecimiento de topes para los incrementos retributivos del personal al servicio de las administraciones públicas, y de todos aquellos aspectos relativos a gastos de dicho personal considerados básicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Al mismo tiempo pedimos que se permita a los entes locales poder incrementar las retribuciones del personal a su servicio, a fin de compensarles la pérdida de poder adquisitivo. La enmienda 1996, concretamente, trata de dotar a las comunidades autónomas en aquellos aspectos que son de su competencia. Se trata de que, en lo relacionado con la autorganización, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tengan completa libertad para fijar el número de plazas que aparezcan en sus ofertas de empleo público. Es un aspecto que ya discutimos y negociamos con los gobiernos anteriores, tanto con los del Partido Popular como con los del Partido Socialista, pero nunca encontramos el eco suficiente para que se dotara a todas las comunidades autónomas en aspectos que son de su exclusiva competencia y de ningún modo competencia básica del Estado. El tratamiento que se da a esta cuestión lamina competencias de las comunidades autónomas en cuestiones que les permiten a éstas hacer justicia en lo relacionado con las retribuciones.


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El establecimiento de topes a los incrementos retributivos se ha fundamentado en que los gastos de personal constituyen uno de los elementos fundamentales del gasto público, y su limitación para todo el sector público es por tanto un instrumento importante de política económica y materia a incluir en la planificación general de la actividad económica, cuya competencia corresponde al Estado de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, el incremento del 2 por ciento se ha mostrado a todas luces insuficiente y no consigue paliar la pérdida de poder adquisitivo del personal al servicio del sector público; a la vista de esto se han introducido nuevas fórmulas para paliarlo, al margen de dicho incremento, con el aumento de las pagas extraordinarias o la fijación de un 0,5 por ciento adicional para financiar planes de pensiones o contratos de seguro colectivo. Por nuestra parte, creemos que el incremento general del 2 por ciento es insuficiente, por lo que este precepto debe dejar de ser básico, y el incremento debe fijarse en función de la coyuntura actual de las comunidades autónomas, tal como hemos defendido en otros aspectos. Por otra parte, parece ser que en esta legislatura las comunidades autónomas podrán establecer el incremento de las retribuciones de sus pensionistas en función de las variaciones que experimente su IPC. (Rumores.) El establecimiento de un tope para los incrementos retributivos se ha fundamentado igualmente... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sánchez i Llibre.


Les ruego guarden silencio. Es preciso poder oír bien al interviniente para tomar nota de su intervención y para que todos podamos entenderla.
Los que tengan que hablar que salgan o se retiren, por favor.


Continúe, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.
Ya entiendo que estas cuestiones retributivas que se refieren a aspectos básicos o no, son espesas y difíciles. De hecho, no hemos conseguido nunca la atención del Gobierno para que nos aprueben estas enmiendas.


Para terminar, justifico lo referido a las partidas que posibilitan el incremento de las retribuciones del personal del mismo modo que he justificado la enmienda 1993; lo mismo que he dicho al hablar de esta enmienda serviría para la 1994 y para las posteriores. El razonamiento global es, en definitiva, el mismo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Dos enmiendas defendemos a este título. La 1780 hace referencia a la garantía del poder adquisitivo de los empleados públicos, e introduce una cláusula de revisión salarial para abonar en una sola paga la diferencia entre la subida del 2 por ciento y la desviación real del IPC. Me parece que coincidimos en esta propuesta con otros grupos parlamentarios, de modo que no me extenderé más en su defensa. Sí hablaré de la enmienda 1781 a este título que podría suponer a nuestro juicio un gran escándalo político. En principio, la promesa del partido en el Gobierno era subir un 3,5 por ciento el salario de toda la Función pública, pero en estos presupuestos, para nuestra sorpresa, vemos que sólo se contempla una subida del 2 por ciento como no podía ser de otra manera y el otro punto y medio se contempla así: un 0,7 por ciento para subidas que estarán contempladas en las pagas extraordinarias; un 0,3 por ciento que será como aumento de productividad y un 0,5 por ciento que es el motivo de esta enmienda. Ese pago se devenga como fondo de pensiones, un fondo de pensiones único con el que nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo porque paralelamente se ha creado una entidad (aquí es donde vemos que podía ser un escándalo político de gran magnitud) de gestión y previsión de pensiones, cuyos socios son en un 70 por ciento el BBVA, en un 15 por ciento Comisiones Obreras y en un 15 por ciento UGT, que gestionarían la masa salarial del 0,5 por ciento de este pago devengado a los funcionarios de la Administración pública. Nuestra propuesta, sin extenderme más, es que ese 0,5 por ciento no forme parte de una negociación colectiva a nivel estatal sino que se haga con ello todo aquello que acuerden los respectivos ámbitos de negociación, los diferentes sindicatos, porque no son los mayoritarios en la función pública ni Comisiones Obreras ni UGT. Advertimos que puede ser un gran escándalo político en tanto que dos sindicatos y una sociedad privada van a gestionar el 0,5 por ciento de toda la masa salarial de la Función pública. Por eso proponemos esta enmienda y esperamos que el grupo que sustenta al Gobierno se haga cargo de la gravedad de este asunto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Ahora me va a permitir que haga un breve discurso también de carácter general referido a los presupuestos, dado que en la primera intervención no lo he hecho. Nuestro grupo, como saben, presentó una enmienda a la totalidad porque entendimos que en estos presupuestos había una serie de deficiencias importantes. En primer lugar, no se había abordado la reforma pendiente del gasto público que se ha de afrontar si queremos realmente diseñar y ejecutar las políticas públicas con eficacia. Se ha producido en el presupuesto del Estado un olvido de Euskadi, puesto que las inversiones que estaban presupuestadas simplemente suponían el 0,38 por ciento de las inversiones totales, y eso que ha venido siendo más o menos así los últimos años este año ha tenido un descenso significativo de la inversión pública prevista para

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Euskadi. También hay una serie de artículos que suponen claramente una intromisión competencial al tener el carácter básico. Por tanto, nuestro grupo presentó en su día una enmienda de totalidad y ahora ha presentado 80 enmiendas parciales...(Rumores.)El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Azpiazu.


Ruego, por favor, que no tengan conversaciones dentro de la sala, porque es muy difícil tomar nota por parte de las taquígrafas y atender los que tienen que seguir la intervención del portavoz.


Señor Azpiazu, siga, por favor.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Hemos presentado 31 enmiendas a la ley de presupuestos y 49 enmiendas a las secciones. Antes de entrar a defender las correspondientes a este título III, dos enmiendas presentadas por nuestro grupo, quisiera hacer también una breve reflexión en relación con algo que se ha comentado aquí sobre la constitucionalidad o no de la ley de presupuestos y las referencias que se han hecho a la ley de acompañamiento. La configuración constitucional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado está estrechamente ligada a la función y al contenido de dicha ley; la función de la Ley de presupuestos es ser vehículo que formaliza y aprueba el plan económico de ingresos y gastos del Estado, y tal función singulariza dicha ley en su contenido, tanto por lo que necesariamente ha de tener como lo que podrá tener y no podrá contener. El Tribunal Constitucional a través de diferentes sentencias ha ido generando una jurisprudencia, y tres ejes son los que estructuran esta doctrina del Tribunal Constitucional. Por un lado hay un contenido mínimo e indisponible; hay otro contenido que puede aceptarse como posible dentro de la Ley de presupuestos y otro contenido que no es necesario y que es imposible o prohibido en la Ley de presupuestos. Dentro de la parte del contenido mínimo obligado estarían los gastos, las previsiones de ingresos, los presupuestos de gastos fiscales, lo que es un contenido mínimo y que caracteriza básicamente a la Ley de presupuestos. También es admisible que en la Ley de presupuestos se contemple un contenido que se denomina posible, ciertas reformas tributarias, o aquellas cuestiones que han de servir como instrumentos de política económica. En sentido contrario, puede descartarse la inclusión injustificada de materias no relacionadas con la disciplina presupuestaria, pues incluso significaría una restricción ilegítima de las competencias del Legislativo al disminuir sus facultades de examen y enmiendas sin base constitucional. El resto, de las que se pueden considerar de contenido imposible, son aquellas que no tienen una conexión directa con el presupuesto o cuya inclusión no se justifica propiamente en la Ley de presupuestos. La inclusión de este tipo de apartados o de cuestiones en la Ley de presupuestos tendría un carácter claramente inconstitucional. Hay una serie de cuestiones que tienen este carácter inconstitucional o que no deberían ser incluidos propiamente en la Ley de presupuestos. Creemos que la disposición adicional sobre el programa de fomento al empleo trata de una norma cuyo encaje es el ámbito de la normativa laboral y no presenta ninguna conexión ni con el núcleo fundamental de los presupuestos ni con la orientación económica del Gobierno. Igualmente la disposición adicional que modifica la Ley General de Estabilidad Presupuestaria es una modificación de iter procedimental de las Cámaras que tendría que revisarse como aspecto procesal de la propia Ley de estabilidad y, por tanto, en un debate singular de la misma. Para concluir, la disposición adicional que modifica la Ley del medicamento, creando un nuevo ingreso sobre el volumen de ventas de medicamentos, ofrece una figura tributaria que contradice lo dispuesto en el artículo 134.7 de la Constitución española y de la doctrina constitucional elaborada al respecto.


De esta serie de apreciaciones voy a comentar las dos enmiendas del Grupo Vasco que hemos presentado a este título III. La enmienda número 1189 referida al artículo 19 propone la modificación de este artículo 19 en varios aspectos. En primer lugar, habría que cambiar el propio título porque creemos que llamar bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público es realmente excesivo. Considerar bases y coordinación y planificación general simplemente la subida retributiva nos parece realmente excesivo, amén de una intromisión competencial que hemos venido denunciando año tras año y que nos parece denunciable, y es algo que hay que subsanar realmente, aunque ningún Gobierno lo ha hecho.
Esperemos que este Gobierno socialista tenga una nueva sensibilidad y pueda acometer esta modificación que proponemos.


A través de esta enmienda proponemos cambiar el título, como les decía, modificando esta denominación de bases y coordinación por la de gastos de personal al servicio del sector público dependiente del Estado, y digo dependiente del Estado porque creemos que no debe afectar a otras administraciones públicas. Por tanto, proponemos la supresión de las letras b) y c) del artículo 19, apartado uno, que hace referencia a las comunidades autónomas y corporaciones locales. Las comunidades autónomas y corporaciones locales deben tener la capacidad y la mayoría de edad suficiente para saber cuál es el incremento retributivo de sus funcionarios. Proponemos también la supresión del punto seis de este mismo artículo, que lo que hace es remarcar su carácter básico, aunque no tiene que ser básico bajo ningún concepto. Por tanto, insisto, lo que planteamos es la supresión del carácter básico. Los incrementos de gastos de personal debe ser algo que las comunidades autónomas o corporaciones locales o cada institución en su ámbito debe decidir, por eso que desde el punto de vista político esta es una enmienda importante por lo menos para nuestro grupo parlamentario.


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También respecto a la enmienda siguiente, creo que es la 1190, por motivos idénticos, planteamos la supresión del apartado cinco del artículo 20 del proyecto de ley de presupuestos para el año 2005 sobre oferta de empleo público. Los argumentos que podemos esgrimir para la defensa de esta enmienda son similares a los que ya he planteado, por lo tanto no me voy a repetir. Estas son, pues, las dos enmiendas que hemos presentado al título III.


El señor PRESIDENTE: Por parte de Izquierda Verde, tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Algunas de mis enmiendas coinciden con las presentadas por otros grupos parlamentarios que ya han expuesto su motivación, que viene a ser la misma, esto es, la pérdida de poder adquisitivo, ya histórica y recurrente, de los funcionarios públicos.
Todos conocemos el acuerdo alcanzado entre la Administración actual y los sindicatos en cuanto a las retribuciones; sin embargo, en el mismo no se tratan algunas cuestiones que deben abordar esta problemática, que como vengo diciendo es la pérdida de poder adquisitivo que sufren los funcionarios públicos. Por ello se proponen una serie de enmiendas, como una que ya ha sido defendida por el Grupo Parlamentario Catalán y que propone la sustitución del límite del 2 por ciento por el 3 por ciento de incremento retributivo; se trataría de sumar a la inflación real que se está produciendo en 2004, es decir, incrementarla en un punto. Esta enmienda intenta paliar la pérdida de poder adquisitivo, que se sumaría a los 10 puntos que ya arrastran los funcionarios sólo en el período 1997-2003. Nuestra siguiente enmienda trata de compensar dicha pérdida abonando el cien por cien del complemento de destino en las pagas extraordinarias, acercándonos de esta manera al programa electoral del PSOE, que hablaba de alcanzar ese cien por cien de retribuciones fijas en cuanto a las pagas extra. Cumpliendo con este mismo objetivo de dignificar el sueldo de los funcionarios, se propone la creación de un fondo de recuperación salarial a distribuir según los acuerdos fruto de la negociación entre Administración y sindicatos y según los criterios que esta negociación establezca, cuyo valor sería el del 1 por ciento de las retribuciones íntegras del personal al servicio de la Administración General del Estado. De esta manera intentaríamos acercar las retribuciones de los funcionarios del Estado a las que se perciben en las comunidades autónomas.


Nuestra siguiente enmienda se refiere a la aplicación del artículo 23 de la Ley 30/1984, prevista en la Ley General Presupuestaria, es decir, hace referencia a la actualización de las RPT, las cuales acarrean modificaciones de las retribuciones siempre que se revisan. En la enmienda se refleja que dicha actualización se haga siempre previa negociación sindical. Si bien esto está establecido en el artículo 32 de la Ley 9/1987, la Administración General del Estado muchas veces lo incumple, por tanto es interesante que la negociación sindical previa conste expresamente, además de una cuestión que no está recogida en ninguna norma, como es dar cuenta al Parlamento para incrementar el control parlamentario sobre las modificaciones retributivas operadas y en especial en cuanto a la productividad, un concepto retributivo que siempre acarrea mucha conflictividad dada la discrecionalidad con la que se reparte y los criterios que se establecen para ello.


Volviendo a la tradicional pérdida de poder adquisitivo, la siguiente enmienda que planteamos ha sido comentada ya por otros grupos parlamentarios. Se trata de la clásica cláusula de revisión salarial.
Respecto a esto, se establece sobre la revisión del IPC la diferencia entre lo previsto y lo real. He de decir que el Grupo Socialista año tras año ha presentado esta enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que por coherencia en estos presupuestos debería votar a favor de las enmiendas que el resto de grupos hemos presentado. Lo cierto es que es necesario resarcir a los empleados públicos de la desviación del IPC con el incremento salarial aprobado.


Siguiendo con el empleo público, presentamos una enmienda sobre la tasa de reposición de efectivos. La limitación de la tasa de reposición en la práctica no es un buen instrumento para la racionalización de los recursos humanos. El incremento de la temporalidad y la externalización de los servicios es una clara prueba de ello. Si no se elimina esa tasa de reposición, se supone que el número de ingresos es igual a los efectivos que cesan, y esto no siempre tiene que ser una regla matemática de necesidad; es decir, a lo que debe adecuarse el nivel de empleo es a las verdaderas necesidades del servicio, y para ello hemos de eliminar esta tasa de reposición. ¿Cómo debe hacerse en la práctica? Desde nuestro punto de vista, y así lo planteamos en esta enmienda, negociando por funciones, por sectores y por categorías en cada administración y deduciendo el volumen de plazas necesarias. Para ello es imprescindible ampliar el margen de maniobra y eliminar esta tasa de reposición de efectivos. Igualmente presentamos la enmienda para obligar al plan de reducción de empleo precario. Para evitar un incremento del empleo precario, presentamos una enmienda exigiendo un compromiso presupuestario para la no externalización de los servicios, reduciendo de esta manera la inestabilidad laboral, la precariedad y la carencia de derechos laborales, que es bien conocido que está directamente relacionado con la externalización de servicios en las administraciones públicas.


Para finalizar, volviendo a las cuestiones retributivas y al complemento de productividad en este caso, hemos presentado dos enmiendas en las que exigimos un compromiso de negociación de esta parte, que es la más discrecional, de las retribuciones que perciben los funcionarios públicos, precisamente para evitar la arbitrariedad y la injusticia que actualmente se dan y que todos conocemos, convirtiéndolo en un complemento

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discrecional, pero sometido a la transparencia, consecuencia de dar cuenta de lo entregado al Parlamento, y a unos criterios previamente establecidos y pactados con los sindicatos mediante negociación. De ahí que solicitemos un compromiso de negociación de este complemento de productividad. Eso es todo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Doy por defendidas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, ya que es una tarea difícil porque cada grupo político tiene su particularidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, ¿da por defendidas las enmiendas presentadas al título III o todas en general?

El señor LABORDETA SUBÍAS: Las presentadas al título III, al IV, al V, al VI, al VII..., es decir, a todo el proyecto de ley. No voy a estar diciendo lo mismo durante toda la mañana.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quisiera hacer algunas observaciones de carácter general en relación con ciertas enmiendas que se han presentado. Primero me voy a referir a las planteadas por los grupos parlamentarios Catalán, Vasco y Mixto, referidas al alcance subjetivo de las limitaciones retributivas al personal del sector público. Quisiera señalar que esta es una política consagrada desde hace muchos años como una de las señas de identidad de la política económica de un Estado autonómico, una opción que este año se enmarca además de manera muy significativa en las coordenadas de un presupuesto que persigue de manera muy clara la estabilidad, un objetivo de estabilidad que ha sido muy bien recibido por los mercados y que configura una de las señas del rigor y la confianza que se quieren transmitir con este presupuesto. Por lo tanto, parece difícil en estos momentos, y más en el ámbito de un debate presupuestario y no de una norma de carácter general que no tiene las restricciones y las limitaciones que tiene la Ley presupuestaria, poder volver atrás y replantearse algo tan relevante para la política de un Estado con distintos niveles de gobierno, como son los límites subjetivos a la política de retribuciones. Como es bien sabido, esta es una opción que el Tribunal Constitucional ha sancionado en relación con su constitucionalidad. Por tanto, en estos momentos y en este ámbito de la ley de presupuestos, no vemos posible aclarar una de las señas de identidad de la política económica en un Estado que -como todos sabemos- conoce una multiplicidad de niveles de gobierno que obligan a buscar mecanismos de reconducción a la unidad de la política económica.


A continuación, quiero agrupar temáticamente algunas enmiendas de carácter puntual. Me refiero fundamentalmente a las enmiendas de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida en relación con las retribuciones de los funcionarios y del personal del sector público, no ya en cuanto a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sino a las cuestiones sustanciales. Como se ha señalado, el proyecto de ley de presupuestos recoge aquí las grandes coordenadas del acuerdo firmado en el mes de septiembre con los sindicatos más representativos, coordenadas que se enmarcan en tres ejes fundamentales: en primer lugar, la limitación de las remuneraciones en relación con el incremento global al 2 por ciento. Tanto el Gobierno como las centrales sindicales firmantes del acuerdo eran conscientes de la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que es una de las herencias que hemos recibido. Pues bien, ante esta situación, que no nos gustaba nada, se acordó reforzar las pagas extraordinarias, incluyendo en el proyecto de ley de presupuestos un tratamiento distinto del que hasta ahora era habitual en relación con este tema. También cabe señalar otro elemento central de este acuerdo con los sindicatos, que dota de especial fuerza social a estos presupuestos y que además refuerza el consenso social de los mismos, que es el acuerdo relativo a la reducción de la temporalidad en el empleo. Haré tres observaciones en relación con este aspecto tal como está recogido en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que nos inducen a aceptar algunas enmiendas que se han planteado en torno a esta cuestión: en primer lugar, la tasa de reposición se lleva al cien por cien; en segundo lugar, se priorizan las necesidades sociales en determinados segmentos, y en tercer lugar, se eliminan algunas limitaciones que persistían con anterioridad para afrontar el gran agujero negro de la temporalidad, que son las administraciones locales.
Esta es una idea fundamental si queremos luchar contra una de las grandes lacras del empleo público.


Finalmente me referiré a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero resaltar una cuestión general sobre la concepción que está tras la presentación de este proyecto de ley de presupuestos para el año 2005, consideración que atañe a la ley de acompañamiento. Quiero dar la bienvenida al portavoz del Grupo Popular al grupo de los autores que nos hemos ocupado de esta cuestión. Si quiere, luego le puedo completar la bibliografía, porque seguramente no conoce algunos de los trabajos que se han realizado y que ponen de relieve la progresiva desvirtuación del papel de la ley de acompañamiento como complemento de la ley de presupuestos, desvirtuación que ha supuesto -como ponen de relieve algunos estudios aportando evidencia empírica- que las leyes -fundamentalmente en el ámbito de la regulación económica

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se modificaran a través de este instrumento peculiar. Tanto es así que algunos autores han sostenido que la inseguridad jurídica creada, por ejemplo, mediante la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones del año 1998 -el mismo año de su aprobación- puede ser una de las causas que expliquen la poca competencia en los sectores regulados. En todo caso, hay trabajos en los que se aporta evidencia empírica que explica como la ley de acompañamiento ha dejado de ser progresivamente una ley complementaria de la ley de presupuestos, una ley que tiene su razón de ser en los límites inherentes al procedimiento parlamentario que alumbra la ley de presupuestos, límites que ha explicado muy bien el portavoz del Grupo Vasco y a los que no me voy a referir.


En relación con las enmiendas de carácter más puntual, no acabamos de entender lo que aportan algunas de ellas. El propio portavoz del Grupo Popular ha señalado que algunas aportan obviedades, aportan algo que ya es inherente al derecho español. Nos parece difícil admitir enmiendas que no aportan nada, que no innovan y que por tanto no añaden calidad a nuestro derecho. Esto se refiere fundamentalmente a todas aquellas que son coletillas propuestas a los artículos relativos a la oferta de empleo público, en relación con la cual ya he señalado que los artículos 19 y siguientes de este proyecto de ley se enmarcan en los acuerdos firmados con los sindicatos más representativos, que permiten dotar a la política de empleo público del Gobierno actual de un gran y amplio consenso social. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, no ha habido en ningún momento alusiones.


El señor PADILLA CARBALLADA: No, señor presidente. Lo que pasa es que he olvidado su admonición en relación con las adicionales relativas al título. Por tanto, si no tiene inconveniente, las citaría ahora brevemente a efectos de dejar cerrado este debate.


El señor PRESIDENTE: Cítelas brevemente y después daremos la palabra a la portavoz del Grupo Socialista por si quiere hacer alguna precisión.


El señor PADILLA CARBALLADA: En relación con el título cuya discusión concluye, hemos presentado tres enmiendas de supresión: a la adicional trigésimo segunda, de modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; a la adicional trigésimo sexta, de modificación de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, devengo de retribuciones, y a la adicional cuadragésima. La justificación en los tres casos es ser contrarias a doctrina constitucional en la materia. Con esto queda concluida la defensa de nuestras enmiendas, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Consta en el "Diario de Sesiones".


Pasamos al siguiente grupo de enmiendas, a los títulos IV y VIII y sección 07.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Intervendré en la defensa de las enmiendas formuladas a los títulos a los que ha hecho mención el señor presidente y, finalmente, en relación con alguna enmienda puntual, lo hará mi compañero, el señor Padilla, que tiene conexión con la materia que acaba de defender él ahora mismo.


Iniciamos un debate en el cual la primera observación que quiero realizar es sobre la retirada de diez enmiendas que el Grupo Socialista había planteado a título individual y de otras tres que había presentado con el tripartito; por tanto, han sido retiradas trece enmiendas. No sé si esto obedecía a una duplicidad de enmiendas y después se han resuelto estas cuestiones con el tripartito, pero no puedo por menos que señalar la sorpresa que nos produce este hecho, habida cuenta que ya llevamos varios debates presupuestarios en nuestra vida parlamentaria.


Algunas de las enmiendas que hemos formulado van a ser retiradas porque, como consecuencia de la incorporación de esas enmiendas del tripartito y de Coalición Canaria, se han subsumido nuestros planteamientos, y las modificaciones presupuestarias que intentábamos han sido ya incorporadas, como era la voluntad política del Grupo Parlamentario Popular.


En la defensa de estos títulos y de las correspondientes disposiciones adicionales, a las cuales me referiré puntualmente a continuación, he de manifestar nuestra preocupación porque consideramos que algunas de ellas pueden incurrir en inconstitucionalidad. Esta misma mañana se ha dicho por parte del representante del grupo mayoritario que los presupuestos que se van a debatir en la Cámara incorporan un mayor nivel de transparencia y un mayor nivel de debate presupuestario. Desde luego, en el Grupo Popular no pensamos que esto sea así ni tampoco pensamos que sea válido el argumento dialéctico que se ha utilizado en cuanto a que nuestro portavoz parlamentario el señor Mariano Rajoy, en el debate de totalidad, no hiciera una mención específica a esta cuestión, sin duda, porque había otras muchas que le ocuparon el tiempo de que disponía, pero, como dice el viejo aforismo, da mihi factum et dabo tibi ius, dame el hecho y te daré el derecho; por lo tanto, tendremos ocasión de ver como la voluntad política del Grupo Popular se traduce en enmiendas concretas de petición de supresión, con la sana intención de evitar la eventual concurrencia de una situación de inconstitucionalidad. En el anterior debate del título III el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), hizo referencia a este hecho e incluso hay una concurrencia de enmiendas, como posteriormente detallaré,

Títulos IV y VIII

y sección 07

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poniendo de manifiesto que hay materias que debían haber sido objeto autónomo de una ley de acompañamiento y no incorporarlas, como se ha hecho, a este proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.Dicho esto, me referiré a las enmiendas parciales que hemos presentado. La enmienda 717, relativa al artículo 99, tres, punto 1, la vamos a retirar porque en ella se planteaba nuestra oposición a la pretensión del Gobierno socialista, hoy variada por su grupo parlamentario aquí -una vez más hay variación en los criterios en lapsos de tiempo prácticamente inexistentes-, de establecer un recargo en la cotización mínima a aquellos regímenes, en este caso regímenes especiales, en los cuales no hubiera 20 años cotizados a los 65 años de edad. Esta pretensión nuestra ha sido incorporada a través de esas enmiendas suscritas por varios grupos parlamentarios y por lo tanto no tiene razón de ser su pervivencia. El mismo argumento es aplicable a la enmienda 718, relativa al artículo 99, tres, punto 4, así como a la 720, relativa al artículo 99, cinco, punto 1; por tanto, las enmiendas 717, 718 y 720 quedan retiradas en este acto.


La enmienda 719 es al artículo 99, cuatro, punto 2, en el cual pervive algo que nosotros pretendíamos modificar, tal vez ingenuamente pero desde luego convencidamente, que es el hecho de que el Grupo Socialista, a través de sus enmiendas, coincide con el proyecto del Gobierno en mantener esta discriminación, en contra del colectivo de autónomos, con el recargo a la cotización mínima, que no se produce, no ya en el régimen general sino, en virtud de las enmiendas incorporadas en ponencia, en ningún otro régimen especial. Además, quiero añadir en este debate -tal vez en el Pleno me explaye más abundantemente en esta cuestión- que se está utilizando un argumento que uno puede compartir o no, pero que sin duda, para tener coherencia, se debe aplicar de una forma uniforme, extensa, y es que en diversas iniciativas de orden social o que afectan al sistema público de la Seguridad Social se dice por parte del Gobierno, y habitualmente también por parte del grupo parlamentario que lo sustenta, junto con otros, que hay un debate y unas mesas de diálogo social que en este momento se encuentran profundizando sobre los diversos temas y que, por lo tanto, lo prudente, lo aconsejable y lo eficaz es esperar a la resolución de estos debates para articular las modificaciones que desde esos foros se nos planteen como positivas, y con ello cortacircuitar las iniciativas que en el foro parlamentario se pueden plantear. Pues bien, si este argumento es así, aplíquese también aquí y espérese a la resolución de esos foros para ver si nos vamos a sentar a debatir a fondo el tema de los autónomos o no, porque ya anuncio que desde el Grupo Parlamentario Popular estamos dispuestos a profundizar a fondo en la cuestión, eso sí, desde dos perspectivas: una, la del respeto a los principios y recomendaciones del Pacto de Toledo, y dos, desde nuestra ya acreditada defensa, en la convergencia de los derechos de los autónomos, de una mejor protección y una asimilación, en lo posible, al régimen general, aparte de otras medidas de orden fiscal, administrativo, etcétera, que no viene ahora al caso que yo cuente. Por lo tanto, nosotros pediríamos del buen talante de que hace gala dialécticamente el Grupo Socialista que se avenga también a aceptar esta enmienda para evitar una discriminación en nuestra opinión injusta y además extemporánea.


La enmienda 721, relativa a la disposición adicional segunda, va a correr la misma suerte de ser retirada por cuanto nosotros proponíamos un incremento en el límite de ingresos para poder ser beneficiario en las prestaciones familiares por hijo a cargo, pero como consecuencia de la incorporación de una enmienda que incluso ha superado en este sentido -todo hay que reconocerlo- la previsión enmendante que con la cautela por razones de orden financiero y rigor desde la oposición plantea el Partido y el Grupo Popular, se ha dado satisfacción a nuestra pretensión y por lo tanto, como digo, queda retirada también la enmienda 721.


La enmienda 723 quiere plantear un debate sobre una incorporación que se efectúa en estos presupuestos en relación con un nuevo plan de empleo para Extremadura. Ese nuevo plan de empleo puede ser sin duda criticable desde la perspectiva de que no nos plantea objetivos, no nos plantea instrumentos, no nos plantea cofinanciación, no nos plantea fecha de entrada en vigor, no nos plantea el momento en que políticamente se prevé o no la posible suscripción del convenio preciso para el desarrollo de este plan. No somos nosotros quienes nos vamos a oponer en modo alguno a medidas que potencien el desarrollo y la riqueza, tan necesaria, de Extremadura; al revés, estoy convencido de que si hubiéramos tenido la responsabilidad del Gobierno autónomo allí y el día en que la tengamos sin duda las cosas cambiarán para el bien de sus ciudadanos. La cuestión no es ésa, la cuestión es que Extremadura no es la única comunidad autónoma española donde nos podemos encontrar con unas tasas de desempleo que superan los promedios del país. Nuestro mercado laboral no tiene una uniformidad ni en la calidad del empleo ni en la tipología del empleo porque hay realidades socioeconómicas diferentes, ciertamente. Lo que nosotros planteamos con la crítica que acabo de hacer al inicio de este comentario es que se traiga a la Cámara por parte del Gobierno un estudio a fondo de aquellas comunidades que realmente requieren una discriminación positiva, una actuación particular, una corrección singular a su situación de desempleo por encima del promedio del país.
Creemos que con eso podemos dar satisfacción a la situación existente en Extremadura, pero también a la de otras comunidades que no sabemos por qué razón quedan en el desamparo o en cierta desigualdad con lo que se pretende hacer desde los Presupuestos Generales del Estado.


Las enmiendas 733, 734 y 735, relativas a las disposiciones adicionales cuadragésima cuarta, cuadragésima

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quinta y cuadragésima sexta, respectivamente, se refieren a la cuestión que denuncié anteriormente de la preocupación que tiene el Grupo Parlamentario Popular respecto a que puedan incurrir en inconstitucionalidad. La enmienda 733, a la disposición adicional cuadragésima cuarta, se justifica en que consideramos que el cuerpo normativo que regula la gestión de ingresos y derechos del sistema de Seguridad Social es independiente y está por encima de la previsión anual de ingresos del Estado y, por lo tanto, debe ser modificada por una ley diferente de la ley presupuestaria. La enmienda 734, a la disposición adicional cuadragésima quinta, se justifica en su eventual inconstitucionalidad. Entendemos que además es contraria a la doctrina constitucional sentada en la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992 y otras posteriores, por cuanto la ley de presupuestos está intentando modificar leyes de carácter permanente. Este elemento nos parece que configura el umbral rayano en la interpretación de lo que puede devenir inconstitucional, de lo que puede abordarse como modificación legislativa en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado.


La enmienda a la disposición adicional cuadragésima séptima pretende una singular mejora de la situación en las bonificaciones a la contratación que existen al día de hoy en las ciudades de Ceuta y Melilla por las razones específicas de dificultad de crecimiento económico, en el orden socioeconómico, y de la no siempre plena estabilidad política que se da en estas ciudades, lo que ya fue objeto por parte del anterior Gobierno de una selectiva bonificación a determinados colectivos que no ha funcionado hasta el momento del todo satisfactoriamente, pero, entre otras razones, entendemos que para que lo haga es preciso extenderlo a todos los que allí trabajan y residen y pertenecen a empresas ubicadas en Ceuta y Melilla, con lo cual sin duda habrá un efecto reactivador positivo de la economía y del trabajo en esas ciudades autónomas, las cuales nos parece que no es cuestionable que desde una perspectiva política merezcan todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo, al menos del Grupo Parlamentario y del Partido Popular.


La última se refiere a una disposición adicional nueva, es la enmienda 752, que pretende el desarrollo de las previsiones del artículo 9.º de la ley 40/2003 sobre protección de las familias numerosas que todavía no se han llevado a cabo, y que es la bonificación en el 45 por ciento de la cuota de Seguridad Social a los cuidadores contratados por las familias numerosas. Es cierto que ha habido una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno en los presupuestos por la cual se ha establecido que el Gobierno desarrolle una bonificación a aquellas familias que precisen cuidadores para situaciones de dependencia y de incapacidad en el seno de dichas familias. Nuestro planteamiento es mucho más ambicioso, es el desarrollo legal de una previsión y de un compromiso no ya del Partido Popular, que por supuesto, sino existente en un texto legal que conviene desarrollar sin más dilación. Por tanto, lo que planteamos y pedimos es que con fecha 1 de enero de 2005 definitivamente se aplique esa previsión y las familias numerosas, algunas de las cuales tienen tal calificativo no por el número de miembros, sino por la concurrencia de que en ellas haya algún discapacitado, tengan la bonificación del 45 por ciento que la ley prevé y que hay que poner en práctica ya.


Mi compañero Julio Padilla tiene que hacer referencia a un par de enmiendas, si usted le otorga la palabra.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Brevemente, no voy a defender ya ninguna enmienda de nuestro grupo, porque todas las que corresponden a esta parte del proyecto que estamos abordando en estos momentos han sido defendidas por mi colega de grupo parlamentario. Solamente haré una referencia a dos enmiendas a los artículos 37 y 38 que han presentado Coalición Canaria y el Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto. Las dos son relativas al gasto social, sobre todo la que corresponde al artículo 38, que pretende una aproximación de las pensiones no contributivas al salario mínimo interprofesional. A nosotros todo lo que suponga una mejora de las prestaciones sociales nos resulta grato y lo vemos no solamente con simpatía sino con la convicción de que todo impulso en esta materia debe perseguirse con arreglo a las posibilidades presupuestarias. No vemos claras, sobre todo en esta enmienda, que tiene un calado importante, las cifras que maneja el grupo autor de la misma, pero teniendo en cuenta que quien sí conoce la posibilidad de articular su responsabilidad es el Gobierno que presenta el proyecto con su minoría mayoritaria y los grupos que han apoyado los presupuestos, nosotros nos abstendremos, como es natural, para dejar la posibilidad de que, si hay algún resquicio para que este importante capítulo del gasto social pueda salir adelante, no sea más que con el ejercicio de responsabilidad que al Gobierno y a los grupos que le apoyan en este presupuesto les corresponde. Por tanto, sólo quiero decir que nos abstendremos en esas dos enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Interpreto que el Grupo Popular ya ha defendido también las enmiendas a las adicionales que estaban en relación con este bloque.


La siguiente intervención será del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado cuatro enmiendas al título IV, al título VIII y sección 07, que hacen referencia a incrementos de pensiones y cotizaciones sociales, pero también voy a aprovechar este turno para defender todas aquellas enmiendas que hemos

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incorporado a las disposiciones adicionales y que hacen referencia a aspectos ligados a pensiones públicas y a cotizaciones sociales; por tanto, aprovecharé mi intervención para defender las enmiendas que van en esta dirección y así iré especificando la numeración de las mismas para que no tengamos problemas a la hora de las votaciones.


En cuanto a las enmiendas al título IV, que son la 1997 y la 1998, ya hemos manifestado en la defensa de la enmienda a la totalidad que es cierto que hay un incremento de prestaciones públicas y de recursos económicos orientados a mejorar las prestaciones sociales, pero en algunos aspectos concretos nos quedamos cortos, por no decir muy cortos, y obligamos, ya que no están precisados dichos incrementos en los presupuestos, a vivir miserablemente a determinadas personas a las que no se les pueden atribuir unos incrementos de acuerdo con las cantidades mínimas que en la actualidad están cotizando. En este sentido planteamos estas dos enmiendas, la 1997 y la 1998, que van a incrementar un 5 por ciento todas aquellas pensiones de jubilación e invalidez no contributivas del sistema de la Seguridad Social con referencia al año 2004. Es cierto que para el presupuesto del año 2005 hay consignado un incremento del 3 por ciento, pero entendemos que para estas pensiones bajas, para las no contributivas, no es suficiente un incremento del 3 por ciento, y por eso, aunque plantearíamos mucho más de un 5 por ciento, entendemos que los recursos son los que son, hay los que hay y disponemos de los que disponemos, y nos gustaría que en este caso, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que da soporte al Gobierno, pudiera existir la sensibilidad para poder incrementarlo más sustancialmente, el 5, y no el 3 por ciento que está previsto en los presupuestos. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.)

En la enmienda 1998 vamos en la misma dirección de las no contributivas y planteamos dar cumplimiento a lo establecido en materia de pensiones en el acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social priorizando, en este caso también, por encima de la inflación todas aquellas pensiones no contributivas que hacen referencia al SOVI, al seguro obligatorio de vejez e invalidez, en el que nosotros entendemos que también tendría que poder materializarse un incremento del 5 y no del 3 por ciento.


Respecto a las enmiendas números 2004 y 2005, que hacen referencia a las cotizaciones sociales, en la primera de ellas planteamos la adecuación del tipo de variación del régimen especial agrario, REA, por contingencias profesionales a lo establecido para el régimen general de autónomos. No tiene sentido y es de una profunda injusticia social que personas que reúnen los mismos requisitos y que pueden cotizar por el REA o por el RETA, unos deben cotizar por contingencias profesionales un 3,3 por ciento, mientras que los otros tengan que cotizar obligatoriamente al 4,35 por ciento. Por ello, proponemos que el tipo de variación del REA por contingencias profesionales se adecue al establecido por el régimen de autónomos.


En cuanto a la enmienda 2005 es una propuesta que hemos debatido en múltiples ocasiones en la anterior legislatura en la subcomisión de estudios sobre trabajadores autónomos, microempresas y emprendedores, ya que hay una demanda rigurosa por parte de todo el colectivo de autónomos de España para ampliar de 50 a 55 años la posibilidad de optar por incrementar la base de cotización para la jubilación. Si es posible que en el régimen general de la Seguridad Social todos los trabajadores por cuenta ajena puedan incrementar sus bases de cotización a partir de los 55 años, por qué no es posible en los trabajadores autónomos. Todas las formaciones políticas en planteamientos previos a campañas electorales y ante la subcomisión hemos defendido esta posibilidad de hacer justicia a los colectivos de trabajadores autónomos, y en este debate en Comisión todos los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de hacer justicia en el aspecto concreto de adecuar el incremento de cotizaciones a partir de los 55 años y no de los 50.


Yendo ya a la defensa de enmiendas que hemos presentado a las disposiciones adicionales empezaré por la número 2006 a la disposición adicional segunda. Esta también es una enmienda clásica de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que venimos manteniendo desde hace muchísimos años, en el sentido de incrementar las prestaciones por hijo a cargo y aumentar el límite de ingresos que posibilita la percepción de estas ayudas, al objeto de ampliar el número de familias que puedan acceder a ellas y para limitar todos aquellos aspectos que hacen referencia a las percepciones de los ingresos mínimos, que hoy son tan mínimos que prácticamente hacen imposible que se pueda ampliar el colectivo de personas con derecho a bonificaciones por hijos a cargo, y nosotros planteamos incrementar las cantidades de estas ayudas.


En la enmienda número 2025, en la que proponemos una disposición adicional nueva, planteamos incrementar las becas y ayudas destinadas a estudiantes del programa de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta Inspección. Básicamente persigue el objetivo de converger con los países de la Unión Europea en el número de estudiantes becados. Se propone que para el año 2006 quede duplicado el importe que se destinaba en el año 2003, lo que supone incrementar en 163.690,62 miles de euros la correspondiente dotación para el año 2005.


La enmienda 2038 es también muy importante y pienso que tendría que gozar de la aprobación por parte del Grupo Parlamentario Socialista y de los grupos que le han dado apoyo en estos presupuestos, ya que persigue un objetivo de justicia y muy loable, que no es otro que el de garantizar a los pensionistas el mantenimiento del poder adquisitivo que pueden haber perdido en el año 2004 como consecuencia de una inflación real superior a la prevista por el Gobierno; por tanto, en esta

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enmienda lo único que pretendemos conseguir es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.


La 2039 va en la misma dirección. Si es posible mantener el poder adquisitivo para las pensiones, también lo tendría que ser que se pudiera actualizar el indicador público de la renta de efectos múltiples que es el Iprem. Esto está perfectamente justificado en esta enmienda, que va en la dirección de que, en caso de que se produzca una inflación superior a la prevista en el año 2004, y también durante el año 2005, pudiera haber incrementos superiores a los previstos por el Gobierno que, como todas SS.SS. saben, es de un 2 por ciento y que automáticamente las pensiones no pierdan poder adquisitivo.


La enmienda número 2046 propone una disposición adicional nueva para crear un fondo para el tratamiento de la deuda exterior para mantener una actividad continuada, coherente y firme en las políticas activas de gestión de la deuda externa mediante la disposición regular de fondos para su gestión y financiación.


La enmienda 2007 es a la disposición adicional novena y plantea la supresión directa por parte del INEM de todos los créditos destinados al fomento de la ocupación, ya que se han realizado los traspasos pertinentes a la mayoría de comunidades autónomas y por eso entendemos que es totalmente improcedente el mantenimiento de estos créditos ampliables.


Las enmiendas 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 van en la dirección de que con las bonificaciones afectas a la Seguridad Social haya más incremento de empleo en todos los sectores relacionados con las cooperativas, en el sentido de permitir la aplicación de las bonificaciones de los programas de fomento del empleo a todas las empresas y entidades sin ánimo de lucro que contraten indefinidamente a los colectivos previstos en el apartado uno, 1 de dicha ley. También perseguimos los mismos beneficios del régimen de la Seguridad Social para que todos los que han optado; socios trabajadores, las cooperativas o sociedades laborales, puedan aplicar los beneficios del programa de fomento al empleo previstos para la contratación indefinida y que al mismo tiempo también se les puedan aplicar las bonificaciones de contratación indefinida previstas en dicho programa. Lo hacemos extensivo a todas las bonificaciones por contrataciones de bajas por maternidad de socias y reincorporación tras baja por maternidad o excedencia por cuidado de hijo, así como a las cuotas por contratación a tiempo completo con mujeres desempleadas y reincorporación tras baja por maternidad o excedencia por cuidado de hijo. Son las enmiendas 2017, 2018 y 2019, que las doy por defendidas en mi intervención.


La enmienda 2041 va en la dirección de poder plantear la posibilidad de reducir una parte importante de las cotizaciones que hacen referencia a la cuota empresarial por accidentes de trabajo y enfermedad de la Seguridad Social a todas aquellas empresas que puedan acreditar en el momento procesal oportuno un índice de siniestralidad por debajo del promedio del sector. Se trata de premiar todas aquellas inversiones que lleven a un índice más bajo de siniestralidad.


La enmienda 2047 también pretende hacer justicia en el ámbito de los trabajadores autónomos, concretamente aquellos que están adscritos al régimen especial agrario, en el sentido de permitir que todos aquellos trabajadores incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social puedan optar por cotizar en concepto de contingencias comunes, de acuerdo con el régimen anterior, o por el acuerdo modificado en los presupuestos del año 2003. Esta es una cuestión que nosotros ya planteamos en el debate de los presupuestos de 2004. Esta enmienda tuvo el apoyo del Grupo Socialista, en aquel momento en la oposición. Todos los partidos y todas las formaciones políticas estamos de acuerdo en que hay que hacer justicia. Por tanto, empecemos por hacer justicia con aquellos trabajadores que están dentro del régimen especial agrario de la Seguridad Social para que puedan optar y no se vean lesionados sus intereses con las modificaciones que se incorporaron en la Ley General Presupuestaria del año 2004.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, mi grupo parlamentario no tiene enmiendas vivas en este bloque. Por tanto, esperaremos al siguiente.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta cinco enmiendas a los títulos IV y VIII y a la sección 07. Si su señoría nos lo permite, defenderé tres, las números 1289, 1292 y la 1293, y mi compañera, la señora García, defenderá las otras dos.


En primer lugar, la enmienda 1289 hace referencia al régimen especial agrario y se basa en la existencia en nuestro país de 800.000 trabajadores afectados por la regulación del régimen especial agrario. En su mayoría son trabajadores con contratos eventuales, aunque un porcentaje reducido tiene contratos de carácter fijo-discontinuo.
Entendemos que estos trabajadores son los más desprotegidos de nuestro país, tienen un marco de protección social claramente inferior al del resto, por lo que es discriminatorio con respecto al resto de los trabajadores por cuenta ajena que están encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que la aportación contributiva de los trabajadores del régimen especial agrario es el doble de la que realizan los trabajadores del régimen general de la

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Seguridad Social, puesto que están aportando el 11,5 por ciento de su base mientras que los trabajadores del régimen general aportan el 6,4 por ciento; además, las prestaciones son mínimas a cambio de una mayor aportación a través de sus cotizaciones. Por el contrario, los empresarios del sector agrario realizan aportaciones 15 puntos inferiores a las que realizan las empresas encuadradas en el régimen general de la Seguridad Social. Creemos que esto es un cúmulo de agravios que solo es posible gracias a la supervivencia de un régimen especial agrario obsoleto, injusto y que se muestra claramente discriminatorio.


Desde el Gobierno de la nación se ha anunciado la apertura de un proceso de negociación con los sindicatos que debe desembocar en la desaparición del régimen especial agrario y como consecuencia en el encuadramiento de estos trabajadores en el régimen general, no en el régimen especial de trabajadores autónomos. Ese es el sentido último y principal de la enmienda que presentamos. Por tanto, proponemos la incorporación al régimen general en un sistema especial que puede mantener las peculiaridades de encuadramiento, afiliación, forma de cotización y recaudación. El ámbito de ese sistema se debe extender a todo el territorio del Estado y los trabajadores agrarios encuadrados en él deben ser los contratados como eventuales o fijos discontinuos, ya que los trabajadores fijos se encuadran directamente en el régimen general de la Seguridad Social. Las enmiendas que presentamos regulan un sistema único de cotización y proponemos reducir esa cotización por incapacidad laboral contrarrestando el incremento que en este terreno ha experimentado la cotización propuesta en los Presupuestos Generales del Estado.


En cuanto a las otras dos enmiendas, la primera es sobre el Iprem.
Entendemos que no tiene mucho sentido crear un nuevo indicador público de renta de efectos múltiples si no tiene relación con el reflejo de la situación económica real del país, a menos que se pretenda tener un indicador, como el que han tenido otros gobiernos, simplemente para entrenar la facultad de adivinación año a año, cuestión que, por otra parte, no ha dado grandes resultados. Es un efecto que nace como consecuencia de la regulación del salario mínimo interprofesional, absolutamente necesaria, pero ese indicador va a servir para determinar prestaciones o para acceder a determinados beneficios, a prestaciones sociales o servicios públicos, en sustitución del salario mínimo interprofesional y, por tanto, debe sustituir a éste pero no con los errores en los que caía la regulación y la revisión del salario mínimo con gobiernos anteriores.


La última enmienda, la número 1293, la presentamos muy a nuestro pesar, porque ya nos gustaría a nosotros que la cuantía mensual del Iprem fuera de 6.577,20 euros. Evidentemente se trata de un error y planteamos subsanarlo diciendo que la cuantía de 6.577,20 euros evidentemente corresponde a la anualidad no a la mensualidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Como ya ha mencionado mi compañero, me encargaré de la defensa de dos enmiendas: la 1283, al título IV del capítulo V, y la 1296, al título VIII, que pretende añadir una disposición transitoria nueva.


Comparativamente con otros compañeros diputados voy a ser bastante breve, porque entiendo que la mayoría de las veces lo que planteamos con las enmiendas a los presupuestos en definitiva es poner sobre el papel aquellas cuestiones que en algunas ocasiones han estado defendidas, argumentadas o ya propuestas en el Pleno. Como las dos enmiendas están muy relacionadas, comenzaré por plantear que el 15 de junio, al inicio de esta legislatura, se debatió la primera proposición de ley sobre la compatibilización de las pensiones de viudedad del SOVI con otras pensiones de la Seguridad Social. Nuestro grupo también había presentado esta proposición y debía haberla podido defender de manera natural, como señala la costumbre parlamentaria, pero no fue así y se defendió por el Grupo de Convergència i Unió, que también la había presentado, aunque se puede decir, en definitiva, que de lo que se trataba era de defender en la Cámara esta proposición de ley. Pero esto ya es historia y lo que cuenta ahora, por supuesto, es que la valoración que en aquella sesión se hizo por la mayoría de los grupos políticos fue positiva y que, por tanto, obtuvo un apoyo bastante mayoritario.


La realidad es que las diferentes argumentaciones dejaron claro que existía esta voluntad y este deseo por parte de todos los grupos. El Grupo Socialista, que también votó favorablemente, situó la discusión en el marco del Pacto de Toledo, pero desde nuestro punto de vista es difícil creer que exista esta voluntad si el presupuesto no recoge o bien una partida presupuestaria para que durante el año 2005 pueda concretarse esta ley o bien, como nosotros planteamos, mencionar de alguna forma esta voluntad y este compromiso. Creemos, por tanto, que es de rigor y seriedad que, si la Cámara ha aprobado esta toma en consideración, el presupuesto de 2005 recoja, como ya he dicho, o bien esta partida mínima para hacer frente a las necesidades presupuestarias que de su aplicación se deriven o bien, como nosotros planteamos en nuestra enmienda, que en el plazo de seis meses se tomen las medidas oportunas para flexibilizar el régimen de incompatibilidades al que están sujetas las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez. Ya se argumentó y a nosotros no se nos escapa -además también estamos en esa línea y queremos que el Grupo Socialista lo sepa- que evidentemente se trata de buscar la manera más justa de hacerlo, que no se trata de que consideremos que las 350.000 personas -quizás más- que están en esta

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situación se encuentran en la misma realidad social y económica. En todo caso eso no justifica en absoluto que, sabiendo perfectamente que un número importante de estas personas están al límite de una situación de precariedad y de pobreza, el Gobierno no tome las medidas necesarias. No ha de ser difícil en absoluto. Sería lamentable que, con la estructura administrativa potente de un gobierno no pudieran concretarse medidas de valoración y criterios suficientemente justos y equitativos como para ver cuáles son las fórmulas que se han de aplicar para que esta compatibilidad sea verdaderamente equitativa. Por tanto, no es de recibo y por eso planteamos que el presupuesto ha de recoger de alguna manera esta voluntad de buscar la compatibilización con el SOVI. Hemos de recordar que, como ya he dicho, de esas 350.000 personas, 275.000, como mínimo, son mujeres; mujeres que, por tanto, se encuentran en una situación de doble discriminación, tanto por el aspecto social como por el económico porque todos sabemos -y no lo voy a repetir- de qué manera nace la pensión del SOVI. Por tanto, nuestro grupo va a mantener esta enmienda, tanto en esta ocasión como en el siguiente proceso de discusión del presupuesto y va a defender que quede recogida.


En cuanto a la enmienda 1283, he de anunciar, en primer lugar, que tiene un error -lo comento para que se subsane-, hablábamos de a partir del 1 de enero del año 2003; por descontado estamos hablando del año 2005. En ella planteamos que quede fijado un cómputo anual superior al que marca el Gobierno en la propuesta de presupuesto que concretamos en 4.402,70 euros. El incremento que plantea el Gobierno, si no tenemos mal los cálculos, supera el 2 por ciento y creemos que es absolutamente insuficiente. Hemos visto que hay otra enmienda del Grupo de Convergència i Unió que plantea un incremento del 5 por ciento aproximadamente.
Nosotros proponemos un incremento del 7 por ciento aproximadamente.
Consideramos que estamos hablando de las pensiones más mínimas y, por tanto, hubiera sido un gesto de agradecer que estas enmiendas no hubieran tenido ni que presentarse porque ni es un volumen económico tan significativo y, sobre todo, porque en definitiva estamos hablando de un porcentaje de población pequeño pero que está en las peores condiciones tanto económica como socialmente en la mayoría de casos. Por tanto, nosotros mantendremos estas dos enmiendas y desearíamos que se tomaran en consideración.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a fijar posición con respecto a los títulos que nos ocupan y a las enmiendas que los distintos grupos han planteado.
No obstante, antes quisiera hacer un breve comentario respecto a lo que decía la portavoz del Grupo Popular que ha intervenido anteriormente -no en este apartado ni en este capítulo- sobre la subida de las pensiones.
Señorías, el Gobierno socialista, cumpliendo su programa electoral y sus compromisos, ha realizado un incremento de las pensiones por encima del IPC para aquellos colectivos más desfavorecidos que va a afectar a tres millones de pensionistas. Seguramente yo y mi grupo parlamentario coincidimos con todos ustedes en que, a pesar de estas subidas, no vamos a resolver el problema de estas personas porque estas pensiones necesitan de una política de muchos años de subidas adicionales para que puedan llegar a unas cantidades que permitan vivir con un mínimo de dignidad a los pensionistas que las cobran. Tengo aquí un cuadro en el que se establece que el objetivo que nosotros planteamos es que las subidas de este año serán similares a las de toda la legislatura, con lo cual estamos hablando, señorías, de unas subidas de pensiones en torno al 26 por ciento, muy por encima de la inflación. El portavoz del Grupo Popular decía que en años anteriores se habían dado más aumentos. Sí, señorías.
En el año 2000 -casualmente año electoral- el Grupo Popular subió el 13 por ciento a un colectivo concreto de viudedad: titular menor de 60 años con cargas. Pero era un colectivo de 11.455 pensionistas. A lo que nos tenían acostumbrados era a buscar colectivos pequeños entre la masa de pensiones para dar ahí unas subidas adicionales para decir que se habían subido adicionalmente las pensiones. Pues bien, esta no es la política que va a desarrollar el Grupo Socialista. Nosotros vamos a hacer unas subidas adicionales que ustedes ya conocen y que van desde: para jubilación con cónyuge a cargo, una mejora adicional del 4,5 por ciento, lo cual sitúa la subida para el año que viene en el 6,5 por ciento; para jubilación sin cónyuge a cargo, un 3 por ciento adicional, lo cual sitúa la subida en un 5 por ciento y así en incapacidad permanente, en viudedad, orfandad, SOVI y demás. En SOVI permítanme hacer un comentario especial. Nosotros prevemos una subida de un punto adicional, es decir, una subida del 3 por ciento para el año que viene, siempre teniendo en cuenta, lógicamente, que a más a más estará la desviación de la inflación que, evidentemente, no tiene nada que ver con estas subidas.


Entrando en el tema del SOVI -y así paso a referirme a alguna de las enmiendas planteadas-, como bien decía la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, el 15 de junio aprobamos una proposición de ley de CiU que está en pleno debate. De hecho, se ha cerrado ya el período de presentación de enmiendas y en las próximas semanas habremos de hacer la reunión de la ponencia y habremos de dar el trámite que corresponda a la ley para que aproximadamente en abril esta ley esté totalmente aprobada, una vez que haya pasado por el Congreso y el Senado. En dicha proposición de ley se plantea la compatibilidad del SOVI con la pensión de viudedad que mi grupo parlamentario viene reivindicando desde el año 1998, cuando esta diputada que les

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habla hizo el primer debate en esta Cámara sobre esta cuestión. He de recordar que si en aquella ocasión el Grupo de CiU -que ahora es el proponente de esta proposición de ley- hubiera votado con el Grupo Socialista, la compatibilidad del SOVI estaría hecha desde el año 1998, pero en aquella ocasión votó con el Grupo Popular y fue en contra. Por tanto, señorías, mi grupo está a favor de hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad y de desarrollar la ley. No debe preocupar que no haya una partida presupuestaria en estos presupuestos, por una sencilla razón: como ustedes saben, nosotros defendemos que el remanente de la Seguridad Social vaya al fondo de reserva al final del año. Por consiguiente, no habrá ningún problema en que a mitad de año empecemos a pagar la nueva compatibilidad del SOVI con la viudedad. ¿Por qué? Porque simplemente implicará un gasto más de la Seguridad Social y que el excedente que vaya al fondo de reserva a final de año sea menor. Por lo tanto, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos, en la línea que planteaba la portavoz del el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a hacer alguna transaccional que hable de ese período de 6 meses, donde estén contempladas todas las trabas. Yo creo que va a ser así. Por lo tanto, no hay ningún problema, pues estamos en disposición de buscar alguna solución. Nosotros no compartimos la enmienda, tal y como ustedes la plantean, porque ustedes hablan de hacerla compatible con absolutamente todo, mientras que nosotros estamos planteando hacerla compatible con la pensión de viudedad y no con otras pensiones. Es verdad que en estos momentos son 360.000 las personas que están cobrando el SOVI, pero hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad significa que habrá 80.000 nuevas personas que pasen a cobrar el SOVI, es decir, aquellas mujeres viudas -también viudos, pero fundamentalmente viudas- que han perdido el SOVI al quedarse viudas, aquellas que no lo han solicitado porque sabían que era incompatible o aquellas a las que se les ha denegado. Todo este paquete supone unas 80.000 personas nuevas y el coste de la medida es de 300 millones de euros que, parece que no, pero es un esfuerzo importante.
Por eso, la subida extra del SOVI -teniendo en cuenta que ya van 300 millones extra para esa pensión- sólo es de 1 por ciento adicional, en vez de la subida del 2 ó 3 por ciento de otras pensiones. Con esto contestaría también a la cuestión de las subidas adicionales del 7 por ciento, incluso, a la del 5 por ciento planteada por CiU. El esfuerzo que se va a hacer este año con la pensión del SOVI ya es un esfuerzo importante. En esta comisión utilizamos muy a menudo grandes palabras de justicia y solidaridad para asuntos discutibles, por lo que, al final, pierden su valor. Yo estoy de acuerdo en que tenemos 3 millones de pensiones con cuantías que no dan para vivir en este país por la carestía de vida. Eso es una realidad, pero también es una realidad que nuestro sistema tiene las posibilidades que tiene y hay que irlo mejorando con objetivos concretos, en la medida en que nos lo permita la situación. Por lo tanto, creemos que la subida del 3 por ciento de la pensión del SOVI para el año que viene, más hacerlo compatible para este año, es un esfuerzo importante.


En cuanto a las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios, el Partido Popular ha retirado dos o tres enmiendas, quedando viva la enmienda 719 al artículo 99, cuatro, 2, que habla del RETA y de las cuantías para las cotizaciones mínimas. Hay varias enmiendas al artículo 99 que hacen referencia a la cotización de los autónomos y de los trabajadores agrarios; tema en el que a veces hablamos de justicia.
Cuando hablamos de las cotizaciones de los trabajadores autónomos y de los trabajadores agrarios, es verdad -porque además es mandato del Pacto de Toledo y voluntad de los grupos parlamentarios- que se tiende a la equiparación de estos regímenes con el régimen general, pero hay que hacerlo teniendo en cuenta de dónde provenimos, la situación que tenemos y cuál es la realidad. No hay que olvidar, señorías, que en este país, que hay casi 3 millones de autónomos, si intentan encontrar personas por debajo de los 50 años que coticen por encima de la cotización mínima en el régimen de autónomos se quedarían asombrados y les sobrarían manos, porque no hay. Todo autónomo cotiza por la mínima hasta que llega a los 50 años, que es cuando la ley establece que se puede modificar la base de cotización y la base reguladora. Si ahora cambiamos y llegamos -como pretenden algunas enmiendas, que no es el caso de esta- hasta los 55 años, estaríamos hablando de los períodos que van a servir para el cálculo de pensiones. Si permitimos que sigan modificándose hasta los 55 años, todavía incidiría más en la pensión final, porque seguirían cotizando por la pensión mínima con un objetivo claro: todo el mundo sabe que si tienes una pensión inferior a la mínima pasas directamente a cobrar la mínima y se acaba el problema. Esto nos genera otro segundo problema. Cuando esta diputada habla con las viudas de la situación de su pensión, y le cuentan que tienen una pensión de verdadera miseria, al preguntarles si vienen del régimen de autónomos, contestan que sí. Es verdad que hay que mejorar la protección de los autónomos, pero también es verdad que todos los grupos parlamentarios deberíamos lanzarles el mensaje de ir equiparando y haciendo un esfuerzo mayor en su cotización, para que invierta en su propia pensión del futuro. Quiero terminar con este dato: el 30 por ciento de los autónomos que se jubila en este país lo hace con menos de 20 años de cotización. Por eso, en las enmiendas incluidas en este presupuesto se decía que las personas que ingresaran por primera vez en el régimen de autónomos con 50 años, y no tuvieran, entre las cotizaciones anteriores y posteriores, más de 20 años, tuvieran un recargo en la cotización. Esta modificación, señor Azpiroz, no se debe a un cambio de criterio, sino a la negociación con los grupos parlamentarios y las organizaciones de autónomos. De ahí las enmiendas introducidas, que luego

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han dado pie a la retirada de algunas de las enmiendas presentadas. Quiero decirles que, al final, es cierto que la enmienda a la que hace referencia el Partido Popular sigue estando en la mesa del diálogo social porque, como ustedes saben, hay abiertas unas mesas de negociación con los trabajadores autónomos, donde se están negociando las reformas globales al sistema.


Coalición Canaria presenta una serie de enmiendas, que hacen referencia a pensiones de clases pasivas, especialmente a las reconocidas al amparo del Decreto 670, de 1976, modificado en años posteriores, que pretende equiparar las pensiones de mutilados de guerra con los civiles y con los militares, planteando una serie de trabas. Quiero decirle que es difícil.
Seguramente sería razonable ir hacia la equiparación, pero cada pensión tiene una significación distinta, corresponde a colectivos diferentes y fue otorgada en circunstancias totalmente distintas, afectando, como digo, a colectivos con características dispares. Algunas de las enmiendas -la 1828, la 1829 y la 1830- están incluso mal planteadas, puesto que piden la equiparación de pensiones que no existen, ya que en el régimen de mutilados de guerra no hay pensiones derivadas, sino propias, en algunos casos; de modo que no se pueden equiparar. Además, los criterios de estas pensiones de clases pasivas se corresponden con los de las pensiones de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social. Así, al hacer un cambio, crearíamos un problema de diferencias entre clases pasivas y Seguridad Social, de modo que sería peor el remedio que la enfermedad. Dicho todo esto, es evidente que habría que revisar algunas de las pensiones de estos colectivos; pero no tanto las pensiones como la puntuación por la que se accede a la pensión, que en algunos casos, y específicamente en el caso de las mujeres, presenta deficiencias.


El Grupo Parlamentario Mixto presenta una enmienda que pretende el 23 por ciento de aumento para las pensiones no contributivas, puesto que dicho grupo pide en su enmienda número 1087 que se las equipare con el salario mínimo interprofesional. Creo que los argumentos que he usado con anterioridad, señorías, sirven también para esta enmienda. Y lo mismo para la 1888 y para la 1889, del Bloque Nacionalista Galego.


En cuanto a las enmiendas de CiU, puesto que ya me he referido a la del SOVI al hablar de este colectivo, me queda hablar de la de pensiones no contributivas, la enmienda 1997. Esta enmienda propone una subida del 5 por ciento, en vez de la del 3 por ciento. Volvemos a lo dicho con anterioridad: ha sido el objetivo global de las pensiones. Estas pensiones pueden tener tal necesidad, pero la disponibilidad presupuestaria es la que es, y no alcanza para más subidas.


He intentado contestar a todas las enmiendas al articulado, así que quedan pendientes las que se refieren a las disposiciones adicionales, que habrá que contestar al final. (La señora García Suárez pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Sí, señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Me ha parecido al inicio de la sesión que podría intervenir de manera muy breve.


Nuestro grupo vería con interés la posibilidad de transaccionar la enmienda 1296. Por tanto, estamos disponibles para que hablemos. No obstante, quiero dejar constancia de algo muy concreto. No se nos escapa que nuestro país tiene 1.300.000 personas que cobran una pensión de menos de 300 euros, de modo que, cuando hablamos de justicia -no sé si he utilizado la palabra, porque intento hacerlo poco por el mal uso que se hace de ella, como de otras-, no nos referimos sólo al colectivo de SOVI sino también a todos los demás que tienen pensiones muy bajas. Sepan el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno que tenemos perfectamente situado este asunto. Por eso hay una coletilla muy clara en nuestra enmienda, que dice: las modificaciones establecerán los requisitos oportunos para evitar situaciones de discriminación o sobreprotección en relación con otras prestaciones equivalentes del régimen general de la Seguridad Social.


De todos modos, lo que he querido decir al principio es que, por más difícil que esto parezca, estoy convencida de que es posible establecer unos criterios por los que se evite discriminar a otros colectivos o personas. Esto no puede seguir siendo argumento para no resolver un problema que hace 30 años que existe.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos a la fijación de posición sobre el título V, sección 06.


Señor Albendea, tiene la palabra.


El señor ALBENDEA PABÓN: El déficit de caja que estaba previsto para 2004 era de 6.800 millones de euros; el de 2005 será, según el proyecto de ley de presupuestos, de 6.934 millones de euros, es decir, 134 millones más que el presente ejercicio. Por otra parte, la variación de activos prevista en 2004 es de 5.800 millones de euros, mientras que para 2005 se prevé que sea de 7.077 millones de euros; es decir, 1.277 millones de euros más. Por tanto, las necesidades financieras efectivas del Estado van a ser el año que viene de 14.011 millones de euros, frente a los 12.600 del ejercicio de 2004. Además, el pasado año se pudo recurrir, para atender esa financiación, a la disminución del saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco de España, unos 2.000 millones de euros; por eso la emisión neta de deuda era solamente de 10.600 millones de euros, frente a los 14.011 millones previstos para los presupuestos de 2005. Ya que no se dice nada de la posibilidad de utilizar la cuenta del Banco de España, hay que suponer que está escuálida.


Quiero recordar ahora cómo, un año tras otro, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de entonces,

Título V Sección 06

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el señor Fernández Marugán, nos reprochaba que la deuda crecía todos los años. Quiero recordarles también que entre 2002 y 2003 la deuda se redujo, en cifras absolutas, en más de 4.000 millones de euros. La previsión para 2005 es de un crecimiento de 15.000 millones, en cifras absolutas, la cifra más elevada desde 1995. Se nota que han vuelto ustedes al poder, y se observan, si no síntomas alarmantes, sí tendencias preocupantes.


Otro argumento era el de que el endeudamiento decrecía en relación con el producto interior bruto. Es verdad que ustedes prevén que, en 2005, esta ratio se reduzca en torno a un punto. Ahora bien, si analizan la curva que representa la evolución, observarán que esta es ya prácticamente una línea recta. Las emisiones brutas de deuda previstas para el próximo año son de 80.225 millones de euros, 725 millones más que el presente ejercicio. Y, en cuanto al coste de la financiación, hay que subrayar la opacidad que caracteriza la presentación de los presupuestos en comparación con la de ejercicios anteriores, cuando gobernaba el Partido Popular. No sabemos cuál es el coste medio de la cartera de deuda, que en 2004 cifrábamos entre el 5,3 y el 5,5 por ciento. Al no hacerla pública, me temo que la gestión de la misma no ha sido muy brillante. Sólo sabemos que, respecto al producto interior bruto, el coste medio estimado para 2005 es superior en una décima al del ejercicio 2004.


Para terminar, quiero subrayar que no revelan cuál es la estrategia a seguir por parte del Tesoro, orientada a la reducción del coste y riesgo de financiación del Estado. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No sabemos si van a seguir ustedes la política del Gobierno anterior en aspectos tales como el uso de derivados o contratos de permutas sobre tipos de interés -los conocidos Swaption-. No sabemos cuál es su estrategia, y tampoco podemos dejar de apreciar las tendencias preocupantes a que antes me refería.


Por todo ello, nosotros vamos a votar en contra de los artículos de este título V y su sección 06.


El señor PRESIDENTE: Ya que no hay enmiendas, ¿hay algún otro grupo que quiera intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: En relación con el título V, diré muy brevemente que la prueba de que es un título que se ha construido correctamente y de acuerdo con los objetivos presupuestarios y de estabilidad presupuestaria del Gobierno es que no hay enmiendas. Yo creo que es la prueba más evidente de que el Gobierno ha cumplido su palabra desde el punto de vista presupuestario. Sólo un comentario en relación con la deuda. La deuda en relación con el producto interior bruto para el año 2005 va a caer casi dos puntos; por tanto, sí que hay una tendencia decreciente en esa curva de lo que pesa la deuda del Estado en relación con la riqueza nacional. Es un decrecimiento importante que prueba una vez más que los objetivos del Gobierno en materia presupuestaria se han cumplido y se van a cumplir en el año 2005.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas al título VI.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo de Convergència i Unió.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda al título VI que va en la dirección de incorporar un nuevo artículo 62 bis que permita la inclusión de un nuevo epígrafe 151.6 para todas aquellas producciones de energías termoeléctricas en centrales térmicas de ciclo combinado. Pensamos que ésta es una cuestión innovadora respecto a otras incorporaciones desde la perspectiva de poder dotar de más posibilidades de financiación a las corporaciones locales y de unas modalidades de producción de energía eléctrica que no dejan de ser una novedad importante dentro del ámbito energético y eléctrico que se produce en estos momentos. Nuestro grupo justificaría esta enmienda porque la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la generación de energía ha dado lugar a una nueva actividad de ciclo combinado no contemplada en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre. Por otro lado, también pretendemos aclarar que la exención de las obras benéfico-sociales de las cajas de ahorro no incluyen todas aquellas actividades que, aún estando enmarcadas en este ámbito, pudieran conllevar finalidades lucrativas o comerciales.


También dentro del título VI, definido como normas tributarias, hay algunas disposiciones adicionales que podríamos enmarcar dentro de aspectos legislativos que pueden mermar algunas actividades económicas.
En este sentido, las enmiendas 2020, 2021 y 2022 hacen referencia a la creación de un nuevo impuesto que va a gravar las actividades de las industrias farmacéuticas. Supone la creación de un nuevo tributo totalmente inconstitucional, ya que la Ley General de Presupuestos impide e invalida todo aquello que afecte a la creación de nuevas figuras impositivas y creemos que el Gobierno socialista ha posibilitado su incorporación. Nosotros pretendemos invalidar una cuestión que pudiera calificarse como inconstitucional y al mismo tiempo presentamos esta enmienda en defensa de la industria farmacéutica española, en defensa de un grupo industrial que genera investigación, desarrollo e innovación, lo que posibilita la generación de puestos de trabajo. Entendemos que este impuesto adicional injusto y a todas luces inconstitucional podría comportar en algunos sectores farmacéuticos la generación de más paro y la no generación de inversión. Pensamos que el sector farmacéutico y el Ministerio de Sanidad deberían llegar a un acuerdo para que pueda ser posible

Título VI

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la supresión de este nuevo impuesto que afecta directamente a la nueva Ley del Medicamento. Mi grupo ha presentado dos enmiendas alternativas que van en la dirección de conseguir un acuerdo entre las dos partes implicadas, que son la Administración y el sector farmacéutico. Es cierto que hay unas enmiendas pactadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Esquerra Republicana que van en la dirección de aminorar y rebajar un poco esta imposición, pero nosotros pensamos que esta rebaja es totalmente insuficiente y que se trata de una rebaja que va a ser punitiva para el sector farmacéutico, que va a ser punitiva para la creación de empleo. A nosotros nos gustaría llegar muchísimo más lejos.
Esperemos que en el debate presupuestario en comisión y en Pleno podamos llegar a un acuerdo para evitar perjudicar a la industria farmacéutica y al sector industrial en general porque es de los pocos sectores que investiga, que crea innovación y que registra nuevos desarrollos.


También hemos presentado las enmiendas 2028, 2029 y 2030, que pretenden añadir unas disposiciones adicionales nuevas que podríamos incorporar perfectamente en este título VI, que hace referencia a las normas tributarias. Son unas enmiendas clásicas que hemos mantenido desde hace bastantes años y que van en la dirección de posibilitar que exista una homologación importante entre la calificación y la definición de pequeña y mediana empresa en España y la pequeña y mediana empresa y microempresa en la Unión Europea para que, desde esta perspectiva, las mismas bonificaciones y los mismos tipos impositivos que existen en la Unión Europea para una empresa de menos de 10 trabajadores también puedan ser de aplicación para una empresa de menos de 10 trabajadores o de menos de cinco trabajadores en España y tengan los mismos tipos de referencia impositivos, el mismo gravamen del impuesto de sociedades, que nosotros planteamos rebajar del 35 al 30, del 30 al 25 y del 25 al 20 en función de si es micro o pequeña empresa. También planteamos otra posible alternativa para ampliar la base imponible, en el sentido de que pudieran circunscribirse a estas modificaciones las empresas cuyos beneficios estén entre los 15 y los 30 millones de pesetas.


Éstas son básicamente las enmiendas que hacen referencia a los componentes que pudiéramos inscribir en todos lo relativo a las normas tributarias.


El señor PRESIDENTE: Supongo que el Grupo Popular querrá intervenir en este título. (Asentimiento.) Pues les ruego que estén a tiempo para poder coger el ritmo adecuado.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Utrera.


El señor UTRERA MORA: Aunque no a tiempo, sí estaba en espacio, pues me encontraba en la antesala de la Comisión desde hace más de media hora preparando distintas cuestiones. La brevedad del debate sobre el título V me ha sorprendido lo mismo que a otros compañeros. No obstante, este retraso ha sido positivo para mí, pues me ha permitido escuchar la explicación de las enmiendas de Convergència i Unió, con algunas de las cuales estamos de acuerdo y apoyaremos, entre otras cosas porque coinciden con enmiendas que hemos presentado nosotros, pasando a continuación a describir el total de las mismas que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al título VI y, si el presidente me lo permite, algunas disposiciones adicionales que tienen íntima relación con las materias tratadas en dicho título del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.


Las enmiendas a este título presentadas por el Grupo Parlamentario Popular se estructuran en cuatro bloques principales. Son 23 enmiendas y en el primer bloque, el referido al artículo 58, se propone la actualización de verdad del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la inflación prevista para el próximo ejercicio. Nosotros preferimos -durante años se vino haciendo por el Gobierno- una intencionalidad, una acción de reforma fiscal, de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque precisamente con auténticas medidas de reforma es como se puede graduar mejor la carga tributaria, atendiendo tanto al nivel de renta de los sujetos pasivos como a otras circunstancias, personales, familiares y de toda índole. Siempre será preferible el mecanismo de reforma fiscal al puro y simple ajuste automático o ajuste discrecional por ley a las tasas de inflación, pero, en caso de que se haga, no puede ser incompleto. Como mínimo hemos de clasificar como incompleto el que ha presentado el Gobierno, que se limita exclusivamente a la deflactación de la tarifa.
Siendo como es uno de los principales elementos que determinan la progresividad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no es el único ni tampoco el primero de ellos.


Además, la forma en que se ha presentado esa actualización, parcial e insuficiente, del impuesto sobre la renta de las personas físicas a la inflación prevista para el próximo año puede ser considerada como una auténtica burla, por cuanto se ha justificado como medida social lo que por un lado es incapacidad para hacer propuestas de reforma fiscal más completas y lo que por otro correspondería a una mera política de comunicación. Si atendemos a las cifras en términos de carga fiscal soportada por los sujetos pasivos y contemplamos el ajuste de la tarifa y sólo el ajuste de la tarifa al impuesto sobre la renta de las personas físicas, vemos que es absolutamente insuficiente en relación con el ajuste al resto de elementos esenciales que determinan la carga tributaria de los sujetos. Me estoy refiriendo a los mínimos personales y a todas las reducciones graduando las circunstancias familiares: edad, número de hijos, minusvalías de los miembros de la unidad familiar, que las familias tengan miembros ascendientes a su cargo, etcétera. Todas estas circunstancias tienen y deben ser contempladas para poder ajustar con propiedad un impuesto de esta naturaleza a la inflación. Y

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digo tienen y deben ser ajustadas porque el avance que se ha producido en los últimos años en el impuesto sobre la renta de las personas físicas ha de entenderse fundamentalmente como un impuesto que atiende a la renta de los sujetos, pero también a la parte de renta de los sujetos que no debe quedar gravada por el impuesto sobre la renta. Por tanto, someter a tributación mediante tarifa ajustada rentas que no deberían estar sometidas a tributación por corresponder a circunstancias personales que, lógicamente, en un proceso de inflación se erosionan, lleva a realizar, como decía al principio, un ajuste insuficiente. Las enmiendas comprendidas entre las números 693 y 708 tratan precisamente de corregir esa insuficiencia en el proyecto de ley que en este momento estamos dictaminando.


El segundo bloque de enmiendas se refiere a las medidas fiscales para favorecer la integración laboral tanto de la mujer como del hombre y promover la protección de la familia. Concretamente, la enmienda 713, presentada a un artículo 61 nuevo, supondría, de ser aprobada, el incremento de la deducción en el impuesto sobre sociedades, sustancial, hasta tres veces el importe actual, del 10 por ciento al 30 por ciento, de los gastos en que incurran los empleadores para atender el servicio de guarderías para los hijos de los empleados.


El tercer bloque de enmiendas hace referencia a las bonificaciones fiscales para incentivar la actividad económica. La reducción del impuesto sobre sociedades para la pequeña y mediana empresa significa un paso más en el avance que sin duda se ha producido en los últimos años en la tributación relacionada con dicho impuesto de las pequeñas empresas, creando dos grandes grupos a efectos de tributación: la pequeña empresa, que tributaría a un tipo reducido, el 30 por ciento, mientras que el tipo general del 35 por ciento se aplicaría tanto a la parte de beneficios que excediera, incluso a la pequeña y mediana empresa, de unos límites establecidos como al resto de empresas en general. Se crearía un nuevo tipo del impuesto sobre sociedades del 20 por ciento para empresas de muy reducida dimensión, con un volumen de negocios inferior al millón de euros, siendo aplicable este tipo reducido del 20 por ciento a los primeros 30.000 euros de beneficio. Al mismo tiempo, se amplía la cifra de negocios y la de beneficios, a la que sería aplicable el tipo reducido existente del 30 por ciento. En eso coincidimos con una de las enmiendas presentada por otro grupo, elevando hasta ocho millones de euros el volumen de venta, el volumen de negocios, que permitiría a la pequeña empresa tributar por este tipo del 30 por ciento y ampliar hasta 150.000 euros la parte de beneficios, que quedaría sometida al tipo reducido del 30 por ciento. En este bloque incluimos también una disposición adicional nueva, que insta al Gobierno a la elaboración de nuevas tablas de amortización en el primer trimestre del año 2005 para facilitar la renovación de activos fijos empresariales. Entendemos que una medida de esta naturaleza, adecuar las tablas de amortización a la realidad del desgaste, ya sea tecnológico o físico, de los activos fijos empresariales, es una exigencia que hay que mantener actualizada continuamente y por otro lado la propia situación económica internacional y española aconsejan un incentivo de esta naturaleza, que en el pasado ha demostrado ser muy poderoso para relanzar la inversión en activos fijos empresariales.


Por último, el cuarto bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular hace referencia a actuaciones específicas que concretamos en los sectores agrícola, ganadero y del transporte.
Concretamente, las enmiendas al artículo 59 bis nuevo reducirían en un 6 por ciento los módulos por tributación por estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para sujetos pasivos en los sectores agrícola, ganadero y del transporte. Las enmiendas al artículo 63 bis, también nuevo, hacen referencia a la reducción de las cuotas trimestrales que por régimen simplificado del IVA satisfacen estos sectores. Artículo 63 ter nuevo, aumento para 2005 de la cuantía de la compensación a tanto alzado del régimen especial del IVA en las actividades de agricultura, ganadería y pesca, y dos nuevas disposiciones adicionales. La primera, propone aplicar un plan de renovación de maquinaría agrícola, que suponemos que recibirá el apoyo entusiasta del Grupo Parlamentario Socialista, por cuanto hemos tenido conocimiento de la presentación de una proposición no de ley en esa misma dirección. Por tanto, incorporémosla ya en la ley de presupuestos para el próximo año.


Por último, proponemos una disposición adicional nueva en la que se insta al Gobierno a realizar las acciones necesarias para tener lista durante el primer trimestre del ejercicio la regulación de un gasóleo profesional, un gasóleo a disposición del sector del transporte que suponga una reducción de la carga fiscal indirecta que soporta, de acuerdo con la moción aprobada recientemente por amplia mayoría en la Comisión de Economía de este Congreso.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo ha presentado 21 enmiendas a este título VI, 11 de ellas referentes al IRPF, cuatro a patrimonio, dos a sucesiones, una a IAE, etcétera.


Quisiera detenerme en las referentes al IRPF. Nuestro grupo ha planteado una enmienda de adición al impuesto sobre la renta de las personas físicas por la que se establece una deducción por descendientes y cuidado de hijos. Creemos que las deducciones repercuten de manera diferente si lo son de la base o si lo son de la cuota. La minoración de la cuota del impuesto que propone nuestro grupo produce una minoración por un importe igual para todos los contribuyentes, independientemente del nivel de renta gravada para cada contribuyente.


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Las tres enmiendas que vienen a continuación son enmiendas necesarias en coherencia con la que acabo de plantear. Las enmiendas 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 y 1201, también relativas al IRPF, pretenden que tanto el mínimo de descendientes, como la reducción por el cuidado de hijos, el mínimo personal, la reducción por edad, la reducción por asistencia, la reducción por discapacidad y las normas aplicables a la tributación conjunta se actualicen con el 2 por ciento que se prevé que van a crecer los precios. En caso de no hacerlo así, se ocasionaría un aumento encubierto de la presión fiscal, situación que estas enmiendas pretenden corregir.


Igualmente, hemos presentado cuatro enmiendas referentes al impuesto sobre el patrimonio. Son las enmiendas 1202, 1203, 1204 y 1205, que pretenden que se actualicen una serie de conceptos con el 2 por ciento previsto del IPC para que la presión fiscal no aumente de manera encubierta. También planteamos que se actualicen la exención de la vivienda habitual, el mínimo exento, el límite determinante de la obligación de declarar, así como la cuota íntegra.


Quisiera referirme a una de las enmiendas cuyo fin es incentivar el sector de la vivienda. La enmienda 1209 propone la adición de un nuevo artículo sobre la exención en operaciones societarias. Pretende facilitar la creación y constitución de sociedades cuyo objeto social sea el alquiler de las viviendas. Igualmente, la enmienda 1210, de exención en operaciones interiores, pretende facilitar el acceso a una vivienda a toda persona y dar respuesta a la demanda social de viviendas en alquiler. Con esta enmienda se pretende propiciar la salida al mercado de viviendas desocupadas por medio de su intermediación, sin que ello suponga un encarecimiento injustificado de los arrendamientos provocado por la intermediación de estas entidades que fomentan el alquiler.


Esto es básicamente lo que quería defender.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Torres Balaguer.


El señor TORRES BALAGUER: El Grupo Socialista es consciente de que nuestro sistema tributario necesita cambios; es consciente de que tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto sobre sociedades tienen que converger a los sistemas europeos y, por tanto, hay que continuar las reformas iniciadas, no desde la etapa del Partido Popular, que han sido intensas, sino desde mucho antes. Sólo cabe recordar la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que supuso un avance significativo en toda la reforma de la imposición empresarial y que data del año 1995. Por lo tanto, no estamos discutiendo si es necesario o no reformar a fondo los impuestos, porque, en todo caso, la ley de presupuestos no sería el marco adecuado para abordar una profunda reforma de los diversos impuestos. También quiero recordar a alguno de los intervinientes que muchas de las enmiendas que aquí se proponen han venido siendo reguladas por órdenes ministeriales, sobre todo en lo referente al régimen de estimación objetiva de los empresarios y al régimen simplificado del IVA. Por lo tanto, tendríamos que situarnos en el marco de la ley de presupuestos para entender que el Gobierno aborda determinadas cuestiones de política económica y de retoque de algunas cuestiones que afectan a impuestos, pero que no estamos hablando de la reforma que el Gobierno socialista pretende llevar a cabo y que en reiteradas ocasiones se ha comprometido a comenzar el año que viene, el segundo año de la legislatura. Esto no impide que podamos dar ya una opinión y avanzar sobre algunas cuestiones, pero da la impresión de que muchas intervenciones están hechas más de cara a la galería que con el rigor que hace un momento se pedía en esta sala, porque no se puede tachar de incapaz al Gobierno por no traer una propuesta más completa de reforma del impuesto sobre la renta, cuando otros gobiernos han tardado años, como es, por otra parte, lógico. No podemos olvidar que la pasada legislatura tuvimos una media de dos modificaciones legislativas que afectaban a los impuestos cada día; una avalancha de reformas parciales que, sin duda, no contribuye a la seguridad jurídica que necesitan los contribuyentes. Por eso nosotros entendemos que lo que el Gobierno y el Grupo Socialista traen en estos momentos a la Cámara respecto a los impuestos son aquellas medidas que permiten mejorar la situación, actualizar la tarifa del impuesto; medidas de política económica para favorecer la actividad empresarial y la inversión; un conjunto de cuestiones vinculadas al incremento necesario de la productividad y de la competitividad de la economía española y un compromiso de ir reformando a fondo los impuestos el año que viene.


Voy a permitirme contestar brevemente algunas de las cuestiones que se han expuesto aquí. Por ejemplo, la de actualizar la cuantía de los mínimos personales y familiares en función de la inflación prevista. Tengo que recordar que el mínimo personal vino regulado por la Ley 40/1998, vigente desde el 1 de enero de 1999 hasta 2002. En ningún ejercicio fue objeto de actualización anual, pero, es más, la Ley 46/2002, de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, fija, entre otras cosas, nuevas cuantías, independientemente de la inflación acumulada hasta esa fecha. Estamos hablando de la Ley de renta de 2002, y no prevé ninguna actualización. Por lo tanto, tachar de incapaz a este Gobierno por no actualizar estos mínimos es cuando menos un brindis al sol porque la política de los hechos del Gobierno anterior no dice nada a su favor.


Quiero recordar también, porque dispongo de ese informe, que la Secretaría de Estado de Hacienda, en el año 2002, en un documento en el que se está analizando cómo se puede abordar la reforma del impuesto, dice claramente que no debería indexarse ninguna

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variable respecto a las variaciones en los precios, pues de esa forma se estarían estableciendo mecanismos que impulsarían aún más la tensión inflacionista. Secretaría de Estado de Hacienda, Gobierno del Partido Popular. Concluye diciendo que esta propuesta de revisión del mínimo personal y familiar se tiene que efectuar a intervalos suficientes de tiempo, atendiendo fundamentalmente a la renta y a consumos básicos del individuo y de su familia; de lo contrario podría poner en peligro las capacidades estabilizadoras del impuesto. Esta era la postura que mantenía el Gobierno del Partido Popular en el año 2002. La coherencia en este asunto brilla absolutamente por su ausencia.


Si hablamos de otras cuestiones, como puede ser el impuesto de sociedades -reiterándome en la necesaria traslación al momento de la reforma del impuesto que ha anunciado el Gobierno-, el Partido Popular propone un nuevo régimen de tributación de las pymes. En primer lugar, esta reforma no debería realizarse en la ley de Presupuestos Generales del Estado, esta reforma impositiva debe tener un marco absolutamente distinto. En cualquier caso, algunas cuestiones que están proponiéndose se han introducido recientemente. Por ejemplo, la cifra de negocios, cuya reforma tan necesaria ve en estos momentos el Partido Popular, fue introducida en la reforma de 11 de noviembre de 2003. Por lo tanto, la imperiosa necesidad no se corresponde con la novedad de las medidas recientes. Independientemente de eso, podríamos llegar a un impuesto progresivo dada la multiplicidad de tipos impositivos que se están proponiendo. El Gobierno ya ha anunciado que tiene intención de que los impuestos de sociedades vayan convergiendo con Europa, lo que implicará sin duda una reducción progresiva. Nos preocupa que nuestro sistema fiscal pueda ser una rémora para la competitividad de nuestra economía, pero evidentemente siempre dentro de una reforma sensata, no poniendo nunca en peligro la suficiencia del sistema y abordando las necesidades reales de nuestras empresas. Muchas de las últimas reformas han abundado en temas que han sido más de imagen que de resultado. Por ejemplo, toda la política de deducciones fiscales en investigación, desarrollo e innovación, que ha resultado un fiasco y que en la última etapa del Partido Popular se tuvo que reformar de manera urgente; esperamos ver los resultados ahora. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que vamos a abordar una reforma en el impuesto sobre sociedades pensando en las necesidades, no solamente de la Hacienda pública sino también de las propias empresas.


En cuanto a los comentarios que se han hecho respecto a la modificación de los módulos (cuestión extraña, insisto, porque debía de haberse abordado, como hasta ahora, con propuestas de órdenes ministeriales), quiero comentar específicamente la propuesta de reforma del régimen simplificado del IVA. Quiero recordar que los porcentajes de compensación a tanto alzado aplicados en la actualidad en nuestro país son del 7 y del 8 por ciento respectivamente, según se trate de actividades ganaderas o agrícolas, que la propia Comisión Europea ha tenido dudas y el Gobierno español ha tenido que justificar reiteradamente los cálculos para esta compensación a tanto alzado porque a la Unión Europea le parecía que estaba encubriendo una subvención no justificada. Estábamos en los límites más altos que tenían los regímenes de los diferentes países de la Unión Europea. Cuando se aborde una reforma, habrá que tener en cuenta un periodo bastante más largo, concretamente tres años como mínimo, un lapso temporal suficiente para no tomar en consideración circunstancias coyunturales que podían acarrear problemas a la estabilidad del sistema.


Otra cuestión que les ha preocupado a SS.SS. es la del gasóleo profesional y las medidas para paliar el encarecimiento de los precios. Me remito a la posición que ya ha mantenido el Gobierno y a las medidas anunciadas, que suponen un gran esfuerzo en cuanto a la recaudación que le correspondería por estos conceptos. Quiero recordar que las cuantías evaluadas suponen una compensación muy superior a la de muchos países europeos, muy superior a la de Francia, que es puesta como ejemplo reiteradamente; creo que esa referencia es suficiente para constatar el esfuerzo que se va a hacer en este ámbito. Me sorprende la reiteración en lo que se refiere al gasóleo profesional porque SS.SS. conocen las limitaciones que las directivas comunitarias ponen a este respecto.
Tenemos un compromiso de plazos y, aunque el Gobierno lo adaptara, habría una imposibilidad material de gestionarlo, dado que no habría fuentes de suministro independientes, pero desde el punto de vista de legalidad, también tenemos unos compromisos con Europa, como los grupos de esta Cámara han reconocido en otras ocasiones, que harían imposible la aplicación inmediata.


Respecto a la enmienda 1999 de Convergència i Unió, que propone la adición de un epígrafe relativo a producción de energía, sólo diré que, con independencia de que no se aporta estudio o justificación alguna de esta nueva cuota que se originaría, en las actuales tarifas del impuesto sobre actividades económicas, en el epígrafe 151.4, ya se contempla la producción de energía no especificada en otros epígrafes. Por lo tanto, es el epígrafe que le corresponde y no sería necesaria la creación de uno nuevo.


En cuanto a la enmienda relativa al impuesto sobre actividades económicas de bancos y cajas de ahorros, independientemente de que se haya reiterado en los últimos años y haya sido siempre rechazada, quiero decir que se opone a los acuerdos alcanzados con el sector, con las instituciones financieras y a los criterios de la Ley 12/1996 para la tributación por el impuesto sobre actividades económicas. La propuesta no se compagina adecuadamente con la naturaleza y la actividad propias de las cajas de ahorro. No es que entendamos que no es mejorable y que quizás habría que abordar una reforma en otro marco, pero creemos que en estos momentos se opone a los criterios de la situación

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vigente. Sería mejorable, pero no abordable desde la ley de presupuestos.


Por no alargarme, esperaría al debate de las disposiciones adicionales, que reiteran casi todos los temas que se han visto en los artículos del título VI, para contestar o para proponer alguna cosa.


El señor PRESIDENTE: Antes de continuar, quiero advertir que es voluntad de esta Presidencia, después de hablar con los portavoces, que no se interrumpa el debate, aunque tengo que reconocer -y yo creo que nos alegramos todos- que vamos con buen ritmo, en cualquier momento podemos retrasarnos, y en la sala 0.1 el Congreso montará un bufet para que se pueda tomar algo sin necesidad de interrumpir la sesión. Esta advertencia se la hago a los portavoces de los grupos para que se organicen y calculen los que tengan que intervenir. La hora de las cuatro de la tarde en cuanto a la ordenación del debate es a título meramente informativo; es posible que lleguemos a las secciones un poco antes de esa hora, pero también puede ocurrir que se tarde más en los dos que nos quedan y no podamos llegar. Lo que quiero es que los portavoces tengan esa idea, que creo que es buena, de no interrumpir, y así pretendemos seguir adelante.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Una cuestión de orden. ¿Nos vamos a cambiar a la sala de arriba en algún momento? Lo digo para avisar a los portavoces.


El señor PRESIDENTE: Parece que no porque hay dificultades para hacer el bufet enfrente de la sala internacional, ya que está ocupada con una secretaría, o sea que las previsiones son seguir aquí. Si hubiera un cambio de previsiones, se lo comunicaría a los portavoces, pero en principio seguimos aquí.


Pasando a las enmiendas al título VII, tiene la palabra la señora Navarro por Izquierda Unida.


La señora NAVARRO CASILLAS: Una de las grandes preocupaciones de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds es la falta de financiación de los municipios. Esto les impide dar el servicio que muchos pretenden al ser la administración más cercana al ciudadano y la que tiene mayor conocimiento de las necesidades de los ciudadanos que viven en los municipios. Hemos presentado una enmienda de sustitución respecto al Fondo de Compensación Interterritorial. Se trata de incrementar el fondo para cumplir con el compromiso de solidaridad de la Administración del Estado con los municipios y acabar con los desequilibrios territoriales. Por ello queremos destinar el 0,15 por ciento del PIB.


Otra enmienda a ese mismo título trata de solucionar una situación harto injusta, que es la de las autopistas que tienen bonificación en las cuotas del impuesto sobre bienes inmuebles; es un impuesto que repercutiría en los ayuntamientos pero que, como tienen la bonificación, no lo perciben. Lo que pretendemos es compensar esta falta de ingresos que corresponderían a las corporaciones locales.


Continuando con el asunto de las bonificaciones que reciben las autopistas, estableceríamos que a los nuevos terrenos que se incorporen a las autopistas de peaje no se les aplique esta bonificación, y tampoco a las que han sido prorrogadas tras el 1 de enero del año 1990. Por tanto, proponemos que se compense a las corporaciones locales de manera que a los nuevos terrenos que se someten a estas autopistas de peaje no se les aplicara esta bonificación, ni tampoco a las prorrogadas a partir del 1 de enero de 1990.


Otra cuestión también referida a un impuesto que repercute en las arcas municipales sería la actualización de la base imponible del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyas tarifas han de ser actualizadas para evitar su obsolescencia en términos monetarios.


No hay más enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Puig, de Esquerra Republicana de Catalunya.


El señor PUIG CORDÓN: Con referencia a la enmienda al título VII respecto a las subvenciones para ayuda al transporte público, entendemos que tal como está redactado en los presupuestos sólo hay la posibilidad de que tengan las subvenciones del transporte público las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son las que tienen la competencia obligatoria de transporte, pero en estos momentos el servicio de transporte público se está realizando en muchos municipios de un número de habitantes inferior a 50.000, y lo que nosotros proponemos en esta enmienda, que en definitiva es una ayuda a los ayuntamientos que dan un servicio a los ciudadanos, es que puedan acceder a ella todos los municipios que dispongan de un servicio de transporte público colectivo.


Hay enmiendas de otros grupos que van en sentidos parecidos, pero entendemos que esta enmienda da la oportunidad a todos los municipios que, no teniendo la obligación, prestan un servicio de transporte público a sus ciudadanos. Es una enmienda de apoyo al mundo municipal y entendemos que es básica en estos momentos.


El señor PRESIDENTE: Yo soy consciente, como presidente, de la dificultad que tienen los portavoces, al acelerarse los temas, de estar en su momento. Quiero decirles que esta presidencia pretende ser todo lo flexible posible para que todas las voces se oigan y podamos tener la discusión adecuada. Por eso alguna vez no seguiremos el orden de mayor a menor cuando no pueda ser así.


Tiene la palabra ahora el portavoz de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.


Título VII

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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Su flexibilidad va a posibilitar que nuestro grupo parlamentario también esté presente en la foto de las jornadas del Espacio que se están celebrando en estos momentos, lo cual es de agradecer. Este portavoz ha tenido que salir un segundo porque aunque no se intervenga, es necesario estar presente en la foto. Es una cuestión importantísima, al menos para los grupos que no disponemos de más de cien diputados en esta Cámara.


Las enmiendas al título VII van orientadas a modificar todas aquellas cuestiones sustanciales, desde nuestro punto de vista, para mejorar la financiación de los entes territoriales. Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas al título VII, y voy a aprovechar la ocasión para defender todas aquellas enmiendas que se refieren a mejorar la financiación de los entes territoriales y que hemos incorporado en las disposiciones adicionales trigésima, trigésima segunda y algunas nuevas, tal como hemos hecho en la defensa del resto de las enmiendas presentadas a los títulos anteriores.


La enmienda número 2000 va en la dirección de considerar municipios turísticos a todos aquellos que cumplan las condiciones a 1 de enero de 2005; va conectada con la enmienda formulada a la disposición adicional trigésima segunda, donde modificamos el concepto de municipio turístico por todas aquellas cuestiones que puedan hacer referencia a la financiación de las haciendas locales, con el objeto de rebajar el censo de población con derecho a poderse bonificar de la financiación del Estado a todos aquellos municipios que tengan como mínimo 15.000 habitantes en vez de los 20.000 habitantes como está legislado actualmente. También pretendemos incorporar en dicha modificación el número de plazas de alojamiento de oferta reglada en todos aquellos aspectos que hacen referencia a los hoteles y a los campings, a fin y efecto de poder superar el número de viviendas principales y censadas.
Pienso que esta es una modificación importante que va a permitir que la mayoría de municipios españoles que tienen gran afluencia turística puedan beneficiarse de este sistema de financiación que, repito, en estos momentos solamente es de acceso privilegiado a muy pocos municipios en todo el Estado español.


Las enmiendas 2001 y 2002 están orientadas a incorporar mejoras sustanciales en la financiación de municipios en los aspectos que hacen referencia a los transportes. Proponemos referenciar el número de habitantes de hecho al padrón municipal del año 2005 para acceder a todas las subvenciones a entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano. En la 2002 proponemos eliminar el límite de las 36.000 unidades urbanas como condición de acceso a las subvenciones a entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano.


La enmienda número 2003, que es la última al título VII, referente a entidades territoriales, también es clásica de nuestro grupo parlamentario pues desde hace bastantes años la venimos presentando aunque sin éxito en las votaciones correspondientes, que es hacer posible la compensación a todos los ayuntamientos por las bonificaciones en el IBI concedidas a las autopistas de peaje. Estas corporaciones locales hasta la fecha se han visto perjudicadas por la bonificación del IBI concedida a las concesiones de autopistas de peaje. Por este motivo planteamos una modificación complementaria que permita a los ayuntamientos resarcirse de estas bonificaciones por el impuesto sobre bienes inmuebles concedidas a las autopistas de peaje.


Yendo a las enmiendas a las disposiciones adicionales que hacen referencia a la mejora de la financiación de los entes territoriales, en la enmienda 2009 planteamos las transferencias de los fondos de formación continua a las comunidades autónomas con competencias en la materia, en cumplimiento de las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. Entendemos que la total territorialización de los fondos se tendría que alcanzar en un plazo máximo de tres años a contar desde el 1 de enero del año 2005.
Sobre esto hemos venido presentando durante este período de sesiones bastantes iniciativas, algunas de ellas han gozado de la aceptación del grupo parlamentario mayoritario, siempre con salvedades. Esperamos que en esta tramitación legislativa se vean cumplidos los objetivos, en función de las sentencias de diferentes tribunales, de traspasar todos aquellos fondos que correspondan a la formación continua a las comunidades autónomas.


La enmienda 2011 ya la hemos defendido anteriormente.


En la enmienda 2024 pedimos dotar de mayores recursos a todas las corporaciones locales, y por este motivo planteamos la creación de un fondo destinado a las inversiones locales dotado con los IVA soportados e ingresados por los ayuntamientos para incrementar todas las inversiones de obras públicas municipales.


Otras enmiendas que estamos presentando desde hace dos legislaturas son las que hacen referencia a la mejora de los recursos en materia de financiación local por compensación a las administraciones locales por las pérdidas derivadas de la supresión del IAE, actualizada con el IPC del año 2004. Nosotros planteamos la creación de un fondo de 250 millones de euros. En esta misma dirección hemos presentado la enmienda 2037, para dotar de mayores recursos para la futura Carta Municipal de Barcelona.
Queremos garantizar en estos presupuestos la transferencia de las cantidades necesarias para poner en marcha en un futuro inmediato todo lo que haga referencia a la futura Carta Municipal de Barcelona.


La enmienda número 2040 no solamente tiene el objetivo de dar más amplitud a los aspectos que hacen referencia a dotar de más recursos a las corporaciones locales. Como consecuencia de haber presentado una proposición de ley a la Cámara para debatirla en el Pleno y para mantener la lealtad constitucional, si las nuevas legislaciones comportan más gastos para las comunidades autónomas que tengan transferidas dichas

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competencias, pensamos que es necesario garantizar la transferencia de recursos del Estado a las comunidades autónomas para la aplicación de las leyes aprobadas por el Estado que impliquen un incremento de gasto para estas. Este es el principio que está definido en la Ley Orgánica de Modificación de Financiación de las Comunidades Autónomas como de equilibrio presupuestario. Nosotros queremos ponerlo en marcha en estos nuevos presupuestos con la incorporación de esta disposición adicional nueva que permita la dotación de nuevos recursos para ser aplicado de inmediato este principio de equilibrio presupuestario.


La enmienda 2042 también es tradicional y siempre había gozado de la aprobación de los diferentes gobiernos en estas últimas legislaturas; se refiere a todos los aplazamientos de pago que en un momento determinado puedan haber contraído las diferentes administraciones públicas. Me estoy refiriendo a todas las instituciones hospitalarias, no solamente de Cataluña sino también del resto del Estado español, que están en deuda con la Seguridad Social. Cada año en el Senado conseguimos aplazar un año más las deudas contraídas con la Seguridad Social para evitar que dichas administraciones puedan ser embargadas a través de la Agencia Tributaria.
Nosotros siempre pedimos la condonación de las deudas porque entendemos que las administraciones autonómicas son Estado, y estas son deudas contraídas con el Estado central. Las dos administraciones no dejan de ser Estado, y de lo que se trata es de poner el contador a cero y no tener que presentar esta enmienda año tras año. Por tanto, planteamos la condonación de las mismas, y esperamos que este año podamos gozar de la aceptación del grupo parlamentario mayoritario que dar soporte al Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, que tiene una enmienda, tiene la palabra su portavoz, señor Padilla.


El señor PADILLA CARBALLADA: Pido disculpas porque me encontraba fuera de la sala en el momento en que me correspondía intervenir.


Efectivamente el Grupo Popular tiene una sola enmienda a este título VII, la 716, que se refiere a la pretensión de que se adicione al artículo 81 un apartado 4, que pretende que, con independencia de lo establecido en el apartado anterior -que se refiere a la financiación de las corporaciones provinciales de régimen común-, la cantidad definitiva mínima a percibir por cada diputación provincial de régimen común, una vez deducida de la suma de los impuestos cedidos por aplicación del artículo 136 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y del Fondo Complementario de Financiación, será de 27.000 miles de euros. A dicha cantidad habrá de añadirse la que corresponda como consecuencia de la compensación por la pérdida de recursos del recargo provincial del impuesto sobre actividades económicas producidas por la Ley 51/2002.


No podemos ocultar que esta enmienda tiene como beneficiarias, en su caso, si la Comisión y el Pleno de la Cámara, en definitiva las Cortes Generales, decidieran adicionar a este artículo este apartado cuatro, fundamentalmente a dos corporaciones provinciales, que son la de Segovia y la de Soria, que por diversas razones anudadas a la población y al resto de las actividades existentes en esas provincias se quedan en el umbral de unos 500.000 euros de diferencia con esa cifra que se considera mínima en función de lo que son en este momento los presupuestos provinciales de otras corporaciones de régimen común para la prestación de los servicios que tienen encomendados estas entidades locales. En función de esta enmienda a esas dos diputaciones provinciales -repetimos que normalmente el caso no sería de aplicación a más provincias que a esas dos que he citado, Segovia y Soria- les supondría también una mayor posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Entendemos que es un acto de solidaridad para con todas las provincias y todos los ciudadanos que en ellas viven el que SS.SS. consideren la oportunidad de apoyar, como nosotros pedimos encarecidamente, esta enmienda que presentamos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, como portavoz del Grupo Socialista, la señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: Las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos tienen como elemento común cuestionar la reforma de la Ley de Haciendas Locales que se hizo en el año 2002; cuestionar en algunos casos de manera significativa y en otros de manera aparentemente más neutra, pero incidiendo en las compensaciones que se deben hacer a los municipios. El Grupo Parlamentario Socialista se ve ahora en la situación de no poder aceptar este conjunto heterogéneo de enmiendas por distintas razones que paso a exponer. En primer lugar, por razones de fondo. Es verdad que la reciente reforma que hizo el Partido Popular a la Ley de Haciendas Locales ha generado serios problemas a la fiscalidad y a la economía de los municipios españoles, pero no parece que sea posible proceder ahora a una reforma de esta ley. Por ello, se ha iniciado un proceso que debe conducirnos a una modificación sustancial de la financiación local. Con este objetivo se ha creado una comisión de expertos -y parece lógico esperar a los resultados de esa comisión-, formada por conocidos y reputados especialistas en esta materia para proceder de manera conjunta, sistemática y homogénea a una reforma de la fiscalidad local. Por eso no parece pertinente admitir ahora de manera parcial las enmiendas que hacen referencia a aspectos como el IBI o la compensación a los municipios en materia de IAE.


Al mismo tiempo, existen razones técnicas y formales que también nos conducen a no poder admitir las enmiendas en este ámbito. Las razones formales se dan a aquellas enmiendas que suponen un incremento del

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gasto sin que en las mismas se especifique con cargo a qué partida, es decir, no aparece una reducción equivalente en otra partida. Las razones técnicas, en primer lugar, afectan fundamentalmente a todo el paquete IBI que ha presentado, por decirlo de alguna manera, Izquierda Unida; razones técnicas en cuanto a la posibilidad de no proceder a la bonificación en relación con determinados terrenos de las concesionarias de autopistas.
Como es bien conocido, hay sentencias del Tribunal Supremo que impiden adoptar este criterio porque entienden que la fiscalidad se otorga a toda la concesión y que, por tanto, no es posible parcelar estas cuestiones.
También hay razones técnicas porque la ley requiere que para que se pueda compensar a los municipios por estas bonificaciones lo debe prever expresamente la ley que regula el impuesto en cuestión. Por tanto, no parece que sea pertinente, por las razones de fondo y de carácter general que he señalado antes, así como por razones específicas de carácter más técnico o de carácter formal, como he aducido ahora, aceptar las enmiendas del Partido Popular y de Izquierda Unida.


En cuanto a la enmienda de Esquerra Republicana, relativa a la financiación del transporte local, yo diría que también hay una razón de fondo y una razón técnica, y es que el origen de la compensación a los municipios por la prestación del servicio público del transporte tiene su razón de ser en el carácter obligatorio que tiene la prestación de estos servicios en relación con un determinado grupo de municipios. Es cierto que posteriormente se amplió la compensación a un escalafón de municipios un poco más pequeños, pero no parece -sobre todo sin disponer de estudios suficientes- que se deba ampliar de manera indiscriminada esta financiación sobre todo, repito, cuando nos estamos moviendo en el ámbito de los servicios que no son obligatorios, sino que son de prestación discrecional por parte de los municipios, y no parece posible hacerlo al margen de una revisión en profundidad de la fiscalidad local.


Termino con dos cuestiones. En primer lugar, tenemos la enmienda de Convergència i Unió sobre la financiación y la fiscalidad de los municipios turísticos. El Grupo Parlamentario Socialista, en colaboración con otros grupos, enmendó en ponencia el proyecto de ley y lo que consta en su informe en estos momentos es que la aplicación de la legislación de haciendas locales no podrá suponer en ningún caso una minoración de la participación que tienen estos municipios en el sistema de financiación local. Hay enmiendas a los artículos 74 y 75 in fine en esta dirección.
En relación con la última enmienda que tengo que abordar, la de Izquierda Unida relativa al Fondo de Compensación Interterritorial, casi diría que hay razones de fuero para no aceptar esta propuesta, y es que el actual modelo de Fondo de Compensación Interterritorial es fruto de un acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, sin disponer de estudios pertinentes y de razones de fondo suficientemente apoyadas en evidencia empírica, más cuando he dicho que el régimen actual procede de un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no parece que sea prudente abordar ahora esta reforma por muy pequeña que aparentemente sea.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Ha habido ya, porque así se ha establecido por la Mesa y lo han aceptado los portavoces, diversas intervenciones presentando enmiendas a este bloque, enmiendas que tenían relación con los títulos discutidos anteriormente. Hay algunas otras que no tienen esa relación y que por tanto pueden defenderse ahora. En todo caso, si algún grupo no ha tratado alguna de las enmiendas que estaban ligadas a este bloque, este es el momento de hacerlo y que no quede ninguna enmienda sin ser defendida adecuadamente.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Bañez.


La señora BAÑEZ GARCÍA: En efecto, no voy a referirme a aquellas enmiendas a las disposiciones adicionales, transitorias o finales que ya han defendido mis compañeros cuando se han tratado los distintos títulos de esta ley. Sí quiero hacer referencia a algunas enmiendas, creemos que importantes, que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, voy a referirme a las enmiendas relativas a la modificación que se propone de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria por parte del Gobierno. En concreto, la enmienda número 725 es de supresión y propone la modificación de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria, porque la modificación que propone el Gobierno es contraria a la doctrina constitucional en esta materia. Además, este precepto modifica la Ley de estabilidad restringiendo la capacidad decisoria del Senado, algo que nos parece muy relevante. Según la Ley de estabilidad, el techo de gasto y el cuadro macroeconómico deben contar para su aprobación con la mayoría en el Congreso y en el Senado. En caso de no recibir la aprobación, el Gobierno debería presentar en un mes otros objetivos, como se reconoce en la ley actual. Por tanto, pensamos que se debe suprimir y por eso hemos presentado esta enmienda. En la enmienda 726 también pedimos la supresión de la disposición adicional trigésimo primera porque modifica la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y también entendemos que es contraria a la doctrina constitucional. La enmienda 728 es del mismo tenor y la presentamos porque también entendemos que es contraria a la doctrina constitucional en esta materia, ya que con la disposición adicional trigésimo cuarta que presenta en el texto el Gobierno se intenta modificar el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto-legislativo 1/2004, de 5 de marzo.


La enmienda 731 es de modificación del capítulo V de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pago y liquidación de valores, y proponemos una

Disposiciones adicionales, transitorias y anexos

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nueva redacción porque entendemos que la regulación contenida en la disposición adicional trigésimo novena que presenta el Gobierno supone una privatización del sistema nacional de compensación electrónica.


En la enmienda 737 pedimos la supresión de la disposición adicional cuadragésimo octava por entender que es contraria también a la doctrina del Tribunal Constitucional. La disposición adicional cuya supresión se propone establece aportaciones económicas obligatorias a la Administración por parte de la industria farmacéutica que realiza ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud. La supresión la proponemos por las siguientes razones. En primer lugar, porque esta nueva figura tiene naturaleza tributaria; es decir, se crea un nuevo tributo donde hasta ahora mismo existía un acuerdo entre las partes. En segundo lugar, la Constitución española no permite la creación de tributos a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según el artículo 134.7.
Además, las consecuencias de esta medida incidirán negativamente en la investigación privada en el desarrollo de nuevos medicamentos.


En la enmienda 738 presentamos una disposición adicional nueva en la que pedimos al Gobierno que, en el plazo de tres meses, determine y acuerde con el Ayuntamiento de Rota las zonas e instalaciones de la base naval sujetas al IBI y las cuotas a pagar por los años 1998 a 2002, de acuerdo con lo establecido por la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 16 de julio de 1997, confirmada en casación por la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha posterior. Así, resolveríamos definitivamente el problema de indeterminación de los bienes sujetos al impuesto, para dar cumplimiento a lo dispuesto en las citadas sentencias.


La enmienda 741 es de adición y pedimos que se subvencione el transporte aéreo y marítimo para los residentes y para el transporte de mercancías en las comunidades autónomas de Islas Baleares y Canarias y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.


Por último, las enmiendas 744, 745 y 746 se refieren al acuerdo que se ha llevado a cabo por el Parlamento de Galicia en el plan Galicia. Son enmiendas referidas a distintas materias que entendemos que son necesarias para el cumplimiento de ese acuerdo del Parlamento gallego sobre el plan Galicia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo va a defender todas aquellas enmiendas que no han sido defendidas en los títulos que antes ha referenciado el presidente de la Comisión. Por tanto, vamos a hacer un pequeño análisis de las que han quedado pendientes.


En primer lugar, la enmienda número 2010 se refiere a un tema que en el debate de totalidad fue uno de los aspectos importantes en el sentido de que nosotros no veíamos, objetivamente hablando, como una solución viable que se pudiera eliminar la recién aprobada modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria con todas aquellas cuestiones que afectaban a unas modificaciones en los procedimientos de aprobación parlamentaria sujetos a que existen diferentes posibilidades de compaginar y conformar mayorías en el Senado con respecto al Congreso. Nosotros no estábamos de acuerdo con lo que planteaba el Grupo Socialista y presentamos una enmienda que va justamente en la dirección contraria a la del Gobierno.


Las enmiendas 2027, 2032, 2033, 2034 y 2035 hacen referencia a diferentes conceptos que puedan compensar ingresos y gastos financieros en las diferentes comunidades autónomas. En todas ellas proponemos la redacción de disposiciones adicionales nuevas que van en el sentido de corregir estas posibles desigualdades. Por un parte, planteamos que se puedan realizar abonos a las comunidades autónomas de todos aquellos ingresos financieros producidos por depósitos y consignaciones judiciales. También planteamos el abono a las comunidades autónomas del importe correspondiente al 81 por ciento de la recaudación de las tasas por los ejercicios de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, así como también la posibilidad de la aplicación de la Ley de expropiación forzosa a todas aquellas modificaciones de los tendidos de líneas de servicios públicos, líneas eléctricas y gas, también en la dirección de poder dotar de más recursos financieros a todas las corporaciones correspondientes. Planteamos también la posibilidad de suprimir el tipo adicional que las entidades locales deben cubrir en relación con los funcionarios provenientes de la Munpal, y establecer que las comunidades autónomas puedan gestionar o disponer de créditos para subvenciones correspondientes a las movilidades geográficas.


En lo que se refiere a las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas, nosotros hemos incorporado más enmiendas de gran calado político, que consideramos también muy importantes, y nos gustaría saber si vamos a contar con la sensibilidad del Grupo Socialista para aprobarlas en este trámite parlamentario. La enmienda 2008 va en la dirección de poder incluir entre todas aquellas actividades prioritarias de mecenazgo para el año 2005 la recuperación de todos aquellos incentivos fiscales para la difusión y promoción de las lenguas distintas al castellano y para la investigación en las instalaciones científicas, permitiendo hacer partícipes a los centros de investigación que determinen las comunidades autónomas de los beneficios derivados de la consideración de actividades y programas prioritarios del mecenazgo.
Estas son cuestiones que están perfectamente especificadas en la Ley de Mecenazgo. Como digo, se trata de intentar recuperar todos aquellos incentivos fiscales destinados a la promoción y difusión de las lenguas cooficiales llevadas a cabo por las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia. La enmienda

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2045 es similar a la anteriormente explicitada por este portavoz. Trata de hacer viable la creación de un fondo para el fomento y la difusión de las lenguas oficiales distintas del castellano en las comunidades autónomas en las que no sean oficiales en universidades y escuelas oficiales de idiomas, dotando dicho fondo con 10 millones de euros. Dicho fondo podría ser gestionado por el Consejo de Coordinación Interuniversitaria. Si este fondo pudiera ser gestionado por dicho consejo, se podría destinar a financiar todas aquellas actividades de fomento de las lenguas oficiales distintas del castellano en las universidades y escuelas oficiales de idiomas de aquellas comunidades autónomas en las que no sean oficiales, con la creación de cátedras de filología catalana, gallega y vasca.


Dentro de este cajón de sastre de las disposiciones adicionales, hemos presentado las enmiendas 2036, 2044 y 2049. La enmienda 2036 propone mandatar al Gobierno que presente ante las Cortes Generales una iniciativa para el aumento de la productividad de la economía española, de conformidad con la iniciativa europea para el crecimiento impulsada por la Comisión Europea. Tanto el Partido Nacionalista Vasco como Convergència i Unió han presentado una iniciativa parecida para este debate de los Presupuestos Generales del Estado y, dado que no comporta incremento de gasto, podría ser aprobada. También mandatamos a los ministerios de Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio que creen un fondo para difundir el sistema de incentivos fiscales para las actividades de investigación, desarrollo e innovación a todas las empresas, ya que gozamos de un sistema de incentivos fiscales pero que es totalmente desconocido para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Presentamos también la enmienda número 2049, que propone un estudio que cuantifique el coste económico que puede comportar para el sector del transporte la aplicación de una tasa para el uso de infraestructuras en diversos países europeos.


Nuestra enmienda 2023 propone una disposición adicional nueva que persigue básicamente la implementación de medidas de compensación a los sectores afectados por el incremento del precio de los carburantes, de conformidad con una proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario y aprobada por todas las fuerzas políticas excepto el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno. Proponemos que el uso de los gasóleos profesionales sea de aplicación inmediata para todos aquellos sectores que como el pesquero, el agrícola o el del transporte no pueden absorber el incremento del precio de los carburantes motivado por la subida del precio del crudo. La enmienda 2031 va en la misma dirección. Propone una disposición adicional nueva que trata de incorporar mejoras en las primas del régimen retributivo y de funcionamiento de las instalaciones que utilizan la cogeneración para el tratamiento y reducción de residuos de los sectores agrícola, ganadero y de servicios. La enmienda 2048 también propone una disposición adicional nueva que plantea la diferenciación de los impuestos aplicables al gasóleo de automoción para usos profesionales. La enmienda 2050 mandata al Gobierno que modifique el Reglamento del impuesto sobre sociedades a fin de estimular las inversiones en vehículos menos contaminantes. En la enmienda 2051 planteamos que el plan Prever se haga extensivo a todos aquellos vehículos industriales destinados al transporte por carretera.


Las enmiendas 2052 y 2053 son de carácter social. La enmienda 2052 plantea el incremento del porcentaje que se utiliza para el cálculo de las pensiones de viudedad del 52 al 62 por ciento de la base reguladora. Esta sería una buena noticia para ese colectivo de viudas y viudos que -como he dicho al principio de mi intervención- están percibiendo pensiones miserables. Sería de justicia hacer posible la elevación de dicho porcentaje del 52 al 62 por ciento de la base reguladora. En la enmienda 2053 planteamos la creación de un fondo de transición para la mejora de la movilidad y homogeneización de los peajes para reequilibrar la actual red viaria. Esta es una enmienda ágil y muy moderna que no presupone un incremento importante del gasto que impida que sea aprobada. En la enmienda 2054 proponemos una disposición adicional nueva que afecta al peaje que pagan los conductores que cada día utilizan el acceso de Mollet del Vallès (Salida 1) de la autopista A-7/C33 Barcelona-Montmeló-Granollers, que es un peaje injusto, muy caro y que levanta las iras de muchísimos usuarios que utilizan ese acceso de dicha autopista. Consecuentemente con nuestro programa electoral proponemos la abolición de este peaje, lo que equivaldría a un descuento del cien por cien del mismo.


Hemos presentado también varias enmiendas que hacen referencia a los créditos ampliables: al anexo I, primero; al anexo II, primero; al anexo II, segundo; al anexo III, segundo, tres; al anexo II, segundo, siete; al anexo II, segundo, siete, nuevas letras b) y c); al anexo II, segundo, diez, nueva letra b); al anexo II, segundo, diez, nueva letra e); al anexo II, segundo, diez, nueva letra f); al anexo II, segundo, diez, nueva letra g) y al anexo II, tercero. En estas enmiendas planteamos la posibilidad de ampliar los créditos ampliables y las doy por defendidas.


La enmienda 2066, al anexo IV, es una enmienda de gran calado político.
Plantea la modificación de los módulos económicos de distribución de los fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados.
Proponemos unas modificaciones importantes para todos aquellos módulos que afectan a los centros concertados con el fin de que se puedan igualar a los centros públicos. Tomando como previsión el incremento del 2 por ciento del IPC, proponemos un incremento del 2 por ciento de la partida de salarios, adicionando el 40 por ciento del CD que perciben los funcionarios docentes en el 2004, incrementado también en el 2 por ciento, que también planteamos para el

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personal complementario, permitiéndose la adición del 40 del CD además del 2 por ciento y haciéndolo extensivo a las ratios profesor-aula, igualando los módulos de FP y ESO en todos aquellos aspectos antes mencionados.


Finalmente en las enmiendas números 2067 y 2068 a los anexos VIII y XII incorporamos al Gran Teatro del Liceo entre los bienes de patrimonio histórico que se benefician de la aplicación del régimen de incentivos fiscales al mecenazgo durante el año 2005. Los gobiernos anteriores han tenido siempre sensibilidad para que puedan incorporarse aquellas inversiones, con beneficios fiscales, que se puedan realizar en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Asimismo incorporamos al listado de instalaciones científicas a actividades prioritarias de mecenazgo más el IRTA, de conformidad con las enmiendas formuladas a la disposición adicional décima, que es el mismo listado de los Presupuestos Generales del Estado del año 2004. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Puig.


Ruego a las señoras y a los señores diputados que mantengan silencio o que hablen bajo para que se pueda escuchar bien al interviniente.


El señor PUIG CORDÓN: Repartiríamos nuestro tiempo en lo que respecta a las enmiendas adicionales. La diputada, señora Rosa María Bonás, defendería las enmiendas números 1792, 1793 y 1794; la número 1791, Agustín Cerdà, y el resto, las asumiría como portavoz.


La señora BONÁS PAHISA: La enmienda número 1792, a la disposición adicional cuadragésima, pretende la modificación de la Ley del Medicamento. Proponemos que los descuentos aplicables a la aportación que deberá hacer la industria farmacéutica sean cambiados a fin de proteger la industria local que invierte en mano de obra y en investigación. Tal como recoge Profarma, hay cuatro niveles. Para los niveles excelentes, muy buenos y buenos, en los que las industrias invierten en nuestro país, proponemos aumentar los descuentos de la aportación un 30,20 y 20 por ciento respectivamente. La número 1793, a la misma disposición adicional, propone que en el Plan Profarma se incluyan nuevos criterios de valoración como es la colaboración de estas empresas con centros de investigación y hospitales. En la enmienda 1794, también de adición a la disposición cuadragésima octava, proponemos que la reducción de los precios de referencia se haga de forma más paulatina, en 5 años, y en porcentajes no superiores al 10 por ciento, ya que la disposición actual de los precios de referencia pueden suponer un 30 por ciento de reducción de ingresos en algunas empresas, lo que hace que sean menos competitivas y se pongan en peligro lugares de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Mantenemos vivas enmiendas a la disposición adicional octava, referida al Ministerio de Defensa. Como dijimos en su momento, está sobredimensionado el ejército y proponemos que los efectivos no superen el número de 60.000. La enmienda 1789 solicita la adición de una disposición adicional nueva que hace referencia a las propiedades del Ministerio de Defensa. En concreto, reclama la transferencia a los municipios de las viviendas, casas cuarteles o terrenos de la Guardia Civil o del ejército que queden abandonados o en desuso. Hacemos referencia a muchos municipios que en su momento cedieron terrenos a dichos organismos y que ahora, una vez habiendo quedado en desuso, es lógico que vuelvan a los respectivos municipios. Creemos que ayudaría a muchos municipios del Estado que se encuentren en situaciones parecidas a recuperar terrenos que en su día fueron cedidos a los diferentes organismos para que hicieran sus respectivas funciones.
Tenemos otra enmienda de modificación que hace referencia al Instituto Cervantes, en la que añadimos la promoción y la difusión de la lengua y la cultura catalana, además de la lengua española pues el mismo derecho tiene la lengua española respecto a su promoción que la lengua catalana.
En otra enmienda de adición hablamos de las bonificaciones para la promoción de las actuaciones llevadas a cabo por el Institut Ramon Llull y demás instituciones con fines análogos en las diferentes comunidades autónomas con lengua oficial propia. Otra enmienda de adición hace referencia a la transferencia a las comunidades autónomas con competencia en materia de asistencia social, juventud y promoción de la mujer del total recaudado en cada comunidad a fin de que sean estas comunidades las que designen las actividades de interés social a subvencionar. Otra enmienda que mantenemos viva se refiere al traspaso de la financiación de la formación continua a las respectivas comunidades autónomas. También mantenemos vivas la número 1788, que hace referencia a la creación de una línea de apoyo financiero para la mejora de las instalaciones hoteleras para hoteles, y la enmienda 1790 que propone una nueva disposición adicional, que están pendientes de una enmienda transaccional. Sigue asimismo viva la enmienda número 1791.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo va a repartir el tiempo de defensa de estas enmiendas entre la diputada, señora Uría, y yo mismo. El Grupo Vasco (EAJ-PNV) cree que estas enmiendas a las disposiciones adicionales son importantes y le pediría al Partido Socialista que preste atención hacia las mismas.


Nosotros hemos presentado ocho enmiendas a estas disposiciones: dos a la disposición adicional novena:

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una de modificación, más posibilista, y una de supresión, más drástica. La enmienda de modificación, a la disposición adicional novena del proyecto de ley de Presupuestos Generales, trata de la gestión directa por el INEM de créditos destinados al fomento del empleo. Para ser respetuosos con el estatuto de autonomía y con el concierto económico habría que incluir un inciso al final del texto, como sigue: En virtud de la aplicación de la regulación del régimen de Concierto Económico vasco, así como de la especificidad del Estatuto de Autonomía para el País Vasco en relación con las competencias asumidas en materia de ejecución de la legislación laboral, deberán excepcionarse para el ejercicio de sus competencias por la Comunidad Autónoma del País Vasco el conjunto de previsiones sobre presupuestación de fondos de empleo de ámbito nacional que se realizan en el artículo 14 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Insisto en que es una cuestión importante. El Estatuto de Autonomía del País Vasco es singular en cuanto a la asunción plena de competencias en materia de ejecución de la legislación laboral en tanto que no se contempla ninguna reserva al Estado en materia de fondos de ámbito nacional y de empleo. Asimismo el régimen singular de financiación, que es el concierto económico, conlleva la imposibilidad de que el Estado realice respecto a la comunidad autónoma ninguna gestión de reparto de fondos sectoriales, sino que debe acordarse la correspondiente asunción de la carga financiera conforme al índice de imputación objetivo para su gestión autónoma. Resulta apropiado que la ley presupuestaria despeje definitivamente el respeto por las regulaciones legales vigentes, de manera que la mecánica presupuestaria y financiera que afecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco goce de la transparencia y aceptación general que merece. Encontrarán los agentes políticos y sociales explicación real y no engañosa sobre las razones por las que la Comunidad Autónoma del País Vasco ya es la única que no ha podido materializar la transferencia de las funciones y servicios necesarios para ejercer la competencia que asumió en la materia fundamental de ejecución de la legislación laboral en los ámbitos del trabajo, el empleo y la formación.
Insisto de nuevo en que es una enmienda importante.


La siguiente enmienda, también a la disposición adicional novena, es de supresión porque, al ser una mera trasposición de los artículos 13 y 14 de la Ley 56/2003 de Empleo, debe ser suprimida dado que no aporta nada al ordenamiento jurídico vigente. La enmienda número 1214, sobre la financiación de la formación continua, pretende asegurar en condiciones adecuadas la financiación del acuerdo vasco sobre formación profesional continua suscrito en aplicación de los artículos 83 y 84 del Estatuto de Trabajadores en septiembre de 1995. A tal efecto planteamos suprimir los incisos referentes a la atribución a la conferencia sectorial de una función financiera, así como la referencia a la imposición de condiciones en la resolución de transferencia de fondos.


La enmienda 1215 a la disposición adicional trigésima es importante.
Proponemos su supresión y no sólo por lo que decía en mi primera intervención de esta mañana en el sentido de que el Tribunal Constitucional juzga imposible o prohibido este contenido en la Ley de presupuestos sino también porque la modificación que plantea el Gobierno pone en riesgo la futura ley de estabilidad presupuestaria. Hay un compromiso del Gobierno con la mayoría de los grupos de esta Cámara de llevar adelante una modificación en el doble sentido de adecuar el proyecto de ley de estabilidad al ciclo económico y de que respete las competencias autonómicas y no se entremeta en ámbitos competenciales de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Es un acuerdo al que llegamos la mayoría de los grupos de la Cámara y nos sentidos relativamente esperanzados, pero ahora vemos que a través de esta disposición el Gobierno plantea dos cosas. Primero -algo que es razonable- que en lugar de llevar el acuerdo de estabilidad a la Cámara en el primer cuatrimestre, se haga el primer semestre porque, efectivamente, la información económica del primer cuatrimestre escasa y pocas previsiones acerca del cierre del ejercicio se pueden hacer en el mes de abril. Con eso podemos estar de acuerdo pero queremos que se haga constar en el proyecto de ley. La otra cuestión es la de evitar el riesgo, tal y como está ahora, de lo que supondría un veto a este acuerdo en el Senado. De eso podríamos hablar mucho porque el Grupo Parlamentario Vasco llegó a una acuerdo con el Grupo Socialista para abstenernos en esta materia en el Congreso y votar a favor en el Senado. Esa es nuestra parte del compromiso, queda otra parte que esperamos que el Gobierno socialista vaya cumpliendo. Esta disposición es realmente peligrosa y corremos el riesgo de que, salvado el obstáculo que más le puede preocupar en este momento al Gobierno socialista, no haya un nuevo proyecto de ley. Nosotros queremos una nueva ley más razonable, una nueva ley que, como decía antes, tenga sentido desde el punto de vista económico y respete las competencias de las comunidades autónomas.


Voy a referirme a otra enmienda relativa al programa de fomento de empleo para el año 2005. Nuestro grupo propone la supresión de esta disposición adicional cuadragesimoséptima porque estima que es de dudosa constitucionalidad, dado que el contenido no guarda una relación directa con el núcleo esencial ni de los presupuestos ni de la política económica del Gobierno. A nuestro juicio, se trata de una ordenación en el área laboral que debe tener su encaje en una norma sectorial.


El señor PRESIDENTE: Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Defenderé tres enmiendas de mi formación política relativas a sanidad; materia de la que soy portavoz del grupo, por lo que se

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ha valorado la conveniencia de que sea yo misma quien haga objeto de defensa en este trámite. Las tres tienen un contenido que hace referencia a lo que antes mi compañero ha denominado el contenido imposible de las leyes de presupuestos, referida a la desaparición de las leyes de acompañamiento que desde el Gobierno se ha propuesto; desaparición que, por otra parte, resulta curiosa puesto que el actual vicepresidente segundo fue el inventor de las mismas cuando la jurisprudencia constitucional abogaba por que ciertas materias no pudiesen tratarse dentro de las leyes de presupuestos. Que se haya abandonado el criterio de hacer leyes de acompañamiento nos parece correcto y sensato puesto que habían llegado a ser un instrumento normativo absolutamente irregular, pero que se haya vuelto a incumplir lo que el Tribunal Constitucional ya tiene prohibido introduciendo materias que son de contenido imposible dentro de las leyes de presupuestos, nos parece criticable. No obstante, como es la táctica que el Gobierno ha empleado para presentar sus presupuestos, mi formación política ha seguido también la misma y, por lo tanto, la primera enmienda de la que voy a hacer defensa obedece a algo que debería haber ido en una ley distinta de la de los presupuestos. Es la enmienda 1216 y a usted le va a sonar, señor presidente, porque cuando era usted ministro le hice preguntas sobre esta materia en repetidas ocasiones y es la que hace referencia a la transferencia de los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social afectos a los servicios públicos sanitarios y sociales. Incluso en el "Diario de Sesiones" consta una respuesta que usted me dio diciendo que la argumentación jurídica que hacía mi formación política era impecable, pero que no entraba dentro de la voluntad política del Gobierno proceder a esta transferencia. Las razones por las que pedimos esto es porque en los decretos de transferencias de distintas comunidades autónomas se establece que tendrán la plena titularidad de estos inmuebles en el momento en que la financiación de la sanidad sea presupuestaria, es decir, cuando ya no haya cofinanciación con las cuotas de la Seguridad Social. Esto ya se ha producido, parece que las circunstancias son las que preveían las normas de transferencias y lo acordado con cada una de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ya no es aconsejable mantener bajo el mismo patrimonio de la Seguridad Social estos inmuebles. Con la asunción de la titularidad plena se podría regularizar la disfunción que supone que los inmuebles estuviesen desvinculados del sistema de gestión del servicio al que están afectos, permitiría mejoras importantes en la gestión de estos activos, evitándose la descapitalización y desamortización de los sistemas públicos asistenciales que está llegando a ser problemática para las siete comunidades autónomas que están en esta circunstancia. Debo manifestar que hemos encontrado en el Gobierno socialista una mejor actitud que en los tiempos pasados -si se me permite decirlo- puesto que por parte del Ministerio de Sanidad hay voluntad de que este problema pueda resolverse e incluso ha habido ya alguna conversación con el señor secretario de Seguridad Social. Estamos a la espera y nos gustaría que durante la tramitación parlamentaria de estos presupuestos tuviéramos alguna oferta de fechas concretas para empezar a estudiar esta cuestión que es compleja pero que es de justicia que se resuelva cuanto antes.


Tengo dos enmiendas más, señor presidente, señorías, que hacen referencia a las previsiones que en materia de Farmaindustria se contienen en la disposición cuadragesimoctava modificando la Ley 25/1990, del Medicamento. En cuanto a la primera de ellas, a pesar de que lo que nos manifiesta el ministerio en cuanto a que no hay creación de un tributo, nos parece que no es así, que la naturaleza tributaria de la exacción que se establece resulta clara y poco objetable y entendemos que sería contenido imposible de la ley de presupuestos. Además, de establecerse un tributo, tal y como se contempla en el apartado dos de la disposición adicional segunda del concierto económico, debería ser concertado con las tres haciendas vascas y convenido con la Comunidad Foral de Navarra.
Respecto de las comunidades autónomas de régimen común los criterios de corresponsabilidad fiscal aconsejarían la atribución a éstas de la exacción del tributo cedido y la adecuación del texto en el sentido de lo que prevé a este respecto la Lofca. Damos una alternativa al Gobierno para el caso de que finalmente se dilucidase por quien corresponda la naturaleza no tributaria -nosotros creemos que sí hay naturaleza tributaria en lo que se establece-, presentamos como enmienda alternativa, la número 1219, en la que pretendemos que corresponda a los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y a la Ingesa, las unidades de Ceuta y Melilla, el pago de los medicamentos que cada uno de ellos dispensa a través de la receta oficial del Sistema Nacional de Salud y que, en consecuencia, cualquier ingreso relacionado con lo que cada comunidad autónoma gasta vaya a engrosar las arcas propias de cada una de las comunidades autónomas y no las de un tercero como es el Ministerio de Sanidad. Lo que pretendemos es que la decisión respecto del destino final de esas cantidades no venga establecida desde instancias centrales sino que competa exclusivamente a los titulares de dichos ingresos que lo son -insistimos-, salvo en Ceuta y Melilla, las propias comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Voy a compartir el tiempo con Carme García, compañera de mi grupo parlamentario.


En primer lugar, quisiera destacar no ya las enmiendas que hemos comentado antes sobre la financiación de la Iglesia católica, el modelo de sistema fiscal, la deuda de Radiotelevisión Española y todo lo que hemos

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defendido antes, sino enmiendas que no han sido mencionadas. La primera de ellas, la número 1294, de adición a la disposición adicional trigesimotercera, que se refiere a que las entregas a cuenta de la participación en ingresos del Estado a las entidades locales se incrementan el 95 por ciento, habiendo sido en los últimos años tan sólo del 90 por ciento. Se trata, en definitiva de que las participaciones en ingresos del Estado de las corporaciones locales estén de acuerdo con lo que debe ser y no con lo que acaba siendo.


La segunda de las enmiendas, la número 1302, pretende que los contratos de asistencia técnica y de servicios realizados por distintos departamentos ministeriales y organismos públicos sean presentados por el Ministerio de Hacienda al Congreso de los Diputados con frecuencia trimestral. Por tanto, segunda enmienda de transparencia. La tercera enmienda, la número 1303, es de mejora de la calidad en recursos humanos de la Administración General del Estado. Se trata de un plan estratégico de recursos humanos para que las necesidades de personal de cada departamento se evalúen de forma correcta.


Con la enmienda 1305 se pretende una nueva disposición adicional para que los funcionarios de la Administración del Estado, tanto en Ceuta y Melilla como en Illes Balears y Canarias, tuviesen unas ayudas, unas indemnizaciones para residencia del personal activo del sector público estatal. La número 1307 es una enmienda muy detallada sobre la necesidad de incremento en la cooperación económica local, incremento que en los últimos años no se ha dado; es más, se ha venido reduciendo desde el 2,7 por ciento en 1996 hasta llegar a una reducción del 7,3 en 2004 y, si se aprueban estos presupuestos, del 7,8 en 2005. Por tanto, presentamos una enmienda bien estructurada y definida para un aumento de la cooperación económica local.


Además de estas enmiendas, la número 1308 es una enmienda para la compensación a las localidades muy afectadas por la presencia de bases militares norteamericanas en suelo español, así como la número 1310, que iría en la misma línea que la anterior, compensación por las pérdidas reales, por el IAE de los diferentes ayuntamientos, especialmente en aquellos que han tenido mayor perjuicio. La enmienda 1311 propone una nueva disposición adicional para que el Gobierno impulse, de acuerdo con una proposición no de ley que se aprobó el 25 de noviembre de 1997, la cogeneración hospitalaria en un plan de inversiones, de forma que todos aquellos hospitales de más de 100 camas dispongan de esta cogeneración hospitalaria, que sería positiva para el desarrollo y el trabajo de los mismos. Por último, la enmienda 1312 es relativa a un convenio con el Gobierno vasco para la cesión de suelo.


Estas son las enmiendas que no habíamos citados antes. Con esto he terminado mi turno.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Defenderé la enmienda 1314, de modificación, que hace referencia a los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados. Nuestro grupo quiere mencionar una realidad conocida por todos los presentes: que los centros concertados tienen matriculados en estos momentos a 2.391.000 niños y niñas, frente a los seis millones aproximadamente matriculados en los centros públicos, cifras importantes tanto en un caso como en el otro. Por otro lado, en la enseñanza pública ejercen unos 800.000 profesores y en la enseñanza concertada, 153.290. Estas cifras, los datos que menciono, se recogen en el último documento entregado por el Ministerio de Educación, Documentos para el diálogo, con la intención de que haya un debate para la reforma de la LOCE. Queremos resaltar que nuestras enmiendas afectan a todo el personal que desarrolla sus funciones en la enseñanza concertada; no solamente a los profesores o profesoras, sino también al personal administrativo y de servicios complementarios.


Argumentamos la necesidad de esta enmienda y de la modificación de los módulos que concretan cuáles son los importes que deben abonarse a este personal de la manera siguiente. El artículo 76.4 de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación establece concretamente -palabras textuales- que las cantidades correspondientes a los salarios del personal docente harán posible que gradualmente la remuneración de aquel sea análoga a la del profesor estatal de los respectivos niveles. Debemos recordar que las leyes de Presupuestos Generales del Estado establecieron para los años 2003 y 2004 un incremento del 20 y del 40 por ciento respectivamente del complemento de destino en las pagas extraordinarias de los funcionarios públicos. Dicho esto, es obvio que si queremos que se cumpla este artículo -el artículo 76.4 de la LOCE- debemos incrementar las retribuciones brutas de los docentes de la concertada. De no hacerlo, el distanciamiento económico entre estos dos grupos de docentes va a ser cada vez más importante y discriminatorio. De hecho, en estos momentos ya es realmente discriminatorio, dicho tanto por los sindicatos como por los sectores implicados. Se hace imprescindible iniciar un proceso para homologar las retribuciones de los docentes de la concertada, así como del personal de administración y servicios complementarios con los de la enseñanza pública.


Nuestra enmienda propone una modificación sensata y posibilista de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, que concretamos de la siguiente manera. La partida de salarios de personal docente, incluidas cargas sociales, se ha incrementado un 3 por ciento, para incorporar el efecto de la modificación de las pagas extras antes mencionado. Entendemos que esa desviación que se puede producir en relación con los centros concertados se ha de corregir. La partida

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de otros gastos se ha incrementado un 5 por ciento para posibilitar la recuperación de poder adquisitivo del colectivo de administración y servicios complementarios, que llevan más de ocho años consecutivos perdiendo poder adquisitivo. La partida de gastos variables se ha incrementado el 2 por ciento que figura en el proyecto de presupuestos y se adiciona el 0,5 por ciento de la masa salarial, salarios y cargas sociales, de 2004 en cada nivel educativo. Esta cantidad sería la que faltaría para que se produjese un incremento similar al de los funcionarios. Por último, los conceptos de ciclo en la ESO han desaparecido, mientras que en los módulos se continúan manteniendo. Se han de modificar la diferenciación salarial entre primero y segundo de ESO, así como los salarios de infantil y primaria en la enseñanza concertada en relación con tercero y cuarto. En un personal con idéntica titulación es inexplicable que haya esta diferencia salarial, que es contraria al principio de analogía del artículo 76 de la LOCE antes mencionado.


Por todo esto, hemos presentado estas dos enmiendas, las números 1314 y la 1315, que son idénticas, con la salvedad de que en esta última proponemos la modificación de los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de los centros concertados ubicados en las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla, pero en relación a la motivación, los incrementos y los cambios de los módulos realmente es lo mismo. Por este motivo, mantenemos estas enmiendas mencionadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, va a empezar el señor Torres, aunque supongo que luego hablarán otros portavoces. Le ruego que lo señalen para que puedan recogerse en el "Diario de Sesiones" las intervenciones de cada uno.


Tiene la palabra el señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: En atención a esta circunstancia, fijaré nuestra posición sólo respecto a unas pocas cuestiones, de las muchas que en este momento están sobre la mesa por las múltiples enmiendas que se han presentado a las disposiciones adicionales y transitorias. Voy a contestar a cada grupo, con muchísima brevedad.


Empezaré con una consideración general sobre la estabilidad presupuestaria y la idea tan diferente que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista tienen de la misma; se recurre incluso a palabras gruesas, como inconstitucional. Por mi parte, nada más quiero señalar el compromiso firme de este Gobierno y de mi grupo parlamentario por que las administraciones públicas no tengan déficit durante el ciclo y se pueda atender sin problemas a las necesidades que tiene el Estado; todo ello respetando las competencias de las comunidades autónomas y flexibilizando, por tanto, su situación presupuestaria. Digo esto porque muchas de las enmiendas que se han presentado como disposiciones adicionales no respetan este equilibrio. Por ejemplo, el Grupo Popular propone una disminución de la recaudación por el impuesto de sociedades de alrededor de 3.000 millones de euros -500.000 millones de pesetas-, por una modificación de los tipos impositivos. Comprendo que estando en la oposición, no tienen que tener el mismo rigor que el Gobierno, pero hay muchísimas disposiciones en las que no se calcula la merma de ingresos que suponen, y quiero dar un toque de atención.


Se han tachado de inconstitucionales algunas de las disposiciones adicionales; concretamente, la trigésimo novena, por ser contraria -se dice literalmente- a la doctrina constitucional sobre la materia. Esta disposición hace referencia a la liquidación del sistema de pagos en el sistema financiero español; pues bien, hay aquí una incoherencia absoluta: esta enmienda, que tacha de inconstitucional la disposición adicional, entra en contradicción con la 731 del mismo grupo parlamentario, en la que se solicita su modificación para mejorarla; sin embargo, en la 730 se la tacha de inconstitucional. Se ve claramente que se trata de una oposición sin visión global, que dice en cada punto una cosa distinta sobre la misma materia.


También quiero hacer un comentario breve a una propuesta de Convergència i Unió sobre un plan Renove de vehículos industriales. Estas decisiones de planes Renove se tomaron ya en otros momentos; en 1994, 1996 y 1997, cerca de 20.000 adquirientes tuvieron que devolver las ayudas por una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condenaba al Reino de España. Este tipo de ayudas directas hay que dirigirlas por otros cauces, como los medioambientales, que sean aceptables para la Comisión. Desde luego, este tipo de disposiciones, que son aparentemente muy atractivas, chocan contra las posibilidades que tiene el Gobierno.


En cuanto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a la disposición adicional decimosexta, sobre la revalorización anual del indicador público de renta de efectos múltiples, les recuerdo que en el decreto de creación se dice que el Gobierno y los agentes sociales habrán de concretar, en el marco del diálogo social, cuestiones tales como la evolución del salario mínimo interprofesional y la de este indicador. En la declaración para el diálogo social, de 2004, firmada por el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales, se vuelve a hablar de abordar por este sistema la revisión del Iprem; por tanto, se ha establecido un cauce de diálogo y de negociación, que está abierto y que dará frutos, sin duda alguna. No creemos, pues, conveniente, hacer la revisión por medio de esta disposición.


Por último, quiero indicarle al señor presidente que el Grupo Parlamentario Socialista tiene la intención de solicitar una transaccional a Esquerra Republicana de Catalunya por sus enmiendas 1788 y 1790, relativas a la iniciativa de modernización de destinos turísticos

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maduros del litoral español, y a Coalición Canaria por la 1916. Entendemos que podrían agruparse en un texto que mejorara sustancialmente el contenido de la disposición. Haremos llegar a la Mesa la transaccional en cuanto tengamos la conformidad de los grupos mencionados.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra ahora el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: La sección 19 tiene en este momento cinco enmiendas, y una de sus partes no tiene enmienda posible. Me referiré, pues, a las otras cuatro que tienen diversas enmiendas, presentadas por los grupos nacionalistas y por el Partido Popular.


La primera de ellas hace referencia a la adicional novena y trata sobre la posibilidad de que el Servicio Público de Empleo estatal gestione fondos directos para la realización de planes concretos de actuación de fomento de empleo. Hay tres enmiendas, dos de ellas del Grupo Vasco y una de Coalición Canaria, que plantea la inadecuación de la existencia de unos fondos que, desde nuestro punto de vista tienen sentido, puesto que las políticas activas de empleo y la existencia de fondos de carácter estatal permiten realizar programas de ámbito suprarregional, y, al mismo tiempo, de fomento de empleo y políticas activas en los terrenos formativos que no tienen por qué estar circunscritos exclusivamente a un territorio.
Sobre todo, por medio de estos programas, se pueden realizar planes de intermediación y políticas activas de empleo para inmigrantes en sus lugares de origen, que es competencia estrictamente estatal en este momento. De ahí que no consideremos adecuada ninguna modificación en este ámbito.


A la disposición adicional decimocuarta, de aportación a un plan financiero del Servicio Público de Empleo estatal para un plan integral de empleo en Canarias, no hay ninguna enmienda. Sí la hay, sin embargo, en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta que ambos planes tienen características semejantes, a un plan integral de empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la disposición adicional decimoquinta. Hay dos enmiendas del Grupo Popular que desnaturalizan el contenido del plan especial de fomento de empleo en Extremadura y lo quieren generalizar a todas las comunidades autónomas que tengan niveles altos de desempleo.
Los 25 millones sirven precisamente, desde nuestro punto de vista, para que en una comunidad que mantiene altos niveles de desempleo se puedan realizar actuaciones concretas, muy ceñidas al territorio y que tendrán beneficios en el futuro. Es un plan perfectamente controlado, definido y hasta cierto punto coordinado con el plan de fomento de empleo del Reino de España.


A la disposición adicional vigésimo sexta, financiación de la formación continua, hay una serie de enmiendas, presentadas casi todas por el Grupo Vasco, Eusko Alkartasuna y Convergència i Unió, que tienen como objetivo fundamental cambiar el sentido de la disposición adicional en lo que a la formación continua se refiere. La disposición intenta recoger la evolución de los planes formativos de formación ocupacional de cara al próximo ejercicio presupuestario, entendiendo que se trata de un ejercicio de transición, hasta que la mesa del diálogo social defina la aplicación de las dos sentencias del Tribunal Constitucional. Hacer cualquier modificación en este ámbito sería, indudablemente, adelantarnos a futuros acontecimientos, a los que, desde nuestro punto de vista, es mucho mejor que se llegue con el acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales, en vez de hacerlo por una disposición de carácter unilateral. No obstante, consideramos que hay materia suficiente para que aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las políticas activas de empleo -en este caso, el País Vasco- puedan seguir recibiendo la parte proporcional de formación continua, aplicándola al marco general que tiene que diseñar la conferencia de políticas laborales y a las peculiaridades que tiene la formación ocupacional en el País Vasco.


Por último, la disposición adicional cuadragésimo séptima recoge los planes de fomento de empleo del año 2005 de nuestro Gobierno. Es una disposición muy enmendada, hay del orden de 35 enmiendas, pero que desde nuestro punto de vista hay que seguir manteniendo ya que ha habido dos adiciones, una como tal adicional y otra como modificación, referentes a temas que mejoran sustancialmente el contenido de la citada disposición.
Consideramos que el plan de fomento de empleo del año 2005 y los que han existido hasta ahora se vienen realizando en los últimos 11 años por una disposición de la Unión Europea en ese sentido; por tanto, son planes con pervivencia y con necesidad de irse ajustando a las directrices de la Unión Europea. En este caso el plan de fomento de empleo tiene como objetivo fundamental primar la contratación indefinida de los trabajadores por cuenta ajena; de ahí las dificultades en cuanto a aceptar las enmiendas que tienen como objetivo que se beneficien los trabajadores que no son por cuenta ajena, ya que incluso habría impedimentos de financiación de la Unión Europea en caso de que se mantuviesen, y al mismo tiempo la disposición adicional recoge dos elementos que para nosotros son importantes. Posibilita que los autónomos puedan contratar a un empleado de primer grado en las condiciones de la propia disposición adicional, una reivindicación sentida durante muchos años por parte este colectivo, y al mismo tiempo que puedan recibir beneficios en la propia contratación dos tipos de actividades que desde nuestro punto de vista son muy importantes, aquellas que tienen vinculación con los becarios dedicados a temas de investigación, que podrán recibir las bonificaciones como cualquier otro trabajador por cuenta ajena, y al mismo tiempo aquellas personas que estén realizando actividades de apoyo a la dependencia

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en familias que tienen algún trabajador con disminución o con alguna minusvalía. Son dos enmiendas que cambian radicalmente el sentido de algunas de las aportaciones que se querían hacer por alguna de las 35 enmiendas anteriormente señaladas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a contestar las enmiendas relativas a cotizaciones y a Seguridad Social.


El Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas las enmiendas 733, 734 y 735 a las disposiciones adicionales cuadragésimo cuarta, cuadragésimo quinta y cuadragésimo sexta, con el argumento de que se eliminen por anticonstitucionales y contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que es plenamente aceptable esta disposición adicional porque hace referencia a gastos e ingresos de la Seguridad Social, por tanto a presupuesto, y además también hay doctrina del Tribunal Constitucional, la 76/1992, que dice que en los presupuestos puede quedar incluido todo aquello que tenga que ver con los ingresos, y creemos que es así. En la disposición cuadragésimo cuarta había un apartado que el Grupo Parlamentario Socialista ha enmendado y que ya está incorporado dentro del texto de la ley; por tanto, no podemos aceptar estas enmiendas.


Convergència i Unió ha presentado enmiendas dirigidas a la creación de varias disposiciones adicionales nuevas. La 2038, que presentaba el señor Sánchez i Llibre para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, no la podemos aceptar porque ya está incluida una enmienda del Grupo Socialista en los mismos términos, como no puede ser de otra manera. La 2041 plantea una bonificación de las cuotas de baja de siniestralidad laboral; creemos que es un tema de concertación social que las mesas están negociando. La 2042 habla de la condonación de la deuda de las instituciones sanitarias de titularidad pública, y como él mismo ha dicho, lo que prevén los presupuestos es una nueva moratoria en el aplazamiento que se viene haciendo como en años anteriores. La 2047 plantea las cotizaciones del régimen agrario y manifiesta que es un agravio comparativo que el trabajador tenga que cotizar en el régimen de autónomos. He de decirle que solo son los nuevos trabajadores que entren ahora al sistema y que no perjudica a los mayores de 50 años en ningún momento, como se plantea, y además esta ley, que es del año 2003, es acorde con los objetivos del Pacto de Toledo. La enmienda 2052 pretende elevar el porcentaje para determinar la cuantía de la pensión de viudedad del 52 al 62 por ciento. No podemos aceptarla por una sencilla razón que debe de ser comprensible. Nosotros estamos por mejorar las pensiones de viudedad más bajas del sistema, que son las que afectan fundamentalmente a las mujeres mayores de 65 años; si hiciéramos lo que pide Convergència i Unió, lo que estaríamos haciendo es aumentar las pensiones más altas del sistema y a las más bajas, que cobran complemento de mínimos, les absorberíamos esos mínimos y quedarían exactamente igual. Nosotros estamos por aumentar la pensión mínima de viudedad en los años posteriores, como hemos hecho este año. La enmienda 2034 habla de la equiparación de los funcionarios de Administración Local al régimen general y del coste para los ayuntamientos. Eso ya está arreglado desde hace años y no encontraríamos la fórmula para poder justificarlo ahora.
En cuanto a la enmienda 2006, sobre el aumento de prestaciones por hijo a cargo, el Grupo Socialista ya ha planteado otras enmiendas.


El Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha presentado dos enmiendas, una del SOVI, en la que no entraré ya que lo hemos tratado antes, y una nueva adicional relacionada con el síndrome tóxico, en la que plantean que se mantengan las pensiones que han venido cobrando antes de las indemnizaciones que el Tribunal Supremo ha establecido para ellos. Esto no es posible porque los mismos afectados pidieron aclaración de sentencia y la sentencia establece que deberían de ser absorbidas con las indemnizaciones que ya están casi pagadas en su totalidad. Lo que sí hemos de plantear es que hay un aumento de la partida para el pago de aquellas pensiones de afectados por el síndrome tóxico que cobran una pensión no contributiva, cuyo aumento de dotación pasaría de los 18 millones que había en la actualidad a 24 millones de euros.


Coalición Canaria plantea una disposición adicional nueva que pretende que los mutilados de guerra y asimilados a la Ley 17/1989, que cobran por contingencia de invalidez el cien por cien de la prestación, pasen a cobrar el 150 por ciento, para equipararlos con el régimen general de gran invalidez. Esto no se puede aceptar porque estaríamos dejando de lado a otros colectivos como son los de Muface o Munpal, que realmente tienen complementos, pero que no tienen el 150 por ciento. Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda.


Finalmente, quedan dos enmiendas. La del Bloque Nacionalista Galego, la 1103, fundamentalmente plantea que todos los trabajadores incluidos en los regímenes especiales del sistema de Seguridad Social tengan una serie de mejoras en las prestaciones, en los mismos términos que los del régimen general. Esto, tal como lo plantean, es inviable, no lo quieren ni los representantes de los trabajadores autónomos; lo que sí se pretende, tal como dice el Pacto de Toledo, es ir poco a poco a una convergencia de todos los regímenes. En esa dirección va este Gobierno y este grupo parlamentario, pero no en la dirección de las condiciones que plantea esta enmienda.


La enmienda 1216, del Grupo Vasco, que propone una disposición adicional nueva, como decía su portavoz, plantea la transferencia de los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que están afectos a los

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servicios públicos sanitarios. Es un tema pendiente en la Seguridad Social, que requiere de mucho diálogo y de mucho consenso y los agentes sociales también tienen algo que decir sobre ello. Lo que procede es rechazar la enmienda y seguir en ese diálogo y esperar que dé su fruto y que para años futuros podamos dar una solución a este problema que tenemos pendiente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Malaret.


La señora MALARET GARCÍA: En el apartado de nuevas disposiciones adicionales, existen enmiendas con diferente carácter. Me gustaría hacer solamente referencia específica -las otras forman parte de paquetes a los que ya hemos aludido anteriormente- a dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular: la enmienda en la que se pretende añadir una obligación para que los distintos organismos públicos y los distintos órganos de la Administración periférica del Estado elaboren cartas de servicios públicos y la enmienda siguiente, relativa a la elaboración de convenios entre administraciones públicas para facilitar la movilidad de los funcionarios. En coherencia con la no presentación de una ley de acompañamiento de los presupuestos, no parece que sea ahora el momento de entrar a establecer este tipo de regulaciones, más cuando desde el año 1999 existe una regulación sobre cartas de servicios y parece que ha habido tiempo suficiente para aplicarla. En relación con la movilidad de los funcionarios públicos, ocurre exactamente lo mismo. En todo caso, como es bien sabido, es uno de los ejes centrales del futuro estatuto del empleado público.


En relación con el problema recurrente de las compensaciones al IAE, me gustaría señalar dos cuestiones de carácter general sobre enmiendas básicamente de Izquierda Unida. En primer lugar, puesto que el legislador anterior no cayó en la necesidad de elaborar o no quiso elaborar un modelo de transición para hacer efectivo el tema de los pagos a cuenta, así se ha diseñado en el proyecto de ley de presupuestos. Esta es una medida más prudente y que atiende más a la realidad del actual sistema de financiación local, que, como ya hemos dicho anteriormente, está sujeto a revisión con carácter general, y ello hace realmente difícil que se pueda admitir la enmienda de Izquierda Unida que pretende aumentar la compensación sin establecer, por el contrario, criterios y mecanismos precisos que permitan cuantificar este aumento de compensación por la supresión del IAE a los municipios. Por ello, no vamos a aceptar esta enmienda.


De las enmiendas de Convergència i Unió, algunas han perdido parte de su potencialidad con lo que he señalado antes en relación con las enmiendas introducidas en materia de financiación de municipios turísticos y con la creación de un fondo para la financiación de las distintas lenguas cooficiales en España. Es una cuestión que es objeto de atención en distintas partidas del presupuesto y, por tanto, va a ser contemplada de manera específica y sectorial en sesiones posteriores.


El señor PRESIDENTE: También por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Brevemente, quería hacer referencia a cinco enmiendas presentadas, tanto las que se refieren a la disposición adicional octava como las que, en forma de nuevas disposiciones adicionales, afectan a la sección del Ministerio de Defensa. La primera es del Grupo Popular, la enmienda 738, la única que presenta como disposición adicional nueva. Me llama la atención la forma en que se plantea porque lo que propone el Grupo Popular en esa enmienda es interferir en la aplicación de una sentencia, aún no resuelta. Quiero recordar que es una sentencia de 1977, de la Audiencia Nacional, que ha sido confirmada en casación por sentencia de julio de 2002. El Grupo Popular, posiblemente porque mantiene esa costumbre, quiere resolver, vía ley de presupuestos, una cuestión que tiene que ver con un pago del IBI a un ayuntamiento, al Ayuntamiento de Rota, que la propia sentencia no establece, con lo que creo que no ha elegido dicho grupo la vía correcta para esta cuestión. En relación con esa enmienda, repito que la sentencia no establece la obligación del pago del IBI y si en el futuro fuera necesario que legalmente se establezca algún tipo de pago, deberá resolverse no por esta vía, desde luego, sino por otra.


Hay dos enmiendas de Esquerra Republicana que se refieren a la adicional octava. La primera enmienda, la 1783, hace una propuesta que creo que no está suficientemente meditada: sencillamente, que el número de efectivos del ejército profesional de tropa y marinería descienda de 80.000 a 60.000. Simplemente recordaré que, a fecha de 1 de octubre, el ejército profesional de tropa y marinería cuenta con unos 71.000 efectivos y sería dejar sin carácter operativo muchas unidades, de nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, es absolutamente inviable aceptar una propuesta de esa naturaleza. En la enmienda número 1789 propone una fórmula absolutamente novedosa en cuanto a cesión de solares por parte del Ministerio de Defensa por una vía que no establece la ley y que, desde luego, quiere evitar la de los convenios. Creo que el objetivo que pretende la enmienda es correcto, pero que el instrumento que propone está absolutamente fuera de lugar, de las posibilidades de administración de esa cuestión.


Hay dos enmiendas de Izquierda Unida de propuesta de disposición adicional nueva. La primera se refiere a la aplicación de unos fondos por parte de Estados Unidos de América para un conjunto de ayuntamientos en relación con unas bases que, por cierto, tengo que resaltar que no son bases militares de Estados Unidos en España, sino que son bases militares españolas de uso

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conjunto. Propone que se haga un pago que es imposible de admitir, primero porque habría que establecer una vía diplomática, que no es competencia de la ley de presupuestos y, en segundo lugar, supone una minoración de ingresos, lo que tampoco, creo yo, es factible. Por tanto, manifiesto el rechazo de mi grupo a esa enmienda. En cuanto a la enmienda 1312 -creo que no hay nadie del Grupo de Izquierda Unida-, se refiere a una cesión de suelo del Ministerio de Defensa que afecta al puerto de Bilbao que no está registrada como propiedad del Ministerio de Defensa y, por tanto, difícilmente podría admitirse esa enmienda.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la señora Velasco.


La señora VELASCO GARCÍA: El apartado que voy a abordar es el de la disposición adicional cuadragésimo octava, que propone una modificación de la Ley del Medicamento, añadiendo una disposición adicional a la citada ley. Se han presentado enmiendas por parte de varios grupos parlamentarios que voy a intentar sintetizar según el motivo de cada una de ellas. La enmienda número 252, del Grupo Mixto; la 737, del Grupo Popular; la 1218, del Grupo Vasco, y la 2020, del Grupo Parlamentario Catalán, se basan en la misma tesis, que es pedir la supresión de esta disposición adicional porque dicen que se trata de una exacción que puede considerarse un tributo. No se trata de un tributo, sino que entendemos que es una aportación en función del volumen de ventas de medicamentos y productos sanitarios para aquellas compañías que voluntariamente deciden vender estos productos al Servicio Nacional de Salud a través de recetas oficiales. Por otra parte, no se trata de un tributo puesto que no hay una repercusión en el precio final del producto. Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a rechazar estas enmiendas.


Hay otro grupo de enmiendas en las que se solicita que sean los propios servicios de salud de las comunidades autónomas y el Ingesa los que determinen los ingresos que están relacionados con las ventas de los medicamentos y productos sanitarios. No podemos aceptar estas enmiendas porque entendemos que es el Ministerio de Sanidad quien debe determinar y negociar con la industria farmacéutica cuáles y cómo son los ingresos, la repercusión y las posteriores influencias de estos ingresos en el modelo sanitario público. Por tanto, la enmienda número 253, del Grupo Parlamentario Mixto, y la 1259, del Grupo Parlamentario Vasco, no las vamos a aceptar.


Por otra parte, hay una enmienda de Esquerra Republicana, la 1792, sobre la que nos ha hecho una propuesta alternativa. La seguiremos valorando y, aunque no la podemos aceptar en estos momentos, es posible que se llegue a un acuerdo antes del Pleno. La enmienda número 1793, que plantea Esquerra Republicana, no la podemos aceptar porque no nos parece razonable incluir nuevos criterios de valoración así como colaboraciones en proyectos para un determinado territorio del Estado. Ello no puede ser viable dentro de las tesis que defiende el Grupo Socialista. Tampoco aceptamos la enmienda número 1794 porque entendemos que es el Gobierno el que tiene que elaborar un plan estratégico de política farmacéutica y, en el ámbito de este plan, modificar el sistema de precios de referencia con criterios de gradualidad, y a partir de ahí abordar lo que en la enmienda se plantea. Creemos que no es el momento de hacerlo y que esta modificación de gradualidad debe hacerse dentro del contexto del plan estratégico de política farmacéutica. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.)

Por último, Convergència i Unió presenta dos enmiendas, las números 2021 y 2022. No podemos aceptar la modificación planteada en la enmienda 2021 porque, de aceptarla, supondría reeditar el actual pacto con Farmaindustria y ello plantearía una relación asimétrica con respecto a otros agentes del sector, me estoy refiriendo a oficinas de farmacia y distribución de mayoristas. También plantearía una mayor dependencia del Ministerio de Sanidad respecto a la industria farmacéutica. Estas cuestiones precisamente son las que se han pretendido abordar introduciendo la disposición adicional cuadragésima octava. Tampoco aceptamos la enmienda número 2022 porque supondría condicionar el soporte financiero de las políticas de investigación que realiza el Instituto de Salud Carlos III. Tenemos que incidir en que el 50 por ciento de los ingresos previstos con el acuerdo con la industria farmacéutica, según la disposición adicional cuadragésima octava, se destinarían a políticas de cohesión en las comunidades autónomas. Por tanto, no podemos aceptar esta enmienda que desvirtúa de alguna forma lo que pretende la disposición adicional en sí misma.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Para fijar posición respecto al resto de enmiendas a las disposiciones, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Contreras.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Solamente voy a fijar la posición respecto de la enmienda número 728, del Grupo Parlamentario Popular, a la disposición adicional trigésima cuarta, que supone una modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario. La argumentación que ha dado el Grupo Popular para pedir la retirada de esta disposición adicional trigésima cuarta es que es contraria a la doctrina constitucional. Me parece un término un poco fuerte decir que es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional cuando lo que se propone, que supone una mejora técnica de esta ley, es introducir determinados derechos. En primer lugar, se añade la consideración de bien inmueble al derecho de superficie poniéndolo en el mismo plano que ya se hacía con la concesión administrativa. No creo que eso sea de un calado tan importante como para decir que es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional. Esto

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lo hace en el artículo 6, en el artículo 9, que también modifica, donde se define qué derechos tienen titularidad catastral, se hace una reorganización de la escala de valores que se marca en el artículo 9.1, pasando, como parece lógico, el derecho de propiedad al primer lugar, por detrás del derecho de usufructo o el derecho real de superficie. También se hacen modificaciones en el sentido de que el derecho real de disfrute constituye una obligación de declaración en el catastro, pero solamente a efectos de declaración de IRPF, sin que los titulares del derecho real de disfrute se puedan considerar titulares catastrales. Por tanto, son enmiendas que exclusivamente tienen el objetivo, en primer lugar, de introducir el derecho de superficie, en segundo lugar, se hace una reorganización de los artículos 6, 9, 13, 14 y 16 en el sentido de acomodarlos a la introducción de este derecho de superficie y también se hace una precisión en cuanto a la obligación cuando se trata de cónyuge en su relación con el catastro, estableciendo que por principio cuando haya cónyuges propietarios de un bien inmueble lo serán al 50 por ciento, excepto que expresamente se diga lo contrario. Por tanto, creemos que esta enmienda solamente supone una modificación importante en el derecho de superficie, puesto que el Ministerio de Vivienda quiere movilizar suelo público y este no puede perderlo el patrimonio del Estado, sino que el derecho de superficie tiene que seguir siendo patrimonio del Estado.
Ese era el objetivo fundamental de esta reforma y el que afecte a numerosos artículos supone exclusivamente un acondicionamiento a esta nueva situación. En consecuencia, vamos a rechazar la enmienda número 728, del Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Si no hay ningún turno adicional o de réplica en cuanto a las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, pasamos ya a las secciones. En primer lugar, debatiremos las secciones 01 a 05 y 08.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Me voy a limitar a fijar la posición de mi grupo en relación con la enmienda número 1810, de Esquerra Republicana de Catalunya, en la que se propone dar de baja en la sección 01 el presupuesto de la Casa de Su Majestad y el alta correspondiente en la sección 31. La sección 31, como todo el mundo sabe, son gastos de diversos ministerios. En esta sección se incluye lo imprevisto, lo que no tiene cabida en otras secciones. Ya solo la ubicación de la enmienda presupone un animus iniuriandi a Su Majestad el Rey. El que ustedes sean republicanos y preconicen la república es muy respetable, pero no les autoriza a tratar con esa falta de respeto la institución monárquica y a la figura de Su Majestad. Ustedes proponen que al Rey se le fije un sueldo igual que el del presidente del Gobierno y se quieren cargar la sección que tradicionalmente ha venido utilizándose para el presupuesto de la Casa de Su Majestad. La Monarquía en España, señores de Esquerra Republicana, está asentada y bien asentada en una triple legitimidad: la dinástica, la consagrada en nuestra Constitución de 1978, aprobada masivamente por el pueblo español, y la de ejercicio, la que, a lo largo de los más de 25 años de reinado, don Juan Carlos I ha puesto de manifiesto con sus cualidades de moderación y su indeclinable voluntad de servicio a España y a los españoles. Con esta enmienda ustedes tratan de saltarse a la torera el artículo 65 de la Constitución, que dice: El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
Además, por si no lo saben ustedes, según todas las encuestas, la monarquía es la institución mejor valorada por los ciudadanos. La monarquía es una institución arraigada secularmente como forma de Gobierno frente a dos breves y desgraciadas experiencias republicanas a lo largo de toda la historia de España. Está claro que la enmienda que ustedes presentan no tenía más objeto que ofender a la Casa Real y a la figura del Rey porque de entrada saben que no tiene ninguna posibilidad de prosperar.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: En primer lugar, quiero agradecer la actitud del Grupo Popular de respeto a los pensamientos del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Me ha sorprendido que dedique su tiempo a contraargumentar nuestra enmienda con el afán con el que lo ha hecho. El portavoz del Grupo Popular se equivoca. La enmienda respeta el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y por tanto voy a argumentar por qué hemos presentado una enmienda que fija la dotación a la Casa Real en 7.691.000 euros, esto es, para que el sueldo del jefe del Estado sea proporcional al del presidente del Gobierno. La enmienda pretende la equiparación del salario que debe recibir el jefe de Estado con el que recibe el presidente del Gobierno. En este orden de cosas, por un lado se entiende que el dinero asignado a la Casa Real es exagerado y deriva de uno de los privilegios adquiridos por la monarquía en unos momentos históricos hoy en día superados, de manera que defendemos que esos privilegios deben ser eliminados y no perpetuados. Y por otro lado se entiende que dicha enmienda cumple con el precepto constitucional establecido en el artículo 65.1, que afirma que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa. En ese sentido, la cantidad que recibe el presidente del Gobierno español se considera suficiente para mantener la familia y casa de cualquier cargo público y más cuando éste no paga ni alquiler ni hipoteca de la casa en la que vive. De hecho, el sueldo que el Gobierno español considera suficiente para el

Secciones 01 a 05 y 08

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mantenimiento de la familia y de la casa de cualquier ciudadano o ciudadana se establece en el salario mínimo interprofesional. No obstante, nosotros reivindicamos la equiparación no con el salario mínimo interprofesional, sino con el sueldo del presidente del Gobierno, cargo que consideramos de responsabilidad equivalente y más teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado la cantidad asignada a la Casa Real no es destinada a las responsabilidades de jefe de Estado como tal. Para los gastos de la jefatura del Estado ya existe otra partida que estimamos suficiente. La partida que enmendamos hoy es aquella destinada al disfrute de la propia familia real, de la que, según el artículo 65.1 de la Constitución española, el Rey dispone libremente. Por ejemplo, si lo desea, puede gastar dicho presupuesto, salido de los bolsillos de los ciudadanos, en pagar derechos para cazar en Rumanía animales en peligro de extinción. Es, pues, por todo lo expuesto que consideramos que hay que establecer un diálogo sobre si al jefe de Estado se le asigna un salario como jefe de Estado o si se le asigna una cantidad relacionada con los privilegios que la monarquía mantiene y que nacieron en otras épocas en las que se consideraban que estos tenían origen divino. Nosotros creemos en el salario como jefe de Estado y no en los privilegios históricos derivados de su sangre azul. Esta es la propuesta que hacemos en virtud de lo que hemos expuesto. Entendemos que se ajusta a la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley. Todos iguales.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, intervengo para fijar la posición de mi grupo con respecto a la sección 02, a la que el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad. Es el segundo año que en un ámbito distinto y con diferente contenido se va a discutir esta cuestión. El señor Albendea no ha hecho alusión a la misma y eso en términos parlamentarios quiere decir que da por defendida dicha enmienda, la número 273. Si fuera así, con los mismos argumentos, pero en sentido contrario, mi grupo se opondría a su tramitación. Por lo tanto, no tengo mucho más que decir sobre esta cuestión, tan solo que, si persiste el afán del Grupo Popular por llevar la enmienda presentada a la sección 02 al Pleno del Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista establecerá el debate pertinente en aquella instancia.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): ¿Algún turno por el Grupo Popular?

El señor ALBENDEA PABÓN: No tengo nada más que decir, salvo algo relativo al tema de los osos. Como todo el mundo sabe, en Rumanía precisamente lo que hay es un exceso de población de osos, lo que conlleva problemas de extinción, y con el permiso del Gobierno cualquier ciudadano del mundo los pueden cazar, incluido el Rey.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): La flexibilidad de esta Presidencia es absoluta con respecto al límite del debate, pero no creo que en un debate presupuestario el nivel de población de osos en Rumanía tenga mucho sentido, o sea que vamos a pasar...


El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, el que ha hablado de osos ha sido el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña y no yo.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Permítame ordenar el debate.
(El señor Puig Cordón pide la palabra.)

Señor Puig, muy brevemente, por favor.


El señor PUIG CORDÓN: Muy brevemente y no para entrar en el debate de los osos. Ya trasladaré al portavoz del Grupo Popular las quejas de las asociaciones protectoras de animales y no sólo de Rumanía, las cuales han expresado su malestar por la caza de los osos.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos entonces al siguiente punto. Entiendo que se han debatido las enmiendas a las secciones 01 a 05

y 08.


La señora FONT BONMATÍ: No, solamente se ha debatido la sección 01.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Las secciones 01 y 02.


La señora FONT BONMATÍ: No, la 02 la vamos a debatir ahora. Es que el portavoz del Grupo Socialista ha hablado de ella antes de que yo expusiera mis razones. (Varios señores diputados: Era un debate conjunto.)

El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): En este caso, pasemos a la sección 02.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Font Bonmatí.


La señora FONT BONMATÍ: Señor presidente, resulta curioso que antes de que yo expusiera mis razones el parlamentario socialista me haya contestado.


Hace unos días debatíamos en el Pleno de la Cámara la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, donde nuestro portavoz en ese momento, don Mariano Rajoy, adujo una serie de argumentos para justificar por qué no nos gustaban estos presupuestos. Asimismo, los portavoces en esta Comisión están exponiendo

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con más profundidad a lo largo del día de hoy -también lo harán mañana- sus razones y yo no voy a repetirlas ahora. Al Grupo Popular estos presupuestos no le gustan por muchos motivos, porque considera que son avaros en el sentido de que no invierten donde deben, cuando deben y en lo que deben.


En cuanto a la sección 02, tradicionalmente nunca se había debatido puesto que casi todos los grupos hemos estado más o menos de acuerdo con su contenido, pero en esta ocasión el Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad motivada por dos cuestiones. La primera de ellas es que, al presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos pidiendo la devolución al Gobierno, también pedíamos la devolución de esta sección. En segundo lugar, consideramos que el gasto de personal ha experimentado un incremento muy importante, en algunos casos de más de dos millones de euros, que no ha sido suficientemente explicado y por lo tanto no sabemos si está realmente justificado. Por todo ello, en principio, vamos a mantener nuestra enmienda a la totalidad de la sección 02.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Una vez argumentada la enmienda a la sección 02, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, aquí ha habido un malentendido del que seguramente el responsable soy yo, puesto que he considerado que se discutían en un solo turno las secciones 01 a 05 y 08 y que el señor Albendea elegía fijar su posición respecto de la primera.
Yo he anticipado la posición de mi grupo en torno a la sección 02 y la representante del Grupo Popular ha hecho las consideraciones que ha estimado pertinente. Me reitero en lo dicho: nosotros contestaremos a sus argumentos en el Pleno del Congreso y daremos cuenta de las razones que tiene mi grupo parlamentario para sostener el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces, que adjuntó el presupuesto de la sección 02 al conjunto de los presupuestos del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Entiendo entonces que no hay enmiendas a las secciones 03, 04, 05 y 08, salvo que se quiera fijar posición sobre alguna de ellas. (Pausa.) Entonces, pasaríamos al debate posterior, que es el correspondiente a las secciones 12 y 34.


Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


La señora FONT BONMARTÍ: Señor presidente, yo pediría una pausa porque este trastoque en el debate de las secciones nos ha causado problemas, ya que algunos compañeros tenían previsto intervenir esta tarde. Voy a intentar localizarlos.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Como hemos hecho esta mañana y como ha dicho el presidente de la Comisión, señor Posada, lo que haremos es tener flexibilidad con respecto a la norma de que los grupos intervengan de mayor a menor. Puesto que está el señor Vilajoana presente intervendrá, él y cuando se incorpore su portavoz le daremos la palabra.


El señor Vilajoana tiene la palabra.


El señor VILAJOANA ROVIRA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta ocho enmiendas a la sección 12. Lo primero que me gustaría manifestar es que retiramos la enmienda 2075 porque el principio de ampliar el importe dedicado a este concepto se respeta con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Esquerra Republicana e Izquierdas Unida. En cambio, mantenemos las otras, que fundamentalmente van en la línea de ampliar los ingresos dedicados a un conjunto de programas, entidades y proyectos que nos parecen importantes en el terreno de la cooperación.


La primera de ellas, la 2069, solicita el mantenimiento de la subvención a la Asociación de Amigos de Naciones Unidas en España. Naciones Unidas tiene una importancia que cada vez vemos más clara, creemos que esta asociación está haciendo un buen trabajo que debe ampliar y desarrollar, por lo que necesitará más medios.


La segunda va en la línea de incrementar la contribución voluntaria española del año 2004 al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), al objeto de responder a las peticiones de fondos hechas por este organismo España debe ponerse paulatinamente al nivel medio de la contribución de los Estados miembros de la Unión Europea y se debe hacer un esfuerzo para colaborar en este trabajo que está haciendo Acnur respecto a los refugiados y responder a sus solicitudes de fondos.
En la misma línea estaría la contribución voluntaria al programa de Naciones Unidas para el desarrollo así como al programa mundial de alimentos, con el objeto de responder a la petición especial de fondos hecha por dicho organismo en reiteradas ocasiones.


Hay un problema a nivel mundial y concretamente en algunas zonas de altísima gravedad, y la aportación voluntaria española al fondo para el sida contribuiría a salvar a miles o millones de personas que viven en los países menos desarrollados del planeta y que están sufriendo esta enfermedad de una forma muy cruel. Otro epígrafe en el que creemos que debemos incrementar los recursos aportados por el Estado español es el destinado a financiar programas específicos de desminado y asistencia a las víctimas causadas por las minas, muy extendidas y con complejidades importantes, por lo que se necesita una cuantiosa ayuda financiera tanto bilateral como multilateral. Estos programas deben ir en distintas líneas: las educativas, las de sensibilización de la población civil, además de programas

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específicos de detección y desactivación de estas minas que están provocando muertos y heridos en una población muy debilitada por guerras muy cruentas.


En la última, la 2346, se solicita más apoyo al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo por la buena labor que está realizando, en un momento en que además estamos construyendo una Europea que todos queremos mejor.


En esta línea presentamos nuestras enmiendas, por lo que solicitamos el voto de los demás grupos a estas iniciativas.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): El señor Puig, por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra.


El señor PUIG CORDÓN: Las enmiendas que teníamos presentadas ya han sido asumidas en el informe de la ponencia, por lo que no tenemos ninguna enmienda viva a esta sección. Sólo quiero decir que la sección ha experimentado un incremento necesario.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): El señor Azpiazu, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la sección 12 y la doy por defendida en los términos en que figura en el Boletín.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): El señor Llamazares tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Nuestro grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas que han sido incorporadas al informe de la ponencia.
Creemos que en materia de cooperación al desarrollo estos presupuestos mejoran y sirven de punto de inflexión en relación con presupuestos anteriores. Es verdad que no cumplen con todos nuestros objetivos.
Nuestro objetivo, que el conjunto del presupuesto representase el 0,3 por ciento del producto interior bruto destinado a cooperación al desarrollo, no se logra. De nuestra enmienda, de 150 millones de euros, que hubiera satisfecho este objetivo, únicamente se ha incorporado una parte, 80 millones de euros, que acercan hasta el 0,29 por ciento el objetivo del milenio. Esto plantea un reto muy importante: incrementarlo desde el 0,29 al 0,33 en el año 2006, que es el compromiso que ha adquirido el Gobierno español. Por lo tanto, lo que hemos dejado de incrementar este año seguramente tendremos que compensarlo en el próximo presupuesto y por eso no estamos totalmente satisfechos de lo que se destina en este presupuesto a cooperación internacional. En todo caso, nos parece importante que la Agencia Española de Cooperación Internacional tenga un presupuesto sólido, que ese presupuesto signifique un punto de inflexión en relación con años anteriores y que por tanto en esta materia nos acerquemos a los objetivos del milenio y sobre todo a lo que demandan las organizaciones no gubernamentales y los seres humanos que pueblan el mundo, sobre todo en lugares que tienen especiales dificultades y que se han visto empobrecidos a lo largo de las últimas décadas. Por eso consideramos que la incorporación de esta enmienda, aunque sea de forma parcial, resulta un hecho importante, porque nos acercamos al 0,29 por ciento del PIB cuando en los últimos años lo que hemos hecho ha sido alejarnos del objetivo de cooperación al desarrollo.


Hay otros dos aspectos que consideramos importantes en esta sección. Uno de ellos quizás no tenga relación directa con la sección, aunque sí indirecta. Tiene que ver con los créditos FAD. Creemos que en el conjunto de los créditos FAD -ha habido una desnaturalización de los mismos a lo largo de los últimos años- debería destinarse una cantidad realmente al desarrollo de la cooperación internacional y no tanto a cubrir objetivos legítimos de desarrollo de nuestro país en el comercio exterior. Creemos que ese objetivo legítimo tiene que acompasarse con el objetivo de que los créditos FAD respondan fundamentalmente a las necesidades de los países que reciben los créditos, es decir, las necesidades de cooperación al desarrollo. Esperamos la respuesta del Grupo Parlamentario Socialista a nuestra enmienda en esta materia.


Por último, me voy a referir a lo que podemos denominar la condonación de la deuda externa, que aparece en otra parte del presupuesto y que quizás no tenga relación directa con esta sección, pero que nos parece otro de los pilares de la política de cooperación internacional, condonación de deuda que se produce en el presupuesto, pero que nosotros querríamos acentuar y nominalizar, es decir, incrementar esa condonación a países en vías de desarrollo y señalar a qué países condonamos la deuda externa por sus peculiares condiciones, no sólo de origen, sino también de objetivos, es decir, si esa condonación de la deuda va unida también a compromisos en materia educativa, en materia sanitaria y en materia medioambiental por parte de los países receptores de esa condonación de la deuda externa. En definitiva, nuestro grupo parlamentario ha llegado a acuerdos y retirará las enmiendas en el trámite final. Consideramos que el presupuesto ha avanzado en esta sección, pero será necesario hacer mucho mayor esfuerzo para acercarnos a los objetivos del milenio en materia de cooperación al desarrollo.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hierro.


El señor HIERRO RECIO: Intervengo para fijar posición, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con las múltiples enmiendas presentadas.


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En primer lugar, quiero agradecer las palabras manifestadas, tanto por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como por Esquerra Republicana, como por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en relación con el esfuerzo que realiza el grupo que sustenta al Gobierno y, por tanto, el Gobierno, de alcanzar un consenso y manifestarlo, no sólo en las palabras, sino también en las cantidades. Por tanto, entendemos que gran parte de las enmiendas presentadas en su momento por los distintos grupos han tenido una sensible respuesta por parte del Gobierno y, por lo tanto, no van a plantear problemas para las manifestaciones positivas de los distintos grupos en relación con el presupuesto en esta sección.


A continuación, voy a referirme a las enmiendas mantenidas por los distintos grupos, con el fin de que no quede en el tintero la explicación del Grupo Parlamentario Socialista respecto de las mismas. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sigue manteniendo una serie de enmiendas relativas fundamentalmente a las contribuciones voluntarias del Estado español a los distintos organismos que, evidentemente, significan el aumento de las dotaciones. Podrían considerarse necesarias todas las dotaciones que se hagan a Acnur, a PNUD, a PMA o a Onusida -pues siempre serán bienvenidas por los distintos organismos y siempre contribuirán de manera decisiva a avanzar en sus objetivos-, pero hay que entender que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación tiene una serie de objetivos y de restricciones económicas que se manifiestan en su presupuesto, al igual que en el resto de las secciones. Por tanto, entendemos que la actual disposición de las contribuciones voluntarias, tal y como aparecen en el presupuesto, dan cobertura a los objetivos fijados por nuestra política exterior y de cooperación.


En relación con la enmienda que mantiene el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que hace referencia a garantizar la información relativa al referéndum de la Constitución europea, al tratado constitucional europeo, pueden estar seguros de que no va a existir ningún problema, pues hay una dotación de 3 millones de euros en publicidad y propaganda que garantizarán una información cumplida a los ciudadanos del contenido de la Constitución europea y de la necesidad del apoyo a la misma.


En último lugar, me queda referirme a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, aunque no hayamos oído a su portavoz, pues creo que merece algún comentario al respecto. En primer lugar, me referiré a las enmiendas singulares y después a un par de ellas, que tienen un carácter más amplio y que merecen también un comentario. En cuanto a las enmiendas singulares, 275, 276, 277, 279, 280, 281 y 282, hacen referencia al aumento de las dotaciones en distintos programas. En concreto, la enmienda 275 hace referencia al aumento de fondos para becas y ayudas a la investigación. Quiero recordar que en el presupuesto actual se produce un aumento del 11,79 por ciento, muy por encima de la media del crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado. Igualmente ocurre con la formación y perfeccionamiento del personal, donde se propone un aumento de 50.000 euros, cuando esa partida tiene una dotación actual que implica un aumento del 208,38 por ciento, es decir, sensiblemente superior a lo que en su momento especificó el Partido Popular para esta actividad; lo mismo ocurre respecto a los fondos destinados a la defensa y protección de los derechos humanos, la lucha contra el hambre y la cooperación para el desarrollo. En definitiva, como han puesto de manifiesto el resto de los grupos -y como consecuencia de las enmiendas ya asumidas, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y por el Grupo de Izquierda Verde-, en gran parte están más que cumplidas las demandas del Grupo Parlamentario Popular, en tanto en cuanto esas demandas no suman más allá de 718.000 euros, sobre un presupuesto de, aproximadamente, 1.100 millones de euros.


Quiero referirme ahora a las dos enmiendas generales del Grupo Parlamentario Popular, que merecen una respuesta. En la enmienda 278 se propone la devolución del programa 143.A, algo que es reglamentariamente inviable, en tanto en cuanto modifica el volumen total de ingresos y gastos. Además, podríamos decir que es políticamente irresponsable, pues si hiciésemos el ejercicio ficticio de aceptar esa devolución, ocurriría que estaríamos dejando al Gobierno español sin presupuestos para la cooperación al desarrollo. Es decir, de aceptarse esa enmienda no existiría cooperación al desarrollo en España. Es más, podríamos decir que es racionalmente incomprensible, pues si la ayuda al desarrollo -sin tener en cuenta la enmienda introducida- implicaba un aumento del 21,5 por ciento sobre los fondos que en su momento dedicaba el Gobierno del Partido Popular al mismo, cómo va a resultar que con ese aumento, que es muy superior al crecimiento medio del presupuesto general del Estado, no se van a poder atender razonablemente las obligaciones que antes sí atendía razonablemente el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, quiero dejar claro que es evidente que esa enmienda no tiene ni pies ni cabeza.
Además, hay que aclarar los términos para evitar manipulaciones. Hay que recordar que el Plan anual de cooperación se realiza después de aprobar el presupuesto, e incluye todos los gastos que realizan todos los ministerios y no sólo el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, relativos a la cooperación para el desarrollo. Cuando quede realizado ese plan, quedará demostrado fehacientemente que en el año 2005 se va a destinar más del 0,3 por ciento del PIB a la ayuda al desarrollo.


En cuanto se refiere a la enmienda 274 del Partido Popular, enmienda a la totalidad de la sección, se fundamenta en una pretendida insuficiencia de recursos para cumplir los objetivos fijados. Se califica de insuficiente

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un presupuesto que aumenta el gasto total en un 6,26 por ciento, por lo que, teniendo en cuenta el hecho de que en el presupuesto del año anterior del Ministerio de Asuntos Exteriores existía una dotación especial para poner al día las cuotas en organismos internacionales, estaríamos hablando de un crecimiento del 9,5 por ciento con respecto al año anterior. Se califica como insuficiente un presupuesto cuyo gasto no financiero sin cuota supone un 12,32 por ciento y cuyo gasto financiero se incrementa en un 66,25 por ciento. Insisto, todo esto sin tener en cuenta el efecto de la cotización euro-dólar y además sin tener en cuenta las enmiendas ya introducidas que suponen un incremento importantísimo de recursos. Por tanto, si era suficiente para el Gobierno del Partido Popular difícilmente va a ser insuficiente un presupuesto que crece muchísimo más. El Grupo Parlamentario Popular dice que no existen los fondos necesarios para una reforma del servicio exterior, que esperamos pactar con ese grupo y con el resto de los grupos de la Cámara. Sin embargo, el Partido Popular asume que vamos a poder ejecutar esa reforma del servicio exterior, con lo cual bienvenido a esa esperanza de que podamos reformar el servicio exterior. No obstante, quiero recordarle al Grupo Popular que sería imposible, con el calendario en la mano, que la reforma del servicio exterior que se pretende elaborar tuviera efectos en el año 2005, con lo cual dotar fondos para asumir esas reformas sería una dotación ficticia porque no habría implicaciones presupuestarias. Hacen referencia en su enmienda a que la ayuda oficial al desarrollo es insuficiente, sobre todo porque no se llega al 0,3 por ciento del PIB.
Vuelvo a recordar que cuando se elabore el Plan anual de cooperación se verá perfectamente cuál es la dotación. También se plantea que el presupuesto no es suficiente para garantizar nuestra presencia, al nivel requerido, en los foros internacionales. Si era suficiente el presupuesto del año anterior -y este crece lo que he demostrado que crece- es evidente que es más que suficiente. Por tanto, la insuficiencia no puede venir por la dotación presupuestaria sino que podría venir por los objetivos. Cuando se repasan en la memoria correspondiente los objetivos de la sección se aprecia que deberían ser asumidos por todos los grupos porque tampoco varían sustancialmente con los objetivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de legislaturas anteriores. Sin embargo, se incorpora una diferencia de naturaleza política que es la reorientación de la política exterior, que es una contraorientación de una reorientación que se hizo previamente, que nos llevó a un giro probelicista en política exterior, a una ruptura del consenso en materia de política exterior y a una separación de la política exterior de lo que desean los ciudadanos, expresado claramente en sucesivas manifestaciones públicas de todo tipo, incluido el voto de las elecciones generales, que en ningún caso tiene problemas presupuestarios, ni lleva implícitas implicaciones presupuestarias. Si esto es así y la diferencia es que nosotros pensamos en una España más ligada a su entorno natural europeo y más desligada de entornos que no les son naturales, no por quienes lo ejercen sino por las posturas que mantienen, sobre todo en aspectos de guerra preventiva, no estamos hablando de diferencias fundamentales en cuanto a los objetivos.
Si no estamos hablando de diferencias fundamentales en cuanto a los objetivos que se manifiestan en necesidades presupuestarias es evidente que la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular carece de cualquier fundamento; evidentemente el Grupo Socialista va a rechazar la misma y esperamos que así lo hagan el resto de los grupos de la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: En primer lugar, quisiera pedir disculpas a la Presidencia por haberme incorporado a la sesión un poco tarde. En principio no estaba previsto que hubiera esta continuidad, con lo cual se me anunció que no intervendría antes de las cuatro. Afortunadamente puedo estar aquí y con ello también quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista que haya aceptado intervenir en primer lugar, con lo cual si, por cortesía parlamentaria, después de mi intervención él desea hacer turno de réplica lo consideraré del todo lógico.


Entrando ya en materia y después de escuchar el tramo final de la intervención del portavoz del Grupo Socialista en la que se ha utilizado muchísimas veces la palabra razonable, que no es razonable, nosotros justificamos las dos enmiendas a la totalidad que presentamos, una a la sección 12 y la otra al programa 143.A de cooperación al desarrollo las justificamos, repito, titulándolas precisamente con la palabra razonable.
Es razonable que presentemos estas enmiendas y si se me apura es razonable que el Grupo Socialista las acepte, entre otras cosas porque nuestra orientación va precisamente a romper la incoherencia que existe en la actualidad entre las voluntades, los deseos y las buenas intenciones que tiene el Gobierno para desarrollar una política exterior en condiciones, con los recursos que dota para traducir esa acción exterior a la realidad. En consecuencia, me parece del todo justificable que nosotros apoyemos, como así lo hacemos, las buenas voluntades, los buenos deseos y las buenas razones, pero paralelamente me parece que es de justicia y razonable que nosotros exijamos al Gobierno que dote de los recursos económicos que necesita el desarrollo de esta voluntad. Es obvio que el Grupo Parlamentario Popular suscribe los grandes titulares de los discursos hasta ahora desarrollados por los portavoces socialistas de Exteriores y por el presidente del Gobierno. Podemos suscribirlos en cuanto a la necesidad de modernización del servicio exterior, en cuanto al equilibrio que tiene que tener España en relación con el hecho real que

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ocupa el octavo puesto como potencia mundial y en cuanto al rol que debería jugar en este contexto. Incluso hasta firmamos que se dé prioridad a las políticas exteriores frente a otras necesidades que pueda tener el Gobierno para ajustar esa voluntad a los hechos reales. Por ello, exigimos a la vez que estos titulares, que estas palabras, que estas prioridades se correspondan con una voluntad política y no hay voluntad si no viene acompañada de los necesarios instrumentos para llevarla a cabo, es decir, por los recursos y en consecuencia por unos presupuestos que permitan ser justos. En este sentido, tienen que entender que con un presupuesto que crece por debajo del crecimiento medio de los Presupuestos Generales del Estado un 4,8 por ciento, sección 12, frente a un 6,12 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado en su globalidad, no se prioriza al Ministerio de Asuntos Exteriores. Del mismo modo que si tenemos en cuenta que el presupuesto no financiero, aquel que sirve para hacer cosas, el práctico, el que de verdad se utiliza, equivale tan solo al 0,9 por ciento del total de los Presupuestos Generales del Estado ya pasamos a decir que no es que sea prioritaria la dotación para la política española, sino que ni por asomo es prioritaria. Y si a ello añadimos que el presupuesto no financiero de la sección 12 crece un 2,6 por ciento, frente a la previsión de crecimiento del conjunto general de la economía para el año que viene, que es del 3 por ciento, no es que no sea prioritario, sino que es un tema totalmente secundario para el Gobierno y ello nos preocupa.


No sé si ello ha llevado a una frustración al propio ministerio y a su ministro responsable, señor Moratinos, pero sí me consta que el propio portavoz de Asuntos Exteriores en la tanda de comparecencias previas a este trámite que se celebró aquí hace 15 días calificó los presupuestos de la sección 12 como de transición, y a mí esto me suena a justificación. A decir, bueno, no estoy contento pero como es el primer año digo que son de transición y así me queda la tranquilidad de que a lo mejor en el año 2006 podemos lanzar también las campanas al vuelo en el tema de Exteriores. Quiero recordar que el ministro tuvo grandilocuentes palabras en la presentación de la línea política que iba a realizar su ministerio de la gestión exterior, en su primera intervención en Comisión el 19 de mayo de 2004 y con mucha valentía, hay que reconocerlo, llegó incluso a concretar y a bajar muy al nivel del detalle de lo que serían las prioridades de su gestión. No voy a entrar ahora en el rumbo político, del que evidentemente tendríamos mucho que discutir pero un debate de presupuestos no es el entorno más apropiado para hacerlo, ya que hay otros foros, sino que me voy a ceñir a actuaciones concretas, a la operatividad. Insisto en que el ministro bajó a nivel de mucho detalle. Habló de participación activa de España para reformar Naciones Unidas, sobre todo en su Consejo de Seguridad, de incremento en contribuciones voluntarias, de creación de una agencia mundial del medio ambiente, de un plan nacional sobre derechos humanos, de que Barcelona celebraría en el año 2005 el décimo aniversario del proceso de Barcelona, de la cumbre iberoamericana, del Instituto de Estudios Europeos sobre el mundo árabe que tenía que ubicarse en Córdoba, de la casa árabe en Madrid. Pues bien, de todos estos objetivos al corto plazo, con presupuestación directa, con constancia en los presupuestos generales de 2005 sólo hay uno, que es la cumbre iberoamericana, que sí tiene partida presupuestaria y por lo tanto no hay ninguna duda de que va a ser un objetivo que se va a cubrir. ¿Y los demás? Pues los demás, palabras que flotan en el aire, ya veremos, estamos trabajando en ello, hay que dar tiempo, es nuestro objetivo, tenemos que ir caminando, pero política de hechos consumados, absolutamente ninguna. Sin entrar a citar lo que también se está convirtiendo en el buque insignia de la cocina del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la reforma del servicio exterior. Hemos visto la justificación: Es que en 2005, con todos los preparativos, no va a haber tiempo material, tendremos que esperar a 2006. De todas formas, no estaría mal que en 2005 se sentaran unas bases y que viéramos en la política presupuestaria, concretamente en el capítulo 1, de personal, una verdadera intención de atacar por ahí, pero resulta que el capítulo 1 del Ministerio de Asuntos Exteriores sube un 1,5 por ciento, es decir, es el incremento más bajo de todos los capítulos 1 de todos los ministerios. Es más, sube por debajo de la subida natural equiparable al IPC que va a tener todo el cuerpo funcionarial del ministerio, es decir, que hasta podemos afirmar que el capítulo de personal que tiene que catapultarse, que tiene que reforzarse, que tiene que mejorarse, este año 2005 va a sufrir una regresión. Por tanto, intuimos que voluntad de reforma quizá sí, pero en el año 2005 más que predisposición a esa reforma lo que el ministerio hace es ponerse a la defensiva en cuanto a esta reforma.


Esto en referencia a la enmienda a la totalidad a la sección 12 en su conjunto, pero si vemos que nuestra enmienda va precisamente a evitar que las palabras se las lleve el viento, que todo el conjunto de buenas intenciones tenga una plasmación real, que su política de exteriores salga de la teoría bienintencionada y pase al mundo de la realidad de los hechos consumados, lo mismo debemos decir en relación con un programa importante que figura dentro de la sección 12, que es el correspondiente a cooperación al desarrollo, el programa 143.A; un programa que ciertamente dota con 37 millones de euros más de los que tenía a la Agencia Española de Cooperación Internacional, la AECI. Esto nos alegra, esto nos complace, claro que sí. La partida destinada a la AECI sube, pero ¿por qué sube? Pues sube porque esa misma cantidad es la que el Ministerio de Exteriores se ahorra en cuanto a las cuotas a abonar a los organismos internacionales porque el Gobierno del Partido Popular consiguió saldar todas las deudas pendientes, acabando en este ejercicio de 2004. Esta partida, que era de unos 38 millones de euros, queda

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totalmente liberada y pasa -y nos parece bien, pero no hay que darle más mérito que el de una simple operación de arquitectura presupuestaria- a la Agencia de Cooperación. De todas formas, en cooperación lo que hay que valorar también son las banderas que se levanten en su momento. La cooperación es un tema sensible, por tanto es un tema goloso políticamente, y es un tema en el que a veces las palabras se precipitan y las buenas intenciones nadan por delante de la realidad. En este sentido, el Gobierno del Partido Socialista ha levantado la bandera, además solemnemente, además con fe casi diría yo notarial dado que aparece en su programa electoral y además ante auditorios tan solventes y de tanta referencia como han sido los foros internacionales de Monterrey y Barcelona. Una de las banderas que ha levantado el Partido Socialista ha sido la de conseguir llegar este año 2005 al 0,3 por ciento, pero vamos a ponerle apellidos. Llegar al 0,3 por ciento en partidas no reembolsables y concentrando toda la ayuda exterior a través de la gestión que tenga que hacer la Agencia Española de Cooperación Internacional. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos que empezar a bajar banderas. No se llega al 3 por ciento -no lo dice sólo el Partido Popular, lo han dicho también diversas ONG-; para contabilizar esta ayuda al desarrollo se utilizan en un porcentaje elevado las partidas reembolsables, como son los FAD y los microcréditos, señorías, y la cooperación internacional en el Gobierno socialista queda mucho más diluida que antes, perdiendo operatividad y perdiendo eficacia. Es cierto que el Ministerio de Asuntos Exteriores ahora se llama Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación pero, por lo visto, el hecho de que la cooperación figure en el nombre se ha conseguido a un precio que es el de diluir sus efectos. En estos momentos, cuando hablamos de cooperación, tenemos que llamar a las puertas de tres ministerios. Hay que llamar a la puerta, lógicamente, del Ministerio de Asuntos Exteriores, hay que llamar a la puerta del Ministerio de Economía, que es el que tiene asignada la competencia de la gestión de la deuda, y hay que llamar también al Ministerio de Industria y Comercio, que tiene los FAD, además de aquella cooperación que independientemente pueden hacer ministerios como los de Sanidad, Agricultura y Educación. Antes esto no sucedía, en dos ministerios se concentraba todo ello. Por tanto, vamos a ser coherentes y vamos a levantar las banderas que se quieran, pero cuando las situemos en lo alto del mástil que realmente sean el símbolo de una coherencia con lo que en la bandera se dibuja. Más que nunca España tiene su cooperación confiada a lo que son los créditos reembolsables. Además, y bueno es decirlo, la gran arma de crítica a la gestión del Gobierno del Partido Popular era precisamente que el Gobierno popular ideó y utilizó los microcréditos y en cada debate de los presupuestos se decía que esto de los microcréditos es un engaño, esto no puede ser, esto no es ayuda, es ayuda camuflada... Pues bien, ahora resulta que el Partido Socialista ha encontrado la utilidad de los microcréditos y la propia secretaria de Estado hizo un alarde de las bonanzas, que evidentemente nosotros compartimos, que tenían los microcréditos para afianzar y para potenciar lo que es la ayuda al desarrollo. Por tanto, señorías del Partido socialista, sean coherentes, digan lo que luego van a ser capaces de hacer en realidad, no levanten falsas banderas, y menos en cooperación, y en todo momento sepan que las palabras en los grandes discursos se las lleva el viento, pero en los diarios de sesiones permanecen siempre para ser rebatidas.


Estos argumentos -y acabo, señor presidente- justifican nuestras dos enmiendas a la totalidad. No voy a incidir en las enmiendas parciales, se tiene constancia de las mismas. Hacen hincapié en aquellos puntos en los que el propio Gobierno, en las comparecencias que tuvo hace 15 días, justificó que le gustaría tener más recursos: becas en el exterior, derechos humanos, consolidación de democracias, etcétera. Nosotros, siguiendo el apoyo que queremos dar al ministerio y dándole un empujoncito en esos temas ya más concretos en los que ellos mismos reconocen que están cojos, hemos presentado también este bloque de siete enmiendas parciales.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Para réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hierro. Sea breve, por favor.


El señor HIERRO RECIO: Voy a ser muy breve.


Voy a utilizar este turno de réplica, porque ya puedo ofrecer una enmienda transaccional a la enmienda 1316, del Grupo de Izquierda Unida; lo que haría sería alterar la redacción del artículo 55, para garantizar que se destinan al menos 125 millones de euros de la ayuda al desarrollo a proyectos de desarrollo humano sostenible en forma de créditos, líneas de financiación y donaciones, tanto de forma bilateral como canalizado a través de instituciones financieras de desarrollo. Los proyectos financiados podrán ser adjudicados a empresas de cualquier país, incluyendo empresas locales de otros países en desarrollo, con el fin de seguir aumentando nuestra voluntad de llegar a un consenso con la mayor parte de los grupos posible.


Dicho esto, y ahora haré llegar el texto al señor presidente, quiero referirme a la intervención del Grupo Popular, comenzando por un agradecimiento al tono utilizado, que nos manifiesta esa especie de disociación que hay entre determinados miembros del grupo y otros determinados miembros del grupo. Afortunadamente aquí nos ha tocado oír a una parte del grupo que mantiene un tono con el que se puede mantener alguna conversación y con el que esperamos poder conseguir algunos acuerdos a lo largo de la legislatura. Además, agradezco que se haya hecho con ese tono un discurso que es en cierta forma difícil. ¿Por qué es difícil? Porque cuando hay enmiendas parciales que no van más allá de 718.000 euros es evidente que la enmienda a la

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totalidad queda poco sustentada si se elimina dicha enmienda. Bien sabe el portavoz del Grupo Popular que con este presupuesto se va a alcanzar el 0,3 por ciento del PIB de la ayuda al desarrollo, más cuando se ha introducido la enmienda que usted ya conoce con el grupo de Izquierda Verde y con el Grupo de Esquerra Republicana. Quiero comentarle que es un poco extraño manifestar tanta desolación cuando alguien asume prácticas que uno ha puesto en marcha. No deberían estar tan desolados por el hecho de que el Gobierno Socialista practique algo que ustedes pusieron en marcha. Debería ser motivo de alegría.


Sí quiero referirme a una cuestión muy sencilla. Sabe que el crecimiento real de los fondos para la sección 12 es mayor que el que se aparenta, por el hecho de que en el presupuesto del año anterior había una dotación, a la que usted ha hecho referencia, para cancelar las deudas por las cuotas a los organismos internacionales. Sabe que si se saca esa partida los datos son completamente diferentes. Usted lo conoce y ha hecho referencia a ella. En definitiva, nos gustaría que ustedes viesen lo que el resto de la Cámara está viendo, que es que hay voluntad por parte del Gobierno Socialista, del Ministro de Asuntos Exteriores en este caso y del Ministerio de Economía y Hacienda, como responsable último, de intentar alcanzar el máximo acuerdo posible en este aspecto, dado que seguimos considerando que la política exterior es una política de Estado que debe estar en gran medida al margen de las disputas políticas.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): La sección 34 no tiene enmiendas. Pasaríamos, si no hay ninguna posición en contra, a la sección 13, justicia.


Tiene la palabra el señor Astarloa por el Grupo Popular.


El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Voy a defender las enmiendas de mi grupo a esta sección y empezaré por una consideración de carácter general importante, tanto en lo que se refiere a las enmiendas que hemos presentado como a la mayoría de las enmiendas que han presentado otros grupos parlamentarios a esta sección, que es que nuestro grupo parlamentario, en esta parte del presupuesto, como entiendo que en todas las demás, ha procurado ser absolutamente disciplinado con las disposiciones del Reglamento de la Cámara, con las reglas de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado respecto a la Ley de Presupuestos, evitando en consecuencia buscar fórmulas para un traspaso no ya diré directo, que obviamente está vedado por el Reglamento, pero sí encubierto entre secciones. Eso es especialmente relevante en una sección como la 13, porque, como inmediatamente diré, es una sección que en su conjunto resulta absolutamente insatisfactoria en las previsiones presupuestarias del Estado para el próximo ejercicio. Resulta extremadamente difícil presentar enmiendas a esta sección, habida cuenta de que allí donde para incrementar una partida es necesario reducir otra, con la que se reduce -no me expresaré en términos dramáticos- se produce también un grave daño a algo que es en la mayoría de los casos muy necesario. Eso explica, supongo, que en la generalidad de las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, si SS. SS. se fijan, la propuesta es que cualquier aumento de gasto en una determinada partida de la sección se carga normalmente a la sección 31. Eso es muy revelador de cuál es el estado de naturaleza de este presupuesto en materia de justicia para 2005, de la insuficiencia absoluta del conjunto de previsiones para intentar atender y dar prioridad a unos gastos sobre otros, lo cual hace muy difícil trabajar con enmiendas razonables que permitan mejorar las muchas cosas que es necesario mejorar en la propuesta que nos ha hecho el Gobierno. Añadiré, para terminar este primer punto de carácter general, que a sabiendas de la dificultad hemos ido proponiendo, para presentar cada una de las enmiendas y sostenerlas reglamentariamente, determinadas bajadas, digo a sabiendas de que allí donde se han propuesto es solamente una decisión de prioridad, una decisión de que lo que se propone aumentar es más prioritario que lo que se propone reducir, no de que allí donde se reduce el dinero no sea necesario, porque sin duda lo es, para el Consejo Nacional de la Abogacía, para los gastos corrientes, etcétera.


El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a la sección, que es la enmienda 283, ha presentado luego una serie de enmiendas más específicas, más concretas, las enmiendas 284 a 291. Ha presentado también una enmienda, la 739, para que se incorpore una nueva disposición adicional en el proyecto de ley de presupuestos. Voy a empezar por el final, porque de la enmienda 739, sobre la que no voy a insistir largamente, sí quiero decir alguna cosa. Resume muy bien una de las mayores preocupaciones que despierta el proyecto de presupuestos en materia de justicia. En la comparecencia de las autoridades y altos cargos del ministerio ante la Comisión de Justicia tuvimos un largo debate, que no voy a reproducir, para intentar entender por qué el Gobierno repite una y otra vez -los portavoces del Grupo Socialista con el Gobierno también lo hacen- que en el próximo ejercicio va a ser posible crear 250 nuevos juzgados. Es verdad que unas veces el Gobierno dice 250, otras veces dice 150, otras veces dice 100, insisto sin entrar en el debate. Lo cierto y verdad es que con las cifras contenidas en el presupuesto hay dinero en el próximo ejercicio para 20 nuevos juzgados, que no son 250. Preguntamos al señor secretario de Estado por qué se insistía en la cifra de 250 cuando el sustento presupuestario para esa afirmación no pasaba de 20 juzgados, nos lo explicó y creo que lo hemos entendido. Vino a decir que se va a incrementar la cifra de los 20, para los que hay dinero, con el hecho de que ya existen entre 220 y 230 jueces en ejercicio que sin embargo no tienen adjudicada una unidad

Sección 13

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judicial en la que prestar servicio. Así explicado y sin más detalle, eso quiere decir que para que esos 220 ó 230 jueces entren en ejercicio en una propia unidad judicial va a ser necesario un enorme esfuerzo presupuestario, pero no un enorme esfuerzo presupuestario del Gobierno, no un enorme esfuerzo presupuestario del Estado, sino un enorme esfuerzo presupuestario de las comunidades autónomas. Eso explica, señor presidente, que nuestra preocupación número uno, en relación con los presupuestos del Ministerio de Justicia para el próximo ejercicio, sea resolver de dónde es posible que este presupuesto lleve dinero a las comunidades autónomas, para que puedan asumir los gastos que se van a generar por la creación de las nuevas unidades judiciales. Probablemente otros portavoces añadirán a lo que yo estoy diciendo ahora: ¿y de dónde es posible también sacar dinero para las comunidades autónomas para otros gastos? Enmiendas hay en esa dirección, se llame para financiar los gastos de la Ley del menor, o se llame para financiar otra serie de gastos. En todo caso, lo cierto y verdad es que, si ustedes reparan en el anexo al proyecto de ley contra la violencia contra las mujeres, aprobado en esta Cámara y hoy en tramitación en el Senado, estamos hablando de cantidades próximas a los 30 millones de euros. El ideal para nosotros sería, como dijimos en la Comisión de Justicia, que en el capítulo correspondiente a transferencias a comunidades autónomas estuviese la previsión que haga posible, real y efectiva la creación de 250 nuevas unidades judiciales y, asimismo, la eficacia del anexo de la ley que acabo de mencionar, del proyecto de ley contra la violencia contra la mujer. Ese dinero hoy no está y ese dinero, o bien se logra por la vía de incrementar las transferencias a comunidades autónomas, difícil como no sea como han propuesto algunos grupos con cargo a la sección 31, cosa que nosotros no deseamos, o bien por la vía propuesta por el Grupo Popular de que haya generaciones de ingreso que permitan una transferencia posterior a las comunidades autónomas para atender dicho gasto.


Dicho eso, señor presidente, en el resto de las enmiendas nosotros ponemos el acento esencialmente en el programa 112.A, es decir, aquel que se refiere a los juzgados y los tribunales, y lo hacemos fundamentalmente con enmiendas dirigidas a tres grandes capítulos que consideramos, insisto, dentro de la necesidad de marcar prioridades, que habría que atender con más intensidad que como lo hace el actual proyecto de ley de presupuestos. El primer capítulo sería la formación de jueces, fiscales, secretarios y restante personal al servicio de la administración de justicia, para lo cual se propone el incremento de gasto contenido en la enmienda número 284. En segundo lugar, el capítulo relacionado con los gastos corrientes, al que se refiere la enmienda 289, que tiene en perspectiva, una vez más, abandonar la retórica de vamos a crear tantos juzgados, pero sin tener el dinero para hacerlo, y en consecuencia se incluirían determinadas cantidades para poder, por lo menos, atender los gastos corrientes en las nuevas unidades judiciales, y probablemente el más llamativo de todos, el tercero, se refiere al capítulo 6, a las inversiones, en la medida en que, como ya a estas alturas es bien conocido, en el presupuesto en materia de justicia para el ejercicio que viene no se produce incremento alguno, estamos hablando de incremento cero en la previsión del proyecto del Gobierno en materia de inversiones.
Bien para poder poner en funcionamiento lo que se quiere poner en funcionamiento, bien para atender el mínimo posible de los edificios que están programados, y bien incluso para que sea posible realizar algunas cantidades en la inversión de reposición, es decir, que los edificios judiciales no estén todavía peor de lo que están, se han previsto las cantidades contenidas en las enmiendas 285, 286 y 289.


Termino, señor presidente, añadiendo que, junto a ello, parece importante, y sería bueno además de por sentido común que el grupo mayoritario y los restantes grupos atendiesen a lo que voy a decir. Hemos presentado tres o cuatro enmiendas más sobre asuntos más concretos pero igual de justos que los anteriores. Es importante, y otros grupos lo han propuesto también, que haya una mayor dotación para los juzgados de paz, y es lo que proponemos en la enmienda 288. Es importante que no se dejen sin incremento los conciertos sanitarios de la Mutualidad General Judicial, porque los gastos van a subir en el próximo ejercicio y no se pueden dejar sin atender las prestaciones sanitarias que se hacen en relación con dichos conciertos. También es importante lo contenido en las enmiendas 290 y 291, con las que se pretende que los grupos de esta Cámara resuelvan un problema que el proyecto no soluciona en este momento, como es atender los compromisos para con el personal al servicio de la administración de justicia en capítulo 1. Hay compromisos que ya hay que poner en ejecución para el personal al servicio de la administración de justicia, que tienen que tener repercusión en el capítulo 1, que hoy están recogidos, y no sé cómo van a atender esos gastos que inevitablemente se van a tener que realizar, como no sea, como pasa en las últimas horas, anunciando que no se van a pagar, como pueda pasar con los jueces sustitutos, problema del que hablaremos en esta Cámara en otro momento.


Como es lógico y natural hemos incluido una enmienda para crear en los gastos de personal una partida que recoja el complemento retributivo de jueces y magistrados en Canarias por región ultraperiférica por importe de 661.720 euros. Es una cantidad modesta dentro de las que se manejan en los Presupuestos Generales del Estado, pero importante, fruto de muchos años de diálogo, de deliberación, de estudio, que había fructificado en los últimos meses del Gobierno Popular y que es bueno que atendamos ya, sin duda ninguna, desde ahora mismo en los próximos Presupuestos Generales del Estado.


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El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señoras y señores diputados, en la sección 13 presentamos un conjunto de enmiendas donde de la 2077 a la 2082 tienen que ver con lo que se ha tratado mucho en esta Cámara recientemente, que es la lealtad institucional. Me explicaré. Se trata de un conjunto de mejoras que se ha introducido en las leyes para el tratamiento de la justicia en nuestro país. Muchas de ellas son elementos ya transferidos a las comunidades y no se dotan económica y adecuadamente estos traspasos ya realizados; es decir, la financiación va muy ligada a traspasos anteriores; se están mejorando la justicia y los medios que tiene el Ministerio de Justicia de una forma muy clara; las leyes mejoran este aspecto, y estaría, por ejemplo, esta Ley de Responsabilidad Penal del Menor, magnífica ley que mejora sin duda el tratamiento al menor pero, en cambio, no se han dado los medios adecuados para que entre en funcionamiento con la prioridad necesaria. En este sentido va un conjunto de enmiendas.


Debo también informar a esta Comisión de que nuestra enmienda 2080 es muy parecida a la 1329 de Izquierda Verde y nosotros la mantenemos, pero votaremos la suya porque entendemos que incluso mejora la nuestra en cuanto al importe solicitado.


Hay dos enmiendas que nos parecen importantes, también respecto a este tema que les comentaba. Hay un hecho que nos parece muy significativo de esta problemática que planteamos en estas enmiendas que es, por ejemplo, el acuerdo que se tomó a nivel de Estado el 1 de enero de 1994 sobre la supresión de franquicias en los envíos postales y telegráficos. En aquel momento el Ministerio de Justicia a nivel de Estado fue dotado con una cantidad importante para subsanar el coste que suponía esta decisión para los servicios judiciales. Pues bien, la Generalitat de Catalunya no ha recibido ninguna compensación por este hecho y, por tanto, entendemos que estamos ante un hecho subsanable, y que se debe subsanar tal como intentamos con esta enmienda que presentamos.


Hay dos enmiendas que también nos parecen importantes y significativas. La primera es la 2076, por la que tratamos de dotar a aquellas asociaciones y entidades sin fines lucrativos que trabajan en estos momentos de una forma muy clara en la recuperación de los restos de las personas desaparecidas durante los años de la Guerra Civil y los primeros años después de haberse acabado la guerra y que fueron enterrados en fosas comunes o fosas sin nombres. Por tanto, habría que dotar a estas asociaciones que están haciendo una labor muy importante y muy costosa de medios materiales suficientes para que puedan continuar desarrollando su labor. Nos gustaría que el conjunto de los grupos de esta Cámara, y especialmente algunos grupos que han manifestado una sensibilidad muy especial respecto a este tema, apoyara una enmienda de estas características porque estas entidades sin ánimo de lucro están haciendo un esfuerzo muy importante y necesitan la ayuda del Estado.


Finalmente, la enmienda 2345, referida a un tema que hemos tratado recientemente en esta Cámara, sobre la necesidad de que los jueces tengan conocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano en las comunidades autónomas donde estas lenguas son oficiales con el castellano. Un hecho muy significativo es que el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la necesidad de favorecer el conocimiento de las lenguas oficiales distintas al castellano, para que actúe además como elemento importante para acceder a puestos judiciales en las distintas comunidades autónomas. Sería importante que esta filosofía y este espíritu marcados en las intervenciones de muchos grupos de esta Cámara, y apoyadas en muchos aspectos por el Grupo Parlamentario Socialista que sustenta al Gobierno, se recogiera en el presupuesto del año 2005 con una cantidad que en este momento fijamos en tres millones de euros, para iniciar el fomento del conocimiento de las lenguas oficiales.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, hemos presentado una enmienda para aumentar la partida presupuestaria correspondiente al grupo Greco, que lucha contra la corrupción en el Consejo de Europa, habida cuenta de la necesidad de lucha contra una de las mayores lacras que padecen las democracias actuales. Igualmente, pedimos un aumento de los recursos para los juzgados de vigilancia penitenciaria y así garantizar la reeducación y reinserción social y cumplir en mayor medida con el artículo 25.2 de la Constitución española. La potenciación de estos juzgados forma parte de una proposición no de ley aprobada la semana pasada en la Comisión de Justicia, por lo que nos parece coherente el incremento de esta partida presupuestaria con la proposición no de ley aprobada. Igualmente, apostamos por un plan de mejora de los juzgados de menores en cuanto a su funcionamiento con un incremento de 4 millones de euros para garantizar la eficacia de las medidas y los fines que se recogen en la Ley del menor. Esta enmienda, como ha comentado el portavoz de Convergència i Unió, señor Vilajoana, es coincidente con una de sus enmiendas, pero si bien nosotros pedimos una cuantía mayor, igualmente votaremos a favor de su enmienda. Presentamos una enmienda para fomentar los juzgados de familia e incapacidades según las necesidades de las comunidades autónomas, que se haga un plan de especialización de los juzgados de familia e incapacidades que ahora mismo son insuficientes y no tienen los medios adecuados para cumplir con las tareas que tienen asignadas.


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También nos preocupa enormemente la justicia gratuita, si bien el sistema actual, como ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, lo consideramos muy deficiente; mientras no se modifique, hemos de establecer una cuantía suficiente para que se dé cumplimiento de este sistema de justicia gratuita, que ahora con la cuantía actual no lo es. También un incremento de la partida presupuestaria correspondiente a los juzgados de paz, tratándose de la justicia más próxima al ciudadano y que en España ahora mismo está infrautilizada, pudiendo ser útil para reducir la litigiosidad de la jurisdicción profesional. Además, debe normalizarse la situación laboral y salarial que padecen los secretarios de los juzgados de paz.
Por ello pedimos ese incremento de la partida presupuestaria. Asimismo hay otra cuestión que ya ha sido comentada por otros portavoces y que está relacionada con el plan contra la violencia de género. Consideramos que la cuantía recogida es insuficiente para abordar todas las medidas previstas en este plan contra la violencia de género y el compromiso político demandamos, como siempre, que se traduzca en un compromiso presupuestario para responder eficazmente a esta situación social que padecemos. Un ejemplo son los cumplimientos de las órdenes de protección.


Para finalizar hemos presentado una serie de enmiendas que tratan de mejorar la situación que afecta a algunos juzgados, como es el caso de los juzgados de Teruel que están en unos sótanos insalubres y cuya mejora debe abordarse de manera urgente; en otros juzgados con la presentación de las enmiendas pretendemos que se eliminen las barreras arquitectónicas para el acceso de personas con problemas de discapacidad. Hay una serie de proyectos aprobados que carecen de partida presupuestaria para mejorar los juzgados de determinadas provincias.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Hemos presentado cuatro enmiendas fundamentalmente para la mejora de los edificios que controlan y reciben a la justicia. Lo hacemos así sobre todo respecto al juzgado de primera instancia de Benabarre, al juzgado de Sariñena, también al juzgado de Borja, al juzgado de Huesca y al juzgado de Teruel que, como ha dicho la representante de Izquierda Unida, está en una situación bastante deplorable porque se encuentra en un sótano.


Son enmiendas que no representan mucho dinero pero sí son muy importantes porque desgraciadamente la justicia en España sigue estando en una situación bastante precaria en edificios en los que resulta escalofriante que en el siglo XXI siga ahí el juzgado. Por eso pedimos la mejora de todos estos juzgados. Se podrían dar los nombres de muchas más cabeceras de comarcas, pero creemos que con estos son suficientes.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Intervengo con la mayor brevedad posible para contestar sobre las enmiendas presentadas por los distintos grupos a esta sección 13, indicando que lógicamente voy a contestar a las que se refieren a la sección porque alguna que se ha reproducido, creo que por error, está referida al articulado y a disposiciones adicionales que ya han sido objeto de debate.


Invierto el orden de intervención y empiezo por el Grupo Mixto, Chunta Aragonesista, señor Labordeta. En cuanto a las enmiendas 1, 2 y 3, los juzgados de primera instancia de Benabarre, Borja y Sariñena no han sido creados todavía y, por tanto, no es competencia del ministerio, por lo que no se puede consignar inversión alguna en los presupuestos de 2005.
Por lo que se refiere a los juzgados de Huesca y Teruel, la posición es más favorable porque se está gestionando la consecución de suelo o edificio que permita la ampliación y mejora de estas infraestructuras judiciales. Como no se puede culminar esta operación en el año 2005 no se tiene conocimiento de la inversión a realizar, pero está previsto consignarlo en el presupuesto de 2006, tanto en lo que se refiere a la enmienda 4 como a la 5, pero hoy no habría una posibilidad objetiva de hacerlo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Paso a contestar al Grupo Popular, siguiendo el orden numérico de las enmiendas, sin ir de menor a mayor. Quiero decir que es la primera vez, al menos en la sección 13, que encuentro una enmienda de totalidad sin motivación de ningún tipo, simplemente presentan una enmienda de totalidad. Formalmente así se ha tratado, así se ha debatido y así va a ser lógicamente rechazada. Mi estimado compañero, don Ignacio Astarloa, en su intervención ha hecho un pequeño esfuerzo por adornar esta enmienda, junto con las diferentes enmiendas parciales que han presentado. Es lógico lo que dice de que para él es insatisfactorio y que en el papel que le corresponde le resulta difícil presentar enmiendas.
Aquí, sin pretenderlo, don Ignacio está diciendo algo muy positivo del presupuesto y es que como están bien priorizados, bien distribuidos los recursos, resulta difícil hacer encajes entre unas partidas y otras dentro de la sección 13.


Señor Astarloa, como sabe, el presupuesto del 2004, que era histórico, excelente y magnífico y todos los adjetivos que ustedes le quisieron dedicar, tiene un incremento este año del 8,41 por ciento en toda la sección 13 y del 8,61 en el programa de tribunales de justicia y ministerio fiscal, con un aumento de más de 89 millones de euros en términos homogéneos en la consignación. Está prevista -pese a que siga poniéndolo en duda, dentro de un año tendremos ocasión de seguir debatiendo y de revisar el cumplimiento o no de lo

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comprometido- la creación de 250 nuevos órganos judiciales y 135 nuevas plazas en el ministerio fiscal, además de 75 secretarios judiciales, 116 oficiales, 152 auxiliares, 72 agentes judiciales, 6 médicos forenses, etcétera. Se da solución al grave problema de los jueces adjuntos o adscritos, según se les quiera denominar, se informatizan 250 nuevos registros civiles, se incrementa el turno de oficio y la asistencia letrada en más del 50 por ciento, se consigna por primera vez 3 millones de euros para la integración de las minorías religiosas, se aumenta en un 68 por ciento el plan de actuaciones contra la violencia de género. En definitiva, los distintos programas de la sección 13 aumentan de una forma importante que en aras a la brevedad no voy a reproducir. Señor Astarloa, quede claro que no es más que en su imaginación, se lo digo con todo el cariño, donde se recoge la consignación de 20 plazas de órganos jurisdiccionales. No hay duda de si son 100, 150 ó 250.
Lo escrito se lee y le ratifico y reitero en este acto que son 250 nuevos órganos jurisdiccionales, órganos judiciales que darán respuesta además a que por fin puedan tener órgano judicial los aproximadamente 212 jueces que aprobaron la oposición, pasaron por la Escuela Judicial y no tienen juzgado propio. Esa es la realidad a la que vamos a dar respuesta en este año 2005.En cuanto a las preocupaciones que manifiestan en sus enmiendas, con carácter general le indico, señor Astarloa, que no aciertan lamentablemente, quizás porque es difícil, es verdad, y dar de alta las consignaciones que pretenden sería absolutamente inasumible, pero además nos parecen poco acertadas las enmiendas que plantean. Así, la 284 plantea un incremento absolutamente innecesario, porque este capítulo 1 ya tiene un incremento del 7,65 por ciento, suficiente y adecuado para las necesidades que tiene planteado el Centro de Estudios Jurídicos para la formación de nuevos fiscales. Habrá visto que la inversión es aproximadamente el 10,34 por ciento más que el año pasado para formación.
Nos gustaría que hubiera sido más y no descartamos que a lo largo del ejercicio se puedan incorporar nuevas cantidades por distintos mecanismos presupuestarios, como pudiera ser la generación de crédito, pero lo cierto es que sobre lo que ustedes consideraban muy positivo y adecuado incrementamos un 10,34 por ciento. En la enmienda 285 recogen una serie de inversiones de campanario concretas. Por cierto, una afecta al edificio que albergue al conjunto de los juzgados de mi propia provincia, la importante ciudad de Palencia, pequeñita pero muy agradable. Le tengo que decir, para que sus parlamentarios en mi provincia lo utilicen, que no es bueno hacer demagogia, esto que votaron el año pasado en una PNL, en contra de creación de juzgados en distintos sitios. Hay una realidad, y es que no se puede consignar algo que no está concretado, y lo que se está intentando buscar tanto en Ibiza, a la que también menciona, como en Palencia, es la consecución de un suelo, en el caso de Palencia de un edificio, que permita albergar el conjunto de los juzgados y tribunales; mientras no exista el edificio no se puede hacer el proyecto y cuantificar la inversión. Por otra parte, las partidas no están regionalizadas, están recogidas en artículos, y se prevé -para que quede claro en el "Diario de Sesiones"- la posibilidad de que los edificios de los juzgados relacionados en esta enmienda puedan consignarse en el ejercicio económico 2006. Lo mismo ocurre en el de Almazán -por ir muy rápido- y en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuyo actual edificio está previsto rehabilitar. Por supuesto, señor Astarloa, no se podrían disminuir 3,5 millones en el concepto 483, destinado al turno de oficio, como pretenden en las enmiendas 285 y 286, porque dejarían sin efecto el importante incremento producido este año. La enmienda 287, que se refiere a los conciertos de asistencia sanitaria, es absolutamente irrelevante, pues se van a cumplir y hay consignación presupuestaria suficiente. La enmienda 288, sobre los créditos para los juzgados de paz, también es innecesaria, pues son manifiestamente suficientes. Así los consideraban ustedes y, si ahora han aumentado, ¿por qué van a considerarlos insuficientes? Además, en el programa 112.A, en el capítulo 1, hay también consignaciones a estos efectos para el pago de personal, concretamente de los secretarios de este juzgado.


En el capítulo 2, gastos corrientes, hay un incremento importante para el aumento de los nuevos órganos judiciales, para el aumento vegetativo y para los ya creados con anterioridad. En el presupuesto de 2005 se produce un incremento global, señor Astarloa, del 12,82 por ciento, que nos parece razonable y suficiente para atender estas necesidades.
Igualmente -se lo decía con anterioridad respecto a su enmienda 290-, en relación con esa preocupación por pagar al personal, no se preocupe porque no se van a quedar sin cobrar. Algún riesgo ha manifestado usted, desde luego no por causa imputable al actual Gobierno, como es la falta de consignación en 2004 en la partida para jueces sustitutos y magistrados suplentes. En el ejercicio anterior personalmente denuncié su insuficiencia y fui contestado en sentido negativo. Ahora parece ser que hay algún problema en esta dirección que habrá que solucionar, pero al Grupo Popular no le vendría nada mal un poco de prudencia en este campo.


En cuanto a su enmienda respecto a la mejor retribución de jueces y magistrados destinados en Canarias, también nos parece innecesaria, porque la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en su anexo 2.3, recoge el complemento de destino actualizado por circunstancias especiales en los miembros de la carrera judicial, entre los que se incluyen los de Gran Canaria y Tenerife, por lo que la mejora retributiva propuesta resulta absolutamente innecesaria, sin entrar, por otro lado, en el posible trato discriminatorio que podría suponer su aprobación con respecto a los otros colectivos afectados por dicho complemento. Por otro lado, como siempre, la baja que pretenden en el concepto que aplicarían dejaría

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sin consignación suficiente estas partidas. Por tanto, vamos a rechazar estas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, respetuosamente por supuesto. De cara al año próximo, si plantean una enmienda de totalidad, al menos arguméntenla un poquito, con mayor o menor fortuna. No digan simplemente que presentan una enmienda de totalidad, porque eso indica un escaso rigor, y lo digo -insisto- dentro del máximo respeto.


En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, quiero hacer algunas consideraciones. En ponencia ya se ha asumido alguna enmienda, sobre todo de las que hemos presentado conjuntamente. Respecto a las que aún se mantienen en este acto, quiero indicar rapidísimamente lo siguiente. Respecto a su enmienda 1327, compartimos su filosofía de potenciación del grupo Greco, pero la consignación que se recoge es el compromiso de aportación que tiene España y no hay ninguna demanda en sentido contrario; es decir, compartimos la filosofía, pero de momento no es necesaria una consignación superior, resumiendo mucho la argumentación. En cuanto a las enmiendas números 1328 a 1330, relativas a los juzgados de vigilancia penitenciaria, menores y de familia, quiero hacer una reflexión general porque afecta a enmiendas de otros grupos. Es posible, y no lo discutimos, que, como consecuencia de aprobación de leyes anteriores -la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de responsabilidad penal del menor y otras más-, se hayan producido transferencias implícitas a las comunidades autónomas, que no han llevado una correspondencia o paralela cofinanciación por parte del Estado, eso es verdad, se reconoce. El mecanismo para su corrección no es desde luego la enmienda, como en este caso, a la sección 13 del Ministerio de Justicia, sino aquellos que haya para reclamar y negociar, teniendo en cuenta el principio que se ha mencionado de lealtad institucional en estas partidas. Por otro lado hay competencias que se encuentran transferidas en gran parte a las comunidades autónomas, y en ese sistema de financiación habrá que analizar esta situación en cuanto a demandas concretas, sobre todo las referidas a periodos pasados de ejercicios anteriores, como se reivindica en determinadas enmiendas. En todo caso, por lo que respecta a las enmiendas que presenta Izquierda Unida, se encuentra una partida recogida en el programa 112.A, concepto 450, donde debieran tener cabida estas enmiendas, si bien en las cuantías que resultaran pertinentes, ello, insisto, con independencia de la discusión y debate de fondo, que compartimos en su filosofía.


Llamo la atención sobre las enmiendas números 1331 y 1332 de Izquierda Unida, en el sentido de que ya lo hemos tenido en cuenta porque hemos aumentado la consignación del turno de oficio y la asistencia letrada al detenido ni más ni menos que el 50 por ciento y el 59 por ciento para los procuradores en turno de oficio, ya que las cantidades que existían con anterioridad eran escasas. Veremos si resultan suficientes, pero se da satisfacción a la pretensión que formulan e igualmente a la que realizan en cuanto a los juzgados de paz.


Finalmente presenta Izquierda Unida unas pequeñas enmiendas concretas, no por ello menos importantes: una, relativa al juzgado de Teruel, a la que ya he dado respuesta con anterioridad al portavoz de la Chunta, en el sentido de que, en efecto, es una necesidad y parece ser -no es una promesa- que el compromiso es que tenga consignación en el ejercicio de 2006; es lo que está en la previsión plurianual del Ministerio de Justicia. En Albacete, que igualmente plantea Izquierda Unida, existe la misma situación: se prevé culminar el proceso, que permita realizar los estudios y proyectos y asistencias técnicas necesarias para programar la inversión en el 2006, porque hoy no existe el dato concreto y objetivo para cuantificar esa inversión. Del mismo modo, quiero decirle que lo concerniente a las enmiendas números 1337 y 1338, relativas a unas pequeñas instalaciones, ya está recogido en partidas no regionalizables porque son obras de menor entidad que no llevan el catálogo de la provincia concreta. Hablamos de la instalación de unos ascensores en dos localidades concretas. En lo que se refiere a Talavera de la Reina, la contestación es la misma: para el año 2006. En cuanto al juzgado de Las Pedroñeras, que ya había mencionado con anterioridad, no es competencia del ministerio porque aún no ha sido creado y, por lo tanto, sería competencia de la comunidad autónoma.


Voy a referirme rápidamente al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ya he contestado alguna cuestión, de las importantes. Quiero decirle que la enmienda número 2076 nos gusta, pero no estamos en condiciones de aprobarla en este momento por la dificultad económica concreta de consignación; además, probablemente no tenga que ir en la sección 13, incluso no estoy seguro si ya está negociado o figurará en alguna otra sección. Me refiero a las ayudas a las entidades que sin ánimo de lucro trabajan para recuperar los restos de las personas desaparecidas durante la guerra civil y durante los años posteriores. Es probable que en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sea donde mejor cabida tenga esta enmienda, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones, pero sin huir del debate. (Rumores.)

Resulta un poco difícil, señor presidente, hablar con el murmullo permanente en la sala, pero voy terminando rapidísimamente.


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Villarrubia.


Acaban de oír al interviniente llamando la atención al presidente, con razón. Les ruego a todos que bajen el nivel de sus conversaciones.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Lejos de llamar la atención, soy bastante torpe y no me concentro con tanto ruido; si no, no lo hubiera dicho.
Muchas gracias. Acabo rápidamente.


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Sirva en este caso la argumentación que ya había hecho con anterioridad en cuanto al destino y financiación de los traspasos que, en todo caso, debieran, a nuestro juicio, ser tratados en la sección 32, entes territoriales, y no en el presupuesto del Ministerio de Justicia. Para ello será necesario el acuerdo previo de la comisión mixta de transferencias Administración del Estado-Generalitat de Cataluña y su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto, como se ha venido realizando en distintos ejercicios desde 1994. No entro en los errores técnicos que se producen en el planteamiento de la enmienda, pues no son la cuestión de fondo. Doy por reproducida la enmienda 2079 y la 2080, los mayores costes por la entrada en vigor de la Ley 5/2000, que comportan la necesidad de adecuar los medios humanos y materiales, tanto de los juzgados de menores como de las fiscalías, y que también debían ir en el capítulo 6 y no en el capítulo 4, de inversiones. En cualquier caso, tiene la misma motivación que en el supuesto anterior, en la sección 32, y por el trámite de la discusión institucional correspondiente. En la enmienda 2081, en cuanto a la responsabilidad penal del menor, aparece el concepto 450 nuevo. La enmienda 2082, respecto a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, tiene la misma motivación. En la enmienda 2345, en cuanto al conocimiento de las lenguas oficiales distintas del castellano en los tribunales de justicia, dentro de los programas de formación del personal de la Administración de justicia, dirigidos a los cuerpos que se forman a través del centro de estudios judiciales, se encuentran contempladas actividades docentes encaminadas a tal dirección, y también, dentro del capítulo 1 del programa 112.A, sin perjuicio de que en el futuro pueda ser intensificada esta actividad docente, que se encuentra presupuestada en estos citados organismos. No se nos olvida que es verdad que hemos aprobado una proposición no de ley en el Pleno de esta Cámara, el 21 de septiembre del año en curso, donde uno de los compromisos es potenciar la formación y uno de los aspectos de la formación éste concreto; no olvidamos el compromiso, ya ha habido un incremento general en formación y seguro que será necesario complementar los recursos.


Sin más, habiendo pretendido no extenderme demasiado, pero con la cortesía obligada de contestar a todas las enmiendas de los grupos, doy por concluida mi intervención, indicando que, lógicamente, no defenderemos las enmiendas propias del Grupo Parlamentario Socialista o en conjunto con otros grupos parlamentarios, que ya han sido incorporadas en transaccionales o en ponencia.


El señor PRESIDENTE: Realizada ya la discusión de las enmiendas de la sección 13, pasamos a las enmiendas de la sección 14, relativas a defensa.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Oltra.


La señora OLTRA TORRES: Intervengo para defender la enmienda de totalidad que ha presentado mi grupo a la sección 14, Ministerio de Defensa, así como las enmiendas parciales y, también, para fijar posición respecto a las presentadas por otros grupos parlamentarios.


En primer lugar, quiero decir que este grupo tiene la sensación de haber cumplido con el ministro de Defensa del actual Gobierno más que el propio grupo que sustenta a este Gobierno. El señor Bono, en su primera comparecencia ante la Comisión de Defensa, el 25 de mayo, reclamaba de su grupo y del nuestro el esfuerzo necesario para, llegada esta hora, la del debate de los Presupuestos Generales del Estado, conseguir el peso necesario para que la defensa estuviese en el lugar que le correspondía.
En ese sentido, hago referencia al "Diario de Sesiones" de aquella Comisión. Y digo esto porque esa es precisamente la base de la enmienda de totalidad que mi grupo ha presentado a la sección 14. Podría hablar también de la intervención del secretario de Estado de Defensa ante la Comisión de Defensa, en la que decía -además es una frase que le he oído en repetidas ocasiones- que contra hechos no valen razones. En relación con este presupuesto, tengo que dar la razón al secretario de Estado de Defensa, contra hechos no valen razones, y del 4,2 por ciento de crecimiento respecto al año anterior, del que se vanagloriaba el secretario de Estado de Defensa, pasamos, después de las enmiendas que ha presentado el grupo que sustenta el Gobierno, y que supongo que serán votadas favorablemente, al 3,73 por ciento de crecimiento. Si lo comparamos con el presupuesto de defensa, subsector Estado, en relación con el PIB, vendríamos de un 0,86 por ciento en el año 2004 para pasar, antes de las enmiendas, a un 0,836 y, después de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, a un 0,831.


Asimismo, a este grupo se le plantean dudas respecto de la actuación del Grupo Socialista. En el debate del presupuesto para el ejercicio actual, para el ejercicio 2004, se planteó que los anticipos que entonces estaban ubicados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hoy en Industria, se incorporasen al Ministerio de Defensa. Yo tuve el honor de intervenir en el seno de esta Comisión para defender la sección 14 y dije al Grupo Socialista que a esta portavoz no hacía falta convencerla del componente tecnológico que tenía la industria de defensa y del componente de I+D que tienen estos anticipos. Esa misma argumentación es la que ha hecho este año el secretario de Estado de Defensa en su comparecencia ante la Comisión para defender este presupuesto, lo que nos plantea serias dudas sobre dónde está el Grupo Socialista, si defendiendo la incorporación al Ministerio de Defensa de los anticipos de I+D ubicados actualmente en el Ministerio de Industria, si, como cuando presentó su programa electoral, diciendo que sólo irían como ciencia y tecnología aquellos componentes que tuviesen un carácter civil y no los que tuviesen carácter de defensa,

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si tengo que hacer caso al secretario de Estado de Defensa cuando dice que el Gobierno seguirá utilizando este tipo de anticipos y que los cree necesarios en cuanto a investigación y desarrollo o si tengo que hacer caso a la subsecretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuando, respecto de estos anticipos, nos dice, casi disculpándose, que incorporan los compromisos del anterior Gobierno y que cada vez van a reducir más este tipo de anticipos de la industria de defensa. En fin, esas son dudas que tiene este grupo, y este es el momento de presentarlas, porque justifican la enmienda de totalidad.


Quiero hacer mención especial de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que es el grupo que sustenta al Gobierno. Sus enmiendas suponen una disminución de 30 millones de euros en programas operativos, sobre cuya importancia para la operatividad y modernización de nuestras Fuerzas Armadas nadie había tenido dudas hasta la fecha.
Asimismo, por medio de una enmienda conjunta con los grupos de Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, plantean disminuir 6.700.000 euros en el concepto 228, gastos por operaciones de paz. Como sé que me van a contestar que este concepto tiene gasto ampliable y que me dirán la cuantía que tenía el concepto en el presupuesto anterior, quiero decirle a quien corresponda que se defiende lo que se defiende en coherencia con lo que se plantea. De modo que si viene el secretario de Estado a la Comisión de Defensa y nos dice que, en aras de la transparencia y de la operatividad, se dota con 25 millones de euros este concepto, para que al inicio del ejercicio no haya problemas presupuestarios para llevar a cabo las diferentes operaciones de paz que tenemos desplegadas en todo el mundo, no puedo pensar más que en dos posibilidades: o bien de aquí al 1 de enero se va a reducir la cantidad destinada a las operaciones de paz desplegadas por todo el mundo, o bien la cantidad presupuestada era aleatoria y no importa que se practique una reducción de 6.700.000 euros.


Paso ahora a defender las enmiendas parciales que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Ya comenté en la Comisión de Defensa que nos parecía baja la partida destinada a combustible para los diferentes ejércitos. Por eso presentamos tres enmiendas, que afectarían, respectivamente, a dicha partida para el Ejército de Tierra, para la Armada y para el Ejército del Aire. Teniendo en cuenta el precio que para el petróleo se ha fijado en estos presupuestos, nos vemos obligados a presentar estas enmiendas para que no llegue un momento de la ejecución presupuestaria en que los aviones de la Fuerzas Armadas, los vehículos de transporte, etcétera, no puedan moverse. Estas enmiendas se hacen eco de diversas carencias y problemas que se han detectado en las Fuerzas Armadas, y espero que tanto el grupo que sustenta al Gobierno como los demás grupos parlamentarios voten a favor de ellas.


Defenderé a continuación la enmienda que propone aumentar el complemento específico de la tropa y marinería para los integrantes del Escuadrón de Zapadores-Paracaidistas del Ejército del Aire. Pensando en su alto grado de especialización, en su cualificación e instrucción y en el riesgo inherente a las funciones que desempeña el personal de este escuadrón, este aumento en el complemento específico sería una medida que reforzaría nuevas incorporaciones y su permanencia en las Fuerzas Armadas.


La enmienda 298 pretende mejorar la calidad de vida de las tropas desplazadas en operaciones, dotando a nuestro Ejército de Tierra de mejor equipamiento de campaña, como tiendas y otros habitáculos. Hemos destinado otras enmiendas a incrementar la seguridad y el mantenimiento de los vehículos terrestres del Ejército de Tierra, puesto que consideramos, y así se hizo ver en la Comisión de Defensa, que sería necesario.


Las enmiendas 302, 303 y 305 proponen mejorar la calidad de vida, hacer una especie de incremento en lo que son partidas para mejorar la calidad de vida de las bases y acuartelamientos en tres provincias en las que se ha detectado que hay problemas para el reclutamiento y la retención de nuestra tropa profesional.


La enmienda 301 propone habilitar créditos presupuestarios suficientes para poder adoptar medidas en relación con el reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra declaradas a extinguir. Esto daría cumplimiento económico a una proposición de ley en Pleno y no de ley en Comisión que ha presentado mi grupo y que esperamos que se debata en breve y que sea votada favorablemente. Para mejorar las instalaciones de la base militar de Santa Ana, de Cáceres, tanto por su condición actual de centro de formación de soldados profesionales como por su condición de futura base de establecimiento de un regimiento de ingenieros previsto para el año 2006, proponemos un incremento previsto en la enmienda 304, en coherencia con las declaraciones hechas por el ministro de Defensa y el anterior jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra y con la postura de nuestro grupo parlamentario en la pasada legislatura.


Respecto de las demás enmiendas presentadas a esta sección, he de decir que no podemos votar las del Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna, porque dan de baja créditos sin dar de alta, simplemente eliminan los créditos de la sección de defensa en el País Vasco. Asimismo, no podemos votar las enmiendas defendidas por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en relación con la baja propuesta en contribuciones a la OTAN dando de alta la creación de un nuevo proyecto de investigación y estudios para la paz, pero sí que votaríamos favorablemente la baja en la sección 31 y alta en la Gerencia de Infraestructuras de un crédito de 100.000 euros para realizar un estudio sobre el desmantelamiento del polígono de tiro en las Bardenas Reales, en Navarra, de acuerdo con la moción apoyada por nuestro grupo y aprobada por unanimidad en el Pleno de esta Cámara el 15 de julio de 2004.


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En cuanto a las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, quiero manifestar que de la lectura de las mismas solo puedo deducir que no conocen nuestras Fuerzas Armadas. A mí me gustaría que en el ejercicio de sus funciones viesen qué es lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas allá donde están, tanto en operaciones de paz como en las misiones que tienen encomendados por nuestra Constitución. Mi grupo al menos, y espero que el grupo que sustenta al Gobierno, no puede dar apoyo a toda esta serie de enmiendas parciales que ha presentado este grupo parlamentario.


Para concluir, señor presidente, después de leer el periódico este fin de semana, se me plantean algunas dudas que espero que tengan respuesta si no en esta Comisión, que deberían tenerla, sí en el Pleno. Por ejemplo, qué previsión presupuestaria tiene el resultado de los acuerdos de ayer del presidente del Gobierno de España con el canciller alemán Schröder en León. Además, después de haber leído hoy en el periódico El País alguna noticia al respecto de la opinión que le merecía a la Junta de Jefes del Estado Mayor las enmiendas presentadas a este presupuesto y en lo que va a quedar, posiblemente, nos parece que podría haber otra enmienda latente en los que van a ser beneficiarios directos de este presupuesto. Ya manifestamos nuestro desacuerdo con el presupuesto en la sección 14 que presentó el Gobierno en la Comisión de Defensa en la que intervinieron los altos cargos, que lo hicieron en nombre del Gobierno, pero después de las enmiendas que, suponemos, se votarán hoy, no sólo nos gusta menos sino que, además, han dejado en muy mal lugar, sobre todo, a los jefes del Estado Mayor que vinieron a defender unos presupuestos que ahora van a tener que soportar con otro cariz y otro carácter.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: En primer lugar, escuchando a la portavoz del Partido Popular en Defensa, tendríamos a lo mejor la oportunidad de votar favorablemente la enmienda a la totalidad a la sección 14 porque a lo mejor resultaría que dejaríamos sin aprobar dicha sección, pero teniendo en cuenta que el objetivo de la enmienda a la totalidad es totalmente contrario a los principios que defiende el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, no vamos a dar apoyo a dicha enmienda a la totalidad; podríamos llegar a la conclusión de que si queremos dar de baja al Ministerio de Defensa, podríamos aprobar la enmienda a la totalidad y nos encontraríamos así en una circunstancia que favorecería las tesis que defendemos. Pero como somos coherentes con las enmiendas que hemos presentado a la sección 14 porque somos conocedores del Ministerio de Defensa y del presupuesto del mismo -yo mismo soy portavoz en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de Defensa-, entendemos que son enmiendas defendibles y que van en función de lo que entendemos nosotros que tiene que ser la política de defensa, teniendo en cuenta la situación mundial y para fomentar la cultura de la paz.


Estas enmiendas, digo, van dirigidas a dotar al ejército de un sentido más cívico y humanitario en la línea que las propias campañas del ejército y de los discursos de sus responsables políticos publicitan. El actual Ministerio de Defensa, en otro tiempo fue llamado Ministerio de la Guerra. El cambio de nombre puede responder a un eufemismo o a un verdadero cambio ideológico. Nosotros queremos, verdaderamente, que se produzca dicho cambio ideológico como un paso más en el progreso de la humanidad. En ese sentido, dado el nombre de Defensa del actual ministerio, nos preguntamos: Defensa, ¿de quién? ¿Cuáles son las amenazas reales o potenciales que a corto o medio plazo puede tener el Estado y que sean competencia del Ejército español? Entendemos que las amenazas actuales son mínimas en relación con un gasto militar exagerado y que, en cualquier caso, dichas amenazas no deben ser enfrentadas desde una perspectiva de aumento militar que pueda conllevar a una escalada de violencia, sino que debe ser enfrentado desde un punto de vista pacífico y de diálogo.


Nuestro grupo parlamentario presenta una enmienda encaminada al estudio de la reconversión del ejército y de la industria armamentística para cumplir con unos objetivos de interés general y no militares. En consonancia con este razonamiento, anunciamos también nuestro voto favorable a la enmienda del Grupo de Izquierda Verde en defensa de la investigación y estudios para la paz. Asimismo, aprovechamos la ocasión para subrayar la relación que hay entre los conflictos y las desigualdades y la falta de libertades que nuestras propias empresas y países legitiman. Por ello, para encaminarnos hacia un ministerio que verdaderamente sea defensor de la paz y no de la guerra, es necesario un cambio en nuestra política económica internacional. En esta misma línea, existen otras enmiendas para el estudio de la reparación de daños humanos, físicos o medioambientales causados por acciones militares, entre las cuales destacan las partidas destinadas al estudio de vacunaciones y contraataques biológicos y la de evaluación de las diferentes contaminaciones producidas por el ejército, desde las producidas con gas mostaza durante la ocupación española del Reino marroquí hasta la contaminación producida con uranio empobrecido en los Balcanes, pasando por la contaminación padecida por el entorno marítimo canario como consecuencia de las pruebas militares. Se solicita, pues, la responsabilidad del Ejército español y de los presupuestos de Defensa en dichas contaminaciones, aunque no siempre éstas hayan sido responsabilidad única del Estado español.


Otro grupo de enmiendas están encaminadas a dotar de contenido las acciones humanitarias que, pretendidamente, desarrolla el ejército español. En este sentido,

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se propone reducir las partidas destinadas a la compra de armamento y aumentar aquellas destinadas a la ayuda de emergencia, reconstrucción, unidades de extinción de incendios y rescate marítimo. En este último caso, porque consideramos que la preparación y medios del ejército para atender a catástrofes como los incendios de este verano o la contaminación del Prestige debe ser mayor y más eficaz, sobre todo teniendo en cuenta la imagen que se pretende dar del ejército como un servicio público a la comunidad.


Hay otro grupo de enmiendas que están destinadas a la formación en otras culturas e idiomas para los soldados que van a desarrollar misiones pretendidamente humanitarias en otros países. Si no existe dicha formación, el choque cultural puede hacer que la acción sea más negativa que positiva, según los parámetros pretendidos de ayuda a las poblaciones a las que se atiende.


También hay dos enmiendas destinadas a la democratización del Ejército español. Por un lado, se pretende la formación en valores democráticos a los soldados ya que no se ha producido una total regeneración del ejército, como demuestra la condecoración y el ascenso militar de Blas Piñar o la existencia de soldados que conmemoran la muerte del dictador Franco en el Valle de los Caídos. Por otro lado, se contempla una partida para cumplir con el mandato que este Parlamento ha dado al Gobierno español para llevar a cabo la eliminación de los símbolos fascistas en todos los cuarteles militares. Finalmente, hay una enmienda que pretende la indemnización a todos aquellos guerrilleros que dieron su vida luchando contra el fascismo y por las libertades y la democracia en este Estado y que aún están pendientes de ser reconocidos.


En definitiva, nuestras enmiendas no son utópicas ni surrealistas, como algunos quieren pretender o han dicho, son simplemente enmiendas realistas que pretenden abrir un camino que enlace la evolución de un ministerio de la guerra a un ministerio de la paz, desde la pretendida fase intermedia en la que nos encontramos, la del Ministerio de Defensa, aunque esta algunas veces, como sucedió con las tropas que Aznar envió a Irak, sirva para defender a los que tienen verdaderos ministerios de la guerra.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo Parlamentario de Izquierda Verde, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario mantiene dos enmiendas a las que se han referido otros grupos parlamentarios en sus intervenciones. Una, relativa a la profundización de la línea humanitaria desde la defensa, ligada a la investigación para la paz, y otra, con respecto al polígono de tiro de Las Bárdenas que ya ha sido tratado en diversas ocasiones en este Cámara y que nos parece que debería tener una correspondencia presupuestaria. De todas formas, voy a intentar equilibrar el apoyo entusiasta del Grupo Parlamentario Popular al ministro de Defensa, para que se sitúe donde debe estar, en el centro, con una cierta crítica desde el grupo parlamentario que yo represento.


Nuestro grupo parlamentario que aspira, como todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, a una sociedad en paz, sí cree que puede haber una estrategia en estos momentos para nuestros ejércitos, pero no debería estar centrada en una estrategia ofensiva o en unas políticas humanitarias que normalmente deben ser desarrolladas por los organismos dignos de tal nombre, por los organismos humanitarios. Sí creemos en un ejército que tenga una estrategia defensiva en el ámbito internacional, por tanto, que oriente la composición del ejército en ese sentido, tanto el gasto militar, como su desarrollo posterior, y también creemos en un ejército que en el ámbito internacional participe en operaciones de paz, en esas cuestiones sí creemos. Más allá del continuismo de las políticas del Ministerio de Defensa, que en nuestra opinión -es nuestra crítica- es un continuismo por exceso, nosotros seríamos partidarios de que la orientación de la política de defensa en nuestro país fuera a favor de una política de seguridad basada en la defensa, en una defensa no ofensiva, valga la redundancia, y por otra parte en una política internacional de intervención para mantenimiento de la paz, en ningún caso en una política, como se ha apuntado en los últimos días, de intervención del ejército en relación a las políticas antiterroristas.
Esa es una preocupación que trasladaremos en el debate de estrategia del ejército, cuando tenga lugar en esta Cámara, pero que hasta ahora no habíamos visto en las propuestas de estrategia en los últimos años, pues la política antiterrorista es una política fundamentalmente civil y no militar. Nosotros todavía echamos de menos en el presupuesto una transparencia; nos asombra cómo se puede calcular de esa manera el incremento presupuestario, cuando una parte de ese incremento está fuera del Ministerio de Defensa, está en al ámbito de industria. Habría que contabilizar, para hacer un cálculo cabal del incremento presupuestario, aquello que se destinan a investigación y desarrollo en el Ministerio de Industria y con eso podríamos saber realmente el incremento del ministerio. Echamos de menos una mayor transparencia para deslindar lo que es investigación y desarrollo de lo que son fundamentalmente compras del Ministerio de Defensa, muy legítimas, pero que forman parte de las inversiones de ese ministerio y no de las políticas de investigación y desarrollo. Por eso echamos de menos una mayor transparencia en la política de esta sección.


Por otra parte, como he dicho antes, nosotros tenemos diferencia con respecto a algunas materias y nos gustaría que a lo largo de este próximo período pudiéramos discutir sobre ellas. ¿De qué se trata cuando se habla de estrategia militar defensiva? ¿Qué modelo de ejército se contempla y cómo estará dimensionado para la misma? ¿Qué relación tiene esa estrategia militar defensiva con las compras que lleva a cabo nuestro

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ejército, tanto de material habitual como de material especializado? Eso debería discutirse, es un debate legítimo que aún no hemos iniciado.


Otro debate legítimo, que seguramente tiene reflejo presupuestario, es el relativo a las mal llamadas acciones humanitarias que, en nuestra opinión, no se ha abordado todavía; es decir, para este volumen de ejército cuántas acciones humanitarias o cuántas acciones de mantenimiento de la paz podemos llevar a cabo que estén en línea con el desarrollo, el número de efectivos y capacidad de nuestro ejército. Eso debería tenerse en cuenta y no se aborda suficientemente en la política presupuestaria de la sección que debatimos, Ministerio de Defensa.


Por estas razones nosotros mantenemos esas dos enmiendas y una posición crítica con respecto a lo que consideramos una política continuista del Ministerio de Defensa.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo con respecto a 16 enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, 4 el Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna -no está presente pero haré referencia también a ellas-, 2 que mantiene el Grupo de Izquierda Unida y otras 12 que mantiene el Grupo de Esquerra Republicana.


En cuanto al Grupo Popular, me siento obligado a dividir en dos partes en mi intervención, con respecto a la intervención de este grupo y a sus enmiendas. La primera no tiene nada que ver con las 16 enmiendas que ha presentado, sino que más bien viene a ser un resto del debate que mantuvimos en su día en la presentación del proyecto de presupuestos, sección 14, Ministerio de Defensa, en la Comisión de Defensa. Es posible que el Grupo Popular tenga con respecto a aquel debate que en su día se celebró alguna necesidad de aclaración o de completarlo, pero la posición de mi grupo la voy a resumir como lo hice entonces. Basta analizar en términos reales los presupuestos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2004 y ahora el del 2005, para observar cuál es la política de defensa en términos presupuestarios de cada uno de los grupos. En términos presupuestarios se ha acometido durante todos estos años un objetivo muy ambicioso, que es el de la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas, pero con menos recursos, y eso ha dado un resultado en términos presupuestarios muy negativo, hasta el punto de que hemos llegado a perder capacidad operativa de una manera espectacular en algunos casos, pero éste es el resto de un debate que ya tuvimos en su día. Luego se ha introducido algún otro elemento al que muy brevemente me voy a referir, elementos que tienen que ver con alguna otra modificación presupuestaria que no corresponde a esta sección y a la que ha hecho referencia la señora diputada, portavoz del Grupo Popular.


Quiero decirle que no tenga ninguna preocupación con respecto a lo que son las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas, están suficientemente cubiertas desde el punto de vista presupuestario. Están tan cubiertas que la enmienda a la totalidad de esta sección que presenta el Grupo Popular lo refleja con absoluta claridad, y sus 16 enmiendas parciales aún con mayor claridad. Si efectivamente existieran esas lagunas a las que se refiere el Grupo Popular, seguro que habrían enmendado de otra manera, habrían presentado una enmienda a la totalidad más justificada, no esas tres líneas que han presentado y esas 16 enmiendas a las que me voy a referir en seguida, sino otras; si no, no se entendería. Señorías, no se entiende que alguien diga que las Fuerzas Armadas no van a poder funcionar y que luego; viendo las enmiendas que presenta el grupo que hace esa solemne afirmación, no tengan nada que ver con esa afirmación tan espectacular. Ha hecho referencia, supongo que de forma retórica, a la cumbre hispano-alemana de León, de hace unos días.
Digo que será retórica porque, si no, seguro que la habría precisado más.
¿Qué repercusión presupuestaria van a tener los acuerdos que se han adoptado en esa cumbre? Se han tomado acuerdos que tienen que ver básicamente con una cuestión que no es presupuestaria, y es que España vuelve donde debió estar siempre, a una apuesta por la defensa común europea. Ahí estamos. Eso es lo que se puso de relieve en esa cumbre, y no tenga S.S. ninguna preocupación, desde el punto de vista presupuestario. Estamos ahí, estamos en la defensa común europea, estamos bien situados, pero es una cuestión que no tiene nada que ver con este debate presupuestario.


Han presentado 16 enmiendas, señoría. Voy a leer la enmienda a la totalidad porque tiene muy poco que ver con el discurso que se hace. Hay un acuerdo de base sobre el presupuesto de defensa; si no, no se podría entender lo que se dice como justificación para presentar una enmienda a la totalidad, es decir, una devolución de este presupuesto. Dice lo siguiente: Se entiende que la distribución de créditos no garantiza alcanzar los objetivos que consideran prioritarios. Vamos a ver las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque tendrían que ser coherentes con esta afirmación y demostrar que ustedes plantean una absoluta rectificación, desde el punto de vista de lo que se expresa en esta enmienda. Si no garantizan que se puedan alcanzar los objetivos, ustedes con sus enmiendas sí garantizan que se puedan alcanzar los objetivos. ¿No es así? Vamos a verlo.


Antes de enunciar cada una de las enmiendas, diré que ustedes presentan enmiendas por un valor total de 21,5 millones de euros al presupuesto de defensa, que supone el 0,2 por ciento del total del presupuesto de defensa. Alguien se podría preguntar si con estas enmiendas, que totalizan 21,5 millones de euros, vamos a poder -vuelvo a citar su enmienda a la totalidad- rectificar esa distribución de créditos que no garantizan

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que se puedan alcanzar los objetivos considerados prioritarios.
Difícilmente, señorías. Supongo que también era una licencia retórica a la que se refería la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Repito, 0,2 por ciento del total del presupuesto.


Enmiendas. La 293, 295 y 296 suman 1,5 millones de euros y las tres se refieren a la misma cuestión. Puesto que el Grupo Parlamentario Popular prevé, aunque no lo especifica en términos concretos, que continúe la subida del combustible, hace un ajuste presupuestario para que, disminuyendo el gasto que prevé el proyecto de presupuestos en energía eléctrica, lo que se ahorra se gaste en un aumento, que ha previsto el Grupo Parlamentario Popular más allá de lo que prevé el Ministerio de Defensa en su proyecto de presupuestos, del gasto de combustible para el Ejército de Tierra, para el Ejército del Aire o para la Armada. Señorías, si lo que ustedes prevén para que se puedan cumplir los objetivos de la defensa en nuestro país es que el gasto que ha previsto el Ministerio de Defensa en energía eléctrica se transfiera a gasto en combustible, no se preocupe S.S., el Ministerio en cualquier momento puede hacer un reajuste del gasto aplicando el artículo 22, lo puede hacer en cualquier momento.
Imagínense que, en vez de ser de 35, 40 ó 42 euros el precio del barril de petróleo, fuese de 50, 60 ó 70, lo que usted prevé como una enmienda presupuestaria supuestamente para poder alcanzar los objetivos que según ustedes no se alcanzarían, lo puede hacer en cualquier momento el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, este ajuste presupuestario que plantea, es un buen brindis al sol, es bueno pero no deja de ser un brindis al sol. En cualquier caso, ¿qué previsión han hecho ustedes para que se pueda ahorrar en energía eléctrica el gasto que ustedes prevén aumentar en combustible? ¿Ustedes han previsto que se pueda ahorrar ese dinero? ¿Conforme a qué cálculo? Señorías, pueden ustedes pretender lanzar el mensaje a la opinión pública o aquí en el Parlamento de que el Ministerio de Defensa no ha previsto una subida del combustible, no sé en qué términos porque ustedes no dicen en la enmienda a qué precio estaría el barril para que fuera necesario este aumento en la previsión del gasto, pero es un brindis al sol, señoría; me da lo mismo que lo calcule en función de cuánto nos vamos a ahorrar en energía eléctrica, porque ustedes no lo hacen ni dicen por qué, o en función de cuánto vamos a tener que gastar más en combustible, porque ustedes no lo hacen y no precisan en qué términos ni por qué. Por tanto, primera aportación del Grupo Popular a un cambio espectacular, enmienda a la totalidad, en el presupuesto de Defensa.


Enmienda 294. Dicen ustedes que hay que aumentar en 1,2 millones de euros el gasto para mantenimiento de vehículos en el Ejército de Tierra. Aquí simplemente me voy a referir a la baja que ustedes prevén. Ustedes no prevén que aumenten los recursos del Ministerio de Defensa sino disminuir la partida presupuestaria en el capítulo 2 y aumentarlo en otro proyecto del capítulo 2. Aparte de que no se precisa qué proyecto concreto es el afectado tanto en la baja como en el alta, y por tanto no está correctamente planteada la enmienda, sería imposible que pudiera funcionar el servicio de las Fuerzas Armadas cuyo presupuesto ustedes pretenden que baje. Plantean una mejora creando un agujero, una dificultad en el funcionamiento.


Después presentan muchas enmiendas, las números 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304 y 305, para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, desde el punto de vista de la escala, con respecto a un cuerpo concreto, o para mejorar las condiciones de vida, los acondicionamientos, las inversiones en Cáceres o en Zaragoza, para así -dicen- atraer a los soldados y que se alisten más soldados profesionales. Esto se puede proponer globalmente, de hecho en el presupuesto hay un plan director para mejorar las condiciones de vida global, pero no se puede hacer en estos términos.
¿Por qué en un cuartel de Burgos sí y en un cuartel de La Rioja no? ¿Por qué en una academia de Zaragoza sí y en la de Calatayud no? No se puede hacer una mejora presupuestaria de esta forma, hay que plantearlo globalmente. Es verdad que ustedes han dejado un gravísimo problema desde el punto de vista del reclutamiento que hay que arreglar de manera parcial en unos casos y de manera global en otra, pero desde luego no mediante enmiendas de esta naturaleza, porque es imposible. Le voy a poner un ejemplo, porque veo que niega con la cabeza. Ustedes dicen: Vamos a mejorar los incentivos para que los militares del escuadrón de zapadores paracaidistas, puesto que tienen una misión muy complicada, muy difícil, se sientan motivados. ¿Por qué a estos militares y no a otros? ¿Cómo se puede plantear esto? Como lo está haciendo el Ministerio de Defensa, con un estudio global de aquellos efectivos, de aquellos centros operativos, de aquellas unidades que tienen una mayor dificultad, por ejemplo, marinería, que está en alta mar durante mucho tiempo, para los que efectivamente habrá que plantear un incentivo determinado, y eso ya lo plantea este presupuesto de una manera global. ¿Sabe usted lo que puede ocurrir si aprobamos esta enmienda y establecemos por la vía presupuestaría -no por la vía de la ley de acompañamiento- un cambio en los incentivos de este escalafón, sabe usted qué pasaría en el resto de las escalas? Que se crearían agravios comparativos. Señoría, no se puede plantear una modificación de esta naturaleza de una forma tan parcial. Le podría citar muchísimas unidades que tienen una enorme dificultad; le he puesto antes un ejemplo, pero se pueden poner otros. Por tanto, esta no es la manera de hacer un planteamiento de este tipo.


Luego, presentan ustedes la enmienda 306 para comprar terrenos que afectan a la academia de Calatayud. Señoría, ¿está segura de que es necesaria esa ampliación, está segura de que es necesaria? Parece también un auténtico brindis al sol plantear una enmienda de esa naturaleza sin justificar que sea necesaria una ampliación de terrenos en función de las necesidades del sistema

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educativo, de las necesidades de esa academia. Aparte de eso, ustedes proponen una modificación presupuestaria, una baja en la Gerencia de Infraestructuras, sin plantear cómo se resuelve el agujero que dejan; por tanto, difícilmente se pueden plantear esos nada menos que 5,4 millones de euros, porque crea un desequilibrio presupuestario. Yo creo que el Grupo Popular, sobre todo por su experiencia de Gobierno durante ocho años, debería tener en cuenta situaciones como ésta. Es decir, no se puede hacer una modificación presupuestaria que cree un desequilibrio de esa naturaleza tan evidente.


Ya ve que no hay grandes planteamientos operativos, son muy concretos, son mejorar el cuartel de Burgos, mejorar un cuartel en Cáceres, no estamos hablando de grandes proyectos operativos, porque después de su discurso pudiera parecer que en sus 16 enmiendas han planteado un cambio espectacular al presupuesto de defensa. Yo creo que están muy de acuerdo con el presupuesto de defensa, porque si no hubieran planteado otras enmiendas. En la última, en la 307, proponen pagar 6 millones de euros en concepto de IBI al Ayuntamiento de Rota resultado de dos sentencias, una de la Audiencia Nacional de 1977 y otra del Supremo del año 2002 que confirma la de 1977. Esa sentencia no dice cuánto hay que pagar, no dice qué terrenos de defensa estarían sujetos al pago del IBI, pero ustedes mediante una enmienda ya lo establecen. Es más, mediante esta enmienda no dicen que se pague el IBI en cumplimiento de una sentencia, dicen una cantidad concreta que hay que pagar. Con esta enmienda hacen algo que desde mi punto de vista es muy grave, resuelven un contencioso vía enmienda a los presupuestos, dicen que el Estado -por cierto, podrían haberlo arreglado antes- tiene que pagar 6 millones de euros, no 4, ni 3, ni 7, ni 10, sino 6 millones de euros, porque ustedes ya resuelven cuáles son las superficies de esas bases que están sujetas a pago del IBI. Espérense ustedes, no resuelvan vía presupuestaria una cuestión como ésta, no se preocupen que será resuelta pero en términos legales, jurídicos, correctos, no de esta manera.


Esto es lo que dice el Partido Popular con respecto cómo debe ser modificado del presupuesto de defensa. Por tanto, señorías, creo que hay un enorme acuerdo, un campo que afecta al 99,88 por ciento. Las enmiendas del Grupo Popular pueden tener alguna intencionalidad desde el punto de vista retórico o de mensajes de opinión pública o de otro tipo, pero no plantean -y quiero resaltar esto- una modificación sustancial al presupuesto de defensa. No tiene nada que ver la enmienda a la totalidad con estas 16 enmiendas, al menos en términos del objetivo que plantea la enmienda a la totalidad y el objetivo que plantean las otras 16 enmiendas.


En cuanto a lo manifestado por el señor Llamazares, le voy a ofrecer una transacción a la enmienda 1341. Puede ser de interés que se abra una partida presupuestaria para establecer estudios relacionados con la paz o con el fortalecimiento de la paz, pero la propuesta que le voy a hacer es que la baja de esa partida presupuestaria no sea la propuesta que ustedes hacen, porque la cantidad a la que se refieren es una cuota fija y por tanto no se puede modificar, sino con respecto a la sección 31.


En cuanto a la enmienda 1342, que se refiere al polígono de las Bardenas, me gustaría plantearle la siguiente cuestión a su señoría. Ustedes formulan la enmienda sin identificar los proyectos de inversión, por lo que no se puede aplicar en términos concretos. Mi grupo está de acuerdo con el contenido de la enmienda, y en este momento hay una partida en estudio del propio Ministerio de Defensa para dedicarla específicamente a la cuestión que ustedes plantean, al estudio relacionado con el polígono de tiro de las Bardenas Reales y, en definitiva, con la búsqueda de alternativas. El acuerdo del Congreso de los Diputados tiene que ver con esta cuestión y se puede resolver perfectamente por esa vía.


Respecto a las enmiendas de Eusko Alkartasuna, no es que propongan que una inversión no se haga en tal sitio y se haga en tal otro, lo que plantean es que esas inversiones se hagan solo en el País Vasco, cuando los proyectos de inversión a los que se refieren son de aplicación en el conjunto del territorio nacional; no se puede especificar para el País Vasco, para la comunidad autónoma de Castilla y León o para otra comunidad autónoma, por lo que vamos a votar en contra de esas cuatro enmiendas.


Tampoco podemos aceptar las 14 enmiendas de Esquerra Republicana, porque su contenido no sólo propone un gasto nuevo, sino también una reducción en otros compromisos de gastos que aparecen en el proyecto de presupuestos. Pondré un ejemplo. Sus enmiendas 1811 y 1812 pretenden destinar una gran cantidad de dinero a programas de ayuda humanitaria, pero reducen el gasto en I+D y en compromisos que tienen que ver con Izar, empresa pública que, como todo el mundo sabe, tiene unas dificultades importantísimas de gasto en este momento. Lo mismo ocurre con las enmiendas 1815 a 1819, que se refieren a la enseñanza, o con las enmiendas 1820 a 1826. Señoría, como otros parlamentarios de todos los grupos, he estado recientemente en Afganistán viendo en qué condiciones están trabajando en misiones de paz los militares españoles -misiones de paz que tienen el paraguas absoluto de la ONU y que no tienen duda ninguna desde ese punto de vista- y he visto qué respuestas presupuestarias necesitan para cumplir con esa misión que están realizando, misión que a veces tiene que ver, por ejemplo, con dar posibilidades de trabajo a una ONG, con la atención sanitaria o con un hospital. Por tanto, señoría, difícilmente podemos dar por buenas las enmiendas que mantiene Esquerra Republicana.


El señor PRESIDENTE: Hemos establecido la costumbre, que ha ido muy bien hasta ahora, de que las enmiendas se defienden, se consideran adecuadas o no

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y se desechan o no, por tanto, no he dado turno de réplica. Sin embargo, en este caso, como el señor Cuadrado ha sido tan directo en sus alusiones a la portavoz del Grupo Popular, me veo en la obligación de dar ese breve turno de réplica de no más de tres o cinco minutos a la señora Oltra.


La señora OLTRA TORRES: No se preocupe, señor presidente, que espero no utilizar más tiempo. Simplemente quiero contestar puntualmente a una serie de cuestiones que me ha planteado el portavoz del Grupo Socialista.


Ha hecho una reflexión sobre la pérdida de capacidad operativa en todos estos años. Le invito -y no quiero reiterar mis palabras- a que compare lo que creció el año pasado el presupuesto de defensa y lo que va a crecer este año. Es cierto -y tengo que decirlo en este momento- que no sé si el portavoz del Grupo Socialista ha defendido sus propias enmiendas o no, pero la preocupación de esta portavoz, señor Cuadrado, ha aumentado después de conocer las enmiendas que su grupo ha presentado. Este grupo, cuando presenta las enmiendas, no conoce las que va a presentar usted y supone que su grupo da por buenos los presupuestos que ha presentado el Gobierno. Ese es el único resto que nos queda de la comparecencia de los altos cargos ante la Comisión de Defensa en el momento procesal actual.
No sé si usted, al no defender esas enmiendas, las retira o si siguen en vigor. Esa es la duda que le surge a esta portavoz respecto del presupuesto de Defensa.


Señor Cuadrado, España estaba con la defensa común europea, no diga lo contrario, y mi preocupación y mi pregunta provienen de que el periódico dice hoy: España sella con Alemania un gran pacto para comprar tanques, misiles y torpedos. ¿Qué previsión existe en el presupuesto para estas cuestiones? Es lógico que se lo pregunte a usted, que es el portavoz del grupo que sustenta al Gobierno.


He defendido la enmienda de totalidad por las cuestiones que he dicho anteriormente y que no voy a repetir, y las enmiendas parciales pretenden lo que ya he definido y que parece, por su intervención, que incluso pudiesen anular la capacidad del grupo mayoritario de la oposición, en este caso, a hacer enmiendas parciales que crean que van a mejorar el funcionamiento de esta sección en concreto o de cualquier otra en términos generales.


Respecto a la enmienda relativa a Calatayud, se refiere a una serie de propiedades de particulares, no del Ministerio de Defensa, que están afectas a la zona de seguridad que rodea a la Academia de Logística de Calatayud. En este sentido, proponemos que el Ministerio de Defensa adquiera los terrenos particulares afectos a la zona de seguridad porque entendemos que es lo más lógico.


Finalmente, respecto a la última cuestión a la que usted ha hecho referencia, que es nuestra enmienda número 307, se trata de una enmienda al articulado. Por tanto, no queremos cambiar nada por vía presupuestaria sino que previamente hemos presentado una enmienda que dota de contenido económico al articulado. Los ayuntamientos nos pueden decir la cuantía del IBI. En ese sentido hemos hecho la aportación que creíamos necesaria en este presupuesto.


El señor PRESIDENTE: Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: El portavoz del Grupo Socialista ha dicho que las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana iban en perjuicio de casos como el de Izar. Le recordaría al portavoz de Defensa que podrá estar o no de acuerdo con nuestras enmiendas, pero en ningún caso van en perjuicio de Izar porque tenemos una enmienda que va destinada precisamente a la reconversión del Ejército y de la industria armamentística en la población y en la industria civil. Es una enmienda de 36 millones de euros principalmente destinada al caso de Izar. Por lo tanto, por favor, señor portavoz, no diga que nuestras enmiendas van en detrimento del caso de Izar, cuando es todo lo contrario. Podrá estar de acuerdo o no con nuestras enmiendas, pero se está equivocando en el sentido que usted se ha expresado y utilizando el caso de Izar de una manera que no creo que sea la más conveniente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Creo que S.S. se confunde de sección. La sección 14, que es la que estamos discutiendo, no tiene ninguna enmienda del Grupo Socialista que esté viva, ni tan siquiera que haya sido ya incorporada a la ponencia. Tenía únicamente dos enmiendas relativas a personal, es decir, a una convocatoria extraordinaria de 1.500 plazas para soldados permanentes, enmienda con la que supongo que S.S. no estará en desacuerdo, sobre todo teniendo en cuenta el gravísimo problema que tenemos -y en algún momento se habrá creado- con los fallos gravísimos de reclutamiento, es decir, la previsión de los soldados necesarios y los existentes. Por tanto, no hay ninguna enmienda. Es más, le voy a aclarar a S.S. que no pretendo hacer ninguna afirmación enigmática. La enmienda a la que usted se refiere es de la sección 31, no de la sección 14, que es donde se produce una modificación y a la que usted se ha estado refiriendo constantemente. Cuando llegue la sección 31, es posible que este tema se debata, no lo sé. Su señoría me pregunta por qué no defiendo yo las enmiendas del PSOE. Pues porque no hay ninguna. Yo no tengo ninguna enmienda que defender, señoría. Las enmiendas a las que yo me refiero son las 16 del PP, las 4 de Eusko Alkartasuna, las 2 de Izquierda Unida y las 14 de Esquerra Republicana. Qué le vamos a hacer.


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Respecto a la réplica excepcional que se pedía, en cuanto al debate sobre la evolución del gasto en defensa, usted sabe que en términos reales, en euros contantes y sonantes, la cantidad prevista para este presupuesto de defensa es hoy mayor que en 1996, pero en el año 2004 era menor. Por tanto, este que es un dato que ustedes han aportado en sus propios documentos presupuestarios no debería S.S. ponerlo en duda porque al hacerlo pone también en duda la presentación de las evaluaciones presupuestarias del Gobierno del Partido Popular de los años anteriores.


Usted me pregunta dónde están determinados acuerdos con Alemania, etcétera y yo no sé si ustedes creen realmente que estábamos en la defensa común europea y no en otro sitio. Si se lo creen, tienen mucha fe. Yo, sinceramente, creo que ahora sí estamos en la defensa común europea y trabajando por ella. Cuando se refiere a si está presupuestado o no, ¿a qué se refiere, a la compra del carro Leopard? ¿Se refiere a eso? (Rumores.) Ustedes no hicieron la previsión de lo que costó un Leopard transportado en avión para que desfilara en el año 2004, pero el Gobierno actual sí ha hecho la previsión presupuestaria de los carros Leopard. Por lo tanto, no se refiere usted a nada nuevo. Esa afirmación de carácter periodístico que usted ha hecho no se refiere a nada que no esté en el presupuesto. Lo que usted ha citado son gastos de material que están en el presupuesto. A quién se le compran y cuál es la política de compra en material de defensa son cuestiones distintas, y si el presidente nos lo permite, podemos abrir un debate sobre la materia, pero está usted desviando el tiro en esta materia.


Ustedes han presentado una enmienda a la totalidad que no tiene nada que ver con las 16 enmiendas parciales. Es evidente. Ustedes han dicho que este presupuesto es malo, pero luego lo enmiendan de tal manera que no tiene nada que ver con esa afirmación. Ustedes han decidido dos cosas. En primer lugar, que hace falta gastarse 5,4 millones de euros para comprar unos terrenos particulares y crear un cinturón de seguridad en una academia. ¿Están ustedes seguros de esto? Tomar una decisión de esa naturaleza por vía presupuestaria parece un poco raro. Se podría discutir y proponer en otro ámbito, pero no como enmienda presupuestaria. Usted dice que es necesario y yo le digo que no lo es. Plantearlo en términos de debate en una enmienda presupuestaria parece fuera de lugar. En segundo lugar, también está fuera de lugar que usted me diga que el ayuntamiento ha dicho lo que hay que cobrar de IBI. ¿Lo ha dicho el ayuntamiento o el Estado? Hay un contencioso 1977-2002, en el que la sentencia no especifica qué terrenos están sujetos al pago del IBI -esa es la clave-, y ustedes ya dicen qué terrenos están sujetos al pago del IBI. Cuando yo le pregunto cómo lo han definido, me contestan: Es lo que dice el ayuntamiento. Dejen ustedes que el Estado y el ayuntamiento se pongan de acuerdo o hagan lo que tengan que hacer, pero no quieran resolverlo mediante una enmienda presupuestaria que, señoría, le repito, está fuera de lugar.


El señor PRESIDENTE: Entramos en la sección 15, de Economía y Hacienda, para discutir las enmiendas a esta sección.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz el señor Erias Rey.


El señor ERIAS REY: El Grupo Parlamentario Popular presenta dos tipos de enmiendas a esta sección. La primera tiene que ver fundamentalmente con el marco general en el que han de desarrollarse los presupuestos y las segundas son enmiendas de modificación a determinados programas que este grupo considera básicas.


En primer lugar, y para defender nuestra enmienda a la totalidad, debo decir que si bien entendemos adecuado que todo proyecto de ley presupuestario debe tener un contenido necesario y también, en su caso, un contenido eventual, lo que más nos cuesta entender son determinados escenarios que acompañan a este documento. Los escenarios de estabilidad presupuestaria se conforman, a nuestro juicio, a partir de un cuadro macroeconómico que no resulta creíble y además las previsiones macroeconómicas que se utilizan, tanto a fecha actual como tendencialmente, se alejan de forma notable del punto de partida, de cuando se configuró este escenario: precio del petróleo, previsión de ingresos, escenario expansivo de gastos, etcétera.


En segundo lugar, si estos presupuestos intentan aumentar el bienestar de los ciudadanos como principal objetivo de la política económica y el camino para lograrlo es un entorno de crecimiento duradero, a nuestro juicio, los presupuestos no reflejan el impulso necesario de las políticas públicas para corregir las debilidades que enumeran estos presupuestos.


En tercer lugar, los diferentes comunicados del Ministerio de Economía, de las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, del gobernador del Banco de España sobre las previsiones de crecimiento del PIB español y sus distintas revisiones a la baja respecto al cuadro macroeconómico utilizado reducen, a nuestro juicio, de manera notable la credibilidad presupuestaria y, por tanto, pueden crear desconfianza entre los agentes económicos, lo que también entra en clara contradicción con la estabilidad perseguida.


En cuarto lugar, los 23 programas de esta sección 15 tienen unos objetivos e indicadores que, a nuestro juicio, resultan incomprensibles para justificar cada una de las acciones que se pretenden desarrollar; es más, en la mayoría de las ocasiones no explican el porqué de las acciones a llevar a cabo, resultando en otros aspectos contradictorios los objetivos con lo programado presupuestariamente para alcanzarlos.


En quinto lugar, observamos contradicciones en esos indicadores para el presupuesto de 2005 ya que en

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general lo presupuestado y lo realizado en 2003 -eso sí es objetivo- no tiene relación con lo estimado para realizar en 2004 y, consecuentemente, con lo previsto para 2005. Como tónica general, en los distintos programas se observan crecimientos por encima de los dos dígitos en gasto corriente, sin justificación alguna en la mayoría de los programas de esta sección número 15, lo que viene a evidenciar nuevas contradicciones con la estabilidad y la mejora de la productividad perseguidas. A modo de ejemplo, en este caso, que me parece muy relevante, tomemos en consideración los crecimientos del 14,68 en el ICAP, del 9,71 en el Tribunal de Defensa de la Competencia y del 11,33 en el Comisionado del Mercado de Tabacos o, lo que es más preocupante, un incremento del 15,27 por ciento en el Instituto Nacional de Estadística, donde observamos un crecimiento importante del gasto corriente, en contra de lo que ustedes nos decían. Ustedes nos decían el año pasado que había que mejorar la plantilla, la dotación y los incentivos para que el Instituto Nacional de Estadística pudiera desarrollar convenientemente sus funciones, pero, por lo que han presupuestado este año, está claro que lo que nos decían cuando eran oposición no tiene nada que ver con lo que desarrollan ahora que son Gobierno.


Repito, me preocupan estas cuestiones que de modo breve acabo de señalar.
A mi juicio y a juicio del Grupo Popular existe una falta de coherencia entre este proyecto de ley y los objetivos a conseguir por esta sección, pues el objetivo general a lograr y los indicadores y las políticas públicas que ayudarían a alcanzarlo nada tienen que ver entre sí. Y si bien es cierto que el Ministerio de Economía y Hacienda no es un departamento inversor, también lo es que tiene la responsabilidad de ordenar la política presupuestaria -ya lo dije en otra ocasión-, la política tributaria y la política de gasto público, y que debe, por otra parte, desde la perspectiva formal e instrumental, ofrecer credibilidad y confianza a los agentes económicos en el sentido de despejar incertidumbres. Sin embargo, es difícil que se consiga despejar incertidumbres porque el presupuesto actual contiene, tanto en el discurso económico como en las cifras que lo acompañan -que no son otra cosa que deseos presupuestarios-, mucha retórica y mucha filosofía, pero poco compromiso en nuevas acciones. Digo poco compromiso -y estoy intentando justificar esta enmienda a la totalidad- porque si queremos incrementar la productividad y cambiar de modelo económico en nuestro sistema productivo, no cabe duda de que hay que hacer un esfuerzo inversor, y de que, del lado de la inversión pública, si esta se incrementara de manera notable, tendríamos un buen referente para despejar las acciones a las que me refería. Es más, en cierto modo existe una falta de transparencia que después de escuchar a otros intervinientes creo que se pone más de manifiesto. Una parte de este presupuesto resulta ajena, a fecha de hoy, para poder hablar con mayor certidumbre de cuáles van a ser los niveles de gasto en cada uno de los epígrafes, a dónde -a qué territorio- se va a destinar ese gasto público y a qué colectivos va a beneficiar o a primar. En definitiva, ciertas debilidades del grupo de Gobierno se traducen en el documento presentado, como no podría ser de otra manera.


Está claro, por lo tanto, que estos presupuestos no disponen de partidas que apoyen las preocupaciones que la ciudadanía española tiene en este momento. Aunque oportunamente disponen de políticas para llevar a cabo estas acciones, estas políticas públicas no tienen la intensidad que deberían tener para atender el principal problema de los españoles, que no es otro que el desempleo; y si el Partido Socialista desea separarse de lo que les preocupa a los españoles, allá el Partido Socialista. Pues bien, es cierto que en cuanto a esta preocupación prioritaria o en cuanto a la reducción de impuestos, que preocupa también a más del 65 por ciento de los españoles -según la última encuesta del CIS, realizada en el mes de julio de este año-, estos presupuestos no aportan nada. Lo que sí aportan es retórica, como le decía, deseos y una declaración de intenciones; en definitiva, políticas que no se acompañan de los recursos necesarios para que un instrumento tan importante como el que hoy debatimos pueda surtir los efectos que todos deseamos.


Hechas estas consideraciones, creo que queda suficientemente justificada esta enmienda a la totalidad de la sección 15. Paso ahora a examinar las enmiendas de modificación que hemos desarrollado de manera selectiva a los programas que consideramos más importantes de esta sección 15.
Nuestras propuestas deben ser entendidas no tanto como si lo presupuestado sirve para alcanzar el objetivo propuesto, sino más bien como los grados de libertad o la tendencia que habría que implementar para que los presupuestos resultaran creíbles y se viera que iban en la buena dirección a la que me refería antes para decir que se desviaban de la misma. Paso, pues, a presentar cada una de las enmiendas y a valorar la oportunidad de las mismas.


En primer lugar, presentamos una enmienda de modificación al programa 923.P, relaciones con los organismos financieros internacionales. ¿Qué pretendemos con esta enmienda? Pretendemos aumentar la consignación presupuestaria de este programa, puesto que la propuesta inicial supone una reducción del 18,65 por ciento de la misma. Intentamos que, con nuestra participación en los organismos financieros multilaterales la empresa española tenga los mecanismos y prácticas necesarios para aumentar su proyección exterior. No sé si a ustedes les preocupa o no la proyección exterior de la economía española. Veo que en algunas partes pretenden corregir la aportación -entre comillas- negativa al crecimiento económico del sector exterior. Si ustedes pretenden esto, también tendrán que ser consecuentes y apoyar nuestra proyección exterior. Si no hay voluntad política plasmada en los presupuestos para que esto se lleve a cabo, eso me crea cierta perplejidad. No se trata de poner una cantidad sino de que la

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tendencia no sea de reducción de la cuantía de tan importante acción, un empeño en que en este mundo global tengamos mayor presencia y mayor acción.


La segunda enmienda de tipo parcial a esta sección 15 hace referencia al programa 422.A, incentivos regionales. Lo que proponemos en este programa, dada su naturaleza, es un incremento de la dotación de transferencias de capital, básicamente las subvenciones a empresas, pues resulta evidente que con los indicadores del programa que tienen en su proyecto de presupuestos la realización del mismo siempre supera lo presupuestado. Si esto es así, da pavor ver que presupuestan ustedes menos o presupuestan lo mismo. Como esta partida se dedica al pago de subvenciones y a proyectos que ya están realizados o justificados pero pendientes de cobro, creemos que cualquier esfuerzo por parte del Gobierno de aumentar la dotación de esta partida constituiría un indicador muy adecuado para valorar ese empeño gubernamental en potenciar la inversión empresarial incentivando la localización industrial.


Paso ahora a las dos últimas enmiendas que ha presentado mi grupo. Una tiene que ver con un programa que yo esperaba que fuera un programa estrella sobre la base de los objetivos de esta sección 15, que es mejorar el papel que la competencia tiene que desarrollar en una sociedad moderna, y eso tendrían que hacerlo sobre la base de los instrumentos o las instituciones que tiene a su disposición la sociedad para que esto pueda notarse. Me voy a referir al Tribunal de Defensa de la Competencia, y valorando cómo ustedes desarrollan esto, indico que compartimos con ustedes esa declaración de principios, en lo que no estamos de acuerdo es en el detalle ni en cómo lo desarrollan. En el proyecto de ley del año 2005 se prevé una reducción en el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia de un 4,94 por ciento en los gastos de personal y un aumento del 9,71 por ciento en los gastos corrientes. Creemos que esto es una contradicción, como ya dijimos en otra ocasión. Proponemos resolver esta contradicción minorando el gasto corriente y potenciando la dotación de personal. Pretendemos potenciar la dotación de personal allí donde más recursos cualificados se necesitan, y creemos que esos recursos cualificados se necesitan en el Servicio de Defensa de la Competencia, que es donde se inician los expedientes y donde se necesita personal suficientemente preparado y por tanto más recursos. Sentimos una cierta perplejidad si el Tribunal de Defensa de la Competencia necesita más recursos en el momento en que las comunidades autónomas están asumiendo nuevas competencias o que incluso los jueces van a poder fallar sobre estos asuntos, pero sí nos parece conveniente una mayor dotación de personal especializado y capacitado para que el Servicio de Defensa de la Competencia, que inicia los expedientes, pueda obtener el mejor resultado, que es lo que buscamos.


Por último, quiero hacer referencia a la Dirección General de Seguros, que es un programa que desarrolla la supervisión de toda la actividad aseguradora y de correduría así como los planes y fondos de pensiones, que va a servir por lo tanto para que el asegurado y el partícipe puedan tener la tranquilidad que esto requiere. La reducción del 6,5 por ciento en el total del programa creo que no es la manera más adecuada de dar satisfacción a esta inquietud. Por eso consideramos necesario incrementar la dotación del programa en tanto en cuanto creemos justificado desarrollar más actividad de los seguros, especialmente de los seguros agrarios combinados, y ustedes proponen en los indicadores una reducción de los mismos de un 33 por ciento. Estas son las cuatro enmiendas parciales que mi grupo presenta a esta sección 15. Y respecto a la fijación de posiciones, anuncio que votaremos en contra de las tres enmiendas que mantienen otros grupos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Defiendo la enmienda 1343 de mi grupo, que es una enmienda referida a la situación de Radiotelevisión Española. En nuestra opinión, los presupuestos remitidos por el Ministerio de Economía y Hacienda no cumplen los compromisos de SEPI con Radiotelevisión y creemos que estos presupuestos deberían ser precisamente la oportunidad para que tanto SEPI como el Gobierno pudieran decir cómo abordarán la deuda y cómo van a dotar de financiación estable a esta empresa pública. En nuestra opinión, la situación actual sólo alimenta a aquellos que tienen interés en la desaparición de Televisión Española como empresa pública y que ven en ello además la defensa de sus propios intereses. A nuestro juicio, el protocolo y los compromisos electorales del Gobierno deberían ser las premisas ineludibles para definir un nuevo modelo de televisión pública; un nuevo modelo que debe renunciar, evidentemente, a la privatización total o parcial de la empresa; un nuevo modelo que debe mantener no sólo la oferta sino también la estructura territorial y los niveles de producción propia, y un nuevo modelo que se base también en el plan para asumir la deuda actual y capaz de hacer una propuesta de equilibrio financiero. En nuestra opinión, lo que hace el Gobierno con este presupuesto es congelar la subvención actual y, por tanto, diferir el encauzamiento del problema. El calendario del Gobierno a estos efectos para cumplir su programa electoral es una incógnita que el Gobierno debería haber tratado de resolver a través de una propuesta desde luego bastante más atrevida que la que hacen en estos presupuestos, y no creemos que tenga sus esperanzas en lo que pueda decir una comisión de expertos que en cualquier caso suponemos que hará una propuesta de futuro, pero no para resolver las cuestiones que se vienen arrastrando del pasado. Los presupuestos actuales, en nuestra opinión, no permiten cambios en la producción de calidad y mucho menos para asumir un papel de liderazgo en

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un nuevo modelo de televisión como el que a nosotros nos gustaría. Lo que pedimos, por tanto, es la superación -permítasenos la expresión- de los culebrones, del partidismo y del despilfarro, y eso implica, a nuestro juicio, conseguir equilibrio financiero, estabilidad financiera; significa hablar de calidad, de independencia y, por supuesto, de producción propia. Con la congelación que se propone en estos presupuestos creemos que eso sencillamente no será posible.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: A esta sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, mi grupo mantiene una enmienda, la 1835, que está referida concretamente al denominado en Canarias, y en la legislación central española correspondiente, Consorcio de la Zona Especial Canaria, una promoción específica con rango legislativo suficiente que entró, con su creación en el año 2000, a ejercer las funciones de una promoción exterior fundamentalmente de una zona de baja fiscalidad, la Zona Especial Canaria, para atraer industrias generadoras de producto interior bruto, generadoras de puestos de trabajo fundamentalmente y cuyo presidente es nombrado por el propio Ministerio de Economía y Hacienda.
La semana pasada ha tenido lugar en la sede en Madrid del Ministerio de Economía y Hacienda, y ante el secretario de Estado de Economía, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la toma de posesión tanto del presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria, nombrado a propuesta del Gobierno central -así se efectúa su toma de posesión-, como la del vicepresidente, en la medida en que aporta su decisión el Gobierno autónomo de Canarias. Pues bien, resulta que desde la creación del consorcio en el año 2000, sus gastos de funcionamiento son una subvención institucional y dicha subvención viene fundamentalmente en los presupuestos del Estado. Concretamente, llama la atención que el padre de la criatura, de la presidencia de la Zona Especial Canaria, que es el Ministerio de Economía y Hacienda, mantiene con estos presupuestos una situación que en Coalición Canaria entendemos que es de precariedad, hasta tal punto que, como el consorcio ha venido funcionando con los cuadros personales hasta el momento de este relevo la semana pasada, el cargo de director de promoción ni siquiera se ha podido nombrar porque no hay dotación económica para pagar su salario. Esta situación económica deficitaria que permitiría en mercados financieros exteriores, industriales o empresariales, los actos promocionales de la zona especial canaria están en este momento capitidisminuidos y faltos de una energía interna presupuestaria para hacer la promoción en el extranjero o en la Unión Europea de todas aquellas actividades empresariales que se pueden desarrollar, porque el órgano encargado de su promoción, publicidad, etcétera, en el exterior, que es el consorcio de la zona especial canaria, no tiene los medios presupuestarios que se tienen que adecuar porque, vuelvo a decir, desde el año de la puesta en funcionamiento del consorcio, el año 2000, la subvención institucional es su única fuente de recursos y apenas ha tenido variación presupuestaria. Nuestra enmienda es de una cuantía menor, es del orden de los 923.000 euros, y permitirían incentivar las labores de promoción. A eso se dirige, como he dicho, señor presidente, nuestra enmienda 1835, con dotación de 923.000 euros para incentivar los esfuerzos promocionales en los mercados exteriores y conocimientos empresariales.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Castillejo.


La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Muy brevemente, puesto que muchas de las respuestas que podría dar a las distintas consideraciones formuladas principalmente por el portavoz del Grupo Popular ya fueron dadas en las distintas comparecencias de los altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda. Con respecto a las consideraciones hechas sobre el cuadro macroeconómico y el escenario de estabilidad presupuestaria, ya se ha debatido de manera suficiente, de manera intensa y extensa no sólo en el debate de totalidad que tuvimos recientemente en el Pleno, sino hoy mismo, esta mañana, en esta Comisión. Por tanto, tampoco voy a entrar en esas cuestiones. Sí que haré una serie de consideraciones generales sobre la sección 15.


Como es sabido, el presupuesto de la sección 15 surge como consecuencia de la reestructuración ministerial, asumiendo los programas correspondientes al antiguo Ministerio de Hacienda y parte de los pertenecientes al extinto Ministerio de Economía, retornando así a un modelo de dirección de la política económica integrada en un único departamento. Desde nuestro grupo consideramos que esta sección se caracteriza por la contención del gasto. La austeridad con la que ha sido diseñada la sección 15 del presupuesto ha supuesto una disminución global del 3,5 por ciento, a pesar de la mayor complejidad de la estructura orgánica. Por otra parte, se priorizan aquellos programas asociados a las funciones tradicionales del departamento, esto es, a la gestión del sistema tributario, así como a la programación, presupuestación y política fiscal. El conjunto de estos programas representa al 42,1 por ciento del gasto consolidado, suponiendo un empleo de recursos por importe de 1.423,9 millones de euros y, por tanto, un crecimiento del 2,8 por ciento. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.)

Entrando en las enmiendas, el Grupo Popular en su enmienda de devolución y en las sucesivas enmiendas parciales a la sección 15, argumenta una supuesta falta de coherencia en las directrices fundamentales de la política económica que lógicamente el Grupo Socialista no comparte. Una de esas principales directrices de

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este presupuesto es la apuesta por la transparencia, también en la sección 15. Por primera vez, se incluyen determinados créditos que no figuraron en el presupuesto inicial en años anteriores. Por primera vez, las memorias que acompañan a los Presupuestos Generales del Estado reflejan en términos homogéneos los créditos de los distintos centros directivos del ministerio, al haberse realizado una adaptación de las estructuras presupuestarias para hacerlas comparables tras la reestructuración ministerial. Otra de esas directrices que citaba también el portavoz del Grupo Popular es la productividad. Y a pesar de esa contención del gasto realizada por el departamento, el ministerio se ha propuesto decididamente potenciar la formación, los gastos tecnológicos y los gastos de investigación con los consecuentes esfuerzos en las partidas oportunas, y ejemplos los hay y muchos.


En la enmienda 308, del Grupo Popular, se dan otras razones para justificar la devolución del presupuesto de esta sección que luego argumenta en distintas enmiendas parciales, que no justifican, por cierto, el conjunto de las críticas formuladas a este presupuesto. En lo referente a lo expuesto sobre el programa 492.M, de defensa de la competencia, cabe señalar que en ejercicios pasados el gasto ejecutado en el capítulo 1 fue muy inferior al presupuestado, por lo que sorprende que ahora se solicite un aumento por parte del Grupo Popular. La variación en el capítulo 1 se justifica por una adecuación a la relación de puestos de trabajo del organismo aprobada en 2004, como ya se aclaró por la subsecretaria del ministerio en su comparecencia. Por tanto, no sólo se trata de presupuestar, sino de ejecutar. Además, la reducción que plantea el Grupo Popular en el capítulo 2 no puede ser aceptada por razones de forma y de fondo por las necesidades de funcionamiento del tribunal por la participación de España en los distintos organismos internacionales en materia de competencia.


En lo referente a la estimulación de la actividad empresarial en las zonas de promoción económica, enmienda 310, del Grupo Popular, el programa 422.A, de incentivos regionales a la localización industrial, se mantiene en una cuantía que cubre las necesidades previstas para el abono de las subvenciones comprometidas a lo largo de diversos ejercicios para empresas localizadas en zonas de promoción económica, en función de que los proyectos presentados reúnan los requisitos previstos en la Ley de Incentivos Económicos Regionales.


Se establece también en la enmienda de devolución y, como consecuencia, en la enmienda 309, del Grupo Popular, la necesidad de un refuerzo de la presencia de España en los organismos financieros internacionales. Hemos de decir que la dotación prevista se corresponde con los desembolsos correspondientes a operaciones ordinarias de suscripciones de capital o importaciones financieras a fondos de instituciones financieras multilaterales que se derivan de los compromisos adquiridos y, por tanto, de un calendario de pagos predeterminado y que no se puede modificar, como usted bien sabe. La última enmienda parcial del Grupo Popular propone un aumento en la concesión de préstamos al sector público. La cantidad consignada en los presupuestos se encuentra ajustada a lo previsto, de acuerdo con la experiencia histórica, por lo que no procede un aumento.


No sé si este tipo de respuestas habrán satisfecho o no al portavoz del Partido Popular. En cualquier caso, me hubiera gustado que en los últimos ocho años hubiera pedido también el mismo rigor a los distintos portavoces de su partido.


Por último, en la enmienda a la totalidad, en cuanto al esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal que el Grupo Popular cuestiona, hay que tener en cuenta, como ya se expuso por parte del director de la Agencia Tributaria, que el presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2005 tiene dos componentes: un presupuesto inicial que se somete a la consideración de las Cortes Generales, que presenta un incremento del 2,57 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2004; y además el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que hemos debatido esta mañana habilita e instrumenta la variación de los recursos del presupuesto inicial vía generación de crédito por la participación de la Agencia Tributaria en la recaudación por actos de liquidación y gestión recaudatoria. Dicha participación, como usted sabe, se fija en el 5 por ciento y se limita a un máximo de 90 millones de euros. Habida cuenta de que, como ha ocurrido desde su creación, la Agencia Tributaria solicitará la citada financiación adicional al presupuesto inicial 2005, el presupuesto final de la misma ascenderá a 1.200,6 millones de euros, lo que supone un incremento global del 5,4 por ciento. A tal efecto la mejora de la lucha contra el fraude se va a cumplir no sólo porque se produce ese incremento real de recursos, sino porque también se van a priorizar las actuaciones en dicho sentido y se pondrá el mayor énfasis y el mayor empeño.


En cuanto a la enmienda planteada por Izquierda Unida, supongo que en otro momento de la sesión se tendrán debates más intensos al respecto. En cualquier caso, la decisión de mantener la cuantía de la transferencia al Ente Público Radiotelevisión Española se justifica por la decisión del Gobierno de seguir las recomendaciones del Comité de expertos sobre el tratamiento a dar a la deuda histórica acumulada. Dicha cuestión se abordará en un contexto más general sobre el modelo y el futuro de Radiotelevisión.


Respecto a la enmienda de Coalición Canaria, como conoce su portavoz, la financiación del consorcio de la Zona Especial de Canarias fue, en una primera fase, mediante las subvenciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, para pasar a financiarse en una segunda fase, una vez consolidado, mediante las tasas que cobra a las empresas que se instalan en la Zona Especial de Canarias. Por tanto, no podemos apoyar la enmienda presentada.


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Para concluir, transparencia, austeridad y reducción de los gastos no prioritarios, y ajuste estricto a las necesidades del departamento para el desarrollo de sus cometidos.


El señor VICEPRESIDENTE ( Barrio de Penagos): Con esta intervención, terminaríamos la sección de Economía y empezaríamos la sección 16, correspondiente a Interior.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: En intervenciones que he oído del Grupo Parlamentario Socialista durante el transcurso de esta sesión, concretamente relacionados con el presupuesto del Ministerio de Justicia, decía el portavoz socialista que la enmienda a la totalidad que se presentaba al presupuesto de dicho ministerio no estaba justificada. Para justificar la enmienda de totalidad que hemos presentado al Ministerio del Interior, lo haría de una manera muy sencilla. Intentaría que cualquier ciudadano español que pasase por la calle viese los acontecimientos que se han producido durante los últimos meses en España; que viese el tremendo atentado, el mayor en la historia de Europa, que sufrimos los españoles, o los incendios de este verano, o la cantidad de muertos que sigue habiendo cada día en todas las carreteras, o cuál es la situación de nuestros centros penitenciarios. Y con todo este panorama encima de la mesa, le diría que el presupuesto de Interior este año sólo va a crecer un 4,4 por ciento. Si algún presupuesto debía haber crecido, sin lugar a dudas uno de ellos debía haber sido el de Interior por las cuestiones tan fundamentales y tan de actualidad que trata. Sin embargo, dejamos pasar una oportunidad importante. Repito, el crecimiento es muy escaso.


Durante muchos años, especialmente los últimos, las críticas del Partido Socialista hacia el Gobierno del Partido Popular eran tremendas. Se decía que no se hacía un verdadero esfuerzo cuando, por poner un ejemplo, el año pasado el presupuesto de Interior se incrementaba en un 8,15 por ciento, o en el año 2003 el incremento estaba por encima del 10,5 por ciento. Frente a estos incrementos, en el año 2005 sólo se prevén créditos por valor de 6.012 millones de euros. Señores del Grupo Socialista, esta escasa subida es motivo más que suficiente, junto con la importancia de las cuestiones que ocupan al Ministerio del Interior, para que el incremento y el esfuerzo fuese real y muchísimo mayor. Los grandes anuncios de inversión que se han hecho para este año, el incremento de 8.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el DNI electrónico y los proyectos Sirdee y SIVE, no son más que una continuidad de la política presupuestaria del anterior Gobierno, y en algunos casos son inversiones que comenzaron en el año 2003 y que van a ver sus resultados en el año 2005. El ministro, en la rueda de prensa en la que presentó los presupuestos, hablaba de un crecimiento del 7,65 por ciento, basándose en que hay que descontar los gastos electorales. Señorías, esto nos parece un error, porque siempre hay gastos extraordinarios. Aunque es verdad que este año se van a celebrar menos comicios, el Ministerio del Interior podía haber seguido creciendo al ritmo que lo hacía en la época del Gobierno del Partido Popular y destinar ese dinero a algún proyecto urgente, como podrían ser las construcciones de nuevas cárceles, los programas específicos de seguridad, nuevas comisarias o nuevos cuarteles de la Guardia Civil.


Por otra parte, en la comparecencia de otros años siempre había una costumbre presupuestaria que parece que ya no acompaña a los debates del presente año, que era la costumbre de descontar la inflación. Si la descontamos, viendo que la inflación a estas alturas está en el 3 por ciento y que las previsiones no son que ésta baje sino más bien todo lo contrario, nos arrojaría un crecimiento real del presupuesto para este año en torno al 1,4 por ciento. Por tanto, vemos que es un presupuesto con un crecimiento muy escaso que justifica, sin duda, esta enmienda a la totalidad.


Entrando también en alguna de las enmiendas parciales que presenta mi grupo, cuando observamos lo que sucede con la seguridad ciudadana, vemos qué hace el Gobierno socialista con el incremento del presupuesto de Interior. En el programa 132.A, de seguridad ciudadana, se asigna un crédito por valor de 4.171 millones de euros, que en 2005 incluye la Secretaría de Estado para la Seguridad. Pues bien, el incremento más llamativo que se produce en este programa de seguridad ciudadana es una transferencia corriente a la Comunidad Autónoma de Cataluña de más de 338 millones de euros para el coste provisional de la Policía autónoma de Cataluña. Esta transferencia para financiar los mossos d'esquadra en años anteriores había estado ubicada donde creemos que debería estar y que debería continuar, que es en la sección 32, entes territoriales; creemos que es ahí donde debería estar y no depender ni muchísimo menos del Ministerio del Interior sino del de Administraciones Públicas. Además esta partida crece más del 16 por ciento -aunque al ser la primera vez que figura en el Ministerio del Interior podríamos decir que es nueva-, si la comparamos con el año anterior, que estaba en entes territoriales; es decir, que es un gasto que además de restar inversiones en proyectos que sí son dependientes de este ministerio, crece un 10 por ciento más que el resto de inversiones que se hacen en el propio ministerio. Daré los datos exactos. El total del presupuesto del ministerio crece en el año 2005 en 463 millones de euros; el coste de los Mossos d'Esquadra va a incrementarse en 48 millones de euros, que representa el 10 por ciento del total de la subida. Si lo comparamos, por ejemplo, con las indemnizaciones y las compensaciones derivadas de la Ley de víctimas del terrorismo, vemos que éstas sólo crecen 17 millones de euros, es decir, un 3 por ciento del total del crecimiento. ¿Qué queremos decir, señorías? Que al

Sección 16

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final estos presupuestos en lo que se refiere a Interior no suponen un gran esfuerzo ni siquiera una gran innovación, porque son muy continuistas en seguridad ciudadana, sino que exclusivamente son un peaje. Se observa que nadie del tripartito ha presentado ni una sola enmienda al presupuesto de Interior, ni el señor Maragall ni el señor Carod Rovira; qué curioso tratándose de materias tan importantes como las que estamos tocando esta tarde. Pero cuando uno va al presupuesto de Interior y ve que la inmensa mayoría del incremento novedoso del ministerio va destinado a una transferencia a los Mossos d'Esquadra, que además debería ir en otra sección, se da cuenta de que al final estos presupuestos son el peaje político que se tiene que pagar al tripartito.


Así ocurre que hay otros programas importantísimos dentro de la Secretaría de Estado, como el 132.C, que son las actuaciones policiales en materia de droga, que sufren una disminución en este presupuesto -es por eso por lo que desde nuestro grupo se ha presentado una enmienda de totalidad-, en este caso de 465.000 euros respecto al presupuesto del año 2004.
Creemos que a pesar de pagar peajes hubiese sido más conveniente dedicarse a otros asuntos tan fundamentales no sólo como la lucha contra la droga -materia que hemos enmendado- sino también como los programas específicos y concretos en materia de seguridad ciudadana, de defensa del medio ambiente en el ámbito rural -a lo que también hemos presentado enmienda-, de protección de menores y jóvenes, de lucha contra la violencia en el deporte y otros programas específicos de seguridad en los barrios -que también hay otros grupos que han presentado enmiendas-, para el comercio o de atención al turismo. Pensamos que después de los muchos años de críticas feroces del Partido Socialista contra la no realización de determinados programas específicos podía esperarse que en este nuevo presupuesto el Gobierno del Partido Socialista tuviese alguna iniciativa que complementase las políticas ya empezadas por el Gobierno del Partido Popular y que en muchos casos ustedes continúan. Lamentamos de verdad que no haya habido alguna novedad, una mayor aportación en estas políticas y que eso se lo hayan llevado los pactos que no han tenido ni luz ni taquígrafos. Le pedimos al resto de los grupos y al propio Grupo Socialista, y soy consciente de que su representación en Madrid sí que estará preocupado por todos estos temas de lucha contra la droga o los programas de seguridad para jóvenes y niños, que apoye este grupo de enmiendas.


Instituciones Penitenciarias es otro tema donde se retrata en qué consiste la política del Partido Socialista. Está muy de actualidad. La directora general, señora Gallizo, jornada tras jornada nos alarma con algún tipo de noticia y sobre todo dedica su política a algo muy concreto y muy específico, a criticar toda la política de Instituciones Penitenciarias del Gobierno anterior. Yo suponía que al criticar esta política, al final, al llegar los presupuestos, nos íbamos a encontrar con una gran cantidad de proyectos de construcción de nuevas instituciones. ¿Cuál es la realidad que también justifica la enmienda a la totalidad? La realidad es que no se contempla la construcción ni de un solo nuevo centro. La enmienda que hemos presentado se refiere a las modificaciones y a las mejoras de los centros que existen, porque si bien la señora Gallizo se dedica a hacer alarmismo con la política penitenciaria, no es ésa nuestra intención y por eso queremos que estos 4 millones de euros que se dedican a la remodelación de los centros penitenciarios ya existentes en nuestra Península y que desde luego necesitan mejoras, que ese dinero sea incrementado, y para eso también esperamos el apoyo del resto de los grupos. Aprovechamos este momento para solicitar de forma urgente que venga el ministro del Interior a la Comisión de Interior y que nos explique qué está pasando con la directora general, por qué no se la cesa y por qué es tan errante la política de Instituciones Penitenciarias que en estos momentos tiene el Gobierno.


El programa 133.B, de Instituciones Penitenciarias, que se refiere al trabajo, formación y asistencia a reclusos, sufre este año una disminución del 6,37 respecto al año anterior, y se nos dice que es debido sobre todo al traspaso de algunas partidas al programa 133.A, de centros e instituciones penitenciarias, que se incrementa en un 8,89 por ciento. Si analizamos los dos juntos vemos que sólo se incrementa el presupuesto de estos dos programas en un 2,52 por ciento. En el año 2004

la suma de estos dos programas supuso un incremento del 12,88 respecto al año anterior. Es curioso, señorías, que el Partido Socialista, y en concreto el señor Zapatero, plantease en su programa electoral conseguir que el 50 por ciento de los reclusos trabajen en las prisiones y a la vez que el presupuesto para el organismo encargado de gestionar esta cuestión disminuya este año como lo hace, en un 6,37 por ciento respecto al 2004.
No sé cómo se pueden mantener estos dos discursos al mismo tiempo o, mejor dicho, este discurso y luego esta contradicción presupuestaria. Con el Gobierno anterior más de 11.000 reclusos se incorporaron al régimen de Seguridad Social y gozan ya de nuevas prestaciones, como protección por desempleo, baja por maternidad o jubilación. Les recuerdo que en 1996, cuando llegó el Partido Popular al poder, había tan solo 2.000 reclusos dados de alta en la Seguridad Social. Al ritmo introducido por el Gobierno anterior, en cuatro años hubiese estado toda la población reclusa realizando un trabajo remunerado en prisión. Yo creo que con las políticas que se aplican en estos momentos estamos lejos de conseguir este objetivo. Por ello, nuestro grupo ha presentado distintas enmiendas en el objetivo de mejorar algo tan primordial para nosotros -y creo que en ello coincidimos la inmensa mayoría de grupos- como es la formación, al igual que en el tema de Instituciones Penitenciarias, donde también presentamos enmiendas a la hora de motivar al personal funcionarial.
Teniendo en cuenta el crecimiento de la

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población reclusa y el aumento de la conflictividad en los centros penitenciarios, nos parecen enmiendas de bastante importancia.


Mi grupo también ha presentado enmiendas puntuales en el área de seguridad vial. Es un esfuerzo de todos el conseguir evitar cada vez más los accidentes de tráfico. Esperemos que medidas como el carné por puntos u otras que se van a tomar contribuyan a la consecución de este objetivo.
Además, pensamos que los ayuntamientos, que al final son los que están en un contacto más directo con los ciudadanos, tienen que coadyuvar a la consecución de estos objetivos y por eso pedimos un incremento de la transferencia para mejorar la seguridad vial, sobre todo en lo que se refiere al fomento de actitudes positivas de prevención y de conducción responsable.


También presentamos enmiendas en el ámbito de la Protección Civil. Ya decía al principio de mi justificación de la enmienda a la totalidad que creo que este verano hemos tenido un buen ejemplo de descoordinación entre las administraciones. Los incendios y la resolución de los incendios de este verano han sido, por desgracia, un mal ejemplo de descoordinación que pretendemos paliar con esta enmienda. Seguro que es muy difícil conseguir el objetivo total porque dentro del Gobierno socialista cada uno de ellos es independiente. No sólo van a un Estado federal sino que van al Estado de la contradicción, llegándose a situaciones como la producida hoy entre un ministro, como es el de Justicia, y un presidente de comunidad. Por ello, hablar de coordinación de las administraciones me cuesta mucho. Pero creo que en el esfuerzo que todos realizaremos a la hora de paliar las catástrofes que se puedan producir en nuestro país, encontraremos un punto de encuentro.


Por último, hemos presentado una enmienda que responde a una propuesta de nuestro programa electoral y que creo que será fácil que el resto de los grupos la puedan apoyar. Pretende la creación de una oficina de víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional. Esto demuestra la voluntad firme de prestar una adecuada asistencia y atención directa y personalizada a las víctimas que han sufrido las consecuencias de atentados terroristas y a sus familiares, que deben ser una prioridad total y absoluta del Ministerio del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): A continuación y por orden decreciente de los grupos, el señor Vilajoana, por Convergència i Unió.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señoras y señores diputados, Convergència i Unió presenta cinco enmiendas e informa a la Mesa de que retira la 2087 pero mantiene las otras cuatro. En la primera, la 2083, pedimos una dotación de 20 millones de euros para que se produce un impulso por parte del Estado en las inversiones en infraestructuras de las policías locales al objeto de mejorar la lucha contra la delincuencia común. En este momento la inseguridad ciudadana es un elemento clave de preocupación de los ciudadanos. Para hacer una buena labor en ese sentido hacen falta infraestructuras y medios personales que permitan dar respuesta a esta necesidad que en este momento reflejan las encuestas, ya que marcan la seguridad como uno de los elementos claros a mejorar.


La segunda enmienda, la 2084, tiene un objetivo muy concreto y va también en esta línea de mejora de infraestructuras. Concretamente, en la población de Vilanova i la Geltrú se hace necesaria una dotación para el proyecto de renovación de la comisaría de la Policía Nacional de esta población. Entendemos que estas obras tienen un carácter urgente y deberían realizarse durante el año 2005.


La tercera, la 2085, tiene como objetivo mejorar las plantillas. En Cataluña se está produciendo un fenómeno por el cual la Polícia local, los Mossos d´Esquadra, están asumiendo nuevas responsabilidades en el conjunto del territorio. Esto permite un desplazamiento de los actuales miembros del Cuerpo Nacional de Policía que dejan estas zonas que son ocupados por los Mossos d´Esquadra, pero entendemos que habría que prever unos gastos extraordinarios para el desplazamiento de estos miembros del Cuerpo Nacional de Policía a comarcas que en estos momentos necesitan más personal, como ocurre en las provincias de Barcelona y Tarragona, así como en Terres de l´Ebre. En espera de esta sustitución policial que se va a producir en los próximos años, pedimos que se puedan reutilizar estas plantillas que quedan liberadas en las zonas que son ocupadas por los Mossos d`Esquadra.


Finalmente, en un tema recurrente en nuestras enmiendas solicitamos una transferencia a la Generalitat de Catalunya por un importe de 5.290.000 euros, recuperando el concepto de lealtad institucional. La sentencia dictada por la sección Sexta del Tribunal Supremo indica que los depósitos municipales de detenidos a disposición judicial deben ser mejorados, lo que ha comportado unos gastos, tanto en su estructura como en su funcionamiento, no previstos en los traspasos realizados. Por tanto, en esta materia ha habido un esfuerzo económico por parte de la Generalitat que entendemos que debe ser compensando, y este es el motivo central de esta enmienda 2086.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vilajoana, especialmente por su capacidad de síntesis y brevedad.


El Grupo de Esquerra Republicana no está. Por Izquierda Unida, señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar quiero decir que después de la exposición del portavoz del Grupo Popular una se siente como ciudadana asustada de todo el caos y las desgracias que nos van a suceder durante este año presupuestario.


La primera enmienda corresponde al plan integral dirigido a las barriadas marginadas que se han creado

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en algunos municipios de Murcia para reparar la inseguridad generada por la concentración precisamente de estas barriadas. La siguiente enmienda versa sobre la necesidad de incrementar la cuantía destinada a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especialmente dirigida a la lucha contra la violencia de género. Precisamente estamos ante la demanda de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que cuando acometen estas funciones entienden que no están suficientemente formados, por lo tanto, sería muy positivo garantizar mayor eficacia en el desempeño de estas funciones correspondientes a las órdenes de protección y demás medidas cautelares que se puedan adoptar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Igualmente hemos presentado una enmienda sobre la atención a la inmigración precisamente para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciban formación específica en el tratamiento y atención a la inmigración y para una mejora de su actuación, especialmente en las costas canaria y andaluza que reciben mayor afluencia de inmigrantes y donde el desempeño de estas funciones es más amplia.


En cuanto a la seguridad vial consideramos fundamental el aumento de las partidas para la renovación de los parques infantiles de tráfico y también para los planes de educación vial en las corporaciones locales, es decir, los cursos que se están desempeñando. Todos manifestamos siempre nuestra enorme preocupación por la seguridad vial y que ésta se tiene que transformar en un compromiso presupuestario que acometa la necesaria formación que debemos recibir todos para cumplir mejor como ciudadanos con ella, porque en realidad depende de todos nosotros.
Igualmente es necesario acometer la reparación, mantenimiento y conservación de las instituciones penitenciarias, incrementando el presupuesto para mejorar las instalaciones, que también sabemos que están en un estado deplorable, así tanto los funcionarios como los internos podrían disfrutarlas.


Por último, en la comparecencia solicitiada de la directora general de Instituciones Penitencias, Mercedes Gallizo, ya el Grupo Izquierda Verde manifestó su discrepancia respecto a la construcción de la prisión de Albocàsser, que ahora se traduce en una enmienda en la cuantía presupuestada para cumplir con este proyecto. Se trata de una prisión que se va a construir en una zona donde no hay población reclusa, donde el mayor pueblo será esta prisión, donde no hay instalaciones de acceso ni de ningún tipo para recibir esta infraestructura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.), además estaría en una provincia como Castellón, de poca población, donde ya existe otro centro penitenciario, por lo tanto, carece de sentido. Estamos hablando de una infraestructura que nadie quiere y que siempre va a las comarcas de interior, donde no se reciben las infraestructuras que todo el mundo quiere como son trenes y carreteras, y de un plan que acordó el Partido Popular cuando gobernaba sin el consenso de la ciudadanía y que ahora debería ser paralizado por el Gobierno actual, que es del Partido Socialista.


Por estas razones presentamos estas enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Voy a dar la palabra al portavoz del Grupo Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, he tenido un pequeño descuido.
La enmienda cuya defensa voy a reproducir realmente no hace referencia a las secciones, sino al proyecto de ley. Es una materia de tal profundidad, de tal dimensión y de tal relevancia que la reproducción de discursos en algunas ocasiones no resulta superabundante. Reproduciendo las argumentaciones de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, tenemos un problema muy serio en relación con nuestra población reclusa. En este momento la población reclusa del Estado español cuadruplica las posibilidades de acogimiento previsto de las prisiones.
Hay un problema competencial respecto a la transferencia de la competencia en esta materia, lo cual podría coadyuvar a resolver este problema en las comunidades con título competencial para ello. El ámbito de las poblaciones reclusas se está convirtiendo en algo parecido a unos reductos donde proliferan pandemias y enfermedades o problemas y patologías de todo tipo. Nos encontramos con que el 80 por ciento de la población reclusa (es algo escalofriante) está afectada por algún tipo de enfermedad, bien sea hepatitis, problemas oncológicos, enfermedades de cierta gravedad, como el VIH, sida generalizado, toxicomanías, politoxicomanías, etcétera. Tal y como hemos enmendado nosotros el proyecto de ley de presupuestos, el incremento presupuestario en esta sección tiene que ser mucho más generoso por razones de justicia material y por cumplimiento de requerimientos constitucionales, sobre todo el previsto en el artículo 25.2 de la Constitución, que establece cuál es el sentido ontológico de las penas de privación de libertad, la resocialización.


Estamos muy lejos, presupuestariamente hablando, de posibilitar no ya el cumplimiento del mandato constitucional, sino de aproximarnos lejanamente al cumplimiento del requerimiento constitucional. Por eso, señor presidente (le agradezco su generosidad) queremos reproducir las enmiendas al texto del proyecto, porque este es un problema grave en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo tiene tres enmiendas a la sección 16, Ministerio del Interior: la enmienda número 1836, la 1837 y la enmienda 1838. La primera de ellas solicita, con una inversión de un millón de euros, la creación de un puesto de inspección fronteriza en la isla de Lanzarote, en la Comunidad

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Autónoma de Canarias. Lamentablemente, es suficientemente conocida, por la frecuencia de las noticias la llegada de pateras procedentes de la costa marroquí o sahariano-africana a Canarias, con inmigrantes subsaharianos, en su mayoría desprovistos de documentación, por tanto ilegales. Dada la llegada masiva de estos inmigrantes, es necesario que existan al menos puestos de inspección fronteriza con las dotaciones adecuadas para el tratamiento humanitario de estas víctimas de la pobreza de la guerra y de las calamidades que tienen lugar en sus países africanos. La enmienda 1837 pretende la construcción de una nueva casa cuartel en el municipio de Agüimes, en la provincia de Las Palmas, con cargo a las dotaciones de infraestructura de los cuerpos de seguridad del Estado. Creemos que es una obra de seguridad necesaria, que necesita de una dotación para equipamientos en infraestructura de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Canarias, con la que se podían ir atendiendo obras de esta necesaria presencia en Canarias. Finalmente, la enmienda 1838, ante la situación de las prisiones canarias, pretende la ampliación de la prisión de Tahíche, en la isla de Lanzarote, cuyo panorama es bastante desolador y desagradable, con la dotación de 5 millones de euros, pues si no se agravarían los problemas ya existentes en las prisiones mayores, tanto del Salto del Negro en la provincia de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, como de Tenerife II, en la isla correspondiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ya que en este caso no hay problemas de disponibilidad de terreno, ni por la decisión de ayuntamientos para dar permisos de obras o autorizaciones de ubicación de centros penitenciarios, pues es un centro ya existente, se pretende una ampliación; no hay complicación de tipo municipal y sí la necesidad de esta dotación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Hemos presentado cuatro enmiendas. En primer lugar, la enmienda número 6 pide la construcción, con un millón de euros, de un cuartel de la Guardia Civil en la localidad oscense de Binéfar.
Hemos pedido también 100.000 euros para la remodelación de la casa cuartel de la Guardia Civil de Calatayud, 100.000 euros para la remodelación del cuartel de la Guardia Civil de Sariñena y un proyecto para la creación del cuartel de la Guardia Civil de Bujaraloz, una localidad importante de Monegros, que se encuentra en una situación deficitaria. Estas enmiendas se deben a que los cuarteles de la Guardia Civil son muy anticuados, las condiciones en las que viven los guardias civiles son bastante penosas y habría que hacer un esfuerzo para mejorar su calidad de vida.


También hemos presentado una enmienda, la 1639, junto con el Grupo Socialista, por la que pedimos la construcción de un muro; exactamente pedimos la financiación de las obras necesarias para la estabilización del terreno y la contención de los desprendimientos en la zona de las canteras del municipio de Gallur, en Zaragoza, por 250.000 euros. Esta obra es muy importante porque el pueblo está temeroso de que un día haya un desprendimiento en la cantera y un barrio alto de este pueblo desaparezca bajo el terreno.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, me parece que esa enmienda que ha presentado el Grupo Socialista está ya incorporada. Se habrá incorporado en la ponencia y por eso no figura entre las enmiendas a esta sección.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente. Es una enmienda que ha sido suscrita por mi grupo parlamentario y por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por el señor Labordeta, y ha sido incorporada en el trámite de ponencia; es decir, que ya forma parte del dictamen de Presupuestos Generales del Estado que viene a la Comisión. Esto es, la enmienda que hace referencia a la mejora de la infraestructura del municipio zaragozano de Gallur ha sido incorporada en la ponencia.


Si alguien viniera a este país y viera lo que ha acontecido (11-M, incendios, muertos en las carreteras) no se preguntaría lo que decía el señor Ballestero, sino quién ha gobernado este país durante ocho años para que pasen y hayan podido pasar todas estas cosas. Esto ha pasado como consecuencia de un deterioro de los servicios públicos, de la seguridad pública de los ciudadanos de este país. No se preguntaría, señor Ballestero, qué presupuesto ha presentado este Gobierno socialista para el ejercicio 2005, que es un presupuesto que trata de corregir de forma aceptable los graves problemas de los ciudadanos en materia de seguridad. Alguien que llegara a este país vería que efectivamente tenemos un problema de seguridad en el tráfico, porque no se puede solamente intentar hacer autovías o poner primeras piedras en trenes AVE que luego no funcionan, sino que hay que invertir todos los años en la mejora de los puntos negros de la seguridad vial, cosa que no se ha hecho en estos años. La gente se preguntaría por qué tenemos estos gravísimos problemas de seguridad ciudadana; pues como consecuencia de un deterioro del servicio público de la seguridad, como consecuencia de una merma paulatina y progresiva del número de efectivos policiales y de guardias civiles en las ciudades y en los pueblos españoles. Esto es lo que se diría alguien si viera las cosas que se preguntaba en alto el señor Ballestero en una intervención que, por lo menos, catalogaría de contradictoria y errónea; contradictoria porque se hacía la siguiente reflexión. Decía en términos generales que este presupuesto es continuista en relación con el del año pasado, y parece que al decir que es continuista se refería al que gestionaba el grupo del señor Ballestero. Dice que es continuista y parecido al

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del año anterior, y por eso presenta una enmienda a la totalidad. O sea, lo que le gustaba el año pasado no le gusta este año, cosa contradictoria. Y es errónea, porque escuchando las valoraciones económicas del señor Ballestero por lo menos le tengo que decir que se equivoca al hacer los cálculos, como también le tengo que decir cariñosamente al señor Olabarría que los números no deben de ser su fuerte. Decir que en España la población reclusa cuadruplica el número de plazas carcelarias está bastante alejado de la realidad. El número de reclusos es un 20 por ciento más elevado aproximadamente que el de plazas. Las plazas de instituciones penitenciarias en este país (incluidas las de Cataluña, que las tiene transferidas) son 41.000, y los presos o personas privadas de libertad que viven en las instituciones penitenciarias del Estado español son 60.000, es decir, un 40 por ciento más, no un 400 por ciento más. Eso significaría, señor Olabarría, que tendríamos en España 160.000 reclusos, pero no hemos llegado; con algunas leyes de los últimos años posiblemente llevábamos camino de ello, pero no se preocupe, señor Olabarría, porque vamos a hacer un esfuerzo para que la tendencia no nos lleve a esos niveles, que es lo que algunos no queremos.


Decía que la intervención del señor Ballestero es errónea en cuanto a lo numérico, y le voy a poner dos ejemplos; dos ejemplos tan solo. Decía que el presupuesto real de gasto del Ministerio del Interior crece el 4,5 por ciento. No, la capacidad de gasto del presupuesto de Interior para 2005 crece el 7,65 por ciento. Él se hacía la pregunta y se daba la respuesta.
El año pasado había una serie de gastos que este año no se van a producir, como consecuencia de que habrá menos procesos electorales, pero el Ministerio del Interior, en vez de retirar esa cantidad, que se gastó el año pasado y que este año no se va a gastar, la mantiene y redistribuye el gasto entre otras partidas. Luego, la capacidad de gasto disponible este año, en relación con la de 2004, presenta un incremento real del gasto de 461 millones de euros; un 7,65 por ciento de aumento.
Además, hacía el señor Ballestero otra valoración y otra interpretación errónea de cómo evolucionaban algunas partidas presupuestarias. Decía: el presupuesto de instituciones penitenciarias, de la política penitenciaria, crece el 2,52 por ciento. Lo dijeron en la Comisión durante el turno de comparecencias, pero están en un error. La política penitenciaria tiene dos programas: el 133.A que crece el 8,89 por ciento y el 133.B que, como consecuencia de la explicación que se daba él mismo de que hay programas y proyectos que ahora pasan a la dirección general en vez de al organismo autónomo, decrece el 6,37. Pues bien, lo que hace es quitarle el 6,37 que decrece uno al 8,89 que crece el otro, y le sale 2,52. La diferencia está en que el programa que crece, el de instituciones penitenciarias, tiene un monto de 746 millones de euros y el que decrece tiene un monto de 44 millones de euros. Si sumamos los dos y los comparamos con los del año pasado, instituciones penitenciarias, la política penitenciaria crece un 8 por ciento, no un 2,52 por ciento.
Señor Ballestero, está usted en un error, haga bien los cálculos e interprete bien la realidad; no trate de hacer política en beneficio de su ideología, incluso tergiversando la realidad.


Presenta una enmienda de totalidad porque no le gusta el presupuesto del Ministerio del Interior. Dice que no hay proyectos nuevos, que es continuista. Hombre, si el proyecto del SIVE (Servicio de Vigilancia Exterior, antes del Vigilancia del Estrecho) hubiese estado terminado, no hubiese hecho falta presupuestarlo este año, y ese dinero se hubiera podido dedicar a otras cuestiones, en las que a lo mejor S.S. y yo hubiéramos estado de acuerdo: a mejorar la seguridad, a mejorar las cárceles, etcétera. Si el proyecto Sitel (de telecomunicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) hubiese estado terminado, no hubiese hecho falta gastarse 15 millones de euros este año, incluido el mantenimiento, para terminarlo. Nosotros no criticamos esto, señor Ballestero, pero no se puede decir que es continuista. Hombre, claro, es que vamos a terminar los proyectos: vamos a terminar de impermeabilizar las aguas, dentro del Tratado Schengen, no sólo para evitar la inmigración ilegal, sino también para evitar dramas personales de hombres, mujeres y niños en las aguas españolas. Por eso le puedo aceptar el planteamiento de continuismo en parte. La política de seguridad, la política de mejora de las infraestructuras, la mejora del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene que ser continuista, no se puede hacer tabla rasa de un año para otro. Si le parece continuista en algunas cuestiones, ¿por qué les parece mal este año y no les parecía mal antes?

No ha sido continuista en dos cosas fundamentales que tienen que ver con la política de seguridad: una, la creación del centro nacional de coordinación antiterrorista, organismo nuevo y dotado presupuestariamente con más de cinco millones de euros en el año 2005 para mejorar lo que ha sido un grito unánime de todos los cargos policiales que han pasado por la Comisión de Investigación del 11-M, que es la falta de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia para luchar contra un tipo de terrorismo que no conocía este país como es el terrorismo islámico. Eso no estaba en los presupuestos del año 2004 y lo hemos creado y presupuestado; luego en esa parte continuismo no. Ya nos hubiese gustado que todos estos órganos de coordinación para mejorar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hubiesen estado creados y no hubiesen pasado las cosas que tristemente han pasado en este país, en el que la mano izquierda no se enteraba de lo que hacía la derecha. Por tanto, yo no lo llamaría continuista en determinadas políticas. Señor Ballestero (lo digo en serio), con estas cosas no levantaría mucho la voz a la hora de enjuiciar la política de este Gobierno o de cualquier otro que hubiese habido en materia de seguridad.


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Continuista en política de personal tampoco. ¿Por qué? Porque como consecuencia de una política errónea, posiblemente sacralizándolo todo a la política del déficit presupuestario, estos últimos ocho años del Gobierno del Partido Popular hemos tenido una descapitalización importantísima en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Usted sabe tan bien como yo que el catálogo oficial de la Policía española es de 58.150 efectivos y que a fecha de hoy están cubiertos sólo 46.874, y que en la Guardia Civil el catálogo es de 72.587 efectivos y sólo hay cubiertos 68.928; por eso, el esfuerzo que estos presupuestos van a hacer en el año 2005 es ampliar la oferta pública de empleo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta más de 9.000 efectivos entre Policía y Guardia Civil. Posiblemente hubiésemos podido ir más deprisa si hubiésemos tenido los lugares en condiciones para instruir a todos esos funcionarios públicos que tienen que formarse para luego luchar por la seguridad ciudadana en todos esos proyectos que S.S. reclamaba (lucha contra la droga en los colegios públicos, en el deporte español, etcétera), pero nos encontramos con un problema que S.S. conoce, que las obras de la escuela de Ávila están sin terminar y no da para más. Lo que admite en estos momentos la formación de la escuela de Ávila en dos turnos es 4.200, que es la oferta pública de empleo que se ha venido desarrollando estos años. Como queremos ampliar, se empezaron las obras y habrá que terminarlas, por eso en cierto modo algunas cuestiones son continuistas.


Es verdad que en estos últimos años se han hecho esfuerzos para mejorar la política penitenciaria, pero ha habido que completar de una forma importante el presupuesto de Instituciones Penitenciarias no sólo en las nuevas edificaciones que hay previstas en la sociedad estatal de equipamiento penitenciario, sino en la mejora y arreglos con un crecimiento de un treinta y tantos por ciento con relación al presupuesto del año anterior, con una oferta pública de empleo para el año 2005 de 820 efectivos, porque efectivamente ha crecido considerablemente la población penitenciaria en las cárceles españolas. No solamente ha habido que incrementar el presupuesto de inversiones, es que el del gasto corriente (este que a veces incluso desde la izquierda no valoramos suficientemente, porque parece que el mejor gasto público es el de la inversión) hay que incrementarlo considerablemente porque S.S. sabe tan bien como yo que el presupuesto per cápita para los reclusos españoles en materia de manutención está congelado desde hace bastantes años, cuando el coste de la vida ha ido creciendo a los ritmos que lo ha hecho. Ha habido que incrementar el presupuesto (ese presupuesto de política penitenciaria que usted decía que sólo crece el 2,5 por ciento pero que en realidad crece el 8 por ciento) para aumentar fundamentalmente dos partidas necesarias que son: dar de comer (no al hambriento sino al preso) e incrementar bastante lo que es el gasto en material sanitario.
En eso estoy absolutamente de acuerdo (creo que todos lo estamos) con el señor Olabarría. Tenemos una población penitenciaria con gravísimos problemas sanitarios, fruto de un deterioro que tiene que ver con las malas condiciones previas, incluso de los reclusos españoles, fruto de una mala convivencia en unos barrios y en unas poblaciones insanas muchas veces. Con esto me quiero referir a unas enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, razonables por otra parte pero que no tienen encaje suficiente en el Ministerio del Interior. Es verdad que hay que mejorar la política de los barrios y barriadas españolas (de las de Madrid, de las de Barcelona, de las de Valencia y de las de Murcia), pero no es una cuestión específica del Ministerio del Interior; es una política integral que tiene que ver con una lucha profunda, dedicada y permanente del conjunto de las administraciones públicas. Por eso, señor presidente, no podemos acercarnos a esa enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario Popular ni siquiera intelectualmente, aunque podríamos coincidir con algunas valoraciones muy específicas.


En relación con las enmiendas parciales, no voy a tener tiempo ahora para referirme a todas ellas, pero le diría al señor Ballestero que la mejora de los programas de seguridad ciudadana, de la vigilancia de los colegios o escuelas españolas, o de la lucha contra la drogadicción no solamente es un incremento del gasto en materia de inversión, es de más personal (que se va a hacer), de más medios en materia de renovación y de reposición de los actuales medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, pero sobre todo con otras orientaciones políticas y de dirección por parte de los nuevos dirigentes de la policía española. Los he escuchado en las comparecencias y he visto que existe este interés en la mejora de la formación, en la mejora de los medios, en abordar los nuevos problemas de la delincuencia, como la violencia de género, la violencia en el deporte, las redes de inmigración ilegal, la lucha contra el crimen organizado; no sólo tienen directrices, sino medios suficientes para poder abordarlas. Por eso, las enmiendas de carácter parcial del Grupo Parlamentario Popular no podemos aceptarlas globalmente.


Muy brevemente me quiero referir a las enmiendas de Convergència i Unió porque, aunque no está su portavoz, por lo menos quiero que quede una mínima respuesta en el "Diario de Sesiones". Pretenden básicamente con tres enmiendas incrementar los fondos y las transferencias desde los presupuestos del Ministerio del Interior, tanto a las corporaciones locales como a la Generalitat de Cataluña, para depósitos municipales en los que se retenga a los detenidos en los ámbitos rurales, cuando muchas de estas competencias ya están transferidas a las comunidades autónomas en materia de sanciones penitenciarias, concretamente a la catalana. Otra enmienda, concretamente la 2084, creo recordar, es para preparar a las policías locales en la lucha contra la delincuencia. Nosotros creemos que en estos momentos el Gobierno, el Ministerio del Interior, está dando cumplimiento en materia de transferencias al convenio marco que celebraron el 19 de septiembre del

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año 2001 el Ministerio del Interior y la Federación de Municipios en cuanto a financiación de las policías locales. La señora Navarro, por Izquierda Unida, hacía una referencia a las enmiendas de carácter parcial; con las de carácter de fondo, en cuanto a grandes principios, estoy de acuerdo. La inseguridad y la delincuencia no tiene que ver sólo con el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino con las políticas y programas, con tener sobre todo una sociedad más estructurada y con barrios más integrados al respecto.


Hemos hecho, como le decía, un gran esfuerzo en este presupuesto, aunque posiblemente nunca hay dinero para todo; en las políticas de seguridad ciudadana en materia de personal, oferta pública de empleo de más de 9.000 efectivos, como nunca se ha dado en los últimos años; política de mejora de retribuciones que queremos pactar con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incrementando más de un 10 por ciento la partida de productividad y de incentivos a negociar con los sindicatos y con las organizaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; mejor formación en nuevos delitos contra la violencia de género, inmigración y planes específicos y nuevos y mejores recursos humanos, sobre todo, en servicios de atención familiar. Es más, creo recordar que en su comparecencia el director general de la Policía hablaba de una mayor atención en efectivos a los nuevos servicios de atención familiar, e incluso que las ofertas de empleo, fueran paritarias, de tal forma que se incorporaran tanto o igual número de hombres como mujeres. Nuestra preocupación por la política de prisiones, como le decía anteriormente, es coincidente en cuanto a la filosofía y creo que todos los esfuerzos que hagamos por optimizar el resultado, no sólo las instalaciones, sino las nuevas inversiones que están previstas en el presupuesto de Siepsa serán bienvenidos para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa española.


Coalición Canaria, y termino señor presidente, hablaba de tres enmiendas que en términos generales no están suficientemente bien formuladas. La 1836 propone crear un puesto de inspección fronteriza en Lanzarote, con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior. Los presupuestos de inspección fronteriza tienen un objetivo fundamental, que es el de prever no la inmigración irregular, sino la entrada en malas condiciones de productos sanitarios, concretamente los puestos de inspección fronteriza dependen funcionalmente del Ministerio de Sanidad y están ubicados orgánicamente en el Ministerio de Administraciones Públicas. No tiene que ver nada la inmigración ilegal con los puertos de información o de inspección fronteriza que pretende crear, y por eso no podemos aceptarla.
Sin embargo, para que vea mi intervención el señor Mardones, este presupuesto va a hacer un gran esfuerzo en la lucha contra la inmigración ilegal a través del Plan Sur, mediante las nuevas inversiones en Lanzarote y las mejoras de los cuarteles en materia de seguridad ciudadana en Tenerife, Las Palmas, y resto de las islas. Propone transferir una cantidad por presupuesto de Interior al Gobierno de Canarias para la realización de la cárcel de Tahiche. El presupuesto para mejorar esta institución penitenciaria lo va a realizar el instituto de Siepsa,

Señor presidente, quería referirme a las enmiendas parciales con una última recomendación o sugerencia al señor Ballestero. El hecho de que el presupuesto del Ministerio del Interior recoja este año una partida correspondiente para la financiación de los Mossos d´Esquadra y el despliegue de los mismos, como S.S. sabe, o por lo menos debiera de saber, no tiene nada que ver con el pacto de Gobierno, ni del tripartito, ni el monopartito que existía anteriormente. Los acuerdos entre administraciones públicas son para cumplirlos, gobierne quien gobierne.
Este Gobierno no será como el anterior que, en función de quien gobernara una comunidad autónoma, les cerraba el grifo de una u otra financiación.
Los acuerdos, señor Ballestero, les guste o no, son para cumplirlos, sean de Mossos d´Esquadra o para la financiación de infraestructuras.


El señor PRESIDENTE: Como he dicho antes, las réplicas aquí no tienen razón de ser, pero vuelve a ocurrir que el señor Martínez Sanjuán ha utilizado también una fórmula muy directa de dirigirse a los demás portavoces. Por tanto, brevemente, nunca más de cinco minutos, doy un turno a los portavoces que quieran utilizarlo.


Señor Ballestero, por el Grupo Popular.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señor Martínez Sanjuán, soy castellano-manchego, con lo cual eso de cumplir con otras administraciones lo tengo fácil. Todas las infraestructuras que se han hecho en los últimos 20 años en Castilla-La Mancha, las ha hecho un Gobierno del Partido Popular. Le recuerdo que allí en los últimos 20 años gobernaba un Gobierno del Partido Socialista. Cuando uno se refiere tan permanentemente al pasado corre el riesgo de quedarse exclusivamente en el pasado, y yo, que también lo hice hace ocho años cuando llegamos al Gobierno, probablemente durante estos debates presupuestarios esté viendo más que nunca a qué pocos sitios lleva el dirigirse al pasado, pero muy especialmente en el tema de Interior. Cuando la señora Navarro, lamento que no esté aquí, pretendía asegurar que yo hacía una descripción catastrofista de la situación española, sinceramente estaba muy lejos de la realidad. En este tema, a pesar de su intervención, intuyo que lo que piensa nos acerca mucho más que lo que nos separa.


La señora Navarro se refiere a cómo está España. El atentado del 11 de marzo ha sido el más grande de la reciente historia de Europa. Eso es verdad, eso no me lo he inventado yo; los incendios de este verano fueron una catástrofe infinitamente mayor que el Prestige; los

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muertos que sigue habiendo en las carreteras son una realidad. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que entonces la señora Navarro lo único que hacía era ponerse detrás de una pancarta y venir aquí y traer a unos cuantos a llamarnos asesinos a los diputados del Partido Popular. Yo no voy a hacer eso, no en materia de Interior.


Le voy a dar un ejemplo del rigor que tenemos. Cuando no presentamos ninguna enmienda para que se creen más centros penitenciarios pero sí le decimos que 4 millones de euros es poco para remodelar las deficiencias de los centros actuales, le estamos dando una pista de por dónde vamos.
Ni una sola frivolidad en todo lo que tenga que ver con Interior, no nos la permitimos. Usted ha empezado su defensa del no a la enmienda a la totalidad diciendo que el atentado del 11 de marzo es culpa de la falta de previsión del Gobierno anterior. Una cosa es que haya quien defina la política como la exageración, pero lo suyo de verdad es la exageración de la exageración. Por tanto, si me permite, me centraré en las enmiendas parciales que pretenden mejorar este presupuesto en asuntos importantes y también voy a hacer otra cosa más: quedarme con lo que creo que piensa y no sólo con lo que dice, señor Martínez Sanjuán, porque estoy convencido de que a pesar del discurso que ha empleado en -no sé si el señor Olabarría andará mal o bien- yo le garantizo que en números no me defiendo mal del todo. La realidad es que después de afirmaciones grandilocuentes en el discurso de investidura y permanentemente de todos aquellos cargos que tienen que ver con Interior, cuando uno ve el incremento de este año lógicamente le parece poco, porque yo hago una descripción de la realidad de lo que ha pasado y digo: oigan, en estos momentos hay un nuevo terrorismo que es peligroso, no tan conocido como el de ETA en este país, que tenemos que prevenir, y no le pongo ninguna pega a todos aquellos órganos de coordinación que se puedan crear, pero sí creo que tenemos que ser muy conscientes de que hay que atender a una realidad muy concreta. Por eso le digo que un 4,5 me parece poco porque el año pasado, cuando había un crecimiento del 8,15, o hace dos años del 10,6, a ustedes les parecía poquísimo. Es decir, incrementan las necesidades, disminuye el presupuesto y esta vez nos parece extraordinario. En ningún caso le puedo comprar esa afirmación y ese argumento, y ya digo que le cambiaría darle la razón en todos sus argumentos porque me apoyase usted alguna de las enmiendas que me parecen fundamentales, por ejemplo, lo que se refiere a la formación de los reclusos, porque la realidad está encima de la mesa, han sido 11.000 reclusos en ocho años. Con el incremento presupuestario que prevén en esta ocasión y que nosotros pretendemos que sea superior me parece que no llegamos a ningún sitio. La situación de los centros penitenciarios la conocen ustedes. Ya sé que la señora directora general de Instituciones Penitenciarias se está dedicando a investigar a los fotógrafos, ya sé a que se está dedicando, lo que lamento es que no se dedique a lo que se tiene que dedicar.


Termino, y le agradezco, señor presidente, su benevolencia, diciéndole que cuando hablamos de Interior las enmiendas del Grupo Popular demuestran a las claras que dan un margen de confianza, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al Gobierno Socialista y lo único que pretenden es que algunos de los aspectos donde se ha demostrado que es imprescindible una inversión mayor, se haga. La enmienda a la totalidad tiene todo el sentido del mundo desde el punto en que cuando crecen las necesidades no se puede hacer decrecer el presupuesto, pero sobre todo tiene más sentido todavía si vamos viendo cada una de las declaraciones que desde el ministro hasta cualquier responsable en temas de Interior ha venido haciendo durante estos meses, y muy especialmente el presidente del Gobierno. Si no quiere, no le dedique tiempo a la enmienda a la totalidad, pero dedíqueselo a las enmiendas parciales, porque temas como la ayuda a la drogadicción, temas como mejorar la coordinación entre las administraciones durante las catástrofes, no sólo dar el dinero a los que nos hacen chantaje, o temas como la atención en programas concretos de seguridad a la infancia y a la juventud, me parecen lo suficientemente importantes como para que en un trámite parlamentario como este, en el que de lo que se trata es de hablar de las enmiendas, le prestemos más atención.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Para darle la razón al señor Martínez Sanjuán.
De números no sé nada y, además, esta circunstancia me honra, si me permite la licencia. Tengo hijos pequeños y cuando les tengo que ayudar a hacer los deberes, a veces no me atrevo ni a ayudarles a sumar. Lo reconozco palmariamente. Sin perjuicio de esto, tengo una certificación de la directora de Instituciones Penitenciarias, donde, excluyendo los centros de menores, en los que no se cumplen penas de privación de libertad dentro de las previsiones de la Ley del menor, como es por todos conocido, y de las prisiones transferidas, en concreto a Cataluña, en esta certificación se consigna que las plazas disponibles en los centros penitenciarios españoles no llegan a 30.000, son veinte mil seiscientas y pico. Y si la población reclusa, que también se certifica en ese mismo documento, llega a las 87.000 personas (mi compañero sabe más de números que yo, no sé si habría que recurrir a logaritmos neperianos o a qué tipo de fórmula), estaríamos hablando de una multiplicación por cuatro, estamos cuadruplicando, aunque si fuera el triple, ya sería terriblemente grave. Estoy dispuesto incluso a aceptar a la baja los números que el señor Martínez Sanjuán nos quiera indicar, porque hay un requerimiento constitucional, ya desarrollado por prolija jurisprudencia constitucional que es que la atención a los reclusos tiene que ser personalizada, con celdas

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individuales, en la medida de lo posible, etcétera. No voy a pormenorizar cuál es la jurisprudencia constitucional en esta materia, pero, al margen de las cuestiones numéricas de esta naturaleza, el problema es grave, y cuando el problema es grave, y este sí que es un problema de Estado como tantos otros, quizás habría que fijarse menos en las cuestiones puramente numéricas y atender al fondo del problema y al incumplimiento de requerimientos constitucionales, que es lo verdaderamente preocupante.


El señor PRESIDENTE: Brevemente, para contestar, señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía el señor Olabarría. Mientras haya un problema de inseguridad ciudadana, tenemos un problema en este país. Mientras haya problemas como los que hay en las cárceles españolas, tenemos un problema de desfase con los objetivos constitucionales que son reinsertar e incorporar a la vida ciudadana, con todos los derechos, a las personas que están en estos momentos en las cárceles. La interpretación que le he hecho era una valoración que no se ajusta a la realidad. Si usted y yo vamos a la página web de Instituciones Penitenciarias, donde dice exactamente cuáles son las plazas que hay y el número de reclusos, efectivamente nos daremos cuenta que tenemos un problema como consecuencia del aumento de la población penitenciaria en los últimos años. Hemos incorporado 15.000 nuevos reclusos en los últimos tres años, y el ritmo de la creación de plazas carcelarias ha sido muy inferior al ritmo de las necesidades. Al ritmo que tenemos en este momento, haría falta construir una cárcel cada tres meses. Eso es algo que este país no se puede permitir ni económica, ni socialmente, ni urbanísticamente. Usted y yo sabemos que cada vez que se quiere construir una cárcel o una institución penitenciaria o un centro penitenciario en alguna ciudad o en algún municipio español, aparte de tener un problema de carácter social, tenemos otro problema de carácter de proximidad ideológica por parte de los vecinos. Resulta que realmente creo que hay un problema de Estado en este país con los residuos nucleares y con los centros de rehabilitación de toxicómanos, etcétera, pero es verdad que estamos en una sociedad en la que queremos lo bueno y no queremos los costes que esa misma sociedad nos causa. Estoy de acuerdo en que es una cuestión de Estado, que no se soluciona, señor Ballesteros, con una enmienda de 4 millones de euros porque, insisto, el esfuerzo que se ha hecho en mejorar este año los presupuestos para la política penitenciaria ha sido de un 8 por ciento, el de inversión, el de gasto corriente y el de Siepsa. Fíjese en las cuestiones que se están planteando. En este debate parlamentario estamos viendo enmiendas que proponen unas construir nuevos centros penitenciarios y otras retirar centros penitenciarios. Todo ello es consecuencia de la problemática social que existe. Unos quieren que se construyan en un sitio y otros que no se edifiquen en otro y posiblemente tienen el mismo legítimo derecho unos y otros. Tendremos que ponernos de acuerdo para establecer una política penitenciaria y olvidarnos de los problemas que el señor Ballestero amplificaba en relación con la directora general y que, no es el momento de entrar a discutir.


Permítame decir, señor presidente, que no puedo aceptar las últimas palabras del portavoz del Grupo Popular, que decía que no se daba dinero para algunas enmiendas porque se aceptaba dando dinero a los chantajes.
En un lenguaje parlamentario, esa palabra, incluso en términos políticos, hablando del Ministerio del Interior o de cualquier otro ministerio, me parece de mal gusto y ajena a la realidad parlamentaria que defienden, por lo menos, este Gobierno y este grupo parlamentario. En política los acuerdos políticos en las instituciones y en las negociaciones son legítimos; los chantajes los hacen las personas que no tienen cabida ni en la política parlamentaria ni en la vida social española.


El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en la última sección, la número 25, que es Presidencia. Espero, deseo y pido que podamos debatir las enmiendas con cierta rapidez para que luego podamos suspender la sesión hasta las ocho y preparar bien el cuaderno de votaciones.


Para defender las enmiendas presentadas a esta sección, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal.


La señora NADAL I AYMERICH: Señor presidente, intentaré cumplir la recomendación que hace a esta diputada respecto a economía de tiempo a estas horas de la tarde y teniendo en cuenta que después continúa la sesión de esta Comisión.


El Grupo Popular ha presentado una enmienda a la totalidad y dos enmiendas a programas concretos de la sección 25, Ministerio de la Presidencia, de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, concretamente son enmiendas presentadas al programa 912.O, relaciones con las Cortes Generales, secretariado del Gobierno y apoyo a la alta dirección, y también hay una enmienda concreta al programa 912.M, Presidencia del Gobierno, concepto 602, relativo a un nuevo edificio destinado a guardería infantil. Defiendo conjuntamente estas enmiendas, señoras y señores diputados, porque en definitiva creemos que el departamento de Presidencia responde exactamente a la misma lógica política, económica y presupuestaria de utilización del gasto público que el resto del presupuesto. Cuando hablamos de la Ley de presupuestos estamos refiriéndonos a la expresión cuantificada, conjunta, sistemática de lo que son las prioridades del Gobierno para el siguiente ejercicio y con ello ese debate de cifras adquiere dimensión política al concretarse.


Sección 25

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Vemos que el Ministerio de la Presidencia responde a esa lógica política, económica y de gasto público propia de todos los gobiernos socialistas.
En este sentido, creemos que Presidencia es un ejemplo paradigmático, es una muestra muy ilustrativa de lo que es la lógica de actuación de los gobiernos socialistas. Se acusaba antes al Partido Popular de tener la obsesión de sacralizar la estabilidad presupuestaria, de sacralizar el déficit público. Nosotros no confundimos lo que es el objetivo con lo que es un instrumento. Nosotros sabemos claramente que las políticas de déficit cero son un instrumento, en ningún caso son un objetivo; y son un instrumento precisamente para conseguir una economía de calidad, que es aquella que permite crear empleo y nos permite precisamente tener formas eficientes y transparentes de gestionar los recursos públicos. Con toda cordialidad pero también con toda contundencia he de decir que frente a este criterio del Partido Popular, el criterio que planea, lo que se desprende de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del 2005 presentados por el Gobierno socialista se puede sintetizar en aquella frase pronunciada por la ministra Calvo, que consiste en decir que el dinero público no es de nadie. El dinero público no es de nadie es la lógica que impregna muy claramente la sección 25, Ministerio de la Presidencia, para el ejercicio 2005. Estamos hablando de una cuantía que tiene realmente un peso muy pequeño en lo que es la globalidad del presupuesto. Estamos hablando de un 0,2 por ciento del presupuesto consolidado del Estado, pero que ha crecido para el año 2005 en un 8,7 por ciento. Pido a SS.SS. que se queden con esta cifra, es decir, que ha tenido un crecimiento importantísimo. Eso supone que la sección 25 va a disponer de un presupuesto de 232,7 millones de euros, pero éste, que es un dato relevante, lo es más si lo ponemos en relación con el crecimiento de los distintos departamentos. Los Presupuestos Generales del Estado crecen en conjunto un 6,2 por ciento, pero si tomamos específicamente los departamentos ministeriales que son de una mayor homogeneización con el departamento de la Presidencia vemos que suben un 5,3 por ciento. Es decir, que Presidencia es uno de los tres ministerios que más crece dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Señorías, sepan ustedes que Presidencia crece más que Sanidad, más que Trabajo y Asuntos Sociales, más que Interior. Hemos visto las cifras, Interior crece un 4,4 por ciento. En definitiva, quedan claras, cuáles son las prioridades del Gobierno socialista, prioridades que en ningún caso puede compartir el Partido Popular. No es argumento decir que se trata de cifras pequeñas porque estamos hablando de un presupuesto que representa dos décimas del peso del conjunto del presupuesto. Decía antes que precisamente la lógica presupuestaria en la que se encuadran estos presupuestos es la lógica del gasto público, no la lógica del esfuerzo de contención del gasto corriente que debe abarcar a todos y cada uno de los departamentos ministeriales, con el fin de destinar mayores recursos a aquellas políticas inversoras que son precisamente las que dinamizan nuestra economía, las que permiten movilizar nuestro capital físico, humano, tecnológico, porque es la única manera de garantizar que podamos seguir con el proceso de desarrollo iniciado con los gobiernos del Partido Popular, de garantizar políticas de protección social que nos permitan seguir avanzando en equidad social, en generación de oportunidades y en asegurar un nivel mínimo de bienestar para todos los grupos sociales.


Esta lógica a la que responden los presupuestos se ve muy bien reflejada si vemos la valoración que hizo el propio subsecretario del departamento de Presidencia cuando compareció el día 14 de octubre ante esta Comisión de Presupuestos. Nos decía el subsecretario que el crecimiento previsto para gastos corrientes es del 51 por ciento. Alarmaba tanto la cifra que el propio subsecretario dijo: Sería conveniente dar alguna explicación respecto a estos gastos corrientes que tienen un crecimiento tan fuerte.
No nos lo explicó, naturalmente, de la misma manera que tampoco explicó cuáles serían los gastos previstos para viajes del presidente del Gobierno o de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno. Señorías, les aseguro que no es una cuestión baladí y no lo es porque también refleja lo que es la lógica de utilización del gasto por parte de los gobiernos socialistas y son unos datos que no aporta esta diputada, sino que fueron facilitados por el propio subsecretario cuando -insisto- compareció ante esta Comisión. Nos dice el subsecretario que en el último viaje realizado por la vicepresidenta a Vietnam y que se hizo encuadrado en el marco de una cumbre Europa-Asia, la vicepresidenta fue acompañada, ni más ni menos, que por 35 personas. Uno piensa que habrá ido acompañada por empresarios, por mujeres emprendedoras para proyectar las posibilidades de expansión de la economía española en una región geográfica tan importante como es el Asia-Pacífico. Pues no, se nos responde que ha ido acompañada por 15 periodistas y por 20 altos cargos de su departamento. Como decía, señoras y señores diputados, esta es la lógica de un criterio de gasto corriente que en ningún caso puede compartir por el Partido Popular. Por lo tanto, el motivo de la enmienda a la totalidad con solicitud de devolución al Gobierno de la sección 25, Ministerio de la Presidencia, responde a la propia lógica de presupuestación y criterio de gasto que tiene el Partido Socialista, que ha tenido siempre y que hemos vuelto a ver en estos Presupuestos Generales del Estado para 2005.


Entrando concretamente en las enmiendas que hemos presentado a programas concretos, hemos formulado una enmienda al programa Relaciones con las Cortes Generales, Secretaría del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección que tiene, por un lado, la vocación de realizar una baja en aquellos conceptos que suponen un gasto más superfluo y, por lo tanto, introducir criterios de mayor austeridad. Sin embargo, también quiero llamar

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su atención sobre que en esta partida se contienen las campañas que se van a tener que realizar, concretamente la campaña Europa y Valores europeos, para promover el voto afirmativo ante el hecho tan importante que tenemos ante nosotros de la aprobación de la Constitución europea. Inicialmente se había hablado de una partida presupuestaria de 6 millones de euros, aunque la partida presupuestaria está limitada a 3 millones de euros.
Quiero confiar en que se va a realizar esta campaña porque en el Parlamento de Cataluña hemos visto cómo un gobierno socialista encabezado por el señor Maragall se ha negado a hacer una campaña de divulgación respecto a la Constitución europea, y eso teniendo en cuenta que, según una encuesta recientemente publicada, un tercio de la población -el 31,2 por ciento- no ha oído hablar de la Constitución europea y que, pese a que el 56,9 por ciento de los encuestados se manifiesta a favor, más de la mitad dice estar nada o poco informados. Espero que lleven adelante esa campaña y, en ese sentido, reforzar el programa 912.O. La siguiente enmienda dirigida al programa concreto se refiere a la realización de un nuevo edificio destinado a guardería infantil. Existe una partida presupuestaria de un millón de euros para realizar un nuevo edificio en el complejo de La Moncloa, una vez finalizados el edificio Greco y la nave tubular. Preguntado también el subsecretario, que tenía conocimiento de la existencia de un estudio previo realizado por el Gobierno del Partido Popular, se nos respondió que iba a proceder a hacer una encuesta. Se trata más que de hacer una encuesta, de presupuestar definitivamente ya la edificación destinada a guardería infantil justamente para facilitar la conciliación de la vida familiar y de la vida laboral de las personas trabajadoras que están en el complejo de La Moncloa. El estudio existe, el estudio está realizado y, por lo tanto, el único paso pendiente es el compromiso político de tener partida presupuestaria, por lo que se debe aprobar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular para conseguir esta finalidad.


He conseguido no ahogarme en el transcurso de esta intervención.


El señor PRESIDENTE: Daremos la palabra -parece que no hay ningún otro grupo que quiera intervenir- al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Intentaré ser bastante más breve dada la hora. Lo último que quisiéramos, señoría, es que usted se ahogara. Usted no se preocupe que por mi parte intentaré que mis palabras tampoco la produzcan ahogo, pero tengo que decir de salida, que, cuando no se tienen argumentos, hay que soltar fuegos artificiales para intentar cubrir unas enmiendas, cuya crítica general voy a hacer muy rápidamente y muy por encima. Voy a calificar las enmiendas de defectuosas técnicamente: carecen de técnica presupuestaria, señoría, carecen de la técnica legislativa mínima para traerlas a esta Comisión, y, además, hay una serie de disfunciones entre las cuantías de altas y bajas, lo que en lenguaje pedestre podríamos llamar errores de bulto importantes. Al hilo de las distintas enmiendas que ha presentado, le voy a explicar el porqué de estas afirmaciones.


La impresión que tiene mi grupo es que se han preparado con absoluta urgencia y carecen de la serenidad seguramente debido a un presupuesto -que, es verdad, usted lo ha dicho, yo también lo dije en aquella comparencia- que es dos décimas del total de los Presupuestos Generales del Estado, lo cual es evidente que no impide que los números proporcionalmente deban de ser analizados. De entrada, presenta su grupo parlamentario una enmienda a la totalidad que tiene difícil apoyatura legal en el actual Reglamento. En realidad, de lo que estamos hablando es de que ustedes quieren devolver los presupuestos de toda la sección, y nos parece que ese momento ya se pasó, es decir, la supresión de un conjunto de gastos sin la modificación paralela del presupuesto de ingresos o de la cifra de déficit desequilibra el presupuesto global del Estado y entonces produce el mismo efecto técnicamente que si se tratara de una enmienda a la totalidad, y eso, señoría, ya ha sido discutido y ya ha sido votado.


Por otra parte, creo que usted no ha dado argumentos muy sólidos. Cuando ustedes presentan la enmienda a la totalidad hablan de que entienden que la distribución de créditos no garantiza alcanzar los objetivos que se consideran prioritarios. No sabemos cuáles son esos objetivos porque, evidentemente, tampoco se acompañan. No hay una propuesta en la que aparezca que está claro ese cambio o modificación. Además le recuerdo, que precisamente el Gobierno como tal es quien tiene la responsabilidad de orientar las prioridades y los objetivos de las instituciones a su cargo y adecuar los fines mediante la cobertura presupuestaria apropiada.
Eso le corresponde al Gobierno. Sé que tienen algunas dificultades para entenderlo por la proximidad -tan sólo han pasado unos meses desde que ustedes no son Gobierno-, yo lo entiendo. Le voy a decir más, señoría. Si vamos al fondo de la cuestión, mi grupo ve aquí algunas contradicciones, porque, o bien la distribución de créditos garantizaba anteriormente alcanzar los objetivos y, por lo tanto, la enmienda es incongruente, o bien mantienen ustedes una cierta contumacia en esa mala distribución de los créditos para alcanzar los objetivos. Esa distribución es prácticamente idéntica a la del año 2004, a la del año 2003 y la del año 2002. O sea, que aquí falla algo. Yo creo que estamos ante enmiendas presentadas con una cierta rapidez.


Mi grupo no puede admitir la insinuación que ha hecho sobre que el dinero público no es de nadie. Precisamente porque mi grupo parlamentario piensa que los presupuestos se financian con los impuestos de todos los españoles, por eso mismo, una de las referencias del presupuesto de 2005 es la transparencia. Se ha referido

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al déficit cero y tenemos que volver a repetir que ustedes lo incumplieron en 1,8 puntos. Además, tenemos que decir que, precisamente, la ley de acompañamiento, que esta vez no existe, va a facilitar esa transparencia.
Por lo tanto, diciéndolo suavemente, señoría, nosotros sí creemos que el dinero de todos está en los presupuestos de todos y porque tenemos esa sensibilidad presentamos estos presupuestos.


Respecto a la segunda de las enmiendas presentada por ustedes, sobre la mejor coordinación del Ministerio de la Presidencia con el resto de departamentos ministeriales, le vuelvo a insistir en los graves defectos de forma que presenta. Además, la baja del concepto 22 y el alta del concepto 44, otros organismos públicos, no parece que sea afinar mucho.
Cuando hablamos de conceptos y de que los presupuestos tienen que estar claros o, como ustedes dicen, con mayor austeridad, no creo que estos dos millones que se cambian de lugar den una mayor austeridad. Es más, el artículo 22 del programa de donde se detraen estos 2 millones tiene una cuantía de 53 millones y medio de euros. Si de ahí quitamos los 46 millones y medio de la agencia Efe y los 3 millones para la campaña sobre el referéndum, quedan 4 millones. Señoría, si usted quita de ahí 2 millones, esta reducción del crédito supondría la inviabilidad del funcionamiento ordinario del programa. Al hilo de estos 3 millones le tengo que decir -y ya se lo dijo a usted el subsecretario, pero habrá que repetirlo para que conste también en el "Diario de sesiones"-, que esa es sólo una pequeña partida del total. A usted ya le dijo el subsecretario que la cantidad más importante iría destinada, como parece lógico, al Ministerio del Interior.


Por último, para cumplir con esa promesa que le he hecho al señor presidente de ser relativamente rápido, en la tercera de las enmiendas (paso por alto los fallos de técnica presupuestaria, las ausencias de números y de falta de especificación de códigos orgánicos, etcétera) está el error de bulto. Ustedes dicen que se detraigan 300.000 euros del concepto 227.29, mientras que la cuantía que aparece ahí es de 149.000 euros. Una de dos, o no se la han leído bien o la supuesta guardería que ustedes quieren construir tiene que ser virtual. A propósito de la guardería, claro que hemos hablado de ella en la anterior comparecencia.
Usted ha hablado de la encuesta que se había hecho, pero no ha dicho los resultados de la misma. No ha dicho que prácticamente el 60 por ciento del personal que trabaja en Moncloa está por encima de los 50 años y, por tanto, le repito lo que le dije en su momento: aunque la fertilidad española ha subido, no parece que los cincuenta y tantos años sean una edad propia de niños pequeños. De todos modos, estamos dispuestos a que se haga -y de hecho se está haciendo- un nuevo estudio, no por ver lo que hay, sino por saber si en el futuro podría haber dificultades para compatibilizar la vida familiar y laboral, algo en lo que estamos completamente de acuerdo con su señoría. Si llegara el caso, si se comprobara que eso es absolutamente necesario, no le quepa duda de que seríamos los primeros que buscaríamos esa adecuación, de la forma que fuera, priorizando, movilizando, cambiando los artículos correspondientes, por supuesto de acuerdo con ustedes, que tienen tanto interés en este sentido.


Señorías, vuelvo a repetir, la conclusión es que estas enmiendas se han preparado con mucha urgencia, que carecen de cierta seriedad y, si me permite la ironía, aunque tuviéramos muchísimas ganas de apoyarlas, los defectos generalizados nos lo hacen imposible. Entiendo que es difícil adaptarse a la vida de la oposición, pero si han entrado en la cultura de las pancartas y las pegatinas, a poco que lo intenten, el año que viene lo harán bastante mejor.


El señor PRESIDENTE: Hemos terminado la discusión de las secciones hasta la número 17, que empezaremos después de la votación.


Ahora suspenderemos la Comisión, porque la votación, como hemos dicho, no será antes de las ocho. A mí me gustaría que fuera a las ocho, pero están haciendo el catálogo de votaciones y no sé lo que podremos tardar.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.


Se ha repartido a los portavoces un cuaderno de votaciones que es el que tengo aquí. Voy a ir despacio porque creo que es mejor hacer estas cosas despacio, pero si en algún momento algún portavoz tiene alguna duda o disiente, por favor que llame mi atención y antes de votar corregimos lo que sea necesario.


Empezamos por las enmiendas al título I, artículos 1 a 13. En primer lugar votamos la enmienda 244, de la señora Barkos, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Continuamos con la enmienda número 153, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1045, del señor Rodríguez Sánchez.


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En primer lugar, la 1270, a la cual hay una transaccional.


El señor HERRERA TORRRES: La 1269 la retiraríamos.


El señor PRESIDENTE: La 1269 queda retirada. A la 1270 hay una transaccional, que si se acepta, votaremos al final. Sometemos a votación la 1271.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1778 y 1779, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 1985, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


La número 680, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el texto del informe del artículo 1 al artículo 13 sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Título II, artículos 14 a 18.


El señor SAURA GARCÍA: ¿La transaccional 1270 cuándo se vota?

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transaccional a la enmienda 1270, del Grupo Parlamentario de Izquierda-Verde.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: No la conocemos.


El señor PRESIDENTE: La 1270 es una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde que tiene cinco puntos. El Grupo Socialista le admite el punto 4, que pasa a ser una adicional. Esa es la transacción. ¿Consideran los portavoces que está suficientemente explicado o leo ese punto 4? Yo creo que no es necesario.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, como lo normal es distribuir las enmiendas transaccionales a lo largo de la jornada y poderlas ver, mi grupo no está en condiciones de que se admita a trámite esa transaccional. Que la hagan en el Pleno bien distribuida.


El señor PRESIDENTE: Aquí hay dos puntos diferentes. Vamos por partes para establecer en esta transaccional y en otras que se produzcan. Cuando haya una transaccional -lo digo sobre todo con vistas al futuro, ahora veremos esta- primero yo preguntaré al grupo si retira su enmienda para admitir la transaccional y en segundo lugar preguntaré si se admite la transaccional, porque si hay un grupo que no la admite, no procede que se apruebe aquí. En el caso de que se admita, al terminar de ver las enmiendas votaremos esa transaccional. En este caso concreto, si el Grupo Popular no la admite, no ocurre como en el Pleno, es decir, no puede vetar que se vote, pero sí puede votar en contra.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, es que no tenemos ni el texto.


El señor PRESIDENTE: Bien, entonces voy a proceder, como se ha dicho antes, a leer el texto de esa transaccional, que es lo que había ofrecido. Este punto 4 pasa a ser una adicional y dice lo siguiente: Las memorias explicativas de los programas de gasto de cada ejercicio se extenderán a las inversiones realizadas por el sector público empresarial. Para ello el Gobierno adjuntará como anexo las inversiones previstas desagregadas por proyectos, provincias y comunidades autónomas, al igual que se hace con el resto de las inversiones públicas. Asimismo, esta información detallará las inversiones externalizadas o diferidas en el tiempo y los préstamos o aportaciones patrimoniales que el Estado concede a terceros para operaciones de capital o adquisición de activos de capital.


Creo que con esto queda claro lo que dice. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que dice está claro. Por tanto, voy a proceder a someterla a votación.


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El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, ¿basándonos en qué artículo hacemos en Comisión una cosa distinta a lo que se hace en el Pleno?

El señor PRESIDENTE: En el artículo 114.3, que va a proceder a leer el secretario. El secretario primero procede a leer el artículo 114.3.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Corcuera Plaza): Durante la discusión de un artículo la Mesa podrá admitir a trámite nuevas enmiendas que se presenten en este momento por escrito por un miembro de la Comisión, siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. También se admitirán a trámite enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.


El señor PRESIDENTE: Eso indica lo que hay que hacer en Comisión. En cambio, ¿qué pasa cuando hablamos del Pleno? Lea el artículo 118.3.


El señor SECRETARIO PRIMERO (Corcuera Plaza): Artículo 118.3: Durante el debate la Presidencia podrá admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen cuando ningún grupo parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige.


El señor PRESIDENTE: Luego hay una diferencia entre Pleno y Comisión que hace que ahora podamos admitir esta enmienda presentada por escrito que yo he leído y que vamos a proceder a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.


Pasamos a la votación de las enmiendas al título II, artículos 14 a 18. La primera, la enmienda número 1046, del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora las enmiendas números 1272 y 1273. Perdón, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Retiramos la enmienda número 1272.


El señor PRESIDENTE: Pues entonces votamos la enmienda número 1273 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos ahora a votar las enmiendas números 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Votamos conjuntamente las enmiendas números 682 y 688.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ahora votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, las números 681, 683, 684, 685, 686 y 687.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, ¿qué sucede con la enmienda número 680?

El señor PRESIDENTE: La enmienda número 680 estaba mal colocada, porque la hemos votado anteriormente.


Ahora vamos a votar el texto del informe, título II, del artículo 14 al artículo 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.


Pasamos a las enmiendas del título III, del artículo 19 al artículo 35. En primer lugar, las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Lasagabaster, números 154 y 155.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ahora vamos a votar en un bloque las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, números 1050, 1053, 1054, 1058, 1065, 1066, 1067, 1070, 1073, 1076, 1083 y 1086.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, que van desde la 1047 a la 1085, ambas incluidas y excluidas el resto que hemos votado anteriormente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 1277, del Grupo de Izquierda Verde. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Mi grupo retiraría las enmiendas números 1274, 1275, 1276, 1277 y 1278, así como la 1281 y 1282, y mantendría las números 1279 y 1280.


El señor PRESIDENTE: Las votamos por separado. Enmienda 1279.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1280, de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35, abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1189 y 1190, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1780 y 1781, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1993 y 1996, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) .


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1994 y 1995, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 689, 690, 691 y 692, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar el texto del informe. El título III, del artículo 19 al artículo 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Enmiendas al título IV, artículos 36 a 45.


Comenzamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 1087, 1088 y 1089, del señor Rodríguez Sánchez, que votamos conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, votamos las enmiendas 1828, 1829 y 1830.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, retiramos las tres enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, enmienda 1283.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 18; abstenciones, 17.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmiendas 1997 y 1998.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el texto del informe. Título IV, del artículo 36 al artículo 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Enmiendas al título VIII, artículos 99 y 100.


Del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Rodríguez Sánchez, enmiendas 1096 y 1097, que se votan separadamente.


Enmienda 1096.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1097.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos, también por separado, las dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


Enmienda 1289.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1290.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmiendas 2004 y 2005.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos sólo la enmienda 719, puesto que las otras tres han sido retiradas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el texto del informe, título VIII, artículos 99 y 100.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


La sección 7, clases pasivas, no tiene enmiendas.


Votamos la sección 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, dos; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Título V, artículos 46 a 56. Hay una enmienda transaccional a la 1316 que consiste en la adición de un nuevo párrafo tercero -el actual pasa a ser párrafo cuarto- en el artículo 55, con la siguiente redacción: En el año 2005, el Consejo de Ministros destinará al menos 125 millones de euros de la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo a proyectos de desarrollo humano sostenible en la forma de créditos, líneas de financiación y donaciones, tanto de forma bilateral como canalizados a través de instituciones financieras de desarrollo. Los proyectos financiados podrán ser adjudicados a empresas de cualquier país, incluyendo empresas locales y de otros países en desarrollo. (El señor Herrera Torres: Es una transaccional de nuestro grupo, de Izquierda Unida.)

Es una enmienda de Izquierda Unida y la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista. Esta es la transaccional, que se añadirá al texto del informe. Sometemos a votación la transaccional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Incorporada esta transaccional, votamos el título V, del artículo 46 al artículo 56, sin perjuicio de las variaciones de las cifras del artículo 46 que puedan

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resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Sección 06, deuda pública, que no tiene enmiendas. La vamos a someter a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, dos; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a las enmiendas al título VI, artículos 57 a 66. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos a votación la enmienda 1091, del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las otras dos enmiendas del señor Rodríguez Sánchez: números 1090 y 1092.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, enmiendas 1195, 1198, 1200, 1201 y 1211.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 1196, 1197, 1199, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209 y 1210.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas, números 1191, 1192, 1193, 1194 y 1208.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 1999, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, de la 693 a la 710, ambas inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas, números 711, 712, 713, 714 y 715.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos el texto del informe del título VI, del artículo 57 al artículo 66.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, dos; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos al título VII, artículos 67 a 98. En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto, del señor Rodríguez Sánchez, números 1093 y 1094.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 1095.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Retiramos las enmiendas número 1285, 1286 y 1287 y mantenemos viva la 1288.


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El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 1288.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, vamos a votar la enmienda número 1782.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), votamos las enmiendas número 2000, 2001, 2002 y 2003.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular, votamos la enmienda 716.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar el texto del informe del título VII, artículo 67 al artículo 98.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe.


Pasamos ahora a votar las enmiendas a las disposiciones adicionales primera, cuadragesimoctava y nuevas y a las transitorias primera a sexta y nuevas.


Del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas números 245, 246, 248, 249, 252 y 253.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la señora Barkos, votamos las enmiendas números 247, 250 y 251.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ahora, de la señora Lasagabaster vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas números 157, 158, 161, 164, 165 y 166.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar la número 163 de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto, que serían las enmiendas números 156, 159, 160, 162 y 167.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del señor Rodríguez Sánchez, vamos a votar, en primer lugar, la enmienda número 1102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas, números 1098, 1099, 1100, 1101, 1103 y 1104.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, retiro, en primer lugar, la enmienda número 1833 porque ha sido un error ya que estaba recogida en el trámite de ponencia con las enmiendas números 1641 y 1642, conjuntas del Grupo Parlamentario Socialista y de Coalición Canaria. Retiro también las enmiendas 1832 y 1834 y mantengo sólo para votación la 1831.


El señor PRESIDENTE: Pues esa enmienda, la 1831, es la que vamos a someter a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Presidente, nuestro grupo quisiera hacer votación separada de la enmienda número 1291 que es sobre la financiación de la Iglesia. En segundo lugar, retiramos las enmiendas números 1294, 1298, 1301, 1302, 1304, 1306, 1307, así como las enmiendas que van de la 1309 hasta la 1313. Quedarían vivas, aparte de la 1291 que pedimos separada, las números 1292, 1293, 1295, 1296, 1297, 1300, 1303, 1305, así como la 1308.


El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar por la 1291, para la que se ha pedido votación separada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 1296.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1292, 1293 y 1295.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 1297.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1300, 1303, 1305 y 1308.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco que ha pedido votación separada para todas ellas, una por una.


Enmienda 1212.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1213.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1214.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1215.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1216.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1217.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1218.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 1219.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


¿Señor Puig?

El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, retiraríamos la 1791, por haber llegado a un acuerdo posterior.


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El señor PRESIDENTE: Aquí tenemos una transaccional del Grupo Socialista que afecta a dos enmiendas del Grupo de Esquerra, la 1788 y la 1790.


El señor PUIG CORDÓN: La aceptamos y retiramos las dos nuestras.


El señor PRESIDENTE: En este caso es una disposición adicional: iniciativa de modernización de destinos turísticos maduros del litoral español. ¿Se conoce por los grupos? (Asentimiento.)

Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas 1786, 1787 y 1789.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 1784.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Ahora votamos las enmiendas 1783 y 1785.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 1792, 1793 y 1794.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán.


¿Señora Báñez?

La señora BAÑEZ GARCÍA: Hemos pedido votación separada de algunas enmiendas y han agrupado más enmiendas en ese grupo. Las números 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019 separadas del resto, y la 2018 y la 2020, también separadas del resto.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos las enmiendas 2006, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 y 2019 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos agrupadas las enmiendas 2024, 2025, 2031, 2032, 2033, 2034, 2041, 2047, 2049, 2051, 2052 y 2053.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2018 y 2020.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2023, 2028, 3029, 2030, 2036, 2044, 2048 y 2050.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos de la enmienda 2006 a la 2054, todas las que no se han votado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. La 721 está retirada. En primer lugar, votamos las enmiendas 736, 737, 742, 743 y 752.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 740.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas, que van desde la 722 a la 752, que no hayan sido votadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda transaccional que hemos visto antes a las números 1788 y 1790 de Esquerra Republicana,

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que ha presentado el Grupo Socialista y que era conocida por los grupos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.


Ponemos ahora a votación el texto del informe de la ponencia de las disposiciones adicionales primera a cuadragésimo octava y nuevas, transitorias primera a sexta y nuevas, con la adición hecha de la aprobada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos las enmiendas a los anexos I a XII. En primer lugar, votamos las enmiendas de Izquierda Verde.


La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, solicitamos votación separada.


El señor PRESIDENTE: Votamos primero la enmienda 1314.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 1315 de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 2055, 2057, 2058, 2059, 2060, 2062, 2064, 2065, 2066, 2067 y 2068, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

La señora BAÑEZ GARCÍA: Solicitamos votación separada de la 2066.


El señor PRESIDENTE: Votamos en primer lugar la número 2066.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas que antes he enumerado, excepto la 2066.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 2056, 2061 y 2063, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 751 del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora el texto del informe de la ponencia correspondiente a los anexos I a XII, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a votar las secciones. Aunque no haya enmiendas yo voy a someter a votación cada una de las secciones y si hay unanimidad mejor que mejor.


Sección 1, Casa de Su Majestad el Rey.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 2, Cortes Generales. Aquí tenemos una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que es la 273, que vamos a proceder a votar.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la sección 2, Cortes Generales.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la sección 3, Tribunal de Cuentas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos; abstenciones, una.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 4, Tribunal Constitucional.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 5, Consejo de Estado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 8, Consejo General del Poder Judicial.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la sección 12, Asuntos Exteriores y Cooperación.


Votamos la 1326.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 1317, 1321, 1322 y 1325.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 1220 del Grupo Parlamentario Vasco.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Catalán está retirada la enmienda número 2075 y vamos a votar las enmiendas números 2071, 2072 y 2073.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ahora votamos las enmiendas números 2069, 2070, 2074 y 2346.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que van de la número 274 a la 282.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a la votación de la sección 12, de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea. No se le han presentado enmiendas, así que la someto a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, dos; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos con la sección 13, Justicia.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, quiero retirar las enmiendas números 1, 2, 3, 4 y 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde vamos a votar por separado la enmienda número 1329.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas que van de la número 1327 a la 1340, ambas inclusive, excluida la 1329 que ya hemos votado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió vamos a votar las enmiendas números 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082 y 2345.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular vamos a votar las enmiendas de la número 283 a la 291, ambas inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la sección 13, Justicia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 14, Defensa. Del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, vamos a votar las enmiendas números 168, 169, 170 y 171.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Las enmiendas números 1341 y 1342, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, tienen una enmienda transaccional que no sé si los grupos la conocen o no. La enmienda transaccional a las enmiendas números 1341 y 1342 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde dice: Con baja en la sección 31, servicio 02, programa 929.M, artículo 6, y altas de 50.000 euros para estudios a favor de la paz y otros 50.000 euros destinados al estudio sobre las Bárdenas Reales. Esta es la enmienda transaccional que hace el Grupo Socialista al Grupo de Izquierda Verde y en la cual da de baja 100.000 euros de la sección 31, servicio 02, programa 929.M, artículo 6, y altas de 50.000 euros para estudios a favor de la paz y otros 50.000 euros destinados al estudio sobre las Bárdenas Reales. Es clarísimo lo que aquí dice; podrá gustar o no, pero se puede votar perfectamente y se hará en su momento, cuando terminen de verse todas las enmiendas.


Pasamos ahora al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Vamos a votar las enmiendas números 1811, 1812, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825 y 1826.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Insisto, retrocediendo al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde, naturalmente votaremos las dos enmiendas transaccionales al final partiendo de que Izquierda Verde las retira, como es obvio; las enmiendas están retiradas y al final votaremos la enmienda transaccional.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas 292 a 307, ambas inclusive.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar ahora la enmienda transaccional que he leído antes a las enmiendas números 1341 y 1342, de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.


Ahora vamos a votar la sección 14, Defensa, con la enmienda transaccional incluida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 17; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a la sección 15, Economía y Hacienda. En primer lugar votamos la enmienda número 1188, del señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Retiramos esa enmienda por estar basada en un error técnico y, por lo tanto, no subsanable en este momento.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho, señor Rodríguez Sánchez, porque había creado un problema a la Mesa poder aceptarla debido a ese error técnico.


Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria vamos a votar las enmiendas.


El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, habiendo observado mi grupo un error en la dotación que llevaba esta enmienda para la zona especial Canaria, procedo a retirarla en este momento.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar la enmienda 1343, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 308, 309, 310, 311 y 312, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la sección 15, Economía y Hacienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 17; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a la sección 16, Interior. Del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a votar las enmiendas 172, 173, 174, 175 y 176, de la señora Lasagabaster.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. Enmiendas del señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Retiro las enmiendas 6, 7, 8 y 9.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, vamos a votar la enmienda 1106 y 1107.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir la votación, en primer lugar, para comprobar si sale el mismo empate y, en segundo lugar, para saber quién vota a favor, para poder aplicar el voto ponderado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Mientras hacen la suma, pasamos a la siguente enmienda y votamos la 1108 del señor Rodríguez Sánchez.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 18 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


El señor MARDONES SEVILLA: Anuncio la retirada de las enmiendas 1836, 1837 y 1838.


El señor PRESIDENTE: Enmiendas 1344 a 1349 y 1351, 1353, 1354 y 1356 del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 1352, también de Izquierda Verde.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de las cuales la 2087 ha sido retirada. Por tanto, se someten a votación las enmiendas 2083, 2084, 2085 y 2086.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 18; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 313 a 324, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Aquí hay unas correcciones de errores, que serán del mismo tipo que las anteriores.


Volviendo a las enmiendas 1106 y 1107 del señor Rodríguez Sánchez, les diré que, por voto ponderado, a favor de la enmienda hay 170 votos y en contra 164 votos, con lo que las dos enmiendas quedan aprobadas.
(Rumores.-Aplausos.)

Parece ser que hay una corrección de errores del informe de la ponencia, que someto al conocimiento de la Comisión. Donde dice programa 132, debe decir 132.A. Queda enterada la Comisión.


Votamos la sección 16, Interior, con estas enmiendas incorporadas, ya aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18.


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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Sección 25. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado las enmiendas 631 a 633, que sometemos a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar ahora la sección 25, Presidencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Empezamos con el debate de la sección 17, Fomento.


Hay enmiendas de todos los grupos, pero me ha pedido el señor Mardones que pueda comenzar él, porque tenía algunas ocupaciones urgentes, y yo le he dicho que no había ningún inconveniente. Así que, si les parece, empezamos con enmiendas de Coalición Canaria.


Tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad, y también al Grupo Parlamentario Popular, al que correspondía el primer turno, por la cortesía parlamentaria de cedérmelo, para que pueda seguir cumpliendo con mis obligaciones parlamentarias. Quiero ser breve, señor presidente, para corresponder a tanta amabilidad.


Entre las enmiendas que presentamos a la sección 17, Fomento, hay algunas muy importantes y sensibles, sobre todo por las inversiones en infraestructuras que comportan para nuestro archipiélago canario. La número 1839 trata de obtener una subvención en el tráfico interinsular, para el transporte de pasajeros; ya se han aprobado otras anteriormente para el transporte de pasajeros y mercancías entre la península y el archipiélago canario.


La enmienda 1840 contiene fundamentalmente las garantías de inversión en el Plan de infraestructuras de carreteras. Como se ha puesto de manifiesto en las conversaciones que con el Ministerio de Fomento viene manteniendo nuestro grupo y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, quisiéramos que se garantizase por vía de los convenios, que esperamos que estén aprobados antes de final de año, la cofinanciación y correspondiente aportación estatal a la red de infraestructuras de carreteras del archipiélago de Canarias, como se detalla precisamente en las justificaciones.


La enmienda 1841 también se dirige a inversiones reales en la creación de infraestructuras de carreteras en nuestro archipiélago para complementar aquellas deficiencias de financiación que ha habido y lo que se pueda obtener también por vía de los convenios.


La enmienda 1842 quiero significarla, señor presidente, porque puede dar la impresión, debido a la estructura de justificación de la enmienda, de que comporta aumento de gasto. No. Quiero dejar constancia ante el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de que esta enmienda lo único que pretende es que en la dotación que está ya consignada de 24 millones de euros en números redondos para las indemnizaciones por expropiaciones de terreno necesario para la construcción de la red de infraestructuras de carreteras no se contempla solamente financiar las expropiaciones sino aquellos actos administrativos que se derivan de las mismas con otras actuaciones. Quiero dejar claro que no comporta aumento ni disminución de gasto sino dar entrada a los procedimientos administrativos que los departamentos ministeriales y las intervenciones en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias se ven obligados a afrontar y que a veces se encuentran con dificultades de difícil interpretación por parte de la Intervención delegada de Hacienda para lo que llamamos otras actuaciones en nuestra enmienda.


Finalmente, la enmienda 1843 se centra en obras que tienen que ser prefinanciadas por el convenio que tiene el Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma de Canarias para la creación de infraestructuras de carreteras. Aquí se hace la solicitud al capítulo 7, transferencias de capital, en lo que son los proyectos de obras prefinanciadas en algunas de las islas y que se detallan en la justificación de la enmienda que hemos presentado.


Había solicitado la benevolencia del señor presidente para dar por defendidas las enmiendas a la sección 23 porque no podré estar presente y que así mañana podamos votarlas. Son las enmiendas número 1846 y 1847, que doy por defendidas en sus justos términos. Reitero mi agradecimiento por la cortesía parlamentaria del señor presidente y su benevolencia, así como a los grupos parlamentarios que me hubiesen precedido en el uso de la palabra.


El señor PRESIDENTE: Volviendo ya al orden normal, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de la sección, la número 325, y una serie de enmiendas al articulado que van de la número 326 a la 481, ambas inclusive.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta enmienda a la totalidad de la sección 17 porque, sin duda, estos presupuestos son los peores de la última década. Los peores, si hace falta que lo repita para que se oiga bien lo haré: los peores presupuestos de la última década. Plantean un nivel de inversión escaso y no soportan la más mínima comparación con el ejercicio

Sección 17

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2004. Tanto es así que estos presupuestos de 2005 crecen solamente el 1,88 por ciento con respecto a las previsiones y a las realizaciones, hasta que llegó el Partido Socialista, de la ejecución presupuestaria del año 2004. En concreto, han pasado de 12.835,7 millones de euros a 13.082 millones de euros, incluido ese ejemplo de planificación que se ha venido en llamar Plan extraordinario de carreteras que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de octubre, una vez que los presupuestos ya estaban en la Cámara. Es más, si tuviéramos en cuenta las inversiones concesionales del ejercicio 2004 a las que el Partido Socialista, irresponsablemente, creo yo, ha renunciado, tendríamos que los presupuestos del ejercicio 2005 decrecen el 17,8 por ciento con respecto a los del año actual, en concreto 2.711 millones de euros. Por eso es verdad que los presupuestos del 2005 se pueden calificar de históricos, pero no por buenos sino por ser los peores de toda la historia reciente y, además, los que pierden peso en el conjunto de los presupuestos de las distintas secciones del Estado. Por los rumbos más importantes del presupuesto, quisiera señalar que ferrocarriles ciertamente crece un 3,5 por ciento, no lo que se expresa en los presupuestos; concretamente, de 6.607 millones de euros a 6.839 millones; carreteras decrece el 19,4 por ciento, de 4.274 millones de euros a 3.446; puertos decrece el 41,1 por ciento, de 2.257,2 millones de euros a 1.328 y también decrece aeropuertos y su ente público, AENA, aunque en esta ocasión y por respetar siempre la verdad, debido a la finalización de esas obras tan importantes y trascendentales de la ampliación de Barajas que se tratan de minusvalorar y, como siempre, de empañar.


Frente a estos datos que espero puedan ser contestados por los distintos partidos que soportan al Gobierno y que van a dar cobertura a estos presupuestos, se están dando diferentes incrementos de los presupuestos de la sección 17. Se habla del 16,1 por ciento, del 10,3 por ciento, del 8,1, del 5,67, todos esos datos en documentos y en manifestaciones oficiales, pero la verdad es que se queda en un crecimiento del 1,88 por ciento, sin tener en cuenta, insistimos, las inversiones concesionales.
Además, en una nueva demostración de la improvisación con la que nuestro grupo califica estos presupuestos, se recurre, sin tener conocimiento en aquel momento de la cuantía ni de las inversiones ni de las obras a que correspondía, a hacer una referencia escueta, pequeña, raquítica, en el tomo 7 de gastos, de los Presupuestos Generales del Estado, a que se va a emplear el método alemán, el modelo alemán, es decir, el abono del precio al final de la obra. En el momento de redactar los presupuestos ni siquiera se sabía cuál era su alcance y contenido; ahora ya lo sabemos y ahora también sabemos que ese denostado modelo alemán -que fue tan criticado porque en los ejercicios 1996 y 1997 fue aplicado por el Partido Popular cuando había otras normas distintas que no computaban el déficit hasta el final del ejercicio-, que sí computa las obras que se van a ejecutar en cada uno de los ejercicios presupuestarios, con independencia de los años que tarde en ejecutarse cada una de las obras, ahora es empleado por el partido político que antes lo acusaba de insolidario, de demorar o de dilatar la deuda pública a generaciones futuras. Ahora, como digo, ese denostado modelo alemán es empleado con profusión -2.504 millones de euros- por el Partido Socialista y con el visto bueno de otros partidos que siempre están mirando cuál será el futuro de nuestras generaciones y las vinculaciones presupuestarias. A esta hora avanzada de la noche, señorías, les digo que estos presupuestos no son los necesarios para el desarrollo de España en el año 2005, para rentabilizar las inversiones y el crecimiento económico de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años.


Hemos sido generosos a la hora de hacer la valoración de los presupuestos, considerando globalmente el también denostado Grupo Fomento, que no era del gusto del Partido Socialista cuando estábamos en la oposición, pero que, al final, la fuerza de las cosas y la racionalidad se ha impuesto para darse cuenta que el Ministerio de Fomento es un todo que vertebra el territorio y ayuda a la cohesión social entre los distintos elementos que pueden ejecutarlo, bien sea el ministerio o las sociedades públicas o privadas que lo desarrollan. El Grupo Parlamentario Popular rechaza que estos sean los presupuestos que han de regir en España para la materia de fomento e infraestructuras durante el año 2000-2005, porque el descenso en la inversión influye necesariamente en la seguridad y en la garantía del transporte de nuestros ciudadanos. Ese descenso en la inversión no solo tiene una influencia en la productividad y en la economía. No.
Influye también en la seguridad, que paradójicamente ha sido el elemento fundamental en el que la ministra y el ministerio han basado la acción de gobierno en esta legislatura. Por otro lado, los presupuestos son difícilmente analizables, por utilizar un término sencillo, e impiden realizar la labor de control de Gobierno al que viene obligada la oposición.


En carreteras las deficiencias son muy importantes y se paralizan obras que estaban en ejecución y cuya terminación es básica. Como he dicho, a pesar de la incorporación del Plan extraordinario de carreteras existe un descenso del 19,4 por ciento, ya que la inversión pasa de 4.274 a 3.446 millones de euros. En lugar de crecer los 672 millones de euros que ha dicho y publicado la ministra, evidentemente sin reflejo en los presupuestos del Estado, desciende 826,1 millones de euros. De la misma manera que se pone en serio peligro la aplicación de los fondos europeos y, lo que es mucho más peligroso, que la nueva aplicación del reglamento de los fondos europeos va a llevar consigo no solo la pérdida, sino la imposibilidad de incorporarse a las nuevas ayudas europeas que se aprueben después del ciclo actual. Por tanto, los próximos años deberían de ser claves para las infraestructuras en España, pero éstas se

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han paralizado. Por eso, en nuestra enmienda de totalidad hemos estimado imprescindible un incremento en los presupuestos destinados al capítulo de carreteras de 251.420.000 euros, con el desglose que, para evitar agotar la paciencia de SS.SS., aparece en la relación que consta en la enmienda.


En el ferrocarril el incremento, que sí existe, es, como he dicho al principio, del 3,5 por ciento, y no del 7,5 como se ha pretendido justificar, ya que alcanza sólo a un incremento de 232 millones de euros y no los 482 que se han señalado. Por cierto, dado el volumen de obras a que estamos refiriéndonos en la Dirección General de Ferrocarriles es inapreciable, ya que sólo se incrementa de 6.607 a 6.839 millones de euros. Es cierto que en el documento de soporte y justificación de los presupuestos se habla de presupuesto de transición en ferrocarriles, pero en realidad es un presupuesto de paralización, ya que es inaceptable que sean nuevos únicamente proyectos y estudios informativos y que sólo las obras adjudicadas con anterioridad y con anualidad en el 2005 sean las atendidas. Por eso, como se reconoce en el propio documento de los presupuestos, sólo se van a construir 46 kilómetros de vías de alta velocidad. Dudo mucho que, a pesar de hacer referencia expresa a la construcción de la variante de Pajares o a la ejecución del Plan Galicia, del cual hablaremos a continuación, se vayan a ejecutar porque, además, hay una interpretación muy dudosa del interés público que es lo que supuestamente ha llevado a paralizar una obra en marcha, como era la adjudicación de los distintos tramos de la variante de Pajares, que únicamente el capricho de la ministra, y creo que alguna otra intención sectaria que no quiero señalar, ha dado lugar a suspender una adjudicación en marcha, amparándose en un supuesto interés público.


De cercanías se trata de buenas palabras, y haré una referencia al final, pero quiero referirme al programa estrella dentro de la Dirección General de Ferrocarriles, que era el Plan extraordinario de mantenimiento. Pues bien, señorías, ese plan ha muerto antes de nacer, y muere con ello la política de la ministra en cuanto a la necesidad de dedicar gran cantidad de dinero al mantenimiento de nuestra red convencional. Era un proyecto que se iniciaba este año, que tenía una dotación total de 100 millones de euros y había 18 millones de euros destinados al año 2005, pero el peaje que el Partido Socialista tiene que pagar para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña lo deja en 250.000 euros.


Señorías, el sarcasmo que hay que oír es que Esquerra Republicana de Cataluña es la que colabora y contribuye a la estabilidad del Estado, pero lo hace, ¿a cambio de qué? A cambio de imponer la ruptura de una de las piezas básicas de la política de la ministra. No sólo es sarcástico tener que ver y apreciar esta supresión de todo un programa del resto de España para destinarlo a obras en Cataluña, sino que en ese pacto con ERC, y lo voy a decir con claridad sin que nadie se moleste, porque las palabras claras son las que se entienden, en una clara manifestación imperialista, anexionista, de conquista, el Partido Socialista concede que por iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña se hagan obras en Alicante y en Valencia, y, luego hablaremos, también de Madrid; es decir, hay cercanías que se piden expresamente por Esquerra Republicana de Cataluña para Madrid; Esquerra Republicana de Cataluña propiciando obras en Alicante y en Madrid. Esto sí es imperialismo anexionista y no el de Bush.


Señores socialistas, son unos irresponsables, absolutamente irresponsables, por esto y porque la falta de mantenimiento en la red convencional les hará responsables directos de los accidentes que se produzcan en el 2005 por falta de mantenimiento. Ustedes son muy dados a echar la culpa de cualquier tipo de accidente a la iresponsabilidad del partido en el Gobierno; quiero recordarles no solamente uno sino dos accidentes de los que desgraciadamente hemos sufrido en la anterior legislatura y de los cuales ustedes han hecho bandera y pancarta, pero ahora si dejan sin mantenimiento la dotación de este Plan extraordinario para la red convencional, ustedes serán los únicos responsables de los accidentes que se produzcan, ya que curiosamente, y en ese raro especimen de acuerdo político, precisamente van a rechazar, tal y como han anunciado, las enmiendas que el Partido Popular ha realizado a todas y cada una de las obras que en concreto se encuentran en la enmienda 1679, que han firmado con Esquerra Republicana de Cataluña, y en la que se preocupan de Extremadura, Madrid en sus cercanías, Andalucía, Murcia, Valencia y Castilla. En consecuencia, actos posteriores han dado muchísima más razón para que tenga fundamento y justificación la enmienda de totalidad que hemos presentado.


La Dirección General de Ferrocarriles tiene deficiencias por un mínimo de 121 millones de euros, de los cuales se deberían destinar 41 millones a la red convencional, 50 al corredor Norte-Noroeste, 20 al corredor de Andalucía, y 10 a la supresión de pasos a nivel, porque efectivamente las cantidades presupuestadas no responden a los criterios que en los mismos presupuestos se mantienen. Por tanto, entendemos que la Dirección General de Ferrocarriles no se soporta y mucho menos después de las enmiendas que sin duda se van a incorporar al texto del dictamen, de la misma manera que el nuevo ente ADIF, que va a sustituir al GIF, debería ser muchísimo más trasparente en su gestión. Por tanto, en esa enmienda de totalidad solicitamos que tengan la distribución que se señala y que no supone variación de cantidad alguna, pero sí que en el Congreso de los Diputados sepamos concretamente a qué obra se va a destinar cada uno de los euros que se van a incorporar a esta partida presupuestaria. De la misma manera, las cercanías, de las cuales han estado presumiendo, necesitan un aumento dotacional para alcanzar un mínimo de 340 millones de euros, por lo cual de la partida no regionalizable de ADIF creemos que se deben incorporar

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112 millones de euros, que se asignan también a cada una de las ciudades que hemos especificado en nuestra enmienda de totalidad. Las dotaciones presupuestarias hacia los medios de transporte, por supuesto el análisis y cobertura que los presupuestos dan a las actuaciones en puertos o de AENA, hacen plantear dudas más que razonables de la bondad de los mismos, por no hablar del resto de empresas entre las cuales debe destacarse Sasemar, de la cual hacían siempre bandera en los presupuestos de años anteriores, y que tiene un raquítico crecimiento. Por todo ello, procede la devolución de la sección 17 para su nuevo estudio y planteamiento.


Respecto al resto de las enmiendas parciales, este grupo las mantiene en su totalidad y las da por defendidas en su justificación, a fin de no hacer excesivamente larga esta intervención, aunque quiere hacer especial mención a alguna de ellas. En concreto, el tema de cercanías. Es básico que las cercanías en España tengan un análisis diferenciado y se potencien, sobre todo en coherencia hacia donde nos está llevando la política del Partido Socialista. Quería hacer especial mención a la de Madrid, donde hemos visto el apoyo, por cierto con menor cuantía económica que la prevista por el Partido Popular, a través de la enmienda de conjunto de cierre de proyectos de toda España de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Socialista, la de Barcelona, que pasa lo mismo, que el Partido Popular destina más dinero a las cercanías de Barcelona que los propios enmendantes, y a la de Bilbao, ya que es importantísimo dar trascendencia a la conexión por cercanías de Bilbao-Musquiz y de Musquiz-Castro Urdiales. Por cierto, responde a una proposición no de norma, tal como se denomina en el País Vasco, aprobada por todos los grupos parlamentarios. También quería hacer mención especial al conjunto de las enmiendas que conforman el denominado Plan Galicia, que tiene un especial reflejo en la sección 17, dado que las obras de infraestructuras son las más importantes. El Partido Popular trata de restablecer en estos presupuestos el compromiso que supuso la aprobación por el Consejo de Ministros, de 24 de enero de 2003, del Plan Galicia, el cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de este Congreso el 22 de junio de este mismo año, y la proposición no de ley, debatida y aprobada en la Comisión de Fomento y Vivienda, el 5 de octubre de 2004, ambas defendidas por nuestro compañero de escaño y de comisión, don Celso Delgado. Son enmiendas que tratan de llevar milimétricamente a los presupuestos del Estado los compromisos políticamente adquiridos. No entenderíamos que no se aprobaran por los grupos mayoritarios, dado que, además, responden a la resolución del Parlamento de Galicia, aprobada el 28 de julio de 2004, también con los votos del Partido Socialista.


Son muchas las enmiendas particulares que hemos presentado; en el caso de que alguna de ellas reciba un especial tratamiento por parte de algún grupo parlamentario tendré mucho gusto en justificarla. Solamente quiero hacer una referencia a efectos del "Diario de Sesiones" y del trabajo de los letrados. Hay un error gramatical en la enmienda 376, en la que se habla de ríos de Hospitalet. En lugar de ríos debe poner la palabra vías.
Se trata de corregir el error gramatical y sustituir ríos por vías.


Señor presidente, no quiero cansar más a la Comisión. Por tanto, si luego hubiera un segundo turno aclararíamos alguna de nuestras posturas.


El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, en principio, como he dicho antes -lo reitero porque a lo mejor hay alguien que no me ha oído-, estamos actuando sin segundo turno. Sólo daría un turno si por parte de algún portavoz se realiza alguna intervención más personalizada.


Como en este momento no está el representante de Convergència i Unió, doy ahora la palabra al portavoz de Esquerra Republicana y luego se la daré al de Convergència.


Tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Tal como llegó a esta Cámara la sección de estos presupuestos referida a infraestructuras, en lo que se refiere al ferrocarril convencional, queríamos hacer hincapié en que el tren de gran velocidad para Cataluña tenía un presupuesto de 1.360 millones de euros y sólo 38 millones de euros el ferrocarril convencional. A la vez había otra cuestión de concepción. El presidente del Gobierno y la ministra de Fomento nos habían hablado de que se dejaba el concepto único y radial de España propugnado en la anterior legislatura y que íbamos hacia un concepto de España en red. Esto no está reflejado en los presupuestos a nivel ferroviario. El eje mediterráneo, además de las cuestiones políticas sobre las que podamos discutir, que no hay duda de que es el corredor de mercancías y de personas más importante que hay en la península ibérica, sólo tenía una dotación de 1,6 millones de euros, que representaba el 0,15 por ciento de las inversiones en infraestructuras.
Esta traducción de la España radial a la España en red no estaba ni está recogida en estos presupuestos.


Es cierto que a la hora de confeccionar las enmiendas no hemos podido conocer cuáles eran las obras prioritarias en la Comunidad Autónoma de Cataluña ni en cuanto a ferrocarril ni en cuanto a carreteras. Nos hemos encontrado con que había un vacío absoluto de estudios de impacto ambiental y de proyectos constructivos heredados de la anterior legislatura. Muchas de las enmiendas presentadas se han hecho sobre proyectos constructivos que aún no están aprobados, se han hecho sobre proyectos constructivos que creemos que podrían estar antes de final de año o en los primeros meses del año 2005 y por eso se ha podido destinar a obras.


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Sin hacer ninguna exageración, si hay un cumplimiento presupuestario estos presupuestos representarán en infraestructuras un 19 por ciento en la Comunidad de Cataluña sobre el presupuesto total de fomento a nivel del Estado español. Esta cifra del 19 por ciento, que nos corresponde por habitante y por PIB, no resuelve el gran drama que tenemos en Cataluña de la regresión en infraestructuras que hemos padecido en los últimos ocho años y también anteriormente, pero como mínimo es un porcentaje que nunca habíamos tenido con los gobiernos anteriores respecto a nuestra comunidad autónoma.


Respecto a carreteras, aparte de los 60 millones de euros que no están en el presupuesto porque van por el método alemán, se han presentado enmiendas conjuntas con Esquerra Republicana y con Iniciativa per Catalunya que representan 40 millones de euros y con esta cantidad nos situamos en este 19 por ciento. No son los presupuestos que nos gustarían. Ya hemos dicho que no hemos podido priorizar inversiones, que hemos tenido que ir a buscar uno por uno los proyectos constructivos en que se podía realizar obra. Por eso, nos complace haber acordado, junto con otros grupos, un monto, tanto en ferrocarriles como en carreteras, para desarrollar estudios de impacto ambiental y proyectos constructivos para que en los próximos años no nos encontremos en esta situación de absoluta sequía de proyectos constructivos. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) También quisiéramos hacer la siguiente consideracioón, y es que en estos presupuestos solo por la inversión de 1.360 millones en el tren de gran velocidad se llega a este 19 por ciento, y este tema se tendría que resolver; es decir, que cuando en una comunidad se tenga que hacer una inversión exhaustiva para acabar una obra en el tren de gran velocidad, esto no suponga una merma en el tren convencional o en las carreteras, que es un poco el reflejo que nos encontramos en estos presupuestos.


En cuanto a las acusaciones que se han hecho por parte del portavoz del Grupo Popular sobre imperialismo, quiero decir que el independentismo catalán siempre ha defendido las causas de la libertad y de las naciones libres. Otros grupos han defendido y están defendiendo causas que sólo el hegemonismo, la complacencia y el imperialismo americano pueden justificar.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Vamos a retrotraer el debate momentáneamente. Le doy la palabra al señor Vilajoana, de Convergència i Unió.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Le pido disculpas, señor presidente. He tenido que ausentarme unos minutos.


Intervengo para defender un conjunto de enmiendas, que pasan de 100, respecto de un ministerio y una sección que nos parece importantísima y que están ligadas a las infraestructuras. Estas enmiendas intentan paliar una situación que tengo que calificar de decepcionante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque ha sido reconocido por un conjunto de grupos de esta Cámara, y por todos los grupos del arco parlamentario catalán, que el déficit en infraestructuras en Cataluña es un déficit histórico que arrastramos desde hace muchos años. En segundo lugar, porque con esfuerzos realizados en legislaturas anteriores, cuando gobernaba el Partido Popular se ha conseguido en el año 2004 un nivel histórico de inversión en Cataluña, situándose en el 17,4 por ciento.
Nuestra decepción viene porque un presupuesto que sinceramente se esperaba que diera respuesta a este déficit histórico y que, además, viniera a compensar un déficit que en la actualidad es cada vez más grave y que está perjudicando a los ciudadanos, en cuanto a que condiciona su movilidad, está condicionando también de una forma muy clara el crecimiento económico y la competitividad de Cataluña. Esta no es solamente una opinión política de este diputado o del grupo al que represento, Convergència i Unió, sino que todas las instituciones económicas de Cataluña lo han manifestado públicamente en más de una ocasión.


Pues bien, ante este déficit histórico y ante estas expectativas que nos habíamos planteado, nos encontramos con un presupuesto que sitúa la inversión en Cataluña, respecto del total de inversión en España estrictamente en su nivel de población, en el 15,5 por ciento, que, si bien podía ser interesante años atrás, cuando estábamos en el 9, en el 10 ó en el 11 por ciento, no lo es para este año 2005 para el que, repito, habíamos situado nuestras expectativas -y no solamente las nuestras, sino también de otros partidos y grupos políticos que nos acompañan en esta Cámara- en niveles del 19 ó 20 por ciento. Además hay hechos que me gustaría resaltar en esta intervención y que, repito, justifican el conjunto de enmiendas que hemos planteado. El 75 por ciento del total de la inversión que se realiza en este presupuesto para 2005 va dirigido a proyectos preexistentes, proyectos acordados o pactados con el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno, y nos encontramos con que el dinero invertido en este sector de las infraestructuras abarca solamente el 5 por ciento de los proyectos. Esto hace todavía más preocupante la situación y por ello nuestras enmiendas tienen un doble objetivo: conseguir más recursos para proyectos ya existentes y en marcha y dedicar recursos a preparar proyectos y planes que en el futuro puedan desarrollar y completar el conjunto amplísimo de necesidades que en este momento tiene Cataluña en el terreno de las infraestructuras.


Nuestras enmiendas van dirigidas a diferentes aspectos de las infraestructuras necesarias en el país. En primer lugar, a las carreteras, y aquí ponemos un énfasis especialísimo en el terreno de las autovías. Todos los datos disponibles dicen que hay una injusticia importante y una desproporción entre el número de las autopistas de pago o de peaje en Cataluña y las vías rápidas de no peaje, como serían las autovías. Podríamos considerar

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que las necesidades de Cataluña se sitúan en los 1.000 kilómetros. Como grupo nos planteamos la necesidad de ir a esos 1.000 kilómetros en esta legislatura. Lo que hacemos en estas enmiendas es avanzar en esta doble línea: fomentar las inversiones que se han detenido y que no se realizan en este presupuesto, manteniendo inversiones ya existentes en presupuestos anteriores, y plantear nuevos retos, nuevos proyectos y nuevos estudios informativos que nos permitan avanzar en próximos presupuestos, que esperamos que seamos capaces de mejorar respecto al de este año.


En concreto, y para plantear los grandes proyectos sobre los cuales estas enmiendas están enfocadas, estaría situado en el cuarto cinturón. En estos momentos el tercer cinturón está absolutamente bloqueado tanto por la utilización de los ciudadanos que se desplazan en esta área de gran influencia y de gran movilidad, como por el número de camiones que vienen desde el eje mediterráneo y que se dirigen a la frontera francesa. Por tanto, es fundamental, para la expansión que el tercer cinturón consiguió en el área y en la zona, que se vaya a este cuarto cinturón proyectado, con tramos concretos pendientes de licitación que este presupuesto no contempla, siendo esta una de nuestras prioridades. Otro proyecto histórico no completado sería el desdoblamiento de la N-II, desde Lleida hasta la frontera, con una autovía no de peaje. La autopista AP-7 ha hecho una gran aportación. En este sentido también planteamos que el Gobierno inicie las negociaciones con los concesionarios de esta autopista para ampliarla en un tercer carril porque también está absolutamente saturada, tanto por los vehículos privados como por el transporte de mercancías, ya que es la autopista que une el Mediterráneo con la frontera francesa y, por tanto, con Europa. La N-II, en la que se han ido abriendo tramos en los últimos años, se debe completar desde Lleida hasta la frontera. También tenemos otro eje fundamental de comunicación en Cataluña absolutamente maltratado durante años, que, a partir de un coste importante para los ciudadanos y también para las empresas que lo utilizan para el transporte de mercancías, se ha suplido con una autopista, pero entendemos que es fundamental que haya una autovía que una el Mediterráneo, de Tarragona hasta Barcelona, que es otra de las asignaturas pendientes.


El objetivo que tenemos es unir adecuadamente, y no siempre radialmente, Cataluña con su entorno. En este sentido es fundamental iniciar la autovía Lleida-Huesca, Lleida con el Valle de Arán y la frontera, que es una zona de un gran atractivo turístico, pero también un eje muy importante por el cual se mueve el transporte de mercancías de una forma muy clara -750 camiones cada día atraviesan el túnel de Biella- y es otro elemento fundamental para invertir en este eje. La N-260 es un eje pirenaico en el cual se han hecho esfuerzos importantes pero que es importante completar. Finalmente, en este pequeño repaso de temas que tratamos en nuestras enmiendas, está la autovía Tarragona-Mont Blanc y transversal, es decir, dejar la radialidad e ir a una red de carreteras que comunique adecuadamente nuestro país.


También hay otro aspecto que se ha tratado en otros puntos que nos parece muy importante, que es el informe realizado por una fundación de elevado prestigio como es la fundación del Real Automóvil Club de Cataluña. En él planteó una serie de puntos negros en la red de carreteras de Cataluña, concretamente de las carreteras estatales, que están provocando un nivel de accidentalidad muy alto, y que valía la pena ser reparada y era necesario resolver. Proponemos en este plan de choque la supresión de estos puntos negros que están provocando accidentes serios, no solamente los fines de semana, sino durante todas las jornadas, ocasionados por errores en unas redes que han quedado obsoletas. Concretamente estos puntos negros están ocasionando un gran número de accidentes. Entendemos que es prioritario resolverlo con unas actuaciones en seguridad vial que no tienen unos costes inasumibles, dando a ello respuesta en el presupuesto del año 2005.


Por otro lado, el ferrocarril creemos que ha sido abandonado de forma clara en los últimos años. Se ha hecho un esfuerzo importante en el tren de alta velocidad, que viene con un retraso de muchos años, porque no se han cumplido los plazos y, por tanto, seguimos preocupados respecto al pasado y respecto al futuro. Pretendemos que haya las inversiones necesarias para que se cumplan los plazos de ejecución de estos proyectos de alta velocidad. Se ha congelado otras inversiones importantísimas respecto al ferrocarril, que permitan descongestionar estas carreteras, estas autopistas, que en estos momentos están absolutamente saturadas.
Deben ser prioritarios los ferrocarriles de las cercanías de Barcelona, entendiendo por cercanías una amplia zona, entre 20 y 60 kilómetros, alrededor de la ciudad, muy necesarios para facilitar la movilidad de unos ciudadanos y ciudadanas que cada vez han de vivir más lejos de la capital, Barcelona, todo ello unido a los costes que en estos momentos tiene la vivienda en estas ciudades y en estas cercanías, que hace que, sobre todo los jóvenes, vayan desplazando sus viviendas a ciudades y poblaciones más alejadas, donde es imprescindible invertir en una red de ferrocarriles adecuadas, que dé respuesta a sus necesidades diarias de movilidad. En este sentido, hay elementos impresentables, como la línea férrea que une Mollet con El Papiol, que se mueve en un eje muy densamente poblado, con un crecimiento muy importante de población, donde está todo preparado y lo único que falta es poner en marcha una línea para el transporte de viajeros. Repito que está absolutamente construida, pero no se han dado los recursos para ponerla en marcha. La línea Lleida-Barcelona necesita una modernización muy clara, imprescindible en algunos tramos. El tren de La Pobla, donde ha habido acuerdos entre el Gobierno y la Generalitat, necesita inversiones para su modernización.
Antes de llevar a cabo este traspaso acordado, creemos fundamental

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invertir en esta línea. Finalmente, hay otra línea importantísima, con factores de movilidad de cercanía y turísticos, que es la línea Barcelona-Vic-Ripoll-Puigcerdà, con proyectos muy claros. En este presupuesto no sólo no se incrementan las inversiones en esta línea, sino que, además, se reducen respecto a inversiones anteriores.


Otro aspecto que nos parece de gran importancia es el tema de los puertos y aeropuertos, ligado, claramente, a la competitividad del país y a la necesidad de resolver elementos turísticos. El turismo es la primera industria de España, pero también de Cataluña, y en estos momentos vemos un retroceso en algunos aspectos. Se está pidiendo una industria de turismo más competitiva y esto exige que, tanto los puertos como los aeropuertos, respondan a estas nuevas necesidades. En los aeropuertos de Barcelona y Tarragona hay un plan de inversiones que debe continuar y realizarse según los plazos previstos. Los aeropuertos de Girona y Reus han hecho un esfuerzo importantísimo para captar más vuelos, más pasajeros y más carga, con estas nuevas compañías de bajo precio, y están aportando más y más turistas a estas zonas. Por ello estas ciudades precisan que permitan dar respuesta a estas nuevas necesidades, que están creciendo de una forma exponencial y que, sin embargo, no se ven acompañadas de inversiones.


Este sería el paquete de nuestras enmiendas, que van en la línea de mejorar inversiones, de invertir en nuevos proyectos y, en cualquier caso, dar una respuesta a unas necesidades que en estos momentos afectan a la calidad de vida de los ciudadanos, al coste de la vida de estos ciudadanos y a otro elemento muy importante, que es un elemento de presente y de futuro, que es la mejora de la competitividad económica de nuestro país, ante los retos económicos que tenemos planteados.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Doy por defendidas dos de las enmiendas en los términos en que figuran las mismas, la 1225 y la 1226, y voy a referirme a las otras cuatro, de la 1221 a la 1224.


La enmienda 1221 hace referencia al uno por ciento cultural del Ministerio de Fomento. El hecho de que el ministerio plantee que el uno por ciento cultural se reparta en los términos en que figura en el proyecto de presupuestos no es la forma más lógica de ejecutar ese presupuesto. Si en todos los campos debe haber una coordinación entre las distintas administraciones, en el campo cultural debe haber una coordinación mucho más estrecha todavía. Por eso no nos parece lógico que el ministerio plantee que el uno por ciento cultural se ejerza de forma que a las comunidades autónomas se les dediquen 600.000 euros mientras que a las corporaciones locales se les dedican 2.704.000. No nos parece bien. Sería mucho más lógico que el Ministerio de Fomento se obligara, respecto al uno por ciento cultural, a entenderse con las comunidades autónomas para, conjuntamente, llevar a cabo los proyectos culturales objeto de ese uno por ciento cultural. Esto es lo más lógico y, en cierto sentido, algo obligado, ya que en muchos casos, por no decir en todos, cada vez que empieza a aplicarse este uno por ciento cultural, los municipios o las corporaciones locales -que son las subvencionadas o apoyadas por el Ministerio de Fomento- requieren, insisto en que prácticamente en todos los casos, el apoyo de las comunidades autónomas. Siendo esto un hecho, nos parece, tal como propone la enmienda, que es más lógico que, respecto a ese uno por ciento cultural, el ministerio se obligue a entenderse en mucha mayor medida con las comunidades autónomas y no solamente con las corporaciones locales. La enmienda va en el sentido de ampliar la partida por la que el Ministerio de Fomento se obliga a ese entendimiento en el uno por ciento cultural con las comunidades autónomas.


Por lo que hace referencia a la enmienda 1222, los presupuestos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias -ADIF- prevén unos gastos de 202,5 millones de euros en el País Vasco para el año 2005, de los cuales, según se nos informó en la Comisión correspondiente, 179 serían para la red ferroviaria de alta velocidad en lo que hace referencia al País Vasco. La cantidad de 202,5 millones de euros a gastarse en el País Vasco por ADIF es claramente insuficiente para el conjunto de las actividades a desarrollar por este organismo y, desde luego, 179 millones son, no diré una ridiculez, pero sí absolutamente insuficientes para la gran obra que dice el Ministerio de Fomento que quiere empezar a desarrollar, la infraestructura ferroviaria denominada Y vasca. A este respecto, quiero recordar que la infraestructura ferroviaria denominada Y vasca forma parte de un tramo, el tramo Madrid-Vitoria-Irún-Endaya, que a su vez forma parte del proyecto número 3, eje ferroviario de alta velocidad del suroeste de Europa, es decir, un proyecto transeuropeo, que además debe estar operativo, de acuerdo con los compromisos contraídos por el Gobierno español ante las autoridades europeas y ante la propia sociedad vasca, para el año 2010. Si se quieren cumplir estos objetivos, estos compromisos, entendemos absolutamente necesario que en el año 2005 no sólo se empiecen las obras en el tramo Vitoria-Bilbao, sino que se inicien también en el otro tramo que, en definitiva, es el tramo central tratándose de un eje transeuropeo, el tramo Irún-Vitoria, y se inicie con una cantidad notablemente superior a la que figura en el proyecto de presupuestos. Esa es la razón por la que nosotros solicitamos una ampliación en esa partida de 400 millones de euros. Insisto, no es por capricho, sino para cumplir con los compromisos formalmente adquiridos y con las promesas hechas en numerosas ocasiones a la sociedad vasca.
Solicito esto para que esas palabras se conviertan en realidad y se inicie la obra con decisión, con el objetivo fijado por la

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propia Administración de que en el año 2010 esté acabada. De otra forma, resultarán muy poco creíbles las palabras que se han dicho al respecto.


En cuanto a la enmienda 1223, por todos es conocido que las obras del túnel del Serantes son de próxima ejecución. Pues bien, para que el túnel acabe saliendo del túnel, o, dicho en otras palabras, para que haya luz al final del túnel, es necesario un estudio de construcción de la infraestructura ferroviaria complementaria que dé continuidad al túnel y evite el paso de mercancías por dos cascos urbanos que tienen planteado un enorme conflicto: los cascos urbanos de Ortuella y Trapagaran.
Evidentemente, no decimos en la enmienda que se consignen todas las partidas presupuestarias para llevarlo a cabo, decimos se inicien los estudios que permitan que haya luz al final del túnel del Serantes, que se va a empezar a construir, y que se busque la continuidad de la infraestructura ferroviaria en esos pasos altamente conflictivos, que son los cascos urbanos de Ortuella y Trapagaran. Creemos necesario que se inicien los estudios para que, llegado el momento, se continúe con la construcción de la infraestructura ferroviaria.


Pasamos a la enmienda 1224. Seguramente, todo el mundo que haya ido a Europa en alguna ocasión a hablar de proyectos transfronterizos y de las fronteras habrá oído -y seguramente más de uno lo habrá dicho- que las fronteras son las cicatrices de la historia. Pues bien, una de las cicatrices está situada justamente en Irún. Quiero recordar unos pocos datos: según estudios referidos al año 2000, dentro del reparto de las mercancías entre los pasos entre Francia y España, la carretera llevaba el 94,59 por ciento de las mercancías, y el ferrocarril llevaba únicamente el 5,41 por ciento. De ese 94,59 por ciento, Irún-Biriatu llevaba el 44,01, y Le Pertus-La Junquera, el 43,49; y del 5,41 correspondiente al ferrocarril, por Irún-Hendaya pasaba el 1,93 por ciento.


Si miramos ahora las prospecciones hacia el futuro, se estima que en 2015, en las condiciones actuales, la comunicación por carretera en el extremo occidental de los Pirineos, y más concretamente en el paso fronterizo de Biriatu, entrará en colapso. Estamos hablando de que hay ya más de 7.000 camiones, y de que, según las previsiones, se podría llegar a superar la cifra de 14.000 camiones/día. Si analizamos, por otra parte, el ferrocarril, vemos que está muy escasamente desarrollado, razón por la que antes exponía la necesidad urgente de actuar en el tramo de la Y vasca. Ahora bien, si analizamos el espacio ferroviario de una de esas que hemos llamado cicatrices de la historia, el de Irún-Hendaya, veremos que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo como dos estructuras independientes y no como una estación única, a pesar de que son poblaciones contiguas y de que no hay salto entre ellas; en el mejor de los casos, hay un río pequeñito que las separa. En muchos aspectos se ha tratado de competir, y en absoluto de complementarse, y esto ha dado lugar a un enorme desaprovechamiento del espacio disponible y a una disposición de vías absolutamente ilógica, siempre que uno quiera que las fronteras desaparezcan, que es la teoría europea. En Irún, más concretamente, la estación ha ido ampliándose según se presentaban las necesidades a este lado de la frontera. Los nuevos tráficos surgían sin considerar en ningún caso una ordenación conjunta del espacio ferroviario irunés, y mucho menos, por supuesto, en su relación con ese espacio ferroviario contiguo, que es el de Hendaya.


Hace años y dentro de la lógica de la desaparición de las fronteras, se creó una sociedad llamada Euskomodal; sociedad participada por Renfe, además de por numerosas instituciones que no voy a citar ahora para no alargar mi intervención, por asociaciones diversas e incluso por empresas privadas, que han llevado a cabo durante estos últimos años un estudio amplio sobre la factibilidad de ubicar una estación intermodal en ese espacio ferroviario Irún-Hendaya, que responda a las nuevas lógicas -las de la no frontera- y a las necesidades y características que una instalación de este tipo debe reunir hoy. Esos estudios se han concluido en una determinada fase, de forma que cuenta ya con lo que ellos mismos califican como una propuesta en la que plantean la necesidad de proceder a una serie de actuaciones cuyas líneas principales tienen definidas.
Ahora bien, sólo con la implicación y la decisión del Ministerio de Fomento es posible llevar a cabo, entendemos nosotros, un proyecto tan necesario como transformador en la perspectiva europea de esa zona estudiada. Eso es lo que persigue esta enmienda, que el Ministerio de Fomento, con una determinada cantidad con la que en absoluto va a terminar de ejecutar ese proyecto porque supera con mucho esas partidas presupuestarias, se implique y lance una dinámica para que los estudios realizados estos últimos años -insisto que con la participación, entre otros, de Renfe- tengan el final para el que se hacen los estudios, y es que se ejecuten los mismos. Insisto que en este punto, a nuestro entender, el papel del Ministerio de Fomento debe ser absolutamente dinamizador y debe ser quien tire de este carro para que las cicatrices viejas de la historia desaparezcan y se genere ahí un espacio compartido que de hecho lo es, sólo que lo es hoy en términos de contraposición a un lado y a otro de la frontera, y lo debe ser en términos de vecindad, que es lo normal. Ése debe ser el objetivo que ha de perseguirse de forma urgente y decidida.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Voy a intentar ser breve porque la brevedad siempre es buena y más a estas horas.


El sentido de nuestras enmiendas, más de 90, va en una triple dirección.
Había enmiendas que coincidían

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con las enmiendas incorporadas en la ponencia del Grupo Socialista, del Grupo de Esquerra Republicana y del Grupo de Izquierda Verde que ya han sido retiradas y, por tanto, ahí no hay nada que decir. El resto de enmiendas que presentamos van en la misma línea que planteamos en su día en el debate de totalidad. Para nosotros, la sección 17 es fundamental y en ella se debe basar el criterio sostenibilista del presupuesto; y difícilmente podemos hablar de un criterio sostenible en el presupuesto sin una buena orientación de la política de infraestructuras. El diagnóstico que hacíamos continúa siendo el que lamentablemente tenemos que hacer. En este presupuesto de transición se continúa poniendo mucho acento en las infraestructuras viarias porque de cada seis euros que se invierten, cinco se invierten en infraestructuras viarias y tan solo uno se invierte en infraestructura ferroviarias, y hay que recordar que de ese uno casi la mitad se destina al AVE. Nuestras enmiendas han ido en el sentido de conseguir que haya una mayor infraestructura ferroviaria y por tanto también una mayor inversión en ferrocarril, especialmente en ferrocarril convencional o en ferrocarril de velocidad alta en detrimento del ferrocarril de alta velocidad por su carácter más popular, por su menor coste, porque en definitiva nos dirigimos a la mayoría de la ciudadanía, y también, por supuesto, por el menor impacto ambiental.
También hemos intentado que determinados proyectos en materia de infraestructura viaria no se produjesen o en el caso de que se produjesen, fuesen en la buena orientación. De las enmiendas pactadas algunas tienen cierta polémica, entre ellas, algunos proyectos que se han retirado en torno al cuarto cinturón que finalmente acordamos con el Grupo Socialista y con Esquerra Republicana, retirada de la cual nos sentimos especialmente orgullosos, al igual que el movimiento ecologista en Cataluña o del Vallés Occidental.


Voy a dar por defendidas el resto de enmiendas, pero me gustaría poner algunos ejemplos que ilustran muy bien cuál es el sentido de algunas de ellas. Por ejemplo, en la 1417 planteamos el servicio de trenes de Castellón a Vinaròs, existiendo la necesidad, en este caso en el País Valencià, de que se desarrollen; en las enmiendas 1429, 1430 y 1432 planteamos estudios de enlace en diferentes zonas de Castilla-La Mancha; en la 1407 planteamos -y esperamos que haya un compromiso también por parte del Grupo Socialista- un estudio para el ferrocarril de Palma de Mallorca; en la 1595, una renovación de la línea Cervera-Calaf; o en la 1597, un trazado diferente de la variante 340. Sin duda alguna, las enmiendas plantean más inversión para el ferrocarril, menor impacto en la infraestructura viaria y, sobre todo, la elaboración de proyectos de tren convencional que hoy no existen debido precisamente a la herencia que nos dejó el Partido Popular: muchos proyectos de AVE pero poquísimos proyectos de tren convencional, de tren de velocidad alta, de aquel tren que, en definitiva, utiliza el 98 por ciento de los usuarios. Dicho de otra manera, el problema no es sólo de falta de inversión en una u otra zona. Nuestro grupo mantiene que, por ejemplo, en Cataluña hay falta de inversión, pero el problema es también la orientación de la inversión. En determinadas zonas del Estado se ha creado una gran inversión en los últimos años pero ha estado muy mal orientada, básicamente al AVE.
Nuestro grupo plantea zonas intermodales, mayor inversión en ferrocarril -el ejemplo de la línea Lleida-Manresa es paradigmático porque hoy se viaja a menor velocidad de la que se viajaba hace 50 años- y, por tanto, una mejor orientación de la inversión. Doy por defendidas todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado, exceptuando, por supuesto, las que ya hemos retirado. El conjunto de enmiendas van a ir en ese sentido y así vamos a defenderlas mañana mismo en la votación.


He intentado con esta explicación ser breve y espero haberlo cumplido.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Creo que no serían inteligibles las propuestas que vamos a hacer si no se tienen en cuenta varios criterios que pueden echar luz sobre ellas. El primero es que todo el mundo puede coincidir en que el retraso en infraestructuras, en el caso de Galicia en relación con el resto del Estado, especialmente en lo que afecta al ferrocarril y a la depuración de aguas residuales, es notorio; podríamos coincidir también en que estamos en un territorio del Estado español cuyo PIB per cápita es inferior a la media; podríamos coincidir también en que el coste de las infraestructuras en nuestro país es siempre superior, derivado de las condiciones orográficas, y podríamos, incluso, asumir que llevamos muchos años, prácticamente todos los años de democracia, por limitarnos al actual régimen político, en los que el trato que se ha dado a Galicia no se correspondía ni con su participación por el número de habitantes ni con los otros parámetros a los que he aludido. Si a esto añadimos una catástrofe como la del Prestige, que todo el mundo consideró la mayor catástrofe ecológica de Europa, por lo que el Gobierno anterior, de una forma virtual, estuvo dispuesto a aceptar que había que hacer una inversión de impacto y el actual no desmintió ese presupuesto, lo que nosotros presentamos es moderadamente reivindicativo y, desde luego, muy realista. Pero es que además, lo hacemos en función de tres criterios muy elementales. El primero de ellos es atender sobre todo las reivindicaciones de carácter ferroviario que son prácticamente asumidas por las instituciones del Gobierno de Galicia y, en particular, por la institución más representativa que hay, que es el Parlamento de Galicia, en un acuerdo al efecto. En segundo lugar, porque este mismo Congreso de los Diputados votó unánimemente unos horizontes temporales para las infraestructuras ferroviarias de carreteras y portuarias que pensamos que

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deben ser respetados. Y en tercer lugar, nuestras enmiendas responden al criterio de que faltan por completar elementos básicos de vertebración del país desde el punto de vista de la red viaria, algunos de ellos grandes infraestructuras y otras pequeñas obras, que dotarían a la red, que es competencia del Estado, de coherencia, de accesibilidad a las principales ciudades o acabarían con problemas casi endémicos en relación con algunas villas de nuestro país.


Por último, hay dos aspectos que tienen que ver mucho con la marginación.
En concreto, es llamativo que los presupuestos del Estado no contemplen más que un 0,7 por ciento de todo lo que se invierte en aeropuertos, en los aeropuertos de Galicia, aspecto que nosotros tenemos en cuenta a la hora de modificar los Presupuestos Generales del Estado. También hay otra cuestión, que es la mejora de la seguridad vial, en concreto en la red competencia del Estado de las cuatro provincias de Galicia -Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra-, y unos pequeños flecos que afectan al Ministerio de Fomento y que tienen que ver también con las consecuencias de la catástrofe del Prestige. En concreto, el Plan de contingencia por contaminación marina, que depende de la Dirección General de la Marina Mercante y de Sasemar, y los programas de prevención y lucha contra la contaminación marina.


Explicadas estas líneas generales, nos gustaría detenernos especialmente en el tema del ferrocarril. Empezaré por aclarar que las obras en marcha en Galicia que están siendo ejecutadas, aunque figuran como líneas de alta velocidad, no son estrictamente hablando líneas de alta velocidad, ya que no se puede denominar así los ferrocarriles que circulan a 150 kilómetros por hora, que es lo que se está construyendo entre A Coruña y Vigo. Por eso, nosotros pensamos que estas obras que están en ejecución, que se pensaron inicialmente en 1998, que se empezaron a ejecutar en el año 2000 y que tienen un horizonte de 2008, debían de ser realmente ejecutadas en este periodo de tiempo que es excesivo, pues tal como están los Presupuestos Generales del Estado esto no sería así. Por eso pedimos, en concreto en una enmienda referida a actuaciones ferroviarias en el eje Atlántico A Coruña-Vigo que, vuelvo a repetir, se está ejecutando y que solamente cuenta con 147 millones de euros, una partida de 207 millones de euros, con lo que en total serían 355 millones de euros, para que pudiese estar acabado con catenaria en el año 2008. Le doy un dato significativo entre Córdoba y Málaga en estos Presupuestos Generales del Estado se van a invertir 700 millones de euros. Hay más circulación de viajeros entre A Coruña y Vigo que entre Córdoba y Málaga, incluso con un ferrocarril obsoleto, totalmente deteriorado. No tiene mucho sentido, por tanto, hacer este tipo de discriminaciones tan evidentes, sobre todo cuando se trata de una obra que, vuelvo a repetir, está siendo ejecutada y es muy necesaria porque está suplantando a la vía por la cual circulan los trenes, con todos los problemas que esto plantea. Esta sería la partida más importante dedicada al ferrocarril. Por tanto, no se trata de gollerías, sino de algo que está en funcionamiento, que se necesita mejorar y que lo conseguimos a base de mucho debate político, y no tiene nada que ver con el Plan Galicia en cuanto a obras prometidas después de la catástrofe del Prestige.
Creo que tenemos derecho a que estas obras acaben en 2008.


Hay otras dos infraestructuras que también están en marcha, o por lo menos podremos ver en un proceso de ejecución durante esta legislatura, que sería interesante acometer con más ímpetu. En concreto nos referimos a lo que sí es una línea de alta velocidad, que va a alcanzar aproximadamente los 220 kilómetros por hora, por lo menos tal como lo había proyectado el anterior Gobierno, que es la línea Ourense-Santiago, para lo cual hay un presupuesto que asciende a 158 millones de euros. Nosotros pedimos un alta de 21 millones de euros para que, con la cifra de 180 millones, esos teóricos 1.200 millones de euros que va a haber que gastar, con estas cifras no pasaría nunca de una plurianualidad superior a diez años.
Tampoco es mucho pedir, teniendo en cuenta que se trata de 88 kilómetros de actuación ferroviaria, sin duda los más caros que se van a hacer en Galicia y los únicos similares a los que se denominan de alta velocidad en el resto del Estado. Por fin una tercera que nunca se iniciaría, tal como la tiene planteada el actual Gobierno, antes del año 2008, que nosotros queremos que se inicie a ser posible, durante esta legislatura, para que veamos las obras en marcha, y es el acceso a la meseta Lubián-Ourense, que solamente está contemplado con 400.000 euros, para lo cual pedimos la cantidad de 17.600.000 euros. Esto haría creíble que por lo menos en el año 2008 tuviéramos unas obras avanzadas, y no digo acabar en 2009, como se acordó en este Congreso de los Diputados, sino por lo menos en 2010-2011; si no, nunca veremos estas infraestructuras en ese plazo de tiempo. El resto, que fueron virtuales con el anterior Gobierno, y lo siguen siendo, para las cuales solo hay pequeñas cantidades, 400.000 euros y 100.000 euros, son para que la modernización del ferrocarril en Galicia, o para que aquellas obras que ni siquiera están contempladas con esas pequeñas cantidades, sean creíbles. En concreto afectaría a la relación Ourense-Vigo, Ponferrada-Monforte, Lugo-A Coruña, Ferrol-Bilbao, o incluso los tramos del eje atlántico que no se contemplan para nada en las cifras que se manejan para Vigo-A Coruña, que son A Coruña-Ferrol y Vigo-Oporto. Para estas dos últimas infraestructuras pedimos 25 millones de euros.


Hay una preocupación por el funcionamiento del ferrocarril convencional en Galicia -la mayoría va a ser convencional, aunque muy superior al actual de 60 kilómetros por hora de media- y es que se dote a Galicia de servicios de cercanías. Para eso pedimos 6 millones de euros, para que por lo menos Vigo-Pontevedra, Santiago-Padrón-Vilagarcía y Coruña-Ferrol

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pudiesen contar con estos servicios ferroviarios de cercanías. También pedimos que de una vez por todas -desde el año 1998 estamos con la misma cantinela- se haga la terminal de mercancías de Renfe operadora en Lugo, con 2 millones de euros, y que las líneas de FEVE puedan acceder a los parques industriales de una vez por todos; que se hagan obras miserables, que costarían bastante menos de 3 millones de euros, para acceder al parque industrial de Ribadeo, a Río do Pozo, en Ferrol, o al Puerto de San Cibrao, donde está Álumina-Aluminio.


Estas son para nosotros las reivindicaciones fundamentales de grandes infraestructuras. Después hay otras que afectan -no me voy a detener en ellas- a infraestructuras de carreteras, aspecto donde Galicia se está ya homologando a la media del Estado español, excepto en el problema de las infraestructuras de peaje, que son las que están más presionadas y las que tienen más circulación, y que desgraciadamente en Galicia son todas menos las de acceso desde Madrid. En este aspecto hay algunas actuaciones que sería fundamental acometer con otro ánimo, como puede ser el acceso viario al puerto exterior de Ferrol, que ni siquiera tendríamos hasta el año 2008, cuando el puerto exterior va a empezar a funcionar en el año 2005 sin carretera ni ferrocarril. Sería importante que obras que están prometidas desde el año 1996, que nunca se hicieron, se acometan ahora en un período de tiempo corto, además no son más de 2 kilómetros. Por ejemplo, la red arterial A Coruña, la conexión de la Nacional 550, Nacional VI con el puerto y con el aeropuerto de Alvedro, o incluso algunas actuaciones de acceso al aeropuerto de Alvedro o de Peinador.
Conectamos así con el problema de los aeropuertos. Pedimos una partida de 3.500.000 euros para el aeropuerto de Vigo, para poner en marcha el plan director del aeropuerto, aunque nada más que sea el parking, que está colapsado; en el caso de A Coruña para que pueda contar con la instalación ILS II/III y puedan actuar los aviones en condiciones meteorológicas adversas, sobre todo de niebla, otros 3.500.000 euros; y en el caso del aeropuerto de Santiago de Compostela para que se ponga en marcha el plan director con otros 3.500.000 euros

Acabo refiriéndome a algunas cuestiones de aparentemente pequeña monta pero que para nosotros son muy importantes. Nos referimos a dotar de oficinas de correos a algunas villas de nuestro país, a algunas parroquias de esas villas que tienen 4.000 habitantes y que no gozan de ese tipo de servicio, en concreto en Esteiro (Muros), y en algún otro municipio más o menos simbiótico, rural y urbano de los que tenemos en Galicia.


No me voy a detener en las actuaciones en seguridad vial. Solamente decir que todas están referidas a puntos negros, puntos que figuran como tal en la catalogación de la Dirección de Tráfico, y que sería importante que pudiésemos superar en esta legislatura.


Como ven ustedes, son fundamentalmente 46 enmiendas las que presentamos a todos los Presupuestos Generales del Estado y que están guiadas por el acuerdo del Parlamento de Galicia, las promesas del Plan Galicia que este Gobierno no desmintió, los acuerdos de este Parlamento y pequeñas actuaciones puntuales que tienen una gran demanda social.


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Socialista, señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defender los presupuestos presentados por el Gobierno a la sección 17, Ministerio de Fomento, y de sus organismos y entidades públicas. Permítame que lamente, en primer lugar, el tono ácido y acusador del Grupo Parlamentario Popular y que agradezca, por el contrario, el tono afable y cordial en defensa de sus iniciativas y de sus enmiendas. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha mantenido un tono ácido, llegando a decir textualmente que seremos responsables directos de los accidentes...(El señor Ayala Sánchez: Sí, sí.- Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) Perdón, permítanme hablar. Que seremos responsables de los accidentes de la red convencional de ferrocarriles, si se producen. Esto es un poco más del pasado. Me recuerda aquellas fechas, cuando hubo una serie de accidentes en la A-92, en la autovía de Huelva. El Partido Popular en Andalucía llegó a culpar al presidente Chaves de las muertes que se producían en esa carretera. Veo que llevan ustedes en tan sólo seis meses camino de volver a las andadas con ese tipo de acusaciones. Les pediría que las retiraran porque me parece que están fuera de lugar. (El señor Ayala Sánchez: En absoluto.)

Quiero en esta intervención dar respuesta a las enmiendas que plantean los distintos grupos parlamentarios, justificando el porqué de su rechazo y el porqué de la aceptación de aquellas otras, muchas de las cuales presentarnos con Esquerra Republicana, con Izquierda Unida, con la Chunta Aragonesista y también con Coalición Canaria. Entro ya a rebatir las afirmaciones del Partido Popular. En su enmienda a la totalidad dice que la presenta porque el presupuesto en inversiones es claramente insuficiente y no crece lo que debería crecer. Lo que sí está claro es que esa afirmación se cae por su propio peso, ya que carece de la más mínima justificación y los datos son aplastante. El incremento en el presupuesto global del grupo Fomento es de un 10,3 por ciento, si tenemos en cuenta la inversión extraordinaria para carreteras que, por cierto, se va a ejecutar directamente por la Dirección General de Carreteras. Y es algo extraordinario, no porque esté fuera del presupuesto, sino por cómo se ha quedado la red de carretera de este país después de muchos años de abandono por el anterior Gobierno del Partido Popular. Cualquiera que vaya en coche particular y transite por las vías

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españolas, verá que gran parte de ellas están muy deterioradas y que es necesario acometer de manera extraordinaria, como lo hace este plan aprobado por el Consejo de Ministros, y no publicado en la página web, como aparecía el Plan de infraestructuras del Partido Popular, el pasado día 22 de octubre. Que quede claro que son datos reales. Incluso invito a algún portavoz que ha dudado de ello a que lea las valoraciones que llevan a cabo entidades tan serias y rigurosas como puede ser el Círculo de Empresarios o el Instituto de Estudios Económicos, cuyas revistas han sido remitidas a todos los parlamentarios, aunque parece ser que alguno las ha tirado a la papelera y no las ha visto.


Vamos a entrar en lo que es más importante para todos, el capítulo 6, de inversiones reales. La enmienda a la totalidad del Partido Popular lo pone en duda. Tengo que recordarles que en el presupuesto de 2005 su peso se acentúa en casi 7 puntos, pasando de representar el 41,93 por ciento del presupuesto de este año 2004, al 48,1 del presupuesto que estamos debatiendo para 2005. Este incremento no es casual. El mayor peso de las inversiones es fruto del esfuerzo inversor en infraestructuras que representa este presupuesto, del que se podría decir que se eleva hasta 10 puntos, si tenemos en cuenta el referenciado Plan extraordinario de carreteras, dotado con 465 millones de euros. Por tanto, ¿Cómo puede decir el Grupo Parlamentario Popular que el presupuesto decrece en inversiones? ¿En qué fundamenta el Grupo Parlamentario Popular esta afirmación? ¿Qué presupuesto se ha leído? Tengo que recordarle que la dotación del capítulo 6, de inversiones -y está al alcance de cualquiera que lo quiera ver-, es de 4.352 millones de euros, con un incremento de 944 millones de euros y una tasa de crecimiento del 27,73 de media. Es decir, las inversiones reales, de las que ustedes dudan en su enmienda a la totalidad, en infraestructuras crecen presupuestariamente en un 7,45 por ciento. A ello añadimos, en relación con las entidades públicas y las sociedades mercantiles del Ministerio de Fomento, que el presupuesto de las mismas ascendería a 6.578 millones de euros para el ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, y 2.807 millones de euros para Renfe-Operadora.


Nos encontramos, por lo expuesto, señorías, con unos presupuestos realistas que apuestan firmemente por las inversiones en infraestructuras, que van a permitir gradualmente -y recuerdo que este es el primer presupuesto socialista- un cambio en la política de infraestructuras del transporte de este país, donde se va a garantizar la continuidad de la obra pública, lo que ustedes quieren poner permanentemente en duda; se garantizan todas y cada una de las obras que se iniciaron por el anterior Gobierno. Eso lo han dicho ya, señorías, la ministra en su comparecencia y el secretario de Estado cuando compareció aquí en el debate presupuestario, y ustedes quieren seguir con una cantinela que obviamente no se cree nadie, porque nadie en este país ha visto paralizada una obra que hubiera desarrollado inicialmente el Gobierno del Partido Popular. Pero es que además introducimos criterios de solvencia financiera y de eficacia. No se va a construir más -eso sí es cierto- un trozo de AVE en un sitio sin ninguna conexión, y por tanto sin cohesión territorial, simplemente para contentar al alcalde de turno, en este caso del anterior Gobierno del Partido Popular -eso no se va a producir más porque va a primar el criterio de solvencia financiera y de eficacia- y sobre todo preparamos al sector ferroviario para la entrada en vigor de la ley del sector, que ustedes aprobaron al final de la pasada legislatura y que -bendita cabeza- no dotaron con el presupuesto adecuado para salvar la deuda histórica de Renfe, que son 3.875 millones por una parte y 1.875 millones por otra, y que de no haber abordado en estos presupuestos el Gobierno socialista, posibilitaría que a partir de la liberalización del sector del transporte ferroviario esta empresa pública española no tuviera capacidad de competitividad. Por tanto, menudo futuro tenía Renfe con el Gobierno del Partido Popular. En definitiva, señorías, esta apuesta por las infraestructuras se debe a que son un medio para incrementar la productividad de los factores a fin de que contribuyan al crecimiento económico y a modernizar este país, que creo que es lo que queremos todos.


Entro ya sin más, una vez que creo que he dado suficientes argumentos para decir que rechazamos la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Popular, a detallar en lo posible las enmiendas parciales que presenta dicho grupo parlamentario. En primer lugar, quiero referirme a un grupo de enmiendas, de la 326 a la 356, es decir 30, para decir que no pueden ser aceptadas puesto que las dotaciones que obran en el proyecto de presupuestos para las actuaciones del ADIF están fundamentadas en la programación establecida y son acordes con el grado de desarrollo de las mismas y cualquier modificación que se puedan introducir, como plantea el Grupo Parlamentario Popular, alteraría las programaciones, con el resultado de disminuir las actuaciones previstas para el año 2005.


En cuanto a las enmiendas 359 a 361, que solicitan un aumento del programa 453.B y una disminución del programa 453.C, les tengo que decir que suponen una discriminación en los créditos de construcción y de explotación de carreteras. Señorías, es un objetivo prioritario de la Dirección General de Carreteras y, por tanto, del Ministerio de Fomento, la conservación y la explotación de las carreteras que han estado abandonadas, literalmente abandonadas durante estos años por el Partido Popular. Por tanto, no podemos atender su petición de disminución de este programa, precisamente porque no queremos hacer lo mismo que ustedes: abandonar las carreteras.


También hay un grupo importante de enmiendas que les tengo que decir que repasen porque no indican el proyecto de inversión a aminorar -parece que ustedes no han estado haciendo presupuestos estos años atrás

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o los datos de partida son incorrectos. Todas ellas son enmiendas referidas al administrador de infraestructuras ferroviarias y son las números 325, 363 a 365, 368, 371, 401 a 405, 407 a 412, 414 a 417, 430, 431 a 436, 449, 454, 470 a 473 y 444 a 479. Es decir, son 67 enmiendas en las que ustedes no indican ni el proyecto de inversión a aminorar -ustedes que tanto defienden la Ley de Estabilidad Presupuestaria- ni tampoco los datos de partida que plantean son correctos. Les ruego que las revisen porque no están presentadas adecuadamente. En las enmiendas 366, 369, 370 y 372 a 374 el Grupo Popular solicita un aumento y una disminución del capítulo 6 del programa 453.C. Las actuaciones de conservación y seguridad vial se encuentran englobadas en los proyectos de inversión genéricos de cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, dentro del programa 453 no se pueden reflejar las actuaciones individualizadas tal y como solicitan en dichas enmiendas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)La enmienda 377 hace referencia al cubrimiento de vías y liberalización del suelo en ciudades con cargo a la Dirección General de Ferrocarriles. El PEIT que vamos a presentar en esta Cámara en breve -no lo vamos a colgar sólo en la página web, sino que se debatirá, se harán propuestas de resolución, se aprobará en el Consejo de Ministro- va a ser un auténtico plan estratégico de infraestructuras y transporte, como su nombre indica y en él se va a contemplar un programa específico para el estudio de la integración de ferrocarriles en ciudades. No vamos a hacerlo solamente allí donde gobierne el Partido Popular, como ha ocurrido en los últimos ocho años. (Rumores.) Y estas actuaciones urbanísticas se deberán abordar conjuntamente con las administraciones con competencia en esta materia y mediante un convenio de cofinanciación.


En la enmienda 378 -y me voy a referir, si me lo permiten, porque son muchas, a grupos de enmiendas que he considerado importantes, que afectan a ciudades importantes-, que se refiere a la nueva estación de Huelva, la ADIF ya contempla en su presupuesto lo mismo que pide y dispone de la necesaria dotación. Por tanto, señor Ayala, no es que yo no le quiera aprobar enmiendas, es que hay muchas enmiendas, como he dicho antes, que no están bien presentadas y otras que ya recogemos. Algo parecido ocurre con la enmienda 385, sobre renovación de vías e instalaciones en su comunidad autónoma, en la región de Murcia, por la que los presupuestos para el próximo año ya contemplan importantes actuaciones para la mejora de la red ferroviaria murciana que se contemplarán además en el futuro PEIT. Imagino que esto le alegrará al portavoz del Grupo Popular. Lo mismo ocurre con la enmienda 381, para el mantenimiento del ritmo de obras en Huesca-Canfranc, con la 382, para gastos iniciales de eliminación del bucle ferroviario de Pamplona, con la 383, para soterramiento del ferrocarril en Vitoria, la 388, para la alta velocidad para Chinchilla-Cartagena, la 394, para la prolongación de la vía ferroviaria Fuengirola-Algeciras, o la 762, para mantenimiento y ejecución del corredor norte-noroeste, Madrid-Castilla y León-Galicia-Santander-Asturias y País Vasco. Todas estas enmiendas aparecen ya contempladas en importantes actuaciones que se van a abordar en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, teniendo en cuenta además en muchos casos cómo se han encontrado esos proyectos.


La enmienda 387 plantea el mantenimiento inversor para la variante de Alcantarilla. Esta actuación está pendiente de declaración de impacto ambiental. En el caso de que esta declaración de impacto se formule, la redacción de los proyectos se podrá acometer con cargo a la partida de asistencia técnica, por tanto tiene cabida y respuesta. No decimos no sin más, sino que hay una justificación como la que acabo de dar. La enmienda 392 se refiere a la conexión ferroviaria de la dársena exterior del puerto de Ferrol, y tengo que decirle que la inversión de un millón de euros que solicitan es prematura. Hay que tener en cuenta que no se ha realizado todavía el estudio informativo, que ustedes no lo dejaron. (El señor Ayala Sánchez: Es sietemesina.) Si no lo han hecho en ocho años, no querrán ustedes que lo hagamos en seis meses, porque requiere un trámite de tiempo que es imposible llevar a cabo. Por tanto, no es por decir que no, es porque no se ha podido todavía llevar a cabo... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, un momento. Les ruego que no interrumpan al interviniente, que está además explicando, de una forma bastante compleja, cada enmienda.


Continúe, señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias por su amparo, señor presidente.


A la enmienda 395 le ocurre algo parecido. En la línea de alta velocidad Bobadilla-Ronda-Algeciras dicen ustedes que la cantidad es insuficiente.
Lo he explicado por activa y por pasiva. Ustedes, en diciembre de 2003, después de anunciar durante varios años que el proyecto estaba terminado, se dieron cuenta de que no estaba hecha la declaración de impacto ambiental que el ministerio les ha obligado a hacer. Por tanto, hasta que no esté terminada esa declaración de impacto ambiental, la correspondiente DIA, aproximadamente en septiembre del año próximo, es imposible llevar a cabo ninguna actuación. Si en su momento hubieran hecho los deberes mínimamente en cuanto a esta actuación, no tendrían que presentar la enmienda y estaría hecha esa vía ferroviaria que es vital para una zona de la provincia de Cádiz como es el Campo de Gibraltar para que en ese puerto las grandes industrias tuvieran salida para sus mercancías, pero no ha sido así.


Para ir terminando respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, que han sido muchas y he necesitado bastante tiempo -le pido mayor tiempo para contestar al resto de los grupos parlamentarios-, en cuanto a la enmienda 397, referida a la ejecución de

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la línea de alta velocidad del eje atlántico, le tengo que decir que las partidas para ese eje ya están contempladas en el proyecto de inversión de actuaciones ferroviarias a Galicia, dotado con 136.003.890 euros. Por tanto, no deben temer por dicha enmienda.


No voy a entrar más pormenorizadamente en estas enmiendas porque creo que he abordado la mayoría de las que he considerado más importantes, tanto a la totalidad como las parciales, y me voy a centrar en las enmiendas de los restantes grupos parlamentarios, intentando ser más breve porque sé que es tarde y seguramente SS.SS. están cansadas. En primer lugar, respecto a CiU debo decir que en estos presupuestos se recogen también inversiones que es posible desarrollar, sin perjuicio de lo que se establezca en el Plan de cercanías y en el PEIT. Me refiero concretamente a la enmienda número 2171, que se refiere al incremento de dotación para el proyecto de cercanías de Barcelona; la enmienda 2172, lo mismo para el proyecto de cercanías de Premià de Mar, y la enmienda 2173, para el paso subterráneo en Sant Bol. Lo mismo ocurre con las enmiendas números 2181, 2183, 2185, 2186 y 2188; todas ellas son actuaciones, como digo, que ya aparecen reflejadas en los presupuestos y serán abordadas con más concreción en el PEIT. Tampoco podemos apoyar las enmiendas referidas a AENA, concretamente las números 2191 a 2195, que piden incrementar el plan del aeropuerto de Girona-Costa Brava, porque la programación hecha para mejorar y modernizar las infraestructuras e instalaciones de ese aeropuerto para el año 2005 ascienden a 2,9 millones de euros. En el período 2005/2010 se van a alcanzar los 24,1 millones de euros, que van a permitir que este aeropuerto pueda atender la demanda de tráfico prevista con unos niveles de seguridad y calidad en sus servicios muy importantes.
Por lo tanto, no es que las rechacemos sin más sino que les damos argumentos para decirles por qué.


Respecto a don Francisco Vázquez, portavoz del Bloque Nacionalista Galego, de la lectura detenida de los presupuestos observo que hay un trato muy bueno desde la sección 17, Ministerio de Fomento, a Galicia. Estoy de acuerdo con usted en que faltan elementos básicos de vertebración de la red viaria y ferroviaria en Galicia, y también en el resto de España, porque ha habido un parón importante en los últimos ocho años. Entrando en alguna de sus enmiendas, usted ha hecho referencia a la 1113, relativa a la línea de alta velocidad Orense-Lugo; la 1114, referida a la línea de alta velocidad Ponferrada-Monforte; la 1115, que trata sobre la alta velocidad de Lugo-A Coruña, y la 1116, relativa al eje cantábrico Ferrol-Bilbao, y le tengo que decir que en los presupuestos de 2005 se recogen cantidades necesarias para la realización de estos proyectos, eso sí, teniendo en cuenta el estado actual. No podemos asignar grandes cifras si los procesos están en fase muy inicial porque sería imposible ejecutar esas inversiones mayores, pero se contemplan ya en los presupuestos. Lo mismo ocurre con la enmienda 1117, referida al eje atlántico A Coruña-Vigo, cuyas partidas ya están contempladas en el proyecto de actuaciones ferroviarias en Galicia y que está dotado con 136 millones de euros. Por último, lo mismo ocurre con las enmiendas números 1120 y 1150. La enmienda número 1120 se refiere a la creación del servicio de cercanías en Galicia, donde el servicio de cercanías debe realizarse en un marco distinto al de la aprobación presupuestaria, y la enmienda número 1150 se refiere a la prevención y lucha contra la contaminación marina. Usted sabe, porque estuvo en la comparecencia del presidente de Sasemar, que se han introducido importantes medidas para este tipo de prevención que nos preocupa a todos. Para finalizar, por otra parte, el Bloque Nacionalista solicita en la enmienda número 1151 incrementar el presupuesto 3,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Director del Aeropuerto de Vigo. Esta enmienda coincide con la enmienda número 1898 del Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, no la vamos a apoyar porque ya va en a enmienda que nosotros presentamos.
Respecto a la enmienda número 1153, en la que se solicita incrementar 3,5 millones de euros el presupuesto para la instalación de un LS, categoría 2/3, para el aeropuerto de A Coruña, le traslado, señor portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que AENA ha iniciado los trámites previos preceptivos y que se contempla en el presupuesto una partida importante de 2.340.000 euros para la adquisición de los terrenos precisos y otra más de 378.000 euros para la redacción del proyecto que se solicita. Por tanto, también está atendida.


Entre las enmiendas que presenta el Grupo Vasco (EAJ-PNV) figura la creación de nuevas infraestruc-turas, que deben plantearse, entendemos nosotros, en el marco de PEIT, por ejemplo, la enmienda número 1223, referida a la construcción de la variante sur ferroviaria, o la enmienda número 1224, sobre la estación intermodal de Irún-Hendaya. Al señor Beloki le agradezco la ilustración histórica que nos ha hecho respecto a las fronteras, y respecto a la frase cierta relativa a las cicatrices de la historia quiero decirle que en los presupuestos generales que estamos abordando se contempla la partida necesaria para los estudios de remodelación del complejo ferroviario de Irún, que serían previos a otras actuaciones, que además van a requerir la firma previa de un convenio. No le quepa duda de que Renfe estará en todo momento en cuestiones tan importantes como ésta. Respecto a otras enmiendas como la número 1221, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), donde se propone la redacción de la partida de transferencia a corporaciones locales, de la que hablaba el señor Beloki, tengo que decirle que además de que la minoración que solicita -2.958.660 euros-, y a la que ha hecho referencia extensamente en su exposición, es mayor que la dotación de la partida 767, que es de 2.704.890 euros, estos conceptos, señor Beloki, se crean para incorporar posteriormente en ellos las retenciones que se van efectuando en aplicación del artículo 68 de la Ley del Patrimonio Histórico, y a medida

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que se realice la contratación de la obra pública, se llevará a cabo la adjudicación. Por tanto, no es que no la queramos atender, sino que está la cuestión que acabo de plantear.


Quiero decir a Coalición Canaria que presenta un grupo de enmiendas que hemos acordado otro grupo conjuntamente, pero hay algunas enmiendas, como las números 1833, 1839, 1841 y 1843 que no podemos admitir. Destacaría la enmienda número 1898, en la que solicitan 13 millones de euros de transferencias corrientes a la Comunidad de Canarias para apoyo y fomento del transporte de pasajeros en las islas. No podemos apoyarla dado que la subvención al transporte aéreo de pasajeros está establecida en el Real Decreto 1316/2001 y que los créditos asignados para atender estas subvenciones están recogidos en el programa 440.O del Ministerio de Fomento; por tanto, están ya en parte recogidos en este programa. El resto de las enmiendas son interesantes, pero no podemos apoyarlas pues todas las transferencias de crédito de operaciones financieras a no financieras suponen un incremento de déficit presupuestario que entraría en contradicción con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, con los criterios de déficit que el Gobierno quiere aplicar, que son rigurosos, se elevaría enormemente.


El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta un grupo de enmiendas que suponen un importante incremento, que provocaría también, como he dicho antes, un déficit presupuestario y estaría en contradicción con la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Concretamente, las enmiendas números 1358 a 1401 no podrían ser admitidas por este motivo. Hay otro grupo de enmiendas, como la 1404, referida a la línea Huesca-Canfranc, y tengo que decirle que ya existe un proyecto específico de inversión para esta línea que recoge las cantidades necesarias. En consecuencia, es posible iniciar en 2005 el proyecto de Huesca-Canfranc con lo que se contempla en los presupuestos. Por tanto, no es que no lo admitamos por el fuerte incremento que supondría y por el déficit público, sino porque ya está contemplada. La enmienda 1405 plantea inversiones en la región de Murcia, y tengo que decirles que las cantidades para la inversión en esta línea ya se recogen en los presupuestos del ADIF. Por lo tanto, no teman por esta circunstancia. La enmienda 1410 se refiere a la reapertura de la línea Valladolid-Ávila. Esta actuación se debe estudiar en el marco del PEIT, como he dicho anteriormente. Lo mismo ocurre con otro grupo de enmiendas, concretamente las números 1441, 1417, 1418, 1420, 1423, 1424, 1425, 1428, 1431 y 1441, que estarán en el marco del PEIT. Por último, hay otro paquete de enmiendas de Izquierda Unida que contemplan en los presupuestos del ADIF. Concretamente me refiero a la enmienda 1437, relativa a la línea ferroviaria Madrid-Talavera, respecto al adecuado mantenimiento de la línea ferroviaria Castillejo-Añover-Toledo. Por último, respecto a la enmienda 1435, que se refiere a la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Valencia, el ADIF ya contempla actuaciones necesarias para su adecuado mantenimiento.


Para ir terminando, señorías, la enmienda 1795 de Esquerra Republicana, relacionada con ferrocarriles, solicita mejoras en la línea de ferrocarril Palma de Mallorca, y quiero decir que actualmente el Estado no tiene competencias en materia ferroviaria con esta comunidad autónoma.
Por tanto, no se puede atender. Respecto a las enmiendas 1796 y 1797, que solicitan el eje transversal ferroviario y los trenes lanzadera para el polígono de SEAT y El Solvay, la planificación de esas nuevas líneas se debe plantear en el marco del PEIT. Las enmiendas 1798 y 1799 coinciden con las enmiendas 1698 y 1699, firmadas conjuntamente con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana, por lo que carece de justificación la reserva para la adquisición del aeropuerto de La Seu d'Urgell o para la creación del PIF en el aeropuerto de Girona.


Para terminar con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, porque a pesar de que no están nos merecen todo el respeto, respecto a la enmienda que me parace más importante de las que plantea Eusko Alkartasuna, la número 187, sobre un tema al que ha hecho referencia anteriormente el PNV, tengo que decir que el proyecto relativo a la Y vasca se recoge en los presupuestos de explotación y de capital del ADIF para el año 2005.
Por lo tanto, se prevé una importante cuantía a invertir: 156 millones de euros. Este importe, al encontrarse la citada inversión en su fase inicial, corresponde a actuaciones que se van a ejecutar próximamente, teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Algo parecido ocurre respecto al señor Labordeta, de la Chunta Aragonesista, que en la enmienda 151 plantea a AENA el incremento en 3 millones de euros del presupuesto para el aeropuerto de Zaragoza. En función de las capacidades existentes y del tráfico aéreo que demanda operar en el aeropuerto de Zaragoza, no se justifica anticipar la programación de las actuaciones a desarrollar en el plan director que ya tiene. Además tengo que decirle que es prácticamente imposible acometer y realizar en el próximo ejercicio presupuestario el incremento inversor que solicitan ya que son necesarios una serie de trámites, como el anteproyecto, la tramitación medioambiental, la redacción del proyecto, etcétera, y la cuantía que solicitan conlleva unas necesidades que hacen imposible abordar ese incremento. El resto de enmiendas nos parecen muy interesantes -se lo he dicho antes al señor Labordeta-, pero en este ejercicio presupuestario no podemos abordarlas por el notable incremento de déficit público que suponen. Me refiero a las enmiendas 10 a 70, a las enmiendas 242 y 243 y a las enmiendas 1636 y 1637. Son enmiendas importantes que habrá que contemplar, y el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista es abordarlas en próximos ejercicios presupuestarios, porque merecen apoyo pero no podemos atender todas las enmiendas.


Para finalizar, diré que el Grupo Socialista ha presentado un conjunto de enmiendas, en algunos casos

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solos y en otros conjuntamente, todas para mejorar los presupuestos.
Quiero destacar la enmienda 1872, que solicita que se incrementen en 53 millones de euros las inversiones en transporte aéreo y marítimo en los territorios extrapeninsulares, concretamente Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, con cargo al programa 441. Es muy importante para esos territorios pasar de la subvención actual, que es del 33 por ciento, al 38 por ciento. Esos territorios están alejados de la Península y sus ciudadanos, sus residentes, tienen que afrontar unos costes económicos mayores que los que vivimos en la Península. Había un compromiso electoral muy serio del Partido Socialista y no hemos tardado ni seis meses en cumplirlo. Me alegro tremendamente de haber cumplido porque sé que, en esos territorios ese compromiso presupuestario de 53 millones para el año 2005, al que se suma la iniciativa parlamentaria aprobada en el Pleno el pasado martes de incrementar del 38 al 45 por ciento el porcentaje de subvención para el año 2006 y al 50 por ciento para el año 2007, hará que los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, a partir de esa fecha, hagan un ahorro importante respecto a lo que pagan ahora en su traslado aéreo o marítimo. Eso es hacer cohesión social y territorial de verdad. Otros no han podido hacerlo años atrás; me alegro de que ahora se sumen y apoyen -espero- esta enmienda que presentamos junto a Coalición Canaria.


Otro paquete importante de enmiendas es el relativo al programa 929.M, destinado a carreteras -son las enmiendas 1874 a 1899, del Grupo Parlamentario Socialista-, y también hemos presentado enmiendas conjuntas que son fruto del diálogo, fruto del entendimiento, fruto de lo que en democracia es algo noble, que es oír a otros grupos y coincidir en los planteamientos para hacer realidad esas enmiendas. Ese es, ni más ni menos, sin hablar en la intimidad en catalán, el acuerdo al que hemos llegado, un acuerdo transparente, alcanzado aquí, en sede parlamentaria, con Esquerra Republicana. Yo le pediría al portavoz del Grupo Popular que retirara las acusaciones a Esquerra Republicana en relación con las enmiendas de cercanías de Madrid. Ha hablado de imperialismo político, etcétera. Tiene que saber que en esa enmienda, en la que aparecen desglosadas determinadas actuaciones sobre el ADIF, hemos sido los responsables del Grupo Parlamentario Socialista los que hemos asignado 12 millones de euros para cercanías de Madrid. Por tanto, por cortesía parlamentaria, rogaría que retire la acusación de imperialismo a Esquerra Republicana puesto que no ha sido Esquerra Republicana el que ha propuesto ese incremento de 12 millones de euros para cercanías de Madrid. Es una necesidad para los madrileños, con un Gobierno en Madrid del Partido Popular. Yo quizá le hubiera agradecido más que hubiera hecho usted esa reflexión. Lo mismo que, como consecuencia del acuerdo en determinadas enmiendas de esta mañana, y por la información que aparece hoy en un medio de comunicación, se ha sacado usted de la manga que cae el plan de mantenimiento de la red ferroviaria. Usted no lo conoce. ¿En qué ha caído? ¿Dónde? ¿Porque hemos llegado a un acuerdo en determinadas enmiendas, por valor de 18 millones de euros, ya cae el plan de cercanías y el de red convencional ferroviaria? Bajo ningún concepto. Además, creo que no se ha leído usted las enmiendas, porque todas y cada una de ellas van destinadas precisamente a cercanías. Ahora, a lo mejor quiere usted limitar también el lugar. Pues no, el lugar al que va es el señalado en el pacto al que hemos llegado con Esquerra Republicana. Efectivamente, van a Cataluña porque se necesitan en Cataluña. (El señor Ayala Sánchez: ¡Ahí, ahí!- Rumores.- Un señor diputado: Ya lo ha soltado.) También van a Valencia, gobernada por el Partido Popular, porque se necesitan en Valencia, y no porque Esquerra Republicana tenga ánimo colonialista sobre Valencia. Irían a Galicia si se necesitaran en Galicia, lo mismo que van a Galicia muchas partidas presupuestarias en forma de proyectos necesarios. (Rumores.) Cuando llegaron ustedes a acuerdos con otras fuerzas nacionalistas, dijeron de un día para otro que el presidente hablaba en catalán; ahora no pueden venir a denunciar acuerdos que se ponen sobre la mesa (El señor Ayala Sánchez: Que se retiran corriendo.- Rumores.), con debates parlamentarios y con enmiendas, ni a acusar al Grupo Parlamentario Socialista de lo que le ha acusado, ni tampoco a hacer la acusación tan seria que ha hecho a Esquerra Republicana, de imperialismo y colonialismo, metiendo la pata hasta el corvejón, como se dice en mi tierra; perdón por la expresión.


Termino diciendo que no presentamos enmiendas conjuntas sólo con Esquerra Republicana; también las presentamos con Izquierda Unida, un paquete de enmiendas considerable. Además, ellos se han sumado a las que ya estaban registradas y aprobadas en la ponencia, por ejemplo, las enmiendas 1429, 1430 y 1432, para llevar a cabo estudios informativos de importantes líneas ferroviarias en Castilla-La Mancha; concretamente la 1429, para la línea Alcázar-Tomelloso-Argamasilla de Alba-Manzanares, la 1430 para la Torrijos-Toledo, y la 1432 para la integración del ferrocarril en Cuenca.
Igualmente, la enmienda 1595 -voy terminando- para la renovación de la línea Lleida-Manresa, y la 1590 para la autovía del Mediterráneo, tramo de la Nacional 340, variante de Tarragona. No sólo hemos llegado a acuerdos con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, sino también con Coalición Canaria. Ahí está la enmienda 1842, para financiar expropiaciones y otras actuaciones del convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias. No sólo con Esquerra Republicana, con Izquierda Unida y con Coalición Canaria, sino también con la Chunta Aragonesista -con el señor Labordeta-, por medio de la enmienda 47, para la construcción del tercer carril en la Nacional 122, en el puerto de Lanzas Agudas, con un incremento de 100.000 euros.


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En fin, señorías, por la hora que es y por la extensión de mi intervención, le agradezco al presidente su benevolencia. He intentado explicar pormenorizadamente nuestro paquete de enmiendas, y son muchas y muchos los grupos. Quiero agradecer también a todos los grupos que nos apoyan que se sumen a un presupuesto como el de Fomento, un presupuesto importante, creciente y que da respuesta en gran medida, en este primer año, a las necesidades que tenemos. Al Grupo Parlamentario Popular quiero decirle que no aceptamos sus enmiendas no por decir que no, sino por la justificación que he dado para las enmiendas parciales. En cuanto a la enmienda de totalidad, no estoy de acuerdo para nada con los datos que ha dado usted. Si me permite la expresión, me parece que se los ha sacado de la manga, porque no los ha sacado de los presupuestos.


El señor PRESIDENTE: Esta sección, Fomento, tiene una dimensión enorme en cuanto a enmiendas. Por lo que le oído al portavoz socialista, ha habido una explicación muy completa, desde su punto de vista, de todas las enmiendas, lo mismo que la han dado los demás grupos. Por tanto, les ruego que no vuelvan a hablar de las enmiendas, porque cada uno opina como le parece y se toman las decisiones que se toman. Bien es verdad también que el portavoz socialista ha hecho algunas implicaciones al portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre un tema muy concreto. Para ese tema les voy a dar la palabra y, también al señor Rodríguez, que no ha sido nombrado adecuadamente. Insisto en que para ese tema, y no para reabrir el debate sobre qué enmiendas son necesarias.


Tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, sólo le iba a pedir la palabra por las alusiones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista.


Es evidente que, después de su exposición, no puedo en absoluto retirar mis afirmaciones anteriores, sino mantenerlas y confirmarlas. En primer lugar, porque queda claro que el afán imperialista y expansionista de Esquerra Republicana de Catalunya no solamente se refleja en las enmiendas presentadas sino incluso en la negativa a que se pueda considerar el valenciano como un idioma ya que el catalán quiere extenderse (Rumores.) suprimiendo incluso las Cartas Pueblas que desde 1261 han distinguido el idioma valenciano con absoluta nitidez de lo que es el idioma catalán. Ese intento de suprimir el idioma valenciano demuestra cuál es el afán de Esquerra Republicana de Catalunya.


Con respecto a esa intención de pactar enmiendas que afectan al territorio nacional, hay que significar que el Partido Popular ha presentado enmiendas similares que podían haber sido atendidas como lo han sido las de Esquerra Republicana, si hubiera querido el Grupo Socialista, pero ha preferido pactar con ERC antes de considerar con ecuanimidad la conveniencia de las enmiendas del Partido Popular. Es evidente que restringir a Cataluña un plan extraordinario de mantenimiento implica unas responsabilidades que son las que este grupo ha sostenido y sostiene. Ustedes sabrán hasta dónde van a llegar con un plan extraordinario de mantenimiento de ferrocarriles que se ha cercenado en su totalidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente a efectos del "Diario de Sesiones" y para decirle al señor De la Encina de manera cariñosa que yo admito cualquier tipo de lapsus respecto de mi nombre, el único que no estoy dispuesto a aceptar es que me confundan con Francisco Vázquez; es el único, posiblemente. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, muy brevemente.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor Rodríguez, le pido disculpas porque ha sido un lapsus imperdonable. No sé cómo he podido confundir en estos momentos al señor Vázquez con usted. Le pido disculpas y le agradezco que no diga nada más, señal de que le han convencido mis argumentaciones para rechazar las enmiendas.


Con respecto al portavoz del Grupo Popular, no voy a contestarle porque a estas horas entrar en coloquios del tipo que hace, me parece que no es oportuno. (El señor Ayala Sánchez: Hace usted muy bien.) Por salud mental y física.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu.


El señor ANDREU DOMINGO: Respecto a la reiteración de las afirmaciones del portavoz del Grupo Popular, Señor Ayala, creo que tienen un gran desconocimiento de lo que es Esquerra Republicana de Catalunya. Nosotros, antes que catalanes, somos ciudadanos del mundo. Nosotros, al igual que luchamos por que se considere lo que es justo, no queremos en absoluto privilegios sobre los demás. Ya tendremos tiempo en esta legislatura de irnos conociendo, pero si cree que el espíritu de Esquerra Republicana es no ser solidarios y arramblar egoístamente hacia nosotros, está absolutamente confundido sobre lo que ha sido, lo que es y lo que será Esquerra Republicana en la historia. Espero que algún día acaben con esta demagogia fácil y estas acusaciones que están mezclando infraestructuras con criterios lingüísticos aceptados por todas las universidades europeas (El señor Ayala Sánchez: Que son las que más saben del valenciano.-Rumores.) Me parece que mi explicación ha sido suficiente y les ruego que nos atiendan. (Un señor diputado: Bastante más que tú.)

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Sección 23

El señor PRESIDENTE: Damos por terminado el debate de esta sección y entramos en la sección 23, Medio Ambiente. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Dado lo avanzado de la hora, intentaré ser breve, para lo cual me voy a reservar la defensa de las enmiendas territoriales y el porqué de las mismas para el Pleno.


El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente...(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Ruego a los que no vayan a continuar en la sala que la abandonen y tengan las conversaciones fuera.


Señora De Lara, lo siento, tiene usted la palabra nuevamente.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Como decía, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, porque entendemos que los presupuestos que nos ha presentado el Gobierno del Partido Socialista experimentan un incremento por debajo del incremento previsto del producto interior bruto para este año 2005 y muy por debajo del incremento del 6,2 por ciento que experimentan los presupuestos generales del Estado también para 2005. Los presupuestos que estamos examinando reflejan claramente que, después de ocho años en los que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente se ha más que duplicado, ya que ha pasado de 1.390 millones de euros en 1997 a 2.926 millones de euros en 2004; por primera vez los presupuestos disminuyen respecto de la previsión de crecimiento del PIB, es decir, queda claro al examinarlos que las políticas de medio ambiente han dejado de ser prioritarias para el Gobierno socialista. Ha quedado claro que, pese a las grandes declaraciones de sus representantes, consideran que no es esencial mantener un medio ambiente adecuado y que no es esencial solucionar los problemas del agua en España.


La ministra, en sus declaraciones, justificaba el escaso incremento presupuestario en la solidaridad para posibilitar el cumplimiento de otras políticas, otras prioridades del compromiso electoral del Partido Socialista. Decía la ministra que, por solidaridad, renunciaba a que el presupuesto creciera más y prefería que el Partido Socialista, que el Gobierno, lo invirtiera en gasto social o en investigación. Nosotros claramente estamos en desacuerdo con esta solidaridad porque creemos que cada ministerio tiene su presupuesto y que cada ministerio tiene que intentar resolver los problemas en los que es competente. Aparte de todo, creemos que lo de la solidaridad es muy relativo pues, como se ha dicho en la discusión de la sección 17, de Fomento, hay unas enmiendas que ha pactado el Partido Socialista con algunos grupos -no voy ahora a reflejarlas aquí pero son concretamente algunos grupos de los que han entrado en debate en la sección anterior- que son claramente insolidarias porque no es que ustedes hayan pactado determinadas actuaciones en determinados lugares, es que para financiar estas determinadas actuaciones lo quitan ustedes de lugares concretos. Es decir, hay enmiendas que suprimen quitan actuaciones en Canarias para hacer paseos marítimos en San Pol de Mar, que suprimen actuaciones del valle del Guadiana para hacer actuaciones en el río Ebro. Creemos que esto no es solidaridad sino algo totalmente insolidario. La solidaridad es resolver los problemas del agua en España, es hacer que todas las comunidades autónomas vean solucionados sus problemas; aunque de distinta índole, todos tienen problemas que solucionaban con la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Este es el concepto de solidaridad que nosotros tenemos. No es solidario no resolver los problemas del agua, como ha hecho este Gobierno, porque después de una lectura detenida de los presupuestos podemos observar, y lo hacemos con estupor, que toda la nueva política, todo el plan del agua, todas las desaladoras anunciadas por la ministra de Medio Ambiente, brillan por su ausencia.


Señorías, en los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y de las sociedades estatales no aparece ninguna de las nuevas desaladoras prometidas por el Gobierno, no existe ni una sola actuación nueva de las prometidas por el Gobierno para solucionar los problemas del agua; en cambio, lo que sí ha hecho el Gobierno ha sido derogar el trasvase del Ebro y, a cambio de la derogación del trasvase del Ebro, nos encontramos con que no hay nada. Tampoco podemos estar de acuerdo con el motivo que dio la señora ministra para que estos presupuestos fueran tan poco consistentes en cuanto a su crecimiento, ya que decía la señora ministra que los presupuestos en obras hidráulicas habían descendido debido al bajo grado de ejecución de obras hidráulicas del anterior Gobierno. No es que nosotros vayamos a desmentir esta frase de la ministra sino que dicha frase la desmintió el secretario general para la Biodiversidad cuando compareció en la Comisión de Medio Ambiente para el debate presupuestario. Nos dijo: no es que ustedes mintieran en sus datos, era simplemente otro criterio de interpretación; sencillamente los ingenieros y los economistas no damos cifras falsas, hacemos cifras que responden a determinadas hipótesis, pero son verdaderas, la cifra que daban ustedes y la que damos nosotros, las dos son verdaderas. Por consiguiente, el motivo de la ministra de que no se ejecutaban los presupuestos también es falso. Este escaso presupuesto que se nos presenta es uno de los motivos por el cual presentamos la enmienda a la totalidad.


En el presupuesto es especialmente escandalosa la caída en un 15,3 por ciento de la inversión en obras hidráulicas; retroceso que nosotros atribuimos a la errática política que lleva a cabo la ministra de Medio

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Ambiente en materia de aguas, ya que, pese a que anunció que solamente se derogaba el trasvase del Ebro y se mantenían todas las obras del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, infinidad de estas obras han caído de los presupuestos y las que no han caído han visto mermado en gran parte el presupuesto que tenían para el año 2005. Por tanto, no se mantienen las obras del anexo de inversiones, ha habido una prioridad que no sabemos cuál es, una incidencia muy grande del presupuesto en algunas comunidades y una baja escandalosa en otras comunidades. Así es como entiende la solidaridad el Partido Socialista.


Nosotros no sabemos a día de hoy, y creo que los ciudadanos españoles también lo desconocen, y mucho más los de levante y sureste español que están deseando saber cómo solucionarán sus problemas de agua, si se van a hacer o no las desaladoras prometidas por la ministra, porque en las últimas declaraciones que leí de la señora Narbona nos decía que a partir de 2006 a lo mejor se podía iniciar alguna desaladora. Lo cual está en desacuerdo con sus promesas de que al año que viene llegaría agua a la costa de Levante. Estos presupuestos de Medio Ambiente son un claro engaño del Gobierno socialista, ya que han dicho no al trasvase del Ebro y analizando el presupuesto, vemos que también han dicho no a la desalación, porque, repito, no hay ni una sola de las desaladoras previstas anunciadas por la señora ministra que tenga reflejo presupuestario.


Nuestra enmienda a la totalidad también se basa en la escasa importancia que se da en los presupuestos al capítulo de incendios forestales. Dentro de este capítulo hay algunos elementos que son esenciales, como es lo destinado a las comunidades autónomas para inversiones de prevención de incendios. Después de los enormes incendios acaecidos este verano, si algo quedó claro fue que los incendios fueron muchísimo más extensos en aquellas comunidades autónomas que menos habían invertido en prevención de incendios. Por consiguiente, la partida dedicada a prevención de incendios es una partida esencial para que las comunidades autónomas puedan efectuar los tratamientos sevícolas adecuados y los trabajos de limpieza de los montes que impidan que ocurra de nuevo lo que ha ocurrido este verano en Andalucía por la desidia del Gobierno andaluz. Conviene decir que, aunque el capítulo de incendios forestales ha subido el 5 por ciento, lo que más ha subido han sido los gastos de personal del capítulo 1. También la política de protección de medio ambiente y lucha contra el cambio climático ha tenido un escaso incremento. Sí se han incrementado los gastos de personal, pero también han disminuido las inversiones reales. Es por ello por lo que, como he dicho, nuestro grupo parlamentario solicita la devolución de los presupuestos al Gobierno.


Las restantes enmiendas las agruparía en cuatro apartados. En el primero nuestra enmienda da un presupuesto a la Sociedad de Aguas Aquamed para recuperar el trasvase del Ebro. Creemos que es esencial el trasvase del Ebro, que no es un capricho, ni es algo que se ha hecho en quince días como proyecto alternativo del Partido Socialista, hoy convertido en un proyecto de ley que tenemos que debatir en esta Cámara, sino que es un proyecto fruto del trabajo y del esfuerzo de los técnicos a lo largo de más de 14 años, es decir, no solamente con la Administración del Gobierno Popular, sino con todos los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y con el anterior Ministerio de Fomento. Creemos que esta es la única posibilidad de solucionar los problemas del agua en España y por ello nosotros insistimos en recuperar el trasvase del Ebro. Ha dicho la portavoz socialista esta mañana que consideraba extemporáneo el trasvase.
Creo que lo extemporáneo en el año 2004 y en el siglo XXI es ir dando vueltas y seguir diciendo a los ciudadanos de Murcia, a los ciudadanos de Valencia, que ahorren agua y que dentro de un tiempo veremos la solución que tomamos. Esto es realmente lo extemporáneo.


Tenemos un segundo grupo de enmiendas en las cuales proponemos eliminar los residuos originados por el accidente del Prestige; un tercer grupo de enmiendas en el que proponemos incrementar una serie de capítulos que nosotros consideramos esenciales. Así proponemos incrementar la dotación de los Parques Nacionales por lo que representan como garantes de la biodiversidad; incrementar el capítulo destinado a la protección de especies en declive o en peligro de extinción; incrementar las transferencias a las comunidades autónomas para la gestión de los residuos y de los suelos contaminados; incrementar, como he dicho ya, el capítulo destinado a la prevención de incendios forestales y el capítulo destinado al control de la erosión y defensa contra la desertización, como se explica en el Plan Forestal Español; asimismo proponemos incrementar la partida destinada a restauración hidrológica forestal.


Finalmente, un cuarto grupo de enmiendas -son 260- tiene carácter territorial y simplemente reponen una serie de actuaciones del anexo de inversiones de la Ley del Plan Hidrológico que o bien han desaparecido como tales actuaciones o bien han visto mermado considerablemente el importe que tenían asignado. Proponemos recuperar todas estas inversiones, y no voy a hablar de ninguna de ellas porque no quiero primar a algunas de las enmiendas por encima de las otras, ya que cada una de ellas es importantísima para cada uno de los territorios que configuran España.


Sin más que decir, lamentamos profundamente el cariz que ha tomado el Gobierno en los temas medioambientales, y lamentamos que a los siete meses ya de que el Partido Socialista se hiciera cargo del Gobierno de la nación todavía en España los habitantes del levante y del sureste español no saben qué va a ocurrir, cómo se va a solucionar el problema del agua, y no saben de qué manera podrán asentar su desarrollo económico y social.


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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, mi compañero de grupo parlamentario señor Vilajoana ya ha definido el presupuesto de inversión en infraestructuras en el momento de la defensa de las enmiendas que hemos presentado como un presupuesto decepcionante por la baja inversión que se contemplaba en todos los aspectos que hacían referencia a las inversiones en Cataluña. Si analizamos el presupuesto de Medio Ambiente en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las inversiones que están destinadas originariamente a Cataluña, no solamente lo calificaríamos de decepcionante, que lo es, sino también de infumable, ya que es un presupuesto en el que existe una baja temeraria de inversiones del departamento de Medio Ambiente hacia Cataluña, con unos porcentajes de inversión de descenso de dos dígitos, si los comparamos con los actuales, los del año 2004, contienen. Estamos ante un presupuesto decepcionante, que nosotros lo definimos como muy poco solvente, muy poco creíble, muy poco generoso hacia la comunidad autónoma, que precisa de inversiones en Medio Ambiente. Por este motivo, vamos a intentar remediar estas pocas inversiones con una serie de enmiendas que hemos presentado que ascienden a un total de 113 millones de euros, básicamente orientadas a seis sectores que nosotros consideramos muy importantes para que se puedan dotar de la inversión correspondiente.


En primer lugar, planteamos unas inversiones que ya estaban comprometidas por el anterior Gobierno del Partido Popular, son necesarias para el mantenimiento y para la consolidación del Delta del Ebro, correspondientes al Plan Integral para la protección del Delta, e inicio inmediato de las obras previstas para su protección. Esta es una cantidad importante que nosotros estimamos de inmediata ejecución y que asciende a 22 millones de euros.


Al mismo tiempo presentamos una enmienda, en la que no tiene ninguna responsabilidad directa el actual Gobierno del Partido Socialista, pero se han producido algunos acontecimientos que han generado una alarma social importante. Concretamente para Flix planteamos unas inversiones que ascienden a 40 millones de euros, necesarias para garantizar la completa descontaminación de los residuos tóxicos depositados junto al pantano de Flix. Hemos propuesto también una serie de inversiones en actuaciones en la costa a lo largo de todo el litoral catalán, básicamente en aquellas cuestiones que hacen referencia a reposición de arenas en diferentes playas de Girona, Tarragona, Barcelona y el Maresme, aunque tampoco es responsabilidad del actual Gobierno socialista, ya que llegó al poder en unas fechas en las que no habría tenido tiempo para regenerarlas. En determinadas zonas costeras, concretamente en la zona del Maresme, habían desaparecido bastantes kilómetros de playa y era imposible que los bañistas pudieran acceder a la playa, lo cual ha sido muy lamentable y ha dejado en una situación muy crítica a todos los habitantes porque les ha impedido bañarse en las playas. Nuestro grupo parlamentario hizo una pregunta a la ministra de Medio Ambiente, para saber cómo podría resolver este problema con carácter de urgencia, que en los meses de julio, agosto y septiembre se realizara alguna actuación para que los bañistas pudieran ir a la playa con tranquilidad y sin ningún peligro. El Ministerio de Medio Ambiente, quizá por la lejanía, por la poca proximidad que existe entre la meseta central -que es la capital del Reino, por otra parte- y la zona costera, contestó a una de estas preguntas habituales que hacemos los diputados por escrito, que concretamente en las playas de Cabrera y de Vilasar de Mar, no era necesaria ninguna regeneración de playa porque existían metros y metros de playas a las que podían ir los bañistas a tomar el sol y bañarse tranquilamente, cuando realmente no existía ni un centímetro de arena. Es una cuestión que consideramos prioritaria y desde esta perspectiva hemos propuesto un incremento de partidas para regenerar y recuperar playas en El Maresme y otras zonas del litoral de Cataluña, que asciende a 30 millones de euros. También hemos incrementado unas partidas orientadas a la canalización de las rieras del Maresme, con una dotación para el año 2005 de 3 millones de euros. Hemos propuesto una serie de inversiones con una dotación de 18 millones de euros, dirigidas a mejorar la interconexión de redes de abastecimiento en Cataluña, por un importe de 18 millones de euros. También hemos planteado una serie de enmiendas dirigidas a la construcción de determinadas desaladoras por todo el territorio catalán; van a ser necesarias dichas inversiones para abastecer de agua a una parte importante de la población de Cataluña.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Le confirmo que tengo intención de ejercer mi intervención en aras a la brevedad Las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se refieren a los apartados de este Ministerio que son competencia exclusiva del Estado en Euskadi. De ello se deriva la responsabilidad directa del Estado en estas materias.
Básicamente hemos presentado tres bloques diferenciados. El primero se refiere al capítulo de inundaciones; el segundo podría ser saneamiento y depuración; y el tercero, actuaciones en costas, para protección y recuperación de sistemas de litoral, regresión de costas y uso y acceso público. Señora portavoz del Grupo Socialista, dado que hemos observado una tendencia a las partidas genéricas, me quiero adelantar, por si su respuesta es que están contempladas en dichas partidas, a pedirle que por favor me indique qué proyectos de los que pretendemos introducir vía enmienda y sobre todo en qué

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cantidades se han incorporado, para que no quede en una respuesta genérica y me pueda dedicar a hacer algo mucho más concreto y prosaico como son las sumas para ver si de alguna manera cuadran las cantidades.


Empezaré por la enmienda 1245, inundaciones importantes, que pretende dotar a la ciudad de Bilbao de 3 millones de euros, por una cuestión elemental: desde el año 1983 no se ha realizado ninguna actuación para resolver o minimizar este problema. Está ya elaborado el estudio hidráulico de la ría del Nervión, que obra en poder del ministerio, por tanto lo que cabe en estos momentos es que se ejecute el mismo. Dicho esto, hemos presentado uno plurianual de 2005 a 2007 que va de los 3 millones de euros citados para 2005, a los 4 millones en 2006 y a los 6 millones de euros en 2007.


En el apartado de saneamiento y depuración, me quiero referir a la enmienda que he comentado anteriormente (creo que existe un error porque ha habido un baile, creo que es el programa 456.A y no el D que es el que ahí se cita), la número 1256, que se refiere en concreto al saneamiento y depuración de las aguas residuales del alto Deba, en Guipuzcoa. Para quien no lo sepa, o para quien no lo conozca, el alto Deba reúne en sí mismo una de las grandes agrupaciones industriales de Guipuzcoa, como es el mundo cooperativo alrededor de Mondragón y Oñate. Esta es una actuación importante, primero, porque se trata del transporte de aguas residuales por medio de un túnel excavado en el monte y asimismo de la construcción de una estación de depuración. Además es una obra (lo digo para su conocimiento) que fue declarada de interés general del Estado por la Ley 50/1998; es un proyecto elaborado y aprobado por el propio Ministerio de Medio Ambiente, y tiene todos los informes, autorizaciones y aprobaciones para que se pueda proceder a su inmediata ejecución desde toda la cadena de administraciones que conlleva una obra de estas características.


El tercer apartado al que me refería es el de las actuaciones de costa.
Vuelvo a insistir, señora portavoz del Grupo Socialista, en que le rogaría que me indique si estos proyectos o cuáles de estos proyectos y con qué partidas están en esa proyección genérica que ustedes han realizado, porque curiosamente en los presupuestos anteriores había partidas específicas de esas actuaciones, pero este año sinceramente, salvo uno plurianual, que viene del año anterior, no he encontrado ninguna actuación concreta de dichas partidas. Me referiré a las enmiendas que van desde la 1246, que en concreto trata del acondicionamiento y ordenación de las playas (empezando por Vizcaya) de Plentzia y Gorliz, con 7 millones de euros, con unos proyectos ya muy elaborados; se trata de los paseos marítimos que, como ustedes saben, sobre todo en las playas de entorno urbano, se precisan para su adecuación y disfrute, que es el mismo caso que contempla la regeneración de la playa de Laga Ibarrangelua en Vizcaya, con 6 millones de euros. A continuación también, y empezando por la frontera de Irún, siguiendo por toda la costa guipuzcoana, tendríamos una actuación de consolidación de la segunda fase del acantilado de Hondarribia, pasando por una adecuación del propio espigón del puerto de Hondarribia, siguiendo por una obra que se inició hace ya más de diez años, que es la tercera fase del paseo peatonal que une una zona de gran impacto y belleza paisajística, que es el paseo peatonal de Zarautz y Getaria, del cual ya se han realizado a lo largo de esos diez años dos fases, por decirlo de alguna manera, de las esquinas que proceden de dichos pueblos y se trataría en estos momentos de unirla con una tercera fase. Para conocimiento de la portavoz, la segunda fase se está ejecutando en estos momentos y se finalizará probablemente este mismo mes.


Las siguientes enmiendas se refieren también a infraestructuras de acceso y mejoras en la playa de Santiago en Zumaia, la recuperación de una pequeña zona en la propia Zumaia, una recuperación de una regata en la zona de Santa Engracia de Guipúzcoa, dos actuaciones en la ría de Orio, una en el municipio de Aia en el barrio Santiago, y otra el dragado de una playa urbana a la que acceden de forma continua para su baño colonias de muchachos y muchachas en el centro denominado Txurruka. Asimismo, una actuación en la recuperación de las playas de Saturrarán.


Este es el conjunto de enmiendas. Todas ellas tienen proyectos ya redactados, proyectos ya aprobados o en su caso en estado muy avanzado, por tanto no podría haber disculpas para que no se pudieran iniciar dichas actuaciones a lo largo del 2005, lógicamente alguna de ellas con carácter plurianual como he planteado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Voy a intentar ser breve, a ver si lo consigo como antes.


Nuestro grupo ha planteado una serie de enmiendas a la sección 23 compartiendo el sentido de la sección. De hecho, ya lo valoramos en su día, la menor dotación del Ministerio de Medio Ambiente se debe sin duda a una reorientación de la inversión, porque al hacer que haya menos cemento hace que se respete más el medio ambiente. Dicho esto, nuestro grupo plantea las siguientes enmiendas. En primer lugar, la 1494 creemos que es una enmienda importante por el sentido y la orientación de la misma. En primer lugar, voy a explicarla mediante las bajas. Creemos que hay diferentes actuaciones de las diferentes sociedades estatales de aguas que deberían desagregarse y darse de baja algunas de ellas. Voy a poner ejemplos: dos de AJSA, en la conducción del Júcar-Vinalopo; dos de Acusur, en la presa de Cerro Blanco y en el recrecimiento de la presa de la Concepción; dos de Hidroguadiana, en la presa de Alcolea y en la conducción desde la presa de Torre Abraham; una de Duero, en regulación del río Eresma; una de Acsegura, en el túnel Talave-Cenajo, y dos de

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Aquavir, en una presa de La Breña II y en la presa de Salobre. Las bajas supondrían 115 millones de euros, y nuestro grupo plantea darlas de alta en cuestiones importantes, como la campaña de sensibilización en la gestión de la demanda del agua, una campaña importantísima y necesaria de infraestructura urbana de saneamiento y calidad de agua, una de delimitación y deslinde de dominio público hidráulico (se debe recordar que la delimitación del dominio público hidráulico tan sólo ha llegado al 1 por ciento) y, por último, la restauración hidrológico ambiental de determinados tramos fluviales. Esta enmienda, que es importante para nosotros, la queríamos destacar precisamente por la orientación, que va en la línea de lo que apunta ya el presupuesto, pero aún no decide en determinadas infraestructuras que nuestro grupo parlamentario entiende que son innecesarias.


En la enmienda número 1501, por ejemplo, hablamos de la elaboración de un mapa o censo de empresas contaminantes. Creemos que es de esas enmiendas que precisamente por su baja dotación se podrían incrementar. En la enmienda número 1514 hablamos de fondos para planes de restitución de zonas afectadas por infraestructuras hidráulicas y en la número 1625 planteamos cuestiones que afectan a Cataluña. Quisiera poner un acento especial en unas enmiendas que esperamos que finalmente el Grupo Socialista transaccione. Una de ellas es la número 1620 y la otra es la 1627 y suponen una recuperación del caudal del entorno del río Llobregat, muy afectado por diferentes obras del Ministerio de Fomento en diferentes ocasiones. De hecho, el caudal del río Llobregat ha sido afectado por infraestructuras viarias y ferroviarias, y esta afectación supone que haya compromisos no patrocinados por el Ministerio de Fomento y una necesidad de inversión, que de hecho ya se afronta en una enmienda planteada de forma conjunta por nuestro grupo parlamentario con el Grupo Socialista y con el Grupo de Esquerra, pero nuestro grupo parlamentario cree que deberíamos ir más allá.


La siguiente enmienda, la número 1537, se refiere al saneamiento de Avilés, con el emisario submarino de Xagó, que en definitiva supondría una actuación prevista en el convenio suscrito en 1992 entre el Ayuntamiento de Avilés, el Principado de Asturias y el propio ministerio.
Por último hay una serie de enmiendas (antes ponía el ejemplo de la número 1625) en las que nos encontramos con que hay diferentes deudas no reconocidas por parte de la Administración pero bastante claras, por ejemplo, la del Plan Nacional de Depuración, que es una deuda sustancial.
La portavoz socialista conoce bien el caso y sabe que la Agencia Catalana del Agua está muy ahogada. Vamos a retirar algunas de esas enmiendas, pero es necesaria una solución urgente para una situación de asfixia económica debida precisamente al incumplimiento de los compromisos acordados por el ministerio y el Gobierno de la Generalitat, concretamente en el caso de la Agencia Catalana del Agua. Retiraremos alguna de esas enmiendas con el compromiso de que esto sean problemas que se afronten en el futuro.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: A esta sección presentamos 14 enmiendas que van referidas a temas que tienen que ver con depuración de aguas residuales, con las secuelas de la catástrofe del Prestige, con la necesidad de una nueva política forestal en Galicia, con los problemas creados por alguna industria gravemente contaminante y con lo que sería el dragado y limpieza de rías para potenciar su capacidad marisquera, sin olvidar pequeñas actuaciones blandas, no paseos marítimos, en algunas zonas de cada una de las provincias que tienen litoral marítimo.
Empezaré, en primer lugar, por la enmienda que desde el punto de vista cuantitativo presenta un importe de crédito mayor, en concreto la referida a la desprotección de cuencas y saneamiento. Todos sabemos que en Galicia hay una cuenca hidrográfica, la del Miño-Sil que es competencia del Estado, aunque prácticamente de forma mayoritaria, casi exclusiva, es un río gallego o internacional. Esta cuenca está realmente en un estado de muy mal cuidado, con todo lo que significa desde el punto de vista de traída de aguas para cantidad de poblaciones que hay en el entorno de esta cuenca hidrográfica. Sería fundamental precisamente el saneamiento de toda la cuenca ya que es competencia del Estado, y pedimos una alta de 69 millones de euros con esta finalidad. Después hay cuatro enmiendas que van referidas al problema de que las grandes ciudades gallegas que no cuentan hoy con estación depuradora de aguas residuales, o bien que la tienen muy deficiente sin poder contar con ella en debido tiempo y forma, como, es el caso de A Coruña, que necesita una inversión mayor, para que realmente una ciudad de más de 300.000 habitantes no siga vertiendo sus aguas al mar. Pedimos 12 millones de euros más de los que hay presupuestados para adelantar la puesta en funcionamiento de la depuradora de aguas residuales de A Coruña. La ciudad de Santiago de Compostela tiene una estación depuradora (EDAR) que empieza a estar obsoleta, y sería importante por lo menos que los emisarios fueran estando preparados mientras se decide si se construye una nueva estación o si se reforma la actual; para eso pedimos 4 millones de euros.
Exactamente igual sucede con Ourense, que cuenta con estación depuradora, aunque superada también por el crecimiento de población, además de por la vejez de sus instalaciones-; serían necesarios 2.500.000 euros para pensar en un proyecto de segunda depuradora y para los colectores de la margen derecha del río en Ourense.


Algunas partidas, como dije, se referían a las consecuencias de la catástrofe del Prestige. En primer lugar

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está el debate parlamentario que tuvimos en esta Cámara referido al tratamiento de residuos recogidos en toda la costa a raíz de la catástrofe. Hoy están depositados en el Centro de Residuos Tóxicos y Peligrosos sin saber cuál es su destino a pesar de que el Ministerio de Medio Ambiente anunció en sucesivas ocasiones que correría con el gasto del tratamiento de estos residuos; para eso pedimos 12 millones de euros.
Desde el punto de vista de lo que es la catástrofe del Prestige, como hay que continuar con la limpieza del borde litoral en algunos lugares, sería necesaria una partida de 13 millones de euros para su regeneración.
Después hemos de hablar de las siguientes enmiendas, una de ellas crucial, que tiene un gran contenido social y un gran impacto, incluso conflictivo, y que tiene el posicionamiento claro del Gobierno de Pontevedra conformado por el Bloque Nacionalista Galego y el PSdGA-PSOE, y cabe estudiar el traslado de ENCE y la recuperación ambiental y saneamiento integral de la ría de Pontevedra. En concreto, para iniciar los trámites del traslado del complejo industrial gravemente contaminante y la regeneración ambiental de la ría, se pide un crédito de 3 millones de euros. Todo el mundo sabe que esa fábrica tendrá que ser trasladada puesto que no reúne las condiciones mínimas, y su ubicación está solamente garantizada (si en este momento no confundo las fechas) hasta el año 2020. Por último, pedimos el saneamiento de bancos marisqueros en la ría de O Burgo (A Coruña) para su mejor explotación y el dragado del río Belelle, en concreto, en la ría de Ferrol, promesa repetidamente hecha a los mariscadores que ven cómo no pueden salir con sus barcas precisamente porque el río está colmatado con lodos, y tienen que arrastrarlas prácticamente como si fuese la Edad Media por el lodo. En el caso de la provincia de Pontevedra, con 8 millones de euros, se trataría de llevar a cabo recuperaciones medioambientales en la desembocadura del río Miño, otras de acondicionamiento del borde marítimo terrestre de Vilagarcía a Vijlaxoan, otras en la zona costera de Sanxenxo y alguna otra en O Grove, Vilagarcía de Arousa y un municipio muy importante desde el punto de vista antropológico, el de Poyo, en concreto en la concentración urbana de Combarro, que es un hábitat tradicional. Como ven, se trata de unas actuaciones sumamente coherentes, que vienen dadas por un estado de necesidad, por competencias estatales que no están bien atendidas y por situar algunas zonas con potencialidad marisquera en disposición de poder crear riqueza y, por lo tanto, puestos de trabajo.


El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta sección, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Colldeforns.


La señora COLLDEFORNS I SOL: Empezaré por orden y directa al grano para no alargar esta sesión, que es lo que todos deseamos.


Evidentemente, no podemos aceptar la enmienda a la totalidad del Grupo Popular por una serie de razones que, por otro lado, son las mismas por las que tampoco podíamos aceptar las realizadas a la sección de Defensa y otras de las que hemos visto esta tarde, pues en todas ellas la razón era que no se garantizaban los objetivos prioritarios. Si el Partido Popular considera por prioritario hacer el trasvase del Ebro, les diré que desde luego no se va a hacer, no porque este presupuesto no lo contemple, sino porque ya se anunció en el año 2001. Se trata de un tema del que no se han querido enterar, por eso me interesa repetirlo a ver si finalmente se enteran. Ya se anunciaba en el programa del Partido Socialista y se aprobó en el Congreso de los Diputados cuando se convalidó el decreto ley de modificación del Plan Hidrológico. Por lo tanto, si lo prioritario es hacer el trasvase del Ebro, desde luego estos presupuestos no lo van a hacer. Sí me interesa señalar que este es un presupuesto que plantea acciones alternativas al trasvase. Sabe mal oír una y otra vez que este Gobierno no quiere solucionar los problemas del levante español. Yo ya no sé cómo decir que hay más de 100 actuaciones iniciadas, que se están empezando a realizar y que se llevarán a cabo durante 2005 y 2006. Solo me queda esperar a que los acontecimientos nos den la razón. No voy a perder el tiempo con el bajo grado de ejecución ni con el tema de que un secretario general ha desmentido o no a la ministra; si quiere, ya se lo explicaré tranquilamente algún día y entonces quedará claro que del tan traído y llevado Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP solo estaba hecha menos de una tercera parte en marzo de 2004. Le diré más: del famoso trasvase que iba a resolver los problemas del levante (ahora parece que como el Gobierno socialista no lo ha hecho en 6 meses es el gran desastre), después de tres años en marzo de 2004 estaba ejecutado el 0,02 por ciento. Esto es así, y además toda la Cámara se enteró de que el gasto para compensar a las empresas a las que teóricamente les había sido encargada la ejecución del trasvase había sido prácticamente nulo, el 0,02 por ciento de todo el presupuesto.


Les preocupa que no haya más dinero para los incendios, para parques nacionales, y lo solucionan con un incremento en la transferencia a las comunidades autónomas. En cuatro años ustedes hubieran podido aumentar estas transferencias y no lo hicieron, no sé por qué; ahora aprietan para hacerlo, cuando saben perfectamente que no es una cuestión de más dinero, sino de más coordinación y mejor utilización de los recursos disponibles.
Han presentado enmiendas relativas a Aquamed cuando aquí no estamos hablando de las sociedades estatales. No procede comentarlo, pero como es seguir a vueltas con el trasvase le diré que es imposible de aceptar; lo verá también mañana, cuando se discutan otras enmiendas.


Por otra parte, y respecto al accidente del Prestige, diré que una mala gestión de ese accidente llevó a lo que todos los españoles saben; ahora presentan una

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enmienda para desfacer el entuerto. Sepan que hay previsto dinero; ya lo había, pero con las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista habrá bastante más. Celebro que sean coherentes y que ya que han hecho el daño, aprieten para solucionarlo, pero me hubiera gustado ver un poco más de entusiasmo precisamente en el momento del accidente y en el tiempo sucesivo.


De las 260 enmiendas de carácter territorial que presenta el Grupo Popular no podemos aceptar ninguna, a pesar de que algunas están ya recogidas. Le pediría que, por favor, se lea con más cuidado las enmiendas presentadas y las aprobadas.


Al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque no está, le voy a contestar. Tengo que decirle también que se mire bien el presupuesto. No es verdad que haya una baja temeraria de las inversiones en Cataluña; aumentan moderadamente, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2004 había bastante dinero para cuestiones que no se pusieron en marcha, un poco por su culpa, como eran todas las inversiones compensatorias del trasvase del Ebro, que han tenido que reconducirse.
Muchas de las enmiendas que presentan ya están incorporadas, como ocurre con las relativas al delta del Ebro, la contaminación de Flix, la desaladora de Barcelona, etcétera. Están dentro del programa de las cien actuaciones sustitutivas del trasvase del Ebro. Respecto a una de las enmiendas más importantes que presenta por cantidad el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), consistente en la recuperación de una deuda que el Grupo Popular no quiso pagar desde el año 2000, aunque es verdad que la presentó el año pasado, nos hubiera gustado que durante los años 2001 y 2001 luchara con el mismo entusiasmo para recuperarla. Esta enmienda también la ha presentado el Grupo de Izquierda Unida, que no está aquí, y quiero decirles a ambos grupos que la ministra de Medio Ambiente ha reconocido la deuda y se van a poner todos los medios para devolverla. Por tanto, considero que esto está ya bien orientado.


En relación con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), me ha parecido entender que quería que le contestara que están todas, que se han incorporado y que lo que pasa es que no las sabe encontrar. Lamento no poder decirle eso exactamente de todas, pero sí de algunas, las que están incorporadas en el Plan Hidrológico Nacional, las que tienen el proyecto aprobado, las que están en segunda y tercera fase que tienen su continuidad; me ofrezco más adelante a especificar en qué cantidad y en qué partidas tienen reflejo sus enmiendas, aunque desde luego no son todas las que usted ha presentado. Nos va a ser difícil aceptarlas. Acabo ya, señor presidente, haciendo alusión a lo que es la regeneración de los bordes litorales con pequeñas actuaciones blandas que, como ven, son una gran cantidad en cada una de las provincias que tienen borde litoral. En concreto, para la provincia de A Coruña, pedimos un crédito de 8 millones de euros, con un sinfín de actuaciones que, vuelvo a repetir, serían de regeneración de lugares incluso que tienen un valor antropológico muy grande como puede ser, por ejemplo, la restauración y acondicionamiento de la fábrica de salazón en Porteliña (Muros), o bien incluso algunas actuaciones en zonas de un gran valor ecológico como es la recuperación del litoral de Couso a Os Areiros (Ribeira), o la recuperación del litoral en Corrubedo y de la Illa Sálvora próxima a Ribeira. En el caso de Lugo se centraría en el crédito de 6 millones de euros en la regeneración ambiental, en concreto de las marismas del río Landro y en la regeneración del río Eo.


En relación con las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, quiero decirles que compartimos su deseo de dedicar más dinero al deslinde del dominio público hidráulico o a hacer cosas orientadas a la nueva cultura del agua, pero, desde luego, no lo podemos hacer todo a la vez. Les anuncio que vamos a presentar una transacción, que si no he entendido mal aceptarán, a las enmiendas 1620,1627 y 1537. La transacción que les hemos propuesto pretende rebajar la cantidad presentada en cada una de ellas: a 1,5 millones para la 1620, a 1,5 millones para la 1627 y a 3 millones de euros para la 1537. Hay también alguna modificación en las partidas que deben darse de baja, que no son las correctas.


En cuanto al Grupo Parlamentario Mixto, empezaré por el BNG, ya que el señor Rodríguez tiene la delicadeza de estar presente. Muchas de las cosas que él ha mencionado -y le puedo dar algún ejemplo- están recogidas ya en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y aprobadas por la ponencia. Se recoge, por ejemplo, el Prestige, actuaciones de saneamiento y otro tipo de actuaciones que le comentaré, si puedo encontrarlas. Perdone, pero había más de 500 enmiendas presentadas. En fin, lo que quiero decirle es que ha habido un aumento considerable de dotación en las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista dedicadas a Galicia. Estas recogen en parte -no en su totalidad- lo que el Grupo Parlamentario Mixto, BNG, ha presentado; desde luego, no la totalidad de 210 millones de euros que presentaba, pero sí una cantidad notable.


Sobre las demás enmiendas, presentadas por los grupos cuyos representantes no están en este momento presentes, quiero decirles que ocurre lo mismo. De las presentadas por el señor Labordeta, hay cantidad de ellas que coinciden con las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, de modo que no vamos a aceptar las que exceden las ya presentadas. Tampoco se pueden aceptar las presentadas por Coalición Canaria -no está su representante-. Por último, están las presentadas por Eusko Alkartasuna y por Nafarroa-Bai, algunas de las cuales están ya recogidas en las partidas genéricas de regeneración de costas, regeneración de riberas, regeneración forestal, etcétera.


Concluyo diciendo que lamento que el Grupo Popular continúe con su manipulación de siempre. No quiero que se me olvide mencionar lo que ha dicho de la solidaridad anunciada por la ministra en términos del

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conjunto del presupuesto del Gobierno; que la representante de un partido que ha estado ocho años en el poder diga que cada ministerio tiene su presupuesto es no entender lo básico: que un Gobierno gobierna con el conjunto del presupuesto y con todos los ministerios. Se dará usted cuenta de que ha tenido un pequeño desliz aunque a estas horas de la noche nos puede pasar a todos y no voy a insistir en ello.


Por otra parte, no tiene razón cuando dice que si se dan de alta unos proyectos es porque se dan de baja otros, y no la tiene en el sentido siguiente: todos los proyectos cuya anualidad puede disminuir en 2005 se debe bien porque han sido adjudicados por menor cantidad, y por tanto queda una cantidad liberada, o bien porque el estado de tramitación del proyecto no permite que durante 2005 se gaste la cantidad prevista. Una de las motivaciones más queridas del Grupo Popular en este conjunto de 260 enmiendas ha sido siempre decir que se trataba de restituir las cantidades previstas en el año 2005 a ciertos proyectos. Sin embargo, señores, cuando uno no ha sido capaz de gastarse ni una tercera parte de lo que estaba proyectado en el año 2004, parece un despropósito que se pretende mantener lo que había en 2005. Esto es lo que considero el conjunto de razones que ha dado el Grupo Popular para defender su enmienda a la totalidad.


El señor PRESIDENTE: Terminamos así la discusión de la sección 23 y mañana a las nueve en punto empezaremos con la sección 18.


Se suspende la sesión.


Era la una y diez minutos de la madrugada.

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