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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 375, de 04/10/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 375
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 4 de octubre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias, con motivo de la tramitación del proyecto de ley orgánica de educación. (Número de expediente 121/000043) ... (Página 2)

-De la señora presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Ceapa (Abelló Planas). (Número de expediente 219/000307.) ... (Página 2)

-Del señor secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-titulares de Centros Católicos, Fere-Ceca (De Castro Barco).
(Número de expediente 219/000308.) ... (Página 9)

-Del señor presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, Concapa (Carbonel Pintanel). (Número de expediente 219/000309.) ... (Página 16)

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-Del señor presidente de l'Associació de Directius de Centres Publics de Catalunya, Axia (Mata Clavell). (Número de expediente 219/000310.) ...
(Página 21)

-De la señora presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, Cece (Bazo Sánchez). (Número de expediente 161/000311.) ...
(Página 29)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000043.)

-DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS, CEAPA (ABELLÓ PLANAS) (Número de expediente 219/000307.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar la primera sesión de esta Comisión dedicada a las comparecencias previas al debate de la Ley Orgánica de Educación. De acuerdo con lo que se decidió en la reunión de Mesa y portavoces, voy a insistir a los comparecientes, con toda educación, que traten de limitar su intervención a un cuarto de hora y, a los grupos que intervengan a continuación (las intervenciones se harán por orden, de menor a mayor), que en la medida de lo posible se atengan a la decisión de hacer preguntas y no realicen intervenciones demasiado largas. Tenemos cinco comparecencias programadas para hoy y tampoco quisiera que los comparecientes que vienen a continuación tuvieran que esperar excesivamente.


Aprovecho para dar la bienvenida a esta Comisión a doña Lola Abelló, presidenta de la Confederación Española de Madres y Padres de Alumnos, Ceapa, que va a ser la primera en esta lista de comparecencias. Cuando quiera tiene la palabra.


La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) (ABELLÓ PLANAS): Buenos días a todas y a todos.


Comparezco ante esta Comisión como una madre representante de miles de madres y padres de la escuela pública que hemos puesto nuestras expectativas en esta ley, ya que confiamos a la escuela lo más preciado que tenemos, nuestros hijos e hijas. Los padres y madres de las más de 11.000 APA de la escuela pública que integran Ceapa esperábamos que el Gobierno reuniera y revisara todas las leyes anteriores, llevando a cabo una interpretación del artículo 27 de la Constitución más acorde con los planteamientos progresistas que defendemos. El Ministerio de Educación ha optado por derogar una ley tan emblemática como la Logse, manteniendo la LODE, aunque con cambios, lo que significa un reconocimiento a la doble red pública-privada concertada. La Logse en su momento fue una ley innovadora que incluso iba por delante de la sociedad en aquel momento.
La LOCE, en cambio, fue un retroceso para las expectativas sociales del siglo XXI. La Ley Orgánica de Educación, LOE, es una ley que se ajusta a la realidad social, política y cultural española de hoy. Respeta el crisol de diversidad que se extiende a lo largo y ancho de nuestra geografía, un cambio significativo, pues enfatiza la coordinación, la cooperación y la colaboración entre administraciones educativas. Son frecuentes expresiones como: de común acuerdo, previa consulta, etcétera, otorgándole mayor peso a las administraciones locales que son las más próximas a los ciudadanos, para propiciar una mayor eficacia, coordinación y control social del uso de los recursos. En la LOE, calidad es un sustantivo que se conjuga con la equidad, ocupando un título entero fundamental, el título II, donde se pretende garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa. Sobre este título II Luis Gómez Llorente, quien fuera vicepresidente del Congreso de los Diputados, ha escrito recientemente en un artículo que es de tal importancia que bastaría por sí solo para justificar la existencia de la Ceapa y de todas sus entidades federadas, a fin de vigilar y estimular su cumplimiento. Si cuanto establece este título de la LOE se cumpliera, efectivamente habríamos dado un paso colosal en el saneamiento de la escuela pública.
Una buena y fuerte escuela pública puede ayudar a elevar el nivel educativo de este país.


En la LOE también encontramos valores como el respeto a la pluralidad lingüística y cultural -una realidad, la interculturalidad-, el medio ambiente, el desarrollo de hábitos saludables, la igualdad entre hombre y mujer, las actitudes para la resolución de conflictos y el ejercicio de la ciudadanía, con el fin de conseguir una mayor participación activa, pero falta algo tan importante como la no discriminación por razón de sexo. No se entiende que cuando la ley pide reiteradamente que se incida en especial en la lucha contra la discriminación de género se consienta que haya centros sostenidos

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con fondos públicos que prescindan de la coeducación, principal medio para formar a los menores en la experiencia imborrable de la igualdad de capacidades y derechos entre personas. Tal contradicción esperamos que se corrija en este trámite parlamentario.


A los progenitores, a los padres y madres como los que represento hoy, nos interesa qué deben aprender nuestros hijos, lo que llamamos los contenidos, el currículum, pero aunque es importante qué contenidos van a aprender también nos interesa cómo y cuándo lo van a aprender, esos tiempos flexibles que pedimos, porque todos los niños no aprenden al mismo ritmo y de la misma manera. En la sociedad de la información y la comunicación ya no nos valen unas mentes llenas de contenidos, queremos que los niños, las niñas y los jóvenes sean protagonistas de su propio aprendizaje, que aprendan a pensar por sí mismos, que sepan hacerse preguntas y buscar respuestas. La escuela debe suministrar las herramientas para todo ello, para adquirir esos conocimientos y esas habilidades, tan importantes como los conocimientos, que requiere la sociedad de la información.


Para ello nosotros creemos que es necesario un alumnado que domine unas competencias básicas, de las que se habla en la ley, en particular la lectura comprensiva, en letras mayúsculas, pues sin un buen nivel de lectura es difícil que nuestros hijos logren descifrar un problema de matemáticas o unas propuestas de naturales, y podría seguir con muchos ejemplos. También necesitamos un profesorado capacitado, con una formación inicial y continua más acorde con este nuevo escenario de aprendizaje en donde se desarrolla esta sociedad de hoy y para el futuro.


Tercer punto y muy importante y necesario, una gran inversión en educación -y digo inversión, jamás utilizamos la palabra gasto, porque todo el dinero que se emplee en educación es una inversión en el futuro, y en el futuro de un país- para afrontar una reforma que dé respuesta a los retos que tenemos planteados para encarar la sociedad del siglo XXI. La LOE contempla la participación de los padres y las madres. Es muy importante que los padres participemos en la escuela, tanto en el ámbito individual, para hacer el seguimiento y colaborar en el aprendizaje de nuestros hijos -o sea, acompañar en el aprendizaje-, como en el colectivo. El consejo escolar de centro vuelve a ser un órgano de gobierno de centro ejerciendo la gestión y el control social que la LOCE le había quitado y que se plasma en el artículo 27.7 de la Constitución: los profesores, los padres y en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos en los términos que la ley establezca.


Nosotros queremos aquí subrayar que el consejo escolar retoma unas competencias, que no atribuciones -esto es una diferencia en la ley-, pero para que la participación de los padres y madres sea efectiva Ceapa demanda la paridad entre profesores, padres y alumnos en los consejos escolares de centro, o bien la mayoría simple para decisiones que tanto nos competen, como por ejemplo la aprobación del proyecto educativo de centro, que celebramos que se contemple en esta ley, pues para las escuelas públicas hasta el momento nunca se había formulado la necesidad.
Ceapa pide que en la elección del director la decisión recaiga en exclusiva sobre el consejo escolar para que la democracia en los centros sea una realidad. Una de las competencias -y vuelvo a decir aquí la diferencia-, que no las atribuciones -ya que competencias quiere decir que se debe llevar a cabo para la gestión democrática de los centros-, es la elección del director por parte del consejo escolar de centro. En esta ley la comunidad educativa participa en la elección del director, pero la decisión final queda en manos de la Administración. Las organizaciones de madres y padres, las APA, tienen un papel muy importante a realizar en este momento educativo, ser correa de transmisión entre el centro y el entorno más próximo. Es una función social, no solamente una función de control social o de organización del centro, hay una función que va mucho más allá para lograr la integración; hablamos de la integración de los niños, los niños son diversos, pero las familias también deben integrarse para poder colaborar y ayudar a esos niños en su recorrido de aprendizaje. Por tanto, las APA pueden ser precisamente estas organizaciones que ayuden a que las familias, muchas de ellas venidas de todas partes del mundo, puedan hacer esa función que se les pide en la ley, que implica acompañar a sus hijos en el aprendizaje.


La LOE reconoce este papel, en el artículo 119.5 dice que los padres y los alumnos podrán participar también en el funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las administraciones educativas favorecerán la información y la formación, punto muy importante, dirigidas a ellos.
Las APA y las federaciones ya tenemos escuelas de padres, pero la participación cuesta dinero y tiempo, cosa muy importante que actualmente los padres y madres no tenemos. No obstante, Ceapa considera que las administraciones educativas deben apoyar la labor de las APA, repito, con recursos económicos y formación.


En cuanto a la autonomía del centro existen en la escuela pública colegios de infantil y primaria y de secundaria. En los colegios de infantil y primaria pueden tener un proyecto educativo muy innovador y luego tener dificultades para continuar con este proyecto en un instituto de secundaria. Este es un problema que la escuela pública presenta hoy en día. Por ello pedimos que se contemple una autonomía que adscriba dos o más centros, con un consejo escolar de distrito o territorio como órgano de gestión, ya que los consejos escolares municipales son meramente consultivos, hacen muchos informes, pero en este momento necesitamos que sean decisivos para la organización de todo lo que es la educación -y no estoy hablando solamente de la enseñanza-, ya que los niños aprenden tanto en el horario

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lectivo como fuera de él, léase en el tiempo del comedor o las extraescolares, y estas actividades que son educativas no las regula el consejo escolar del centro. Necesitamos otro órgano jurídico que se haga cargo del transporte -estamos hablando también de la pluralidad de centros, con lo cual hay escuela rural-, comedor e incluso pernoctación si hace falta, todas esas actividades que salen de los bolsillos de los padres, con lo cual la discriminación en todo lo que no es lectivo está produciendo ya una grieta en esta sociedad. Es decir, pedimos unas unidades educativas que abarquen varios centros con órganos de dirección y gestión propios. Por tanto, que estos consejos escolares contemplen la gestión y el control de las actividades extraescolares o paraescolares o interescolares. Esas actividades fuera del horario lectivo también son educativas.


Los padres y madres pedimos un reconocimiento y apoyo a la función educativa que debemos y queremos llevar a cabo, no solo por parte de la las administraciones públicas, sino de toda la sociedad. Es inevitable que mencione el último informe PISA. Toda Europa atraviesa procesos de reforma a partir de su publicación. Nosotros también queremos ser los primeros de la clase, como Finlandia, y necesitamos que toda la sociedad apueste por la educación desde todos los ámbitos. Y hago una pregunta: ¿seremos capaces de generar un modelo socioeconómico y un cambio de mentalidad que permita las condiciones necesarias para que la educación sea una prioridad social? Hasta que no logremos que la educación sea un asunto de Estado no obtendremos la estabilidad del sistema educativo que tantos miles de padres y madres, a los cuales represento, estamos pidiendo a los políticos, a ustedes, que, a fin de cuentas, son nuestros representantes que hemos elegido democráticamente. Ahora les toca a ustedes esforzarse porque el esfuerzo está contenido en esta ley, pero ahora es su turno para que se esfuercen y que la LOE nos dé un marco donde desarrollar nuestras legítimas aspiraciones ya que tienen en sus manos el futuro de lo más preciado por nosotros, nuestras hijas e hijos.


Gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Abelló, por el respeto al tiempo.


Pasamos al turno de intervenciones de los grupos. Les recuerdo, aun a riesgo de hacerme pesada, que se ajusten a los tiempos que hemos decidido en Mesa y portavoces. Empezando por orden de menor a mayor, y no habiendo nadie del Grupo Mixto, tiene la palabra por Izquierda Verde Carme García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar, quiero felicitar a la señora Abelló y agradecerle su comparecencia que seguro ha sido de total interés, por lo menos lo ha sido para mí, para los diputados que estamos asistiendo a ella.


Voy a obviar algunas cuestiones que comparto totalmente que usted ha mencionado. En todo caso quiero decir para que quede constancia que mi grupo parlamentario, y personalmente yo como diputada, como mujer, como madre, como tantas cosas ya que he pasado por la participación de madres y padres, reconoce enormemente la función que ustedes están desarrollando y han desarrollado a lo largo de estos últimos 25 años. Esto ha sido importante porque han sido motor en muchos momentos de un impulso a la escuela pública y también avanzadilla en muchas cuestiones que se han ido regulando y realizando. En principio, la colaboración y el trabajo de las asociaciones de padres y madres con el marco escolar ha sido lo que ha posibilitado esa mejora y calidad que ahora tiene la escuela pública, que esperamos y queremos que vaya a más, desde una valoración positiva que es la que nos mueve, y que todos deseamos.


Dicho esto le voy a preguntar directamente, como nos ha aconsejado la presidenta, sobre algunos aspectos que me parece que no ha desarrollado mucho para que profundizara en ellos. En primer lugar, nos ha hablado de la necesidad de un modelo socioeconómico y de una apuesta real para dar prioridad a la escuela pública. Yo le pregunto si cree que con la propuesta de financiación que tiene esta ley se vislumbra que se pueda desarrollar, como se necesita en estos momentos, el sistema educativo y qué piensa sobre los beneficios que podría tener si hubiera un planteamiento impositivo diferente; si cree que el gasto social, o mejor dicho, la inversión social -y me gusta mucho lo que ha dicho- con relación al PIB que se realiza en nuestro país es la adecuada o si considera que aquí tendría que haber una apuesta diferente para poder desarrollar este sistema de educación que todos esperamos. También le quería preguntar sobre un aspecto que me ha parecido muy interesante referido a que las unidades educativas agrupen varios centros. Esta idea me parece supernovedosa, por eso le pediría que nos dijera qué beneficios podrían tener para el conjunto del sistema educativo estas unidades educativas, no tanto centro por centro, sino desde la dimensión territorial. También le quiero preguntar cómo cree que afecta en el conjunto de los resultados educativos la falta de conciliación de la vida laboral y familiar que tenemos en nuestro país; si cree que esta es una clave fundamental para dar un salto en los resultados; si tendría que ser una prioridad y cómo, y de qué forma se ha de ligar a la propuesta de la LOE. Por último le voy a preguntar de una manera muy directa qué piensa de la propuesta que se hace sobre la religión en la ley y si considera que la misma tiene que realizarse dentro del horario escolar o si tendría que ser una temática absolutamente al margen del curriculum y del horario escolar.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Canet.


El señor CANET COMA: Quiero agradecer, igual que ha hecho mi compañera Carme, la presencia de Lola Abelló y sobre todo reconocer, desde el trabajo de

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algunos que somos diputados pero provenimos del mundo de la enseñanza y después de muchos años de dirigir un centro público, el esfuerzo de las asociaciones de padres y madres de alumnos en la cotidianeidad de un centro educativo.


Como muchas de las preguntas que le quería hacer ya han sido formuladas, le voy a hacer simplemente tres: una genérica, ya que ha hecho una alusión a la participación en la elección del director, y es ¿cómo valora en general desde su posición la participación de los padres de los alumnos en el conjunto del sistema educativo a tenor del contenido del proyecto de la ley de educación? La segunda y tercera pregunta están bastantes ligadas. Ha hablado de la incomprensión, la cierta sorpresa que le produce que no se elimine la discriminación por razón de sexo, y eso va ligado a la existencia de determinados centros que no practican la coeducación y a los conciertos económicos. En este punto le pediría su opinión sobre si el concierto económico tiene alguna incidencia sobre el sistema educativo, bueno o malo, o simplemente si no la tiene y cuál sería la posición de su asociación.


La señora PRESIDENTA: Por Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió queremos darle la bienvenida a esta Comisión, agradecer su explicación, decirle que la glosa positiva que ha hecho de la LODE se comparte absolutamente por parte de mi grupo parlamentario que participó en la elaboración de la misma, y también que desde Convergència i Unió se reconoce, cómo no, el papel importantísimo que juegan las asociaciones de madres y de padres.
Por no extenderme en este preámbulo querría entrar directamente barajando tres cosas de su exposición que me han parecido muy interesantes.


La primera, usted ha dicho: comparezco como una madre; ha dicho también: a todos nos gustaría ser Finlandia; y ha dicho también que es evidente que un pilar del éxito es un buen nivel de lectura, la competencia lectora.
Pues bien, yo tenía aquí unas noticias que han aparecido recientemente en prensa que juegan estos tres papeles que se podrían sintetizar con estas frases, que dicen que las estructuras que posibilitan esta comprensión o capacidad lectora son: la familia, la escuela y las estructuras socioculturales de apoyo educativo (bibliotecas, etcétera), pero dice también que en Finlandia el primero de estos ámbitos es sin duda la familia, fuera de la escuela. Yo le preguntaría si usted, que dice que comparece como madre y con su experiencia desde una asociación de padres y madres, estaría de acuerdo en que el papel de la familia es el primer responsable de esta corresponsabilidad evidentemente compartida.


Segundo punto, incido en algo que ha dicho la señora García que me parece muy interesante, como tantas de sus intervenciones. Algo que también pasa en Finlandia y que pasa en menor medida en España es el gasto público en medidas de conciliación. La conciliación es muy importante, el papel de la familia será importantísimo, pero hasta qué punto puede la familia -usted lo ha dicho ya en su intervención- ser participativa con esas jornadas laborales, con esos horarios demenciales, etcétera. Yo creo que estos puntos no se pueden desligar, y me gustaría saber su opinión.


En tercer lugar, me gustaría saber también si desde su punto de vista la responsabilidad de los padres puede desligarse de una elección de centro.


Finalmente, me gustaría saber si el proyecto que tenemos de LOE usted considera que ha recogido las principales propuestas que ustedes han hecho en este diálogo previo, si hay algunas que no se han recogido y qué ejes -usted ha dicho: las responsabilidades ahora son de ustedes los políticos-, qué sugerencias o qué apuntes nos da de cara a modificar o a mejorar el texto que tenemos en este momento en elaboración.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: En primer lugar, agradezco a la señora Abelló, presidenta de Ceapa, su presencia en esta Comisión, su interesante exposición que he podido seguir con mucho interés y, haciendo caso al requerimiento de la presidenta, yo quería plantearle tres cuestiones que a nuestro grupo le preocupan, en algunas de ellas ha incidido usted en su intervención pero nos gustaría que aclarase más.


Usted ha hecho una breve referencia al informe PISA, yo no voy a incidir más en él que lo estrictamente necesario, todos conocemos en esta Comisión los alarmantes datos que hacen referencia al nivel de conocimientos de nuestros alumnos, pero sí me gustaría que usted como presidenta de una asociación de padres, de una importante organización de padres, nos hiciese una valoración particular del grado de adquisición de conocimientos y la competencia de los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje, si usted cree que es satisfactorio, y sobre todo si el actual sistema educativo da respuestas satisfactorias a esa necesidad y a ese nivel de conocimientos de nuestros alumnos.


En su intervención también ha hecho una referencia a lo importante que es saber qué deben aprender nuestros hijos, cuándo y cómo, y en este caso me viene a la mente la situación de los centros escolares, cómo les facilitamos la jornada a los alumnos, cómo involucramos por supuesto en ella a los profesores, qué valoración le merece en este caso la jornada continua dentro de los centros escolares.


Por último, nos gustaría saber qué diagnóstico hace usted como madre y como presidenta de una organización de padres sobre un tema de triste actualidad, y son las situaciones de falta de convivencia que vivimos en los centros escolares. Desgraciadamente se está convirtiendo en habitual en los medios de comunicación, y cuando se hace en los medios de comunicación es porque empieza a surgir a la luz pública un problema que está

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presente dentro de nuestro sistema educativo y dentro de los centros escolares, que son las situaciones de acoso escolar. Cómo podemos mejorar la convivencia dentro de los centros escolares; qué marco de convivencia podemos establecer; ¿es necesario que en ese marco de convivencia padres y centros escolares tengan una mayor implicación?; y cómo podemos conseguir que esa relación más intensa pueda establecerse entre el centro escolar y la responsabilidad de las familias.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Agradecemos la comparecencia de la presidenta de Ceapa y también por la preocupación que demuestran a diario por la educación tanto ella en primer lugar como el resto de familias a las que representa.


Con la premisa de que en el Grupo Socialista nos consideramos en buena medida reconfortados porque entendemos que la propuesta que hace el ministerio, que sin duda alguna tendrá que variar esta Comisión, está en la línea de lo que la Ceapa quiere, ha empezado manifestando, desde un reconocimiento a la Logse que nosotros también hacemos aun cuando la consideramos superada, qué tipo de cambio era necesario, si la propuesta actual de la LOE responde a la necesidad de cambio, en primer lugar, con relación a una Logse que ya tiene unos años de vigencia y, en segundo lugar, con relación a una LOCE que nosotros creemos que estaba bastante contestada por la comunidad educativa que usted representa.


En segundo lugar, ha hablado también de pluralidad. Nosotros hemos manifestado públicamente que la LOE pretende cambios sociales, políticos y autonómicos, creo que se ha referido a los tres, y en este aspecto nos gustaría saber su opinión de si responde a la pluralidad necesaria de este país con relación a la comunidad educativa, a los grupos políticos y a las comunidades autónomas, si realmente la LOE responde a esas expectativas.


En tercer lugar, ha hablado de la relación calidad-equidad, yo creo que es un binomio que afortunadamente se ha puesto en circulación por parte del ministerio, la ministra en concreto, y nos parece que ahí hay un aspecto importantísimo que es el de reparto, dicho así, el equilibrio de alumnos con necesidades educativas especiales. Qué le parecen a la compareciente, porque creo que no se ha manifestado en ese aspecto, las intenciones de la LOE con relación a que haya un equilibrio de alumnos entre los distintos tipos de centros.


En cuanto a la lectura, a la que se ha hecho mención por otros grupos, nos gustaría saber si la propuesta que hay sobre bibliotecas le parece bien a la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos.


Sobre la financiación creemos que por primera vez hay una apuesta fuerte, concreta, por parte de la Administración central que obliga a las comunidades autónomas a una serie de decisiones, hay una apuesta fuerte por parte del ministerio sobre esa financiación, que lógicamente será complementada, puesto que el sistema esta transferido, por las comunidades autónomas. En cuanto a la memoria económica que acompaña a la ley, qué le parece a la presidenta de la Ceapa.


Con relación a la participación, aun cuando hemos leído que la Ceapa tiene una postura hacia una mayor implicación del consejo escolar en la elección del director, si le parece que hay un paso importante en la participación comparando la LOE con la LOCE anterior en cuanto a competencia de consejos escolares, etcétera.


Nos ha dado una explicación del paso o la diferencia que hay para Ceapa entre lo que podían ser zonas de admisión de alumnos a zonas educativas con un peso más importante, más profundo, más global, de lo que es la exclusiva admisión. En la LOE se habla de ambos términos, específica y concretamente se habla de hacer zonas de admisión idénticas para centros públicos y concertados, cosa que no ocurre ahora mismo. Queríamos saber también qué le parece a la Ceapa esa oferta plural, puesto que la Constitución así lo exige, para todos los alumnos.


Por último, con relación al informe PISA y a la estabilidad que todos pretendemos del sistema educativo, y por resumir en tres términos la idea que creemos que la LOE contempla, estaría de acuerdo con las indicaciones que hace el informe: hay un aumento de la participación con respecto al sistema anterior; hay un aumento de la integración, entendido en el sentido más amplio de las redes educativas -pública y privada-, de los alumnos con necesidades y de los propios padres en la escuela; y, por último, la financiación. Estos tres elementos: participación, integración y financiación podrían ser tres elementos que caracterizarán a la propia LOE.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para contestar la señora Abelló.


La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) (Abelló Planas): Me han preguntado muchas cosas y espero poder responder a todos y cada uno de ustedes.


Empezamos por la cuestión económica. Evidentemente una ley con una memoria económica es de agradecer porque sin dinero, seamos francos no tendremos recursos económicos, pero tampoco tendremos los humanos para llevar a cabo todo el marco en el cual nos sitúa la LOE. Evidentemente la apuesta por esta memoria la respetamos muchísimo, pero necesitamos una apuesta económica mucho mayor, y me explico. Una ley educativa es un marco en donde poder desarrollar todas las actividades referentes a dos cuestiones que son parecidas, pero no iguales: la enseñanza y la educación. La enseñanza normalmente se circunscribe a los centros en los cuales se da, y la educación va más allá de lo que es

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puramente lectivo. Como lo que queremos nosotros es una ley de educación, porque la educación es un derecho y la enseñanza es un servicio público, vuelvo a sacar el informe Pisa para que sirva como muletas mediante las cuales les explicaré hacia donde creemos que debe ir la educación.
Estamos hablando en términos económicos, pero términos económicos no son solamente partidas presupuestarias sino el esfuerzo de toda una sociedad.
En Finlandia, que es nuestro espejo desde el año pasado, han apostado desde hace tiempo por un modelo socioeconómico en el que han invertido a medio y largo plazo en nuevas tecnologías y en investigación, y en España hemos pasado de ser un país industrial a un país de servicios, con lo cual hemos invertido en tochos, lo que nos ha llevado desgraciadamente a contratos parciales, a contratos basura, a inestabilidad laboral y a horarios imposibles. Estoy hablando de una realidad en la que los padres estamos inmersos y la sufrimos. Resulta que no hay milagros, y si cada vez bajamos más los impuestos no llegaremos nunca a tener un Estado del bienestar. No quiero que ahora la prensa haga el titular de que Ceapa pide que aumenten los impuestos, no voy por ahí, (Risas.) pero Ceapa es realista y además representamos a una llamada por los medios de comunicación clase media que en realidad es una clase trabajadora, porque no llegamos a entrar en esta clase media, de la que cada vez nos alejamos más, pero tampoco estamos en una clase en la que la necesidad nos posibilite disfrutar de ayudas. Representamos mayoritariamente a una masa social que ha perdido capacidad adquisitiva y que quiere disfrutar de un Estado del bienestar; pero sin impuestos y una buena redistribución de los mismos no hay Estado del bienestar. Por lo tanto, la educación, junto con la sanidad y otras cosas, es un pilar de esta sociedad. Aquí es adonde queremos llegar, queremos tener una estabilidad laboral para poder dedicar tiempo, con mayúscula, a nuestros hijos, aunque sea pequeño, pero que sea de calidad, porque una inestabilidad laboral a lo que nos lleva es a una angustia, a un no llegar y a una desestructuración del proyecto educativo familiar que todos hacemos, pero para llevarlo a cabo necesitamos todas estas condiciones socioeconómicas. En Finlandia han apostado por un tipo de sociedad que considera ya elevada a categoría de Estado la educación y que facilita que esta educación se lleve a cabo con el concurso de todos. Nosotros valoramos positivamente la memoria y lo que se va a invertir, pero pedimos un cambio social importante, y lo pedimos aquí porque son políticos y nuestros representantes; queremos un cambio de políticas económicas en las que podamos cimentar realmente ese Estado del bienestar, en el que la educación es uno de sus pilares. Por eso pedimos que se eleve la educación a una cuestión de Estado, que no esté a merced de los vaivenes políticos partidistas. Me es igual en este momento la Logse, la LOCE o los partidos, lo que queremos realmente es que la nueva ley sea de los ciudadanos; queremos que sea nuestra, que la sintamos como nuestra. Ceapa se ve realmente reflejada en muchos de los planteamientos -y con esto contesto al señor Benzal- pero queremos que los ciudadanos, padres y madres, se vean todavía más representados porque así la hacemos nuestra. Eso quiere decir que ese marco está dentro de las necesidades de la realidad social. Estamos en un Estado de las autonomías -ya lo sabemos-, por lo tanto, tenemos una ley que respeta este Estado de las autonomías en donde el Estado tiene el derecho y el deber de legislar con una ley, pero también ha de respetar que luego se desarrolle en las diferentes autonomías, y además concede una especial importancia a las administraciones locales, que tienen que regular todos los recursos. Por lo tanto, en este sentido nos sentimos cerca de esta ley, pero deberemos velar para que se pueda desarrollar en toda su extensión.


La conciliación de la vida familiar y laboral es un tema importantísimo y me parece que ayer salían precisamente en un comunicado de prensa siete medidas que impulsamos desde la Ceapa. La conciliación no es una realidad actualmente -ya he explicado algunas de las razones anteriormente- y además la sociedad continúa con la idea de que el hombre lleva la carga productiva y la mujer la reproductiva, cuando ya es una realidad la incorporación masiva de la mujer no solamente al mercado laboral sino también al profesional y a los puestos de responsabilidad. Las mujeres todavía estamos sometidas a una doble jornada y esto tiene que cambiar, por esto es por lo que pedimos este sistema económico y esta sociedad del bienestar. Y por otro lado, también solicitamos toda una serie de medidas como, por ejemplo, el que estén los centros abiertos doce horas, que no es para dejar a nuestros hijos doce horas, ni mucho menos, sino para que todas aquellas medidas y políticas educativas de refuerzo que vayan a hacerse fuera del horario lectivo, puedan llevarse a cabo, que los padres podamos participar, implicarnos mucho más en todo aquello que no es lectivo pero que en cambio sí que es nuestra responsabilidad. Las APA toman la responsabilidad de estas actividades extraescolares que nacen en un principio de unas deficiencias del sistema educativo -léase informática, inglés, etcétera- y que luego ya forman parte del mismo, y nosotros debemos intentar conciliar, poder ir a recoger a nuestros hijos mientras hacen unas actividades que sabemos que son educativas. Debemos intentar que el tiempo que estemos con ellos sea de calidad, lo dediquemos a la lectura conjunta o a ver la televisión conjuntamente -cuestión que no ha salido-, que también es uno de estos agentes educativos que se nos ha colado dentro de casa, aunque, y al mismo tiempo, debemos hacer dietas televisivas para nuestros hijos. La responsabilidad de los padres es inmensa, se reconoce precisamente en la ley, pero nos faltan recursos para llevar a cabo esta gran responsabilidad; recursos que no es que nos den un presupuesto especial para padres, sino que la sociedad entienda también su responsabilidad y nos apoye con otro tipo de tiempos laborales, que no recaiga siempre en que la mujer abandone el trabajo. Queremos las responsabilidades compartidas hombre-mujer

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tanto en el terreno laboral como en el profesional y de responsabilidades sociales, si no las mujeres nunca podríamos estar, por ejemplo, aquí delante hablándoles a todos ustedes. Por tanto, centros abiertos, también actividades fuera del horario lectivo, actividades lúdicas, porque estas actividades lúdicas también son educativas. No pensemos sólo en que queremos guarderías, no. Hay una cuestión muy importante. Tal como está hoy estructurada la sociedad, no tenemos muchos hijos, uno, dos, tres, algunos tendrán más, pero ¿dónde se socializa el niño o la niña que es hijo único? Pues en la escuela. ¿Y qué tienen que aprender? Ya hemos hablado de ello, aunque luego incidiré, pero una cosa muy importante es a convivir. No quiere decir que los padres hagamos dejación de nuestra responsabilidad. Tienen que empezar en casa conviviendo con adultos, y muchas veces -esto también entra dentro de la conciliación- estos adultos que estamos criando a nuestros hijos tenemos también a personas mayores dependientes, porque hemos retrasado la maternidad por cuestiones obvias que no hace falta explicar aquí, y entonces se nos juntan unos pañales con los otros. Esto es una realidad, una realidad repartida, con lo cual también pedimos una ayuda en este sentido a la sociedad. Esto también forma parte de la conciliación vida familiar-vida laboral en cuanto a las estructuras familiares, porque hay muchas familias actualmente con mucha falta -valga la redundancia- de ayudas sociales. Retomando el tema de la convivencia, empezamos por la familia, pero una familia estresada qué modelo puede dar, porque los padres educamos aunque no queramos. Por tanto, necesitamos un poco de tranquilidad. Como decía, empezamos la convivencia en casa, pero luego donde aprenderán a convivir con sus coetáneos es en la escuela. O sea, que en la escuela -cuando digo escuela léase todos los centros- los niños y niñas aprenden lo que es la sociedad, la convivencia con la multiculturalidad, que ahora ya es una realidad, con diferentes ideologías, religiones, etcétera, que deben respetar. Y aquí voy a contestar -ya ven que hago mi propio tejido de sus preguntas- a la pregunta de la señora García en cuanto a la religión. No he hablado precisamente de la religión en mi exposición porque resulta que ésta ha poralizado todo el debate educativo durante todo el año y estoy poniendo encima de la mesa cuestiones incluso más importantes. Todo el mundo sabe, porque lo hemos dicho, que la Ceapa apuesta por una escuela laica, precisamente para que la convivencia sea efectiva.
Nosotros queremos que nuestros hijos convivan con niños y niñas de todas las religiones, de todas las culturas y que aprendan el respeto, que no se hagan diferencias grupales, porque se llega a una cohesión grupal pero no a una cohesión social, que es el objetivo básico de nuestra organización y creo que de todos ustedes y de toda la sociedad. Para que la cohesión social sea efectiva no debe haber esta separación por grupos.
Este respeto es el principio de la convivencia. Incluso hemos llegado a decir que la religión se impartiera fuera del horario lectivo, pero en la escuela, porque entonces es voluntario. Es una opción privada de las familias. Entonces, como entendemos la escuela como el terreno de las opciones públicas, que son de todos, los padres podemos hacer esta opción privada y encontrar los cauces suficientes, voluntarios, para que nuestros hijos desarrollen esta opción, pero sin conculcar los derechos de otros padres que han decidido que no quieren la opción de la religión.
En eso me parece que el artículo 27 de la Constitución es muy claro, porque dice que todos, las madres y padres, tenemos el derecho de educar a nuestros hijos (y los poderes públicos deben asegurárnoslo) según nuestras ideologías, religiones, etcétera. Por tanto, un tratado internacional no puede conculcar lo que tenemos en nuestra Carta Magna.
Eso es lo que pensamos respecto a este punto.


Sigo con el tema de la convivencia. La convivencia es muy importante y nunca diré, porque lo pongo todo en positivo, violencia en las aulas, porque la violencia a veces estalla en las aulas, pero la violencia está en la sociedad misma, y tampoco voy a poner en la picota a la televisión.
La televisión como las aulas son un reflejo de esta sociedad. Por tanto, como está en la misma sociedad es un esfuerzo de todos, absolutamente de todos, porque cuando está la escuela abierta hay conflictos en las aulas, pero cuando hay vacaciones hay conflictos en las calles, por tanto es una responsabilidad de todos no solamente de las escuelas, y aquí sí que les pido que hagamos un esfuerzo todos para lograr esa convivencia. Eso implica -y en eso estamos de acuerdo- que el Consejo Escolar retome las competencias, pero ha de haber una mayor implicación de los padres por este camino de las organizaciones, de las APA, que con ayuda de la formación pueden contribuir a que la convivencia del centro resulte mucho más fácil. Seguramente falta en los institutos una figura de mediador para la resolución de conflictos, que en la ley se adjudica al director.
No creemos que sea el director el que deba ostentar la figura de mediador en la resolución de conflictos. Todo esto ha de empezar desde la educación infantil; debemos tener confianza en que los niños saben hablar, saben explicar muy bien muchas cosas y ellos deben ser los mediadores desde la educación infantil. Ya sé que ahora me dirán que son muy pequeños en primaria. Conozco unas experiencias estupendas en toda la geografía en las cuales desde primaria han empezado los mismos niños a ser mediadores y a solucionar sus conflictos y han llegado a educación secundaria sin necesidad de buscar a esta persona. Son ellos mismos los que tienen que tener esta responsabilidad, porque aprendizaje no puede ser una obligación, ha de ser una responsabilidad. Eduquemos a nuestros hijos con la responsabilidad de convivir.


He hablado de participación, conciliación y, aunque me quedan muchas cosas, déjenme hacer hincapié en la lectura. Evidentemente los niños se hacen lectores en casa, no en la escuela. Eso está muy asumido por nosotros, hacemos campañas de lectura y está claro que tenemos que leer con los niños, pero en la escuela es

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donde se tiene que dar la base de esa lectura comprensiva; los niños deben leer en alto. Esa escuela que está demasiado pegada al texto escrito tiene que dejar paso a la oralidad. Luego nos quejamos de que los niños no saben expresarse pero es que esto va muy ligado a la lectura. Creemos que las bibliotecas son un puntal para esto. No todas las familias tienen los mismos recursos para ayudar y acompañar a sus hijos en todo el aprendizaje. Estas bibliotecas en el centro escolar y que además estén abiertas al entorno son un puntal para que los niños de aquellas familias que por sus limitaciones no pueden ayudarles puedan acudir. Por eso tiene tanta importancia las APA porque se pasa del yo al nosotros, y este nosotros es un recurso educativo para esta ley.


Se me quedan muchas cosas en el tintero pero se ha acabado mi tiempo.
Quiero terminar hablando de la jornada. Nosotros abogamos por la jornada partida porque el ritmo de aprendizaje de los niños y los tiempos escolares son muy distintos. Una jornada continua llena el tiempo y no les da el respiro suficiente para combinar el aprendizaje con el juego y los tiempos de convivencia. Los tiempos del recreo son muy importantes, al igual que los tiempos del comedor porque los niños aprenden hábitos.
Por lo tanto, abogamos por la jornada partida por muchas razones: para respetar los tiempos de aprendizaje y de descanso de los niños -que deben alternarse-, sobre todo en los más pequeños, y también para la conciliación de la vida familiar y la vida laboral.


Si creen que hay alguna cosa que no he contestado y que es de vital importancia lo haré en los minutos que me conceda la señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Abelló por su comparecencia.
Esperamos volver a verla por esta Comisión y damos por terminado este primer turno.


La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS (CEAPA) (Abelló Planas): Gracias a todos.
Perdón, señora presidenta, me ha quedado una última cosa a la que no he contestado que me parece muy importante -entiéndanlo, somos madres y padres-, y que he recordado al ver al compañero Manuel de Castro; tiene que ver con las escuelas concertadas. Cuando hemos hablado de unidades educativas distintas de las que ahora están en estas zonas en las que se generan una serie de necesidades educativas fuera del horario lectivo, como las extraescolares, habría que decir que estas unidades educativas en estas zonas pueden estar constituidas tanto por escuelas públicas como por escuelas concertadas, que hacen un servicio público. Podemos trabajar conjuntamente. Hay cuestiones, a parte del tiempo fuera del horario lectivo, en las que la Administración local tiene mucho que decir. Lo que es deseable es que los niños no se desplacen de la zona donde viven, sino que puedan aprender muy cerca y, por lo tanto, esta zona o distrito puede dar mucho de sí. Piénsenlo, reflexionen sobre ello.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Abelló.


Damos por terminada esta primera comparecencia. (Rumores.)

Por favor, tenemos que seguir porque si no acumulamos retrasos.


-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS, FERE-CECA (DE CASTRO BARCO).
(Número de expediente 219/000308.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar la segunda comparecencia de esta sesión. Damos la bienvenida a Manuel de Castro, Secretario General de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos, que tiene la palabra durante los 15 minutos que le corresponden a cada compareciente.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE-CECA) (De Castro Barco): Señora presidenta, señores diputados, en primer lugar quiero agradecer la invitación recibida para comparecer ante ustedes y explicar la visión de la escuela privada concertada de ideario católico ante los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo educativo debidos, principalmente, a la tramitación de una nueva reforma educativa impulsada esta vez por el Partido Socialista. Gracias también por el servicio a la educación que desde esta Comisión vienen haciendo. Les vamos a comprender un poco más viendo el aguante que tienen que tener para escucharnos a todos nosotros.


Desde el primer momento de mi intervención quiero dejar claro que FERE-CECA y Educación y Gestión han apostado firmemente y siguen haciéndolo por la consecución de un pacto escolar que deje a la educación española al margen de las disputas y vaivenes políticos. Pero somos conscientes de que dicho pacto solo será posible con el acuerdo de las grandes fuerzas políticas y que no puede conseguirse a cualquier precio, sino que debe basarse en promover en el marco constitucional la calidad y las libertades educativas y no en rebajarlas. Por su parte, la comunidad educativa -titulares, padres, profesores y alumnos- ha realizado en estos últimos años destacables esfuerzos que culminaron en la declaración conjunta a favor de la educación de 1999 y con el borrador de pacto social por la educación de marzo de 2005 -no nato-, al que le faltaron pocos elementos para ser firmado pero que tuvo una gran importancia porque recogía el consenso de una gran parte de la comunidad educativa.
Sin embargo, y muy a nuestro pesar,

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consideramos que el proyecto de LOE se aleja del contenido y espíritu de dichos pactos y supone un verdadero retroceso en planteamientos ya recogidos y aceptados por la LODE, esta y la Logse son leyes orgánicas promovidas y aprobadas por el Partido Socialista. Desde nuestro punto de vista, el texto presentado en el Congreso de los Diputados para su tramitación como LOE no supone el avance objetivo que nuestra escuela necesita, y cuando hablo de escuela me refiero tanto a la de titularidad pública como a la de titularidad privada, concertada o no. Es decir, supone una ocasión desaprovechada -y ya son demasiadas- para afrontar con realismo y sin complejos los verdaderos problemas de la enseñanza en nuestro país.


Hace 18 meses el actual Gobierno de la nación defendió la necesidad de parar la aplicación de la LOCE, fundamentalmente porque era una ley que había nacido sin el consenso social y político necesario. Hoy, lamentablemente, nos encontramos con una nueva ley que sigue sin nacer de un consenso mínimo que asegure su estabilidad y perdurabilidad. Es curioso cómo en la exposición de motivos del anteproyecto de ley se critica a la LOCE por dicho motivo y en la exposición de motivos del proyecto de ley desaparece este argumento cuando la nueva ley tampoco está teniendo el respaldo social y político adecuado.


El proyecto de LOE contiene gran parte de las medidas pedagógicas puestas en marcha por la Logse hace 15 años, cuando muchas de ellas se han visto insuficientes o excesivamente utópicas en su aplicación práctica durante todo este tiempo. Podríamos citar como ejemplo la comprensividad a ultranza, la promoción automática de curso, la relajación del principio del esfuerzo individual de los alumnos, la integración de todos los alumnos con independencia de que estudien en un centro o en otro, o de que tengan, en algunos casos, atención diferenciada, y el diseño teórico de la optatividad en educación secundaria, cuando los recursos económicos son insuficientes y la hacen impracticable. Por otra parte, la LOE recoge algunas de las novedades pedagógicas de la LOCE, que, después de sutiles cambios, aparecen como innovaciones del nuevo equipo ministerial. Dichas medidas fueron criticadas hace dos años y, sin tiempo para experimentar sus resultados, se incorporan ahora. Ciertamente, no nos parece el mejor método para optimizar el sistema educativo y consideramos que ni eran malas entonces ni ahora pueden presentarse como la panacea. En suma, tenemos la sensación de que todas estas medidas -Logse, LOE- no van a mejorar nuestro sistema educativo ni tampoco van a provocar una mejora relevante de los resultados académicos de nuestros alumnos en las pruebas de evaluación internacionales: PISA, OECD, etcétera. Es decir, seguiremos hablando de fracaso escolar en tasas impropias para un país como el nuestro y seguiremos compadeciéndonos, sin llegar a un acuerdo sobre cuáles son las mejores medidas a tomar. Y todo ello, siendo sumamente importante, no es lo más peligroso, a nuestro entender, que contiene el proyecto de ley; para nosotros, lo realmente inaceptable es el tratamiento que se dispensa a la enseñanza privada concertada, que -no nos engañemos- representa un tercio del total del sistema escolar y posee una enorme aceptación entre las familias en todas las comunidades autónomas. El problema de nuestra educación no es la enseñanza concertada, nosotros no somos el problema de la educación de este país, el problema de la educación de este país es el fracaso escolar, es la baja calidad de la educación.


El proyecto se olvida del principio constitucional de libertad de enseñanza y, aunque obviamente no lo niega, hace lo posible por restringirlo. En este sentido, discrimina, devalúa y menosprecia la enseñanza privada concertada, a la que considera subsidiaria de la enseñanza pública, a pesar de las buenas palabras recogidas y contenidas en la exposición de motivos. Resulta paradójico cómo dicha exposición habla de complementariedad de redes -pública y concertada-, pero el articulado de la ley habla de planificación administrativa, de creación de plazas públicas, de sanciones a los centros concertados que incumplen el concierto sin decir nada respecto de los frecuentes incumplimientos en que viene incurriendo la Administración, de limitaciones a las facultades del titular del centro privado concertado, etcétera. Por ello, estimamos que este proyecto no nace de una voluntad política de alcanzar un sistema aceptado por todos, por lo menos tal como está redactado actualmente.


A fin de no extenderme, quisiera explicar con cierto detalle los riesgos principales que, a nuestro entender, entraña el proyecto LOE en cinco capítulos esenciales.


Primero. Régimen de conciertos y financiación. Como es conocido por todos, el régimen de conciertos surge en 1985, como respuesta a los derechos contenidos en el artículo 27 de la Constitución, sobre la premisa de la libertad de enseñanza. Dicho régimen se sustenta en una serie de derechos y obligaciones para las dos partes contratadas, los centros concertados y las administraciones educativas. Por un lado, la Administración tiene la obligación principal de financiar el coste de la enseñanza de manera que esta se imparta en condiciones de gratuidad y, por otro lado, los centros privados concertados asumen la obligación de impartirla en régimen de gratuidad, no pudiendo percibir contraprestación por impartir la enseñanza por parte de las familias/alumnos. Asimismo, el centro privado concertado limita sus plenas facultades de dirección -derivadas precisamente del derecho de creación de centros- en algunos aspectos determinados; por ejemplo, admisión de alumnos, selección del profesorado, órganos directivos, etcétera. Sin embargo, este principio básico de funcionamiento lleva más de 10 años en grave desequilibrio, pues el módulo de concierto no se ha calculado para que cubra el coste real medio de la enseñanza. Así, la partida de otros gastos tiene un déficit estructural de inicio que se ha agravado con la desviación de la evolución respecto del IPC. Dicho déficit está avalado por informes de las auditorías

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de la Intervención de Hacienda y se admite implícitamente en la Lopeg, cuando permite que haya un remanente en actividades y servicios, que se considera no lucrativo, para que se reinvierta en la mejora de las instalaciones.


Que el gasto por alumno en la enseñanza concertada es un 50 por ciento menos en los centros concertados es un dato que hoy nadie discute porque ha sido manifestado públicamente por varios consejeros de Educación. La memoria económica del anteproyecto de ley admite una diferencia de casi 4.000 euros de coste por aula entre la enseñanza pública y la concertada, y todo lo anterior estando en vigor los mandatos de adecuación del módulo en cuanto al componente de la partida otros gastos que contenía ya la Lopeg. Las Leyes de Presupuestos Generales de las comunidades autónomas han consolidado subidas anuales inferiores al incremento del IPC y, mientras se han firmado acuerdos de mejora en calidad con numerosas comunidades autónomas, los incrementos presupuestarios muchas veces se destinan a mejorar las retribuciones del personal, pero no se cubre esta partida. Además, con el anteproyecto de LOE existe el riesgo de que las mejoras en las retribuciones del profesorado se realicen a costa de la partida de otros gastos. En este contexto, se observa el inicio por parte de determinadas administraciones educativas de campañas que eviten las donaciones de las familias a los centros. A este objetivo responde al artículo 88 del proyecto LOE. En este punto no hemos de ser ingenuos, la insuficiencia del módulo de conciertos junto con la prohibición de recibir ayudas de las familias va a provocar a corto plazo una gravísima asfixia económica de los centros concertados privados.


Segundo. Complementariedad de las redes. Un dato incuestionable es la pluralidad social que existe en nuestro país. Nuestro ordenamiento jurídico consagra, entre otros, el derecho de libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación, el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. La Constitución de 1978 ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Para nosotros, la educación no es un servicio público cuya titularidad reside únicamente en el Estado, lo que implicaría que los centros privados prestan un servicio por concesión o delegación administrativa; en realidad, los centros privados y los privados concertados prestan el servicio educativo en el ejercicio del derecho de creación de centros, no por concesión de los poderes públicos.
El pacto social por la educación, de marzo del presente año, reconocía en su punto tercero la existencia de una doble red de centros en nuestro sistema educativo, pública y privada, indicando textualmente que la Constitución y las leyes orgánicas posteriores respaldan la existencia de una red de centros que coadyuve a la efectiva prestación de un servicio público y social. Se trata, por tanto, de buscar -decía el documento del pacto- la calidad para todos y de hacerlo en condiciones de igualdad y cumplir de modo efectivo la gratuidad del puesto escolar. Pues bien, el proyecto LOE, en su articulado, considera la enseñanza privada concertada subsidiaria de la pública; es decir, con derecho a existir y a recibir fondos públicos únicamente cuando la enseñanza pública no pueda atender las necesidades de escolarización de la población. Se abandona definitivamente el principio de la demanda social, de la voluntad de las familias a la hora de elegir el tipo de educación para sus hijos. Se abandona, en suma, el ejercicio práctico y real de la libertad de enseñanza.


Tercero. Autonomía de los centros. La Constitución contempla expresamente el derecho de creación de centros, el derecho a dotarlos de un carácter propio y a dirigirlos y, también, garantiza la autonomía del centro para que la educación que reciben los hijos corresponda al proyecto educativo que ese centro destaca. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el titular del centro no puede verse afectado por limitación alguna que aun respetando aparentemente un suficiente contenido discrecional a sus facultades decisorias respecto a las materias organizadas esenciales, conduzca, en definitiva, a una situación de imposibilidad o grave dificultad objetiva para el actual sentido positivo que contiene esta libertad. Por otro lado, la autonomía de los centros es un factor de calidad. Aquellos países con mejor desarrollo educativo son los que tienen más autonomía educativa. Consideramos que la LOE supone un retroceso en este sentido respecto del tratamiento que contenía la LODE, la Logse, la Lopeg y la LOCE, pues aumenta de forma desproporcionada las competencias de la Administración educativa respecto del proyecto educativo, del carácter propio, el horario, la jornada escolar, admisión de alumnos y normas de funcionamiento interno de los centros.


Cuarto. Libertad de elección de centro y admisión de alumnos. Como he indicado, el sistema educativo consagrado en la Constitución es necesariamente plural. Los centros privados concertados garantizan precisamente esta pluralidad que reclama nuestra Constitución. La LOE no puede restringir el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos bajo la premisa de la planificación de los puestos escolares, puesto que la Administración tiene que favorecer y hacer posible el ejercicio práctico de los derechos fundamentales, por supuesto el derecho a ser educados pero también el derecho a elegir.
Asimismo, no puede propiciar la subrogación por parte de la Administración de las facultades del titular o del consejo escolar, tal y como reconoce el artículo 61.7 de la LODE, mediante la creación de comisiones de escolarización o la famosa reserva de plazas para determinados alumnos. En este sentido, tanto los decretos de admisión de alumnos del MEC como de las comunidades autónomas, también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconocen expresamente la competencia del titular del centro para decidir la admisión de sus alumnos dentro del marco general

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establecido por la Administración. Este principio debe aparecer reflejado en el texto de la LOE para evitar abusos que todos conocemos. Asimismo, las medidas que se articulan en el proyecto para procurar un equilibrio en la matriculación de alumnos con necesidades educativas específicas nunca puede hacerse a costa de vulnerar derechos fundamentales de padres y titulares. Por ello reclamamos una vez más el empleo de una redacción más respetuosa que conjugue todos estos derechos, tanto en lo que antes he citado de las famosas comisiones como en lo que aquí se dice de la reserva de plazas.


Finalmente, enseñanza de la religión. La asignatura de religión, desde la perspectiva confesional o no, coadyuva a la consecución de la primera finalidad que señala el artículo 2 del anteproyecto, el pleno desarrollo de la personalidad de los educandos y de todas sus capacidades.
Consideramos que el objetivo educativo de lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana conduce inexorablemente al artículo 16 de la Constitución. Es incuestionable -el debate sobre la disposición adicional segunda del proyecto es una buena muestra de ello- que existen diversas concepciones del hombre que se profesan en virtud de la libertad ideológica y religiosa frente a las cuales el Estado debe, en primer lugar, mantener una postura neutra, es decir, de aconfesionalidad, y en segundo lugar promover las condiciones para la libertad de todos, para que todos puedan ejercer la libertad de recibir enseñanza religiosa: los que la quieren, la desean, la propugnan y los que no la quieren, no la desean y no la propugnan. Nuestra Constitución afirma la dimensión social y por tanto pública que tienen las libertades recogidas en la Carta Magna. Reducir o confundir lo público con lo referente al Estado es propio de Estados totalitarios. Por tanto, la propia finalidad de la educación exige la existencia de una pluralidad de ofertas, todas legítimas, que deben ser promovidas como parte fundamental de una educación que persigue el pleno desarrollo de la personalidad. La dimensión transcendente religiosa o la ausencia de su dimensión y su estructuración en forma de materia curricular contribuye de forma decisiva al pleno desarrollo de la personalidad. Por tanto, el Estado está obligado a garantizar que todos los alumnos puedan recibir formación religiosa y moral en la escuela, respondiendo a las distintas convicciones de los padres, y además que la reciban en una situación óptima. Lo que no cabe es identificar una determinada postura con la supresión de la asignatura. La inexistencia de la asignatura no borra la existencia de la realidad. De ahí que sea imprescindible tener unos conocimientos básicos del hecho religioso que permita a los alumnos la comprensión de este fenómeno, su repercusión en la historia, en el arte y fundamentar los propios posicionamientos individuales ante el mismo. Las garantías constitucionales necesarias para que los padres libremente puedan educar a sus hijos religiosa y moralmente según sus convicciones y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado español y la Santa Sede exigen una equiparación de la opción confesional al resto de áreas, lo cual añade un motivo más para la incorporación al curriculum de los alumnos y su impartición dentro del horario lectivo, una vez elegida, con la categoría básica del resto de áreas. La asignatura debería ser de oferta obligatoria para los centros y de elección voluntaria por parte de los alumnos, cosa que ha desaparecido del proyecto. A nuestro juicio, el proyecto de la LOE se aleja considerablemente de este planteamiento y obliga a todos los alumnos a cursar una asignatura de educación para la ciudadanía, por cierto rechazada por el Consejo Escolar del Estado, que puede suponer en la práctica la difusión de una moral de Estado o de lo políticamente correcto. Por ello, de existir esta materia debería ser voluntaria para los alumnos. Rechazamos el tratamiento que realiza la LOE sobre el profesorado de la clase de religión. Creemos que existen fórmulas para evitar los males del sistema actual de contratación de dicho profesorado, sin necesidad de acudir al pago delegado propio del régimen de conciertos y no de profesores de centros públicos.


En nombre de FERE-CECA y Educación y Gestión, en nombre de los centros privados concertados de ideario católico reclamamos hasta la saciedad un pacto educativo social y político que aborde con sentido común los problemas reales de la escuela y plantee soluciones posibles desde el respeto y el mutuo entendimiento de todos los sectores que conformamos el ámbito educativo.


La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de intervención de los distintos grupos. En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor De Castro, agradecemos su comparecencia y también las explicaciones que nos ha dado. Desde Convergència i Unió compartimos los ejes troncales de lo que usted ha explicado porque compartirlo todo es muy difícil.


Usted ha puesto en el centro del debate algo de lo que se está hablando en el tema de educación, este modelo mixto, público y privado, y las reflexiones que se hacen alrededor del mismo. En Cataluña, el 95 por ciento de la oferta no pública es anterior a la transición. Cataluña tiene una larga tradición de iniciativa social en la enseñanza y la educación, y gracias a que hicimos un esfuerzo importante a lo largo de este tiempo ya histórico pudimos saltarnos en buena parte incluso los sistemas pedagógicos y sobre todo la ausencia voluntaria de no creación de centros públicos de enseñanza. Por tanto, además de que el sistema social ocupa buena parte de los alumnos escolarizados, hay un reconocimiento histórico de esta iniciativa social que no se puede obviar de ninguna manera; es algo conocido y apreciado por gran parte de la sociedad, que elige este modelo de centros para la educación de sus hijos y de sus hijas.


Además del tema de la libertad de elegir, que es algo con lo que naturalmente estamos de acuerdo -es un

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mandato constitucional y no podría ser de otra manera-, hay un debate que a nosotros nos choca y es que cualquier servicio público nadie discute que pueda ser prestado por particulares. No oigo un debate sobre que la sanidad no se pueda prestar a través de plazas concertadas y, en cambio, no hay mandato constitucional de oferta privada en el tema de la salud.
Es decir, no hay debate en otros aspectos y sí hay debate en un aspecto en el que la Constitución no solo permite sino que mandata la concurrencia a centros públicos y privados. ¿Para qué? Para garantizar la libertad de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. ¿Por qué? Porque se piensa -y eso pensamos nosotros- que la pluralidad de pensamiento, la pluralidad de sistemas de enseñanza es bueno en sí mismo y responde al derecho de los padres de elegir el tipo de enseñanza para sus hijos. Desde este planteamiento, que en buena parte podemos compartir, usted ha hecho una serie de consideraciones preocupantes, desde nuestro punto de vista, de cómo la LOE trata a los centros no públicos. La asfixia económica que reiteradamente se ha venido poniendo sobre la mesa impide que las familias puedan elegir, porque realmente la carencia de recursos suficientes limita esa posibilidad de elección, y dentro de la posibilidad de elección que todo el mundo debiera tener se tendría que avanzar en la equiparación de las plazas concertadas.


Me gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Usted cree que la LOE en su previsión garantiza la gratuidad de los centros concertados como condición básica para la libre elección? De su explicación parece deducirse que no, pero si quiere abundar en ello se lo agradecería. Pero me gustaría ir más allá. ¿Usted cree que se pueden cumplir las previsiones constitucionales de creación de nuevos centros, tal como queda regulado?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: También quiero dar la bienvenida a esta Comisión al señor De Castro, agradeciéndole mucho su exposición y la claridad de sus observaciones. Nosotros tomamos muy buena nota de todas ellas, porque nos parecen puntos cardinales del proyecto de ley y de todo el debate que dentro de unos días se iniciará en esta Comisión. Siguiendo las indicaciones de la presidenta me voy a limitar a formularle unas preguntas sin mayores comentarios, porque ya tendremos ocasión de hacerlo en trámites posteriores.


En relación con los asuntos que se refieren a la calidad de la enseñanza, a la cual ha hecho una referencia, usted ha defendido lo que hemos llamado la cultura del esfuerzo como una exigencia para la mejora de los rendimientos y de los objetivos educativos. Me gustaría que hiciera una valoración del diagnóstico y nos dijera cómo ve en estos momentos la situación en este ámbito y si las medidas que introduce la LOE, en relación con las que había en la LOCE, pueden mejorar o empeorar la situación.


Respecto a algo que también tiene relación con la vida de los centros educativos, las condiciones para el ejercicio de la docencia, como son los temas de la convivencia, el orden, la disciplina de los centros, me gustaría que hiciera un diagnóstico también. En concreto, me gustaría saber cuál es su opinión en relación con una de las innovaciones que plantea el proyecto de LOE, sobre esta especie de derecho colectivo de inasistencia a clase de los alumnos, que ya no podrá ser objeto de sanción por parte de la dirección. ¿Usted cree que es una buena medida y que va a favorecer el clima escolar de los centros?

Me gustaría conocer su opinión en relación con las enseñanzas comunes, que está en el centro del debate también. Nosotros tenemos la gran preocupación de que queremos que haya una formación común de los españoles. ¿Usted cree que son necesarias unas enseñanzas comunes que garanticen la vertebración del sistema educativo?

Los temas de libertad de enseñanza, libertad de centros y libertad de elección por parte de las familias los ha dejado muy claros. Me gustaría simplemente formularle las siguientes preguntas en relación con el proyecto de ley. ¿Usted cree que en la redacción del proyecto de la LOE están garantizados los conciertos en la educación infantil que fueron declarados gratuitos y cuyo régimen estableció la Ley de calidad? ¿Usted cree que las relaciones directas de las familias con el centro en el proceso de admisión de alumnos son esenciales o indispensables para favorecer la libertad de elección de centros de las familias? ¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de que haya entidades administrativas interpuestas en esa relación directa? Usted se ha referido a la escolarización de personas con necesidades educativas especiales, de apoyo educativo, y en concreto una nueva realidad de nuestro sistema educativo es la existencia de los inmigrantes y su escolarización. ¿Cuál es la posición de la organización a la representa y que escolariza tantas personas en relación con este tema?

Por último -señora presidenta, no me quiero extender más-, en relación con los temas académicos, ¿usted cree que es buena la aparición de nuevas asignaturas en el sistema educativo sin el respaldo científico y sin el respaldo de la comunidad escolar o que la creación sin más de nuevas asignaturas es un factor perturbador?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Quisiera dar también la bienvenida al señor De Castro a esta Comisión, y agradecerle el respeto y la preocupación que tiene la organización a la que representa en relación con la educación y porque socialmente contribuye sin duda alguna a la mejora educativa de este país.


Ha empezado hablando del pacto escolar -nos parece una buena manera de empezar la intervención- y de las

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dificultades que ha tenido el último pacto escolar. Se ha referido brevemente también al pacto anterior del año 1999, en el que creo recordar que estuvieron todas las organizaciones, menos una, en aquel momento y eso sería conveniente resaltarlo. Hoy en día no tiene más importancia, pero sí es importante para ver por dónde puede ir el futuro.
¿Usted cree -y ahí iría mi primera pregunta- que hay alguna posibilidad, descartando que haya habido problemas, que tiene que haberlos, para que no se haya firmado el pacto social tal y como en marzo se preveía, para que reverdezca de nuevo ese pacto social y, por tanto, qué esfuerzos tendrían que hacer especialmente los partidos políticos y los grupos parlamentarios aquí representados? Nosotros no podemos más que apoyar que se lleve a cabo, puesto que hemos dicho repetidas veces, como Partido Socialista y también el presidente del Gobierno, que nos parece muy conveniente y necesario ese pacto social de apoyo a una nueva ley educativa que estabilizará sin duda el sistema. Por tanto, quisiera saber las posibilidades que tiene este asunto. Ha hecho referencia también a que la LOE se alejaba de ese pacto social. Hablando de la LODE, la Logse y la LOCE, puesto que es un triángulo que seguramente está en la base de la propia LOE, quisiera preguntarle si ese triángulo facilita ese pacto social y si la LOE con sus medidas, que no creemos que sean distintas a las que había en ese intento de pacto, en qué aspectos imposibilita o dificulta ese pacto. He querido entender algo relacionado con este asunto. Nosotros creemos que el debate sigue abierto -lo hemos dicho muchas veces- y las posibilidades para aproximarse a las distintas organizaciones, como por ejemplo la suya y otras que pasarán durante estos días por esta Comisión, siguen abiertas. Como digo, nosotros creemos que el debate sigue abierto, lo ha estado durante mucho tiempo, desde que el ministerio se planteó la propuesta. Por tanto, quisiéramos manifestarle nuestra mejor disposición para que se lleve a cabo.


En relación con los conciertos usted se ha referido al desequilibrio económico que había con ellos. Respetando que cada comunidad autónoma, con una base estatal sin duda alguna, es la administración educativa competente que puede mejorar esa situación económica si la cree inadecuada, quizás haya un aspecto educativo que es la mayor homogeneidad que tienen los alumnos y los centros que usted y otras organizaciones representan con relación a la educación pública lo que podría justificar alguna diferencia en cuanto a tratamiento económico, lo que además lleva a una medida precisamente contemplada en la LOE. También quisiera preguntarle qué le parece que se haga un mayor esfuerzo económico, como indica la LOE, con aquellos centros que escolaricen alumnos con dificultades, siempre que haya un mayor equilibrio, que no un reparto absoluto y equitativo, en esa distribución.


En relación con el esfuerzo, me gustaría complementar dos preguntas que se han hecho por parte del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros decimos que es conveniente e imprescindible hacer un esfuerzo por parte de los alumnos, así se indica en la propia LOE, pero también pensamos que todo el resto de la sociedad tiene que hacerlo. Por tanto, le preguntaría qué le parece el esfuerzo compartido de alumnos, centros, familias, profesores, sociedad y, por supuesto, de las administraciones. Hay una pequeña diferencia en relación con la pregunta del Grupo Parlamentario Popular, como también la hay en relación con las enseñanzas comunes.
Sabemos que el Partido Popular tiene una preocupación sobre esas enseñanzas comunes y nosotros queríamos preguntarle si usted, que representa una organización con un implante importante en toda la geografía del Estado, ha tenido alguna percepción en la situación actual, que es idéntica a la que se propone en la LOE, de que las distintas administraciones educativas hayan llevado a este país a una situación muy diferente en relación con una base común que es la que se propugna tanto desde la normativa anterior como desde la que ahora tenemos en marcha o la que pretendemos aprobar. En relación con la enseñanza privada concertada, la LOE no la identifica como el problema de la educación ni muchísimo menos, pero sí tiene en cuenta que dos principios como el de la programación obligada por parte de las administraciones públicas y la elección por parte de las familias tienen que considerarse y coordinarse de manera que se lleven a efecto, pero ninguno de ellos puede primar sobre el otro. El equilibrio entre la distribución de alumnos con necesidades seguramente nos llevará a esa determinación. En cualquier caso, todas las medidas que están contempladas en la LOE en relación con los acuerdos actuales, también la del tratamiento de la enseñanza concertada, han sido convalidadas, no solo como constitucionales sino también como legales por el Consejo de Estado, que en el informe que elaboró en su momento consideraba que estos eran aspectos completamente convalidables tanto constitucional como legalmente.


Concluyo con la religión. El proyecto de ley que se nos presenta en este Parlamento hace un tratamiento somerísimo de la religión, como ha venido ocurriendo hasta ahora, en el que en relación con la materia únicamente se dice que se van a respetar los acuerdos con las confesiones religiosas, por supuesto también con la católica, y efectivamente hay un cambio en relación con el tratamiento actual y futuro de la contratación del profesorado. En el primer aspecto, puesto que está sujeto a desarrollo posterior, poco podemos decir desde este Parlamento puesto que será el Ministerio de Educación el que -como ya ha dicho- desarrollará el tratamiento de la materia de acuerdo con las confesiones religiosas, pero nos gustaría saber qué propuestas podría tener usted en relación con una variación de la contratación del profesorado.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor De Castro para contestar.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE-CECA) (De Castro Barco): ¿Cuánto tiempo tengo?

La señora PRESIDENTA: En principio 10 minutos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE-CECA) (De Castro Barco): ¡Qué barbaridad! Voy a ser un monstruo contestando. Vamos a ver qué puedo decir de todo lo que me han preguntado, porque evidentemente han sido muchísimas las preguntas.


Esto es un misterio, no encuentro mis apuntes, pero no importa porque intentaré recordar las preguntas de memoria. En primer lugar, a la pregunta que me hacía la portavoz de Convergència i Unió, tengo que decir que efectivamente con la actual legislación el ahogo económico, como usted ha manifestado, va a ser más grande y más complicado porque si, por un lado, se aprieta la necesidad de prohibir los cobros o las colaboraciones de las familias y paralelamente no se aporta el coste real medio de la educación vamos a tener dificultades. La segunda cuestión de fondo que me planteaba, creo recordar, es si con esta nueva ley hay facilidades para la creación de nuevos centros concertados. Entiendo que si se lleva adelante el criterio de la planificación que late en todo el proyecto de ley, realmente va a ser muy complicado no solamente la creación de nuevos centros sino incluso la pervivencia de algunos de ellos. Durante este tiempo hemos sufrido algunas agresiones a la libertad de creación por algunas administraciones educativas en el sentido de retirar conciertos existiendo -como existía- la demanda. En estas circunstancias entiendo que si estas administraciones, en un colegio que ya existe y tiene demanda, le retiran por completo el concierto o una línea de concierto para que dicha línea vaya al centro público es impensable la posibilidad de creación de nuevos centros. No sé si hay alguna pregunta suya más, pero esto es lo que recuerdo fundamentalmente.


Por parte del Grupo Parlamentario Popular -tengo las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista, estas no las he extraviado- son varias cosas las que me han preguntado y voy a ir respondiendo las que recuerde.
Respecto a la inmigración, nosotros, como institución, hemos mantenido una postura clarísima de disponibilidad a incorporar a todos los alumnos inmigrantes y con enseñanzas educativas especiales que sean precisos, pero también tenemos que tener cuidado con esta cuestión. No podemos estar hablando simplemente de un reparto de personas; no es la única solución en la que hay que pensar. En ese sentido, podemos manifestar que en nuestra institución hay una tendencia clara al alza por encima del aumento de la inmigración media en el país. Lo más importante es que creemos que estos inmigrantes o estos alumnos con necesidades educativas especiales se escolarizan en nuestros centros en condiciones de calidad.
Además, no nos asusta la incorporación de estos inmigrantes -estamos abiertos a recibir más- porque en esta escolarización estamos obteniendo excelentes resultados y, lo que es más importante, con menos medios que la escuela pública. En este sentido también me gustaría recordar que determinadas medidas, como por ejemplo el bachillerato o la educación infantil no concertada, es un obstáculo para que todos los inmigrantes puedan acceder a nuestros centros en igualdad de condiciones que los demás. Nosotros creemos que los inmigrantes tienen que tener los mismos derechos y los mismos deberes que los españoles; no tienen que tener un tratamiento diferenciado sino exactamente los mismos derechos y los mismos deberes.


Otra cuestión que se me ha preguntado es cómo veo yo el panorama de la violencia o de la conflictividad en las aulas. También en nuestros centros se detecta esa violencia o esa falta de orden necesario para estar en las aulas y, en este sentido, consideramos que sobre todo hay que apoyar al profesorado. Hay que tomar medidas porque el profesorado en estos momentos se siente desmotivado, desanimado. Como ustedes sabrán muy bien, el profesorado es la profesión que tiene mayor estrés y más incidencia médica precisamente por situaciones como éstas, y estamos convencidos de que hay que tomar medidas al respecto.


Otra de las cuestiones que se me preguntaba era sobre los contenidos mínimos. Como hay una cierta coincidencia en las preguntas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, aunque matizadas por éste, esto me facilita recordarlas. Estamos convencidos de que tiene que haber unas enseñanzas comunes para todo el Estado español.
¿Cuál es nuestra actual percepción desde nuestra institución que, como saben ustedes, tiene sede en todas las comunidades autónomas? Pues de una enorme desigualdad, en este momento, no tanto en los contenidos pero sí por ejemplo en gasto educativo, en nivel educativo, en fracaso escolar, y tendríamos que equilibrarlo de alguna forma. Yo en este momento no he percibido de una manera sensible, con las leyes actualmente existentes, una gran diferencia en cuanto a contenidos, pero no me queda tan claro que con la actual formulación de la LOE esto no llegue a ser posible. Me da la impresión de que no es la misma formulación y que cabe la posibilidad de que esos contenidos mínimos puedan reducirse si es voluntad de algunas comunidades autónomas.


Otra cuestión era la relativa a la programación de la educación.
Lógicamente nosotros creemos que el Estado tiene un papel que además le señala la Constitución, y es garantizar que todo el mundo reciba educación, y para ello hay que coordinar y hacer una programación de la misma. Pero lo que nosotros estamos demandando y creemos que no está suficientemente recogido en el proyecto de LOE es que esta programación se ejecute atendiendo a la demanda y, como dice la Constitución,

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en diálogo con las instituciones implicadas, que no sean las administraciones las que determinen lo que hay que hacer y nos lo impongan a las demás.


Otra cuestión de la que se hablaba aquí era el tema económico, las diferencias de tratamiento. Yo creo que nosotros estamos en el pleno derecho de pedir, tanto por parte de nuestros profesores como de nuestros centros, que no haya discriminación entre una enseñanza y otra. Antes la representante de CiU hacía una defensa y una valoración social de la escuela concertada. Yo creo que este país tiene mucho que agradecer a la escuela concertada y, por tanto, no puede tomarse como subsidiaria y como el enemigo a abatir, sino todo lo contrario, hay que dar la impresión de que todos remamos en la misma dirección para la mejora de la calidad.


Finalmente, porque ya me mira la presidenta con visos de que esto está finalizando, termino diciendo una palabra en torno a la clase de religión.


La señora PRESIDENTA: Le queda una pregunta del Partido Popular.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Quedaban tres preguntas por contestar, la inasistencia a clase, si están garantizados los conciertos en infantil y las relaciones directas familia-centro en los procesos de admisión de alumnos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA-TITULARES DE CENTROS CATÓLICOS (FERE-CECA) (De Castro Barco): El tema de la inasistencia a clase lo vemos obviamente como un auténtico disparate, independientemente de que con una regulación posterior se puedan paliar estas cuestiones, pero creemos que no va en la línea precisamente de darle un poco más de autoridad y de incorporar una mayor exigencia, disciplina y autoridad dentro de las aulas. Yo creo que esto no va a ayudar ni poco ni mucho al profesorado, y así lo hemos manifestado públicamente en el Consejo Escolar del Estado.


En cuanto a la cuestión de la seguridad de la concertación de la educación infantil, creemos que en la LOCE estaba perfectamente asegurado pero que en este momento, tal como se redacta la LOE, no se tiene esa seguridad, por un doble motivo, en primer lugar porque no se asegura, parece que queda un poco al arbitrio de la voluntad de la comunidad autónoma que concierte la educación infantil, y en segundo lugar porque la fórmula de concertación puede ser otra, no concertación sino conveniación, que es una fórmula bastante más restrictiva que la anterior.


En cuanto a la tercera cuestión, defendemos que para que haya auténtica libertad de elección de centro es preciso una relación directa entre la familia y el colegio. La familia tiene que ir al colegio a ver cómo es, qué proyecto educativo tiene y a demandar allí una plaza. Esto no debe hacerse a través de comisiones o de una centralización de la admisión de alumnos, sino que es preciso ese conocimiento. Repito que este derecho hay que atribuirselo no solo a los alumnos españoles sino también a los inmigrantes, aunque lleguen una vez comenzado el curso escolar.


No sé si habré podido olvidar alguna cuestión en este traspapeleo que he tenido en la primera parte de mis preguntas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Castro, por haber apurado el tiempo. Damos por terminada esta segunda comparecencia agradeciéndole una vez más su presencia.


-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS (CONCAPA) (CARBONEL PINTANEL) (Número de expediente 219/000309.)

La señora PRESIDENTA: Empezamos con la tercera comparencia de la sesión de hoy y damos la bienvenida en la Comisión al señor Carbonel Pintanel, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa).


Tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS (CONCAPA) (Carbonel Pintanel): Señoras y señores diputados, traemos aquí la voz del colectivo social al que representamos varios millones de familias con una gran preocupación por el incierto futuro que espera a sus hijos. Está claro que al decir varios millones de familias estamos hablando de todo tipo de españoles, autóctonos e inmigrantes que vayan a colegios concertados, privados o públicos, todos tienen iguales derechos, todos tienen iguales deberes.
Familias, decía, que exigen que sus hijos sean el centro de atención del sistema educativo y que la educación y formación que reciban sea de calidad y cubra sus expectativas, sus necesidades y sus intereses.


No voy a realizar un análisis técnico exhaustivo sobre la LOE, pero sí quiero dejar patente que una parte importante de la sociedad española, y de la comunidad educativa en particular, está enormemente sorprendida de cómo se está tramitando este proyecto de ley orgánica, y ello porque quienes acusaban a los autores de la LOCE de falta de consenso imponen ahora una reforma con menos consenso todavía. Toda la tramitación de este proyecto ha estado llena, en nuestra opinión, de irregularidades. Por más que la ministra de educación y otras voces hayan pretendido confundir a la sociedad española diciendo que la LOCE estaba siendo objeto de debate y consenso, no es cierto. Sin ánimo exhaustivo, sólo daré dos ejemplos: más de 2.000 enmiendas al dictamen del Consejo Escolar del Estado tuvieron que ser tramitadas en menos de 48 horas porque así se nos impuso, parodiando

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con ello un falso debate; la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, que obtuvo un mayoritario respaldo de todos los que tenemos presencia y representación en el Consejo Escolar del Estado, también fue impuesta por el Gobierno pese a esta oposición mayoritaria.


Son múltiples las razones que fundamentan nuestra oposición a la LOE, pero pueden sintetizarse en dos: no combate eficazmente el alto índice de fracaso escolar, que conlleva a un abandono cada vez más temprano de la educación; y atenta contra los derechos y libertades constitucionales en materia educativa. Tampoco hay que olvidar el trasfondo que subyace en el proyecto: la incapacidad del Gobierno para propiciar un consenso de amplia base social. En este punto queremos recordar que el programa electoral socialista decía que se proponían, entre otros objetivos, transmitir y enseñar a vivir a niños, adolescentes y jóvenes los valores de la ética constitucional, centrando su atención tanto en el respeto de los derechos individuales y sociales como en la asunción de los deberes personales y colectivos. Para ello se ha recurrido a introducir algo llamado educación para la ciudadanía, que no es otra cosa que una fuente de adoctrinamiento en lo políticamente correcto para el Gobierno de turno. Esto sirve de justificación para devaluar aquello que las familias demandan mayoritariamente: la enseñanza religiosa que los padres solicitan curso tras curso, como se ha podido comprobar, no sólo por los más de tres millones de firmas entregadas en el Congreso, porque no las quiso recibir el presidente del Gobierno, sino porque todas las encuestas realizadas en este sentido así lo demuestran.


Contrasta la argumentación empleada contra la clase de religión frente a la imposición de una asignatura que fue desechada casi unánimemente por el Consejo Escolar del Estado. Resulta casi obsesiva la oposición de este Gobierno a que la clase de religión sea equiparada a cualquier otra asignatura, máxime si tenemos en cuenta que es aceptada sin problemas en toda Europa, donde resulta habitual en muchos países, por ejemplo en países tan democráticos como Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña o la misma Suecia. Por otro lado, los datos del CIS en una encuesta del año 2003 señalan que solamente el 9 por ciento de la población española considera que la religión debe de estar fuera de la escuela.


En la educación, los primeros derechos que deben respetarse son obviamente los que corresponden a las familias como responsables directos de la educación de los hijos, y dentro de estos derechos en particular el derecho a la libertad de enseñanza y el de elección de centro, algo que este proyecto de ley pone en una situación cuando menos comprometida.
Esto nos parece que no es admisible, puesto que el artículo 27 de la Constitución española y el artículo II-74 de la Constitución europea garantizan el derecho a que nuestro s hijos reciban la formación que esté de acuerdo con nuestras convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Sin embargo, nada en esta ley parece coherente con estas dos normas.


La limitación del derecho de elección de centro ha sido censurada por el Tribunal Supremo hasta siete veces en el último año y medio sólo en el Principado de Asturias, por ejemplo. El Gobierno debe atender, en este como en cualquier otro servicio que presta a la comunidad, las demandas de los ciudadanos y no imponer su criterio a las familias, a las que debe servir y no imponer. Podríamos añadir otras causas que justifican toda iniciativa contra este proyecto de ley orgánica, como la desaparición de las pruebas objetivas, la promoción automática, la desvertebración del sistema, la legitimación de la huelga estudiantil o la falta de reconocimiento a la representación de los padres y madres en los consejos escolares de los centros educativos públicos, cuestiones todas ellas que no contribuirán a erradicar el fracaso escolar por el que ya nos identifican en Europa.


Son muchos los aspectos que a nuestro juicio se pueden mejorar en una ley que, si se mantiene en estos términos, provocará una fractura social de imprevisibles consecuencias. La LOE no cuenta con el consenso que toda la sociedad viene reclamando y que el Gobierno no ha propiciado. Eso es condenar la ley al fracaso de una vigencia relativamente corta y poner al borde del colapso el sistema educativo español. Entre las cuestiones más relevantes se encuentra la desvertebración del sistema. Una regulación del currículo básico como la que hace abre la posibilidad, como se ha dicho por muchos ya, a la existencia de hasta 17 sistemas educativos distintos, es especialmente grave cuando se trata de una cuestión que ya estaba resuelta en la legislación actual. Sin embargo, con la actual redacción del artículo 6.3, un 0 por ciento o 1 por ciento del horario o jornada destinado al currículo básico cumple con la legalidad, y eso no solo supone la desvertebración del sistema sino que elimina cualquier elemento de cohesión territorial.


En nuestra condición de padres nos preocupa que se garantice el cumplimiento de nuestro derecho a la libertad de enseñanza y a la libre elección de centro educativo, pues se ignora la demanda de las familias como factor principal en cuestiones tan esenciales como la admisión de alumnos, y no se garantiza la gratuidad de la enseñanza, esencial para el ejercicio de nuestros derechos con los actuales módulos económicos de los conciertos educativos, poniendo trabas a la libertad de las familias y usurpando derechos que solo a nosotros como padres nos corresponden.
Entre estos derechos, principalmente están el deber y el derecho a que nuestros hijos asistan a clase, un deber que puede generar responsabilidades legales para las familias cuando los hijos no están escolarizados. ¿Quién va a asumir esta responsabilidad ante cualquier percance que suceda en la calle dentro de la jornada escolar cuando los menores hagan uso de su nuevo derecho a hacer novillos? La ley ni siquiera contiene una previsión de información a las familias.


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Tampoco podemos admitir que un sistema educativo olvide, como ha denunciado el Consejo de Estado, su verdadera función: transmitir conocimientos, máxime cuando nuestros hijos en un futuro tendrán que competir en un mercado laboral global, en una Unión Europea con libre circulación de trabajadores, desde la inferioridad que les produce el saber que su formación no es equiparable a la del resto de las ciudades europeas. A ello contribuye un sistema que desprecia la evaluación como fórmula de medición de los resultados, un sistema que pretende que todos van a obtener los mismos éxitos sin considerar ni sus capacidades ni sus intereses ni aún menos su esfuerzo personal, porque, confundiendo la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados, solo se intenta presentar ante la sociedad datos que hablen de éxito, aunque luego en las evaluaciones internacionales se demuestre que nuestros alumnos no han podido alcanzar ese éxito porque no estaban bien preparados. El miedo a las evaluaciones es tal que hasta se suprime la prueba general de bachillerato, prueba que existe en la inmensa mayoría de los países que presentan los mejores resultados académicos, lo que además nos permitiría una mayor convergencia con el resto de la Unión Europea. Se trata de una prueba de mayor valor que la prueba de falsa madurez que se pretende introducir para el acceso a la universidad, devaluada desde el momento en que eliminan la mitad del bachillerato en su conformación. Tampoco contribuye a mejorar el sistema educativo la promoción automática, más o menos encubierta en la educación secundaria obligatoria. Permitir que los alumnos puedan promocionar hasta con tres asignaturas no superadas es reducir también el nivel de exigencia y consecuentemente de formación a unos mínimos que abocan de nuevo al fracaso. Esta es una forma de persistir en la devaluación de los títulos académicos de nuestro sistema educativo en relación con el resto de los países europeos.


Un grave problema para el buen funcionamiento del sistema educativo es la situación del profesorado. La falta de consideración social a la profesión docente, el desinterés por homologar el profesorado de la escuela concertada con el de la pública, la evidente desmotivación y la ausencia de programas formativos adecuados a los nuevos retos que presenta nuestra educación, son algunos de los factores que deseamos destacar en la seguridad de que serán las organizaciones sindicales y profesionales las que les harán llegar tales demandas. Dentro del capítulo del profesorado debo destacar la brutal reconversión laboral que se pretende con esta norma que, además de modificar a la baja los derechos laborales de los profesores de religión, dejará más o menos progresivamente en la calle a un colectivo de más de 15.000 profesores.
Una ley educativa debería despertar ilusión; sin embargo, esta ley ha sido contestada por todos los sectores educativos. Algo muy grave debe contener, o padecer una carencia importante, cuando todos están en contra de la LOE: profesores, sindicatos, estudiantes y familias. Esto debería llevar a un Gobierno responsable a paralizar su tramitación de inmediato y buscar un gran pacto, un pacto de Estado lógicamente, un pacto social y político que la dotara de estabilidad.


El gravísimo fracaso escolar de nuestro país es vergonzoso. La falta de motivación y exigencia al alumnado es patente desde la Logse; la desmotivación del profesorado y la falta de implicación de muchas familias están causando estragos mientras crece la indisciplina y la violencia física y psíquica contra maestros y alumnos. Esta situación no es alarmista, la recogen fielmente informes tan fiables como el de PISA 2003 y el último de la OCDE, y es objeto de noticia casi todas la semanas. Los padres nos negamos a que las cosas sigan empeorando; es preciso ser honestos con todas las familias que tienen hijos en edad escolar y paralizar este desastre educativo. Quisiéramos tener confianza, creer que este no es un simple trámite antes de la aprobación de la ley, pero no existe un solo motivo hasta la fecha que permita otorgar credibilidad a la ministra de Educación.


Para terminar, citaré unas palabras que no son mías: Es necesario lograr un amplio acuerdo, porque la educación requiere proyectos de largo plazo, estabilidad suficiente para evaluar sus resultados y un amplio consenso social que respalde la actividad de los docentes y proporcione tranquilidad a los padres sobre la formación que reciben sus hijos. Son unas palabras que ustedes ya habían oído porque las dijo el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, pero al final, como suele ocurrir, una cosa son las palabras y otra los hechos.


La señora PRESIDENTA: En el turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Permítame que le dé la bienvenida a esta Comisión en nombre de mi grupo. Le felicito por su intervención. Creo que ha sido muy clara, y ha hecho unas importantes aportaciones. Solo quería formularle un par de preguntas que nos gustaría que nos aclarase.


Ha insistido en la importancia de la libertad de elección de centro por las familias; nos gustaría que nos clarificara si usted considera que el actual proyecto de ley cumple con toda honestidad con esa libertad de elección y si la relación directa entre familias y centros puede ser sustituida por órganos administrativos. También me gustaría que nos hiciese una valoración sobre las situaciones que se están produciendo ahora en las aulas de los centros escolares, relativas a la convivencia, a las situaciones de acoso escolar que vemos continuamente en los medios de comunicación; si cree que el actual proyecto de ley puede incidir positivamente en mejorar esas condiciones de convivencia, si los profesores pueden sentirse apoyados por el actual proyecto o si es necesaria la adopción de otra serie de medidas. También quiero saber si cree que el derecho de inasistencia a clase va a incidir negativamente en esa convivencia, en ese

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reconocimiento social del profesorado, tan necesario y tan demandado por la sociedad.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Muchas gracias, señor presidente de Concapa, por su presencia, agradeciéndole, como se ha hecho con las organizaciones anteriores, su preocupación por la educación en este país. Ha empezado su exposición hablando de la falta de consenso, en definitiva la falta de debate porque estamos procurando conseguir el consenso, pues todavía no hay ley y lógicamente está abierto el debate, especialmente con los grupos políticos representados en esta Cámara, por tanto con toda la sociedad, puesto que todos estamos recibiendo influencias de todas las organizaciones hasta que se produzca la votación final de un proceso que, como todos sabemos, es largo. En cuanto al debate, quiero recordar que se empezó hace más de un año con una propuesta del ministerio, a la que ha tenido acceso todo el que ha querido, y además han sido muchas las personas que han creído oportuno ese acceso. Por tanto, la contribución de las distintas organizaciones, en la que seguramente está Concapa, al ministerio, con más de 300 documentos, miles de intervenciones en la página web, no sé cómo no le parece suficiente debate, más el que está abierto hasta que se apruebe la ley. En segundo lugar, no me corresponde a mí, puesto que no me compete ser defensor del Consejo de Estado, pero esos dos días a los que hacía referencia dentro de ese debate -que lo ha habido, social y autonómico pues ha habido bastantes reuniones de la conferencia sectorial- digo que esos dos días a los que se refería en realidad han sido varios meses, porque en esos días se concentró el debate en Pleno y anteriormente se había debatido en la permanente y demás.


Por lo que se refiere al fracaso escolar, nosotros tenemos una gran preocupación por el fracaso escolar y precisamente porque creemos que hay que resolverlo es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista dice sí a la LOE, porque el fracaso escolar es un problema que este país no puede mantener en los términos en los que está. Podríamos hacer referencia -pero no es el momento, el momento es de futuro, no de pasado- al fracaso escolar de los últimos diez, doce años diciendo que ha habido ocho años de gestión del sistema educativo por un determinado partido y cuatro solamente por otro. Por tanto, habría que comparar las responsabilidades con relación a ese fracaso.


Con relación a las medidas, nosotros no creemos que las medidas para combatir el fracaso sea examinar, suspender y repetir. Creemos que lo que debe primar es el apoyo a los alumnos. En ese aspecto le preguntamos si no le parece bien al presidente de la Concapa un esfuerzo compartido -que es lo que propone la LOE-, en primer lugar, de las familias, con una mayor atención a sus hijos y mayor relación y participación en las decisiones de esos centros con respecto a sus hijos; los centros, con una organización distinta; el profesorado, tantas veces sufridor de situaciones de las que no es responsable, con una mayor colaboración y por supuesto formación; mayor implicación de la administración educativa, también financiera, cosa que no había ocurrido hasta ahora y desde luego no en los años anteriores; una mayor coherencia social con relación a qué es lo que le pide la escuela y qué es lo que hace en realidad la sociedad y, por ultimo, por supuesto, como está impregnada toda la ley, con un mayor esfuerzo, disciplina y estudio del alumno, que está recogido desde el artículo 1 hasta el último, incluso en las disposiciones finales. Me gustaría saber si ese conjunto de cuestiones relacionadas con el esfuerzo compartido que proponemos nosotros no le parece bien al presidente de Concapa.


Se hablaba de la educación para la ciudadanía. Evidentemente, se incorporó una serie de firmas, creo que fueron 3 millones, con relación a una determinada materia, pero nosotros creemos que dentro de un Estado que lo define la Constitución como aconfesional, difícilmente es comparable el apoyo que puede tener una Constitución en un país en un determinado momento con las firmas que en otro momento se plantean desde una determinada organización, respetando por supuesto que en cualquier momento se pueda establecer esa situación. Me gustaría que me aclarara si le parece oportuno al presidente de la Concapa comparar esa situación y ponerla en el mismo plano que la Constitución. Con relación a la educación para la ciudadanía, el ministerio opina que hay una serie de valores que son constitucionalmente compartidos en este país, que todos los alumnos -y no haciendo diferencia entre quienes van o no a clase de religión-, absolutamente todos los alumnos deben recibir.


En cuanto a los sistemas educativos distintos, el señor Carbonel representa a una organización que tiene implantación estatal y, por tanto, me gustaría preguntarle también, igual que hacía anteriormente con el secretario general de FERE, si ha visto diferencias con el sistema actual, que es idéntico en ese aspecto al próximo, en cuanto a los conocimientos, que es lo que se está poniendo en cuestión. Las administraciones educativas tienen distintas consideraciones con relación al gasto educativo, puesto que son autonómicas y tienen libertad absoluta para dedicar sus presupuestos a lo que quieran, pero con relación al conocimiento nos decía el secretario general de FERE que no había visto ningún tipo de diferencia en las distintas comunidades autónomas.


En cuanto a los estudiantes, me gustaría preguntarle al presidente de la Concapa si le parece oportuno que la primera escuela de democracia sea un centro educativo y por tanto la participación de los alumnos a partir de una determinada edad, que en cualquier caso van a determinar las administraciones educativas y no los alumnos, puesto que esa disposición de la LOE de lo que habla es de que las administraciones educativas van a regular ese derecho, que creemos que es un derecho de

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los alumnos. En cualquier caso, es la primera institución democrática con la que tienen contacto y nos parece que la escuela debe enseñar también a participar en ese sentido.


Concluyo con la disquisición que hay entre demanda, la elección de centro y la programación a la que están obligados los poderes públicos. Yo creo que hay que coordinar esos dos principios que no son en absoluto -valga la redundancia- absolutos. De tal manera que el principio de elección de centro siempre va a estar mediatizado, gobierne quien gobierne y se haga la ley que se haga, por la capacidad de los centros. Los centros no son infinitos y por tanto llega un momento en que hay ciudadanos que no pueden acceder al centro que por cualquier motivo legítimo creen oportuno para sus hijos. En segundo lugar, porque los recursos hay que estudiarlos y aplicarlos con una cierta eficiencia, yo diría que con toda la eficiencia, por parte de los poderes públicos, porque los poderes públicos tienen el deber de programar las plazas educativas; ésa es una sentencia constitucional, la propia Constitución nos lo dice. Por último - y parece que socialmente está aceptado-, porque hay que equilibrar la distribución de alumnos con necesidades especiales.


En cuanto a la religión, nos parece -y lo he dicho anteriormente- que la religión en absoluto tiene un maltrato por parte de la ley, puesto que se deja a un desarrollo posterior; desarrollo posterior que por supuesto se llevará a cabo por el ministerio dialogando -y así se ha dicho- con todas las confesiones religiosas.


La señora PRESIDENTA: Para contestar, tiene la palabra el señor Carbonel.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA Y PADRES DE ALUMNOS(CONCAPA) (Carbonel Pintanel): En vez de hacer dos preguntas o tres o cuatro más, yo he apuntado casi veinte preguntas, voy a intentar contestar a todas ellas.


Me preguntaba la portavoz del Grupo Popular qué opinábamos sobre la libre elección de centros. A nosotros nos parece que en cualquier sistema democrático se debe alentar y cuidar las libertades. El poder elegir el centro nos parece una libertad básica y fundamental. Además no sabemos cómo se va a implicar una familia en el desarrollo educativo de su hijo si no comparte los criterios con el centro educativo. Cuando una familia acude a matricular a sus hijos a estos centros es porque son coherentes con el sistema de valores que tenemos los padres. Así lo recoge la Constitución y, por tanto, naturalmente que debe estar en lugar destacado la libre elección de centro. ¿Se puede sustituir la razón de las familias? Yo creo que no se puede sustituir por las famosas comisiones de escolarización. ¿Desde cuándo la burocracia permite encubrir derechos? El derecho tiene que poderse ejercitar sin ninguna cortapisa y estas comisiones están sirviendo para desviar el conocimiento directo de los colegios. Llamo aquí la atención porque se habla mucho del reparto.
Cuando se habla del reparto a mí me parece que se están repartiendo cajas. No se trata de reparto, de repartir alumnos, son nuestros hijos y queremos para ellos unos centros, un tipo de educación. Nadie tiene que repartir. Ustedes no están autorizados a repartirnos en ningún sitio, somos los padres los que tenemos que decidir qué tipo de educación queremos y qué colegio queremos.


En cuanto a la situación de violencia en las aulas, el otro día leí algo que me parece interesante. Dice ANPE, que ha hecho un estudio entre docentes de infantil, primaria y secundaria, que el 85 por ciento del profesorado de la Comunidad de Madrid -no hay que irse muy lejos- reconoce la existencia de situaciones de violencia en los centros, y la mitad de los encuestados, de un total de 10.000, se decantaba por los centros de secundaria como los lugares más proclives a los actos de violencia. También en Valencia el Colegio de Abogados dice que la violencia ya no a profesores, a ascendientes, creció en la Comunidad Valenciana 14 veces más en los tres últimos años. Juan Antonio Plana, que también es presidente de la Copoe, Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, dice con relación a la violencia escolar: La mayor parte del profesorado sufre el síndrome del burnout o síndrome del profesor quemado. Los profesores de secundaria en España son personas que no han tenido una formación específica en materia de educación y ésta es una de las lagunas que la nueva ley de educación no va a resolver. Hablan de profesorado deprimido, prejubilado frente a situaciones de violencia escolar. La situación es grave, otra cosa es que no queramos plantearlo como grave y queramos decir que no pasa nada y que todo está genial. Repito, la situación es grave.


Pregunta sobre el derecho de asistencia a clase. En España que yo sepa se alcanzan los derechos que uno puede ejercitar por la mayoría de edad.
Aquí son menores de edad y nosotros confiamos en los profesores y profesoras que van a cuidar de ellos y que los van a formar, pero resulta que se les va a permitir, sin conocimiento de las familias, -y no dice la edad, a lo mejor desde los tres años- que puedan no estar en clase, con el requisito de que lo comuniquen. No me parece que esta sea una forma de ejercitar al futuro ciudadano en los valores democráticos, me parece que es una absoluta irresponsabilidad permitir que a los estudiantes, que tienen como deber estudiar -como usted y yo trabajar-, se les permita que, sin conocimiento de los padres, puedan no ir a clase. La pregunta que les hacía era: si no van a clase y tampoco están en el colegio y sucede un accidente, ¿quién va a responder? Los padres, que hemos delegado en los centros, no. ¿Quién responderá civilmente? ¿Los profesores, los centros, el Gobierno? Es un despropósito absoluto.


Decía usted si no me parecía suficiente el debate o consenso tras un año de documentos, página web y todo

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lo demás, pero es que se pueden hacer mil cosas y estar sordo. Ni una sola propuesta de Concapa ha sido recogida, qué casualidad con tanto consenso.
Creo que nos ha recibido la ministra de Educación -porque ya llamaba la atención- una vez, Alejandro Tiana muchas más veces, es cierto. Hemos pasado el tiempo amigablemente juntos, pero no ha valido para nada; consensuar es plantear diferentes propuestas y llegar a propuestas comunes. Esto no ha pasado, si no, ¿por qué cree usted que queremos manifestarnos tantas personas en contra de esta ley? Si hubiera habido consenso carecería de sentido esa manifestación. Se discutieron 2.000 enmiendas en dos días, haga la cuenta si sale a minuto por enmienda, y eso que estuvimos hasta altas horas de la noche porque había que cumplir el programa.


Respecto al fracaso escolar, quiero pensar que todos en esta casa tenemos buena fe, en esta sala y en toda España, pero me parece importante esta cuestión, tenga la culpa quien la tenga, el PP, PSOE o los dos, me da igual, pero el fracaso escolar es tan grave que deberíamos pararnos todos para decir qué tenemos que hacer. Esta ley no tiene medidas contra el fracaso escolar, ni esta ni a lo mejor la anterior, El tema es de mucha más envergadura y no se puede hacer precipitadamente. Este es un tema que debería preocuparnos no solo por los hijos, sino por las empresas españolas que al final tendrán que contratar a personas que quizás estarán muy mal formadas. No lo digo yo, no lo dice Concapa, sino que lo leemos todos los días en los periódicos. España está llamando la atención por la vergüenza de nuestra situación educativa, porque estamos en los últimos puestos, es vergonzoso. Ustedes o los anteriores -me da igual- no encuentran fórmulas para que este tema salga adelante. No es comparable -sin querer defender a nadie-, aquí se habló del esfuerzo a raíz de que el Consejo Escolar del Estado dijera que se habían olvidado ustedes de que el deber del estudiante es estudiar, pues no se veía ese deber de los estudiantes. Efectivamente, han sido ocho años de PP y cuatro de PSOE, luego los dos son responsables del fracaso escolar. Puestos a echar culpas, cada uno la suya. Respecto de la Logse, el PP cometió un grave error: no acometer antes la reforma.


Para combatir el fracaso, hay cuestiones de sentido común, tiene que darse más participación a la familia, que somos muy culpables, los primeros nosotros. No siempre estamos con nuestros hijos dedicándoles la atención que se merecen por la situación de falta de conciliación laboral, por la falta de formación de muchos padres, porque estamos agobiados de trabajo.
El primer culpable son las familias, no tapo las culpas. Después de esto, habrá que ver qué hacemos -y yo no soy un técnico, lo son ustedes- para intentar que haya una mayor participación de familias y centros.
Obviamente, para eso la libertad es fundamental, es decir, que yo pueda elegir aquel colegio que da una educación a mis hijos que sea coherente con mis principios. Esto no lo dice solo la Constitución española, sino la Constitución europea en la que tanto empeño puso nuestro presidente.
Dice que efectivamente es nuestro derecho. No sé a qué viene este enmascaramiento en esta ley porque no se ve claro que exista este derecho.


El esfuerzo compartido es una frase preciosa, pero para eso tienen que darnos posibilidades de conciliar la vida laboral y familiar. Este esfuerzo compartido está bien, pero sin olvidarnos de que quien más esfuerzo debe hacer es el estudiante que es a quien le toca estudiar. Yo puedo ayudar a mi hijo, pero no puedo estudiar por él. El profesor le puede dar una buena clase, pero no puede estudiar por él. Por tanto, esfuerzo compartido, sí, pero cada uno en su lugar.


Democracia en la escuela. Está bien la escuela para saber que hay que ejercer derechos y obligaciones y que se deben respetar unos a otros, pero no entiendo que haya democracia en la escuela, el profesor tiene que mandar y el alumno obedecer; si no, a lo mejor llega un día en que, como es democrático, dan la clase los alumnos en vez de los profesores. No tendría ningún sentido.


Si hay algo que no he contestado díganmelo porque he tomado nota muy deprisa y no sé si he contestado a todo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carbonel. Terminamos así la tercera comparecencia.


-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE L'ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE CENTRES PUBLICS DE CATALUNYA (AXIA) (MATA CLAVELL). (Número de expediente 219/000310.)

La señora PRESIDENTA: Empezamos la cuarta comparecencia de esta sesión dando la bienvenida a esta Comisión, a la vez que le pedimos perdón por los problemas informáticos iniciales, a don Carles Mata Clavell, presidente de l'Associació de Directius de Centres Publics de Catalunya.
Tiene usted la palabra.


El señor PRESIDENTE DE L'ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE CENTRES PUBLICS DE CATALUNYA (Mata Clavell): Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La asociación AXIA es la Asociación de Directores de Cataluña, engloba a directores de primaria y de secundaria y está integrada dentro de FEDADI -tenemos aquí a su presidente, don José Antonio Martínez- y ESHA. Aclaro que FEDADI es la Federación de Directores de Instituto de España y ESHA es su equivalente en Europa. Esto nos ratifica en nuestro deseo de vertebrar el sistema educativo, tanto catalán como español, e influir o recibir influencias del sistema educativo europeo.


La asociación AXIA defiende como principio fundamental el artículo 27.7 de la Constitución. Creemos firmemente que la participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros es muy importante para el buen gobierno de los centros. También AXIA asume plenamente, de la exposición de motivos

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del proyecto de la LOE, todo lo que hace referencia a la educación de calidad, al esfuerzo compartido, a alcanzar los objetivos de la Unión Europea, a mejorar la calidad educativa, a facilitar el acceso a la educación y a abrir los sistemas educativos al mundo exterior. En la exposición de motivos de esta ley se dice que hay que mejorar el sistema educativo español -nosotros estamos por esa labor- mediante la formación permanente del profesorado, la autonomía pedagógica y de gestión y la carrera docente y el reconocimiento del profesorado. Básicamente el punto de la autonomía pedagógica y de gestión es el punto que vamos a tratar.
Para AXIA hay dos grandes retos en el sistema educativo español actual, el fracaso escolar y la dualización del sistema educativo, lo que desde el punto de vista del modelo de gestión y de la función directiva significaría transformar radicalmente la función directiva, darle el liderazgo que necesita y promocionar una carrera docente entre el profesorado. Nosotros estamos claramente por una rendición de cuentas con una evaluación de los resultados. Volviendo otra vez a la ley, AXIA defiende la autonomía pedagógica y de gestión, el proceso de selección del director -nosotros reconocemos que se ha dado un paso muy importante en el proyecto de la LOE al aceptar el proceso de selección del director-, la capacidad de decisión del equipo directivo, la rendición de cuentas de los objetivos logrados a la comunidad educativa y consideramos, igual que la LOE -artículo 2.2-, la función directiva como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. Hasta aquí coincidimos plenamente con el proyecto LOE; a partir de ahora comienzo a exponer nuestra disconformidad.


El diagnóstico que hacemos es el siguiente. En España tenemos un grave problema con el modelo de gestión y el diseño de la función directiva. Si continuamos con este modelo de gestión y con la función directiva que se nos propone en el proyecto LOE, nosotros, como equipos directivos, no podremos responder a los principios que se incluyen en la exposición de motivos ni a los cambios y retos objetivos se proponen, así como tampoco podremos transformar el sistema educativo español para alcanzar una mejora en su calidad y sus resultados; el modelo de gestión que tenemos seguirá siendo la excepción en Europa. Desde hace veinte años el director español no decide casi nada, sino que se limita a gestionar la burocracia -es un burócrata- y a resolver las incidencias cotidianas; es lo contrario al liderazgo que nosotros proponemos. El diagnóstico que nosotros hacemos es que probablemente dentro de cinco años el Gobierno de España tendrá que hacer una nueva ley para atender las demandas de la función directiva.


Empezamos por analizar el título V, que a nosotros nos preocupa extraordinariamente. En el capítulo I, participación en el funcionamiento y gobierno de los centros, se articulan dos órganos colegiados de Gobierno: el consejo escolar y el claustro. Estos son los dos únicos órganos de gobierno que aparecen en el proyecto de la LOE. No se reconoce -esto es inaudito en la tradición pedagógica española, sea con gobiernos de izquierdas o de derechas- al equipo de gobierno como órgano de gobierno, con lo cual aparece el equipo directivo con responsabilidades y sin poder ejercer como órgano de Gobierno. Propuestas de AXIA. Nosotros, creyendo fundamentalmente en la participación del consejo escolar, proponemos transformar este consejo escolar en un órgano de participación real y no aparente. En la actualidad, el consejo escolar no es un órgano de gobierno ni de participación. El gobierno lo ejerce el claustro a través de su profesorado, no la comunidad educativa. Proponemos reforzar el protagonismo de la comunidad educativa en el control de la gestión, la evaluación de los resultados y la rendición de cuentas; comprometer a las administraciones y a la comunidad educativa, que para nosotros quiere decir profesores, padres y alumnos, en los objetivos del proyecto educativo pero también del proyecto de dirección. Queremos profundizar en el principio de participación del artículo 27.7 de la Constitución, para ello hay que transformar profundamente el modelo de gestión y la función directiva para responder a los parámetros europeos y de calidad.
Proponemos separar de una manera clara y tangible los órganos de gobierno de los órganos de control de la gestión, de tal manera que los órganos de gobierno tienen que ser el equipo directivo que actúe colegiadamente, mientras que los órganos de control de la gestión tienen que ser el consejo escolar, que es el órgano propio de la comunidad educativa, y el claustro. Ajustes en el enfoque que les proponemos. Ustedes recibirán el informe de AXIA y recibirán también una tabla con el articulado que contiene el proyecto de la LOE y las modificaciones que nosotros proponemos. Nosotros proponemos suprimir el artículo 118.2. Ustedes encontrarán en la página 7 del informe que les hemos transmitido que hay que modificar toda una serie de artículos.


Capítulo II: autonomía de los centros. Se configura una autonomía pedagógica organizativa de gestión; estamos de acuerdo. Se confiere una gran importancia al proyecto educativo del centro. Esto quiere decir que la Administración tendrá que adecuar sus recursos materiales, económicos y humanos para dar paso al proyecto educativo del centro. Se responsabiliza a los directores de la gestión de los recursos. Fíjense bien, en el artículo 123.5 el director y su equipo directivo, que no es un órgano de gobierno, pasa a ser responsable de todos los recursos que se han puesto a disposición del centro; recursos materiales, económicos y humanos. Tienen toda la responsabilidad pero no tienen ninguna responsabilidad como órganos de gobierno. Propuestas de AXIA. Igual que sucede en Europa, el equipo directivo tiene que ser el motor del cambio pedagógico porque todo el sistema educativo gira en torno a responder a las necesidades educativas del alumnado. Tiene que aumentar su capacidad de decisión y grado de autonomía para llevar a cabo el proyecto directivo del centro y su proyecto de dirección. Es fundamental. Este equipo directivo ha sido

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seleccionado por la comunidad educativa, por sus representantes y por los representantes de la Administración con un proyecto de dirección. En ningún momento aparece en el articulado la importancia de este proyecto de dirección, ser evaluado y rendir cuentas de los objetivos logrados.
Este equipo directivo tiene que responder delante del consejo escolar y del claustro, pero tiene que gobernar. Ajustes en el enfoque. Nos dice el artículo 132.c) que hay que ejercer la dirección pedagógica y no nos llena de competencias para poder ejercerla. Nos dice el artículo 132.e) que hay que ejercer la jefatura de todo el personal adscrito en el centro, pero no nos llena de competencias ni advierte a las comunidades autónomas para que lo llenen de competencias. Fíjense ustedes que nosotros no somos órganos de gobierno y estamos adquiriendo responsabilidades pedagógicas. Hay que reconocer que por primera vez un proyecto de ley habla de la dirección pedagógica, lo que quiere decir que todos los jefes de departamento estarán sometidos al director, ejercer la jefatura de todo el personal adscrito y aumentar su autonomía en la gestión de los recursos materiales. ¿Cómo vamos a aumentar la autonomía que nos indica el artículo 132.j) cuando nosotros no somos órganos de gobierno? No nos vamos a engañar, el equipo directivo recibe la presión de dos grandes intereses, los intereses corporativistas del profesorado -que existen- y los intereses políticos de la Administración. El equipo directivo tiene que tener suficiente capacidad de gestión y suficiente autonomía para responder solo a los intereses del alumnado, ni a los intereses corporativistas del profesorado ni a los intereses políticos de la Administración. Hay un compromiso con las familias. Las familias llevan a sus hijos a nuestros centros y esos hijos tienen que aprender.


Capítulo III. Aquí sí que llegamos al meollo de la cuestión. El capítulo III habla de órganos colegiados de gobierno de los centros públicos, con lo cual los centros concertados, a partir de ahí, siguen otro camino completamente distinto. Competencias del consejo escolar. Entre las competencias del consejo escolar, que están en los artículos 127.a) y 127.b), nunca se tiene en cuenta los objetivos del proyecto de dirección.
¿Para qué hemos seleccionado un proyecto de dirección si el consejo escolar no lo tiene que tener en cuenta? Además, puede proponer la revocación del nombramiento del director pero no de ningún profesor, con lo cual parece ser que el director es el único que está sometido a esta revocación, sin estarlo ningún otro profesor, y puede imponer sanciones a las conductas graves del alumnado. En este punto me voy a detener dentro de unos instantes porque en el artículo 127.f) a nosotros nos parece que incluso se pueden conculcar los derechos del menor. Propuestas de AXIA: Mejorar la eficiencia en el control de la gestión del consejo escolar. El consejo escolar tiene que controlar la gestión del equipo directivo, tiene que informar a la Administración; para eso hay alumnos, padres y profesores, para informar que los compromisos adquiridos tanto del profesorado como del equipo directivo no son llevados a cabo y no se respeta el proyecto de dirección. Tiene que defender los objetivos de este proyecto de dirección -es su proyecto de dirección- y tiene que velar por la correcta aplicación de las sanciones; no puede ser que un equipo directivo sancione sin que tenga órganos que le controlen esa sanción, pero quien tiene que sancionar es el equipo directivo.


Competencias del claustro. Puede decidir sobre los aspectos educativos pero tampoco tiene que tener en cuenta el proyecto de dirección, con lo cual habrá un equipo directivo que tendrá un proyecto de dirección y un claustro que no tenga por qué tener en cuenta ese proyecto de dirección, y no reconoce la competencia que se le da en el artículo 132.c) mediante la cual se le atribuye la dirección pedagógica. Si el director es el director pedagógico conjuntamente con su equipo directivo, lo es también del claustro. Propuestas de AXIA: Mejorar la eficiencia del claustro en el control de la gestión del equipo directivo y mejorar la eficiencia del claustro en la coordinación educativa. Proponemos un nuevo título: órganos de participación y de control de la gestión y de coordinación docente de los centros públicos. A partir de ahí les proponemos modificar todos estos artículos. No entendemos por qué el consejo escolar no tiene que velar por el presupuesto económico. Nosotros pedimos que sea el consejo escolar el que tenga que conocer y aprobar el presupuesto económico y su liquidación.


Quiero que presten atención al artículo 127.f). Este artículo establece que el consejo escolar tendrá que conocer la resolución de conflictos disciplinarios y en su caso proceder a la imposición de sanciones.
Fíjense ustedes, el consejo escolar pasa a imponer sanciones de conductas graves. Este artículo está cogido directamente de la LODE del año 1985 sin tener en cuenta que el panorama, sobre todo en la secundaria española pública, porque esto solo hace referencia a la pública (en la concertada también, pero como el artículo solo hace referencia a la pública...), se ha transformado completamente. La situación actual es la siguiente.
Nosotros podemos sancionar, tenemos que elaborar un expediente para hacer la sanción, tenemos que informar al consejo escolar de ese expediente y el inspector comprueba que se ha llevado correctamente. Ventajas del procedimiento actual. Evidentemente refuerza la capacidad de actuación y decisión del equipo directivo y da rapidez a la resolución de conflictos.
El procedimiento funciona perfectamente (en tres años nadie se ha quejado), evita la victimización en los conflictos de acoso. Desde el año pasado el acoso está emergiendo en los centros educativos. Hay que ir con mucho cuidado con la víctima y con el agresor. En la sanción que tiene que imponer lo primero que tiene que hacer el director es procurar que el que sufre el acoso no entre en el panorama público; tiene que ser muy discreto, tiene que velar por que realmente la discreción y la privacidad de la víctima y de su familia no salgan a la luz pública. Refuerza la rehabilitación y reeducación de los agresores, que para eso también estamos. Preserva la discreción y el derecho a la intimidad de la propia

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imagen del alumno, de acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución, donde se garantiza el derecho el honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En el momento en el que nosotros llevemos una sanción al consejo escolar, allí hay padres, alumnos y profesores, la discreción se romperá. Las consecuencias negativas del artículo 127.f) es que anula totalmente la capacidad de decisión y actuación del equipo directivo. Es un dislate que el director haga de mediador. En ningún procedimiento de mediación el que propone o impone la sanción actúa como mediador. Sería muy distinto que el director tuviese que favorecer la mediación, con lo cual estamos de acuerdo. Se elimina la discreción, se da publicidad al conflicto y se retarda su resolución. Además se desprotege al acosado, se le victimiza y aumenta su perjuicio. Para nosotros se vulneran los artículos 18.1 de la Constitución y el 2.1.b) del proyecto de la LOE sobre los derechos fundamentales del alumnado, tanto para la víctima como para el agresor. En los casos de tráfico de drogas, acoso entre alumnos y conflictos entre bandas se propicia la alarma social. Vuelvo a decir lo mismo: solo afecta a los centros públicos; los concertados no tendrán ningún problema para tratar estos casos de manera distinta. Ajustes en el enfoque: proponemos modificar los artículos 127 y el 132.f.).


Respecto al capítulo IV, dirección de los centros públicos, continúa afectando solo a los centros públicos. El equipo directivo no es un órgano de gobierno. El director no es una autoridad educativa, el director no tiene capacidad de sancionar, el equipo directivo no participa en la evaluación docente del profesorado. Cómo vamos a ejercer nosotros la dirección. Ajustes en el enfoque: proponemos modificar ciertos artículos. A nosotros nos sorprende que no podamos ser una autoridad educativa, como lo son los inspectores que tienen que serlo.
Selección del director. Nosotros somos funcionarios y nuestro deber es participar en un concurso de méritos que esté bajo los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad. El artículo 133.2 se contradice con el artículo 133.4. Si ustedes leen el artículo comprobarán que hay una doble condición en este artículo 133.2, que no tiene nada que ver con los funcionarios. Procedimiento de selección. Vamos a ser los únicos funcionarios en todo el Estado español y en toda Europa en cuya selección podrán participar los menores de edad. Se va a someter al candidato a director a un procedimiento único e inaudito tanto entre el funcionario español (maestros, profesores, funcionarios de otros departamentos) como entre los directores europeos. Ustedes saben que el modelo directivo que tenemos en España es la excepción europea. No existe ningún otro modelo parecido, excepto en Portugal. Recuerden las historias de Portugal y de España en los años setenta y entenderán el porqué de este modelo; no hay ningún otro modelo donde ocurra esto. Además, de manera inaudita solo un menor de edad podrá participar en la selección de un candidato a director. Se menosprecia a los representantes de los profesores en el consejo escolar. Se dice que el claustro puede escoger a sus representantes para participar. ¿Todos pueden participar, los sustitutos que están en aquel momento también, o hay que dar estabilidad al profesorado a través de sus representantes en el consejo escolar? Porque tendrán que aprobar un proyecto de dirección. Por tanto, los representantes en el consejo escolar tienen que ser los que están en el centro y son los que tendrán que valorar ese centro de dirección. Se introduce un término que no entendemos: prestación de servicio. No sabemos qué quiere decir esto. Por favor, les aconsejo que ustedes se lo lean para ver si lo entienden. Además se discrimina completamente a los candidatos externos. Somos funcionarios. ¿Qué quiere decir que un candidato externo no puede participar exactamente igual en el mismo procedimiento que un candidato interno? Si la comunidad educativa piensa que el candidato externo no reúne los requisitos necesarios en su proyecto de dirección, ya lo suspenderá; ya lo hará. Ajustes en el enfoque. Hay que reformar ciertos artículos, según encontrarán en los documentos que les suministrará esta Comisión.


Disposiciones adicionales. La categoría de director es una categoría que puede dar incentivo a todos los directores evaluados positivamente. Es una categoría que puede servir para presentarse -somos funcionarios- en concurso de traslados, de méritos, en el acceso a la dirección y que puede tener sentido dentro de la carrera docente. No solo vamos a ser seleccionados por menores, sino que somos los únicos que habiendo pasado un procedimiento de selección vamos a romper el proyecto de dirección, a elaborar otro proyecto de dirección y a volver a pasar ante otro procedimiento de selección. También es algo inaudito entre los funcionarios. Siempre se reconoce a un funcionario los méritos que ha adquirido y a nosotros la ley no nos lo reconoce.


Señorías, termino ya mi intervención. Señoras y señores diputados, ustedes tienen un Consejo Escolar del Estado en el cual nosotros tenemos un representante que es don José Antonio Martínez, el único representante de los presidentes de los consejos escolares. En las comunidades autónomas los consejos escolares no tienen ningún representante de los directores de los consejos escolares de los centros; es absolutamente inadmisible.
Llevamos veinte años, nadie se queja y se piensa que el consejo escolar puede prescindir de escuchar a sus directores y a sus directoras.


La señora PRESIDENTA: En el turno de intervención de los grupos tiene la palabra, en primer lugar, la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Bienvenido, señor Mata. En primer lugar, quisiera agradecerle su comparecencia y las explicaciones que nos ha dado, así como también la rotundidad con la que ha expuesto sus planteamientos y la convicción que le asiste para reclamar este tipo de funciones para los directores, que han estado suficientemente defendidos.


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Convergència i Unió cree que la LOE puede ser una buena oportunidad para mejorar la calidad de la educación en todos los ámbitos y especialmente en el público. Quisiera hacer una precisión. A mí me disgustaría -porque este no es el debate que existe en la sociedad- que se pensara o que lleváramos a todos a la convicción errónea de que el aumento de calidad de la escuela pública ha de ser forzosamente en detrimento de la escuela concertada. Este debate de escuela pública-escuela concertada es erróneo, y de alguna manera se está polarizando, pero haríamos un flaco favor porque en la sociedad esta cuestión no existe porque no hay este dilema.
Desde Convergència i Unió creemos que la LOE es una buena oportunidad para mejorar la calidad de la escuela pública y que el papel de los directores de los centros de educación públicos puede ser decisivo.
Existe una pregunta general que es: ¿Quién es el responsable de rendir cuentas ante todos, ante el consejo escolar, ante la sociedad? ¿Quién es el responsable de rendir cuentas de lo que pasa en un centro? Usted encuentra bien el sistema participativo que propone la LOE. Nosotros también lo encontramos bien, coincidimos en este planteamiento. Lo que ocurre es que hay algo más que las líneas, que es el gobierno del día a día y quizás ahí aparezca excesivamente desdibujado su papel. En realidad ustedes reclaman algo que se suele reclamar poco, que es responsabilidad, o sea, tener mayores cuotas de responsabilidad para poder ejercer un papel de dirección día a día que pueda coadyuvar a esta mejora de la calidad. Nos ha hablado de las soluciones. Usted ha hecho una exposición bastante exhaustiva y tomamos buena nota de ello; además nos llegará el informe que nos permitirá sustentar las propuestas de enmiendas que podamos hacer. Me he preocupado cuando usted ha hablado de la necesidad de poder tener una participación más directa en conductas que repercuten negativamente en el clima escolar, que en el informe PISA y otros se nos dice que es uno de los requisitos sine qua non para que haya un buen rendimiento escolar. Es cierto que aquí estamos asistiendo a un alarmante aumento de acoso, de violencia, de mobbing, de conductas incívicas y que además ha aumentado a gran ritmo desde los últimos años, y me refiero a esto porque tuve ocasión de intervenir en un informe del Defensor del Pueblo de hace unos años en donde la incidencia era mucho menor.
¿Realmente es distinto el papel del director que puede tener ahora con la actual regulación que el que se prevé en la LOE? Usted ha dicho que también es distinto en los centros públicos y en los concertados que no son públicos; aquí se puede abrir también un camino divergente desde mi punto de vista absolutamente injustificado. También me ha preocupado un poco la doble victimización que puede sufrir la víctima, si realmente el tratamiento procedimental de estos asuntos se lleva a cabo de la manera que está prevista en la LOE. Si puede ser, me gustaría que ampliara un poco este tema, saber si desde su punto de vista el perfil de acceso a la función de la dirección está bien resuelto en el proyecto que se nos ha remitido y tener su opinión sobre algo que ha salido a lo largo de la mañana que es el mal llamado -por ser un nombre inexacto- derecho a huelga que se prevé en la disposición final primera cuando se especifica el tema de que la no asistencia a clase no será objeto de sanción ni motivo de expediente, etcétera. ¿Usted cree que esto es una cosa irrelevante, importante o indiferente?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Bienvenido, señor Mata, a la Comisión de Educación y muchísimas gracias por su intervención.


Nos ha hablado del modelo de la función directiva en la LOE que, como usted, considero que es un elemento importantísimo y fundamental, desde luego para nosotros es crucial en la mejora de la calidad educativa, y lo ha hecho además con gran convicción, desde una realidad privilegiada, como director y representando y llevando la voz de los directores que conocen perfectamente la realidad de la vida y de los centros educativos, que saben perfectamente los problemas porque los sufren y los viven a diario y que conocen también las necesidades de las mejoras que se precisan. Si tuviese que buscar una palabra para definir las conclusiones de su intervención me quedaría con que son demoledoras, pero añadiría además para la enseñanza pública. Además lo digo con un cierto y gran pesar, porque yo soy funcionaria doble -digamos- de la enseñanza pública: por una parte soy docente, soy catedrática y, por otra, soy inspectora de educación. La verdad es que de la LOE se concluye algo gravísimo y muy preocupante. Se nos avecinan unos graves problemas de gestión y de diseño de la función directiva muy alejados de lo que usted decía -creo recordar sus palabras textuales- que debe de ser motor del cambio pedagógico. La verdad es que no podemos entender el hecho de que los directores ya no puedan sancionar, que el equipo directivo no sea un órgano de Gobierno en los centros públicos, que ni siquiera sus componentes sean considerados órganos unipersonales de Gobierno, como eran considerados en la LODE y en la LOPEG. En una palabra: el director y su equipo carecerán de autoridad -usted lo remarcaba, y me parece que es necesario y preciso, en el buen sentido de la palabra, que exista-, de capacidad de gestión, y aparejado a ello vendrá también la carencia de una consideración social al degradarse a nuestro juicio en términos muy graves y además sin precedentes, me parece, en ningún país europeo. En ese sentido, me gustaría que se expresara si efectivamente hay parangón. No hay parangón en este retroceso. Para mí sinceramente carece de explicación y, por otro lado -no sé si usted lo compartirá o no-, me parece que casi nos introduce en aquel túnel de ineficacia que llegaba al asamblearismo, por tanto sin eficacia y con muchísimos problemas en el sistema educativo.
Desde ese adelanto que le hacía y que

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comparto en definitiva de que es un despropósito, aunque usted no haya utilizado esta palabra, que la dirección deje de ser un órgano de gobierno -usted ha hablado de una serie de consecuencias que se van a derivar-, también se va a retrasar la sanción y lógicamente el conflicto va a permanecer vivo. ¿No le parece que eso ya es muy grave, que eso es precisamente lo más alejado de lo que se necesita ahora en los centros que tienen una conflictividad que no tenían hace años? Es una realidad social que hay que reconocer. Lógicamente esto va a afectar -no sé si lo comparte- a la buena marcha de los centros públicos -recalco lo de los centros públicos-, con lo cual los van a enfrentar más con los centros privados de forma negativa. ¿Usted cree que hay alguna desconfianza en la ley hacia la figura clave de los directores? ¿Cómo se puede explicar esto? Ha dicho que considera que las competencias del artículo 132 de la ley se atribuyen genéricamente al director, pero por una parte no están precisadas en la ley con claridad o incluso luego son contradictorias con otros artículos. A mí me gustaría que pudiese profundizar algo en esto, porque me parece también que es de una gran transcendencia, para saber qué diferencia hay en esta parte en lo que son las competencias entre la figura del director diseñada en la LOE y la profesionalización de los directores en los otros países europeos.


En línea con lo anterior, en su exposición denuncia que en la LOE se eliminan, como decíamos antes, las competencias de la dirección en la definición de los proyectos, en la programación general y anual del centro, en las propuestas e informes tendentes a mejorar la calidad de gestión, en el funcionamiento y en los aspectos educativos del centro.
¿Usted cree que siendo eso así, estando así diseñado en la ley, se podrá dar respuesta a esos objetivos de organización, de gestión y de pedagogía básicos, necesarios e imprescindibles del sistema educativo? Porque si no es así, esto es muy grave. De sus palabras concluyo una preocupación, porque en la LOE no quedan claros los criterios de méritos académicos y profesionales que le tengo que decir que mi grupo considera fundamentales a la hora de la selección del acceso a la función pública y a la selección también del director. Me parece que también se puede extraer una referencia a que hay una preferencia para la selección -lo he visto en las notas que usted ha proyectado- de los profesores del centro, y esto me parece que tampoco es justo; no sé si usted lo comparte o no.


Voy terminando, señora presidenta. Me decía que de este sistema también se puede llegar a la conclusión de que es un proceso viciado, porque al final casi se va a designar director al que es más amigo del claustro, con lo cual caemos también en un problema importante, en un proceso que busca unos objetivos, pero que está viciado en sus orígenes, por tanto nunca los podrá alcanzar. Desde luego, comparto con usted esa alarma, verdaderamente gravísima, de que será el único funcionario en cuya selección participarán menores. Por otro lado, usted ha insistido en algo que también mi grupo considera fundamental, cual es la autonomía de los centros. ¿Qué aspectos de la ley cree que resta autonomía a los centros? Por último, ¿cree que el diseño de la dirección de la LOE hará posible esa convergencia educativa con Europa, que es una demanda y una necesidad para la mejora de los resultados del informe PISA e incluso -diría más- va en línea con las recomendaciones de la OCDE?

Concluyo, señora presidenta y señor Mata, agradeciéndole su intervención y haciendo una reflexión e incluso una pregunta muy directamente, que no es retórica: ¿No cree -para mí esto es muy grave, porque siempre he sido alumna de la enseñanza pública, docente, como le he dicho, de la enseñanza pública, funcionaria de la enseñanza pública, creo en la enseñanza pública y quiero a la enseñanza pública- que este diseño dará una estocada muy grave y de consecuencias y de alcances imprevisibles a la enseñanza pública?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gómez Santamaría.


La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señor Mata, en primer lugar quiero darle la bienvenida a la Comisión y darle las gracias por su exposición, así como por su manifiesta dedicación a la enseñanza y por las aportaciones que nos ha hecho para mejorar el sistema educativo, lógicamente desde su punto de vista y desde el punto de vista de la asociación que preside.


Como tenemos poco tiempo y no quiero que la señora presidenta me mire muchas veces, voy a obviar aquellas cuestiones a las que ha hecho usted referencia al principio de su intervención, cuestiones en las que coincidimos, y creo además que en un alto grado de coincidencia en algunas fundamentales, y por tanto voy a centrarme en aquellos aspectos que hacen referencia a la función directiva y en los que claramente no compartimos algunos criterios, posiblemente ni en el diagnóstico ni tampoco en el enfoque que usted nos ha presentado.


Dicho esto me da pie para pasar directamente a hacerle algunas preguntas, y la primera que quiero plantearle es qué opinión le merece que el modelo que plantea la LOE en cuanto a la dirección sea más participativo que el que ustedes nos han planteado hoy aquí. Permítame que le diga que, desde el punto de vista mío y de este grupo parlamentario, creemos que el modelo que ustedes plantean es quizás una opción más personalista y menos participativa. Nosotros damos por hecho que es buena la participación social en todo el sistema educativo, y creo que así lo entendemos todos, y me gustaría saber qué problema ven ustedes en que el director y el equipo directivo de los centros gestionen los acuerdos tomados por otros órganos, como puede ser el claustro o el Consejo Escolar.


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Respecto a la profesionalización, me gustaría que nos dijera qué características mínimas considera que tendrían que cumplirse en la tarea directiva para que se entienda ésta como profesionalizada. Ha hecho referencia también a otros países de nuestro entorno europeo, y en ese sentido me gustaría saber qué características cree usted que le sobran a nuestro modelo y cuáles le faltan respecto a los modelos de dirección que existen en los países europeos de nuestro entorno.


Hay otro aspecto al que me gustaría hacer referencia, porque no solamente en la exposición que nos ha hecho usted aquí, sino también en la prensa, he leído en diferentes artículos manifestaciones suyas o de su asociación en las que aparecen declaraciones que ponen mucho énfasis en la pérdida de capacidad sancionadora por parte del director o del equipo de dirección. Yo le quería hacer a este respecto una pregunta, si realmente cree que la única forma de imponer autoridad en el centro es teniendo capacidad sancionadora, y en qué medida esa capacidad sancionadora va unida también a la capacidad de liderazgo por parte del director y del equipo directivo.


Hay otra cuestión que me gustaría plantearle, porque creo que al final de su exposición ha hecho usted bastante énfasis en ella, respecto a la participación de los alumnos en la selección de director. Me gustaría que nos diese su punto de vista sobre qué le parece que sean las administraciones educativas las que regulen la participación de los alumnos en la selección de director.


Seguramente me queda alguna pregunta por hacerle pero creo que estas son más que suficientes. Le doy las gracias por adelantado por sus respuestas y estamos seguros de que nos aportarán algo de luz sobre este tema y que todos los grupos tomaremos buena cuenta de ellas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Mata para contestar, en principio por diez minutos.


El señor PRESIDENTE DE L'ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE CENTRES PUBLICS DE CATALUNYA (AXIA) (Mata Clavell): Muchas gracias, señora Pigem, por sus preguntas. Yo creo que una de las preguntas clave que usted me hace es quién es responsable actualmente en los centros de rendir cuentas. Pues no sé qué decirle. Delante del juez, el director es el responsable, porque en la mayoría de los centros de secundaria, de ESO y Bachillerato, casi todos nuestros alumnos son menores de edad. Por tanto, hagamos lo que hagamos, bien o mal, con esos alumnos, nosotros somos responsables y, como existe una figura que es la figura del director, evidentemente el responsable ante el juez es el director. Pero si entendemos por responsable el motor del cambio, el que lidera el cambio, el que si se necesita hablar con los jefes de departamento se encarga de ello, no existe esa figura. En toda la literatura española, cuando se analiza el modelo de gestión, aparece siempre lo mismo, hay una inversión de poder.
Es mentira que los padres gobiernen el centro, esto es una mentira falaz, no existe, quien está gobernando el centro es el claustro, y el claustro son los profesores, y los profesores son trabajadores, por tanto tienen intereses corporativistas.


En cuanto a la convivencia escolar, yo creo que el 127.f) y el 132.f) -no voy a parar de insistir- son los artículos claros que les están diciendo a los padres -y pensamos hablar con todas las asociaciones de padres-: vuestros hijos, si son acosados o son agresores, van a salir al público, van a salir a la tarima, los vamos a poner en la boca de todo el barrio, de todas las familias. Es importantísimo que la sanción dependa del equipo directivo, que se tiene que atener a las normas, y el Consejo Escolar mirará si se ha atenido a las normas y el inspector mirará el procedimiento. Nos ha ido muy bien, los casos que han aflorado de convivencia escolar en la educación pública van a aumentar si aceptamos los artículos 127.f) y 132.f); las familias van a ser víctimas de estos artículos, está muy claro que lo van a ser, y nosotros tenemos menores, no tenemos tan sólo la obligación de proteger al acosado, sino de rehabilitar al agresor. Por tanto, se tiene que llevar con toda discreción, y si ustedes me dicen que tengo que poner los expedientes encima de la mesa del Consejo Escolar, se tiene que leer todo el expediente que ha hecho el instructor, que no es el director, como ustedes saben, y el instructor ha preguntado y pone toda la información encima de la mesa, y los casos de acoso son muy complicados. Por tanto, no es que tengamos o no problemas en que esté el Consejo Escolar, sino que son las familias las que van a tener los problemas. Durante estos tres años, ¿alguien se ha quejado de lo mal que lo han hecho los directores con los expedientes? ¿Ustedes han recibido quejas?

En cuanto al perfil de acceso a la dirección es muy importante que este profesor candidato a la dirección sea un profesor muy bien preparado en la gestión, muy bien retribuido y muy bien evaluado, y tiene que tener capacidad de decisión. ¿Qué capacidad de decisión tiene que tener? La que le mande su proyecto de dirección. ¿Y de dónde le viene el proyecto de dirección? Pues de la comunidad educativa, del Consejo Escolar y de la Administración. ¿O es que se va a apartar de su proyecto de dirección? Un proyecto educativo es el ideario del centro público, pero el ideario dice: nuestros niños tienen que aprender. Y llega el equipo directivo y dice: tienen que aprender inglés, competencias básicas y cálculo. ¿Cómo se va a hacer? Y el equipo directivo dice: proponemos a la comunidad educativa que esto se haga así, así y así. Y la comunidad educativa dice sí o no, pero si ha dicho sí escoge a un candidato y entonces se lleva a cabo el proyecto de dirección, y se lleva a cabo con el claustro y con el Consejo Escolar, que están vigilando para que esto se lleve a cabo, porque si cogemos al director y lo atamos de pies y manos no va a llevar a cabo el proyecto de dirección y lo que dice la LOE es: no lleves a cabo el proyecto de dirección, no hace falta, porque no lo tiene nunca en cuenta.


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El derecho de huelga. ¿Qué le voy a decir yo del derecho de huelga? Si a mí se me escapa un alumno, me salta del centro por la tapia y no informo al padre, el juez puede actuar. Pueden tener todo el derecho a huelga si sus padres dicen que tienen que tenerlo, yo no se lo puedo decir. Yo a mi hija le tengo que decir si tiene el derecho a huelga o no, pero el Gobierno nos tiene que dar el procedimiento para poder informar a los padres y que los padres autoricen a sus hijos a salir del centro. No me meto en que tengan derecho a huelga o no. Que un menor de edad tenga derechos de huelga en este caso no lo entiendo, porque no es un trabajador, pero es mi opinión personal. Lo que sí les pido es: denme el procedimiento para que no me lleven delante del juez.


Señora Sainz, es evidente que en cuanto al modelo de gestión nosotros coincidimos plenamente con el proyecto de LOE en la participación pero, usted lo ha dicho, es un modelo asambleario. Llevamos veinte años con este modelo. En Europa no quieren saber nada de este modelo, cuando les hablamos de él no entienden absolutamente nada. Hay sólo dos modelos en Europa: el continental, que le llaman así porque es Italia, Francia y Alemania, que es un cuerpo de directores, que nosotros nunca hemos hablado de esto; y el otro modelo, que a nosotros nos parece adecuado, que es el modelo británico-escandinavo, donde estaría Inglaterra y Finlandia, en el que se dice: la comunidad educativa selecciona al director -no es lo mismo, porque aquí tenemos funcionarios-, porque hay un proyecto de dirección, y toda la comunidad se pone en marcha para este proyecto; este modelo nos parece muy adecuado. El modelo asambleario esconde la realidad corporativista del profesorado. ¿Los sindicatos se han quejado? No. Si no se han quejado los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, mis trabajadores, es que este modelo está favoreciendo a los intereses de los trabajadores, de lo cual estoy muy contento como trabajador, pero también soy director.


Lo de las sanciones ya lo he contestado, es inaudito que nosotros no podamos sancionar con todas las garantías para las dos partes, porque si hay una sanción es que hay dos partes: alguien que ha recibido y alguien que ha dado. Estas dos partes tienen que tener todas las garantías.
Cuando llevemos esto al Consejo Escolar las dos partes pierden garantías.
Léanse el artículo 18.1 de la Constitución, es que no es sólo el derecho a la privacidad del alumnos, sino el de la familia. Si mi hija es acosada o agresora mi familia no tiene por qué pasar por la vergüenza pública. Al revés, se le tiene que pedir al equipo directivo discreción y rapidez en la actuación para que mi hija si es acosada pueda ir tranquilamente a la escuela, y para que mi hija si es agresora pueda volver tranquilamente a la escuela, y esto lo hemos hecho bien durante tres años, nadie se nos ha quejado.


El proyecto de dirección es absolutamente fundamental, allí hay unos objetivos que se tienen que llevar a cabo. ¿Cómo pueden pensar los padres en las comunidades educativas que nosotros vamos a llevar los objetivos con un órgano de gobierno y que nosotros no lo seamos? Si al Consejo Escolar le quitan el equipo directivo esto no existe, no hay Consejo Escolar. ¿Qué va a hacer el Consejo Escolar sin el equipo directivo? ¿Cómo van a gobernar los padres y los alumnos del centro? No se trata de que le lleven a acuerdo los acuerdos, sino de que cumplan los objetivos del proyecto de dirección. Más participativos que AXIA no hay, y les estamos dando un modelo para que no nos venga el cuerpo de directores, porque luego nos va a venir y se habrá acabado la participación y se habrá acabado el 27.7. ¿Por qué va a venir el cuerpo de directores? Porque el Estado no va a poder aguantar la falta de dirección en los centros; porque Europa va a pasar cuentas; y porque -vuelvo a poner a mi hija de ejemplo- cuando mi hija vaya por Europa no es tan solo catalana, también es española, y el modelo educativo es el modelo educativo español, y está donde está en Europa. Yo no quiero que mi hija sea discriminada respecto a una niña francesa, inglesa o finlandesa. ¿Por qué tiene que serlo? Hay que elevar el listón de nuestro modelo educativo, y nosotros les proponemos dos maneras de hacerlo, ustedes son los políticos: den fuerza a la función directiva, den fuerza a la carrera docente, y evalúen profesores y equipo directivo, y háganlo de acuerdo con unos resultados ponderados, si no, no lograremos nada. Espero que dentro de cinco años me inviten otra vez.


Méritos académicos y profesionales. Es el único funcionario en todo el universo al que no se le tiene en cuenta el concurso de méritos, no se le tienen en cuenta sus publicaciones, porque hay un menor. Yo estoy enseñando y serán niños o niñas de 14, 15, 16, 17 ó 18 años, son niños y niñas de 12 a casi 18 años. Si le estoy diciendo: no sabes redactar, no me sabes calcular bien, ¿cómo me va a leer a mí, o a ustedes, o a quien sea, las publicaciones y me las va a poder valorar? Un padre sí que lo puede hacer, es un adulto, es responsable, pero un menor de edad no es responsable, si no lo es ante la ley tampoco lo es para un funcionario.


De la autonomía de los centros, volvemos otra vez a lo mismo, claro que hay un proceso viciado en el claustro, claro que lo hay, ha existido desde hace veinte años. El modelo es impuesto por los sindicatos, y si le preguntamos a un no fumador si quiere dejar de fumar, ¿qué va a decir? Que no. Nosotros hemos sido los grandes olvidados de la Administración.
Ninguna Administración desde la democracia ha pensado, y las hemos tenido de dos colores, en los directores. No hay un reconocimiento, no hay ningún apoyo, no lo tenemos de los sindicatos, tampoco de los padres, no lo entendemos pero tampoco lo tenemos. ¿Yo qué quiero para mi hija como padre? Primero, que aprenda; que me informen si no está aprendiendo y me digan lo que vamos a hacer, ellos y yo, en mi casa, para que mi hija aprenda. Sin un liderazgo de un equipo directivo ustedes me contarán cómo lo vamos a hacer, va a ser absolutamente imposible. Eso sí, yo tengo un compañero que me dice que está todo el día rellenando papeles. Esta no es la función de un

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director, es otra. En Europa la función del director es primordial, ya no les pongo el ejemplo finlandés donde se selecciona a los profesores por parte del director. La comunidad selecciona al director; el director selecciona a los profesores; y la comunidad si no funciona la escuela, la cierra. No les pongo el ejemplo de Finlandia, sino un ejemplo español.
Tenemos funcionarios, hagamos que estos funcionarios tengan una carrera docente, hagamos que el equipo directivo pueda liderar este cambio, y los podremos evaluar a todos. Los padres tienen que saber cómo estamos en este centro. ¿Cómo es que no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal? Yo sólo tengo una hija, ¿cómo es que en el colegio donde va a ir en la edad escolar no le van a decir si lo está haciendo bien o mal?

Ustedes deben tener los resultado del PISA, pero por centros, algo que incluso en Cataluña se nos esconde. Quisiera saber dónde está la concertada en los diez mejores, los top ten, dónde está la concertada y dónde la pública. Los padres tienen que saber esto algún día, porque no sea que una de las razones de la concertada, aparte de que seleccionan al alumnado, sea la función directiva.


Tenemos otro problema, que es la captación y reclutamiento del profesorado, que otro día si ustedes me invitan también se lo cuento.
Usted me dice que acabe y yo acabo.


La señora PRESIDENTA: Yo seguiría escuchando, pero me parece que nos estábamos pasando de tiempo.


Muchísimas gracias, señor Mata, y esperamos volver a tenerle en esta Comisión. (El señor Presidente de L'Associació de Derectius de Centres Publics de Catalunya (AXIA) (Mata Clavell): Dentro de cinco años.) O incluso antes.


Terminamos así la cuarta comparecencia.


-DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) (BAZO SÁNCHEZ). (Número de expediente 219/000311.)

La señora PRESIDENTA: Comenzamos la quinta comparecencia de la sesión de hoy y damos la bienvenida a esta Comisión a Isabel Bazo Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, a quien doy la palabra. Le informo de que más o menos tiene un cuarto de hora de tiempo de intervención, y pido a los grupos que, como vamos con un poco de retraso, pregunten en lugar de hacer exposiciones largas.


La PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSENANZA (CECE) (Bazo Sánchez): En primer lugar, quiero agradecer que tanto el Partido Popular como el PSOE me hayan permitido asistir a esta comparecencia, porque creo que es un privilegio poder hablar públicamente en este foro de la interpretación que desde la Confederación Española de Centros de Enseñanza estamos haciendo en torno al proyecto de ley orgánica de educación. Por eso, primero, si me lo permiten, voy a hacer una rapidísima presentación de qué es la Confederación Española de Centros de Enseñanza, porque muchas de las cuestiones que voy a plantear se basan en el enfoque para el que fue creada esta confederación. Fue fundada en el año 1977 por el padre Ángel Martínez Fuertes, sacerdote agustino y en ese momento senador de UCD. El padre Martínez Fuertes interviene en la redacción, en cómo se modula la Constitución española, sobre todo el artículo 27 y el punto 2 del artículo 10. Creo que es muy importante hacer esta consideración. CECE, que es como se nos conoce habitualmente, tiene una composición en federaciones autonómicas y provinciales que integran todo tipo de centros educativos, desde universidades privadas, colegios mayores, centros universitarios de turismo, de educación no reglada y formación de educación especial, colegios concertados y no concertados, de educación infantil, de enseñanzas especializadas, etcétera. Nuestra actividad corresponde a la de una organización empresarial, ya que somos empresarios y patrones y representamos a titulares de empresas privadas, tanto religiosos como seglares, católicos y no católicos, de otras religiones, cooperativas, etcétera. Negociamos los 10 convenios colectivos laborales del sector de la educación. Nuestra actividad está basada en criterios democráticos y participativos, y somos aconfesionales, apolíticos y sin ánimo de lucro. Formamos parte del Consejo Escolar del Estado, del Consejo General de la Formación Profesional, de la Junta directiva de la CEOE, del Club Excelencia en la Gestión, de las organizaciones europeas: Efvet -centros de formación profesional-, ESHA -asociación de directivos de educación primaria y secundaria-, Ecnais -escuelas independientes de Europa- y Oidel, que defiende la libertad de enseñanza. Quiero hacer un inciso personal, porque a lo largo de toda mi vida profesional he compaginado ser madre, docente y empresaria, y también van a influir estos criterios que estamos planteando desde la CECE, puesto que la experiencia me ha permitido afrontar qué es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 45 años en educación, ya que durante 41 años he estado dentro de un aula.


Les quería comentar que los objetivos fundamentales de la CECE son totalmente coherentes con lo que dice la Constitución española, y es prioritaria la defensa de la libertad de enseñanza. Por eso no les extrañe, puesto que son nuestros objetivos fundamentales, que tenga a que aludir a la Constitución española. Nos apoyamos en el artículo 38, que habla de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y de que los poderes públicos tienen que garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de su productividad; esto es, no se puede obligar a alguien que monta una zapatería con zapatillas deportivas a que venda zapatos de fiesta. Esa es la auténtica libertad, y la empresa tendrá que fiarse de la demanda del mercado para decir si le interesa introducir otro tipo de calzado, pero inicialmente eso sería el respeto

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a la libertad de empresa. Pero fíjense, la libertad de empresa en el artículo 27 aparece como derecho fundamental, dado que permite y eleva a ese grado la creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Por tanto, mi obligación sería defender que un colegio, por ejemplo, tenga un proyecto educativo de educación bilingüe y no se podría plantear que, si es bilingüe francés o inglés o alemán, obligatoriamente, puesto que es libertad de los padres, este centro tuviera alumnos que no aceptasen aprender alemán, inglés o francés. Le pongo esos dos ejemplos porque básicamente es lo que estoy defendiendo desde la confederación.


Cuando el Partido Popular en el Gobierno dijo que iba a hacer una reforma de la Logse, lo apoyamos porque había constatado cómo no se habían alcanzado los principios de calidad que todos pretendíamos después de la implantación durante largos años de la Logse. Cambia el Gobierno y el Gobierno lo que afronta es una reforma educativa quizá aludiendo a sus compromisos electorales de forma prioritaria. No entendemos todavía por qué se paralizó una ley orgánica sin comprobar si resolvía o no los problemas. Sinceramente, creemos que ha habido un enfoque político y no un criterio de análisis racional. Con esto ¿a qué hemos llegado? Habría que analizar qué es lo que está pasando en la sociedad. Pues que estamos en los últimos puestos de conocimientos básicos en comparación con países de la Unión Europea, nos lo dice el informe PISA, y el informe de la OCDE nos coloca en idéntica y vergonzosa posición. Sin embargo, y esto es lo doloroso, estamos a la cabeza de abandono escolar sin titulación básica ni preparación profesional de nuestros alumnos. Estamos a la cabeza en el consumo de alcohol de menores. Estamos a la cabeza en consumo de drogas.
También estamos a la cabeza, y con un aumento realmente alarmante, de embarazos en adolescentes. ¿Esto qué supone? Pues indudablemente que hay un fracaso social y que es preciso que se implique toda la sociedad, la familia, la escuela, la propia sociedad y, como no podía ser menos, la Administración, porque debe legislar sobre la base de solucionar todos estos problemas latentes. Otras organizaciones y nosotros mismos estamos hablando de pacto de Estado. Indudablemente queremos ese pacto de Estado, pero inicialmente no hay que inventar lo que ya está inventado. En el año 1978, con el consenso de todos los partidos políticos, se aprueba la Constitución española y entendemos que debe interpretarse de la misma forma el consenso de todos los partidos políticos, porque hace falta poner voluntad para desarrollar sin fisuras ni sesgos el artículo 27 de la Constitución. Es preciso legislar para todos, reconocer la libertad de enseñanza. Los objetivos de la educación -dice el artículo 27 de la Constitución - es el pleno desarrollo de la persona en su carácter tridimensional, intelectual, física y espiritual. Ese pacto tiene que garantizar el derecho irrenunciable de las familias a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos y la educación en valores. Tiene que desarrollarse con acuerdos iglesia-Estado, esto es, acuerdos internacionales en los que ya queda recogido la validez del desarrollo de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 10.2 al que antes he aludido de la Constitución española. Se tiene que tratar de implantar la enseñanza básica obligatoria y gratuita para todos, no solo para los que optan por el modelo estatal. Hay que garantizar la igualdad y el derecho de todos mediante una programación general con participación de los sectores afectados y la creación de centros. Se tiene que reconocer de una vez por todas las libertad de creación de centros docentes distintos a los públicos como garantía del derecho a elegir de los padres y propiciar el cauce de participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos, sin que esto deslegitime los derechos de creación y dirección de los centros privados, su autonomía y su carácter propio. Hay que exigir el cumplimiento de las leyes en la homologación del sistema educativo y destinar los fondos económicos suficientes para que la gratuidad de enseñanza sea una realidad en todo el territorio español, en cualquier centro que atienda la demanda social y para todos los ciudadanos. Por todo esto entendemos que el Gobierno debe afrontar la reforma de una ley orgánica con total y absoluto respeto a los derechos y libertades contenidos en la Constitución española, eliminando el enfoque político que provocaría esa falta de estabilidad necesaria para el sistema educativo español. Está claro porque se hizo público y el Consejo de Estado al que se lleva el anteproyecto de ley dice en su informe: Dada la ausencia de consenso respecto a su contenido, puede llegar a ser uno de los muchos proyectos que se elaboran cada vez que se produce alternancia de poder en el sistema democrático español. Creemos que esto es muy grave, queremos estabilidad.


Además de ese respeto, una ley orgánica debe plantear los objetivos prioritarios de superación del bajo nivel de rendimiento escolar existente, la formación en valores, la convivencia, la recuperación del reconocimiento de la tarea docente y educativa y la valoración del esfuerzo que prepara para el futuro profesional y laboral y aumenta la autoestima, conformando la propia identidad personal de los alumnos; principios que consideramos básicos desde nuestra organización. Llamamos principios básicos, que deben regir y presidir la normativa en materia de educación y que, consecuentemente, no pueden ser vulnerados, a los principios de libertad, calidad y subsidiariedad. El principio de libertad se concreta de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Constitución, como venimos repitiendo, en la libertad de enseñanza, en la libertad de creación de centros docentes, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, y finalmente en la libertad de elección de centros de enseñanza por parte de las familias, reconociéndose la complementariedad de las redes pública y privada de nuestro sistema educativo. El principio de calidad supone la exigencia de unos niveles mínimos que permitan a los ciudadanos estar dotados de una cualificación suficiente para poder enfrentarse al

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competitivo mundo laboral y profesional en que nos encontramos, rechazando su rebaja general y sistemática. El principio de subsidiariedad precisa dotar de protagonismo a la sociedad, logrando que su papel no quede subsumido por el del Estado. Solamente cuando la sociedad no pueda llevar a cabo alguna tarea deberá el Estado ocuparse de ella. Eso es particularmente importante en el campo de la educación y especialmente en el marco de este proyecto de ley en el que se denomina a la educación servicio público.


¿Qué cambios entendemos que deben introducirse en el proyecto? Voy a tratar de forma esquemática los cambios mínimos que el proyecto debería presentar para gozar de nuestra estimación, y presentaré esos cambios desde seis concreciones. Punto 1, establecimiento de una formación básica común. La necesidad de conseguir el máximo posible de currículo común para todo el Estado español nace de la convicción de que para construir una sociedad deben desarrollarse elementos culturales compartidos con el mayor número posible. Eso es lo que precisamente consigue la educación inicial. Además, la creciente necesidad de movilidad que afecta a toda la sociedad hace conveniente evitar grandes discrepancias entre contenidos curriculares de diferentes regiones, en previsión de traslados familiares por causas laborales, convalidaciones de estudio, etcétera. En relación con el currículo, dispone el artículo 6.3 que los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas no requerirán más del 55 por ciento de los horarios escolares para las comunidades autónomas que tengan lengua cooficial ni del 65 por ciento para aquellas que no la tengan. A la luz de nuestro anterior comentario entendemos que resulta insuficiente la formulación dada a este punto en el que se concretan los porcentajes referidos a contenidos básicos. Una formulación mejor sería la que concretara esos porcentajes de forma rotunda: los contenidos básicos de la enseñanza serán del 55 o del 65 por ciento, con lo cual no quedaría la menor duda.


Punto 2, respeto a la libre elección de centro por las familias, respeto al derecho a la libertad de creación de centros y respeto al proyecto educativo en los centros concertados. El derecho de educar pertenece a la familia y es preconstitucional. Las administraciones públicas, en su papel de servidores de la sociedad civil, deben procurar que cada familia encuentre la educación que desea. Eso no es sinónimo de planificación, sino de gestión de servicio. Cuando se impone la planificación a la libertad de elección se está suplantando el derecho de la familia. Esa primacía de la familia es la que justifica la necesidad de que los centros de enseñanza desarrollen y presenten a la sociedad proyectos educativos que orienten las peticiones de los padres y que estos reciban su legitimidad en la elección que hacen. Esos proyectos, en la medida en que reflejan elección por parte de las familias, son los que tienen derecho a recibir ayudas que, en definitiva, propician a las familias el aprovechamiento personal de los impuestos que han pagado al Estado previamente. La ley debe garantizar la demanda social y tener en cuenta la oferta de plazas creadas en los centros concertados, eliminando que se regule solo y peligrosamente con los criterios establecidos por las administraciones educativas. También hay que suprimir la aplicación indiscriminada a los centros concertados del procedimiento de admisión establecido para los centros públicos. Como mínimo debe incluirse un inciso que deje a salvo las facultades de decisión de los titulares de los centros, eliminando la referencia a obviar el proyecto educativo a la hora de la admisión de alumnos. Es preciso eliminar la zonificación que obstaculiza las preferencias de las familias. Cuando haya conflicto por falta de plazas en los centros elegidos deberían desarrollarse normativas que tratasen de satisfacer los deseos de los padres, ponderando unas distancias equilibradas en todas las direcciones y evitar así rigideces y discriminaciones sin fundamento para quienes residen cerca de los límites de alguna zona o para los centros próximos a tales límites.


Respecto a los alumnos con necesidad de apoyo educativo, debe reconocerse expresamente que son los padres quienes están facultados para adoptar las decisiones que estimen más oportunas. La escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en centros ordinarios debe regularse de forma que también se respete la decisión de los padres y a la vez el carácter propio de los centros que pueden resultar afectados. Finalmente, en la escolarización tardía, no es admisible la expresión: las administraciones educativas escolarizarán. Son los interesados o sus representantes legales quienes ejercerán su derecho de elección de centro educativo.


Punto 3, respeto a la formación religiosa y a la formación en valores. El proyecto trata de educar de manera aparentemente neutra salvo en el caso de la nueva materia que trata de implantar: educación para la ciudadanía.
Son los padres quienes deciden acerca de los valores a transmitir a sus hijos y los centros educativos, desde sus proyectos e idearios, deben tratar de comunicar esos principios vitales. En ningún caso debe el Estado interferir en esa materia y menos decidir en lugar de las familias sobre los valores a transmitir. A pesar del rechazo general en el Consejo Escolar del Estado, el proyecto incluye la asignatura educación para la ciudadanía en la que se prestará especial atención, entre otras cosas, a la igualdad entre hombres y mujeres, como área en un curso de primaria, en tres cursos de secundaria y en cuarto curso. Es materia común en este cuarto curso para todos los alumnos la educación ético-cívica. En bachillerato se considera materia común filosofía y ciudadanía. Se trata de una materia que consideramos superflua y propia de otras épocas, con el peligro que entraña al día de hoy hablar de una asignatura que forme en valores democráticos dados los muy distintos conceptos que de ellos se tienen. De manera superficial y con falta de previsión el proyecto se refiere también a una educación en valores en los siguientes términos: Sin perjuicio de su tratamiento específico en otras áreas, la

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comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. La religión ha sido eliminada como área o asignatura en todos los niveles, lo que impide a las familias decidir la formación religiosa o moral que quieren para sus hijos. Estos derechos constitucionales están avalados por la Declaración de Derechos Humanos y por los tratados que España tiene firmados en la Unión Europea. El último de ellos es precisamente el que los españoles adoptaron como proyecto de Constitución europea, cuyo artículo II.74 referido al derecho a la educación establece lo que ya se citaba en la Carta de Derechos Fundamentales que España tiene firmada con Europa: toda persona tiene derecho a la educación y el acceso a la formación profesional y permanente. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. (Esto es conocido de todos ustedes, pero a mí me gusta reiterarlo.) Por eso la educación en los centros docentes no debe limitarse a una formación meramente intelectual, sino que debe pretenderse una formación integral y, como tal, atender el plano intelectual, el físico y el espiritual, plano este último que comprende no solo la formación religiosa, sino también la formación en valores. El proyecto no contempla la asignatura de religión en el cuerpo de la ley, relegando su regulación a la disposición adicional segunda en los términos siguientes: la enseñanza de la religión se ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito entre el Estado español y la Santa Sede, así como lo dispuesto en los acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas. Es patente que la referida disposición atenta contra lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, que reconoce el derecho que asiste a los padres a que su hijo reciba la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Por tanto, su estudio debe ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos en la línea con lo que establecía el propio anteproyecto de la LOE de fecha 14 de junio de 2005.


Cuarto, adecuada comprensión del papel de la enseñanza concertada en el sistema educativo. Como antes hemos anotado, son los padres, insisto, quienes tienen la posibilidad de elegir la educación que les parezca mejor. El hecho de existir centros privados con un proyecto educativo propio procede de la necesidad de articular el derecho de las familias mediante respuestas adecuadas a sus deseos, si bien es claro que también la educación pública tiene la posibilidad de presentar proyectos educativos. Por ello, las redes educativas, privada y pública, son complementarias, sin que quepa decir de una de ellas que es subsidiaria de la otra. La consideración que hace el proyecto de ley de la enseñanza como servicio público es la que dificulta entender la interacción entre ambas redes de enseñanza pública y privada que lleva a considerar de segunda categoría a la enseñanza privada en relación con la pública. La educación no puede considerarse como servicio público y, consecuentemente, por definición, reservarse al poder público, la educación debe considerarse sin género de dudas como servicio esencial y, como tal, contemplar la participación de sujetos diversos, si bien bajo la supervisión e intervención necesaria de la Administración para garantizar su efectividad.


La ley prevé que la programación de la oferta educativa se haga desde la consideración de la educación como servicio público y que se prestará a través de la red de centros públicos y privados concertados para hacer efectivo el derecho de todos a la educación. De la dicción natural de este artículo parece desprenderse que los centros privados no concertados no contribuyen a la prestación del denominado servicio público de la educación, lo cual es a todas luces incongruente. Sin embargo, a nuestro entender, tan grave como la proclamación de la educación como servicio público en el proyecto de LOE es justificar el servicio público como título legitimador de intervenciones estatalizadoras en los centros privados, de recortes y restricciones injustificados de las libertades esenciales al derecho a la educación. A este respecto se señala que los centros que deseen participar en la prestación del servicio público de la educación podrán solicitar el régimen de conciertos, lo cual supone no solo considerar nuevamente la educación como un servicio público, sino quebrantar el derecho de los centros docentes a acogerse al régimen de conciertos, siempre que así lo soliciten y tengan demanda social. La LOE está sustituyendo un derecho constitucional por una potestad meramente discrecional de la Administración. En relación con el segundo ciclo de la educación infantil, y tras establecer su carácter gratuito, se dispone que las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en centros públicos y podrán establecer conciertos con centros privados. Nuevamente se elimina el derecho a elegir en igualdad de oportunidades.


Punto quinto -y con esto voy terminando; lamento cansarles a ustedes a esta hora-, establecimiento de exigencias de calidad de la educación, principalmente respecto a la promoción, repetición y evaluación de alumnos. Para que el proyecto tenga aceptación es preciso encontrar elementos de calidad y ello, obviamente, se relaciona con los resultados.
No es suficiente que la ley prevea evaluaciones de centros y del sistema educativo si no prevé resultados individuales aceptables. Deben concretarse indicadores de calidad, como los

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sistemas de evaluación y promoción de alumnos, pues los resultados académicos de cada miembro del sistema educativo constituyen referencia obligada. Es muy importante concretar sistemas adecuados para pasar de un curso a otro, para personalizar la enseñanza de manera que cada alumno del sistema tenga lo que necesita y en el momento adecuado, sin importar la zona o el tipo de centro. La regulación contenida en la LOE con respecto a la educación primaria está presidida por la ambigüedad y carece del establecimiento preciso de exigencias toda vez que para promocionar basta alcanzar -y cito- las competencias básicas correspondientes y el adecuado grado de madurez, siendo incluso posible pasar al ciclo de etapa siguiente siempre que esa circunstancia no impida al alumno seguir con aprovechamiento el curso. Asimismo, se permite repetir curso una única vez a lo largo de toda la educación primaria, cuando hubiera sido deseable que se contemplara la posibilidad de repetir una vez por cada ciclo. En la secundaria, se ha procedido a una excesiva suavización del grado de exigencia a los alumnos. Se dice: Los alumnos promocionarán cuando hayan superado los objetivos de las materias cursadas -lo que imprime un carácter totalmente ambiguo- o que tengan evaluación negativa en dos materias como máximo y repetirán cuando tengan evaluación negativa en cuatro o más materias. De esto se desprende la posibilidad de pasar de curso con tres asignaturas suspendidas.
Entendemos que la promoción debería tener lugar cuando el alumno no haya superado más de dos asignaturas.


Otra medida inexplicable es la eliminación de las pruebas extraordinarias en septiembre, que permitirían al alumno recuperar las materias suspendidas y empezar un nuevo curso sin lastres. Asimismo, el alumno solo puede repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa -estamos hablando de secundaria-, salvo la previsión contenida respecto a la posibilidad de repetir cuarto curso. No debería establecerse este último límite, sino que debería ser posible repetir cada curso de secundaria. El carácter orientador del curso cuarto queda circunscrito únicamente a aquellos alumnos que vayan a cursar bachillerato, toda vez que los alumnos que han optado, bien por los programas de diversificación curricular, o bien por los programas de cualificación profesional, ya han realizado con anterioridad su toma de decisión con respecto a los estudios a continuar, momento en el que habría sido deseable que hubieran contado con una orientación, máxime cuando incluso la posibilidad de incorporación a un programa de diversificación curricular puede tener lugar con relación a alumnos que han cursado segundo curso y no están en condiciones de promocionar a tercero. Por consiguiente, parece oportuno que la labor de orientación se realice en un momento anterior.


Respecto a la formación profesional cabe resaltar la rigidez de su regulación, tanto con relación a las distintas formas de acceso a los grados medio y superior, como al paso desde el grado medio al superior.
Este último se caracteriza por la realización de una prueba de acceso y de un curso destinado a la preparación de la referida prueba de acceso, cuya calificación será tenida en cuenta en la nota final de la prueba.
Entendemos excesivo el cumplimiento de ambos requisitos, prueba y curso, para acceder a la formación profesional de grado superior desde el grado medio. Asimismo, cabe resaltar un exceso de currículo común, aun a pesar de las diversificaciones desde tercero de educación secundaria obligatoria.


Finalmente, respecto al bachillerato, se echa en falta la superación de una prueba general, a efectos de poder obtener la titulación correspondiente que sirviera de evaluación del propio sistema, como sucede en la Unión Europea, y que posibilitaría la continuación de estudios superiores de nuestros alumnos en otros países.


Por último, voy ha hablar de la autonomía de los centros. Uno de los principios básicos en la regulación de cualquier sector empresarial es la necesaria autonomía de las empresas. Al margen de cualquier legislador o autoridad, las empresas tienen un compromiso con sus clientes, una manera de situarse en la sociedad y una responsabilidad social que se manifiesta de formas variadas. La autonomía de los centros privados consiste básicamente en el ejercicio de las facultades de organización y dirección por parte de sus titulares, sin que quepa imponer modos de participación de la comunidad educativa que reduzcan, condicionen o restrinjan el derecho de los titulares. El proyecto trata de regular esa autonomía, encasillándola en un marco técnico concreto que, en definitiva, lo que hace es limitarla. En ese sentido, el texto prevé que el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación que establezca el Consejo Escolar o, en su caso, apruebe a propuesta del titular del centro. Rechazamos este enfoque porque es el titular el que tiene la potestad de crear el centro que desea con su propio proyecto educativo y, después, puede acogerse o no al concierto; pero eso no significa que prevalezca sobre su derecho de titular el del Consejo Escolar, porque este se incorporará posteriormente al centro. El mantenimiento del carácter propio del centro permitirá a los padres elegir libremente aquel proyecto. Los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, ante todo, forman parte del contenido del ideario o carácter propio de cada centro privado, que compete fijar en exclusiva a su titular, en el ejercicio del derecho fundamental proclamado por el artículo 27.6 de la Constitución como consustancial a los derechos de creación y dirección del centro por su titular. En esta misma línea, la aprobación de la programación general del centro, mediante diversos modos de participación, organización y el gobierno de los centros, supone nuevas restricciones a la dirección del centro por parte de sus titulares, y como tales deben ser suprimidos.


Finalizo y pongo ante todos ustedes mi ruego más encarecido: traten esta renovación del sistema educativo bajo el único enfoque, que es mejorar nuestro futuro, el de todos los que tienen derecho a la educación, el de

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nuestros hijos, porque ellos son la mayor riqueza que poseemos. Ellos nunca nos podrían perdonar que un debate político ahogase lo que es de razón, de lógica y de justicia: mantener la educación en libertad, entendiendo como tal libertad a la hora de elegir y libertad a la hora de ofrecer.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Señora Bazo, permítame que le dé la bienvenida en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Quiero agradecerle la intervención que ha tenido ante esta comisión. Ha realizado importantes aportaciones y un análisis exhaustivo de lo que en estos momentos no solo nos preocupa a los grupos parlamentarios, a los políticos, sino a la sociedad en general. Nosotros compartimos una serie de preocupaciones que usted ha expuesto y creemos que una de las fundamentales es la libertad enseñanza, que junto con el derecho a la educación constituyen los dos pilares fundamentales que la Constitución establece en relación con la educación.


Teniendo en cuenta la hora que es, quería formularle una serie de preguntas muy concretas sobre todo relacionadas con esa libertad de enseñanza. ¿Usted cree que el proyecto que en estos momentos está en el Parlamento garantiza en toda su amplitud la libertad de elección de centro por parte de las familias? ¿Está garantizado en el actual proyecto algo tan importante para la igualdad de oportunidades como es la gratuidad de la educación infantil? También nos gustaría conocer su valoración sobre la importancia que tienen las relaciones entre padres y centros, y si esas relaciones pueden ser sustituidas por órganos administrativos ¿Tienen que ser unas relaciones directas? ¿Inciden decisivamente en ese derecho que asiste a los padres a elegir no solo el tipo de educación que quieren para sus hijos sino el centro donde se imparta esa educación?

Ha hablado usted de algo que nos preocupa, que son las enseñanzas comunes.
Teniendo en cuenta la importancia de su organización, de la Confederación Estatal de Centros de Enseñanza, con implantación en toda España, nos gustaría que nos hiciese una breve valoración sobre la incidencia que pudiera tener esa falta de enseñanzas comunes en un proyecto educativo y si el actual proyecto preserva esas enseñanzas comunes.


Por último, en relación con cuestiones de calidad, ¿usted cree que el actual sistema de promoción es un índice de calidad dentro del sistema educativo? Nos gustaría también que nos hiciese una breve valoración de los programas de cualificación profesional. A su juicio, ¿van a incidir positivamente en combatir el fracaso escolar, o es una medida que nada puede aportar a esa igualdad de oportunidades que todos queremos para el actual sistema educativo?

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Agradecemos la presencia de la presidenta de la Confederación Estatal de Centros de Enseñanza, reconociendo el carácter representativo que tiene su organización tanto en el sector educativo como social.


Aunque sea modestamente, por indicar alguna característica del portavoz que les habla, voy a hablar como padre, como docente, como inspector (en su momento he sido gestor educativo) y ahora en mi faceta de responsable político, por tanto desde esa óptica quiero enmarcar mi intervención.


Supongo que no hay ningún tipo de problema puesto que estamos en un sistema que constitucionalmente respeta la libertad de empresa pero por si acaso había quedado alguna duda me gustaría que nos lo aclarara, y dentro de la libertad de empresa la libertad de creación de empresa educativa, de centro educativo, y dentro del centro educativo un respeto a la creación del propio ideario; una cosa distinta es que después se financie con dinero público ese centro educativo. Por tanto, sería libertad de empresa, libertad de creación de centro, libertad de elaboración de un propio ideario y posteriormente -aquí ya no hay elementos constitucionales de referencia, aunque hay una difusa obligación de los poderes públicos para subvencionar- las condiciones que indique la ley para la subvención pública.


El Partido Socialista ha hecho una propuesta que proviene de su alternativa en el momento en que se planteó la LOCE, puesto que planteamos un debate de totalidad con propuesta alternativa, de su programa electoral (la propia propuesta que hizo el Ministerio de Educación) hasta finalmente llegar al debate en el que estamos inmersos.
De todo eso, que yo creo que la sociedad tiene bastante conocimiento, va a nacer seguramente, esperamos que así sea, una propuesta educativa. ¿Le parece democrático -esta sería la pregunta- que toda esa cascada de intervenciones y propuestas por parte del Grupo Socialista no se hayan traído hasta este momento?

Con relación al pacto social, que todos deseábamos que se hubiera producido, podría haber sido posible, aunque bastante improbable por lo que ha dicho el representante de FERE y por lo que oímos hace ya meses, que CECE se retiró de aquella posibilidad. Nos gustaría conocer qué elementos distintos de los de FERE fueron los que CECE argumentó en su día para retirarse de aquella posibilidad que FERE sigue buscando, teniendo en cuenta que es un documento, el posible pacto, que seguramente habrá que limar para que incluya el máximo posible de organizaciones. Lo digo porque en aquel momento, corríjanme si no es así -y esta sería la pregunta-, parece que identificamos, de manera totalmente legítima por supuesto, los motivos por los que se retiraba de aquel posible pacto no concretado con los que el Grupo Popular decía en contra de la propia LOE.
En las

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propuestas que el Grupo Popular hacía respecto de la LOE establecía una serie de motivos que coincidieron con los que argumentó CECE para retirarse de aquel pacto social; me gustaría saber si eso es así o no.


Con relación a los principios básicos, estamos completamente de acuerdo, por supuesto, con el de la libertad y, por supuesto, con el de la calidad. Diría que la subsidiariedad está en función de los derechos de los ciudadanos. No hay que olvidar que la educación es un derecho fundamental, como reconoce la Constitución y, por tanto, obliga a los poderes públicos, aunque no quieran, a regular ese derecho. Al ser una ley orgánica, es lo que estamos procurando entre todos. Por tanto, la subsidiariedad está condicionada por tratarse de un derecho -constitucionalmente incluso se ha dicho- de los ciudadanos en sí. Por supuesto, cuando son menores de edad, es de los padres, pero, si los padres no quisieran, el derecho reside en los hijos, se llega incluso a ese extremo, cosa que no suele ocurrir.


En cuanto a la formación común en todas las comunidades autónomas -creo que he oído bien-, se ha dicho que hay que llevar la formación común del estatal al máximo posible. Nuestra Constitución regula sin máximos ni mínimos, si acaso con mínimos, y al Estado le ofrece una serie de limitaciones, es decir, le obliga con una serie de limitaciones a quedarse dentro de un marco determinado que hasta ahora ha venido siendo del 55-65 por ciento, como sabemos, y que el Grupo Parlamentario Socialista y, desde luego, el Ministerio de Educación, ha dicho públicamente que no tiene ninguna intención de variar. Entre otras cosas, la propuesta que hace es la misma que viene funcionando desde hace 15 años sin ningún tipo de problema. No coincidimos con esa concepción de máximo posible porque constitucionalmente creemos que el Estado está limitado al mínimo posible, por decirlo de alguna manera.


En cuanto a la elección de centro, se contrapone -no quiero decir que interesadamente, aunque sería perfectamente legítimo- el derecho a la creación de centro, que sí que es un derecho constitucional, al derecho a la elección de centro que, por supuesto, reconocen las leyes, no la Constitución. Sí reconocen el derecho a una formación moral, la formación moral que crean oportuna los padres, pero no el derecho a la elección de centro y sí a la creación de centro. Esto en cuanto a la Constitución, porque las leyes por supuesto que sí. Prueba de que se pretende seguir en esa vía es que prácticamente no está habiendo problemas, teniendo en cuenta una cuestión y es que son las administraciones educativas en cualquier caso las que tienen que regular la admisión con unos principios, efectivamente, que son los que están contenidos en la ley. Lo digo para diferenciar y que no se asuma como constitucional lo que no es constitucional, aun cuando, por supuesto, es un derecho reconocido por las leyes y el Grupo Socialista y la Ley Orgánica de Educación tienen toda la intención de que ese derecho se siga ejercitando, como ha venido ocurriendo. En absoluto se pretende limitar el derecho de elección de centro a los padres. Ahora bien, es verdad que constitucionalmente eso hay que ponerlo en coordinación con el derecho a programar, que también es constitucional, por parte de los poderes públicos. En el mismo artículo 27 se reconoce el derecho a programar la educación por parte de los poderes públicos. Por tanto, hay una limitación entre derechos que hay que procurar coordinar bien y, por supuesto, el diálogo con los interesados es fundamental para que al final eso llegue a buen puerto. En cualquier caso, no hay ninguna intención de limitar el derecho a la libre elección de centro.


Con relación a la formación en valores, efectivamente, hay una materia que es educación para la ciudadanía, que se ha indicado por parte del Consejo Escolar del Estado que podría no existir en el proyecto, pero por motivos, como sabe la presidenta del CECE, muy distintos. Determinadas organizaciones han establecido el motivo para retirar esa materia en que la transversalidad podría perfectamente incluir esa formación de los ciudadanos, en cambio ha habido otras organizaciones que la han contrapuesto a la formación religiosa. Ahí es donde no estamos de acuerdo porque si hay una formación religiosa -nosotros creemos que debe ser mantenida en el proyecto- y una formación cívica por parte de los ciudadanos tiene que serlo de todos los ciudadanos, de tal manera que en este país los ciudadanos no estén divididos, unos con formación religiosa y los que no reciben formación religiosa con formación cívica, porque sería una manera de dividir a la sociedad por creencias y nos parece inoportuno. Además la educación para la ciudadanía pretende contemplar una serie de principios que rigen en una sociedad democrática, con los controles que tiene una sociedad democrática, con los currícula que van a ser elaborados por profesionales, con el propio derecho a la libertad de cátedra que tienen los profesores a la hora de explicarla, y cuando esa materia pretende recoger los valores comunes constitucionales con toda esa cascada de elementos de control, nosotros creemos que restringirla a lo que podría equivaler a una formación del espíritu nacional parece poco acertado, pero se ha hecho, como usted sabe. En cualquier caso, la supresión no nos parece adecuada. Nos parece que todos los ciudadanos de este país deben de tener una formación de esos valores, además de que se haga de forma transversal.


Con relación a la religión, se ha dicho explícitamente -si no, corríjame porque a lo mejor no es así- que la disposición de la LOE sobre la enseñanza religiosa que recoge que se respetarán los acuerdos, es de alguna manera inconstitucional. No creo que esa sea la cuestión.
Podríamos revisar sus palabras: atenta contra los derechos de los padres.
Esa disposición dice que se van a respetar los acuerdos con las confesiones religiosas, con todas las que tengamos acuerdo, por supuesto.
Nosotros no creemos que esta disposición atente contra ningún derecho; todo lo contrario, pretende respetar todos los derechos. Pero incluso esto que estoy diciendo va a ser

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objeto de un desarrollo posterior en las normas correspondientes del ministerio.


En cuanto al tema de pública-privada, servicio público, dificultad de los centros privados para acceder a ese servicio público creo que aquí, lo mismo que antes se pretendía contraponer el derecho a la creación con el derecho a la elección de centro que está -vuelvo a repetir- reconocido y mantenido en el proyecto, se pretende contraponer el derecho a la creación de centro -lo decía al principio- con el derecho a la subvención. Son dos derechos, el de creación de centro es constitucional y el derecho a la subvención también de manera difusa es constitucional, pero está sometido siempre a unas normas que dictamina la ley. Nosotros no creemos que las normas que establece la Ley Orgánica de Educación sean en absoluto distintas a las que se venían estableciendo desde el año 1985. Por cierto, básicamente hasta el día de hoy todas las normas de conciertos educativos de subvención pública a los centros docentes han venido manteniéndose y no creemos que en absoluto se modifiquen con relación a las condiciones que tiene que cumplir un centro, que por supuesto tiene todo el derecho constitucional a existir, para que reciba la subvención pública.


Con relación a la repetición de los alumnos, seguramente se habrán hecho estos cálculos. Sin embargo, a mí me sorprende que se mantenga que se pueda repetir hasta tres años cuando en ningún país europeo se hace. Se ha hablado varias veces aquí de los países europeos, aunque en algunos casos de una manera equivocada, pero no es el momento de rebatir eso.
Podíamos encontrarnos con alumnos repitiendo tres veces en los tres ciclos de primaria, que son alumnos de 6 de 12 años, es decir, con alumnos de 15 años en los centros de primaria. Nos parece que los perjuicios para el propio alumno, que es a quien tenemos que dirigir la educación, y para los centros organizativos serían tremendos. Desde luego, la OCDE nos dice todo lo contrario: menos repeticiones y menos suspensos. Por el contrario, la OCDE nos dice que sí en cuanto a apoyos -y ya lo hemos dicho esta mañana en alguna otra intervención- para que no se produzcan esas repeticiones y esos suspensos que, efectivamente, son excesivamente elevados en nuestro país. Seguro que todas estas cuestiones van a ir saliendo a lo largo del debate y en el diálogo con el resto de comparecientes y desde luego en las enmiendas. Como objetivo final de este debate, esperamos llevar a buen puerto una ley que a todos nos interesa que tenga la máxima estabilidad.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Bazo para contestar.


La señora PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) (Bazo Sánchez): Algunas de las respuestas que voy a dar creo que van a servir como contestación perfecta a los dos. Primero voy a hacer una aclaración, señoría. Usted, conociendo muy bien el tema, me ha preguntado por qué CECE se había salido de ese pacto, y yo le contesto que a CECE jamás se la invitó a estar en ese pacto. Le clarifico, porque es muy importante, que en torno a octubre o noviembre del año pasado se empiezan, según tengo entendido por orden del Ministerio de Educación y además dentro de la sede del Consejo Escolar del Estado, unas reuniones en las que se convoca a FERE, a UGT, a Comisiones, a Ceapa y a Concapa.
CECE se entera que está ocurriendo esto por una filtración en el mes de febrero y cuando se plantea, porque abiertamente pregunto, por qué no estamos allí, me dicen: Ya te pasaremos aquello que se acuerde y firmas, a lo que yo contesté que no pensaba firmar aquello en lo que no hubiese estado desde el principio. También fui recibiendo de una forma no abierta, sino por detrás, los diferentes modelos de pacto que se estaban estableciendo y aquello no me gustaba. Lo fui recibiendo, insisto, sin haber sido invitada a estar allí discutiendo, negociando o planteando. Le hago un pequeño inciso. Si usted tiene ocasión, escuche mis manifestaciones en el Consejo Escolar del Estado. Siempre he hablado con un carácter totalmente positivo, porque aún a día de hoy yo no hablo de pacto social. El proyecto está ya en debate parlamentario, pero siempre he esperado que triunfe la razón sobre otros criterios, precisamente -lo he dicho antes- por ser madre, profesora y directivo, porque me preocupa enormemente y siempre he dicho que estoy segura de que no pueden prevalecer unos criterios partidistas a la hora de solucionar un problema que tiene la sociedad. Por lo tanto, insisto en que hubiera estado de mil amores en ese pacto al que nunca se me invitó, por lo que nunca pude salir de él y lamento que usted tenga esa información, ya que era muy importante y me alegro de poder hacer esta clarificación aquí.


¿Qué fui viendo en ese pacto? Fui viendo cesiones importantísimas, cesiones en relación con las cuales, como organización empresarial, he dicho que me tengo que atener al respeto de lo que esté ocurriendo y ligo el derecho a que existan centros privados al derecho -permítame que use esta palabra- de mis clientes, de mis futuros clientes, porque si a mí me dan muchos derechos pero se los limitan a mis clientes, no hemos hecho nada. No sé si con esto le queda claro que en esos planteamientos que se están haciendo ha habido una ignorancia. Yo no he estado bajo ningún concepto, porque no pertenezco a ningún partido político, a las órdenes de nadie, sino que he actuado exclusivamente mirando aquello que debo defender como presidenta de una organización empresarial y, sinceramente, a mí me ha dolido mucho que el criterio del ministerio haya sido: vamos a pactar con FERE porque de una tacada tenemos a la Iglesia y a los centros. Yo presumo, a Dios gracias, y por eso he manifestado ese principio, de que a mi confederación pertenecen muchos colegios que pertenecen a su vez a la Federación de Religiosos de la Enseñanza, que siempre estuvieron con nosotros como organización

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patronal. FERE es una institución canónica y nosotros somos una organización empresarial y patronal. Con este testimonio público espero que le quede claro cuál ha sido la posición de CECE. Nos hemos mantenido coherentes con la esperanza de que pueda existir ese estudio para saber qué es lo que está pasando. Nos lo están diciendo desde fuera y a la vez le estoy comentando qué es lo que está pasando en España, en la sociedad.
Que no me hable nadie de fracaso escolar, me niego rotundamente, y sigo esperanzada. Sigo esperando a que realmente se lleguen a solucionar los problemas sociales de la familia y, sobre todo, la falta de rendimiento.


Apelando a mis conocimientos, para mí fue tremendo la formación que tuve que dar como profesora en mis años de docencia. He sido profesora de dibujo, de descriptiva y de geometría plana, y mi sorpresa mayúscula fue lo que se hizo en el texto de geometría plana de un año para otro como medida para afrontar el fracaso escolar y los bajos conocimientos, y para aumentar la motivación del alumno. Eso se lo puedo demostrar porque conservo esos textos. En geometría plana -usted a lo mejor no tiene demasiada idea de esa asignatura-, le pongo el ejemplo del triángulo, que se había tratado con todos los problemas posibles en el texto que yo daba y en los conocimientos que yo transmitía, para solucionar ese fracaso se quedó exclusivamente en cómo se construía un triángulo equilátero y se acabó facilitar el resto de los conocimientos. Cosa sorprendente para mí, porque a partir de ese momento lo que utilicé fueron mis propios apuntes.
Sabía lo que tenía que enseñar y lo que tenía que instruir. Le hago ese inciso.


Hay muchas preguntas, voy a contestar a lo del pacto social. Quisiera también mencionar la libertad de empresa y, por tanto, la libertad del centro educativo. Si usted me ha entendido bien, he dicho que -como reconoce la Constitución- crear un centro educativo es un derecho constitucional, usted así lo ha reconocido. Pero un centro educativo se debe crear con el proyecto educativo que cada persona, cada titular, considere adecuado, porque lo demande la sociedad y si no lo demanda, ese centro tendrá que cerrar. ¿Qué es lo que pasa? Se dice que tiene que ser aprobado por el Consejo Escolar y que conlleva el ideario y el carácter propio. Le digo a usted que yo cuando creo un centro educativo, lo creo con aquellos criterios que me demanda la sociedad o es un proyecto que ofrezco como novedad a la sociedad. A mí no me va a servir que luego ese proyecto, que ha hecho que mis aulas se llenen, lo tenga que aprobar un Consejo del Centro que se crea en función a que yo he demandado la posibilidad de ser concertado. También le quiero aclarar una cosa, porque esto lo reitero públicamente un montón de veces, el artículo 27 establece que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. No sé por qué se empeña todo el mundo en decir que ese dinero público va a la empresa privada, yo me niego a ese concepto. Esa es la forma de que la familia tenga educación gratuita en cualquier tipo de centro. Por tanto, no me hablen de desviación de dinero pública a empresa privada. La posibilidad de la financiación se contempla aquí, pero quizá eso está teniendo una interpretación totalmente sesgada. Como le digo, depende de la familia. Le confieso sinceramente que un centro -usted lo sabe, como lo sabe la sociedad- gana mucho más como empresa con ánimo de lucro si es la familia la que paga el coste del puesto escolar, porque le recuerdo que el concierto es ofertar la enseñanza gratuita al precio que quiere la Administración. Muchas veces está bien claro cómo el importe de ese concierto no cubre el gasto real. Por tanto, no me hablen de que los centros reciben financiación.
Los que se están beneficiando de este -no me importa decirlo- sacrificio de los centros privados es la familia, que es la que tiene el derecho -según se establece- a recibir la educación básica gratuita y es un derecho que tiene absolutamente todo el mundo. Por tanto, no lo limiten.
Ya ve como yo sí enlazo el derecho a elegir centro, porque se habla de todos los españoles, y ya ve que no encuentro en el artículo 27 que esa educación gratuita tenga que ser exclusivamente impartida en los centros públicos. Ese es un error de interpretación que me gustaría que se planteara, puesto que se habla del derecho a la educación y de la libertad. Cuando se está hablando del derecho de las familias a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos dice que los poderes públicos garantizan ese derecho. Entonces, ¿dónde cree usted que se debe hacer la formación religiosa y moral? Aunque defiendo que la familia es la primera educadora y tiene que buscar el centro educativo de acuerdo con sus criterios, sus convicciones y su forma de educar. Por tanto, no acepto tampoco, en nombre de mi organización, que se hable de eso. Sí tenemos derecho a crear centros, sí tenemos derecho a financiación, pero los padres no tienen derecho a elegir el centro. Esa es una interpretación un tanto sesgada porque dígame dónde se puede dar la formación, cuando se está hablando de libertad de enseñanza y de esta libertad para todos los alumnos. Afecta al proyecto educativo de centros y, como he dicho, al carácter que tiene el titular para crear centros y dirigirlos, ofreciendo a la sociedad ese proyecto educativo. Lo que no se puede hacer es que el proyecto cambie en función de que ahora va a propiciar que la familia venga gratuitamente. Es una renuncia de derechos que sí afecta a la Constitución.


El proyecto de ley no respeta esa libertad en muchos puntos. Le voy a decir uno. Cuando habla del currículo, que lo quería ver rápidamente, hay algo curioso, para que vea que sí afecta. Dice: A los efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, pero cuando habla de las competencias que se van a tener en el ámbito estatal, en esos porcentajes, sin embargo, obvia que no es competencia estatal determinar los métodos pedagógicos, y los métodos pedagógicos van íntimamente vinculados al proyecto educativo del centro.
Yo le he hablado del centro bilingüe. Por tanto, si es a expensas de que la

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Administración de la comunidad autónoma correspondiente decida los métodos pedagógicos que se van a implantar, está atentando totalmente contra el derecho de crear centros. Se lo digo porque tengo subrayado y marcado que falta que los métodos pedagógicos tienen que respetar esa libertad en el ámbito nacional. Por otro lado se dice que no más del 55 y el 65, pero podría ser menos de... Pedimos que se sea rotundo y se diga, debe ser el 55 y el 65, sin dejar, por el miedo que nos da que con cada comunidad se negocie de una forma diferente, que esos conocimientos básicos se vayan a establecer de una forma distinta en cada comunidad autónoma.


He hablado antes de la elección y de la formación religiosa, y de la creación de centros. Va vinculado porque hay centros en los que en su proyecto educativo, congregaciones religiosas, está la religión. Son centros que tengo que defender, como organización empresarial, por un lado, porque me obliga la responsabilidad que tengo y, por otro lado, porque sigo insistiendo en que la formación religiosa y moral de los alumnos viene contenida como un derecho de los padres. Le voy a hacer una aclaración. Aquí dice que los poderes públicos garantizan... Esto es obligación del Estado. Uno puede renunciar a un derecho -yo tengo derecho a viajar, pero no viajo-, pero a las obligaciones ni los padres, ni los centros ni el Estado pueden renunciar. Por tanto, es el Estado el que tiene que tutelar esta obligación y hacerla cabal y real.


Usted me ha hablado de la educación para la ciudadanía confrontándolo con la religión. Yo creo que en los años intermedios, después de lo de la educación del espíritu nacional, no ha habido esa asignatura de educación para la ciudadanía, y no dudo para nada que la gente sean buenos ciudadanos. Quizá lo que en este momento estamos viendo -y eso es el inicio de la violencia- es la falta de educación, pero en todos los niveles, en la sociedad, en la familia, en los centros... Por eso actualmente hay más violencia que nunca, y ese es un problema que el ministerio, y por tanto el Estado, tendrían que afrontar con medidas reales, con medidas que paren ese tema.


¿Educación para la ciudadanía? Yo pedí a la anterior ministra de Educación, en el 25 aniversario de la Constitución, que se llevara la Constitución a la escuela; lo pedí yo públicamente, no otras organizaciones, y sigo insistiendo en eso. Ahora, que no me planteen otras cuestiones, porque ayer estuve en una reunión en la que una profesora de filosofía que está impartiendo clase en este momento en Madrid me dijo que en su texto ha aparecido una separata de educación para la ciudadanía. Me parece totalmente ilógico porque no está aprobada.
Esa separata que viene en su texto dice cosas verdaderamente demenciales.
¿Qué me dice usted a eso? Yo tengo que tener mucha preocupación por qué se denomina educación para la ciudadanía y la transmisión de valores democráticos, porque seguramente los de una persona y los de otra no coinciden, y esa es una realidad que ya le digo conocí ayer mismo.


En cuanto a lo de servicio público nos oponemos rotundamente. Usted sabe perfectamente, porque además hay una sentencia del Tribunal Superior, que dice que servicio público es aquel cuya actividad desarrolla la Administración pública. Por tanto, podrá usted enfocar que es un servicio de atención al público, que es un servicio esencial porque la educación es importantísima, pero dado que un colegio del Estado, un colegio público, sí da ese servicio, parece que hay cierta inclinación a decir que cualquier empresa educativa que preste el servicio de la educación es un servicio público, porque además la sociedad lo está planteando así.
No, queremos que se hable en la realidad, es un servicio esencial que se presta a través de los centros públicos y de los centros privados, sean concertados o no, pero que desaparezca lo de servicio público.


Voy a intentar ir acabando. Ya he dicho que la subvención es a la familia, aunque nunca defenderé -y esto quiero dejarlo claro- el cheque escolar ni la subvención directa a la familia, porque eso quitaría la igualdad de oportunidades, a pesar de que eso conlleve el sacrificio de los centros porque, si yo no tengo un contrato con la Administración que se llama concierto, que me obliga a prestar el servicio al precio que quiere la Administración, mi puesto escolar costará lo que sea y la Administración, en ese trato igualitario a todos los alumnos, les concederá a todos el mismo importe para que accedan a la educación. Luego, ¿quién va a poder acceder a centros con una calidad determinada? Las personas con alto nivel económico. Me opongo totalmente a eso, quiero la posibilidad de que acceda a nuestros centros todo tipo de familias, cualquiera que sea su estrato social.


Me preguntaba por la repetición de curso -me va a disculpar el Grupo Popular-, y usted ha dicho que se dedica a la docencia, igual que yo.
Pues bien, lo que me planteo es que, si no hay repetición de curso en un momento determinado, por circunstancias de salud, circunstancias en esa edad inestable de la preadolescencia de las que después un chico se recupera, se puede condenar a un chico a ser el farolillo rojo porque han ido quedando lagunas en los cursos anteriores. Yo sé de un alumno de 20 años con 18 asignaturas pendientes. Pendientes ¿por qué? Porque fue pasando por la edad. Esto me parece demencial. Lo que habrá que hacer es dar los apoyos suficientes. Pero, ¿quién valora esos apoyos? A mí no me vale que diga: se le ha dado un apoyo de los conocimientos adquiridos en el curso anterior. Eso tiene que estar validado por una prueba que diga: sí, ha adquirido los conocimientos. Si no es así vaya usted a los primeros cursos de cualquier facultad donde se encontrará con una gran cantidad de alumnos sin conocimientos mínimos, ni siquiera de la ortografía más elemental. Es muy lamentable en qué condiciones estamos y no voy a reiterar lo de PISA y lo de la OCDE.


Voy a contestar ahora al PP. Por todo lo que he expuesto antes, y por eso he dicho que iba a contestar primero a las preguntas del Grupo Socialista, no creo que el proyecto de ley respete la libertad. Basta hablar

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de cómo se plantea la gratuidad en educación infantil. Cada vez que se habla de concertar se dice podrá, y el podrá es algo ambiguo. Eso no obliga, en absoluto. Por tanto, lo que se está haciendo es utilizar el dinero público de todos los españoles; dinero que el Estado tiene la obligación de utilizarlo bien para prestar el servicio a quien se lo proporciona. El dinero no es del Estado. El Estado solo lo administra.
Por tanto, tengo que rechazar rotundamente que lo que se garantice son suficientes plazas de educación infantil gratuitas en centros públicos.
Lo de podrán, y usted lo sabe muy bien, va a depender del color de cada comunidad autónoma porque las trasferencias económicas nunca tienen una finalidad que obligue. Cada comunidad utiliza esa economía como quiere.
Aunque haya mucha demanda y puestos escolares en centros privados, un gobierno que esté en contra, y lo hay, de la promoción y de la ayuda a las familias para que elijan centros privados, va a estar construyendo centros y plazas públicas sin ninguna otra consideración. Yo quiero que tenga carácter finalista. Y si hay una deficiencia, como ocurre en Andalucía, de educación infantil en centros concertados, que se aplique a subvencionar a esos padres, quiero decir a concertar el centro para que puedan elegir. La familia se está sacrificando mucho, está pagando de su bolsillo, lo cual considero inadmisible, una etapa que tiene consideración de escolarización general, de tres a seis años, para poder acceder a ese colegio que le va a permitir educar a su hijo como ellos quieren.


En cuanto a la relación familia-centro, creo que se corta totalmente con esta ley, porque en la admisión de alumnos el proyecto del centro no es obstáculo, y la planificación de los puestos escolares la hace la Administración. A mí repartir alumnos con necesidades educativas me parece una falta de humanismo y una desconsideración tremenda. Yo quiero que cualquier persona que esté integrada en nuestra sociedad, inmigrantes, alumnos con las necesidades que precisen tengan derecho a elegir, que no los repartan y que a este colegio concertado le correspondan 10, a este 20 y a este 30. Esto me parece que va en contra de todo principio. Si a eso unimos que lo que se pretende es que haya una centralización para repartir alumnos por los centros, se está cortando que yo pueda ofertar qué es lo que deseo para la sociedad y que la familia venga a decirme: me ha enseñado su proyecto educativo pero no va conmigo porque, como decía antes, usted da inglés y yo quiero francés. Es la familia la que debe elegir.


Enseñanzas comunes. Como he dicho al principio, me preocupa muchísimo que este proyecto de ley abre la posibilidad de que en cada comunidad autónoma se negocien las enseñanzas comunes, porque no va a ser igual para todo el mundo, eso de no más significa que puede ser menos.


Acabo de hablar de fracaso escolar y de la calidad, indudablemente va unido. Esta promoción automática, insisto, se va arrastrando. ¿Qué es lo que se pretende, que un alumno lleve un papelito diciendo: he conseguido el graduado escolar, cuando realmente por sus conocimientos no hay posibilidad de que lo haya obtenido? Vamos a ser sensatos, vamos a preparar a nuestros chicos para lo que deseen. Yo no estoy defendiendo ni la universidad ni el bachillerato, sino que cada cual se atenga a sus vocaciones, pero vamos a prepararlos y vamos a hacer personas capaces. En la junta directiva de CECE esto preocupa muchísimo, porque ¿quién esta accediendo a los puestos de trabajo? ¿Cómo gente que no tiene el menos interés en absoluto de seguir estando motivado y trabajando se plantea acceder a un puesto de trabajo de calidad?

He querido abreviar, podría seguir hablando mucho más. Yo les agradezco una vez más su atención, el que les tenga a estas horas, a la Mesa que ha tenido que escucharnos a todos los comparecientes, y una vez más mi gratitud. Espero que le hayan quedado algunas cosas muy claras.


Sigo esperando el milagro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Bazo.


Terminamos las comparecencias de la mañana y, por tanto, levantamos la sesión.


Eran las tres y cinco minutos de la tarde.

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