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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 419, de 23/11/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 419
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 23 de noviembre de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley orgánica de educación (continuación.) (Número de expediente 121/000043.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las nueve y veinte minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Pido disculpas por el retraso. He sido atrapada en un colapso de tráfico durante veinte minutos y no he podido llegar antes.


Vamos a empezar la sesión de hoy con el debate de los capítulos que nos quedaban del título I, capítulos VII, VIII y IX. Los grupos de Coalición Canaria, Izquierda Verde y Mixto dan por defendidas las enmiendas en la mañana de hoy, porque no podían venir los portavoces.


Empezamos el debate por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Intervengo brevemente para manifestar que Esquerra Republicana ha presentado un pequeño grupo de enmiendas que tienen relación con asuntos competenciales en las enseñanzas de idiomas. Nuestra enmienda número 399 alude a la posibilidad de que en los niveles de la enseñanza de idiomas hubiese un nivel básico, al margen de un avanzado y superior, y que en él pudiesen tener competencia las comunidades autónomas. Nuestra enmienda número 400, al apartado 1, del artículo 61, propone suprimir la expresión "cuyos efectos se establecerán en la definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas", porque ya es repetida nuestra posición en este punto.
Consideramos que el artículo 149.1.30 de la Constitución española reserva al Estado la competencia exclusiva para regular condiciones básicas de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, categoría esta en la que no se incluye la de los certificados de conocimientos, tal como la ha defendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En definitiva, no podemos aceptar una regulación con carácter básico de unas enseñanzas de régimen especial que no forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación. Además -queremos insistir en ello-, no puede olvidarse que estos estudios de idiomas no conducen a la obtención de un título académico ni profesional, sino únicamente a certificados de conocimientos del idioma correspondiente, que es un concepto jurídico diferente. Por tanto mantenemos y defendemos la enmienda número 400, al apartado 1, del artículo 61.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió ha presentado tres enmiendas a los capítulos que ahora estamos viendo. La primera de ellas es relativa al apartado 4 del artículo 63, referida a los principios generales, y dice concretamente que las proporciones que se establecen en el apartado 3 del artículo 6, se adaptaran en el caso de las enseñanzas deportivas.
Pues bien, nuestra enmienda va dirigida a que se suprima la expresión que se adapten; proponemos simplemente que las proporciones del artículo 6 -las 55, 65, etcétera- sean de aplicación también en las enseñanzas deportivas. Hemos presentado también una enmienda al artículo 64, en sintonía con la enmienda que ha presentado también el Grupo Vasco, y que fue defendida ayer por su portavoz. Es una enmienda al apartado 4, del artículo 64, que propone que el Gobierno establezca las titulaciones correspondientes, los aspectos básicos del currículo, porque el artículo dice las condiciones de los centros. Nosotros proponemos que diga las condiciones, el Grupo Vasco decía los requisitos -nos es igual una palabra que otra- mínimos de los centros en los que podrán impartirse las enseñanzas respectivas. Por tanto existe sintonía en este caso con el Grupo Vasco, con el que intentaremos llegar a una enmienda transaccional.
Por último, respecto al artículo 67 proponemos un apartado 6 nuevo, introduciendo la dimensión de discapacidad.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Voy a hacer un breve comentario de las enmiendas que tenemos presentadas a los capítulos VII y VIII, idiomas y deportes. En primer lugar, quisiera comentar la enmienda número 818, al artículo 59, en la que lo más importante para nosotros, aparte de describir los principios generales de las enseñanzas de idiomas y los niveles de las mismas, es el apartado 4 de nuestra enmienda que dice que para acceder a las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas será requisito imprescindible haber cursado los dos primeros cursos de la enseñanza secundaria general o estar en posesión del título de graduado escolar, del certificado de escolaridad o de los estudios primarios. A nuestro juicio, es necesario posibilitar el acceso a las escuelas de idiomas en edades más tempranas de las que establece el proyecto de ley, cuanto más tempranas mejor porque entendemos que es una necesidad educativa, pero además es una necesidad de carácter técnico, de carácter científico, de carácter empresarial y en general, d carácter político evidente. También queremos hacer hincapié en el artículo 59 bis, que es un artículo nuevo, sobre todo en lo que se refiere al marco común europeo de referencia para las lenguas. En nuestra enmienda 819 establecemos que con el fin de reforzar el reconocimiento internacional de los distintos niveles en lenguas extranjeras de nuestro sistema educativo se promoverá el desarrollo de niveles de competencia comunes homologables a los definidos por el marco común europeo de referencia para las mismas. Nos importa subrayar la necesidad de incrementar la movilidad y cooperación internacional en este sentido. Con respecto al artículo 60, me interesa destacar el apartado 2 de la enmienda 820, que se refiere a que en las escuelas oficiales de idiomas se fomentará especialmente el estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, el de las cooficiales en las comunidades autónomas, así como la enseñanza del español como lengua extranjera.


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También se facilitará el estudio de otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten un interés general. No quisiera alargarme mucho, pero me referiré a la enmienda 822, al artículo 62 bis, que es un artículo nuevo y que se refiere al profesorado. Me importaría destacar, señora presidenta, el punto 2 de la misma, en el que proponemos que el profesorado que imparta estas enseñanzas de idiomas deberá pertenecer a los cuerpos de catedráticos o de profesores de las escuelas oficiales de idiomas. La justificación fundamental de la enmienda es que se considera adecuado indicar en cada apartado correspondiente de esta ley a cada nivel educativo o tipo de enseñanza la titulación requerida por el profesorado que lo imparte. Entendemos que el proyecto de ley que estamos debatiendo no lo hace suficientemente.


Con respecto al capítulo VIII, que son enseñanzas deportivas, nuestro grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas. Me interesa subrayar algunas, especialmente el punto 4 de la enmienda número 823, referido a las enseñanzas deportivas, que manifiesta que con lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 21 se adaptará, en el caso de las mismas, a las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Nos importa subrayar el carácter nacional de dicho sistema en lo que al deporte y a las enseñanzas deportivas se refiere.
Igualmente me interesa resaltar, señora presidenta, señorías, la enmienda número 825, presentada al artículo 65 bis, que también es nuevo. En ella hablamos de las condiciones para ejercer la docencia en las enseñanzas deportivas. Quisiéramos que la ley recogiera que para ello sería necesario estar en posesión del título de licenciado, de ingeniero o de arquitecto o bien del título de grado correspondiente o titulación equivalente a efectos de docencia. Para impartir las enseñanzas en esta etapa el Grupo Parlamentario Popular quisiera que además fuera necesario estar en posesión del título de especialización didáctica establecido en el artículo 112 de la presente ley.


Por último, tengo interés en señalar que consideramos adecuado indicar en el apartado correspondiente de esta ley en cada nivel educativo o tipo de enseñanza la titulación requerida para el profesorado que lo imparte.
Hemos observado en el proyecto de ley que debatimos que tanto por lo que se refiere a las enseñanzas de idiomas como por lo que respecta a las enseñanzas deportivas no se ha explicitado suficientemente, ignoramos si porque no se ha querido decir o porque se les ha pasado a ustedes, la titulación requerida para estas enseñanzas. Es como si al Gobierno le pareciese que estas enseñanzas -permítanme ustedes que lo diga- son un tanto menores; sin embargo, a nosotros en absoluto nos parecen menores, sino muy importantes. Concretamente, vuelvo a insistir -con esto casi termino mi intervención- en lo que decía al principio sobre la enseñanza de idiomas. Reitero el argumento para mí central de la enmienda 818: Para acceder a las enseñanzas de las escuelas oficiales de idiomas será requisito imprescindible haber cursado los dos primeros años de la enseñanza secundaria. Desde nuestro punto de vista, cuanto más se adelante esto, mejor. Este es el sentido general de nuestras enmiendas en estos apartados. (El señor Fernández Rozada pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Rozada.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Quisiera hacer referencia a algunas enmiendas que hemos presentado al capítulo IX, pues el señor Calomarde se ha referido al VII y al VIII.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Voy a intervenir brevemente, señora presidenta, para hacer referencia a la educación de las personas adultas, aspecto recogido en los artículos 66 a 70 del proyecto. Nosotros hemos presentado enmiendas fundamentalmente de modificación a todos los artículos, por lo que no me voy a referir más que a la filosofía de fondo que imprimimos en las mismas para decir que la enseñanza de las personas adultas se orientará a hacer efectiva la igualdad de oportunidades y a responder a las nuevas necesidades de formación profesional y de cualificación a lo largo de la vida. Durante el estudio de esta nueva ley nosotros hemos hablado de una educación flexible y en este apartado de dar oportunidades. La enseñanza de los adultos no es una enseñanza en sí misma, sino que hay que adaptarla a las distintas enseñanzas. Es importante luchar contra el analfabetismo, pero a nuestro juicio el avance principal está en incorporar a los adultos a las enseñanzas postobligatorias. En este sentido, hemos presentado varias enmiendas, las que van de la 826 a la 832, ambas incluidas. Empezando por la que hacemos al artículo 66, principios y objetivos, intentamos dotar de una mayor precisión los objetivos y los principios de las enseñanzas orientadas a las personas adultas en el marco de la educación permanente. Con la presentada al artículo 67, organización, hacemos exactamente lo mismo. En el ámbito de las enseñanzas para las personas adultas, las administraciones públicas deberán atender preferentemente a aquellas personas que no hayan podido completar esa enseñanza básica. En este sentido, enumeramos varios puntos en los que resaltamos la forma de poder cumplirlo. En cuanto a la enmienda al artículo 68, enseñanza básica para adquirir los correspondientes conocimientos, debe hacerse una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. En relación con la enmienda 829 al artículo 69, acceso a la educación secundaria superior y enseñanzas universitarias, creemos que conviene señalar con mayor precisión las distintas vías y modalidades de acceso de las personas adultas a los niveles de la enseñanza no obligatoria. En este sentido, las administraciones deben facilitar a los ciudadanos las enseñanzas no obligatorias, organizando en

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estos niveles la oferta pública de la enseñanza a distancia. En definitiva, sin ser este un apartado en el que necesariamente tengamos una confrontación con respecto a lo que establece la ley, sin embargo creemos que nuestras enmiendas de modificación de alguna forma precisan mejor los objetivos y los principios de las enseñanzas orientadas a las personas adultas.


La señora PRESIDENTA: La portavoz de Izquierda Verde pensaba que el último capítulo estaba desdoblado para el debate, por lo que me ha pedido la palabra para intervenir ahora porque han presentado dos enmiendas. Así pues, tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Disculpen sus señorías. Voy a ser breve.


Nuestras enmiendas, las números 1054 y 1055, han sido presentadas al capítulo IX, educación de personas adultas. Algunas de las cuestiones han sido ya comentadas y con el Grupo Popular coincidimos en parte en una inquietud planteada por su portavoz referida al artículo 67.6. Nosotros pretendemos que se añada en este punto, cuando habla de que las enseñanzas para las personas adultas se organizarán con una metodología flexible y abierta, de modo que respondan a sus capacidades, necesidades e intereses -así lo planteamos en nuestra enmienda-, que se impartirán preferentemente en la modalidad presencial, pero también decimos que la oferta se completará con la modalidad a distancia para las personas con dificultades para escolarizarse en modalidad presencial. En este sentido, pensamos en una gran variedad de personas, pero con frecuencia nos olvidamos de las zonas rurales, donde las personas tienen bastantes dificultades para trasladarse de una población a otra en la que se imparte la enseñanza para adultos. Este sería el lugar en el que tendría que recogerse esta posibilidad, que en todo caso las diferentes administraciones tendrían que ir desarrollando lógicamente en la medida de la demanda y de la conveniencia para entendernos a nivel general. Si la ley no lo recoge, posiblemente quede privada una parte de este derecho.


La enmienda 1055 la hemos presentado al artículo 69. Es parte de la propuesta que hacemos, puesto que abordamos dos puntos, el 5 bis a) y b).
En el primero planteamos algo que ha sido olvidado y que recogían las diferentes leyes, desde la ley general hasta la Logse y la LOCE. La LOE no lo recoge, y pensamos que es un olvido. Se trata del tema de los mayores de 25 años, de la posibilidad de que los mayores de 25 años de edad puedan acceder directamente a la universidad sin necesidad de titulación alguna mediante la superación de una prueba específica. Esto ha sido así. Ha sido una oportunidad hasta ahora para muchísimas personas y seguramente ha sido un olvido. Nosotros planteamos en la enmienda que los mayores de 25 años puedan también acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores sin necesidad de titulación alguna mediante la superación de una prueba específica. En este caso hacemos dos propuestas. La primera puede ser perfectamente un olvido; no respondería ahora a una limitación coherente, la de limitar el acceso de los mayores de 25 años a la universidad; y la segunda es una propuesta que nosotros hacemos como adición. Estas son las dos enmiendas que mantenemos y esperamos poder llegar a acuerdos.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Algunos diputados y diputadas de esta Comisión, seguramente por cuestiones de edad, aunque no quiero caer en el tópico de remitirnos a las experiencias propias o a la historia que hemos vivido, cuando vemos el debate sobre este grupo de enseñanzas específicas en nuestro sistema educativo, que por primera vez tienen un tratamiento específico, singular y adecuado, no podemos por menos que recordar cómo este tipo de enseñanzas -las deportivas, las de idiomas, las de personas adultas- han estado muy presentes en nuestra realidad educativa y, a la vez, muy mal atendidas. Por tanto, la primera afirmación desde el Grupo Socialista es que ya era hora de que tuvieran un tratamiento como se merecen. Una recuerda también cómo han sido consideradas de menor categoría, pero sobre todo cómo a veces han sido acogidas, tratadas y mimadas no por quien tenía que hacerlo sino por entidades de todo tipo -estoy pensando en las enseñanzas deportivas, que fueron en su momento tratadas e impulsadas por federaciones deportivas, incluso por clubes, por administraciones locales-. Al hilo del debate no podría más que recordar como hace ya muchos años yo misma impartí clases de psicología de la educación a futuros entrenadores, a chicos jóvenes que hacían unos cursillos porque estaban vinculados a clubes deportivos. Era algo muy extraño en este tipo de profesionales, entre comillas, porque esto les habilitaba para entrenar después a equipos de chavales pequeños en escuelas y en clubes. Estoy hablado de la época en la que el deporte no estaba bien integrado en la enseñanza reglada. Lo mismo pasaba con las escuelas de idiomas, que han tenido un papel tradicionalmente muy importante y que han servido a muchos ciudadanos y ciudadanas para aprender idiomas cuando en la escuela ordinaria esto no era posible.


Se proponen algunas novedades y cambios, especialmente los vinculados a la estructura, a los niveles, a las edades. Se han planteado aquí varias enmiendas sobre cuándo es recomendable facilitar el acceso a las escuelas de idiomas. El proyecto de ley lo fija en los 16 años como norma general y en los 14 si el idioma es distinto del que se estudia en la enseñanza reglada. Creo recordar que el Grupo Vasco, cuyo portavoz acaba de incorporarse ahora mismo, tiene una enmienda en la que propone que sea a los 12 años. Este es un debate que tiene que ver también con los cambios que ha experimentado la enseñanza reglada, el sistema educativo, y muy especialmente

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los niveles obligatorios de la enseñanza. Después de muchos años nos encontramos con que en el tema de los idiomas nuestros estudiantes si quieren empiezan a estudiar una lengua extranjera a partir de los niveles de infantil y pueden incorporar la segunda en la ESO. No son obligatorias, pero esta no obligatoriedad es para dejar que sean las propias comunidades autónomas las que articulen todo esto. Por tanto, nos encontramos con un tipo de enseñanzas que, consideradas tradicionalmente menores, han ejercido un papel muy importante en ámbitos tan diversos como el del aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de lenguas, el del deporte o el de la formación de adultos, que tiene otro significado como comentaré más tarde.


En la enseñanza de idiomas es evidente la importancia del conocimiento de lenguas en un mundo globalizado, internacionalizado, donde la movilidad académica y profesional ha cobrado en los últimos tiempos una relevancia indiscutible. Es también importante resaltar el marco europeo de referencia; saber idiomas es importante para moverse en el entorno europeo desde el punto de vista de la enseñanza, pero también desde el punto de vista laboral y profesional. Por todo ello se establecen en esta ley las cuestiones básicas relacionadas con su estructura y organización.
Serán las administraciones educativas, aunque sean enseñanzas no obligatorias, las que regulen las condiciones para impartirlas, estableciéndose en los diferentes artículos del capítulo VII cómo se determinan los requisitos para que las escuelas o centros de enseñanza puedan ejercerla, qué criterios se disponen para la formación del profesorado, cómo se regula la posible enseñanza a distancia y -tema que me parece especialmente importante- cómo se regulan las pruebas terminales para la obtención de certificados. Algunas de las enmiendas que han presentado los distintos grupos, como he dicho antes, se refieren la edad mínima para acceder a las escuelas de idiomas. Nos parece que el criterio general de los 16 años que propone el proyecto de ley, como he dicho antes, y el de los 14 cuando se da el caso de que la lengua estudiada no es la misma que la que se estudia en la educación secundaria obligatoria se ajustan perfectamente a los diferentes niveles y etapas del sistema educativo.


En la enmienda que ha presentado el Grupo Popular, en la que su portavoz ha hecho especial hincapié, el requisito de los dos años de haber cursado la ESO no vemos que sea relevante para poder acceder a estudiar un idioma, puesto que el estudio de los idiomas, de las lenguas, evidentemente nada tiene que ver con la adquisición de conocimientos previos, por eso hemos impulsado la introducción de idiomas a partir incluso de la educación infantil. Por tanto, el requisito de acompasar bien estudiar un idioma fuera de la educación obligatoria ordinaria se ajusta perfectamente con estos criterios de edad.


Una enmienda de Esquerra Republicana discute la regulación con carácter básico de enseñanzas de régimen especial, como es el caso de la enseñanza de idiomas, que no forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación. Esto es cierto, pero no lo es menos que la obtención de certificados en esta materia requiere una cobertura de homologación que muchas veces va más allá del territorio nacional. Es decir, los títulos, los certificados, que se obtienen con estas enseñanzas tienen una validez que a muchos de nuestros estudiantes les sirve para muchas cuestiones (su currículum académico, su currículum profesional), e incluso cuando salen del país les permite acceder a algunas actividades de tipo docente o profesional que pueden ser especialmente interesantes.


En cuanto a las enseñanzas deportivas por primera vez tienen una regulación -no es el mismo caso que en las enseñanzas de idiomas, porque estas ya habían aparecido en anteriores leyes- específica sobre su papel.
Está bien que encajen de alguna forma con los diferentes niveles de la formación profesional, que se estructuren en estos dos grados, medio y superior, y que estén también referidas al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Los requisitos de acceso se regulan. Se establecen los dos títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior en los diferentes ámbitos específicos. Se contempla la posibilidad de que a partir de este nivel superior se pueda permitir el acceso a la universidad, pues no es menos cierto que muchos profesionales del ámbito deportivo también han mejorado su formación en los últimos años. Haciendo una síntesis muy rápida tendríamos a los licenciados en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física; a los licenciados en educación física; y a los maestros de educación física, una especialidad de magisterio que se impuso en la última reforma de los planes de estudio universitarios a partir del curso 1989-1990. Sin embargo, no es menos cierto que en el catálogo de títulos de la formación profesional, que se elaboró entre los años 1993 y 1996, también aparecían diferentes titulaciones, tanto en grado medio como en grado superior, de técnicos en educación física. Además de todo esto, como he dicho antes, todos los títulos que provenían de otras instituciones de todo tipo, vinculadas muchas veces a federaciones deportivas, mantenían un vacío legal y un problema de reconocimiento de competencias profesionales. Al fin y al cabo tienen una función muy importante, no solo en la enseñanza reglada donde se imparte educación física, sino también fuera en el ámbito extra escolar, en el ámbito del deporte escolar y también en el ámbito social con todas las entidades deportivas.


En las enmiendas presentadas a este capítulo de enseñanzas deportivas queremos ofrecer a Esquerra Republicana una transacción a su enmienda número 394 que permitiría, como hemos hecho en otros niveles de la educación y en otras enseñanzas singulares, acceder a los grados medio y superior. Sería una transacción concretamente al artículo 64 apartado 3, si no me equivoco, a la enmienda de Esquerra Republicana número 394, que se refiere al acceso sin los requisitos académicos necesarios, es decir sin el título de enseñanza secundaria

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obligatoria, con superación de una prueba, lo cual permitiría que accedieran a los grados medio y superior de las enseñanzas deportivas aquellos aspirantes que, careciendo del título de graduado en educación secundaria obligatoria o del título de bachiller, superaran una prueba de acceso regulada por las administraciones educativas. Para acceder por esta vía se exigiría en el caso del grado medio tener la edad de 17 años, para el grado superior 19 años y 18 años en el caso de que se acredite estar en posesión de un título de técnico relacionado con aquel puesto al que se desea acceder. Como ven SS.SS. son los mismos criterios que a lo largo del día de ayer ofrecimos en toda una serie de enmiendas para facilitar esta flexibilidad, esta permeabilidad, entre diferentes tipos de enseñanza, pero también en diferentes niveles de la enseñanza.


La señora PRESIDENTA: Señora Palma, por favor, vaya terminando.


La señora PALMA MUÑOZ: Termino, señora presidenta.


La enmienda número 552, presentada por el Grupo Vasco, referida a los requisitos mínimos nos parece correcta. La señora Pigem ya ha aludido a que dicha enmienda se parece mucho, si no es prácticamente igual porque cambia solo una palabra, a la 1277 de Convergència i Unió. Nos parece mejor aceptar la enmienda del Grupo Vasco porque el término requisitos se ajusta mejor que el término condiciones, ya que es un nivel de exigencia seguramente superior.


Finalmente quiero referirme al tema de la educación de personas adultas.
Con el permiso de la señora presidenta, voy a comentar rápidamente cuáles son los temas que nos parecen importantes al respecto. La educación de personas adultas ha estado también tradicionalmente en manos de diferentes entidades marcadas sobre todo por el voluntarismo y por la necesidad de atender una realidad social, que es ya una realidad histórica y veterana en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Fueron los ayuntamientos sobre todo los que impulsaron la impartición de clases de formación de personas que en su momento, en edad escolar, no habían tenido ocasión de seguir una formación básica inicial. La formación de adultos tuvo en su época un papel muy importante para combatir el analfabetismo que tenía tradicionalmente nuestro país. En este momento está cumpliendo una función muy importante para toda aquella población recién llegada proveniente de otros países a nuestros pueblos y ciudades.
Por tanto, en este momento la educación de adultos debe tener entidad propia en y más allá de la formación permanente. Es evidente que existe un concepto de formación permanente que abarca mucho más, pero la educación de adultos tiene un papel específico todavía desde el punto de vista de combatir las desigualdades, de proporcionar igualdad de oportunidades y de ofrecer una educación de calidad también a este sector de la población en condiciones de equidad. En este apartado aceptaríamos la enmienda número 402 presentada por Esquerra Republicana de Catalunya que propone suprimir la expresión ciudadanos por la de mayores de 18 años. Asimismo, aceptaríamos la enmienda número 406 de Esquerra Republicana que pretende sustituir la expresión ciudadanos por personas.
Esta es una enmienda que Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado de forma repetida y recurrente en diferentes partes del texto. Nosotros propondríamos una transacción a la enmienda 408 de Esquerra Republicana para suprimir el requisito de 21 años para la obtención de títulos de bachillerato y de formación profesional. Es evidente que este tema de resituar las edades mínimas para el acceso a determinados niveles tiene cierta importancia por una razón: los últimos años la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 16 años ha movido un poco todas las piezas en cuanto a las edades mínimas consideradas oportunas para acceder a determinados estudios o a determinados niveles. Es lógico que tengamos cierta necesidad de recolocar requisitos relacionados con las edades mínimas. Por tanto, resituaríamos estas edades mínimas en 20 años para el acceso a bachillerato; 18 años para el acceso al nivel de técnico medio; 20 años para el acceso al nivel de técnico superior y, en este caso, 19 años si disponen ya de un título de técnico de nivel medio. Nos parece que esto se ajusta mucho más a la realidad actual. Con la regulación que contiene los diferentes artículos destinados a este apartado, aunque las enmiendas presentadas por otros grupos proponen otros redactados con cuestiones importantes, el marco legislativo será cuando se apruebe este texto muy útil y muy ajustado a la realidad, a la situación actual y a las necesidades actuales de la educación de personas adultas. (El señor Calomarde Gramage pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Calomarde, un momento.


¿El Grupo Vasco quiere intervenir? Entiendo que ayer se dieron por defendidas las enmiendas.


El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, señora presidenta. No voy a repetir los argumentos que ya expuse ayer.


La señora PRESIDENTA: Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Solamente intervendré un minuto o menos para puntualizar algunas afirmaciones de la señora Palma.


Señora Palma, aparte de que ustedes hasta el momento según mis cálculos han aceptado media enmienda del Grupo Popular, lo cual reconózcame que es un récord parlamentario en lo que se refiere a las transacciones y a los acuerdos, quiero simplemente -insisto, agradeciéndole a la señora presidenta este minuto- puntualizarle dos cosas. En lo que se refiere a las enseñanzas de idiomas, tenga usted presente que no es la LOE la primera ley orgánica que introduce en España dichas enseñanzas;

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está usted equivocada, es la LOCE. Es la primera vez que en las leyes orgánicas españolas de educación se regulan dichas enseñanzas. Segunda puntualización. En lo que se refiere a las enseñanzas deportivas, señora Palma, lamento decirle que creo que está confundida, por cuanto que tampoco es la LOE la primera ley que se refiere a la regularización de dichas enseñanzas deportivas. Ya lo hizo el Gobierno del Partido Popular a través de un real decreto-ley en su momento procesal oportuno. Si no ha podido continuarse evidentemente esta trayectoria que inició la LOCE y el Gobierno ha sido por un motivo fundamental: porque ustedes derogaron la LOCE nada más llegar al Gobierno y no ha habido mayores oportunidades. Ya sé que son puntualizaciones, pero me parecen importantes, por cuanto que en una Comisión como esta, teniendo en cuenta el ambiente político en el que se produce, convendría decir las cosas con la veracidad y la ecuanimidad que se merecen.


La señora PRESIDENTA: Señora Palma, un minuto.


La señora PALMA MUÑOZ: A lo mejor yo no me he explicado bien o no me ha entendido bien el señor Calomarde. He hecho una valoración global de este tipo de enseñanzas especiales y he dicho que es la primera vez que se regula sobre las enseñanzas deportivas en una ley de educación. Respecto a la enseñanza de idiomas, evidentemente, conocemos perfectamente que se contempló también en la LOCE, aunque nos parece que es mucho más completo el planteamiento que se propone en este momento. Y tampoco pasa nada, estamos para mejorar las cosas. En cuanto a las enseñanzas deportivas, en un real decreto que tiene su base en la Ley del Deporte también se contempla la posibilidad de regular este tipo de enseñanzas. En todo caso, nos parece que es en una ley de educación donde deben contemplarse los diferentes tipos de enseñanzas singulares. No olvidemos que es un tipo de enseñanzas a las que accede muchísima gente, seguramente de forma complementaria a lo que es la enseñanza obligatoria y regulada, pero son miles y miles de personas, de estudiantes muchas veces, los que pasan por este tipo de cursos para tener un título que después les permitirá ejercer profesionalmente.


En cualquier caso, quiero precisar que no he dicho nada que no fuera cierto. Yo he dicho que era la primera vez que las enseñanzas deportivas se regulaban en una ley de educación y, respecto a las de idiomas, si no lo he precisado suficientemente, no es la primera vez, pero creo que se mejora sustancialmente la regulación anterior.


La señora PRESIDENTA: Hemos empezado apurando quizá en exceso los tiempos de las intervenciones y rogaría a los grupos parlamentarios que recordaran el compromiso tomado por la Mesa y los portavoces. En cualquier caso, saben que tienen todo el tiempo necesario para decir lo que tienen que decir en torno a la sustancia de los temas.


Entramos en la discusión del título II del proyecto de ley, Equidad en la educación, y vamos a debatir de forma agrupada los dos primeros capítulos. El capítulo I, relativo a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, y el capítulo II, relativo a la compensación de las desigualdades en educación.


Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Como siempre, damos por defendidas todas las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Mixto y naturalmente también las nuestras.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas a estos dos capítulos del título II, relativo a la equidad en la educación, y hay otra enmienda que está relacionada con el artículo 80 pero que presentamos como una adicional. Ya adelanto que de estas seis enmiendas, retiramos la 1060 porque está duplicada, es una equivocación.


Entro a comentar nuestras enmiendas al capítulo I, relativo a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que son la 1056 y la 1057.
Todos los capítulos son importantes, pero poco a poco vamos entrando en las cuestiones que tienen una trascendencia determinada en cuanto a las garantías de derechos, y el punto 1 del artículo 71 plantea que las administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todos los alumnos y alumnas alcancen el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional y los objetivos establecidos con carácter general en la presente ley. Basándonos en que este es uno de los principios -lógicamente hay muchos más-, presentamos a este punto nuestra primera enmienda, de adición, para que se considere el reconocimiento del derecho al aprendizaje y uso de la lengua de signos española. Para nuestro grupo, la motivación es muy clara, nos apoyamos en diferentes leyes: en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; en la resolución 48/1996, de 20 de diciembre de 1993; por supuesto, en el artículo 20 de la Constitución española, pero sobre todo en que el pasado 16 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley por la que se reconoce la lengua de signos, proyecto en el que se incluyen aspectos educativos de competencia de la Administración educativa. Entendemos que en la ley que estamos ahora debatiendo, y que tenemos que aprobar en un marco en el que ya tenemos encima de la mesa proyectos de ley que van a afectar a esta ley, no podemos permitirnos estos olvidos o, en todo caso, no reconocer y no

Título II

Capítulos I y II

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integrar en esta ley estos derechos, sobre todo cuando estamos hablando de una necesidad específica de apoyo educativo. Está claro que todo este colectivo de niños y de niñas tienen una necesidad específica y que el lenguaje de signos debe ser reconocido porque, de no ser así, el no reconocerlo podría ser un problema. Por eso nosotros esperamos que esta enmienda merezca la aprobación de todos los grupos.


La enmienda 1057, al artículo 72.4, también es de adición y en ella planteamos algo muy importante. En primer lugar, creemos que en todos los aspectos en los que la ley plantea nuevas necesidades y apoyos educativos específicos deberíamos considerar siempre la necesidad, sin duda imprescindible, de formar a los profesionales, a los docentes. Por eso, esta enmienda de adición propone que las administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. También planteamos esto en otros puntos del articulado del proyecto de ley, pero creemos que ha de constar en este capítulo, que es el relativo a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.


Entrando en el capítulo II, relativo a compensación de las desigualdades en educación, la enmienda 1058, al artículo 80, plantea añadir un punto 4 nuevo, que diga: Con el fin de atender las nuevas demandas sociales de las familias y disponer del espacio y medios para ejercer la función compensadora, el Estado y las comunidades autónomas convendrán un plan específico que permita garantizar la apertura de centros públicos e instalaciones fuera del horario escolar. No me alargo en cuanto a la argumentación sobre el contenido de la enmienda, lo que sí que queremos es evidenciar que la compensación de las desigualdades en educación va más allá de lo que es el aspecto formativo. Todo lo que comporta la cuestión extraescolar y todo lo que tiene que ver en definitiva con actividades que son compensatorias, como biblioteca, aulas de estudio, comedor escolar, son tan importantes para la compensación de las desigualdades como otros aspectos que también recoge la ley. Ningún artículo de la LOE recoge esta necesidad o esta apuesta por esta compensación y sobre todo el reconocimiento por el trabajo que realizan las asociaciones de padres, etcétera; pero el hecho de que no lo realice la Administración, el hecho de que no esté gestionado en la mayoría de los casos por la Administración, no significa que en el apartado de la compensación de las desigualdades no tenga que haber una apuesta por esta necesidad y por la conveniencia de que para la compensación de las desigualdades se desarrolle todo este tipo de actuaciones.


La enmienda 1059, al artículo 81.1, es de adición. Trata de mejorar, desde nuestro punto de vista, el redactado. Proponemos añadir lo siguiente: para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles: posteriores. La 1060, como ya he comentado, la retiramos porque está duplicada, y la 1061 es de modificación del artículo 83.4, referente al punto de becas y ayudas al estudio. Se hace toda una serie de propuestas de becas y ayudas y de controles que nos parecen muy adecuados. Por ejemplo, el punto 4 dice: Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas concedidas, se establecerán los procedimientos necesarios de información, coordinación y cooperación... A nosotros nos parece perfecto que esto sea así, pero proponemos una adición que añade lo siguiente: Dichos controles y cautelas serán realizadas sin que provoquen un retraso en su concesión y libramiento que anule su finalidad... Argumentamos más cosas, pero en todo caso, como SS.SS. conocen, hay una casuística que comporta un retraso muy importante en el cobro de estas becas y de estas ayudas y hay que tener en cuenta que precisamente las becas y las ayudas van a los sectores con más necesidades y que cuando llegan muchas veces llegan en unos momentos difíciles. Por tanto, decimos que sí a esos controles, pero ha de haber una cierta rigurosidad y garantía de que no pueden llegar con el retraso con que están llegando. Estas son las enmiendas que teníamos a este bloque.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Tenemos cuatro enmiendas a estos dos capítulos. En concreto, las tres primeras son a los artículos. 71, 72 y 78, que se refieren tanto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo como a los de integración tardía en el sistema educativo español. Tratan de reflejar una idea que ya mencioné ayer, esto es, subrayar la idea de complementariedad de ambas redes pública y privada que aparece en la exposición de motivos y que creemos que debería quedar mejor reflejada a lo largo del articulado. En ese sentido, nuestra enmienda al artículo 71.4 busca que también en el caso de estos alumnos sus padres tengan derecho a la elección de centro. La correspondiente al artículo 72.1 es de adición, de manera que se refiera tanto a centros públicos como privados concertados en la misma línea y por las razones que he expuesto, y en el caso de los alumnos de integración tardía en el sistema educativo, también se señala en nuestra enmienda la elección libre del centro. Por último, tenemos una cuarta enmienda de tipo competencial al artículo 83, que busca proteger enmiendas de alguna comunidad autónoma en el tema concreto de becas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Simplemente quiero comentar tres enmiendas que hemos presentado. Dos hacen referencia a los alumnos con necesidad de apoyo educativo especial y una a la cuestión de becas. Los alumnos con necesidad de apoyo educativo especial son motivo de preocupación creo que para todos los grupos. En nuestro caso ya avanzamos en la primera intervención

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en los trabajos de esta Comisión que les afecta desde diversos puntos de vista, y uno de ellos es el de la promoción. En ese sentido hemos planteado la enmienda 413 adicionando un párrafo al apartado 1 del artículo 79, teniendo en cuenta que no deberían ser aplicables a estos alumnos con necesidades educativas específicas los criterios de promoción para integrar a alumnos incorporados tardíamente al sistema educativo, que también necesitarían por tanto estos apoyos educativos específicos.
En segundo lugar, presentamos la enmienda 412, al artículo 75, también para estos mismo alumnos, que diría lo siguiente: Los alumnos con necesidades educativas especiales recibirán orientación psicopedagógica a lo largo de toda su escolaridad, con especial intensidad en los periodos de transición entre etapas educativas. En los dos últimos cursos de la enseñanza secundaria obligatoria se reforzará esta orientación hacia los aspectos vocacionales y laborales. La tercera enmienda se refiere a becas, la 419, en el sentido de que sería conveniente territorializar las becas. No contradice ninguna normativa legal. Hay además jurisprudencia que lo avala, la sentencia del Tribunal Constitucional 188/ 2001. En definitiva, se trataría de que el Gobierno proceda a la distribución territorial de los fondos presupuestarios que correspondan entre las comunidades autónomas, garantizando en todo caso la suficiencia de aquellos para que el acceso a las becas y ayudas al estudio se produzca sin menoscabo de la garantía de igualdad en la obtención de estas en todo el territorio del Estado. Pensamos que es perfectamente compatible y en ese sentido va nuestra enmienda 419.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM PALMÉS: A este título singularmente importante de equidad en la educación mi grupo parlamentario ha presentado algunas enmiendas, que voy a pasar a reseñar brevemente.


La primera de ellas se refiere al artículo 71 y es una enmienda que quiere recoger la libertad y el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente también cuando hablamos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. El principio de la libertad de elección que, como ya se ha dicho aquí anteriormente, está recogido no solo en la propia Constitución, en su artículo 27, sino también en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional y en el propio artículo 4 de la LODE, entendemos que no está suficientemente reflejado en algunos de los capítulos del proyecto de ley de educación que estamos debatiendo. Por tanto, algunas de las enmiendas de mi grupo parlamentario van dirigidas a que este reflejo de la libertad de educación quede de esta manera mejor plasmado, mejor recogido. Uno de los puntos en donde consideramos que se ha de introducir es justamente cuando hablamos de los principios que han de regir los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Entendemos que en este punto también se ha de mencionar la libertad de los padres y tutores a elegir el modelo educativo y el centro docente.


Hemos presentado una enmienda de mejora técnica al artículo 74, cuando habla de escolarización, y proponemos un cambio de redacción porque el proyecto habla de un tiempo de verbo -desarrollar, programar- que parece denotar una acción facultativa. Nosotros propondríamos pasar al imperativo: promoverán, desarrollarán, adaptarán, etcétera.


Proponemos una enmienda al artículo 75, relativo integración social y laboral, que dividiría el texto en dos puntos: el segundo punto sería el que actualmente es punto único y propondríamos introducir un primer punto nuevo para prever un apartado introductorio a la orientación psicopedagógica en todas las etapas educativas, particularmente en los períodos de transición entre etapas, para garantizar al máximo posible el éxito de la escolarización. Esto es importante porque, como digo, estamos hablando de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.


Quiero indicar que valoramos positivamente la enmienda que nos ha comentado la portavoz de Izquierda Verde de introducción de la lengua de signos. Es algo que mi grupo parlamentario ha defendido no ahora concretamente con una enmienda, pero sí como filosofía general, y por tanto lo valoramos positivamente y lo vamos a apoyar.


Con respecto al capítulo II, compensación de las desigualdades en educación, hemos presentado una enmienda al artículo 81.3 en la que proponemos que en el segundo ciclo de educación infantil, además de en la educación primaria, las administraciones educativas garanticen a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio. Lo hacemos como garantía de que de esta manera se transfieran los fondos necesarios del Estado para poder financiar esta etapa.


Hemos formulado también una enmienda al punto 2 del artículo 82, igualdad de oportunidades en el mundo rural, que va en sintonía con la 1060 del Grupo de Izquierda Verde y que tiene como finalidad añadir que, además del transporte, se garantice la gratuidad del comedor, tal como se hace ahora en la Logse. El texto del proyecto dice que en su caso se dará la gratuidad del comedor. En su caso permite interpretaciones y, si lo que se quiere que solo disfruten gratuitamente de este servicio las personas con ingresos por debajo de un límite determinado, se debería reflejar expresamente. El texto queda excesivamente abierto y permite unas interpretaciones excesivamente discrecionales.


Hemos realizado, por último, en este capítulo una enmienda al artículo 83, cuando habla de becas y ayudas al estudio, e introducimos que el Gobierno regulará, pero las modalidades fundamentales y las cuantías mínimas de estas becas. ¿Por qué? Para garantizar que las comunidades autónomas tengan la posibilidad de definir una política de becas y ayudas diferenciadas que puedan

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ajustar a las necesidades y circunstancias económicas y sociales de los respectivos territorios.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en primer lugar el señor Oreiro.


El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Nuestro grupo presenta una batería de enmiendas que están inspiradas en una serie de principios que nos parecen esenciales y que adquieren una relevancia especial en los planteamientos educativos de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
Ayer me llevé una sorpresa porque en alguna medida se reprochó a este grupo que estableciera un debate de principios. Realmente las enmiendas se elaboran sobre principios, pero es que un proyecto de ley se elabora asimismo sobre principios y criterios. Nuestras enmiendas pretenden recoger propuestas que el Cermi nos ha hecho, como supongo que haría a los demás grupos parlamentarios, e insisto en que están fundamentadas en una serie de principios que pasaré a exponer.


El principio de libertad, como la portavoz de CiU acaba de comentar, está presente en nuestros planteamientos educativos. En la enmienda 836 al artículo 73 lo expresamos claramente: Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos. Pero hay otro principio que inspira nuestras enmiendas y que es el de la flexibilidad.
En este sentido consideramos que la adaptación de programas y metodología a las características de estos alumnos es fundamental. Incorporamos además la supresión del límite de edad en centros de educación especial en la enmienda 838, en donde se dice que la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales se adaptará a las condiciones de los alumnos con arreglo al principio de flexibilidad. No podrán establecerse límites de edad para permanecer escolarizado en un centro de educación especial. Esto nos parece un planteamiento de lo más razonable, puesto que en estos alumnos, sobre todo aquellos que tienen necesariamente que incorporarse a centros de educación especial, la variable edad la consideramos secundaria.


Incorporamos también un principio de igualdad de oportunidades y cohesión social. En este sentido modificamos el título II, en donde aparece equidad en la educación. El término equidad aparece prácticamente en todo el desarrollo de la ley, pero nosotros incorporamos el tema de igualdad de oportunidades y cohesión social puesto que el mismo Consejo de Europa establece como objetivo, en el término cohesión social, garantizar un nivel suficiente de protección social, proteger eficazmente a los grupos sociales más vulnerables, favorecer la igualdad de oportunidades y luchar contra la exclusión y la discriminación. Consideramos que este planteamiento debe regir en un enfoque de la educación en las personas con necesidades educativas especiales.


Insistimos también en la detección precoz. Difícilmente se puede hacer un abordaje educativo si no se detectan precozmente las características que van a llevar al alumno a tener unas necesidades específicas. Por ello abordamos este tema en la enmienda 836, al artículo 73, y en las mismas 837 y 842, referidas fundamentalmente a la detección precoz de aquellos alumnos discapacitados o con sobredotación intelectual, puesto que aquí también hacemos una modificación en la sección segunda, introduciendo el término sobredotación intelectual en lugar de alumnos con altas capacidades intelectuales, y la justificación está clara, pretendemos usar una terminología acuñada con criterios científicos. En este sentido, propugnamos en estas enmiendas 836, 837 y 842 el establecimiento de la detección precoz como algo necesario tanto para alumnos discapacitados como para alumnos con sobredotación intelectual o para aquellos alumnos de integración tardía, como se dice en el proyecto de ley.


Hay otro aspecto que consideramos fundamental en la aportación de nuestras enmiendas, como también se comentó por parte de otros portavoces, y es el de formación del profesorado y desarrollo profesional específico del profesorado que va a atender a estos alumnos. Para ello presentamos una enmienda de adición, la 844, al artículo 77 bis, que dice: Corresponde a las administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de los alumnos superdotados intelectualmente para el profesorado que los atienda.
Asimismo, impulsamos la formación del profesorado en su desarrollo profesional específico. También queremos resaltar con nuestras enmiendas el apoyo, asesoramiento e incorporación de los padres al proceso educativo, tanto en los casos de discapacitados, de los sobredotados intelectualmente y de los de incorporación tardía al sistema educativo.
En este sentido proponemos las enmiendas 837, 838, 844 y 846.


Por último, señorías, es importantísimo el aprovechamiento y potenciación de iniciativas sociales. En una sociedad dinámica como la nuestra no se puede desperdiciar el potencial de aquellas asociaciones o de aquellos colectivos que, conociendo a la perfección y luchando claramente para mejorar las condiciones de los colectivos que atienden, tienen su personal especializado y nos parece que se debería potenciar el aprovechamiento de estas iniciativas. Para ello presentamos una enmienda de adición, la 839, al artículo 74 bis, en donde proponemos: 1.-Las administraciones educativas dotarán a los centros sostenidos con fondos públicos del personal especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales. En la programación de la oferta de puestos escolares gratuitos se determinarán aquellos centros que, por su ubicación y sus recursos, se consideren los más indicados para atender las diversas necesidades de estos alumnos. 2.-Las administraciones educativas, para facilitar la escolarización, podrán establecer

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acuerdos de colaboración con otras administraciones o entidades públicas o privadas. 3.-Se asegurará la accesibilidad y eliminación de barreras -otro concepto que nos parece esencial en el caso de estos alumnos- de todo tipo en los centros escolares conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la presente ley.


La señora PRESIDENTA: Señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Brevemente, señora presidenta, para defender nuestras enmiendas al capítulo II de este título. Nosotros le damos extraordinaria importancia porque, como todos sabemos, la educación en nuestras sociedades se ha convertido en el factor más importante de cohesión social, de integración, y las experiencias de otros países que debemos de seguir muy atentamente nos están demostrando que el mal funcionamiento de la escuela, las deficiencias escolares, el fracaso escolar, son causas fundamentales en estos momentos de los fenómenos de marginación, de los problemas de integración, incluso de la violencia adolescente y juvenil que se está detectando, y que nos preocupa gravemente, en otros países europeos. El primer paso hacia la exclusión social se produce en la escuela. El fracaso escolar es esa antesala a la marginación.


La primera de nuestras enmiendas es la número 847, y lo que queremos decir en ella es que el Estado tiene que asumir unas responsabilidades propias más importantes en estas políticas. Para eso nosotros proponemos que el Fondo de cohesión interterritorial en materia educativa que nosotros habíamos previsto que se debía de incorporar a esta ley esté al servicio de la consecución de estos objetivos, aunque el Grupo Socialista, a mi juicio alegremente, desechó esta propuesta. Por cierto, hoy nos desayunamos con una propuesta del señor Solbes en la que está estudiando la posibilidad de crear fondos de cohesión, lo cual me lleva a pensar que el señor Solbes es posible que les esté enmendando a ustedes.


La segunda enmienda, la número 848, se refiere a los recursos en esta materia, y nuestras aportaciones fundamentales consisten en que creemos que aquellos centros, tanto públicos como centros privados concertados, es decir, sostenidos con fondos públicos, que estén realizando tareas en áreas y destinadas a poblaciones con especiales dificultades de carácter socioeconómico o sociocultural, necesitan unos recursos adicionales que deben de ser puestos a disposición por las administraciones educativas y también, con esa responsabilidad que creemos que debe de asumir más activamente el Estado, incluso con cargo al Fondo de cohesión interterritorial.


La tercera de nuestras enmiendas consiste a la incorporación a la ley de una idea que está presente en muchas administraciones educativas, en el mundo educativo, que es lo que llamamos actuaciones singulares en centros educativos prioritarios, que son aquellos situados en zonas geográficas que, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población que escolarizan, necesitan una intervención educativa diferenciada de carácter compensatorio. Se trata de dejar claro en la ley la legitimidad de un apoyo e intervención educativa propia según las necesidades de los centros, que nosotros creemos que debe de basarse en planes de mejora plurianuales a los que se vincularán las aportaciones adicionales, singulares, de recursos materiales y de profesorado y de los apoyos técnicos, humanos y de formación. Asimismo el principio de la necesaria flexibilidad en materia de personal, de currículo y de organización escolar. En definitiva, se trataría de unos centros en los cuales las Administraciones educativas tendrían atención preferente y una organización adaptada a las importantes tareas formativas que realizan.


En la siguiente enmienda, que se refiere a la igualdad de oportunidades en el mundo rural, nosotros coincidimos con las intervenciones de otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la importancia de que esté garantizada esa igualdad de oportunidades reales en el mundo rural. Es imprescindible que se precise con claridad que la escolarización de estos alumnos tiene que contar con las mismas condiciones de calidad que para el resto de la población escolar, lo que no aparece con suficiente claridad en el texto del Gobierno. Asimismo coincidimos con otros portavoces en que debe de quedar claro que los alumnos del segundo ciclo de educación infantil, así como de la enseñanza básica sean escolarizados en su municipio de residencia. Aquí hay también una corrección técnica. Ustedes hablan de educación básica, yo creo que todas las veces que se refieren a educación básica se debe de utilizar la terminología enseñanza básica, que es la que figura en el artículo 27 de la Constitución. También se debe de incluir el impulso del aprendizaje de idiomas y el desarrollo de las tecnologías de la información con planes específicos para los centros del mundo rural.


Por último, la última enmienda en este capítulo se refiere a las becas y ayudas al estudio. En esta materia nuestras aportaciones son de mejora.
Coincidimos con el texto del Gobierno en que, de acuerdo con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, existe un sistema nacional de becas en el que al Gobierno le corresponden unas funciones normativas básicas. Las becas también deben de seguir apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado y el Tribunal Constitucional precisó con claridad cuáles eran las competencias del Estado. Lo que queremos introducir o añadir es, por un lado, una cláusula que establezca la adaptación del sistema general de becas a los territorios insulares, así como a las ciudades de Ceuta y Melilla, que tienen características propias, para favorecer precisamente las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dichos territorios; y, por otro, una segunda cláusula que también nos parece importante, y es que para compaginar de la mejor manera posible las competencias atribuidas tanto al Estado como a las comunidades autónomas

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se deje claro -y esa es de la única manera en que se puede funcionar en el futuro- que, para que los resultados de la aplicación de los sistemas de becas se logren sin menoscabo de la garantía de la igualdad, haya una coordinación entre las funciones del Estado y de las comunidades autónomas conforme a su respectivos ámbitos de competencia. Este es el sentido de nuestras enmiendas.


La señora PRESIDENTA: El señor Mardones me ha pedido intervenir en este punto. Tiene la palabra.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su benevolencia, amabilidad y cortesía, señora presidenta, que permite compaginar a los grupos menores, dado el número de comisiones en las que tenemos que estar todo el trabajo parlamentario del día de hoy.


En este bloque mi grupo mantiene vivas para su debate y votación tres enmiendas, la 640, la 641 y la 642, que paso seguidamente a defender, dado que este título II, bajo el principio de equidad en la educación y para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, no tienen los alumnos que vayan llegando por una vía normal, natural o generalizada, nos va a permitir, precisamente partiendo de un principio de equidad, buscar la compensación y la calidad de la enseñanza. Estas tres enmiendas pretenden a la vez estar fundamentadas y defender un sistema realista que contenga medidas de atención a la diversidad y mantenga las garantías de un alumnado escolarizado hasta el final de su periodo de titulación efectiva.


Así, por tanto, la enmienda 640 pretende añadir un apartado 5 nuevo al artículo 71, de principios, que diga: Los centros educativos establecerán sus propios planes de actuación de acuerdo con los objetivos de inclusión señalados en la ley y ajustándose a las especificidades de su alumnado.
En Canarias nos estamos encontrando con un fenómeno que hace 20 años no existía, que es la pluralidad en una misma aula o en un mismo curso de bachillerato de alumnos con procedencias, etnias y lenguas muy distintas.
Tenemos aulas donde a veces conviven alumnos de más de 15 nacionalidades distintas y, por tanto, están vinculados al fenómeno de la inmigración.
Somos una comunidad autónoma, como otras de España, que es receptora de una inmigración estable, no turística, y tenemos que atenderla. Hay una diversidad del alumnado y los medios educativos que deben poner en marcha los centros que acojan a estos alumnos se deben concretar en planes muy adaptados a la realidad de cada medio socioeducativo. No es lo mismo el bagaje que pueda tener un estudiante inmigrante de un país tercermundista que el que viene de áreas de países europeos, que cuenta con una base de sistemas educativos anteriores de mucha calidad.


La enmienda 641 pretende dar un carácter de flexibilidad al artículo 74, sobre la escolarización, para que no tenga una rigidez que pueda significar un corsé o un anquilosamiento de todo el sistema que tenemos que cumplir bajo este mismo epígrafe, que es la equidad en la educación, dirigido a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Tenemos que introducir medidas de flexibilidad en las distintas etapas educativas. En esta enmienda queremos concretar también, señora presidenta, la edad en la que se puedan aplicar estas medidas al alumnado, ya que nos hemos encontrado con una ausencia, que es un límite de edad. Debemos tener en cuenta que los descendientes, hijos o hijas, de una familia inmigrante se van a encontrar con una discapacidad intelectual cuando se incorporen a un centro español junto a sus compañeros, y si esto va a ser por un criterio de edad vamos a poner, como pretende nuestra enmienda, los 21 años, lo que ya permite actualmente la normativa en vigor, señorías. Por la casuística que estoy manejando en los colegios canarios se venía permitiendo esta flexibilización hasta los 21 años.


Finalmente, la enmienda 642 pretende una adición al artículo 79 que diga: Los centros tendrán establecido un plan de acogida e integración de este alumnado. Estamos en las mismas circunstancias que decía anteriormente, señorías. Apoyamos, porque los consideramos muy oportunos como ya he dicho antes, este título, este capítulo y sobre todo cualquiera de sus secciones -segunda o tercera-, pero en la tercera tenemos la enmienda 642 en los programas específicos. Es decir, si ya reconoce el propio redactor del proyecto que hay alumnos que vienen y generan una integración tardía en el sistema educativo español, vamos a basarnos en el principio de equidad y de apoyo que está inspirando el espíritu del propio proyecto de ley que apoyamos y secundamos. Por tanto, tienen una razón de ser los centros que tengan establecido este plan de acogida e integración del alumnado, no hay que dejarlos a la improvisación para cuando les lleguen 14 alumnos de siete procedencias distintas y ocurra el fenómeno el día de la apertura del curso escolar, después de que se hayan matriculado estos chicos, con los cuales incluso hay incapacidad de entendimiento porque vienen con su lengua vernácula y no tienen la propia del sistema de enseñanza en España. No pasa nada si se trata de chicos y chicas procedentes de países latinoamericanos que vienen con el español o castellano como lengua originaria, pero vamos a dar una salida a los que están llegando de otras procedencias geográficas y lingüísticas distintas, sin esperar a que empiece el curso para ver qué hace el centro o los profesores con estos alumnos que no entienden ni siquiera un mínimo de la lengua castellana o española.


La señora PRESIDENTA: En último lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Supongo que es decir una obviedad que para el Grupo Socialista este título, que se refiere a la equidad, es la columna vertebral de este proyecto de ley, en la medida en que el objetivo principal es la mejora de la calidad que compartimos

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todos, pero una mejora absolutamente indisociada e indisociable del principio de equidad. Evidentemente, buscar calidad significa buscar mejores resultados individuales y para ello dar respuesta a las diferentes necesidades formativas, pero la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe en la filosofía que inspira este proyecto a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. Estos son objetivos compartidos de forma universal, como ya se refleja en los últimos informes de la Unión Europea y de la Unesco, y cuando digo últimos me refiero ya casi a los de hace 15 ó 20 años. Es evidente que el aumento de la inversión en educación y formación debe hacerse garantizando una distribución equitativa y eficaz de los recursos disponibles, teniendo en cuenta que la contribución de la educación al desarrollo económico y social se puede apreciar en datos muy ilustrativos. Voy a referirme mínimamente a algo muy comentado en los últimos tiempos como ha sido el informe PISA respecto a los resultados educativos, pero también a informes o a datos que van más allá del tema escolar y que nos pueden ayudar a comprender la importancia que tiene el tema educativo para la cohesión en el sentido más amplio.


Señorías, informes recientes de la OCDE nos indican que se estima que un año suplementario de escolaridad supone una media de incremento en crecimiento económico de aproximadamente un 5 por ciento de forma inmediata y un 2,5 por ciento suplementario a medio plazo. Es decir, que aquellos países que en los últimos años optaron por, como es el caso del nuestro, aumentar el tiempo de la escolaridad obligatoria han podido comprobar cómo esto tiene rendimientos importantes en su crecimiento económico. Supone también un 6,5 por ciento de incremento en el salario individual en toda Europa y hasta un 9 por ciento en los países con una estructura de renta más dispersa. Asimismo, señorías, la OCDE constató que durante los años noventa la mejora del capital humano generó un crecimiento anual del 0,5 por ciento en relación con la década anterior.
Así pues, la relación positiva que existe entre el nivel de estudios y la renta se manifiesta también en la disminución de la tasa de desempleo y la reducción de los costes sociales correspondientes. El reto no solo para España, sino también para nuestra Europa recientemente ampliada, con todo lo que esto significa, es desarrollar la educación y la formación de forma que los cambios económicos y las reestructuraciones no tengan efectos adversos en la cohesión social. Esto lo hemos escuchado muchas veces en los últimos tiempos. Así pues, los últimos estudios de PISA, el llamado informe PISA, ponen de manifiesto cuando hacemos una lectura global, más allá de nuestros resultados sobre rendimientos escolares, que los países con niveles medios de estudios más elevados registran igualmente los niveles más bajos de desigualdad entre individuos y centros escolares. Es decir, que mejorar la calidad no implica reducir las oportunidades, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Este es el principio básico que alberga la dedicación de un título a la equidad y a la igualdad de oportunidades. Es evidente que focaliza, a través de unos capítulos determinados como se ha explicado aquí, a unos colectivos o a unas situaciones determinadas, pero, insisto, señorías, me gustaría que quedara muy claro que el principio básico fundamental del título II de esta ley dedicado a la equidad es el que acabo de exponer, supongo que con más o menos éxito, en un tema tan amplio y de tantas connotaciones como el que nos ocupa.


Quiero resaltar aquí en términos de informe PISA en nuestro país y concretamente en una comunidad autónoma, en Cataluña, que en los últimos días hemos conocido un estudio importante de la Fundació Bofill, sobre los resultados del informe PISA en el que se demuestra el fuerte impacto de las desigualdades socioeconómicas. Y es que en la valoración de los resultados de PISA 2003, referidos, como saben SS.SS., a matemáticas, se remarca de una forma especial cómo los factores vinculados a las desigualdades socieconómicas tienen también mucho que ver con los resultados que ofrecen los alumnos.


Es evidente que en una situación como la nuestra en la que un tercio de los alumnos no alcanza los resultados mínimos esperados no nos puede dejar impasibles, sino que aquí hay que tener muy en cuenta el papel o el fuerte peso que tienen los factores sociales para condicionar los resultados y para conseguir los objetivos de aprendizaje. Es, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, una cierta amenaza al ejercicio en condiciones del derecho a la educación. El ejercicio del derecho a la educación en este sentido es el que nos tiene que preocupar en la medida en que es necesario mejorar la calidad, pero a su vez garantizar mayor equidad porque en nuestro país podemos afirmar a estas alturas que el derecho a la escolarización está garantizado. El derecho a la educación es mucho más que el derecho a la escolarización, es una condición necesaria la escolarización, pero no suficiente para conseguir el pleno ejercicio del derecho a la educación.


El capítulo I establece tres tipos de situaciones: los alumnos con necesidades educativas especiales, los de incorporación tardía y los que muestran altas capacidades. Se trata de tres situaciones -a mí no me gustaría tanto hablar de colectivos porque se tiende a una cierta estigmatización y las tres situaciones se engloban en el marco más amplio de necesidad de apoyos educativos- que requieren medidas de apoyo y en el caso de las necesidades educativas especiales deben ser desde una intervención educativa integrada. Tenemos ya una larga historia en nuestro país, yo diría que una historia positiva en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales. Afortunadamente, tiene un largo recorrido que arranca en la Ley General de Educación de 1970, posteriormente el primer Plan de educación especial permitió que el colectivo de alumnos con dificultades de desarrollo individual pudiera seguir la educación o los

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procesos de formación en una situación de integración y de normalización y, por lo tanto, verse mucho mejor atendidos que anteriormente cuando estaban en situaciones en algunos casos prácticamente de segregación educativa.


En cuanto a los alumnos de incorporación tardía, no es menos evidente que se ha demostrado que en las aulas plantean dificultades muchas veces de lenguaje, de adaptación al entorno y de encaje cultural. Señorías, esta misma mañana, echando mano de publicaciones vinculadas como saben SS.SS.
a lo que es mi profesión -soy especialista en psicología escolar y aunque la dedicación a la política no me lo permite tanto como a mí me gustaría, a menudo intento ojear algunas publicaciones sobre el tema- he podido leer en una publicación reciente, una revista de investigación psicoeducativa publicada por la universidad de Granada, un artículo del profesor Antonio Fernández Castillo, a quien no conozco, pero me ha gustado especialmente lo que escribe, sobre multiculturalidad en contextos educativos y de desarrollo: relevancia de las variables psicosociales. Hace un análisis exhaustivo de las dificultades de comunicación, de relaciones interpersonales y cómo esto puede llevar a la estigmatización de estos alumnos de incorporación tardía pertenecientes a determinados grupos culturales provenientes de otros países y que tienen estas dificultades, pero que podrían ser también aplicables a colectivos como los alumnos con necesidades educativas especiales. Al final de su artículo en las conclusiones dice -y me parece que podríamos perfectamente vincularlo al planteamiento que hace el proyecto de ley en este apartado- que cualquier cambio que observemos en el amplio espectro que se extiende desde las interacciones sociales en la infancia hasta las políticas y actitudes sociales con respecto al sistema educativo dirigido hacia el desarrollo de sistemas virtualmente interculturales no será efectivo ni incluso real si no se origina paralelamente una acercamiento social en el que no se deje de lado la aceptación y un sincero deseo de igualdad entre los grupos humanos integrados por individuos con diferentes bagajes culturales. Me parece que este pequeño párrafo del final del artículo del profesor Fernández Castillo refleja de una forma muy clara cuál es la voluntad de la dedicación en este proyecto de ley de un apartado específico a los alumnos de incorporación tardía.
Evidentemente, la articulación de recursos y de medidas concretas no corresponde a esta ley, estamos hablando de una ley básica, pero sí el compromiso de las administraciones educativas de tomar en cuenta todas estas cuestiones con medidas de acogida, medidas de apoyo y muchas se están realizando en estos momentos. Quiero recordar en este punto el programa de refuerzo, orientación y apoyo, el llamado programa PROA, que ya está en marcha, una medida concreta en la que han participado a lo largo de este año 600 centros educativos, siendo la previsión que a lo largo de 2006 el número de participantes se doble y llegue hasta 1.200 y que la Administración General del Estado dedique a ello 14,7 millones de euros con las correspondientes aportaciones de las comunidades autónomas.


El último y tercer apartado de este capítulo es el dedicado a los alumnos con altas capacidades. Se trata de una situación que ha generado muchas disfunciones en este colectivo, el cual presenta un nivel de desarrollo en las habilidades ni mejor ni peor, pero sí distinto, causando problemas de desajustes en su desarrollo individual, pero también en los grupos y en las aulas en las que son atendidos. Es importante que reciban una atención adecuada a la situación que presentan.


En el capítulo II, dedicado a la compensación de desigualdades, se hace mención especial al mundo rural, en el que hay que tener presentes las grandes dificultades, a veces en territorios especialmente castigados por muchas razones. En estos entornos hay que garantizar servicios como el transporte, el comedor y otros muchos aspectos. En nuestro país no desde ahora, sino desde hace muchos años tenemos experiencias muy importantes, como las que conoce muy de cerca nuestra compañera Yolanda Casaus, diputada y secretaria de la Mesa, en su provincia, Teruel, respecto a las agrupaciones rurales, los llamados CRIE, en donde se atiende a alumnos de poblaciones diseminadas a los que sería muy difícil atender en condiciones adecuadas, procurándose algo que se dice también en este texto y que se refleja en el espíritu de algunas enmiendas, que es atender a los alumnos en sus propios entornos familiares y sociales tanto como se pueda, pero no por eso hurtarles de otras posibilidades de formación, del contacto con otros chicos y chicas y del acceso a la formación en nuevas tecnologías y materias en cuyo entorno les sería muy difícil acceder.


El último apartado del capítulo II es el dedicado a becas y a ayudas al estudio. Como se ha dicho aquí, el texto del proyecto de ley recoge estrictamente la sentencia del Tribunal Constitucional de 2001, como ya se hizo anteriormente. Como saben SS.SS., este es un tema que está pendiente de desarrollo normativo, que tiene implicaciones importantes y yo diría que también delicadas respecto al reparto competencial y que está sujeto a interpretaciones distintas. En este sentido, algún grupo ha presentado alguna enmienda que no podemos aceptar porque mantiene una interpretación que no compartimos. En cualquier caso, en un plazo corto de tiempo estará sujeto a algún tipo de acuerdo y de desarrollo que seguramente va más allá de lo que son las atribuciones o las competencias en educación.


Finalmente, paso a comentar nuestra posición respecto a las enmiendas presentadas. En cuanto a la atención de los alumnos con discapacidades, algún grupo ha citado las propuestas del Cermi, que todos los grupos hemos recibido, concretamente el reconocimiento del lenguaje de signos para el colectivo de sordos y tantas otras. Quiero manifestar que nos constan los contactos que el Cermi ha mantenido con el propio ministerio ante la evidente imposibilidad de que se pueda recoger en todos y cada uno de los apartados, pues seguramente tendríamos

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que hacer en cada párrafo de la ley una mención específica a los colectivos con discapacidades concretas, sensoriales, físicas o psíquicas, y en general a los alumnos con necesidades educativas especiales. El Cermi entiende que mientras que en la ley quede perfectamente reflejado que existe una voluntad de atender a estos colectivos y sus necesidades el objetivo estaría debidamente cumplido.


Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una serie de enmiendas, la 1171, la 1172, la 1173 y la 1174, a los artículos de este capítulo, en las que se propone precisar todavía más en el proyecto de ley que se aseguren los recursos necesarios, como se ha dicho aquí, que se identifiquen tempranamente las necesidades educativas específicas, que se garantice una atención integral al alumnado con necesidades específicas, que se garantice la escolarización regular y se asegure la participación de padres y tutores y que se colabore con otras administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Cito estas cuestiones porque coinciden en gran parte con algunas de las enmiendas que han defendido aquí los grupos parlamentarios. La enmienda 1173, la cual seguramente estará ya recogida en la ponencia, es muy importante y coincide con la 1281, de CiU, y con la 411, de Esquerra Republicana -esto no lo digo a efectos de transaccionar nada, puesto que ya está incorporada-, insistiéndose en ella en promover la escolarización en la educación infantil. Antes hemos hablado de escolarización temprana, pero aquí se especifica que las administraciones educativas deberán promover la educación infantil de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales y desarrollar programas para la adecuada escolarización de estos alumnos en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria. Este redactado define perfectamente y de una forma muy concreta cuáles son las responsabilidades. ¿Cuáles serán los instrumentos? Esto seguramente vendrá después con los desarrollos normativos, incluso en los propios proyectos curriculares de centro.


Insistimos también en la enseñanza postobligatoria y decimos que corresponde a las administraciones educativas favorecer que los alumnos con necesidades educativas especiales después de la escolarización obligatoria puedan continuar su escolarización en las enseñanzas postobligatorias. Y decimos también que para ello habrá que adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran. Insisto en esta última frase porque a lo largo del día de ayer, sobre todo cuando hablábamos de bachillerato y de formación profesional, incluso hoy con las enseñanzas de carácter específico y singular, se habló de pruebas de acceso de un nivel a otro y algunas enmiendas presentadas por diferentes grupos parlamentarios pedían que dichas pruebas se adaptasen a los alumnos con necesidades educativas especiales. Pues bien, señorías, con este apartado 5 que la enmienda del Grupo Socialista propone añadir al artículo 74 creemos que de una forma global damos cumplida respuesta también a las peticiones de adaptación de estas pruebas.


Finalmente, la enmienda 1174, del Grupo Parlamentario Socialista, contempla también la integración social y laboral. Esto es fundamental para los alumnos con necesidades educativas especiales que no puedan conseguir los objetivos de la educación obligatoria, puesto que se propone que las administraciones públicas fomenten ofertas formativas adaptadas a sus necesidades y además que se establezca una reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para los alumnos con discapacidades.


Insisto en esto porque tiene que ver con lo que estuvimos debatiendo ayer.
Creemos que están suficientemente garantizadas algunas de las peticiones que están en las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, enmiendas legítimamente defendibles y que todos compartimos. Señora Pigem, no sé ahora mismo si la enmienda 1174, del Grupo Parlamentario Socialista, fue incorporada en la ponencia o no. En cualquier caso, creemos que da cumplida respuesta.


Para finalizar, voy a hacer referencia a las enmiendas presentadas por los otros grupos. En cuanto a la enmienda 1157, presentada por Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al artículo 72.4, insisto en que habrá que impulsar no solo la formación del profesorado sino la de otros profesionales. Estaríamos de acuerdo en aceptarla. Respecto a la necesidad de establecer medidas de flexibilización para las necesidades educativas especiales y establecer los 21 años como edad máxima de escolarización en centros de educación especial, a la que hacía alusión el portavoz del Grupo Popular, la enmienda número 641, de Coalición Canaria, se ajusta perfectamente a estos objetivos. Por tanto, aceptaríamos y promoveríamos que se acepte esta enmienda de Coalición Canaria. Aceptaríamos también la enmienda 1059, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, al artículo 81, en la que se insiste en que la compensación de desigualdades debe realizarse a lo largo de toda la escolarización, con lo que incluimos también aquí un concepto genérico que nos parece importante. Veríamos también perfectamente aceptables las enmiendas 415 y 416, de Esquerra Republicana, al artículo 83, apartados 1 y 2, en las que se insiste en sustituir el término ciudadano por el término persona. Esto puede parecer una cosa sin importancia pero la tiene, y en este apartado todavía más cuando hablamos de incorporación tardía de alumnos. En muchos casos existen problemas de regularización de estos colectivos y no por ello deben estar exentos de poder disfrutar de un derecho básico como es el de la educación.


Señorías, este debate nos parece muy importante. El título II constituye uno de sus corazones, por no decir el único, porque los otros apartados también lo son. Seguramente no está contemplado en la ley todo aquello que

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nos gustaría, pero no podemos olvidar que estamos hablando de una ley básica, de unas competencias de la Administración General del Estado que son compartidas. Estamos en un sistema descentralizado en el que las administraciones educativas son las que a la hora de la verdad articulan las medidas que se desprenden y los recursos que deben derivarse de la ejecución de todos estos principios, de la consecución de estos objetivos que están contemplados en estos capítulos I y II. Pero -y termino como empecé- no podemos pretender tener un sistema de calidad sin garantizar la equidad, la compensación de desigualdades y la igualdad de oportunidades. Muchas de las cosas que planteamos al hilo del debate de esta ley van a compensar las desigualdades que se producen en el sistema, y los programas de educación compensatoria tampoco los hemos inventado ahora. Compensa quien quiere realmente hacerlo y quien está convencido de que debe hacerse y de que los objetivos son garantizar el acceso al derecho a la educación, pero el acceso en condiciones de equidad, en condiciones de igualdad de oportunidades. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora presidenta, no sé si ha sido por falta de atención, y pido excusas, pero quería comprobar si la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha admitido alguna enmienda del Grupo Popular. Me da la impresión de que no ha admitido ninguna y quería simplemente comprobarlo.


La señora PRESIDENTA: Señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Directamente admitidas, ahora mismo no. Pero debo decirle al señor Nasarre que he hecho mucho hincapié en defender las enmiendas del propio Grupo Socialista, algunas ya incorporadas en la ponencia, insistiendo en que en muchos aspectos coinciden no solo con el Grupo Popular sino con muchos otros. Tampoco tenemos tantas diferencias cuando hablamos de los recursos necesarios que debemos articular para dar cumplida atención a los alumnos necesitados de apoyo educativo. Pero he olvidado, y aprovecho este segundo turno, dejar abierta una propuesta de transacción.


La señora PRESIDENTA: Por favor, señora Palma. (El señor Nasarre Goicoechea pide la palabra.)

Sí.


El señor NASARRE GOICOECHEA: A mí me basta con lo que ha dicho ya la señora Palma.


La señora PALMA MUÑOZ: Es concreto. En la enmienda 840, que propone el Grupo Popular al artículo 75, se hace una mención específica a la orientación psicopedagógica; se garantiza que los alumnos con necesidades educativas especiales tengan la debida orientación psicopedagógica a lo largo de su trayectoria educativa. Esta enmienda del Grupo Popular coincide con la 412, de Esquerra Republicana, y con la 1282, de Convergència i Unió. La de Esquerra Republicana matiza, y nos parece correcto, que este tema no es de carácter básico porque con las transferencias educativas, corresponde a las comunidades autónomas regular el funcionamiento de los servicios de orientación psicopedagógica, pero nos parece que entre las tres enmiendas, la del Grupo Popular, la de Esquerra Republicana y la de Convergència i Unió, podríamos articular una transacción de tal forma que se garantice en el texto legislativo la presencia de este principio indiscutible, como es el de que la orientación psicopedagógica debe estar garantizada para los alumnos con necesidades educativas especiales y para los que no las tienen. De hecho, está incluida en el sistema desde hace ya mucho tiempo, pero nos parecería correcto hacer un especial hincapié en este apartado.


La señora PRESIDENTA: Antes de pasar al debate de los capítulos III y IV, quería proponer a los distintos grupos parlamentarios que como es probable que acabemos un poco tarde, la reunión de Mesa y portavoces la celebremos haciendo una interrupción al final de este debate.


¿Están los grupos de acuerdo? (Asentimiento.)

Continuamos con el debate de los capítulos III y IV del título II, escolarización en centros públicos y privados, premios, concursos y reconocimientos.


Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Damos por defendidas las enmiendas del Grupo Mixto y anunciamos que nosotros tenemos ocho enmiendas presentadas al capítulo III y ninguna presentada al capítulo IV, porque pensamos que el reconocimiento, apoyo y valoración del profesorado es una cosa suficientemente importante y en la ley está bastante bien considerado.


Respecto a las enmiendas que presentamos, la 253 dice: "Las administraciones educativas realizarán una programación adecuada de los puestos escolares gratuitos que garantice el derecho a la educación. En dicha programación se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El derecho a obtener una plaza en un centro público será en cualquier caso prioritario."

Otra de las enmiendas que nos parece realmente importante es la 255, que se refiere a la admisión de alumnos. Nuestra enmienda dice: "En ningún caso habrá discriminación en la admisión del alumnado por razones ideológicas, incluido el carácter propio del centro, religiosas, morales, sociales, de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual u otras."

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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Hemos presentado dos enmiendas a este bloque, que se mantienen vivas. Son la 645 y la 647 a este capítulo III, de escolarización en centros públicos y privados concertados. En primer lugar, defenderé la enmienda número 645. En principio mi grupo está conforme con la estructura del artículo 84, pero notamos dos ausencias en la disposición adicional quinta, apartado 3, del texto vigente de la LOCE que hay que recuperar, y la primera es el reconocimiento de la renta per cápita. En el texto del proyecto del Gobierno se habla de rentas anuales, pero nosotros entendemos que hay que recuperar el concepto de renta per cápita de la unidad familiar porque no estamos hablando de la renta anual que percibe uno de los cónyuges componentes de la familia que tengan este derecho. Por tanto, nos parece más adecuado el concepto de renta per cápita, que el de rentas anuales que propone el proyecto. Asimismo nos ha extrañado la desaparición de uno de los requisitos o criterios prioritarios, porque la actual LOCE lo señalaba como criterio prioritario, la condición legal de familia numerosa. No sabemos por qué ha desaparecido el criterio prioritario de familia numerosa en el proceso de admisión de alumnos, sobre todo en los tiempos que corren, de reducción de prole en la mayoría de los matrimonios. Por tanto, nuestra enmienda propone subsanar lo que nos parece una omisión en cuanto al reconocimiento de familia numerosa, cuando todos los gobiernos se están esforzando en estimular la natalidad del país con las políticas adecuadas, no fomentar la familia numerosa, pero tampoco la monoparentalidad y las familias sin hijos o sin descendencia. (El señor vicepresidente, Bedera Bravo, ocupa la Presidencia.)

La enmienda número 647, al artículo 86, punto 1, es de adición y propone añadir: "para conseguir una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de cualquier índole. Los centros públicos y concertados estarán implicados de forma idéntica en la distribución de este alumnado". Estamos tratando de añadir un principio de seguridad jurídica con esta igualdad en la aplicación de las normas de admisión.
Por tanto, si los centros financiados con fondos públicos atenderán con criterios idénticos la escolarización del alumnado con necesidades específicas de cualquier índole, por el contrario entendemos que si esto no se garantizase se producirá una dualización social de la red educativa. Esto nos produciría una distorsión a la hora de clarificar si no se da seguridad jurídica en la igualdad de aplicación de las normas de admisión, al menos de interpretación textual del proyecto cuando sea ley.
Por tanto, a ello conduce nuestra enmienda número 647, a dar un concepto de normativa clara e inteligible para quien tenga que aplicarla.


El señor VICEPRESIDENTE (Bedera Bravo): Por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Nuestro grupo parlamentario en este capítulo III, escolarización en centros públicos y privados, ha presentado siete enmiendas, todas ellas vivas y que vamos a mantener de momento. Estas enmiendas pretenden -aunque ahora me referiré a cada una de ellas, pero en este capítulo quisiera agotar, si es posible, mi tiempo- garantizar el ejercicio del derecho a la educación a través de una red suficiente de centros de titularidad pública; incluir la no discriminación por razones de sexo y de etnia; garantizar el mismo procedimiento de admisión de alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos; y evitar cualquier posibilidad de selección del alumnado, intentando eliminar para que esto no se produzca las aportaciones voluntarias por parte de las familias a los centros concertados. Señorías, todos somos conscientes de que este es uno de los puntos que está causando más polémica y más dificultad. Nuestro grupo parlamentario, en relación con el artículo 84 y con los artículos que hacen referencia a la escolarización en centros públicos y privados concertados, en general está bastante conforme con lo que la LOE propone. Sin embargo, nuestras enmiendas van a matizar o a intentar que este espíritu que pretende la ley, que pretende el articulado, quede mejor reflejado y de una manera más clara. En este punto quisiera plantear el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario. Ni estas enmienda ni todas las posteriores -esto sí que es importante que quede claro- son enmiendas en contra de; son enmiendas a favor de, que es muy diferente. La dicotomía de quién está a favor o quién en contra de los centros concertados me parece en estos momentos un discurso que deberíamos eliminar y deberíamos centrarlo en la realidad que tenemos encima de la mesa. En estos momentos en nuestro país tenemos una red de centros públicos de titularidad pública y tenemos una red de titularidad privada, la cual a la vez puede o no puede estar concertada.
Por tanto, en el momento en que es privada no ha lugar -evidentemente hay algunos aspectos de la ley que también regulan cuestiones que los poderes públicos han de regular- ni es el motivo fundamental de la regulación de estos capítulos, sino que el motivo es la red de titularidad privada concertada, es decir, financiada con presupuesto público. Se pretende el reconocimiento de que esto es así, de que es una realidad. Esta realidad es así por diferentes motivos y quizás no tenemos el tiempo suficiente para discutirlo y, por tanto, no voy a entrar en este tema. Lo que interesa ahora es que hay un porcentaje importante de centros privados concertados, por tanto, financiados con presupuesto público y en este caso los poderes públicos -y en una ley como la que en estos momentos estamos discutiendo- tienen que programar, planificar y ordenar este tema. Entendemos que esta sí es una obligación de los poderes públicos: la ordenación del sistema educativo.


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Por tanto, es a favor de. ¿A favor de qué? A favor precisamente de esta ordenación; a favor de que los centros privados concertados y los centros públicos tengan una misma base de programación y de planificación; a favor de que no haya discriminación de ningún tipo en este caso en las familias y fundamentalmente en los niños y en las niñas que han de acudir a estos centros; a favor de que haya una mayor cohesión social; a favor de que la equidad se garantice en todos los sentidos en los centros públicos y en los centros privados concertados; y a favor, en definitiva, de que se cumpla lo que para nosotros es verdaderamente el único derecho que como tal es exigible y que es el derecho a la educación que la Constitución española señala.


Por tanto, nosotros queremos el máximo de regulación pero en positivo. No se puede interpretar que nuestras enmiendas o nuestro planteamiento en relación con este punto traten de dificultar algo que es absolutamente necesario: que es la complementariedad de la red pública y de la red concertada. Esta complementariedad sin duda ha de estar absolutamente en sintonía, y en el caso de la LOE los poderes públicos deberíamos ponernos todos de acuerdo. Por eso, si bien estamos en general bastante de acuerdo con los puntos que nos plantean los artículos 84 y siguientes, nuestras enmiendas simplemente tratan de reforzar lo que nos parece que es la idea fundamental. Me estoy refiriendo a la igualdad, a la no discriminación, a la máxima equidad, a la programación y planificación por parte de los poderes públicos del sistema educativo, y esto es lo que nos mueve. En definitiva, lo que nos mueve es algo muy serio y transcendente. Nos mueve la cohesión social; nos mueve que de aquí a 10 ó 15 años no tengamos un panorama de problemas y de conflictividad porque hayamos impulsado dos redes absolutamente paralelas en el sistema educativo. Esta es para nosotros la razón fundamental y la vamos a mantener hasta el último momento porque estamos convencidos de que esto es positivo para la red pública y para la red privada concertada, en definitiva, positivo para el conjunto de la población, que es lo que nos importa.


En primer lugar, en la enmienda 1062, al artículo 84.1, planteamos un nuevo texto, que dice: "Las administraciones educativas llevarán a cabo las actuaciones necesarias para garantizar la suficiencia de la red pública de centros, en su extensión y oferta educativa, para satisfacer el derecho a la educación en todas las etapas educativas, tanto en las enseñanzas de régimen general como en las de régimen especial". Creemos que este debe ser el texto del punto 1 porque, aunque estamos hablando de escolarización en centros públicos y privados concertados, la primera obligación que tienen los poderes públicos es que haya suficiencia de centros públicos; si hay centros privados que quieren concertar, en todo caso, será una red complementaria a la red pública.


La enmienda 1063, al artículo 84.3, nos parece fundamental porque plantea que, en coherencia con el principio educativo establecido en el artículo 1 de la presente ley, la escolarización del alumnado en los centros públicos y privados concertados se atendrá en todas las etapas, niveles, grupos y aulas al principio de coeducación. Este será uno de los puntos en los que nosotros insistiremos hasta el final y esperamos que el conjunto de los grupos parlamentarios nos apoyen. En definitiva, esto afecta a una minoría de centros porque la gran mayoría de centros públicos y privados concertados ya respetan este principio, pero es imprescindible que la LOE intente regular en todo su articulado unos puntos comunes porque los criterios que rigen los centros privados concertados son muy plurales, porque tienen diferentes procedencias, diferentes historias y diferentes planteamientos. De lo que se trata aquí es de ver cómo se puede programar y reordenar toda esta pluralidad de los privados concertados en este sistema educativo. Es una minoría de centros privados concertados la que en estos momentos mantiene un sistema que no respeta el principio de la coeducación, que no haya ninguna discriminación por razón de sexo, lo que permite que actualmente la entrada a estos centros financiados con presupuesto público sea solamente para alumnos del sexo femenino o del sexo masculino, pero en todo caso no se está respetando el principio de la coeducación. Nosotros entendemos que cualquier centro privado puede optar por este criterio, pero los centros públicos o privados concertados que lo hagan estarán incumpliendo, incluso, derechos constitucionales. Por tanto, tenemos que encontrar una fórmula con la que todos nos podamos sentir cómodos, pero este es un tema que la ley tiene que abordar.


La enmienda 1067, al artículo 88.b), plantea sustituir este apartado por el siguiente: "Percibir cantidades de asociaciones o fundaciones que reciban a su vez aportaciones de las familias". Esto tampoco se permitirá en los centros concertados con financiación pública. La enmienda 1068, al artículo 88 c), propone añadir: "Las aportaciones por estos conceptos deberán ser aprobadas, con carácter previo, por el Consejo Escolar".


Señorías, antes de acabar, insisto en que todas estas enmiendas no son en contra de, son a favor de, porque si se dan estas circunstancias, estaremos cumpliendo con los principios de igualdad para todas las familias, o sea, que realmente, como se está defendiendo, las familias puedan escoger centro. Las familias no van a poder escoger si para entrar en esos centros se exigen unos requisitos, económicos o de otra índole, que impidan acceder a ellos a un sector de la población. Por tanto, cuando estamos defendiendo la libertad de elección de centros, hemos de ser conscientes de que esa oportunidad se la tenemos que dar a todas las familias. No son los centros los que han de seleccionar, y en la medida en que los centros privados concertados, por tanto financiados con presupuesto público, tengan unos requisitos que impidan que determinados sectores de la población puedan acceder a ellos, desde ese momento no se está cumpliendo lo que de alguna manera se está reivindicando, que es el derecho a la elección de centro. Por eso

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nuestras enmiendas son a favor de, a favor de ese derecho, a favor de que realmente todas las familias puedan acceder al centro concertado que hayan escogido, más cercano o no, si el número de plazas lo permite, en igualdad de condiciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Bedera Bravo): Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Tenemos cuatro enmiendas a estos dos capítulos. La primera de ellas se refiere al artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, y trata de subrayar la libertad de elección de centro.
Entendemos que en esta enmienda quizás habría un margen para el acuerdo en una transaccional, que se lo comunicaría posteriormente. La segunda, también referida a este artículo 84, quiere subrayar de manera especial que, en relación con los centros públicos adscritos a otros, se tenga en cuenta el principio de continuidad pedagógica. Quizás también en este caso cabría la posibilidad de una transacción.


La enmienda número 559 tiene otro contenido, puesto que se refiere al artículo 88, que marca las garantías de gratuidad y el último apartado del mismo se refiere a las cantidades que podrían ser percibidas por los centros, puesto que el resto del artículo establece una serie de prohibiciones, dado que se garantiza ya la gratuidad de la enseñanza. En concreto, quedarían excluidas de la categoría que se menciona anteriormente, y por tanto se podrían cobrar, las actividades extraescolares y las complementarias. Mi grupo propone que se añadan los

servicios escolares complementarios, sobre todo lo que pudiera suponer el transporte y los gastos de comedor. Quizá pueda entenderse que entra dentro del concepto de complementarias, pero la terminología hasta ahora ha sido la de servicios escolares complementarios, y nos parece que si la intención del proyecto de ley es ésa, podríamos dejarlo de manera más explícita y más clara. De no ser así, creo que podrían dificultarse todos esos principios que mencionábamos antes de efectiva gratuidad y de libertad de elección de centro.


La cuarta enmienda que presenta nuestro grupo se refiere al capítulo IV, en concreto al artículo 90, que habla de reconocimientos. Así como en el artículo 89 se admite que la capacidad de establecer premios y concursos corresponde tanto al ministerio como a las comunidades autónomas, sin embargo, en el ámbito de los reconocimientos, esta posibilidad solo se refiere al Ministerio de Educación y Ciencia. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Nosotros creemos que la posibilidad de desarrollar programas destinados a premiar la excelencia, el esfuerzo, el rendimiento académico, el de investigación, etcétera, debe ser una tarea de todas las administraciones públicas, que va a redundar en beneficio de la enseñanza y, por tanto, nos parece que también en este ámbito debería estar abierta la posibilidad de que las administraciones educativas correspondientes impulsaran proyectos de este tipo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Intentaré ser breve, aunque no tanto como en mis anteriores intervenciones, porque, como ya se ha señalado anteriormente, estamos ante uno de los pasajes, por así decirlo, de la ley que mediáticamente ha hecho, hace y seguramente hará ruido y además los mensajes que se dan a la comunidad educativa y en general a la sociedad conviene que sean clarificadores de las posiciones de cada uno de los grupos parlamentarios. Creo que es un derecho y un deber que nos asiste y, por tanto, en ese caso pido disculpas por no ser tan breve como en las anteriores intervenciones.


Como se ha insinuado, y en todo caso matizo y amplio, hay dos realidades que creo que discutirlas es simplemente querer sacar partido de situaciones, querer, como diu en catalán, embolicar la troca, o sea, marear la perdiz y complicar la situación. Estas dos realidades son: una, la existencia de la escuela concertada, que ya nadie pone en duda, al menos, que yo sepa, los grupos parlamentarios que estamos aquí representados, y aún veo algunos acusados, incluso mi grupo, de perseguir la enseñanza concertada. Es una realidad asumida, lo dije en el debate de la enmienda a la totalidad que presentó el Grupo Popular y también Convèrgencia i Unió, y como partido encargado del Gobierno en la Consellería d'Educació de Catalunya lo repito una vez más, es una realidad aceptada, lo que pasa es que no es asumida en la situación en que actualmente se encuentra, pero es algo muy distinto poner en cuestión la existencia de la escuela concertada. Como asimismo es una realidad, de la cual hay que hacerse eco sin ningún tipo de tapujos, que esta enseñanza concertada, la red de centros concertados está insuficientemente financiada, y con la actual situación es evidente que tienen dificultades para poder ofrecer una enseñanza gratuita; es decir, sus recursos en cuanto a personal y material no son los adecuados y, por tanto, hay que dejarlo claro. No es una realidad que haya nacido ahora, viene de lejos, pero es una realidad, como la propia existencia de la escuela concertada, que no se debe discutir porque es obvia.


La segunda realidad de partida es -y hablo de Cataluña, porque son las cifras que tenemos más contrastadas- que de cada cien escolares en edad obligatoria de escolarización, diez provienen de fuera de las fronteras del Estado español, y de cada cien de estos alumnos, 84 están escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos o de titularidad pública y solo 16 en centros concertados. También esta es una realidad indiscutible que, por descontado, hay que cambiar. Son dos planteamientos que no se pueden discutir, al menos su existencia, ya que la manera de enfocarlos evidentemente nos diferencia a los distintos partidos, aunque quizá no tanto como se quiere hacer ver por razones que se me

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escapan. Por tanto, mi grupo, como es público y notorio y a partir de estas dos premisas iniciales, apuesta por la educación como servicio público, impartido no solamente por administraciones o entidades públicas -de ahí la aceptación sin ningún tipo de reticencias de la escuela concertada-, con un criterio de gratuidad y de suficiencia financiera, como he dicho antes y repito, que no está garantizada, ni mucho menos, en los actuales momentos, y también con una distribución equitativa del alumnado de perfil, digamos, diverso. Antes, la portavoz del Grupo Socialista ha hablado de tres perfiles. Podrían ser esos tres u otros, pero en cualquier caso no solamente hablamos de alumnos inmigrantes, como parece que es a lo que nos hemos acostumbrado todos. Insisto en que la distribución en Cataluña, 84 en centros sostenidos con fondos públicos o de titularidad pública y 16 en centros concertados, no debe producirse.
Evidentemente, para que eso cambie hacia otra situación, es decir, que los padres puedan escoger centro público evidentemente en situación de gratuidad, hay que establecer unas garantías, y esas garantías, entre otras cosas, pasan por la intervención directa de los poderes públicos, las administraciones educativas, a través de unos órganos de garantía -se les llame como se les llame, comisiones de escolarización o como se quiera llamarlos-, el establecimiento de zonas de escolarización y la programación y la reserva de plazas que, insisto, corresponde a las administraciones educativas. En ese sentide van nuestras enmiendas, que voy a comentar brevemente. Solamente comentaré cinco.


Respecto al artículo 84, relativo a la admisión de alumnos, en el apartado 3, y creo que ya se ha hablado antes por más de un portavoz, solo quiero insistir en que nuestra enmienda apunta a que no haya discriminaciones de sexo, lógicamente tampoco de discapacidad, étnicas o de cualquier otro tipo. Por tanto, no insistiré porque creo que coincidimos con diversos grupos. Nuestra enmienda 422, al artículo 84, apartado 12, se plantea una cuestión competencial que yo creo que es de fácil resolución. Es cierto que para los procesos de admisión de alumnos se podría deducir del redactado del actual proyecto de ley que aquello que no está expresamente regulado puede corresponder a las comunidades autónomas, pero nos parece mejor que quede explicitado. A nadie se le oculta que en estos momentos y cada vez más, los procesos de admisión en esos centros concertados, y en los públicos evidentemente, tienen una enorme importancia en relación con la garantía del derecho de todos a la educación en condiciones de igualdad, gratuidad y calidad. En ese sentido, no se les puede exigir a las administraciones educativas que garanticen dichas condiciones a toda la población escolar si, al mismo tiempo, no se les concede la capacidad para intervenir en los procesos de escolarización en los centros sostenidos con fondos públicos. Sin dicha intervención no se puede garantizar la equidad y la cohesión social en los centros educativos.


Con relación al artículo 86, sobre la igualdad de obligación de normas, nuestra enmienda 425 insiste, en concordancia con lo que acabo de comentar, en que las administraciones educativas gestionen y adopten decisiones para garantizar esa igualdad en la aplicación de las normas; no solamente que supervisen sino que gestionen y adopten decisiones. Al artículo 87, en lo que se llama en el proyecto de ley equilibrio, hemos presentado la enmienda 426, en la que hacemos referencia a lo que podríamos denominar una disminución del número máximo de alumnos por aula inferior al establecido con carácter general durante determinados periodos, y aquí hacemos mención expresa del de preinscripción y matrícula, porque es una medida que donde se ha aplicado -en algunas comunidades se ha aplicado- se ha demostrado que funciona. Cabe reseñar que la finalidad de esta reducción no se limita a la consecución de una distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, sino que se orienta además a la mejora de la calidad educativa y a la efectividad del principio de igualdad, así como a la eficiente utilización de los recursos públicos, pero sumando los dos objetivos de poder establecer ratios inferiores a las generales. Finalmente, por lo que se refiere a las garantías, en nuestra enmienda 428, al artículo 88, insistimos en que hay que encontrar garantías para la gratuidad y por tanto para la libertad de elección de centro de los padres o alumnos, y no, como ya he dicho otras veces, que sean los centros los que escojan a los alumnos, que es algo muy distinto. Por tanto, hay que matizar la imposibilidad de imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones o de pertenecer a fundaciones o asociaciones y, pese a que el proyecto ya lo contempla, y seguro que en el espíritu coincidimos básicamente con el proyecto, que las actividades extraescolares y las actividades complementarias, o como se denominen ese tipo de actividades, tengan siempre carácter voluntario para los alumnos y sus familias, que no sean un subterfugio, como en algunas ocasiones se produce.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Nos encontramos ante uno de los temas, el que se refleja en este capítulo III del título II, que yo diría que más preocupan a las familias y que por esta razón es uno de los temas de debate que no solo están en esta Cámara, sino en la opinión pública y en los comentarios del día a día de muchísimas familias españolas. Por tanto, es un tema importante, y brevemente voy a pasar a exponer cuál es la posición de mi grupo parlamentario, de mi formación política, de Convergència i Unió, sobre el mismo.


Convergència i Unió considera que se debe garantizar la mejor calidad posible, una calidad de excelencia si pudiera ser, para todo el conjunto del sistema educativo, y que se debe hacer en condiciones de equidad, pero que además, a tenor de los preceptos recogidos en nuestra

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Constitución, en el artículo 27, en las sentencias del Tribunal Constitucional que han venido precisando y acotando este artículo 27 y también en las declaraciones de organismos internacionales que ha suscrito el Estado español, la prestación de este servicio -diría yo- de interés general que es la educación se ha de realizar teniendo en cuenta la libertad de elección que tienen las familias, que evidentemente no puede ser absoluta en la medida en que es muy difícil que todos los derechos sean absolutos, pero se ha de tener en cuenta, además de la calidad y de la equidad, la libertad que asiste a las familias para la elección del tipo de centro que sea más acorde o más adecuado a sus propias convicciones, a sus idearios, etcétera. Para que esta libertad sea posible es necesario e imprescindible que la doble red a través de la que se presta consista en una escuela pública realmente de calidad, y a ello debemos aplicar todos nuestros esfuerzos, porque si la red pública no es una oferta potente de calidad esta libertad de elección queda en principio mermada, porque la demanda se dirigirá forzosamente hacia la red privada concertada. Por tanto, lo primero que debe haber es una oferta potente de escuela pública de calidad.


En segundo lugar, quisiera recalcar que esta doble red que existe, a mi juicio, no solo tiene la consideración de una realidad que existe y que como tal hay que aceptarla, sino que nos merece el máximo respeto, en primer lugar por la tradición histórica que al menos esta red de enseñanza privada hoy concertada ha tenido y tiene en Cataluña, donde más del 95 por ciento de la oferta es anterior a la transición -muchas de estas instituciones son incluso centenarias y han prestado un servicio impagable a lo largo de todo este tiempo cuando, por razones históricas y de la dictadura, la enseñanza en la lengua propia de Cataluña no se podía impartir más que en este determinado tipo de escuelas, en algunas de ellas-, y además porque supusieron unos centros que propiciaron un avance de investigación y de renovación pedagógica. Por tanto, no solo es una realidad, sino que debemos mostrar respeto al papel que han representado.
En segundo lugar, respeto porque estos centros de la red privada concertada los elige un porcentaje altísimo de los padres y tutores de los alumnos y alumnas de España, y por tanto hay que respetar también esta libertad de elección de los padres y tutores. Refiriéndome a Cataluña, el 40 por ciento de las familias elige este tipo de escuela, y si pudiera hacerlo porque hubiera oferta suficiente, lo elegiría el 55 por ciento de las familias. Por tanto, respeto al papel que ha desempeñado y desempeña la escuela privada y también respeto a la propia elección de las familias.


Para que haya esta libertad he dicho que ha de haber una escuela pública con una oferta potente de calidad, pero ha de haber también una escuela concertada suficientemente financiada para que la gratuidad sea posible, porque si la gratuidad no es posible, la elección también queda absolutamente mermada. Por último, un par de apuntes más en este sentido.
Primero, esta libertad de elección que reconoce la Constitución se vería prácticamente imposible de ejercitar en la práctica si no existiera una pluralidad de creación de centros y de elección de distintos centros con diferentes idearios y propuestas. Por tanto, para que exista la libertad ha de haber una pluralidad. Si no, la libertad no se puede ejercitar.


Finalmente, quisiera responder a un dato cierto al que ha aludido el portavoz de Esquerra Republicana en el sentido de decir que el porcentaje de inmigración a su vez se reparte de una manera mucho más intensa, más del 80 por ciento, en la escuela pública y de una manera mucho menos intensa en la escuela concertada. Desde Convergència i Unió creemos que se ha de ir no a un reparto, porque me parece un término de menosprecio hacia las personas que deben ser escolarizadas, pero sí a una distribución equitativa de estos alumnos que por estas razones de inmigración o por otras razones de diversidad tienen que estar en los dos tipos de escuelas de la doble red que actualmente tenemos. Ahora bien, a mí me parece que este tema no se puede abordar, en primer lugar, mientras la gratuidad no sea real y efectiva, no un ideal, como es ahora y, en segundo lugar, mientras esto no se aborde introduciendo otros temas, y me quiero referir al tema del urbanismo. Es decir, en las escuelas privadas concertadas que están en barrios o en zonas donde hay viviendo mucha inmigración el porcentaje de escolarización es el mismo para las escuelas públicas que para las privadas concertadas, al menos en Cataluña, y evidentemente no es el mismo en las zonas en las que no vive la inmigración. Por tanto, este tema no se puede desligar de un tema urbanístico. También quiero decir que esto no es una máxima absoluta.
¿Por qué? Pues porque los territorios son muy diversos, porque hay experiencias a lo largo de Cataluña en donde se ha realizado una distribución equitativa y ha obtenido un buen resultado, pero hay que ver en cada lugar cómo se puede atender a esta mejor escolarización.


Después de estos principios generales quisiera pasar a explicar las enmiendas que hemos presentado a los artículos 84 a 88, puesto que al capítulo IV, que se ve conjuntamente, no tenemos enmiendas. El artículo 84 habla de admisión de alumnos, pero se alude a la programación. Este es uno de esos artículos en donde creemos que esta libertad de elección debería estar más reforzada o plasmada de una manera literal. Nosotros hemos presentado una enmienda al punto 1 para prever en la programación la participación efectiva de todos los sectores interesados para garantizar el derecho a una educación de calidad, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro; también para prever que en dicha programación se atiendan como un criterio, no el único desde luego, las peticiones de las familias, además de prever los mecanismos y dotaciones necesarias para garantizar la adecuada escolarización del conjunto del alumnado.


Al punto 2 de este artículo 84 hemos realizado una doble enmienda, que sería, en primer lugar, añadir como criterio en el proceso de admisión, además de los que ya

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están de proximidad al domicilio, lugar de trabajo, rentas anuales, etcétera, que alguno de los padres trabaje en el centro, que creemos que es un criterio que no se desprende de la literalidad del texto actual y que es una situación que se suele dar con cierta frecuencia en la realidad. Y añadir también, y esta sería una enmienda competencial, que las administraciones educativas puedan establecer criterios complementarios en la regulación reglamentaria de la admisión de alumnos.


Al punto número 5 hemos presentado una enmienda para que, de la misma manera que se prevé que haya centros públicos adscritos a otros centros públicos, se pueda prever lo mismo de cualquier centro, tanto si es público como si es privado concertado, porque si el proyecto contempla la posibilidad de adscripción entre centros públicos, incluso si están en municipios separados, con las consecuencias que ello comporta con relación al procedimiento de admisión de alumnos, a nuestro juicio no existe ninguna razón para excluir legalmente la adscripción entre centros concertados. De hecho, se da ya esta adscripción en la actualidad y tiene plena vigencia. También hemos realizado una enmienda al punto 6, donde se introduce un refuerzo al derecho a la libertad de elección de centro, y otra al punto 9 para garantizar que las familias conozcan y acepten el proyecto educativo del centro para reforzar el compromiso necesario y la coherencia formativa que debe existir entre la escuela y la familia, sea el tipo de centro que sea.


Al artículo 86, igualdad en la aplicación de las normas de admisión, hemos realizado una enmienda al punto 1 para cumplir el principio de igualdad en la aplicación de las normas de admisión, un principio con el que quiero ratificar que Convergència i Unió está de acuerdo. Creemos que no es necesario realizar una zonificación, entre otras razones por la diversidad de situaciones que se dan en los distintos territorios.
Nosotros proponemos sustituir zonificación, que es una palabra, a nuestro entender, rígida o poco flexible, por áreas de influencia, que es el criterio que existe ahora. Además especificamos que no se impedirá la escolarización en el centro de elección únicamente por el hecho de estar fuera de esta área de influencia, ni ello, si se hiciera, puede ser motivo de denegación del concierto. Al punto número 2 introducimos el respeto a la competencia de los titulares de los centros en el proceso de admisión y la posibilidad, no la obligación, que es lo que se hace en el texto del proyecto, por parte de las administraciones educativas, de constituir comisiones para supervisar el proceso de admisión de alumnos y el cumplimiento de las normas que regulan el proceso de admisión.


Al artículo 87, que habla del equilibrio en la admisión de alumnos, que consideramos desde Convergència i Unió que es un artículo necesario, hemos hecho las siguientes enmiendas. En el punto 1 proponemos modificar la redacción para no imponer restricciones desproporcionadas al derecho constitucional a elegir centro escolar para los hijos, que corresponde a los padres o tutores. Por ello clarificamos que la admisión de alumnos con necesidades educativas especiales ha de comportar las dotaciones pertinentes de apoyo educativo y que se especifique la actualización periódica de las áreas de influencia de los centros para facilitar al máximo el acceso al conjunto de la población.


El punto 2 de este artículo 87 habla de la incorporación de alumnos una vez iniciado el curso. El texto propone establecer una reserva que dura prácticamente todo el período del curso escolar. Nosotros propondríamos que, hasta la finalización del proceso ordinario, se estableciera una reserva de plazas; después, si no se han cubierto las plazas, cubrirlas con los alumnos que han solicitado entrar en el centro. Y para los alumnos que se incorporen una vez empezado el curso, proponemos que se pueda incrementar la ratio de alumnos por aula hasta un máximo de un 10 por ciento. El punto 3 proponemos suprimirlo. Ningún centro puede expulsar a los alumnos salvo en los supuestos de la norma que especifica los derechos y deberes. Este punto 3 alude a que los centros están obligados a mantener escolarizados a todos los alumnos, por tanto, ya decimos que no se puede expulsar. Por otra parte, entendemos que nadie puede impedir que los padres cambien a un alumno de centro si quieren, por lo que este punto nos parece innecesario y proponemos su supresión.


Entro finalmente en el artículo 88, que habla de las garantías de gratuidad. Esto enlaza con la introducción que he hecho al principio, y me alegro de las palabras del portavoz de Esquerra Republicana reconociendo algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la insuficiencia de financiación de los centros concertados y por tanto la dificultad de los mismos de ofrecer una enseñanza gratuita o, lo que es lo mismo, si hay esta insuficiencia de financiación y si no se puede ofrecer una enseñanza gratuita, la imposición sin arreglar la financiación supone un ahogo económico que realmente es una situación preocupante para los centros concertados. Por racionalizarlo, Convergència i Unió está completamente de acuerdo en garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos. Acudir a un centro privado concertado o a un centro público ha de poder ser elegido, no ha de poder serlo únicamente por unos pocos o únicamente por aquellos que tengan una situación socioeconómica que se lo pueda permitir. Esta es la gran diferencia del avance que ha supuesto el sistema educativo en nuestro país. La gente de un poder económico adquisitivo alto siempre ha podido elegir. De lo que se trata es de que en nuestro sistema educativo de calidad y equitativo cualquier persona pueda tener acceso al centro educativo que se quiera elegir sin discriminación por motivos socioeconómicos; esto nos parece muy importante.


Dicho esto, es evidente que, tal como ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana, hay una insuficiencia de financiación o los módulos no cubren la totalidad de costes de la educación concertada. En esta situación nos parece que mantener este artículo 88 tal como está redactado,

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sin aceptar nuestra enmienda de financiación, que está en una disposición adicional nueva, de incremento de los módulos, y que consiste en una revisión que suponga el incremento de los módulos de concierto en un 30 por ciento, que es la diferencia, el gap diferencial, entre lo que cuesta la plaza y lo que se financia, y hacerlo en un período de cuatro años, evidentemente es estar hablando de algo que nos aleja de la realidad.


De todas estas enmiendas, y especialmente de este último artículo 88, pero también del 84, del 86 y del 87, he de manifestar que nuestro grupo parlamentario ha estado en conversaciones con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Gobierno y hemos recibido la máxima voluntad y predisposición a encontrar unas redacciones transaccionales que puedan dar satisfacción, si no literal al menos en el espíritu, a lo que consiste esta gratuidad de la escuela concertada, esta libertad de elección y estos puntos que ya he explicado y que no voy a reiterar, porque estoy alargando mi intervención -soy consciente- de una manera sobrada. Esperamos que estas conversaciones lleguen a buen término.
También quiero señalar que parte del problema de la financiación de la escuela concertada era que los salarios de los docentes de los centros concertados no estaban equiparados con los de los docentes de los centros públicos. Esta ha sido una enmienda que mi grupo parlamentario ha presentado para los presupuestos del año 2006 y que ha sido votada favorablemente por el Grupo Socialista; ha sido una mejora importante, que nos gustaría que no se circunscribiera únicamente al año 2006. Con este espíritu y con este afán de encontrar soluciones, esperamos que de aquí a que finalice esta tramitación parlamentaria podamos encontrar una solución satisfactoria para este capítulo que estamos debatiendo.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Yo coincido con el resto de portavoces que han dicho que estamos ante un capítulo nodal del proyecto de ley y que por tanto exige por parte de los grupos parlamentarios la explicación de su posición de fondo, y así nos la reclama la opinión pública, la sociedad española, que sigue atentamente los trabajos de esta Comisión.
No podemos defraudar en este sentido a quienes tienen derecho a conocer nuestra posición.


La lectura de los artículos de este capítulo ponen muy claramente de manifiesto una cierta coherencia del Grupo Socialista cuando ayer no aceptó la enmienda que defendió mi colega doña Ana Pastor de que el principio de libertad de elección de centro por parte de los padres figurara como uno de los pilares de los principios informadores de la ley, porque si lo hubiera aceptado tendrían que modificar sustancialmente de arriba abajo todo el capítulo, todo el articulado. No se trata de modificaciones parciales ni de retoques, sino que, como intentaré argumentar en mi intervención, estamos en presencia de una filosofía de fondo de todo el articulado que pretende restringir la libertad, que pretende poner limitaciones al ejercicio de la libertad de elección de centro por parte de las familias. Ayer el Grupo Socialista defendió su posición de no incorporar el principio de libertad entre los pilares de esta ley y aunque su defensa fue confusa y a mi juicio carente de argumentos convincentes, quedó clara su voluntad de no incorporar este principio a la ley.


En los artículos que vamos a comentar queda muy patente que los autores de este proyecto de ley no aman la libertad ni están a favor de la libertad de elección de centro. Este capítulo produce unas modificaciones, sutiles en unos casos y en otros totalmente claras, que pretenden dos consecuencias: primero, poner restricciones, como digo, a la libertad de las familias de elección de centro y, segundo, aumentar los poderes discrecionales de la Administración, no precisamente con la finalidad de aumentar las posibilidades de elección, sino su restricción. Yo coincido con algunas de las observaciones que se han hecho antes de mi intervención, en el sentido de que en estos momentos, en la sociedad española, una de las libertades más queridas y que cada vez las familias desean ejercer más es la de elegir el centro docente. Nos lo están reclamando, es una realidad consolidada. Hay más de dos millones de familias que llevan a sus hijos a centros de iniciativa social, no de titularidad pública. Nosotros pensamos que uno de los frutos más interesantes y más fecundos del gran pacto constitucional es unir indisolublemente el principio del derecho a la educación con la libertad de elección de centro. No son derechos contrapuestos ni que se pueden plantear de forma polémica, sino que hay que intentar integrarlos. Y eso es lo que nosotros hacemos en la primera de nuestras enmiendas a este articulado, en la número 852 al artículo 84; creemos que es imprescindible que quede claro que, en las enseñanzas declaradas gratuitas por ley, los padres tienen el derecho no solo a que sus hijos estén escolarizados en un centro sostenido con fondos públicos, el derecho de educación como derecho prestacional que deben garantizar los poderes públicos, sino que en la mayor medida posible este centro sea de su libre elección. El derecho a la educación tiene que estar unido al derecho de libre elección. Esto es perfectamente posible.


Me han sorprendido, por decirlo de alguna manera, las declaraciones que he leído muy recientemente en una revista profesional de la enseñanza realizadas por el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación, mi colega el señor Benzal, que decía que la libertad de elección es una ficción. Señorías, en el modelo constitucional no puede ser una ficción, tiene que ser una realidad. Solo con leyes que obstaculicen el ejercicio del derecho de la libertad puede convertirse en una ficción, pero entonces estaríamos mutilando, perturbando y no aplicando el modelo constitucional. Porque no podemos olvidar que la Constitución tiene el importante artículo 9.2, en el que se establece un mandato a los poderes públicos para que promuevan las condiciones a

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fin de que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean reales y efectivas y para remover los obstáculos que impidan la libertad. Nuestra Constitución está a favor del principio pro libertate, y en el caso de la libertad de educación este precepto constitucional impone la obligación de que los poderes públicos tienen que crear las condiciones más favorables, el marco más favorable, para que esa libertad de elección sea real y efectiva y no una ficción, como afirma el señor Benzal. También quiero que quede muy claro que la libertad de enseñanza que el artículo 27 de la Constitución proclama, de acuerdo con la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional en sus sentencias 5/1981 y 77/1985, como se ha dicho alguna vez en esta Comisión, no solo consiste en la libertad de creación y dirección de centros docentes por parte de entidades independientes de los poderes públicos, sino que incluye, y no es posible distinguirlo de ese otro elemento, el principio de que los padres, las familias, tienen derecho a elegir los centros, sean de titularidad pública o de titularidad privada.


Para facilitar esas condiciones, nosotros estimamos que en el artículo 84 son imprescindibles dos elementos que faltan en la redacción del proyecto de ley. En primer lugar, pedimos que la programación -que está en el artículo 27 de la Constitución y que nosotros no negamos que es imprescindible para crear una oferta de plazas gratuitas-, que corresponde a los poderes públicos, se haga conforme a lo que dice la Constitución en su artículo 27.5, es decir, con participación efectiva de todos los sectores implicados o afectados. ¿Por qué no quieren incluir esta cláusula constitucional que introduciría unas garantías evidentes para un modelo de programación a favor de la libertad? El segundo elemento es que, para que la programación de los poderes públicos esté al servicio de la libertad, debe tener en cuenta la demanda de las familias.
Esta declaración de que la demanda de las familias tiene que ser un criterio básico de la programación es fundamental para dar incluso seguridad jurídica, porque estamos hablando de derechos fundamentales, tanto el de educación como el de la libertad. Este es el criterio que está explícitamente declarado en la LOCE y por tanto su modificación, su supresión, tiene unas consecuencias no solo políticas sino también jurídicas.


Esta nueva redacción del proyecto de ley establece unos poderes a nuestro juicio exorbitantes por parte de las administraciones públicas. En el marco de esta ley, si un poder público es hostil a la libertad, puede realizar políticas verdaderamente perturbadoras y liberticidas y puede cerrar unidades e impedir que se creen otras nuevas en función de la demanda. Las diferencias, por tanto, son sustanciales; estamos hablando -y quiero subrayarlo, señoras y señores diputados, señora presidenta- de que estamos en presencia de dos modelos distintos, del modelo que está en el proyecto de ley y del modelo, que es alternativo y diferente, en favor de la libertad.


Otra enmienda que me parece importante es la que hace referencia al principio de no discriminación que establece el proyecto de ley; se les ha olvidado a los redactores incluir la raza, que está en la Constitución como elemento de no discriminación. Ese artículo debería ser perfeccionado con la inclusión de este supuesto de no discriminación.


Nuestra enmienda 853 pretende fijar las reglas del proceso de admisión de alumnos. Voy a ser muy breve, señora presidenta, porque los elementos fundamentales ya los he dicho, aunque me faltan algunos. El proceso de admisión de alumnos debe gozar de la máxima seguridad jurídica y por lo tanto no debe dejarse a criterio de las administraciones públicas, como se afirma en el artículo 84.2 del proyecto de ley, en el que se dice que la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados se realizará de acuerdo con los criterios establecidos por las administraciones educativas. Y solo establece en el articulado algunas limitaciones u orientaciones a esos criterios. Esto es excesivamente abierto, crea inseguridad e incertidumbre y eso es lo que también está produciendo alarma, porque, señorías, los ciudadanos no son tontos, no se les puede engañar; leen las leyes y los textos. Creemos que debe quedar claro -en nuestra enmienda lo está-, primero, a quién competen las decisiones sobre el proceso de admisión de alumnos: al Consejo Escolar en los centros públicos, al titular de los centros privados concertados. El Consejo Escolar en estos centros debe garantizar el cumplimiento de las normas generales; así se recoge en estos momentos en la legislación vigente, viene arrastrado de la LODE. Creemos que eso no se debe modificar como lo modifica este proyecto de ley. No creemos que haya razones para cambiar estas actuales reglas de juego, aceptadas. Nosotros pensamos que en estos momentos es importante que la ley establezca que las solicitudes de las familias deben presentarse directamente a los centros.


Creemos que la relación directa familia-centro es fundamental para garantizar el principio de elección de centro y que se produzcan entidades administrativas interpuestas provoca daños irreparables para el principio de libertad de elección de centro. Los centros, evidentemente, deben informar de su proyecto educativo, de su identidad, de su carácter, a las familias antes de elegir y, en función del conocimiento de los proyectos educativos, será cuando las familias decidan y presenten la solicitud. Esta ley permite que la escolarización se haga a través de entidades administrativas interpuestas y nos parece que esto provoca incertidumbres y es sumamente peligroso para la libertad de enseñanza.


Los criterios prioritarios. Estamos de acuerdo con algunas de las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra. Creemos que es imprescindible que figure la condición de familia numerosa como uno de los criterios, no sé por qué lo han suprimido ustedes, y también creemos que el criterio de la enfermedad crónica, que figuraba en la Ley de calidad, en determinados supuestos

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graves, también debería figurar. Estamos en contra de la zonificación, creemos que es un concepto viejo, anacrónico; en muchos países europeos ya se ha prescindido de él. Sin embargo pensamos que uno de los criterios que se deben tener en cuenta es el de la proximidad o no, entre otros factores, en la admisión de alumnos. Y debe quedar muy claro la igualdad de aplicación de las normas de admisión en todos los centros sostenidos por fondos públicos en relación con la distancia o la proximidad del domicilio familiar o lugar de trabajo. Estamos de acuerdo en que eso no figuraba en su momento en la LODE, después fue modificado, y hoy día es igualmente importante el domicilio familiar y el lugar de trabajo como criterio de proximidad al centro escolar.


Voy terminando, pero quisiera subrayar otro punto que me parece que es nuclear en este proyecto de ley; probablemente en este debate no se ha subrayado con suficiente insistencia, pero nosotros manifestamos nuestra radical oposición con lo que figura en el proyecto de ley. Me refiero a lo que dice el artículo 84.9 del proyecto. ¿Por qué elige una familia un centro educativo? Porque le merece confianza, porque está buscando el centro que le ofrezca un mejor proyecto educativo, que considera que es bueno para la formación de su hijo. Eso nos lo garantizan los tratados y el derecho internacional, elegir el tipo de educación de acuerdo con las convicciones filosóficas, morales, religiosas, ideológicas que tenga una persona. La libertad implica una pluralidad de ofertas educativas, implica que cada centro docente tenga una personalidad propia, tenga un rostro propio, tenga una identidad, tenga un carácter propio, que eso esté garantizado y que forme parte del elemento fundamental de la elección; esa es la lógica. ¿Cómo va a elegir una persona un centro educativo si no está de acuerdo con las orientaciones pedagógicas, filosóficas o religiosas de ese centro docente? Por tanto, no tiene sentido la cláusula del proyecto de ley que dice que la adhesión al proyecto educativo no debe exigirse como requisito de admisión. O no dice nada, y por lo tanto es absurdo que se ponga, o dice mucho, y por consiguiente lo mejor, en uno y otro caso, es que se elimine esa cláusula. Porque, ¿cuál es la intención de esa cláusula? ¿Permitir o animar a que una familia solicite un centro educativo que está en contra del ideario, del carácter propio con el que no está conforme? ¿Es un mensaje con la intención de debilitar la identidad de los centros educativos? Este planteamiento, además de ser la expresión clara, como otros elementos de este articulado del capítulo, de una actitud de sospecha a la libertad, es contraproducente incluso para mejorar la calidad, porque en la calidad de los centros educativos un elemento fundamental es que entre las familias y el centro se produzca la mayor identificación, la mayor implicación. Ahí se generan los compromisos basados en la confianza. Y necesitamos unas instituciones escolares fuertes, con proyectos educativos fuertes, que estén garantizados, en las que las familias estén a gusto.


Nosotros proponemos la supresión del artículo 88 -ha sido ya planteado por otros intervinientes y no voy a entrar ahí-, que es el que se refiere a las cantidades que pueden aportar las familias. Nosotros creemos que lo fundamental en este punto es garantizar la suficiencia económica de la enseñanza privada concertada. Tenemos una deuda evidentemente todos los gobiernos en esta materia, hay que dar un paso más y ese paso consiste en la garantía de gratuidad, que las familias que llegan a estos centros por su libre elección no pueden estar penalizadas por los costos. Todos sabemos que la financiación es notoriamente inferior a la que en estos momentos hay en la escuela pública y por tanto ahí tenemos que hacer no solo una reflexión sino tomar las decisiones oportunas. Pero este tema corresponde a otra parte del articulado de la ley.


Dos observaciones, señora presidenta, sobre alguno de los puntos que también se han tratado en este importante debate del proyecto de ley. El problema de la llamada distribución de alumnos entre los distintos centros sostenidos con fondos públicos. Quiero decir que en la Ley de calidad del año 2002, que el Partido Popular asumió y que asume, como es natural, estaba muy claro -y ese es el sentido de nuestra enmienda- la necesidad de una distribución, con una proporción equilibrada, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, pero con el siguiente planteamiento: primero -lo hemos dicho en nuestras enmiendas que se han discutido, y que no nos han admitido, por cierto, en el anterior debate-, no todos los inmigrantes que vienen a vivir a España son alumnos que se puedan meter en una especie de paquete de distribución forzosa. Ese sería el mayor de los errores, incluso un error dramático. Sé que nadie lo quiere, pero yo lo quiero dejar claro. Tenemos que partir de la base de que el que viene a España viene a disfrutar de todos los derechos y libertades de los españoles, el principio de igualdad de todo el que viene a vivir con nosotros, y entre esos derechos y libertades está, obviamente, la libertad de elección de centro. Y el inmigrante tiene tanto derecho a elegir como el resto de los ciudadanos. Ese principio no se puede poner en cuestión. Segundo elemento, entre los alumnos con necesidades educativas específicas hay una parte de inmigrantes, con carencias de carácter cultural, lingüístico, etcétera. Para ellos, efectivamente, se tiene que producir una escolarización con unas medidas de apoyo, de intensidad; y también debe estar contemplado el principio de distribución. Nosotros lo pedimos también, pero con la participación efectiva de todos los sectores implicados, que no sea un poder omnímodo, absolutamente discrecional, de parte de los poderes públicos.


Por último, señora presidenta, nos preocupa mucho en este articulado el principio de la seguridad jurídica. A este articulado le falta seguridad jurídica, en un derecho tan fundamental como es la libertad y el derecho a la educación, que gozan en nuestra Constitución de la máxima protección jurídica, porque están en la sección primera del capítulo primero, título I, de los derechos y deberes

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fundamentales. Nosotros creemos que se necesita una reforma sustancial de todo el conjunto del articulado.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: De una forma consciente y coherente está incluido en el título de equidad el capítulo que estamos debatiendo en esta fase, que es el de la escolarización en centros públicos y privados concertados. Nosotros creemos que derivan los aspectos relacionados con esos criterios directamente de la Constitución. Primera observación.
Constitucionalmente está reconocido un derecho a la educación que preside de alguna manera todos los demás, de los que también voy a hablar, de tal forma que el Partido Socialista, el Grupo Socialista y el Gobierno socialista tienen claro que, si hubiera que elegir entre el derecho a la educación y la libertad de elección de centro, cosa que no es necesaria en nuestro país, el derecho a la educación estaría siempre por encima, porque es anterior a la libertad de elección. En cualquier caso, la libertad de elección está asegurada en nuestro país y lo voy a demostrar ahora, con datos cualitativos y con datos cuantitativos. La libertad de elección efectivamente tiene que tener una coordinación con el deber de programación de los poderes públicos, puesto que ambos son principios constitucionales, de tal manera que la libertad de elección en cualquier caso está asegurada y lo va a seguir estando porque, diré ahora también, los criterios que se siguen estableciendo son prácticamente idénticos a los que hay actualmente y porque entre el 90 y 95 por ciento de padres, dependiendo de las comunidades autónomas, están accediendo al centro que demandan. Es evidente que pueden elegirlo; por tanto, está asegurado.


En segundo lugar, no se ha dicho un solo artículo, ni una sola premisa, ni un solo criterio práctico y real de la propuesta que hace el proyecto de ley en donde se demuestre fielmente que esa libertad de elección está amenazada. Es más, en el proyecto alternativo que el Grupo Popular nos presentó hace unos días formando parte de su enmienda a la totalidad se decía incluso, como no puede ser de otra manera, que en la medida de lo posible se aseguraría a los padres que elegían centro -en la medida de lo posible, que es algo que decimos todos- considerar la posibilidad de ofrecérselo y que finalmente se escolaricen en el centro que demandan.
Por cierto, la afirmación de este portavoz con relación a esa pretendida ficción lo era en el sentido de que de forma manipuladora el Grupo Popular está pretendiendo hacer llegar a la población que existe una libertad absoluta, cuando incluso en las normas que nos propone, como acabo de decir, no es así. Esa ficción en la libertad de elección tenía el sentido de que el Partido Popular está procurando engañar, dando un aspecto totalmente contrario al que se ha mostrado aquí. El Grupo Popular está queriendo engañar a la población porque la está trasladando la posibilidad de entrar en cualquier centro, cosa que no es posible. Y el mismo Partido Popular lo dice. Además, esa manipulación ha sido interpretada y llega hasta el extremo, consecuencia seguramente de la que no es responsable el Partido Popular en primera instancia, pero sí por las propuestas que ha hecho, de que hemos oído a niños muy pequeños en televisión decir que ellos no querían, se supone que el Gobierno actual, el proyecto de ley actual, les cerrara su centro, que les dejaran sin concierto o incluso en el mismo paquete, ya llegará el momento efectivamente de debatir esto, no poder optar a la religión que querían.
Esa es otra manipulación que se suma a las anteriores, una demostración de la cual son esas palabras que se han puesto en mi boca, siendo completamente falsas. Lo que sí hemos dicho siempre es que los padres por supuesto que van a continuar teniendo la libertad de elección de centro, pero que los centros no van a poder elegir alumnos, que son dos cosas muy distintas.


Con relación a la libertad de elección de centro, además está unida, y voy a llegar a la admisión, a la libertad de creación de centro, que sí que es constitucionalmente muchísimo más amparable. Digo más amparable porque no tiene ningún tipo de limitación la libertad de creación de centro.
Ahora, la libertad de concierto, sí. No todos los centros que se crean tienen concierto, para eso tienen que tener unas condiciones determinadas y entonces, cuando hay centros concertados y centros públicos, es cuando se manifiesta esa libertad de elección. No antes. Pero para que un centro sea concertado tiene que asumir una serie de restricciones a los derechos constitucionales que tiene reconocidos, restricciones que acepta por supuesto con ese concierto y son -voy a ir al de admisión que es el importante- las siguientes: restricciones en cuanto a la elección de dirección, restricciones en cuanto al control social, restricciones en cuanto a la selección de profesorado y, lo que nos ocupa, restricciones en cuanto a la admisión. Esa admisión está sujeta a unos criterios legales, por supuesto, pero unos criterios. Y esos criterios legales están consolidados; están consolidados socialmente en este país, están consolidados políticamente, están consolidados jurídicamente y están consolidados constitucionalmente, porque hay sentencias de todo tipo con relación a eso. Por tanto, todos los ciudadanos tienen una seguridad jurídica, señor Nasarre, absoluta de cómo se les va a tratar y se les va a tratar siempre con equidad. Siempre con equidad. Por cierto, a esos principios constitucionales que nosotros entendemos así, y creemos que también los tribunales, hay que sumar criterios políticos y ahí seguramente sí que nos diferenciamos. En primer lugar, el criterio de la equidad. He empezado diciendo que de una forma consciente estaba incluida la escolarización de alumnos precisamente en un título que llamamos de equidad. En segundo lugar, la solidaridad y por supuesto siempre la calidad. Ya he dejado dicho que la libertad estaba perfectamente asegurada. Con relación a la equidad, esa seguridad jurídica que todos los ciudadanos tienen de que se les va a tratar igual, porque hay

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unos criterios comunes establecidos para todos por igual, está conseguida.
Y en cuanto a la solidaridad, que ustedes a lo mejor no comparten, en primer lugar, se tienen que manifestar con los ciudadanos más desfavorecidos y, en segundo lugar o a la vez si se quiere, entre redes, puesto que estamos hablando de puestos subvencionados en cualquier caso con fondos públicos. Esas dos solidaridades tienen que funcionar. Para eso tiene que haber un equilibrio, no un reparto, en la distribución de alumnos con necesidades especiales y son una variedad -antes mi compañera la ha indicado- importante, entre los que también están, por lo menos en una primera instancia, los inmigrantes.


¿Cuál es el problema con ese reparto, con esa distribución, con ese equilibrio entre alumnos con necesidades especiales? Hay una serie de elementos por determinar, algunos se nos ha dicho antes que se proponían.
Son de los elementos que están sujetos seguramente a un debate. Por tanto, este es un capítulo de los que están especialmente tocados por la gracia de poder consensuar hasta donde sea posible, con estos principios que estamos manifestando hoy aquí. Uno de ellos es hasta dónde se puede exigir ese equilibrio. ¿En cualquier caso tomamos la zonificación, que sí es importante, áreas de influencia, y hacemos un equilibrio de reparto en función de la presencia porcentual de la concertada con relación a la pública? ¿O cogemos -criterio más razonable, más racional y, desde luego, más equitativo y solidario- una zona determinada, área de influencia o como la queramos llamar, y vemos qué centros hay ahí y entonces distribuimos o equilibramos la admisión entre los centros públicos y privados concertados, porque si no esa equidad no va a funcionar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? ¿Y en qué proporción hacemos esa distribución, una vez que sepamos que todos tienen que asumirla? ¿Y hasta cuándo, que también se ha indicado aquí anteriormente? ¿Dejamos plazas abiertas sin cubrir -que seguramente tienen unas consecuencias sociales importantes- esperando por si acaso llega un inmigrante que después a lo mejor no llega, o no? ¿O esa necesidad de equilibrio llega precisamente hasta ese extremo? Esas son cuestiones que seguramente están pendientes.


No se pude limitar esa distribución por la adhesión que se pretenda al carácter propio que puede tener un centro, que lo puede tener evidentemente y está reconocido y todos se lo reconocemos. Quiero decir con ello que la persona que tenga que ir a un centro determinado, que tiene un carácter determinado -pueden tenerlo en cualquier lugar y en cualquier titularidad-, estará obligado a respetar el carácter propio del centro en el que se le escolariza, pero no podemos pedirle una integración ideológica en un proyecto educativo que está previsto que ese centro, con toda legitimidad, tenga; por tanto, la adhesión a ese criterio y a ese proyecto que en un principio tenga reconocido el centro.
Y en cuanto a los criterios complementarios, que también se nos indican en algún sentido, no creemos que sean oportunos. No creemos que sean oportunos los criterios complementarios a los criterios que dan seguridad jurídica porque eso tergiversa por completo la situación de la escolarización. Si nosotros hemos dicho que va a haber zonas de escolarización que más o menos, naturalmente, tendrán una cierta homogeneidad social, si lo que se está discriminando es el número de alumnos, si tenemos en cuenta que una familia tiene tres hijos en un centro y además es familia numerosa, estamos dándole una doble posibilidad de contribuir con puntos determinados para acceder a ese centro si tiene hermanos y tiene además la condición de familia numerosa, puesto que el número de hermanos es el que da la condición de familia numerosa. Número de hermanos, proximidad, renta. Excepto el número de hermanos, las demás cuestiones de una determinada zona son bastante homogéneas. Si nosotros autorizamos unos criterios complementarios, que son los que al final van a dar lugar a la discriminación entre uno y otro, el criterio complementario que podría indicar un centro cualquiera podría ser suficiente para hacer que un alumno entrara y entonces estamos dándole a eso el peso definitivo de la escolarización, a ese criterio complementario, que puede ser cualquiera y por supuesto puede ser discriminatorio. A nosotros no nos parece oportuno.


En relación con la demanda de las familias, no se ha entrado mucho en ello, pero socialmente está el debate. Se quiere identificar jurídicamente -nosotros creemos que es muy peligroso porque se trata de una terminología que no está constrastada- la libertad de elección -he dicho varias veces ya cualitativamente y después diré cuantitativamente-, que está más que asegurada en este país, con el derecho de las familias a solicitar centro. Nosotros creemos que tienen una equivalencia importantísima, casi absoluta, porque ¿a quién se le reconoce la libertad de elección si no es a las familias que van a ejercer el derecho a elegir? Ahora bien, ese derecho de las familias en algunos casos se quiere sobreponer -ni siquiera digo sustituir, con lo que tampoco estamos de acuerdo- a otros criterios, de tal manera que el derecho de las familias sería el que configuraría finalmente la red de centros. Eso nos puede llevar, si no hay medidas de equidad y sobre todo de solidaridad, a que la red de centros se vaya derivando precisamente a una única red, porque, lógicamente, las familias van a ir optando por aquellos centros que tienen un funcionamiento mejor y es evidente que tienen un funcionamiento mejor aquellos centros que no tienen un equilibrio en la distribución de alumnos, por ejemplo. Si no existe ese equilibrio en la distribución de alumnos, cosa que está ocurriendo, las familias optan por los centros que tienen menos problemas y al final, si nosotros ponemos el criterio derecho de las familias por encima de cualquier otro y no hay ningún otro que le ponga cortapisas, nos encontraríamos con una única red, cosa que desde luego no ha pretendido el Partido Socialista. Les recuerdo que la doble red que existe en este país precisamente viene de normas socialistas. Además, hay que contar con que los principios tienen que acomodarse a los tiempos. En primer lugar, tenemos un sistema educativo que proporciona estabilidad

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a la sociedad española en relación con la formación; en segundo lugar, tiene que haber un equilibrio en esa distribución de alumnos y, en tercer lugar, dentro de ese equilibrio, evidentemente, hay una realidad nueva que no habíamos considerado anteriormente, que es la inmigración.


Con respecto a otra falsedad que se ha dicho aquí esta mañana, las comisiones de garantías, he de decir que no son comisiones de escolarización. La ley sigue reconociendo la competencia de escolarizar exactamente a los mismos que la tenían hasta ahora. Lo que aparece de forma novedosa, es verdad que no había sucedido hasta ahora, son las comisiones de garantías, uno de los elementos que menos problemas dieron a ese pacto social no nato sobre la educación. Ustedes precisamente las incorporaron a ese proyecto alternativo que no vio la luz, puesto que fue rechazado por toda la Cámara. Son comisiones de garantías, no de escolarización. La escolarización sigue siendo competencia de los mismos que la tenían. Ahora el ciudadano tiene esa segunda instancia, de nuevo social, no administrativa, que en cualquier caso la siguen teniendo, que es a la que pueden recurrir en un momento determinado para pedir que haya igualdad, que haya equilibrio y que haya una supervisión en cuanto a la aplicación de unas normas que por supuesto siguen residiendo en los mismos órganos que las tenían hasta ahora.


En cuanto a la gratuidad, hay una cosa curiosa. Se está pidiendo al Partido Socialista, al Gobierno socialista, a este grupo que resuelva las condiciones económicas -ya se ha dicho anteriormente que no son adecuadas y que hay que mejorarlas- de los centros concertados. Una de las reflexiones que nos trasladan los afectados es que esas cuestiones, que desde luego en absoluto han sido atendidas en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, o las resuelve el Partido Socialista o no las resuelve nadie en este país. Así, textualmente. Repito, condiciones económicas de la red concertada. Eso es tan verdad como que el Partido Socialista ha sido el único que ha ido adoptando medidas que han ido mejorando la situación económica de los centros concertados. El Partido Socialista fue el que aumentó la escolarización en dos años en la escuela obligatoria con la ley anterior y eso ha hecho que todos los centros tengan dos años más de concierto. El Partido Socialista es el que en esta ley que estamos discutiendo aquí ha asumido un compromiso de la ley anterior del Partido Popular de escolarizar y financiar. Por primera vez van a tener el año que viene financiación destinada por el Gobierno socialista, cosa que no había hecho el Partido Popular, que hasta escondió la memoria económica diciendo que no hacía falta, a la etapa de 3-6. Por tanto, se ha asumido el 3-6 como concierto y además se va a financiar. Y en tercer lugar, acaba de producirse un acuerdo con los profesores de la enseñanza privada, aparte de que hay alguna enmienda pendiente de algún otro grupo, para que eso se estabilice -digámoslo así- en el tiempo, un acuerdo del Ministerio de Educación con los profesores de la enseñanza privada precisamente para mejorar sus condiciones, de tal manera que el lobo socialista que pretende cerrar centros y quitar conciertos resulta que es quien cualitativamente está asegurando, como ha ocurrido siempre, la libertad de escolarización y cuantitativamente es el único que está poniendo medios para que precisamente esos conciertos y esos centros sigan existiendo. Por tanto, vuelvo a indicar que es una manipulación absoluta. Ahora bien, decimos una cosa y es que no se pueden cobrar cuotas de escolarización en la etapa obligatoria. Esta es una de las primeras determinaciones que indica el artículo 88, que algunos querrían suprimir. No se pueden cobrar cuotas. Asumimos y sabemos que hay que continuar mejorando las condiciones de los centros concertados, si bien hay que tener en cuenta otra cosa y es que las necesidades objetivas de un centro que tiene una cierta homogeneidad social entre su alumnado, de momento, hasta que no haya un equilibrio de necesidades, es evidente que son distintas y desde luego menores a las necesidades que tiene un centro que no tiene esas características.


Concluyo con otro capítulo que es objeto de debate en este momento.
Creemos que no ha lugar a debatirlo, pues lo único que se hace con ese otro capítulo en relación con los premios, reconocimientos y concursos, es habilitar al ministerio para que lo pueda seguir haciendo, para que el Ministerio de Educación pueda seguir dando premios, haciendo concursos o dando reconocimientos, exactamente igual que lo hace cualquier otra administración educativa que tiene competencias. Siendo esta una ley que va a desarrollar en su momento el ministerio, creemos bastante razonable que sea así, sin necesidad de pedir permiso, ni siquiera de coordinarse con nadie, como hacen el resto de administraciones con competencias.


La señora PRESIDENTA: Ha habido varios grupos que me han pedido que abra un segundo turno y, como creo que la importancia del tema lo merece, vamos a abrir ese segundo turno, empezando por Izquierda Verde.


Señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Mi grupo considera que en estos momentos estamos celebrando uno de los debates más importantes de la LOE, por lo que también es justo darle un poco más de tiempo.


Nosotros consideramos que las verdaderas reformas son las que pueden determinar a medio y largo plazo un modelo u otro. Empiezo diciendo esto porque comparto una de las cuestiones de la intervención que ha realizado el señor Nasarre -ha dicho una verdad como un templo en este sentido-, que estamos hablando de dos modelos. Es cierto. Lástima que estemos en una situación tan diferenciada, al menos en el planteamiento, pero tal y como lo expone el Partido Popular no cabe duda de que es así. Lo que no comparto en absoluto -y esta ha sido una de las razones por las que he vuelto a pedir la

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palabra, señor Nasarre- es que ustedes tengan la osadía, permítame que se lo diga, de decir que nuestro modelo, el que estamos defendiendo con mejoras y con propuestas, es el de siempre o es continuista. Ni el grupo de Izquierda Verde, ni Iniciativa por Cataluña, ni Izquierda Unida hubieran presentado esta ley; hubiéramos tenido aún muchas más diferencias con ustedes, no le quepa duda. En todo caso lo que quiere nuestro grupo y su grupo parlamentario es que haya una ley fuerte, una ley de consenso y una ley en la que todos cedamos una parte, ha de ser así, en beneficio de lo que pretendemos, que es mejorar la educación y sobre todo la calidad en nuestro sistema educativo. Que ustedes digan que nuestro modelo, el de los que estamos trabajando y defendiendo esta ley, es el de siempre o el continuista y que el suyo es el innovador, el modelo a favor de la libertad, son palabras mayores, señor Nasarre. Le voy a decir lo que pienso: El modelo que ustedes defienden con sus propuestas, lo que hay detrás de todo, es el modelo más antiguo de esta humanidad, el modelo de siempre, el modelo de la desigualdad, el modelo de la discriminación y el modelo de la no igualdad de oportunidades para todo el mundo. Este es el modelo que ustedes defienden y no es el modelo de la libertad. Este es el modelo de las diferencias.


No podemos aceptar desde otros posicionamientos políticos que se digan estas cuestiones a través de esta ley, como si el resto de grupos estuviéramos aquí planteando una ley que impidiera o que estuviera coartando los principios fundamentales, los principios con los que convivimos todos en esta sociedad. No podemos aceptar lo que está diciendo porque usted sabe que hay una manipulación enorme en lo que plantea y me atrevería a decir que una gran demagogia. Usted sabe perfectamente que para que haya libertad ha de haber igualdad. La libertad en abstracto dice muy poco, señor Nasarre. La verdadera libertad es cuando hay una igualdad y una equidad. Con esta igualdad y con esta equidad tenemos la misma posibilidad de alcanzar esa libertad o esos planteamientos que defendamos en cada momento. Mientras no haya igualdad y mientras haya muchísimas diferencias, señor Nasarre, esa libertad solamente la va a poder utilizar un determinado sector de la población, al que usted representa muy bien, sin duda. Otros grupos parlamentarios representamos no solo a un sector sino al máximo de sectores, y lógicamente intentamos representar con una sensibilidad especial a aquellos sectores que tienen menos posibilidades o más desigualdades en nuestra sociedad. Con su modelo de libertad usted nos está planteando que quien pueda y tenga posibilidades coja el tren de máxima velocidad y que quien no tenga posibilidades se quede en la estación que pueda o en la cuneta. Nos está planteando este modelo, señor Nasarre. La población ha de saberlo.


El otro modelo, el que nosotros estamos planteando, defiende que nadie se quede en la cuneta, que todo el mundo pueda coger un tren, quizá con velocidades diferentes, pero un tren que le lleve a un destino que sea el que haya escogido, si es posible. Habrá velocidades diferentes, sin duda.
No estamos diciendo que todo el mundo esté exactamente en el mismo punto para poder ir a la misma velocidad, pero es que esto tampoco es un problema, al menos nosotros no lo vivimos como un problema ni tan siquiera como una diferencia en sentido peyorativo. A veces es una situación que no puede modificarse, porque tiene las limitaciones que tiene, y otras puede ser una opción, la de ir a la velocidad que uno considere que quiere ir.


Señores del Grupo Popular, sería realmente fantástico que cada uno pudiéramos trasladar a la ciudadanía lo que pretendemos cuando hablamos de sistema educativo, cuando hablamos de educación y cuando hablamos de calidad. Nosotros lo decimos con todas las palabras: Calidad y equidad.
Tan importante es la una como la otra. Yo he sido una de sus defensoras.
Ahora hablamos de educación, pero le podría hablar de sanidad y de servicios sociales, aunque aquí estaríamos hablando de dependencia. El sistema público, y para algo estamos en el máximo órgano que representa a los poderes públicos, habría de ser precisamente lo que desde esta casa se defendiera con mayor hincapié. El sistema público es el que garantiza a todos los ciudadanos una calidad, unos servicios y una cobertura. Me parece perfecto que el sistema público recoja en su sistema otras posibilidades complementarias, y en esta situación es en la que estamos.


Nosotros hemos dicho en la anterior intervención, y lo continuo diciendo, que en el sistema educativo aceptamos una realidad, y me es igual que se pueda interpretar como una aceptación, seguramente no es lo que nos gustaría, es verdad, señores de Convergència i Unió; no nos gusta que haya un porcentaje tan elevado de escuela concertada, sobre todo por una razón, que es la fundamental, porque este incremento de conciertos ha ido en detrimento de la escuela pública. Porque mientras se ha estado haciendo en los últimos diez o quince años, mientras se han ido incrementando los conciertos, ha sido a costa -se lo vuelvo a recordar al Partido Popular- de no incrementar para nada el gasto en la educación pública y por tanto se ha ido deteriorando el sistema público. Y unas familiar han optado porque realmente así lo han decidido voluntariamente, y con todos mis respetos me parece perfecto, pero otras han acabado optando por la concertada por el deterioro de la pública. Por tanto, no es el modelo que a nosotros nos hubiera gustado, no es el modelo que defendemos, pero es el modelo que tenemos y este modelo que tenemos en estos momentos puede ser o un problema -esto es lo que quería transmitir- que se vaya agravando y que nos vaya llevando a la sociedad a una situación realmente de controversia, de conflicto, de doble red, de disparidad y de falta de cohesión, o podemos, y en esta ley nos estamos jugando esto, convertirlo en una oportunidad. Esto es lo fundamental.


¿Qué vamos a hacer? ¿Lo convertimos en una oportunidad en cuanto a que tenemos esta realidad y esta

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situación, vemos cómo armonizamos lo mejor posible la red de titularidad pública y la red de titularidad privada pero concertada, y cómo nos ponemos, en esa planificación y en esa programación, a dar la mejor atención para conseguir el mejor resultado para nuestra población infantil y juvenil? Este es el reto. El reto es problema y conflicto o solución y oportunidad de mejorar. O mejoramos juntos la red pública y la red concertada o fracasamos todos. Esta es la realidad. Pero no solamente va a fracasar el sistema educativo, es que va a fracasar la sociedad, es que vamos a tener unos problemas terribles de aquí a unos años. Y esto es fácil de imaginar, porque la exclusión, la diferenciación o la no integración lleva a lo que lleva. No nos preguntemos de aquí a unos años cómo es posible que nos estén pasando algunas cosas, porque la raíz la tendremos en qué decisiones hemos tomado en algunos momentos. Por tanto, nuestra apuesta es: la mejor ley posible, pero con un planteamiento de futuro porque lo que hoy hagamos va a influir.


Por último, quisiera plantear una cuestión que me parece fundamental y que tiene que ver con una de las enmiendas que nosotros presentamos a este capítulo. ¿Qué se ha de decir? Pienso que a veces vamos pasando de puntillas por algunos temas y ahora es el momento y la ocasión de decirlo. Nuestra enmienda, en la que planteamos que se respete el principio de coeducación, no es menor y hemos de manifestarlo. No es menor; es fundamental porque se está incurriendo en un derecho constitucional que es el de la igualdad. Repito, el tema es que existen demasiados centros concertados financiados con presupuesto público y, además, en toda España. Tenemos centros de Sevilla, de Córdoba, de Andalucía, de Cataluña, da igual, en los que en estos momentos hay una enseñanza que está absolutamente separada entre niños y niñas, e incluso está llevando a una situación en la que hay aulas que tienen 34 y 35 niñas, por ejemplo, y aulas que tienen 15 niños. Esto está pasando y se está financiando con presupuesto público. Estos son datos reales que se pueden enseñar. Son escuelas todas ellas mayoritariamente del Opus Dei, en este caso, que no están actuando en este sentido conforme a los preceptos que nuestra propia Constitución señala de no discriminación por razón de sexo. Debemos aceptar que esta cuestión es una realidad y reflexionar sobre si se puede continuar de esta manera. Nosotros entendemos que no, que se debe hacer un planteamiento serio sobre este tema. Desde luego, nuestro grupo parlamentario va a continuar defendiendo que la libertad de igualdad de sexo y de no discriminación es uno de los preceptos fundamentales de nuestra sociedad, que estamos defendiendo después en cantidad de leyes, en cantidad de planteamientos y en cantidad de apuestas por el futuro. Sin embargo, mantenemos privilegios e idearios que van en contra de estos preceptos.


No quiero alargarme más, solamente darle las gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Canet.


El señor CANET COMA: Como veo que después del aperitivo de ayer -hoy hemos entrado ya en plena comida, no sé si con digestión incluida o no- cada grupo va marcando sus posiciones no solamente en los debates en discusión, sino su toma de postura a la hora del trámite fundamental que es la votación, porque evidentemente las intervenciones van siendo cada vez más en clave de desenlace, es bueno dejar claro en este contexto que estoy planteando que nuestro grupo cuando recibió el proyecto de ley y lo analizó manifestó al Gobierno un acuerdo básico en lo que llamaríamos las líneas maestras del edificio, y discrepancias en bastantes otros aspectos, pero nos gustaba y nos sigue gustando el espíritu con que afronta la necesidad de reformar la educación para mejorarla.


En ese sentido hemos mantenido, como supongo que otros grupos lo habrán hecho, y se ha comentado aquí, una cierta fluidez de contactos y quiero dejar claro que nuestro apoyo al consenso sigue siendo el mismo del primer día. Sería ideal una ley que aprobásemos con cesiones, como ya se ha comentado, porque daría una imagen de estabilidad a la sociedad que nos conviene, como no nos conviene pasarnos meses discutiendo estos principios. Pero es evidente que también tienen un derecho todos los grupos, del primero al último, de plantear cuestiones a las que no quieren renunciar y repito, del primer grupo al último. Nuestro grupo ha mantenido, mantiene y seguirá manteniendo contactos. Si esos principios que se han expuesto -por lo que he oído, y me alegro, a los portavoces socialistas- se mantienen como planteamientos firmes nuestro grupo seguirá estando de acuerdo con los mismos. En el tema que discutimos hoy he oído intervenciones que apuntan a la posibilidad de llegar a acuerdos y otras que evidentemente no. En cualquier caso nuestra posición es muy clara. Si se mantienen esos principios de los cuales se ha hablado: servicio público, garantías de distribución equitativa que no reparto forzoso (afortunadamente ya ha dicho el señor Nasarre que nadie había pronunciado esa expresión, creo que hemos sido cuidadosos y al menos recuerdo mis intervenciones y he hablado de distribución equitativa y la sigo manteniendo), gratuidad, apelación que también he hecho a la necesidad de suficiencia financiera, a la complementariedad de las dos redes; si están en función de un principio absoluto como es la libertad de elección de centro, evidentemente seguiremos dando nuestro apoyo, pero evidentemente no lo haremos si en los trámites de discusión y de acercamiento entre grupos esos principios desaparecen o al menos se resquebrajan con cierta notoriedad. Por tanto, ha de quedar también muy claro qué se ha dicho. Todos hablamos de libertad, pero también hablaban de libertad los empresarios de la posrevolución industrial inmediata a la hora de contratar y despedir, el liberalismo salvaje que afortunadamente los tiempos han corregido. A veces

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solo a veces, lo admito- me da la sensación que ciertas invocaciones a la libertad, como ha dicho algún portavoz y otros también hemos repetido, significa que sea del centro para escoger alumnos. Evidentemente, el principio de libertad se ha de conjugar con el de libertad y ambos se resienten, no solamente el de libertad. En todo caso, cuando ambos principios pueden chocar es evidente que algunos pensamos -y es legítimo pensar lo contrario, evidentemente- que los poderes públicos deben tener a nuestro modo de ver, insisto, una actitud determinante.


Voy a ponerles un ejemplo elemental con las preinscripciones y matriculaciones de nuestros alumnos cada año. Desde que en algunas zonas -y no solamente en Cataluña y no en todas, además de Cataluña- se han puesto en marcha oficinas municipales de escolarización, con una capacidad legal bastante mínima, como oficinas de información y canalización de información, se han descubierto cosas elementales. Por ejemplo, ciertos alumnos cuando acudían a pedir información del proceso a determinados centros recibían unos impactos visuales y orales que les desaconsejaban de preinscribirse porque suponían que aquello costaría un montón. Cuando iban a pedir información a la oficina de escolarización recibían otro impacto diferente y salían pensando: a lo mejor sí que me conviene, porque está más cerca de mi casa, preinscribirme en ese centro concertado que funciona de maravilla, aunque me daba miedo cuando fui a pedir información. Eso puede ocurrir, o mejor dicho doy fe de que ocurre esto. Por tanto, intentar prever unas instancias garantistas de que las condiciones de igualdad de admisión se van a cumplir le parece a nuestro grupo absolutamente fundamental e irrenunciable, en la modalidad que se pueda consensuar. He puesto un ejemplo que demuestra, además, que acercar la Administración al administrado suele conllevar buenos resultados.


Creo que la posibilidad de acuerdo en este punto podría ser muy amplia -no sé si total-, pero también dejamos muy claro que hay líneas maestras en el proyecto que, si se desvirtúan, mi grupo no va a ser, como ahora, crítico pero con tendencia a darle apoyo. Porque no sé si nos jugamos dos modelos educativos, no lo sé, pero a veces lo parece y, en ese sentido, sacralizar la libertad de elección de centro en detrimento de la equidad y de otros principios, a nosotros, como fuerza progresista que nos consideramos, no nos parece adecuado.


La señora PRESIDENTA: Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: La verdad es que yo tampoco tenía intención de intervenir, pero el debate se está llevando por unos derroteros, digamos, de términos generalistas y de calificación de la ley que casi le obliga a uno a fijar su posición, aunque sea brevemente.


Es ampliamente conocido por todos los miembros de esta Comisión que en la comunidad autónoma por la que soy electo, y el resto de los miembros de mi grupo, la presencia de la red privada es muy importante; de hecho, se estima en algo más del 55 por ciento lo que supone la red privada en la escuela vasca. Por lo tanto, si esta situación es así, quiero manifestar nuestra preocupación porque se mantenga ese modelo, por el que se ha apostado en la comunidad autónoma y que creemos que está funcionando razonablemente bien. Sin embargo, por el debate que se está manteniendo, sobre todo a través de los medios de comunicación y que ahora también está aflorando, da la sensación de que el proyecto que se presenta fuera a romper absolutamente con el modelo, y desde nuestro grupo no tenemos esa sensación. Creemos que es mejorable en algunos aspectos, sin duda; que debería subrayarse más o hacer más explícito lo que la ley no impide pero quizás lo deja a medias en algunos aspectos con respecto a la concertada, pero creo que ahí hay un margen para el acuerdo y, desde luego, lo que tampoco supone es un cambio absoluto de modelo o la negación de una escuela concertada.


En manifestaciones de algunos de los portavoces que me han precedido, he oído afirmaciones tales como que la escuela pública ha carecido de recursos o ha tenido falta de recursos porque estos se han derivado a las redes privadas. Yo no puedo compartir esa opinión. Por lo menos en el ámbito que yo conozco, el ámbito público ha estado bien dotado e incluso mejor dotado que el privado. Yo creo -y es el deseo de nuestro grupo- que habría que tender a conseguir una igualdad en las fuentes de financiación y en los recursos de una y de otra red; igualdad que, hoy en día, insisto, no se da. Yo creo que la pública, al menos en el ámbito que yo conozco, está mejor dotada económicamente. Otra cosa es que también podríamos hablar de la gestión de los recursos, y yo tengo que manifestar que mi impresión es que la gestión de los recursos es mejor en el caso de los centros privados que en el caso de los centros públicos. Cuestión que quizás también deberíamos abordar o, más bien, que las administraciones educativas, cada una en su ámbito, deberían abordar, pero creo que ese es un dato que también está encima de la mesa. Yo también estoy convencido de que si todo el sistema estuviera basado en la red pública, el sistema sería mucho más caro. Por lo tanto, creo que es un beneficio para la educación de este país que podamos contar con dos redes y con la capacidad de elegir. En la ley es posible concertar -quizás haya que retocar algunos puntos pero es posible concertar-, pero nuestra preocupación es, sobre todo, por asegurar que lleguen recursos suficientes a través de esos conciertos.


Tengo que manifestar también mi acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho anteriormente en el sentido de no confundir la libertad de elección y la libertad de excluir. Nosotros estamos a favor de la libertad de elección de centro por parte de padres y de tutores (lo hemos subrayado a través de muchas enmiendas presentadas a varios artículos a través de toda la ley, y creemos que hay posibilidades muy serias de transaccionar algunas de las ellas para que se vean reflejadas de manera más

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explícita), pero eso no implica que haya una libertad de excluir a los alumnos. En ese sentido, nos parece que los centros privados tienen que asumir las mismas obligaciones que los centros públicos y que lo que deben hacer es admitir escolares que pudieran ser, en principio, problemáticos o que necesitan unas condiciones especiales en cuanto a su escolarización. Creo, además, por lo menos de la experiencia que conozco más, en el caso de Euskadi, que la red privada no está cerrada a esto, sino todo lo contrario, lo asumen como algo que hay que afrontar y que debe ser así. Y en este mismo sentido, yo también entiendo que una cosa es que quien esté en un centro privado deba respetar el ideario de ese centro privado -me parece que eso es indudable y consustancial con la elección de ese centro-, pero lo que creo que no es admisible es que a esa persona se le obligue a adherirse a ningún tipo de idea. Una cosa es respetar, que me parece lo razonable, y otra adherirse, con lo que no estoy en absoluto de acuerdo.


Esa es la posición de nuestro grupo. Pensaba que era más propio exponerla en el Pleno que en este momento, pero veo que todos los grupos han optado por marcar ya sus posiciones en el "Diario de Sesiones y, por lo menos, quería dejar también mi granito de arena.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Señora presidenta, intentaré ser breve, puesto que en mi anterior intervención creo que he expuesto ya cuáles eran los ejes fundamentales de la posición de mi grupo parlamentario en los temas que estamos debatiendo.


La verdad es que a mí me había gustado más el tono de las intervenciones de la primera ronda porque cada uno de los portavoces exponía sus posiciones, pero parecía que en el ambiente había una cierta posibilidad de no ir a posiciones contradictorias. Creo que en esta segunda ronda, sobre todo las primeras intervenciones, han marcado posiciones quizá más en los extremos que en el centro, y a mí me gustaría sumarme al tono conciliador del portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
Evidentemente, yo estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho por parte de todos los portavoces, pero me gustaría recalcar que no puedo compartir el pensamiento (me ha parecido entender a alguna de las portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra) que el sistema de conciertos vaya en detrimento de la escuela pública. Coincido con lo que ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, creo que una red no va en detrimento de la otra, ni la otra de la una.


He dicho en mi primera intervención que, a juicio de mi formación política, se requería un esfuerzo potente para que la oferta de educación pública sea realmente la que tiene que ser. Creo, como también ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, que los recursos económicos se han aplicado en mayor proporción en la escuela pública que en la escuela concertada, y creo que también ha sido interesante la reflexión que ha hecho con respecto a la gestión. Quizá esto obedece a modelos de sociedad distintos. El modelo de sociedad de que es el Estado el que ha de prestar absolutamente todos los servicios es una concepción de sociedad que desde mi formación política no compartimos, no porque no tenga que haber tanto Estado como sea necesario, que sí, evidentemente que sí; pero nosotros damos también un papel importante a todas estas iniciativas privadas, unas con ánimo lucrativo y otras con una función de interés social o, incluso, sin ánimo de lucro. Lo digo por dar juego a todos los sectores.
Creemos que no se puede ahogar esta iniciativa privada, al revés, y que desde estas Cortes Generales no solo hemos de muscular lo público, sino que hemos de articular un marco en donde, desde nuestra concepción, toda la sociedad pueda participar. Hemos de articular un marco para que haya intervención desde los poderes públicos, pero también que se permita un juego para que la libertad de creación de centros pueda ser una realidad y que participen todas las entidades de interés social.


De todas maneras, quería acentuar un aspecto conciliador o retomar un aspecto conciliador. Si analizamos el tema que nos ocupa, podríamos encontrar un espectro en el que podríamos estar de acuerdo, que se pudiera reflejar de manera más clara, más adecuada, el tema de la escuela concertada. Es cierto que no está prohibida, como decía el señor Benzal, pero entre el no prohibir y el regular hay un espectro intermedio en el que yo creo que podemos acercar posiciones, encontrar redacciones que den satisfacción a las pretensiones de los grupos. Con este ánimo quiero finalizar mi intervención, diciendo que ahí debemos conducir nuestros esfuerzos, porque es lo que la sociedad nos está demandando. El criterio de estabilidad del sistema educativo es importante, y en ese sentido hemos aludido muchas veces aquí al informe Pisa. Uno de los requisitos para que los resultados sean excelentes es la estabilidad del sistema educativo. Yo creo que hemos de hacer un esfuerzo. Si no se hace este esfuerzo de acercamiento, aunque no sea la ley que cada uno de los grupos hubiéramos hecho por nuestra parte, y nos quedamos en posiciones radicales por el extremo que sea, será una ley de muy corta duración. Si realmente creemos que la estabilidad es importante, hemos de hacer todos ese esfuerzo y, desde luego, por parte de mi grupo parlamentario lo estamos intentando para poder sumarnos a este consenso que, como digo, es lo que la sociedad nos demanda.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: En primer lugar, quiero agradecerle que nos haya permitido esta segunda ronda, porque es un tema crucial en el planteamiento de la ley. Esta segunda intervención no es para repetir todos los argumentos, sino más bien hacer unas

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puntualizaciones a las intervenciones de los demás, y eso es lo que voy a hacer.


Estoy muy de acuerdo con la señora García, a la que le agradezco mucho la sinceridad, la vehemencia con que se ha expresado. Me ha llamado la atención que usted haya hecho referencia al tema del conflicto escolar o la llamada guerra escolar, lo que la literatura viene en llamar la contraposición de escuela privada-escuela pública. En un momento histórico en el que la educación adquiere creciente importancia en todos los aspectos, en el desarrollo personal, en la vida social, en el futuro de una colectividad, y que al mismo tiempo hay problemas serios en la realidad educativa, que es en lo que nos encontramos la mayoría de los países de la Europa occidental, incluida España de una manera muy aguda, la paz escolar es un elemento imprescindible para un horizonte de soluciones. Por tanto, estoy a favor de la paz escolar, es un tema muy importante que tenemos que tener presente todos. Pero en la paz escolar y en los valores que tiene nuestra sociedad no se puede sacrificar la libertad. Paz escolar sin sacrificio de la libertad de las familias que quieren elegir centro docente, eso es un falso planteamiento del problema. Por tanto, insisto, la posición que sostiene mi grupo y que creo que debe ser el marco de solución, lo que debe reflejar una ley educativa con el máximo consenso posible, donde los distintos sectores de la sociedad que tienen incluso distintas convicciones se puedan sentir a gusto, es introducir el principio de la mayor libertad posible para todos. Por tanto, en reconocimiento del artículo 9.2 de la Constitución, que responde al modelo del Estado social y democrático de derecho, que es el que tenemos, que introduce un deber, una obligación al Estado de remover los obstáculos para que la libertad de los ciudadanos y de los grupos sea la mayor posible, esto es lo que nos compete, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos remover los obstáculos? Estableciendo un modelo de escuela gratuita para las enseñanzas obligatorias, que es lo que también establece la Constitución. Lo peor sería decir que solo la privada sea una enseñanza que no se pueda ofrecer con gratuidad. En eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que limitaría la libertad y la igualdad de oportunidades el otro planteamiento. Pero es que en ese planteamiento es la sociedad la que en estos momentos nos está indicando que quiere elegir más, que quiere elegir en mejores condiciones y, por tanto, todo lo que significa trabas, obstáculos, a mí me parece que va en contra de la dirección histórica. Por tanto, es más antiguo que defender la libertad. Yo creo que la libertad en estos momentos no es anacrónico.


Por otro lado, cuando se habla de la doble red suelo decir que un centro escolar no es una gasolinera, aquí no hay red de gasolinas. Lo que hay es un modelo basado en la libertad, porque si no yo iría al centro educativo que me correspondiera o que me hubieran indicado, el que está más cerca de mi casa, o el que sea, pero no es ese nuestro modelo afortunadamente.
Lo que hay en función de la libertad es un modelo basado en la pluralidad de los centros educativos, unos de titularidad pública y otros de titularidad de iniciativa social. Lo que tenemos que fortalecer precisamente para que haya cada vez más libertad, más calidad es la identidad de los propios centros, cada centro con su personalidad propia, que ofrezca proyectos educativos atractivos, que generen confianza, con los recursos y los apoyos necesarios. Por tanto, repito, esto no es como una gasolinera, que cuando uno no tiene gasolina la echa en la primera que ve. En los centros educativos no es así.


Por último, siento decírselo al señor Benzal, pero no estoy de acuerdo con su interpretación del artículo 27 de la Constitución en el sentido de que prevalezca el derecho a la educación sobre el de la libertad. Creo que están en el mismo nivel y, efectivamente, lo que la Constitución nos indica es que los poderes públicos, las leyes, etcétera, lo que tienen que hacer es integrar, de la mejor manera posible, dos derechos con la máxima protección jurídica de la Constitución, que no son antagónicos y que se pueden conciliar perfectamente. En el momento en que usted diga que prevalece un derecho sobre otro está perturbando la mejor solución posible y la más adaptada al pacto constitucional que refleja el artículo 27 y que yo creo que debe ser la base fundamental de las leyes educativas y hacia donde tenemos que orientar nuestras aproximaciones. A mi juicio, el texto de esta ley no va por esa orientación y, por tanto, tiene los problemas graves a los que antes me he referido en mi precedente intervención.


La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Benzal.


El señor BENZAL ROMÁN: Quiero hacer una primera observación. El que le estemos dedicando mucho tiempo esta mañana a la escuela privada concertada, que yo creo que es necesario, no quiere decir en absoluto que nos olvidemos de la escuela pública, todo lo contrario; estamos procurando que la escuela pública al final tenga una igualdad de condiciones con la escuela concertada a través de esas medidas que queremos establecer, reconociendo a la vez que la escuela concertada también tiene algunos déficit -y no lo he dicho yo solo- que hay que resolver. En cualquier caso, puesto que la Administración pública es la titular de esa escuela pública, vaya por delante esa aclaración.


En segundo lugar, creo que ha habido una mayor proximidad entre diversos grupos, algunos de ellos con unas distancias ideológicas a veces importantes, a la que el señor Nasarre, en su última intervención, ha pretendido sumarse, porque ha visto que tenía una mayor oposición hacia sus posturas. En cualquier caso, es una valoración que también tendrán que hacer otros.


Nosotros queremos mejorar absolutamente toda la educación de este país, no solo la escuela pública, que por supuesto, a través de medidas con la privada concertada, porque nos parece que la escuela pública va a tener unas condiciones de igualdad cuando la complementariedad

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en ambas redes -es una terminología perfectamente instalada a nivel social y político hablar de doble red, sabemos todos a lo que nos referimos- haga que, mejorando ambas, obtengan beneficios. Por otra parte, proporcionando recursos a la privada, que ya he dicho antes que en general tendría que estar mejor tratada, y los únicos que hemos hecho algo por eso hemos sido el Grupo Parlamentario Socialista, apoyando enmiendas en ese sentido, y la administración socialista; se pretende que esos centros a los que les aparezcan unas necesidades distintas estén asistidos por unos recursos superiores. Por tanto, no se está hablando solamente de pedir una contribución para esos centros sin que tengan una distribución de recursos de la que son merecedores, y en ese caso también sería justo.


Yo sigo diciendo que está asegurada la libertad de elección de centro en este país, las pruebas nos lo indican, y he indicado al principio de mi intervención que la prevalencia entre una y otra no existía, puesto que la libertad está asegurada. Únicamente he puesto el ejemplo extremo de confrontar en el caso de que hubiera que elegir, cosa que no es necesaria, entre ambos derechos. Yo sigo diciendo que para conseguir el derecho a la educación uno de los criterios que deben primar es la libertad de elección, que creo que en cualquier caso está conseguida en nuestro país.


Por último, el Grupo Parlamentario Socialista en un principio apoya -de mi intervención anterior así se deducirá- las propuestas que se nos hacen por el Gobierno en este proyecto de ley, pero hay algunas cuestiones que pueden ser objeto de debate posterior, y en ese sentido y sólo en ese es en el que, siempre en aras de conseguir ese consenso que social y políticamente se ha reclamado, nosotros estamos dispuestos a considerar alguna propuesta nueva que, variando éstas, en cualquier caso consigan un consenso superior al que tienen.


La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender esta sesión para que se reúna la Mesa y portavoces durante un cuarto de hora. (Pausa.) Continuamos la sesión.


Vamos a debatir, según hemos acordado conjuntamente, los títulos VI y VII del proyecto de ley: Evaluación del sistema educativo e inspección del sistema educativo. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Como siempre, doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto. Chunta Aragonesista no tiene ninguna enmienda al título VI y sí una, la 293, al título VII, que más o menos dice respecto a la inspección: Aportar iniciativas o sugerencias que puedan estimular la mejora de la calidad educativa de los centros y una colaboración más directa con los mismos.


La señora PRESIDENTA: A continuación, por Coalición Canaria el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Al título VI mi grupo mantiene dos enmiendas vivas, la 677 y la 680, y al título VII, la 682, que paso seguidamente a defender.


La enmienda 677, dirigida al artículo 142, organismos responsables de la evaluación, propone adicionar un nuevo apartado que diga: Los centros públicos y privados concertados y sus equipos directivos y profesorado colaborarán con las distintas administraciones en las evaluaciones que realicen sus centros. Hay que recoger la obligatoriedad, por parte de los órganos de los centros, equipos, directivos y profesorado, de colaborar con las distintas administraciones en las evaluaciones que se realicen en los centros docentes. Esto ayudará a una homogeneización, a un mejor conocimiento de datos, a una transparencia y, por tanto, a unas garantías de compromiso de los órganos responsables de la evaluación y de colaboración con las administraciones para que se puedan unificar datos y criterios.


Con la enmienda número 680, al artículo 147, que se refiere a la difusión del resultado de las evaluaciones, en sintonía con la enmienda que acabo de defender, la 677, de organismos responsables de la evaluación, señalamos el mismo principio de congruencia con una adición: que las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, determinarán los procedimientos para la difusión de los resultados de las evaluaciones que en ellas se realicen. Quién mejor que la propia autoridad académica y la administración educacional de las comunidades autónomas para, dentro de sus competencias estatutarias y orgánicas, determinar los procedimientos de difusión de los resultados de evaluaciones. Es algo totalmente normal y lógico.


Finalmente, al capítulo II del título VII, mantenemos la enmienda que he señalado, la 682, dirigida al artículo 151, funciones de la inspección educativa. Proponemos hacer una modificación de la letra f) del apartado 151, que diga: Asesorar, orientar, informar y mediar, en su caso, a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. Si estamos hablando, señora presidenta, de una inspección educativa cuyas funciones son las que se relacionan en las letras de la a) a la h) minúscula en el texto del proyecto del Gobierno, entendemos que introducir la figura de mediar, y no solamente las de asesorar, orientar e informar, es una buena práctica. Cuando los procesos de arbitraje tienen cada vez más sentido en nuestro derecho positivo, la mediación, en su caso, no creo que esté de más. Por esta razón hemos introducido esa enmienda.


La señora PRESIDENTA: Los grupos de Izquierda Verde y de Esquerra Republicana han comunicado a la Mesa que daban por defendidas sus enmiendas.


Tiene la palabra, a continuación, el señor Esteban por el Grupo Vasco.


El señor ESTEBAN BRAVO: Son cinco enmiendas. La primera de ellas, la número 579, es la única que hace

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referencia al título VI y lo que solicitamos es un criterio de reciprocidad, puesto que en el artículo 143.3, que habla de las evaluaciones generales de diagnóstico, se establece una obligación para las administraciones educativas de proporcionar los datos de las mismas, mientras que no se menciona nada recíprocamente para que el Ministerio de Educación y Ciencia aporte a las administraciones toda aquella información que pueda ser requerida por estas y que pueda ser interesante para ellas en razón de sus competencias en materia de evaluación educativa. Por lo tanto, se trata de incluir también un criterio biunívoco de reciprocidad entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las administraciones educativas correspondientes.


Las otras enmiendas corresponden al título VII. La enmienda número 580 intenta establecer algo más de claridad al artículo 148.2, que se refiere a las administraciones públicas. Sin embargo, quizás en su momento pueda anunciarle su retirada después de estudiar algunos razonamientos que me han sido expuestos por algún grupo político.


En cuanto a la enmienda número 581, lo que pretende es quitar una frase, en concreto aquella que dice ... para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las comunidades autónomas. Esa frase. no aporta nada a las competencias de la alta inspección y, sin embargo, lo que podría dar a entender es que se quiere generar un título competencial para el Estado en el ámbito territorial de las administraciones educativas del cual carece. Entonces entendemos que por retirar ese párrafo no se perjudica en absoluto las competencias que la alta inspección educativa tenga y aportamos claridad en el sentido de que es absolutamente meridiano que no se cree un nuevo título competencial, una nueva área de competencias para el Estado en consonancia con lo establecido con el resto de la ley.


La enmienda número 582, referida al artículo 150, es una precisión que nos parece importante en el sentido de que es cierto que a la alta inspección le corresponde verificar la adecuación de la concesión de las subvenciones y becas a los criterios generales establecidos por las disposiciones del Estado, pero entendemos que esto debe referirse a aquellas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, porque en alguna comunidad autónoma, como es el caso de la que provengo, ese asunto está transferido y, por lo tanto, las becas de la comunidad autónoma no estarían sujetas a esta inspección.


Por último, la enmienda número 583 es únicamente de mejora técnica, puesto que prácticamente dice lo mismo, pero en nuestra redacción queda más aclarado el objetivo pretendido en el proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Mi grupo parlamentario ha presentado a estos títulos VI y VII siete enmiendas, todas ellas de carácter competencial, que voy a dar por defendidas en sus términos literales y con la justificación a las mismas que figura en el propio texto.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: Señorías, nosotros consideramos que la evaluación es el factor probablemente más importante de todos para garantizar el control y la eficacia de la calidad del sistema educativo.
Por eso hemos presentado una serie de enmiendas y, como el tiempo es compartido, voy a tratar de ir al grano en lo que más nos interesa en este punto. A nosotros nos interesa fundamentalmente, señorías, que el Ministerio de Educación y Ciencia, previa consulta con las comunidades autónomas, pueda realizar con carácter plurianual una evaluación general del sistema educativo español. Segundo, para ello proponemos una modificación del artículo 142 en el sentido de que se hable en él del instituto nacional de evaluación y calidad del sistema educativo, que sería el encargado de realizar dicha evaluación del sistema general. ¿Por qué le llamamos así? Porque se trata de añadir precisión a la denominación imprecisa que aparece en la ley según nuestro punto de vista de instituto de evaluación. Podríamos preguntar de dónde, de qué y cómo se quiere especificar sus finalidades.


Quisiéramos igualmente, señora presidenta y señorías, indicarles muy brevemente el contenido a nuestro juicio más importante de las enmiendas que presentamos a esta sección, concretamente al artículo 144. Les hablo de la enmienda número 924. En concreto quiero señalar que para nuestro grupo parlamentario este instituto nacional de evaluación y calidad del sistema educativo tendría que hacer sus diagnósticos siempre sobre áreas y asignaturas y quiero señalarles a ustedes el especial hincapié que ponemos en el punto número 2 del artículo, concretamente en que el Ministerio de Educación y Ciencia definiría los conocimientos y las competencias básicas de las enseñanzas comunes que serán objeto de evaluación en las evaluaciones generales de diagnóstico. Tal definición establecerá de una manera precisa los niveles que resulten prescriptivos para las referidas enseñanzas comunes. Las comunidades autónomas procederán de un modo análogo en el ámbito de sus propias competencias.
Tratamos con ello, señorías, señora presidenta, de realizar un modo de evaluación parecido o similar al que realizan los países de nuestro entorno que obtienen, fíjense, los mejores resultados educativos.
Introducimos el carácter externo de las evaluaciones generales de diagnóstico al final de cada etapa educativa de acuerdo con los niveles prescriptivos de conocimientos y competencias básicas definidos previamente.


En conclusión, señorías, tratamos de que la Administración Central del Estado, en este caso el Ministerio de Educación y Ciencia -permítanme la mínima digresión

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porque este fue un asunto que debatimos largo y tendido en la LOCE y nosotros seguimos lógicamente la que fuera nuestra ley, es completamente normal y todo el mundo lo va a entender-, pueda realizar, insisto, un sistema general de evaluación para todo el territorio español de acuerdo en su caso con las comunidades autónomas. Dicho sistema general de evaluación, al que nos hemos referido y hemos dicho con qué medios lo haríamos, no excluiría, como es normal, las posibles evaluaciones y diagnósticos que cada comunidad autónoma entendiera oportuno, conveniente y mejor realizar y de ese modo se refuerza, que es uno de nuestros mayores intereses educativos, lo ha sido siempre, una de las misiones de la Administración Central del Estado. En concreto, no se le sustrae, mejor, al Ministerio de Educación y Ciencia que pueda realizar uso legítimo de esa competencia. Ese es el sentido de nuestras enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: Voy a defender las enmiendas de mi grupo parlamentario al título VII relativo a la inspección del sistema educativo. Todas ellas deben entenderse dentro de la importancia que para nosotros tiene la función de la inspección, teniendo además en cuenta que la educación es una materia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas y que el Estado es garante de la igualdad en el ejercicio del derecho fundamental de la educación y de la ordenación general del sistema educativo mediante el establecimiento de las normas básicas, y lo subrayo, que garanticen el cumplimiento de los poderes públicos. En este sentido debe entenderse ya nuestra primera enmienda, la enmienda número 930, de modificación al artículo 148.2, que responde al convencimiento de que en la ley no se debe omitir la explicitación de que el ejercicio de la función inspectora ha de hacerse de conformidad con las normas básicas que corresponde dictar al Estado, algo que se omite en la ley y que nuestro grupo considera que debe figurar como una atribución del Estado.


Entro ahora en la defensa de las enmiendas relativas a la alta inspección y quiero decir, señorías, que con ellas nuestro grupo evidencia que tiene claro que la alta inspección garantiza exclusivamente el cumplimiento de aquellas facultades atribuidas al Estado y que partimos de que la alta inspección requiere y debe aceptar una colaboración con las administraciones autonómicas compatible con el respeto de las funciones legislativas, ejecutivas y de garantía del propio ordenamiento autonómico. La alta inspección es alta precisamente por configurarse como función del Estado. Lo dicen así sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional, mediante las que se comprueba que los poderes públicos autonómicos respetan sus obligaciones en la materia. Así deben ser entendidas nuestras enmiendas. La enmienda 931 al artículo 150.1 se refiere a las competencias de la alta inspección. Señorías, la alta inspección tiene atribuidas para el cumplimiento de sus fines importantes atribuciones que en la LOE desaparecen y sobre las que existe reiterada doctrina del Tribunal Constitucional. Es más, releyendo debates parlamentarios, antiguamente el Grupo Socialista consideraba necesario que figurasen en las leyes de educación. En la enmienda mantenemos por lo tanto las siguientes funciones que vienen atribuidas a la alta inspección la legislación vigente y que no se recogen en la ley: comprobar que los currículos, así como los libros de texto y demás material didáctico, se adecúan a las enseñanzas comunes; comprobar que las enseñanzas comunes se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre las materias obligatorias básicas de los respectivos currículos; comprobar la duración de la escolaridad obligatoria, de los requisitos de acceso de un nivel de enseñanza a otro; verificar que los estudios cursados se adecúan a lo establecido en la legislación del Estado a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en todo el territorio español; explicitar que se vele por los derechos lingüísticos y en particular el de recibir enseñanza de la lengua oficial del Estado y ello además en cumplimiento, señorías, de los deberes constitucionales, entre los que se encuentra el de conocer la lengua del Estado, artículo 149.1, en relación con el artículo 3.1 de la Constitución española -la trascendencia de esta omisión es claramente evidente-; o elevar en su caso informes a los órganos competentes en relación con las inversiones en construcciones, instalaciones, equipamiento escolar, gastos corrientes en materia de dotaciones y retribuciones de personal. Respecto a este apartado, se trata de una relación por supuesto coordinada entre órganos estatales que no interfiere para nada en las competencias autonómicas y que tendría una repercusión importante a efectos también, por ejemplo, de la elaboración de estadísticas, que son tan importantes para el sistema educativo. En cuanto a recabar la información necesaria para la elaboración de las estadísticas educativas para fines estatales, cuestión en la que no voy a entrar, es absolutamente necesario para que se puedan realizar las evaluaciones, que bien sabemos son un importante instrumento a la hora de mejorar la calidad del sistema educativo y que magníficamente ha defendido mi compañero Joaquín Calomarde.


La enmienda 933 pretende la adición de un nuevo artículo 150 bis, de los servicios de la alta inspección educativa. Nuestro grupo considera que la regulación de la organización, de las normas de funcionamiento y del régimen del personal de la alta inspección educativa tiene entidad suficiente para constituir un artículo propio, cuyo punto 2 obedece a que consideramos necesario que se recoja en la ley claramente que los funcionarios que sean nombrados para desempeñar puestos de la alta inspección educativa pasarán a la situación de servicios especiales. No entendemos este olvido y creemos que es preciso subsanarlo.


En el capítulo II, de la inspección educativa, paso a defender la enmienda 934 al artículo 151, de modificación, por considerar que las importantes funciones atribuidas a la inspección educativa deben enunciarse con

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mayor claridad y precisión de lo que aparecen en la ley y me ahorro su lectura. La enmienda 935, de modificación, al artículo 154, organización de la inspección educativa, va en el sentido de que para el mejor desempeño de sus funciones y para contribuir de manera más eficaz a la mejora del sistema educativo, el modelo de inspección debe contener unas especialidades básicas, sin perjuicio por supuesto de las funciones generalistas que realiza la inspección. Señorías, sé que hay quien considera que ello no es necesario, pero a mí me gustaría manifestar que si la inspección solo tiene carácter general, difícilmente podrá ejercer el control de calidad y muchas funciones necesarias y prioritarias asignadas. No olvidemos que los centros están estructurados por departamentos, que la inspección debe ejercer el control de la programación de la memoria de final de año que hacen los seminarios, que en los centros se producen conflictos para cumplir o realizar los currículos, que se producen reclamaciones de exámenes y todas aquellas funciones de orientación y asesoramiento que requieren de personas especializadas y con un reconocimiento profesional acreditado de dominio de la materia. Ello, por supuesto, no es óbice para que los inspectores ejerzan trabajos generalistas. Por cierto, hay que resaltar que su trabajo también debe ejercerse por niveles, ya que cada uno conoce mejor el nivel al que como docente pertenece y en el que ha trabajado posiblemente muchos años de su vida profesional. Recordemos que en el sistema educativo se realizan además en ocasiones evaluaciones por materias -se están haciendo muchas- que requieren que los resultados sean explicados a los docentes de los distintos seminarios de los centros.
Señorías, yo les pregunto por qué. La respuesta es obvia. Se requiere que sean especialistas. Y no olvidemos que en un mundo en el que cada vez se va más hacia las especialidades, la inspección no puede ser una excepción, una laguna. Al mismo tiempo, en el apartado tercero de nuestra enmienda se incorpora a la ley algo de gran trascendencia. Me refiero al acceso a la función inspectora y a su movilidad como un principio básico.
Me interesa destacar que en la actualidad existen concursos de traslado de ámbito nacional que se desarrollan a través de los distintos niveles educativos y de especialidades que desaparecen en la ley y que nuestra enmienda pretende recuperar.


En la enmienda 936, de adición de un nuevo artículo 154 bis, destaco que también se recoge una importante laguna del proyecto de ley a juicio de mi grupo. Me refiero a la formación de los inspectores. En la enmienda establecemos el perfeccionamiento y actualización de los inspectores en su ejercicio profesional como un derecho y un deber. En el punto 2 se establecen las bases para su formación, que realizarán las distintas administraciones en colaboración con las universidades e instituciones superiores de formación del profesorado. Por último, en el punto 3 se sienta el principio de reconocimiento de las actividades de formación a efectos de los concursos de traslado de ámbito nacional. Esta enmienda, señora presidenta, busca atribuir con más claridad las importantes funciones de la inspección educativa y establecer un modelo de inspección más profesional, más técnico, en definitiva más preparado para las funciones que desarrolla.


Nuestras enmiendas pretenden recuperar principios y funciones en el título de la inspección que consideramos importantes, pues a nuestro juicio el texto de la LOE es inadecuado para los objetivos que necesita el sistema educativo, pero no solo por lo que se dice, sino también por lo que no se dice o por lo que parece quedar al albur de las circunstancias o la particular voluntad de las administraciones educativas. Nuestro grupo piensa, señora presidenta, que en la LOE la organización y el funcionamiento de la inspección que se diseña no es el más adecuado para que pueda ser motor de un sistema educativo de calidad. De ahí las enmiendas que en nombre de nuestro grupo acabo de defender.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: En relación con el título VI, evaluación del sistema educativo, parte de esta mañana y durante la tarde de ayer hemos visto como en el informe PISA aparecía precisamente como un índice de calidad importantísimo de cara al éxito escolar la autonomía de los centros. En la comparecencia que tuvo lugar en el Congreso mediante videoconferencia, Andreas Schleicher nos contaba precisamente que en el último informe PISA figuraban unas altas calificaciones en aquellos países en los que precisamente los centros tenían un alto grado de autonomía y por lo tanto de responsabilidad. Quisiera añadir para que conste en el "Diario de Sesiones" que eso no es algo muy nuevo en España y que las tres leyes educativas que se han desarrollado en estos años, la Logse, la Lopeg y la LOCE, dan un alto nivel de autonomía a los centros.
Bien es verdad que se puede profundizar y que la LOE, la ley que estamos debatiendo estos días, incluso incrementa mucho más el grado de responsabilidad y de autonomía de los centros, pues nos parece que es un índice de calidad muy importante de cara a lo que tienen que hacer el profesorado y los centros para que haya un resultado académico, pedagógico y formativo de alto nivel para los alumnos. Pero si se les da a los centros un alto nivel de autonomía y responsabilidad, eso significa que tiene que haber una serie llamaríamos, de contraprestaciones a esa autonomía y es que los centros tienen que rendir cuentas a la comunidad educativa. Eso significa que los centros tienen que autoevaluarse, según dirían los artículos 21 y 29, correspondientes a las etapas de primaria y de secundaria obligatoria, y que tiene que haber evaluaciones externas que tienen que hacer las administraciones educativas porque son de su competencia. La importancia de la autoevaluación que harían los centros está en que serán conscientes de cómo va todo su proyecto educativo y toda la organización del centro y de qué elementos de los mismos proyectos y de las mismas programaciones

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pueden ir mejorando y adaptándose según los resultados. En cuanto a la evaluación externa, sus competencias las tienen las administraciones educativas y el Gobierno central, el Estado. Eso significa que dado que hoy los ciudadanos piden cada vez más información y más transparencia sobre los servicios públicos, no solo por los últimos debates sino también por los informes internacionales que encontramos, uno de los elementos que quieren conocer es cómo va la marcha de la educación en su país, cuáles son las causas de que se siga manteniendo cierto nivel de fracaso escolar y de qué manera puede mejorar esto. Eso lo trae precisamente la LOE como un elemento nuevo. No solamente los centros tienen que autoevaluarse para ir adaptando su propia marcha escolar, pedagógica y organizativa, no solamente tienen que estar ayudados por las administraciones educativas competentes en esta tarea, sino que la propia ciudadanía, la propia sociedad está demandando esa información. Decía que ese es el elemento nuevo porque el instituto nacional de evaluación y calificación del sistema educativo, que ahora pasaría a llamarse de una forma mucho más sencilla -siento que el señor Calomarde no esté de acuerdo con ello-, un simple instituto de evaluación, naturalmente de nuestro país -va de suyo-, de acuerdo con la conferencia sectorial, con las administraciones educativas de las comunidades autónomas y con todos los informes del Consejo Escolar del Estado, daría lugar a que hubiese un informe anual al Congreso. Todo lo que estamos derivando desde los presupuestos de cara a la educación, no solamente del Estado sino de todas las comunidades autónomas, tiene un incremento altísimo y notable, tal y como se ve en la memoria educativa, y esto significaría que los centros rindan cuentas a su comunidad, pero también el Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento y explica cómo va todo ello.


Nosotros hemos introducido una enmienda que ya está aprobada en el informe de ponencia, pero que no quiero dejar de leer, puesto que es muy breve, pues en alguna de las enmiendas he visto que hay una cierta reticencia.
Aparte de que el artículo 140, que es el primero de este título, ya dice que la finalidad es precisamente contribuir a mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo, dicha enmienda dice que la finalidad establecida en la evaluación no podrá amparar que los resultados de estas evaluaciones del sistema educativo, tanto si son de los centros como de las administraciones educativas, independientemente del ámbito territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para valoraciones individuales de los alumnos o para establecer clasificaciones entre los centros. Por tanto, las evaluaciones -y vuelvo al principio-, como dice el informe PISA, si están bien hechas, y en este título se ponen los elementos y los criterios para que estén magníficamente hechas, pueden ser un elemento absolutamente útil que va a dar una gran transparencia al sistema educativo español, que nos va a permitir ir mejorándolo y adaptándolo según vayan siendo los resultados y que va a tener como finalidad su mejora. Con esto acabaría el análisis de este título, sobre el que a priori ha habido mucho acuerdo -leyendo las enmiendas se ve que son cuestiones nominales, no hay nada importante con relación a ellas-. De todas maneras, nosotros vamos a presentar una transaccional a la enmienda 921 del Partido Popular -tome nota, señor Calomarde-, en relación con el artículo 140, y a la enmienda 677 de Coalición Canaria-Nueva Canarias, al artículo 142. Esperamos que este título sea un instrumento útil, que es lo que necesitamos para tener continuos elementos de juicio y criterios y para saber cómo tenemos que ir mejorando nuestro sistema educativo, según la marcha que vayamos viendo y los resultados de estas evaluaciones que, insisto, no solamente se irán presentando a la comunidad educativa sino que se presentarán en el Congreso. Por tanto, señor Calomarde, señor ponente del Grupo Popular, todos los años debatiremos sobre el sistema educativo. Fíjese qué cosa tan estupenda para ustedes. Esperemos que todo sea mucho más pacífico y que no haya manifestaciones al respecto. Sería curioso que las hubiese por unas evaluaciones, pero iremos tomando las medidas pertinentes.


Paso al siguiente título. Uno de los instrumentos eficaces del sistema educativo español es el papel que cumple la inspección. El título VII, inspección del sistema educativo, no ha tenido importantes enmiendas.
Viene a decir que corresponde, como no puede ser de otra manera, a las administraciones públicas competentes en la materia ordenar, regular y ejercer la inspección educativa dentro del respectivo ámbito territorial.
En este sentido, siento no estar de acuerdo cuando se hablaba de que tendría que haber diagnósticos de áreas y de competencias. Nosotros precisamente vemos que no solamente en la evaluación sino también en las inspecciones educativas tienen que inspeccionarse y evaluarse todos los elementos y aspectos del sistema educativo, de manera que podamos asegurar -y es un elemento nuevo que no estaba en la LOE- el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. Nos parece que en este título las enmiendas no son realmente importantes, casi ha habido a priori un acuerdo. La inspección cumple con toda la normativa, como lo ha hecho en estos años, y puesto que con ella aseguramos que se produce el cumplimiento de las leyes, que se produce la garantía de los derechos, la observancia de los deberes de todos aquellos que participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que es un instrumento útil del sistema educativo tanto en su calidad como en su equidad y que ha ido mejorando a lo largo de estos años, nos parece que están perfectamente recogidos tanto en el capítulo de la alta inspección como en el capítulo II, de la inspección educativa, sus competencias, sus ámbitos y la ayuda que puede prestar al sistema. Solamente hay una cosa con la cual no estamos de acuerdo y por eso no se ha aceptado y es que el Grupo Parlamentario Popular quiere que en este momento la inspección, por lo menos así aparece

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en la justificación de las enmiendas, esté absolutamente dividida en cuanto a todas las posibles titulaciones que hay. La inspección tiene que apoyar la innovación educativa, pero no es el elemento fundamental de la innovación educativa. Quiero recordar a los diputados del Partido Popular que si la innovación educativa en estos años, desde el año 1986 al año 1996, funcionó y empezó a tener un alto porcentaje de incremento en nuestro país con buenas publicaciones de los materiales que estábamos haciendo, no era gracias a la inspección educativa que ustedes piden y que por cierto no estaba en la LOCE, ni era porque cada uno tuviese tantas titulaciones como en este momento está habiendo en el sistema educativo -eso sería de una complejidad de estructura y de organización inmensa-, sino porque había algo que con ustedes desapareció, que son los centros de profesores, donde precisamente la gente más experta en innovación formaba al profesorado, y eso es lo que cumplía el ámbito de la formación permanente. Eso también se contempla de nuevo en la ley.
Esperemos que de nuevo el profesorado tenga los instrumentos y los útiles necesarios para que siga produciéndose su formación, no solamente la inicial -y voy terminando, señora presidenta- sino la permanente, que durante diez años fue tan importante y que con ustedes desapareció por completo. Esa es la verdad. Que ahora le den esas competencias a la inspección cuando precisamente la inspección lo que tiene que hacer es ordenar, regular y ejercer la inspección educativa en el resto de los ámbitos sería un cambio cualitativo que en este momento no consideramos que tenga que hacerse. (El señor Calomarde Gramage pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Calomarde.


El señor CALOMARDE GRAMAGE: La señora Serna sabe exactamente cuál es el sentido de la propuesta que nosotros hacemos, que no está en contradicción en modo alguno con la que usted plantea, y me explico. Un instituto de evaluación autónoma hará lo que corresponda y estime oportuno y conveniente en su comunidad autónoma. Nosotros estamos defendiendo -como usted no ignora- que el Ministerio de Educación y Ciencia pueda a su vez, a través de un Instituto Nacional de Evaluación, realizar una evaluación general del sistema. Eso es perfectamente compatible y usted lo sabe igual que yo. Un problema distinto es que usted mantenga su postura y yo mantenga la mía.


Aparte de decir esto, señora Serna, discúlpeme porque me ha cogido usted con una llamada de teléfono, y fíjese si le atiendo que he vuelto corriendo para sentarme. Dígame usted, porque me ha sorprendido, la transacción a la que se refería, porque no sé si he tomado buena nota de ella. Pido disculpas a la Presidencia por esto. Cuál era la enmienda, por favor señora Serna, si es tan amable.


La señora SERNA MASIÁ: Estimado, señor Calomarde, era la enmienda número 921 al artículo 140.


Solamente voy a decirle que todo lo que usted está pidiendo se lo ofrece el Gobierno con creces en el artículo 144. Debe estar usted absolutamente satisfecho.


La señora PRESIDENTA: Señora Sainz.


La señora SAINZ GARCÍA: En primer lugar, me gustaría decirle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que si considera que hay un acuerdo prácticamente total entre la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el título VII de la inspección -con la única matización de la que luego hablaré sobre el tema de las especialidades en organización de la inspección técnica-, acepte las enmiendas números 930, 931 y 933 a los artículos que hacen referencia precisa y fundamentalmente a la alta inspección. Como le señalaba en las últimas palabras de mi primera intervención, ustedes prácticamente hacen desaparecer muchas e importantes funciones que tiene asignada la alta inspección. Eso es lo grave en este caso. Nuestras enmiendas pretenden incorporar y establecer de nuevo en la ley las funciones que le corresponden, que son propias de la alta inspección, que son las garantes precisamente de la unidad del sistema educativo y que, por otra parte, están muy claramente determinadas en nuestra Constitución y sancionadas por las distintas sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, solo pretenden el estricto cumplimiento de la legislación vigente y de los preceptos constitucionales, osa que ustedes con la ley no garantizan. Por lo tanto, les animo a que si eso es así acepten nuestras enmiendas.


Por otro lado, tengo que decirle que tiene un poco de confusión. Primero, porque las enmiendas que introduce nuestro grupo a la LOE en relación a la inspección técnica son iguales al texto que figuraba en la LOCE, en la Ley Orgánica de Calidad de Educación. Por tanto, ni se le dan nuevas competencias a la inspección técnica ni es un texto diferente, sino que es el mismo. Lo que pretendemos es que la inspección retome y continúe con el camino que se le había marcado en la LOCE hacia la modernización y la homologación con los países europeos. Esas son las competencias que tenía la inspección desde siempre y le habla una persona que es inspectora, que ha tenido que hacer unos exámenes de legislación ha tenido que aprender muy claramente cuáles eran todas las funciones que tenía la inspección. Eran las que tenía desde siempre, no nos hemos inventado nada. Lo que ustedes hacen es eliminar algunas de las funciones y competencias que tenía la inspección educativa. No son nuevas competencias, señora portavoz, sino las mismas competencias que tenía y el mismo esquema de funcionamiento que había en la LOCE.


Creo sinceramente que hay un retroceso de la operatividad y del funcionamiento de la inspección por la organización internivelar y generalista, que huye de la organización por especialidades, como si eso fuese algo malo. Sería justificable, si quiere, si usted me dijera que

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era caro y que iba a requerir más efectivos, pero ¿es que acaso considera usted un avance que el inspector que vaya a controlar y a supervisar, un instituto sea de otro nivel, no tenga ninguna especialidad, porque no sea docente de ese nivel, no conozca tampoco el funcionamiento de los centros? considera que lo va a hacer mejor que aquel que es docente de ese nivel, que ha ejercido la enseñanza durante una serie de años y que conoce perfectamente el funcionamiento del centro, cómo se articulan los seminarios, cuáles son las competencias, entre otras cosas porque ha tenido o debiera tener acreditado unas pruebas de acceso? ¿Cree, por tanto, que puede cumplir mejor las tareas encomendadas como generalista en un instituto un inspector que sea docente de otro nivel? ¿Es que acaso eso puede llevarle a decir a usted que porque son las mismas funciones lo va a hacer mejor?

Señorías, esto no se sostiene, para esto no hay ninguna razón. Decimos esto porque conocemos perfectamente que además de esas tareas generalistas, por así decirlo, el inspector tiene que realizar una serie de funciones propias que necesitan de un dominio en el conocimientos de las materias y por tanto también de las competencias que necesita realizar. Nosotros hablamos además de una flexibilidad, pero es preciso y necesario que en la organización de la inspección siempre haya algún inspector que sea especialista en matemáticas, otro que lo sea en lengua, otro que lo sea en humanidades. Esas son las especialidades básicas que lejos de configurar un nuevo sistema de inspección, hablan de términos de eficacia, de rentabilidad y, por tanto, de asegurar la calidad del sistema educativo.


La señora PRESIDENTA: Señora Serna.


La señora SERNA MASIÁ: Señora Sainz, yo no se lo he querido decir en su primera intervención, pero se lo voy a decir en la segunda. El resumen de todo lo que usted me está contando es desconfianza en las competencias de las comunidades autónomas. Estaba en su ley de la LOCE el tufo de desconfianza y ahora está en su intervención. Nosotros tenemos hasta un artículo más. Ustedes tenían tres artículos para la inspección y nosotros le dedicamos cuatro. Le dedicamos más competencias y, además, tenemos confianza en el Estado autonómico. El artículo 154 dice: Las administraciones educativas regularán la estructura y el funcionamiento de los órganos que establezcan para el desempeño de la inspección educativa en sus respectivos ámbitos territoriales. ¿A ustedes eso no les gusta? A nosotros nos encanta porque nosotros sí que creemos en el Estado autonómico. Y sigue el apartado 2 diciendo: La estructura a la que se refiere -lo que le acabo de leer- podrá organizarse sobre la base de los perfiles profesionales de los inspectores entendidos en función de los criterios, titulaciones universitarias, cursos de formación, experiencia profesional, etcétera. Además, y en relación también a lo que usted me decía de la alta inspección, el apartado 3 del artículo 150, que es nuevo, dice: El Gobierno regulará la organización y régimen del personal de la alta inspección. Ustedes quieren convertir una ley en un reglamento. Nosotros decimos que se va a regular y que además las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, también van a regularlo. No sé por qué tienen tanta desconfianza. Esta es una ley básica y no es un reglamento. En el reglamento el Gobierno tendrá su competencia en relación a la alta inspección. Por cierto, señora Sainz, el artículo 149 dice: Corresponde al Estado la alta inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza, en las comunidades autónomas y la observancia de los principios y normas constitucionales aplicables y demás normas básicas que se desarrollan en el artículo 27 de la Constitución. Ya está todo dicho, pero ustedes quieren convertir cada cosa, por la desconfianza tan grande que tienen, en un reglamento. Esta es una ley orgánica, es una ley de bases y no corresponde que aquí hagamos el reglamento de los inspectores ni de lo que constituye la alta inspección, ni de aquello que corresponde a las competencias de las comunidades autónomas. El título VII está perfectamente regulado y, desde luego, no introduce ni un solo matiz de desconfianza hacia las administraciones educativas competentes en el ámbito de sus comunidades autónomas. Antes le he dicho que no hay tanto desacuerdo. ¿Sabe lo único que le hemos hecho a la LOCE? Quitarle el tufo de desconfianza que ustedes tenían hacia las comunidades autónomas.


La señora PRESIDENTA: Levantamos la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro, si el Pleno nos lo permite.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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