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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 652, de 28/09/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 652
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 37
celebrada el jueves, 28 de septiembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor subsecretario del Interior (Zambrana Pineda) para informar sobre:

-El contenido y alcance de los cambios introducidos por el Real Decreto 991/2006, en la estructura del Ministerio del Interior, específicamente en el ámbito de sus competencias. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001214.) ... (Página 2)

-El plan de choque para reducir la siniestralidad en las carreteras gallegas. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000741.) ... (Página 14)

-El resultado de las actuaciones policiales con el fin de detener a los responsables de los incendios intencionados acontecidos en Galicia durante el mes de agosto. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000756.) ... (Página 14)

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-La posición del Gobierno en relación con la central nuclear de Santa María de Garoña. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
(Número de expediente 213/000292.) ... (Página 30)

Preguntas:

-Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre valoración por el Ministerio del Interior de la Operación Paso del Estrecho 2005. (Número de expediente 181/001697.) ... (Página 35)

-De la señora Fuentes Pacheco (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre valoración de la convocatoria para directores de escuelas de conductores. (Número de expediente 181/001728.) ... (Página 35)

-Del señor González Serna (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre situación de los proyectos de construcción de nuevas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Alicante. (Número de expediente 181/002123.) ... (Página 35)

-Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:

-Consideración del espacio existente delante de la primera valla del perímetro fronterizo, como territorio español. (Número de expediente 181/001846.) ... (Página 38)

-Informes técnicos en los que se ha basado el Gobierno para cambiar la ubicación de la denominada "sirga tridimensional" en el perímetro fronterizo de Melilla. (Número de expediente 181/001847.) ... (Página 38)

-Previsión del Ministerio del Interior acerca de la construcción de centros penitenciarios psiquiátricos en la actual legislatura. (Número de expediente 181/002030.) ... (Página 38)

-Previsiones del Ministerio del Interior respecto a la construcción de módulos específicos para enfermos psiquiátricos en los actuales centros penitenciarios. (Número de expediente 181/002031.) ... (Página 38)

-Número de discapacitados psíquicos internados actualmente en el centro penitenciario de Melilla. (Número de expediente 181/002032.) ...
(Página 38)

-Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre inversiones previstas por el Ministerio del Interior en el municipio de Roquetas de Mar (Almería) para mejorar y dignificar las instalaciones al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Número de expediente 181/002027.) ... (Página 40)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (ZAMBRANA PINEDA) PARA INFORMAR SOBRE:

-EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR EL REAL DECRETO 991/2006, EN LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, ESPECÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001214.)

La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión de Interior. Como saben SS.SS., tenemos varias comparecencias del subsecretario del Interior, a quien damos de nuevo la bienvenida a esta Comisión. Después de las comparecencias, que figuran en el orden del día, pasaremos a las preguntas que han quedado vivas después de que algunas hayan sido retiradas por los propios diputados preguntantes.


Sin más, damos comienzo a las comparecencias con la que figura en el primer punto del orden del día, que es para informar sobre el contenido y alcance de los cambios introducidos por el Real Decreto 991/2006 en la estructura del Ministerio del Interior, específicamente en el ámbito

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de sus competencias. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Muchas gracias, presidenta. El pasado 8 de septiembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto 991/2006, al objeto de introducir importantes reformas en la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior que permitan mejorar su gestión, coordinar sus estructuras operativas y en definitiva alcanzar una mayor eficacia en la respuesta a las demandas sociales derivadas de la responsabilidad encomendada al departamento. Estas reformas alcanzan tanto al ámbito de la estructura orgánica propiamente dicha como al de la reestructuración funcional de sus órganos superiores y directivos, todo lo cual redundará en una mejora del cumplimiento de los cometidos del ministerio y en el desarrollo del programa político del Gobierno. En el ámbito de la subsecretaría, cabe señalar de manera preliminar que desde una perspectiva meramente orgánica aumenta de cinco a seis el número de órganos con rango de dirección general encuadrados en ella y se mantiene en siete el número de órganos directivos con rango de subdirección general que dependen directamente del subsecretario. Desde un punto de vista funcional, la primera modificación a destacar es la relativa a las competencias en materia de Administración penitenciaria, que pasan al ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad. En la nueva organización hay que poner de manifiesto que se refuerzan las responsabilidades de la subsecretaría como órgano encargado de los servicios comunes del ministerio, fomentando la homogeneidad departamental en materia de política de personal, retributiva y de medios materiales, incluyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y se unifican sus cometidos en materia de asistencia de víctimas del terrorismo con los ejercidos hasta el momento por otros órganos públicos.


Entrando ya en el análisis detallado de esta reforma, puede comenzarse hablando de la creación de una nueva dirección general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, con la consiguiente supresión de la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo que se radicaba en la Secretaría General Técnica. Esta dirección asume el ejercicio de las competencias del departamento en materia de atención y apoyo a las víctimas del terrorismo así como las relacionadas con la protección integral y la necesaria colaboración con las distintas administraciones públicas y con las asociaciones, fundaciones y demás instituciones públicas y privadas, que tengan como objetivo la atención de este colectivo. La modificación trae causa de la supresión del alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, ya que una vez cumplidos sus objetivos esenciales se ha optado por centralizar de manera integral en el Ministerio del Interior la atención a las personas que sufren la lacra del terrorismo. De ella dependerán dos subdirecciones generales: una de Apoyo a Victimas del Terrorismo y otra de Ayuda a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana. Además de las indudables ventajas que reportará a las víctimas del terrorismo esta integración funcional y orgánica de las competencias administrativas en materia de atención y apoyo, la reforma se produce sin reportar mayores costes públicos, dada la supresión antes expuesta del alto comisionado para el Apoyo a las Víctimas del Terrorismo con rango de secretario de Estado y de los órganos de él dependientes, la dirección general.


En otro orden de cosas también resulta relevante la atribución de nuevas funciones a la subsecretaría, con el ánimo de obtener, como antes dije, una mayor homogeneidad en las políticas de personal y retributivas referidas a todo el personal del departamento, con independencia de cuál sea su normativa específica reguladora. Para ello se atribuye al titular de la subsecretaría la competencia para elaborar y proponer disposiciones generales en materia de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás personal del ministerio, así como, con carácter general, la coordinación de la política personal y retributiva aplicable a los colectivos mencionados. En esta misma línea la subsecretaría también asume la planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad, con la consiguiente aprobación de los correspondientes planes y programas de este ámbito, razón por la cual la Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad, hasta ahora encuadrada en la Secretaría de Estado, pasa a integrarse en la subsecretaría. Desde un punto de vista organizativo, esta asunción competencial no implica cambios de estructura, pues la mencionada dirección general mantiene las dos subdirecciones que hasta ahora la integraban. Con las nuevas funciones expuestas se obtendrá una línea de actuación más uniforme en esta materia al ser asumidas por el órgano competente en materia de servicios comunes de todo el departamento, encargándose del personal de las infraestructuras y del material de los restantes órganos del ministerio.
No menos relevante es la integración del titular de la subsecretaría en el Comité ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CEMU, del que pasa a formar parte, al objeto de integrar en la composición de este órgano todos los responsables de los diferentes ámbitos sectoriales del departamento.


Por último, en relación con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se ha introducido una modificación puntual pero importante en el listado enunciativo de sus funciones, para adecuarlas a las nuevas estructuras que operan en el ámbito de la protección civil, como es el caso de la Unidad militar de emergencia, frente a la cual se prevé que esta dirección general solicite su intervención conforme a los protocolos de intervención que se establezcan para la mismas. Finalmente no se ha considerado necesario introducir cambios orgánicos o funcionales en las direcciones generales de Tráfico y de Política Interior ni en los restantes

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órganos con rango de subdirección general encuadrados en la subsecretaría, que mantienen la estructura y competencia diseñada en el año 2004.


En resumen, las modificaciones introducidas por el Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, en la estructura orgánica y funcional de la Subsecretaría del Interior persiguen mejorar la gestión global de sus cometidos sin que ello repercuta negativamente en el presupuesto de gastos del departamento, potenciando los recursos para obtener una mayor homogeneidad en la gestión de los servicios comunes y otorgar una protección integral y simplificada a un colectivo especialmente sensible como es el de las víctimas del terrorismo. Esto es, señorías, lo que afecta al ámbito de la subsecretaría. Evidentemente el decreto, como bien conocen SS.SS., tiene un alcance más amplio en otras áreas del departamento, ya que se trata de un decreto importante que afecta a un ministerio básico y con el cual el Gobierno pretende mejorar la operatividad y la capacidad de solución de problemas del Ministerio del Interior.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor subsecretario. Vamos a iniciar la intervención de los grupos, como hacemos habitualmente, dando primero la palabra a los grupos autores de la iniciativa. Si les parece, los turnos de réplica, si los hubiere, les sugiero que podamos hacerlos todos al final del debate de todas las comparecencias. Por tanto, le corresponde ahora la palabra a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, señora Rivero, por un tiempo máximo de diez minutos.


La señora RIVERO ALCOVER: Muchas gracias, señor subsecretario del Interior, por su comparecencia solicitada por este Grupo Parlamentario Socialista y por su comparecencia una vez más ante esta Cámara, que viene a constatar por tanto la importancia que la misma tiene para el Ministerio del Interior, del que usted forma parte, y que en todo caso queda demostrada por el gran número de comparecencias que se han producido en esta Comisión a lo largo de la legislatura y en los últimos meses y las sucesivas que ya han sido señaladas y que se producirán. Todo ello pese a que probablemente podamos oír comentarios maledicentes, que previsiblemente le adelanto que oiremos esta tarde en su contra, y que en todo caso no entorpecerán ni conseguirán menospreciar en modo alguno el contenido de su intervención, en la que nos ha dado una explicación de las materias del ámbito de sus competencias.


Efectivamente, tal y como usted ha señalado en su intervención, este recientísimo Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, cuyo contenido tendremos tiempo de estudiar, oír y valorar, con los afectados por el mismo, incluido, como no puede ser de otra manera, el propio ministro del Interior, dotó de una nueva estructura orgánica al ministerio, con el fin de adecuarlo al desarrollo del programa político del Gobierno y garantizar la eficacia del mismo en la esencial responsabilidad de velar por la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Tal y como afirmó el ministro del Interior en su comparecencia ante ambas Cámaras para explicar las líneas generales de su departamento, la intensidad y la complejidad de los retos en materia de seguridad que concurren en nuestra sociedad hacían necesario que la política de seguridad pública española esté asentada sobre un sistema de seguridad interior, provisto de las capacidades de respuestas adecuadas que le permitan ser eficaz en el logro de resultados y eficiente en el empleo de los recursos disponibles.
Por tanto, el objetivo fundamental de esta norma es recoger reformas organizativas que permitan mejorar su gestión, especialmente en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, integrar administrativamente la atención de las víctimas del terrorismo, que cae de lleno en su departamento, y responder adecuadamente a la cada vez mayor relevancia de la actividad internacional del departamento, sin olvidar afrontar la necesidad de adecuar las nuevas formas de delincuencia.


Este eje central que ha presidido la actuación del ministerio en los últimos dos años ha provocado la adopción de medidas destinadas a asegurar la coordinación operativa del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, para acrecentar y fortalecer la acción contra la delincuencia y el terrorismo y, en consecuencia, fortalecer la seguridad de los ciudadanos. Ha dicho usted que en la nueva organización se refuerzan las responsabilidades de la subsecretaría, como órgano encargado de los servicios comunes. En el decreto se recoge que será para fomentar, y usted lo ha señalado, la homogeneidad departamental en política de personal, retributiva y medios materiales, incluyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos gustaría que nos ampliara esta cuestión y reforzamiento en materia de personal. Asimismo le pediría su valoración sobre la relevancia señalada en la integración del titular de la subsecretaría en el Comité ejecutivo para el Mando Unificado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CEMU, máxime teniendo en cuenta que su creación, como prácticamente todo, también se ha puesto en tela de juicio por el partido mayoritario de la oposición, alegando, entre otras cosas o entre otras lindezas, la ineficacia del mismo, cosa que con el tiempo y los resultados desde su constitución de julio de 2004 se ha encargado de desbaratar, reflejándose en todas y cada una de sus áreas y en todos y cada uno de sus proyectos. Como ejemplo, el sistema unificado de consulta de antecedentes policiales, las propias listas de embarque, los proyectos sobre ADN, el Documento Nacional de Identidad, etcétera. Por tanto, le agradeceríamos desde el Grupo Parlamentario Socialista que hiciera una valoración de esta relevancia, destacada ya por usted esta tarde.


Por otro lado, los objetivos de la reforma, insisto en el ámbito de sus competencias, se centralizan en la atención integral a de las víctimas del terrorismo, materia importantísima desde nuestra perspectiva, en las relaciones con las restantes administraciones públicas y con

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las asociaciones que tienen como objetivo la protección de las mismas, integrando, según usted ha dicho, una nueva dirección general. En esta dirección general se integran los cometidos que hasta ahora desarrollaba el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas, con la consiguiente supresión, tal y como recoge en la parte expositiva del decreto, de la subdirección general de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. Esta dirección asume el ejercicio de las competencias del departamento en materia de atención y apoyo de las citadas víctimas. Alabamos desde el Grupo Socialista esta reforma, porque, efectivamente, la creación de una estructura administrativa adecuada a las funciones que le son encomendadas redundará sin duda en beneficio de la víctimas, como así ocurrió con la creación del alto comisionado nuevamente, pese a la feroz crítica que el mismo recibió y que se ha realizado desde las filas del partido mayoritario de la oposición, como no podría ser de otro modo. Nosotros, señor subsecretario, le agradeceríamos que nos indicase que el desarrollo que tendrá, especialmente con las asociaciones de este colectivo.


Por último -y digo por último porque es así-, en su intervención se ha referido a la modificación introducida en la Dirección General de Protección y Emergencias, según sus palabras, para adecuar sus funciones a las nuevas estructuras que operan en el ámbito de protección civil. Se hablaba de la unidad de emergencias y ahí distinguían, por una parte, la solicitud de la intervención de dicha unidad y, por otra parte, los protocolos que se van a cumplir. Es evidente que toda modificación que se adapte a los graves acontecimientos que hemos sufrido a lo largo de estos años y por tanto a la operatividad de los recursos en esta materia en protección civil y de emergencias deben ser bien acogida. El Grupo Socialista también alaba dicha modificación. Por ello, le pediría asimismo que nos amplíe, si es posible, las competencias de intervención relativas a esta materia que usted ha señalado.


He dicho por último, y es cierto, señor subsecretario, pero le quiero manifestar el agradecimiento de nuestro grupo por su comparecencia, por los datos, por las medidas y por las reformas argumentadas en la misma, y que se encuadran, como no puede ser de otro modo, en una acción de Gobierno de izquierdas, y en especial en áreas tan sensibles como Interior, que se destaca por una mayor transparencia, por un mayor diálogo y por una gestión más centrada en el ciudadano y no en la consecución de políticas basadas más en el maquillaje que en la verdadera preocupación de los problemas de los ciudadanos, como hasta ahora nos ha tenido acostumbrados la derecha que gobernó este país. Es cierto que en muchos casos las políticas a aplicar son las mismas y que no hay diferencias en los objetivos finales: disminución, erradicación de la delincuencia y de las actividades delictivas; pero donde realmente se marca la diferencia entre unos y otros cuando se ejercita la acción de gobernar, como es el caso, es en la gestión, en la obtención y consecución de resultados, no ya para el Gobierno, que también, que para eso gobierna y ejerce la acción del mismo, sino para la ciudadanía, que es realmente la beneficiaria última y directa, y no solo el sujeto pasivo de un diferente discurso político. Gracias, pues, señor subsecretario, y le deseamos mucha suerte en los nuevos retos de su departamento, que sin duda podrán comprobar a lo largo de los meses los propios ciudadanos, que es a los que van destinados.


La señora PRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que no hayan solicitado la comparecencia y que quieran intervenir? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señor subsecretario, estaba convencido, desde luego antes de que compareciese usted, de que quien debería estar aquí hoy, por supuesto -debería haber estado antes-, era el ministro.
Pero después de escuchar su comparecencia y sacar la conclusión de que cambian ustedes para mejorar, lo tengo todavía más claro. Y es raro, porque estamos ante un ministro al que le encantan las fotos; es un hombre al que le gusta el Parlamento, que presume de que este es su hábitat, y es así, no voy a ser yo quien le niegue esa capacidad parlamentaria. Pero debido a la importancia de la reestructuración y a la situación actual, a lo que está cayendo en España, el hecho de que no haya comparecido, con la experiencia que tiene y el respeto que supuestamente debía tener el ministro a este Parlamento, nos parece que no puede ser. Nosotros lo hemos intentado, yo creo que usted debe saberlo y se lo debe transmitir al ministro. Lo intentamos en la Comisión de junio; a propuesta del propio Partido Socialista supuestamente iba a haber dos comisiones a principios de septiembre, no las hubo y hubiesen sido muy apropiadas para explicar -obviamente después del día 8, ya que antes tampoco se dio ninguna explicación- estos cambios en el ministerio.
Pero en dos reuniones sucesivas, una esta mañana y otra en días anteriores, hemos vuelto a intentar que quien compareciese, como procede, para explicar unos cambios tan profundos, fuese el propio ministro. Hemos forzado dos votaciones en Mesa y portavoces, que hemos perdido, cortando quizá una costumbre parlamentaria. Pero es que es muy curioso. Le voy a poner un ejemplo muy gráfico de un lenguaje universal, como es el del fútbol. Imagínese que la selección española tiene que jugar un partido de fútbol importantísimo y le pido que se sitúe en este tiempo más o menos, porque en el futuro no sabemos qué selección jugará; imagínese que es ahora. Antes de ese partido, primero sale el portero y explica lo que va a hacer el portero. Los periodistas dirán: ¿Y el seleccionador? Luego sale un defensa y se pone a decir qué van a hacer en defensa, no habla ni del portero, ni del delantero, ni de los centrocampistas. Tres días después sale alguien que está jugando en el centro del campo y cuenta que ellos lo que quieren es robar balones; y luego sale un

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delantero. La pregunta sería demasiado lógica y demasiado sencilla: ¿Pero qué va a hacer el equipo? ¿Dónde van? ¿Qué pretenden? ¿Cuál es su estrategia? No hemos tenido la suerte de que se entienda algo tan sencillo de entender, y espero que este ejemplo gráfico lo ilustre, no hemos conseguido que el ministro, alguien a quien le encanta el Parlamento, venga en todos estos días. Y lo que es peor, después de usted vendrá el secretario de Estado, después del secretario de Estado el director general de la Guardia Civil y el de la Policía y no sabemos cuándo vendrá, si es que viene, desde luego no ya para explicar esto, porque probablemente a esas alturas haya motivos más importantes y más que suficientes en Interior, a pesar de su sonrisa, tendrá que venir a dar cuenta de cuestiones de actualidad. Al principio venía el ministro y nos hablaba de la importancia del Parlamento, de la labor de control, de la oposición, de lo que había que hacer, pero esto es como lo que le pasó con el 11-M. En los días 12 y 13, con respecto al 11 de marzo, para el señor ministro hoy del Interior, entonces portavoz socialista, la transparencia y la verdad eran fundamental, el resto de los días de su vida se ha dedicado más bien, en estos momentos, a encubrirla y a tratar de ocultarla. Por tanto, es especialmente grave y nosotros tenemos la obligación, como oposición, de decir a todos los españoles que el ministro prefiere dar la espalda a la realidad, porque esa es la conclusión final. Con todo lo que ha pasado en Mesa y portavoces, con lo que está pasando estos días, con la situación actual, con los cambios que usted mismo nos ha señalado dentro del ministerio, al final la conclusión tiene que ser que este ministro es un ministro que ya, como hizo en su época de portavoz de los GAL, ha dado la espalda a la realidad, se ha puesto unas orejeras, prefiere mirar para delante, no le interesa la realidad y su acción en el Gobierno en estos momentos consiste en dejar pasar el tiempo. (Rumores.-Protestas.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)

En otros ministerios podía hacerse cualquier cosa. En Interior eso es fatídico para los españoles, no para los que estamos aquí, para los españoles. Ayer se hacía una foto de familia extraordinaria, con una cúpula absolutamente politizada, con una cúpula cambiada permanentemente... (Un señor diputado: Anteayer.) Anteayer, tiene usted razón, gracias por la corrección. Ayer veíamos en los medios de comunicación una foto con la que pretendía no sabemos exactamente qué sensación dar, pero la foto que ayer mismo también encontrábamos en los medios de comunicación de España con respecto a su ministerio era bien diferente. Nos encontrábamos con que en la Gran Vía, en el centro de Madrid, asesinaban a tiros a un joyero, al mismo tiempo se tiroteaban las mafias en Barcelona y al mismo tiempo nos enterábamos por los medios de comunicación de que seguía incrementándose esa supuesta falsificación de documentos importantes, desde dentro de la Policía, para aclarar el mayor atentado cometido en la historia de España. Todo eso el mismo día y, además de eso, teníamos conocimiento de que se daban órdenes estrictas dentro del ministerio de no informar cuando hubiese incidentes sobre inmigrantes ilegales que huyesen de los centros de acogida. ¿Esa es la foto real de España y de lo que afecta al Ministerio del Interior frente a la foto virtual que se hace el señor Rubalcaba? Esa es la situación con la que nos encontramos hoy, situación que además se ha agravado desde que el señor Rubalcaba es ministro, en los incendios, y esta reestructuración lo viene a confirmar, hay cosas que hacer, había cosas que hacer y hablaremos de protección civil, de emergencias y de qué está pasando: Los soplos de presuntos delincuentes -eso ha pasado desde que está el señor ministro de ministro-, el asunto de El Prat, donde el Gobierno socialista en Interior ya ha conseguido incluso crear los problemas; los motines que está habiendo en los centros de acogida o esas irregularidades permanentes de las que tenemos noticia -y ya le digo que suenan a tiempos pasados y a mismos ministros-, con las que nos estamos despertando cada día, por no decir el chuleo permanente de la banda terrorista ETA, fusil en mano, mientras que ustedes se dedican a instigar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en sus manifestaciones. Esa es la España que tienen. Por tanto, yo quiero decirle, señor subsecretario, que la eficacia y la seguridad no se generan a base de fotografías, se generan a base de trabajo y a base de seriedad, y desde luego no escondiéndose ante, ni muchísimo menos, el Congreso de los Diputados y ante el control de la oposición. Debería estar aquí. Porque además, usted mismo lo ha leído, ha dado mucha importancia a la remodelación. Nos dicen: El Real Decreto de 2 de julio de 2004 dotó de una nueva estructura orgánica al Ministerio del Interior con el fin de adecuarlo al desarrollo del programa político del Gobierno -es verdad, ya sabemos los españoles lo que significan los programas para el Partido Socialista- y garantizar la eficacia del ministerio en la esencial responsabilidad de velar por la seguridad y la libertad de los ciudadanos. La experiencia adquirida en estos años aconseja ahora proceder a una nueva organización. Es decir, lo que habían hecho ustedes hasta ahora era de broma. Han estado dos años y medio en el Ministerio del Interior pero era mentira, era un poco para ir calentando, para ir cogiendo el tranquillo al ministerio, pero en realidad mientras tanto la inseguridad y los delitos se han incrementado, pero todo era para tomar posición. Bueno, pues aun así, dan ustedes mucha importancia a estos cambios, que parece que se la dan, sí, en la calle y no en este Parlamento.


Además nos dicen en el real decreto que la realidad y el momento aconsejan cambios. Es verdad que ha habido muchos cambios en estos dos años y medio, en primer lugar, los cambios de persona: ha cambiado el propio ministro, han cambiando dos veces al director general de la Guardia Civil, al director de la Policía, al director de Protección Civil, al secretario general técnico, a la antigua subsecretaria, a la que usted sustituyó. Eso por nombrar a los altos cargos del ministerio. Es verdad que no han hecho más que cambiar a gente durante estos dos años y medio.
Lo que no sabemos muy bien y es lo que

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no ha explicado y lo que no va a ser, creo yo -ojalá me equivoque-, capaz de explicar es a qué responden esos cambios, si tienen algún motivo más que colocar a los amiguetes y pagar servicios prestados a algunos.
Probablemente haya gente, haya algún comisario de policía que llegue incluso a ministro del Interior con los favores que le está haciendo y tapando al Partido Socialista. Eso no me extrañaría. Luego nos hablan de cambios de diseño, cambios operativos, cambios de estructura, esos planes fantasmas que las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han comentado tantas veces. Cogería como ejemplo el mismo que coge el Grupo Socialista o el que ha dicho usted mismo, el CEMU. En el real decreto dicen que el CEMU lo que pretende es ser cada vez más operativo. ¿Me quiere explicar qué ha hecho hasta ahora el CEMU y me quiere explicar -aunque no sea competencia directa suya-, puesto que ha entrado en el tema, cómo va a ser más operativo si lo único que hay son políticos y el último que llega es usted? ¿Así pretenden ustedes ser operativos, si exclusivamente sigue habiendo gente política en el CEMU? Con tanto cambio no sabemos los españoles a qué se dedican en el ministerio, no lo sabemos, con tanta puesta en escena, con tanta foto, con tanto cambio de persona. Yo creo que eso no es propio de un Ministerio del Interior. ¿Se están dedicando ustedes a legislar? Porque podría ser que se estuvieran dedicando a legislar. Hicieron promesas en el programa electoral. En febrero el presidente del Gobierno dijo que en el periodo de sesiones que concluía en julio iba a legislar en materia de interior. Nos prometieron la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo, la del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la de derechos y libertades de la Guardia Civil.
Nada, no han hecho nada. Claro, se están dedicando a lo que se están dedicando. ¿Se han dedicado a cumplir sus promesas? Y le cuento las que nos hicieron. Nos dijeron que iban a cambiar la denominación del Ministerio del Interior por Ministerio de la Seguridad, que iba a haber un preso por celda, que iban a crear la agencia nacional de seguridad vial, que iba a haber regeneración democrática y transparencia, comisarías en las poblaciones de más de 3.000 habitantes. (El señor González Serna: 500.) Nada de nada, ni una sola acción de todas estas. Al final, ¿a qué se dedica entonces el ministro? El ministro se está dedicando a cambiar personas, como le decía, y tomar medidas sin eficacia demostrada por ahora. Hasta ahí estaremos de acuerdo. De aquí en adelante, actos de fe en Interior estoy dispuesto siempre a hacer. Se dedican a permitir que se incremente la inseguridad mientras ustedes mismos dan órdenes para que no se cuenten los datos, y ocultan los datos, por qué será. A dejar de ser operativos con órganos como el CEMU que hasta ahora no tienen ningún resultado conocido. A conseguir que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pierdan confianza en ustedes, a todo eso se están dedicando. A detener a personas por el solo hecho de militar en un partido político diferente al suyo. (Rumores.) A partir de ahora, desde que llegó el señor Rubalcaba al ministerio, incluido este real decreto, hay novedades especiales. Por ejemplo, la de crear problemas nuevos y echar las culpas al otro: llámese El Prat, donde crea el problema y ahí tiene que ver usted en la coordinación con los delegados y los subdelegados y echamos balones fuera; llámese los acontecimientos -por decirlo de alguna manera- de ETA del otro día, donde aparecen con fusiles dos etarras y el señor López Aguilar -fiel escudero de Rubalcaba- dice que eso es solo competencia del Gobierno vasco -yo no sé si no hay competencia del ministerio-. A ocultar supuestos delitos...


La señora PRESIDENTA: Persone, señor Ballestero. Su tiempo ya ha pasado, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señora presidenta, creo que la importancia del tema requiere que tenga usted flexibilidad, como se ha tenido siempre. Entiendo que no le gusta lo que digo, pero...


La señora PRESIDENTA: No, no, perdone. Si me lo permite, quiero hacer una aclaración a eso, porque aquí las normas se han mantenido siempre, se han respetado por todos los grupos y en esta ocasión igual. Únicamente sí he tenido una mayor flexibilidad con los tiempos cuando hemos tenido comparecencias extraordinarias, como han sido las de este verano, donde sí he sido mucho más flexible. No va a ser así en este caso. Por tanto le ruego que se atenga a sus diez minutos, que ya han pasado.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Voy concluyendo, señora presidenta.


A más cosas han cambiado ustedes, con la llegada de Rubalcaba, el estilo.
Antes estaban en el típex y ahora están en el silencio. En eso sí que tengo que reconocer que en la mano del señor Rubalcaba, que es un auténtico artista en no dejar huellas y ya dio buena muestra de 1993 a 1996, hemos mejorado. Además de eso, como le decía, a encubrir al señor Alonso, a encubrir hasta ayer al señor Alonso -creo que ha cambiado la estrategia del señor Rubalcaba- y a incordiar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Mire, es muy difícil, cuando uno se está dedicando a la persecución política, a la colocación de amiguetes, a las puestas en escena o a las fotos, ser eficaces.


De sus responsabilidades -por abreviar e ir concluyendo- creo que hay dos muy graves que nos gustaría que nos explicase. En primer lugar la Dirección General de Atención a Víctimas del Terrorismo. Había una Oficina de Atención a las Víctimas que ellas -creo que aquí son importantes- con el Partido Popular decían que funcionaba perfectamente.
Crean ustedes un alto comisionado que no sabemos para qué ha servido, pero que

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ha enfrentado a todas las víctimas y desde luego a las víctimas contra el alto comisionado, y ahora crean una nueva direcciónn general. Me hubiese encantado esta tarde felicitarle por la creación de esa dirección general porque significaría romper con el pasado, con el señor Peces-Barba, pero la realidad es bien diferente. La realidad es que el señor Rodríguez Uribes es más de lo mismo: estrecho colaborador de Peces-Barba, el hombre que se ha dedicado a perseguir a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que cuenta con la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo en sus filas. ¿Y a partir de ahora qué va hacer? Pues por desgracia seguirá haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué no quitan a este señor y ponen ustedes a alguien que de verdad sea reconocido por las víctimas? No por el Partido Popular, alguien que quieran las víctimas.
Creemos que es un tema suficientemente delicado como para que escuchasen un poquito más. Yo no veo a este señor estos días defender a los manifestantes del domingo. Yo veo más bien a un delegado y a un subdelegado en Sevilla a los que ustedes deberían cesar fulminantemente, porque como digo es vergonzoso que estén preocupados por los decibelios del ruido que van a hacer los manifestantes, por si queda o no una calle libre para que pasen los coches o por el número de manifestantes, mientras que quien tiene que defender a las víctimas no dice absolutamente nada. Mire, en este país es más fácil que detengan a una persona en una manifestación de las víctimas del terrorismo que en una manifestación de ETA, y eso es una desgracia para todos, incluida para su sonrisa, señor subsecretario. Se lo repito, se lo repito, que nos conocemos hace mucho.


En la Dirección General de Protección Civil y Emergencias me gustaría saber si van a hacer algo de verdad para que no pase lo que pasó en Guadalajara o en Galicia, si de verdad por fin usted va a hacer algo. Ha venido aquí y nos ha dicho algo que no es exacto, ha dicho: bueno, cuando haya planes en el futuro las UME actuarán si es que ... Sabe usted perfectamente que entre octubre y noviembre de 2005 se acordó con las comunidades autónomas, se pactó con las comunidades autónomas un real decreto de ordenación de esta materia donde se establecían competencias y de la noche a la mañana lo sacan del orden del día de la comisión -usted todavía no estaba, eso es bien cierto-, ¿por qué? Porque no sabían qué hacer con el Ejército, porque no sabían cómo encajar las competencias.
Por eso, a pesar de su actuación en Galicia, que no voy a juzgar en absoluto, tienen esos problemas, porque no saben de verdad cuáles son las competencias que tienen que tener ustedes, y no han sido capaces de poner en práctica ni siquiera un real decreto que estaba pactado por las comunidades autónomas. Dígame por encima de la crítica política -que está descontada porque todas las comunidades saben cómo estaba pactado ese real decreto- si de verdad van a hacer algo de una vez después de dos años y medio, después de una Galicia incendiada en buena parte, después de muchos muertos en Guadalajara, que sé que en lo personal, por su proveniencia igual que la mía, le habrán dolido y muchísimo, si después de todas estas situaciones, cuántos muertos más, cuántas hectáreas quemadas más hacen falta para que por fin sean capaces de coordinar su acción y la relación con las comunidades autónomas.


Termino repitiendo lo que decía antes. Yo le agradezco su presencia, podía haber venido usted, el secretario de Estado, el electricista del ministerio -con todos mis respetos-, pero ustedes son conscientes de que el hecho de que no esté aquí el ministro hoy, que no haya estado antes, que no haya dado explicaciones y que no vaya a venir próximamente, como tienen absolutamente orquestado, es una auténtica vergüenza con la situación y la España que le he descrito, que por otra parte, le aseguro -había quien decía que la política era exagerar-, no he exagerado absolutamente nada.


La señora PRESIDENTA: Terminado este turno de grupos, tiene de nuevo la palabra el subsecretario para responder.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Quiero en primer lugar agradecer la intervención del Grupo Socialista y voy a tratar de satisfacer brevemente las cuatro preguntas que ha planteado. Por una parte, preguntaba sobre el reforzamiento de las competencias en materia de personal de la subsecretaría. Creemos que era un déficit que estaba latente. El cuerpo de la Guardia Civil y el cuerpo de la Policía Nacional e Instituciones Penitenciarias, en un ministerio tan extenso como es el del Interior, adolecían de una falta de coordinación en cuanto a las políticas de personal y de retribuciones que se llevaban a cabo en los diferentes cuerpos. Por eso se establecen competencias desde la subsecretaría para proponer normas y homogeneizar las políticas de material en esta cuestión. Cuando se trata de abordar los temas de productividad, los temas de política de retribuciones, etcétera, entre los diferentes cuerpos es bueno que haya un órgano de planificación como puede haber en otros ministerios, como el Ministerio de Defensa, y por eso se han reforzado las competencias de la subsecretaría, que sin duda alguna van a tender a procurar una homogeneidad importante entre los diferentes ámbitos del ministerio, una homogeneidad para la cual además, como tendré oportunidad de comentar cuando comparezca por motivo de los presupuestos, el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante. Los presupuestos que ha remitido el Gobierno a la Cámara son los mejores de la última década, y -haré algunos comentarios a propósito de la intervención del señor diputado- ya podía el Partido Popular en su época haber aportado más recursos materiales, que posiblemente algunos de los problemas que ha señalado y que ni mucho menos tienen el cariz que él ha indicado estarían hoy resueltos. Felizmente va a haber de qué hablar, de qué gestionar y a qué dedicarse con esta capacidad desde la subsecretaría, porque el esfuerzo financiero es importante

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y tenemos unos presupuestos que a veces llegan a multiplicar por tres y por cuatro los que eran habituales en la época del Partido Popular.


Habla la señora diputada del CEMU y pregunta qué supone la presencia del subsecretario en el mismo. El CEMU es un órgano que viene demostrando su capacidad para coordinar la actuación del ministerio sobre todos los órganos operativos y parecía razonable que planteándose a menudo problemas de tipo legislativo, normativo u operativo, pero que dependen de medidas económicas que tienen que ver con la subsecretaría, el subsecretario formase parte de este órgano de coordinación operativa, un órgano que era necesario, y creo que todos los responsables que han pasado por el Ministerio del Interior entendían la necesidad de ir coordinando cada vez más las capacidades operativas de los diferentes cuerpos, que es el fondo del decreto, es una necesidad que se ha plasmado en este decreto. Ya digo que era conveniente la presencia del subsecretario para cuando haya temas que tengan que ver con la necesidad de inputs materiales que permitan llevar los programas a buen término.


Por lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, en la nueva dirección se integran las competencias que tenía el comisionado con las competencias que tenía la Subdirección de Atención a las Víctimas. De hecho, el personal que va a configurar la nueva dirección general es básicamente el personal que ya existía en la anterior subdirección, que ha demostrado sus capacidades y su competencia, y una de las subdirecciones generales que integran la nueva dirección general está ya ocupada por la titular que anteriormente la estaba atendiendo -eso para responder de paso también al llamado sectarismo, al que ha hecho mención el señor diputado del Partido Popular y que, como digo, no guarda relación con las medidas concretas y reales que está tomando en el ministerio-. Por tanto, esta dirección general asume, por una parte, la misión del comisionado y, por otra, desde el punto de vista material, porque desde el comisionado apenas van a venir personas de las que allí trabajaban, del grueso del personal que integra la dirección general, la práctica totalidad van a ser personas que ya estaban trabajando en la subdirección y, además, casi todas fueron contratadas por el Partido Popular, debo decirlo de paso. Pero seguramente al señor diputado no le interesa oír estas cosas y por eso no las tiene en cuenta.


Por último, hacía una pregunta en relación con la protección civil a la que quiero también referirme. La protección civil en todos los países desarrollados se está convirtiendo en un vector importantísimo de la política que tienen que desarrollar los poderes públicos. No en vano vivimos en la sociedad del riesgo, como ya señaló un teórico alemán en los años ochenta. Desde entonces, venimos observando como el desarrollo material, el desarrollo económico está multiplicando los riesgos y la necesidad de que los poderes públicos hagan frente a los mismos. Por consiguiente, la protección civil está permanentemente en la palestra.
Con el Estado de las autonomías tenemos un modelo de protección civil en España muy descentralizado y hasta ahora no se había tomado ninguna medida de carácter práctico para hacer frente a la situación y, sobre todo, ningún Gobierno, incluidos los que hablan mucho de España, había tomado ninguna medida para fortalecer las competencias y las posibilidades reales de actuación de la Administración Central del Estado, de España, en la materia. De hecho, el nivel 3 de intervención que está previsto en la Ley de Protección Civil no se ha puesto en vigor desde el año 1985 hasta ahora. A la vista de la situación, el Gobierno decidió crear la Unidad Militar de Emergencia, que va a ser un órgano muy potente, con una capacidad de intervención muy elevada y que obviamente se ha de coordinar con el órgano que tiene las capacidades jurídicas en materia de protección civil. Por eso se le da la competencia de solicitar la intervención de esta unidad, que por ser militar tendrá que depender y tendrá que intervenir bajo el mando directo de las autoridades del Ministerio de Defensa. Con esto, señora diputada, creo haber comentado los aspectos más relevantes a los que S.S. ha hecho referencia.


Por lo que se refiere a la intervención del representante del Partido Popular, francamente no me sorprende ni me extraña. Ni siquiera voy a entrar en la sarta de valoraciones, desde mi punto de vista desproporcionadas, que ha hecho. Hablar de politización de la Guardia Civil y de la Policía y llamar político adicto al Partido Socialista al general Varela... ¡Por favor, por favor, señor diputado! Es el jefe operativo. Forma parte del CEMU el general Varela y es el que manda en la Guardia Civil, el mando operativo de la Guardia Civil, es el subdirector y ha sido elevado de rango y tiene todas las competencias. ¿Esa es la politización del Partido Socialista? Ponga los pies encima de la tierra.
O al señor Fernández-Chico, de la Policía, que son los profesionales. ¡Si este decreto ha supuesto una mayor profesionalización, no una mayor politización! Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? (El señor Gómez Darmendrail: ¡Contéstele! ¡No le eche una bronca! ¡No le regañe!) Oiga, bronca, la que él ha echado antes, señoría. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Por favor, hemos mantenido el respeto en todo momento.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Su obligación es contestar.(Otro señor diputado: Su obligación es aguantar la bronca.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señor diputado, le llamo al orden!

Hemos oído todo lo que cada diputado ha dicho, así que, por favor, van a dejar que se exprese con absoluta libertad la persona que está en el uso de la palabra, que es el subsecretario. Por favor, no interrumpan, porque les volveré a llamar al orden.


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El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señor diputado, con independencia de que S.S. quiera que venga el señor ministro -el señor ministro comparecerá cuando los grupos parlamentarios y él mismo lo consideren oportuno-, le estoy dando la mayor respuesta posible, que creo que es mucha, puesto que he trabajado durante bastantes días en la elaboración del decreto, aunque, obviamente, en una comparecencia formal como esta me atenga al ámbito de mi competencia. Su señoría ha hecho referencia a determinados desastres de orden público en España. No le voy a responder, pero si quiere S.S. y tiene curiosidad, lea el dictamen del Consejo de Estado acerca del caso Arkan, que ocurrió cuando el señor Rajoy, presidente de su partido, era ministro del Interior. Lea el dictamen del Consejo de Estado para ver cómo estaba la seguridad pública en aquel entonces en España. Tengamos tendencia en estos temas a ser lo más serios posible y a coordinarnos los partidos políticos del mejor modo posible, porque seguramente cuando lea este informe, que por otra parte va a hacer que el Estado tenga que indemnizar a las víctimas que soportaron aquello, comprenderá, y no son cosas sobre las que queramos hacer consideraciones mayores; son problemas de orden público que se plantean, pero antes de comenzar a pintar ese desastre de orden público, le aconsejo que tenga en cuenta la realidad de lo que ha ocurrido en otras épocas y en concreto cuando el presidente de su partido era responsable de la seguridad pública en España.


No voy a extenderme sobre las consideraciones generales, porque, si no, la tarde sería interminable y esto se convertiría en un debate de Pleno.
Como S.S. sabe, he sido catorce años diputado en esta Cámara y estimo que los debates de otro nivel y con otro tipo de consideraciones están reservados más bien al Pleno. Sin embargo, quiero hacerle alguna referencia sobre los dos temas concretos de víctimas del terrorismo y de protección civil. Sobre las víctimas del terrorismo, no voy a entrar en juicios, a propósito de las personas, más bien habrá que atenerse a las actuaciones concretas que esas personas vayan haciendo, y después usted podrá pedir responsabilidades, como es su derecho y acaso su obligación, sobre las medidas que vayan tomando, pero sí le voy a decir que la dirección general nueva va a integrar dos subdirecciones, una volcada en el apoyo a las víctimas, que aún no tiene titular pero lo tendrá, espero, en un tiempo no muy largo, porque estamos ubicando la sede nueva en la que se va a establecer esta dirección general, y otra, la subdirección de ayuda a las víctimas, que va a gestionar las subvenciones y las ayudas materiales y que seguirá con la misma subdirectora que tenía anteriormente. Las personas que trabajan en la actual subdirección general serán en más de un 90 por ciento las mismas que trabajen en la nueva dirección general; por tanto, creo que podrán dar una buena atención a las víctimas.


No es bueno tener una visión exclusivista según la cual no hay más que una voz en las víctimas del terrorismo. Como S.S. sabe bien, es un colectivo complejo y junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo hay la federación andaluza, algunas más en el País Vasco de diferente orientación, la catalana, la valenciana y se acaba de constituir la extremeña, y estimo que tan víctimas son las unas como las otras, por no hacer referencia a otra grandísima asociación, que es la de las víctimas del 11-M, que también son víctimas del terrorismo. Por consiguiente, por favor, no interprete que solamente hay una voz de víctimas del terrorismo porque esa visión exclusivista no se compadece para nada con la realidad subyacente del colectivo de víctimas del terrorismo.


Quiero hacer también una referencia concreta a la protección civil y decirle que en dicha materia tiempo tuvo el Partido Popular durante su época del Gobierno de haber establecido instrumentos que le permitieran a la Administración Central del Estado una capacidad real de intervención, poque en este momento, como S.S. conoce, son las comunidades autónomas las que tienen la mayor parte de las competencias y solamente la emergencia o cuestiones nucleares son las que corresponden al Estado en cuanto a materia directa de intervención. Lo demás lo que exige y requiere es una alta capacidad de coordinación; con la Unidad Militar de Intervención que se está en estos momentos constituyendo y preparando y con los 4.300 efectivos que tendrá, más la cantidad de medios materiales muy elevada que va a tener, siguiendo el modelo que existe en algunos otros países, el Estado se va a dotar de una capacidad de intervención muy elevada que creo además que va a ser bien recibida por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, porque en el momento en que se plantea la existencia de una catástrofe natural no se le pide a nadie cuál es la referencia o título competencial que tiene para resolver el problema, ya que incluso la colaboración internacional se viene dando en este tipo de situaciones que, desgraciadamente, se reproducen cada vez con mayor frecuencia. Por tanto, esta Unidad Militar de Intervención no me cabe la menor duda de que va a ser bienvenida, y en la arquitectura de funcionamiento con los protocolos que en estos momentos se están preparando, porque la unidad no va a estar operativa hasta el próximo verano, habrá que fijar cuáles son los grados de intervención o de petición de intervención de las comunidades autónomas; cuál es el papel de la dirección general que tiene la competencia, como es la Dirección General de Protección Civil, y cuál es el papel que va a tener esa unidad militar en los grados de intervención de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3, si alguna vez se produce -que hasta ahora no se ha producido-, y son los territorios los que hay que fijar con los sucesivos protocolos de intervención que se vayan efectuando. No cabe la menor duda de que la creación de esta unidad es una medida valiente y costosa también que ha tomado el Gobierno, que además está de acuerdo con las nuevas funciones y tareas que vienen desempeñando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con esto creo haber respondido a los temas concretos que me han planteado y, como digo,

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renuncio a extenderme sobre esas consideraciones de política más amplia.


Señor Ballestero, le diría que procuren olvidarse de las fechas, por su bien, entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, porque seguir permanentemente rotando en todas esas cuestiones y sacar el currículum de unos o de otros en algo que a quienes les perjudica es a ustedes no creo que les beneficie ni a ustedes ni nadie. Pero, en fin, esa es su responsabilidad.
España es uno de los países que tiene uno de los grados de seguridad pública mejores de Europa. Está teniendo problemas, como cualquier otro país, que se van resolviendo, porque hay momentos puntuales en que bandas organizadas actúan, pero son problemas que se van solucionando gracias a la eficacia de unos profesionales que estamos potenciando y alentando.
Señor Ballestero, van a ser más de 20.000 guardias civiles y policías los que este Gobierno va a hacer que ingresen en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque la seguridad no es como alguien dijo en algún momento una responsabilidad del sector privado y el que quiera seguridad que se la busque, sino que la seguridad es la obligación del Estado. Por tanto, eso se demuestra en los presupuestos, eso se demuestra tomando medidas reales y haciendo que los agentes de la autoridad estén respaldados y que este año vayan a tener un incremento retributivo que va a ser el doble que el del resto de los funcionarios. Esas son las medidas que está tomando el Gobierno para que la seguridad sea un activo, porque si tenemos un país seguro, seguramente tendremos un país más libre.


La señora PRESIDENTA: Desde mi punto de vista este debate está bastante completo, pero ¿desea algún grupo parlamentario hacer una pequeña intervención de aclaración o alguna pregunta? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO ALCOVER: Voy a ser muy breve. Quiero agradecer la intervención al señor subsecretario y decirle que hemos tomado debida nota de los cambios que se han producido, de cuáles son los derroteros que se quieren seguir, de qué es lo que se quiere hacer por parte de este Gobierno. Debería de tomar buena nota el Partido Popular, especialmente el portavoz, señor Ballestero, porque veo que no le interesa lo que usted pueda decirnos, no ahora, sino antes, después y durante. No le gusta ni el ministro, ni los cargos, no les gustan los cambios que se producen, ni los de ahora, ni los anteriores, ni cuando estaba el ministro Alonso.
Nunca le ha gustado, porque lo que no le gusta es que gobierne en este momento el Partido Socialista y, por tanto, un gobierno apoyado por este grupo parlamentario. No solo no escucha y no se centra, sino que además se repite absolutamente en todo el argumentario, que viene dictado probablemente desde Génova, con una lista y una ristra -como dicen en mi tierra- de descalificaciones, una y otra vez. Agosta su tiempo en determinar las descalificaciones, las calumnias y todo el descontrol dedicado al ministro del Interior y directamente proporcional al que no le dedica a lo que es importante en esta intervención que viene siendo la seguridad, la protección de los ciudadanos, las emergencias, los servicios de atención de las víctimas. Da igual, la lista podría seguir y a eso ha dedicado prácticamente todo su tiempo. Señor Ballestero, tiene que tener en cuenta dos cosas importantísimas. Los modelos de seguridad del Partido Popular aplicados en la legislatura anterior y el modelo de seguridad que está aplicando este Gobierno son absolutamente diferentes.
Es cierto lo que le ha indicado el subsecretario. El Partido Popular fracasó estrepitosamente en materia de seguridad por dos factores, como también se le ha dicho. Por el abandono intencionado de la política de seguridad ciudadana. Le recuerdo a usted que la intención era la reducción de la dimensión de la seguridad del Estado para aumentar el papel de la seguridad privada en España. Y el otro factor estaba vinculado a que el gobierno del Partido Popular siempre mostró mucha mayor preocupación por la mejora de la seguridad subjetiva, es decir, dar a entender que teníamos realmente mayor seguridad, que por la seguridad objetiva. Esto puede parecer que está ya dicho, pero es que ustedes vienen repitiendo lo mismo y, por tanto, la réplica a la descalificación y a las calumnias que vierten es absolutamente igual. Una y otra vez repiten la lista o ristra, como vuelvo a decir, que a ustedes les interesa indicar respecto a la descalificación del ministro. A modo de resumen, le voy a decir, por si no lo recuerda, que el gobierno del Partido Popular en seguridad ha dedicado menos recursos públicos, menos policías nacionales, menos guardias civiles, hubo más delitos y faltas, más delitos contra las personas, más delitos violentos, homicidios y asesinatos, más presencia de mafias y crimen organizado. Todo esto se le ha dicho una y otra vez cuando ustedes vuelven a repetirse por enésima vez. Con esto es con lo que se encontró este Gobierno. Esta situación exigía un cambio intenso. Y se le ha dicho -no sé si tampoco habrá escuchado al subsecretario porque viene a establecer un argumento realizado y hecho y a decirlo- que este cambio se ha producido con más gasto público, que además se ha aumentado en el presupuesto de 2007, más agentes, más especialización policial, más medios al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más consideración profesional, que no se tenía, más detenciones y más eficacia policial. Por tanto, el modelo cambia, porque nosotros queremos una seguridad en la vertiente objetiva, es decir, que se vea y que los ciudadanos perciban que existe esa seguridad, porque son datos y hechos realizados, y no la subjetiva de la que ustedes alardean, porque es lo que quieren que perciba el ciudadano, pero no es lo real. Además, como sabe bien, el Gobierno se ha encontrado con un tema muy importante que padecían ambos cuerpos de seguridad, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que es la considerable brecha retributiva que tenían los mismos. Por tanto, señor Ballestero lo que debería hacer es prestar más atención -no sólo a la comparecencia del subsecretario

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no incidir nunca más en la persecución del ministro del Interior y emplear el tiempo que se le da a lo que llamamos seguridad ciudadana, a lo que llamamos protección civil, a lo que llamamos emergencias, a las víctimas del terrorismo y a lo que usted viene estableciendo, una y otra vez en sus intervenciones.


Por tanto, reiteramos el agradecimiento al subsecretario de Interior y volvemos a desearle suerte, se la deseamos a este país, y, sobre todo, cuando cambie el argumentario de la derecha y les deje trabajar, señor subsecretario.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para consumir un breve turno, el señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Agradezco los múltiples consejos que me ha dado el subsecretario y los múltiples consejos que me da el Partido Socialista. La verdad es que con lo que está cayendo en Interior, que el Partido Socialista dedique el tiempo a darme a mí consejos..., no sé que dirán sus votantes. Se los agradezco.


Tengo aquí las treinta y nueve intervenciones del que fue ministro de la Presidencia en la V Legislatura, el señor Rubalcaba, y podía haber venido aquí a hablar de ellas, de qué decía cuando le preguntaban sobre Roldán, sobre Lasa y Zabala, de cómo lo negaba todo, de cómo negaba la mayor para luego estar en silencio; podíamos haber hablado mucho tiempo de eso. Pero puesto que ustedes me dan un consejo, a mí me van a permitir otro.
Nosotros perdimos ya las elecciones, seguro que las perdimos por errores propios, estoy convencido, y lo bueno de la democracia es que cuando perdimos las elecciones las ganaron ustedes, están gobernando y ahora somos nosotros quienes controlamos al Gobierno. Esto de la democracia -en la que algunos de ustedes siempre nos acusan y habría que mirar el pasado de todo el mundo- es lo que tiene, que se controla al Gobierno. Cuando uno permanentemente apela a los errores de otros en el pasado, lo único que demuestra es su ineptitud y su ineficacia actual. Esa es la realidad.
(Rumores.-El señor Pedret i Grenzner: Confesión de parte.)

Señor subsecretario, usted me daba otro consejo: que me olvide de los días 11 al 14. En este turno yo quiero una aclaración. Cuando dice que nos olvidemos de los días 11 al 14, ¿quiere decir que la Audiencia Nacional ha enviado a la Audiencia Provincial un auto diciendo: oiga, hay un indicio de delito por, al menos -va a ser más; va a ser falsedad y estoy convencido de que ocultación-, falsedad? ¿Qué quiere decir eso? Porque ustedes siempre están en el argumento de que nosotros queremos relacionar...No, no, perdone. Los españoles, y el juez lo ha indicado así -tan respetuosos que son ustedes con las decisiones judiciales-, querrán saber la verdad, y yo no hago ninguna aseveración diferente de que se quiere saber la verdad. Hay un juez que ha dicho -no sé si se habrá enterado como miembro del Ministerio del Interior- que en el Ministerio del Interior hay gente que está falsificando informes, supuestamente, eso está por ver. Si me dice que lo olvide, yo podré olvidarlo, pero por favor, no se olviden ustedes de lo que ha estado pasando cuando era ministro el señor Alonso y está encubriendo hoy, conforme a su propia tradición, el señor Rubalcaba. Esa es la realidad. Y le quiero decir otra cosa. No nos va a encontrar jamás cuando intenta decir que nosotros no defendemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahí está nuestra trayectoria, no voy a entrar en eso. Cuando hablo de politización me gustaría que me explicase qué hace ahí el señor Santano o qué ha hecho el señor Telesforo Rubio y si se están pagando o no servicios prestados.


Hay dos últimas cuestiones que me parecen importantes, por no entrar, como decía, en el debate general. Vuelve a hablar de las víctimas, pasa por encima, pasa de puntillas y además dice que se mantiene el 99 por ciento.
Ustedes, no usted, el Gobierno socialista defenestró a María Dolores de la Fuente para poner al actual director general y a cinco o seis personas más; los defenestraron porque no estaban de acuerdo con el señor Peces-Barba, porque no hacían exactamente lo que quería el señor Peces-Barba. ¿Qué era? Perseguir a una asociación que curiosamente representa a la inmensa mayoría de las víctimas. Ya entiendo cuál es su estrategia, ya entiendo que a este Gobierno le resulta incómoda la manifestación del domingo. La única obsesión del delegado del Gobierno y del subdelegado del Gobierno en Sevilla es incordiar a las víctimas en vez de a los que están pegando tiros en el País Vasco. ¡Si ya lo sabemos! Pero mi pregunta es, ¿además de todo eso, que es evidente, van a hacer ustedes algo o este señor, que era quien de verdad ha perseguido permanentemente a las víctimas y las ha enfrentado, va a seguir siendo el director general? ¿Van a encontrar las víctimas, de verdad, un sitio amigo en el Ministerio del Interior o va a seguir la persecución hasta acabar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo? Esa es la pregunta, porque ha pasado tiempo para que hagan algo y este señor ya está nombrado.


En materia de protección civil, efectivamente, el incendio de Guadalajara la gente lo estaba extinguiendo con retama, iban con cubos de agua, con lo que fuese. Ya sabemos todos que cuando hay un incendio todo el mundo colabora, excepto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dice que no venga ayuda de Madrid y mientras tanto está pidiendo aviones en Marsella. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos saber es que pasó con el acuerdo que había entre las comunidades autónomas para aprobar un decreto que ordenase las competencias de cada uno -y asumo lo que está usted diciendo en su discurso de que nunca se ha elevado al nivel 3, es cierto, errores hemos cometido todos; insisto, por eso perdimos las elecciones-, porque la realidad es que eso estaba acordado entre octubre y noviembre del año 2005 y no fue a la Comisión nacional porque ustedes tenían un lío interno, ya que el ministro de Defensa no sabía como encajar ese servicio que iba a dar el Ejército.


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Ha pasado un año y no lo han solucionado. No se trata de venir aquí a pasar en todo de puntillas; se trata de venir, y con eso me conformo, a decir: Tiene usted razón, esto se hará en los próximos años y el año que viene no se quemarán 90.000 hectáreas o el año siguiente no morirán tantas personas. Es muy fácil encontrarnos a nosotros en ese punto porque entiendo que hasta ahí no puede llegar el intento de politización y de echar las culpas al pasado en materia de protección civil.


Termino diciéndole que, por encima de que le guste o no la manera de calificar los hechos, no es un argumento hecho en Génova, sino un discurso que cualquier español se encuentra en todos los medios de comunicación cada día. Ustedes deben dedicarse, muy por encima de venir a leer reales decretos, sobre todo cuando ya han pasado más de 20 días, a explicar qué medidas concretas y eficaces se van a tomar para que los permanentes cambios que están haciendo, que parece que no nos llevan a ninguna parte, nos lleven a algún sitio. Eso sí que sería eficacia y no la foto de anteayer.


La señora PRESIDENTA: Para cerrar ya este turno y este punto del orden del día tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señor Ballestero, hablando de cambios, tengo de la última Legislatura suya el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, el Real Decreto 998/2003, de julio por el que se modifica un real decreto por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (El señor Ballestero de Diego: Perdimos por eso justo.), Decreto 511/2002, de 11 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Es decir, que para cambios los suyos. Aquí hasta ahora no se ha producido más que un decreto. Entonces, puestos a ver cómo se cambiaba el Ministerio del Interior, tire usted del Aranzadi y encontrará cómo le gustaba al Partido Popular cambiar el Ministerio del Interior cada dos por tres y en cada oportunidad. Por tanto, los cambios se hacen, lo digo por la referencia que ha hecho a la introducción de motivos del decreto, porque se estiman políticamente pertinentes, como ustedes hacían - y hacían más- porque así lo estimaban.


Segunda cuestión. Algunas veces parece que ustedes tienen más interés en que vaya ante la justicia el Gobierno que los delincuentes o los terroristas. Por otra parte debo decirle que hay una cosa que no me parece razonable que diga. Cuando cita a personas concretas, de su competencia o no competencia, que son profesionales de las Fuerzas Armadas, que son españoles y tienen derecho a pensar de una forma o de otra, no me parece razonable, se lo digo en serio, que S.S. les descalifique porque usted crea o digan los medios de comunicación que esas personas piensan de otra forma que no es la suya. Esto no es un cortijo de nadie y para ocupar determinadas magistraturas del Estado o determinados puestos de responsabilidad, incluso en los lugares sensibles, no está dicho en la Constitución que se tenga que ser o pensar como el Partido Popular; también se puede ser del PSOE, que es la mitad.
(Risas.) Sí, pero es que hay descalificaciones. Este señor ha citado dos nombres concretos y ha dicho que no valen porque son del Partido Socialista y piensan como el Partido Socialista. Dice él que son del Partido Socialista y que piensan como el Partido Socialista. (El señor Ballestero de Diego: Que persiguen a las víctimas.) No, no, no, usted ha citado nombres concretos a los que ha descalificado porque entiende que están en determinada orientación política, y esto, señor Ballestero, no tiene más que una receta, que es leer la Constitución y, sobre todo, asumirla, porque en España cabemos todos y en este momento, parlamentariamente, hay una mayoría más amplia de esos que usted critica que de los que usted representa, y es necesario que no lo pierda de vista.


En cuanto a las víctimas ha hecho lo mismo: una descalificación. Las asociaciones de víctimas del terrorismo, con independencia de las convocatorias de manifestaciones que puedan hacer y de la presencia y la orientación de los españoles que van a esas manifestaciones, que lo hacen en uso de sus derechos libres y ciudadanos, no facilitan el número de afiliados que tienen a la hora de pedir subvenciones. Por tanto, eso de decir permanentemente si una es más representativa que la otra no es apropiado; le he dicho que hay muchas asociaciones pero, que yo sepa, no hay ningún registro oficial en España donde se sepa a quién representa cada asociación de víctimas. Hay víctimas de ETA y hay víctimas del islamismo. Por consiguiente, la Dirección General tendrá que atender a todo. Le he dicho y le repito que la mayoría del personal que va a seguir atendiendo en la nueva Dirección General será el que había en la Subdirección. También le he dicho y le repito que ese personal, la mayor parte, estaba ya y es el mismo que cuando ustedes gobernaban; son las mismas personas. Por tanto, S.S. podrá hacer las consideraciones que quiera, pero va a haber dos subdirecciones generales, una de ellas dedicada a las ayudas y al control de las ayudas materiales, que le voy a señalar porque, por si usted no lo sabe, las hemos duplicado desde que ustedes gobernaban. La cantidad que este año estará consignada -si lo vota el Parlamento- va a ser un millón de euros, casi el doble de la cantidad que el PP designaba, apoyaba o incluía en los presupuestos. Por consiguiente, atención a las víctimas, la estamos prestando.


Por último y en relación con protección civil. Ciertamente está pendiente la elaboración de un decreto -que vamos a consensuar con las comunidades autónomas- que organice la mecánica de protección civil, donde hay un nuevo elemento que es el elemento de la Unidad Militar de Intervención, que tendrá que ser tenida en cuenta porque, comprenderá que cuando una comunidad

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autónoma pueda recurrir a esta poderosa arma de intervención y de solución de problemas, lo hará. Tendremos que pactar con las comunidades autónomas cómo se van a fijar los mecanismos. Entienda su señoría que la UME no está operativa y seguramente su crítica sería razonable si llegase el momento en que la Unidad Militar de Intervención estuviese operativa, estuviesen las motobombas, estuviesen los helicópteros, estuviesen las máquinas contra la nieve, el personal seleccionado formado -que no es fácil seleccionar 4.300 personas dentro de las Fuerzas Armadas y en este momento están todos en cursos de adiestramiento- y para entonces no estuvieran los protocolos y no estuviera el decreto de organización de la nueva situación. Entre tanto, lo que quizás hubiera sido prematuro es sacar una normativa cuando todavía no se conocía la textura definitiva y la organización y el funcionamiento de la Unidad Militar de Intervención.
El único problema que ha habido para que ese decreto no se haya elaborado ha sido que la UME no está todavía en condiciones de ponerse a funcionar, además de esos problemas competenciales que señala. Indudablemente, al ser una unidad militar es necesario acoplar las competencias del Ministerio del Interior con el Ministerio de Defensa para fijar los mecanismos y los protocolos de intervención de una unidad que, le señalo, tiene un teniente general del Ejército de Tierra al frente. Por lo tanto, a este teniente general lo tiene que mandar una autoridad de Defensa cuando las competencias están en el Ministerio del Interior, pero ya se ha dado el primer paso de cuál va a ser la solución con este decreto. No le quepa la menor duda a S.S. de que antes de que la Unidad Militar de Intervención esté disponible los protocolos estarán hechos y el decreto estará en el Boletín Oficial del Estado.


La señora PRESIDENTA: Termina con esta intervención el primer punto del orden del día.


-EL PLAN DE CHOQUE PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD EN LAS CARRETERAS GALLEGAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000741.)

-EL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES CON EL FIN DE DETENER A LOS RESPONSABLES DE LOS INCENDIOS INTENCIONADOS ACONTECIDOS EN GALICIA DURANTE EL MES DE AGOSTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000756.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos seguidamente al punto 2 y punto 3, que son dos peticiones de comparecencias hechas en su día al ministro por el Grupo Parlamentario Mixto y que va a contestar el subsecretario y que, con el acuerdo del mismo, si no tiene inconveniente el señor subsecretario, se van a hacer de manera agrupada. Por lo tanto, tiene la palabra para informar, en primer lugar, del plan de choque para reducir la siniestralidad en las carreteras gallegas, solicitado por el Grupo Parlamentario Mixto, y en segundo lugar para informar del resultado de las actuaciones policiales con el fin de detener a los responsables de los incendios intencionados acontecidos en Galicia durante el mes de agosto, también pedida por el Grupo Parlamentario Mixto. Para ello, tiene de nuevo la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señor diputado, Galicia, que representa el 6 por ciento del total nacional de población, también tiene el 6 por ciento del total de vehículos, tiene el 7 por ciento del censo total de conductores y, sin embargo, en el año 2005 sufrió el 8,6 por ciento del total de accidentes mortales en carretera. A pesar de que entre los años 2003, 2004 y 2005 el número de fallecidos en Galicia había descendido de manera sensible, el 19,6 por ciento, aunque por encima del descenso nacional, en el periodo transcurrido desde el 1 de enero de 2006 al 31 de julio de 2006 se había venido observando -y digo se había porque S.S. conocerá lo que ha ocurrido este verano- una resistencia a la disminución de este número de fallecidos. Hay otras notas a tener en cuenta en la seguridad vial en Galicia. El índice de jóvenes entre los 15 y 24 años fallecidos por accidentes de tráfico dobla el índice del total nacional. El porcentaje de fallecidos en la franja nocturna es también superior al total nacional, el porcentaje de atropellos mortales a peatones en carretera es del 16 por ciento y en España es del 10 por ciento, y en las carreteras secundarias se concentran la mayoría de los accidentes de tráfico y fallecidos en un porcentaje también superior a la media del Estado. Cobra por eso importancia diseñar no solo planes con objetivos cuantificados en el tiempo, sino también identificar las acciones específicas necesarias para su consecución. Por tanto, no podemos estar ni mucho menos satisfechos de la realidad de Galicia en cuanto a siniestralidad, ni la Administración del Estado ni la Administración autonómica.


Por ello, siguiendo las directrices que en materia de tráfico fija la Unión Europea y está recogida en el Plan de Acción Europeo, al cual se alinea el Plan estratégico nacional de seguridad vial, se está ultimando un plan de seguridad vial para Galicia 2006/2010, que pretende reducir un 25 por ciento los fallecidos por accidentes de tráfico en este periodo.
Este plan está siendo liderado por la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes, con el firme apoyo y la colaboración de la Dirección General de Tráfico, y es un plan tipo que esperamos que tenga seguimiento en otras comunidades autónomas, al margen del plan general que, como S.S. conoce, tiene el Estado.


El 3 de agosto de 2006 el señor ministro del Interior presentó en Santiago de Compostela un plan de choque para reducir la accidentalidad en Galicia. Este plan incluye la incorporación hasta finales del presente año

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de ocho nuevos radares fijos que se suman a los doce ya existentes, así como dieciocho cabinas en las que irán rotando los radares, situadas siete en A Coruña, cinco en Pontevedra, tres en Lugo y tres en Ourense.
Además, el Ministerio del Interior destina un nuevo vehículo equipado con radar móvil para los ayuntamientos, para que puedan desarrollar campañas de control de velocidad-alcoholemia. Por otro lado hay que tener presente que, como hemos indicado, en las carreteras secundarias es donde se registra mayor número de accidentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Por ello se adoptan una serie de medidas destinadas a disminuir la siniestralidad en estas vías. Se han incorporado cinco nuevos radares móviles destinados uno a cada provincia y uno más de apoyo a la comunidad. Esto supone que cada subsector de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil tendrá a su disposición estos nuevos radares tipo, auto veloces, de tecnología láser, para el control de velocidad y que pueden ser utilizados dentro de cualquier tipo de vehículo, y también sobre trípode, incrementando su efecto disuasorio. También se incrementa la vigilancia que viene realizando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en las carreteras que por su problemática vial se considere conveniente y que hasta ahora no se vigilaba. Igualmente se han distribuido 2.000 etilómetros de aproximación para el control de la alcoholemia por la Guardia Civil rural en las carreteras secundarias.
Existen otras medidas, como el Plan especial de vigilancia y control, con el apoyo de las unidades de seguridad ciudadana de las comandancias, con ocasión de su servicio habitual -y esto es muy importante-, a fin de controlar el uso del cinturón de seguridad, el uso de casco de protección en las motocicletas, el uso de teléfono móvil, los adelantamientos incorrectos, el respeto a las distancias de seguridad o la circulación correcta de los tractores, dada la implicación directa de estos últimos en accidentes con resultado mortal. El apoyo de estas unidades de Seguridad Ciudadana tiene por objetivo extender las labores de vigilancia a un territorio que habitualmente no es cubierto -porque no llegan a todas partes- por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. A todo ello hay que sumar que los subsectores de la Guardia Civil de Tráfico deberán estudiar e informar, junto con el jefe provincial de Tráfico, para su remisión al titular de la vía, sobre todas aquellas deficiencias que observen en las carreteras y proponer mejoras de señalización, de acondicionamiento y de aquellos desperfectos que puedan ocasionar accidentes.


Con estas medidas se trata de incidir en uno de los elementos básicos de la política de seguridad vial: los conductores, centrando los esfuerzos en la formación, concienciación, la vigilancia y el control. Una vez iniciada la implementación del Plan de seguridad vial de Galicia podemos avanzar que los comienzos son positivos, teniendo en cuenta siempre que dado el escaso tiempo transcurrido lo hacemos con precaución. Durante el mes de agosto, dentro del Plan de vigilancia de la Agrupación de Tráfico en las carreteras de la red principal y secundaria de la Comunidad Autónoma de Galicia y en relación con aquellas conductas respecto de las que se hace hincapié en el Plan de vigilancia, se han llevado a cabo 33.114 pruebas de alcoholemia; de éstas han dado positivo 682; se han formulado 2.914 denuncias por circular a velocidad excesiva o inadecuada; 325 denuncias por uso de teléfono; 198 por conducción temeraria; 881 por conducir sin cinturón de seguridad y 124 por no llevar casco.


Como resultado de la aplicación de este plan en Galicia en el mes de agosto -y es la parte realmente alentadora- se ha reducido un 30 por ciento la cifra de muertos en carretera respecto al mismo periodo del año anterior. En toda España el descenso ha sido del 22 por ciento, por tanto, en este dato positivo Galicia ha estado ocho puntos por encima de la media nacional. Asimismo, y dado que la aplicación del plan estaba dirigida principalmente a reducir la siniestralidad en las vías secundarias, hay que destacar que se ha producido un descenso del 44 por ciento en el número de accidente mortales en las vías autonómicas y de un 30 por ciento en las vías locales, que eran las que mayor siniestralidad tenían. Igualmente, si comparamos las cifras de agosto con las del mes de julio observamos, tras la aplicación del plan, un descenso significativo en el número de muertos durante el mes de agosto. Así en las vías autonómicas los accidentes mortales han descendido más del 50 por ciento y el número de víctimas ha descendido en casi dos tercios; en las carreteras locales se han producido descensos de más del 40 por ciento.
Por todo ello creo que hay que ser moderamente optimistas.


He pedido un avance de los datos correspondiente al mes de septiembre y siguen siendo buenos. Se los avanzo: las bajadas no son tan espectaculares como las que se han producido en el mes de agosto, pero si los accidentes fueron 24 en 2005, hasta la fecha han sido 21 en 2006, y si el número de muertos fue de 28 en el año 2005, en 2006 -estoy hablándole a fecha 27 de septiembre- fueron 25. También se han producido menos muertes este año que el año pasado, como le he señalado antes, acompañando al menor número de accidentes. Creo que estamos en un camino correcto, donde hay que agradecer la participación de la sociedad civil gallega, hay asociaciones de víctimas activas como Stop Accidentes que están haciendo campaña concienciando a los ciudadanos. Y también, como tendrán SS.SS. oportunidad de comprobar en los presupuestos, se ha abierto una nueva rúbrica presupuestaria para subvencionar -no solo en Galicia sino en toda España obviamente- a las asociaciones que agrupan a las víctimas de la carretera, que están contribuyendo de manera muy positiva a que los ciudadanos se conciencien para cumplir el código de circulación. Con esto, señor diputado, espero haber respondido a la mayor parte de las preguntas que tuviera planteadas.


Paso al siguiente punto, que guarda relación con los incendios y las actuaciones policiales en este verano en

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Galicia. Como es conocido, durante la primera quincena del pasado mes de agosto, y en concreto del 4 al 14, se ha producido una inusual serie de incendios forestales por extinción, número y localización en Galicia, cuya novedad más significativa respecto a años precedentes ha sido la cercanía a núcleos de población con el consiguiente riesgo para la integridad física de las personas y riesgo de bienes de primera necesidad. Los resultados, como es conocido, fueron cuatro personas que perdieron la vida y cinco heridos, más algunas evacuaciones y miles de hectáreas quemadas. Desgraciadamente, la lucha contra los incendios es un problema endémico al que especialmente el cuerpo de la Guardia Civil -competente en la materia- viene dedicando gran parte de su actividad diaria, sobre todo en las épocas denominadas de alto riesgo por tener encomendadas con carácter específico y ordinario las labores de la investigación generalizada de los incendios forestales, labores que también comparte la Policía autonómica de Galicia, en este caso la unidad adscrita a la Xunta. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía ha participado con recursos ordinarios de la jefatura superior y otros de carácter extraordinario, como ocurrió también en la Guardia Civil, procedentes de otras plantillas del territorio nacional, fundamentalmente en labores preventivas de vigilancia y control, evacuación de personas en situación de riesgo, investigación de hechos concretos, en los que directa o indirectamente ha participado mediante la identificación y detención de presuntos autores de incendios forestales. Asimismo, ha llevado a cabo labores complementarias sobre hechos concretos. En total, fueron 283 los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía desplegados en las cuatro provincias gallegas mediante 145 patrullas compuestas tanto por efectivos propios ordinarios de las brigadas de la jefatura superior de Galicia como por efectivos de refuerzo o extraordinarios que vinieron fundamentalmente de Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Barcelona. Todos ellos han realizado y siguen realizando en la actualidad un trabajo extraordinario en la prevención de los incendios, su extinción y posterior investigación y detención de sus autores.


Como he manifestado, es la Guardia Civil especialmente -y la Policía autonómica- quien con carácter específico asume la investigación de estos incendios. La Guardia Civil ha tenido el siguiente despliegue. La orden de servicios sobre prevención de incendios forestales, la campaña 2006 remitida por la Subdirección General de Operaciones junto con las normas complementarias de la zona de Galicia, contempla para las unidades territoriales y patrullas del Seprona una vigilancia preventiva continua, y para las unidades especializadas una intensificación de la investigación de los incendios ocurridos en las 122 parroquias de especial vigilancia designadas a la Guardia Civil para esta temporada.
Todo ello en el marco del Comité regional de coordinación policial antiincendios, en el que están representadas las administraciones implicadas y los cuerpos policiales: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía autonómica. Las comandancias han diseñado una serie de actuaciones enmarcadas en las órdenes de servicios particulares al objeto de incrementar cualitativamente la contribución del cuerpo en la prevención e investigación de los incendios forestales en la provincia, entre las que destacan: la constitución desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de varios equipos de tres componentes cada uno dedicados exclusivamente a la investigación de los incendios forestales y a la persecución y detención de sus autores.


Para la campaña de prevención de incendios y operación Verano, el Plan de actuación de prevención y lucha contra los incendios, aprobado por Consejo de Ministros de 10 de junio de 2005, se recibieron como apoyo un total de 193 efectivos en la comunidad autónoma, de los cuales 33 pertenecen al Servicio de Protección de la Naturaleza -Seprona-, que fueron distribuidos en aquellos lugares de mayor incidencia delincuencial y fundamentalmente en las parroquias de especial vigilancia. Así pues, bajo este dispositivo, el mismo día 7 de agosto la dirección general del cuerpo estableció que el Equipo contra el Crimen Organizado -ECO-, compuesto por quince componentes, existente en esta comunidad autónoma y con sede en la comandancia de Pontevedra, realizaría en exclusiva cometidos de investigación de incendios forestales con el apoyo de una unidad central operativa -la UCO-, compuesta por cinco componentes, que se desplazó desde Madrid para tal fin. El día 8 de agosto la citada dirección general puso a disposición de la comandancia de A Coruña y Pontevedra respectivamente un módulo de respuesta MIR y una escuadra del escuadrón de Caballería, ambas de la agrupación rural de seguridad para vigilancia y prevención de los incendios forestales. Para mantener la coordinación, debido al cariz que va tomando la evolución de los incendios forestales en la comunidad, se establece el comité general de coordinación, del que se nombra miembro permanente al general jefe de la zona 15 de la Guardia Civil. Ese mismo día, el 8 de agosto, se desplaza a Galicia el director general de la Guardia Civil con objeto de celebrar una reunión con los cuadros de mando y personal responsable de la investigación de incendios de la Guardia Civil en Galicia, a fin de supervisar sobre el terreno sus actividades y dictar instrucciones complementarias, que paso a enumerar a continuación: continuar con el trabajo de vigilancia de las zonas de riesgo, de forma coordinada con los medios de investigación de la Junta de Galicia; insistir de nuevo en los esfuerzos tendentes a la captura de los responsables de los incendios e intensificar la gran labor establecida en los trabajos de prevención e investigación. Posteriormente el director de la Guardia Civil se reunió con los consejeros de Medio Rural y de Presidencia para informarles de las medidas adoptadas. Asimismo se estableció contacto con la Fiscalía Especial Antiincendios por si estimara oportuno dictar directrices para mejorar la investigación. Por su parte, la jefatura de zona dispone que la sección de

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información e investigación se dedique prioritariamente a la investigación de incendios forestales. Por último, se recibe el apoyo de cuatro helicópteros de las Fuerzas Armadas, dos fijos y dos a petición, para aprovechar su potencialidad en misiones de prevención e investigación que sobre los incendios forestales están realizando las unidades de zona.


Fruto de todas estas actuaciones, independientemente del incuantificable esfuerzo de las unidades desplegadas tanto en tareas de seguridad, para impedir que el fuego produzca víctimas humanas, como buscando información y tareas de prevención, ha sido la detención por parte de efectivos de la Guardia Civil de 52 personas a partir del 4 de agosto hasta el 24 de septiembre -lo digo para que las cifras no varíen-. Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía lleva a cabo 2 detenciones; 3 la Policía local y 11 la Policía autonómica. Si S.S. tiene interés por conocer el detalle, le puedo decir que de los 52 detenidos de la Guardia Civil, 13 están en prisión, 25 en libertad provisional o con cargos, 2 en centros psiquiátricos, 9 puestos en libertad sin cargos y 3 a disposición de la Fiscalía de Menores. De los 2 detenidos del Cuerpo Nacional de Policía, 1está en prisión y el otro en libertad provisional con cargos. De los 3 de la Policía local, uno en prisión y 2 en libertad provisional con cargos, y de los de la Policía autonómica, 5 están en libertad provisional con cargos, 2 en centros psiquiátricos, uno en un centro de internamiento de menores y 3 en libertad. En total, son 68 las detenciones que se han llevado a cabo hasta la fecha que les he dicho, y continúan los trabajos.


Con esto, señor diputado, creo haber respondido básicamente al objetivo de su pregunta.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora por el grupo solicitante de la comparecencia el señor Rodríguez. Voy a ser flexible con el tiempo puesto que son dos comparecencias, y luego continuaremos con el turno de los siguientes grupos de menor a mayor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaré por agradecer la información del subsecretario del Interior y voy a invertir el orden de los temas.
Empezaré por la persecución de los delincuentes de los incendios provocados intencionadamente, y después pasaré al problema de la siniestralidad. Comenzaré por expresarle la gran preocupación que tiene el Bloque Nacionalista Galego y que comparte un sector muy importante de la sociedad gallega sobre la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante un fenómeno delictivo como es el de los incendios forestales en Galicia, que lo fue desde hace muchos años pero que en este último año, y especialmente a partir de un determinado momento, tuvo una especificidad que S.S. remarcó.


La catalogación de un incendio de intencionado no corresponde a las autoridades políticas, sino que corresponde a los técnicos forestales y, por tanto, ahí no hay manipulación alguna. Cuando los técnicos forestales dicen que el 80 por ciento de los incendios que acontecen en Galicia son intencionados, es una catalogación que debería de llevar a una investigación muy profunda de las causas, de las intenciones, y de los objetivos que se persiguen con estos incendios. Hay muchos casos de negligencia, e incluso derivados del mal estado del monte. Pero, no cabe la menor duda de que entre el 4 y el 14 de agosto se produjo un fenómeno extraordinario en una línea preocupante que desde hace muchísimos años padece Galicia y que tuvo epifenómenos claves que hoy en día, analizándolos estadísticamente, podríamosvincular a casuísticas diferenciadas. Nosotros somos conscientes de que este fenómeno extraordinario tiene su raíz en un problema estructural del país derivado de la política forestal y del abandono de la agricultura con gran incidencia en una configuración extremadamente dispersa de la población. Dicho esto, de 1.600 incendios, de los cuales 1.400 no han sido esclarecidos en diez días y en los que las detenciones solo pueden explicar 200, deberíamos sacar la conclusión de que no se trata de un resultado eficaz. Es importante compartir este concepto. Si no se saca esta conclusión, vamos a seguir abonando que se produzca este fenómeno inusual que, como S.S. dijo muy bien, se ha caracterizado por producirse en cinco focos muy cercanos a las poblaciones y con un número de incendios diario inusitado. Si esto es una verdad objetiva y se encargan de establecerla los técnicos y la descripción de la fenomenología de esos incendios es atípica si los comparamos con el pasado, seguiríamos muy mal camino si banalizáramoss una situación tan grave o la remitiéramos al estereotipo gallego. A mí me produce alarma que haya una coincidencia tan grave, que no demuestran los hechos, en atribuir los incendios a enfermos mentales, borrachos, viejos deteriorados y personas exclusivamente asociales y marginadas. Como dice algún periódico: Mentes enfermas y pirómanos. Esto recuerda la visión de Galicia de Valle-Inclán, pero, claro, sin la fuerza estética de Valle-Inclán y sin el efecto del esperpento porque, entre otras cosas, nunca nos dejan ver a los autores.
Los autores siempre son anónimos o aparecen como unos pobres hombres que, ya se sabe, Galicia da para todo. Esta visión es profundamente contraria a Galicia como sociedad que, sin duda tiene mucho deterioro, pero no exclusivamente en relación con este tema como causa principal del problema. Habría que ir a una mayor objetivización de las responsabilidades, de las causas y de quién provoca los delitos.


Queremos saber si existe algún informe de la Guardia Civil, en particular del UCO, porque, según algún periódico, las causas de los incendios se deben a rencillas vecinales, mentes enfermas y a pirómanos alcohólicos.
Existe este informe. Si el informe es oficial y no es una cuestión particular de algún guardia civil sino del UCO, es preocupante que se haga un análisis tan superficial, porque sería algo así como reconocer que el 80 por ciento de los incendios se provocaron porque se pusieron de acuerdo todos los enfermos mentales de Galicia, los pirómanos alcohólicos, en diez días del mes de agosto.


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Es una casualidad bastante grave, pero que lo hagan en un área determinada de Galicia, es otra casualidad mucho más interesante. Y lo que es una casualidad total es que todos comprendan que hay viento nordeste y que es un momento adecuado para hacerlo. Son datos tan objetivos que nos alarman estos informes si son oficiales; si no son oficiales, habría que desmentirlos. En todo caso, es preocupante que los funcionarios del Estado, sin estar cerradas las investigaciones, hagan estas intervenciones públicas, que muchas veces aparecen como anónimas, como fuentes, pero que juegan con fuego.


Usted ha hablado de 68 detenciones hasta el 24 de septiembre. Son más detenciones que otros años, indudablemente. Además de la nueva tipología, debería figurar la propia descripción, que yo me he encargado de hacer ya que estos datos siempre son imponderables, nunca hay acceso a ellos. La Policía y la Guardia Civil deberían empezar por establecer un protocolo de cómo se cataloga a las personas acusadas, analizando todos los datos -edad, lugar de nacimiento, lugar donde viven, profesión-; todos los datos deberían figurar porque en esa estadística no figuran todos los casos. Desde el 7 de agosto hasta el 31 de agosto, señor subsecretario, la tipología no coincide con lo que dice la Guardia Civil, incluso con los detenidos, que son una minoría, como vimos, y que serían la punta del iceberg. Da la casualidad de que ahora los detenidos no son mayores de 65 años, como acontecía hasta el año 2004. Ahora el 22 por ciento tiene de 40 a 60 años; el 16 por ciento solamente tiene más de 60; de 35 a 40 es otro 16 por ciento; de 30 a 35, el 19 por ciento; de 25 a 30, el 3 por ciento; y de 20 a 25, el 16 por ciento. Esto no era así antes. Aquí ya hay un dato que, curiosamente, no se maneja nunca. También es curioso que se desconozca la situación laboral. De una gran parte de los que comprobé solamente conseguí saber la situación laboral de tres que eran brigadas antiincendios, tres que eran trabajadores normales, de empresas -uno pertenecía a la madera-, cuatro jubilados y tres parados. El perfil psiquiátrico no coincide tampoco con lo que dicen los medios de comunicación ni con lo que tan interesados parecen estar en hacer notar esos informes, no sé si oficiosos u oficiales, porque el 60 por ciento son normales: el 21 por ciento tiene trastornos psíquicos; el 8 por ciento son de alcoholismo o drogradicción, lo cual no quiere decir que tengan afectación de carácter psicológico por deficiencia, sino que son conscientes de lo que hacen pero más fácilmente manipulables; y hay un 11 por ciento de perfil psiquiátrico desconocido, según los periódicos.
Incluso éstos dan como móvil la intención en el 52 por ciento de los casos, la imprudencia en el 16 y el desconocimiento en el 32. Hay un dato más interesante: los detenidos lo fueron por testigos directos de los hechos en un 38 por ciento y hubo 16 más de testigos oculares que estaban en el lugar cuando se inició el fuego. Hay personas de 19 años perfectamente conscientes, con moto incluida; hay otras que declaran que fueron ellos los autores, no se les pregunta nada más y van directamente a la cárcel. ¿Cómo se hacen las diligencias policiales y de la Guardia Civil? ¿Cuál es la actuación después del fiscal? Señor subsecretario, se lo digo con la intención de que mejoremos: hay que empezar a cambiar esta situación.


No es creíble que sean obra de un subnormal 52 incendios en Santiago de Compostela y cercarlos en una semana, con viento nordeste, en Labacolla o en Peinador, lugares sensibles desde el punto de vista del transporte.
Habría que tomar más cartas en el asunto.


Por último, hay una cuestión que me gustaría que me confirmase. Usted ha dicho antes que se estaba conformando la unidad de emergencia del Ejército. Me gustaría que nos diese datos, si los tiene, sobre la opinión de esa unidad de emergencia, porque algunos de los que la van a formar fueron a Galicia para tener experiencia sobre lo que estaba aconteciendo y quedaron impresionados -hay un documento firmado por el teniente general-, primero, por la tipología de los incendios y por su parecido con sabotajes y, segundo, por la entrega, la preparación y la cualificación de los centros de coordinación, tanto del gallego como de los comarcales, como así lo demuestra una carta del teniente general alabándolos. Está bien que el Estado ayude, pero en este caso la gestión de todos los medios que allí fueron, incluidos los de las comunidades autónomas, se hizo con mucho rigor; no creo que un teniente general de Madrid tuviese ningún interés en mandar una carta haciéndolo notar, precisamente el teniente general que está creando la unidad de emergencia. Sería muy importante tener en cuenta la opinión de los militares que comprobaron directamente cuál era la tipología de los incendios y cómo se estaban produciendo.


Acabo con este tema. Me llama la atención que el fiscal coordinador de incendios de Galicia diga que son pirados, enfermos y, al mismo tiempo, afirme: Es verdad que hay una parte que se corresponde con ese perfil de personas asociales, pero hay una cifra oscura que se nos escapa. A mí no se me escapa. Aquí hay muchos que son normales, solo hay que leer los periódicos; no digo ya si tuviéramos los medios de la policía y la investigación del fiscal. Pero añade: "Imagínate la capacidad de hacer daño de una persona asocial, bebedora, deficiente mental, cuanto más de alguien inteligente; hay personas inteligentes que queman el monte. Hay de todo". El fiscal se contradice a sí mismo y reconoce: "Una de las causas que se vienen detectando" -que se vienen detectando; lo dice él, no yo- "son los cambios en la política del medio rural. Cuando se toca la política agraria o forestal hay más riesgo de incendios, porque se generan descontentos y se manifiestan de esta manera". Que las autoridades públicas hagan intervenciones de este calibre, que son contradictorias in extremis, nos obliga como representantes políticos, a pedir que los informes policiales sean rigurosos, a exigir más eficacia a pesar de la complejidad del problema y, sobre todo, a no parar, porque está claro que si no se hace esta política, mientras dure la base estructural que la está provocando y si no hay eficacia en la persecución del delito, va a ser muy

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difícil que no se produzcan fenómenos no digo iguales, pero sí similares a los que se han producido este año.


En relación con los siniestros en carreteras seré más breve, señora presidenta, y no abusaré de su magnanimidad. Efectivamente estamos ante otro tema de una gran complejidad. Si esta situación calamitosa provocada por los siniestros del verano valió para algo fue para que una idea, que hemos intentado introducir con muy poco éxito hasta ahora, no se pueda negar. Se trata de la diferencia específica del problema del tráfico y de la seguridad vial en Galicia. Cuando se hablaba de esto, no sé si por el peso político del país, por lo menos hasta ahora, o porque las cosas de Galicia son distintas y siempre parecen atribuirse a una causa congénita de nuestro pueblo, no se miraba con interés alguna. Ahora, por lo menos, empiezan a racionalizar y dicen que hay un problema de tráfico y seguridad vial derivado de que las carreteras secundarias, a pesar de haber mejorado muchísimo, tienen poco arcén, y de la existencia de dispersión urbanística y de pueblos aislados de difícil acceso que provocan un tráfico difuso. Usted reconoció que la media de los accidentes era muy superior a la de la población y que era entre gente joven. Indudablemente esto demuestra que el transporte público es inexistente y que hay que coger el coche particular para todo: para ir a la plaza, para comprar, para desplazarse al trabajo. Estamos ante un problema realmente grave. A todo ello hay que añadir la orografía y la climatología y también se junta, señor subsecretario, una Dirección General de Tráfico que no está adaptada a la realidade del país. La Dirección General de Tráfico, especialmente la Guardia Civil, es muy benemérita y a mí no me cabe la menor duda de que el trabajo de los funcionarios es esforzado y de que este verano tuvo que serlo más pues está dedicada al tráfico y a esas unidades de seguridad que pusieron a trabajar en esa dirección, pero hace falta un organigrama político que vincule todos los problemas: la señalización de las carreteras, la seguridad vial, el control de tráfico, y la inspección técnica de vehículos. Todo esto debe estar unificado en un solo organismo. Si no se hace solo se va a poder mejorar -y de hecho ha sido así- la política represiva. Usted dio los datos: 33.000 controles prácticamente en un mes y pico. S.S. tiene que reconocer que eso constituye una molestia grave para el ciudadano normal que cumple. Si trasladamos eso a las carreteras secundarias, resulta que tenemos todo el aparato represivo del Estado en las carreteras de competencia autonómica, lo cual significa que algo habrá que hacer para tener una Policía autonómica de tráfico que está en el Estatuto y que los gobernantes hasta ahora, en concreto el Partido Popular, se la pasó por debajo del forro. Estamos en condiciones de tener una policía de tráfico propia. No es adecuado que sea la Dirección General de Tráfico dependiente de Madrid, con todos los condicionantes de un cuerpo militarizado, la que se encargue de vigilar la carretera de Barbanza o la de Salnés donde, por cierto, hay muchísimos accidentes porque están señalizadas como vías rápidas. Están mal señalizadas y la juventud confunde, al margen del alcohol, que un corredor rápido es para correr. Lo pone así la carretera: Vía rápida de Barbanza. Estoy por asegurar que mucha gente en un estado medianamente alcohólico piensa que no le va a venir nadie de frente. Es un problema psicológico interpretativo que tiene mucho que ver con la conceptualización de los viales. Está bien que hayan tomado esas medidas. Sin embargo, si el plan va a seguir solamente por esa vía, por tener a la comunidad autónoma como adyacente, sacándose la foto o poniendo unos cuantos dineros, por ahí no vamos bien orientados. Seguiremos teniendo una política de seguridad vial y de tráfico muy deficiente que va a dar más resultados desde el punto de vista económico que de la eficacia. También habría que saber con esta política represiva cuántas multas hay y cuánto ingresa la Dirección General de Tráfico en Galicia. Hace ya años, cuando gobernaba el Partido Popular, pedí los datos y comprobé que la diferencia entre ingresos y gastos era alucinante. Valía la pena pedir la transferencia de la Policía de tráfico. Habriá que cambiar moderadamente esto y hacer un diseño político final totalmente distinto.


La señora PRESIDENTA: A continuación, tienen la palabra los grupos que no han solicitado esta comparecencia y que quieran hacer uso de ella.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señora presidenta, conforme habíamos acordado esta mañana, vamos a dividir el tiempo. El señor Souvirón llevará la parte de tráfico y la señora Sainz la relativa al incendio.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Zambrana, solo tengo una pregunta que hacerle, porque la intervención del señor Rodríguez ha sido lúcida y particularmente ilustrativa sobre esta fenomenología y yo la comparto en sus propios términos. Solamente una inquietud o una duda en este momento alberga mi grupo parlamentario, la siguiente. Usted ha expuesto -y es su obligación política- datos asépticos: 68 detenciones y la situación procesal de los 68 detenidos. Unos están en atención psiquiátrica; otros están sujetos a diligencias sumariales; otros están en libertad provisional y otros están en libertad -me imagino- definitiva al no haber sido posible probar injustos penales. Dicho lo cual, y atendiendo a las explicaciones del señor Rodríguez sobre la concentración geográfica, las características metereológicas y la concentración temporal y cronológica de estos incendios, me gustaría saber si desde la perspectiva del ministerio podríamos encontrar algún perfil que identifique o aglutine a este colectivo de personas detenidas de alguna manera, es decir, algún perfil delincuencial. Y cuando hablo de perfil delicuencial no quiero decir que se correspondan los mismos impulsos a las

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mismas características de un injusto penal, a los mismos elementos de inducción, de participación en el delito, etcétera. Pero lo que el señor Rodríguez nos ha explicado llama la atención a una persona interesada en los fenómenos criminológicos y penales con carácter general. Son demasiadas casualidades concurrentes, que no pueden deberse, como bien decía el señor Rodríguez, al fenotipo del pueblo gallego. Yo renuncio a esta explicación. Yo no sé si este grupo de personas detenidas se corresponde con algunos intereses que puedan servir de elemento aglutinante, con algunas características, con algunos problemas, que pueden ser incluso de naturaleza laboral, o algunas de las reflexiones de las que una persona ajena a la problemática gallega solo ha podido tener información a través de la reproducción mediática de esos acontecimientos. Si esto está identificado, nos gustaría sencillamente que nos lo explicara.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El día 3 de agosto, el señor ministro del Interior se fue a Santiago de Compostela acompañado por el director general de Tráfico, y se sentó al lado del señor Touriño. Hicieron una puesta en escena, sacó pecho y prometió un plan de choque contra la siniestralidad vial, como si las palabras pudieran conjurar los problemas. Porque la verdad es que ese plan de choque, usted nos ha expuesto en qué ha consistido, se ha quedado en poca cosa: en algunos radares fijos, que ya sabemos y dicen los expertos que su utilidad está en situarlos exactamente donde hay un punto negro o un lugar de concentración de accidentes y, sin embargo, ustedes los sitúan en los paneles de mensajes variables, que no se corresponden con los puntos negros, por lo que tienen más un sentido recaudatorio que de hacer frente a un problema de la magnitud del que tratamos; y aumentar la vigilancia y ceder algunos radares móviles a algunos ayuntamientos.


Cuando se habla de un plan de choque de siniestralidad vial, si se toma en serio, habría que hablar de más cosas. Habría que hablar del estado de las carreteras, de lo que se invierte en conservación, de si se llega al 3,2 por ciento del valor patrimonial de las carreteras de esa zona, que es lo que dicen también los expertos que es necesario para conservarlas y que no se degraden; habría que hablar de si las señalizaciones verticales están en el estado en que deben estar, que ya le digo yo que no lo están; habría que hablar de la señalización de las vías por las que circulan los conductores; habría que hablar de la coordinación de las urgencias y emergencias sanitarias, de forma que se garantizara el tratamiento del accidentado en el momento justo. Yo no digo que, como en algunos países europeos, con los que, por otro lado, nos comparamos, haya un compromiso real de asistencia en un tiempo determinado y si no es así hay responsabilidad de la Administración, pero que haya un tiempo que se considere razonable de asistencia, que tampoco es el caso. Habría que hablar de planes de educación vial, y de eso hablamos todos en la Comisión de Seguridad Vial, y su grupo también. Sin embargo, desde que el Gobierno actual de Galicia llegó a sus responsabilidades lo que ha hecho es eliminar varios programas de seguridad vial. Se ha cargado la educación vial en los colegios, cuando estamos ante un problema que es de auténtica responsabilidad y que empieza precisamente por la concienciación de los menores desde el mismo colegio. Lo dice La Voz de Galicia, no lo digo yo. Habría que hablar también de los acuerdos a los que ustedes han llegado para que el carné por puntos, que parece que es un instrumento que va sirviendo para la responsabilidad de los conductores, se aplicara en todo el territorio nacional y no solo en las carreteras nacionales. Por ejemplo, ¿han llegado ustedes dentro de este plan a algún acuerdo con los municipios gallegos para que el carné por puntos se aplique en todas las ciudades de Galicia? Eso es un plan de choque contra la siniestralidad vial, señor subsecretario. ¿Hay algún compromiso de aumentar el número de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y en cuántos números se ha aumentado ya? El plan entra en vigor en agosto, ¿en cuántos se ha aumentado ya? ¿Cuántos están previstos para el año que viene? ¿En cuánto ha aumentado la dotación técnica de las patrullas de la Guardia Civil, que es importante que estén dotadas de los medios tecnológicos necesarios para que puedan hacer frente a su función?

En definitiva, verdaderamente ustedes, también en Galicia, como es normal, porque lo hacen en toda España, están haciendo recaer el problema de la seguridad vial sobre el conductor, sobre el ciudadano, solamente sobre eso; no tienen otra política que la de vigilancia, control y sanción de tráfico. Pero no hacen lo que tienen que hacer, que es protagonizar exactamente una política de seguridad vial que desde luego necesita una coordinación, de la que no están dotados; no cumplen su programa, y antes lo decía el señor Ballesteros, porque hablaban de una agencia nacional de seguridad vial, que no sabemos dónde está; tampoco crean esa secretaría de Estado de seguridad vial que nosotros les planteamos como medida de coordinación necesaria, porque son muchos los ministerios implicados.
También hay que controlar el estado de los vehículos, la inspección técnica de vehículos, coordinarla con las comunidades autónomas, etcétera. Cuando se habla de un plan de choque contra la siniestralidad vial, hay que tratar de todo eso y hay que saber dar respuesta a todo eso, porque si no al final es un brindis al sol, es más, es una frivolidad, porque el asunto del que tratamos afecta a la vida y a la integridad física de las personas. Y además en Galicia, como usted bien ha dicho, afecta a los sectores más vulnerables de la población, a los menores de 25 años y a los peatones. Por tanto, señor subsecretario, ya está bien de políticas de gestos con un tema tan serio; ya tienen que entrar en materia. Desde luego, nosotros se lo vamos a exigir y vamos a controlarlo. Esperamos que puedan respondernos a todas estas interrogantes que yo

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le planteo, a cómo está actuando el Gobierno, porque eso sí diseñaría un plan de siniestralidad vial que ustedes de momento no tienen. Han hecho un plan estratégico, sí, dentro del mismo hablan de planes autonómicos de seguridad vial, pero para toda España; sin embargo, ustedes lo venden en Galicia como si fuera una cosa especial, cuando verdaderamente el territorio gallego necesita una situación especial porque sus datos son peores que los del resto del territorio nacional.


Eso es lo que quería decirle, señor subsecretario.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Sainz para consumir otro turno en esta comparecencia.


La señora SAINZ GARCÍA: Señor subsecretario, efectivamente Galicia comenzó a arder a principios de agosto, pero lo que usted no ha dicho es que el Gobierno inició al tiempo la teoría de la conspiración, con la ministra señora Narbona apresurándose a afirmar, cuando las llamas estaban arrasando Galicia, que detrás de los incendios se ocultaba una trama organizada; algo que después alentó el ministro de Interior -que hoy no ha comparecido aquí, pero que es su ministro-, el señor Rubalcaba, aunque después, es cierto, intentó dar marcha atrás. Mi grupo considera muy grave esta cuestión, primero, porque un Gobierno no puede insultar ni criminalizar a un colectivo constituido por personas que encima habían sido tratadas injustamente por absurdas posiciones políticas, propias de nacionalismos excluyentes. Segundo, porque supera todos los límites de lo sorprendente que el Gobierno, y entre ellos su ministro, especule sobre la autoría de los incendios forestales que se estaban produciendo en Galicia, cuando esa tarea le corresponde a la Policía judicial y no tenían ninguna prueba; el Gobierno no debe, no puede, dedicarse a especular sin pruebas y sin datos. Tercero, porque quien tiene la potestad de imputar, en su caso, y determinar responsabilidades criminales son los propios jueces y los tribunales. Cuarto, porque también perjudicó la investigación al mentir sobre las causas, al atribuirlas a tramas inexistentes. Todo ello para tratar de ocultar lo que creemos que ha sido una grave incompetencia e irresponsabilidad del Gobierno; es demasiado que se llegue a criminalizar a las personas, como se hizo por parte del Gobierno.


Como usted conoce perfectamente, las pesquisas de quien tiene la responsabilidad en la Unidad Central Operativa, UCO, determinaron claramente -yo tengo informes y tengo en todo caso los datos que aparecieron publicados- que no hay trama criminal, que los incendios que arrasaron cerca de 100.000 hectáreas no esconden un complot guiado por trama alguna -dicen-, ni política, ni urbanística, ni maderera, ni ganadera, ni cinegética. También se indica en el citado informe que el 80 por ciento de los incendios fueron intencionados. Y yo le digo, señor subsecretario: igual que siempre, lo que ha variado ha sido que cuando desde el Gobierno del Partido Popular se decía que entre el 80 y el 90 por ciento de los fuegos eran intencionados, el Partido Socialista y el Bloque acusaban al Gobierno de criminalizar a la sociedad gallega. Y no puedo compartir con usted que ni por el número, ni por la tipología, ni por los lugares, etcétera, estos incendios fueran -creo recordar que fue la palabra que usted utilizó- inusuales. Tengo que decirle que no lo comparto porque, aunque sea lamentable, señorías, los incendios provocados siempre se producían en porcentajes similares al de este año, datos que nosotros consideramos claramente relevantes, como relevante es que quede claro que no es cierto que el número de fuegos haya sido superior al de otros años, y se lo voy a explicar, señor subsecretario.
En 1995 hubo 9.727 focos, un 60 por ciento más; en 1998, 8.087 focos, un 32 por ciento más; en 2004, 8.964 focos, un 47 por ciento más y en 2005, 8.294 focos, ahí, a la vuelta de la esquina, y un 36 por ciento más. Y también con y sin fiscalías especiales, a las que nada tenemos que objetar, pero sí a la falta de medios que ellos lamentan, entre 1998 y 2004 fueron detenidas 665 personas, alrededor de cien detenidas por año, y la intencionalidad que se dio tampoco era nueva en todas las detenciones. Por tanto, esa inusualidad no se da y, siendo así, yo además le pregunto: ¿Cómo puede afirmarse desde el Gobierno del que usted forma parte que haya terrorismo incendiario ahora y antes no? ¿Cómo se pudieron hacer desde el Gobierno esas afirmaciones? La excepcionalidad o la inusualidad, según sus palabras, que usted señaló no corresponden a los hechos. Yo le digo en cambio: ¿Qué es lo que cambió? ¿Que es lo diferente? Pues el tiempo de respuesta para apagar los fuegos, que casi se multiplicó por cinco, pasando de 20 minutos a cerca de 90 minutos.
Cambió la medida del número de hectáreas lógicamente quemadas también por fuego, es decir, se multiplicó por seis con respecto a la media. Por tanto, los incendios de este año, señor subsecretario, supusieron un fracaso, no, como dijo la señora ministra aquí, en sede parlamentaria, la semana pasada, de los gallegos. Bien es verdad que dijo también del Gobierno central y de la Administración autónomica, por primera vez lo reconoció, pero también dijo de los gallegos. Y eso no es verdad; fue un fracaso de dos gobiernos claramente descoordinados e incompetentes.


No voy a hablar de las responsabilidades del Gobierno gallego, es otra Cámara, pero sí del Gobierno central. Ustedes llegaron tarde, lo hemos dicho, lo hemos demostrado y hubo una grave descoordinación.
Efectivamente llegaron tarde los medios para apagar los incendios y eso es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, llegó tarde el ejército y eso lo es del Ministerio de Defensa, pero también llegaron tarde los medios de prevención y detección que ustedes enviaron del Ministerio del Interior, entre otras cosas, porque los efectivos de apoyo dependientes del Ministerio del Interior que usted ha ido enumerando y recordando, primero, es evidente que fracasaron en lo que se puede llamar tareas de las que usted habló, a las que iban destinadas, de prevención, pero, por otro lado, llegaron tarde. Bien es cierto que quiero manifestar que nuestro grupo no comparte,

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yo tampoco, las dudas del señor Rodríguez acerca de la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sí en cambio de la escasez de medios que ustedes pusieron para atajar los problemas y desde luego también de la posible coordinación o más bien descoordinación, como en algún momento explicaré.


Les decía que llegaron tarde; les cogió además sin ese real decreto de ordenación del Estado en materia de protección civil, como muy bien y brillantemente le ha recordado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra en el primer punto; estaba pactado efectivamente con las comunidades autónomas en la Comisión Nacional de Protección y lo retiraron, como él dijo muy bien, por no saber qué hacer con el ejército.
Por lo tanto, se encontraron sin una organización del Estado que soportase las actuaciones y la coordinación precisa. Tal vez por eso, y esto es muy grave, se negaron ustedes a declarar el nivel 3, cuando la vida de muchas personas y sus bienes estaban en riesgo. Y no me puede negar que los incendios, por su intensidad, ustedes lo han dicho, por su afectación a personas o a bienes, porque hay muchos, y ustedes han sacado incluso un decreto para ayudas, aunque al final son unas ayudas prácticamente inexistentes, o por su extensión territorial, que fue mucha, adquirieron unas proporciones importantísimas, gravísimas, y se convirtieron en un problema de seguridad y desbordaron el interés exclusivamente autonómico. Eso no lo pueden negar, porque, además, al final está demostrado con las actuaciones de ustedes.


Lo que se establece es que en ese caso el Ministerio del Interior debería haber declarado el nivel de emergencia 3 y no haberlo hecho revela una improvisación y es una irresponsabilidad. Además, le pregunto: ¿Quién coordinó a esos ministerios y a esos medios del Ministerio de Medio Ambiente, de Defensa, del Ejército y de Interior en los incendios y que usted también ha mencionado? ¿Cómo se coordinaron? ¿Basándose en qué estructura? ¿Qué medidas de protección realizaron cuando el fuego cercaba a doscientas viviendas y al lado había dos gasolineras llenas de combustible que de manera precipitada tuvieron que vaciar de combustible, y todo sin nivel 3? ¿Qué protección realizaron cuando el fuego amenazaba nada más y nada menos que al polvorín de Lousame? ¿Por qué tardaron en cortar la carretera nacional -y esto ya es grave- cuando estaba ardiendo, lo que causó que dos mujeres murieran calcinadas? En relación con esto, le pregunto: ¿Cree que las autoridades competentes actuaron adecuadamente? ¿Cuál es la visión oficial de lo ocurrido? Díganoslo, porque de eso no ha hablado nada y también es de su competencia. ¿Quiénes fueron los responsables de que no se cortara la carretera, en la que, desgraciadamente, una madre y su hija encontraron la muerte? ¿Por qué permitieron que muchos ciudadanos circularan por autopistas en llamas, sufriendo retenciones de horas, y que después de atascos interminables tuviesen que pagar peaje? ¿Por qué tuvimos que sufrir caos en las autopistas, con escenas dantescas de ciudadanos que salían de los autobuses, con sus maletas, corriendo por las autopistas -que yo lo vi, señor subsecretario-, sin que llegasen a tiempo servicios de Tráfico para detener a los coches que circulaban con riesgos evidentes? ¿Dónde estaban sus responsabilidades viales? Conoce que solo una suerte increíble impidió que en las autopistas no hubiese accidentes graves por ausencia de fuerzas de seguridad viaria, cuando las personas no podían atravesar el fuego y tenían que pararse. ¿Dónde estaba la Dirección General de Tráfico? ¿Por qué no se avisó a tiempo? En estos incendios, señorías, hubo muchas personas que trabajaron y arriesgaron sus vidas, pero el Gobierno y su ministerio, con el de Medio Ambiente, fueron claramente incompetentes.


Fracasó esa política de prevención, y hubo ausencia de medios y los medios llegaron tarde. Fracasó la política de lucha contra los incendios.
La medida estrella del Gobierno era la fiscalía y no resultó eficaz. Se lo voy a demostrar en palabras de la propia fiscalía y de los fiscales especiales de Galicia, y les afecta a ustedes porque hablan de sus medios. El fiscal especial de Galicia, además de señalar que no detecta cambios en el perfil clásico del incendiario, señala que se echan de menos medios policiales, que necesitaban medios policiales para investigar los delitos ambientales. Dice que sería conveniente que la Policía se fuese preparando para este nuevo tipo de delincuencia. Otra perla: Desde la fiscalía y los juzgados lo que nos faltaba era información que venga de manera correcta, pruebas de calidad para mejorar el trabajo. Necesitamos más información y de mayor calidad. La memoria de la fiscalía, que entró hace unos días en el Congreso y que tuve oportunidad de leer dice textualmente: Los medios personales de las fiscalías -se refiere a las especiales- son escasos y la previsión normativa de nuevas secciones y especializaciones no va seguido del consiguiente aumento de plantilla, ni de fiscales, ni de personal de la Administración de Justicia, por lo que la exclusiva dedicación deseada de esta materia no es posible. Las fiscalías insisten en que la falta de medios personales y materiales -continúo con palabras textuales- crean cierta frustración en quienes son conscientes de que la labor del fiscal en esta materia podría ser más extensa y eficaz realmente, si el número de fiscales permitiera la dedicación exclusiva.


La señora PRESIDENTA: Señora Sainz, le ruego que cuando pueda que vaya terminando porque su tiempo ya ha concluido.


La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, termino enseguida; le pido dos minutos de cortesía.


Señor subsecretario, ya ve que los fiscales especiales de delitos medioambientales denuncian que tienen que seguir con su carga de trabajo y no llegan. Crearon un instrumento y luego no lo dotan con medios, eso es grave; ni tiene la especialización que requiere la Guardia Civil. Y también es grave que el fiscal general hable de la necesidad de mejorar la coordinación. No es la oposición,

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sino su fiscal el que lo dice en la memoria. Dice: Se insiste en la necesidad de mejorar la coordinación de los cuerpos policiales, puesto que -atienda, porque esto va directamente al Ministerio del Interior- se observan varios puntos a mejorar, como se constata que, existiendo en la comunidad autónoma un programa informático -se refiere a Galicia- de investigación, el programa no puede tener un resultado completo, ya que la Guardia Civil ni puede acceder ni aporta datos a estos programas.
¿Cómo justifica todo esto?

Termino, señor subsecretario, diciéndole que desde la fiscalía y desde los juzgados señalan claramente que les falta formación a las personas que trabajan en todas estas cuestiones, que les falta coordinación. Caen siempre en los mismos errores, crean órganos que luego no dotan de los medios, y así nada funciona, así fracasan sus normas. Y no olviden que sería mucho más eficaz que estos delitos fueran oficiados por un juez profesional a quien solo en estos momentos en contados casos -no puedo entrar en el detalle- le corresponde llevarlos. Pero a ustedes les cuesta mucho ver los errores -los han tenido- y mucho más rectificar. Yo espero que en este caso hagan un esfuerzo y rectifiquen. Está claro que no hubo trama ni causa distinta para justificar que no se respondiera como otros años, se hubiesen producido entonces menores daños y no hubiésemos caído en esta tremenda catástrofe, provocada, resumo, por falta de medios, por ausencia de prevención, por falta de coordinación, por una reacción tardía y una descoordinación incardinada por dos gobiernos cargados, cada uno con los suyos, de una tremenda responsabilidad que no pueden esconder.


La señora PRESIDENTA: Finalizamos este turno de intervenciones de los grupos con el Grupo Parlamentario Socialista, que también se va a dividir las intervenciones. Tiene la palabra el señor Tabuyo.


El señor TABUYO ROMERO: Bienvenido a esta Comisión, señor subsecretario, y gracias por las informaciones que nos ha aportado.


Galicia está sufriendo una suerte de siniestralidad que funciona en dirección contraria a lo que se viene produciendo en el conjunto del Estado. Efectivamente, Galicia tiene aproximadamente el 6 por ciento del total de la población española, dispone de un parque de vehículos de 1.700.000 unidades, lo que supone también el 6 por ciento del total, y 1.600.000 conductores, el 7 por ciento del censo total. Durante los meses de enero a julio del año 2006 en España, en comparación con los datos del año 2005, los accidentes con víctimas mortales se redujeron en un 22 por ciento, mientras que en Galicia, en el mismo periodo, aumentaron en un 32 por ciento. Por tanto, se aprecia una evolución distinta, que además es desigual en el propio territorio, ya que las resistencias se concentran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, mientras que en Lugo y Ourense los resultados van acordes con el conjunto del Estado. Es evidente, señorías, que el Partido Popular, por lo manifestado por boca de su portavoz, no conoce el plan de choque y, lo que es más grave, intenta trivializar un problema dramático que afecta a muchas familias gallegas. Y si el caso de Galicia es diferente en sus resultados a muchas otras zonas del Estado, también lo es para que sea analizado con un mínimo de rigor.


El presidente de la Xunta de Galicia, el pasado mes de agosto, manifestó que se ganaría la batalla y que la Galicia actual, la del siglo XXI, no está dispuesta a convivir por más tiempo con este reguero de familias destrozadas por los accidentes de tráfico. Por eso consideramos que el Plan especial de Seguridad Vial para Galicia, presentado el pasado mes de agosto conjuntamente por el ministro del Interior y por el presidente de la Xunta de Galicia, será un instrumento eficaz para reducir la siniestralidad mediante actuaciones coordinadas y que tiene claro el objetivo principal, que es reducir en un 25 por ciento el número de fallecidos por accidentes de tráfico entre los años 2006 y 2010. La Xunta de Galicia también ha puesto en marcha una serie de medidas que pretenden incidir y ayudar en evitar la siniestralidad viaria; afectan especialmente a los jóvenes, mediante alternativas como la puesta en marcha de un transporte nocturno que opera en ocho rutas por la mayor parte del territorio, para evitar que los jóvenes que se desplazan a otras localidades con mayores ofertas de ocio tengan que conducir. Este servicio es utilizado por una media de 3.000 chicos y chicas cada fin de semana. Esta medida no es en absoluto casual, ya que es especialmente doloroso comprobar que en nuestra comunidad, aunque podemos hablar de una tendencia descendente en la cifra de jóvenes fallecidos en la franja de los 15 a los 24 años, los datos de 2005 arrojan una tasa de 211 por millón de habitantes; ello duplica la media nacional, que fue de 100 para el mismo periodo.


Otro aspecto que tiene mucho que ver es el relacionado con la franja horaria en la que se producen estos accidentes, ya que en Galicia el 42 por ciento de los muertos en carretera se producen entre las veinte horas y las siete de la madrugada, frente a un 32 por ciento del conjunto del Estado. Otras medidas inciden en tratar de controlar una de las peculiaridades de nuestra siniestralidad, ya que entre el 60 y el 70 por ciento de los accidentes se producen en carreteras de la red secundaria y consisten en incrementar notablemente las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento y a la conservación de carreteras, aspecto que además rompe una tendencia decreciente del anterior Gobierno popular en los recursos asignados a estas partidas. Además, en muchos casos la señalización es deficiente, lo que complica y dificulta la circulación viaria en gran parte de estos trazados. Asimismo hay que sumarle el Plan de Infraestructuras de Transporte y el Plan Gallego de Seguridad Vial, que tienen que ser dos importantes instrumentos, dos importantes herramientas, que ayudarán a dar respuestas eficaces en la dirección de controlar y reducir la siniestralidad en nuestra red viaria.


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Hay un aspecto también fundamental que debe ser contemplado y está relacionado con la prevención y con la formación. La educación vial, junto con la conducción segura, son dos piezas fundamentales que permitirán completar el puzle de la reducción de la siniestralidad. Hay que poner un énfasis especial en la prevención y este Gobierno apuesta por la concienciación vial. Compartimos la preocupación, expresada en diversas oportunidades, por el hecho de que más de la mitad de los fallecidos no llevaba puesto el cinturón de seguridad y esto a pesar de las amplias y continuas campañas de información y del conocimiento general de los efectos beneficiosos que se derivan de su uso.
Evidentemente, tiene que ver con el umbral de percepción de riesgo que los conductores puedan tener en cada momento y esto sucede más al circular por carreteras secundarias, que precisamente son las más estrechas, las más peligrosas, las que no tienen arcenes y las que están en peor estado de conservación. Por eso, señor subsecretario, señorías, consideramos que es muy positiva la voluntad de la Xunta de Galicia y del Ministerio del Interior de colaborar coordinadamente, para conseguir el objetivo de la reducción, aunando esfuerzos con toda la sociedad, y acabar, mediante la aplicación de medidas urgentes, con una accidentalidad por encima de la media.


El programa se organiza en torno a siete líneas estratégicas, que pasan por medidas como la instalación de radares fijos en carreteras gallegas, poniendo un énfasis especial en dos áreas en las que el número de accidentes es muy elevado, como son la comarca del Barbanza, en el sur de la provincia de A Coruña, y la comarca del Salnés, en la provincia de Pontevedra. En ambas la densidad de tráfico es elevada y el incremento en época estival, derivado de su importancia turística, se multiplica exponencialmente; son unas carreteras nacionales y comarcales que discurren como auténticas vías urbanas entre viviendas y núcleos de población desarrollados a lo largo de las mismas y con una elevada densidad de población. Y en ambas existen, como ya ha citado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, unas mal llamadas vías rápidas, que han generado una importante y continua mortalidad. Hoy, la Xunta de Galicia está ya actuando desdoblando estas vías rápidas en autovías.


Consideramos de gran importancia las medidas encaminadas a controlar la velocidad en las carreteras secundarias mediante radares móviles, sobre todo por el importante efecto disuasorio ante conductas inapropiadas, lo que originará el respeto a las limitaciones y el hábito de circular con precaución también por estas vías peligrosas. Y es que en ellas se concentran, como ya se ha dicho, los accidentes de tráfico y los fallecidos en un porcentaje superior a la media del Estado: el 47,3 por ciento de los accidentes de España se produce en estas vías, frente al 70 por ciento de la provincia de A Coruña, o al 63,2 de la provincia de Pontevedra. Además, el 48 por ciento de los muertos del total nacional se produce en estas vías, frente al 64,1 por ciento que se produce en la provincia de Pontevedra. Por eso es importantísimo, y así lo valoramos, la creación de un plan especial de control y vigilancia de carreteras secundarias, contando para ello con el apoyo de las unidades de Seguridad Ciudadana de las comandancias. Esto permitirá reducir la impunidad de aquellos que consideran que las normas son siempre para los demás. Otro punto de especial interés -y voy acabando- es el referido a los controles de alcoholemia mediante la dotación de etilómetros de precisión como también el empleo de vehículos-patrulla de alcoholemia, sobre todo en horas especialmente sensibles, para cubrir la red secundaria y acabar con la práctica de circular por estas vías después de haber consumido alcohol con el fin de evitar los controles que se establecen en las vías principales.


Por último, consideramos que también es especialmente acertado actuar sobre las propias vías, es decir, analizar, estudiar, informar y proponer soluciones a las deficiencias que las mismas plantean, y para reducir los elementos de especial conflictividad que puedan presentar tanto a nivel de modificación como de señalización, acondicionamiento de márgenes u otras deficiencias. Estas medidas, junto con las de prevención y formación, deben dar lugar a un nuevo escenario donde la conducción segura y el respeto a las normas logren la reducción de la siniestralidad, que convierte nuestras vías en escenarios de dramas y tragedias vitales, que hacen del dolor un actor, un personaje con una presencia excesiva y asfixiante.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra ahora la señora Couto para seguir el turno de la comparecencia.


La señora COUTO RIVAS: Gracias, señor subsecretario, por su información, pero como gallega he de decirle que desgraciadamente el fuego se ha convertido en una tarjeta de presentación del verano en Galicia, en una noticia recurrente de todos los medios de comunicación. En los últimos 25 años el monte ha ardido en Galicia con distintas intensidades, pero en este mes de agosto han quedado en nuestras retinas imágenes cargadas de angustia y de desesperación, la de muchos gallegos aterrorizados, mientras el fuego rodeaba sus hogares y ponía en peligro sus vidas y sus bienes. Ha sido duro, pero la sociedad gallega ha estado de nuevo a la altura de las circunstancias. Este año, señorías, Galicia ha ardido de una forma diferente, se han visto afectadas las áreas más pobladas y de mayor atracción turística, las de mayor proyección mediática, los lugares de difícil acceso para los medios de extinción y quinientas poblaciones y más de mil casas aisladas han sido amenazadas. El balance resulta pavoroso: casi dos mil incendios, concretamente 1.651, en el estrecho periodo de 15 días; incendios que exigen en muchos casos un alto grado de preparación, con una cierta planificación y una clara intencionalidad de causar daño. Además, tenemos que lamentar y manifestar nuestro dolor y condolencia a las familias de las cuatro víctimas mortales. Ha habido desalojos, las llamas han lamido casas y

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haciendas, aunque por fortuna no ha ardido ninguna vivienda habitada.


En todo este contexto, el Partido Popular, más allá de la famosa y vergonzosa foto de sus líderes con la manguerita de jardín, actuó como siempre lo hace, sin arrimar el hombro, sin alternativas. Durante la crisis no se aportó ninguna propuesta positiva. Desde el primer momento afirmaron que pedirían responsabilidades y desde el primer día de la crisis amenazaron con una moción de censura en Galicia. Solo buscan el desgaste del Gobierno, intentando instalar la confusión en la sociedad; y le doy un dato: en esos momentos de crisis cuantificaron las hectáreas quemadas en 175.000, a pesar de que esta cifra pudo ocasionar un grave daño a la imagen y a la realidad de Galicia. ¿Es que no les llegaban las 77.000 hectáreas ardidas?Señoría, tanto el Gobierno de la Xunta de Galicia como el central tuvieron una reacción rápida y coordinada. Desde el primer momento el presidente de la Xunta estaba al frente del operativo, no de cacería ni de vacaciones como estuvieron otros, y el presidente Zapatero, así como varios ministros y usted mismo, estuvieron en Galicia desde el principio, aportando ayudas, medios y compartiendo la angustia de los que sufrían. Se aportó una cantidad de medios nunca vista en la lucha contra el fuego y, por primera, vez un despliegue policial para detener a los incendiarios. Así, en ese último mes de agosto se realizaron las detenciones que usted ha mencionado, 68 en total.


Además, hay que destacar especialmente la colaboración ciudadana, imprescindible en la investigación de estos delitos, aunque esta colaboración ciudadana resulte muy difícil, sobre todo en las zonas rurales.


El Gobierno central actuó con rapidez, tanto en presencia política como en el envío de medios. Además de los efectivos humanos y materiales enviados se realizaron actuaciones concretas, como la llevada a cabo el 8 de agosto por el director general de la Guardia Civil, que se desplazó a Galicia para intensificar las investigaciones con el fin de detener a los culpables, implicando también en la labor a los servicios de información e investigación, a los que ordenó el día anterior priorizar su trabajo en la búsqueda del origen de los incendios, causas e identificación de posibles responsables. La actividad de la Guardia Civil en esta situación se centró, junto a otros órganos de la Administración pública, en la prevención coordinada, en el establecimiento de medidas de seguridad y en la investigación de los incendios forestales. Igualmente trabajó en estrecha colaboración, disposición y total apoyo con la Xunta de Galicia, y así lo hizo en el comité de coordinación policial, en donde este año se establecieron dos objetivos: coordinar los tres cuerpos de seguridad -la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía autonómica- y la planificación de zonas de especial vigilancia que se determinaron, entre otros criterios, en función del número de incendios que tuvieron lugar en años anteriores, resultando, como usted dijo, 256 parroquias, 64 en A Coruña, 46 en Lugo, 76 en Ourense y 70 en Pontevedra. Con relación a la vigilancia de estas zonas, 122 fueron vigiladas por la Guardia Civil y el resto por la Policía autonómica, en coordinación con la Policía Nacional en aquellos lugares donde estuvo desplegada.


Estas actuaciones, y las que usted ha indicado, demuestran que hubo investigación policial y equipos de investigación que se desplazaron a Galicia el día 5 por la mañana, y fruto de esa investigación son las numerosas detenciones realizadas, lo que resulta asombroso para los gallegos, pues es la primera vez que se produce, a pesar de que el Partido Popular se ha cansado estos días de pregonar la cantidad de dinero que invirtieron en materia de incendios. En cambio, callan a la hora de hablar de resultados, porque este año es el único en la historia de los incendios de Galicia en el que se han acordado, tanto en la Xunta como en el Gobierno central, ayudas específicas a favor de los afectados, así como la adopción de un conjunto de medidas paliativas y compensatorias dirigidas a la reparación de los daños producidos y a la recuperación medioambiental de las zonas afectadas.


En resumen, señor subsecretario, hemos actuado, pero lo hemos hecho de forma diferente. El presidente estaba, no se había ido; el presidente Rodríguez Zapatero vino a sufrir con nosotros; jamás se pusieron tantos medios a disposición de Galicia para defender sus intereses; por primera vez en la historia se acordaron ayudas para los afectados; se lucha contra los incendiarios hasta con una fiscalía específica; se adoptan medidas de futuro y no se han mandado a nuestros alcaldes cartas para que no facilitasen los convenios con la Xunta, como ha hecho otro partido político. Esta sí es otra forma de trabajar por Galicia, por los gallegos y por las gallegas.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra de nuevo el subsecretario para responder.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Voy a tratar brevemente, a la vista de la amplitud de las intervenciones, centrar mi intervención de forma especial en el grupo que ha solicitado la comparecencia y la interpelación y también haré algunas consideraciones con relación a la intervención de los demás grupos.


En cuanto al problema de los incendios y el planteamiento central que el señor Rodríguez ha venido haciendo acerca de que le parecía insuficiente la actuación de los cuerpos policiales y el número de detenciones, no puedo compartir su valoración. Evidentemente que me gustaría que hubiera más detenidos y sobre todo que se pudieran esclarecer totalmente los hechos. En esa línea estamos y en ese sentido se desarrolla el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El número de 68 detenidos no es baladí.


Ligando este tema a la pregunta del señor Olabarría, debo decirle que la tipología de los detenidos no obedece a la Galicia de Valle-Inclán, que bien está para la literatura. Por la tipología de los detenidos, la inmensa

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mayoría de ellos pueden ser tipificados de ciudadanos normales, no de ciudadanos de psiquiátrico ni de alcohólicos, aunque también ha habido.
Por tanto, se trata de ciudadanos normales con edades normales. Creo que esta es una aseveración que se puede mantener. Lo que hasta ahora no ha quedado patente en las investigaciones es que esos ciudadanos pudieran tener lazos de conexión organizados o financiados por alguien. Eso también ha venido siendo explicado por las autoridades del departamento.


La representante del Grupo Popular, a la que agradezco el tono de su intervención -crítico, pero correcto dentro de esa crítica-, ha hecho referencia a posicionamientos de ministros del Gobierno. Quiero decirle que los miembros del Gobierno socialista han sido muy prudentes en sus valoraciones si las comparamos con las que hicieron representantes del Partido Popular en años anteriores, porque aunque el señor Rajoy decía este verano que era una inmoralidad fomentar debates sobre la existencia de tramas organizadas, siendo vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, en abril de 2002 decía: tenemos la sospecha e incluso las evidencias de que ya hay grupos organizados que se dedican a eso; el presidente de la Xunta, don Manuel Fraga, decía en agosto de 1990: denuncio la existencia de organizaciones criminales tras los incendios forestales; el señor Romay Beccaría denuncia al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia la existencia de una banda itinerante incendiaria; Carlos del Álamo, consellero de Medio Ambiente, asegura que en su consellería hay constancia de que existen grupos organizados desde el año 1999 que prenden fuego en los montes; y podría seguir citando.


La referencia que hice inicialmente de que la tipología de los incendios este año ha revestido unas características especiales y diferentes, salta a la vista de todos y de cualquier análisis. Tampoco resiste la comparación razonable de lo que ha ocurrido en estos 10 días, entre el 4 y el 14 de agosto, con lo que haya podido pasar.


La señora Sainz ha hecho mención al número de focos. Aquí se ha hablado del número de incendios. Si habláramos del número de focos que ha conllevado cada uno de los incendios, posiblemente las cifras se dispararían por muchos miles. Por consiguiente, hemos estado ante un acontecimiento no inusual, de una virulencia que viví en primera línea porque tuve que asumir algún trabajo en esa dirección y estuve in situ viendo la problemática que allí tenía lugar, que era muy grave -y ahora haré alguna referencia a ello, aunque prefiero centrarme en la cuestión de las detenciones y no dar una respuesta general sobre temas que se han debatido en esta Cámara con la presencia de ministros del Gobierno-.


Al señor Rodríguez, en relación con las detenciones, le diré que no cesan y que, según me han comunicado verbalmente, entre la fecha de cierre que he dado, de 24 de septiembre, y hoy mismo, ya se ha producido alguna más.
Por consiguiente, las investigaciones continúan. Si de esas investigaciones los cuerpos policiales o las autoridades judiciales dedujeran que hay algún tipo de organización o connotación diferente, son ellos los responsables de sacar esto a la luz. Le garantizo a S.S. que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en su profesionalidad, van a efectuar todo el esfuerzo en este sentido. Lo mismo que le digo que, según el conocimiento verbal que tengo en estos últimos días y después de cerrar la estadística, hay 68 detenciones, le digo que ya hay alguna detención más; van a continuar las investigaciones y a menudo estas investigaciones no dan fruto en el mismo momento en que se producen los acontecimientos.
La tipología de los que incendian y de los incendios, la dispersión en el territorio, etcétera, hacen muy difícil que se pueda actuar con la misma eficacia con la que se actúa en otros campos. En todo caso, reconocerá S.S. que 68 es una cifra de detenciones importante, una cifra mayor que otros años, y le garantizo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado van a seguir trabajando, como es su tarea. Acerca de la pregunta concreta que me ha hecho sobre ese informe de la Comandancia de Lugo, no le puedo decir nada porque no me he preocupado, ni he tenido acceso a él, de que dicho informe llegara a mi mesa de despacho. Por tanto, no le puedo confirmar ni desmentir los términos de ese informe a los que usted ha hecho referencia.


En cuanto a los accidentes de tráfico -ligo con la intervención del señor Souvirón-, en España la disminución de la siniestralidad vial está teniendo unos resultados positivos que hay que agradecer al comportamiento ciudadano, que en esto como en otras materias va tomando conciencia de la gravedad, y también a algunas asociaciones. Ha sido una idea positiva, a petición de las propias asociaciones pero también por la sensibilidad del Gobierno, ayudar para que puedan desarrollar su tarea en la sociedad. Debemos estar satisfechos de la reducción de la siniestralidad.


Señor Souvirón, se puede discutir todo. En cuanto a que se necesitan más agentes para la Guardia Civil, estamos teniendo problemas, entre otras cosas porque ser guardia civil de tráfico, por decirlo llanamente, es algo más penoso que ser guardia civil normal. Se les paga ya más, pero estamos en el intento de pagarles más porque tienen una diferencia de complemento de 139 euros y vamos a ver si lo subimos hasta los 300. Hay las dificultades y los agravios comparativos que suscitan este tipo de medidas administrativas, pero estamos procurando que haya más guardias de tráfico. Las convocatorias se están haciendo conforme el Gobierno indicó en un acuerdo de Consejo de Ministros. Su señoría ha hablado de la necesidad de coordinar políticas y le recuerdo que antes de verano hubo un importante acuerdo del Consejo de Ministros con un paquete integral de medidas bastante complejo, bastante amplio. Se están haciendo tres convocatorias de quinientas guardias civiles y el problema que tenemos es que no se cubren. Se convocan quinientas plazas y acuden 280 y no todos van a aprobar. No obstante, se están dando pasos importantes en cuanto al control y a la reducción de la siniestralidad en todas las carreteras. Se está actuando mucho

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sobre el conductor, pero debo recordarle a S.S. que el tema de las infraestructuras también influye mucho; ahora mismo los índices de inversión pública son bastante superiores a los que hubo en un pasado reciente. Por consiguiente, se está haciendo un esfuerzo importante desde el punto de vista de la carretera y de la inversión. Que haya que mejorar la señalización de ciertos tramos, etcétera, seguramente y todas las medidas en ese sentido serán positivas, pero reconozca que en el año 2003, que está muy cercano, hubo 5.399 muertos en las carreteras españolas y que el año pasado fueron 3.332. Este año esperamos que no se alcance la cifra de tres mil, lo cual indica, dentro del dolor y de la tragedia que suponen esos miles de muertos, que hay unas políticas que se están cumpliendo y agrupando. Muchas de las ideas que usted ha señalado son válidas y vamos a seguir luchando por ellas.


En cuanto a lo que ocurre en el territorio gallego, el representante del Bloque ha finalizado centrando la cuestión sobre la necesidad de una policía autonómica dedicada al control del tráfico en Galicia. No le voy a responder sobre este asunto. Este tema no está ahorasobre la mesa y no se pueden tomar posiciones de inmediato. Es la Guardia Civil de Tráfico la que tiene competencia sobre las carreteras. Hemos de reforzarla con carácter general, porque queremos que haya más agentes, y ello tendrá repercusión sobre la Guardia Civil de Tráfico en Galicia.


Por lo que se refiere a las medidas que se están tomando, hay poco que inventar. Las políticas para luchar contra la siniestralidad en las carreteras son bastante homogéneas a nivel mundial y, desde luego, en Europa hay una política bien diseñada a nivel europeo. Lo que hace España se parece como una gota de agua a otra a lo que hacen en Francia o en Alemania. Partimos de una situación heredada de la historia bastante peor que algunos de estos países. También es verdad que las políticas para luchar contra los accidentes de algunos países como Francia están obteniendo unos resultados relevantes; asimismo, hay temas importantes como la multiplicación de los radares. Sobre la recaudación que se produzca, no crea que va a ser tanta. Se podrá hacer una recaudación más efectiva en el futuro, cuando se configure el nuevo centro automático de conexión con los radares para la implementación de las multas. Esto es algo que está presupuestado a lo largo de este año y, posiblemente, podrá permitir un tratamiento de las multas que se imponen diferente al que existe ahora mismo. En definitiva, hay un amplio grupo de políticas que se están desarrollando y están obteniendo un éxito relativo, pero muy importante, y a las pruebas me remito.


Físicamente Galicia -no estamos hablando de un elemento cultural o etnográfico- no es lo mismo que La Mancha, que conozco bien por mi largo trabajo en esa región. Es una región mucho más compleja desde el punto de vista de la estructura física, de la estructura viaria, del hábitat, de la dispersión de la población, de la estructura de las carreteras, del tráfico que soportan y de la densidad poblacional, y todos ellos pueden ser factores que contribuyan a que se produzca una siniestralidad mayor, especialmente en las carreteras secundarias. También creo que las medidas que se han tomado este verano, aún siendo parciales -y no voy a decir aquí que las medidas del plan de choque que se implementaron durante el verano hayan sido la panacea- no han sido tan inútiles cuando se ha producido una disminución de víctimas mortales a lo largo de los meses de julio y agosto y continúa produciéndose a lo largo del mes de septiembre; por consiguiente, son líneas de avance y de progreso.


No quisiera acabar esta intervención sin hacer una mención a la intervención urbi et orbi de la señora Sainz sobre los incendios en Galicia. Realmente el problema ha sido grave y las diferencias han sido notables, comenzando por el cambio climático. Hoy he visto en el telediario un enorme incendio en el centro de Argentina, donde llevaba cuatro meses sin llover. Lo digo porque este verano tuvimos informes que decían que la temperatura en Galicia en verano había sido superior -no muy superior, pero superior- a la de años anteriores. El cambio climático es algo que se está produciendo y facilita -no quita otro tipo de intencionalidades- que se produzcan determinadas circunstancias.


En cuanto a la capacidad de respuesta, fue bastante rápida. Podríamos entrar en una sucesión de fechas y de análisis. En un fuego siempre se tiene la sensación de que todo lo que no sean minutos es tardanza, pero se ha actuado desde un primer momento -el ejército estaba allí el mismo sábado por la tarde- y al final se ha podido comprobar que ha habido un despliegue de medios como posiblemente nunca se había producido en Europa en la lucha contra una serie de incendios en bloque como la que tuvo lugar en Galicia y una coordinación más que apreciable para semejante despliegue de personas y de medios aéreos. Como la señora diputada es gallega, puede preguntar a la gente cómo cargaban permanentemente los hidroaviones. Hubo un despliegue de medios considerable e importante. (La señora Sainz García: No.)

Esto nos lleva también a analizar en sede parlamentaria la estructura de la protección civil y qué grado de coordinación se necesita en un Estado tan descentralizado como el nuestro. Su señoría ha hablado de nivel 3, pero durante los ocho años de Gobierno popular hubo muchas ocasiones en las que se podían haber declarado también el nivel 3. La realidad es que el Estado, salvo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lo que puede aportar el Ministerio de Defensa, es decir, el ejército, que hasta ahora no estaba preparado para ello, tiene unos recursos limitadísimos, tanto en su época de Gobierno como en la nuestra, para intervenir frente a catástrofes naturales. Ahora existen los aviones de medio ambiente, pero no hay un dispositivo propio. Cuando esté en marcha la Unidad Militar de Emergencia lo habrá, pero esa es la disposición que ha tomado este

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Gobierno; hasta ahora no la había y, por consiguiente, la determinación de abordar los problemas requiere también de los medios para poder hacerlo.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Por favor, sea breve, señor Rodríguez. Se lo agradezco.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Seré breve, señora presidenta.


En primer lugar, coincido con el señor subsecretario y en cierta manera quiero constatar de forma común el carácter inusual y la tipología normal de muchos de los que están detenidos porque vuelvo a repetir que es la punta del iceberg. En lo que no coincido con el subsecretario es en que califique 68 detenciones en relación con dos mil delitos como eficacia.
Eso puede gustar o no, pero es así. Como está demostrado que de esos dos mil delitos 1.600 fueron intencionados, tendremos que hacer algún tipo de esfuerzo. Vinculado con esto, también debían vigilar desde el Gobierno que cuando haya informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los conozcan primero las autoridades políticas o, en todo caso, los jueces. No tiene sentido ninguno que aparezcan en los periódicos informes de la Guardia Civil, cuestiones que usted desconoce, que yo desconozco, que el Gobierno gallego desconoce, haciendo un diseño o interpretación del problema, aparte de contradictorio o no porque sacan fotografías de artefactos incendiarios, y reduciéndolo a unos pirómanos que están chalados, que tienen como fuente de información a la Guardia Civil, pero hasta el extremo de poder acceder a las declaraciones de los acusados. Esto no es muy de recibo. Entonces si el informe existe, existe y si no existe, no existe. En ese aspecto la Guardia Civil tiene que tener una mayor responsabilidad, primero, con los cargos del Gobierno; segundo, en relación con la sociedad, y tercero con relación a que si están abiertas las investigaciones no se pueden sacar conclusiones hasta que acaben. Esto es fundamental. No voy a incidir en el hecho de la concentración en 10 días porque si multiplicásemos lo que aconteció en esos días nada más que por los meses de verano, saldría un número de incendios inusitado en toda la historia de Galicia. No voy a hacerlo porque es un hecho tan objetivo, que ya no vale la pena ni discutirlo.


En relación con la siniestralidad, me gustaría -aunque sé que no vale de mucho- que usted pensase qué clase de Estado es un Estado -y qué clase de país, por supuesto el nuestro también- en el que todo un Gobierno durante veinte años prácticamente no haya desarrollado su estatuto de autonomía; y nos encontramos sin uno de los factores -no digo que sea el único- de normalidad de una política de seguridad vial para un país diferente en ese aspecto. Cataluña tiene política de seguridad vial propia y policía de tráfico propia y también la tiene Euskadi. Galicia las tiene reconocidas en su estatuto, pero no se desarrollaron. Creo que sería una mala vía ir en este momento a una situación cicatera a la hora de dar una solución al problema, sobre todo si eso se acaba reivindicando por supuesto desde allí, que son quienes tienen que hacerlo, su Parlamento y su Gobierno. Este es un instrumento esencial. Tiene que comprender que no nos gusta que se puedan reproducir todos los años, aunque con un detalle nuevo, fotografías del ministro de turno con el Gobierno gallego, porque recuerdan más a campañas propagandísticas que a la voluntad de solucionar los problemas, aunque sea desde el punto de vista de una perspectiva más estratégica, y sin negar que las medidas correctoras a corto plazo puedan funcionar -no tanto como usted intenta decir-, porque sigue habiendo una diferencia cualitativa entre Galicia y el resto del Estado. Tiene que comprender nuestro esfuerzo por contar con organigrama propio de seguridad vial, de tráfico y adaptado, por tanto, al autogobierno del país.


La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra si me la piden, pero quiero que tengan un poco de sentido común porque hemos agotado todos los tiempos y es un debate que está bastante completo. Le voy a dar la palabra, pero muy brevemente, señor Souvirón.


El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Telegráficamente. Con las cifras se justifica que las cosas van bien y además se hace hábilmente, porque se pone en conexión el año 2003 con el año 2005. El año 2003 es cuando se produce un repunte. Desde el año 2000 hay una inercia de disminución clara del número de muertos en carretera y del número de heridos graves, en el año 2003 repunta y en el año 2004 hay unos magníficos resultados. Teniendo en cuenta que desde que se implementan las políticas hasta que se producen los resultados hay un tiempo, podemos convenir amigablemente que esos resultados son como mínimo responsabilidad del Gobierno anterior y de este Gobierno. Por tanto, cuidado porque en el año 2004 se produjo la misma disminución que se ha producido en el año 2005 y en Galicia los resultados fueron mejores que este año. Cuidado con este tema de las cifras porque suelen rebotar con mucha facilidad.


En cuanto a las inversiones, se han hecho más, pero no se hacen los estudios de impacto en seguridad a los que obliga la Ley de Carreteras, y yo no sé por qué no se hacen en las nuevas infraestructuras.
Efectivamente, no hay un estímulo importante para que los miembros de la Guardia Civil se incluyan en la Agrupación de Tráfico. En lo que va de legislatura se comprometió un incremento retributivo, que después no se hizo porque en el trámite burocrático correspondiente a la Dirección General de Tráfico se le pasó el plazo y se quedaron un año sin cobrar el complemento al que se habían comprometido en esta Cámara en el debate de presupuestos. Se ha dicho que cuando nos encontráramos un guardia civil de Tráfico por la carretera había que echarse a temblar o cosas peores y se ha llegado a decir que diez radares sustituían todo el trabajo de la Guardia Civil de Tráfico.


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Por tanto, no hay vocaciones, pero hay que estimularlas y yo creo que ese no es el camino. El camino es mejorar las retribuciones, pero también mejorar sus medios técnicos y hacer ver el importante valor social que tiene el cuerpo y por tanto pertenecer a él.


Dice usted que al final las políticas de seguridad vial son iguales en todo el mundo y que nosotros hacemos lo que se hace en otros países.
Bueno, bueno...Realmente el modelo de política de seguridad vial es una política integral y coordinada por un organismo coordinador en cada uno de los gobiernos en donde esto funciona y aquí todavía no hemos llegado a eso. En este caso estoy más de acuerdo con el director general de Tráfico, que dice que en las políticas de seguridad vial hay que ser creativo y hay que dar cabida a la imaginación y no decir que estamos haciendo la política que se puede hacer, que es la que se hace en todo el mundo, porque ni es la misma ni así llegamos a la meta que todos esperamos que es mejorar los resultados de seguridad vial.


La señora PRESIDENTA: Le digo lo mismo, señora Sainz, le ruego brevedad.


La señora SAINZ GARCÍA: Lo procuraré al máximo, señora presidenta. Señor subsecretario, le pediría que no se escuden en el Gobierno del Partido Popular y en declaraciones del pasado porque llevan ustedes tres años gobernando en este país. Yo vengo ahora a pedirles cuentas de un hecho que fue gestión del Gobierno socialista por activa y por pasiva y por dos gobiernos. Fuentes de la Guardia Civil mostraron su sorpresa -tengo aquí los medios- por la irresponsabilidad de la ministra: No hemos detenido a ninguna persona relacionada con el trabajo de prevención ni extinción de fuegos. O las informaciones que aparecen también en los medios referidas a su ministro donde dicen que en relación a los incendios dice el señor Rubalcaba que puede haber alguna sospecha de que detrás haya algún grupo organizado, podría haber alguna organización detrás. Son simples sospechas, pero las lanzan en un momento determinado. Lo critica el Consejo General del Poder Judicial que dice: No es adecuado especular sobre la autoría de los incendios forestales que se están produciendo en estos días en Galicia porque le corresponde a la Policía judicial investigarlo. Por tanto, señor subsecretario, tenemos aquí declaraciones para todo, pero estamos ahora juzgando su actuación.


Usted insiste en que ha ardido de forma diferente. Creo que los datos reales son tozudos. ¿Porque cambió el número de focos de fuego? No hubo más en otras ocasiones, pero ha habido más incendios. ¿Por qué? Porque ustedes dejaron que se avivara el fuego y al final se convirtieron en un auténtico incendio; es decir, tardaron claramente en apagar los fuegos, se multiplicó por cinco pasando de veinte a cerca de noventa minutos, y así sucedió lo que sucedió, así tenemos la tragedia, el número de hectáreas quemadas, así llegaban cerca de las casas, etcétera, no porque se hubieran situado ahora los fuegos, que también eran provocados en un porcentaje similar, en sitios diferentes.


La complacencia del Grupo Socialista con todo lo que ha pasado ya la conocemos, la hemos escuchado en esta Cámara y también conocemos las declaraciones del Gobierno, pero son los únicos. Yo no puedo leerlo, porque la señora presidenta, con razón, no me dejaría, pero tengo recogidas aquí declaraciones de brigadas denunciando la ineficacia, de sindicalistas, de los agentes de extinción, de técnicos forestales de las comunidades de montes de Oia, que dicen desesperados: El fuego del monte podría haberse apagado, pero se dejó a su suerte poniendo muchas vidas en peligro. Esta es la clave, señor subsecretario. También hay declaraciones de vecinos de Rois, etcétera.


No me resisto a contestar a algo que usted decía: Se veían los hidroaviones en la playa. La gente decía: Estamos en la playa y no vemos hidroaviones. Es lo que decía la gente. De verdad, señor subsecretario, no me lo creerá, pero le aseguro que es absolutamente cierto. Usted viene aquí, la señora presidenta dice: No tiene tiempo para responder, y puede tener toda la razón, pero yo le quiero hacer la siguiente reflexión.
¿Usted cree que es lógico, es natural, es democrático que el Gobierno no haya querido venir a explicar lo que ha sucedido en los incendios forestales, porque se han negado, y que usted venga hoy aquí, en representación del Ministerio del Interior, y no nos conteste a nada? Yo le he hecho muchas preguntas y me hubiera gustado que me contestara -porque usted no tenía ese tiempo tasado- a todas ellas, que figuran en el "Diario de Sesiones", desde por qué sucedió lo de la carretera nacional, por qué lo de las autopistas, cuál era la visión oficial de lo sucedido, etcétera. Usted dice: No se declaró lo del nivel 3. Pero a mí no me sirve. Yo le he dicho que respondían a esa tipología y que adquirieron una dimensión de tragedia tremenda, con muertes en el medio, señor subsecretario. Creo que ustedes tienen que responder. No quieren venir, no quieren informar, no podemos preguntar -y en este caso no me refiero a que no me deje la señora presidenta-, pero creo que es un tema muy importante. No se puede decir que se viene a informar en nombre del ministerio y no dar respuesta a muchas preguntas. Y hay otras muchas que le podría hacer, si dotaron a las personas civiles del material preciso, etcétera. He hecho muchas preguntas y usted no me ha contestado, señor subsecretario. Sinceramente creo que no lo ha hecho porque en el fondo están convencidos de que llegaron tarde, no le puedo repetir hastá qué punto llegaron tarde, empezando por el Ejército, que llegó tarde. En Galicia era un clamor de la gente, que se preguntaba: ¿Por qué no está el Ejército? Entre otras cosas, no quisieron firmar unos convenios. Señor subsecretario, en Galicia hubo una tremenda catástrofe. La gente está muy dolida, está muy disgustada, no está contenta, y creo que la gestión de la crisis les desbordó. Pero la catástrofe, señor subsecretario, no puede ocultar una responsabilidad. Hay que hacer una

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autocrítica, nos gustaría que la hiciera aquí a fondo para que esto no vuelva a ocurrir.


La señora PRESIDENTA: Voy a dar la palabra al subsecretario para responder en este punto, después levantaremos la sesión unos minutos y, posteriormente, continuaremos con la comparecencia que falta. Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Intervendré muy brevemente. En primer lugar, en cuanto a la señora Sainz, sobre el tema de las declaraciones, de la trama, etcétera, lo único que he querido ponerle de manifiesto es que desde luego si los ministros del Gobierno socialista han hablado de hipótesis lejanas con lenguaje prudente, en otras épocas eso mismo se afirmaba de manera mucho más contundente. Por consiguiente, no ha habido acusaciones de ningún tipo, y si se deja caer, más se dejaba caer antes en que no se ponía en duda; se afirmaba otro tipo de cuestiones. Por lo demás, S.S. debe entender que yo he comparecido para responder a la solicitud presentada por el Bloque Nacionalista Galego y hablar de las detenciones en relación con los incendios. Su señoría ha planteado todas las cuestiones y yo he respondido a algunas de ellas. Evidentemente se podría entrar en discusión, pero en esta Cámara ya ha habido miembros del Gobierno que han debatido sobre esto. Necesitaríamos toda la tarde para analizar una situación compleja y que he vivido personalmente de cerca, que conozco.


En cuanto al tema de la tardanza o no tardanza, cuando se producen tantísimos fuegos al mismo tiempo en tan corto espacio de tiempo obviamente los medios llegan cuando pueden llegar, sobre todo cuando hay que estar protegiendo muchas veces porque ha habido una tipología diferente. Nunca ha habido tantos incendios en Pontevedra y A Coruña, nunca ha habido tantos incendios próximos a las poblaciones y a zonas habitadas como ahora y, por consiguiente, muchas veces los retenes tenían que dar prioridad a determinado tipo de situaciones y es posible que eso haya influido en la tardanza. No es lo mismo tener todo concentrado en pocos días a que los incendios se vayan produciendo escalonadamente, de manera que se pueden organizar los medios. En fin, sería motivo de una discusión larga. Por otra parte, S.S. sabe que salvo algunos temas puntuales, esto es competencia de la comunidad autónoma y ha habido numerosos debates en el Parlamento gallego, no es una competencia del Gobierno central, que puede tener algunas competencias concretas y limitadas. En cuanto a lo demás, desde que se declaró el nivel 2 el sábado 6 por la tarde fue para colaborar a que acudieran medios de los que el Estado tenía, fueron todos rápidamente, y posteriormente, en una labor no del todo articulada, solicitar del extranjero y de otras comunidades autónomas que también enviaran medios, cosa que ya se había hecho de manera informal previamente. Por tanto, se podría mantener un intercambio de opiniones sobre todo esto, pero le reitero que ha sido inusual la tipología de los incendios y que, más allá de las averiguaciones que la policía y la justicia puedan hacer, hay que explicar el problema estructural de cómo están en estos momentos los bosques en Galicia. Su señoría debe tener un conocimiento exhaustivo de la situación de la política forestal que ha habido durante décadas en aquella región. Todo ello ha contribuido a que se produzca algo que ha sido grave, doloroso y preocupante y es responsabilidad de todos que no vuelva a repetirse.


La señora PRESIDENTA: Como he dicho antes, vamos a suspender unos minutos la reunión.


Se suspende la sesión.


Se reanuda la sesión.


-LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV).
(Número de expediente 213/000292.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto 4 del orden del día comparecencia solicitada al señor ministro del Interior -que va sustanciar el señor subsecretario- para que explique la posición del Gobierno en relación con la Central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): No me voy a extender, ni mucho menos, en la problemática que rodea al funcionamiento o no de la central de Santa María de Garoña porque hasta el presidente del Gobierno ha intervenido recientemente en cuanto al fondo de la cuestión y también ha intervenido el señor ministro de Industria, por consiguiente, yo podría repetirle los criterios y el programa electoral del Partido Socialista. Me voy a limitar a algunas cuestiones ligadas más directamente con las competencias de la protección civil.


Como SS.SS. conocen, en lo que respecta a la seguridad y al funcionamiento de la central, el Consejo de Seguridad Nuclear, en cumplimiento de la normativa española y de la emanada principalmente de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y de la Organización Internacional de la Energía Atómica, tiene las competencias sobre el control de la seguridad en las centrales nucleares. Por su parte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior actúa en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en ejecución del convenio de 3 de mayo de 1999 entre el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Nuclear, especialmente en la revisión del Plan básico de emergencia nuclear, que sustituyó y actualizó

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el firmado en el año 1995, que se circunscribía prácticamente a la utilización conjunta de la red de alerta a la radioactividad. El Plan básico de emergencia nuclear (Plaben) se constituye como la guía que contiene las normas y criterios esenciales para la elaboración e implantación material y efectiva de la eficacia de los planes de emergencia nuclear de protección civil. Las modificaciones que se han ido introduciendo en el mismo son consecuencia tanto de la publicación de la nueva normativa sobre seguridad nuclear y protección radiológica como de la gradual asunción de competencias en materia de protección civil por parte de las diferentes comunidades autónomas. Dentro de sus contenidos se incluyen los aspectos relativos al Plan de emergencia nuclear de nivel central de respuesta y apoyo (Pencra). Este plan de nivel central de respuesta y apoyo ha sido aprobado por orden del señor ministro del Interior el 27 de mayo de 2005. Asimismo, por Resolución de 14 de junio de la Subsecretaría se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2006 por el que se aprueban los planes directores correspondientes a los planes de emergencia nuclear exteriores a las centrales nucleares.


Por lo que se refiere al caso concreto de la Central nuclear de Santa María de Garoña, quiero señalar los siguientes aspectos relacionados con la protección civil. La implantación del nuevo Plan de emergencia nuclear exterior a dicha central nuclear, al igual que el resto de los planes exteriores de las distintas centrales nucleares, se encuentra en un periodo de adaptación a la nueva normativa recién publicada. Desde la aprobación del primer Plan básico de emergencia nuclear, la dirección general, de acuerdo con la delegación del Gobierno en Castilla y León y la subdelegación del Gobierno en Burgos, ha venido promoviendo iniciativas y realizando distintas inversiones con el objetivo de mejorar continuamente la implantación del plan de emergencia -que es el que nos compete, no el interior, que es del Consejo- en la Central nuclear de Santa María de Garoña. Las actuaciones e inversiones de la Dirección General de Protección Civil dirigidas a desarrollar las infraestructuras básicas en la zona de la central han sido numerosas y continuadas en el tiempo. Hasta la actualidad se han invertido 8.658.000 euros directamente por la Dirección General de Protección Civil, y, sin duda, las inversiones totales han sido superiores ya que numerosas actuaciones son cofinanciadas por otras administraciones que también aportan fondos a las mismas. Con dichos fondos se han promovido y financiado las siguientes iniciativas: adecuación de la red viaria para ejecutar nuevas rutas de evacuación a través de convenios, la extensión del servicio telefónico a los núcleos de población de los planes de emergencia nuclear a través de convenios, inversiones directas para la realización y/o mejora de nuevas estaciones de clasificación y descontaminación, desarrollo e implantación de sistemas de comunicaciones y transmisiones de emergencia y desarrollo e implantación de una red de alerta a la radioactividad. Tras la realización de estas primeras inversiones básicas, se definieron junto con la Asociación de municipios afectados por las centrales nucleares otras necesidades, clasificándose en dos grupos: por una parte, la adecuación de centros de coordinación y control municipales y la dotación de sistema de alumbrado de emergencia de grupos electrógenos. Con respecto a estas primeras necesidades la Dirección General de Protección Civil se comprometió a cubrirlas, principalmente a través de órdenes de subvenciones; y por otra parte la mejora de las rutas de aviso, cuyo desarrollo se comprometió a promover la Dirección General de Protección Civil a través de iniciativas con las administraciones responsables. En estos últimos años y en función de la disponibilidad presupuestaria se vienen financiando estas y otras iniciativas a través de convenios con los ayuntamientos afectados incluidos los correspondientes al ámbito de la central de Santa María de Garoña. El último tuve la oportunidad de firmalo personalmente como subsecretario el pasado mes de junio.


En cuanto a la cuestión de fondo no puedo sino remitirme a la intervención del presidente del Gobierno y a la que próximamente haya de tener el ministro de Industria, que va a hablar sobre la materia.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para fijar su posición el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor subsecretario; la verdad es que creo haber entendido sus explicaciones, pormenorizadas, técnicas y explicitadas con una gran celeridad, por cierto cosa de agradecer a estas alturas.
Nosotros estamos planteando aquí un problema serio, es uno de los grandes problemas con los que hay que convivir en el futuro el de la seguridad de las centrales nucleares y los residuos que éstas generan. Le voy a hacer un planteamiento inicial y es que nosotros vamos a huir de toda tentación de electoralismo o intento de erosión al Gobierno con estas cuestiones, son muy serias como para plantearlo desde esta perspectiva analítica.
Solo queremos saber qué va a ocurrir con la central de Santa María de Garoña en tanto en cuanto usted lo pueda aclarar conociendo que el plazo de clausura está previsto para 2009. Efectivamente el presidente del Gobierno lo ha confirmado; pero tampoco ha desmentido la existencia de negociaciones con las empresas propietarias de esta central, que son Iberdrola y Endesa -por cierto en una situación económica muy bonancible en los últimos tiempos-, que pretenden incrementar durante diez años -o prorrogar diez años- la explotación de una central que es de una tecnología anterior a las de Chernobyl y Harrisburg, por ponerle dos ejemplos en donde se ha acreditado por entidades perfectamente creíbles una contaminación importante de isótopos radiactivos en los ríos adyacentes, donde se ha acreditado por los servicios de inspección del Centro de Seguridad

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Nuclear grietas en algunas de las infraestructuras que acreditan cierta obsolescencia en sus instalaciones, etcétera. Luego la primera pregunta es: desde la perspectiva de la protección civil que a usted le atañe, ¿cuál es su opinión o la posición de su departamento o ministerio en relación con esa eventual prórroga de la explotación de una central que tiene ciertos componentes de peligro que sucintamente le he señalado?

En segundo lugar hay un tema que nos preocupa y que me preocupa a mí particularmente como representante de los ciudadanos de Álava. Es el siguiente: afirma EL PAÍS con fecha 6 de septiembre de 2006, en una noticia importante a toda plana que 65 municipios piden información a Industria sobre el almacén nuclear. Y dice más: que dentro de esos 65 municipios, de los cuales se descolgaron dos (Peque de Zamora y Carballo de A Coruña), ese mismo día el resto iba a conectar con los ministerios concernidos por este problema a efectos de conocer contraprestaciones, situaciones y condiciones dimanantes de la posibilidad de ubicar no ya una central, evidentemente, sino lo que se denominan vulgarmente cementerios nucleares para ubicar residuos o ATC según la expresión técnica. Yo he conocido un ATC cerca de la ciudad de La Haya donde incluso el edificio que lo protege es especial, con medidas de seguridad especiales como antiterremotos, etcétera, lo cual acredita que no se prescinde de una circunstancia de eventual peligro. La pregunta concreta que yo le formulo es, como se cita en esta noticia y en otras de otros medios de comunicación que podría indicarle como Diario de Noticias de Álava, que el municipio alavés de Valdegovía es uno de los que han establecido contactos o gestiones específicas con el ministerio no sabemos a qué efectos. Yo sólo quiero saber una cosa: si esto es así. Si ha habido gestiones de este municipio con algún ministerio de las que usted tenga conocimiento; si este municipio es alguno de los que han conectado y cuáles son las gestiones realizadas a estos efectos. Sabemos lo que ha ocurrido en los municipios ya indicados de Peque (Zamora) y Carballo (A Coruña), donde ha sido la oposición vecinal la que impedido que estos alcaldes se sumaran a lo que les pareció una propuesta atractiva como es ubicar el cementerio nuclear en su término municipal.
Nos gustaría saber, porque en este momento tenemos una posición absolutamente renuente a la ubicación en Álava -en cualquier municipio del territorio alavés-, cuáles son las gestiones que municipios del territorio de Álava eventualmente hayan podido hacer con los ministerios o con la Administración central del Estado a efectos de la ubicación de algo que también atañe a las competencias que a usted le corresponden como es la ubicación de los residuos nucleares, con los problemas o eventuales problemas de cierta peligrosidad que de ellos pueden dimanar.
Esa es la pregunta, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, agradezco su concreción y brevedad.


¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir? Señor Gómez, le ruego también que tenga la brevedad que requiere ya la hora en la que estamos.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Seré breve. Pertenezco a la Comisión de Industria no a la de Interior y quizá la intervención que voy a hacer sea un poco técnica, pero creo que será interesante.


Desde la Comisión de Industria hemos pedido ya al Consejo de Seguridad Nuclear informes muy específicos sobre la central nuclear de Garoña, y tanto esos informes como las inspecciones realizadas en los componentes internos no han mostrado indicaciones relevantes y parece que se puede garantizar su correcto comportamiento para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. Ahora mismo el señor subsecretario ha hecho unas valoraciones y parece que la seguridad nuclear está garantizada.


Antes de verano, el 25 de mayo, hubo una interpelación urgente del Grupo Mixto -de la señora Lasagabaster- sobre el cierre de Garoña. Si bien este grupo reconocía también que el tema de seguridad estaba superado, mencionaba, sin mucho acierto a mi juicio, el tema pendiente de los residuos nucleares que, como saben SS.SS., está en pleno proceso de selección de emplazamiento para albergar, además del propio ATC, un centro tecnológico asociado y un parque empresarial. Por cierto, aprovecho para decir que el ATC ya estaría construido si no hubiera sido por el comportamiento desleal que tuvo el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado cuando se había llegado a un acuerdo sobre el tema y se desmarcó del mismo. Ya estaría hecho, pero no lo está. Como saben SS.SS., esta moción consecuencia de interpelación fue mayoritariamente rechazada, y el Grupo Parlamentario del PNV, que votó a favor de esa moción, razonaba sin faltarle la razón que -abro comillas- es evidente que en el tema energético y en el tema nuclear ya no vale mirar para otro lado.
También se hablaba de transparencia y de claridad, algo en lo que el Grupo Popular está totalmente de acuerdo, y por eso somos partidarios de informar bien en tiempo y forma.


En ese sentido, quiero hacer algunas reflexiones con toda brevedad, señora presidenta. En primer lugar, a mi grupo lo que le preocupa fundamentalmente es la garantía de suministro de calidad, y sería interesante hacer un debate monográfico al respecto y no solamente dedicarnos a centrales nucleares por separado.


Segunda reflexión. Desde el punto de vista de la seguridad nuclear de la central nuclear de Garoña, aparte de lo que ya muy bien ha dicho el señor subsecretario, ha operado al cien por cien durante todo el año y ha tenido 28 inspecciones del Consejo de Seguridad Nuclear, aparte de los dos inspectores residentes en el emplazamiento.


Tercera reflexión. Desde el punto de vista medioambiental, como saben muy bien SS.SS., la producción de

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energía eléctrica de origen nuclear evita la emisión de grandes cantidades de elementos contaminantes que se generarían por el uso de combustibles fósiles. De hecho, los más de 110.000 millones de kilovatios producidos por la central nuclear de Garoña han evitado la descarga a la atmósfera de cerca de 105 millones de toneladas de CO2, de 510.000 toneladas óxido de nitrógeno y de 800.000 toneladas de anhídrido sulfuroso; la central nuclear de Garoña ha evitado descargar más de 250.000 toneladas de cenizas, que contienen a su vez más de 7.000 toneladas de arsénico, cadmio, mercurio y plomo. En fin, solo durante 2005, por ceñirnos al año pasado, Garoña ha evitado la importación de alrededor de un millón de toneladas equivalentes de petróleo, así como la emisión a la atmósfera de más de tres millones de toneladas de CO2, principal gas causante del llamado efecto invernadero.


Cuarta reflexión. El impacto radiológico. En cuanto al impacto radiológico, ¿qué es lo que más le importa a mi grupo y que parece que nadie conoce, o algunos desconocen, siendo como es uno de los aspectos más controvertidos del funcionamiento de las centrales nucleares? En el caso de Garoña, su impacto anual es cinco mil veces menor que la dosis que recibe una persona del entorno de la instalación, sumando todas las fuentes naturales, lo que supone de media una tasa de dosis de radiación directa integrada de 0,74 milisivers, lo que es igual, para entendernos, a dos radiografías de cadera.


Quinta y última reflexión. Finalmente, según la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos, la aportación de la central nuclear de Garoña a la zona de influencia alcanzó en el año 2004 unos 27 millones de euros en contrataciones, creación de empleo e impuestos. Desde el punto de vista global, es decir, desde el punto de vista nacional, hay que recordar que España ocupa el segundo puesto de los países más contaminantes de la OCDE, que importa nada menos que el 85 por ciento de la energía primaria y que ha sido calificado como el país energéticamente más dependiente de la Unión Europea, aparte de que en estos momentos la generación eléctrica en España se encuentra prácticamente al límite.


Es cierto que, frente a estas reflexiones, se puede poner sobre la mesa el problema de los residuos, pero no es menos cierto que el problema de los residuos hoy ya no es un problema técnico, es un problema social, de información y de participación. El señor Olabarría ha estado en La Haya; los miembros de la Comisión de Industria hemos estado en Holanda y en Estados Unidos, y si ustedes quieren saber sobre Holanda les diré que el almacenamiento está junto a otras empresas, en un polígono industrial, y lo visitan los estudiantes que pisan por encima de los residuos.


En cuanto a la seguridad nuclear, hay que decir que en España la seguridad nuclear está garantizada, para eso está el Consejo de Seguridad Nuclear, que por cierto funciona muy bien. Nosotros entendemos perfectamente el deseo de algunos grupos de que desaparezca la energía nuclear -no es el caso quizá del PNV, hay otros grupos que por cierto hoy no están aquí-, pero a todas esas personas que quieren que desaparezca la energía nuclear les ponemos una pega importante, y con esto concluyo. El Gobierno actual no tiene planes de futuro que garanticen a los españoles un suministro eléctrico de calidad, que garantice la competitividad, así como el impacto socioeconómico para la zona de influencia. Por todo ello, propugnar el cierre, que no creo que sea lo que se propugna aquí hoy pero sí en otra ocasión, o simplemente acosar a la central nuclear de Santa María de Garoña sin motivo ni razón técnica alguna, nos parece cuanto menos una grave irresponsabilidad. Por eso le quiero preguntar, señor subsecretario, cuáles son los planes del Gobierno respecto a esta central nuclear.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simón de la Torre.


El señor SIMÓN DE LA TORRE: Estamos en un tema que últimamente está candente, unos hacen unas apreciaciones desde una postura que respalda el cierre, otros desde otra postura que no lo respalda y aboga por la continuidad de las instalaciones nucleares, y yo voy a intentar, en nombre de mi grupo y en aras a lo que decía la presidenta de intentar ser breve -una cosa es intentarlo y otra lograrlo, pero yo pondré el esfuerzo, se lo garantizo-, hacer unas precisiones sobre este tema, marcando cuál es la postura de mi grupo e intentando, en esa discusión política a favor o en contra de las centrales nucleares, trasladar a los ciudadanos que viven en un entorno un poco de tranquilidad. Yo entiendo que uno se acalora en el debate, pero esto al fin y al cabo es una decisión política que ha de adoptar el Gobierno en un momento determinado. Por eso yo entiendo las posturas políticas a favor y en contra.


Voy a hacer unas precisiones, y sobre todo lo digo por manifestar cuál es la postura de mi grupo, pero también por los ciudadanos que viven -vivimos, porque yo vivo a 30 kilómetros de la central de Santa María de Garoña- en las inmediaciones, y les garantizo que esta discusión no está en la calle, la estamos creando, necesariamente, porque se acercan unas fechas, en otros ámbitos que no son el día a día. En España, desde los años 80, la energía nuclear ha venido generando una proporción significativa de la electricidad que se producía en este país. Esta contribución, que hasta hace muy pocos años venía siendo más o menos similar a la media de la Unión Europea, en los últimos años se ha reducido a la cuarta parte, lo cual contrasta de alguna manera con el incremento significativo de la demanda de energía eléctrica que el mercado en estos momentos está reclamando. Así podemos decir que en el año 2005 la generación de electricidad bruta de origen nuclear fue del 19,7 por ciento de la total. Habíamos reducido una cuarta parte de lo que supone en estos momentos la energía nuclear

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en la generación de energía eléctrica. De acuerdo con las previsiones actuales, la participación de esta energía en la producción de la electricidad seguirá reduciéndose, ya que la intención del Gobierno es ir avanzando en la utilización de fuentes renovables y en el desarrollo de todas las posibilidades tecnológicas que contribuyan a optimizar la eficiencia energética.


Por tanto, me parece que es importante marcar la primera precisión. Desde el Grupo Socialista, respaldando la política del Gobierno, estamos decididos, tal como fue el compromiso del presidente del Gobierno, a que la aportación de la energía nuclear en la producción de energía eléctrica se reduzca. Con esta orientación el Gobierno aprobó el Plan de acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética y el Plan de energías renovables 2005-2010. Ambos planes eran ambiciosos en sus objetivos energéticos y medioambientales. Aun así, y porque el Congreso se lo solicita, el Ministerio de Industria puso en marcha lo que se vino a denominar la Mesa de diálogo sobre la evolución de la energía nuclear en España, con participación de representantes políticos, representantes sociales, medioambientales, industriales y científicos. En sus conclusiones se señala que la estrategia de suministro eléctrico en España requiere un análisis a largo plazo integrado en un contexto energético amplio, así como en el ámbito europeo y mundial. Igualmente señala una reducción progresiva de la generación nuclear que exigirá disponer de un plan de sustitución realista. En eso estamos en estos momentos. Lo que está haciendo el Gobierno es lo que le ha expresado el Congreso a través de la Mesa, y lo ha dicho el compareciente. La semana pasada el presidente del Gobierno, a una pregunta de Izquierda Unida, señaló y reiteró otra vez que antes de que terminara la legislatura el Gobierno propondría un plan sobre la reducción progresiva de la energía nuclear en nuestro país. Un plan que ha de incorporar necesariamente todas las necesidades de energía que va a requerir nuestro país en los próximos 30 años, y recalcó que ese informe lo está realizando el Ministerio de Industria. Por tanto, hago la primera precisión. El Gobierno tiene claro, conforme a su programa de gobierno y a lo que este Parlamento ha acordado, el primer camino, que es ir reduciendo la energía nuclear, pero de acuerdo con un plan de futuro conforme a las necesidades del país.


En segundo lugar, quería hacer otra precisión, porque el señor Olabarría nos ha hablado de isótopos radiactivos en el río, de grietas, de antigüedad, ha mencionado a Chernobyl, y en un razonamiento que se puede entender, en la explicación traslada a los ciudadanos una mezcla de Garoña, Chernobyl, que el río Ebro y sus afluentes están llenos de isótopos, y la realidad no es así. Sí que es cierto que la central de Santa María de Garoña es una central de primera generación. Pero también es cierto que desde el Consejo de Seguridad Nuclear le han exigido irse adaptando a todas las necesidades técnicas a que obligan los organismos internacionales para que se pueda seguir garantizando una seguridad. Eso se ha producido y también el Consejo de Seguridad Nuclear nos ha traído aquí dichos informes

Por lo que se refiere al argumento de las grietas tengo que decirle que es verdad. Es cierto que hay que mencionar una problemática relativa al agrietamiento en las penetraciones de los mecanismos de accionamiento de las barras de control, como consecuencia de un fenómeno conocido como corrosión intergranular bajo tensiones. Es cierto. Pero también es cierto, y lo tenemos que decir, que el Consejo de Seguridad Nuclear envió hace un año, el pasado septiembre, un informe en el que, aparte de hacer mención a este problema, también hacía mención a las medidas adoptadas para hacer frente al problema y llevar a cabo el seguimiento del mismo.
Como también es cierto que a lo largo del año 2003 y 2004 el Organismo Internacional de Energía Atómica llevó en Garoña la evaluación del seguimiento de la misión conocida como SAR. Al final, como señaló el Consejo de Seguridad Nuclear, el informe fue positivo, excelente es la palabra que utiliza. Por tanto, quiero trasladar un poco de tranquilidad a los ciudadanos que puedan escuchar o leer lo que aquí se habla, porque no hay tanto peligro como se está diciendo. Además del Gobierno, existe un ente autónomo, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que garantiza la seguridad. En el momento en que vea que esa seguridad no se da, manda parar, por ley, la propia central.


Con esto acabo, señora presidenta. La posición de mi grupo queda medianamente clara. Para tomar la decisión del cierre o no de la central de Santa María de Garona, el Gobierno ha de esperar, de acuerdo con sus compromisos, al Plan energético mencionado anteriormente, al informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que es preceptivo y obligatorio, y a que los planes de futuro que nos ha dicho el presidente garanticen un suministro de calidad y la competitividad. Además, el Ministerio de Industria ha de tener presente en el momento de tomar la decisión el impacto socioeconómico que la central tiene para una zona. El Gobierno está trabajando en todo eso día a día -tiene hasta el año 2009-, y será lo que en su momento le llevará a adoptar la decisión favorable o desfavorable, a la prórroga a la empresa Nuclenor o al cierre y no concesión de dicha prórroga.


En aras de lo que le había dicho, señora presidenta, termino.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Zambrana.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Me voy a referir fundamentalmente a las dos cuestiones que me ha planteado el representante del Grupo Vasco. Respecto a la primera -los grupos intervinientes se han referido a ello- el pasado 3 de julio ha tenido entrada en el Ministerio de Industria la solicitud de prórroga de la autorización de explotación

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por parte de la compañía que la gestiona, la empresa Nuclenor. De acuerdo con el artículo 2 b) de la Ley 15/1980, de creación del Consejo, y de acuerdo con el artículo 4.2 del Reglamento sobre instalaciones nucleares, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha solicitado al Consejo el correspondiente informe. El informe, como S.S. sabe, es preceptivo y, en determinadas circunstancias, sobre todo si es negativo, es vinculante.
No le puedo decir nada más, obviamente, porque no lo ha dicho el presidente del Gobierno, sino que en su momento el Gobierno tomará la determinación pertinente que considere necesaria, salvo que el informe del Consejo sea negativo, porque en ese caso es vinculante y el Gobierno estará obligado a ordenar el cierre de la central a la compañía. Por tanto, me remito a lo que han manifestado tanto el ministro de Industria como el presidente del Gobierno.


En cuanto a la segunda pregunta, seré muy breve. Su señoría me pregunta: ¿Me puede negar que el Ayuntamiento de Valdegovía se ha dirigido a las instancias del Ministerio de Industria, o de la Administración en general, interesándose por las condiciones económicas que llevaría la instalación de un ATC en el ayuntamiento? No se lo puedo negar. Es lo que le puedo decir en relación con la pregunta que S.S. ha formulado.


He oído con agrado tanto la intervención del Grupo Parlamentario Popular y su posicionamiento, lo comparta o no, que no es mi competencia en este momento, como la del Grupo Socialista, que obviamente comparto más, y solamente me puedo remitir a las decisiones que el Gobierno haya de tomar. Sí puedo reiterar y decir, como es obvio, que en la competencia que depende del Ministerio del Interior, que es la radioactividad o la situación de sanidad en el entorno exterior de la central, todas las inspecciones que se han hecho hasta la fecha dan la absoluta seguridad de que no hay ningún motivo de alarma ni de preocupación; todos los parámetros son normales. En la Dirección General hay una sala de control de emergencia de todo el Estado -es un edificio que está ubicado en el centro de Madrid-, y una de las cosas que hay en ella son unas pantallas en las que se mide la radioactividad exterior a todas las centrales nucleares, entre ellas la de Santa María de Garoña, y no se ha detectado la más mínima anomalía en la radioactividad del exterior de esa central nuclear.


PREGUNTAS:

-DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA OPERACIÓN PASO DEL ESTRECHO 2005. (Número de expediente 181/001697.)

-DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE CONDUCTORES. (Número de expediente 181/001728.)

-DEL SEÑOR GONZÁLEZ SERNA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMISARÍAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. (Número de expediente 181/002123.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto de preguntas. Saben SS.SS. que hay una serie de preguntas que figuraban en el orden del día y que han sido retiradas por el Grupo Parlamentario Popular, que es el formulante.


Empezamos en orden contrario, porque el diputado del Grupo Popular no está presente. Me comunica el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que las tres preguntas de su grupo se van a formular consecutivamente para que la respuesta del subsecretario también sea seguida y ganemos un poco de tiempo. No hay otro fin que ganar un poco de tiempo a esta hora de la tarde.


El punto 39 del orden del día es la pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia, sobre valoración por el Ministerio del Interior de la operación Paso del Estrecho. Luego daré la palabra a los dos parlamentarios del Grupo Socialista, para que se pueda hacer todo conjuntamente. En cualquier caso, les pido moderación en el uso del tiempo. Se lo ruego encarecidamente.


El señor HEREDIA DÍAZ: Seré muy breve. Señor subsecretario, desde 1986, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior en España ha venido preparando un plan de protección civil ante la llegada de un gran número de trabajadores inmigrantes marroquíes que, procedentes de diferentes puntos de Europa, aprovechan el periodo vacacional para ir a reunirse con sus familiares en África. Ello implica un largo viaje a través de diferentes países cuyo destino es España y especialmente los puertos de embarque de Algeciras, Almería, Málaga y Alicante, en su fase de salida, y Ceuta y Melilla, en la de retorno.


El Partido Popular, el primer año de Gobierno socialista, fiel a su estilo, no se cansó, como pájaro de mal agüero, de insistir una y otra vez en que la operación Paso del Estrecho ese año iba a ser un fracaso.
Se equivocaron. Fue un total éxito; de hecho, bastante más satisfactorio que en la anterior legislatura. En el primer año en el que los socialistas llegamos al Gobierno, en esta operación hubo un importante descenso de las concentraciones de ciudadanos y de las infracciones penales y un resultado excelente del comportamiento de los más de 11.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

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del Estado. Además, hubo una mejora sustancial en lo que se refiere a seguridad vial. Obviamente, yo no voy a preguntar por la operación Paso del Estrecho 2005, en la que me consta que se mejoraron aún más los resultados de la realizada durante 2004, mi interés radica en la operación Paso del Estrecho del presente año 2006, y por ello le pregunto qué valoración hace el Gobierno de esta operación que acaba de finalizar recientemente en el tiempo y si puede hacer alguna referencia específica al puerto de Málaga.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fuentes para realizar su pregunta.


La señora FUENTES PACHECO: Desde la llegada al Gobierno de los socialistas ha sido una constante la búsqueda de la seguridad en nuestras carreteras, una búsqueda que se ha puesto en marcha con diferentes pautas: se han mejorado las carreteras, se han mejorado las comunicaciones, se han reducido los puntos negros y se han tomado medidas, tanto activas como pasivas, para animar a los conductores a una mejor conducción. Pero es evidente que uno de los pilares básicos en la mejora de la seguridad de nuestras carreteras, en definitiva, en la mejora de la seguridad vial, son indudablemente las escuelas particulares de conductores. Durante el Gobierno del Partido Popular, como en otras muchísimas cosas, se obvió la necesidad de trabajar con las escuelas particulares de conductores, se obvió que este era el primer contacto de los conductores con el futuro paso por nuestras carreteras y, evidentemente, se obvió la necesidad de que estos formadores estuviesen dotados a su vez de la formación suficiente. De hecho, desde que los socialistas hemos llegado al Gobierno hemos hecho de las escuelas particulares de conductores un trabajo diario. Hemos hecho que se saquen más cursos de profesores, que sus materiales estén mucho más actualizados y que se permita su trabajo a diario. En seis años, durante el Gobierno del Partido Popular, no se sacó ni una sola prueba para la obtención de la certificación de directores de autoescuela, que son los que definen cómo van a trabajar las autoescuelas, cuál va a ser el material docente y, en definitiva, cuál va a ser la calidad que se dé a los alumnos. Por ello, sabiendo que ya ha salido una convocatoria para directores de autoescuela le pregunto: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno, que hace el subsecretario, de esta convocatoria para directores de autoescuela, cómo será en el futuro la misma y si va a salir alguna en el futuro?

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Señora presidenta, seré extraordinariamente breve porque estamos en el último punto del orden del día, ha sido una tarde larga y ha sido la suya, señor subsecretario, una comparecencia intensa e interesante, se lo aseguro. Por tanto, utilizaré tan solo dos minutos para contextualizar la pregunta que tengo formulada.


A juicio del Grupo Parlamentario Socialista la provincia de Alicante ha sido el reflejo fiel de las políticas de seguridad del Partido Popular, unas políticas caracterizadas fundamentalmente por dos rasgos: por una parte, la merma de las plantillas y, por otra, la merma de los recursos.
Es decir, menos policías y menos guardias civiles y también menos gasto público, todo ello, de forma sostenida, de forma continuada a lo largo de los ocho años del Gobierno del Partido Popular. Esa política de seguridad trajo una consecuencia grave en el conjunto del Estado y también una consecuencia grave para la provincia por la que soy diputado, la provincia de Alicante: el incremento muy considerable de la criminalidad.
Un solo dato serviría para avalar esta afirmación que hacía anteriormente. En el año 2003, el último año completo de gobierno del Partido Popular, la provincia de Alicante padeció 75,3 infracciones penales por cada mil habitantes, mientras que en ese mismo momento la media nacional -siendo, por cierto, ministro el señor Acebes-, era de 50 infracciones penales por cada mil habitantes. Por tanto, como SS.SS.
advierten, 25 puntos por encima de la tasa de infracciones penales por cada mil habitantes es lo que arrojó como saldo la política de seguridad del Gobierno del Partido Popular. Esa fue la herencia política en materia de políticas de seguridad ciudadana que tuvo el Partido Socialista. Esa fue la herencia que recibió el Gobierno Socialista y lógicamente exigía un cambio de rumbo en las políticas de seguridad, un cambio de rumbo, que a juicio de este grupo parlamentario, señor subsecretario, señorías, se está produciendo. Antes decía, acertadamente a mi juicio, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, señora Rivero, que el Gobierno del Partido Socialista está impulsando una política de seguridad que pivota en torno a cuatro ejes: más agentes, más recursos, más especialización policial y también más consideración profesional. Esa política de seguridad ciudadana que está impulsando de forma sostenida el Gobierno del Partido Socialista está arrojando dos resultados positivos: más eficacia policial y, desde luego, menos delitos y faltas. Se podría argumentar y avalar esta afirmación en que a finales del año 2005 Alicante experimentó ya una caída en los datos a los que me referí anteriormente de cuatro puntos. Por tanto, cuatro puntos menos de criminalidad. A pesar de esa evolución positiva que ya se está experimentando, la situación de partida es muy complicada y requiere, a juicio de este grupo, importantes esfuerzos, no solo en agentes, como se está haciendo, y en más recursos, sino también en más infraestructuras.
Esta afirmación enlaza con el compromiso electoral del Partido Socialista y con el compromiso del propio Gobierno de impulsar la construcción de comisarías en municipios mayores de 30.000 habitantes, que no 3.000 como se dijo antes de forma errónea por algún interviniente. Por eso, desde este grupo quisiéramos saber, señor subsecretario, en qué situación se encuentran los planes para

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impulsar la construcción de comisarías en la provincia de Alicante concretamente.


La señora PRESIDENTA: Para responder conjuntamente a estas preguntas, tiene la palabra el señor subsecretario.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Voy a comenzar contestando al último interviniente. Señor diputado, tengo que comunicarle la buena noticia -aunque, por otra parte, ya ha sido incluido en el pasado Consejo de Ministros del día 15- de que está aprobado el expediente por un importe superior a los 12 millones de euros, más de 2.000 millones de las antiguas pesetas -por eso tuvo que ir a Consejo de Ministros- para la comisaría principal de Alicante capital. Espero que las cosas vayan normal, rápidas, y que antes de que finalice el año pueda ver S.S. y toda la población las grúas funcionando y la obra de la comisaría iniciada por el importe que acabo de señalar. Por lo que se refiere a otras poblaciones importantes de Alicante, se ha tramitado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja para la construcción de una nueva comisaría local de policía. El acuerdo está en este momento pendiente de firma. El ayuntamiento cederá un local y aportará un proyecto de obra de construcción que será ejecutado y financiado por el ministerio. Por otra parte, el ministerio está en conversaciones con Denia para renovar las infraestructuras inmobiliarias del Cuerpo Nacional de Policía, y con el Ayuntamiento de Villena que ha puesto terrenos a disposición para la construcción de una comisaría. En el caso de Denia se está estudiando la posibilidad de establecer una comisaría conjunta del Cuerpo Nacional de Policía con la Policía local.
El actual ministro está impulsando los convenios de colaboración con las policías locales, ya que se trata de coordinar esfuerzos de los diferentes cuerpos de seguridad, y en este caso contar también con la Policía local. Estas medidas van a contribuir a seguir mejorando la lucha contra todo tipo de criminalidad y de delito organizado o no en la provincia de Alicante, que, como conoce S.S., es una de las más complejas y con uno de los índices menos favorables en España en épocas anteriores.
Desde ese punto de vista, los temas se están mejorando. No le quepa la menor duda a S.S. de que los importantes refuerzos a los que he hecho mención con carácter general, las entradas que me atrevería a calificar casi de masivas que están teniendo lugar, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, tendrán su lugar de trabajo en el futuro en la costa levantina, en concreto en la provincia de Alicante.


Por lo que se refiere a la pregunta que ha formulado doña Ana María Fuentes sobre los directores de escuelas de conductores, ya sabe S.S. que la falta de personal en posesión del certificado habilitante para ejercer como director hacía que existiera un cierto mercado de alquiler de certificados, que ha llegado a estar hasta en la prensa, lo cual no deja de ser una citación realmente llamativa. Para poner fin a esta situación del sector y con la experiencia acumulada, se ha llevado a cabo una revisión y una actualización del proceso de formación de los directores y de los contenidos a desarrollar. Con el fin de agilizar las convocatorias y el ritmo de formación, en la última convocatoria se han introducido algunas modificaciones, exigiendo más en las pruebas a cambio de agilizar los períodos formativos, concursos presenciales y demás, que siempre eran una dificultad. En la prueba selectiva que se llevó a cabo desde el año 2005, resultaron aptos 1.114 aspirantes y hubo 3.000 solicitudes. Se produjo una selección notable. En este momento se está preparando una nueva convocatoria que se enviará al Boletín Oficial del Estado antes de que acabe el próximo mes de octubre. Esperamos que pueda haber el suficiente número de personas habilitadas para ejercer esta importante tarea de formación.


En cuanto a la tercera pregunta sobre el paso del Estrecho, le voy a facilitar algunos datos, pero debo mostrar la valoración positiva que le merece al ministerio el desarrollo de esta operación. La operación que acaba de finalizar el 15 de septiembre ha afectado a 2.750.000 pasajeros; ha habido 665.000 vehículos y se han producido 8.195 viajes de los barcos. Las cifras suponen un incremento del 3,4 por ciento de vehículos y de un uno por ciento de pasajeros, aunque se ha producido una disminución en el número de rotaciones de un 2.3, lo cual indica que hay una mayor capacidad en los barcos. Al igual que en años anteriores, el puerto de mayor importancia ha sido el de Algeciras, que ha concentrado por encima del 68 por ciento de los embarques, seguido del de Almería, con el 24 por ciento; Alicante, el 5 por ciento y Málaga el 3 por ciento, tanto en la fase de salida como de retorno. Málaga ha tenido un ligero incremento. El dispositivo de las fuerzas de seguridad ha sido de 2.925 efectivos; se ha contado con 141 profesionales de asistencia social; 421 miembros de la Cruz Roja; 9 ambulancias medicalizadas; 34 médicos y ATS; 6 centros de salud y diverso material sanitario. En el plan de flota han participado 35 buques pertenecientes a 12 compañías navieras, con una capacidad de evacuación de 88.446 personas y 20.758 vehículos por día.


Desde el punto de vista cualitativo, quizá lo más importante es que, tanto por decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia como por resoluciones de la Secretaría General de Transporte, se ha producido en el puerto de Algeciras intercambiabilidad de billetes entre las diferentes compañías navieras, lo cual es un tema clave para facilitar la funcionalidad de la operación, que incluso este año ha abarcado en los días clave la intercambiabilidad entre los buques rápidos y los más lentos, entre los ferry y los buques rápidos. Esto ha permitido gran agilidad, hasta el punto de que lo que ya era una buena noticia, comparada con años anteriores, que la media de espera fue el año pasado de cuatro horas y media, este año se ha bajado casi a la mitad, dos horas y media -intentaremos que el año que viene siga

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bajando aunque, evidentemente, no todos los días-, en una operación de esta envergadura. Dicen los expertos que habría que acudir a la concentración religiosa que se produce en La Meca para contemplar un fenómeno que lo sobrepase en número de gente. Este hecho pone de relieve el esfuerzo que se está haciendo.


Como novedad, se han establecido puntos informatizados en algunas áreas de descanso, también los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico han estado informando de la situación en los puertos cuando era necesario dirigirlos hacia uno y otro, especialmente entre Almería y Algeciras, y se han difundido folletos. Debo señalar que las asistencias sanitarias han disminuido, lo que indica que la espera ha sido menor y que ha habido menos gente que ha tenido lipotimias y problemas en la espera; que la colaboración con el Gobierno de Marruecos es buena y que como reto quedaría desestacionalizar la afluencia, porque sigue habiendo algunos días clave en los que la concentración sigue siendo la misma. Nos gustaría concienciar a los que vienen a coger los barcos de que sería conveniente escalonar y distribuir en el tiempo la afluencia, porque basta que haya un pequeño problema para que la acumulación de personas sea enorme. Por último, quiero indicar que el número de matrículas españolas en el paso del Estrecho ha crecido un 27 por ciento, lo que demuestra que la colonia marroquí en España se va incrementando mucho y que posiblemente la segunda y la tercera generación que están en otros países de Europa ya no volverán con la misma asiduidad, o lo harán por otros medios, como los vuelos en avión, al país de origen de sus padres o de sus abuelos.


En definitiva, se trata de una operación logística compleja. Debo señalar que una tarde se produjo una acumulación en el puerto de Almería que fue resuelta esa misma noche. Una de las compañías que operaba, no de bandera española, tuvo un barco que no se incorporó, que estaba siendo reparado en su debido momento, y hubo otro barco que se desvió a otro puerto diferente de aquel que tenía asignado. Fue un problema que duró una tarde, porque durante la noche hubo capacidad de reacción, se desplazaron barcos desde otros puertos y se resolvió esa misma madrugada. Era un problema de afluencia de personas que rompía un poco la pauta del control exhaustivo que a lo largo de toda la operación se ha venido teniendo.


DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:

-CONSIDERACIÓN DEL ESPACIO EXISTENTE DELANTE DE LA PRIMERA VALLA DEL PERÍMETRO FRONTERIZO, COMO TERRITORIO ESPAÑOL. (Número de expediente 181/001846.)

-INFORMES TÉCNICOS EN LOS QUE SE HA BASADO EL GOBIERNO PARA CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LA DENOMINADA "SIRGA TRIDIMENSIONAL" EN EL PERÍMETRO FRONTERIZO DE MELILLA. (Número de expediente 181/001847.)

-PREVISIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ACTUAL LEGISLATURA. (Número de expediente 181/002030.)

-PREVISIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA ENFERMOS PSIQUIÁTRICOS EN LOS ACTUALES CENTROS PENITENCIARIOS. (Número de expediente 181/002031.)

-NÚMERO DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS INTERNADOS ACTUALMENTE EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MELILLA. (Número de expediente 181/002032.)

La señora PRESIDENTA: Entramos ahora en el punto número 33 del orden del día, que consta sucesivamente de cinco preguntas del diputado señor Gutiérrez Molina. ¿Está de acuerdo S.S. en que hagamos un bloque dado que los temas son similares? (Asentimiento.)

Tiene la palabra para formular las preguntas números 1846, 1847, 2030, 2031 y 2032.


El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Pido excusas por no haber llegado a tiempo en el turno que me correspondía, así como por la cortesía parlamentaria de los grupos políticos.


Señor subsecretario, yo no pertenezco a esta Comisión de Interior sino a Defensa y a Sanidad, donde hemos tenido algún debate. No obstante, le doy la bienvenida particularmente a esta Comisión en la que en este momento le formulo estas preguntas. Voy a ser muy breve y no voy a perder tiempo en reñir a ningún grupo político, porque no estoy acostumbrado a que me riñan; no me reñía ni mi padre, que en paz descanse. Señora presidenta, vengo aquí a debatir no a que me riña diputado alguno directa ni indirectamente ni ningún grupo político por mayoritario que sea.


Presenté la pregunta que corresponde a la valla de Melilla en el mes de febrero porque en ese momento tenía actualidad y la sigue teniendo. No con el afán de buscar ninguna trampa ni un debate artificial sobre un tema fundamental para Melilla y de Estado. Existía entonces un debate que no habían creado, por cierto, el Grupo Popular ni el Gobierno; hubo intervenciones distintas, así como artículos de prensa que hacían necesaria la intervención como diputado en el control al Gobierno respecto a tres pequeñas matizaciones que me

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gustaría me aclarara. Aunque presenté por escrito la pregunta, quisiera que el señor subsecretario, si a bien lo tiene, me hablara del desarrollo de la cuestión. La primera matización se refiere a los motivos técnicos que existían entonces. Sé que ya se ha respondido, que ha habido intervenciones, pero para mi tranquilidad, me gustaría que se modificara la primitiva ubicación anunciada por el ministro del Interior, en octubre de 2005, de la sirga tridimensional. Los acontecimientos en aquel momento dieron lugar a una diatriba en prensa y en grupos políticos que me parece interesante presentar ahora. No se trata de una pregunta ociosa, retórica, ni con trampa. No la interprete así el señor subsecretario.
Antes al contrario, pretende solo una aclaración de términos -ya lo hicieron los anteriores responsables de los ministerios- para evitar sucesivos debates que, con carácter recurrente, se vienen produciendo en la Cámara. Nos gustaría saber si el Gobierno considera como territorio español el espacio existente delante de la primera valla del perímetro fronterizo y cuál es el estatus jurídico que otorga en este momento el Ministerio del Interior. También me gustaría saber si puede explicar el Gobierno los informes técnicos en los que se ha basado para cambiar la ubicación de la denominada sirga tridimensional en el perímetro fronterizo de Melilla. Señor subsecretario, dado que alguna de las preguntas que formulo puede no ser total o parcialmente respondida, como están presentadas por escrito, no me importaría que fueran posteriormente respondidas por escrito al objeto de tener el mayor número de datos posibles y exactitud en las respuestas por parte del ministerio.
Agradeceríamos al señor subsecretario, en cuanto a las que se puedan responder aquí, que de forma resumida para no ser demasiado ni prolijo, si tuviera datos u opiniones nos lo ofreciera ahora.


En cuanto al otro bloque de preguntas presentadas, paso a exponerlas para mayor economía procesal del debate. Están relacionadas con los centros penitenciarios psiquiátricos y con los módulos psiquiátricos. Tenga en cuenta S.S. que en marzo de 2006 se presentaron las citadas preguntas. Sé que el señor subsecretario en Defensa me contestaba rápidamente y a lo mejor ahora, por ser las primeras que le hago en Interior, se asombre de este lapsus de tiempo. En marzo de 2006 hubo declaraciones de la directora general de Instituciones Penitenciarias, con la que tuve el honor de tener un debate sosegado en esta Comisión, relativas a la construcción de centros penitenciarios psiquiátricos en la actual legislatura. Bien es verdad que no lo hacía como una promesa firme, sino como un deseo de construir en ésta y en sucesivas legislaturas centros penitenciarios psiquiátricos. Unida a esta pregunta, sacada de la intervención de la directora general de Instituciones Penitenciarias, consta la relativa a los módulos específicos para enfermos psiquiátricos en los actuales centros penitenciarios. Las preguntas tampoco son banales, señor subsecretario. Permítame que las formule desde mi deformación profesional. Ha habido siempre mucho debate sobre la sanidad penitenciaria y los enfermos psiquiátricos en los distintos centros penitenciarios. Opiniones hay para todos los gustos. La óptica de los partidos políticos está en los distintos programas electorales. Respecto al objetivo de asegurar la asistencia psiquiátrica como una asistencia especializada en el interior de los centros, sería más específico que existiese y sino la prevén, me gustaría que meditaran sobre ello. No vale que se concierte con la red pública del Sistema Nacional de Salud, con entidades o mutuas colaboradoras, la asistencia de profesionales de la medicina que acuden a esos centros de manera esporádica. Seguramente van de manera permanente, pero, por racionalización, es mejor tener un plan de creación de módulos específicos, entre otras cosas porque, aunque en Melilla solo hay dos enfermos psiquiátricos en el centro penitenciario, conviviendo con el resto de la población interna, en otros centros penitenciarios no sucede lo mismo. Resulta enojoso en la patología psiquiátrica, por la propia entidad de la misma, transportarles porque tienen brotes de imprevisible pronóstico y actitud terapéutica. Muchas veces no digo que se creen alarmas innecesarias en centros hospitalarios situados fuera del centro, pero sí una situación tampoco deseada por ellos como enfermos. No decimos que se atente contra la dignidad del enfermo, pero a veces por la patología o por la agresividad, se pueden dar situaciones no deseadas en los centros públicos de la red sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Por eso le formulo estas dos preguntas conectadas con esta materia médica. Espero su respuesta con la misma anotación que manifesté antes. Si hay datos que el señor subsecretario pueda dar a posteriori por escrito -figuran asimismo por escrito las preguntas- se lo agradeceré, con el objeto de profundizar en el tema y abrir o no un debate en función de las respuestas que el señor subsecretario dé.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Zambrana para responderle.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Trataré de responder a las dos preguntas relativas a si considera el Gobierno como territorio español el espacio existente delante de la primera valla del perímetro fronterizo y si puede explicar en qué informe se ha basado para cambiar la ubicación de la denominada sirga tridimensional en el perímetro fronterizo de Melilla. Le agradezco tanto el tono de la intervención como la posibilidad que me da de responder por escrito, y así lo haré, a aquello que no concrete. En cuanto a la frontera de Melilla con Marruecos, como comprenderá S.S., no es el subsecretario del Interior quien va a mover la frontera. La frontera es la misma, evidentemente. En la época que usted conoce bien, quienes levantaron la valla en aquel momento lo hicieron, de acuerdo con el Gobierno, con las consideraciones técnicas que estimaron pertinentes. La valla no tiene por qué coincidir exactamente con la frontera, que está fijada

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por una raya militar que la marca. Por consiguiente, no hay nada que añadir: la frontera de España y de Melilla con Marruecos es la misma que era, sin que se haya movido ni un solo centímetro, con independencia de lo que ocurra con la valla.


Me pregunta S.S. por qué la sirga tridimensional está en la parte interior y no en la parte exterior. No conozco -y por eso me remito a la oportunidad que me da de analizarlo con más detalle- que el señor ministro manifestara la pretensión de colocar la sirga en la parte exterior a lo largo de todo el recorrido. No sé si técnicamente era posible o no, lo que sí puedo decirle es que la sirga que se está ultimando en este momento, como S.S. conoce mejor que yo, ha sido de una gran efectividad y a las pruebas me remito. Ha dado un juego importante y prácticamente, también con la colaboración de las autoridades marroquíes, ha hecho que el problema del asalto a las vallas que existía en la frontera de Melilla con Marruecos hoy no se reproduzca y esperemos que tampoco en el futuro. La instalación de la sirga tridimensional es un elemento de seguridad importante, debe estar bien ubicada -a las pruebas me remito- y está teniendo un efecto disuasorio relevante en quienes pretendían acceder por esa vía. De ahí el desvío de acceso a otra zona de la frontera española que está más al sur todavía como es Canarias, donde en este momento residen los problemas de quienes pretenden acceder irregularmente al territorio español.


En cuanto a las preguntas de si el ministerio tiene previsto la construcción de centros penitenciarios psiquiátricos en la actual legislatura y módulos específicos para enfermos psiquiátricos en los actuales centros penitenciarios, le respondo que no. Respecto a la tercera pregunta acerca de cuántos discapacitados psíquicos está internados actualmente en el centro penitenciario de Melilla -S.S. lo conoce y, por tanto, no le puedo dar noticia-, le confirmo que, efectivamente, son dos. No obstante, S.S. ha hecho mención a algunas declaraciones de la directora de Instituciones Penitenciarias que pudieran no ser acordes con lo que acabo de decirle. No me voy a extender a esta hora de la tarde en los criterios de ubicación de un problema muy complejo -ya que, a menudo, las anormalidades de tipo psiquiátrico y psicológico no están desligadas de la delincuencia-, en el tratamiento de estas personas o en el sistema sanitario que está dirigido por las comunidades autónomas, ya que, como saben SS.SS., con carácter general los antiguos manicomios han desaparecido. Como digo, se trata de un problema muy complejo ligado a la salud mental. Yo le doy las respuestas concretas y precisaré en el futuro con mayor conocimiento las declaraciones que pudo hacer la directora general en una línea que no es la que estoy manifestando: que en este momento no está prevista la construcción de centros penitenciarios psiquiátricos en esta legislatura ni tampoco la construcción de módulos psiquiátricos en los centros penitenciarios. Como digo, trataré de recabar una mayor información sobre las aseveraciones de S.S.


-DEL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) PARA MEJORAR Y DIGNIFICAR LAS INSTALACIONES AL SERVICIO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. (Número de expediente 181/002027.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente y último punto del orden del día: pregunta del diputado Hernando Fraile, número 2027.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor subsecretario, como usted muy bien sabrá el poniente almeriense es una zona de enorme crecimiento en los últimos años. Más en concreto, en el último año el número de inmigrantes, gracias al proceso de regularización, ha crecido de forma extraordinaria: 60.000 inmigrantes había antes del proceso de regularización en el poniente almeriense y en estos momentos, un año después, hay 90.000. Roquetas es una población importante del poniente que ha aumentado desde hace algunos años su población de derecho, en estos momentos rebasa 75.000 habitantes y la población de hecho se sitúa en unas 100.000 personas, según datos del propio municipio. A ello habría que añadir los inmigrantes ilegales que en todo el poniente se sitúan en estos momentos, según informes de los distintos ayuntamientos, en unas 20.000 personas.


Durante el verano de 2005 pudimos conocer cuál era la situación de algunas dependencias de esta zona. Más en concreto, cuál era la situación del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar donde, como S.S. sabe, se produjeron unos hechos que tienen mucho que ver con las instalaciones, con cómo se efectuó aquella detención y con las consecuencias trágicas que se produjeron. Conforme a la población que tiene el municipio el despliegue de nuevas comisarías de la Policía Nacional debería haber incluido entre las obras urgentes a realizar una nueva comisaría de la Policía Nacional en un municipio como éste. Otra de las instalaciones que debería haberse realizado ya en este municipio o en otro es un centro de acogida o internamiento de inmigrantes. Hemos visto lo que está pasando en los últimos días y cómo la improvisación y la imprevisión clara del Gobierno está provocando situaciones ciertamente lamentables: inmigrantes que llegan en pateras, que se alojan en el puerto de Almería en unas condiciones lamentables, motín de éstos, inmigrantes que se escapan, decisión del Gobierno de trasladar a esos más de 300 inmigrantes ilegales que han entrado en la última semana al aeropuerto, a un local de la provincia de Almería, etcétera. Hoy hemos conocido la brillante decisión del subdelegado del Gobierno en Almería de dar instrucciones a la Guardia Civil para que por favor no detenga a más inmigrantes ilegales ante el colapso de estas instalaciones.


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Todo esto describe una situación que demuestra claramente la ineficacia de este Gobierno, el problema que ha creado este Gobierno con su efecto llamada y su proceso de regularización. Lo que nos preocupa es que esta improvisación se traslade y se ponga en evidencia dado que ni siquiera en los Presupuestos Generales del Estado el Gobierno prevé incrementar las dotaciones en medios materiales o personales para esta zona a fin de combatir este fenómeno. Como decía antes, se ha plasmado en hechos tan preocupantes como un incremento de más del 25 por ciento de la delincuencia en los dos últimos años en esta zona del poniente; en algún municipio, de hasta un 35 por ciento de incremento de la delincuencia en el último año, y por su parte no veo que estén tomando ningún tipo de medidas. De ahí la pregunta que le hacíamos, que está referida a un municipio concreto pero que evidentemente afecta al conjunto del poniente almeriense.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Zambrana para su respuesta.


El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Antes de responder a la pregunta -algo que haré con mucho gusto-, quisiera decirle sobre las consideraciones de otro tipo que ha hecho que no vamos a reproducir los numerosos debates que se están teniendo en esta Cámara. Una cosa son los discursos y otra las realidades. Respecto al efecto llamada, no sé quién fue el que llamó a los cientos de miles de trabajadores extranjeros que fueron en su momento legalizados en su estancia en el país. Que yo sepa, era su Gobierno el que estaba aquí, entraron con otro Gobierno. Por consiguiente, para efecto llamada el que se producía anteriormente.


Con estos temas conviene desarrollar unas lógicas y entenderse de la mejor forma posible, igual que no sé a qué se refiere y a qué provincia se refiere en el incremento de la delincuencia. Acaba de intervenir un diputado por Alicante hablando de una disminución, y que yo sepa también Alicante se encuentra en el Levante. Este tipo de consideraciones genéricas no se corresponden con la realidad, lo mismo que no se corresponde el esfuerzo económico y financiero. Pronto vendrán los presupuestos y S.S. tendrá la oportunidad de comprobar el importantísimo esfuerzo que se va a realizar en infraestructuras, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional; han estado abandonados durante muchos años y en estos momentos las inversiones del Ministerio del Interior van a incrementarse -hablo del capítulo seis de inversiones- cerca del 40 por ciento. Si S.S. ha seguido los presupuestos, sabe que no son cifras fáciles de obtenerse, a menos que haya una voluntad política muy clara para hacer frente a los problemas de seguridad.


En cuanto a la concreción, se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas, para la apertura de una nueva comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía en dicha localidad. En el convenio, el ayuntamiento cede un solar y aporta el proyecto de obra, que estará disponible a lo largo de este último cuatrimestre del año. Si el proyecto lo facilita el ayuntamiento, la licitación y adjudicación de las obras se va a producir en el primer trimestre -podría aseverar- del próximo año 2007. Por consiguiente, estamos ante una obra inmediata. Por otra parte, y en desarrollo de un protocolo de colaboración suscrito en 2001, se están manteniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Roquetas para la posible reubicación de las dependencias de la Guardia Civil en esta localidad, sin que de momento se haya llegado a un acuerdo concreto, aunque se sigue trabajando en el tema. Le puedo anunciar ya que las partidas de las que va a disponer la Guardia Civil para nuevas construcciones, reasignación y reubicación de cuarteles y mejora de los que hay van a ser muy importantes, como tendremos la oportunidad de analizar, presidenta, dentro de unos días en la comparecencia relativa a los presupuestos. (El señor Hernando Fraile pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: ¿Quiere hacer alguna pregunta, señor Hernando?

El señor HERNANDO FRAILE: Sí, unas consideraciones generales, porque el señor subsecretario no ha tenido en cuenta que los presupuestos han entrado en esta Cámara. Cuando yo le digo que destinan para nuevas instalaciones en toda la provincia un millón de euros no es que me lo esté inventando, es que es la documentación que ustedes han enviado. No sé si usted la conoce, pero es la que ha enviado su ministerio aquí, a está Cámara. Cuando yo le digo que se ha aumentado la delincuencia un 20 por ciento en la provincia de Almería en los últimos dos años y un 35 en el poniente en el último año, se lo digo porque esa es la documentación que ustedes han enviado aquí; documentación que han dejado de enviar, por cierto, desde el mes de abril, ante lo cual he tenido que recurrir a la Cámara, al presidente de la Cámara, para que me conceda amparo y que tengan ustedes que contestar datos que desde ahora han decidido eliminar, no sé si con el típex o con el único objetivo de falsificar el dato final del año, cosa en la que parece que ahora ustedes son expertos o habituales, especialmente algunos de ustedes. Por lo tanto, no me diga cuantiosas, no me cuente lo que está pasando en Alicante, porque no le he preguntado por Alicante. ¿Usted sabe cuáles son los datos de Almería? Si no lo sabe, léaselos, porque es documentación que está en esta Cámara.
Intente, por favor, cuando venga a contestar la próxima vez a una de estas preguntas, que son muy concretas, responder con datos concretos, no con divagaciones, con meras fórmulas, y no cuestione, por otra parte, información que le damos en esta Cámara y que se corresponde con la que ustedes han remitido.


La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario.


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El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señor Hernando, no le conocía en ese tono, pero nos conoceremos.


Desde luego su Gobierno ha tenido mucho tiempo para hacer inversiones.
Cuando ha hablado del poniente, podría haber indicado que se trataba del poniente de la provincia de Almería. Ya trataré de tener información puntual del poniente de la provincia de Almería; usted hace bien preguntando, como diputado por aquella provincia andaluza, y yo trataré de tener conocimientos al respecto. Sobre el típex, podríamos hablar de muchos típex. ¡Si entramos en este tipo de cuestiones!

Por lo demás -y es lo que sabe el subsecretario y traerá conocimiento detallado de las comisarías-, le he respondido (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) -déjeme hablar, por favor, que estoy en el uso de la palabra- a las preguntas que había sobre Roquetas.
Usted se ha extendido en temas que no estaban en la comparecencia y yo le he respondido sobre lo que sé de los presupuestos, en los que llevo muchos meses trabajando, y le digo que su Gobierno jamás ha introducido un incremento del 40 por ciento en inversiones en la Policía y en la Guardia Civil. Y, si eso le duele, quédese con el dolor, que ya lo compartiremos. Los españoles agradecerán el esfuerzo presupuestario. (El señor Hernando Fraile: Hay que contar la verdad.)

La señora PRESIDENTA: Finalizados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.

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