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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 699, de 08/11/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 699
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 51
celebrada el miércoles, 8 de noviembre de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Celebración de las siguientes comparecencias, con motivo de la tramitación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (Número de expediente 121/000101.)

-Del señor presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes, Faest (Luena López). (Número de expediente 219/000732.) ... (Página 2)

-Del señor secretario general de FE-CCOO (Campos Trujillo). (Número de expediente 219/000733.) ... (Página 7)

-Del señor profesor titular de Derecho laboral y Seguridad Social de la Universidad de A Coruña (Carril Vázquez). (Número de expediente 219/000734.) ... (Página 18)

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-Del señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca (Sánchez-Terán Hernández). (Número de expediente 219/000735.) ...
(Página 26)

-Del señor secretario general de FETE-UGT (López Cortiñas). (Número de expediente 219/000736.) ... (Página 33)

Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS, CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000101.)

-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES, FAEST (LUENA LÓPEZ). (Número de expediente 219/000732.)

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Educación y Ciencia para continuar con el calendario de trabajo del que nos habíamos provisto para estos tres días con el fin de escuchar los puntos de vista de diferentes expertos que comparecen en relación con el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Universidades del año 2001. Saben que esta mañana tenemos cinco comparecientes, igual que ayer por la mañana, y recuerden a qué hora terminamos. Lo digo porque sería bueno que entre todos -lo digo al comienzo de casi todas las comisiones- nos moderáramos, tanto los comparecientes como los diferentes grupos -que lo hacen-, con el fin de terminar a una hora razonablemente buena. Sin más preámbulos, doy la bienvenida a don César Luena López, presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes, Faest, con te al final -lo digo para que quede recogido en el "Diario de Sesiones"; no sé si en este mundo de las asociaciones existen derechos de autor, por lo que no sé si usted puede tener algún problema con el nombre de su asociación, pero eso no es problema mío-, con el fin de dar su opinión sobre este proyecto de ley. Señor Luena, quiero decirle que por lo que llevamos escuchando es el único representante del mundo juvenil, del mundo estudiantil a lo largo de estas sesiones. Lo digo porque va a caer una gran responsabilidad sobre sus palabras. No quiero decirle que la tenga que asumir, pero será la voz de los alumnos en principio en esta Comisión, aunque otros comparecientes han hecho también referencia a ellos. Con este preámbulo le quiero dar la bienvenida, porque sabe que además le tengo afecto, para que pueda intervenir a lo largo de esta mañana. Tiene la palabra, señor Luen a.


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES, FAEST (Luena López): Gracias, señor presidente de la Comisión, sabe que el afecto es mutuo. Gracias por la aclaración de la te, porque así no la tengo que hacer yo, por el protagonismo que se me confiere y por el recibimiento. Gracias al Grupo Parlamentario Socialista y también a su oficina parlamentaria joven por incluirnos en la tanda de comparecientes con motivo de la tramitación del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Universidades.


En primer lugar, quisiera exponer la idea general desde la que nuestra Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas de España concibe la universidad. Para nosotros la universidad es principalmente un instrumento de cambio social, un espacio para la formación de ciudadanos plenos, críticos, participativos y comprometidos. Es un espacio para la formación competitiva de profesionales pero también cooperativa. Es un espacio que tiene que posibilitar la transformación social, los avances en la investigación ligados al interés público de la mayoría. Es un espacio por tanto para el desarrollo de un proceso de enseñanza y aprendizaje participativo, para la transmisión de la cultura, de la ciencia, de la técnica y para el cambio social. Esa universidad, en nuestra opinión, debe ser pública y financiada por la sociedad a través del Estado. Es decir, queremos que las mejores posibilidades para formarse, para investigar, para ser universitario estén en lo público, porque esto garantiza derechos e igualdad de oportunidades. Pero estamos aquí para hablar del proyecto de ley que el Gobierno ha presentado a esta Cámara y en ese sentido quiero dar dos notas iniciales. La primera es que ha habido diálogo en la elaboración del texto y como pasó con la LOE, viniendo de donde veníamos, es de reconocer el esfuerzo que han hecho tanto el anterior como el actual equipo de universidades del Ministerio de Educación y Ciencia para que se produzca el necesario diálogo estudiantil. La segunda es que nos encontramos ante una reforma no profunda de la LOU. Esperábamos y queríamos más. Sin embargo, no deja de ser una reforma que puede ser eficaz y positiva para la universidad y a continuación me explicaré. Con la reforma

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de la LOU se está atendiendo a una demanda generalizada de la sociedad española: hay que reformar la Ley Orgánica de Universidades del Partido Popular. La reforma de la LOU, en nuestra opinión, favorece la estabilidad institucional y la autonomía de las universidades.


Desde Faest apoyamos que las universidades puedan optar por dos vías diferentes para elegir a su rector, bien por el claustro o bien por la votación ponderada, así como que el claustro pueda convocar elecciones a rector, a iniciativa de un tercio de sus componentes y con la aprobación de dos tercios. En nuestra opinión, con la Conferencia general de política universitaria las comunidades autónomas podrán colaborar más y mejor con el Gobierno central en materia de universidades e investigación, y el Consejo de Universidades se convertirá en un instrumento útil para la vertebración del sistema universitario con su nueva configuración. Con la desaparición de la habilitación nacional y el establecimiento de la acreditación de los profesores pensamos que se agilizarán los procesos de selección del profesorado, lo que debiera conllevar un incremento en la calidad de la docencia redundando en una mejor formación y servicio para los estudiantes. También valoramos positivamente la creación del registro de universidades, centros y títulos para que se unifique la información y tengamos un panorama abierto de estudios y de enseñanzas. Faest también se muestra optimista con la idea de que la universidad pública recupere protagonismo y autonomía con la conversión de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) en una agencia pública. El contenido de la reforma garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de sexo, raza, religión o discapacidad. Parece lógico que, yendo con los tiempos de la sociedad, se añada la no discriminación por la opción afectivo-sexual. Apoyamos que el proyecto defienda la igualdad entre los hombres y las mujeres trabajando en la previsión ante la violencia de género y que se creen las unidades de igualdad para velar por el cumplimiento de dichos objetivos. También vemos positivo que se impulsen atenciones especiales para las personas con cargas familiares, víctimas del terrorismo y de la violencia de género y personas con discapacidad garantizando así su acceso a los estudios universitarios y su permanencia en ellos.


Con la reforma de la LOU, los estudiantes tendremos más derechos regulados de forma global a través de un estatuto del estudiante universitario, que supondrá la consecución de una reivindicación histórica de los estudiantes que el Gobierno ha recogido en la reforma y que prevé la constitución del Consejo de estudiantes universitarios como órgano colegiado de representación estudiantil. Los estudiantes de las universidades españolas contaremos así con un nuevo cauce para la representación y para la participación, tanto en el ámbito estatal como en el europeo e internacional. En relación con esta propuesta, desde Faest creemos que tenemos que ser los estudiantes, a través de nuestros representantes y asociaciones, los que decidamos el marco general del nuevo órgano que nos representará ante las instancias nacionales e internacionales, más allá de la legitimidad -que la tienen- de cada órgano colegiado o asociación en su universidad o en su comunidad autónoma. Por ello pedimos que en el plazo de un año se desarrolle ese real decreto del estatuto del estudiante universitario, que se haga en diálogo con los estudiantes y que facilite la implantación cuanto antes del Consejo de estudiantes universitarios, y pedimos que este compromiso temporal aparezca reflejado en la ley en una disposición transitoria. A partir de aquí, el estatuto debería recoger que todas las universidades públicas y privadas deberán aprobar un estatuto del estudiante de aplicación en su universidad que tenga como base normativa el estatuto del estudiante universitario, que prevalecerá sobre estos como el arma fundamental que garantice la igualdad de todos los estudiantes.


En torno a la participación de los diferentes sectores universitarios en el gobierno de las universidades tenemos algunas propuestas concretas, tales como un papel mejor definido de los estudiantes a través de una modificación más amplia del artículo 46 de la LOU -como también han hecho los rectores-, donde se recojan aspectos como que el porcentaje de representación de los estudiantes en los distintos órganos de representación y participación de las universidades no sea inferior al 35 por ciento de la representación total. En el caso de las votaciones por el sistema ponderado que pudiera producirse en el seno de las universidades, pedimos que el valor del voto ponderado de los estudiantes no sea inferior al 35 por ciento del valor total de los votos.


Sobre órganos de gobierno, en términos generales, apostamos por que los porcentajes del Consejo de gobierno respondan a la proporcionalidad, a la realidad del claustro, pero el porcentaje designado por el rector debiera ser de un 20 por ciento, no de un 30. Por lo que se refiere a la elección ponderada del rector, proponemos suprimir la fórmula que establece una mayoría en la decisión a los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad. Pensamos que no es una fórmula que fomente la democracia y el poder del voto precisamente. Además, reivindicamos que los estudiantes participemos con voz y voto mediante el titular del futuro Consejo de estudiantes en el Consejo de Universidades y en la Aneca para que podamos expresar nuestra opinión sobre cuestiones tan importantes como el gobierno de las universidades o la calidad del sistema. En cualquier caso, el proyecto de ley debería garantizar la autonomía política y financiera de los diferentes órganos de representación y participación estudiantil que existan y se puedan crear al amparo de esta futura ley.


Si hablamos de acceso, han desaparecido las pruebas y repruebas del sistema inventado por el Partido Popular para alejar la educación superior de los ciudadanos, pero sería conveniente que en el artículo 42 de la LOU -31 de la ley que estamos estudiando- apareciera que habrá

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una única prueba, que ya viene recogida por otro lado en la LOE, en la Ley Orgánica de Educación, aunque nuestra aspiración, para dejarlo claro, es que la financiación de las universidades sea tal en un medio plazo, es decir financiación europea, que haga innecesarias en la mayoría de los casos las pruebas de acceso. Pensamos que el artículo 45 de la LOU, que trata de las becas y ayudas al estudio, puede modificarse -debiera entrar también en el texto de esta ley- y añadir contenidos como que las partidas destinadas a becas y ayudas al estudio de los Presupuestos Generales se agoten de forma íntegra cada ejercicio presupuestario, o como que los umbrales de renta necesarios para obtener una beca se ajusten al aumento del IPC anual, o como que se reconozca la participación de los estudiantes en la vida universitaria en sus diferentes variables como baremo para puntuar el resultado final para la obtención de una beca, o como que se cree un instituto de becas y ayudas al estudio que coordine y gestione todos los programas de becas y ayudas al estudio dependientes del MEC y que supervise la gestión administrativa e informativa del resto de las administraciones públicas. Sobre la universidad privada, creemos que hace falta una modificación, que no está, del artículo 5 de la LOU para que los centros universitarios privados puedan integrarse en las universidades privadas pero no en las públicas. Y no se habla sobre financiación. Pensamos que debe haber un impulso fuerte, global, que permita cohesión entre universidades y territorios. Creemos que la ley debe recoger una fórmula de compromiso económico que tienda a que el Estado y las comunidades autónomas acuerden un plan de incremento del gasto público en educación universitaria para los próximos diez años que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente y en la futura ley y la equiparación progresiva a la media de los países de la Unión Europea, así como la cohesión territorial y entre las universidades. Por tanto y concluyendo, es una reforma no profunda pero que ajusta una legislación que era necesaria, porque a la LOU no la quería nadie -en eso creo que estaremos todos de acuerdo-, y que avanza en las cuestiones mencionadas, aunque esperemos que avance más y podamos ver propuestas como las presentadas hoy aquí, que buscan que tengamos una universidad pública fuerte, financiada, participativa y un sistema de becas potente, que permita un aprendizaje integral del estudiante, donde los conocimientos, procedimientos y las actitudes conlleven un grado óptimo de competitividad para compatibilizar la adquisición de estas competencias con el fomento y la educación de los valores democráticos, cívicos y constitucionales tales como la libertad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la tolerancia, el espíritu de creación, innovación y emprendimiento que propicien, al fin, el ejercicio de una ciudadanía plena y activa para que haya más oportunidades para todos y para que haya una universidad que sea instrumento para la ciudadanía y de cambio social.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir? (Pausa.) En primer lugar, señor Nasarre, por el Grupo Popular.


El señor NASARRE GOICOECHEA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida en nombre de mi grupo a don Cesar Luena López. He escuchado con mucha atención su exposición. Me parece importante que en esta Comisión la voz de los estudiantes haya participado en nuestras reflexiones y en nuestros debates; nos va a ser de gran utilidad. He tomado buena nota de lo que nos ha dicho. Le manifiesto que mi grupo es partidario -y va a apoyarla- de la creación de este Consejo de estudiantes que se establece en el proyecto de ley. Nos parece que cara a nuestra representación internacional de estudiantes, incluso a la cohesión del conjunto de los estudiantes de España, es útil que haya un órgano representativo, en principio, de las asociaciones -ya veremos cómo se articula- y de los representantes de las distintas universidades españoles. Recuerdo de mis años juveniles que este tipo de reuniones de órganos de coordinación de los representantes de los estudiantes ejercían un papel muy positivo.


Quiero hacerle unas preguntas muy breves atendiendo a las indicaciones de nuestro presidente. Una es en relación con las becas, en dos sentidos.
Usted se ha referido a la necesidad de potenciación de nuestro sistema de ayudas y becas al estudio en las universidades. Ha dicho que es partidario de que en la normativa que proceda se establezca que haya un incremento de los umbrales de renta en relación con el IPC. Quiero hacerle la observación de que con nada más esa previsión lo que se consigue es mantener el número de becarios, es decir garantizar que el número de becarios se mantiene de curso a curso, pero si lo que queremos proponer es el incremento del número de becarios, lo que habrá que hacer es incrementar los umbrales de renta por encima del IPC. Esa sería la política que habría que realizar con el objeto de ampliar el número de becarios. En este mismo asunto me interesa que nos haga una valoración de cómo ve en el actual sistema de gestión de las becas la participación de los estudiantes. Es interesante que en los órganos de control, gestión y concesión de becas y de los umbrales haya una participación de los mismos. Quiero que nos diga si es perfectible este punto. En este mismo ámbito de las becas, el modelo de estudios de Bolonia, para entendernos, el proyecto de integración del espacio europeo de Educación Superior plantea una nueva estructura de las enseñanzas universitarias y no sé si ustedes han hecho una reflexión sobre si este nuevo modelo de tres ciclos -grado, posgrado y doctorado- obligaría a un replanteamiento de nuestra política de becas con otro sistema, por ejemplo, tipo préstamo. En definitiva, quiero saber cuál es su modelo.


No se ha referido usted a un asunto que se ha suscitado en otras sesiones de trabajo de la Comisión en relación con el proyecto de ley, que es la movilidad de estudiantes, que me parece que es importante. En otras

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comparecencias hemos visto dos fenómenos que no sé si usted puede corroborar o explicar sus razones. Uno es que están dando buenos resultados los programas de movilidad europeos, los programas Erasmus, que son muy positivos y de los que hay una gran demanda por parte de los estudiantes. Probablemente habrá que reforzarlos mucho más porque el porcentaje sigue siendo minoritario. El segundo fenómeno es que es decepcionante la movilidad entre las universidades españolas, en el territorio español, los programas Séneca. Entre 1.000 y 2.000 estudiantes son beneficiarios de estas becas, pero no se cubren en su totalidad -somos conscientes de ello-, luego no se están cubriendo los objetivos por los que se crearon. ¿Qué razones hay para que una cosa tan interesante como que se puedan ir estudiantes de una universidad a otra y no se queden a lo largo de todos los estudios en su universidad no está teniendo el resultado que nosotros habíamos previsto?

Finalmente, usted se ha referido al estatuto del estudiante. Tiene que haber una declaración de derechos y deberes de los estudiantes. En relación con las cuestiones académicas ¿qué es lo que usted consideraría que se debería reflejar en ese estatuto de los estudiantes en una especie de equilibrio entre derechos y deberes?

Reitero que le hemos escuchado con mucha atención y con mucho interés y que hemos tomado muy buena nota de sus observaciones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Casaus.


La señora CASAUS RODRÍGUEZ: En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quiere dar la bienvenida al señor Luena como representante de la Federación de Asociaciones de Estudiantes y además reiteramos lo que ha dicho el presidente al inicio de la sesión, que es el único estudiante que va a comparecer en esta rueda de comparecencias con motivo del debate de la reforma de la Ley de Universidades y que consideramos que es algo muy importante. A nuestro grupo le hubiera gustado que hubieran participado algunos otros estudiantes para poder comprobar diferentes opciones, pero nosotros como grupo sí que nos hemos reunido con otras asociaciones estudiantiles y hemos podido llegar hasta donde hemos llegado en esta rueda de comparecencias.


En segundo lugar, estamos ante una reforma de la Ley de Universidades que constituye una oportunidad que entendemos debemos aprovechar para transformar nuestras universidades. Estamos en el momento de que nuestras universidades puedan enfrentarse de una manera decisiva y valiente a las exigencias de la construcción del nuevo espacio europeo de la Educación Superior que nos viene. El eje básico sobre el que gira esta reforma es la búsqueda de una mayor flexibilidad tanto en la organización de las universidades como en la gestión de sus actividades dotándolas de más autonomía y de una mayor responsabilidad. La reforma nos sabe a poco, queremos más -ha dicho usted en su intervención- y entendemos que diga esto como representante de los estudiantes. Siempre debemos querer más y avanzar más, sobre todo la parte fundamental, que en este caso son los estudiantes, pero los tres temas que ha destacado en su intervención representan un cambio de gran calado que sin alterar el funcionamiento de las universidades, sí que van a permitir afrontar los retos y los cambios necesarios para la construcción y la integración del espacio europeo de la Educación Superior, como son el sistema de acceso del profesorado funcionario, el registro de títulos y la recuperación de la autonomía universitaria. El texto sobre el que ahora estamos trabajando en esta Comisión tiene un fin fundamental para nosotros y es unir a la comunidad universitaria, trabajar coordinados y de acuerdo con todos los integrantes que hacen posible la universidad, tanto con los profesores como con los rectores y los estudiantes. Esta convergencia de todos los sectores universitarios nos va a permitir que nuestras universidades mejoren día a día, que sean universidades de más calidad, que aumente la participación de todos los sectores, que nuestras universidades formen integralmente a ciudadanos y a profesionales, como usted ha dicho al final de su intervención, y todo esto se consigue, según mi grupo parlamentario, dotando de una mayor autonomía a las universidades. ¿Cómo valoran los estudiantes esta apuesta por esa autonomía universitaria que propone este texto de reforma?

Desde mi grupo hemos escuchado muy atentamente sus aportaciones y le aseguro que hemos tomado buena nota de todo lo que usted ha dicho. Por ejemplo, en cuanto al estatuto del estudiante, agradezco la valoración positiva que hacen de que esté reflejado en esta reforma de la ley, así como también la creación del Consejo de estudiantes universitarios.
Además, esto refleja que esta reforma sí atiende a toda la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes, de los que en anteriores leyes educativas se olvidaron, porque aquellas estuvieron al margen de los estudiantes, y yo me pregunto qué sería de la universidad sin los estudiantes. Nos damos por enterados de las propuestas que ha hecho sobre cómo tiene que ser ese estatuto y ese consejo, y tomamos nota, porque ahora estamos en el momento de empezar a trabajar con vistas a cómo van a quedar los posteriores desarrollos tanto del estatuto como del consejo en tiempo y forma.


Desde la Confederación de rectores de las universidades, cuyo presidente también ha participado en esta rueda de comparecencias, se nos planteó una modificación del punto 2 del artículo 46, de derechos y deberes de los estudiantes. ¿Cómo se valora esa aportación de la CRUE y cómo valora ese apoyo de los rectores a los estudiantes?

En cuanto a las becas, para el Grupo Parlamentario Socialista, dentro de la política educativa, una de las más importantes y fundamentales es el tratamiento de las becas. Por eso, en estos dos años de legislatura estamos trabajando para ampliar los recursos, y en los presupuestos se está viendo reflejado cómo estamos intentando

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modificar el tema de las becas. Respecto a lo que ha comentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en esta legislatura han subido dos veces los umbrales a los que él se ha referido. Vuelvo a decir que para el Grupo Parlamentario Socialista es fundamental trabajar y reflexionar sobre cómo tenemos que abordar las becas y estamos en el momento de hacerlo.


Finalmente, me gustaría destacar que, como usted ha dicho ya en la Ley Orgánica de Educación quedaba claro que debía ser una única prueba la que permitiera el acceso a la universidad y esto debe ser reflejado claramente en esta reforma de la Ley Orgánica de Universidades. Por tanto, nos vamos a ocupar de contrastarlo y de acomodarlo en ese artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades.


El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Luena.


El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES, FAEST (Luena López): Voy a tratar de responder o por lo menos de dar el parecer de la federación sobre las cuestiones que han planteado los dos portavoces de los grupos que han intervenido. Señor Nasarre, me agrada escuchar que para ustedes es importante la participación de los estudiantes, así como que apoyan el Consejo de estudiantes. Creo que es un buen paso. Respecto a las becas, puede que esté mal planteada la propuesta. De todas formas, si lo que usted dice sobre el aumento del IPC es cierto, pues que suba el doble o el triple. Es fácil, yo soy de letras, pero multiplicamos por dos y ya está. En torno a la participación de los estudiantes en la concesión de las becas, creo que hay que avanzar en la gestión de los procesos de las diferentes becas que dan las administraciones y en la información que recibe el estudiante sobre los requisitos que hacen falta, sobre la concesión de las becas, sobre los plazos, etcétera. Creo que tendremos oportunidad de trabajar en este tema una vez que concluya la tramitación de la ley.


Bolonia, el espacio europeo de Educación Superior. Me preguntaba qué escenario veíamos en la federación con las becas y mencionaba los préstamos. Tiene que haber becas, como ya las hay -reconozco que este año hay 2.000 becas para los posgrados, para los másteres-, pero tiene que haber más y bien dotadas. En cuanto a la nueva estructura de las enseñanzas, aunque no se me ha preguntado, quiero decir que la federación la ve bien. Llevamos demasiado tiempo discutiendo sobre encorsetamientos, eso es muy universitario; este paquidermo universitario pierde mucho tiempo en debatir sobre el esqueleto y a veces muy poco sobre la chicha.
En cualquier caso, lo que va a garantizar que el sistema de posgrados sea real y sea instrumento de ciudadanía y para el cambio social, que es nuestra visión de la universidad, es que haya becas y como usted citaba los préstamos, le diré que el préstamo, a interés o que se devuelva con una determinada renta, con esos condicionamientos, como el equipo del ministerio alguna vez lo ha presentado ya. Por nuestra parte lo apoyaríamos como complemento, nunca como sustitución, teniendo en cuenta que lo primero que hay que hacer es empezar a dotar, como se está haciendo -hay que hacer más-, un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el acceso real a ese sistema de posgrados.


Hablaba usted de la movilidad europea, de Erasmus, y era optimista. Yo creo que las Erasmus tienen que tener más dotación y más difusión entre los estudiantes, tiene que haber más información. Este año la subida ha sido espectacular, por tanto no es un año como para levantar mucho la voz, porque hay que reconocer que el aumento de las becas de Erasmus ha sido importante. Nosotros apoyamos las Erasmus y lo hemos hecho siempre, porque es una de las expresiones más importantes del demos europeo, de conseguir ciudadanía europea, el intercambio y la movilidad entre los estudiantes. Sobre las Séneca, quizá tenga parte de razón cuando dice que la movilidad nacional o estatal no ha sido todo lo buena que debería ser.
De todas formas, diré que hay gente que se mueve sin beca. No podemos valorar la movilidad de los estudiantes entre las universidades solo por los datos de las becas, porque hay gente que se mueve sin beca. Por tanto, ese dato tendríamos que complementarlo. En cualquier caso, se puede mejorar.


Por último, me preguntaba sobre el estatuto y hacía hincapié en los derechos y los deberes y en su relación académica. Para conocimiento de la Comisión, consideramos que las cuestiones básicas que debieran aparecer en ese estatuto son la representación estudiantil y el reconocimiento de la misma, la ampliación de los porcentajes, el fomento del asociacionismo, el derecho a huelga, reunión y manifestación, la propiedad intelectual de los trabajos universitarios, un reglamento para la revisión de exámenes, un reglamento de regulación de las prácticas externas, la orientación para el empleo, salidas profesionales, la creación de gabinetes de iniciativa emprendedora, la expresión del ocio, de la cultura, el tiempo libre, la participación en la evaluación de la calidad de la docencia, de los servicios, de los planes de estudios, etcétera. Creo que los deberes básicos y que todo estudiante entiende vienen bastante bien recogidos, pero en cualquier caso también habrá que recogerlos en ese futuro estatuto, aunque entenderá usted que de lo primero que nos hayamos ocupado es de los derechos.


Agradezco la intervención y las palabras de la señora Casaus, la portavoz del Grupo Socialista, reconociendo la importancia que han dado su grupo y la oficina parlamentaria joven, que está integrada en el mismo, así como el Gobierno a los estudiantes, pero pediría en la Comisión que siga el canal de diálogo con su grupo y el Gobierno para el desarrollo de la LOU y para otras muchas cosas que tenemos pendientes. Hablaba usted sobre el trabajo colectivo de la comunidad universitaria. Yo creo que es fundamental; quizá sea lo único bueno de la LOU y es que nos unió a todos los sectores de la comunidad universitaria en un mismo objetivo, que era

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que no se aprobara y que no se aplicara, y al final lo hemos conseguido, pero tenemos que trabajar en sentido positivo.


Sobre la autonomía universitaria creo que se destaca en cuatro cosas: la elección de su rector, la selección del profesorado sin que se tenga que venir a Madrid, la financiación -de la que he hablado y que sería importante que apareciera en la ley- y el gobierno de las universidades.
Creo que esos son los cuatro pilares de la autonomía universitaria que hay que fomentar.


Sobre el estatuto y el consejo reitero los contenidos que creo que debieran estar incluidos y agradezco el apoyo del grupo, que me consta, para que esto siga adelante. Me preguntaba sobre la aportación de la CRUE y el apoyo que le dan los estudiantes. La verdad es que no he podido leerlo con detenimiento, lo he leído por encima, pero creo que van por buen camino. Yo voy a leer su intervención de ayer y espero que ellos lean la nuestra de hoy, y únicamente diría una cosa. En el artículo 46.5, donde se habla del estatuto y del consejo, se habrán dado cuenta ustedes de que el consejo estatal desaparece por una vertebración adecuada de la representación de los estudiantes: Consejo de estudiantes universitarios.
Reconozco la buena política de becas y la orientación que se da desde su grupo y valoro que desde él se apueste por una única prueba, aunque repito que nuestro horizonte a medio plazo es que no haya ninguna, al menos para la mayoría de los estudios.


Acabo con la reflexión de la diputada Casaus, que se preguntaba qué sería de los estudiantes sin la universidad. Pues nada. La universidad surge en la Edad Media, los studia medievales, y tal como se concibe este futuro gremio universitario tan potente, es como una asociación entre maestros o profesores y estudiantes en pro del conocimiento, la investigación y la divulgación y difusión de la ciencia, la técnica y la cultura, pero en pro del avance del progreso humano y sobre todo del avance social. Eso lo posibilitaba esa asociación entre estudiantes y profesores entonces, en la Edad Media. Hoy, que existe la sociedad, diríamos que la universidad tiene que ser asociación entre estudiantes, profesores y sociedad para conseguir que la universidad sea -y termino igual que comencé- instrumento de ciudadanía y de cambio social.


Muchas gracias a los miembros de la Comisión por la atención prestada y al presidente por su afecto y hospitalidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luena. Hemos concluido la primera intervención y además lo hemos hecho dentro del plazo y el horario previsto. Espero que sea una buena señal de este día lluvioso para el trabajo de esta Comisión. Vamos a suspender un minuto la Comisión para dar paso al siguiente compareciente, que será el señor Campos, secretario general de Comisiones Obreras. (Pausa.)

-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE FE-CCOO (CAMPOS TRUJILLO). (Número de expediente 219/000733.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos la Comisión con el segundo compareciente de esta mañana, don José Campos Trujillo, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, al que doy la bienvenida.
Me parece que no es la primera vez que participa en esta Comisión de Educación y espero que no sea la última, porque pretendemos que esta Comisión, tanto para este proyecto de ley como para otros, sea un foro de encuentro entre el Parlamento, los parlamentarios y los grupos con la sociedad civil y los agentes sociales para conocer en primera persona las opiniones sobre cuestiones, en este caso sobre un proyecto de ley que se encuentra en discusión en este Congreso de los Diputados de modificación de la Ley Orgánica de Universidades del año 2001. Sin más preámbulos y con el fin de ser más ágiles, doy la palabra al señor Campos para que en una primera intervención marque el criterio o el posicionamiento de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras con relación a este proyecto de ley.


El señor SECRETARIO GENERAL DE FE-CCOO (Campos Trujillo): Es para mí un honor poder representar a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ante ustedes. Quiero agradecer en nombre de nuestro sindicato que se haya querido contar una vez más con nuestra presencia y nuestra participación en este foro parlamentario y en el debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Me gustaría insistir en este agradecimiento, que traslado que es sincero e importante para nuestra organización, sobre todo porque con las anteriores leyes no fuimos reconocidos ni invitados al debate parlamentario universitario, por lo cual para nosotros es una gran alegría que por primera vez se nos invite a hablar de universidades y en este foro. Permítanme empezar recordando que hoy hace casi cinco años Comisiones inició con el resto de la comunidad universitaria una campaña de presión y movilización precisamente para exigir la negociación y la participación en la Ley Orgánica de Universidades que aprobó el anterior Gobierno.
Lamentablemente, aquellas movilizaciones sirvieron para poner de manifiesto que cualquier reforma que no base su realización en el diálogo y la participación de todas las organizaciones que legítimamente ostentan la representatividad de los trabajadores y trabajadoras de los estudiantes de la comunidad educativa sencillamente no sirve. Por esta razón concedemos un valor añadido a la invitación de comparecer hoy ante ustedes porque Comisiones siempre ha considerado que el diálogo y la participación legítima construyen puentes entre las intenciones y las realidades. En este sentido, como primer sindicato, como sindicato confederal, como sindicato mayoritario en la enseñanza y especialmente en el sector universitario, tenemos mucho que decir y mucho que aportar, no solo, insisto, por nuestra condición

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de representantes de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, sino también como promotores a nivel confederado de un modelo de enseñanza de calidad, participativa, crítica y democrática que sirva para conseguir una sociedad más próspera y más justa. Desde esta visión confederal y federal y no de otra, creemos desde Comisiones que disponemos de una perspectiva más amplia y global del sistema educativo, mucho más allá de los aspectos laborales y de los educativos propiamente dichos, así como de las visiones localistas y meramente corporativas.


Permítanme comenzar con una cita de la ministra Mercedes Cabrera, cita que compartimos totalmente. Decía que las universidades deben ser un motor para el avance del conocimiento, pero sobre todo deben ser un motor para el desarrollo social y económico del país. Hago mención a esta cita porque intentaré demostrarles que compartiendo el objetivo planteado por la ministra, observamos que la propuesta de reforma de la LOU debe ir más allá de lo planteado hasta ahora. Si de lo que se trata realmente es de que las universidades sean un motor para el avance social y económico del país, para conseguir este objetivo, insisto, que compartimos plenamente, desde Comisiones seguimos planteando que es muy importante un pacto de Estado por la educación, también en la educación superior, como hemos planteado en la LOE y como también se ha hecho realidad en la dependencia. Son muchos los motivos que lo sustentan, muchos los colectivos que lo demandan y mucho lo que nos jugamos en la educación superior. Solo la descentralización de nuestro sistema educativo debería llevarnos a ese pacto de Estado teniendo en cuenta a todas las comunidades autónomas, independientemente del color político de sus gobiernos, que son quienes, en última instancia, administran nuestros recursos destinados a la educación superior. Por otro lado, sabemos que es necesario ese pacto debido a los grandes y profundos cambios sociales y económicos que van a generar múltiples demandas. Esto obliga a una nueva adaptación del papel de las universidades a estas nuevas demandas.
Esto obliga a una verdadera coordinación entre las universidades públicas, privadas, las universidades entre sí, el mundo empresarial y las universidades y la sociedad en general. Esto obliga a la revisión y a acuerdos sobre la legislación universitaria y de las políticas públicas que se implementan. También es motivo para este pacto la convergencia europea, ese espacio común de la enseñanza de educación superior, con la reestructuración de los nuevos estudios universitarios, para poder dar respuesta a las nuevas demandas que reclama el sistema productivo, la sociedad del conocimiento y las nuevas exigencias de derechos sociales.
En definitiva, la autonomía universitaria, la descentralización a las comunidades autónomas, el nuevo contexto político y económico, las nuevas demandas universitarias en la convergencia, etcétera, todos son motivos y elementos que nos están aportando muchos beneficios, pero han traído aparejadas situaciones bastante diversas, tanto en la oferta universitaria, muy variada, como en las dispares condiciones o como en los nuevos desafíos educativos y formativos. Insisto, para nuestra confederación y para nuestra federación estos son aspectos centrales que deberían hacer posible un pacto de Estado por la educación superior.


Por otro lado, señores diputados, permítanme que fije ahora la posición de nuestra organización en torno a la LOU manifestando públicamente que la reforma de la LOU que ha planteado el Gobierno no es la que Comisiones Obreras esperaba. Se trata de una reforma parcial que intenta suavizar alguno de los aspectos más negativos de la LOU, pero en nuestra opinión siguen sin abordarse aspectos fundamentales que harán necesario, seguro, cambios legislativos a medio plazo, aunque es cierto que se han incorporado importantes modificaciones que ya reclamábamos desde Comisiones en el trámite de este texto hace cinco años y que saludamos, y me refiero sobre todo a la sustitución de la habilitación por el sistema de acreditación, al tratamiento transversal que se les da a las medidas de igualdad, al impulso a la autonomía universitaria que se da en este nuevo documento, a una mejor regulación de acceso de los estudiantes con el establecimiento de una prueba única, al refuerzo del papel de los estudiantes en toda la organización de la educación superior o también a la mejor regulación que se da en el texto entre las universidades privadas y públicas. Creemos positivos algunos temas importantes que se han incluido en torno al profesorado, especialmente la acreditación, que antes comentaba, pero también medidas para posibilitar que el PDI laboral pueda optar a cargos académicos, que creemos que es un avance.
Igualmente, se ha avanzado en dar más estabilidad al contratado doctor.
Se posibilita alargar el periodo de ayudante. Por último y muy importante para nosotros, se plantea en el texto que en el plazo de un año se aprobará el futuro estatuto del personal docente e investigador. Son elementos muy positivos. Reconocemos que son avances importantes en este proyecto de modificación de la LOU. Sin embargo, reclamamos la incorporación de aspectos insuficientemente tratados, como decía antes, en esta propuesta de reforma de la LOU. Desde Comisiones apostamos desde el principio por una universidad pública, crítica y científica. En este sentido, hemos planteado un número importante de propuestas de enmiendas que hicimos llegar a todos los grupos parlamentarios y supongo que SS.SS.
conocen, que si me permiten voy a empezar a exponer.


En primer lugar, como saben SS.SS. estamos en la construcción del espacio europeo de Educación Superior, que está previsto que esté implementado en 2010 y que en este momento han suscrito 45 países. El espacio europeo de Educación Superior plantea un cambio importante en el modelo de aprendizaje, que va desde el modelo de formación para toda la vida al modelo de aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy estamos en la universidad en un modelo informacional centrado en el proceso de transferencia de la información del docente

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que posee el conocimiento al alumnado. El enfoque del aprendizaje transformacional que defendemos orientado al aprendizaje a lo largo de toda la vida radica en que no se debe interrumpir ese flujo de información y el desafío de generar procesos de capacitación que permitan pasar de qué aprender a cómo aprender. En este sentido, la LOU solo recogió los aspectos relacionados con el aseguramiento de la calidad y declaración de principios. Han pasado cinco años, señorías, y esta reforma tampoco asume esta realidad a cuatro años vista de los compromisos adquiridos a nivel europeo. Precisamente uno de los aspectos destacables que el espacio europeo de Educación Superior trae consigo son los cambios metodológicos en el binomio enseñanza-aprendizaje. Estos cambios metodológicos, insisto, se deben hacer con la implicación del profesorado y demás trabajadores, así como el de los estudiantes, pues cualquier reforma de los modelos de aprendizaje requiere la implicación de los agentes universitarios. Desde luego esta realidad encaja perfectamente con la campaña que acaba de lanzar la OCDE, que todos y todas conoceréis, para revitalizar la profesión docente. En un informe titulado "El papel crucial de los docentes, captar, formar y conservar enseñantes de calidad", se ha advertido que si no se hace atractiva la profesión docente, la calidad difícilmente será una realidad. Primer punto.


El segundo punto que también nos gustaría subrayar es sobre la mejora de la participación en la universidad. Señorías, en Berlín 2003 los ministros subrayan la importancia para la consolidación del proceso de Bolonia de reforzar el diálogo con las instituciones, entre las instituciones y de las instituciones con los trabajadores, por lo que el MEC, para cumplir dicho objetivo en nuestro país debería intensificar, entendemos nosotros, mucho más el diálogo con la CRUE, con las comunidades autónomas y con los sindicatos. Esto al menos con los sindicatos hasta ahora ha estado pendiente. Se ha empezado a mejorar en los últimos momentos, pero esta asignatura ha estado pendiente. Para intensificar el diálogo con los sindicatos y mejorar la participación social, a propuesta de Comisiones se debería potenciar la inclusión de los agentes sociales en el Consejo de coordinación universitaria o en otro órgano que establezcamos para que estén la sociedad y los agentes sociales, tanto sindicatos como empresarios, en la universidad. Aumentar la participación de los agentes sociales en los consejos sociales de las universidades sería otra de nuestras propuestas, porque no es normal ni aceptable en un país democrático que la LOU en 2001 o los intentos de reformar de la LRU pasaran al Parlamento sin una negociación sindical real y que siguieran sin reconocer el hecho sindical dentro de la normativa universitaria. Lamentablemente, aunque en la elaboración de este anteproyecto de reforma se ha oído a los sindicatos, el Gobierno nos ha negado la posibilidad hasta ahora de negociar, hasta ahora, insisto, todas aquellas disposiciones que afectan a las condiciones de trabajo del profesorado universitario (acceso, etcétera). Conviene recordar en esta Cámara que la Ley de órganos de representación sindical fue aprobada por las Cortes en 1987 y difícilmente la LRU de 1983 podía tener en cuenta lo que no existía. La LOU no contempló nada de lo previsto en 1987, pero ahora en su modificación lo podemos paliar y les instamos a ello.


En tercer lugar, sobre el estatuto también queremos plantear algunas cuestiones. El nuevo proyecto de ley establece -y nosotros, insisto, lo saludamos- un plazo de un año para aprobar mediante real decreto un estatuto del personal docente e investigador de la universidad. Desde Comisiones Obreras solicitamos que en el texto de la ley se obligue a hacerlo mediante la negociación colectiva y que se incluya una estructura profesional funcionarial basada en los méritos docentes o investigadores.
Sin embargo, el actual proyecto de reforma de la LOU sigue pecando de reglamentista e impide que en dicho estatuto se pueda desarrollar una carrera profesional por méritos al no permitir la posibilidad de convocar plazas a promoción interna entre acreditados, la convocatoria de plazas mediante concurso de traslado o al encorsetar las etapas del proceso de formación describiendo en la propia ley la duración de la figura del ayudante o el procedimiento para pasar de una a otra. Son elementos importantes que creemos no solo que se debe sino que se pueden asumir en esta parte.


Quisiera insistir también en este ámbito en otro problema significativo como es el sistema retributivo y que este siga dependiendo exclusivamente del Gobierno, como en la LRU de 1983, a pesar de que hayan sido transferidas después todas las universidades, excepto la UNED y la UIMP, como todos saben, a las comunidades autónomas y que el dinero de los salarios provenga de ellas. Que no estén transferidas ha impedido la normal negociación retributiva y que el profesorado universitario sufra una pérdida del poder adquisitivo mayor que la de los funcionarios estatales o autonómicos. Al no modificarse la LOU en ese aspecto se sigue impidiendo el derecho efectivo a la negociación salarial, que es uno de los derechos fundamentales de cualquier trabajador. Por eso Comisiones Obreras exige que se reconozca en la LOU la existencia de los sindicatos y el derecho constitucional a la negociación colectiva; derecho consagrado actualmente por el Estatuto básico de los funcionarios públicos que está en trámite en el Parlamento. También exige que se extraiga de la ley todo lo referente a condiciones laborales y que se incluya todo lo referente al personal laboral. En este sentido Comisiones Obreras aboga por un estatuto del personal de las universidades, no solamente del PDI e investigadores sino también del PAS. Permítanme hacer mención a la aprobación de una proposición de ley que se debatió en esta Comisión el pasado 29 de marzo de 2006. En ella se aludía al impulso de un plan de formación del PAS para su adecuación -se decía- al espacio europeo de Educación Superior, que creo que fue presentada por el Grupo Socialista. En la defensa de dicha proposición de ley se decía textualmente que el espacio europeo de Educación Superior no

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es posible sin el concurso del personal de administración y servicios de las universidades. Estamos convencidos de que estas palabras forman parte de las creencias profundas de los que propusieron esta iniciativa, pero nos tememos que a la hora de la verdad el PAS de las universidades acabe siendo omitido y se deje para otra ocasión como pasó otras veces y como ocurrió recientemente en la LOE. En Comisiones Obreras creemos que este es el momento de reconsiderar la importante función que realizan estos trabajadores y trabajadoras para sus respectivas universidades, y que es necesario un definitivo reconocimiento en el articulado de la reforma de la ley universitaria que estamos discutiendo. En este sentido, la propuesta de Comisiones Obreras de plantear un estatuto de todo el personal, que posteriormente pueda ser negociado con las organizaciones sindicales, nos permitiría constatar de una vez por todas que esas creencias rotundas tienen después su correlato en las iniciativas legislativas y en la negociación correspondiente. Señorías, el éxito de cualquier reforma pasa por considerar a todos los trabajadores y trabajadoras encargados de ejecutarla como protagonistas indiscutibles del cambio.


Me referiré también a la financiación. Señoras y señores diputados, me van a permitir que aquí, en el Congreso, les recuerde una vez más que Comisiones Obreras ha venido demandando a los diferentes gobiernos y durante los últimos años una ley de financiación para garantizar la reforma educativa. Además, recordaré que en su momento presentamos una iniciativa legislativa popular para garantizar a través de una ley la financiación del sistema educativo que, por cierto -insisto en recordarlo otra vez-, con una mayoría socialista no prosperó ni tampoco con una mayoría del PP, a pesar de que todos los informes internacionales y nacionales aclaran que una de las grandes garantías del éxito educativo es la inversión y en nuestro país estamos muy por debajo de la media europea. Creemos que en dicha ley de financiación -que confiamos que ustedes propondrán- resulta inexcusable el acuerdo y la participación con las comunidades autónomas para que esta garantía presupuestaria se ejecute y se haga viable en todas las administraciones. Señorías, para Comisiones Obreras la financiación educativa debe ser reconocida como una prioridad social y política para cumplir los objetivos propuestos en esta ley, así como para cumplir los objetivos educativos de la Unión Europea para 2010. Cada vez que acometemos una reforma legislativa nos encontramos en la misma tesitura: ¿Tendremos financiación para realizar los cambios o será a coste cero, como otras muchas veces? De momento nos encontramos en una situación de partida nada alentadora. Todos los diputados y diputadas saben que el gasto en educación superior solo supone un 1,1 por ciento del PIB frente al 1,6 de la media de la OCDE.
Quiero recordar que el gasto en investigación supone solo el 0,9 por ciento del PIB frente al 2,2 de la media de la OCDE. Si a eso añadimos que nos encontramos en los niveles más altos de tasas académicas en contraste con uno de los niveles más bajos en becas, así como el nivel salarial más bajo, créanme que la situación de partida no es la más deseada, sobre todo en un país que sigue avanzando económicamente de manera muy importante y en el que no hay excusas para no invertir en un elemento de futuro como es la educación. Si queremos modelos de calidad habrá que financiarlos mejor, señorías, y si logramos implicar a las comunidades, mucho mejor. Por ello, el cambio de modelo tendrá que darse, desde nuestro punto de vista, en grandes pactos políticos y sociales que desde Comisiones Obreras, no quepa la menor duda, vamos a potenciar.
Dicho lo anterior y asumiendo la responsabilidad que supone el principio de autonomía universitaria, también es obvio en esa financiación que la rendición de cuentas a la sociedad desde las instituciones universitarias y administraciones autonómicas debe hacerse una realidad.


Paso al tema de la investigación, que sin duda es una de las funciones fundamentales junto con la docente que dan sentido a la universidad, como se recoge en la Carta Magna de las universidades europeas. La Ley Orgánica de Universidades, LOU, prevé la contratación del personal contratado doctor con dedicación prioritaria a la investigación, que convive con el personal que ejerce funciones orientadas al mismo tiempo a la docencia y a la investigación, como el profesorado de los cuerpos docentes. También la contratación en las universidades del personal investigador debe contemplar la posibilidad de su estabilización, tal y como se contempla -insisto-, en la Carta Europea del Investigador. La investigación también debe contemplar un plan de financiación que permita abordarla acercándonos al objetivo que he mencionado anteriormente del 3 por ciento del PIB, dada la escasa inversión que hay actualmente en el sector privado y el 2,1 por ciento del presupuesto del Estado dedicado a la investigación. Señorías, debe dejarse de considerar a la investigación ligada a la antigüedad como criterio de valía gestora y empezar a dotar de una vez por todas a las universidades de la financiación necesaria para afrontar el reto inminente del espacio europeo de Investigación. Al mismo tiempo se debe establecer en el estatuto del personal de las universidades el marco que permita la contratación del personal de investigación de forma armónica con el resto del personal, regular la flexibilización de las cargas investigadoras y docentes del personal de los departamentos de las universidades para que no se realicen, como hasta ahora, agravios entre el profesorado que convive en centros docentes superiores. Desde Comisiones Obreras exigimos que se aproveche el momento de esta reforma para abrir los debates sobre la regulación del papel del personal investigador en España. No tiene ningún sentido no afrontar ahora este debate sobre la contratación de investigadores puros, pues estos ya abundan en nuestras universidades, ya sea a cargo de convenios, encubiertos como PAS o como investigadores de fundaciones consorciadas. Por tanto, debe asumirse este papel y articular su convivencia

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con el resto de las figuras del profesorado. Tampoco tiene sentido establecer programas de captación de personal investigador como el Ramón y Cajal si no se dotan de los fondos necesarios para consolidarlo, o establecer contrataciones laborales como las del personal investigador en formación con barreras a la libertad de su negociación colectiva, la duración del permiso de complemento, etcétera.


Resumiendo, la reforma de la LOU no debe continuar mezclando méritos investigadores y valía gestora. Por tanto, deberían establecerse las medidas económicas para integrar de una vez por todas al personal investigador en nuestras universidades sin establecer, una vez más, mayores agravios, precariedades o servilismos de los que ya abundan desgraciadamente en nuestra institución.


Señorías, la evaluación es otro reto importante. Desde Comisiones Obreras entendemos y defendemos que la evaluación debe ser el medio más eficaz para mejorar todo lo que rodea a la educación, pero no debe ser el objetivo de los evaluados. Comisiones Obreras participa en el foro de la Aneca y seguirá haciéndolo en todos los foros y espacios que se creen sobre la evaluación del sistema educativo. Articulemos y acordemos entre todos de una vez por todas -administraciones, agencias y agentes sociales- cómo serán las evaluaciones, las del profesorado primero, por supuesto, pero sin olvidar las de las titulaciones y los servicios de las universidades. Estamos convencidos de que con cordura, coordinación y confianza será posible mejorar la educación, pero si los objetivos que se pretenden son otros y solo sirven a los intereses del mercado no vamos bien. Insisto, con coordinación, cordura y confianza nadie temerá ser evaluado y evaluarse se convertirá en algo bastante positivo. Señorías, debemos aprender de los errores cometidos e intentar no repetirlos para conseguir entre todos que nuestras universidades sean mucho mejores y la evaluación es un instrumento muy eficaz.


Me referiré a los órganos colegiados y de participación, otra serie de artículos que se modifican. En este sentido, las enmiendas presentadas por Comisiones Obreras simplemente quieren llamar la atención para decirles que del análisis de la experiencia de estos últimos veinte años la participación en los distintos órganos ha sido saludable y buena. Las ideas fundamentales son reforzar la participación aún más, como decía al principio, de los distintos sectores universitarios PDI, PAS y estudiantes. Por supuesto, los estatutos de cada universidad serán los que establezcan su composición, pero no debiendo mezclarse la titulación académica o el carácter laboral o funcionarial con la capacidad de optar a cargos o de participar en órganos colegiados. Se debe poner un especial énfasis en evitar la exclusión de parte del profesorado de órganos como los consejos de departamento o las juntas de centro, donde se toman decisiones que afectan indudablemente a sus condiciones de trabajo.
Señorías, la LRU trajo la democratización de las universidades y la posibilidad de hacerla realidad debe mantenerse y ampliarse en toda su dimensión.


Respecto a la carrera docente, nuestra federación siempre apostó por el cuerpo único y por el contrato laboral. El cuerpo único pretendía, ni más ni menos, facilitar el paso del profesorado entre los distintos niveles de la enseñanza de acuerdo con su cualificación académica y su interés personal, y el contrato laboral buscaba garantizar unas condiciones dignas frente a la precariedad de los contratos administrativos antiguos tan abundantes. Por supuesto que la realidad ha cambiado. Ha habido reformas laborales muy importantes que han precarizado esa contratación laboral y la realidad de la LOU ya insiste en los cuerpos que se han planteado. Por otro lado, nosotros aceptamos y reconocemos que la LOU hizo realidad una de las utopías de Comisiones: la de implantar la contratación laboral para el profesorado, haciendo desaparecer la contratación administrativa. Tengo que dejarlo claro en este foro. Sin embargo, en ninguna de las dos leyes se configuró un modelo de carrera docente como existe para todo el personal de las administraciones públicas y como queremos también para la universitaria en la que se contemple una promoción por méritos. En la universidad se consolidó al final el sistema de cuerpos cerrados y de oposición para cambiar de categoría, con el riesgo de distorsión, y no una solución de justicia para las trabajadoras y trabajadores de la universidad.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Campos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE FE-CCOO (Campos Trujillo): Brevemente -y voy terminando- me centro en el tema del profesorado. Nos parecen bien muchos de los temas que se plantean, pero nos gustaría que se pudiera contemplar lo que dijimos al principio de que todo lo que se haga por el profesorado sea con la colaboración y con la negociación de los sindicatos.


Acabo recordando a SS.SS. una cuestión de capital importancia que no ha sido escuchada ni resuelta cuando el PP gobernaba ni ahora con el actual Gobierno del PSOE, aunque esperamos que se resuelva. Me refiero a la incorporación de los trabajadores y de los sindicatos que los representamos en el proceso de Bolonia. Comisiones Obreras, a través de su secretario confederal José María Fidalgo, trasladó por escrito al anterior presidente del Gobierno y al actual la exigencia de incorporarnos como miembros de pleno derecho a dicho espacio de reflexión y debate, teniendo en cuenta que ya somos miembros de pleno derecho desde la Conferencia de Bergen. Señorías, no entendemos por qué cuesta tanto esfuerzo democrático considerar esta realidad: que las organizaciones sindicales somos los representantes legítimos de los trabajadores y estos tienen mucho que decir en la construcción del proceso de Bolonia.


Agradezco a esta Comisión una vez más el reconocimiento de lo que nuestra organización representa y la oportunidad de exponer nuestras propuestas y análisis ante ustedes.


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El señor PRESIDENTE: Señor Campos, sé que ha hecho un gran esfuerzo en resumir esta intervención que hemos conocido y estudiaremos, pero el tiempo avanza inexorablemente.


¿Grupos que van a fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.


La señor PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor Campos. Bienvenido a esta Comisión. Le agradecemos las posiciones que nos ha expuesto, que por otra parte conocíamos ya porque hemos tenido ocasión de hablar con compañeros suyos que amablemente nos han trasladado las propuestas y las sugerencias de enmienda que en este momento estamos estudiando, puesto que con estos documentos y con estas comparecencias de alguna manera fijaremos nuestra posición, que todavía no está decidida.


Además de escuchar con atención sus propuestas, me gustaría que nos ampliara su opinión sobre algunos de los temas que ha mencionado.
Respecto al espacio europeo de Educación Superior, usted ha planteado algo importante que muchas veces no se tiene en cuenta y es que, además de la ordenación de las titulaciones, Bolonia supone un cambio metodológico importante a la hora de impartir y de recibir la docencia, puesto que hay una mayor interactuación. Usted ha dicho que tengamos esto en cuenta. Me gustaría que perfilara mejor de qué manera se puede tener en cuenta a la hora de redactar un texto que se pudiera incluir en este proyecto de reforma de la LOU. En relación también con este espacio europeo de Educación Superior, usted sabe que en Cataluña, desde hace un par de años, tenemos titulaciones de acuerdo con la posición mayoritaria en Europa, grados de 180 créditos, y las universidades con todo el personal se han organizado de esta manera. Me gustaría saber su opinión acerca de si es necesaria una rigidez de 240 créditos o si, por el contrario, tal como se hace en la mayor parte de los países europeos, es aconsejable una mayor flexibilidad, de manera que cada titulación tenga la duración que realmente requiere para capacitar y preparar a los alumnos de esa materia para acceder en las mejores condiciones en un espacio laboral europeo.


Respecto a la mejora en la participación de la universidad, usted ha propuesto que se tuviera en cuenta que se incluyera a los agentes sociales en el Consejo de coordinación universitaria y también en el Consejo social. Desde nuestro punto de vista, el Consejo social en el proyecto de la LOU sale recortado en sus funciones. Me gustaría saber su opinión sobre si es necesario este recorte o si, por el contrario, más bien se tendría que ir a una mayor participación de lo que es la sociedad en la universidad y la universidad en la sociedad, y utilizar esta institución como un vehículo y un instrumento adecuado para canalizar qué es lo que la sociedad espera de la universidad y qué es lo que la universidad requiere a esa sociedad para poder ofrecer aquello que se le requiere.


Me gustaría también conocer -y con esto finalizo, señor presidente- un par de opiniones. La primera sobre la elección del rector. ¿Usted cree que es más conveniente dejarlo al sufragio universal, tal como está ahora o bien a esta nueva fórmula de remitirlo a las universidades? De ello puede deducirse que el claustro, que es el que hace los estatutos, escogerá que lo elija el claustro, lo cual no deja de ser lógico, pero es un modelo distinto al que tenemos ahora y que a mi formación política, Convergència i Unió, nos gusta porque permite la participación de todo el estamento universitario en la elección del rector. Por último, me gustaría también saber su opinión acerca de las peticiones que se nos han realizado y que ustedes indudablemente conocen de los llamados TEU, qué es lo que desde su punto de vista cabría aquí proponer, si cree correcto lo que propone el proyecto o si, por el contrario, se podría llegar a otra solución.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Señor Campos, sea usted y el grupo de personas que le acompañan bienvenido a esta Comisión, que es la suya. En principio, como siempre, quiero felicitar a Comisiones Obreras tanto por la intervención realizada por el señor Campos como por la presentación, pues nos ha sido entregado lo que usted ha dicho y mucho más en una preciosa carpeta y se lo agradecemos. Enhorabuena tanto por el fondo de lo que ha dicho como por la forma en la que nos la han entregado.


Mi grupo, habiendo oído la primera parte de su intervención -puede que haya gente que no lo entienda, pero es problema de la gente, no de lo que voy a decir ahora mismo-, conceptualmente está de acuerdo con todo lo manifestado en ella, con lo que significa la universidad, con lo que significa la situación actual de la universidad, con lo que opina su confederación y federación y con las relaciones entre su sindicato y la universidad. No podemos decir nada en contra de lo que ha dicho porque entra dentro de la lógica, de la racionalidad y de la mejora del mundo universitario; pero después de oír su intervención -ya leeremos más detenidamente el documento completo- pienso que Comisiones Obreras tiene un sí pero no a la reforma, es decir, que es aceptable en algunos temas pero se queda corta en muchos otros y hay aspectos que no están lo correctamente diseñados que tenían que haber estado. Después me referiré a ello, coincidiendo en gran parte con lo que ha dicho la portavoz de CiU.


La universidad española ha cambiado. En otras ocasiones hemos dicho aquí que se ha pasado de la cantidad y estamos buscando la calidad. La cantidad ya la tenemos, aunque haya unos índices de disminución del alumnado, pero es una universidad grande y con mucha gente: profesorado, estudiantes y personal administrativo y de servicios -al anterior compareciente se le ha olvidado este sector importante, el denominado PAS, personal

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administrativo y de servicios-, y ahora tenemos que ir a la calidad.
Obviamente, la LOU en su origen, aunque contestada por otros sectores, absolutamente respetable y democráticamente aceptado, intentaba mejorar esa calidad, pero se quiere mejorar más con esta reforma. No sabemos si se llega realmente a ello, pero como estamos en el trámite de comparecencias me voy a quedar aquí. Menos mal que usted ha reconocido, como no podía ser de otra forma, que la contratación laboral fue un hecho logrado por el anterior Gobierno y con la Ley de diciembre de 2001 algo se hizo. Por fin oímos que algo se hizo, lo cual le agradezco enormemente.


Quisiera aclararle un tema. No es por ponerse uno medallas, pero las cosas son como son y, como son como son y están en el "Diario de Sesiones", quiero matizar un comentario que usted ha hecho sobre una proposición no de ley que propuso el Grupo Socialista. Si lee el "Diario de Sesiones", se dará cuenta de que el silencio hacia los sindicatos en esa proposición no de ley con respecto al espacio europeo de Educación Superior fue absoluto. Perdone que se lo diga, puede ser petulante, pero es la realidad porque yo fui el que lo propuso como ponente del Grupo Popular.
Las cosas son como son y, como son como son, hay que decirlas como son.
Esta es una aclaración que he creído necesario hacer porque en esta ocasión hablo en primera persona.


Después de todo esto, voy a hacerle algunas preguntas referidas al contenido de su intervención y a las enmiendas que ustedes han presentado, agradeciendo enormemente al sindicato de Comisiones Obreras que se pusiera en contacto con nosotros para tenerlas en cuenta y ver qué se puede hacer y conseguir. La primera hace referencia al Consejo de coordinación universitaria y añado algo más a lo que ha dicho la portavoz de CiU con respecto a los agentes sociales. Me gustaría saber cómo ve usted la división actual del Consejo de coordinación universitaria en dos grupos, uno exclusivamente académico y otro en el que van a estar fundamentalmente los representantes políticos, que es donde supongo que entrarían los agentes sociales porque no está diseñado. Mi pregunta es cómo ve la incorporación de los agentes sociales, según mi punto de vista necesarios, pero en esta división. En la situación actual, la reunión hace que la conversación y la relación entre todos dé lugar a que todos oigan a todos. Aquí se puede establecer una división y mi pregunta es qué opina. Obviamente mi grupo tiene su opinión, pero me gustaría saber la suya para ver si podemos lograr un mejor resultado. En relación con esto está el Consejo social. En estas comparecencias estamos desgranando -lo voy a decir tal como lo siento- aspectos de la reforma de la reforma de la reforma que deben ser reformados. Respecto al Consejo social ayer se decía que era la sociedad en la universidad y la universidad en la sociedad. Ese es el objetivo que establecía la LRU y la LOU y que establece la actual reforma y el Consejo social, tal y como está redactado en este momento, sale disminuido en cuanto a su posición.
También es verdad que no todos los consejos sociales, si lo particularizamos, cosa que no hay que hacer aunque yo lo voy a hacer ahora, son igual de buenos, pero con eso pasa como con todo en la vida.
Conceptualmente, el Consejo social tiene una función importantísima en la que la sociedad no de forma abstracta, que también, sino de manera directa y concreta tiene su lugar en la universidad y es de donde tiene que salir. Pues bien, quisiera saber qué opina del Consejo social ante esta disminución de su poder y lo relaciono con algo que a los sindicatos -perdone que generalice, aunque me refiero a Comisiones Obreras de forma particular- preocupa enormemente, la figura del gerente, figura que en esta reforma de la reforma de la reforma se dice que será oído el Consejo social. ¿Qué opina? ¿Es suficiente que será oído o hay que decir algo más? Usted ha dicho algo sobre la acreditación, pero me gustaría saber más. ¿La ve bien definida en esta reforma? ¿Ve bien el articulado referente a la acreditación y al posterior concurso de acceso a plazas? Si lo ve bien, perfecto. Yo no lo veo bien ni mi grupo tampoco y me gustaría saber su opinión. Finalmente, quisiera saber qué opinión le merece la eliminación de la figura del profesor colaborador en el actual proyecto.


Señor Campos, siempre es un placer oírle, pues siempre aprendemos. Mi grupo le da las gracias por su participación esta mañana en la Comisión de Educación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Señor Campos, una vez más bienvenido a esta Comisión. Hemos escuchado con mucha atención e interés lo que usted ha dicho hoy aquí. El Grupo Socialista piensa que estos días estamos haciendo un ejercicio importante e interesante en este trámite de comparecencias y me gustaría hacerle notar que, aparte de los principales sindicatos que comparecen hoy aquí -está usted ahora y más tarde estará con nosotros el representante de FETE-UGT-, por primera vez en un tema de educación hemos tenido aportaciones tan interesantes como las de ayer por la mañana del presidente del Consejo Económico y Social, que compareció a petición de mi grupo, o las de un representante de la Unión Profesional.
En esta rueda de comparecencias, la presencia de los agentes sociales es especialmente intensa y será adecuadamente valorada y tenida en cuenta.


El Grupo Parlamentario Socialista conoce las aportaciones de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, porque ustedes han hecho los deberes, los están haciendo a través de contactos con los diferentes grupos, han elaborado documentos, han dado su opinión al anterior equipo ministerial, no solo cuando ha salido el proyecto de ley sino antes incluso, han emitido su opinión sobre los borradores que habían ido apareciendo y han tenido contactos habitualmente con los responsables gubernamentales. La opinión que nos ha expresado hoy

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aquí en su intervención está muy formada, muy madura y es muy consistente, y tampoco es el primero que nos dice que la reforma les sabe a poco, aunque usted ha dicho exactamente que no es la que esperaban. Nos ha puesto encima de la mesa toda una serie de cuestiones que seguramente en el debate parlamentario habrá que considerar, y muchas de ellas servirán para introducir mejoras en el proyecto de ley, pero hay algunas cuestiones de fondo en este proyecto que conllevan un cambio sustancial, aunque a veces aparentemente puede no parecerlo porque se está compatibilizando con la necesidad de no perturbar, de una forma innecesaria o con una intensidad como la que ha habido en tiempos recientes, la buena marcha de las universidades, que bastante tarea y trabajo tienen con afrontar con los retos que tienen por delante. Quiero saber si está de acuerdo con nosotros en que no es solo la reforma de la Ley Orgánica de Universidades la que nos tiene que proporcionar instrumentos para afrontar estos grandes cambios y retos que tenemos por delante en el sistema de educación superior en nuestro país, sino que simultáneamente a la modificación de la Ley Orgánica de Universidades el Gobierno está impulsando dos procesos más aparte del legislativo. Uno de ellos es el de la nueva organización de las enseñanzas universitarias, de acuerdo con el espacio europeo de Educación Superior (supongo que ustedes conocen que está en marcha un proceso de debate a través de un documento que fue presentado en septiembre pasado en el Consejo de coordinación universitaria) y el otro es un proceso de debate sobre el modelo de financiación. Como usted ha hablado de financiación del espacio europeo de Educación Superior, le pido su opinión respecto a este desarrollo simultáneo de los tres procesos y si está de acuerdo conmigo en que no todo lo que hay que abordar en un futuro inmediato tendrá que estar reflejado de una forma detallada y sistemática en el texto de la ley, aunque es verdad que la misma tiene que dar pie a que todos estos procesos se hagan de forma adecuada.


Ha hablado usted mucho del profesorado, como le corresponde en representación de una organización sindical, y me gustaría que nos aclarara con un poco más de detalle cuáles son las bondades que le ve usted al sistema de acreditación en contraste con el actual sistema de habilitación. Para el Grupo Socialista esta es una de las aportaciones importantes porque tiene que ver mucho con la recuperación de la autonomía de las universidades y de ejercer esta autonomía de acuerdo con un alto sentido de la responsabilidad, pero también tiene mucho que ver con la evaluación de la calidad. Ha dicho que el sistema de acreditación les parece positivo, pero me gustaría saber de qué manera este nuevo sistema de selección del profesorado funcionario servirá para un mejor ejercicio de la autonomía universitaria, para un mayor sentido de la responsabilidad y también para mejorar la evaluación de la calidad.
También en cuanto al profesorado, aunque es una pregunta que ya le han hecho otros grupos, me gustaría que nos diera su opinión respecto a dos cuestiones concretas que tienen que ver con el objetivo -no sé si lo comparte o no, en todo caso ya nos dirá por qué sí o por qué no- de que el profesorado en la universidad tenga el grado de doctor, tanto el profesorado funcionario como el profesorado contratado; qué le parece que en el caso de los titulares y catedráticos de escuelas universitarias se supriman estos cuerpos, se establezca un proceso de transición para estos profesores a los cuerpos de titulares de universidad y, en el caso de los contratados, aunque ya le han hecho la pregunta, cuál es su opinión sobre la supresión del profesor colaborador.


En cuanto a la participación y la negociación sindical, creemos que usted tiene razón en relación con la legislación, pero también nos gustaría conocer su opinión sobre la necesidad de que cualquier variación que pudiéramos introducir al respecto tendrá que compatibilizarse con otros proyectos de ley que se están tramitando en este momento. ¿No cree que tendríamos que ver qué relación puede tener con el proyecto de ley del Estatuto del empleado público? Es decir, si estas lagunas que ustedes han detectado en la Ley Orgánica de Universidades respecto a la participación y negociación sindical no tendrían su lugar en una ley más general relacionada con la Función pública.


Respecto a la investigación, usted ha resaltado especialmente el papel de la investigación en la universidad y como elemento fundamental de relación entre la universidad y la sociedad. Me gustaría conocer qué opinión le merecen los cambios que se han introducido en los artículos 39, 40 y 41, que hacen mucho más hincapié en la función de fomento de la I+D en la universidad, pero muy especialmente sobre dos cuestiones relacionadas con el profesorado. Una, que si no recuerdo mal está en el artículo 41, es la posibilidad de que los profesores compatibilicen de forma adecuada la docencia y la investigación, pero que puedan intensificar en momentos determinados de su trayectoria una u otra actividad. En cualquier caso está formulado así: intensificar. La segunda, que está en el artículo 83, es sobre las excedencias tecnológicas, que están limitadas en el tiempo, para que los profesores que impulsan proyectos para crear empresas de base tecnológica, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones, puedan solicitar este tipo de permisos. Usted también ha aludido mucho a la formación permanente. Me gustaría saber cuál es su opinión -y si cree que cumple con este noble objetivo de favorecer el aprendizaje a lo largo de toda la vida- sobre que en el artículo 42, relativo al acceso a la universidad, se posibilite el acceso a partir de la experiencia laboral para aquellas personas que aún quieran acceder a estudios universitarios y no tengan la requerida titulación académica.


Termino, señor presidente, con una pregunta muy general. No la hemos hecho a ningún compareciente, pero a medida que van avanzando las comparecencias vamos reformulando las ideas y se nos van ocurriendo nuevas cuestiones. Se ha hablado aquí de los estatutos,

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el del personal docente investigador, que para las organizaciones que defienden básicamente los derechos de los profesores es un tema importantísimo, y de la regulación posterior de la acreditación, que mi grupo cree que no es en el texto de la ley donde hay que regularlo, precisamente una de las cosas que queremos es desregular -usted también ha hablado de ello-, pero ¿no cree usted que entre todos deberíamos procurar que quede al final una ley suficientemente garantista pero que no nos impida realizar desarrollos posteriores? Es decir, ante estas peticiones de concretar más, de detallar más, se ha hablado varias veces de la acreditación. ¿No sería mejor que hiciéramos un texto suficientemente garantista de las cuestiones básicas, pero también suficientemente abierto como para que los desarrollos posteriores pudieran hacerse de forma adecuada?

El señor PRESIDENTE: Señor Campos, he visto que ha tomado nota de cuestiones de carácter general, colaterales al proyecto de ley, valoraciones generales y cuestiones concretas. Le pediría que fuera sintético, dentro de lo razonable, porque he visto ya al siguiente compareciente al fondo de la sala y no quiero hacerle esperar mucho tiempo. Evidentemente no quiero influir en la calidad de sus respuestas.


Tiene la palabra el señor Campos.


El señor SECRETARIO GENERAL DE FE-CCOO (Campos Trujillo): Quiero agradecer a todos los grupos su bienvenida y las preguntas que me han hecho. Con el tiempo que tenemos va a ser muy difícil entrar en muchos de los temas, pero estoy convencido de que muchos de ellos están recogidos en la intervención que tenemos por escrito y en los documentos de enmiendas.
Todos los diputados y diputadas conocen las aportaciones que hemos hecho durante todo el debate y también anteriormente. Por supuesto, nuestro grupo de universidad está a su disposición para reunirnos todas las veces que sean necesarias. Hay temas sobre los que no tenemos las ideas muy claras, por lo que hay que explorar, hay que aproximarse. Eso es lo que estamos haciendo en esta comparecencia, en la que se plantean temas sobre los que no tenemos los diseños muy claros, por lo que estamos abiertos a todas las posibilidades que pueda haber para aproximarnos.


Empezaré siguiendo el orden de las intervenciones para no dejarme nada atrás, aunque intentaré ser lo más general posible. La diputada de Convergència i Unió, Mercedes Pigem, comentaba algunos temas importantes.
Tenemos una oportunidad importantísima ahora para situar la nueva metodología del aprendizaje en la ley. No sabemos todavía donde ponerlo, pero hay que ponerlo, o por lo menos situar cómo se va a desarrollar en los proyectos paralelos que va a hacer el Gobierno. Ese debate sobre el modo de aprendizaje en la universidad, igual que el debate sobre la investigación, no lo podemos aplazar. Es un debate que se está haciendo en toda la educación superior a nivel europeo y que en este país no se está dando. Durante las últimas décadas se ha reformado la enseñanza no universitaria, pero en la universidad seguimos igual, y eso hay que abordarlo. Habrá que hacer un gran debate sobre el tema y en la ley tiene que haber algo sobre él, porque hay una gran inquietud entre el profesorado, entre el alumnado y en la comunidad universitaria sobre el cambio del aprendizaje. Nosotros no compartimos el sistema informacional que planteaba antes. Creemos que su tiempo ya ha pasado, hay otro tiempo, hay otra formación permanente a lo largo de la vida, hay mucha más información, hay mucho más acceso al conocimiento y el profesor tradicional y la universidad tienen que cambiar de método en la línea que planteamos. No sé dónde podemos incluirlo, pero en la ley tiene que haber algo que sitúe ese debate que se tiene que dar sobre un tema tan interesante como el aprendizaje, que no se va a agotar pronto y en el que tienen que intervenir todos los agentes sociales y toda la comunidad universitaria. Creo que es un debate de los más importantes, porque -insisto- si no cambiamos la forma de hacer universidad, de hacer docencia, de hacer investigación y demás, difícilmente -aunque tengamos mucha más financiación, que lo dudo- vamos a conseguir mejorar lo que queremos en nuestra educación superior, sobre todo en nuestra educación universitaria.


También planteaba el tema de los grados. Estamos trabajando en las titulaciones y lo que creemos es que debe haber flexibilidad, flexibilidad para llegar a una convergencia interna entre los distintos modelos que se han explorado en este país y flexibilidad para converger con Europa y con el resto del mundo. Es difícil pero habrá que buscar esa convergencia a través el tiempo y de la flexibilidad. Estamos estudiando la propuesta, pero nuestra idea es que el tema de las titulaciones sea flexible.


La participación es uno de los temas que han planteado todos los grupos y a nosotros nos preocupa muchísimo. No estamos de acuerdo en cómo se trata la participación, y por eso lo planteamos como una de las insuficiencias del proyecto. ¿Se ha mejorado en la participación universitaria durante estos últimos años? Sí. ¿Hay que mejorarla más? Sí. Esta es una realidad.
La universidad tiene que dar cabida a lo que dicen los agentes sociales, a lo que dice la sociedad representada. Tienen que hablar los empresarios, tienen que hablar los sindicatos y tienen que decir en el Consejo social y en otros ámbitos lo que la sociedad quiere de la universidad. Negar esa realidad es un fracaso. Dejémonos de historias.
Nosotros no compartimos lo que se plantea en el documento sobre los consejos sociales -voy intentando dar respuesta a todos, aunque al final no me dará tiempo-, no lo compartimos. Creemos que hay que incrementar el consejo, darle más funciones. No hay que temer a los consejos sociales.
No estamos interesados, a nivel estatal, en sentarnos con los rectores, ni en sentarnos con las comunidades autónomas. Queremos un ámbito, el que sea -vamos a aproximarnos-, pero si

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a nivel estatal o a nivel de comunidad autónoma no hay un organismo en el que pueda estar presente la sociedad, no solucionaremos el problema de la universidad. Vamos a hablar con los rectores, evidentemente, Gobierno y rectores, coordinación, lo que quieran, el órgano que quieran. Nosotros no somos rectores ni queremos estar con los rectores, lo digo claramente, y tampoco somos políticos en las comunidades autónomas. Tiene que haber un ámbito en el que esté la sociedad, en el que estén los empresarios y los agentes sociales, como están en la dependencia, como están en el sistema sanitario y como están en todos los sitios, y ese ámbito tenemos que conseguirlo entre todos. Nosotros somos flexibles. Nos gustaría que nos metieran en el Consejo de coordinación, pero si hay un ámbito consultivo, aunque no sea preceptivo para el Gobierno, que se nos dé. Hay marco en los ministerios: en salud se da y en la dependencia se ha creado un órgano consultivo en el que están los empresarios y los sindicatos. No temamos a este tema; hay que mejorarlo. No podemos salir de esta ley sin dar cabida a la sociedad a la que pretendemos dar respuesta con el sistema universitario y a la que después no escuchamos en órganos de participación. Eso no tiene nada que ve con la mesa sectorial. La mesa sectorial nos la hemos ganado nosotros con el tiempo y es donde se habla de temas laborales. Estamos hablando de otro tema, estamos hablando de los agentes sociales, de los representantes de la sociedad en la universidad. Creemos que este es un tema fundamental y uno de los que ha hecho que nosotros digamos: Sí pero; como decía mi querido amigo Adolfo.
Es un tema que habrá que solucionar y al que tendremos que darle vueltas entre todos; sería un error que no lo solucionáramos porque -insisto- es un tema principal.


Me preguntaba sobre el sistema de elección del rector. Todos los sistemas tienen luces y sombras. Nosotros defendemos como mejor el sufragio universal. ¿Por qué? Porque entendemos que las fuerzas internas de la universidad funcionan, como funcionan en todas las organizaciones. Todos los sistemas tienen luces y sombras, pero si tenemos que elegir apostamos más por el sufragio universal. De todas maneras, siempre decimos que se sitúe dentro de un ámbito de la universidad como es el de la participación. En eso estamos de acuerdo porque seguro que ellos también tienen mucho que decir sobre el tema. Si me pregunta así, a bote pronto, le diré que nos inclinamos más por el sufragio universal, porque creemos que es más democrático, aunque todos los sistemas tienen luces y sombras, y el otro, con correcciones y con algunas modificaciones, también podría ser aceptable como sistema democrático para la elección de rector.


Agradezco a Adolfo su recibimiento. Nos une la amistad desde hace mucho tiempo, por ser andaluces y por haber trabajado en Sevilla muchos años, y lo tengo que decir públicamente. Comparto lo que decía sobre la primera parte porque es de sentido común. Todos compartimos la importancia del papel de los sindicatos, del papel de la educación superior para solucionar los problemas de cohesión social, de competitividad, de sistema productivo, de sociedad del conocimiento, así como de la cohesión interna y de convergencia con Europa. Estamos totalmente de acuerdo.


Creemos que esta es una reforma que avanza, aunque no es la que nos gustaría a nosotros; muy pocas reformas nos gustan totalmente, y aunque nos gustasen mucho siempre diríamos: sí pero. Nos gusta porque se han recogido temas importantes, pero no los ha hecho el Gobierno, los hemos reclamado y los hemos sudado nosotros, por lo que no vamos a darle el mérito al Gobierno, los hemos sudado nosotros, así que cada uno se ponga sus medallas que yo me voy a poner la mía. Nosotros hemos trabajado en una gran campaña de presión y de debate desde que apareció el primer documento, pero también habíamos trabajado antes. ¿Por qué? Porque estamos muy implicados en la universidad, porque somos sindicato mayoritario a nivel confederal y porque somos mayoritarios en la universidad, aparte de otras muchas razones. Creemos que la acreditación es un avance -ahora hablaré de ella-, creemos que también hay un avance en el tema de Aneca -sabéis lo que opinábamos sobre Aneca- y además se sitúa el papel de los estudiantes, que en la LOU no se situaba bien, con la importancia que deben tener los estudiantes de educación superior. Hay temas importantes como las pruebas, en que también estamos de acuerdo en que haya una prueba única, así como el estatuto del personal de investigación en la universidad que son para nosotros elementos centrales. Por eso decimos que sí a la reforma pero. Lo que nos distancia a nosotros de la reforma es la financiación. Vamos a seguir insistiendo en que hace falta una ley de financiación. Al final conseguimos en la LOE que se incluyera en el articulado, que es mucho más que la memoria económica y lo valoramos, y ahora queremos que se incluya en algún sitio un compromiso. Yo sé que el ministerio no tiene ni un duro ni lo va a tener para la universidad; no hay dinero, no hay cajón de donde pueda sacarlo el ministerio pero tendremos que buscar una ley de financiación o algún instrumento donde comprometamos a las comunidades autónomas. Hay instrumentos para que haya una inversión en educación superior y no es suficiente que se regule con una memoria. Nosotros creemos que tiene que haber un texto legal donde situemos la inversión de las universidades y de la educación superior. Por supuesto que para eso es fundamental un pacto social o político y sobre todo de administraciones para que se pueda hacer esa inversión en las universidades. En eso estamos todos de acuerdo. Es verdad que para la sociedad no hay excusa. Qué le podemos decir con el trabajo que tenemos y con el avance que hay en la economía, porque no estamos hablando de los años noventa o de otro momento, estamos hablando de que hay dinero. Por eso la prioridad de este país tiene que ser el conocimiento, la formación y la educación y nadie va a perdonar que no se haga un esfuerzo para que haya una ley de financiación porque

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a coste cero no se hacen las cosas. Insistimos también en que la financiación no es todo, pero todos los informes nos dicen que si hay financiación hay muchas mejoras. Hace falta mucha financiación, como nos dicen los datos, tanto en educación como en investigación.


Entrando en otros temas, nosotros creemos que es mucho mejor la acreditación que la habilitación. Lo hemos comprobado con el personal laboral y ha funcionado con agencias externas. Con las cautelas que hay que poner puede funcionar perfectamente y puede ser una salida para este asunto, con lo cual estamos muy de acuerdo. Para nosotros es casi uno de los buques insignia que se haya cambiado la habilitación, porque todos sabéis que la habilitación para nosotros fue uno de los problemas principales que llevaron a esas grandes movilizaciones que hicimos en contra de la LOU.


Respecto al PAS, agradezco lo que planteaba Adolfo. En el texto definitivo recogeré que no solo intervino el Grupo Socialista sino también de ustedes, lo que agradezco mucho. Espero que esa creencia profunda que tienen todos los diputados haga que el PAS deje de estar en el olvido.
Ojalá podamos recogerlo de alguna manera en el proyecto y hacer que en el futuro sea una pieza clave dentro de la universidad. Hasta ahora no lo es -tampoco lo es en la LOE- y esperemos que no se olvide el PAS en este proyecto de reforma.


Se han planteado por parte de Montserrat otros asuntos como qué tipo de ley. Evidentemente nosotros estamos por una ley que sea garantista, que sea básica, que abra en el futuro nuevas reformas. Estamos de acuerdo en que la educación superior y las titulaciones tienen que ir por unas líneas paralelas. Es verdad que la ley tiene que ser un vehículo para todos los temas, con lo cual deberíamos incluir -aunque no profundicemos de una manera clara- todos los asuntos que se han planteado porque son muy importantes. Insisto en la investigación como un elemento central. Es un déficit que estamos teniendo en este país, no solamente por los datos que tenemos ni por la financiación que damos, sino porque se está viendo que no acabamos de centrarnos en un proyecto de investigación en la universidad claro. Seguimos con problemas y el tiempo pasa y nos va a pasar factura.


Hay muchos otros temas, como el del gerente y el personal, pero no tengo mucho tiempo porque quiero centrarme en lo que para nosotros es más importante. Algo que no habéis comentado -y que es fundamental para nosotros- es que haya un pacto de Estado por la educación superior. Esta ley, en el borrador que existe. Si no llegamos a un acuerdo entre todos sobre el borrador de esta ley, va a ser muy complicado que al final podamos llevar un mensaje claro a las universidades. Comisiones Obreras sigue pidiendo que lo haya, igual que se ha hecho en la dependencia hace tres días, y aunque no se pudo hacer en la LOE por otros motivos, al plantearse una reforma de la ley, hay bases suficientes para poder llegar a un pacto de Estado en la universidad que garantice que no perdamos tiempo y sigamos adelante. Pueden contar con nosotros, vamos a seguir planteándolo y vamos a rebajar todo lo que haya que rebajar para que exista ese pacto de Estado. Nuestra federación os anima a que podamos conseguir ese pacto de Estado. Aunque la ley sea lo más básica posible, pero si estamos todos de acuerdo, las comunidades autónomas y los agentes sociales, es el mejor mensaje que podemos llevar a la educación superior porque para nosotros es un tema vital. Hay motivos para ello: la dispersión que tenemos, la convergencia con Europa y cómo va el mundo. Es fundamental que nos pongamos de acuerdo en los principios básicos y tener las ideas muy claras. El papel del profesorado y de los trabajadores de la universidad es fundamental porque no hay reforma sin ellos, no sirve la reforma sin ellos. También se debe basar en la financiación, por supuesto, y en un modelo educativo universitario que podamos aceptar todos. No hay grandes diferencias entre los grupos por lo que ha percibido nuestra organización en las reuniones que han tenido con todos ustedes. Por nosotros no va a quedar, rebajando todo lo que tengamos que rebajar para ese pacto de Estado. Igual de vital es la participación. Son dos asuntos fundamentales el pacto de Estado y la participación en la financiación, que haya un proceso importante para que podamos negociar todo lo laboral que nos afecta a nosotros y que es imprescindible para el sistema universitario. No vamos a tener problemas y vamos a intentar arrimar el hombro. Lo que queremos es que se consagre la negociación colectiva, que ya está consagrada en el estatuto básico que posiblemente se apruebe, pero también en la ley; en la universidad se debe consagrar que los sindicatos tenemos mucho que decir, aunque solo sea por los precedentes que hay. No va a haber ningún problema si participan los sindicatos y se dan garantías ante la extinción de cualquier figura o cualquier composición de la carrera. Lo que nosotros queremos es estar.
Seguro que entre todos encontramos soluciones para que existan garantías para el personal extinguido y para el personal que tenga que reconsiderarse o promocionar. No habrá ningún problema si contamos con los sindicatos en esas mesas de negociación para encontrar salidas a los problemas.


Se han planteado muchas otras cuestiones pero me parece difícil profundizar en todas ellas. Agradezco la acogida que siempre nos tienen.
Estamos a su disposición. Nuestro grupo de universidad y yo mismo cuando quieran podemos hablar. No tenemos las verdades pero sí muchas aproximaciones y muchas ganas de que se llegue a un acuerdo por la educación, que es muy necesario.


El señor PRESIDENTE: La verdad es que en este ambiente coloquial me dan ganas de terminar la intervención con un muchas gracias Pepe, pero yo tendré que seguir llamando a los diputados como marca el Reglamento, no tengo más remedio, señora Pigem, señor González, pero veo que la cercanía del trabajo es un elemento muy positivo. Le doy la enhorabuena la secretario

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general de Comisiones Obreras de la Enseñanza, pero me hubiera gustado que estas comparecencias en el Congreso de los Diputados las conociera mucha más gente para que se diesen cuenta de que, cuando hacen valoraciones de los sindicatos, de que van a lo suyo, etcétera, están inmersos en la construcción de una sociedad con todos sus derechos y una sociedad que avanza hacia donde necesita este país.


Muchas gracias por su comparecencia, amigo Pepe Campos.


-DEL SEÑOR PROFESOR TITULAR DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (CARRIL VÁZQUEZ). (Número de expediente 219/000734.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión de la Comisión, señorías, con la comparecencia de don Xoxé Manuel Carril Vázquez, profesor titular de derecho laboral y Seguridad Social por la Universidad de A Coruña, a quien damos la bienvenida a esta Comisión. Como bien conoce, el procedimiento es el habitual como el resto de los comparecientes: una primera intervención para fijar la posición de lo que quiera transmitir y escuchar posteriormente las intervenciones de los grupos parlamentarios.


Tiene la palabra el señor Carril.


El señor PROFESOR TITULAR DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (Carril Vázquez): Obviamente, al igual que las personas que me precedieron en el uso de la palabra, debo comenzar por agradecer a la Comisión de Educación y Ciencia y a todos los grupos parlamentarios aquí presentes su atención y la amabilidad y generosidad de haberme invitado para participar y exponer también mi opinión a propósito de este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades.


Me gustaría comenzar con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que, como todos ustedes saben, manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación, a través de la cual se persigue el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos. Desde siempre correspondía principalmente a las universidades públicas el servicio público de educación superior que se prestaba mediante la docencia, el estudio y la investigación, configurándose de este modo, tanto la educación superior como las citadas universidades, en bien público que los Estados protegían y garantizaban priorizando su financiación en sus respectivas políticas económicas presupuestarias. Así, la autonomía que debía tener toda universidad para cumplir sus objetivos estaba garantizada por esta dependencia financiera del Estado, en tanto que se trataba de un bien público producido por los propios Estados.


Desde hace ahora ya más de dos décadas, los Estados decidieron reducir su compromiso político con las universidades públicas y con la educación en general, convirtiéndose estas en un bien que, pese a ser público, no debe estar asegurado y producido por los Estados, razón por la cual la universidad pública entró en crisis. Obviamente, esta pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas de los Estados se enmarca en la pérdida general de prioridad de las políticas sociales provocada por la nueva etapa de desarrollo económico capitalista, también conocida como globalización o mundialización. Todo ello arrastró a las universidades públicas a un proceso que ya se ha calificado de mercantilización, abriendo al sector privado la producción del bien público de la universidad y obligando a las universidades públicas a competir en un mercado de los servicios universitarios que se fue trasnacionalizando a través de las soluciones ideadas principalmente por la Organización Mundial de Comercio para poner fin a tales problemas económicos; un proceso de mercantilización en el que las universidades públicas se sobreponen a la crisis financiera generando ingresos propios, especialmente mediante acuerdos con el capital privado, en virtud de los cuales las universidades obtienen ingresos reorientando su autonomía científica a las necesidades del mercado y no a las necesidades específicas de su población y de sus países de origen que en muchas ocasiones demandan para su desarrollo unas políticas universitarias ajustadas a las singularidades de sus propios países. Pero también un proceso de mercantilización en el que progresivamente se va diluyendo la distinción entre universidades públicas y universidades privadas, configurando a las universidades en su conjunto como empresas que producen para el mercado conocimientos económicamente útiles o comerciales y trabajadores adaptados a sus necesidades.


Resulta comprensible por todo lo que se acaba de comentar que en la actualidad se hable de la necesidad de que las universidades sean creadoras de condiciones para la competencia y para el éxito del mercado, recurriendo a tales efectos al recorte de la duración de los periodos de formación universitaria y no universitaria, a la formación flexible y transversal, a la educación y formación permanentes, a la investigación basada en la sociedad de la información, entre otras cosas, y recurriendo igualmente a un nuevo diseño de la organización de las propias universidades públicas caracterizado en esencia por la prevalencia del principio empresarial de gobernabilidad o de gestión eficiente sobre el principio de funcionamiento autónomo y democrático de las universidades, que se traduce tanto en la creación de agencias externas que evalúan la calidad de dichas universidades como en la atribución de las decisiones económicas a entes distintos de las propias universidades y que acaba provocando la precarización profesional de los docentes e investigadores en tanto que los mismos no solamente

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ven limitada su libertad académica a una docencia y a una investigación reorientadas en gran parte por el mercado, sino también por su propia relación jurídica con la universidad que en muchos casos deja de ser la que por regla corresponde a cualquier administración pública, esto es, la funcionarial, para pasar a ser simplemente la que se aplica en una empresa privada, la laboral. En definitiva, la universidad corre el riesgo de convertirse en un servicio al que se tiene acceso por la vía del consumo y, por lo tanto, mediante el pago, y no por la vía de la ciudadanía, sin querer caer en la cuenta de que la educación es, en principio, un derecho humano y no una mercancía. Obviamente, el caso del Estado español, en el que la educación aparece concebida como un derecho fundamental -artículo 27 de la Constitución española-, no es ajeno a todos estos cambios provocados por la mercantilización de la educación como bien público. En efecto, España, como miembro de pleno derecho de la Unión Europea, también está inmersa en este proceso, repito, mercantilista de transnacionalización de la educación superior que la propia Unión Europea tomó la decisión de iniciar con las declaraciones fruto de las reuniones celebradas en la Universidad de la Sorbona, en el año 1998, y de Bolonia, en el año 1999, como consecuencia de parte de los compromisos contraídos por ella con la Organización Mundial del Comercio, a través del acuerdo general sobre el comercio de servicios. Así lo prueba la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, popularmente conocida como LOU, y cuyo proyecto de reforma es el que motiva mi presencia aquí.


Lógicamente, las valoraciones que realizo sobre este proyecto de reforma están directamente relacionadas con las que en su día mantuve a propósito de la LOU, que, si me permiten confesarlo, no fueron positivas; y, si también me permiten confesarlo ahora, mis valoraciones sobre el citado proyecto de la ley orgánica de reforma de la LOU tampoco son positivas porque, salvo algunos aspectos positivos y concretos, este proyecto de reforma continúa en parte la filosofía que inspiró la promulgación de la LOU, sin corregir las deficiencias que dice que las revisa en su exposición de motivos tanto por los cambios que propone como por los cambios que no propone. Entiendo, obviamente salvo mejor opinión, que la universidad como servicio público sigue careciendo de la protección que los poderes públicos, tanto estatal como autonómicos, deben garantizar para que la educación sea considerada como un derecho fundamental; y ello, en primer lugar, porque la universidad no tiene garantizada íntegramente su autonomía, que, por cierto, también aparece reconocida constitucionalmente. Aunque el proyecto de reforma da pasos importantes para que la universidad recupere su autonomía en algunas cuestiones académicas y organizativas, lo cierto es que la universidad sigue careciendo de autonomía en cuestiones económicas tan elementales como la aprobación de sus propios presupuestos, que continúa siendo competencia del Consejo Social, entidad que sigue estando muy vinculada al mundo empresarial y que debería incluir en su composición a otros colectivos con el fin de que la universidad se abra realmente al conjunto de la sociedad. Sobre la base de que no hay verdadera autonomía sino una adecuada financiación, se echa en falta un programa de financiación pública que se ajuste a las necesidades de las universidades y también de las comunidades autónomas donde estas están ubicadas, siempre con el fin de garantizar el aumento de gasto en educación superior hasta la media de la OCDE -un 1,6 por ciento-, la congelación de tasas académicas, una adecuada política de becas para los estudiantes -evitando recurrir así a los créditos- y la adaptación a los criterios del proceso de convergencia europea, si es que se decide proseguir por este camino.


En segundo lugar, también valoro negativamente este proyecto de reforma porque la universidad no acaba de ser regulada en su funcionamiento por principios democráticos y de participación en la gestión, habida cuenta de que se mantienen intactos los principios de gobernabilidad y gestión eficientes cuando en realidad se trata de cuestiones fácilmente compatibles. En efecto, este proyecto no invierte la tendencia por la que los órganos unipersonales gozan de cierta supremacía respecto a los órganos colegiados, que es el caso concreto del claustro, que no consigue ser el centro de la vida universitaria. Además, la representación de los distintos sectores que conforman la comunidad universitaria -profesorado, estudiantado y personal de la administración y servicios- en los órganos colegiados puede encontrarse muy desequilibrada en sus respectivos porcentajes de participación cuando lo más correcto sería reequilibrar dichos porcentajes de representación, garantizando para ello un mínimo de representación a todos ellos.


En tercer lugar, también me merece una valoración negativa este proyecto de reforma porque no se garantiza que la universidad sea verdaderamente un servicio público. Aparte del hecho de que las universidades públicas tengan que ser evaluadas atendiendo a criterios de competitividad, lo prueba el hecho de que sean equiparadas en muchos aspectos a las universidades privadas, hasta el punto incluso de recibir el mismo tratamiento en la composición del Consejo de Universidades, cuando parece que lo más lógico sería regular las universidades privadas por una ley específica, en la que se debería contemplar un sistema adecuado de creación, reconocimiento y composición de las mismas y una mayoría cualificada de los parlamentos autonómicos para su creación. Como servicio público que debe ser, las funciones de la universidad tienen que ser cumplidas por profesionales que gocen de unas buenas condiciones de trabajo. Si bien es cierto que este proyecto de reforma quiere introducir algunas mejoras en materia de profesorado, flexibilizando concretamente las pruebas de acceso, no puede obviarse aquí que el porcentaje de profesores que se pueden contratar laboralmente sigue siendo el mismo, el 49 por ciento del total del personal docente investigador, que es tan criticable como el hecho

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de que se siga prolongando el acceso a la estabilidad en el empleo en ciertos casos y de que se permita una aplicación indiscriminada de la legislación laboral en materia de contratación, precisamente cuando parte de esta legislación laboral conduce a la precarización de las relaciones laborales.


En fin, de nada sirve hablar de la universidad como servicio público si su organización no tiene en cuenta las distintas realidades nacionales de España y las especificidades existentes en cada una de ellas. Aunque se tenga pensado crear la Conferencia general de política universitaria, en la que están presentes las comunidades autónomas, lo cierto es que este proyecto de reforma no acaba de invertir totalmente la tendencia centralista que caracterizaba a la LOU, pese a que la Constitución y los estatutos de autonomía lo contemplan, en la medida en que sigue existiendo materialmente parte de los instrumentos que la LOU fijó en su día como ejes centrales de la centralización, esto es, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, con competencias plenas en materia de evaluación, certificación y acreditación en toda España, en la que las comunidades autónomas actúan como simples agentes de información, y el sistema de acreditación nacional previa al acceso a cuerpos de funcionarios docentes, que, supliendo al sistema de habilitación nacional y simplificando muy positivamente en gran parte toda su dinámica de actuación, no despeja todas las dudas acerca de su adecuación a las líneas de pensamiento y de investigación alejadas de lo dominante y hegemónico del sistema, ni tampoco, por ejemplo, sobre el uso del gallego, del catalán y del vasco en este nuevo procedimiento de evaluación, corriendo el riesgo que actualmente existe cuando se solicita por parte de los profesores de la universidad el reconocimiento de sexenios de investigación.


A grandes rasgos -y ya concluyo, teniendo en cuenta que me comentó que me ajustase al tiempo, incluso que si lo podía abreviar sería mucho mejor-, estas son tres de las razones por las que este proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOU es aún mucho más mejorable, siempre sobre la base de que la universidad es un bien público sin aliados fuertes a día de hoy.
Soy partidario de otro proyecto que tenga en cuenta que la universidad que se necesita debe ser, en primer lugar, autónoma en todos sus aspectos, principalmente de la economía privada, aunque la sociedad deba involucrarse en ella y ella misma tenga que responder a sus necesidades; en segundo lugar, democrática, de tal modo que la gestión eficiente no impida que las decisiones sean tomadas de manera horizontal y transparente; y, en tercer lugar, pública, en donde la competencia y la precarización laboral den paso a la cooperación y a la estabilidad funcionarial eficiente. Pero -ya concluyo- nada de esto sirve si la universidad no se concibe como un bien público íntimamente ligado al proyecto de Estado que se quiere construir, y que en el caso concreto del Estado español debe tener en cuenta todas las virtudes que ofrece su carácter plurinacional, que es algo de lo que este proyecto de reforma también carece.


Espero haberme ajustado al tiempo y muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Se ha ajustado perfectamente, señor Carril. Por eso, no le hecho observación de ningún tipo, porque veía que lo iba a cumplir en los términos previstos.


¿Grupos que van a fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré por decir que su intervención sintética fue muy clarificadora desde el punto de vista de que a veces es mucho mejor hacer análisis que tengan en cuenta la cuestión filosófica que subyace en las leyes más que un análisis de carácter parcial o puramente orgánico u organizativo de las mismas, sin saber cuál es la funcionalidad en concreto del conjunto. (El señor vicepresidente, González Rodríguez, ocupa la Presidencia.) En este aspecto, es de agradecer su intervención porque, aunque por supuesto pueda ser discutible en muchos aspectos, para nosotros es de gran utilidad.


En función de esa intervención que acaba de hacer, a nosotros nos gustaría preguntar una serie de cuestiones o por lo menos hacer algunas clarificaciones más pormenorizadas. Está claro que, según su intervención, la reforma de la LOU no introduce cambios de carácter cualitativo respecto del proyecto anterior. Parece deducirse que se simplifica la ley anterior desde el punto de vista burocrático, se hace una ley más presentable desde el punto de vista democrático y también formal, y se hacen algunos añadidos que la ley anterior no tenía en relación a aspectos de carácter social o deportivo. A nosotros nos preocupa una cuestión que usted trató, que es el tema de la autonomía.
Cómo unir autonomía universitaria con la necesidad de que las universidades sirvan a la sociedad en las que están ubicadas y que tengan alguna relación con la planificación que el poder político tiene el deber de hacer en relación con la enseñanza en general y no solamente con la enseñanza no universitaria, que es uno de los problemas que a nosotros nos parece crucial. El texto de la ley aparece muy autonomista en cuanto a concebir las universidades como algo aislado del poder político, sin embargo, vinculado al poder económico y condicionado por el poder estatal en cuanto a títulos, a capacitaciones académicas y a una parte de la financiación por parte de las comunidades autónomas. ¿Cree que hay algún modelo distinto a este que fuese capaz de asegurar la autonomía necesaria con la planificación política que se debe de hacer y con el servicio a la sociedad?

En este aspecto, vinculado a la otra cuestión clave que planteó, que a mí me parece crucial, creo que la ley no cuenta suficientemente con el carácter diferencial específico de las distintas naciones del Estado español, lo

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cual es muy grave en relación con dos temas que usted trato: el tema de la Aneca y el de la validación o, si se quiere, la oficialización de determinado tipo de contenidos en los estudios universitarios, lo cual se agudiza, además, con la tendencia, interpretada de una determinada forma, de pensar que los estudios universitarios están condicionados por el espacio europeo en el sentido de homogeneización. Me explico: Tengo la seguridad que con la estructura de poder actual del Estado español es imposible que se abra paso una línea de investigación, en el caso de Galicia, desde la universidad que recupere la historia del país, en el conjunto de la historia del Estado español, y dentro del contexto europeo o la historia universal. Esto es imposible y hasta ahora lo fue precisamente por el carácter centralista de estas universidades. Es imposible, como usted dijo, que investigadores en ciencias sociales y no digamos en ciencias de la naturaleza o en asuntos tecnológicos que lo tienen aún más difícil, que empleen la lengua gallega como lengua vehicular, sean debidamente valorados por agencias totalmente centralizadas y con una correlación de poderes de pensamiento, de poderes ideológicos y metodológicos que son refractarios no después de comprobar la calidad del producto, sino por principio a determinado tipo de investigaciones. Creo que esto es una limitación de la ley que no supera respecto de la anterior y contribuye a que la universidad española sea muy corporativa, tremendamente jerárquica y yo diría que caciquil y como no se rompa esta estructura de poder va a ser muy difícil que entren los aires de la sociedad y de la necesidad en la universidad del Estado español. Esto se vincula al sistema de selección del profesorado. Hay una intención en la ley de mejorar y que la endogamia del mundo universitario tenga resortes que la contradigan, aunque creo que es un camino cerrado porque esto va a dar pie, entre una autonomía universitaria mal interpretada y unas estructuras de poder de ámbito estatal, a que las esferas de influencia de determinados grupos de presión, metodológico, científico o ideológico impidan que el profesorado sea plural y que la selección siempre sea lo mejor, no la selección al revés, que es lo que acontece muchas veces. A mí me llama la atención cómo un proyecto de ley de este tipo no habla para nada de algunos mecanismos para que, por lo menos, el profesorado, con la titulación debida, que no está en la universidad pueda tener acceso a la enseñanza universitaria. Ahí solamente hay lo que se llaman profesores visitantes que, además, como tienen que pertenecer a la universidad, es un camino cerrado, cuando en ciencias humanas está garantizado que hay cantidad de profesionales fuera de la universidad, por lo menos en Galicia, tan buenos, o mejores, o que cumplen una función de investigación que en la universidad no se cumple.
Y en las ciencias de la naturaleza, donde incluso hay individuos que realizan trabajos que no están en el círculo universitario, pasa exactamente igual, y no digamos ya en la didáctica o en la pedagogía.
Esto me llama la atención y creo que va a ser imposible romper el círculo vicioso de que la universidad está realmente cerrada.


Por último me voy a referir a dos cuestiones: En primer lugar, a la dependencia de fondos de empresas privadas. Creo que es importante que la universidad tenga conexión con el mundo económico y social. Eso es inevitable y hay que hacerlo. Para nosotros la preocupación está en si esa dependencia o recurso al exterior va a acabar en una falsa competitividad que va a estar condicionada, primero, por el grado del desarrollo del territorio donde está una determinada universidad. No es igual una universidad que recurre a la financiación privada en una comunidad autónoma con graves problemas económicos o con retroceso industrial, o con sectores productivos que no le interesan a las necesidades de quien tiene el control de la economía, a estar en un centro, por ejemplo, como Madrid. Creo que en eso va a haber una diferencia crucial y ya la está habiendo. Eso va a provocar, si no hay algún agente público que compense la diferencia de financiación, una mayor jerarquización de las universidades por lo que, en contraste con la universidad privada, a la hora de la verdad va a haber funcionamientos muy diferenciados y títulos con un valor muy diferente.


En segundo lugar, la participación estudiantil. Estoy de acuerdo que en temas de carácter científico los estudiantes no deben de tener una participación en la planificación de la enseñanza como contenidos, pero no sé hasta qué punto es legítimo dejar al sector estudiantil fuera de órganos de dirección de la propia universidad y que no sea solamente el claustro. Pues bien, el proyecto de ley da la idea de que se les quiere colocar como una agrupación al margen de defensa de sus derechos, pero no parte de la suficiente capacidad y responsabilidad de personas mayores de 18 años que debían estar presentes en todos los órganos, aunque fuera minoritariamente, para opinar de la gestión de la universidad como servicio público.


Me gustaría que comentase estas cuestiones porque para nosotros la cuadratura del círculo está en que vemos muy difícil en el contexto económico, social y político actual hacer proyectos cualitativamente distintos a este, y lo comprendemos, lo cual lleva en nuestro caso a una dificultad grande para hacer una enmienda a la totalidad porque cuando se hace hay que tener un proyecto muy claro, pero al mismo tiempo vemos que esto tiene, como dijo usted, cantidad de cuestiones que van a hacer del modelo, un modelo más dictado por intereses de la trasnacionalización, de la mercantilización y con jerarquización muy grave y, además, con inutilidad en caso de muchos estudios y ni siquiera con su rentabilidad social. Yo creo que es posible gastar dinero en formar historiadores aunque después esto no tenga mucha salida, pero lo grave es formar historiadores que reproduzcan la ideología dominante, eso sí que es grave, o que no tengan capacidad ninguna de intuir dónde están los grandes temas que están sin descubrir, sin recuperar o, incluso, sin reinterpretar, o que tengamos licenciados en arte que

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no valen, ni siquiera, para ser guías turísticos porque tienen unos estudios académicos falsamente universales y faltos del mínimo interés para la función que una Administración pública podría cubrir con ellos aunque fuera en unas condiciones no totalmente desprecarizadas. Para mí este es el problema de la ley y el de los estudios universitarios. No es fácil solucionar todos los problemas que existen, pero esta ley en algunos de ellos va a ser frustrada en aspectos esenciales como son el carácter corporativista, la utilización de la autonomía con fines que no son lo que se debe entender por autonomía universitaria y la incapacidad para incardinarse en las sociedades a las que ha de servir.


El señor VICEPRESIDENTE (González Rodríguez): Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Mis primeras palabras también son para saludar al profesor Carril y darle la bienvenida en nombre de mi grupo a esta Comisión. Quiero decir que he escuchado con mucha atención e interés su exposición. Ha planteado usted temas muy de fondo -el señor Rodríguez lo ha dicho-, de carácter filosófico, que me incitarían a hacer muchas observaciones, que serían más bien objeto de un seminario; sin embargo, no tenemos tiempo, pero ojalá exista la posibilidad de realizar un seminario sobre la evolución de la universidad, las misiones y los problemas que tiene. Pero, como digo, en estos momentos no puedo entrar en ello con el mínimo rigor. Tomo muy buena nota y me hubiera gustado hacer observaciones de fondo a lo que usted ha dicho.


Me voy a limitar, de forma más prosaica y más ceñido al proyecto de ley, a plantearle unas preguntas sobre tres cuestiones que usted ha abordado tangencialmente. Una se referiría al modelo de financiación de la universidad. Me gustaría saber cuál sería su modelo de financiación; no hablo del problema cuantitativo de recursos, porque todos estamos de acuerdo en que hay que aumentarlos, sino que nosotros tenemos una estructura, un modelo de financiación que tiene tres patas: una pata, en torno a un 80 por ciento, que son ingresos públicos que pagan todos los contribuyentes que en estos momentos están residenciados en las comunidades autónomas; una parte, en torno al 15 por ciento, que procede de las tasas o precios públicos del propio alumnado; y una pequeña parte, cada vez más creciente, que viene vía investigación de empresas, etcétera. ¿Qué le parece este modelo? ¿En qué lo cambiaría usted, si es que tiene alguna propuesta de cambio?

Segundo. Usted se ha referido al modelo de gobierno de la universidad. Me ha dado la impresión de que usted es muy crítico en relación con la elección directa del rector por la comunidad universitaria. Me gustaría que aclarara cuál sería el modelo que usted propondría.


Tercero. Ha hecho alguna reflexión sobre la relación sociedad-universidad, que creo que es un tema clave. En el modelo universitario que se abre con la Constitución a partir de la transición aparece una figura, que es el llamado Consejo Social, que es el órgano de participación de la sociedad en la vida universitaria; no tenía tradición en la vida española, empieza, digámoslo así, como todo niño que nace, con unas funciones limitadas; posteriormente se amplían sus funciones, su papel, incluso sus poderes dentro de la vida universitaria, y en esta ley -que es una de las cosas que a mi grupo le ha sorprendido- se amputan de forma notable las funciones y poderes de los consejos sociales, que quedan relegados a unos meros órganos consultivos, etcétera, como si la propia universidad tuviera recelo en cuanto a que estos órganos de participación de la sociedad cumplieran unas funciones estratégicas, pero también de codecisión en algunos aspectos relevantes. Me gustaría conocer su opinión sobre este asunto.


El señor VICEPRESIDENTE (González Rodríguez): Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Señor Carril, bienvenido a esta Comisión.
Consideramos enormemente satisfactorias sus aportaciones, porque de las dieciséis comparecencias que hemos tenido durante estos tres días, la suya, después de la del presidente de la Conferencia de Rectores de las universidades españolas, rector de la Universidad de Oviedo, es la única de cargo de gestión en activo en la universidad. Es usted secretario general -si estamos bien informados- de la Universidad de A Coruña y, por tanto, buen conocedor del funcionamiento interno de las universidades y aunque han comparecido personas de reconocido prestigio y con experiencia, resaltamos de la suya este factor de estar en activo, ya que supongo que vive el día a día de su universidad; además, la secretaría general es una atalaya estupenda para ver todas las virtudes y todos los defectos que tiene nuestro sistema universitario, muy especialmente la puesta en práctica y la toma de decisiones diaria.


Tomamos buena nota de todas sus apreciaciones, algunas, evidentemente, las podríamos compartir, otras no. Nosotros somos bastante más optimistas que usted respecto a las aportaciones y a los cambios que esperamos que genere la reforma de la LOU, porque con lo que no estábamos conformes era con la LOU, y por eso el Grupo Socialista, que está absolutamente de acuerdo con la propuesta del Gobierno, ha impulsado esta modificación de la Ley Orgánica de Universidades que, evidentemente, es mejorable; estamos de acuerdo en que el proyecto es mejorable, y por eso estamos aquí: primero, para escuchar a los comparecientes; posteriormente, para el debate con los diferentes grupos políticos y para procurar que el texto que salga aprobado de las Cortes Generales sea un marco legislativo que dé respuesta a las necesidades del sistema universitario en este momento, y esperemos que para mucho tiempo.


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Usted ha hablado, sobre todo, de tres cuestiones: de autonomía, de servicio público, con temas vinculados a la autonomía -y ha resaltado usted todo el tema de los órganos de gobierno-, y de financiación; pero también ha hablado de competencias autonómicas, de la centralización o descentralización, y ha hecho sus valoraciones críticas al respecto.
Quiero preguntarle concretamente sobre dos cuestiones. Respecto a lo que nosotros entendemos que es la recuperación o la restitución de la autonomía universitaria a través de esta reforma, nos gustaría saber si no cree usted que los cambios introducidos en órganos de gobierno van precisamente en esta línea, en la medida en que restituyen al ámbito académico la toma de decisiones o la iniciativa en determinadas cuestiones.


Respecto al carácter de servicio público de la universidad, que usted ha resaltado, y de la relación entre universidad y sociedad, queremos saber si está de acuerdo en las novedades vinculadas al fomento de la investigación en la universidad. Le voy a citar dos cuestiones: en primer lugar, la creación de institutos mixtos; que las universidades puedan con organismos públicos y centros del Sistema Nacional de Salud crear institutos mixtos de investigación, que es una novedad. En segundo lugar, la posibilidad de que los profesores funcionarios puedan solicitar permisos, las llamadas excedencias de base tecnológica, cuando han impulsado un proyecto, evidentemente subvencionado con fondos públicos, de impulso público, para crear empresas de base tecnológica y que durante un tiempo limitado puedan dedicarse a eso. Le pregunto esto concretamente porque supongo que conoce perfectamente el tejido de I+D de su comunidad, de Galicia, que está en plena expansión y desarrollo en estos momentos; por lo que yo sé, están ustedes impulsando cantidad de centros tecnológicos también en colaboración con las universidades, tienen algunos parques científicos y tecnológicos que están llevando adelante proyectos interesantes, y en un momento en el que desde la Administración General del Estado -usted también lo sabe- los fondos públicos de I+D han sufrido, afortunadamente, un incremento sustancial como no había habido nunca, no sé si estará de acuerdo en que estos instrumentos que contempla el proyecto de ley tienen que favorecer el acceso a fondos públicos de investigación, a través de una investigación que se hace mayoritariamente en nuestro país en las universidades públicas. Quiero recordar una vez más aquí que el 70 por ciento de la investigación en nuestro país se lleva a cabo en las universidades públicas. Por lo tanto, me gustaría conocer -ya que ha sido especialmente crítico en esta cuestión de servicio público- si valora positivamente estas dos cuestiones.


El señor VICEPRESIDENTE (González Rodríguez): Tiene la palabra el señor Carril.


El señor PROFESOR TITULAR DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA (Carril Vázquez): De nuevo comenzaré mi intervención agradeciendo las amables e interesantes observaciones y cuestiones que me formulan desde los distintos grupos parlamentarios aquí presentes. Empiezo, en primer lugar, por las observaciones formuladas por el diputado don Francisco Rodríguez. Una de las primeras cuestiones que me planteaba era si había un modelo distinto de articulación entre el poder político, la autonomía de la universidad y la sociedad. Yo creo que sí, buscando un punto equilibrado. Obviamente el poder político es el que toma las decisiones políticas y tiene que tener claro cuál es el proyecto de país que quiere construir. Yo entiendo que en este momento -porque así lo demanda el mercado mundial- nos estamos volcando mucho principalmente en lo tecnológico, en lo informático, en todo ese tipo de cuestiones, y nos estamos olvidando de otras que también son sumamente importantes.
Primero el poder político tiene que tener claro cuál es el proyecto de país que quiere construir y que se enmarca dentro de la autonomía de la universidad. La universidad -y hay que defenderlo hasta el final, con independencia de que comparta, como usted comenta, que en casa, y perdón por esta expresión, haya personas que no cumplen realmente con su cometido- es el terreno de la investigación, de la crítica y tiene que tener autonomía para organizarse, pero también para investigar, y muy ligado a lo que decide investigar en función de las necesidades de la sociedad y también en función del proyecto de país que se pretende construir. Ese es el equilibrio que hay que buscar: autonomía para investigar en todo lo que haga falta en función del proyecto que se tenga de país y en función de las necesidades sociales en ese momento concreto.
Obviamente es cierto que, tal y como está diseñada la universidad en este momento -y concretamente en algunas comunidades empobrecidas-, las líneas de investigación no van precisamente por donde tienen que ir, explotando aquellos sectores productivos donde realmente podamos ser competitivos -dado que se habla de ser competitivo-, lo que obliga a que esas investigaciones se realicen fuera de la propia universidad por otro tipo de investigadores. Tradicionalmente había figuras contractuales para traer a estos profesionales de fuera de la universidad, concretamente era la figura del profesor asociado a tiempo completo o a tiempo parcial. La figura del profesor asociado a tiempo completo se suprimió, pasó a ser a tiempo parcial, y para reequilibrar esta ausencia, se creó esta figura del colaborador, que en principio también se tiene pensado eliminar. Era la vía que había para traer a gente de fuera de la universidad a la propia universidad. En principio yo entiendo que la figura del profesor colaborador no debería desaparecer, y la figura del profesor asociado a tiempo parcial en ocasiones tiene funciones única y exclusivamente de docencia, no de investigación, por lo que no colma al día de hoy, tal y como propone esta reforma, las necesidades de traer a través de otras figuras contractuales a otros investigadores ajenos a la universidad y que en ocasiones se preocupan por investigar en sectores concretos que interesen.


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Claro que es importante, y está relacionado con las tres intervenciones, que la empresa privada ayude a la universidad, es muy importante, pero el problema es que concretamente en la Comunidad Autónoma de Galicia empresas que entendemos nosotros deben potenciar determinadas líneas de investigación y que deben de ayudar están en plena crisis. Si nosotros queremos investigar sobre cuestiones de tipo pesquero, hay centros de investigación, pero estamos en pleno retroceso, y, obviamente, ahí no se va a meter nadie porque no interesa desde el punto de vista competitivo.
Si nosotros queremos investigar sobre temas relacionados con el sector vacuno, en principio nadie está interesado porque está en pleno retroceso, a diferencia de otras comunidades autónomas. Entonces, las empresas privadas tienen un papel importante, pero el mercado no garantiza toda la línea de investigación, sino única y exclusivamente aquella que demande el propio mercado en ese momento.


Respecto a la participación estudiantil, es muy importante. Obviamente hay que mirar con bastante prudencia si pueden participar en las cuestiones que son estrictamente académicas, como planes de estudio. Ahora se crea una figura pero al margen del organigrama de la infraestructura de organismos de la universidad. Si la participación del estudiante quiere ser activa -y sobre esto incidió el representante de los estudiantes- tiene que ser trasversal, no solo en un organismo separado y autónomo; si se quiere introducir la participación de los estudiantes, que sea en los organismos que existen, en los que están presentes los rectores, en los que están presentes las comunidades autónomas. Otra cosa diferente es cómo se articula la participación de los estudiantes, qué criterios se van a tener en cuenta, qué representatividad. Porque hay que garantizar la participación de los estudiantes de las universidades de todas las comunidades autónomas, que pueden ser minoritarias pero también tiene mucho que decir. No sé si con esto respondí a las cuestiones que me había formulado. (El señor Rodríguez Sánchez: La cuestión de Aneca.)

Respecto del tema de la agencia, que también había mencionado en mi intervención, si bien es cierto que ahora se da un paso importante porque hay cosas positivas -es algo de lo que había comentado, se le pretende dar un carácter público-, el problema es que, al igual que pasa con los sexenios, algunos profesores -y yo hablo de mi experiencia particular- que intentamos investigar sobre cuestiones que en principio no son las que se califican de competitivas, o intentamos investigar utilizando nuestra propia lengua, nos encontramos que cuando llegamos a los sexenios no se nos reconocen. Yo tengo concretamente uno, pero tengo compañeros a los que no se les reconoció precisamente por ese carácter centralista. Y si esto lo llevamos concretamente al tema de la acreditación nacional puede plantear ese tipo de problemas, que los criterios para evaluar positivamente a los profesores estén construidos al margen de las necesidades específicas de los lugares donde están investigando esos profesores. Aparte de que si es necesario que exista una agencia nacional -también se comenta por parte de alguno de los comparecientes que es indispensable que la universidad rinda cuentas-, habrá que intentar que las comunidades autónomas también tengan un papel importante no solo en sus respectivas comunidades autónomas, sino que también participen en la agencia estatal y estableciendo criterios específicos de cada una de esas comunidades autónomas.


Respecto a las observaciones formuladas por el representante del Grupo Popular, señor Nasarre, tengo bastante claro que el modelo de financiación de la universidad está íntimamente ligado al modelo de financiación que queremos a nivel estatal, y se podría discutir bastante sobre los criterios de reparto, si las comunidades autónomas tienen capacidad para recaudar, etcétera. En cualquier caso, el problema del modelo de financiación, con ese 80 por ciento a través de la recaudación vía impuestos, con ese 15 por ciento de tasas y después por la participación de la empresa privada, sin cuestionar esos tantos por ciento -tal vez el de las tasas académicas, porque entiendo que las tasas académicas se tienen que congelar y al mismo tiempo que tiene que abrirse más el programa de las becas y no de los créditos, aunque sean sin ningún tipo de interés-, es cómo se reparte en las universidades. No todas las universidades son exactamente iguales, hay universidades que tienen más capacidad que otras en función precisamente de la comunidad en la que están. El problema es cómo se reparte eso atendiendo a sus destinatarios, no los tantos por ciento, sobre la base del actual modelo de financiación. Entiendo que el modelo de financiación de la universidad está muy ligado al modelo de financiación tanto del Estado como de las comunidades autónomas, que está en discusión en este momento.


Respecto al modelo de gobierno, yo no he dicho en ningún momento que esté en contra del sistema de elección del rector por sufragio universal, esto es, a través del sistema presidencialista. Esa es una cuestión que tiene que decidir cada universidad en función de sus propias necesidades.
Cuando hablo de modelo de organización democrática quiero decir que los órganos unipersonales -el rector, el secretario general, los directores de la juntas de centro o los directores de departamento- no tengan más poder que los órganos colegiados; esa es la cuestión. El claustro tiene muy poca participación; aunque se incrementa en la designación del ejecutivo del Consejo de gobierno, comparado con los tercios que le corresponden al rector y a los directores de centro, queda reducido o en minoría, exactamente igual que ocurre en la designación de los miembros que puedan corresponder al Consejo Social. A eso me refiero, y también a los porcentajes de participación de los distintos colectivos, tanto del profesorado, como del estudiantado y del personal de administración y de servicios, que está muy desequilibrado, porque se sigue manteniendo

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el 51 por ciento. Si pretendemos que la universidad sea de todos, hay que tenerlo en cuenta. Si antes se comentaba que la universidad sin estudiantes no existe, eso es totalmente cierto y, por supuesto, los estudiantes tienen que estar, pero también hay que garantizar un mínimo de participación no solo a los estudiantes, sino también al personal de administración y servicios y también a otros colectivos de profesores que no son precisamente los funcionarios doctores o doctores sin más, porque están investigando, están ejerciendo la docencia, y cuestiones que van a adoptarse también van a afectarles a ellos sin haber participado.


Finalmente, en cuanto a la relación de la sociedad con la universidad, la entiendo desde dos planos diferentes: en primer lugar, desde el punto de vista orgánico, la universidad como ente público. En relación con el Consejo Social, yo en ningún momento estoy cuestionando la viabilidad del Consejo Social. No, el Consejo Social tiene que existir, el problema es que es el que decide las cuestiones económicas de la universidad y entiendo que eso lo tiene que decidir el propio claustro; el Consejo Social tiene que abrirse. En concreto, en los consejos sociales de Galicia la mayor parte está integrada por el mundo de la empresa, cuando podía abrirse a otra serie de colectivos, aparte de los sindicales, que ya se han mencionado, a otros colectivos específicos que pueden plantear sus pequeños problemas a nivel de la sociedad y que también tienen su propia visión de la sociedad. Lo dicho hasta aquí es a nivel orgánico, porque hay que tener en cuenta que la participación de la universidad en la sociedad también puede hacerse a través de los distintos colectivos que la integran; por ejemplo, en el caso concreto de todos los profesores, estos también pueden participar. Esto está relacionado con lo que después le comentaré a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que la participación sí se incentiva dándole facilidades, pero también hay que hablar de la participación del estudiante en la sociedad. En muchas ocasiones, nos estamos olvidando de que la formación es puramente teórica, no hay prácticas y, cuando las hay, siempre se hacen prácticas en empresas, cuando ese tipo de prácticas podía abrirse a otro tipo de colectivos que sí están necesitados. De lo que se trata es de formar no solo en cuestiones mercantiles, sino en otra serie de valores. ¿Hay algún sistema específico para la práctica de alumnos? ¿Cómo son las prácticas de los alumnos a día de hoy? En empresas privadas, sin contrato, mientras están cursando su titulación o, una vez cursada su titulación, para adquirir experiencia profesional. Esa es otra manera de articular la participación de la universidad por sus componentes o sectores en la sociedad. Finalmente, el personal de administración y servicios también juega un papel importante, y es conveniente que conozca otros modelos y también hay que fomentar la participación en la sociedad. Por tanto, no se trata de hacerlo solo orgánicamente, universidad-Consejo Social, sino cada uno de los colectivos en concreto.


Respecto a las observaciones que me ha formulado la representante del Grupo Parlamentario Socialista, obviamente hay cosas que valoro positivamente, y ya las he dicho pero, aprovechando este foro y porque, en principio, para ello se me convocó, he venido para manifestar mi opinión sobre aquellas cosas que entiendo que pueden ser mejorables. Por supuesto, hay cosas positivas, pero básicamente me he centrado en las que son mejorables y que están en el fondo de la universidad. Respecto a la recuperación de la autonomía de la universidad con relación a los cambios de órgano de gobierno, sí ha habido alguno cambios, en concreto en el sistema de elección del rector, y eso es algo que tiene que decidir la propia universidad, pero eso, desde el punto de vista democrático, no va a variar si lo escoge el claustro o si lo escoge directamente el colectivo de miembros integrantes de la universidad; esa es una cuestión puramente formal. Por tanto, hay cambios, pero siguen prevaleciendo los órganos unipersonales sobre los órganos colegiados.


Respecto a los servicios públicos, sociedad e investigación, claro que hay aplaudir la creación de institutos, pero ya existen los institutos, los propios y los mixtos o concertados. Estamos en lo de siempre, porque no todas las universidades podrán crear institutos mixtos para acercar determinado tipo de demandas a la propia universidad. Precisamente, a propósito de la comparación con el Sistema Nacional de Salud, con el sistema sanitario, sí es muy interesante, pero es que hay otros muchos más. Aparte de que aquí, cuando se habla, en concreto, de la relación de los MIR, a propósito siempre de esta integración de los institutos mixtos, se habla de que su relación será a través de una relación laboral de carácter especial, que todavía no está desarrollada. En la Universidad de A Coruña, en la de Santiago y en otras muchas universidades del Estado hay institutos mixtos y concertados, pero no dejan de plantear problemas, porque no acaban de encajar dentro del organigrama de la propia universidad. Se contempla que esas personas de fuera de la universidad se integren; se contempla también que el personal de la universidad investigue fuera de los cauces tradicionales de la propia universidad, pero, repito, en algunos lugares se pueden crear este tipo de institutos, pero en otro no. Además, y voy a decirlo con toda franqueza, en muchas ocasiones la creación de institutos, dado que están equiparados a los consejos de departamento, son mecanismos para evadir el control en los propios departamentos, porque el asunto no es tanto crear el instituto en sí, sino cómo organiza internamente el instituto, porque ¿hay una ley específica o la ley contempla una normativa específica sobre los institutos? A día de hoy, eso se está dejando a la propia autonomía universitaria.


Finalmente, respecto a las excedencias, tengo que decir que también este es un tema muy importante. El problema es, en primer lugar, que lo que se dice es que, finalizada esa excedencia, tiene que volver a concursar. En segundo lugar, el tema de los parques tecnológicos

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es muy importante, pero están condicionados, única y exclusivamente, a parques tecnológicos. Por los casos que yo conozco, eso implica un gran esfuerzo económico a la universidad, en tanto que la gestión de esos parques tecnológicos implica la creación de sociedades privadas de capital público mayoritario por parte de la universidad y en muchas ocasiones también implica que se tengan que hacer procesos de descapitalización de bienes públicos para formar parte de esas sociedades, porque las ayudas para la creación de parque tecnológicas normalmente son europeas y, en principio, las universidades, como entes públicos, tienen dificultades para acceder a las mismas. En cualquier caso, ese tipo de excedencias es interesante, pero tampoco hay que dejar a un lado el tema de la docencia.


El señor VICEPRESIDENTE (González Rodríguez). Muchas gracias, señor Carril. Serán tenidas en cuenta sus opiniones y desde esta Comisión y desde esta Presidencia se le desea también que tenga suerte en el desempeño de la Secretaría General en la Universidad de A Coruña. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

-DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (SÁNCHEZ-TERÁN HERNÁNDEZ). (Número de expediente 219/000735.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, doy la bienvenida al cuarto compareciente de esta mañana, a quien pido disculpas por la demora que ha tenido que padecer en esta sala. Se trata de don Salvador Sánchez-Terán Hernández, presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca. Para mí es una satisfacción dar la bienvenida a don Salvador, y como algunos comparecientes anteriores han hecho gala de su origen geográfico, yo lo hago también con satisfacción, y presento a un ilustre riojano, en la sala Sagasta, además, para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", don Salvador, de que también lo riojano en este Congreso tiene peso.


Le doy la palabra para que nos dé su punto de vista en relación con los temas que tienen que ver con el proyecto de ley que estamos estudiando en esta Comisión. Una persona tan autorizada como usted, nos puede ilustrar en representación y como miembro de los consejos sociales.


Sin más preámbulos, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Sánchez-Terán Hernández): Muchas gracias, señor presidente, señorías, por su invitación y por su presentación tan cordial. Voy a efectuar unas reflexiones sobre determinados aspectos del proyecto de ley en curso que modifica la Ley Orgánica de Universidades, la LOU. Estas reflexiones están basadas en largos años de experiencia como presidente del Consejo Social de la Universidad de Salamanca y, por supuesto, las efectúo desde una absoluta independencia de criterio, pues no estoy vinculado a ningún partido u organización política. Los consejos sociales tienen aproximadamente 20 años de vida, fueron una creación de la LRU y tras este periodo podemos decir que están plenamente consolidados en la vida universitaria española. Esta institución tuvo problemas en su origen, hubo algunos problemas importantes de falta de aceptación o de falta de entendimiento, pero hoy a los 20 años -insisto- creo que es una institución consolidada, no solo en España, sino a nivel internacional.
Hace tres semanas hemos tenido la primera reunión internacional de presidentes de consejos sociales de todo el mundo desde Estados Unidos a Australia, pasando por Canadá, Centroeuropa, Inglaterra, Francia o España. Ha sido en Granada, y en la ponencia inicial, Tom Ingram, que es el presidente de consejos de gobierno de universidades y colleges en Estados Unidos, hacía esta conclusión final: Actualmente, los consejos de gobierno ciudadanos, constituidos por individuos relevantes de fuera del ámbito de la educación, miembros externos, se están redescubriendo y están cobrando nuevas energías; en un país tras otro, por un gobierno tras otro, su importancia se ve renovada, reconocida incluso por el reticente profesorado universitario y otros líderes académicos en casi todos los continentes. Aunque esta tendencia es desigual y está aún lejos de ser universal, es esperanzadora para el desarrollo a largo plazo de las universidades, tanto para encontrar fuentes de financiación distintas a los subsidios del Gobierno como para mayor protección ante una intervención inapropiada de las administraciones, así como para resistir las vicisitudes de modas e ideologías de los extremos políticos tanto de derechas como de izquierdas. Por tanto, la consolidación de los consejos de gobierno externos, de ciudadanos o consejos sociales -el concepto es el mismo- se está imponiendo y avanzando en todo el mundo.


Como anécdota, citaba en esta primera ponencia el presidente Tom Ingram, que hasta en los países de la Unión Soviética con una fuerte centralización se está imponiendo la creación de estos consejos de gobierno externos, porque los líderes académicos han descubierto que esto les da mayor calidad a sus decisiones, que personas externas, exitosas, profesionales o gente de prestigio, y les da independencia frente a la presión de los gobiernos. Por tanto, hasta un país tan centralizado como las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, Rusia incluida, está implantando esta figura.


Para que la institución Consejo Social funcione se deben dar tres condiciones. La primera y esencial es el entendimiento entre el presidente del Consejo Social y el rector. Si esto no se da, todo falla y, si todo falla, como el rector es elegido por la universidad, tiene que dejar de ser el presidente del Consejo Social. Así de claro. La segunda es que el Consejo Social cumpla estrictamente las funciones que le encomienda las leyes, que son muy amplias y que no están desarrolladas en ningún Consejo

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Social. Hay un largo camino que recorrer para consolidar y sacar todo el fruto de la institución legal de los consejos sociales. Y, tercero, que en el Consejo Social no se interfiera la labor ejecutiva del rector y su equipo de gobierno. Son ellos los que tienen el gobierno ejecutivo de la universidad. Los consejos sociales tienen tres tareas claramente diferenciadas. La primera es decisoria. Cualquier ley, la LRU que los creó, la LOU que los ratificó, las leyes de las comunidades autónomas que lo han desarrollado, al enunciar sus competencias empiezan así: aprobar los presupuestos, aprobar la liquidación de los presupuestos, aprobar las tasas, aprobar la RPT, la relación de puestos de trabajo; en materia económico-social el Consejo Social tiene facultades decisorias. La segunda función es consultiva. En materias académicas -títulos propios, creación de nuevas titulaciones, creación de institutos de investigación, posgrados actuales- el Consejo de gobierno propone y el Consejo Social informa, y decide la comunidad autónoma, esto es muy importante. La tercera función es promotora, promover las relaciones entre la universidad y la sociedad. Esta es la más bonita, la más creadora, la más apasionante para alguien que quiera volcarse en su responsabilidad en los consejos sociales, pero claramente diferenciada según sea la universidad, su antigüedad, su experiencia, su entorno social. Es radicalmente distinto ser presidente del Consejo Social en Salamanca que en la Complutense de Madrid o que en la Autónoma de Barcelona o que en la universidad nueva de Huelva. Influye mucho el entorno social. En ciudades de hasta 200.000 ó 300.000 habitantes, sobre todo en Salamanca con sus ocho siglos de historia, la sociedad vive y siente la universidad. Cada vez que el Consejo Social se reúne está allí toda la prensa para ver qué ha pasado o qué ha decidido. Un presidente -no voy a decir su nombre- de un Consejo Social de una universidad de Madrid dice: Nadie se entera de que existimos, los miembros del Consejo Social no van porque nadie sabe que son miembros del Consejo Social, entonces ¿qué hacemos? Es radicalmente distinto. Lo mismo sucede con la antigüedad. Yo necesito promover muy poco las relaciones entre universidad y sociedad. Mi primera tarea, cuando me llama la secretaria, es decir que no a los cuatro o cinco actos que la universidad promueve en la ciudad -cursos, asambleas, exposiciones, etcétera-, mientras que en las universidades nuevas hay que crear todo un nuevo tejido de relación entre la universidad y la sociedad. Por tanto, esta labor promotora es distinta.


Hecha esta introducción, voy a comentar la ley. Primero, los consejos sociales. Hay cuatro puntos del texto actual, no hablo de los textos anteriores, que han sido muy debatidos por los consejos sociales. En primer lugar, la creación, modificación o supresión de centros de universitarios, la adscripción de nuevos institutos o centros docentes, artículo 8.2, 10.4 y 11.1 de este proyecto de ley. Mi opinión sobre este texto de ley es favorable, pero advierto que es desfavorable en boca o en pensamiento de otros presidentes de consejos sociales. Este ha sido un tema muy debatido. En estas facultades antes se decía que estas propuestas las aprueba el Consejo Social y las informa el Consejo de gobierno y ahora es al revés. A mi juicio, está mejor este texto de la ley porque hay que mantener el principio de que en las cuestiones académicas quien propone es el Consejo de gobierno e informa el Consejo Social. Algunos presidentes opinan que es un retroceso y que se le han quitado competencias a los consejos sociales. No. A mi juicio, este principio debe ser inamovible. En materias académicas la propuesta es del Consejo de gobierno e informa el Consejo Social. En todo caso, sea uno u otro el orden, en estos temas decide cada comunidad autónoma, porque se está jugando una parte importante del presupuesto y, por tanto, tiene que decir la última palabra.


Segundo, el artículo 15.2. En cuanto a la presencia de los tres -o hasta tres, dice la ley- miembros del Consejo Social en el Consejo de gobierno, la LOU dice que habrá presencia de tres miembros. Este proyecto de ley dice que podrá haber hasta tres miembros. La diferencia es esencial. Este es un tema decisivo para el funcionamiento de los consejos sociales. No debe dejarse en unas universidades sí y en otras no. La aportación -se puede discrepar, por supuesto- más importante que hizo la LOU a los consejos sociales fue la introducción de estos tres miembros del Consejo Social en el Consejo de gobierno. Eso cambió el modo de funcionar del Consejo Social. ¿Por qué? Porque hasta entonces todas las cosas llegaban al Consejo social in extremis -los presupuestos, las tasas, las remuneraciones-, cuando ya está aprobado, cuando ha pasado por los vicerrectores, por el rector, por el Consejo de gobierno y, a veces, hasta por el claustro y solo quedaba decir sí o no. Es muy desagradable tener que decir no a una cosa que ha pasado por toda la universidad, casi un trágala, pero ahora, al estar tres miembros, entre ellos el presidente, en el Consejo de gobierno los temas se ven desde el principio, se ven en su origen, y permite un diálogo de los miembros del Consejo Social y su presidente con los vicerrectores, con el rector, para decir: Esto se puede mejorar así, en esto no vamos a encontrar financiación. Se crea un clima humano de compenetración entre los directivos del Consejo Social y el Consejo de gobierno excelente. Yo ahora soy amigo de todos los vicerrectores. Me vienen a preguntar: ¿Puedes financiar esto? El panorama ha cambiado. Hemos pasado de tomar todas las decisiones del Consejo social, de conocerlas desde el principio y poder dialogar a encontrárnoslas al final. Por tanto, pediría que no se diga podrán ser miembros y que se observe el texto de la LOU.


Tercero, nombramiento de gerencia. Aquí también hay un cambio. La LOU decía: Será nombrado por el rector, de conformidad con el Consejo Social.
Y esta ley dice: Oído el Consejo Social. Se vuelve a un texto anterior de la LRU. La gerencia es pieza esencial para el funcionamiento del Consejo Social. Como he dicho, muchas de sus responsabilidades y competencias son en materia socioeconómica y es el vicerrector de asuntos económicos

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quien las lleva pero, operativamente, es el gerente o la gerente. El Consejo Social debe participar en esta designación. La iniciativa, por supuesto, es del rector. El rector en el último nombramiento de gerente seleccionó tres nombres, nos los pasó al Consejo social y dimos la conformidad a los tres. Nos dijo que era preferible el primero y no hubo ningún problema. Pero decir oído el Consejo Social es una cosa muy triste, porque se oye y no se escucha. Tiene que ser con la participación y la conformidad del Consejo Social, pero la iniciativa siempre del rector.


El artículo 14.2 ha sido muy debatido, es sobre el plan anual de actuaciones. Este encontró la oposición de los presidentes de los consejos sociales, porque se venía a decir: Ustedes están para sacar dinero y no den la lata. El Consejo Social tiene unas funciones importantes que realizar y una de ellas es recabar medios económicos. Con la actual redacción estoy totalmente de acuerdo y no la modificaría: Un plan anual de actuaciones destinado a promover las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, profesional, económico y social. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con dos artículos y en otros dos desearía una modificación. Sé que hay problemas con lo del nombramiento de gerente y sé cuál es la posición de algunos rectores eminentes, pero digo lo que creo que debo decir.


Hay otros dos puntos que no voy a tocar, porque ya están modificados -quién designa al presidente del Consejo Social y cómo se compone ese Consejo social- y paso por encima de algunas reflexiones relativas al gobierno de la universidad por la hora que es.


Títulos universitarios, hoy existe un catálogo de títulos. El proyecto de ley suprime este catálogo de títulos e introduce un registro de títulos, pero aquí se produce un vacío legal impresionante. El catálogo se queda sin basamento legal y ahora hay que empezar a construir un registro de títulos, que empieza por que el Gobierno tiene que hacer las directrices de los títulos, continúa por que la universidad debe proponer, debe informar el Consejo de Universidades y debe dar su conformidad la comunidad autónoma. Tenemos aproximadamente sesenta universidades públicas y privadas -creo que son sesenta y ocho en este momento las que emiten títulos-, hay un millón y medio de alumnos, hay millones de profesionales que conforman la estructura social y económica de nuestra sociedad y esos títulos se quedan sin basamento legal. No lo entiendo. O se produce un vacío o se arma un caos. Yo creo que en el frontispicio hay que poner: Se ratifica el catálogo de títulos. Si miran el diccionario, entre catálogo y registro hay pocas diferencias, pero eso se debe ratificar. Hay títulos que tienen no decenios sino siglos de existencia.
¿De repente eso no tiene base legal? Pero si está en la realidad de la sociedad. En el frontispicio hay que poner: Se mantienen y luego se puede establecer el procedimiento que las universidades proponen, lo cual va a durar unos años. Si a esto le añadimos que junto a pedir las titulaciones de cada universidad vamos a introducir el proceso Bolonia, que no sabemos aún a dónde vamos ni qué títulos va a haber, vamos a armar un caos en el tema de los títulos universitarios. Por tanto, pido atención a esto y a que las directrices que se den permitan diseñar muy claro que alguien es abogado, tenga el título de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la de Salamanca o de la de Huelva, y que haya una troncalidad de conocimientos para que todos sepamos, como se sabe hoy, que es un abogado, que es un médico, que es un ingeniero técnico o que es un psicólogo.


Punto siguiente, selección del profesorado. Pasamos en la LOU de habilitación con prueba pública a concurso con prueba pública reglada.
Este proyecto de ley, en vez de habilitación establece, en primer lugar, acreditación curricular, sin prueba y, en segundo lugar, un concurso donde no hay una prueba claramente. Dice el artículo 62.4, aparte de que se darán los méritos, así como -lo que hay que hacer para seleccionar un catedrático o un profesor titular- contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública. Hemos pasado de unas oposiciones terribles a un contraste sobre sus capacidades. Esto es muy light, es no decir nada, es dejar que cada universidad establezca el procedimiento. Estamos eligiendo catedráticos o profesores titulares, que son el fundamento de toda la enseñanza. Para un ayuntamiento, en la Administración central o en las comunidades autónomas se exigen oposiciones ¿Aquí no? Esto es un fallo grave de la ley y así lo expreso. Además, la LOU va a cumplir seis años.
Si ahora cambiamos el sistema otra vez radicalmente, dentro de 2 años o de 6 saldrá otro ministro del PP o un nacionalista, que volverá a traer su modificación. Hago una apelación -la he hecho ya ante las altas autoridades del ministerio y ante altos dirigentes del PP- para que se llegue a un acuerdo en estos temas y que no estemos cambiando cada poco tiempo, porque sufre el sistema universitario y toda la sociedad. Si, como dice este proyecto -lo he expresado así públicamente-, vamos a una acreditación curricular y sin prueba, pero luego hacemos un concurso más o menos parecido o muy parecido a lo que dice la LOU, donde por lo menos haya una especie de oposición, hacemos una cosa seria que puede ser acordada por los dos grandes partidos, y supongo que por la mayoría de los demás, y no damos bandazos en la próxima modificación de la LOU y tendremos un sistema estable de títulos y de selección del profesorado.


Termino mi intervención, aunque luego quisiera decir algo al final.


El señor PRESIDENTE: Veo que conserva intactas sus facultades parlamentarias, ya que fue miembro de esta casa hace ya bastantes años.
Estoy convencido de que los grupos parlamentarios esta vez no pedirán, sobre algunos temas, el punto de vista del compareciente, porque ha dicho muy claro lo que piensa sobre tres temas importantes. Espero que el trámite parlamentario actual facilite esta claridad expositiva.


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Tiene la palabra el señor Nasarre por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, me ha quitado lo que iba a decir con mis primeras palabras, que efectivamente es difícil preguntar al señor Sánchez-Terán con la claridad con la que él se ha manifestado ante nosotros, algo muy de agradecer porque ha entrado en los temas de fondo, los ha argumentado y conocemos perfectamente su posición, que es además una posición en la que nos invita a los acercamientos que podamos hacer y a lo cual nuestro grupo está muy abierto, porque lo que ha dicho sobre los intereses generales de la universidad, invitan a que los grandes partidos no den bandazos, somos muy sensibles a ello. No obstante, voy a hacer dos o tres observaciones.


Primera, le agradezco muchísimo el carácter minucioso con que ha descrito las funciones, el papel de los consejos sociales. Nos ha interesado especialmente que un presidente relevante, un miembro relevante de los consejos sociales, con su experiencia viniera a esta Comisión porque una de las cosas que nos ha sorprendido, y además desagradablemente, de este proyecto de ley del Gobierno son las amputaciones que se han realizado de las funciones de los consejos sociales, no solo por el hecho, como usted ha dicho, de que son especialmente graves, otras podrían ser más discutibles, sino porque significan una especie de cambio de la orientación en la que hay que ir: consejos donde todo el mundo va hacia su consolidación, a su potenciación, a convertirlos en unos órganos relevantes en la vida de la universidad; en una universidad que en el futuro va a tener más inversiones, que va a desarrollar más tareas de investigación, necesita mayores relaciones con la sociedad, tiene que tener un papel cada día más importante. Entonces, que cambie la orientación en el sentido de la orientación buena. Nos ha parecido que había que rectificar eso e incluso -no sé si todavía era demasiado pronto- que tengamos en el futuro unas normas legales por las cuales los consejos sociales tengan todavía funciones más relevantes. Esto es, lo que nos ha dicho nos sirve de mucho.


La segunda. Usted no se ha referido a ello porque se ha limitado a los temas clave, pero quisiera que nos hablase, con su experiencia como presidente del Consejo Social, sobre los problemas de financiación de la universidad -no los aborda directamente el proyecto de ley-; están saliendo a lo largo de estas comparecencias, estamos con el reto del nuevo modelo de Bolonia, estamos con el desafío de la construcción del espacio europeo de Educación Superior, estamos con el reto de una mayor implicación de las universidades en la investigación y por tanto, con su experiencia me gustaría que nos ilustrase sobre el asunto.


Tercera y última observación, no me quiero extender más por la hora en la que nos encontramos. Toda la preocupación de este grupo parlamentario en relación con el debate, con la tramitación de esta reforma del proyecto de ley de la LOU, una preocupación que puede incluso considerarse obsesiva, es intentar que mejore la calidad de la docencia y de la investigación de nuestras universidades, y todo lo que signifique riesgos, no solo certezas sino riesgos, incertidumbres en relación con este objetivo de calidad nos sitúa en una posición muy incómoda. En estos momentos -lo dijo el profesor Pérez Díaz ayer en una brillante comparecencia- tenemos que tener en cuenta que en el marco de las universidades europeas y del mundo no estamos bien. Tenemos unas graves deficiencias de calidad, no estamos creando universidades competitivas en estos momentos. En relación con el tema de la calidad y la selección del profesorado, y además del profesorado esencial de la universidad que son los cuerpos docentes universitarios, catedráticos y titulares, tiene que ser un sistema que no sea una especie de echar una moneda al aire o al mar, para decir a ver si sale bien o si sale mal. En fin, que no debe ser una apuesta, sino que debemos intentar construir un modelo que asegure, que dé garantías de calidad al sistema de selección del profesorado. Esas garantías a nuestro juicio solo obedecen a dos principios fundamentales que tiene que cumplir sin los cuales no se cumplirían estos requisitos mínimos para apoyar un texto legal. En primer lugar, que haya unas pruebas públicas competitivas con igualdad de oportunidades para todas las personas y, por tanto, que se respete el principio constitucional de mérito y capacidad, con transparencia. Y, en segundo lugar, que las comisiones, los tribunales, los órganos de selección deben ser unos órganos que estén predeterminados por la ley de la manera más objetiva posible y si se residencian esas pruebas en la universidad, desde luego, como ayer demostró el profesor Sosa Wagner en su intervención refiriéndose al modelo alemán, tiene que ser con profesores en su mayoría externos a la propia universidad, como hacen las universidades más serias. He querido hacerle estas observaciones en nombre de mi grupo porque se ha referido en su intervención al proceso de selección del profesorado, y sobre este tema del profesorado también quisiera aprovechar su presencia aquí, para que nos haga alguna observación sobre las figuras contractuales del profesorado que existen en la LOU, sobre si se respetan básicamente, si no hay modificaciones, sobre cómo están entrando en su experiencia en la vida docente de las universidades.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Yo también le doy la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Personalmente me produce una enorme alegría que venga usted aquí, le tengo una simpatía especial desde mi etapa de vicerrector y, en fin, no sé cómo expresarlo, ojalá todas las universidades tuvieran presidentes de consejos sociales como usted, que tiene un gran prestigio, y algunas de las cosas que le voy a exponer se las digo a usted, que conoce cómo están las situaciones, pero

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ya de antemano le comento -y estoy de acuerdo con usted en muchas de ellas- que depende de quién sea el presidente del Consejo Social, porque no es lo mismo tener -y esto, permítame la expresión, no es darle jabón- a Sánchez-Terán de presidente del Consejo Social que a otras personas, con grandes capacidades pero, efectivamente, cuyo funcionamiento no es siempre el mismo. Y esto incide mucho en el funcionamiento -voy a volver a insistir en ello- de los consejos sociales y de las propias universidades en la interrelación con los rectores. Usted lo ha comentado, los consejos sociales fueron un invento -entre comillas- de la LRU, dubitativo al principio y que se ha ido consolidando. Estoy completamente de acuerdo. Fíjese que prácticamente la totalidad del diseño de la LRU se mantuvo en la LOU y se mantiene en el proyecto. Salvo por ese añadido con el que por cierto usted está de acuerdo, que es el Plan anual de actuaciones, el núcleo duro, el núcleo de lo que yo considero central, de lo que mi grupo considera central, el Consejo Social se repite. Las funciones del Consejo Social no han cambiado desde la LRU porque se ha demostrado con el paso del tiempo y con el contraste internacional que efectivamente se correspondían a lo que debería ser.


Hace poco, en mayo de este mismo año, ha estado presentando en la Universidad de Vigo a su buen amigo el profesor Bricall, en esas jornadas de consejos sociales. Allí él hablaba ya de las dos funciones esenciales como son, la participación de la sociedad en la universidad y esas otras actividades de carácter de supervisión, de carácter administrativo y financiero y además citaba como fundamento la Magna Charta Universitatum.
Usted ha insistido en alguna conferencia, recuerdo una que tenía por título, El Consejo Social promotor de relación sociedad-universidad, lo decía en otros términos, pero venía a abundar en lo mismo, en que el Consejo Social es un órgano de seguimiento y control de temas presupuestarios, económicos y laborales, poco atractivo, como acaba de decir, y sirve de cauce entre la sociedad y la universidad que le resultaba más sugerente a usted. Añadía además que del cauce entre sociedad y universidad debería estar en relación con las empresas, con las familias de los alumnos y con las comunidades locales, que son muy importantes para universidades como es aquella de la que yo procedo, y para las universidades medias en este país, que no son las más numerosas, para la búsqueda de fórmulas adicionales de financiación. Este tema es muy interesante porque algún compareciente -creo recordar que fue el profesor Solá- negaba este carácter al Consejo Social. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Ese contacto hace que puedan avenirse fondos para las universidades. Por tanto, desde el punto de vista esencial creemos que el diseño que ahora mismo presenta el proyecto de ley no difiere en las facetas fundamentales con el diseño de la LOU y de la Ley de Reforma de Universidades. ¿Dónde está la diferencia? En los tres miembros que de forma obligatoria tenían que pertenecer y ahora se dice hasta tres, cuestión con la que usted, con su habitual franqueza, está en absoluto en desacuerdo. Lo ha dejado muy clarito todo en un sentido y en otro, nos parezca mejor a un grupo o a otro. Nosotros pensamos -como usted puede entender- que el hasta tres deja algún tipo de libertad en la parte académica. Si lo hiciéramos en sentido contrario, si usted nos planteara qué le parece a nuestro grupo, es decir, si nosotros estuviéramos compareciendo y usted preguntando, que no haya ninguna presencia en el Consejo Social nos parecería que tampoco sería oportuno. Por eso el texto permite esa facultad de variar el número tres, que es el que estaba antes, y el Gobierno deja esa puerta abierta.
Le digo a usted, pero de rebote también al Partido Popular, que nuestra intención es llegar a un consenso en esta ley y haremos todo lo que sea necesario. Nuestro grupo toma buena nota de sus indicaciones y en el fondo de la cuestión seguimos estando de acuerdo.


Nos parece muy bien y oportuno, como puede entender, que de una forma muy nítida, muy clara y muy frontal esté usted de acuerdo personalmente sobre la función consultiva que tienen los consejos sociales y, por tanto, que está de acuerdo con ese informe al que se refieren los artículos sobre creación, modificación, supresión, etcétera. Qué vamos a decirle, que nos alegramos mucho. Por tanto, el Consejo Social -y usted lo ha citado al principio- tal como está diseñado tiene un marco normativo que se repite hasta nuestros días y que mantiene sus funciones esenciales. No nos engañemos, al final los consejos sociales funcionan si hay una relación de confianza entre el presidente y el rector. Por eso los consejos sociales son muy dispares en nuestra geografía universitaria y dependen del nombramiento de la comunidad autónoma, es decir, de que se busque una persona de más consenso o de más calidad, de que esa relación con el rector entre con buen pie y se fortalezca y de la personalidad del presidente. Antes el señor Nasarre decía que debían ser individuos relevantes. Claro, es que si el presidente del Consejo Social no es un individuo relevante se hace un flaco favor, depende de que tenga mayor o menor empuje. Yo he empezado diciendo que me alegro de que esté usted aquí. Por ejemplo, en Salamanca cuando usted inició su presidencia al frente del Consejo Social puso en marcha la creación de títulos de mecenas y en la primera andanada recaudó 1.000 millones de pesetas para la Universidad de Salamanca. Esto lo uno con esa otra faceta, a la que me refería antes, de apoyo económico donde la intermediación del Consejo Social es muy importante. Por tanto, la pregunta que le quiero hacer después de todo esto, más allá de las cuestiones concretas del punto 10.2 ó 10.3, es: ¿No cree usted que los principios básicos, que las funciones básicas, se mantienen incólumes desde la LRU hasta nuestros días? Y doy por supuesto que luego tendremos que ponernos de acuerdo fundamentalmente los grupos mayoritarios para hacer que el Consejo Social siga funcionando como creemos que debe de funcionar.


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Segunda cuestión. Usted también en sucesivas ocasiones ha hecho referencia al ámbito de las demandas sociales de la universidad. Usted ha hablado de la adaptación de la universidad a las necesidades sociales de formación superior, la atención a los alumnos, la demanda de las empresas, la mejora de la calidad de la enseñanza, o la introducción de la gestión y planificación empresarial, junto con la financiación y el mecenazgo. Le queríamos preguntar algo. Ha dado usted muy clarita su opinión también sobre las titulaciones. He creído entender que usted la pega la pone en una especie de vacío legal en la que pudieran sostenerse las actuales titulaciones. Usted ha mantenido -y le leo textualmente- la necesidad de adaptación de los títulos y de sus programas a lo que demanda la sociedad. El fondo de la cuestión del registro apunta por aquí. Usted ha dicho también que se están dando positivos. La ampliación del abanico de titulaciones universitarias y el establecimiento de títulos propios es un paso positivo para acercarse a la demanda social. Lo que hace este proyecto de ley, señor Sánchez-Terán, es exactamente eso, o esa es nuestra intención. Si no es así, es que lo estamos contando mal. Créame, lo estamos diciendo mal. Hemos tenido aquí en este tema de las titulaciones y del registro a don Guy Haug, al que me consta que usted conoce, al administrador principal de la Dirección General de la Educación de la Unión Europea, que nos ha dicho que el sistema actual del catálogo es algo que pertenece al pasado porque la realidad es mucho más fluida. Evidentemente, este sistema actual, el del registro, permite que siendo más flexible se pueda adaptar más a un mundo que cambia. Por tanto, independientemente de sus dudas formales que habremos de corregirlas -y de nuevo tendemos la mano al Grupo Popular no solamente por mayoritario sino por único presente también- para afinar lo que haya que afinar, la pregunta que le formulo es: ¿Por qué todo el saber mundial -decía el señor Haug- se va a limitar a las 148 estructuras, carreras, que pueda haber? Podemos discutir sobre si tiene que haber una mayor o menor troncalidad o sobre si debe haber introducciones en esas indicaciones de las cinco grandes áreas, pero por qué no abrir el abanico como se está haciendo en otros países del mundo. Podría poner también el ejemplo de Alemania, que ha roto con ese mito de todas las universidades iguales, con las mismas misiones y con la misma calidad. Incluso Alemania, que sabemos que tiene una cierta alergia a los cambios, acaba entrando por aquí.


Para no excederme demasiado voy a saltarme algunas cosas. Siguiendo un poco sus intervenciones a lo largo de todos estos años, usted ha hecho referencia muchas veces, como es lógico, a las demandas de la empresa y a la relación, que es la base fundamental del Consejo Social, con la sociedad y con el tejido productivo. La pregunta es muy concreta: qué le parece y qué opina sobre cómo se diseñan las modificaciones en el proyecto de ley en cuanto a las cuestiones de investigación, el tema de la excedencia temporal para poder incorporarse a una empresa de base tecnológica, o la creación de institutos mixtos de investigación que permiten que pueda tener incluso profesorado adscrito. No me resisto a preguntarle, aunque tampoco esté mal esta convocatoria como ha dicho muy bien el señor Nasarre, sobre financiación. Una pregunta concreta. También he leído que usted siempre ha defendido que se debería incrementar la financiación externa de la universidad. Esa es una constante a lo largo de sus manifestaciones, en los múltiples actos a los que asiste e incluso a los que no asiste también lo diría. ¿Qué opina usted sobre las tasas? Porque recientemente en Granada estoy convencido de que se habló de mucho más que de las tasas, y, sin embargo, lo que acabó saliendo a los medios era la necesidad de subir las tasas. Sobre ese punto concreto, le quería también preguntar.


Muchas gracias. Estamos encantados de tenerle aquí con nosotros.


El señor PRESIDENTE: Para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor Sánchez-Terán.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Sánchez-Terán Hernández): Muchas gracias a ambos intervinientes de los dos grandes grupos parlamentarios.


Respecto a lo que ha dicho el señor Nasarre, de amputación de los consejos sociales, relacionado con lo que ha dicho el representante del Grupo Socialista, creo que los principios y funciones básicas de los consejos sociales establecidos en la LRU y mantenidos por la LOU se mantienen; pero no basta con que se mantengan los principios básicos, hace falta que puedan ser operativos. Para eso es necesario que el presidente del consejo social sea elegido por la comunidad, no por el Parlamento -afortunadamente eso ha desaparecido-, porque yo tengo la experiencia de que el 50 por ciento de las gestiones de un presidente de Consejo Social se tienen que encaminar hacia los consejeros y hacia el Gobierno de la comunidad, por la propia dinámica de los hechos. Segundo, la presencia de la sociedad debe ser plural y no, como se decía en un texto anterior, que fueran el presidente del Consejo Social y el rector los que nombraran los representantes, y más reducida. En algunos sitios, por ejemplo en Castilla y León, son 30 los miembros del Consejo Social, es demasiado; en Cataluña me parece que están en 15. En general -no he hablado de gobierno de las universidades-, hay que reducir la complejidad y el número de los organismos. La presencia en el Consejo de gobierno ha lubrificado las relaciones y es muy importante. ¿Y por qué dice hasta tres? No dice que el consejo de gobierno estará formado por hasta 50 miembros. Dice que por cincuenta. ¿Para qué ese regateo innecesario?

Financiación, ambos lo han tocado. Esto es muy complejo, exigiría otra comparecencia. Básicamente, la universidad hoy está financiada en el 80 por ciento por dinero público, es decir, los presupuestos de las comunidades

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autónomas, una media del 16-17 por ciento por tasas y algunas otras aportaciones del patrimonio. Todo el mundo está de acuerdo en el principio de que hay que aumentar la financiación, sobre todo, por la vía de aportaciones externas. Los presupuestos tienen un límite, presionan la sanidad, las carreteras, la educación; no se puede tirar del presupuesto público porque además hay una tendencia a decrecer los impuestos. Por tanto, hay que buscar otra vía. ¿Qué vía es esa? Básicamente, el mecenazgo -a nosotros, en Salamanca, nos ha dado un buen resultado-; básicamente, los proyectos de investigación -es una financiación de las empresas, hay que sacar a nuestros investigadores a competir a los concursos nacionales e internacionales de investigación-; básicamente las agrupaciones empresariales o grandes empresas locales tienen que mojarse en la ayuda, en las aportaciones -a nosotros nos financian las instituciones importantes de Salamanca, cajas de ahorro, bancos importantes, empresas grandes, etcétera-, y las familias o los alumnos, las tasas. Las conclusiones de la reunión de Granada son seis folios.
¿Qué es lo que se dijo allí sobre el incremento de las tasas, no España sino los presidentes de todo el mundo? Hay que aumentar la financiación procedente de las familias, procedentes de los alumnos, hay que equilibrar más la presencia del Estado y la presencia privada. ¿Por qué? Porque -esto va a constar en el "Diario de Sesiones", pero lo digo- hoy hay una injusticia relativa social en que las clases medias que mandan sus hijos a la universidad son financiadas en el 80 por ciento por el presupuesto de todos los españoles, incluidas las clases más bajas, mientras que hay mucha menor presencia de los grupos sociales más desfavorecidos en la universidad. Por lo tanto, el total de la comunidad financia fundamentalmente a grupos sociales que tienen más posibilidades.
Ahora bien, los españoles presentes allí dijimos: No se puede adoptar una decisión así ni por una universidad ni por una comunidad autónoma, debe ser por acuerdo nacional, porque sobre el que opte o tome la decisión se echará todo el mundo, tendrá huelgas, etcétera. Esta es la realidad social. O sea que si se toca el tema de las tasas, debe ser por un acuerdo nacional y lento. No pasa nada por no subir el IPC, que es lo que se suben las tasas, sino subir el IPC más medio punto o más un punto, y al cabo de ocho o diez años hemos hecho que las familias que llevan sus hijos a la universidad financien más y se resuelva esa relativa injusticia social que he dicho.


Un último punto en relación con la financiación, la rendición de cuentas.
Este es un tema capital. Si queremos ir a la sociedad, sea vía mecenazgo, sea vía proyectos de investigación, sea empresas, a pedirles dinero, hay que darse a conocer a la sociedad. La rendición de cuentas de las universidades a la sociedad es importantísima y no se hace, a lo sumo se facilita el presupuesto de cada año y la prensa lo publica. La rendición de cuentas es una institución enraizada en las principales universidades del mundo; en inglés accountability es una expresión utilizada. Se ha presentado recientemente una excelente ponencia en las jornadas de la Aneca -este verano ha habido seis, ocho o diez jornadas, yo he asistido a dos o tres- sobre gobernanza de las universidades, del presidente del Consejo Social de Navarra -y lo elogio porque no le conozco, acaba de entrar y espero conocerle, sobre rendición de cuentas, y de entre los muchos modelos que él conoce ha puesto como ejemplo el de la Universidad de Melbourne. Basta con que pidan la ponencia de la Aneca con cuatro ítems de cómo hay que hacer la rendición de cuentas o que entren en la página web de la Universidad de Melbourne. En la financiación, yo doy mucha importancia a que, si quiere usted pedir dinero a la sociedad en sus diversos estamentos, haga usted una rendición de cuentas, sea transparente ante la sociedad. Se necesitarían horas para hablar de financiación, pero lo vamos a dejar aquí.


Mejora de la calidad de los docentes, por supuesto, señor Nasarre. Por eso yo he insistido en que la prueba de acceso de un profesor titular o de un catedrático sea una prueba, no digo como la que hacen en la LOU -eso discútanlo ustedes que son los parlamentarios y los legisladores-, pero sí sólida. No decir simplemente que se contrastarán sus capacidades. Un dato que no sé si se ha dicho aquí sobre la endogamia, famosa palabra que a mí no me gusta. En España, el 90 por ciento de los profesores titulares o catedráticos proceden de la propia universidad, en Estados Unidos solo el 10 por ciento; hay una movilidad muy superior. Las universidades de Estados Unidos están en el ranking de las mejores universidades. Por lo menos, quedémonos como en Francia, que están en un 50 por ciento aproximadamente. Si pedimos movilidad a los alumnos, también tiene que haber movilidad en el profesorado y posibilidad de tener acceso a otras universidades. En fin, yo comprendo que la vida es muy complicada, que los pisos cuestan muy caros, que los traslados de familia son muy problemáticos, pero hay que establecer un sistema de selección que permita una mayor movilidad.


En cuanto a las figuras contractuales, me ha parecido bien el texto de la ley, no introduzco ninguna modificación, como estoy de acuerdo con lo que decía sobre las ampliaciones a las demandas de la empresa, es decir, facilidad y flexibilidad para que un profesor pase durante unos años a un centro de investigación privado y vuelva a la universidad, así como con que se creen institutos mixtos. Esto lo he dicho tantas veces -veo que estoy muy controlado por el señor diputado en mis intervenciones públicas-, todo lo que sea abrirse a la empresa, colaboración con la empresa, fomentar la investigación conjunta, los parques tecnológicos o científicos, adelante.


No voy a insistir, pero no entiendo lo que dice la ley y la importancia de sustituir el catálogo por el registro; en el diccionario son palabras casi similares. ¿Quién va decir o quién defiende que vamos a quedar estancados en un catálogo de 148 titulaciones? Nadie. Hay que abrirse a las demandas de la sociedad y si hace falta un título de física cuántica, de física espacial o de lo que

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sea, por supuesto. Lo que yo digo es que no se cree este vacío, que digamos: Hoy tenemos 148 títulos, reconozcámoslos, démosles plena validez y, a partir de ahí, que propongan las universidades, que propongan las cabezas pensantes de Bolonia, pero no nos carguemos el sistema actual en el que se basa la vida económica y social, no le quitemos la base legal.
Llamémoslo catálogo, registro o como quieran ustedes, pero hay unos títulos consolidados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez-Terán, por sus palabras. La verdad es que yo he seguido el debate intensamente y creo que el señor Bedera no le controla, no sé si es fan, pero desde luego le sigue. (Risas.)

El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (Sánchez-Terán Hernández): Gracias por la precisión.


El señor PRESIDENTE: Lo digo porque parece que lo de controlar suena un poco... Ya sé que lo ha dicho en plan coloquial.


El señor BEDERA BRAVO: Le expreso mi simpatía personal.


El señor PRESIDENTE: Agradezco en nombre de esta Comisión la intervención del señor Sánchez-Terán. Suspendemos por unos segundos para que pueda entrar el siguiente compareciente y terminar el orden del día de esta mañana. (Pausa.)

-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT (LÓPEZ CORTIÑAS). (Número de expediente 219/000736.)

El señor PRESIDENTE: Reanudamos la Comisión con la última comparecencia de esta mañana y de todo el trámite parlamentario de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades con la presencia de don Carlos López Cortiñas, secretario general de FETE-UGT, sector de enseñanza, al que damos la bienvenida. Para una primera intervención que marque su punto de vista con relación a este proyecto de ley tiene la palabra el señor López Cortiñas.


El señor SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT (López Cortiñas): Agradecemos la invitación que esta Comisión ha hecho a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT con el fin de manifestar nuestras propuestas respecto a la Ley Orgánica de Universidades actual y al proyecto de ley que la va a modificar. Como responsable de esta federación quiero aclararles que nuestras propuestas se centran en los temas que afectan más directamente a los distintos colectivos que conforman la universidad, es decir, a los trabajadores de la enseñanza de los campus universitarios. Sin embargo, ello no es óbice para remarcar ante esta Comisión la apuesta firme y decidida de la UGT por una universidad pública, laica y enraizada con la sociedad a la que sirve en sus dos vertientes, la docencia y la investigación. Debe ser una universidad comprometida en la transmisión de conocimientos, de valores, y la formación de profesionales cualificados, que responda a la demanda de los diferentes ámbitos de nuestra sociedad y que la sociedad esté presente en ella y en sus estructuras.


No obstante, es necesario subsanar ciertas deficiencias en el sistema universitario que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores de las universidades públicas, entre las que podemos reseñar graves desequilibrios salariales entre el personal contratado de unas universidades y de otras; falta de voluntad negociadora, ya que solo existen cinco convenios colectivos para el PDI laboral; existen agravios comparativos entre los perfiles profesionales en lo que se refiere a los complementos adicionales dependiendo de la comunidad autónoma en que los universitarios desarrollan su trabajo, así como ausencia de compromiso administrativo en lo que respecta a la jubilación anticipada. Las universidades tienen otras deficiencias que a nuestro entender también deben ser corregidas porque afectan a la parte más importante, que son los usuarios, en este caso estudiantes y sus familias. A este respecto consideramos que los precios de las universidades públicas en nuestro país están bastante acordes con el nivel medio del poder adquisitivo familiar, lo cual trae consigo la dificultad de acceso a la universidad de las clases económicamente más desfavorecidas, lo que se debería solucionar con una mejor y más acertada política de becas. La movilidad de los estudiantes universitarios a nivel europeo está en principio favorecida por los diferentes programas -Erasmus y Leonardo-; sin embargo, la dotación económica de estas ayudas es bastante precaria, incidiendo además en que nuestros estudiantes son los menos beneficiados económicamente con respecto a nuestros vecinos los europeos. Se hace necesario un apoyo económico por la familia o excepcionalmente por algunas universidades, y eso implica evidentemente retomar y replantearse las características económicas de estos programas. No se puede decir lo mismo de las universidades privadas, en donde el precio de la matrícula es aproximadamente el coste real de la enseñanza que se imparte, por lo que solamente pueden acceder las familias más favorecidas desde el punto de vista económico.


En el momento actual la titulación universitaria resulta en muchos casos insuficiente para la incorporación de los estudiantes al mundo laboral, lo que ha traído consigo la aparición de distintos estudios de postgrado, cuyos precios oscilan entre 8.000 y 12.000 euros, impartidos en la mayoría de las ocasiones por las instituciones privadas. También vemos la necesidad de una mejora en la calidad e intensidad del estudio de las lenguas extranjeras para permitir la movilidad y la incorporación al mundo laboral de nuestros estudiantes. Desde el punto

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de vista de la financiación nuestra organización, la UGT, considera imprescindible que se presente una memoria económica para el desarrollo de la LOU, así como prever la financiación necesaria para la puesta en funcionamiento de las titulaciones de grado y postgrado para su integración en el espacio europeo de educación superior. Sería de vital importancia precisar las responsabilidades que quepa exigir sobre la propuesta de ejecución y liquidación del presupuesto anual de la universidad, así como el tipo de supervisión por parte del Consejo Social.


Entrando ya concretamente en el texto del proyecto de ley, lo primero que quiero destacar tiene signo positivo, y es que muchas de las modificaciones del proyecto recogen antiguas reivindicaciones que nuestro sindicato, junto a otras organizaciones sociales, había planteado. Así, desaparece un sistema evaluador de habilitación nacional que ha dado muchos problemas a aspirantes, a miembros de las comisiones, a las propias universidades y suponemos que a las comunidades autónomas y al Gobierno. Se propone sustituirlo por un sistema de acreditación que más tarde se deberá desarrollar reglamentariamente pero que, como hemos demandado continuamente, está inspirado en los principios de publicidad, mérito y capacidad. Existirá un sistema de selección del profesorado que se anuncia transparente, menos costoso económicamente, sin limitación de plazas y en el que se tendrán en cuenta los méritos del candidato.
Esperemos que no solo sea la investigación. La FETE propone encarecidamente la inclusión de toda la labor del profesorado, pudiendo enunciar algunos como la dirección de tesis, dirección de proyectos y de gestión, tanto en la investigación como en la docencia. En diversos artículos del proyecto se emplea la fórmula: Presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Idea que es muy plausible para cualquier sindicato en todos los ámbitos de la sociedad, pero no es menos necesario garantizar la presencia equilibrada de los distintos sectores que forman nuestra universidad (profesorado, PAS, estudiantes) en todos los órganos colegiados de decisión de la vida universitaria, cuestión, por cierto, totalmente olvidada en el texto. Una novedad interesante, en nuestra opinión, es que el actual consejo de coordinación universitaria se desdobla en el Consejo de Universidades con función de asesoramiento, cooperación y coordinación en lo académico y la novedosa conferencia general de política universitaria que, aunque entiende de programación general y plurianual, también es competente en recursos humanos, materiales y financieros. Este órgano, por las competencias que se le asignan, va a decidir entre otros sobre temas de recursos humanos, factor de vital importancia para nuestra organización sindical como parte de la determinación de las condiciones de trabajo. No puede la FETE-UGT renunciar a la reivindicación de formar parte de la conferencia general u órgano que, a similitud del Consejo Escolar para la enseñanza pública no universitaria, se pudiese constituir. Si bien en la exposición de motivos del texto se recoge la intención de una profesionalización de la gestión universitaria, no se realiza modificación alguna de los artículos correspondientes al personal de administración y servicios, siendo estos trabajadores los grandes olvidados de esta ley. Para nuestra organización, la UGT, es imprescindible la delimitación de los ámbitos de actuación del PAS, distinguiendo claramente entre las funciones de gestión, administración y económica que corresponden a este personal y las funciones de gobierno atribuidas a los órganos colegiados. Esta medida supone la valoración de la profesionalidad de la gestión universitaria y un avance para los procesos de acreditación de calidad en la gestión.


Uno de los temas estrellas de esta ley, el del profesorado universitario, es tratado, a juicio de UGT, con desigual acierto. Para nuestra organización, es claro que se desperdicia una buena oportunidad para crear, de una vez por todas, el cuerpo de profesores universitarios, como lleva proponiendo nuestra organización desde hace años. Se mantienen los cuerpos de catedráticos de universidad y titulares de universidad, quedando a extinguir los demás cuerpos de funcionarios. Creemos muy desacertado el límite del 49 por ciento del total del personal docente e investigador para los profesores contratados en una universidad, pues en nuestra opinión es excesivamente alto y con ello se fomenta y permite una proliferación de contratos, no atendiendo, una vez más, a la propuesta de UGT de que el PDI contratado en régimen laboral no supere el 20 por ciento del total de dicha plantilla. En cuanto al profesorado de las universidades privadas, la UGT señala que a la entrada en vigor de la presente ley los docentes que tuvieran suscrito un contrato laboral indefinido deberían ser considerados como profesores con plena capacidad docente investigadora, mientras continúen en la misma universidad.
Creemos que esa propuesta es respetuosa con los derechos adquiridos del trabajador y está en consonancia con lo que establece el proyecto de ley para algunos colectivos de funcionarios docentes. Vemos necesaria la discusión, negociación y aprobación del estatuto del personal docente universitario que marque unas líneas comunes para la carrera profesional universitaria, así como para las condiciones laborales y económicas, siempre con la participación de los trabajadores, en este caso docentes, que no olvidemos que son las organizaciones sindicales.


La valoración que mi sindicato ha hecho de las disposiciones adicionales o transitorias, básicamente y en resumen podemos considerar las siguientes.
Los titulares de escuela universitaria, los TEU, siguen teniendo la peor parte en el tratamiento de la ley. Los actuales TEU, doctores que se acreditan, no pasan directamente a titular de universidad y han de esperar a que su universidad dote presupuestariamente la plaza. Es necesario que se contemple una petición de FETE-UGT de una partida presupuestaria extraordinaria que no discrimine a los trabajadores por problemas económicos o por el tratamiento que haga cada una de sus universidades. El texto aprobado por el Consejo de Ministros se olvida tanto de los catedráticos de escuelas universitarias doctores como de

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los titulares de escuelas universitarias no doctores, debido a su actual titulación previa (diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos). Insistimos en la propuesta de este sindicato, la UGT, que aboga por su permanencia en su condición actual hasta que se regulen las equivalencias de titulación, producto de la aplicación del espacio europeo. En todo caso, se debería facilitar la formación complementaria necesaria para poder realizar los estudios correspondientes a su plaza.
No se promueve en el proyecto ningún sistema para la progresión en la carrera profesional del PDI, ni para el sistema de cambio entre el estatus laboral y el funcionarial, ya que no prevé ni reconoce lo ya obtenido por los actuales profesores, y en algún caso el perjuicio ocasionado por la ley vigente al fomentar la carrera docente de contratados y ahora dejarla en suspenso. Es necesario resaltar que el MEC ha recogido las valoraciones de las organizaciones sindicales que, en muchos casos, se han visto reseñadas en la propia ley, sin llevar a cabo un verdadero proceso de negociación real exigido por nuestra organización. Para finalizar, he de decir que hemos realizado una intervención desde un punto esencialmente sindical, atendiendo a los distintos colectivos y planteando a los partidos políticos que están presentes que tengan en consideración en sus enmiendas las propuestas de nuestra organización. Quisiera finalizar con tres aspectos fundamentales para nuestra organización. La necesidad de constituir un pacto social en todo el debate de la LOU en su desarrollo y en su trámite parlamentario.
Nuestra organización, la FETE, creo que ha dado ejemplo en otros ámbitos de la educación para sacar adelante el pacto educativo que no pudo ser porque algunas organizaciones sociales y sindicales no estaban dispuestas a rebajar sus planteamientos ideológicos por ese pacto. Nosotros lo hicimos junto a otras organizaciones sociales. Lo mismo planteamos en la universidad. Esta organización, que tiene aspiración de formar parte de los órganos de la universidad a través de las siglas UGT, no puede por más que seguir reivindicando en el ámbito universitario ese pacto social.
Dentro del contexto de ese pacto social, uno de los problemas reales que tiene la universidad es la claridad de la financiación en la universidad.
Por tanto, también proponemos abrir, dentro del entorno de ese pacto por la educación social de la universidad, el debate sobre la financiación en tres aspectos: la financiación externa, por tanto, lo que es el entorno de la CEOE tendrá que decir también las demandas que exigen, las empresas a las universidades; la financiación unida a los resultados de la universidad, desde un punto de vista de satisfacer las demandas de dicha sociedad, y por otro lado la coordinación necesaria entre las tres estructuras que tienen que ver con la financiación de la universidad: la propia universidad, el Estado y las comunidades autónomas.


Por último, bien en la Conferencia de coordinación política o en la estructura que dentro de ese pacto social se crea conveniente, es necesario que las siglas UGT -y no ya las de FETE del sector de la educación dentro de las siglas UGT-, junto con otras confederaciones, ayuden a vertebrar desde el punto de vista social la universidad pública, la universidad de este país. Estamos dispuestos a participar en ese debate y a asumir la responsabilidad para cerrar el pacto por la educación y estar presentes en las universidades españolas.


El señor PRESIDENTE: Ahora intervendrán los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Popular, el señor González Rodríguez.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor López Cortiñas, por la información que nos ha dado en esta comparecencia y también por haber aceptado la invitación para participar en esta Comisión. Su intervención es la última, y a usted y a los miembros de la delegación de FETE-UGT quiero agradecer, como hice anteriormente con los representantes de Comisiones Obreras, el texto que nos han enviado y que nos lo han dado ahora mismo. A partir de este momento tendremos ocasión de estudiarlo y de hacer lo posible por mejorarlo, siempre que sean aceptadas las propuestas que emanen de mi grupo parlamentario, del Grupo Popular.


Esta última comparecencia es un broche final muy interesante porque terminamos con un mundo claro como es el mundo sindical, del que en la mañana de hoy han comparecido dos representantes, el de Comisiones Obreras y usted. Empezamos con el presidente de la Conferencia de Rectores, el rector de Oviedo, Juan Vázquez, y terminamos con el presidente de un Consejo social y dos líderes de organizaciones sindicales españolas. Creo que lo que hemos oído aquí ha sido bastante redondo y deber servirnos a todos para ser lo más inteligentes posible y resolver todo esto; cosa que no sé si podremos hacer, pero al menos la intención es esa.


Como es la última comparecencia, me va a permitir que antes de hacerle algunas preguntas concretas haga una valoración. La valoración es que, igual que comencé mi intervención con ocasión de la primera comparecencia hace dos días, yo abogo por el consenso, por que las cosas salgan hacia delante en el mundo universitario. Esa es nuestra intención como grupo.
Vamos a intentar conseguirlo y si no, como dije en aquel momento, lo sentiremos mucho. Pero le puedo asegurar que en ello estamos. Este trámite parlamentario de comparecencias es un trámite en el que desde la oposición decimos lo que falla en el proyecto -para eso nos han puesto aquí los ciudadanos- y los que apoyan al Gobierno sacan las bondades que tiene este proyecto de ley. Muchas cosas fallan -me van a permitir que haga esta reflexión en voz alta- por la cantidad de reformas que hemos tenido, como he estado diciendo durante estos dos días. Teníamos la LRU, posteriormente la LOU, después el proyecto de reforma de la ministra San Segundo y ahora el de la ministra Cabrera Calvo-Sotelo. De tanto cambiar determinados aspectos podríamos llegar a pensar que quizá lo mejor era lo primero y que no se debería haber cambiado porque estaba más claro. Puede que se hayan

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producido unas disfunciones no deseadas y que a veces la defensa de las mismas no sean tan claras como deberían ser.


Señores representantes del Grupo Socialista, evidentemente observamos bondades en este proyecto, como son los centros mixtos y las excedencias de base tecnológica. Esta mañana un compareciente ha dicho y yo lo puedo decir también personalmente que son bondades que no son nuevas, que los centros mixtos existen -al menos en mi comunidad existen y mi universidad los tiene- pero también plantean problemas porque puede producir cierta descapitalización entre unos centros y otros. Si esto se hace de forma equilibrada está bien. Claro que aceptamos las bondades, pero en este trámite parlamentario no tenemos que remachar lo que está bien; es su obligación. Nosotros tenemos que ver las disfunciones, las cosas que, desde nuestro punto de vista, están mal y exponerlas.


El señor PRESIDENTE: Señor González, no se lance demasiado que el compareciente está aquí, a mi derecha. El debate y las preguntas son con el señor compareciente. Lo digo porque tiempo tendrán en Comisión para discutir los grupos parlamentarios de la ley, de las enmiendas y de las reflexiones. Llevamos tantas horas aquí...


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Perdone este tiempo que he cogido y que a lo mejor está mal, pero es la última intervención.


El señor PRESIDENTE: No, si nada de lo que hace usted está mal. A la cuestión.


El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Es la última comparecencia y creía que debía hacer alguna referencia al respecto, pero vamos a atender al señor compareciente porque para eso estamos aquí.


Voy a hacerle prácticamente las mismas preguntas -no idénticas- que he hecho al representante de Comisiones Obreras. La primera de ellas se refiere al Consejo de Coordinación Universitaria, sobre el que usted ha dicho de forma sucinta que ve bien la división entre las dos organizaciones que se plantean en la actualidad. Le hago la siguiente pregunta. Los agentes sociales brillan por su ausencia en este proyecto, en estas comisiones y en esta división del Consejo de Coordinación Universitaria. Usted solicita que participen; cosa con la que, evidentemente, podemos estar de acuerdo pero, ¿usted cree que la división en estos dos grupos, el puramente académico y el no académico, puede ser bueno para el desarrollo de la universidad española o mejor que lo que hay actualmente? Se lo digo por la dificultad de entendimiento que puede haber después entre un grupo y otro ya que si separamos tanto el mundo académico del no académico podrían plantearse estos problemas.


Llevamos dos días hablando de la financiación. Teníamos prometido un informe de una famosa comisión de financiación y todavía no sabemos nada de ese informe. Obviamente, eso serviría para la universidad porque al final la financiación es la base de todo el desarrollo de cualquier reforma y, por supuesto, la base de la mejora del profesorado, la mejora del personal de administración y servicio, la mejora de la presencia de los estudiantes. Por tanto, desde mi punto de vista, la financiación en el proyecto de ley no está suficientemente clara. Respecto al Consejo de gobierno le preguntaría si le parece bien la división del 30 por ciento, 40 por ciento y 30 por ciento que establece el proyecto de ley. Respecto al Consejo social, hay una cuestión que ya pregunté anteriormente al presidente del Consejo social de la Universidad de Salamanca y también al representante de Comisiones Obreras y que ahora le pregunto a usted. Se trata del cambio de la expresión tres miembros por hasta tres miembros, lo que implica que puede ser de cero a tres. Con respecto al gerente, también le pregunto qué opina usted de que lo nombre el rector, oído el Consejo Social. ¿Qué opina de la desaparición de los profesores colaboradores cuando todavía se están acreditando o pretenden acreditarse -están mandando los documentos para acreditarse- como colaboradores, figura que desaparece si esta ley se pone en funcionamiento? Esto también puede producir una disfunción bastante importante porque los profesores colaboradores son muchos en la universidad española. Evidentemente, este proyecto de ley no plantea grandes retos porque es una reforma parcial y no supone grandes cambios en el mundo universitario español, pero sí quiero saber qué opina de una renovación de la plantilla universitaria mediante jubilaciones anticipadas. Le puedo asegurar que hay universidades que lo están llevando a cabo y es un tema de bastante trascendencia en estos momentos, sobre todo en plantillas que tienen jubilaciones reales, casi masivas, dependiendo de las circunstancias en las que fueron entrando como profesores numerarios en las distintas universidades españolas.


Le pido disculpas, señor presidente, por haberme inmiscuido en hacer un final algo distinto de lo que son estas comparecencias. Le pido disculpas también al compareciente por tal vez haberle quitado tiempo de lo que era su periodo de comparecencia y, con las disculpas al presidente y al representante de UGT, también doy las gracias al resto de los grupos parlamentarios representados en esta Comisión por el desarrollo de la misma.


El señor PRESIDENTE: No tiene que pedirme disculpas, en absoluto.
Simplemente hacía una sugerencia pensando sobre todo en el compareciente y en usted, que sé que tiene un viaje dentro de poco tiempo. La Presidencia es como un padre, se tiene que preocupar por todos. (Risas.)

Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Casaus.


La señora CASAUS RODRÍGUEZ: El Grupo Parlamentario Socialista quiere dar la bienvenida de nuevo al señor López, secretario general de FETE-UGT, a esta

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que es su Comisión. Para mí, como diputada del Grupo Parlamentario Socialista es una satisfacción que esta ronda de comparecencias se cierre con un broche de oro, como es la comparecencia del secretario general de la FETE-UGT, durante estos dos largos días. Han comparecido representantes de todo tipo y de todas las especialidades y, evidentemente, también ha habido presencia de agentes sociales, y todas las aportaciones que aquí se han hecho van a ser valoradas, estudiadas y tenidas en cuenta. De todas ellas, hemos tomado buena nota y ahora estamos en el momento de comenzar a trabajar para mejorar esta reforma universitaria.


No ha sido usted el único que ha planteado que esta reforma se queda corta; nos parece bien que piense que podemos aspirar a más y además es coherente que siempre deseemos mejorar. Pero lo que se ha pretendido, por lo menos así lo ve mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, y espero que lo comparta usted conmigo, es que en el planteamiento que se hace de esta reforma podemos destacar temas que representan un gran cambio.
Representan un cambio importante de la Ley de Universidades, eso sí, sin alterar el funcionamiento de las universidades, modificaciones fundamentales que van a permitir, según creemos, afrontar los retos y los cambios necesarios para la construcción e integración del espacio europeo de la Educación Superior, como son el sistema de acceso del profesorado funcionario, el sistema de registro de títulos y la recuperación de la autonomía universitaria, ya que el eje básico sobre el que gira esta reforma es la búsqueda de una mayor flexibilidad tanto en la organización de la universidad como en la gestión de sus actividades, con más autonomía y además con una mayor responsabilidad. También consideramos que tiene un fin fundamental esta reforma, y es unir a la comunidad universitaria, trabajar coordinados y de acuerdo con todos los integrantes que hacen posible la universidad: los profesores, los rectores y los estudiantes. La convergencia de todos estos sectores universitarios es la que nos va a permitir que nuestras universidades mejoren día a día, que sean universidades de mayor calidad, que aumente la participación y que formen integralmente a ciudadanos y a profesionales. Me gustaría saber si su sindicato comparte también esta reflexión que hace mi grupo.


Mi grupo además considera, y queremos saber si FETE-UGT también lo comparte, que esta reforma no debe ser el único instrumento de cambio en la universidad. Por eso, en el Ministerio de Educación y Ciencia están trabajando en dos documentos básicos, como son la nueva organización de las enseñanzas universitarias, de acuerdo con la construcción del nuevo espacio europeo de la Educación Superior que se nos avecina, y un proceso de debate sobre el modelo de financiación. Consideramos que el desarrollo simultáneo de estos tres procesos la reforma de la Ley Universitaria sobre la que estamos trabajando, el nuevo espacio europeo de Educación Superior y la financiación son positivos y que esta ley debe reflejarlo, pero lo importante es que debe dar pie a que se desarrollen con más profundidad. ¿Cree que es positivo este proceso que está abriéndose con esta reforma de la Ley de Universidades?

Un elemento clave y novedoso de esta reforma, del que usted ya ha hablado, es el cambio del sistema de la habilitación por el de acreditación, que para nosotros es básico para esa autonomía universitaria sobre la que gira esta ley, para la responsabilidad universitaria y, por supuesto, para garantizar una mayor calidad universitaria. Un sistema de acreditación que propone esta reforma de la LOU que, por cierto, según el informe del Consejo de Estado, puede servir tanto para combatir la endogamia en la selección del profesorado universitario como para garantizar un estándar uniforme de calidad para todas las universidades públicas. Ese estándar de calidad puede ser la aspiración que se plantea en ese texto de la reforma acerca de que todos los profesores universitarios sean doctores. Así garantizamos una mayor calidad, de ahí que se reduce a dos los cuerpos docentes -catedráticos de universidad y profesores titulares de universidad-, aunque entendemos el posicionamiento del sindicato FETE-UGT desde hace años sobre la existencia de un único cuerpo y consideramos que esta propuesta se acerca más a ese posicionamiento.


Un aspecto importante de esta reforma para mi grupo es impulsar y facilitar desde la universidad la educación permanente a lo largo de toda la vida, como dice el artículo 42. La novedad es que ahora permite que ese acceso sea a partir de la propia experiencia laboral de las personas, independientemente del grado académico. ¿Cómo ve esta medida de apoyo a ese fomento y a esa motivación de que las personas puedan acceder a la educación superior, a la enseñanza universitaria desde el ámbito laboral y profesional?

Hablamos del personal de administración y servicios. Le he de recordar que ya discutimos en esta misma Comisión una iniciativa del Grupo Socialista, mediante la cual se incidía sobre todo en la formación del PAS, del Personal de Administración y Servicios, a la cual dimos la bienvenida al portavoz en este momento del Grupo Parlamentario Popular y nos congratulamos de que tenga un apoyo importante y se vea reflejado en esta reforma de la ley. Por supuesto también tomamos nota de esta reivindicación de FETE-UGT y de otros comparecientes que aquí lo han hecho.


En cuanto a los TEU, en el planteamiento que hacen concurren elementos administrativos, jurídicos y académicos que deberíamos estudiar más a fondo relativos a los titulares de las escuelas universitarias. Habrá que tener en cuenta también las limitaciones y las condiciones que muchos miembros de ese colectivo de los TEU han tenido para acceder a esa actividad investigadora y somos conscientes de que debe haber un equilibrio entre las horas de docencia, las horas de investigación y también las horas de la gestión que están llevando a cabo en muchas escuelas universitarias. Hemos tomado buena nota de ello y es el momento, de trabajar sobre

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ese aspecto en esta reforma de la ley. Además, me gustaría explicar y hacerle conocedor de la memoria económica que ha presentado el ministerio, donde se recoge una partida presupuestaria de algo más de 38 millones de euros para los 11.600 TEU que hay en la actualidad, con lo cual consideramos que no tienen un trato desfavorecido, sino que es un proceso de transición hasta la posible desaparición de ese cuerpo.


Negociación del estatuto del personal docente. Está claro, y además existe el compromiso de que sea en el plazo de un año; y aquí de nuevo la importancia de la ley, que nos da pie para poder desarrollar paralelamente a este texto otros procesos muy importantes dentro de la universidad. Muchas de las cosas que plantea el sindicato FETE-UGT serán consideradas en la elaboración de este estatuto. Los agentes sociales que han comparecido en esta Comisión, tanto su homólogo en Comisiones Obreras esta mañana como el presidente del Consejo Económico y Social y el de la Unión Profesional, que comparecieron ayer ante esta Comisión, han pedido un gran pacto por la universidad. Mi grupo parlamentario también quiere trabajar en esa línea y esperemos que entre todos unamos esfuerzos para conseguir algo tan importante como el gran pacto por la universidad para bien de su calidad.


Quiero finalizar agradeciendo la alusión que ha hecho a la igualdad, a la que se hace referencia en el texto de la reforma de la Ley Universitaria.
Es una prioridad que tenemos desde que el Gobierno de Zapatero está en esta legislatura y además tenemos una Ley de Igualdad que va a obligar a que por fin la igualdad sea una prioridad en todas las leyes orgánicas de un gobierno.


El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, en representación de FETE-UGT tiene la palabra el señor Carlos López Cortiñas.


El señor SECRETARIO GENERAL DE FETE-UGT (López Cortiñas): Quiero agradecer las preguntas que han formulado a nuestra organización. Remarco la importancia que tiene la solución para los diversos colectivos de trabajadores de la enseñanza universitaria, porque ese es el papel que tengo que hacer aquí; no obstante, eso no es óbice para decir -vuelvo a reafirmarme- que desde el punto de vista sindical y de las condiciones laborales y retributivas del profesorado -después trasladaré esta argumentación a la cuestión del registro de titulaciones- hay datos que nos preocupan. Hemos hecho un análisis como resultado del resumen de un trabajo que ha realizado nuestra organización para estudiar las condiciones, y está a disposición de los grupos políticos si así lo requieren. En cuanto a la situación de los trabajadores de la enseñanza, si bien respetamos la autonomía en el ámbito universitario, pedimos que los responsables de las universidades, que los rectores vean que las condiciones laborales que hay entre el PAS y los profesores no son las mismas en todas las comunidades, produciéndose desajustes muy importante desde el punto de vista salarial. Esta homogeneización de mejora de condiciones laborales y retributivas para nosotros es un aspecto importante.


Acerca del registro de titulaciones, dentro de ese pacto que propugna la UGT, tiene que haber un debate profundo de la coordinación de las titulaciones y sobre todo una cierta homogeneización de las titulaciones en los campos universitarios. Tenemos que hacer un esfuerzo para equipararnos con las titulaciones europeas, pero también un esfuerzo de homogeneización en las titulaciones de nuestras universidades, siempre remarcando el respeto a la autonomía en la gestión de cada una de ellas.
Junto a las condiciones laborales deshomologadas en los campos universitarios hay un aspecto que desde el punto de vista social interesa mucho a la UGT como organización social y no solo sectorial desde el punto de vista de representante de unos trabajadores. Me refiero a la importancia que tienen en estos momentos ciertos programas, como Erasmus o Leonardo, como he remarcado antes, y a las dificultades que tienen ciertas familias para enviar a sus hijos al extranjero, pues las ayudas no son suficientes para cubrir el cien por cien del gasto o lo que les supone tener a un hijo en la universidad pública. Las ayudas y becas tienen que ser mejoradas, aunque sabemos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno en esta política.


Dicho esto, somos una organización que en el año 2001 participamos en una serie de movilizaciones junto a otras organizaciones sindicales y sociales pidiendo unas modificaciones de la LOU. En aquel momento pedíamos otra ley aparte de la LOU, pero consideramos que por el bien de la universidad tenían que producirse unas modificaciones que en líneas generales, en la política de la UGT con respecto a la LOU, aparecen recogidas, por lo que no voy a remarcarlas, como he dicho antes: La acreditación, el debate sobre la financiación, aspectos en los que nos vemos reflejados. En este sentido, hay algunos aspectos en los que aportamos, por si SS.SS. tienen a bien recogerlos en sus enmiendas, criterios de mejora de las condiciones laborales del profesorado; si bien es cierto que hay una simplificación de cuerpos -hay dos-, hay que tener en cuenta que otros colectivos se encuentran en una situación de incertidumbre por la simplificación de esos cuerpos, acercándose más al cuerpo único que pedía la FETE-UGT, aunque evidentemente la situación ahora no es la misma que la anterior. Según cómo se vaya a tratar a esos colectivos desde el punto de vista sindical nosotros estaremos más satisfechos o menos. Cuando un profesor docente ha permanecido un número determinado de años en su trabajo, hay que considerar esa experiencia a la hora de solucionar el problema para que no se encuentre en una situación de indefensión como en la que puede encontrarse en estos momentos.


Respecto a la participación en la coordinación universitaria, en el Consejo de Gobierno, en el Consejo Social, etcétera, como he dicho anteriormente, hay que potenciar la participación al menos de confederaciones como UGT

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y Comisiones Obreras en el entronque de la universidad, porque eso es bueno para la universidad y para la vertebración de la universidad con la sociedad. Por tanto, estamos en contra de la disminución del peso social en las diferentes estructuras que tiene la universidad. Queremos una clarificación sobre los profesores colaboradores dentro del cuerpo único.
No vemos que este tipo de perfil profesional sea la mejor fórmula para relacionarse con la universidad. Paralelamente se debe potenciar desde la universidad -venimos manifestándolo en el campo no universitario- el colectivo de profesores asociados que proceden del campo de la universidad o de otros campos, e incluso podría entroncarse la promoción profesional del campo no universitario con el universitario. Nos gusta más ese diseño. Respecto a la renovación de plantillas mediante jubilación anticipada, lo hemos defendido en otros campos y lo seguimos defendiendo; no sé si no lo he dicho, pero quería plantearlo.
Evidentemente es una buena medida desde el punto de vista del rejuvenecimiento de las plantillas y una medida social justa para los trabajadores. En otros ámbitos también se hace.


En lo referente al registro de titulaciones o al modelo de financiación, he dicho antes que aspectos como la participación o el acceso desde el punto de vista del ámbito laboral y de otros ámbitos se relacionan con la filosofía de la organización a la cual represento aquí. Es bueno para la universidad que no solo haya un determinado acceso en el momento en que se culmina un proceso de aprendizaje, en este caso bachillerato, sino que también tengan acceso aquellas personas que se esfuerzan desde el campo laboral o desde otros campos, para que tengan su premio a la hora de reflejarse en una titulación reglada y no solo en una formación continua u ocupacional. Por tanto, evidentemente estamos de acuerdo.


Para acabar quiero remarcar los tres aspectos que para nosotros son fundamentales: primero, que el trámite parlamentario en un ambiente de colaboración, de consenso y buscando un pacto entre todas las partes es bueno, y ahí estará la UGT; segundo, que uno de los problemas que estamos observando desde nuestra organización es que la financiación de la universidad tiene que ser un debate abierto, dentro de ese pacto educativo, con las tres variables que he dicho antes: ingresos externos a ella, demanda social, coordinación de las tres estructuras administrativas que están en relación con la universidad (de la propia universidad, del Estado y de las comunidades autónomas) y evidentemente de los ingresos de la propia universidad en su propia autonomía. Por último, quisiera acabar con esta petición: la UGT está deseando participar de una forma activa, pero con el peso de las siglas históricas de nuestra organización, en lo que son los consejos sociales o las estructuras de los diversos ámbitos de la universidad; a eso no podemos renunciar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Cortiñas.


Concluido con su comparecencia este turno de intervenciones de diferentes miembros de la sociedad civil: de la universidad, de los sindicatos, de los estudiantes y del corpus económico y social, quiero dar colectivamente las gracias a todos ellos, primero, por su presencia -voluntaria-, por la libertad con la que se han explicado, por su franqueza y por sus propuestas. A partir de ahora queda el trabajo de los grupos parlamentarios recoger esas propuestas de colaboración, de consenso y de ayuda, que la sociedad civil a través de diferentes componentes, en este caso del representante de FETE-UGT, ha lanzado a los portavoces parlamentarios. Esperamos que en el trabajo a desarrollar a partir de estas comparecencias podamos encontrar el equilibrio justo para hacer una universidad más acorde con lo que necesita nuestro país.


Quiero agradecer, no solo a los intervinientes, sino a los servicios de la Cámara, que sé que han hecho un esfuerzo importante, porque habiendo varias comisiones funcionando tenemos la presencia del Cuerpo de Taquígrafos y Redactores para que los grupos parlamentarios, en el tiempo más rápido posible, puedan disponer íntegramente de todas las comparecencias para el trabajo posterior que vayan a desarrollar en relación con las enmiendas o con las cuestiones que se vayan a plantear en el trámite parlamentario.


Por último, quiero agradecer el exquisito comportamiento y el alto nivel de las intervenciones de los grupos parlamentarios, como no podía ser de otra forma, en esta Comisión de Educación y Ciencia. Como siempre han hecho honor al título de esta Comisión, y es bueno para el trabajo futuro de una importante ley que tenemos entre manos, como es la reforma de la Ley Orgánica de Universidades.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Aclaración.- En el "Diario de Sesiones" número 682, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles 4 de octubre último, figura la comparecencia del señor Gamero Casado como profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva, a la que efectivamente pertenecía en el momento de la citación para comparecer ante la Comisión, si bien en la actualidad, como aclaró el señor vicepresidente de la Comisión, es profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.


Aclaración.- Se hace constar, por otra parte, que los números de expediente relativos a los comparecientes en esa sesión van del 219/000687 al 219/000691.

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