DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 747, de 14/02/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 747
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 14 de febrero de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Comunicación del Gobierno sobre la propuesta de nombramiento del director
de la Agencia Española de Protección de Datos.
-Emisión, previa comparecencia del candidato propuesto, del dictamen sobre
conflicto de intereses a que se refiere el artículo 2.3 de la Ley 5/2006,
de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General
del Estado. (Número de expediente 276/000008.) ... (Página 2)
Designación de las ponencias encargas de informar las siguientes
iniciativas legislativas.
-Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Formulada por
la Comunidad Autónoma de Aragón-Cortes. (Número de expediente
127/000006.) ... (Página 9)
-Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Inicativa per Catalunya Verds. (Número
de expediente 122/000088.) ... (Página 11)
Proposiciones no de Ley:
-Sobre medidas para garantizar la neutralidad religiosa de las
instituciones y servicios públicos del Estado. Presentada por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/000575.) ... (Página 13)
-Sobre la reforma de los acuerdos con la Santa Sede. Presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/000914.) ... (Página 17)
-De reconocimiento de responsabilidades y reparación de daños como
consecuencia del uso de armamento químico en el Rif. Presentada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/001169.) ... (Página 22)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
-EMISIÓN, PREVIA COMPARECENCIA DEL CANDIDATO PROPUESTO, DEL DICTAMEN SOBRE
CONFLICTO DE INTERESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2.3 DE LA LEY 5/2006,
DE 10 DE ABRIL, DE REGULACIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES DE LOS
MIEMBROS DEL GOBIERNO Y DE LOS ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000008.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la
sesión de la Comisión Constitucional que, como saben ustedes, tiene como
primer punto del orden del día la comparecencia del candidato propuesto
para establecer un dictamen sobre el conflicto de intereses a que se
refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril.
Damos la bienvenida al compareciente, don Artemio Rallo, y quiero advertir
a las señoras y señores diputados que esta no es una comparecencia de las
habituales del director de la Agencia de Protección de Datos en las que
vemos su gestión o sus proyectos; ni tampoco es una comparecencia sobre
la idoneidad de la persona elegida para el cargo; es una comparecencia
para establecer un dictamen sobre si existe o no conflicto de intereses
entre la persona propuesta y sus actividades. Comenzaremos, si lo estima
pertinente el señor compareciente, con unas palabras iniciales y después
los grupos que quieran plantear alguna cuestión tendrán la oportunidad de
hacerlo, pero siempre sobre la base de que esta es una comparecencia para
dictaminar sobre la posible existencia de conflicto de intereses entre el
cargo y las actividades de la persona propuesta.
Tiene la palabra el señor Rallo para exponer lo que crea conveniente.
El señor CANDIDATO PROPUESTO PARA DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Señor presidente, señoras
diputadas, señores diputados, buenos días.
Permítanme que mis primeras palabras ante todos ustedes sirvan para
expresar y testimoniar el honor que me supone comparecer hoy ante esta
Comisión parlamentaria del Congreso de los Diputados. Es un alto honor,
sin duda, presentarme ante todos ustedes, representantes de la soberanía
popular y, si me permiten, un alto honor por tres sencillas razones. En
primer lugar, como ciudadano comprometido con las transformaciones de
nuestra realidad. En segundo lugar, como profesor universitario
comprometido con el estudio de las instituciones políticas de nuestro
Estado constitucional. También, por último, recordando mi experiencia en
el seno de otra institución parlamentaria, la institución parlamentaria
valenciana, las Cortes Valencianas, durante dos legislaturas.
Como ha sido advertido por el presidente, saben SS.SS. que esta
comparecencia viene impuesta por la Ley 5/2006, reguladora de los
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos
cargos de la Administración General del Estado. Del tenor literal de esta
norma se deduce expresamente que a esta Comisión
corresponde emitir un dictamen sobre la existencia o no de conflicto de
intereses en relación con el cargo de director de la Agencia Española de
Protección de Datos para cuyo nombramiento he sido propuesto por el
Gobierno. No obstante, quedaré, a continuación, enteramente a disposición
de todos ustedes para evaluar no solo el extremo anterior, sino cualquier
otro que consideren de interés. A estos efectos, imagino que será del
interés de SS.SS. que relate, siquiera brevemente, algunos rasgos básicos
de mi currículum vitae de singular relación con el ejercicio del cargo
para el que he sido propuesto. Con el inevitable rubor que supone
personalizar y enarbolar los méritos propios, intentaré ilustrarles con
algunos rasgos mínimos de mi trayectoria personal, profesional, política
e institucional, una brevedad que se justifica más si cabe por el hecho
de que los miembros de la Comisión disponen del currículum vitae que por
escrito fue remitido por el Gobierno a la Cámara. El destino, por decirlo
de alguna forma, ha querido, señorías, hacer coincidir esta comparecencia
con dos hechos que para mí resultan curiosos y que me permito
participarles. El primero, que en el año 1995 publiqué precisamente en la
revista de esta casa, de este Parlamento, en la Revista de las Cortes
Generales, el primer trabajo en el que me aproximé al estudio de la
institución de la Agencia Española de Protección de Datos y de lo que
entonces denominaba espacios públicos exentos de control gubernamental.
En segundo lugar, ya en fecha más reciente, en el año 2002, publiqué mi
libro sobre la constitucionalidad de las administraciones independientes
propugnando una mayor intensificación del control parlamentario sobre las
mismas y, por supuesto, la comparecencia parlamentaria de sus órganos
directivos previa a su nombramiento, y hoy me encuentro yo también
sometido a su examen. Por tanto, mi interés intelectual directo por la
Agencia Española de Protección de Datos y por el resto de instituciones
que como esta suelen cobijarse bajo la rúbrica de administraciones
independientes ya tiene más de una década de vida. No obstante, un breve
recorrido por otras líneas de investigación y estudio que he desarrollado
con anterioridad o en paralelo evidencian este interés por instituciones
y temáticas asimiladas. Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al
análisis de la Administración electoral como Administración
independiente, que abordé en el año 1997 en mi libro sobre las garantías
electorales y también al libro dedicado en el año 2000 a la garantía
constitucional del pluralismo informativo por parte de las
administraciones independientes garantes de la libertad de comunicación.
Me he ocupado tanto de la imagen orgánica institucional de la
Administración independiente como de su objeto material, preferentemente
dedicado a la garantía y protección de los derechos fundamentales, y no
en vano he tenido ocasión de dirigir a título de investigador principal
sendos proyectos de investigación tanto sobre las administraciones
independientes y su problemática actual como sobre la protección de los
derechos fundamentales en la Unión Europea. Sobre estos extremos he
desarrollado mi actividad investigadora no solo en la sede universitaria
española, sino también en otros centros internacionales de investigación,
en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, en la
Sapienza, en Roma o en París y en la universidad Panteón Sorbona. Buena
parte de las conferencias, cursos y seminarios que he tenido ocasión de
impartir en universidades y centros de investigación nacionales y
extranjeros, en Europa o en América Latina, han versado sobre la
protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Se me
ha ofrecido también la inestimable oportunidad de colaborar en programas
internacionales de cooperación para el apoyo y fortalecimiento
institucional en América Latina y para la formación de magistrados,
jueces, fiscales y letrados en general, para promover la vigencia de los
derechos humanos y, en particular, el conocimiento de la garantía
efectiva del derecho a la protección de datos. Observarán también SS.SS.,
de la lectura de mi currículum, que mi ocupación en todos estos temas me
ha llevado a formar parte también de tribunales y de tesis doctorales
dedicadas de forma nuclear a la dimensión jurídica de esta apasionante y
novedosa realidad.
Finalmente, señor presidente, señorías, quisiera hacer referencia, a los
efectos que también puedan resultar de su interés, a las
responsabilidades institucionales que he ostentado en el pasado y que hoy
mantengo. Como consta en mi currículum, fui elegido ya hace bastantes
años diputado en las Cortes Valencianas y mantuve dicha responsabilidad
durante dos legislaturas desde el año 1987 hasta 1995 y en la actualidad
desde el inicio de la presente legislatura desempeño el cargo de director
general del Centro de Estudios Jurídicos, organismo autónomo del
Ministerio de Justicia, responsable, entre otras funciones, de la
formación de fiscales, abogados del Estado y demás cuerpos profesionales
vinculados a la Administración de Justicia.
Tras estos breves apuntes curriculares, quisiera aprovechar la ocasión que
me brinda esta comparecencia ante SS.SS. para hacerles partícipes también
brevemente de algunas inquietudes personales, intelectuales e
institucionales sobre el derecho a la protección de datos personales y su
vigencia actual. La muy reciente autonomización de este derecho frente a
la imagen maestra tradicional, histórica y constitucionalizada del
derecho a la privacidad o la intimidad personal nos ofrece una realidad
sometida a riesgos, retos, amenazas y cambios. La extraordinaria potencia
que la defensa de la dignidad humana irradia sobre los derechos
fundamentales y las libertades públicas constitucionalizados alcanza, sin
duda también, a aquellos que, como la protección de datos, no gozan de
una expresa protección en nuestra Carta Magna y cuya virtualidad deriva
del encomiable ejercicio de adecuación a la realidad social protagonizado
por el constitucionalismo actual. Nada de lo dicho impide constatar que
nuestra Constitución resulta precursora de este fenómeno al prever en su
artículo 18.4 la necesidad de limitar el alcance de los cambios
tecnológicos
en cuanto afectaren a la vigencia misma de los derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos. Sin duda, esta previsión constitucional
datada en 1978 resulta vanguardista, casi profética, pero hoy constituye
también un curioso e inigualable ejemplo de desfase. El cambio social y
tecnológico operado durante las últimas décadas excede con mucho las
bienintencionadas previsiones de este precepto y obliga a revisar al alza
las necesidades de garantía de nuestros derechos constitucionales en
defensa de la dignidad humana.
No son pocos los desafíos y retos a los que están sometidas las
autoridades independientes que, como la Agencia Española de Protección de
Datos, están llamadas a garantizar la efectividad de este derecho
fundamental. En primer lugar, resulta vertiginoso el ritmo de los cambios
tecnológicos que protagoniza la sociedad actual y que pueden poner en
jaque de forma directa derechos fundamentales como el de la protección de
datos, pero lo cierto es que estos cambios son tan acelerados como
inevitables, impredecibles e irreversibles. De ahí la improrrogable
obligación de analizar, evaluar y dar respuesta a los mismos desde el
poder público. En segundo lugar, resulta igualmente evidente que a los
poderes públicos, a la Administración, al Estado, les está resultando
dificultoso adecuar el derecho a tan acelerada realidad cambiante y con
ello les está siendo difícil tanto prevenir los riesgos emergentes que
acompañan este fenómeno como reaccionar contra las efectivas agresiones a
las que somete a los ciudadanos. La sociedad globalizada, el mundo
interconectado, tiene en el derecho a la protección de datos un evidente
punto débil. La ley estatal no parece resultar marco normativo suficiente
para prevenir o reaccionar contra las agresiones a la privacidad
provenientes de lejanas latitudes y ni siquiera la ley europea puede dar
respuesta suficiente a las efectivas necesidades de protección. La
sociedad abierta, el mundo globalizado, requiere de respuestas
universales todavía inexistentes, lejanas o sencillamente inimaginables.
En tercer lugar, diré algo que quisiera que se entendiera como un lema
personal con el que me aproximo a estas responsabilidades como aspirante
a director de la Agencia Española de Protección de Datos, esto es,
constituye un objetivo irrenunciable la anticipación a los cambios y
riesgos y con ello resulta obligado proclamar como prioritaria la
prevención de las amenazas frente a la represión de las efectivas
agresiones del derecho a la protección de datos. Los derechos
fundamentales lo son para ejercerlos y disfrutarlos y no para consolarnos
sancionando su vulneración. En cuarto y último lugar, me permito señalar
que los últimos tiempos y acontecimientos mundiales parecen diluir la
histórica tensión -seguridad-libertad-, con la tentación de primar la
primera sobre la segunda. Lo cierto es que resulta irrenunciable un
escrupuloso equilibrio entre ambos valores, siendo la seguridad
presupuesto inexcusable del ejercicio de la libertad y de todos los
derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana. Demasiadas veces
resulta perceptible la tentación de los ciudadanos a renunciar a la
vigencia plena de derechos y libertades a cambio de las ventajas y
comodidades que los cambios tecnológicos les proporcionan, demasiadas
veces resulta pacífica la renuncia personal a la garantía plena de la
privacidad en pro de la seguridad personal, pero lo cierto es que estamos
ante una manifestación patológica, que hay que advertir y denunciar, de
la ausencia de una cultura consolidada, acrisolada, de la protección de
datos. A invertir esa tendencia habría que dedicar nuestros mejores
esfuerzos.
Con estas palabras, señor presidente, termino. Gracias por su atención y
quedo a su entera disposición.
El señor PRESIDENTE: Si los representantes de los grupos parlamentarios
quieren formular alguna pregunta o plantear alguna cuestión, es el
momento.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente...
El señor PRESIDENTE: Les ruego a todos brevedad.
El señor MARDONES SEVILLA: Por cortesía, seré breve en mi contestación a
la comparecencia ante nuestra Comisión Constitucional de don Artemi
Rallo. Le doy la bienvenida y deseo que los principios éticos e
intelectuales que usted ha anunciado, meritorios y que adornan su
currículo, los cuales valoro, le permitan ejercer su función acorde con
la armonización de los derechos y libertades, y sobre todo con los
principios éticos que usted ha mencionado.
Afortunadamente, en España se pactó durante la transición la Ley del
Régimen Electoral General, donde ya surgieron las incompatibilidades para
el ejercicio puramente profesional y administrativo con respecto a
diputados y senadores, y qué compatibilidades se podían comprender frente
a posibles ilegales incompatibilidades. Como usted bien sabe, esto ha ido
impregnando nuestro tejido, así como la conferencia a la que usted ha
hecho referencia y los escritos académicos sobre el análisis de la
protección de los derechos constitucionales, título I de la Constitución
española, sobre derechos y libertades.
Comparto plenamente los planteamientos que usted ha hecho, señor Rallo. Lo
que hay que hacer es armonizar la ley que creó la Agencia Española de
Protección de Datos y mantenerla en paralelo con la Ley 5/2006, de
regulación de los conflictos de intereses, razón legal por la que usted
está compareciendo ante esta Comisión como alto cargo de la
Administración General del Estado. Le pido que entre sus competencias se
encuentre la de armonizar la Agencia Española de Protección de Datos, a
veces tan vulnerable a la hora de facilitar datos personales a empresas
comerciales que inundan nuestros buzones de propaganda. Nos preguntamos
quién les da
nuestra dirección o les informa sobre nuestros hábitos deportivos,
culturales, intelectuales o sobre qué tipo de espectáculos nos gustan.
Vemos conculcados nuestros derechos de manera subrepticia, no digamos
cuando se hacen imposiciones como las que exigen otras administraciones
en la lucha contra el terrorismo, por ejemplo las medidas tomadas en
Europa por las que los demócratas nos hemos visto obligados a ponernos
contra la pared, y que siguen disposiciones del Gobierno de Bush, que
obligan a una compañía aérea que ha emitido un billete de avión, a
conculcar a un ciudadano el derecho internacional.
A mi grupo le gustaría, por las relaciones comerciales, turísticas,
etcétera, que existen en el Estado español, concretamente en Canarias,
que la Agencia Española de Protección de Datos velara fundamentalmente
por la protección no solo con medidas de represión, sino también con
medidas de prevención, para que no se conculquen los derechos a la
intimidad, a la libertad y a la privacidad. Tenemos que velar por ello.
En el buen hacer estamos para que la Agencia Española de Protección de
Datos cumpla con su deber constitucional, que la defensa sea tanto desde
el ordenamiento del derecho español interno como desde el derecho
internacional, pues la conculcación puede ocurrir en otras
administraciones, ya que se cruzan datos, como en el caso de los viajeros
que utilizan billetes nominativos. En definitiva, usted tiene que velar
por este principio y espero que entre sus actividades se encuentren las
exigencias de regulación de los conflictos de interés, sobre todo porque
la Ley de regulación de los conflictos de intereses, la 5/2006,
comprendía más bien aquellas incompatibilidades relacionadas con el
ejercicio profesional de un alto cargo de la Administración, de un
ministro, de un secretario de Estado, de un subsecretario o de un
delegado del Gobierno con otras actividades de tipo profesional, a los
que habría que decir que esto no lo pueden hacer, que tienen que
renunciar a esta situación administrativa o a este puesto porque es
incompatible desde el punto de vista de las exigencias de la mencionada
ley.
Le deseo una feliz y democrática andadura en todos estos aspectos.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, voy a intervenir brevemente.
En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Rallo. En
segundo lugar, deduzco que no existe conflicto de intereses, como
servidor público que es, en relación tanto con su trabajo universitario
como con su compromiso político, dos legislaturas en el Parlamento
valenciano. En tercer lugar, valoro su currículo, que me parece adecuado.
En cuarto lugar, comparto algunas reflexiones que ha hecho con respecto a
la prevención en esta materia tan compleja. Y por último, por encargo de
mi compañera Isaura Navarro, también valenciana, le felicito por su
propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a emplear 15 segundos, señor presidente, para
manifestar que mi grupo no tiene preguntas que realizar, pues
consideramos que el candidato es una persona adecuada para esa
responsabilidad, para la que le deseamos lo mejor. Simplemente quiero
señalarle tanto a él como al resto de los componentes de esta Comisión
que me tengo que ausentar en este momento por otras responsabilidades
parlamentarias, pero en cualquier caso quería que quedara bien sentado el
apoyo de mi grupo al candidato.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En los mismos términos que los compañeros que han
intervenido anteriormente ratificamos lo dicho. Esperamos que esté a la
altura del compromiso adquirido, porque es evidente que estamos ante un
ámbito en el que en los próximos años la globalización y la socialización
de la información y del conocimiento acabarán siendo un tema francamente
problemático y susceptible de grandes debates. Le deseamos todo tipo de
fortuna y esperamos que seamos responsables en nuestro comportamiento al
igual que lo esperamos del suyo.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor Rallo, por su comparecencia ante
esta Comisión, de acuerdo con las previsiones, para dar cuenta de su
trayectoria y para que podamos apreciar si existe algún tipo de
incompatibilidad o de conflicto de intereses entre su biografía
profesional y el desempeño de sus futuras funciones en la Agencia
Española de Protección de Datos. Mi grupo parlamentario ha estudiado su
currículum por los documentos que nos ha hecho llegar y no apreciamos
ningún tipo de conflicto de intereses, por lo cual le deseamos un exitoso
desarrollo de su actividad.
Quiero aprovechar también este trámite para felicitar a su antecesor, el
señor Piñar, que también ha desarrollado una buena labor, que estoy
convencido de que usted continuará y mejorará. Otro aspecto son las
referencias positivas que tenemos sobre su trayectoria y me permito
recordar solo una, la del portavoz de mi grupo parlamentario en la
Comisión de Justicia, señor Jané, con el que ha trabajado en distintos
ámbitos de carácter académico. También quiero sumarme a lo que han
apuntado otros portavoces. Su actividad al frente de la Agencia Española
de Protección de Datos es muy importante en el momento actual porque las
sociedades son dinámicas y están altamente dotadas de instrumentos
tecnológicos, pero ello también hace más vulnerable la privacidad y
requiere de un esfuerzo especial. Somos conscientes de la labor que
desarrollaba la Agencia Española de Protección de Datos en sus trabajos a
instancia de parte, pero más allá de ellos puede que queden campos fuera
de esta tutela propia del
Estado de derecho en la protección de un derecho fundamental.
Finalmente quiero decirle que me ha gustado mucho que su intervención no
constara simplemente en explicarnos su currículum académico y
profesional, y también político, sino que en su parte final hiciera unas
breves reflexiones sobre la necesidad de no renunciar a la privacidad
ante la comodidad de la seguridad. Este es uno de los temas más nucleares
de la sociedad actual, y aprecio especialmente estas palabras. Perdonen
por la referencia, pero ayer por la mañana asistí durante un par de horas
a este gran congreso que se está celebrando en Barcelona llamado 3GSM,
donde descubrí muchas cosas que tendremos pronto, pero también la
vulnerabilidad de nuestras vidas y de la privacidad de los datos.
El señor PRESIDENTE: La señora Matador tiene la palabra.
La señora MATADOR DE MATOS: Señor presidente, pido disculpas a la Comisión
por mi retraso. Este es un trámite nuevo en relación con el director de
la Agencia Española de Protección de Datos, por lo menos es una ley nueva
y ya se ha dicho aquí que estamos hablando de una materia muy sensible.
No he podido escuchar parte de su intervención, pero me han trasladado el
contenido. Yo quiero destacar aquí que todos los directores de la Agencia
de Protección de Datos han sido personas independientes, fuese el
Gobierno que fuese el que lo nombrase, tanto don Juan Martín Casado, como
Juan Manuel o José Luis Piñar Mañas, hasta ahora todos han sido personas
independientes que han gozado además de un alto grado de consenso por
parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara, fundamentalmente por
ese carácter de independencia que aquí ha de darse más que en otros
campos.
Por todos es sabido que la Agencia Española de Protección de Datos ha
abierto expedientes a todos los partidos políticos, a los sindicatos, a
las administraciones y aquí la imparcialidad y la independencia debe ser
una premisa inexcusable. No voy a entrar a cuestionar su trayectoria
profesional y académica, pero sí quiero hacer hincapié en su trayectoria
política. Tengo entendido que ha sido diputado en las Cortes Valencianas
por el Partido Socialista durante dos legislaturas; por tanto, tiene
vinculación a un partido político. Esta es la primera vez que el
candidato propuesto no es independiente y el conflicto de intereses no
siempre tiene que ser económico, hay veces que puede serlo de poder y la
protección de datos en este caso creemos que es peor. Me gustaría que me
aclarase este aspecto de su trayectoria política y quiero reiterar que es
la primera vez que nos encontramos aquí con una persona que, sin entrar a
valorar todos sus méritos profesionales y académicos, creemos que no va a
cumplir ese requisito de imparcialidad e independencia que requiere un
director de la Agencia Española de Protección de Datos.
El señor PRESIDENTE: La señora Malaret tiene la palabra.
La señora MALARET GARCÍA: Bienvenido al Congreso, doctor Rallo. Si no me
falla mi información, es el primer candidato propuesto por el Gobierno
para la dirección de una autoridad independiente, en este caso la Agencia
Española de Protección de Datos y hace su presentación en esta Comisión
en aplicación de lo dispuesto en la Ley de regulación de los conflictos
de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la
Administración del Estado. Por ello queremos hacer hincapié sobre lo que
supone la novedad del examen parlamentario introducido en la citada ley.
Es algo mucho más relevante de lo que puede suponer superar un trámite
sin aspavientos. No se trata de perder el tiempo y, por tanto, de cumplir
lo más rápidamente posible el trámite; bien lo sabe el doctor Rallo, que
tiene una de las páginas más ilustrativas de la literatura española sobre
esta cuestión -estos días precisamente leía el prólogo a la monografía
sobre designación parlamentaria de altos cargos y algunas páginas de su
monografía sobre Autoridades independientes-. Estamos ante un trámite que
es fundamental para la calidad de nuestra democracia, porque desde el
cargo que pasará a ocupar, si el Gobierno así lo propone, después de este
examen parlamentario sobre su idoneidad, no podrá aceptar instrucciones y
no podrán dictársele instrucciones. En consecuencia, en tanto en cuanto
no está sometido a la dirección gubernamental, tiene que estar sometido a
un control parlamentario directo y esta sesión que estamos celebrando se
enmarca en las coordenadas de este control parlamentario.
La ley que hoy aplicamos cambia radicalmente la visión, la significación
de la intervención del Parlamento en los nombramientos. Pasamos de un
modelo de mera información por parte del ministro de quiénes son los
nombrados a un modelo de intervención previa; como dice la ley: de examen
de los candidatos. Insisto, porque esta es la gran novedad, la gran
aportación de la ley. Dice: Sus miembros formularán las preguntas o
solicitarán las aclaraciones que crean convenientes. Se trata de examinar
la idoneidad del candidato, una idoneidad que supone no solo criterios
básicos de solvencia profesional y técnica en la persona que se propone,
sino también una actitud específica en relación con el puesto; unas
características en relación con la singularidad del órgano que va a
desempeñar y por eso me ha parecido especialmente significativa -y así
también lo han destacado algunos de mis compañeros en intervenciones
anteriores-el especial cuidado que ha puesto en evidenciar cómo la
Agencia Española de Protección de Datos se encuentra ante la misión de
tutelar el manejo de los datos privados, garantizando este derecho, que
está amenazado no solo por las nuevas tecnologías, sino especialmente por
una demanda creciente de mayor seguridad que nos podría hacer abdicar de
algo tan fundamental como es la libertad en relación con el control
de nuestros datos. Es un derecho que está en una encrucijada y esta
preocupación por las singulares situaciones en las que se encuentra este
derecho en la actualidad ha sido especialmente puesta de relieve por el
compareciente. Nos parece especialmente importante señalar que en un
órgano de estas características no se trata solo de poner de relieve que
se comparten los valores constitucionales de manera técnica o, me
atrevería a decir, cuasi mecánica, como ocurre en determinadas
circunstancias, sino que, dadas las características del órgano al que va
destinado el compareciente, que es la dirección de la Agencia de
Protección de Datos, nos parece fundamental la explicitación de un
compromiso con los valores de democráticos y con las libertades. Por eso
nos parece especialmente significativa la intervención que ha realizado
señalando el valor, la relevancia y la problemática en la que se
encuentra la libertad, que deberá tutelar en sus cometidos próximos.
Muchas gracias. Las preguntas que le quería formular han sido ya
contestadas en su intervención inicial.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea el seño Rallo hacer alguna intervención a la
vista de las declaraciones? (Pausa.) Adelante.
El señor CANDIDATO PROPUESTO PARA DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS (Rallo Lombarte): Quisiera corresponder a la brevedad
de los miembros de la Comisión con la misma moneda y no abusar de su
generosidad a la vista de la agenda que les ocupa en el día de hoy, en
general abultada para los representantes de la soberanía popular. En
términos generales me permito agradecer a todos los representantes de los
distintos grupos parlamentarios, que han enjuiciado favorablemente los
distintos extremos expuestos, tanto la ausencia de conflicto de
intereses, que no ha sido en ningún modo cuestionado, como incluso,
valorando otro tipo de aspectos, el enjuiciamiento favorable de las
condiciones curriculares para acceder al cargo al que aspiro y para el
que he sido propuesto. Posiblemente me quede corto expresando los
sinceros sentimientos de gratitud por esas, en general, generosas
palabras, pero -insisto-no quiero abusar de su tiempo. Únicamente ha
existido una consideración por el representante de un grupo parlamentario
que vendría a requerir de este aspirante un criterio en relación con un
aspecto concreto de lo que puede ser el quehacer presente y futuro de la
Agencia Española de Protección de Datos. En particular me refiero a la
intervención del señor Mardones y a su preocupación sobre las agresiones
que puede suponer para el derecho a la protección de datos la
transferencia de datos de los pasajeros procedente de las compañías
navieras o aéreas en relación con los Estados Unidos. Respecto de la
cuestión concreta, hasta donde me he familiarizado ya con la materia -que
he seguido y conozco-, incluso los grupos parlamentarios han tenido
ocasión de conocer el criterio de la agencia en la más reciente
comparecencia que don José Luis Piñar Mañas realizó presentando la última
memoria de la agencia, y no solo el criterio, sino la actuación que la
Agencia Española de Protección de Datos viene desarrollando desde hace
algún tiempo desde las responsabilidades propias como agencia y también
desde la presencia y participación que ella tiene en los organismos
comunitarios, donde no se ha adoptado una posición pasiva precisamente,
sino, al contrario, más bien activa y por tanto valorable. A priori me
parece que seguir con el esfuerzo y con los criterios bien sentados por
la agencia hasta este momento daría satisfacción a la preocupación que ha
planteado el señor Mardones.
La otra cuestión que se ha puesto de relieve en las intervenciones, en
este caso de la representante del Grupo Parlamentario Popular, es la
relativa a la independencia o no de este aspirante, no solo para aspirar
a la condición de director de la agencia, sino también para su ejercicio
futuro. De alguna forma en su intervención ha venido a señalar que este
aspirante, en términos literales, no va a ser independiente en el
ejercicio de esa función, a diferencia de lo que ha ocurrido con los
antecesores, con el resto de las personas que han sido directores de la
Agencia Española de Protección de Datos. Como se ha advertido por la
representante de otro grupo parlamentario, la independencia de un cargo,
de una autoridad de esta naturaleza, del director de la Agencia Española
de Protección de Datos, no deriva de condiciones subjetivas, de
voluntades ni de vínculos previos, de la naturaleza que fueran, sino de
un mandato legal. La ley que regula la Agencia Española de Protección de
Datos establece claramente unas previsiones normativas que imponen, no
solo a quien ejerce la función de director, sino también a aquellos que
pudieran influir en el ejercicio de esa función, una relación de
escrupulosa independencia, imponiendo una expresa prohibición -no
recuerdo si existe una referencia igual en alguna otra de las
administraciones independientes hoy existentes, pero me atrevo a decir
que la que contiene la Ley reguladora de la agencia y su reglamento de
desarrollo, que la complementa, es la más expresiva y contundente de
todas según la normativa vigente en nuestro ordenamiento en relación con
el cargo dirigente de una administración de esta naturaleza-de mandato
dirigida al director y una expresa previsión de independencia en el
ejercicio de la función. Por tanto, al director que lo sea, proceda de
donde proceda, y desde luego al resto de autoridades que lo sean de los
organismos públicos del Estado no les queda sino cumplir la ley para
garantizar esa independencia legalmente impuesta. Obviamente no estamos
hablando de la vulneración futura de la ley, sino de la presunción de que
responsabilidades anteriores puedan condicionar, desde el punto de vista
del compromiso ideológico del aspirante, a esta dirección. Espero que, si
el proceso de nombramiento -todavía en curso-culmina de forma exitosa,
puedan superarse las dudas o prejuicios expresados y me pueda sumar a esa
lista de directores que vayan a ejercer con independencia
esa función y que gocen también del consenso del que, al parecer, han
gozado los anteriores por el hecho de no ostentar afiliación o militancia
política alguna.
Es cierto que durante dos legislaturas he sido elegido en las Cortes
Valencianas como parlamentario, desde el año 1987 hasta el año 1995, en
las candidaturas del Partido Socialista, por lo que me integré como
diputado en dicho grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. A ello
sumo, para mayor ilustración de S.S., mi condición de afiliado al Partido
Socialista Obrero Español de forma ininterrumpida desde el año 1984, más
de ocho trienios, lo que obviamente apunto en esta misma sede con la
satisfacción y el orgullo que corresponde ejercer también en este punto
derechos constitucionales. Dicho eso, y entendiendo que ninguna de esas
condiciones tiene por qué afectar al ejercicio futuro, independiente y
autónomo de esta función que pretendo realizar, no es menos cierto que
S.S. ha apuntado un elemento que me parece relevante y muy digno de
consideración y de respeto. La Agencia Española de Protección de Datos
ejerce funciones que se expanden en muy diferentes ámbitos, en particular
en el sancionador, que puede alcanzar y ha alcanzado a instituciones,
organismos, grupos, etcétera, y que pueden tener y tienen un marcado
carácter político con un perfil de naturaleza partidista muy singular. No
solo la legitimidad y el escrupuloso ejercicio independiente de esa
función deriva y puede derivar del cumplimiento estricto de la ley, sino
que es conveniente y deseable ganar, adquirir esa autoridad y que desde
el mismo inicio del ejercicio de esa autoridad no exista lacra, tacha que
pueda cuestionar ese ejercicio correcto y con autoridad de las funciones
que la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos
encomienda. Por eso, aunque la ley de creación de la Agencia Española de
Protección de Datos no lo prevé, es mi intención solicitar, desde el
mismo momento y fecha en que se produzca -si así ocurre-el nombramiento
como director de la Agencia Española de Protección de Datos, mi
suspensión en la condición de afiliado al Partido Socialista durante el
tiempo en el que ejerza esta función. Ello puede contribuir a disipar
dudas que me parecen en este punto legítimas y que van más allá de lo que
la ley y el ordenamiento requiere; la ley y el ordenamiento en nuestro
país únicamente excluye el ejercicio efectivo de la condición de afiliado
a un partido político en un cargo político, no en ningún otro de los
cargos existentes, ni siquiera en las más altas magistraturas del Estado,
pero me parece que forma parte del buen funcionamiento, con autoridad,
sin tachas y sin dudas, que es lo más importante en una autoridad en una
Administración de esta naturaleza. (La señora Matador de Matos pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Matador, tiene un minuto.
La señora MATADOR DE MATOS: El señor Rallo ha expuesto aquí las
condiciones subjetivas y objetivas que establece la ley para garantizar
esa independencia, pero quiero hacer hincapié hoy en esta Comisión,
precisamente por lo novedoso del trámite, que hasta la fecha todos los
directores de la Agencia de Protección de Datos han sido independientes,
porque -vuelvo a repetir-la materia de la que se trata es de especial
sensibilidad y de especial protección. También tenemos que dejar
constancia aquí que no se ha puesto en conocimiento de este grupo
parlamentario esta propuesta de nombramiento del Gobierno. Nosotros no
teníamos conocimiento de esta situación. Nos ha sorprendido mucho puesto
que el anterior director de la Agencia de Protección de Datos, dicho aquí
por todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, contaba con
el consenso y con las felicitaciones de todos los portavoces de esta
Comisión. Se estaba realizando y se ha llevado a cabo una labor
intensísima, iniciada ya en la etapa de Gobierno del Partido Socialista,
hasta este momento. Tendrá que entender que nos quedemos con esa duda por
su militancia en una formación política por usted reconocida y por el
ejercicio de la política durante dos legislaturas. A nosotros nos queda
la duda de que exista esa característica de la independencia, que es tan
especial en esta materia tan sensible que regula la protección de datos.
Tenemos dudas y creemos que esa característica de la independencia no va
a estar totalmente satisfecha como con anteriores directores de la
agencia.
El señor PRESIDENTE: Quiero hacer solo dos aclaraciones: una, que sí se ha
distribuido a los grupos parlamentarios el currículum vitae del señor
propuesto y, dos, que estamos elaborando -insisto-un dictamen no de
idoneidad sino de conflicto de intereses. (La señora Malaret García pide
la palabra.)
Señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Muy rápidamente.
Como el trámite parlamentario es para examinar la idoneidad del candidato,
sin perjuicio...
El señor PRESIDENTE: No es la idoneidad.
La señora MALARET GARCÍA: La ley la leo y la interpreto. Que luego se
añadiera en el trámite de elaboración parlamentaria de la ley una
referencia al contenido del dictamen con relación al conflicto de
intereses no anula la parte anterior del precepto. Además este precepto
es coherente con todas las reivindicaciones que existían con anterioridad
al proyecto de ley precisamente con relación a la significación que tiene
que tener el trámite parlamentario, pero no entraremos ahora en esta
discusión. Lo único que quería hacer es una reflexión de carácter
general, señalando que hasta la fecha en España, por lo que yo sé, jamás
se ha cuestionado a un candidato para acceder a un puesto de
responsabilidad, cuyas funciones deberá ejercer con independencia,
teniendo en consideración las asociaciones u organizaciones a las que
puede pertenecer, que son muy variadas y no solamente
de partidos políticos. Quisiera hacer una reflexión de carácter general,
porque a lo mejor entramos en la senda de examinar con profundidad la
lista de asociaciones u organizaciones a las que se pueda pertenecer, y
no estamos convencidos de que sea la mejor.
El señor PRESIDENTE: Por las cosas que se han dicho quisiera solo insistir
en cuál es el cometido que tiene esta Comisión en este punto del orden
del día. En el artículo 2, párrafo tres, de la ley se dice con toda
claridad: La Comisión parlamentaria emitirá un dictamen en el que
establecerá si se aprecia o no la existencia de conflictos de intereses.
Todo lo demás es muy legítimo que se lo planteen, pero aquí estamos
discutiendo si hay o no conflicto de intereses.
Señor Rallo, muchísimas gracias en nombre de toda la Comisión por su
comparecencia. La Comisión tomará sus decisiones sobre el dictamen.
Las votaciones o la toma de decisiones no se harán antes de las doce, para
que tengan ustedes un cómputo y puedan organizarse.
DESIGNACIÓN DE LAS PONENCIAS ENCARGADAS DE INFORMAR LAS SIGUIENTES
INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. FORMULADA POR
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN-CORTES. (Número de expediente
127/000006.)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día, como saben
ustedes, es el nombramiento de la ponencia que va a estudiar la
proposición de ley admitida a trámite por el Pleno del Congreso de los
Diputados para la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Han
llegado a la Mesa propuestas de los grupos Mixto, Popular y Socialista.
Nos queda ahora conocer por las personas que representan a los otros
grupos el nombramiento que puedan establecer para esa ponencia. Si
algunos de los señores diputados quieren hacer una pequeña declaración,
lo entendería el presidente; si no, damos los nombres y terminamos con
este trámite.
¿El señor Mardones podría decirnos quién va a ser el ponente, si está en
su conocimiento?
El señor MARDONES SEVILLA: Por si hubiera alguna duda, un servidor de
ustedes. En nombre de Coalición Canaria seré el ponente en esta propuesta
de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, por Izquierda Unida.
El señor LLAMAZARES TRIGO: La propuesta de nuestro grupo parlamentario es
que doña Isaura Navarro sea la ponente.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, será un servidor de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Será otro servidor de la Comisión y del leal
desarrollo de los estatutos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Están aprovechando que están aquí para nombrarse a sí
mismos.
El señor XUCLÀ I COSTA: Quiero comunicar a la Comisión que ayer mi grupo
parlamentario presentó una enmienda de corrección de errores a la única
enmienda que habíamos presentado, por un error evidente de incorporar el
aranés. Aprovecho la intervención para comunicar la introducción de esta
corrección de errores.
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Intervendré con la máxima brevedad. Solamente
quiero decir que es un honor para este diputado poder participar en los
trabajos de la Comisión que va a analizar el Estatuto de Aragón. Esta
propuesta parte ya con el acuerdo mayoritario de cuatro fuerzas
políticas: el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y
Coalición Canaria, aunque sea en representación del Partido Aragonés,
manteniendo el resultado de las negociaciones y el acuerdo en el
Parlamento aragonés. El Partido Popular viene a la negociación con un
espíritu abierto al que nos gustaría incorporar a otras fuerzas
políticas, porque este es el Estatuto del consenso, sin embargo hemos
apreciado una injerencia de algunos grupos nacionalistas, especialmente
provenientes de Cataluña, en asuntos propios de plena competencia y
legitimidad y que no preocupan para nada a los aragoneses. El Gobierno
tripartito está haciendo una apuesta clara en cuanto a cuestiones de tipo
lingüístico en Cataluña, pero eso no tiene por qué entrar en otras zonas
para tratar de establecer criterios que en nuestro territorio, en el
territorio de Aragón, no suponen más que un brindis al sol.
Por último, para ser breve en mi primera intervención, quiero agradecer la
corrección que plantea el señor Xuclà sobre su enmienda. No entendíamos
la referencia al aranés en los aspectos del agua. Se ha hecho un esfuerzo
muy importante que ha dejado de manifiesto con absoluta claridad la
postura de las cuatro fuerzas políticas que han llegado a un acuerdo en
el planteamiento de las enmiendas, que no existe ningún blindaje del
Ebro. Esa referencia histórica a los 6.550 hectómetros cúbicos, tal como
nació, sigue estando condicionada a la planificación hidrológica. En este
caso no solamente nos preocupa la enmienda del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana de Catalunya, sino la justificación que le
dan, esa pretensión de empezar la casa por el tejado para establecer los
caudales ecológicos del delta del Ebro y a partir de ahí establecer los
aprovechamientos que se pueden hacer del resto de la cuenca. Esto
supondría chocar frontalmente con el espíritu de la directiva marco del
agua. La competencia sobre la planificación de los usos del agua sigue en
manos de la Administración General del Estado. Nos parece legítimo que
cada comunidad autónoma intente plantear todas las cuestiones pertinentes
respecto al aprovechamiento máximo de los recursos hídricos, pero siempre
bajo el paraguas de esa unidad de cuenca cuya gestión está en manos de la
Administración General del Estado.
Finalmente, quiero expresar mi deseo de colaborar para hacer un buen
trabajo para Aragón y para España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Quiero empezar por anunciarles que, como ya
hemos comunicado a la Mesa, nuestros ponentes serán doña Eva Sáenz, don
Jesús Membrado y yo mismo. En nombre de ellos dos especialmente quiero
hacer unas manifestaciones, no tanto para entrar en el debate de las
enmiendas, que obviamente no corresponde a este trámite, sino para
señalar cuál es el espíritu con el que el Grupo Socialista ha recibido
este Estatuto y cómo lo va a tramitar. En primer lugar, quiero señalar
que el Grupo Socialista ha recibido el Estatuto de Autonomía de Aragón
como la expresión de una comunidad pujante, una comunidad que ha
desarrollado su autogobierno a lo largo de estos veinticinco años en un
camino lleno de realizaciones, de fortalecimiento institucional, de
crecimiento económico, de aprovechamiento inteligente de su ubicación
geoestratégica, un camino que ha fortalecido el nombre, la historia y el
ser de esa comunidad en España en los últimos años de manera muy notable.
Veinticinco años después del inicio de ese autogobierno, la Comunidad de
Aragón, las Cortes de Aragón han decidido renovar su Estatuto, y lo han
hecho proponiéndonos uno nuevo. Conviene recordar que es un Estatuto de
nueva planta, que se construye sobre el basamento de la experiencia
autonómica vivida estos veinticinco años con arreglo a su viejo y actual
Estatuto y en el contexto de las reformas autonómicas que España está
experimentando en esta legislatura; unas reformas, en mi opinión,
cargadas de sentido y de futuro, unas reformas que ya han llevado a cabo
la Comunidad Valenciana, la Comunidad catalana, la Comunidad andaluza y
la Comunidad de Baleares, cuyo Estatuto está en este momento en el
Senado, y previsiblemente abordarán en los próximos meses Canarias,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, etcétera. Las Cortes de Aragón
-conviene decirlo aquí y me satisface hacerlo en nombre del Grupo
Socialista-han realizado un notabilísimo esfuerzo de consenso interior.
Esta es la condición más valiosa cuando se presenta en las Cortes
Generales un texto autonómico procedente de una comunidad autónoma. Han
hecho un enorme esfuerzo para que la práctica totalidad de los grupos
políticos de las Cortes, excepto la Chunta, hayan apoyado ese Estatuto.
Sobre ese gran consenso queremos conformar un proyecto estatutario
unánime, si pudiera ser. Desde luego ese va a ser nuestro espíritu,
entendiendo además que las Cortes de Aragón han realizado también un
notable esfuerzo -quiero destacarlo-de inserción de su Estatuto en
nuestra Constitución. El espíritu de los proponentes, de las Cortes de
Aragón, ha sido insertar claramente el Estatuto de Aragón, desde el punto
de vista de su literalidad y de su espíritu, en la Constitución española.
A ese esfuerzo no le es ajeno, porque no es incompatible, un proyecto de
profundización en el autogobierno, un reforzamiento de los signos
identitarios -muy notables-y de las peculiaridades geográficas y
estratégicas de Aragón, que son capitales en la configuración de su norma
institucional básica, y un reforzamiento de sus pretensiones económicas y
financieras.
Termino, señor presidente, anunciándoles que el PSOE apoyó este Estatuto
en las Cortes de Aragón y lo apoya también aquí. Hemos presentado algunas
enmiendas con objeto de ajustar e incluso de mejorar el Estatuto de
Aragón; así ha sido percibido, cuando se han conocido nuestras enmiendas,
por la mayor parte de las fuerzas políticas aragonesas y de la
ciudadanía. Trabajaremos con ese espíritu para aumentar más si cabe el
consenso originario y esperamos, por fijar un calendario aproximativo,
que a finales de este mismo mes de febrero, o quizás como muy tarde a
comienzos del próximo mes, si la ponencia trabaja con el espíritu que
acabo de anunciarles, se pueda presentar a esta Comisión un dictamen de
ponencia que nos permita la aprobación definitiva del nuevo Estatuto de
Aragón en el Congreso el próximo mes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Aunque hemos transmitido la designación
del ponente en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de
Aragón, que, como no puede ser de otra manera, es el señor Labordeta, de
Chunta Aragonesista, nos parecía poco cortés no anunciarlo en esta
Comisión. Por tanto, simplemente quiero señalar que será el señor
Labordeta el ponente en la tramitación de esta propuesta de reforma del
Estatuto de Aragón. Quiero justificar su ausencia por razones de la
enfermedad que sufre y del tratamiento médico que está siguiendo, como
todos ustedes conocen. Por cortesía hacia todos ustedes me parecía obvio
trasladarles su justificación y su petición de que comprendan su ausencia
en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como autores de la propuesta de Estatuto, no
quisiéramos quedarnos
únicamente en la propuesta de doña Isaura Navarro como miembro de la
ponencia, sino que quisiera destacar la importancia del Estatuto de
Aragón y el nivel de consenso alcanzado en la propuesta, aparte de
valorar las enmiendas a las que hemos llegado los grupos autores de la
iniciativa para que el funcionamiento de la ponencia y de la Comisión sea
ágil y consensuado. Termino diciendo que aspiramos a ampliar en el
Congreso de los Diputados el consenso que hemos obtenido en Aragón, y no
creemos que la mejor receta para ampliarlo sea abundar en el agravio
comparativo ni en la confrontación de las fuerzas políticas ya desde
ahora. Los estatutos deben ser objeto de consenso, no son contra ninguna
fuerza política nacionalista de ámbito español ni de ningún otro ámbito.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Le comunico que el ponente del Grupo Nacionalista
Vasco será el señor Aitor Esteban, que me ha encargado que le traslade su
nombre.
Brevemente aprovecho también porque no sabía al principio si simplemente
hacíamos...
El señor PRESIDENTE: No debieron oírme porque dije al principio que si
alguno quería hacer una declaración el presidente lo entendería, pero
nadie lo entendió y ahora todos lo han entendido.
El señor XUCLÀ I COSTA: He entendido que se ha abierto turno y brevemente
haré uso de él porque el principio de ser parlamentario es el respeto
absoluto a las propuestas de otros parlamentos autonómicos, y así se ha
desarrollado nuestra posición en las reformas estatutarias de esta
legislatura. Quiero invitar a todos los grupos, pero especialmente al
ponente y al portavoz del Grupo Popular, a hacer una aproximación a la
única enmienda que ha presentado este grupo desde un tono de cordialidad
para llegar a un acuerdo de consenso por ampliación. A partir de este
respeto absoluto, nosotros hemos puesto sobre la mesa con esta enmienda
la literalidad de una disposición votada por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios en la Ley de Patrimonio de Aragón, aprobada por las
Cortes de Aragón el año 1999 -unanimidad incluye a un partido tan
importante en España como es el Partido Popular-, en la línea de que el
artículo 7 de este Estatuto hace una referencia explícita, inequívoca y
muy clara a las lenguas en plural, y con nuestra aportación quizás este
artículo quede mejor informado, según lo que dicen las Cortes de Aragón.
Afortunadamente, en esto no hay conflicto en Aragón. Insisto: desearemos
que esta pequeña y modesta contribución sea de consenso por ampliación y
esperemos que sea posible; es más, pensamos que será posible. En todo
caso, el ánimo de este grupo parlamentario no es el de la confrontación
entre territorios ni el de la irritación entre partidos sino el de
expresar coherencia entre aquello votado el año 1999 y aquello que se
puede incorporar en la tramitación de 2007.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, pues, después de las manifestaciones de
todos, que la ponencia para el dictamen de la propuesta de reforma del
Estatuto de Aragón está formada por el señor Membrado, la señora Sainz,
el señor Jáuregui, el señor Pintado, la señora Sáenz de Santamaría, el
señor Esteban, el señor Mardones, la señora Navarro, el señor Xuclà, el
señor Tardá y el señor Labordeta. Queda ratificada la ponencia por la
Comisión, así que se constituirá, hará su trabajo y convocaremos la
Comisión. Hay una aproximación para que, en el caso de que la ponencia
terminara pronto su trabajo, pudiéramos volver a reunir la Comisión en
dos semanas para aprobar el Estatuto. (El señor Jáuregui Atondo pide la
palabra.)
El señor JÁUREGUI ATONDO: No sé si ya nos habíamos puesto de acuerdo, pero
quizás convenga formalizarlo hoy. La intención que teníamos era que la
ponencia se reuniera el miércoles que viene, día 21, a esta misma hora, a
las nueve y media.
El señor PRESIDENTE: Esa es una decisión que toman los propios ponentes.
Si han acordado que sea así, no hay ningún inconveniente, como es
natural.
-PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE
19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (Número
de expediente 122/000088.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Se trata de la
designación de la ponencia para el estudio de la proposición de ley
orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral
General. Solo ha llegado a la mesa la propuesta del Grupo Parlamentario
Vasco y del Grupo Socialista. Rogaría ahora al señor Mardones que nos
diera el nombre del ponente.
El señor MARDONES SEVILLA: Un servidor, señor presidente. Luis Mardones
irá como ponente de esa proposición de ley orgánica de modificación de la
del Régimen Electoral General.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como autores de la iniciativa, habríamos
deseado que estas modificaciones que tienen que ver con la ley electoral
se hubieran producido de manera global. Como saben, propusimos la
creación de una subcomisión para la reforma global de nuestro sistema
electoral, toda vez que consideramos
que esta materia es muy importante, pero hay otras tan importantes como
esta y tienen que ver, por ejemplo, con la garantía de la
proporcionalidad y de la representatividad de nuestro sistema electoral.
No ha sido así. Vimos con estupor cómo las fuerzas políticas
parlamentarias rechazaron la creación de la subcomisión en torno a la
reforma electoral, pero no queremos que lo mejor niegue lo bueno y en
este caso pensamos que al menos debe reformarse para garantizar la
privacidad del voto de las personas invidentes. En ese sentido, es
positivo que se cree esta ponencia y que se trabaje en esta reforma
parcial de nuestro sistema electoral, y propondremos a nuestra compañera
Carme García como representante de nuestro grupo parlamentario en esa
ponencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En nombre del Grupo Mixto la diputada que
le habla, la señora Lasagabaster, será ponente de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Don Aitor Esteban ya dio su nombre como ponente.
Señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: En nombre del Grupo de Esquerra yo mismo.
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: También un servidor de esta Comisión será
ponente.
Haré unas muy breves referencias, primero, porque, como muy bien decía el
señor Llamazares, esta proposición de ley es fruto de una iniciativa de
su grupo parlamentario. En los antecedentes de esta misma legislatura
quiero recordar que este tema fue traído a esta Comisión Constitucional
por una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió y va en línea con lo planteado en la proposición de
ley de Izquierda Unida, con la que es absolutamente coincidente. Deseo
que los trabajos sean tan rápidos como sea posible, tanto como para
tramitar la reforma de un Estatuto en pocas semanas. Estamos hablando de
una reforma puntual que un colectivo importante de ciudadanos invidentes
cree que es necesario para perfeccionar su derecho democrático al voto
con absoluto secreto. Hemos pasado muchas semanas, muchos meses, más de
un año hasta afrontar esta reforma. Este colectivo, que la impulsó en su
momento, ha visto cómo ha pasado el referéndum del Tratado constitucional
europeo, el referéndum de Cataluña y otras elecciones sin poder llevarla
a cabo. Este colectivo desea que esto sea posible para las próximas
elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, lo que quizás no sea
factible, pero sí para las generales.
Finalmente, aunque no sea práctica habitual, señor presidente, de los 44
millones de españoles que convivimos pacífica y cordialmente discutiendo
en esta Cámara de 350 diputados, hoy quiero citar a una persona, José
Ángel Carrey, catalán y ciego, que ha venido impulsando esta reforma con
gran perseverancia, con actitud constructiva y sin perder la paciencia;
si hoy estamos afrontando una cuestión de justicia es por un colectivo
muy amplio, pero especialmente por el empeño de esta persona.
El señor PRESIDENTE: Señor Vera.
El señor VERA PRO: Los ponentes del Grupo Parlamentario Popular seremos
los señores Bermúdez de Castro y yo mismo. Como siempre los trabajos de
nuestro grupo parlamentario irán dirigidos a alcanzar el mayor de los
acuerdos en un tema en el que somos realmente sensibles, como hemos
manifestado en anteriores ocasiones. Las reformas que afectan a la ley
orgánica del régimen electoral, que es una ley medular de nuestro sistema
democrático, requieren el mayor de los consensos entre todos los grupos,
por ello nuestra sensibilidad irá dirigida a buscar los puntos de
encuentro para la resolución de este problema.
En cuanto a lo que ha dicho el señor Llamazares, mi grupo parlamentario
era partidario de la creación de la subcomisión para que estudiara todas
las reformas de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se
planteaban, pero éramos contrarios a que se sustrajeran de los trabajos
de dicha subcomisión algunas otras cuestiones como la Ley de Paridad, que
se llevó al proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres. Esa es
la posición del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Yo quería hacer solamente tres precisiones.
Primero, como ya se ha puesto de manifiesto por varios de los
intervinientes, debemos una explicación a la opinión pública, porque ha
habido varias proposiciones de ley -por una parte de Izquierda Unida y
creo que también de Esquerra o de Convergència, y varias proposiciones no
de ley-mandatándonos para que resolviéramos el problema del voto de los
ciegos. Esto se ha ido aplazando, porque quedaba siempre latente la idea
de abordar esta y otras reformas en una especie de subcomisión
parlamentaria que pudiera generar el consenso necesario para todas ellas.
No ha habido posibilidad de concretar esta subcomisión, en gran parte por
la discrepancia política, perfectamente legítima, sobre otros aspectos de
las posibles reformas, y esa es la razón por la que esta proposición de
ley ha quedado ahí aparcada.
Hemos decidido, a petición del Grupo de Izquierda Unida, como bien se ha
dicho en esta Comisión de hoy, reanudar los trabajos para este tema. Me
parece bien,
nosotros ya hemos dado los nombres de nuestros ponentes, y así lo haremos.
Pero quizá convendría que también acordáramos, si no formalmente sí
grosso modo entre todos nosotros, el plazo que nos vamos a dar todos los
grupos para la fijación de las enmiendas, porque, como ustedes saben,
queridos compañeros de Comisión, el plazo se está prorrogando
semanalmente. Sería conveniente que nos pusiéramos de acuerdo para
decidir con qué fecha ponemos límite al plazo de enmiendas, porque ese
será el punto de inicio de la ponencia. Hoy estamos formalmente
anunciando que la vamos a constituir, pero no se constituirá hasta que no
decidamos todos los grupos que el plazo de enmiendas acaba el día tal,
pongamos el 20 de febrero o el 27, pero en todo caso en esta próxima
semana o en la siguiente. Nosotros aceptamos lo que acordemos.
Por cortesía y porque me parece que es lo leal en este caso, quiero
anunciar que nosotros tenemos la intención de aprovechar esta pequeña
reforma para incorporar otra idea que todos los grupos hemos acordado
unánimemente en Pleno, a través de una proposición no de ley, y que hace
referencia al problema de los llamados ausentes temporales. Ustedes
recordarán que yo mismo defendí en un Pleno una proposición no de ley,
que aprobamos luego todos por unanimidad, mandatando al Gobierno a que
resolviera la votación de los Erasmus, porque ya son casi 5.000 los
chicos españoles que están en muchos países europeos que, cuando llegan
las elecciones, no pueden votar, porque tienen que venir aquí y no pueden
pagarse el viaje. No voy a reproducir la argumentación, pero recuerdo que
todos decidimos que este tema también se abordara, y quiero anunciarles
que nuestro grupo desea enmendar en esa dirección un mandato al Gobierno
para la resolución de ese problema, y lo hago porque tengo la información
del Gobierno -y esto me corresponde únicamente porque pertenezco al grupo
que lo sustenta-de que en los trabajos que ha venido realizando con la
Junta Electoral Central para responder a este mandato parlamentario del
que les hablo, la Junta ha ordenado al Gobierno que la regulación que
prevea para que los estudiantes Erasmus puedan votar tiene que obedecer a
un mandato legislativo. Por esto nuestro grupo les anuncia que
incorporará también a las pequeñas reformas que incorporaremos a la ley,
para resolver el problema del voto de los ciegos, una enmienda en la
dirección de que el Gobierno pueda, vía decreto, resolver la votación de
los llamados ausentes temporales.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, por tanto, que la ponencia queda ratificada
por la Comisión en los señores Esteban, Torres Vela, Pedret, Tomás
García, Mardones, señoras Lasagabaster y García, y señores Tardà, Xuclà,
Bermúdez de Castro y Vera, sobre el entendido de que no podrá
constituirse hasta que no termine el plazo de enmiendas. Si acuerdan
ustedes que finalice antes el plazo de enmiendas, antes podrá
constituirse la ponencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA NEUTRALIDAD RELIGIOSA DE LAS
INSTITUCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente
161/000575.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a otros asuntos del orden del día. Como
saben, hay tres proposiciones no de ley previstas en el orden del día.
Vamos a tratar en primer lugar la proposición no de ley sobre medidas
para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios
públicos del Estado. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana. Por tanto, tiene la palabra, le ruego que lo más
brevemente posible, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: La presente proposición no de ley pretende asegurar
la neutralidad religiosa del Estado y de todos los poderes públicos. Por
un lado, pretendemos que la legislación no haga distinciones por motivos
religiosos que supongan privilegios o discriminaciones, y por otro lado
que los poderes públicos no hagan apología ni actividades de ninguna
creencia. De hecho, en la legislación española existen una serie de
privilegios hoy por hoy por motivos religiosos que ponen en cuestión la
neutralidad religiosa que deben tener todos los poderes públicos. Esta
afirmación no solo la hacemos nosotros, sino que también está suscrita
por el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, don Diego López
Garrido, cuando afirmaba en la anterior legislatura -y cito
textualmente-: siguen existiendo enclaves que no se corresponden con el
proceso de laicidad que hay en el fondo de nuestra Constitución. Estos
enclaves todavía permanecen. Por ello se deben tomar las medidas
oportunas para intentar corregir la legislación, así como establecer las
garantías adecuadas para que en un futuro no se puedan repetir
discriminaciones de este tipo, porque si bien parece inverosímil que en
el siglo XXI se puedan establecer este tipo de discriminaciones en un
Estado que se declara aconfesional en su carta magna, lo cierto es que en
este siglo XXI se han producido.
En esta línea permitan que enumere tres casos que se produjeron en la
anterior legislatura por parte del Gobierno del Partido Popular: uno, la
Ley de Fundaciones, donde quedan exentas de fiscalización y control todas
aquellas fundaciones de la Iglesia católica; dos, la reforma del sistema
financiero, en que se crean condiciones de peculiaridad para las cajas de
ahorro de la Iglesia católica, y tres, la Ley de Calidad de la Educación,
que pretendía que la religión fuera asignatura troncal. Creemos que las
desigualdades que todavía siguen vigentes deben ser estudiadas y
corregidas, pero más allá de ello la presente proposición no de ley
pretende que los poderes públicos no realicen actos de
ningún signo religioso, como por ejemplo las misas que se celebran en
determinadas ceremonias oficiales.
Nuestra iniciativa no pretende en ningún caso, absolutamente en ningún
caso, atacar a ninguna religión; al contrario, pretende igualar los
derechos de todas las personas y organizaciones, sean creyentes
católicas, musulmanas, judías, evangelistas, budistas o de cualquier otra
creencia o no creencia. Pretendemos un Estado verdaderamente laico, y eso
significa la igualdad de la ciudadanía, al margen de las creencias o no
que cada cual profese. Un Estado laico tampoco significa que el Estado no
pueda cooperar con las distintas confesiones; al contrario, este es un
derecho constitucional que no cuestionamos; lo que pretendemos es que
esta fórmula de cooperación se establezca con las confesiones para que se
desarrolle en sus ámbitos de actividad, pero que en ningún caso sean los
poderes públicos quienes la desarrollen.
Voy terminando, señor presidente. La presente proposición no de ley, como
está indicado en el punto número dos, implica necesariamente una revisión
de los acuerdos con diversas confesiones religiosas, que tienen su origen
en el acuerdo con la Santa Sede suscrito por la dictadura autoproclamada
como nacional-católica y que, revisado en los primeros años de la
transición, no fue modificado en esencia, manteniéndose hasta nuestros
días. En este punto la sociedad ha cambiado sustancialmente sus creencias
religiosas, y ha llegado el momento de adecuar la legislación a la
realidad y al necesario respeto e igualdad de todas las creencias y no
creencias. Esta postulación es compartida por el Partido Socialista
Obrero Español, que en su manifiesto llamado Constitución, laicidad y
educación para la ciudadanía, hecho público hace dos meses, afirma -y
cito textualmente-: la laicidad se configura como un marco idóneo y una
garantía de la libertad de conciencia, donde tienen cabida todas las
personas, con independencia de sus ideas, creencias o convicciones y de
su condición personal o social, siendo requisito para la libertad y la
igualdad. Este discurso está en línea con el desarrollado por el mismo
Partido Socialista en la anterior legislatura, cuando defendían una
enmienda a una proposición no de ley del Grupo Mixto, defendida por
nuestro diputado Joan Puigcercós, enmienda que fue firmada por la actual
vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, para la creación de
una comisión para estudiar las medidas que garantizaran la neutralidad
religiosa del Estado y las instituciones públicas, la revisión de los
acuerdos suscritos por el Estado con las confesiones, y la supresión de
cualquier tipo de discriminación o privilegio por motivos religiosos o
confesionales. Esto es lo que decía la vicepresidenta, y hoy esta
proposición no de ley no ha merecido ni la presentación de una enmienda
por parte del mismo Grupo Socialista, lo cual nos parece lamentable. Es
por ello que esperamos la aprobación de la presente proposición no de ley
-no va a ser posible, en función de lo dicho por el Partido Socialista-y
confiamos, en línea con lo expuesto y según las postulaciones del Partido
Socialista, tener en breve, quizá, una verdadera ley de libertad
religiosa que finalice con discriminaciones y privilegios y establezca la
igualdad legal de todas las creencias y no creencias, así como la total
neutralidad religiosa del Estado. Ahora bien, si el Partido Socialista no
la aprobara -ya sabemos que no la van a aprobar-no nos está traicionando
a nosotros; está traicionando el manifiesto por la laicidad que
presentaron hace tan solo dos meses, tal como he dicho, y a las
propuestas que, avaladas por la actual vicepresidenta del Gobierno y el
portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, proponían antes de estar en
el Gobierno, y que hoy se demostrarían absolutamente falsas e incluso
llegaría a decir que vergonzantes.
Necesitamos esta ley y esperamos su aprobación en la presente legislatura.
Por ello, si el Gobierno no la lleva adelante, les anunciamos que
Esquerra Republicana llevará a debate la proposición de ley sobre
libertad religiosa que ya presentamos y que no podemos debatir, puesto
que el Partido Popular nos la tiene bloqueada en la Junta de Portavoces.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea intervenir? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo votará en contra de esta iniciativa
del Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, en primer lugar, por
respeto a los usos y costumbres de la ciudadanía española, tradicional e
histórica. En segundo lugar, por no complicarle más la existencia a los
ciudadanos de este Estado, ya que bastante es el catálogo de problemas
que tenemos como para meternos en otro más. Mi grupo no entra en más
consideraciones ideológicas, respeta los usos y costumbres que a las
procesiones vayan los alcaldes que quieran ir, sean de la religión que
sean, todos en paz y cada uno en su concordia, ya que la democracia
también es eso.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Como la iniciativa nuestra que viene a
continuación tiene mucho que ver con esta, solo quiero decir que vamos a
votar favorablemente la propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Cataluña. Estamos convencidos de que es una iniciativa que
tiene más que ver con la Constitución, que reconoce la aconfesionalidad
del Estado, que con la situación actual que vivimos en nuestro país,
herencia del régimen anterior, en la que no solamente hay una relación
privilegiada con la Iglesia católica, sino que además se pretende por
parte de la jerarquía eclesiástica imponer una moral pública frente a la
virtud cívica, que es la única moral pública de una democracia, y por
tanto, nosotros consideramos que el avance que se pueda producir en
materia de aconfesionalidad del Estado es un avance en el pluralismo
moral.
En ese sentido respaldaremos la iniciativa de Esquerra Republicana de
Cataluña.
El señor PRESIDENTE: El Señor Fernández tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: La verdad es que no es nuevo el intento de
Esquerra Republicana de Cataluña, también de Izquierda Unida, y
efectivamente del Partido Socialista, aunque de una manera más solapada,
de ir por la vía de una política de hechos consumados transformando, en
mi opinión, en una auténtica mutación constitucional, el Estado
aconfesional cooperativo definido en nuestra Constitución en un Estado
laico. Entiéndase Estado laico, laicista, porque aquí jugamos con las
diversas acepciones que la palabra laico tiene: laico como contrapuesto a
religioso o persona consagrada y eso lo somos todos los que estamos aquí,
pero ya sabemos que en el debate público, en el debate político un Estado
laico es un Estado laicista, es decir, el que niega toda relevancia
pública al hecho religioso. De hecho, como todos sabemos, en la historia
de las relaciones, en el derecho y en la praxis comparada de las
relaciones Iglesia-Estado, si se quiere como unidad religiosa o
eclesiástica, como comunidad civil o comunidad política, existen
básicamente tres modelos que dan lugar, a su vez, a tres diversos
Estados: el Estado confesional, el Estado aconfesional que no
anticonfesional, y el Estado laico o laicista, y además los tres son
compatibles con la democracia, porque en la Unión Europea tenemos esos
tres modelos en Estados que pertenecen a la Unión Europea, y que por la
propia naturaleza de la Unión Europea han de ser Estados democráticos.
Grecia es un estado confesional, y la Iglesia ortodoxa es la iglesia
oficial. No digamos en el Reino Unido, donde la reina de Inglaterra es la
cabeza de la Iglesia anglicana. Y las monarquías nórdicas, que son
democracias, son Estados confesionales y las iglesias luteranas
calvinistas son las iglesias oficiales de esos Estados. Por tanto, no
intentemos descubrir nuevos mediterráneos, que el que existe lo tenemos
muy cerquita. Desde el punto de vista del Estado laico, laicista, la
República Francesa sería un poco el paradigma, que todos sabemos que a
ustedes les gusta mucho ese modelo de relación, y me parece legítimo,
pero no es el definido en nuestra Constitución. Discutir eso es atentar a
la inteligencia de todos los que estamos aquí. También a la del señor
Llamazares, que me dice que no con la cabeza. Váyase a los diarios de
sesiones de las constituyentes, amigo Llamazares, y verá cómo las
posiciones que defendía, por ejemplo el señor Peces-Barba, con otros
ponentes constitucionales, en este sentido eran muy claras, y que al
final, como fruto de ese consenso, de la Constitución del consenso que
fue la de 1978 -y no fueron constituciones del consenso otras anteriores,
ya que la Constitución de la República fue claramente una constitución
absolutamente laica, laicista-, en el hecho religioso, que había dado
lugar a tantas controversias y divisiones en el pasado en nuestro país,
ese consenso se manifestó de una manera muy ejemplar, en mi opinión, con
la definición del artículo 16, complementado con el artículo 27 -y no
quiero hacer un turno de alusiones con el presidente, porque sabe mucha
historia de aquellos debates y aquellos consensos-, que define al Estado
español como un Estado aconfesional, y a continuación introduce la noción
de cooperación, donde dice que, no obstante, teniendo en cuenta el
Estado, los poderes públicos las confesiones y creencias religiosas
históricas tradicionales de la mayoría de la sociedad española, adoptará
los acuerdos adecuados y convenientes de cooperación con la Iglesia
católica, a la que cita expresamente, y aquellas otras confesiones
religiosas que en función de las convicciones de los españoles sea
preciso hacer.
Para atender eso tenemos, entre otras cosas, instrumentos como el Centro
de Investigaciones Sociológicas que mes a mes, además de otros muchos
centros, va analizando cuáles son las convicciones y creencias religiosas
de los españoles, de acuerdo con la autodefinición que a sí mismos se dan
los españoles en cuanto a esa cuestión. Yo tengo aquí el último barómetro
del CIS, y saben ustedes que lo hace mes a mes. Por tanto, tenemos una
serie histórica estadística muy larga, en la que hay una pregunta
recurrente: ¿Cómo se define usted en materia religiosa? Católico,
creyente de otra religión, no creyente o ateo. Pues, mire usted, las
cosas son como son, comprendo que a lo mejor no les guste, pero en torno
al 80 por ciento de los españoles mayores de 18 años, mes tras mes, punto
arriba, punto abajo, como saben todos ustedes, se definen a sí mismos
católicos; creyentes de otras religiones: un 1,5 por ciento, lo que puede
confirmar el tópico de que en España los españoles o son católicos o no
creen en nada; el 30 por ciento restante se define no creyentes o ateos.
Esta es la realidad. Y si aplicáramos el principio democrático, que no
veo por qué en este ámbito debería de quedar excluido, si los ciudadanos
españoles en este ámbito se definen a sí mismos, mes tras mes, año tras
año, en un 80 por ciento como creyentes de una determinada religión, de
una determinada fe, parece que eso tiene alguna relevancia pública y que
los poderes públicos de ese Estado han de tener en cuenta esa realidad,
aunque solo fuera por un mínimo respeto al principio democrático de los
deseos manifestados reiteradamente por una abrumadora mayoría social de
los ciudadanos españoles. ¿Qué hay pocos budistas? ¡Qué le vamos a hacer!
¡Bendito sea Dios! El día que haya un 80 por ciento de budistas, me
imagino que en la Constitución aparecerá de manera explícita esa
referencia, y habrá acuerdos; incluso sería obligatorio y de sentido
común hacerlos.
Me parece muy bien lo que decía el señor Mardones. No me imagino la Semana
Santa, en la circunscripción por la que es diputado desde hace muchos
años la señoría que nos preside, sin las cofradías, sin las hermandades.
No sé el laicismo cómo se compadece con esa explosión del hecho
religioso, cultural, tradicional, con esas manifestaciones de piedad
popular. Intentar construir artificialmente
una sociedad, en una auténtica maniobra de ingeniería social, al margen de
las convicciones, de las creencias, de las tradiciones, en la historia ha
dado muy mal resultado. Igual que la ingeniería genética es una cosa poco
recomendable, y un servidor es ingeniero industrial, la ingeniería social
también en su dimensión religiosa es poco recomendable. Intentar
construir una sociedad a su antojo, a gusto de una exigua minoría,
privándoles de su libertad, de una libertad fundamental, como es la
libertad religiosa, que es expresión muy importante de la libertad de
conciencia que, a su vez, ontológicamente pertenece a la categoría de la
naturaleza humana, es muy peligroso.
Yo les recomendaría que no siguieran por ese terreno. Porque escuchar a mi
amigo Tardà -perdón, su señoría Tardà-... (El señor Tardà i Coma: Amigo,
amigo.) Por supuesto, pero el protocolo nos exige dejar formalmente la
amistad a un lado y hacer referencia a su condición de diputado, aunque
son compatibles. Es diputado, es de Esquerra Republica y es amigo mío.
Decía que escucharle hablar de privilegios económicos y fiscales, cuando
el Gobierno acaba de firmar con la Iglesia católica, con la Conferencia
Episcopal española, una renovación de los acuerdos en materia de tipo
económico, complementando y reformando los acuerdos del Estado Español y
la Santa Sede del año 1979, es un tanto sorprendente. No teoricemos en
este momento, no hay tiempo para teorizar acerca de lo que es privilegio
y de lo que es discriminación positiva. Simplemente digo que el artículo
16 de la Constitución española fue un gran logro, fue un punto de
encuentro histórico, y el artículo 27 lo complementó. Los acuerdos Estado
español-Santa Sede tienen rango de tratado internacional. Fueron
refrendados por las Cortes Generales. Por tanto, lo que se derive de esa
aconfesionalidad cooperativa ni son privilegios ni son discriminaciones
positivas. Otra cosa son fundamentalismos laicistas que intentan imponer
su verdad a costa de la libertad. Y eso, créanme, es muy peligroso y en
la historia ha dado muy mal resultado.
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Querría empezar por señalar que nuestro grupo
está de acuerdo con mucho de lo que han dicho los señores Tardá y
Llamazares, desde el punto de vista de su posición teórica en torno a la
aconfesionalidad. Pero justamente por ello, no vemos la necesidad de esta
proposición no de ley. Nosotros suscribimos a pies juntillas los
principios de la laicidad, cómo no, y de la aconfesionalidad del Estado,
cómo no, pero no vemos la necesidad de que tengamos que modificar el
comportamiento del Gobierno en esta materia, ni siquiera tampoco nuestra
legislación, que nos parecen perfectamente respetuosos con esos
principios. La aconfesionalidad del Estado no es un mero enunciado
declarativo, sino que es la consecuencia de una serie de principios y de
derechos fundamentales que se proclaman en nuestra Constitución y que son
la base de nuestra convivencia. Desde luego, la igualdad y la no
discriminación por razón de la religión, la libertad de conciencia y
también la libertad religiosa y de culto son la esencia del principio
constitucional. La neutralidad religiosa la garantiza el Estado y la
garantiza este Gobierno, respetando escrupulosamente el artículo 16 de la
Constitución española. Nosotros tenemos un principio de neutralidad que
tiene que ver con esa delicada ecuación entre religiones en España, que
hacen referencia a lo que algunos llaman un trato privilegiado a la
Iglesia católica. Es verdad que nuestra Constitución la menciona
expresamente. Probablemente lo hace, como bien han explicado ya otros
compañeros de comisión, en la perspectiva de reconocer un hecho
sociológico de nuestra comunidad. Pues bien, el Gobierno, desde el año
1992, pretende ir equiparando la neutralidad del Estado respecto de las
religiones, ratificando como lo viene haciendo el tratado con el
Vaticano, con un Estado que, por otra parte, no olvidemos es también un
Estado del concierto internacional, y con las confesiones musulmana,
protestante y judía, por cierto, desde el año 1992 a través de acuerdos
que les reconocen también a esas religiones su plena constitucionalidad.
El Gobierno no promociona ninguna religión, como al parecer señala en la
exposición de motivos el proponente, señor Tardá. Nosotros no creemos que
en la equiparación de las religiones exista una promoción. En nuestra
opinión, confunde lo que es ese empeño por la neutralidad que está
haciendo el Gobierno a través de esos acuerdos y del desarrollo de las
confesiones minoritarias, con el fin de garantizar la neutralidad del
Estado. No creemos que en el sistema legal en estos momentos se den
discriminaciones positivas por motivos religiosos, y desde luego el
Gobierno se aleja de cualquier reconocimiento de promoción, por parte de
las instituciones y de los servicios públicos, de cualquier confesión o
acción religiosa por cualquier medio. Es por esto por lo que no vemos la
necesidad de aprobar esta proposición no de ley.
Les señalare, sin embargo, algunos comentarios teóricos o de posición
política, puesto que el señor Tardà se ha referido a nuestro grupo de
manera reiterada, a propósito de lo que pudieran ser contradicciones
entre lo que él aprecia de nuestras posiciones en otros momentos y el
actual o de algunos manifiestos de algún grupo interno del Partido
Socialista. El Grupo Socialista se mantiene en la siguiente posición en
torno a esta materia. Nosotros partimos de considerar que el movimiento
laicista, con el que nos sentimos plenamente identificados, entraña los
principios y los valores más restauradores del humanismo y de la
democracia. Esta filosofía, este movimiento social que se basa en la
autonomía moral, en la autonomía racional del individuo, propugna la
libertad de conciencia, la libertad ideológica, la libertad religiosa
frente a la imposición política o eclesiástica. La laicidad surge del
renacimiento, y si ustedes quieren todavía más directamente de la
Ilustración. Es
el gran compañero de avance de todos los movimientos democráticos. La
laicidad reclama la separación entre Estado y confesión religiosa. Todos
los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y nadie puede ser
discriminado por motivos religiosos. Ninguna confesión debe gozar de
trato de favor en sus relaciones con el poder. Es este un movimiento que
originariamente no es antirreligioso, es un movimiento anticlerical y
fundamentalmente antieclesiástico. Es más, la historia del movimiento
laicista entraña las grandes conquistas de la humanidad. Por ejemplo, la
laicidad está en la raíz de la proclamación de los derechos del hombre y
del ciudadano del año 89, del siglo XVIII, de la Revolución francesa . La
laicidad nos trae la libertad de cultos, nos trae el matrimonio civil,
nos trae el divorcio civil, nos trae la nacionalización de la universidad
pública, nos trae la escuela pública, nos trae la secularización de los
cementerios, nos trae la supresión de la censura eclesiástica. Eso es
laicidad, señorías. Con todos estos logros hemos estado los socialistas,
y estamos. Frente a él hay una pugna y una dialéctica, como en todos los
movimientos históricos. Les recuerdo que la Iglesia no ha sido un
compañero de viaje de ese proceso, porque sentía disminuir su poder.
Todavía en 1929, Pío XI reivindicaba la preeminencia de la Iglesia frente
al Estado en la enseñanza o en la tutela ideológica de la Iglesia sobre
la escuela pública. Estos problemas entrañan nuestra historia, vamos a
llamarle democrática.
Todavía hoy en España se perciben vestigios antilaicistas, lo que yo a
veces suelo llamar algo como el neotradicionalismo católico, que pretende
ser un factor de identidad, inclusive de movilización electoral del
movimiento conservador. De su mano, una parte de la Iglesia, por cierto
en muchos casos afincada en la Conferencia Episcopal, tiene la
oportunidad de reganar significación política y de que ésta tenga una
proyección cultural, más allá de los propios fines que tiene la Iglesia.
Es muy frecuente todavía esa resistencia eclesiástica a la laicidad
plena. Pero también creo que una concepción racional de la laicidad debe
de evitar lo que llamaríamos una tendencia a lo que, en posiciones más
extremas, se llama un laicismo excluyente. Es objetivo y es honrado que
en esta posición que estamos describiendo tratemos de reivindicar la
laicidad, excluyendo un laicismo que es excluyente en sí mismo, porque
persigue la eliminación de la actividad educativa o social o misionera de
la Iglesia, o de su influencia en la vida pública, o inclusive la
negación del hecho religioso.
Señorías, el hecho religioso existe, es un hecho público. Está en nuestro
calendario, en la forma de contar el tiempo, está en los museos, está en
las iglesias o en las mezquitas que vemos a nuestro alrededor. Es un
hecho público. Régis Debray, el propio Jospin y otros grandes filósofos
de la modernidad democrática europea reivindican la publicidad de ese
hecho, y no conviene que la laicidad lo excluya, porque perdería uno de
sus signos característicos que es la tolerancia del hecho religioso. Por
eso creo que la posición política en la que nuestro grupo se sostiene en
esta materia es la de evitar ese laicismo excluyente, en cuanto que
concibe que la laicidad no debe de ser la cerrazón al hecho religioso,
sino que tiene que defender la tradición de tolerancia, de diálogo, de
libertad, que también incluye a la religión como un factor de
deliberación ética de la sociedad, pero desde la máxima confesionalidad y
desde la máxima neutralidad.
En nuestra opinión, señorías -termino-, el Gobierno español y el Estado
actual, con sus leyes, con sus elementos, puede no ser un Estado
perfecto; somos países que venimos de realidades sociológicas, de
tradiciones, de afincaciones culturales, como todos sabemos, y hay muchas
expresiones todavía -es verdad-de lo que usted mismo ha mencionado, señor
Tardà, como las fiestas populares o las manifestaciones religiosas de
determinadas fechas de nuestro calendario, etcétera, en las que la
siempre difusa frontera entre poder político y religión no se cumple
rigurosamente, es verdad. Pero esto no puede llevarnos a aprobar una
proposición no de ley que pretende modificar nuestra legislación o que
pretende hacer un reconocimiento autocrítico de que el Gobierno o
nuestras normas constitucionales no sean neutrales. El Grupo Socialista
no está dispuesto a eso, y es por lo que, reiterando que en España hay
aconfesionalidad, que en España hay una concepción laica de la política y
de las instituciones de este Gobierno, que, por cierto, sufre los
combates más brutales de ese neotradicionalismo católico, que todos los
días machaca al Gobierno justamente por su neutralidad, no puede ser
atacado ahora, nadie lo entendería, desde otras posiciones por hacer
justamente lo contrario de aquello por lo que es criticado. No parece
lógico que eso pueda entenderse. En España hay aconfesionalidad y una
concepción laica de la política y de las instituciones, no hay ninguna
promoción de las religiones, hay una defensa del artículo 16 de la
Constitución española, y por eso no podemos votar una proposición no de
ley que pone en cuestión estos principios y esta actuación fundamental de
nuestro Gobierno.
-SOBRE LA REFORMA DE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/000914.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley,
pasamos a la siguiente, sobre la reforma de los acuerdos con la Santa
Sede, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.
Tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Mi grupo parlamentario propone la revisión de
los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede a la luz de la Constitución
española, en la convicción de que no solamente son preconstitucionales
sino que son inconstitucionales con respecto a una Constitución que
declara la aconfesionalidad, y nosotros nos sumamos a los que interpretan
que una Constitución aconfesional es una Constitución laica, y hay toda
una tradición de derecho constitucional en esa materia.
Señorías, me ha sorprendido el argumento que con respecto a la religión ha
elaborado -por decirlo de alguna de manera-el Grupo Parlamentario
Popular, en el que la tradición, por una parte, y la mayoría, por otra,
determinan la aconfesionalidad de un Estado o, diríamos, la
aconfesionalidad cooperativa. Las constituciones democráticas establecen
no solamente mecanismos de decisión de carácter democrático, sino también
unas libertades inalienables que no están sujetas a votación democrática
-son los equilibrios de las constituciones democráticas-; y no está
sujeto a votación democrática el pluralismo, porque si no la Constitución
negaría la propia esencia de la democracia. En ese sentido, no se trata
tanto de una Constitución de las mayorías como de defensa de los derechos
de las minorías. No comprendo, por tanto, el argumento del Grupo
Parlamentario Popular; sería tanto como si en una comunidad de vecinos
votasen por mayoría que no hay ascensores para los discapacitados, porque
el discapacitado es uno y la mayoría de la comunidad de vecinos es
absoluta. Me parece realmente un despropósito desde el punto de vista
democrático.
Nuestra propuesta pretende continuar avanzando en nuestro país para que
sea más representativa la aconfesionalidad del Estado, y creemos que no
se ha avanzado lo suficiente, estamos convencidos de ello.
El antiguo régimen franquista, en primer lugar, tenía una relación
privilegiada con la religión católica, en términos de moral; la moral era
la moral católica, asimilaba la moral del Estado a la moral católica. En
segundo lugar, el régimen franquista establecía una relación de
privilegio, desde el punto de vista económico e institucional, con la
Iglesia católica. En tercer lugar, para dar continuidad a esa relación de
privilegio, establecía mecanismos de adoctrinamiento, fundamentalmente en
el ámbito de las escuelas. Pues bien, de eso todavía le quedan
importantes rémoras a la sociedad española, por mucho que el Grupo
Parlamentario Socialista diga lo contrario; queda mucho de relación
privilegiada con la Iglesia católica, queda mucho de adoctrinamiento en
la escuela pública y en la escuela concertada, y queda también mucho de
intento de monopolio de la moral por parte de la jerarquía eclesiástica.
Recientemente, el señor Rouco Varela negaba la posibilidad de una moral
civil, y decía que en estos momentos la asignatura de educación para la
ciudadanía, que se pretende impartir en la escuela por parte del nuevo
Gobierno, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Educación, era un intento de imponer una moral laica, a lo que el señor
Rouco Varela no reconocía ningún espacio; por lo visto, el espacio de la
democracia es la política y no existe ninguna posibilidad de
participación en el debate deliberativo de la moral. Pues bien, nosotros
no consideramos que eso sea así, creemos que una sociedad democrática es
deliberativa, no solamente en la política, en lo social, sino también en
lo moral. Por tanto, creemos que esa es la posición que se debería
mantener.
Estamos convencidos de que una parte de la jerarquía eclesiástica
española, ante el proceso de secularización, más que sumarse a esta
democracia deliberativa, donde delibera con otras religiones y delibera
también con aquellos que no confiesan ninguna religión, añora el antiguo
régimen y defiende los privilegios del mismo. Estamos convencidos de que
ya es el momento en nuestra sociedad, treinta años después del inicio de
la transición democrática, de derogar los acuerdos con la Santa Sede,
acuerdos con la Santa Sede que, en nuestra opinión, no solamente son
preconstitucionales sino que son también inconstitucionales.
Lejos de esta posición, a lo largo de los últimos meses el Gobierno
finalmente se ha plegado a las presiones de la jerarquía eclesiástica; y
lo ha hecho en una interpretación que creemos extensiva de la Ley
Orgánica de Educación, por la cual no solamente se mantiene la enseñanza
de la religión o el adoctrinamiento religioso en el seno de la escuela,
sino que ahora se suma a ello la historia de las religiones y, por otra
parte, la nueva asignatura de educación para la ciudadanía. Esto quiere
decir que hasta ahora no se ha dado historia de las religiones en la
escuela, con gran escándalo de los historiadores, que incluían la
historia de las religiones como un hecho constitutivo de la historia en
la enseñanza de la misma. No comprendemos esa interpretación por parte
del Gobierno, que solamente podemos entender en clave de repliegue ante
las presiones de la jerarquía eclesiástica para mantener su labor de
adoctrinamiento, donde debe haber fundamentalmente formación, que es en
la escuela.
En segundo lugar, tampoco entendemos el acuerdo económico con la Iglesia
católica. Creemos que desde el punto de vista de los contenidos niega la
propia Ley de Libertad Religiosa que decía que se tendería -y además daba
un plazo para ello-a la autofinanciación de la Iglesia católica. Consagra
la financiación de la Iglesia católica por parte de los poderes públicos,
lejos de la autofinanciación. En nuestra opinión, no se han producido los
cambios necesarios para llegar a la autofinanciación de la Iglesia
católica, y se consagra una situación de privilegio. Pero, por otra
parte, lo que más nos llama la atención es la forma de eludir la ley,
porque si el Gobierno considera que debe mantener esa situación híbrida
de pseudoconfesionalidad del Estado español, lo que debería hacer es
modificar la Ley del año 1980. Pues bien, para evitar la modificación de
la Ley del año 1980 y los conflictos que se podrían producir como
consecuencia de cualquier denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, el
Gobierno recurre a un sistema sobre el que nosotros hemos pedido
aclaraciones, desde el punto de vista constitución, porque estamos
convencidos de que no lo es; el intercambio de cartas con la Santa Sede
no es aval legal suficiente, en nuestra opinión, para provocar la
modificación que se está provocando en el sistema de privilegio en la
financiación de la Iglesia católica. Y la muestra de que las cosas no
están muy claras es que hemos pedido al Gobierno estas cartas y hasta
ahora nos las ha negado, y no han pasado todavía por esta Cámara, lo cual
quiere decir que va a ser un intercambio de cartas con el Vaticano, y que
no será aprobado ni siquiera como convenio por el parlamento de todos los
españoles. Nos parece que desde el punto de vista de los contenidos y de
las formas el Gobierno no avanza en la aconfesionalidad del Estado
español, y no se trata de hablar aquí de laicismo excluyente, no se trata
de eso. Nosotros no pretendemos excluir a las religiones del debate
público ni pretendemos excluir a las religiones de su relación económica
con el Estado. Muy al contrario, pretendemos que haya deliberación no
solamente en el espacio democrático, sino también en el espacio de las
ideas y de los valores, pero nosotros no le negamos al Estado un terreno
en la mera moral. El Estado tiene también terreno propio en la mera
moral, al menos como reflejo de las leyes, si no como virtud cívica en la
tradición republicana. Esa posición de nuestro grupo nos lleva a plantear
esta iniciativa y a considerar continuista la posición del Gobierno y un
esfuerzo inútil; una posición continuista porque no cambia realmente la
relación con la Iglesia católica en un sentido aconfesional y un esfuerzo
inútil porque no consigue desactivar esa idea que tiene la Iglesia
católica ante los cambios. En vez de sumarse a los cambios e intervenir
en ellos se resiste a los mismos y añora el antiguo régimen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Intervendré muy brevemente para manifestar que
nuestro grupo parlamentario votará a favor de la proposición no de ley
que acaba de presentar el compañero Llamazares. En respuesta al señor
Jáuregui sobre la proposición no de ley, quiero decir que en nuestro
texto -que, ciertamente, tiene similitudes respecto a la que nos presenta
Izquierda Unida-nosotros planteábamos estrictamente una cuestión de
neutralidad religiosa. Si me ha atendido habrá visto que en nuestra
exposición no cuestionábamos el modelo actual constitucional; al
contrario, sabíamos y sabemos perfectamente cuáles son los parámetros a
partir de los cuales se pueden ir atendiendo, en un ejercicio de
radicalidad democrática, y adaptando los textos legales a una realidad
muy cambiante en los últimos años en nuestras sociedades, que es el
mestizaje cultural y lo que conlleva respecto a las religiones. De hecho,
si el Grupo Socialista en esta legislatura -y nosotros hemos puesto
empeño en ello-ha legislado, repito, con esta orientación de ir hacia
posiciones cada vez más democráticas respecto a cómo traducir en los
textos legislativos aquello que mandata una sociedad como la nuestra, la
europea, una sociedad culta y rica que exige mayores perfecciones en el
régimen democrático, ¿cómo es que son ustedes tan remisos a materializar
esta neutralidad? ¿O es que no es una vergüenza ver que en los cuarteles
militares todavía se consagra la hostia? Esto es muy respetable para
aquellas personas que en su ámbito de libertades profesan esta religión y
ejercitan estos ritos que, como todo rito, es susceptible de respeto y de
cualquier tipo de interpretación teórica, casi desde el punto de vista
antropológico. ¿Pero es moderno que ocurra esto en un cuartel del
ejército que está financiado por los Presupuestos Generales del Estado,
es decir, por la ciudadanía? ¿No hay que debatir esto en el siglo XXI?
¿Esto significa modificar textos constitucionales? Por favor, no nos
quieran poner en la vía muerta de los debates tangenciales ni pretendan
folclorizarnos ni caricaturizarnos, que sabemos muy bien de qué estamos
hablando y tenemos detrás de nosotros un legado histórico de radicalidad
democrática, republicana y, por supuesto, laicista. Pero el debate no es
sobre el laicismo; el debate es sobre la neutralidad religiosa. Repito,
por favor, no pretendan colgarnos ningún sambenito. Que nos lo cuelgue el
PP es normal, lógico y su obligación, la de ustedes no.
Para nosotros esto es un paso atrás. Repito, votaremos a favor de la
proposición no de ley de Izquierda Unida, aun cuando nosotros quizás en
estos momentos ya nos conformaríamos con que aprobaran la nuestra.
Lamentamos que no estén por la labor, qué le vamos a hacer.
Señor presidente, debo ausentarme de esta sala Cánovas para ir a la
Sagasta y la diputada Bonàs, con su permiso, defenderá la proposición no
de ley que viene a continuación.
El señor PRESIDENTE: Va a ganar con el cambio de Cánovas a Sagasta; no me
refiero solo a la diputada. (Risas.)
El señor Del Burgo tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, ese último comentario sobre
Cánovas y Sagasta es incompatible con la neutralidad presidencial.
(Risas.)
El señor PRESIDENTE: Ah, ¿pero son diputados? ¿Todavía les tienen ustedes
inscritos en el grupo? (Risas.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Lo fueron.
Señor presidente, escuchando a los portavoces que han defendido la
anterior proposición y la actual, uno llega a la conclusión de que
estamos de nuevo ante un ataque de laicismo excluyente y de
fundamentalismo anticlerical. La propia exposición de motivos de esta
proposición no de ley pone de relieve que esta iniciativa no se plantea
desde la moderación ni la sensatez que requieren el tratamiento de estas
cuestiones tan sensibles, sino desde una posición apriorística o
dogmática que pretende discriminar injustificadamente a la confesión
religiosa mayoritaria en España con relación a otras confesiones o
asociaciones. ¿O es que la jerarquía eclesiástica católica no tiene
derecho a la libertad de expresión? ¿Acaso no son ciudadanos españoles a
quienes ampara también la Constitución? Hablar, como he oído aquí, aunque
desde un punto de vista diferente, de combate brutal desde las
perspectivas de la jerarquía eclesiástica hacia el Gobierno me parece un
exceso extraordinario e incompatible con la moderación de quien ha
pronunciado semejantes palabras.
El primer párrafo de la proposición habla de una supuesta actitud
recalcitrante de la jerarquía católica contra los avances sociales a
favor de la igualdad. No cabe mayor despropósito. El cristianismo
revolucionó el mundo al proclamar la igualdad de todos los seres humanos
y su dignidad radical. Ciertamente, puede que los cristianos no hayan
sido consecuentes con las enseñanzas evangélicas en todas las épocas,
pero no cabe duda de que quienes predican el amor al prójimo y dan
testimonio con obras, y no solo con palabras, de su compromiso con la
justicia y la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la
discriminación en el mundo entero no merecen ser tildados de mantener una
actitud recalcitrante contra los avances sociales a favor de la igualdad.
Quisiera recordar que tampoco son ni siquiera enemigos de la libertad.
Por otra parte, en la construcción de Europa, sus constructores partieron
y compartieron los valores del humanismo cristiano.
Pero no se trata aquí de defender a nadie, sino de poner de relieve la
sinrazón de de esta proposición que tan solo pretende amordazar a una
confesión como la católica, mayoritaria en España, porque no les gusta el
uso que hacen de su libertad de expresión. Izquierda Unida sigue fiel a
su tradicional dogmatismo ideológico cuando sostiene, como lo hace en su
proposición, que las opiniones de la jerarquía católica son
anticonstitucionales. ¿A dónde quieren ir a parar? ¿Acaso pretenden
acusar a la Iglesia católica de deslealtad con la Constitución para
expulsarla del sistema democrático, resucitando la vieja cuestión
religiosa que, por cierto, tanto daño hizo a la convivencia en España? En
su proposición denuncian que la Iglesia católica se financie con cargo a
los presupuestos del Estado. Es evidente que, aunque en el momento de
presentar la proposición esto era así, ahora ya no tiene sentido dicha
afirmación, sobre todo después del reciente acuerdo del Estado con la
Iglesia católica sobre financiación en el que no voy a abundar. El hecho
de que España sea un Estado no confesional no significa que deba vivir de
espaldas a la realidad sociológica del país y, como es lógico, el
Gobierno debe velar también por el respeto de la libertad ideológica y de
culto, como el artículo 16 de la Constitución prevé, tal y como ha
recordado acertadamente mi compañero y amigo Jorge Fernández. En este
sentido no hacemos nada diferente a lo que ocurre en países de nuestro
entorno y además ustedes, que intentan envolverse en el mando
constitucional para atacar a la Iglesia católica, deberían tener en
cuenta que nuestra Constitución obliga al Estado a colaborar con ella y
las demás confesiones, lo que exige que los poderes públicos promuevan
las condiciones para que la libertad religiosa se pueda ejercer de modo
real y efectivo.
Recordemos el artículo 16 de la Constitución que, al parecer, no ha sido
leído por Izquierda Unida: Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las
demás confesiones. Este precepto demuestra, sin lugar a dudas, que la
Constitución ha querido reconocer la importancia social de la Iglesia
católica, y de ahí que el Estado deba presta una especial atención a las
relaciones con esta confesión religiosa. Por cierto, ¿quiénes fueron
favorables a la mención específica de la Iglesia católica en el debate de
la Constitución que se ha recordado aquí anteriormente y del que el señor
presidente se acordará muy bien? Fueron Unión del Centro Democrático -al
que en aquellos tiempos yo pertenecía-, Alianza Popular y, miren por
dónde, el Partido Comunista, es decir, el partido que, según tengo
entendido, es mayoritario en Izquierda Unida. Votó ciertamente en contra
el Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, ¿cuál fue la explicación
de voto del señor Solé Tura, entonces perteneciente al Partido Comunista?
Dijo lo siguiente: El artículo -este artículo 16-constituye un enorme
progreso puesto que constitucionaliza la libertad religiosa y de cultos,
la libertad ideológica tanto en el plano personal como en el colectivo,
establece con claridad la separación entre la esfera religiosa y la
esfera estatal y, en definitiva, permite abordar con serenidad la
superación de la vieja y nociva contraposición entre clericalismo y
anticlericalismo. ¿Por qué quieren ahora romper el consenso
constitucional? Pero qué empeño en destrozar la concordia nacional.
Podría irse más allá y afirmar que la libertad religiosa no es solo un
derecho fundamental, sino que debe ser entendida como uno de los
principios constitucionales. En el ordenamiento constitucional español no
confesional no solo se admite la cooperación del Estado con la Iglesia
católica y las demás confesiones religiosas, sino que se trata de un
deber porque el Estado se configura en una sociedad donde el hecho
religioso es un componente básico. Los poderes públicos, en consecuencia,
deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española,
lo dice la Constitución. Con esa actitud de reconocimiento y atención al
hecho religioso se promulgó como una de las primeras leyes orgánicas
posconstitucionales la Ley de la Libertad Religiosa, el 5 de julio de
1980. Por cierto, en el marco de esta estrategia de confrontación
sistemática, ustedes pretenden derogar (El señor LLAMAZARES TRIGO:
Reformarla.) esa norma fundamental con la única finalidad de coartar la
libertad religiosa mediante su derogación.
Pues bien, en el bloque de la constitucionalidad, integrado por el
artículo 16 y la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa, se establecen
tres niveles de protección estatal de las iglesias, confesiones y
comunidades religiosas -y termino enseguida, señor presidente-. El más
alto nivel
es el otorgado a la Iglesia católica, única mencionada expresamente en el
texto constitucional, y a las confesiones que firmen acuerdos de
cooperación con el Estado -hasta ahora la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas
y la Comisión Islámica de España-. Tienen el segundo nivel de protección
estatal las entidades religiosas inscritas en el correspondiente registro
público del Ministerio de Justicia. Por último, se reconoce y tutela por
los poderes públicos la libertad religiosa de los individuos y las
comunidades que existan en España sin estar inscritas en el registro del
Ministerio de Justicia. Esta es la realidad, no se trata de privilegiar a
nadie ni de favorecer a la jerarquía católica ofreciéndole un trato
diferencial como ustedes se empeñan en decir, se trata de cumplir un
mandato constitucional y de abordar las relaciones con cada una de las
confesiones en función de su implantación en la sociedad, y si la
realidad es que la Iglesia católica es ampliamente mayoritaria, cualquier
Gobierno debe tener esto en cuenta. Pretender tratar a todos por igual
sería discriminatorio, pues ha de tenerse en cuenta que se trata de
situaciones desiguales. Por otra parte, es de justicia que los poderes
públicos reconozcan la contribución de la Iglesia católica a la
conservación de nuestro patrimonio histórico artístico, a la difusión de
los valores constitucionales a través de la enseñanza y a la lucha contra
la pobreza y la marginación a través de las grandes obras sociales
promovidas por la Iglesia y los católicos.
Nuestro grupo, y con esto termino, señor presidente, quiere hacer un
llamamiento a la cordura: no traten de discriminar de manera tan injusta
a una confesión religiosa por el hecho de que no les guste su doctrina y
la forma en que se exprese en público. Mal que les pese, estamos en una
democracia, en un Estado donde los derechos y libertades fundamentales
son protegidos por el ordenamiento jurídico y por los poderes públicos al
amparo de la Constitución, y es en el marco de la misma como se firmaron
los acuerdos con la Sante Sede que tanto les disgustan y que no necesitan
de ninguna revisión, fruto de actitudes anticlericales contrarias al
contenido esencial del derecho a la libertad religiosa.
Permítame, señor presidente, que termine haciendo una referencia por algo
que acabo de oír, en relación con las fiestas populares. Los mozos del
encierro de Pamplona, a las ocho de la mañana se congregan antes del
cohete y gritan: San Fermín, San Fermín. No sé qué es lo que van a tener
que gritar a partir de ahora para defender, según el señor Tardà, la
aconfesionalidad, la laicidad de nuestro Estado.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Si usted me permite -porque he tenido que salir
para estar en otra Comisión-, quisiera dejar constancia de que mi grupo
va a votar en contra de esta iniciativa -si sirve alguna
justificación-porque tengo tantos amigos políticos vaticanistas en todas
las fuerzas políticas democráticas (Risas.) que no quiero ofender a
ninguno. Por tanto, dejamos las cosas como están y nuestro voto será
contrario, con todos los respetos.
El señor PRESIDENTE: Y sin señalar, señor Mardones.
La señora Batet tiene la palabra.
La señora BATET LAMAÑA: La aproximación que voy a hacer a esta proposición
no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds va a ser esencialmente jurídica de
acuerdo con la Constitución española. Desde mi punto de vista y desde el
punto de vista del grupo parlamentario al que represento, la
aconfesionalidad del Estado no solo no entra en colisión con el principio
de colaboración entre Estado e Iglesia, sino que, aplicando este
principio, se da cumplimiento al artículo 16.3 del texto constitucional,
que establece la relación de cooperación entre el Estado y las
confesiones en general, citando, eso sí, expresamente a la Iglesia
católica. Bajo esa cobertura constitucional, los acuerdos entre el Estado
y la Santa Sede se ajustan precisamente a lo previsto en el artículo
16.3, máxime cuando su negociación -a pesar de lo que el señor Llamazares
ha dicho-se produjo durante el periodo de elaboración de la Constitución
española, y el acuerdo al que principalmente hace referencia esta
proposición no de ley, que es el relacionado con los asuntos económicos,
fue ratificado posteriormente a la Constitución, el 4 de diciembre de
1979. También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y cito aquí
la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001 que habla sobre este
tema, que en su fundamento jurídico cuarto establece precisamente la
obligatoriedad de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia
católica y con las confesiones en general. Por otro lado, en reiterada
jurisprudencia, el Tribunal Constitucional establece que la relación
entre Estado e Iglesia -evidentemente me refiero a la Iglesia católica-no
disfruta de ningún estatus de privilegio, ya que este principio de
colaboración se sustenta en una cláusula abierta y extensible a
cualquiera de las confesiones, como se ha hecho con los posteriores
acuerdos firmados, también reiterados en este debate, el año 1992.
Precisamente uno de los motivos de extemporaneidad de esta iniciativa
parlamentaria es que, como SS.SS. saben, el Gobierno acaba de cerrar un
acuerdo con la Conferencia Episcopal reajustando los criterios de
financiación sobre la base de lo que el propio acuerdo entre el Estado y
la Santa Sede sobre asuntos económicos establece, que fue ratificado el 4
de diciembre de 1979. Por tanto, el intercambio de notas entre la
Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación no supone una modificación del acuerdo, sino una
actualización del mismo en determinados puntos que conocen muy bien,
básicamente en lo que hace referencia a dos aspectos: en primer lugar, se
elimina la dotación presupuestaria y se establece una asignación
tributaria que
se eleva al 0,7 por ciento y, en segundo lugar, desaparece la exención al
IVA, de manera que desde el punto de vista de mi grupo parlamentario se
produce un acercamiento al cumplimiento de lo que establece el artículo
2.5 del acuerdo de 1979 y que me van a permitir que lo lea. Ya sé que el
señor Llamazares no comparte esta aproximación, pero nosotros pensamos
que, efectivamente, este nuevo acuerdo, esta modificación, esta
adecuación a las nuevas realidades entre Estado y Santa Sede dan
cumplimiento al artículo 2.5, en el que se dice que la Iglesia católica
declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para
la atención de sus necesidades; que cuando fuera conseguido este
propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas
de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este
artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la
Iglesia católica y el Estado. Por tanto, esta modificación en el sistema
de financiación precisamente tiende a este último objetivo.
En relación con el segundo punto de la proposición no de ley, se pide la
modificación de la Ley de Libertad Religiosa para que no se favorezca a
la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial. La verdad es que
no sé exactamente a qué se refieren los proponentes, pues no hay ningún
artículo en la citada ley que otorgue privilegios a la Iglesia católica.
Es más, su artículo 7 establece la posibilidad de firmar convenios de
cooperación con iglesias, confesiones o comunidades religiosas que hayan
alcanzado notorio arraigo, y lo dice en general, es decir, no cita
expresamente a la Iglesia católica. Incluso introduciendo un concepto
jurídico indeterminado, como es el término arraigo, el propio artículo
ofrece dos parámetros objetivos para evaluar este arraigo: El ámbito y el
número de creyentes. Por tanto, hay un intento de objetivación desde el
punto de vista legal sobre un término que, efectivamente, podría crear
cierta confusión.
Finalmente, en el tercer punto de esta proposición no de ley piden la
modificación de la Ley de Asociaciones en el sentido de que la Iglesia
católica de nuevo no reciba ningún privilegio con respecto a otras
confesiones religiosas. Aquí me pasa lo mismo que en el punto anterior.
Leyendo el articulado de la ley, no he sabido encontrar ningún privilegio
para la Iglesia católica.
Por todos estos motivos que he intentado exponer desde la perspectiva,
como decía al inicio, estrictamente jurídica, mi grupo parlamentario no
va a apoyar esta proposición no de ley.
-DE RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y REPARACIÓN DE DAÑOS COMO
CONSECUENCIA DEL USO DE ARMAMENTO QUÍMICO EN EL RIF. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente
161/001169.)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de esta proposición no de
ley y pasamos a la tercera y última, de reconocimiento de
responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de
armamento químico en el Rif.
Para su defensa, por el grupo proponente de Esquerra Republicana tiene la
palabra la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Han tenido que pasar 30 años de democracia para
que un grupo -quizá no sea causal-como Esquerra Republicana traiga al
Congreso un debate sobre unos sucesos acaecidos hace muchos años, sobre
los que el Estado español, como verán, tiene responsabilidades. Como
ustedes saben -si no, lo habrán podido leer en la exposición de motivos-,
el Estado español protagonizó una guerra colonial a principios del siglo
XX en el Rif y en el transcurso de esta guerra, después del desastre de
Anual, el ejército utilizó armas químicas sin distinguir objetivos
militares y civiles, a pesar de que estas armas se prohibieron en las
convenciones de La Haya de 1899 y 1907, ratificadas en Versalles. Es más,
aunque España ratificó Versalles, en 1925 se adhirió al Protocolo de
Ginebra y continuó con el uso de las armas químicas. En los últimos años
ha habido estudiosos españoles que han corroborado estos hechos. Las
armas utilizadas fueron producidas incluso dentro del Estado español, en
la fábrica de La Marañosa, y eran armas químicas que estaban prohibidas
por el derecho internacional; sin embargo, como he dicho, España las
utilizó en el Rif y las lanzó en los zocos contra la población civil,
contra mujeres, contra hombres, contra niños y contra pastores, y sus
consecuencias siguen muy vivas en el Rif, en la memoria histórica del Rif
y en la memoria genética, porque estas armas eran mutágenas y sus
resultados siguen permaneciendo en las sucesivas generaciones. El uso de
estas armas constituyó un crimen contra la humanidad.
La sociedad española es madura y tiene cultura democrática para afrontar
estos hechos y, como heredera de unos crímenes contra la humanidad, para
reclamar al Estado español que los reconozca y asuma, si es necesario,
las indemnizaciones. Nuestra proposición no de ley, pues, se reduce a un
solo punto, reconocer la responsabilidad del Estado español por las
acciones militares llevadas a cabo por el Ejército español en contra de
la población civil del Rif por orden de su máxima autoridad, el entonces
Rey Alfonso XIII, entre los años 1922 y 1927. Y los demás puntos se
deducen de este punto principal, una colaboración entre los estudiosos
historiadores del Rif y de España, que podría ser la canalización de la
cooperación española hacia la zona del Rif como una especie de
indemnización colectiva y, lo que es muy importante, canalizar la
población española hacia los hospitales de las provincias de Nador y
Alhucemas, donde existe un elevado número de cánceres. Esto podemos
hacerlo ahora, en el marco de la memoria histórica que estamos debatiendo
en esta Cámara. Tenemos que recordar que para el Rif este fue su Gernika,
que la población del Rif sigue hoy mirando hacia España, pensando
cómo es nuestra democracia, cómo hemos evolucionado, si somos capaces de
reconocer estos hechos
El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda -del Grupo Popular
no las esperábamos-y entendemos que va a desechar de pleno -no creemos
que vaya a aprobarla-esta iniciativa. Nos ha sorprendido porque el
Gobierno del Estado, por deseo de su presidente, el señor Rodríguez
Zapatero, ha viajado a Estados Unidos a lanzar su programa de la Alianza
de Civilizaciones, alianza que quiere promover la paz entre los pueblos,
que empieza por su respeto y por su reconocimiento. Si el Estado español
no empieza por mirarse a sí mismo, ¿cómo puede el Gobierno español
recomendar a los demás países lo que deben hacer cuando a nuestros
principales vecinos, que están en el sur, no les demostramos ni respeto
ni reconocimiento? En este momento en Marruecos hay un proceso
democrático y, naturalmente, están mirando hacia España, hacia lo que ha
hecho España durante estos 30 años de democracia, qué sociedad ha
construido, y el mensaje que les vamos a dar desechando esta proposición
es que España no ha avanzado mucho hacia la democracia, que España
esconde en el armario el pasado y que tampoco quiere reconocer lo que han
hecho los demás pueblos y los agravios que ha infligido. Nosotros creemos
que es un paso atrás en la fraternidad de los pueblos. El presidente del
Grupo de Amistad Hispano-Marroquí ha reclamado en la sede de Naciones
Unidas en Ginebra, Suiza, la celebración de un coloquio internacional
sobre las relaciones pasadas entre España y Marruecos, particularmente a
partir del protectorado español sobre Marruecos, con el fin de dialogar
para formar un foro hispanomarroquí de la memoria y del porvenir común
que trate las consecuencias del empleo de armas químicas de España contra
el Rif entre 1921 y 1927, así como el reclutamiento de marroquíes para
reprimir al movimiento obrero y a los republicanos españoles en la guerra
civil. El senador Yahya señaló en su intervención que todos somos
conscientes y admitimos que una memoria histórica basada en la verdad
constituye la condición previa para la edificación de una memoria común
hispanomarroquí, permitiendo mejores relaciones entre los pueblos,
respeto de los derechos humanos, la democracia y un porvenir mejor. Este
foro hispanomarroquí, del porvenir común y de la memoria común, tiene
varios objetivos. El primero, retener y fijar los principios y valores
para una mejor relación hispanomarroquí. El segundo, trascender el
doloroso pasado histórico en relación con el periodo colonial mediante la
revelación de los crímenes cometidos, especialmente por España, contra
los marroquíes durante el protectorado, en particular por el empleo de
las armas químicas de destrucción masiva contra el Rif, así como el
reclutamiento para reprimir el movimiento obrero y a los republicanos
españoles. Y en tercer lugar, propone sacar provecho de la experiencia
democrática española para reforzar la transición democrática en Marruecos
y abrir horizontes nuevos para una verdadera cooperación en favor de los
pueblos español y marroquí.
Señorías, hoy no les pedimos que voten a favor de una memoria histórica de
hace muchos años, sino que estamos votando para el futuro de unas
relaciones hispanomarroquíes. España quiere vender simbólicamente su
proceso democrático, quiere dar ejemplo a los demás pueblos sobre cómo se
puede evolucionar de una dictadura a la democracia y estamos votando
esto, señorías. Estamos votando que España reconozca dentro de su
historia que hubo momentos oscuros y que debe pedir perdón, porque, si
no, si desechamos, como parece ser que va a hacer el grupo mayoritario,
estas propuestas, estamos diciendo a los rifeños que son ciudadanos de
otra categoría. Señorías, sabemos que esto se va a rechazar, pero vamos a
incluirlo como enmienda en la Ley de la Memoria Histórica. El pueblo
catalán se desmarca del pueblo español en ese aspecto. Nosotros nos
unimos fraternalmente a la población del Rif, vamos a luchar con ellos
para reconocer sus derechos y proponemos nuestra amistad con el pueblo
del Rif. Siento que esta Cámara hoy vaya a hacer lo contrario, vaya a
desechar esta propuesta, vaya a dar el mensaje a la gente del Rif de que
ellos son de segunda categoría, de que detrás del estrecho de Gibraltar
hay otras categorías. Espero hasta última hora -aún tengo esperanzas-que
rectifiquen y, si no, siempre llegará desde Ginebra la orden de crear un
foro hispanomarroquí, que lo podían haber evitado si se hubiera creado
ahora, o si esta Cámara hubiera decidido crearlo ahora antes de que nos
lo impongan desde Europa, seguramente en otras condiciones. Incluso por
interés, es un error que ahora esta Cámara no proponga al Gobierno la
creación, por ejemplo, de un foro hispanomarroquí, ya que, si no, vendrá
más tarde de Ginebra.
Por último, solo quiero expresar la profunda frustración que hemos sentido
hoy ante el silencio de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Intervengo muy brevemente. Mi grupo
parlamentario votará favorablemente esta iniciativa porque considera
acreditada la utilización de esas armas. Hay estudios suficientes en esta
materia. Aunque la guerra del Rif no sea muy recordada, en general es una
parte de nuestra historia que no ha provocado grandes estudios ni tampoco
mucha literatura, creemos que está acreditada la utilización de esas
armas y, por tanto, nos parece que la iniciativa de Esquerra Republicana
en cuanto a tomar constancia de ello como una relación particular con el
Rif en materia sanitaria y en otras materias es oportuna y necesaria.
Pero, de la misma manera que se denuncia la barbarie de una guerra,
habría que denunciar que esa barbarie continúa y que las mismas armas
químicas también se utilizaron contra el pueblo saharaui por parte de
quienes sufrieron las armas químicas. Por ejemplo, hemos conocido
también la utilización de armas prohibidas en la reciente guerra de
Líbano. Por tanto, atribuyamos más al carácter bárbaro de la guerra que a
otra razón estas situaciones. En todo caso, bienvenida sea la memoria y
bienvenidas sean también las reparaciones necesarias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Aitor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Ciertamente, la proposición de Esquerra
Republicana trae a debate a la Cámara un hecho poco conocido, nos
atreveríamos a decir que escondido, quizá porque la memoria de aquella
guerra del Rif resulta bastante dolorosa, pero el aspecto concreto con el
que nos enfrentamos hoy resulta verdaderamente dramático, no llama a
ningún honor y nos pone ante el espejo, con situaciones que hoy en día
criticamos ampliamente.
Parece un hecho cierto que España utilizó armas químicas prohibidas por
convenciones internacionales, por la Convención de La Haya, ratificadas
en 1919 en Versalles tras la Primera Guerra Mundial, y que además tuvo el
dudoso honor de ser la primera que las utilizó no solo en el campo de
batalla, sino contra población civil indefensa. No es cuestión de
comenzar aquí un relato histórico y detallado, pero es un punto sobre el
que existe un consenso bastante amplio, puesto que muchos de sus
protagonistas manifestaron y dejaron incluso por escrito en varios
documentos qué es lo que estaba sucediendo. Uno de los pilotos más
destacados del Ejército español, Ignacio Hidalgo de Cisneros, por
ejemplo, en su escrito autobiográfico decía: En aquellos días me tocó
realizar una faena verdaderamente canallesca que me proporcionó el
vergonzoso y triste privilegio de ser el primer aviador que tiró iperita,
gas mostaza, desde un avión. Es curioso los años que tuvieron que pasar
para que me diese cuenta de la monstruosidad que cometía tirando gases a
los poblados moros -dice literalmente a los poblados moros-, esas bombas
X, denominadas así por el Ejército español. Y hoy, que nos escandalizamos
con los horrores de Halabya, una población kurda bombardeada con armas
químicas, masacrada por el dictador Sadam, y ello sirve también como
argumento para apoyar la invasión de un territorio, nos vemos reflejados
porque mucho más cerca, y con la participación de ciudadanos españoles,
también se produjo guerra química.
No se trata de discutir, como algunos ponen en cuestión, si el número
elevado de casos de cáncer que existe en la zona del Rif se debe al uso
de ese gas mostaza, la iperita, o no. Es posible que así sea. Quizá
falten algunos estudios más profundos, aunque alguno se ha hecho, para
determinar esto. Lo que estamos determinando y lo que sería bueno
señalar, confesar y aclarar es que España usó armas químicas incluso
contra población indefensa, puesto que, viendo que el efecto no era el
que se esperaba directamente frente a las tropas, se comenzó a bombardear
los zocos y los lugares de reunión que, por supuesto, aparte de ser
lugares de reclutamiento para las milicias rifeñas, también servían como
lugar de concentración de mujeres, niños, etcétera. Es un dudoso honor
que le corresponde al Estado español. Ahora nos hemos enterado de que se
ha vuelto a incurrir en otro dudoso honor, que es el interrogatorio en
Guantánamo, sin ninguna garantía, a los detenidos. En ese sentido nos
parece que la cooperación internacional española podría hacer cosas,
desde luego ha hecho cosas, en la zona del Rif, sobre todo teniendo en
cuenta que es un lugar que produce gran número de emigrantes de
Marruecos, probablemente la mayoría de la inmigración española
proveniente de Marruecos es del Rif, y en esas ideas que se están
trabajando en esta Cámara, en la Comisión de Cooperación Internacional
acerca del codesarrollo quizá podríamos dar un paso más, ir más allá a lo
que en un principio se ha hecho. Dicho esto, también hay que denunciar y
señalar de la actitud de Marruecos con respecto al Rif, con respecto a su
propio territorio, porque no podemos olvidar que en el año 1958 cuando se
produjo la insurrección en el Rif, el Ejército marroquí bombardeó con
napalm a su propia población y el jefe del ejército en aquellos momentos
era el después rey, entonces heredero, Hassan II. Se provocaron 8.000
muertos y se causaron muchas bajas y quién sabe si también las
consecuencias sanitarias que se viven hoy en día en la zona puedan haber
tenido un origen en estos ataques.
Hay que denunciar también el olvido institucional que tiene esa región de
Marruecos, esa zona del Estado marroquí, en el reparto de la riqueza del
país y de las propias inversiones. Es una zona que ha estado olvidada,
que sigue estando olvidada y quien primero debiera contribuir a su
desarrollo, a su riqueza y a la estabilización de su población, por
supuesto, en todos los aspectos sanitarios que le acucian -entre otras
cosas no existen hospitales que puedan dar un tratamiento adecuado sobre
cáncer en la zona del Rif-, es evidentemente Marruecos. Marruecos también
atacó a su propia población y Marruecos también está ejerciendo un nivel
institucional. Duele también que se guarde silencio muchas veces en
cuanto a este tipo de situaciones en Marruecos. La falta de democracia y
desgraciadamente la geopolítica, ante la represión en muchos lugares -no
solo tenemos que fijarnos en el Sáhara, sino también en otros lugares de
Marruecos-, muchas veces no permiten decir claramente lo que a ojos de
cualquier observador neutral resultaría evidente.
Las responsabilidades de Marruecos no son óbice, no obstan en nuestra
opinión para que se ayude y se reconozcan los hechos perpetrados por el
Ejército español, dejando a un lado que en una guerra se cometen horrores
y barbaridades por todos los bandos, pero el hecho de la utilización de
armas químicas es un hecho especialmente grave y reseñable. El hecho de
aceptar que esto se produjo como lo acepta la inmensa mayoría de los
historiadores hoy en día no tiene por qué proporcionar un desdoro al
Estado español, sino todo lo contrario. En este
sentido, entiendo que si la cooperación internacional española ofrece
cauces para el desarrollo de iniciativas sanitarias, comerciales,
etcétera, en la zona del Rif, esto debería implementarse y subrayarse, y
todo ello podría ser además bajo los auspicios de esta proposición que ha
sido presentada para tomar una decisión en esta Comisión. En
consecuencia, nos parece que todo el mundo podría añadir sus pequeños
matices, pero el corazón de la proposición es justo, es algo a
considerar, y en ese sentido nuestro grupo votará favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Imagino que si la gente que va por la calle, que
va a leer los periódicos, que va a escuchar la radio o a ver la
televisión escucha que en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados hemos hablado hoy de memoria histórica y cosas por el estilo,
van a pensar en lo que todos estamos pensando, y cuando hablamos de la
guerra del Rif no sabrán si hablamos del Ritz -del hotel Ritz-(Un señor
diputado: Qué gracioso.) o de la guerra del Rif, y seguramente empezarán
a pensar que quizá los diputados del Congreso español estamos en estos
momentos poco atentos a las preocupaciones y prioridades de la sociedad
española y de los españoles -tengo la absoluta convicción-. En todo caso,
antes de entrar a fijar la posición de mi grupo respecto a esta
iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya,
que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) e Izquierda Unida ya han
manifestado que van a apoyar, quiero hacer una precisión, y es que, como
se habla de memoria histórica, de petición de perdón y crimen contra la
humanidad, el ministro de la Guerra de la época -desastre de Annual,
Alhucemas, etcétera-no era Federico Trillo. No sé si estaba en Guantánamo
o no, pero en aras de la verdad histórica quiero dejarlo aclarado desde
el primer momento. En segundo lugar, que para que no hubiera un conflicto
de intereses -hemos hablado esta mañana de conflicto de intereses-como
portavoz de la Comisión ha delegado en mí para que yo fije la posición de
mi grupo. Lo digo para seguir con el sentido de la responsabilidad que
adorna esta iniciativa. En tercer lugar, me ha tranquilizado ver que
Esquerra Republicana si hoy no se aprueba esta iniciativa va a presentar
una enmienda al proyecto de Ley de Memoria Histórica. Yo no sé, si cunde
el ejemplo, si presentaremos más enmiendas a la memoria histórica para
hablar de la guerra de la Independencia, de 1492 o de cuando los
visigodos invadieron la Hispania romana, porque la memoria histórica es
un concepto jurídico indeterminado y por otra parte es evidente que nos
interesa mucho a todos hablar de los crímenes contra la humanidad que los
españoles hemos producido y estar pidiendo perdón a todo el mundo y sobre
todo asumiendo deudas históricas.
Hablan de deuda histórica, memoria histórica, verdad histórica, perdón,
crimen contra la humanidad... Sinceramente, yo, como diputado español, no
estoy dispuesto a aceptar que el pueblo español al que yo como los demás
colegas que estamos aquí representamos tengamos que pedir perdón por un
crimen contra la humanidad que supuestamente hayamos cometido hace
ochenta años. No estoy dispuesto a aceptarlo, sinceramente, y si quieren
se lo consultan ustedes al resto de ciudadanos españoles, también en
Cataluña; y díganles además de qué partida presupuestaria piensan deducir
la dotación correspondiente para hacer frente a esa deuda histórica que,
evidentemente, si se aprueba esta iniciativa, debería ponerse en marcha.
Otra cosa es que estemos a favor, -¡faltaría más!-de la cooperación
internacional y de que la zona del norte de Marruecos, por su proximidad
geográfica y por muchas otras razones, sin duda el Gobierno de España,
dentro de sus programas de cooperación, la tiene que desarrollar. Pero no
porque nosotros hayamos cometido un crimen contra la humanidad rifeña del
cual ahora tengamos que pedir perdón y pagar. No es casual -usted lo ha
dicho, señora Bonás-que sea Esquerra Republicana. Claro que no es casual,
si Escat Català y Acció Catalana felicitaron a Abdelkrim después de
masacrar a 8.000 soldados españoles en el desastre de Annual, y Sabino
Arana, perdone, felicitó a Teodoro Roosevelt después de que Estados
Unidos ganara a España y le quitara Cuba en 1898. Por tanto nada es
casual. La memoria histórica la tenemos todos, y si quiere hablamos hasta
de Hidalgo de Cisneros, al que mencionaba don Aitor Esteban: Hidalgo de
Cisneros, el único aviador que presuntamente bombardeó desde un único
avión que era toda la flota de bombarderos que tenía el Ejército español,
que no dirigía el ministro Federico Trillo en la época. Un avión español
que se llamaba "Farman Goliat" era el único avión que teníamos para crear
toda la masacre que hicimos en aquella época. Si hablamos de rigor
histórico, de verdad histórica, hablemos en serio. Y decir además que
todo esto se hace en aras de fomentar la amistad hispano-marroquí...
Estoy de acuerdo con don Aitor Esteban en que si hablamos de secuelas que
al parecer podrían aparecer en personas y que estadísticamente aparecen
con mayor frecuencia en la zona, pues aunque solo fuera desde el punto de
vista cronológico parecería en principio razonable plantearse si no
tendrán más probabilidades de ser las causantes de ese incremento de la
morbilidad y de la mortandad las revueltas del Rif de los años 1958 y
1959, cuando el general Ufkir, que era el preceptor del entonces heredero
a la corona Hassan II, estuvo bombardeando aquella zona con bombas de
napalm. Si quiere empezamos a hablar de esas cosas y a lo mejor llegamos
a la conclusión de que la amistad hispano-marroquí exige hoy una comisión
de la verdad, una ley de memoria histórica, evidentemente una deuda
histórica y una petición de perdón. Pero si seguimos por este camino no
sé si los españoles nos van a tomar en serio, aunque tengo la seguridad
de que nos van a perder el respeto.
El señor GALACHE CORTÉS: Evidentemente, no por ser la última proposición
no de ley que tratamos en esta jornada de febrero deja de ser interesante
el estudio y la perspectiva que podamos tener para enfocar algo que al
menos prima facie puede tener tres perspectivas, una
histórico-sociológica, otra política -de gran importancia-y otra
jurídica.
No es hora de frivolizar, señor presidente, es hora de fijar una posición
coherente teniendo en cuenta los parámetros históricos y sociológicos en
los que nos movemos en los tiempos que corren. Efectivamente, la
proposición no de ley da la sensación de que, salvo el que la propone los
demás desconocen o no han querido entrar en todos y cada uno de los
puntos que tiene, que yo creo que es el objeto de posicionamiento. Tiene
cuestiones históricas, como ha manifestado el último diputado que me ha
precedido en el uso de la palabra, sobre las que podríamos hablar todo lo
que se quisiera y algo más: el fenómeno colonial, el uso de estas armas,
la época en que se desarrollan tales conflictos, qué significaba el
colonialismo... Sería un debate históricamente interesante, pero desde la
perspectiva que a nosotros nos interesa hoy, estéril. No obstante, hay
tres consideraciones indispensables para la fijación de posición que va a
hacer el Grupo Parlamentario Socialista, de no estimar oportuno en el
momento presente aceptar esta proposición no de ley.
En primer lugar, al Partido Socialista nadie le puede decir que desde un
principio no estuviese absolutamente en contra de la triste guerra de
África. Es palmaria la oposición. En lo único que fue encarnizado el
Partido Socialista en aquellos momentos fue en su oposición total a la
guerra colonial de África. No hablemos de las consecuencias que tuvo para
el pueblo español, para aquellos jóvenes de muchas tierras, entre otras
la de la que me honro en representar, la extraordinaria tierra del sur de
Extremadura, que como no disponían de suficiente dinero para ser cuotas
tuvieron que ir a África y morir de manera terrorífica en aquellos
atroces momentos. Por tanto, no somos sospechosos, señor presidente, de
tener un criterio oportunista. Tal vez sí sea la proposición no de ley un
tanto oportunista estableciendo algo así como una especie de identidad
entre una región, la región bereber por excelencia de Marruecos que es el
Rif y lo que siempre fue de levantisco para la corona alauita o para sus
predecesores el sultán de Marruecos en los términos que la historia tiene
perfectamente acrisolados. Entre otros historiadores citaría a Ángel
Viñas, que nos parece un historiador de suficiente peso específico, para
que centrase un poco este debate. No vamos a entrar en eso, pero sí vamos
a decir, señorías, que el Partido Socialista estuvo tenazmente opuesto.
Tan es así, que ha pasado también a la historia la famosa intervención de
Indalecio Prieto en las Cortes después del desastre de Annual, después de
Monte Arruit, después de los miles de muertos que hubo en aquella guerra,
antes del desembarco de Alhucemas, cuando dijo -y cito-: Estamos en el
periodo más agudo de la decadencia española; la campaña de África es el
fracaso total, absoluto, sin atenuantes, del Ejército español. Pero no
vamos a entrar ahí, queda solo como posicionamiento. En segundo lugar,
como cuestión indispensable, ¿qué sucedía con el resto del entorno de
Marruecos, con el protectorado, con Marruecos, con las otras potencias
coloniales? La historia lo ha dicho, señorías, y a la represión del Rif
contribuyó la policía indígena marroquí, que efectivamente se pronunció
contra sus propios congéneres. Es un dato importantísimo porque a la hora
de establecer una posible vinculación jurídica habría que ver quién tiene
la legitimación para poderla iniciar. Aquí no se ha dicho nada en
absoluto y supone un planteamiento jurídico fundamental. En tercer lugar,
señorías, es importante señalar la disparidad de los tratadistas
históricos que han intervenido en esta cuestión. En la proposición se
cita a tres: María Rosa Madariaga, Ángel Viñas -al que encomio-y Juan
Pando, respecto a si es conveniente o no establecer esa especie de
filosofía del perdón haber cometido -algo que desde luego no podemos
compartir-un genocidio y tener la obligación de resarcirlo porque hoy
mismo persisten los elementos de perjuicio para la población. Eso no es
acertado, señorías. Entendemos que la proposición hay que enfocarla desde
una perspectiva fundamentalmente de orden jurídico y político, y en este
sentido no tengo más alternativa que reconducir los dos puntos
fundamentales de carácter normativo de la proposición, que son el 1 y el
6, para explicar la razón por la cual el Grupo Parlamentario Socialista
no va a aceptar esta proposición en los términos en los que viene
enunciada. Por tanto, señorías, los puntos 1 y 6 de la propuesta son los
que efectivamente parecen tener un contenido normativo más importante.
En aras de un debate serio hay que ser más serios, más contundentes, hay
que hablar de derechos sustantivos. En primer lugar, es necesario señalar
que el procedimiento para la exigencia de una eventual responsabilidad
del Estado español en el contexto de un conflicto está sometido a
rigurosos requisitos legales, tanto sustantivos como de orden temporal o
procesal. Sabemos que el instituto de la responsabilidad patrimonial es
un derecho de configuración legal del que existen tempranos antecedentes
en el siglo XIX precisamente relacionados -mire que casualidad-con el
ramo de la guerra. Así la Ley de 9 de abril de 1842 declaró la obligación
de la nación a indemnizar los daños materiales causados tanto en el
ataque como en la defensa de las plazas, pueblos, edificios, etcétera,
producidos en la primera guerra carlista. Como sabemos cómo finalizó, no
vamos a entrar, porque esta proposición no de ley no es objeto -como he
dicho en el introito-de estudio histórico. En esta fecha hubo una
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1904 que extendió por
analogía a los daños producidos en la Guerra de Cuba. Señor presidente,
hay que llegar al año 1954, el de la promulgación de una de
esas grandes leyes administrativas configuradoras de nuestro sistema de
responsabilidad patrimonial del Estado, la Ley de Expropiación Forzosa,
en cuyo artículo 121 se establecía: Dará lugar a indemnización toda
lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta
ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento
normal o anormal de los servicios públicos. Este procedimiento, en cierto
sentido balbuceante -estamos hablando de una época de un feroz
autoritarismo en nuestro país-, tuvo una consagración mucho más acorde
con los tiempos y, sobre todo, con las exigencias jurídicas y
jurídico-internacionales en la Constitución española de 1978, en la que,
sin lugar a dudas, el artículo 106.2 manifiesta las razones por las
cuales estas previsiones de responsabilidad se tienen que dar. En la
actualidad, la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común de 1992, en sus artículos 139 a
144, y el real decreto de desarrollo de 26 de marzo que aprobó el
reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad de las
administraciones públicas expresan los siguientes requisitos
indispensables: en primer lugar, la existencia de un daño antijurídico
que reúna los caracteres de efectividad y posibilidad de evaluación
económica e individualizada en relación con una persona o grupos de
personas y de un título de imputación suficiente que permita atribuir a
la Administración el deber de reparación en que la responsabilidad se
concreta, lo que supone una relación directa, inmediata y exclusiva de
causa a efecto entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño
producido. Esta es una teoría que no admite mayores comentarios. Ahora
bien, aun en la hipótesis de que concurran en el asunto que nos ocupa
todos y cada uno de estos requisitos, hay que tener en cuenta lo que
configura el párrafo 5 del artículo 142 en cuanto a que en todo caso
nuestras normas en vigor sobre esta materia establecen que el derecho a
reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Por tanto, desde la
perspectiva jurídica tenemos una respuesta contundente y adecuada que en
nada significa entrar en reproches de orden moral o de que el
colonialismo, como efectivamente así fue y Naciones Unidas se encargó de
proscribirlo, ha sido tan perjudicial y tan malo para nuestro país y
sobre todo para los que han sufrido su opresión. Esta es una limitación
temporal muy razonable que garantiza el principio de seguridad jurídica.
Ahora bien, señor presidente, hemos dicho -y es indispensable hacer una
mínima alusión a ello-que hay otras cuestiones que es necesario mencionar
a propósito de la incidencia cancerígena en la zona, que se ha mencionado
aquí. El historiador Juan Pando, mencionado en la proposición, habla
sobre el Rif y hace referencia a la experiencia de la Primera Guerra
Mundial en Europa, donde grandes zonas de Bélgica y Francia fueron
expuestas a concentraciones más altas del mismo gas tóxico y en las que
ahora no se encuentran porcentajes de cáncer más elevado. Comprendo que
esto puede ser un argumento que cueste trabajo entender, pero es así.
(Rumores.) Hay más, señor presidente, los proponentes de esta proposición
no de ley -disculpen la redundancia, el murmullo siempre dificulta la
creación imaginativa-se han fijado en unos magníficos artículos
periodísticos de febrero de 2002, publicados en un diario de mucha
difusión en nuestro país, y allí ya se interroga, nada más y nada menos
-y leo-, al director del Instituto Nacional de Oncología en Rabat,
profesor Brahim el Gueddari, que en una conversación telefónica dijo: Sí,
el índice es en el norte -se refiere a la actividad cancerígena-algo más
elevado, pero no se puede establecer científicamente cuál es la razón.
Instituto de Oncología de Marruecos. Es cierto también, señor presidente,
y por ello no menos lamentable que haya que hacerlo ver, que durante los
años 1956 a 1958 y 1959 fue atacada la zona con napalm de manera brutal
por el entonces futuro rey alauita Hassan II y su ínclito general Ufkir.
Por tanto, vamos a ver si esos requisitos indispensables, la relación
causa-efecto, la lesión, pueden tener una cabida jurídica para poder
atender a un resarcimiento.
Finalmente, quiero precisar que la actuación de España en el Rif estuvo
motivada, desde el punto de vista jurídico -y hay que decirlo-, por su
responsabilidad en la zona del protectorado de Marruecos ante la rebeldía
de unas tribus, que lo habitaban, contra el sultán de Marruecos, ya lo
hemos dicho. Nunca fue una guerra de agresión, y si no, que se lo digan a
los caídos en el Annual y en Monte Arruit. En relación con lo anterior,
puesto que los perjudicados y sus descendientes eran y son respectivos
ciudadanos de otro Estado, autónomo y soberano, no pueden analizarse ni
obtenerse conclusiones ajenas al derecho internacional público y a las
relaciones entre Estados. Podría ser incluso, señor presidente, a pesar
de toda la bonhomía que parece destilar la proposición, una probable
fuente de conflictos con el Estado alauita hoy, con el Estado de
Marruecos, porque el déficit sigue existiendo, los bereberes siguen
existiendo a pesar de todos los -entrecomillados-espantosos genocidios
que han sufrido. Quizá se produciría un conflicto superior al que se
pretende solucionar si entráramos en disquisiciones de derecho
internacional público entre una potencia presumiblemente colonizadora
antaño y un reino soberano con unos levantiscos ciudadanos situados en la
zona norte del Atlas. (Rumores.)
Para terminar, las conclusiones tienen que ser las siguientes, a pesar del
rumor de aprobación de mis palabras. La primera, que la línea que marca
la evolución del instituto de la responsabilidad patrimonial en el
derecho español destierra la posibilidad de una indemnización y, en
concreto, la Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, porque establece una clara y
estricta limitación temporal a las reclamaciones contra la Administración
puntos 1 y 6 de la proposición de carácter normativo, como ya hemos
dicho. Además es necesario considerar
las dificultades que entrañaría el establecimiento de una relación
directa, inmediata y exclusiva a causa de la relación causa-efecto entre
el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido. Ya hemos
hecho alusión a consideraciones de orden médico. En cuanto a los puntos 3
y 4 de la proposición no de ley, es importante señalar que los archivos
militares ya llevan años funcionando de acuerdo con la archivística
actual, y las peticiones a las que ellos se referían se contradicen con
lo expresado en la exposición de motivos. Por último, es necesario tener
en cuenta también las posibles repercusiones diplomáticas que podrían
derivarse de la aplicación de los puntos 2, 5 y 8.
Señorías, para finalizar, no me resisto a recordar lo que Juan Pando,
historiador que se ha citado aquí en bastantes ocasiones, manifiesta en
torno a la oportunidad o no de esa especie de perdón. Dice: Si se exige
una reparación moral a España -y cito-por esos bombardeos, habría que
reclamar otras a los jefes actuales de las cábilas de Beni Said y
Metalsa, responsables en el verano de 1921 de las matanzas de 950
españoles en Dar Quebdani y de 3.000 en Monte Arruit, tras haber
entregado sus armas y confiado a sus heridos a la clemencia del enemigo.
Dice Juan Pando: En la historia de las mayores capitulaciones coloniales
no se conoce semejante crimen. Fueron degollados allí más españoles en
quince minutos que rifeños muertos en primera línea por gases durante
toda la guerra.
Señor presidente, nos vamos a oponer a esta proposición no de ley por
términos jurídicos y de conveniencia política y, sobre todo, por un
criterio de oportunidad política que creo que ha quedado perfectamente
explicitado.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de las proposiciones. Vamos
a proceder a las votaciones. En primer lugar, como recuerdan ustedes, es
preciso acordar un dictamen sobre la existencia o no de conflicto de
intereses en la proposición de la persona que el Gobierno elige para
dirigir la Agencia de Protección de Datos. Se ha elaborado, utilizando el
modelo de otras comisiones que han realizado este procedimiento, una
propuesta de dictamen que luego, cuando sea leída por el señor letrado,
preguntaré a la Comisión si es aprobada por asentimiento.
El señor LETRADO: La Comisión Constitucional, en su sesión de 14 de
febrero de 2007, una vez examinado el currículum vitae y oída la
declaración del excelentísimo señor don Artemio Rallo Lombarte, ha
acordado emitir dictamen favorable por no apreciar la existencia de
conflicto de intereses de conformidad con el artículo 23 de la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de
los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado. El presente dictamen, una vez aprobado, será elevado
por el presidente de la Comisión Constitucional al presidente del
Congreso para su traslado al Gobierno a los efectos del correspondiente
nombramiento por el Consejo de Ministros del director de la Agencia de
Protección de Datos. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Voy a intervenir muy brevemente.
El Grupo Popular cree que este trámite, la comparecencia, en los términos
en los que se ha producido, ha revelado hoy su utilidad, porque ha
surgido un dato que para este grupo parlamentario era desconocido y que
es relevante a la hora de formar su criterio respecto al dictamen. Quiero
dejar muy claro que nuestro grupo entiende que este es un nombramiento
del Gobierno y por tanto, dentro de su libre discrecionalidad, puede
nombrar a quien estime oportuno para el puesto de presidente. Además, en
don Artemio Rallo hay características profesionales que avalan una
trayectoria que esperamos pueda desarrollar en beneficio de todos en ese
puesto, pero no podemos avalar, porque no es nuestra misión ni lo sería
de la Comisión, un nombramiento que es exclusiva responsabilidad del
Gobierno. Punto primero.
Punto segundo y último. El dato relevante es que el propio señor Rallo ha
aclarado su activa y larga militancia en el Partido Socialista Obrero
Español, que en sí misma es tan respetable como cualquier otra
circunstancia. A nuestros efectos, el dictamen deja muy claro que no
existe ningún conflicto de intereses de carácter económico, como es
evidente por la trayectoria y por el desarrollo de la sesión de esta
mañana. Hemos tratado de poner de manifiesto que puede existir en su
labor de protección de datos tan sensibles de todos los españoles cierto
conflicto con el interés del partido del Gobierno. Es evidente que no
solo tiene que protegerlos frente a las invasiones de la intimidad de los
españoles por parte de la sociedad, los medios, las empresas, etcétera,
sino en ocasiones -como se pone de manifiesto tanto en España como en la
experiencia comparada-respecto al propio Gobierno. En consecuencia, le
exhortamos a que ponga de manifiesto no solo su competencia profesional,
ya desarrollada a lo largo de su trayectoria, sino también su
imparcialidad, que le haga acreedor en el futuro de nuestra confianza.
(El señor Llamazares Trigo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En opinión de mi grupo parlamentario, se está
cambiando la naturaleza de la ratificación de esta Comisión, porque se
trata únicamente de contemplar la posibilidad de que exista
incompatibilidad, pero no de que exista prejuicio por parte de esta
Comisión. En ese sentido, si se abre la veda, señor presidente, a partir
de ahora todos los grupos parlamentarios tendremos que juzgar no
solamente si la política mancha, no solamente si la pertenencia a un
partido político mancha para acceder a instituciones del Estado, sino
también si la pertenencia a lobbies o a organizaciones confesionales y
demás mancha, lo que no había pasado nunca en este Parlamento. Pero si se
abre la veda, tendremos que ver todo el currículum de los candidatos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Llamazares, que estamos en otro
Estado más pacífico. Entiendo, por las palabras del señor Trillo, que
ellos tienen la reserva por la condición de afiliado de una personalidad
que se propone, pero que eso no impide que se pueda solicitar el
asentimiento para la no existencia de conflicto de intereses. Es así. ¿Se
aprueba por asentimiento el dictamen de no existencia de conflicto de
intereses? (Asentimiento.) Muchas gracias.
Pasamos ahora a la votación de las tres proposiciones no de ley que se han
debatido. En primer lugar, votamos la proposición no de ley sobre medidas
para garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios
públicos del Estado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la proposición no de ley sobre la reforma de los acuerdos
con la Santa Sede.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos;
votos en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos por fin la proposición no de ley de reconocimiento de
responsabilidades y reparación de daños como consecuencia del uso de
armamento químico en el Rif.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, por su presencia y su
debate.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.
Corrección de errores: En los "Diarios de Sesiones" números 499 y 503,
correspondientes a las sesiones de la Comisión Constitucional de los
pasados días 10 y 13 de marzo de 2006, en la página 1, figura el número
de expediente 127/00003 y debe figurar 127/000003.
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