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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 762, de 28/02/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 762
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 28 de febrero de 2007


ORDEN DEL DÍA:

-Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Formulada por la Comunidad Autónoma de Aragón-Cortes. (Número de expediente 127/000006.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.


-EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. FORMULADA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN-CORTES. (Número de expediente 127/000006.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la reunión de la Comisión Constitucional que está convocada, como saben, para emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, acerca de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. En primer lugar quiero saludar a algunos componentes de la Asamblea Parlamentaria de Aragón o dirigentes de organizaciones políticas que han solicitado asistir a la sesión, y en nombre de la Mesa doy la bienvenida a los señores don Jesús Franco Sangil, don Ignacio Revillo, don Antonio Suárez, don Ricardo Canals, don Javier Allue, don Xavier de Pedro Bonet, don Adolfo Barrena y don José Manuel Alonso Plaza. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta sesión.


Como saben ustedes, la propuesta de reforma que se elaboró en la Asamblea Parlamentaria de Aragón fue presentada en el Congreso de los Diputados y obtuvo la admisión a trámite en sesión plenaria el 3 de octubre de 2006, obteniendo 283 votos a favor y 10 abstenciones. Terminado el plazo de enmiendas se pudo computar que habían sido presentadas 220. Se constituyó la ponencia, que ha estado trabajando y ha elaborado un dictamen en la reunión del 21 de febrero de 2007 y quedan vivas en este momento 69 enmiendas, que están distribuidas sustancialmente entre Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), que tiene 60 enmiendas; Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que tiene cuatro enmiendas; Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que tiene una enmienda; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que tiene tres enmiendas; y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene una enmienda. Según el orden que seguimos, primero hablarán los grupos que tienen enmienda y dentro de ellos le correspondería en primer lugar al señor Labordeta. Consultado el señor Labordeta por alguna petición que se ha hecho por uno de los señores representantes, daremos la palabra en primer lugar al señor Tardà, de Esquerra Republicana, porque tiene otras actividades y ha solicitado ser el primero.


Señor Tardà, tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, doy las gracias al compañero Labordeta por su amabilidad. Seré breve puesto que tengo otras obligaciones. Pero la razón principal es el anuncio de que pediremos un voto particular para aquellos artículos a los cuales hemos presentado enmiendas, por lo cual, si se me permite la expresión, ya nos veremos en el Pleno. Vamos a mantener nuestras enmiendas para el Pleno y es allí donde intentaremos explicarnos con más extensión.


La primera enmienda se refiere al artículo 7 de la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón, referida a las lenguas.
Pretendemos su modificación en la medida en que instamos a reconocer como lenguas propias de Aragón el aragonés y también el catalán y que los poderes públicos garanticen, por supuesto, la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas. No me extiendo más puesto que son ustedes conocedores del contenido de nuestras enmiendas. Para nosotros es lamentable tener que defender en el siglo XXI, en una Europa rica y culta en la que vivimos, una enmienda de este tipo, pues entendemos que una de las grandes aportaciones a la cultura universal de los aragoneses es precisamente la lengua aragonesa y también la lengua catalana compartida con el resto de territorios del dominio lingüístico catalán. Incluso recordarán ustedes, recogiendo la recomendación del Consejo de Ministros del año 2005 respecto de su evaluación sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, que en uno de sus puntos instaba a reforzar la protección del aragonés y del catalán en Aragón, y esto no venía del sur de los Pirineos sino del norte de los Pirineos. La mejor aportación, a nuestro entender, a este refuerzo de la protección de ambas lenguas sería su incorporación al Estatuto de Autonomía, que no deja de ser la pequeña carta magna de la ciudadanía aragonesa.


Ciertamente la lengua aragonesa y la lengua catalana son lenguas minoritarias y minorizadas en y por el Estado español y por eso esta ley debería incluir su reconocimiento. Porque de su reconocimiento explícito se desprendería sin ninguna duda todo aquello que es necesario legislar a favor de estas lenguas para que puedan afrontar los grandes retos del siglo XXI, a nadie se le escapa que para las lenguas minoritarias y minorizadas no deja de ser un reto que todavía hoy y aun cuando estamos en el primer mundo será difícil de superar. Les ofreceré algunos datos rápidamente sobre la lengua catalana en territorio aragonés, y les hablo de datos del año 2004. El 98 por ciento de los ciudadanos entiende el catalán, y me refiero a los ciudadanos aragoneses que tienen el catalán en su territorio; el 78 por ciento lo lee; el 88 por ciento lo habla; el 30 por ciento -solo el 30 por ciento, ciertamente- lo escribe; el 70 por ciento tiene el catalán como primera lengua y el 73 por ciento como lengua habitual; el 69 por ciento se expresa en catalán en casa con los amigos catalanohablantes; un 81 por ciento usa el catalán, pero solo un 10 por ciento lo usa con las amistades castellanohablantes y básicamente lo usan las personas mayores, atención a este dato. En cuanto al comercio, por ejemplo, el catalán lo usa el 60 por ciento del pequeño comercio contra el 23 por ciento del gran comercio. Podría hablarles de otros datos referidos a la relación de estos ciudadanos con la

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banca, con personas desconocidas o respecto del uso de la lengua escrita en sus relaciones cotidianas y verían ustedes que todos nos llevan -la opinión no es mía, sino de reconocidos sociolingüístas- a la conclusión básica de que la lengua catalana y la lengua aragonesa -aunque en este caso los datos ciertamente se refieren a la lengua catalana- están situadas en este escenario de las lenguas en peligro, a pesar de que los poderes públicos hayan podido actuar en los últimos años en su favor, cosa que no negamos sino que incluso reconocemos para la mejor autoestima de los ciudadanos aragoneses. Aun así, hay que decir que lo que se ha avanzado en la recuperación de la lengua catalana en la Franya viene de los años ochenta y, en ese sentido, me gustaría recordar la labor del consejero Bada -socialista, pero que venía de dónde venía, de un Partido Socialista que podríamos denominar autonómico o nacionalaragonés- desde la Diputación General de Aragón, a quien hay que hacer un homenaje porque, en aquellos años ochenta, en Aragón las cosas estaban muy difíciles respecto a la lengua catalana y a la lengua aragonesa; recuerdo lo que había en aquella época en aquellas tierras.


Respecto a la enseñanza en catalán, hay que recordar que está presente de forma optativa durante dos horas a la semana, tanto en infantil como en primaria, pero la lengua vehicular es el castellano. El coste de la enseñanza está asumido por la Administración aragonesa, pero en su inicio era consejo escolar. Esto lo señalo para que sepan de dónde venimos los catalanohablantes; básicamente, somos una cultura de peaje. El consejo escolar de cada centro era el que decidía que se diese esta asignatura, con lo cual se trasladaba a la ciudadanía toda la problemática heredada.
Recuerdo haber hablado con algunos compañeros de los problemas que esto generó, sobre todo en Matarraña; los compañeros socialistas aragoneses saben de lo que estoy hablando. Actualmente esta fase ya está superada -por suerte, porque solo faltaría en el siglo XXI- y el catalán está presente en todos o casi todos los centros. Los alumnos que no optaban por el catalán tenían que hacer dos horas de refuerzo académico. En la actualidad, esto se utiliza para hacer refuerzo a los nuevos aragoneses; me refiero a la población inmigrante. Hay que decir que el 95 por ciento o más de los estudiantes optan por el catalán por cuestiones prácticas de trabajo en el futuro, pero hay que señalar que esto también está sujeto a algo tan aleatorio como la localización geográfica. Pongo un par de ejemplos para que sepamos por dónde andamos. Los estudiantes de primaria de Benabarri hacen la secundaria en Graus, fuera del dominio lingüístico, por lo cual pierden el catalán que ya han dado; en cambio, los de Pont de Montañana y más arriba realizan la secundaria en Pont de Suert, donde la lengua vehicular es el catalán. Por tanto, muchos maestros de la zona dan clases de refuerzo de catalán pensando en el nivel que se les exigirá en secundaria; francamente, un despropósito. Y no hablemos de cómo y dónde se imparte el aragonés que, por supuesto, está mucho peor que la lengua catalana. Por otro lado, todavía hoy día estamos hablando de horarios extraescolares; esto es una vergüenza. En cuanto a la televisión pública aragonesa, cien por cien en castellano, cada domingo dedica treinta minutos a colectivos religiosos -judíos, protestantes y musulmanes, cosa que me parece de aquella manera (Risas.), pero el catalán y el aragonés no aparecen en ninguna parte; repito, en el siglo XXI, Aragón, Estado español, ricos y cultos. Por lo que se refiere al cine infantil, tenemos Doraemon. (Risas.) En la Franya, gracias a que existe el Circuit Urgellent, hay películas que son subvencionadas por la Generalitat de Cataluña. Esto lo señalo para que luego nos digan cosas como que pretendemos invadir, etcétera; repito, un despropósito.


En definitiva, ¿qué pretendemos -y no me alargo más, porque ya hablaremos de esto en el Pleno con más extensión-, qué pedimos? Pedimos que se incluya en el Estatuto de Autonomía, como gran patrimonio de las tierras de Aragón, el catalán y el aragonés, porque así nos pondremos donde debemos, en el tránsito hacia la modernidad. No podemos aceptar textos que hablen de modalidades, porque esto, para la autoestima de los catalanohablantes, incluso diría más, para la autoestima de la ciudadanía aragonesa, es viajar en el túnel del tiempo hacia épocas más oscuras, profundamente oscuras incluso desde el punto de vista intelectual, que no político. Ya sé que políticamente todo se puede vender y que todo se puede transaccionar, pero aquí estamos hablando de la lengua, una lengua que, repito, está desapareciendo. Todos tenemos una gran responsabilidad para con las ballenas, sobre todo con la azul (Risas.), pero respecto a las lenguas, al parecer, todo puede ser susceptible de otearse desde lejos.


En cuanto a la segunda enmienda, la del Archivo de la Corona de Aragón, hay que señalar que aquí también somos herederos de una situación. El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la adicional decimotercera, ya habla de la necesidad. La disposición adicional decimotercera señala que los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de fondos comunes con los otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat tiene que colaborar con el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con las otras comunidades autónomas que tienen fondos compartidos y con el Estado por medio de mecanismos que establezcan de mutuo acuerdo. Lo que nosotros no entendemos es que en el texto se hable de participación preeminente. ¿Por qué? Porque somos herederos de una situación. Es evidente que hay que deslindar y, por cierto, la señora ministra Calvo se ha puesto a ello, y hace poco se reunieron en Barcelona representantes del Principat de Catalunya, del País Valencià, de las Illes Balears y de Aragón y se ha puesto en funcionamiento el mecanismo que debe encuadrar todo aquello que todavía no se ha resuelto. ¿De qué se trata, en definitiva? Se trata de deslindar cuál es la documentación estrictamente catalana

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y cuál es la documentación que es común a los cuatro territorios de la confederación -fíjense que palabra más bonita- catalanoaragonesa.
(Risas.) ¿Cuál es el problema? Que esos trabajos están todavía por realizar. Es evidente que una vez deslindada esta documentación, la que es común y la que es exclusiva de Cataluña, tiene que haber un patronato, con un funcionamiento absolutamente fluido y que supere todas las desconfianzas y recelos anteriores. También es evidente que este patronato tiene que funcionar en régimen de igualdades, porque no entendemos la utilización del término preeminente. Es más, personalmente tampoco aceptaría esta terminología para con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, porque no es posible ir a un patronato en régimen de igualdades para lo que es común. Por cierto -hago un paréntesis-, esto es responsabilidad de los técnicos, que para eso están, para poder solucionar este contencioso. A partir de aquí, el patronato estará bajo el patronazgo del Gobierno español, que se reserva la titularidad -y por eso el patronato será presidido por la ministra, señora Calvo-, aunque es cierto que los cuatro territorios de la confederación deben estar representados en régimen de igualdad.


Finalmente, la tercera enmienda se refiere a la supresión -cosa que solucionamos nosotros- de la disposición adicional quinta. Estamos a la espera de la elaboración del plan integral de protección del delta del Ebro, que es algo mandatado por el Plan hidrológico vigente y que debería haberse presentado en el año 2006, y todavía no conocemos cuáles son las conclusiones de este plan integral de protección, que es el plan que debe fijar cuáles son los caudales mínimos que deben garantizarse para que el río pueda continuar aportando los sedimentos necesarios para que la regresión del delta del Ebro no avance; problemática que ocurre en todos los deltas, incluso en el del Llobregat, porque estamos hablando de regresión y salinización a partir de la cuña de las aguas saladas marinas. Nosotros pedimos su supresión -acabo, señor presidente- porque entendemos que no ha lugar la incorporación de estas aportaciones mínimas del caudal del Ebro en la medida en que no tendría sentido, a nuestro entender, que se fijara lo uno sin lo otro. Habría que esperar a ver cuáles son los resultados de este plan integral de protección del Delta para que, luego, la Administración central, conjuntamente con el resto de administraciones autonómicas, en uso de sus competencias autonómicas, puedan fijar los equilibrios de los ecosistemas lindantes con el río, y en este sentido también las tierras deltaicas.


Estas son nuestras enmiendas, señor presidente, desearíamos que se sometan a votación de forma particular esos tres artículos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà. Así se hará cuando llegue el momento de las votaciones. Aprovecho para decir que, terminado el turno de todos los grupos, procederemos a las votaciones, pero no se harán nunca antes de la 1:30.


El señor Labordeta tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, voy a intentar ser menos literario que mi compañero Tardà, que ha hecho una exposición estupenda.
Yo voy a ser muy estricto, voy a hablar de cómo presenta Chunta las enmiendas para que las interpretaciones que se hagan sean las correctas y no manipuladas, que es lo que a veces pasa.


La primera enmienda se refiere a la fijación de las inversiones estatales en función de la superficie. Nosotros hemos visto cómo cada una de las comunidades autónomas ha fijado las inversiones de una manera, por población, por el PIB o por un contrato. En este momento nosotros tenemos una fijación que es cero-cero y parece que es lo que va a salir, pero nosotros planteábamos que para garantizar de forma efectiva el equilibrio económico territorial proclamado en el artículo 138 de la Constitución, el importe de las inversiones del Estado en infraestructuras en Aragón, sin perjuicio de su participación en los fondos de compensación interterritorial, se equiparara a la proporción de la superficie de la comunidad autónoma en relación al conjunto del Estado. En todo caso, para su fijación se tendrá en cuenta, además, la baja densidad de población, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía y la condición de comunidad fronteriza. Segundo: Con esta finalidad se constituirá una comisión integrada por la Administración estatal autonómica.


El segundo bloque de enmiendas se refiere a la compensación del déficit de inversiones estatales en infraestructuras. Queremos añadir una nueva disposición transitoria segunda bis con la siguiente redacción: Primero: El Estado compensará el déficit acumulado por la insuficiencia de sus inversiones en infraestructuras en Aragón con una inversión de 5.000 millones de euros a lo largo de siete años a partir de la aprobación del presente Estatuto. Estos importes se acumularán a las inversiones ordinarias que corresponden a cada ejercicio. Segundo: El seguimiento y control anual de la ejecución de estas inversiones y el cálculo de la liquidación definitiva se realizarán en el seno de la Comisión mixta de asuntos económicos financieros prevista en el artículo 109. Tercero: Pago de la deuda histórica. Queremos añadir una nueva disposición adicional séptima con la siguiente redacción: En el caso de que a la entrada en vigor del presente Estatuto no se hubiera hecho efectiva por el Estado la deuda tributaria acumulada hasta ese momento en concepto de compensación por minoración de ingresos de la comunidad autónoma a causa de la modificación de tributos cedidos, en cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, la Comisión mixta prevista en el artículo 109 procederá en el plazo máximo de tres meses a su determinación, debiendo ser liquidada y

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pagada tal deuda con cargo a los presupuestos del ejercicio siguiente.


Agua y trasvase del Ebro. Además de lo que ha dicho el señor Tardà, nosotros planteamos una enmienda muy clara, que es la cuarta y dice así: Para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en el artículo 19, la comunidad autónoma emitirá un informe vinculante -esta expresión ha sido cambiada por informe preceptivo, con lo cual la comunidad no tiene ningún derecho- para cualquier propuesta de obras hidráulicas o de transferencia de aguas que efectúe a su territorio. En todo caso, el Gobierno del Estado deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.


Al principio había doce competencias no incluidas y ahora son quince, porque hay tres nuevas competencias que no han sido incluidas, que son, entre otras, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas judiciales; que la determinación de la ubicación de infraestructuras y equipamientos de titularidad estatal en Aragón requerirá el informe previo de la comisión bilateral de cooperación; la legislación penal respecto a los menores infractores; la elaboración y reforma de legislación penal y procesal que incida en la competencia de menores. Al final de la materia 50 del artículo 71 proponemos añadir el siguiente texto: La autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de ámbito estatal requerirán la deliberación de la comisión bilateral de cooperación y el informe previo determinante de la comunidad autónoma aragonesa. Al final de la materia 52 del artículo 71, añadir el siguiente texto: La comunidad autónoma participará en las entidades y organismos de ámbito estatal europeo e internacional que tenga por objeto el desarrollo del deporte; también, la autorización del trabajo de los extranjeros.
Propiedad intelectual e industrial Al final de la materia tercera del artículo 77 proponemos añadir el siguiente texto: Establecimiento y regulación de un registro coordinado con el del Estado de los derechos de propiedad intelectual generales en Aragón o de los que sean titulares personas con residencia habitual en Aragón. Al final de la materia Tercera del artículo 77, añadir el siguiente texto: Establecimiento y regulación de un registro coordinado con el del Estado de los derechos de propiedad industrial de los que sean titulares personas físicas o judiciales con residencia habitual en Aragón. Planteamos añadir una nueva materia en el artículo 77, con la siguiente redacción: Sexta bis.
Comunicaciones electrónicas. Es extraño que en un momento en el que las comunicaciones electrónicas son tan importantes, la comunidad autónoma no prevea ningún derecho sobre ellas. En el apartado 1 del artículo 78, añadir a continuación de Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, y cualesquiera otros fedatarios públicos, serán nombrados por la comunidad autónoma, de conformidad con las leyes del Estado, la siguiente expresión: mediante la convocatoria, administración y resolución de las correspondientes oposiciones libres y restringidas y de los concursos. El apartado 2 del artículo 78 dice: La comunidad autónoma participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las notarías y a los registros de la propiedad y mercantiles en Aragón y debe decir: Corresponde a la comunidad autónoma el establecimiento de las demarcaciones de las notarías y los registros de la propiedad y mercantiles en Aragón.


A estas doce competencias se han rebajado tres más, por ejemplo, los medios materiales de la Administración de Justicia; el régimen estatutario de los funcionarios, que no serán exclusivos; y se pierde -una cosa realmente asombrosa- la participación en los órganos de administración de los paradores de turismo. En un territorio como el de Aragón, donde el turismo tiene tanta importancia y donde hay varios paradores, no participar en sus órganos de administración nos parece bastante absurdo.


En el sexto capítulo tenemos el problema de las lenguas propias. El señor Tardà ha hecho una defensa muy importante de este aspecto, pero el Estatuto es absolutamente ambiguo, solo dice que se defenderán las lenguas que se hablan en Aragón, pero no dice cuáles son. El otro día, yo dije un poco en broma que ahora se habla mucho el rumano, o sea que también hay que defenderlo. En todo caso, las lenguas propias de Aragón son el aragonés y el catalán, y lo demás es todo literatura. Nuestra enmienda propone la siguiente redacción para el artículo 7: 1. El aragonés y el catalán, lenguas propias de Aragón, son oficiales en sus respectivos territorios, que serán determinados por una ley de las Cortes de Aragón. Todas las personas tienen el derecho a conocerlas y a usarlas; 2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia y a su plena normalización, así como la protección, el uso normal y oficial, la promoción y el conocimiento del aragonés y del catalán, especialmente en sus respectivos territorios, y potenciarán su utilización en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa; 3. Las modalidades o variantes locales del aragonés y del catalán serán objeto de especial respeto y protección; 4.
Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Hay que pensar que uno de los mejores escritores en lengua catalana desgraciadamente fallecido, nació en Mequinenza y escribió uno de los libros más emocionantes en lengua catalana, que es Camino de sirga, y él reconocía su territorio, que es Mequinenza.


Séptimo, aspectos identitarios. Tal como ha quedado la exposición de motivos, estos aspectos identitarios son un poco ridículos, porque en la exposición de motivos pasamos de 1412 al momento actual, o sea, la historia de Aragón no aparece por ningún lado, aquí no ha habido los decretos de nueva planta, desaparecen los fueros, no ha habido república, no ha habido el Estatuto de Caspe ni la famosa manifestación de 1978 en la que cerca de 200.000 aragoneses salimos a la calle para pedir la

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autonomía del 151. Todo eso desaparece, y hemos hecho esto, que es un poco absurdo: al final del cuarto párrafo de la exposición de motivos, añadir el siguiente texto: así ya el proyecto de pacto constitucional o constitución federal del Estado aragonés de 1883 definía a Aragón como uno de los Estados soberanos de la federación española, cuya forma de gobierno era una república democrática federativa -esto es un sueño-.
Siguiente punto: al principio del sexto párrafo de la exposición de motivos añadir, a continuación de Aragón, la expresión comunidad nacional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Se trata, como bien ha señalado usted, señor presidente, al inicio de la sesión, de una sola enmienda referida a la disposición adicional tercera. No voy a repetir todos los argumentos que ya fueron expresados en la toma en consideración de la iniciativa, pero me gustaría dejar enmarcada de manera genérica la intención de nuestra enmienda, para que no sea sometida a malas o aviesas interpretaciones, y dentro de una objetividad jurídica indubitable en nuestra opinión. Como bien saben, esta adicional tercera es prácticamente copia literal de una disposición adicional del Estatuto vasco, el primero que se aprobó después de la aprobación de la Constitución española. Sin embargo, en esta disposición adicional tercera se hace una referencia a la disposición adicional primera de la Constitución, que habla de los derechos históricos de los territorios forales. Nadie duda de la foralidad de Aragón, de sus especiales características y de su profunda historia, y nadie quiere poner en duda tampoco las reivindicaciones que en cualquier momento, presente o futuro, quieran realizar los aragoneses respecto a su autogobierno, pero entendemos que lo que debe clarificarse de una vez por todas, sobre todo teniendo en cuenta, por una parte, el origen de la disposición adicional primera en los debates constitucionales y, por otra parte, los límites fijados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que esta adicional primera tiene un objetivo territorial limitado, y se trata de los territorios históricos que componen hoy la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Esto se deduce del origen mismo del precepto constitucional, que tiene su origen primigenio, como conoce cualquiera que se haya preocupado de observar el "Diario de Sesiones" y de leer la literatura acerca de este precepto, en la enmienda número 689 del Grupo Vasco, que hablaba expresamente de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
No solo eso, sino que esta enmienda tenía una parte que luego se convirtió en lo que es hoy una derogatoria en la Constitución española de las leyes del año 1839 y del año 1876 en lo que afectan por cierto, aprovecho para señalar que acabo de observar que en el "Diario de Sesiones", en la toma en consideración, se transcribió como 1900 -todas las fechas son 1939, 1976...-, y todas las fechas a las que hago referencia en esa toma en consideración son del siglo XIX, son 1800.
Solicitaría que se hiciera, si es posible, la corrección del "Diario de Sesiones" de la toma en consideración. Eso luego se convierte en dos preceptos diferentes en la Constitución. Cualquiera que lea los debates, las enmiendas in voce del señor Arzallus y las intervenciones del señor Del Burgo, que participó activamente en aquellas discusiones, puede ver que iban dirigidas a lo que iban dirigidas. El Estatuto de Aragón se aprueba en el año 1982, pero después tenemos una jurisprudencia constitucional, una sentencia clarísima -más de una, pero la más rotunda, la que lo deja evidenciado más claramente, es la del año 1988-, y en ella se señala que se refiere a aquellos territorios integrantes de la Monarquía española que, pese a la unificación del derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de regiones de España, culminada en los decretos de nueva planta, mantuvieron sus propios fueros, entendidos tanto en el sentido peculiar de forma de organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en otras materias durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad. El único caso de derecho público y derecho privado que pervive en el siglo XIX, llegando hasta nuestros días trazos de esa peculiaridad foral es el de los tres territorios integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la de Navarra. Por tanto, si no quedaba claro con lo que se manifestó en el momento del origen, la sentencia del Tribunal Constitucional lo deja meridianamente patente.


Nuestra enmienda no va a suprimir la adicional tercera del Estatuto de Aragón. Nos parece muy bien que la aceptación del régimen de autonomía no suponga renuncia absolutamente de nada, pero creemos que jurídicamente no se puede aludir a que eso se ve reflejado en la adicional primera, que tiene otro objetivo y otros destinatarios. En su momento, en 1982, se hicieron todos los estatutos seguidos y aquello iba como iba, después se ha precisado más por parte del Tribunal Constitucional y las modificaciones del Estatuto de Aragón han sido en ámbitos muy concretos, en los temas de sanidad, educación y régimen económico. Por tanto, se circunscribía a esos asuntos, dentro del gran pacto de reforma autonómica al que llegaron el Partido Socialista y el Partido Popular. En ese sentido nos gustaría que a través de nuestra enmienda se viera reflejada la realidad jurídico-institucional existente en el Estado.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero el señor Xuclà, que está compatibilizando esta Comisión con otra, ha venido más de una vez a ver si le tocaba o si podía intervenir, ahora no puede hacerlo y, en todo caso, si después viniera le daríamos la palabra. Tiene la palabra doña Isaura Navarro para expresar la posición de Izquierda Unida.


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La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero iniciar mi intervención saludando a la delegación que ha venido de las Cortes de Aragón y felicitándoles en nombre de Izquierda Unida, en cuyo nombre intervengo, por el trabajo que han hecho sustituyendo con reuniones previas a la constitución de la ponencia aquellas que deberían hacerse si todos los estatutos tuvieran la misma tramitación, es decir, la del 151, como tuvieron la oportunidad de hacerlo en el Estatuto de Cataluña y en el Estatuto de Andalucía. Es decir, dado que estamos equiparando los estatutos, también hemos de ver cómo se hace esta misma equiparación en la tramitación en esta casa. En cualquier caso, les felicito por el trabajo que se hizo sustituyendo esa falta de tramitación, como digo, en las reuniones de las que todos formamos parte y que creo que han dado un buen resultado, que se ve en las enmiendas introducidas en la ponencia, que son el reflejo de un buen trabajo.


La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón nace, por tanto, del acuerdo plural ampliamente mayoritario de la cámara aragonesa, donde no obtuvo ningún voto en contra. Después ha sido mejorado tras el paso por la ponencia en el que se han incorporado 38 enmiendas pactadas entre los grupos políticos de Aragón, que apoyaron el texto y quisieron trabajar y seguir trabajando para su mejora, y los grupos parlamentarios del Congreso. Hoy podemos afirmar que el texto resultante es un Estatuto que mira hacia el futuro y que da alternativas reales a las necesidades de autogobierno y al máximo desarrollo competencial. Es además acorde con las necesidades de la ciudadanía de Aragón y es un modelo de consenso que hasta la fecha ningún otro estatuto que hayamos debatido en esta Cámara ha conseguido. Por lo tanto, para Izquierda Unida este texto es especialmente trascendente en el momento en el que vivimos. Además es realista, y ello también es de agradecer. Aunque, seamos francos, los barómetros de opinión nos recuerdan estos días que la mayoría de la población no contempla entre sus principales preocupaciones las reformas de los estatutos, y no les culpo. Sin embargo, esta circunstancia no quita para que hagamos nuestro trabajo legislador lo mejor posible. Junto a ello, también hemos de destacar que su tramitación ofrece una imagen de la política que se aleja de los lamentables espectáculos que se protagonizan en esta casa por la intolerancia reaccionaria de algunos grupos políticos que trabajan por la crispación. Es, por tanto, un claro ejemplo de ejercicio de responsabilidad política que hemos de destacar.
Solo desde esta posición responsable por parte de todos los grupos, respetuosa con las diferentes posiciones políticas y desde el afán de hacer el Estatuto de todos los ciudadanos de Aragón y no de una parte, ni tan siquiera de la mayoría, se entiende el buen texto que ha salido; un texto que solo es rechazado por quienes, con toda la legitimidad, no han querido ceder, cuando todos sabemos que ceder es el trámite necesario para alcanzar un acuerdo. El Estatuto, como ningún estatuto, no puede ser ni el estatuto de la Chunta, ni el estatuto de Izquierda Unida, ni el estatuto del Partido Popular, ni debe ser el estatuto del Partido Popular y el Partido Socialista. Debe ser siempre un reflejo de la pluralidad política y cultural de Aragón. Y ese ha sido el trabajo que ha hecho Izquierda Unida. Por eso se ceden algunas cuestiones con el objetivo de alcanzar un acuerdo donde estemos todos. Porque recordemos también que los estatutos no son fotocopias unos de otros. Son el reflejo de la comunidad autónoma a la que van dirigidos, son la norma que los define.
El texto es, por tanto, el fruto de un largo trámite de negociación y cesiones por parte de todos los actores políticos que pretenden recoger todo aquello que importa a Aragón, es decir, garantía de financiación, máximas restricciones para evitar trasvases y un largo etcétera en el que están todas las inquietudes de un pueblo que merece el mejor estatuto, el suyo, el de Aragón.


El texto que llegó desde la Cámara aragonesa ha sido enmendado, como decía, por nuestro grupo mediante unas enmiendas negociadas con los grupos aragoneses y los grupos del Congreso de los Diputados. La tercera parte de esas enmiendas conjuntas tiene un componente técnico. Respetando el texto inicial, lo que pretenden es clarificar conceptos, mejorar la redacción, ubicar más adecuadamente las competencias y elevar el nivel técnico del texto. Hay otro bloque importante referido a las competencias exclusivas compartidas y ejecutivas que acondiciona en positivo el Estatuto de Aragón, ampliando los horizontes competenciales al máximo.
También hay una enmienda de modificación del preámbulo que dota al Estatuto de una introducción más concisa y clara al haber desaparecido el exceso de referencias historicistas identitarias que, fruto del intento de consenso en Aragón, recogía el texto originario. Igualmente, reseño y valoro especialmente como nueva aportación de Izquierda Unida incluir la garantía del derecho a no ser discriminadas las personas por su orientación sexual. Esta garantía la estamos incluyendo desde Izquierda Unida en todos los textos estatutarios que pasan por esta casa, con el objetivo de elevar este mandato al bloque de constitucionalidad. Otras dos enmiendas defendidas conjuntamente por Izquierda Unida resuelven la conflictiva cuestión del agua, ajustando su gestión al desarrollo sostenible, a los criterios ecológicos y adaptando los preceptos estatutarios al principio de unidad de cuenca. Igualmente se enmarca en los criterios de la sostenibilidad y la gestión eficaz y eficiente de los derechos presentes y futuros de la ciudadanía aragonesa sobre sus recursos hídricos. En el ámbito tributario y financiero ha sido también enmendado para reforzar la participación de la gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón, sentar las bases para el desarrollo del ente propio de gestión compartido con el Estado y avanzar en federalidad y solidaridad interterritorial, afirmando el derecho de Aragón a que las inversiones del Estado ponderen, es decir, que se tengan en cuenta las circunstancias diferenciales de Aragón, como puedan ser su territorio, su dispersión geográfica o su población, sin renunciar en

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ningún caso al proceso pendiente en esta materia. Mucho más todo esto de lo que recoge el Estatuto valenciano, en el que no se hace ninguna referencia a la financiación de la comunidad autónoma.


Tras este proceso apoyaremos con nuestro voto afirmativo el Estatuto de Aragón, respetando así la voluntad de la Cámara aragonesa, que sin ningún voto en contra lo remitió al Congreso. Asimismo, dadas las mejoras que ha sufrido el texto, es, en definitiva, un buen Estatuto, un Estatuto de esperanza y futuro, un Estatuto que vamos a apoyar con convicción.
Sencillamente, doy la enhorabuena al pueblo de Aragón.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, que ha manifestado su deseo de dividir la intervención, tiene en primer lugar la palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: En primer lugar quiero saludar en nombre de mi grupo parlamentario a los parlamentarios aragoneses que hoy nos acompañan y felicitarles de nuevo por la labor que han realizado en el Parlamento de Aragón. Es cierto que este Estatuto es quizá el que venga con un mayor consenso y una mayor vocación de lealtad constitucional de los que han pasado por esta Cámara. La vida a veces da sorpresas, y hoy me ha dado la sorpresa de coincidir en esta cuestión y en otra con mi compañera Isaura Navarro. Es cierto que es un Estatuto que nace de un amplio consenso, pero también es cierto, y ahí coincido plenamente, que estamos haciendo un debate estatutario -no hoy sino el que llevamos esta legislatura por responsabilidad de quien ha marcado la agenda de gobierno, que no es otro que el presidente Zapatero, como lo hizo en su debate de investidura- que sencillamente no coincide ni con las preocupaciones ni con las aspiraciones ni con las expectativas de los ciudadanos. Mi grupo siempre ha defendido que las reformas estatutarias cuando hay que hacerlas se hacen, sin que eso suponga distraer la acción de gobierno ni dejarse de dedicar a las cosas que importan y que interesan a los ciudadanos. Y probablemente a veces en los debates estatutarios éste no es el caso ha habido más discusión de luchas de poder o reivindicaciones de poder que leal preocupación por los intereses de los ciudadanos. Pero, como decía, hay que felicitar a los parlamentarios aragoneses por el consenso que han buscado y que han logrado, por el equilibrio, no siempre fácil y muchas veces complicado, pero sí con la lealtad con que con ellos mismos y con la Constitución han trabajado en este texto.


Este texto nace con una vocación clara de constitucionalidad, de no desbordar el marco constitucional, de no modificar el Estado de las autonomías, votado por todos los españoles, a través de un texto estatutario. Nace con voluntad de mejorar el autogobierno de Aragón, de modernizarlo, de adaptar su Estatuto a los nuevos tiempos, pero esa adaptación se hace en el marco de la Constitución y de los principios que la inspiran, en particular los principios de igualdad y solidaridad que hoy de nuevo vienen a defender y a reivindicar los aragoneses con su texto. En este texto no encontrará ningún lector devaneos identitarios.
Los aragoneses tienen muy claro lo que son y también que forman parte del conjunto de España, porque Aragón es ni más ni menos España. Se define como una nacionalidad, orgullosa de su historia, pero plenamente consciente de que su autogobierno procede de la Constitución y de ella emanan sus poderes, como reconoce el artículo 1, respetuoso con la igualdad de todos los españoles, lo que no merma su capacidad para defender y mejorar el marco de los derechos de los aragoneses en aquello que pueda hacer perfectamente el Gobierno de Aragón. No se están buscando aquí mayores competencias para regular de forma distinta aquello en lo que todos debemos ser iguales, sino ampliar la capacidad del Gobierno de Aragón para mejorar en aquello que le compete, los derechos que tiene que dar o debe dar a sus ciudadanos. No se encontrará en este Estatuto un blindaje de competencias, porque lo que busca es que el Gobierno de Aragón -el que lo sea en cada momento- ejecute mejor las suyas en plena coordinación con las del Estado pero sin inmiscuirse en aquellos terrenos que deben estar perfectamente deslindados.


Este es un Estatuto que responde al viejo sistema -porque así lo han llamado algunos- de lista en la regulación de competencias, es decir, no desarrolla las potestades que en cada una de las competencias se tiene.
Algunos han visto -y recordaremos el originario Estatuto- en esta manera de desarrollo por facultades un sistema de mayor ampliación competencial.
Siento decir que no estoy de acuerdo con esta idea. Contra lo que pueda parecer a algunos, a la larga -y el tiempo pasa- probablemente ese detalle actuará en su contra y además servirá de parámetro de interpretación de su propio Estatuto para no concederles más que aquello que han pedido. Sin embargo, este es un Estatuto inteligente, que permite adaptarse a los nuevos tiempos, como lo permitieron los estatutos que se aprobaron desde 1979, y habida cuenta del grado de descentralización logrado en este país, tan malo no era el sistema de lista.


Este es un Estatuto plenamente respetuoso con la unidad del Poder Judicial. Aquí no estamos hablando en etéreo de la unidad ni del gobierno ni de los jueces ni de los magistrados, sino que con la unidad del Poder Judicial lo que se está defendiendo es algo que forma parte del núcleo básico de los derechos de la persona: ser tratado con igualdad ante cualquier juzgado o tribunal de este país. Eso es lo que subyace en los principios de unidad e independencia del Poder Judicial. Como esa regulación debe ser conjunta, este Estatuto es plenamente respetuoso con una institución que lo es también de la comunidad autónoma, el Tribunal Superior de Justicia, pero no se interfiere en las competencias que el Tribunal Supremo, como institución de todos los españoles, debe seguir teniendo. Este es un Estatuto que no opta por modelos bilaterales, porque un modelo bilateral de relación del Estado con cualquiera de las comunidades

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autónomas no tiene sentido en un Estado de las Autonomías, podrá tenerlo en Estados de corte confederal, y porque sencillamente Aragón es plenamente consciente de que la mejora de sus derechos y la defensa de su principio de solidaridad vienen sobre todo por un principio de igualdad entre comunidades y de multilateralidad en el trato. Y es un Estatuto que defiende ese principio de solidaridad primero para sus ciudadanos a través de su modelo de financiación, pidiendo lo que le corresponde, ni más ni menos, pero sobre todo tratando de evitar que algunos asuman lo que no les corresponde, porque entre todos debe decidirse lo que se reparte en su conjunto. Es un Estatuto ambicioso, pero dentro del marco en el que se puede ser ambicioso, dentro de la Constitución. Es un Estatuto de modernidad y que permitirá a los aragoneses seguir construyendo su comunidad autónoma fortaleciendo y reivindicando lo que han sido a lo largo de la historia pero sobre todo lo que han sido dentro de la Constitución; fortaleciéndose ellos mismos sin debilitar a nadie ni al conjunto, porque quizá el sentido de la fortaleza de todas las comunidades autónomas es la fortaleza del conjunto, y Aragón es hoy por hoy -y lo será siempre- un pilar de la fortaleza de un país moderno y eficaz como es el nuestro.


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el turno del Grupo Popular, y tiene la palabra don Ramón Moreno.


El señor MORENO BUSTOS: En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, doy la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón que hoy nos acompañan en este tercer y penúltimo trámite en el Congreso de los Diputados para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Aprovecho también para excusar la ausencia de mi compañero Ángel Pintado, verdadero impulsor de los trámites anteriores, ya que por motivos de salud no puede acompañarnos hoy, por lo que voy a ser yo el que va a trasladarles sus, mis y nuestras posiciones.


Comenzaré mi intervención por definir este Estatuto como el Estatuto del consenso. Hemos sido entre todos capaces de acercarnos a él como instrumento y no como un fin, como herramienta necesaria y que a su vez da viabilidad a la esencia de la democracia. La capacidad de crear consensos supone también el respeto a las discrepancias planteadas por otros grupos, ya que enriquecen el debate y dan pie a poner en valor el acuerdo alcanzado. El Partido Popular entiende que el preámbulo recoge la historia de Aragón, en la que sobresale su derecho. La Comunidad Autónoma de Aragón, con este nuevo Estatuto, continúa la senda de su fortalecimiento en el marco del desarrollo autonómico que prevé nuestra Constitución. Los aragoneses nos sentimos plenamente identificados como españoles, y esa también es una razón de peso para construir un Estado desde la recíproca lealtad tanto institucional como entre los pueblos.
Este es un Estatuto que es nexo de unión, que busca el respeto desde la diversidad cultural con los pueblos vecinos y con toda España. Es un Estatuto que no es un fin en sí mismo, como decía con anterioridad, sino un instrumento al servicio de todos los aragoneses. Es un Estatuto que mandata a los poderes públicos, que tienen que dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.


Por entrar directamente en alguno de los importantes aspectos de la reforma, comenzaré por las lenguas. La lengua forma parte de la identidad de los pueblos. En Aragón han convivido pacíficamente los distintos usos que con el devenir del tiempo se han fraguado. Por tanto, hablemos de respeto y protección. Consideramos que esta labor se ha conseguido por medio de bien distintas disposiciones abordadas durante los últimos años.
Son conocedores SS.SS. de que existen disposiciones para dotar de medios materiales y humanos para garantizar el uso correcto de los mismos. El uso de las lenguas en Aragón es un tema pacífico. La convivencia entre los pobladores de los distintos territorios que forman el Estado no debería usarse nunca como origen de privilegios o como enfrentamientos.
El Partido Popular ha entendido y entiende la diversidad en la unidad de un rico patrimonio común que es fruto de una herencia cultural que merece respeto y protección. Señorías, este es un asunto que nos preocupa, que preocupa posiblemente en otros territorios. La voluntad del Parlamento de Aragón, representantes legítimos de los aragoneses, ha hecho que busquen una fórmula que aborde este asunto por medio del acuerdo y así se solucione definitivamente en el tiempo. Hoy no cabe forzar situaciones que a buen seguro tendrán respuesta a través de los mecanismos previstos en el Estatuto.


Otro aspecto que no es menos importante es el relativo al agua. El trabajo desarrollado por la ponencia estoy seguro -y así es- que mejora el texto inicial porque supone un reconocimiento a uno de los principios básicos de nuestra legislación en materia hidráulica, el principio de unidad de cuenca, asumido por la normativa comunitaria e hijo de los postulados históricos de nuestra legislación nacional. El río es entendido como unidad de explotación. Cualquier actuación en un tramo determinado influye en el resto. Salvaguardar los intereses medio ambientales; la garantía de suministro para uso doméstico, industrial, agrario, hidroeléctrico o para la acuicultura son objetivos irrenunciables que descansan en nuestra Ley de Aguas. A su vez, esto no sería posible sin la planificación hidrológica, verdadero instrumento para conocer las posibilidades reales de cumplir con las demandas que los distintos sectores sociales y económicos realizan sobre el elemento del agua. La reserva que se establece en el Estatuto no es un capricho de los ponentes, es fruto de la planificación actual y debe dar satisfacción a las legítimas demandas de agua, es decir, es ya un derecho positivo.
Ahora bien, de nada servirán estos postulados si la Administración no hace nada en nuestro país y sigue con una parálisis de obras en una búsqueda de modelos que no dan solución a los problemas planteados, a los problemas reales. Por ello,

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diálogo y consenso. Ya lo tienen; ahora no quedan excusas para trabajar y cumplir con el objetivo establecido.


Otro aspecto que hay que reseñar es el relativo al Archivo de la Corona de Aragón. Durante el proceso de elaboración y tramitación de este Estatuto se ha producido la creación del largamente demandado y deseado Patronato del Archivo de la Corona de Aragón. Los términos en los que se plantea suponen la participación de las comunidades autónomas afectadas y del Estado. Es rica la historia de este archivo, llamado a contribuir a la unión de los lazos comunes de amistad, convivencia e historia que han de pervivir por encima de situaciones y planteamientos que requieren mesura y grandeza de visión de la historia, al tiempo que colaboran en una experiencia de unión de voluntades.


Señorías, el Partido Popular entiende que este Estatuto, plenamente enmarcado en la Constitución, continúa el proceso abierto de esta para dar mayor capacidad de trabajo a la autonomía de Aragón. La lealtad constitucional y la solidaridad entre las administraciones preside el mismo. Por ello deseamos que este Estatuto sirva para hacer más Aragón dentro de una gran España, porque Aragón, señorías, no es solo miembro de nuestra nación española, sino que es parte inseparable de la misma.
Aragón, tierra de respeto, de lealtad a la palabra dada, recibe hoy el apoyo del Congreso, donde reside la soberanía nacional, como garantía de los acuerdos que hemos sido capaces de lograr: principios y valores universales que comparten y que compartimos con otros territorios, como la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales. El Partido Popular asumió el trabajo de reforma de este Estatuto con vocación de servicio, haciendo abstracción partidista de sus postulados, y creo, señorías, que lo hemos conseguido. Por último, entendemos que este instrumento ha de servir para el buen gobierno, independientemente del color político que hubiera en cada momento. Por esa forma de contribuir y de hacer que ese sistema tenga más estabilidad institucional, tanto en el ámbito regional como en el nacional, es por lo que nosotros vamos a votar a favor de esta reforma.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre el Estatuto tiene la palabra, en nombre de Coalición Canaria, don Luis Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: En primer lugar quiero mandar un saludo afectuoso a los señores parlamentarios de las Cortes de Aragón que nos acompañan y adelantar nuestro voto favorable a la aprobación de esta reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que, desde un punto de vista constitucional y de contenido, es ex novo, con una adición muy sustantiva y muy sustanciosa de los principios que consagraba el anterior, y todavía vigente, Estatuto de Autonomía de Aragón. También lo hacemos con una doble satisfacción que casi me vería obligado a justificar, no ya solamente por un principio parlamentario y constitucional de solidaridad de Coalición Canaria con este Estatuto de Autonomía, sino también por el trabajo que hemos hecho conjuntamente y que me ha facilitado -dado que el Partido Aragonés, el PAR, no tiene representación en esta Cámara, pero sí la tiene en el Senado- el senador don José María Mur, con el que hemos mantenido el principio de solidaridad y de lealtad para estar hoy en esta Cámara y en esta Comisión que usted, don Alfonso Guerra, preside muy bien y democráticamente, para que podamos exponer una dualidad de coincidencias entre el grupo que represento de Coalición Canaria-Nueva Canarias y la fuerza política de Aragón, representada en este caso por el Partido Aragonés, con el que prácticamente en todas las elecciones al Parlamento Europeo, por imperativo de la Ley Electoral, en la circunscripción única de todo el territorio español para la representación en el Parlamento Europeo, hemos ido en asociación y en pacto de coalición. Por tanto, en la representación que pudiéramos tener hoy nos sentimos en la consideración de hacerlo con suma satisfacción y orgullo. En primer lugar, porque apoyamos un Estatuto que trae aquí la coincidencia de pareceres y la coincidencia de votaciones de las principales fuerzas políticas, al menos hablando cuantitativa y cualitativamente, de las Cortes de Aragón, con respeto a cualquier otra formación que haya expresado su voluntad democrática de votar en contra o de presentar objeciones al articulado. Afortunadamente, las enmiendas que suscribió mi grupo parlamentario por encargo del Partido Aragonés son coincidentes con las enmiendas que en su día vimos presentadas en la ponencia -y que venían de las Cortes de Aragón- por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Esa coincidencia allana el camino y da la sensación de que hay un proceso de reflexión responsable de estas cuatro fuerzas políticas en sintonía con el mensaje que viene desde las Cortes de Aragón, como órgano de la soberanía territorial de todo ciudadano que vive en Aragón. Esta coincidencia se repitió en el asunto planteado en la ponencia con una enmienda transaccional a la exposición de motivos, que volvimos a suscribir plenamente las cuatro fuerzas parlamentarias que he citado para dar entrada a una nueva redacción, sobre la que quiero destacar lo siguiente, porque es importante esta valoración de consenso en esta acción fundamental. Sabe el señor presidente, don Alfonso Guerra, que quienes nos hemos estado dedicando a nuestras labores democráticas desde la transición contrajimos un compromiso del verdadero consenso. Siempre he discrepado de los consensos en materias singulares como los planes de sanidad, de trabajo, de transportes, porque cada Gobierno que gana unas elecciones es el responsable de ejecutar su programa electoral en sanidad, en fiscalidad, etcétera. Pero hay tres piezas fundamentales en las que el consenso es el que consolida una democracia y que son: la Constitución,

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la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras. Esas tres piezas están trabadas, afortunadamente, en España, porque son las que permiten dar entrada, con ese mismo consenso o incitando al mismo, a los estatutos de autonomía. No se trata de decir: Constitución española versus Estatuto de autonomía de una comunidad autónoma. No, tenemos que mantener aquellos consensos, porque son las tres piezas fundamentales sobre las que se asienta el edificio democrático español. Y damos entrada a una cuarta condición, ya territorializada, que es el Estatuto de autonomía correspondiente a cada comunidad que lo haya traído aquí, con un respeto que tiene que ser enunciativo. Aquí se anuncia en el tercer o cuarto párrafo: El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de ella, su pertenencia a la Unión Europea, y dota a la comunidad autónoma de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico. Cuando llega el articulado, reflejamos este principio declarativo, sin el cual no podría existir una sintonía con aquel consenso que llevó a efecto la Constitución española en su título VIII, al establecer que Aragón es una nacionalidad histórica que ejerce su autogobierno -por tanto hay una asunción de responsabilidad- de acuerdo con el presente ejercicio y Estatuto, en una autonomía que la Constitución española reconoce y garantiza a toda nacionalidad. Estos poderes de la Comunidad de Aragón emanan del pueblo aragonés, pero quedan sometidos al principio de un derecho que creo que es oportuno reconocer aquí. Sé que hay algunas fuerzas políticas de ámbito territorial que lo pondrían en cuestión, pero esto reafirma muy fundamentalmente que hablar de nacionalidad histórica de Aragón y no reconocer el derecho foral sería una verdadera contradicción histórico-política. Cuando en el artículo 1.3 se enuncia que la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema constitucional español, ostenta por su historia una entidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura, estamos en una plena sintonía de valores constitucionales que ya hace unos años, como usted bien recuerda, don Alfonso Guerra, tuvimos el honor y la ocasión de ponernos de acuerdo en que cualquiera que fuera la fachada de la casa, los cimientos tenían que ser sólidos y verdaderamente solidarios y consensuados por todas las fuerzas políticas, que aceptamos todas las ideas y rechazamos las que quieren la violencia para dominar y actuar sobre el Estado. Ahí también se produce un consenso en la lucha contra aquella formación política que no quiera respetar los métodos democráticos para imponer sus ideas. En esta andadura del nuevo Estatuto de Aragón -ya lo hemos visto incluso por las enmiendas a las distintas partes del articulado- le tocará hacer uso de la Constitución española para que se puedan resolver los litigios, normales y naturales, que surjan de las cuencas hidrográficas o hidrológicas, de las redes de carreteras, de las gestiones aeroportuarias, del uso del agua en la agricultura y en los servicios de abastecimiento. Hay marco constitucional para que esas cuestiones o querellas del buen uso de los recursos naturales, del medio ambiente, etcétera, se aclaren en los contenciosos que garantiza a todos los españoles la Constitución, por lo que las Cortes de Aragón también lo tienen en este momento, como representación soberana de esta voluntad de una parte de España que hoy se inserta, y deseamos que sea para un progreso en el bienestar en todos los órdenes: económico, social, y que este nuevo Estatuto de Aragón sea fundamentalmente no el uso de un poder de una determinada formación política que en un momento determinado en las elecciones democráticas tenga el poder de gobernar la comunidad autónoma, sino que sea un auténtico instrumento de convivencia entre todos los ciudadanos que queden afectados por él.


Por estas razones, señor presidente,

Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente.
Ejercemos una función de solidaridad y de responsabilidad, en concordancia con la iniciativa que nos presentaron las Cortes de Aragón tiempo atrás, para que democráticamente, en esta casa, en esta sede, donde reside el principio constitucional de soberanía popular de todos los españoles y de toda España, pudiéramos hacerlo con esta convicción.


El señor PRESIDENTE: Para establecer su posición sobre el Estatuto, tiene la palabra el Grupo Socialista, que ha solicitado repartir el tiempo entre tres intervinientes. En primer lugar, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUIATONDO: Efectivamente, voy a repartir el tiempo con mis dos compañeros del Grupo Socialista, Eva Sáenz y Jesús Membrado.
Aprovecho para señalar que va a ser una intervención un poco larga, porque queremos dar a este debate la entidad que tiene y manifestar posiciones políticas, en nombre de nuestro grupo, que consideramos de interés.


En primer lugar, quiero sumarme a la bienvenida que damos a toda la delegación de las Cortes de Aragón. Su presencia aquí es muy bienvenida.
Quiero recordar que durante muchas semanas hemos hecho con ellos un buen trabajo previo a esta sesión solemne que celebramos hoy para aprobar definitivamente en Comisión el Estatuto de Aragón. Este es el quinto Estatuto que aprobamos en esta legislatura. Lo hicieron antes la Comunidad Valenciana, Baleares, la Comunidad de Cataluña y la Comunidad andaluza. Ahora lo hace Aragón y lo hace con un nuevo Estatuto, un Estatuto que tiene 115 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco transitorias y una final y que recoge una voluntad política que en mi opinión es incuestionable, la voluntad de los representantes del pueblo de Aragón, en las Cortes de Aragón, de hacer un nuevo Estatuto. Repito que es un nuevo Estatuto, no es propiamente una reforma, porque después de veinticinco años de experiencia autonómica los representantes del pueblo de Aragón han considerado conveniente adaptar su norma institucional básica a un nuevo tiempo, a una

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nueva realidad, a unos nuevos problemas. Aragón, conviene decirlo, ha experimentado un cambio extraordinariamente positivo en todos los parámetros que uno pueda calibrar, y desde luego en su importancia política en el conjunto de España, en su progreso económico y en su avance social. Esto debería llevar a todos a una reflexión que me parece particularmente oportuna en el inicio de mi intervención. Curiosamente, en estos veinticinco años ya largos -casi veintiocho- de modelo autonómico que lleva España, el progreso de sus tierras y de sus regiones o de sus nacionalidades y de sus pueblos en general ha sido extraordinario, claro que también lo ha sido el del conjunto de España.
Convendría empezar a reflexionar en serio sobre la importancia que ha tenido la distribución del poder, el modelo de organización territorial para que las sinergias de todas la fuerzas autóctonas, de las fuerzas que han surgido de tantos pueblos a veces olvidados por el viejo centralismo, se hayan puesto en marcha paralelamente a este tiempo histórico que España está viviendo y hayan favorecido -en mi opinión, pero también lo dicen todos los expertos europeos- una aproximación territorial de los pueblos de España. Curiosamente, el Estado autonómico no ha sido el que ha separado a los pueblos de España, sino el que los ha unido y el que ha aproximado rentas y derechos de ciudadanía comunes de todos los españoles. Esta es la primera afirmación que me gustaría hacer para reivindicar esta apuesta por modernizar el instrumento, la norma, la arquitectura jurídico-política que da basamento al autogobierno en este caso de Aragón.


Pues bien, el debate en las Cortes Generales, en esta Cámara, ha tenido como objetivo -esta es la posición inicial de nuestro grupo- respetar al máximo la voluntad de las Cortes de Aragón. Es verdad que hemos hecho algunas cosas que me parecen evidentes e insoslayables, forman parte de nuestro trabajo. Son fundamentalmente cuatro. En primer lugar, hemos ajustado el modelo competencial que el Estatuto establecía en el texto original de las Cortes de Aragón al reparto competencial establecido en nuestra Carta Magna y en el modelo de reparto político que hemos construido en España. En segundo lugar, hemos adecuado a la Constitución algunas disposiciones que requerían esa adecuación jurídico-normativa. En tercer lugar, hemos hecho una aproximación importante en la homologación de los conceptos económicos y financieros para todas las comunidades autónomas. Me enorgullezco de decir que en los cinco textos que llevamos reformados hemos establecido unos parámetros comunes, para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda hacer un trabajo sobre un basamento común en la negociación, obligada por otra parte, entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, del sistema económico y financiero.
Por último, hemos tenido en cuenta el respeto al interés general de España y de los españoles en el conjunto de las normas que tienen que establecerse en este Estatuto, puesto que también hay un interés general de España por el que tenemos que velar y que a veces, por qué no reconocerlo, choca con intereses locales o con aspiraciones comunitarias que necesitan ser ajustados a ese interés general.


Me gustaría hacer una afirmación que me parece importante, respondiendo a una de las grandes pegas que ha expuesto la Chunta Aragonesista en relación con el sistema competencial. El señor Labordeta ha dicho que había quince competencias que no estaban recogidas en este Estatuto. En ponencia ya le expliqué -quiero repetirlo aquí, porque me parece un argumento muy importante y muy veraz, cargado de razón- que esto no quería decir que el Estatuto de Aragón tuviera menos competencias que otros estatutos, no es verdad. El que hemos establecido es un modelo de definición competencial diferente con arreglo a los estatutos que estamos aprobando ahora. Es verdad que dos comunidades, Cataluña y Andalucía, han ido a un procedimiento de definición competencial sobre una especie de referencia casi indiciaria -desde la a de agricultura hasta la uve de videovigilancia, por poner un ejemplo-, en el cual conforme se define la materia se describen todas las funciones que esa materia contempla y se concreta en cada unas de estas funciones si la competencia de la comunidad autónoma es exclusiva, compartida o ejecutiva. Pero este modelo no es por el que han optado Aragón u otras comunidades, como la valenciana o la balear. Lo que ha hecho la comunidad aragonesa ha sido una descripción de las competencias exclusivas en sus conceptos básicos: Es exclusiva de la Comunidad de Aragón esta, esta, esta, etcétera, en un largísimo listado de materias; es competencia compartida de Aragón esta y esta más, y así sucesivamente. Sin embargo, me apresuro a señalar que esta descripción de las grandes competencias no incorpora una definición competencial menor que la que pueda tener el Estatuto de Cataluña, simplemente describe el portal, la categoría de la competencia desde el punto de vista de su enumeración e incluye lógicamente en esa categoría todas las funciones que le corresponden. Ahí no existe un menor nivel competencial -aprovecho para puntualizar esto, que es muy importante-, no lo hay; incluso cabe decir que la descripción conceptual permite que nuevas funciones que se puedan incorporar a esas materias se adscriban de manera natural a quien tiene la competencia del concepto básico. Como decía mi compañero, Jesús Membrado, es una percha de la que cabe colgar un futuro que no tiene límites. En ese sentido, quiero señalar que esta descripción competencial no es menos, y esto explica -lamento que el señor Labordeta no pueda escucharme- que estas quince materias que él ha citado estén incorporadas al capítulo competencial de la comunidad aragonesa, aunque no estén citadas como funciones concretas. Esto no quiere decir que no las tenga; las tiene.


Esto me lleva también a una pequeña reflexión que quiero hacer a mi compañera Soraya Sáenz de Santamaría a propósito de esta obsesión que el PP tiene a veces por comparar este Estatuto con otros, señalando que no tiene determinadas pretensiones, ya que al hacerlo casi señala

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una imagen devaluada de este Estatuto. Al compararlo con otros estatutos que han hecho cosas que a ella o a su partido no les gusta parece que este tiene una menor categoría, y de verdad que no es así. En este punto quiero ser muy concluyente y en nombre del Grupo Socialista reivindicar para este Estatuto la plenitud del autogobierno que contrae y que conlleva, al margen de cómo lo explique. Al margen de cómo se exprese en cada uno de los artículos, quiero dejar muy claro aquí en nombre del Grupo Socialista que este es un Estatuto de plena autonomía, de primer nivel y de máximo autogobierno. Por cierto, tengo que contestar también a una aportación en clave de enmienda que ha hecho el Grupo Nacionalista Vasco para establecer cuál es nuestro punto de vista sobre la referencia a los derechos históricos. En este caso puedo hacerlo casi también en nombre del Grupo Popular, porque recuerdo una intervención de doña Soraya Sáenz de Santamaría a este respecto que creo que voy a ser capaz de interpretar fielmente. Por tanto, como digo, creo que interpreto la opinión del Grupo Socialista así como la del Grupo Popular sin perjuicio de que S.S. pueda matizar lo que considere necesario. Primero, a este respecto nosotros consideramos que la definición respecto de los derechos históricos está muy bien contemplada en el título preliminar, artículo 1.3. La Comunidad Autónoma de Aragón -leo textualmente- dentro del sistema constitucional español ostenta por su historia una identidad propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura. Nos parece que esta definición es impecable y por eso la hemos establecido así. También lo hemos hecho en relación con la disposición adicional tercera porque, en primer lugar, esta disposición ya estaba en el Estatuto de Aragón del año 1982, y nuestros respectivos grupos -concretamente el nuestro- no han considerado conveniente hacer una reforma de una disposición que ya se estableció inicialmente en el antiguo Estatuto. En concreto nosotros enmarcamos esa disposición final tercera en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera. Nuestro grupo la acepta en su actual redacción precisamente interpretándola a la luz y con arreglo a esa jurisprudencia, y más concretamente a la sentencia 76/1988, de 26 de abril, a la 159/1993, de 6 de mayo, y específicamente a la sentencia del Tribunal Constitucional 123/1984.


Hay una tercera idea que me gustaría trasladarles. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por mantener el consenso con los grandes grupos que apoyaron el Estatuto en Aragón de manera casi unánime en las Cortes de Aragón. Asimismo quiero establecer de manera solemne nuestro agradecimiento a todos los grupos: al Partido Popular de Aragón, al Partido Socialista de Aragón, al PAR y a Izquierda Unida, con quienes hemos negociado durante muchas horas las enmiendas y que han dado lugar a este trabajo consensuado que hoy nos trae aquí. No ha sido posible conseguir la unanimidad, en parte porque también hay reivindicaciones locales de otros grupos que no podemos compartir y que nos gustaría se sometieran al criterio que las Cortes de Aragón han expresado respecto a esos temas a los que se referirán después mis compañeros. Asimismo ha sido imposible llegar a acuerdos con algún grupo que probablemente había decidido un rechazo al Estatuto por razones en mi opinión más bien políticas. Señorías, por último, termino haciendo una referencia global sobre el debate que en cierto modo se ha planteado a propósito de si este Estatuto y otras reformas u otros estatutos se corresponden políticamente con los tiempos, si interesan a la gente o no. Tengo la necesidad de destacar la paradoja que percibo de la intervención que ha hecho, por ejemplo, nuestra compañera del Grupo Popular a este respecto, al introducir al principio de su intervención una especie de alegato contra las reformas estatutarias para acabar ella misma -desde luego también su propio compañero, don Ramón Moreno- alabando esta reforma; o es de día o es de noche. No creo que sea verdad que esto no interese a nadie. Si no interesara a nadie, ¿por qué todos los gobiernos autonómicos, que, creo yo, son alguien y representan a alguien, han iniciado los proyectos de reforma? Por cierto, ¿por qué lo inició la Comunidad Valenciana y su presidente, el señor Camps? ¿Por qué lo han hecho después catalanes, baleares, andaluces, ahora aragoneses, mañana canarios, castellano-manchegos, castellano leoneses, etcétera? ¿Por qué? No interesa a nadie, pero todas las fuerzas vivas de cada comunidad autónoma lo reclaman y lo apoyan: sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, etcétera. No interesa a nadie, pero la prensa habla del asunto todos los días. No interesa a nadie, pero, como ya he dicho antes, estamos aquí debatiendo la quinta reforma estatutaria. En cualquier caso, me pregunto algo más: ¿interesa a Aragón? Señorías les voy a dar hasta ocho razones por las cuales los aragoneses van a encontrar en este Estatuto no solamente una norma institucional básica de su proyecto político, de su autogobierno, sino también la explicación de por qué ellos han iniciado esta reforma y qué han encontrado en este Estatuto.


En primer lugar, hay una definición muy precisa de esos aspectos históricos o identitarios. Por cierto, la cuestión identitaria no es un devaneo, como ha dicho doña Soraya; devaneos identitarios creo que le he escuchado. Cuidado, los temas identitarios forman parte del ser. Podrán gustarnos más o menos; a veces algunos los manipulan o los extreman -esto es opinable-, pero, cuidado, los temas identitarios forman parte de nuestra realidad, porque forman parte de las cuestiones en las que nos expresamos en las lenguas, o porque forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia o de las respectivas aspiraciones. No son devaneos, y ciertamente este Estatuto hace una definición en su preámbulo y específicamente en su título preliminar muy precisa de estos aspectos históricos, identitarios, culturales, políticos y también lingüísticos.
En segundo lugar, hay una amplia regulación de nuevos derechos y deberes que, sin alterar los fundamentos de los derechos de todos los españoles, sin embargo en el ámbito de cada comunidad

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autónoma permiten que, puesto que hay un poder público que desarrolla amplias facultades que afectan de manera notabilísima a la vida de los ciudadanos (la salud, la dignidad en los tratos médicos, la educación, los servicios sociales, etcétera), se genere una carta de derechos de esos ciudadanos de esa comunidad con sus poderes públicos. En tercer lugar, hay una mejora de su autogobierno a través de las razones que ya he explicado, por ejemplo, en el aspecto competencial. En cuarto lugar, hay una nueva regulación económico y financiera de la que luego hablará mi compañero Jesús Membrado. En quinto lugar, hay una organización institucional y territorial más adaptada a las peculiaridades de Aragón.
En sexto lugar, hay una organización de la justicia más autonómica y más eficiente. En séptimo lugar, hay una nueva regulación de los derechos de intervención y participación en asuntos de la Unión Europea o en las facultades que la Comunidad de Aragón percibe ahora en materia de acción exterior, y en octavo lugar, hay una nueva manera de participar de Aragón en las tareas del Gobierno del Estado. He dicho ocho, pero podría decir veintitrés o cincuenta si ustedes quieren. Señorías, aquí hay 115 artículos que configuran una norma institucional básica fundamental para los aragoneses.


Termino con una referencia precisamente a lo que nuestro grupo interpreta que hay en el trasfondo de la crítica que con tanta frecuencia se escucha respecto a estas reformas. En nuestra opinión no se está rompiendo nada; no se está desvertebrando España. Señorías, hay una nostalgia centralista en esa mirada catastrofista sobre el modelo autonómico. Hay demasiada desconfianza en los gobiernos autonómicos, sin comprender que también son Estado, que también son España. Lamento decirlo, pero hay una cierta incapacidad histórica para aceptar esta España diversa y plural. Es cierto que la queremos grande, pero también diversa y plural, con sus pueblos y sus culturas, como la única España posible, como la España real. Señorías, hay demasiada resistencia a la configuración de una identidad nacional renovada, propia del siglo XXI, de esta España democrática, descentralizada, abierta, europea y moderna que estamos construyendo desde hace treinta años con un éxito envidiable en todo el mundo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui. Ya nos anunció que sería extenso, pero yo no pensaba que tanto.


Para continuar el turno, espero que no por el mismo tiempo, tiene la palabra doña Eva Sáenz.


La señora SÁENZ ROYO: Señorías, como no podía ser de otra manera, en primer lugar deseo dar la bienvenida a la delegación aragonesa que ha venido hoy a esta Comisión donde damos comienzo a una nueva fase en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Quisiera constatar al principio de mi intervención un doble esfuerzo: en primer lugar el de cuatro de las cinco fuerzas políticas que forman parte de las Cortes de Aragón para alcanzar un acuerdo que ha supuesto renuncias y generosidad de los grupos que lo han suscrito, un acuerdo que ha supuesto el compromiso con los intereses generales de los aragoneses y aragonesas por encima de cualquier interés partidista; en segundo lugar el de los grupos parlamentarios que hemos alcanzado un acuerdo en fase de presentación de enmiendas en pro del interés de la Comunidad Autónoma de Aragón, también interés del Estado, y que ha supuesto tanto en las formas, en el tratamiento que se ha dado a los ponentes parlamentarios autonómicos del Estatuto de Autonomía de Aragón, como en el fondo la consecución de un objetivo largamente ansiado, que es la asimilación de Aragón a las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la llamada vía rápida. Asimismo quisiera dejar constancia de la cordialidad, del respeto y del ánimo constructivo de todos los grupos parlamentarios presentes en la ponencia que discutió las diferentes enmiendas. Conste aquí por tanto el agradecimiento de mi grupo parlamentario a todos ellos.


Dicho esto, me gustaría comenzar a justificar las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario, y que se han incorporado en el informe de la ponencia, así como argumentar nuestro voto en contra de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios en lo referente fundamentalmente al título preliminar y al título I. Aunque excede en parte de este contenido, trataré toda la temática del agua y excluiré de mi discurso la problemática de las lenguas de la que se ocupará el diputado señor Membrado. Comenzaré señalando que este texto supone el reconocimiento en su artículo 1 de Aragón como nacionalidad histórica. Es verdad que desde los inicios del proceso autonómico la definición de la comunidad autónoma aragonesa resultó ser uno de los puntos más conflictivos y polémicos. Ese conflicto se resolvió en la reforma de 1996 con la definición de Aragón como nacionalidad. Es cierto también que esta propuesta de reforma añade el calificativo de histórica, que no es sino añadir algo que me parece que está ligado naturalmente al concepto de nacionalidad, pues toda nacionalidad es necesariamente una formación histórica. Lo que yo quería destacar es que con esta afirmación debe apreciarse una reivindicación de una legitimidad histórica tan válida o más que la de cualquier otro territorio para fundamentar el mismo trato, las mismas instituciones y las mismas competencias que otras comunidades autónomas. Es decir lo que desde Aragón se rechaza con esta afirmación es la discriminación entre comunidades autónomas. Lo que se quiere decir con esta identificación es que si es por historia Aragón es merecedora, como la que más, de la máxima autonomía. Con este concepto de nacionalidad histórica y en este sentido referido a todos los aragoneses y aragonesas nos sentimos plenamente identificados. Frente a esta identidad que, como digo, ya se definió en la reforma de 1996 lo que resulta una novedad respecto al texto original es la incorporación de todo un título referente a derechos y libertades. Me gustaría destacar en este punto que el

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texto aragonés ha sabido conjugar con acierto el principio democrático con un amplio reconocimiento de derechos. Se trata de derechos que están ampliamente consensuados por todas las fuerzas políticas, derechos que podríamos decir que no son ideológicos. Además de respetar ese principio democrático este título resulta a la vez de una gran modernidad por cuanto se introducen conceptos que responden a sensibilidades actuales, como son la sostenibilidad con relación al medio ambiente, la conciliación de la vida familiar y laboral, derechos relacionados con las nuevas tecnologías, etcétera; por tanto derechos consensuados políticamente que dejan margen al legislador democrático pero dotados al mismo tiempo de una enorme modernidad. Incluimos en referencia a este título una enmienda que me parece de especial importancia y que hemos introducido en todos los textos estatutarios que han pasado por el Congreso de los Diputados porque despeja las dudas de constitucionalidad que podrían surgir con la incorporación de toda una tabla de derechos y libertades en los textos estatutarios. Me refiero a nuestra enmienda número 69, dirigida a impedir que los derechos estatutarios puedan suponer un título competencial nuevo para la comunidad autónoma en cuestión o impedir la disposición por el estatuyente de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española o en los tratados internacionales ratificados por España. Por tanto las comunidades autónomas pueden regular derechos, como ha sido práctica habitual en todas ellas hasta ahora, eso sí, siempre en ejercicio de sus competencias.


Voy a justificar brevemente nuestro rechazo a las enmiendas número 9 y 10, de Chunta Aragonesista, que pretenden incorporar a este título de derechos y libertades el derecho a morir dignamente y a la enseñanza pública laica. No es el momento hoy aquí de discutir sobre el contenido de estos dos preceptos sino sobre lo inadecuado de introducirlos en un Estatuto de Autonomía. Es evidente que su introducción rompería el consenso político y también el equilibrio antes mencionado entre el principio democrático y el reconocimiento de derechos. Los derechos que se reconocen en un Estatuto de Autonomía deben respetar las diferentes opciones que un legislador democrático pueda tomar dentro del marco de la Constitución, por tanto en aras del consenso y del principio democrático que debe inspirar toda regulación de derechos en un Estatuto no podemos aceptar estas enmiendas. Además, en relación a la primera de las enmiendas, referida al derecho a una muerte digna, aunque hubiera un consenso entre todas las fuerzas políticas aragonesas un Estatuto de Autonomía no puede determinar ni el momento del comienzo ni el momento del final de la vida, puesto que forma parte del contenido esencial del derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución, por tanto su desarrollo corresponderá a las leyes orgánicas estatales. Lo que sí puede hacer un Estatuto de Autonomía, lo máximo que puede hacer a este respecto un Estatuto de Autonomía, es lo que ya hace esta propuesta, que nos han enviado desde Aragón, en su artículo 14, que es elevar a rango estatutario derechos que se reconocen en la Ley de Salud de Aragón, en la que efectivamente la Comunidad Autónoma de Aragón tiene plena competencia.


Entro ya a argumentar los artículos referidos al agua. El agua es un recurso vital, esencial para la vida, indispensable para toda economía en cualquier nivel de desarrollo, especialmente para una comunidad como la de Aragón donde se considera un bien escaso. El carácter vital del recurso y su escasez han hecho del agua en Aragón un elemento identitario de la sociedad aragonesa, centro del debate político y un instrumento movilizador de los aragoneses. Si a esta demanda social y política sumamos la incorporación en este último proceso de reformas estatutarias del tema del agua se entenderá el interés del Gobierno de Aragón y de las Cortes aragonesas por incorporar la defensa del agua en la nueva reforma estatutaria, incluyéndola, a semejanza de como se hace en otros estatutos como el valenciano, en el apartado referente a derechos. Es en este contexto en el que deben entenderse los derechos en relación con el agua reconocidos en el artículo 19 de la propuesta de reforma, y concretamente en su apartado 3 es donde se explicita la reivindicación social y política de los últimos años en Aragón, es decir el no al trasvase del Ebro. Se explicita de tal manera, como a continuación voy a explicar, que no perturba en nada la competencia del Estado y además resulta respetuosa con otras comunidades autónomas, de ahí que mi grupo parlamentario haya presentado una enmienda, más de forma que de fondo, en la que se introduce alguna mejora en al ordenación de las fuentes normativas y alguna matización pero que respeta en esencia el texto acordado en Aragón. Lo respeta porque de lo que se trata es de un mandato dirigido a los poderes públicos aragoneses para que defiendan un interés político, que ya se ha definido democráticamente en las Cortes de Aragón. Ese interés político definido democráticamente es el no al trasvase. Es verdad que ese mandato político tiene una traducción jurídica que es la emisión por la comunidad autónoma de un informe preceptivo, que se recoge en el artículo 72 de la propuesta de reforma. Esa exigencia de informe preceptivo ya está reconocido en otros estatutos como el catalán y ni interfiere ni perturba la competencia del Estado, que es lo prohibido jurídicamente según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De ahí que mi grupo no haya presentado ninguna enmienda a ese artículo 72, enmienda que, sin embargo, sí ha presentado Chunta Aragonesista, en concreto la número 20, pidiendo que el informe no solo sea preceptivo, sino también vinculante. En este punto, aunque sea brevemente, tengo que detenerme, puesto que es una de las banderas que denostan nuestro Estatuto. Ustedes piden que se incluya un informe vinculante y dejan ver que si no se hace estaremos discriminados respecto a otros comunidades autónomas. Con todos mis respetos, me gustaría aclarar que ningún Estatuto de Autonomía que se haya aprobado en el Congreso de los Diputados ha aceptado un informe

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vinculante de estas características, ni el Estatuto de Autonomía catalán, en el que, según ustedes dicen, a Cataluña se le permite la participación en la planificación hidrológica sin cortapisas, exactamente igual que a nosotros. Me resulta curioso que se hagan valer los estatutos de autonomía de otras comunidades autónomas y no se haga valer el nuestro cuando dice exactamente lo mismo.


Por último, en relación con el agua, se ha incorporado una nueva redacción a la disposición adicional quinta en el informe de ponencia. Esta nueva redacción persigue que sea la planificación hidrológica la que fije las reservas, pero, eso sí, manteniendo la mención a la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos del Pacto del agua. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, este precepto queda enmarcado adecuadamente en la planificación hidrológica, tomando en consideración también la pretensión autonómica. En cuanto a la exigencia de acuerdo de las comunidades autónomas afectadas por un trasvase, que proponen las enmiendas números 47 y 48 de Chunta Aragonesista, ya se señala en el artículo 72 del texto aprobado en las Cortes de Aragón que el Gobierno de España deberá propiciar ese acuerdo. Eso es lo máximo que puede decir un Estatuto de Autonomía de Aragón, si efectivamente no se quiere perturbar la competencia del Estado en materia de trasvases.


Hay que señalar, aunque sea de modo sistemático, que respecto al título II, III y IV, organización institucional, Administración pública y Justicia, respectivamente, se ha respetado el texto procedente de Aragón.
Podemos señalar que en el artículo 32 añadimos, por respeto a nuestra historia, la denominación de Diputación General junto a la de Gobierno.
Terminaré señalando que la reforma que tratamos hoy refleja una voluntad de avanzar en los niveles de autogobierno, de mejorar la organización institucional, en definitiva de mejorar las condiciones de vida de los aragoneses y aragonesas, y todo ello a la vez de ver cumplido el objetivo de la consecución plena de los efectos del artículo 151 de la Constitución. Además todas estas mejoras se han realizado con una mayoría muy rotunda, que debería hacer pensar a Chunta Aragonesista sobre sus valoraciones y reacciones. Solo desde el acuerdo y desde la generosidad podemos contribuir a mejorar la posición de nuestra comunidad autónoma dentro de nuestra España democrática. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Para terminar el turno del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señorías, querría comenzar mi intervención agradeciendo y dando la bienvenida a la delegación aragonesa que está presente en un acto que para nosotros, los aragoneses, es importante, y también creo que para toda España, y que es el paso previo para la aprobación, probablemente definitiva, de un Estatuto que es fruto del acuerdo, que es fruto del consenso, y que estoy seguro de que va a ser una pieza fundamental para gobernar el futuro de Aragón. ¿Por qué? Porque es un Estatuto equilibrado, pactado, apoyado mayoritariamente, en el cual las distintas fuerzas políticas han hecho un ejercicio de responsabilidad y han obviado algunos estandartes o banderías de carácter electoralista que no vienen al caso cuando se tiene que hablar de una norma que tiene que servir para gobernar una tierra como la nuestra, que es Aragón. Por tanto, mi felicitación, mi enhorabuena por el trabajo realizado y mi bienvenida. Antes de pasar a hablar de las lenguas y de la financiación, me gustaría trasladar al Grupo Popular el deseo de que don Ángel Pintado se recupere lo más pronto posible, porque nos hubiese gustado que hoy estuviese presente aquí con todos nosotros, sin menoscabo de quien está sustituyéndole.


Solo voy a hablar de dos temas, de financiación y de lenguas. Respecto a la lenguas, me gustaría plantear alguna cuestión. La primera de ellas es que el artículo 7 es el único que hace referencia a las mismas y contempla cuatro enmiendas de Chunta Aragonesista y una de cada una de las opciones políticas catalanas: Iniciativa per Catalunya Verds, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana de Catalunya. Eso demuestra que hay un gran interés por lo que está pasando con las lenguas en nuestra comunidad autónoma por las opciones políticas de nuestros vecinos catalanes. Esta mañana la viveza de la intervención del señor Tardà indudablemente nos habrá demostrado que hay un gran interés por la pervivencia de esa lengua y por su desarrollo.
Señorías, no se preocupen, no tengan esa preocupación como un elemento tan activo. Nos gusta que se preocupen, pero al mismo tiempo que nos dejen desarrollar nuestro problema lingüístico. En este tema nuestro Estatuto recoge el acuerdo que se ha podido alcanzar. Es el denominador común de las distintas fuerzas políticas que suscribimos este Estatuto, donde hay distintas posiciones -no son las únicas-, pero indudablemente es el acuerdo máximo, por tanto es un acuerdo consensuado, un acuerdo consensuado de cuatro opciones políticas que necesitan y merecen un respeto, porque lo hacen con vocación no de ser el final del mismo, sino de seguir avanzando en el futuro. El Estatuto apuesta por la regulación de una futura ley de Cortes, y para nosotros este es un paso adelante que tiene el valor de no convertir la realidad lingüística de nuestro territorio en un problema de carácter social, en el que podría haberse convertido, y en estos momentos estaríamos en una situación peor. Los distintos gobierno aragoneses no han estado parados, no han sido pasivos, todo lo contrario. Actualmente se están desarrollando programas culturales y educativos que potencian las lenguas aragonesas con el acuerdo en los centros de enseñanza de la comunidad educativa y con el auspicio y los recursos propios del Gobierno.


No estoy de acuerdo con el señor Tardà; lo que hace veinte años era una utopía, la utopía del señor Bada, hoy es una realidad. El señor Bada construyó unos cimientos

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que nos han permitido, por ejemplo, que hoy en Fraga tengamos un centro educativo bilingüe en su totalidad; algo impensable, señorías, hace veinte años. De la misma manera que era impensable que esto se haya hecho sin conflicto y con la implicación de toda la comunidad educativa. Ese es un tema, en los territorios de los que estamos hablando, muy difícil de conseguir. Asimismo, la práctica totalidad de los alumnos de todos los territorios bilingües estudian materias en lengua propia, también complementaria y ampliándose, y en algunos casos con deficiencias por no contar con infraestructuras y profesorado adecuado. Este es otro de los problemas que tenemos para desarrollar de forma más rápida. Por eso, se han incrementado -discrepo con el señor Tardà-, los hablantes de esas lenguas y se ha ido mejorando y ampliando la expansión de las mismas en zonas en las que prácticamente había desaparecido, como en la zona de Matarraña. Introducir ahora modificaciones sustanciales mediante enmiendas sin acuerdo político mayoritario sería tanto como convertir una evolución positiva de la realidad lingüística en un problema político, que es inteligente evitar, y eso es lo que ha hecho el Estatuto.
Señorías, todas las comunidades autónomas tenemos nuestras propias sensibilidades y peculiaridades, y en Aragón tenemos dos: el agua y la oficialidad de las lenguas. Déjennos resolver el problema con el mayor grado de consenso posible, no nos metan más carbón en la caldera. Solo necesitamos tiempo para avanzar en el acuerdo, porque el marco estatutario del cual nos vamos a dotar ya lo tenemos en el artículo 7, donde se reconoce el valor patrimonial y cultural de nuestras lenguas y de nuestras modalidades; emplaza a una ley de lenguas específica en la que su contenido queda perfectamente reflejado; define el derecho a no ser discriminado por la lengua, que para nosotros es tanto como posibilitar la práctica de la misma sin ninguna traba para poder hablar, para poder leer, para poder escribir allí donde residan y también para poder amparar explícitamente las relaciones con la Administración en lengua propia. Eso es lo que dice el artículo 7 y se tiene que hacer, como en el acuerdo del año 1999 se permitió y no se pudo sacar hasta 2003, pero eso es lo que permite el artículo 7 que ustedes han enmendado.
De ahí que no veamos necesario hacer modificaciones al texto propuesto y no podamos aceptar estas enmiendas, pero también tenemos que decir que estas enmiendas nos sirven, lógicamente, para valorar el interés que se tiene en que el bilingüismo siga adelante en nuestra comunidad autónoma tal y como se está desarrollando en estos momentos.


El siguiente capítulo que me corresponde desarrollar es el de la financiación, que es un poco más árido, como pueden comprobar ustedes desde el momento en que hay 30 enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista, de las 60 que se han presentado al tema de la financiación autonómica. Es un tema que lógicamente interesa, pero nos interesa a todos, no solamente a los enmendantes sino a los que hemos presentado autoenmiendas al propio Estatuto a lo largo de los debates que se han mantenido con los representantes de nuestra comunidad autónoma aquí. En primer lugar, quiero decir que en la reforma del año 1996 ya se hizo un apunte importante en los temas de financiación autonómica, aquella reforma fue un paso muy importante, y que se ha terminado de cerrar -aunque los temas financieros nunca se cierran- con esta reforma estatutaria. Voy a enumerar las cuestiones que se están planteando en estos momentos, pero no haré una valoración de las enmiendas una por una sino de los paquetes de enmiendas que se han formulado por parte de Chunta Aragonesista.


Nuestro Estatuto hace una enumeración de los recursos de la comunidad autónoma, incluidos los que se ceden por el Estado, en el artículo 104 y en la disposición adicional segunda. Tras las enmiendas que presentamos los cuatro grupos parlamentarios, se corresponde con la enumeración que recogerá el nuevo sistema de financiación autonómico de la Lofca. Por lo tanto, tenemos un marco estatutario que está perfectamente sincronizado con la Lofca del futuro y no echamos en estos momentos carabinas al viento a la hora de hacer peticiones que sabemos que posteriormente no se van a poder recoger desde el punto de vista constitucional. Se queda totalmente definida la creación de una agencia tributaria autonómica que, al igual que está recogida en otros estatutos, se encargará de gestionar los tributos propios de la comunidad autónoma, así como los estatales totalmente cedidos a la comunidad; en relación con los parcialmente cedidos, asumirá las competencias que el Estado le delegue. Esta agencia tributaria, que se desarrollará posteriormente en igualdad de condiciones para todas las comunidades autónomas que así lo tienen recogido en sus estatutos, englobará también la nuestra y por lo tanto no tenemos por qué establecer, como lo hace una enmienda de CHA, que la agencia tributaria se tiene que poner en marcha ya y que la decisión de cómo se compondrá y de qué manera se desarrollará se vinculará a la comisión mixta. Por otro lado, en el artículo 107 se establecen unos mecanismos de nivelación en el mismo sentido que se ha hecho en el resto de los estatutos de autonomía, vinculados fundamentalmente a los servicios esenciales del Estado de bienestar: educación, sanidad y servicios sociales. Garantiza un nivel común en todo el territorio español en la prestación de los servicios, cosa que en Aragón hemos ido pidiendo sistemáticamente y cuestión que nos ha llevado a tener en estos momentos pendiente un litigio de deuda en transferencias que no tenían suficiente financiación.
Si hubiésemos contado con unos niveles semejantes a los que estamos planteando en el Estatuto, no hubiésemos llegado a la situación que tenemos en estos momentos de un litigio en los tribunales.


El acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado que recoge el artículo 108, ya previsto en la reforma del año 1996, se mantiene en el mismo nivel que está, no se rebaja, como plantea algunas de las enmiendas de Chunta. Se rechaza, no obstante, cualquier querencia de sistema, de convenio o cupo de tipo

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vasco o navarro, como plantea en estos momentos como sistema de financiación Chunta Aragonesista, sabedora como es de que este es un tema vinculado a los derechos forales e históricos de las dos comunidades autónomas navarra y vasca que no tiene ninguna posibilidad de expansionarse hacia otras comunidades autónomas y tampoco hacia la nuestra. Esto vuelve a ser un brindis al sol. Tras la enmienda pactada, se dota más a la comisión mixta de asuntos económicos financieros Estado-comunidad autónoma del artículo 109, y se enumera una serie de hasta nueve atribuciones concretas que no existían en el texto original que vino de Aragón y que se ha mejorado sustancialmente en el debate que se ha hecho en la Comisión a lo largo de las cuatro reuniones con los grupos parlamentarios. Por cierto, se mejoró aquello en lo que Chunta se abstuvo en el debate parlamentario en las Cortes aragonesas y ahora rechaza, esto es simplemente un apunte entre paréntesis. Finalmente, en relación con las inversiones estatales en infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la disposición adicional sexta se prevé su fijación ponderada, y yo interpreto el adjetivo ponderada como se debe de interpretar, equilibrada entre distintas opciones: en relación con el territorio, en relación con los costes derivados de la orografía y en relación con la situación fronteriza. Tenemos pendiente en el Senado una proposición de ley de modificación de los fondos de compensación interterritorial basada en estos criterios, avalada por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón -por tanto, yo sospecho que esta no será una materia que no tenga mucho que ver con la realidad de nuestra tierra-, y lo estamos haciendo en la misma línea que Cataluña, Andalucía o Valencia, que tienen criterios distintos pero que, indudablemente, ninguno de ellos tiene una vinculación porcentual estricta a los planteamientos de los que han derivado esos criterios. En ese sentido, a mí me parece que estamos perfectamente salvaguardados con las vías de financiación.


Para terminar, me gustaría dejar claro lo siguiente. Este Estatuto mejora las competencias sobre hacienda y financiación del que tenemos actualmente, que proviene de 1996, porque amplía recursos; posibilita una agencia tributaria; establece mecanismos de nivelación vinculados a los servicios públicos esenciales del Estado del bienestar; potencia el acuerdo bilateral económico-financiero; vincula las inversiones estatales en infraestructuras a la ponderación de territorio, orografía y situación fronteriza; plantea mecanismos para resolver deudas pendientes y marca un plazo de seis meses para la constitución de la comisión mixta de asuntos económicos financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón.


Señorías, la financiación siempre es mejorable, porque no hay límites al bolsillo y al monedero. Ahora bien, reivindicar el cupo como fórmula de financiación y 5.000 millones de euros de compensaciones por déficits de inversiones sin justificación económica alguna, me parecen dos elementos que son más un brindis al sol en precampaña electoral que enmiendas serias que tengan que enmarcarse en un Estatuto de estas características.


El señor PRESIDENTE: Aunque en otro orden, porque ya les anuncié que estaba compatibilizando otra Comisión, el señor Xuclà tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, quiero agradecer la flexibilidad expresada por esta Presidencia y también la amabilidad de los grupos que en orden de prelación tenían que intervenir después de mi intervención, esto es, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.


En primer lugar, quiero saludar a la delegación de las Cortes de Aragón y expresar mi más amplio respeto a la delegación y a la propuesta de Estatuto que plantearon las Cortes de Aragón, que es el criterio general por el cual se mueve mi grupo parlamentario en la tramitación de reformas estatutarias, el respeto a la propuesta y la intervención, dentro del respeto de los márgenes, en la negociación de lo que es un texto pactado entre un parlamento autonómico y estas Cortes Generales, por cierto, respeto que nos habría gustado que se hubiera mantenido al cien por cien en cuanto a la propuesta que el Parlamento de Cataluña planteó en su momento y trasladó a estas Cortes Generales.


En la toma en consideración inicial de este Estatuto, los tres comisionados de las Cortes de Aragón hablaron reiteradamente de la necesidad de hacer de Aragón una comunidad de primera. El Grupo Parlamentario Catalán no puede expresar más que respeto y el deseo de que así sea. Siempre nos hemos guiado por el criterio de que no vamos a negar a otras comunidades autónomas lo que hemos planteado para el desarrollo del autogobierno de la comunidad autónoma catalana. Por esto el deseo de que esta sea una comunidad de primera también es nuestro deseo. En este sentido les tengo que anunciar no solo la defensa de la enmienda 220, sino también que este grupo parlamentario no ha deseado entrar en algunas cuestiones, como son -con todo el respeto seguramente los redactores lo consideran de otra forma- la expresión preeminente en el patronato del Archivo de la Corona de Aragón -al final se tienen que poner de acuerdo distintas comunidades autónomas- o una materia en la cual ha habido mucha insensatez por parte de bastantes en estos últimos años, como es la materia del agua. Creo que por parte de distintos colores políticos ha habido en esta materia bastante insensatez.


Solo hemos presentado una enmienda, que es la que paso a defender, la enmienda 220. En primer lugar, quiero decir que el día después de la entrada de la enmienda mi grupo parlamentario presentó un escrito de corrección de un error material para retirar obviamente la referencia de esta enmienda al aranés. Les pido disculpas, es un error material, no había voluntad política. Algún día, si hubiera material suficiente para

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escribir mis memorias -que en estos momentos no hay-, les explicaría por qué llegó el aranés a esta enmienda. En todo caso, planteamos la defensa del aragonés y del catalán, y voy a hacer una defensa, señor Membrado, con un tono seguramente distinto al del señor Tardà. Usted antes ha hablado de la viveza con la cual el señor Tardà ha defendido sus enmiendas. Me disgustaría mucho que usted pensara -cada uno tiene su estilo- que mi estilo de defensa de esta enmienda expresa menos interés en el planteamiento del objeto de la misma. Usted ha hablado, no sé si acertadamente, de que tenemos que respetar -ha dicho- nuestro problema lingüístico. Creo que debemos hablar de riqueza lingüística y de pluralidad lingüística, y en el caso de Aragón correspondería, en el marco de las olas de reforma de los estatutos de autonomía que se están produciendo en esta legislatura y en la línea del discurso del señor Jáuregui, que le ha precedido en un planteamiento más de fondo sobre la España plural, explicitar en este Estatuto cuáles son estas lenguas y el nivel de protección de las mismas. Mi grupo parlamentario ha querido completar el artículo 7, que hace referencia a las lenguas y a una futura ley de lenguas, pero seguramente estamos ante el caso de la única norma estatuyente que va a hablar de lenguas sin explicitar cuáles son estas lenguas. Creo, con todo respeto, señor Membrado, que usted ha sido más -si me permite la expresión cordial- papista que el Papa, o, si me permite otra expresión, más ortodoxo que la ortodoxia de las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular en materia lingüística.
Usted ha hecho distintas referencias a la viveza de esta lengua -los más restrictivos hablan de 60.000 personas y los más optimistas de cerca de 100.000 personas que hablan el catalán en la Franja- y a otras personas que hablan el aragonés y que merecen respeto y protección. ¿Por qué le digo que ha ido más allá de la propia ortodoxia del entente entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Por dos argumentos. Primero, porque la literalidad de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán es la literalidad de una parte de la Ley de patrimonio de Aragón aprobada el año 1999, votada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, es más, bajo presidencia del Partido Popular, y en la cual se hace referencia a que este Estatuto -lo estoy leyendo del redactado de la enmienda- proporcionará el marco jurídico específico para regular la cooficialidad del aragonés y del catalán, lenguas minoritarias de Aragón, así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua propia como a la plena normalización del uso de estas lenguas en sus respectivos territorios. Esto es lo que dice en el debate de hoy Convergència i Unió, pero desde el respeto a las Cortes de Aragón mi grupo no ha hecho más que trasladar a este debate lo que las propias Cortes de Aragón expresaron y votaron respecto al respeto de las lenguas minoritarias de Aragón, la enseñanza y la normalización en su uso en el ámbito de la Administración. Por esto digo que quizás es más papista que el Papa, en el sentido de que ya se votó en las Cortes de Aragón.


Aún hay un último argumento con el cual termino. En estas Cortes Generales ya ha entrado el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla y León, y este grupo parlamentario saluda con optimismo y con un criterio de razonabilidad el artículo 5 de este proyecto, que en su apartado 2 -les leo- dice -Estatuto, quiero recordar, pactado entre el Partido Popular y el Partido Socialista-: El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción será objeto de regulación. Les voy a leer también, porque es muy breve, el punto 3, que dice literalmente: Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice. Pues bien, señorías, estamos hablando de expresiones de lenguas minoritarias en el territorio de Castilla y León para las que sin ningún problema, en un gran ejercicio de reconocimiento de la pluralidad y por tanto de enriquecimiento -no de reconocimiento de un problema lingüístico, sino de una realidad y de una riqueza lingüística-, el Partido Popular y el Partido Socialista han sido capaces de alcanzar un acuerdo para incorporar en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla y León.
Entenderá la analogía simple. La pregunta analógica y casi retórica: ¿Por qué aquello que es posible en la profundización de la España plural que decía el señor Jaúregui para Castilla y León no lo debe ser de forma pacífica -porque afortunadamente en la zona de la Franja no hay conflicto lingüístico, para el reconocimiento explícito de la existencia y la protección del catalán y del aragonés?

Termino. No he hablado de ballenas para defender mi enmienda sobre el catalán y el aragonés, como algún otro parlamentario, pero insisto, señor Membrado y señorías, en que esto no expresa menos interés ni menos pasión en la defensa y el reconocimiento de esta realidad lingüística. Si esto ha sido posible en los acuerdos de Castilla y León, les invito a que en esta votación en Comisión y en la votación final en Pleno reconsideren su posición, entre otras cosas porque ustedes siempre han hablado de que tenía que ser un acuerdo por ampliación del consenso, pero veo que esto es posible con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el Grupo Vasco, con el Grupo de Izquierda Unida, con la Chunta, y al final uno se pregunta: ¿de entre los presentes, cuál es el escollo para que esto no sea posible?

El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.


La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muy brevemente para dos cuestiones.
En primer lugar, para sumarnos a la posición del Partido Socialista en relación con la interpretación de la disposición adicional referida a los derechos históricos, que, como todos

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ustedes saben, es una disposición que forma parte de la historia estatutaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. En segundo lugar, por alusiones del señor Jáuregui, que han sido bastantes. Me he empezado a plantear si estábamos o no ante un estatuto de consenso. Por nuestra parte lo es, pero creo que hay que clarificar una cosa y lo he dicho en mi intervención. Me parece un estatuto ambicioso y de primer nivel. Eso sí, nosotros hemos sido congruentes, para nosotros un estatuto de primer nivel lo es y lo será más cuanto más esté dentro de la Constitución.
Habrá otros grupos que tengan que explicar a qué diferentes niveles se refieren, porque este Estatuto no tiene que ver, al menos en sus planteamientos respecto a la Constitución, con otros. He oído aquí algunas intervenciones de algún compañero suyo, en relación con la regulación de los derechos, que me han sorprendido porque son exactamente las mismas que mantenía el Partido Popular con relación a un estatuto que usted y yo sabemos. No sé hasta qué punto será congruencia por parte del Partido Socialista. En último lugar, una cuestión que me parece importante destacar. En reiteradas ocasiones, y siempre en estos debates, se ha hecho una acusación que no es verdad y tengo que decirlo claramente. Aquí no estamos debatiendo postulados centralistas, y nadie puede decir al Partido Popular que ha sido centralista. Aquí estamos hablando de una manera de hacer estatutos de autonomía, a la que se ha hecho referencia en esta sala a lo largo de esta mañana, que es a través de pactos, de los pactos autonómicos en los que participaron insignes ponentes que hay en esta sala y que llevó a un desarrollo del Estado de las autonomías, en las que han estado presentes y de la mano el Partido Popular, el Partido Socialista y otros grupos. No se confunda el centralismo con lo que es la defensa de un Estado de las autonomías en que las autonomías sean fuertes, sí, y tengan competencias, pero también se defienda el marco de un Estado que representa al conjunto de todos los españoles y que debe de seguir teniendo capacidad para garantizar la igualdad y la solidaridad. Quien confunda esa defensa con el centralismo está muy equivocado, porque el Partido Popular ha definido y ha defendido pactos estatutarios con acuerdo y sin consenso, y no ha habido problemas.
Algunos tendrán que plantear el balance de por qué los ha habido en esta legislatura, cuando el tema estatutario siempre ha sido pacífico. Quiero recordar la última reforma del Estatuto de Aragón en el año 1996, que también pilotó mi partido. Creo que no era hoy el momento para esas acusaciones que son absolutamente infundadas. Y, reitero, a nosotros nos encontrarán en aquellas reformas estatutarias como la de Aragón que, siendo plenamente ambiciosa con el autogobierno, queriendo para Aragón, como no podemos querer otra cosa todos los españoles, lo mejor, porque su beneficio es también el del conjunto, estén dentro de la Constitución.
Para otras cuestiones, no se nos busque. Pero este es un ejercicio de congruencia. Espero que ese análisis sea haga por parte de otros grupos porque lo que se ha oído aquí esta mañana no es verdad y, como no lo es, hay que decirlo. Que algunos expliquen cuál es la concepción que tienen del Estado; quizás las cosas serían mucho más claras.


El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra petición de palabra? Señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Sin entrar en la confrontación entre el Partido Popular y el Partido Socialista y sus debates sobre cómo vive cada uno las reformas estatutarias, quiero recordarles que el Grupo Popular las ha votado todas a favor, menos una, la de Cataluña. Es muy destacable para ver la coincidencia que finalmente sí que tienen entre las reformas estatutarias y quizás incluso el modelo de España. Habrá que ver si ponen otro nombre o venden otro tipo de imagen hacia el exterior, pero después sí llegan a grandes acuerdos para el contenido legislativo real que son los estatutos de autonomía. En cuanto a la primera intervención que ha tenido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero recordar que el primer estatuto vino de Valencia impulsado por el Partido Popular desde una comunidad autónoma donde gobierna el Partido Popular. Le informo que desde Izquierda Unida hubiéramos preferido que se hiciera bajo un gobierno plural en el que estuviera representada la izquierda, en cuyo caso hubiéramos tenido un estatuto mucho más avanzado que el Estatuto del País Valenciano con el que nos han castigado a todos los valencianos.


De su intervención se deduce cierto complejo del Partido Popular cuando reivindican, una y otra vez, su españolidad, dentro de todas las reformas estatutarias. Cuando se hacen reformas estatutarias se mira hacia la comunidad autónoma a la que van dirigidas y no tanto hacia el conjunto del Estado español sobre el cual debatimos, una y otra vez, en el Congreso de los Diputados en las leyes que les afectan. En esta ocasión estamos hablando de Aragón y de Aragón es de lo que tenemos que hablar.
Quiero recordarles que los estatutos no son del señor Zapatero, sino de todos los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos a los que van dirigidos. Las reformas estatutarias se impulsan desde las comunidades autónomas y el gran objetivo es que sean siempre un fiel reflejo de las aspiraciones, de las necesidades, de las demandas de cada comunidad autónoma. De eso es de lo que se preocupa Izquierda Unida con una visión federal del Estado español y por lo que vamos a seguir trabajando siempre.


El señor PRESIDENTE: Habíamos anunciado que no votaríamos antes de la una y media. Hemos ajustado bastante bien el tiempo. Vamos a esperar un par de minutos y en ese par de minutos les informaré de cómo vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas por bloques de los grupos que han enmendado. Votaríamos en su conjunto las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor

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Labordeta; las cuatro del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las tres de Esquerra Republicana de Cataluña y la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Si no hay petición de votación separada de alguna de estas enmiendas, se votarán por separado en cuanto que se votará por cada grupo, no todos a la vez. ¿No hay petición de votación por separado de las enmiendas respecto de la agrupación que acabo de explicar? (Pausa.) Cuando terminemos esta votación, procederemos a votar el articulado del Estatuto. El señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto, ha solicitado la votación de algunos artículos, en total 26 artículos y dos disposiciones, para que sean votados por separado, pero esa petición se puede agrupar en tres votaciones. Si no hay otras peticiones de votación separada de otros artículos, procederíamos a votar el resto de los artículos. ¿No hay peticiones para votar artículos por separado? (Pausa.) Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: No sé si el señor Xuclá le iba a pedir lo mismo, pero le pediría que aquellas enmiendas referentes al artículo 7 sean votadas por separado. Es el tema de las lenguas. No le he entendido bien y no sé si vamos a votar por bloque todas las de un grupo parlamentario, por ejemplo todas las de la Chunta.


El señor PRESIDENTE: Eso es.


El señor ESTEBAN BRAVO: Lo que le pido es que las que hagan referencia al artículo 7, se separen. Son la 5, del Grupo Parlamentario Mixto; la 61, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la 217, de Esquerra y la 220, de Convergencia.


El señor PRESIDENTE: ¿Estas cuatro pueden ser votadas en un solo acto?

El señor ESTEBAN BRAVO: Por mi parte sí, pero por parte del señor Xucla no lo sé.


El señor PRESIDENTE: El señor Xucla quiere las cuatro por separado, no tres y la suya.


El señor XUCLA I COSTA: Le pediría votación separada de la de Esquerra Republicana, podemos agrupar las otras dos, la de Izquierda Unida y la de la Chunta, y después la de Convergencia i Unió.


El señor PRESIDENTE: Tres votaciones. Más peticiones. Señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Para finalizar, a la hora de votar el texto del informe de la ponencia pediría votación separada del artículo 7 y de la adicional tercera.


El señor PRESIDENTE: ¿Por separado o pueden ir juntas?

El señor ESTEBAN BRAVO: Por separado.


El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar las enmiendas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Lobordeta Subías, votamos la enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el conjunto de las enmiendas del señor Labordeta, salvo la enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; abstenciones, 35.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, números 62, 63 y 64.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.)

Votamos la enmienda número 65, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 217, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las dos enmiendas restantes del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, la 218 y la 219.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 220, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)

Antes de pasar a la votación de los artículos la señora Navarro pedía la palabra.


La señora NAVARRO CASILLAS: Para explicar una votación que ha generado sorpresa. Las enmiendas presentadas lo han sido en nombre de Iniciativa per Catalunya y no de Izquierda Unida, por lo tanto, yo me mantengo fiel al posicionamiento de Izquierda Unida. (Risas.-El señor Bermúdez de Castro Fernández: Mejor que no lo hubiera explicado.)

El señor PRESIDENTE: Hay criterios sobre la idoneidad de la explicación pero no vamos a abrir otro debate. (Rumores.)

Vamos a votar el texto de los artículos del proyecto. El representante del PNV y el señor convergente -la alianza convergente-PNV- han pedido la votación separada del texto del artículo 7. (Risas.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, cuatro.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora un bloque con los siguientes artículos, solicitado por el señor Labordeta. Son los siguientes: 12, 19, 21, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y disposiciones adicionales quinta y sexta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora separadamente, por petición del señor Labordeta, el artículo 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos ahora un bloque con los artículos 44, 52, 63, 83, 87 y 112.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.


También por separado, a petición del Grupo Vasco y del Grupo Catalán, votamos la disposición adicional tercera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, dos; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Ahora solo queda una votación que es la del resto de los artículos y disposiciones. (El señor Tardà i Coma pide la palabra.)

Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Repito mi demanda de disculpas. Creo que en mi intervención, justo en su inicio, pedí la votación separada de las disposiciones adicionales primera y quinta. Ciertamente, lo dije al inicio de mi intervención, al principio de la Comisión.


El señor PRESIDENTE: Sí, realmente hemos cometido un error porque la disposición adicional quinta ya está votada. Por tanto, votamos la disposición adicional primera por separado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno; abstenciones, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Ahora sí votamos el resto de artículos y disposiciones.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Con esto hemos terminado el debate de la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que queda preparada para que sea vista en el Pleno del Congreso.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.

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