DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 762, de 28/02/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 762
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 28 de febrero de 2007
ORDEN DEL DÍA:
-Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre
la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Formulada
por la Comunidad Autónoma de Aragón-Cortes. (Número de expediente
127/000006.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
-EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE
LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN. FORMULADA
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN-CORTES. (Número de expediente
127/000006.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la reunión de la Comisión
Constitucional que está convocada, como saben, para emitir dictamen, a la
vista del informe elaborado por la ponencia, acerca de la propuesta de
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. En primer lugar quiero
saludar a algunos componentes de la Asamblea Parlamentaria de Aragón o
dirigentes de organizaciones políticas que han solicitado asistir a la
sesión, y en nombre de la Mesa doy la bienvenida a los señores don Jesús
Franco Sangil, don Ignacio Revillo, don Antonio Suárez, don Ricardo
Canals, don Javier Allue, don Xavier de Pedro Bonet, don Adolfo Barrena y
don José Manuel Alonso Plaza. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta
sesión.
Como saben ustedes, la propuesta de reforma que se elaboró en la Asamblea
Parlamentaria de Aragón fue presentada en el Congreso de los Diputados y
obtuvo la admisión a trámite en sesión plenaria el 3 de octubre de 2006,
obteniendo 283 votos a favor y 10 abstenciones. Terminado el plazo de
enmiendas se pudo computar que habían sido presentadas 220. Se constituyó
la ponencia, que ha estado trabajando y ha elaborado un dictamen en la
reunión del 21 de febrero de 2007 y quedan vivas en este momento 69
enmiendas, que están distribuidas sustancialmente entre Grupo
Parlamentario Mixto (señor Labordeta), que tiene 60 enmiendas; Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que
tiene cuatro enmiendas; Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que tiene
una enmienda; Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que tiene tres
enmiendas; y Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene
una enmienda. Según el orden que seguimos, primero hablarán los grupos
que tienen enmienda y dentro de ellos le correspondería en primer lugar
al señor Labordeta. Consultado el señor Labordeta por alguna petición que
se ha hecho por uno de los señores representantes, daremos la palabra en
primer lugar al señor Tardà, de Esquerra Republicana, porque tiene otras
actividades y ha solicitado ser el primero.
Señor Tardà, tiene la palabra.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, doy las gracias al compañero
Labordeta por su amabilidad. Seré breve puesto que tengo otras
obligaciones. Pero la razón principal es el anuncio de que pediremos un
voto particular para aquellos artículos a los cuales hemos presentado
enmiendas, por lo cual, si se me permite la expresión, ya nos veremos en
el Pleno. Vamos a mantener nuestras enmiendas para el Pleno y es allí
donde intentaremos explicarnos con más extensión.
La primera enmienda se refiere al artículo 7 de la propuesta de
modificación del Estatuto de Autonomía de Aragón, referida a las lenguas.
Pretendemos su modificación en la medida en que instamos a reconocer como
lenguas propias de Aragón el aragonés y también el catalán y que los
poderes públicos garanticen, por supuesto, la efectividad de los derechos
de las respectivas comunidades lingüísticas. No me extiendo más puesto
que son ustedes conocedores del contenido de nuestras enmiendas. Para
nosotros es lamentable tener que defender en el siglo XXI, en una Europa
rica y culta en la que vivimos, una enmienda de este tipo, pues
entendemos que una de las grandes aportaciones a la cultura universal de
los aragoneses es precisamente la lengua aragonesa y también la lengua
catalana compartida con el resto de territorios del dominio lingüístico
catalán. Incluso recordarán ustedes, recogiendo la recomendación del
Consejo de Ministros del año 2005 respecto de su evaluación sobre la
aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales, que en uno de
sus puntos instaba a reforzar la protección del aragonés y del catalán en
Aragón, y esto no venía del sur de los Pirineos sino del norte de los
Pirineos. La mejor aportación, a nuestro entender, a este refuerzo de la
protección de ambas lenguas sería su incorporación al Estatuto de
Autonomía, que no deja de ser la pequeña carta magna de la ciudadanía
aragonesa.
Ciertamente la lengua aragonesa y la lengua catalana son lenguas
minoritarias y minorizadas en y por el Estado español y por eso esta ley
debería incluir su reconocimiento. Porque de su reconocimiento explícito
se desprendería sin ninguna duda todo aquello que es necesario legislar a
favor de estas lenguas para que puedan afrontar los grandes retos del
siglo XXI, a nadie se le escapa que para las lenguas minoritarias y
minorizadas no deja de ser un reto que todavía hoy y aun cuando estamos
en el primer mundo será difícil de superar. Les ofreceré algunos datos
rápidamente sobre la lengua catalana en territorio aragonés, y les hablo
de datos del año 2004. El 98 por ciento de los ciudadanos entiende el
catalán, y me refiero a los ciudadanos aragoneses que tienen el catalán
en su territorio; el 78 por ciento lo lee; el 88 por ciento lo habla; el
30 por ciento -solo el 30 por ciento, ciertamente- lo escribe; el 70 por
ciento tiene el catalán como primera lengua y el 73 por ciento como
lengua habitual; el 69 por ciento se expresa en catalán en casa con los
amigos catalanohablantes; un 81 por ciento usa el catalán, pero solo un
10 por ciento lo usa con las amistades castellanohablantes y básicamente
lo usan las personas mayores, atención a este dato. En cuanto al
comercio, por ejemplo, el catalán lo usa el 60 por ciento del pequeño
comercio contra el 23 por ciento del gran comercio. Podría hablarles de
otros datos referidos a la relación de estos ciudadanos con la
banca, con personas desconocidas o respecto del uso de la lengua escrita
en sus relaciones cotidianas y verían ustedes que todos nos llevan -la
opinión no es mía, sino de reconocidos sociolingüístas- a la conclusión
básica de que la lengua catalana y la lengua aragonesa -aunque en este
caso los datos ciertamente se refieren a la lengua catalana- están
situadas en este escenario de las lenguas en peligro, a pesar de que los
poderes públicos hayan podido actuar en los últimos años en su favor,
cosa que no negamos sino que incluso reconocemos para la mejor autoestima
de los ciudadanos aragoneses. Aun así, hay que decir que lo que se ha
avanzado en la recuperación de la lengua catalana en la Franya viene de
los años ochenta y, en ese sentido, me gustaría recordar la labor del
consejero Bada -socialista, pero que venía de dónde venía, de un Partido
Socialista que podríamos denominar autonómico o nacionalaragonés- desde
la Diputación General de Aragón, a quien hay que hacer un homenaje
porque, en aquellos años ochenta, en Aragón las cosas estaban muy
difíciles respecto a la lengua catalana y a la lengua aragonesa; recuerdo
lo que había en aquella época en aquellas tierras.
Respecto a la enseñanza en catalán, hay que recordar que está presente de
forma optativa durante dos horas a la semana, tanto en infantil como en
primaria, pero la lengua vehicular es el castellano. El coste de la
enseñanza está asumido por la Administración aragonesa, pero en su inicio
era consejo escolar. Esto lo señalo para que sepan de dónde venimos los
catalanohablantes; básicamente, somos una cultura de peaje. El consejo
escolar de cada centro era el que decidía que se diese esta asignatura,
con lo cual se trasladaba a la ciudadanía toda la problemática heredada.
Recuerdo haber hablado con algunos compañeros de los problemas que esto
generó, sobre todo en Matarraña; los compañeros socialistas aragoneses
saben de lo que estoy hablando. Actualmente esta fase ya está superada
-por suerte, porque solo faltaría en el siglo XXI- y el catalán está
presente en todos o casi todos los centros. Los alumnos que no optaban
por el catalán tenían que hacer dos horas de refuerzo académico. En la
actualidad, esto se utiliza para hacer refuerzo a los nuevos aragoneses;
me refiero a la población inmigrante. Hay que decir que el 95 por ciento
o más de los estudiantes optan por el catalán por cuestiones prácticas de
trabajo en el futuro, pero hay que señalar que esto también está sujeto a
algo tan aleatorio como la localización geográfica. Pongo un par de
ejemplos para que sepamos por dónde andamos. Los estudiantes de primaria
de Benabarri hacen la secundaria en Graus, fuera del dominio lingüístico,
por lo cual pierden el catalán que ya han dado; en cambio, los de Pont de
Montañana y más arriba realizan la secundaria en Pont de Suert, donde la
lengua vehicular es el catalán. Por tanto, muchos maestros de la zona dan
clases de refuerzo de catalán pensando en el nivel que se les exigirá en
secundaria; francamente, un despropósito. Y no hablemos de cómo y dónde
se imparte el aragonés que, por supuesto, está mucho peor que la lengua
catalana. Por otro lado, todavía hoy día estamos hablando de horarios
extraescolares; esto es una vergüenza. En cuanto a la televisión pública
aragonesa, cien por cien en castellano, cada domingo dedica treinta
minutos a colectivos religiosos -judíos, protestantes y musulmanes, cosa
que me parece de aquella manera (Risas.), pero el catalán y el aragonés
no aparecen en ninguna parte; repito, en el siglo XXI, Aragón, Estado
español, ricos y cultos. Por lo que se refiere al cine infantil, tenemos
Doraemon. (Risas.) En la Franya, gracias a que existe el Circuit
Urgellent, hay películas que son subvencionadas por la Generalitat de
Cataluña. Esto lo señalo para que luego nos digan cosas como que
pretendemos invadir, etcétera; repito, un despropósito.
En definitiva, ¿qué pretendemos -y no me alargo más, porque ya hablaremos
de esto en el Pleno con más extensión-, qué pedimos? Pedimos que se
incluya en el Estatuto de Autonomía, como gran patrimonio de las tierras
de Aragón, el catalán y el aragonés, porque así nos pondremos donde
debemos, en el tránsito hacia la modernidad. No podemos aceptar textos
que hablen de modalidades, porque esto, para la autoestima de los
catalanohablantes, incluso diría más, para la autoestima de la ciudadanía
aragonesa, es viajar en el túnel del tiempo hacia épocas más oscuras,
profundamente oscuras incluso desde el punto de vista intelectual, que no
político. Ya sé que políticamente todo se puede vender y que todo se
puede transaccionar, pero aquí estamos hablando de la lengua, una lengua
que, repito, está desapareciendo. Todos tenemos una gran responsabilidad
para con las ballenas, sobre todo con la azul (Risas.), pero respecto a
las lenguas, al parecer, todo puede ser susceptible de otearse desde
lejos.
En cuanto a la segunda enmienda, la del Archivo de la Corona de Aragón,
hay que señalar que aquí también somos herederos de una situación. El
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la adicional decimotercera, ya
habla de la necesidad. La disposición adicional decimotercera señala que
los fondos propios de Cataluña situados en el Archivo de la Corona de
Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de
archivos de Cataluña. Para la gestión eficaz del resto de fondos comunes
con los otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat tiene
que colaborar con el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, con
las otras comunidades autónomas que tienen fondos compartidos y con el
Estado por medio de mecanismos que establezcan de mutuo acuerdo. Lo que
nosotros no entendemos es que en el texto se hable de participación
preeminente. ¿Por qué? Porque somos herederos de una situación. Es
evidente que hay que deslindar y, por cierto, la señora ministra Calvo se
ha puesto a ello, y hace poco se reunieron en Barcelona representantes
del Principat de Catalunya, del País Valencià, de las Illes Balears y de
Aragón y se ha puesto en funcionamiento el mecanismo que debe encuadrar
todo aquello que todavía no se ha resuelto. ¿De qué se trata, en
definitiva? Se trata de deslindar cuál es la documentación estrictamente
catalana
y cuál es la documentación que es común a los cuatro territorios de la
confederación -fíjense que palabra más bonita- catalanoaragonesa.
(Risas.) ¿Cuál es el problema? Que esos trabajos están todavía por
realizar. Es evidente que una vez deslindada esta documentación, la que
es común y la que es exclusiva de Cataluña, tiene que haber un patronato,
con un funcionamiento absolutamente fluido y que supere todas las
desconfianzas y recelos anteriores. También es evidente que este
patronato tiene que funcionar en régimen de igualdades, porque no
entendemos la utilización del término preeminente. Es más, personalmente
tampoco aceptaría esta terminología para con el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, porque no es posible ir a un patronato en régimen de igualdades
para lo que es común. Por cierto -hago un paréntesis-, esto es
responsabilidad de los técnicos, que para eso están, para poder
solucionar este contencioso. A partir de aquí, el patronato estará bajo
el patronazgo del Gobierno español, que se reserva la titularidad -y por
eso el patronato será presidido por la ministra, señora Calvo-, aunque es
cierto que los cuatro territorios de la confederación deben estar
representados en régimen de igualdad.
Finalmente, la tercera enmienda se refiere a la supresión -cosa que
solucionamos nosotros- de la disposición adicional quinta. Estamos a la
espera de la elaboración del plan integral de protección del delta del
Ebro, que es algo mandatado por el Plan hidrológico vigente y que debería
haberse presentado en el año 2006, y todavía no conocemos cuáles son las
conclusiones de este plan integral de protección, que es el plan que debe
fijar cuáles son los caudales mínimos que deben garantizarse para que el
río pueda continuar aportando los sedimentos necesarios para que la
regresión del delta del Ebro no avance; problemática que ocurre en todos
los deltas, incluso en el del Llobregat, porque estamos hablando de
regresión y salinización a partir de la cuña de las aguas saladas
marinas. Nosotros pedimos su supresión -acabo, señor presidente- porque
entendemos que no ha lugar la incorporación de estas aportaciones mínimas
del caudal del Ebro en la medida en que no tendría sentido, a nuestro
entender, que se fijara lo uno sin lo otro. Habría que esperar a ver
cuáles son los resultados de este plan integral de protección del Delta
para que, luego, la Administración central, conjuntamente con el resto de
administraciones autonómicas, en uso de sus competencias autonómicas,
puedan fijar los equilibrios de los ecosistemas lindantes con el río, y
en este sentido también las tierras deltaicas.
Estas son nuestras enmiendas, señor presidente, desearíamos que se sometan
a votación de forma particular esos tres artículos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà. Así se hará cuando
llegue el momento de las votaciones. Aprovecho para decir que, terminado
el turno de todos los grupos, procederemos a las votaciones, pero no se
harán nunca antes de la 1:30.
El señor Labordeta tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, voy a intentar ser menos
literario que mi compañero Tardà, que ha hecho una exposición estupenda.
Yo voy a ser muy estricto, voy a hablar de cómo presenta Chunta las
enmiendas para que las interpretaciones que se hagan sean las correctas y
no manipuladas, que es lo que a veces pasa.
La primera enmienda se refiere a la fijación de las inversiones estatales
en función de la superficie. Nosotros hemos visto cómo cada una de las
comunidades autónomas ha fijado las inversiones de una manera, por
población, por el PIB o por un contrato. En este momento nosotros tenemos
una fijación que es cero-cero y parece que es lo que va a salir, pero
nosotros planteábamos que para garantizar de forma efectiva el equilibrio
económico territorial proclamado en el artículo 138 de la Constitución,
el importe de las inversiones del Estado en infraestructuras en Aragón,
sin perjuicio de su participación en los fondos de compensación
interterritorial, se equiparara a la proporción de la superficie de la
comunidad autónoma en relación al conjunto del Estado. En todo caso, para
su fijación se tendrá en cuenta, además, la baja densidad de población,
los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía y la
condición de comunidad fronteriza. Segundo: Con esta finalidad se
constituirá una comisión integrada por la Administración estatal
autonómica.
El segundo bloque de enmiendas se refiere a la compensación del déficit de
inversiones estatales en infraestructuras. Queremos añadir una nueva
disposición transitoria segunda bis con la siguiente redacción: Primero:
El Estado compensará el déficit acumulado por la insuficiencia de sus
inversiones en infraestructuras en Aragón con una inversión de 5.000
millones de euros a lo largo de siete años a partir de la aprobación del
presente Estatuto. Estos importes se acumularán a las inversiones
ordinarias que corresponden a cada ejercicio. Segundo: El seguimiento y
control anual de la ejecución de estas inversiones y el cálculo de la
liquidación definitiva se realizarán en el seno de la Comisión mixta de
asuntos económicos financieros prevista en el artículo 109. Tercero: Pago
de la deuda histórica. Queremos añadir una nueva disposición adicional
séptima con la siguiente redacción: En el caso de que a la entrada en
vigor del presente Estatuto no se hubiera hecho efectiva por el Estado la
deuda tributaria acumulada hasta ese momento en concepto de compensación
por minoración de ingresos de la comunidad autónoma a causa de la
modificación de tributos cedidos, en cumplimiento de lo previsto en la
disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía aprobado por la
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, la Comisión mixta prevista en el
artículo 109 procederá en el plazo máximo de tres meses a su
determinación, debiendo ser liquidada y
pagada tal deuda con cargo a los presupuestos del ejercicio siguiente.
Agua y trasvase del Ebro. Además de lo que ha dicho el señor Tardà,
nosotros planteamos una enmienda muy clara, que es la cuarta y dice así:
Para la defensa de los derechos relacionados con el agua contemplados en
el artículo 19, la comunidad autónoma emitirá un informe vinculante -esta
expresión ha sido cambiada por informe preceptivo, con lo cual la
comunidad no tiene ningún derecho- para cualquier propuesta de obras
hidráulicas o de transferencia de aguas que efectúe a su territorio. En
todo caso, el Gobierno del Estado deberá propiciar de forma efectiva el
acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar
afectadas.
Al principio había doce competencias no incluidas y ahora son quince,
porque hay tres nuevas competencias que no han sido incluidas, que son,
entre otras, la gestión, liquidación y recaudación de las tasas
judiciales; que la determinación de la ubicación de infraestructuras y
equipamientos de titularidad estatal en Aragón requerirá el informe
previo de la comisión bilateral de cooperación; la legislación penal
respecto a los menores infractores; la elaboración y reforma de
legislación penal y procesal que incida en la competencia de menores. Al
final de la materia 50 del artículo 71 proponemos añadir el siguiente
texto: La autorización de nuevas modalidades de juego y apuestas de
ámbito estatal requerirán la deliberación de la comisión bilateral de
cooperación y el informe previo determinante de la comunidad autónoma
aragonesa. Al final de la materia 52 del artículo 71, añadir el siguiente
texto: La comunidad autónoma participará en las entidades y organismos de
ámbito estatal europeo e internacional que tenga por objeto el desarrollo
del deporte; también, la autorización del trabajo de los extranjeros.
Propiedad intelectual e industrial Al final de la materia tercera del
artículo 77 proponemos añadir el siguiente texto: Establecimiento y
regulación de un registro coordinado con el del Estado de los derechos de
propiedad intelectual generales en Aragón o de los que sean titulares
personas con residencia habitual en Aragón. Al final de la materia
Tercera del artículo 77, añadir el siguiente texto: Establecimiento y
regulación de un registro coordinado con el del Estado de los derechos de
propiedad industrial de los que sean titulares personas físicas o
judiciales con residencia habitual en Aragón. Planteamos añadir una nueva
materia en el artículo 77, con la siguiente redacción: Sexta bis.
Comunicaciones electrónicas. Es extraño que en un momento en el que las
comunicaciones electrónicas son tan importantes, la comunidad autónoma no
prevea ningún derecho sobre ellas. En el apartado 1 del artículo 78,
añadir a continuación de Los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles, y cualesquiera otros fedatarios públicos, serán nombrados
por la comunidad autónoma, de conformidad con las leyes del Estado, la
siguiente expresión: mediante la convocatoria, administración y
resolución de las correspondientes oposiciones libres y restringidas y de
los concursos. El apartado 2 del artículo 78 dice: La comunidad autónoma
participará en la fijación de las demarcaciones correspondientes a las
notarías y a los registros de la propiedad y mercantiles en Aragón y debe
decir: Corresponde a la comunidad autónoma el establecimiento de las
demarcaciones de las notarías y los registros de la propiedad y
mercantiles en Aragón.
A estas doce competencias se han rebajado tres más, por ejemplo, los
medios materiales de la Administración de Justicia; el régimen
estatutario de los funcionarios, que no serán exclusivos; y se pierde
-una cosa realmente asombrosa- la participación en los órganos de
administración de los paradores de turismo. En un territorio como el de
Aragón, donde el turismo tiene tanta importancia y donde hay varios
paradores, no participar en sus órganos de administración nos parece
bastante absurdo.
En el sexto capítulo tenemos el problema de las lenguas propias. El señor
Tardà ha hecho una defensa muy importante de este aspecto, pero el
Estatuto es absolutamente ambiguo, solo dice que se defenderán las
lenguas que se hablan en Aragón, pero no dice cuáles son. El otro día, yo
dije un poco en broma que ahora se habla mucho el rumano, o sea que
también hay que defenderlo. En todo caso, las lenguas propias de Aragón
son el aragonés y el catalán, y lo demás es todo literatura. Nuestra
enmienda propone la siguiente redacción para el artículo 7: 1. El
aragonés y el catalán, lenguas propias de Aragón, son oficiales en sus
respectivos territorios, que serán determinados por una ley de las Cortes
de Aragón. Todas las personas tienen el derecho a conocerlas y a usarlas;
2. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la efectividad de los
derechos de las respectivas comunidades lingüísticas en lo referente a la
enseñanza de y en la lengua propia y a su plena normalización, así como
la protección, el uso normal y oficial, la promoción y el conocimiento
del aragonés y del catalán, especialmente en sus respectivos territorios,
y potenciarán su utilización en todos los órdenes de la vida pública,
cultural e informativa; 3. Las modalidades o variantes locales del
aragonés y del catalán serán objeto de especial respeto y protección; 4.
Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Hay que pensar que
uno de los mejores escritores en lengua catalana desgraciadamente
fallecido, nació en Mequinenza y escribió uno de los libros más
emocionantes en lengua catalana, que es Camino de sirga, y él reconocía
su territorio, que es Mequinenza.
Séptimo, aspectos identitarios. Tal como ha quedado la exposición de
motivos, estos aspectos identitarios son un poco ridículos, porque en la
exposición de motivos pasamos de 1412 al momento actual, o sea, la
historia de Aragón no aparece por ningún lado, aquí no ha habido los
decretos de nueva planta, desaparecen los fueros, no ha habido república,
no ha habido el Estatuto de Caspe ni la famosa manifestación de 1978 en
la que cerca de 200.000 aragoneses salimos a la calle para pedir la
autonomía del 151. Todo eso desaparece, y hemos hecho esto, que es un poco
absurdo: al final del cuarto párrafo de la exposición de motivos, añadir
el siguiente texto: así ya el proyecto de pacto constitucional o
constitución federal del Estado aragonés de 1883 definía a Aragón como
uno de los Estados soberanos de la federación española, cuya forma de
gobierno era una república democrática federativa -esto es un sueño-.
Siguiente punto: al principio del sexto párrafo de la exposición de
motivos añadir, a continuación de Aragón, la expresión comunidad
nacional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, el
señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Se trata, como bien ha señalado usted, señor
presidente, al inicio de la sesión, de una sola enmienda referida a la
disposición adicional tercera. No voy a repetir todos los argumentos que
ya fueron expresados en la toma en consideración de la iniciativa, pero
me gustaría dejar enmarcada de manera genérica la intención de nuestra
enmienda, para que no sea sometida a malas o aviesas interpretaciones, y
dentro de una objetividad jurídica indubitable en nuestra opinión. Como
bien saben, esta adicional tercera es prácticamente copia literal de una
disposición adicional del Estatuto vasco, el primero que se aprobó
después de la aprobación de la Constitución española. Sin embargo, en
esta disposición adicional tercera se hace una referencia a la
disposición adicional primera de la Constitución, que habla de los
derechos históricos de los territorios forales. Nadie duda de la
foralidad de Aragón, de sus especiales características y de su profunda
historia, y nadie quiere poner en duda tampoco las reivindicaciones que
en cualquier momento, presente o futuro, quieran realizar los aragoneses
respecto a su autogobierno, pero entendemos que lo que debe clarificarse
de una vez por todas, sobre todo teniendo en cuenta, por una parte, el
origen de la disposición adicional primera en los debates
constitucionales y, por otra parte, los límites fijados por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que esta adicional primera
tiene un objetivo territorial limitado, y se trata de los territorios
históricos que componen hoy la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra. Esto se deduce del origen mismo del precepto
constitucional, que tiene su origen primigenio, como conoce cualquiera
que se haya preocupado de observar el "Diario de Sesiones" y de leer la
literatura acerca de este precepto, en la enmienda número 689 del Grupo
Vasco, que hablaba expresamente de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya.
No solo eso, sino que esta enmienda tenía una parte que luego se
convirtió en lo que es hoy una derogatoria en la Constitución española de
las leyes del año 1839 y del año 1876 en lo que afectan por cierto,
aprovecho para señalar que acabo de observar que en el "Diario de
Sesiones", en la toma en consideración, se transcribió como 1900 -todas
las fechas son 1939, 1976...-, y todas las fechas a las que hago
referencia en esa toma en consideración son del siglo XIX, son 1800.
Solicitaría que se hiciera, si es posible, la corrección del "Diario de
Sesiones" de la toma en consideración. Eso luego se convierte en dos
preceptos diferentes en la Constitución. Cualquiera que lea los debates,
las enmiendas in voce del señor Arzallus y las intervenciones del señor
Del Burgo, que participó activamente en aquellas discusiones, puede ver
que iban dirigidas a lo que iban dirigidas. El Estatuto de Aragón se
aprueba en el año 1982, pero después tenemos una jurisprudencia
constitucional, una sentencia clarísima -más de una, pero la más rotunda,
la que lo deja evidenciado más claramente, es la del año 1988-, y en ella
se señala que se refiere a aquellos territorios integrantes de la
Monarquía española que, pese a la unificación del derecho público y de
las instituciones políticas y administrativas del resto de regiones de
España, culminada en los decretos de nueva planta, mantuvieron sus
propios fueros, entendidos tanto en el sentido peculiar de forma de
organización de sus poderes públicos como del régimen jurídico propio en
otras materias durante el siglo XVIII y gran parte del XIX, llegando
incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad. El único
caso de derecho público y derecho privado que pervive en el siglo XIX,
llegando hasta nuestros días trazos de esa peculiaridad foral es el de
los tres territorios integrados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y
la de Navarra. Por tanto, si no quedaba claro con lo que se manifestó en
el momento del origen, la sentencia del Tribunal Constitucional lo deja
meridianamente patente.
Nuestra enmienda no va a suprimir la adicional tercera del Estatuto de
Aragón. Nos parece muy bien que la aceptación del régimen de autonomía no
suponga renuncia absolutamente de nada, pero creemos que jurídicamente no
se puede aludir a que eso se ve reflejado en la adicional primera, que
tiene otro objetivo y otros destinatarios. En su momento, en 1982, se
hicieron todos los estatutos seguidos y aquello iba como iba, después se
ha precisado más por parte del Tribunal Constitucional y las
modificaciones del Estatuto de Aragón han sido en ámbitos muy concretos,
en los temas de sanidad, educación y régimen económico. Por tanto, se
circunscribía a esos asuntos, dentro del gran pacto de reforma autonómica
al que llegaron el Partido Socialista y el Partido Popular. En ese
sentido nos gustaría que a través de nuestra enmienda se viera reflejada
la realidad jurídico-institucional existente en el Estado.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), pero el señor Xuclà, que está compatibilizando
esta Comisión con otra, ha venido más de una vez a ver si le tocaba o si
podía intervenir, ahora no puede hacerlo y, en todo caso, si después
viniera le daríamos la palabra. Tiene la palabra doña Isaura Navarro para
expresar la posición de Izquierda Unida.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero iniciar mi intervención saludando a la
delegación que ha venido de las Cortes de Aragón y felicitándoles en
nombre de Izquierda Unida, en cuyo nombre intervengo, por el trabajo que
han hecho sustituyendo con reuniones previas a la constitución de la
ponencia aquellas que deberían hacerse si todos los estatutos tuvieran la
misma tramitación, es decir, la del 151, como tuvieron la oportunidad de
hacerlo en el Estatuto de Cataluña y en el Estatuto de Andalucía. Es
decir, dado que estamos equiparando los estatutos, también hemos de ver
cómo se hace esta misma equiparación en la tramitación en esta casa. En
cualquier caso, les felicito por el trabajo que se hizo sustituyendo esa
falta de tramitación, como digo, en las reuniones de las que todos
formamos parte y que creo que han dado un buen resultado, que se ve en
las enmiendas introducidas en la ponencia, que son el reflejo de un buen
trabajo.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón nace, por tanto, del
acuerdo plural ampliamente mayoritario de la cámara aragonesa, donde no
obtuvo ningún voto en contra. Después ha sido mejorado tras el paso por
la ponencia en el que se han incorporado 38 enmiendas pactadas entre los
grupos políticos de Aragón, que apoyaron el texto y quisieron trabajar y
seguir trabajando para su mejora, y los grupos parlamentarios del
Congreso. Hoy podemos afirmar que el texto resultante es un Estatuto que
mira hacia el futuro y que da alternativas reales a las necesidades de
autogobierno y al máximo desarrollo competencial. Es además acorde con
las necesidades de la ciudadanía de Aragón y es un modelo de consenso que
hasta la fecha ningún otro estatuto que hayamos debatido en esta Cámara
ha conseguido. Por lo tanto, para Izquierda Unida este texto es
especialmente trascendente en el momento en el que vivimos. Además es
realista, y ello también es de agradecer. Aunque, seamos francos, los
barómetros de opinión nos recuerdan estos días que la mayoría de la
población no contempla entre sus principales preocupaciones las reformas
de los estatutos, y no les culpo. Sin embargo, esta circunstancia no
quita para que hagamos nuestro trabajo legislador lo mejor posible. Junto
a ello, también hemos de destacar que su tramitación ofrece una imagen de
la política que se aleja de los lamentables espectáculos que se
protagonizan en esta casa por la intolerancia reaccionaria de algunos
grupos políticos que trabajan por la crispación. Es, por tanto, un claro
ejemplo de ejercicio de responsabilidad política que hemos de destacar.
Solo desde esta posición responsable por parte de todos los grupos,
respetuosa con las diferentes posiciones políticas y desde el afán de
hacer el Estatuto de todos los ciudadanos de Aragón y no de una parte, ni
tan siquiera de la mayoría, se entiende el buen texto que ha salido; un
texto que solo es rechazado por quienes, con toda la legitimidad, no han
querido ceder, cuando todos sabemos que ceder es el trámite necesario
para alcanzar un acuerdo. El Estatuto, como ningún estatuto, no puede ser
ni el estatuto de la Chunta, ni el estatuto de Izquierda Unida, ni el
estatuto del Partido Popular, ni debe ser el estatuto del Partido Popular
y el Partido Socialista. Debe ser siempre un reflejo de la pluralidad
política y cultural de Aragón. Y ese ha sido el trabajo que ha hecho
Izquierda Unida. Por eso se ceden algunas cuestiones con el objetivo de
alcanzar un acuerdo donde estemos todos. Porque recordemos también que
los estatutos no son fotocopias unos de otros. Son el reflejo de la
comunidad autónoma a la que van dirigidos, son la norma que los define.
El texto es, por tanto, el fruto de un largo trámite de negociación y
cesiones por parte de todos los actores políticos que pretenden recoger
todo aquello que importa a Aragón, es decir, garantía de financiación,
máximas restricciones para evitar trasvases y un largo etcétera en el que
están todas las inquietudes de un pueblo que merece el mejor estatuto, el
suyo, el de Aragón.
El texto que llegó desde la Cámara aragonesa ha sido enmendado, como
decía, por nuestro grupo mediante unas enmiendas negociadas con los
grupos aragoneses y los grupos del Congreso de los Diputados. La tercera
parte de esas enmiendas conjuntas tiene un componente técnico. Respetando
el texto inicial, lo que pretenden es clarificar conceptos, mejorar la
redacción, ubicar más adecuadamente las competencias y elevar el nivel
técnico del texto. Hay otro bloque importante referido a las competencias
exclusivas compartidas y ejecutivas que acondiciona en positivo el
Estatuto de Aragón, ampliando los horizontes competenciales al máximo.
También hay una enmienda de modificación del preámbulo que dota al
Estatuto de una introducción más concisa y clara al haber desaparecido el
exceso de referencias historicistas identitarias que, fruto del intento
de consenso en Aragón, recogía el texto originario. Igualmente, reseño y
valoro especialmente como nueva aportación de Izquierda Unida incluir la
garantía del derecho a no ser discriminadas las personas por su
orientación sexual. Esta garantía la estamos incluyendo desde Izquierda
Unida en todos los textos estatutarios que pasan por esta casa, con el
objetivo de elevar este mandato al bloque de constitucionalidad. Otras
dos enmiendas defendidas conjuntamente por Izquierda Unida resuelven la
conflictiva cuestión del agua, ajustando su gestión al desarrollo
sostenible, a los criterios ecológicos y adaptando los preceptos
estatutarios al principio de unidad de cuenca. Igualmente se enmarca en
los criterios de la sostenibilidad y la gestión eficaz y eficiente de los
derechos presentes y futuros de la ciudadanía aragonesa sobre sus
recursos hídricos. En el ámbito tributario y financiero ha sido también
enmendado para reforzar la participación de la gestión de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sentar las bases para el desarrollo del ente propio
de gestión compartido con el Estado y avanzar en federalidad y
solidaridad interterritorial, afirmando el derecho de Aragón a que las
inversiones del Estado ponderen, es decir, que se tengan en cuenta las
circunstancias diferenciales de Aragón, como puedan ser su territorio, su
dispersión geográfica o su población, sin renunciar en
ningún caso al proceso pendiente en esta materia. Mucho más todo esto de
lo que recoge el Estatuto valenciano, en el que no se hace ninguna
referencia a la financiación de la comunidad autónoma.
Tras este proceso apoyaremos con nuestro voto afirmativo el Estatuto de
Aragón, respetando así la voluntad de la Cámara aragonesa, que sin ningún
voto en contra lo remitió al Congreso. Asimismo, dadas las mejoras que ha
sufrido el texto, es, en definitiva, un buen Estatuto, un Estatuto de
esperanza y futuro, un Estatuto que vamos a apoyar con convicción.
Sencillamente, doy la enhorabuena al pueblo de Aragón.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, que ha
manifestado su deseo de dividir la intervención, tiene en primer lugar la
palabra doña Soraya Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: En primer lugar quiero saludar en
nombre de mi grupo parlamentario a los parlamentarios aragoneses que hoy
nos acompañan y felicitarles de nuevo por la labor que han realizado en
el Parlamento de Aragón. Es cierto que este Estatuto es quizá el que
venga con un mayor consenso y una mayor vocación de lealtad
constitucional de los que han pasado por esta Cámara. La vida a veces da
sorpresas, y hoy me ha dado la sorpresa de coincidir en esta cuestión y
en otra con mi compañera Isaura Navarro. Es cierto que es un Estatuto que
nace de un amplio consenso, pero también es cierto, y ahí coincido
plenamente, que estamos haciendo un debate estatutario -no hoy sino el
que llevamos esta legislatura por responsabilidad de quien ha marcado la
agenda de gobierno, que no es otro que el presidente Zapatero, como lo
hizo en su debate de investidura- que sencillamente no coincide ni con
las preocupaciones ni con las aspiraciones ni con las expectativas de los
ciudadanos. Mi grupo siempre ha defendido que las reformas estatutarias
cuando hay que hacerlas se hacen, sin que eso suponga distraer la acción
de gobierno ni dejarse de dedicar a las cosas que importan y que
interesan a los ciudadanos. Y probablemente a veces en los debates
estatutarios éste no es el caso ha habido más discusión de luchas de
poder o reivindicaciones de poder que leal preocupación por los intereses
de los ciudadanos. Pero, como decía, hay que felicitar a los
parlamentarios aragoneses por el consenso que han buscado y que han
logrado, por el equilibrio, no siempre fácil y muchas veces complicado,
pero sí con la lealtad con que con ellos mismos y con la Constitución han
trabajado en este texto.
Este texto nace con una vocación clara de constitucionalidad, de no
desbordar el marco constitucional, de no modificar el Estado de las
autonomías, votado por todos los españoles, a través de un texto
estatutario. Nace con voluntad de mejorar el autogobierno de Aragón, de
modernizarlo, de adaptar su Estatuto a los nuevos tiempos, pero esa
adaptación se hace en el marco de la Constitución y de los principios que
la inspiran, en particular los principios de igualdad y solidaridad que
hoy de nuevo vienen a defender y a reivindicar los aragoneses con su
texto. En este texto no encontrará ningún lector devaneos identitarios.
Los aragoneses tienen muy claro lo que son y también que forman parte del
conjunto de España, porque Aragón es ni más ni menos España. Se define
como una nacionalidad, orgullosa de su historia, pero plenamente
consciente de que su autogobierno procede de la Constitución y de ella
emanan sus poderes, como reconoce el artículo 1, respetuoso con la
igualdad de todos los españoles, lo que no merma su capacidad para
defender y mejorar el marco de los derechos de los aragoneses en aquello
que pueda hacer perfectamente el Gobierno de Aragón. No se están buscando
aquí mayores competencias para regular de forma distinta aquello en lo
que todos debemos ser iguales, sino ampliar la capacidad del Gobierno de
Aragón para mejorar en aquello que le compete, los derechos que tiene que
dar o debe dar a sus ciudadanos. No se encontrará en este Estatuto un
blindaje de competencias, porque lo que busca es que el Gobierno de
Aragón -el que lo sea en cada momento- ejecute mejor las suyas en plena
coordinación con las del Estado pero sin inmiscuirse en aquellos terrenos
que deben estar perfectamente deslindados.
Este es un Estatuto que responde al viejo sistema -porque así lo han
llamado algunos- de lista en la regulación de competencias, es decir, no
desarrolla las potestades que en cada una de las competencias se tiene.
Algunos han visto -y recordaremos el originario Estatuto- en esta manera
de desarrollo por facultades un sistema de mayor ampliación competencial.
Siento decir que no estoy de acuerdo con esta idea. Contra lo que pueda
parecer a algunos, a la larga -y el tiempo pasa- probablemente ese
detalle actuará en su contra y además servirá de parámetro de
interpretación de su propio Estatuto para no concederles más que aquello
que han pedido. Sin embargo, este es un Estatuto inteligente, que permite
adaptarse a los nuevos tiempos, como lo permitieron los estatutos que se
aprobaron desde 1979, y habida cuenta del grado de descentralización
logrado en este país, tan malo no era el sistema de lista.
Este es un Estatuto plenamente respetuoso con la unidad del Poder
Judicial. Aquí no estamos hablando en etéreo de la unidad ni del gobierno
ni de los jueces ni de los magistrados, sino que con la unidad del Poder
Judicial lo que se está defendiendo es algo que forma parte del núcleo
básico de los derechos de la persona: ser tratado con igualdad ante
cualquier juzgado o tribunal de este país. Eso es lo que subyace en los
principios de unidad e independencia del Poder Judicial. Como esa
regulación debe ser conjunta, este Estatuto es plenamente respetuoso con
una institución que lo es también de la comunidad autónoma, el Tribunal
Superior de Justicia, pero no se interfiere en las competencias que el
Tribunal Supremo, como institución de todos los españoles, debe seguir
teniendo. Este es un Estatuto que no opta por modelos bilaterales, porque
un modelo bilateral de relación del Estado con cualquiera de las
comunidades
autónomas no tiene sentido en un Estado de las Autonomías, podrá tenerlo
en Estados de corte confederal, y porque sencillamente Aragón es
plenamente consciente de que la mejora de sus derechos y la defensa de su
principio de solidaridad vienen sobre todo por un principio de igualdad
entre comunidades y de multilateralidad en el trato. Y es un Estatuto que
defiende ese principio de solidaridad primero para sus ciudadanos a
través de su modelo de financiación, pidiendo lo que le corresponde, ni
más ni menos, pero sobre todo tratando de evitar que algunos asuman lo
que no les corresponde, porque entre todos debe decidirse lo que se
reparte en su conjunto. Es un Estatuto ambicioso, pero dentro del marco
en el que se puede ser ambicioso, dentro de la Constitución. Es un
Estatuto de modernidad y que permitirá a los aragoneses seguir
construyendo su comunidad autónoma fortaleciendo y reivindicando lo que
han sido a lo largo de la historia pero sobre todo lo que han sido dentro
de la Constitución; fortaleciéndose ellos mismos sin debilitar a nadie ni
al conjunto, porque quizá el sentido de la fortaleza de todas las
comunidades autónomas es la fortaleza del conjunto, y Aragón es hoy por
hoy -y lo será siempre- un pilar de la fortaleza de un país moderno y
eficaz como es el nuestro.
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el turno del Grupo Popular, y tiene
la palabra don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: En primer lugar, y como no puede ser de otra
forma, doy la bienvenida a los representantes de las Cortes de Aragón que
hoy nos acompañan en este tercer y penúltimo trámite en el Congreso de
los Diputados para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón. Aprovecho también para excusar la ausencia de mi compañero
Ángel Pintado, verdadero impulsor de los trámites anteriores, ya que por
motivos de salud no puede acompañarnos hoy, por lo que voy a ser yo el
que va a trasladarles sus, mis y nuestras posiciones.
Comenzaré mi intervención por definir este Estatuto como el Estatuto del
consenso. Hemos sido entre todos capaces de acercarnos a él como
instrumento y no como un fin, como herramienta necesaria y que a su vez
da viabilidad a la esencia de la democracia. La capacidad de crear
consensos supone también el respeto a las discrepancias planteadas por
otros grupos, ya que enriquecen el debate y dan pie a poner en valor el
acuerdo alcanzado. El Partido Popular entiende que el preámbulo recoge la
historia de Aragón, en la que sobresale su derecho. La Comunidad Autónoma
de Aragón, con este nuevo Estatuto, continúa la senda de su
fortalecimiento en el marco del desarrollo autonómico que prevé nuestra
Constitución. Los aragoneses nos sentimos plenamente identificados como
españoles, y esa también es una razón de peso para construir un Estado
desde la recíproca lealtad tanto institucional como entre los pueblos.
Este es un Estatuto que es nexo de unión, que busca el respeto desde la
diversidad cultural con los pueblos vecinos y con toda España. Es un
Estatuto que no es un fin en sí mismo, como decía con anterioridad, sino
un instrumento al servicio de todos los aragoneses. Es un Estatuto que
mandata a los poderes públicos, que tienen que dar respuesta a las
demandas de los ciudadanos.
Por entrar directamente en alguno de los importantes aspectos de la
reforma, comenzaré por las lenguas. La lengua forma parte de la identidad
de los pueblos. En Aragón han convivido pacíficamente los distintos usos
que con el devenir del tiempo se han fraguado. Por tanto, hablemos de
respeto y protección. Consideramos que esta labor se ha conseguido por
medio de bien distintas disposiciones abordadas durante los últimos años.
Son conocedores SS.SS. de que existen disposiciones para dotar de medios
materiales y humanos para garantizar el uso correcto de los mismos. El
uso de las lenguas en Aragón es un tema pacífico. La convivencia entre
los pobladores de los distintos territorios que forman el Estado no
debería usarse nunca como origen de privilegios o como enfrentamientos.
El Partido Popular ha entendido y entiende la diversidad en la unidad de
un rico patrimonio común que es fruto de una herencia cultural que merece
respeto y protección. Señorías, este es un asunto que nos preocupa, que
preocupa posiblemente en otros territorios. La voluntad del Parlamento de
Aragón, representantes legítimos de los aragoneses, ha hecho que busquen
una fórmula que aborde este asunto por medio del acuerdo y así se
solucione definitivamente en el tiempo. Hoy no cabe forzar situaciones
que a buen seguro tendrán respuesta a través de los mecanismos previstos
en el Estatuto.
Otro aspecto que no es menos importante es el relativo al agua. El trabajo
desarrollado por la ponencia estoy seguro -y así es- que mejora el texto
inicial porque supone un reconocimiento a uno de los principios básicos
de nuestra legislación en materia hidráulica, el principio de unidad de
cuenca, asumido por la normativa comunitaria e hijo de los postulados
históricos de nuestra legislación nacional. El río es entendido como
unidad de explotación. Cualquier actuación en un tramo determinado
influye en el resto. Salvaguardar los intereses medio ambientales; la
garantía de suministro para uso doméstico, industrial, agrario,
hidroeléctrico o para la acuicultura son objetivos irrenunciables que
descansan en nuestra Ley de Aguas. A su vez, esto no sería posible sin la
planificación hidrológica, verdadero instrumento para conocer las
posibilidades reales de cumplir con las demandas que los distintos
sectores sociales y económicos realizan sobre el elemento del agua. La
reserva que se establece en el Estatuto no es un capricho de los
ponentes, es fruto de la planificación actual y debe dar satisfacción a
las legítimas demandas de agua, es decir, es ya un derecho positivo.
Ahora bien, de nada servirán estos postulados si la Administración no
hace nada en nuestro país y sigue con una parálisis de obras en una
búsqueda de modelos que no dan solución a los problemas planteados, a los
problemas reales. Por ello,
diálogo y consenso. Ya lo tienen; ahora no quedan excusas para trabajar y
cumplir con el objetivo establecido.
Otro aspecto que hay que reseñar es el relativo al Archivo de la Corona de
Aragón. Durante el proceso de elaboración y tramitación de este Estatuto
se ha producido la creación del largamente demandado y deseado Patronato
del Archivo de la Corona de Aragón. Los términos en los que se plantea
suponen la participación de las comunidades autónomas afectadas y del
Estado. Es rica la historia de este archivo, llamado a contribuir a la
unión de los lazos comunes de amistad, convivencia e historia que han de
pervivir por encima de situaciones y planteamientos que requieren mesura
y grandeza de visión de la historia, al tiempo que colaboran en una
experiencia de unión de voluntades.
Señorías, el Partido Popular entiende que este Estatuto, plenamente
enmarcado en la Constitución, continúa el proceso abierto de esta para
dar mayor capacidad de trabajo a la autonomía de Aragón. La lealtad
constitucional y la solidaridad entre las administraciones preside el
mismo. Por ello deseamos que este Estatuto sirva para hacer más Aragón
dentro de una gran España, porque Aragón, señorías, no es solo miembro de
nuestra nación española, sino que es parte inseparable de la misma.
Aragón, tierra de respeto, de lealtad a la palabra dada, recibe hoy el
apoyo del Congreso, donde reside la soberanía nacional, como garantía de
los acuerdos que hemos sido capaces de lograr: principios y valores
universales que comparten y que compartimos con otros territorios, como
la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo, la solidaridad y el
respeto a los derechos fundamentales. El Partido Popular asumió el
trabajo de reforma de este Estatuto con vocación de servicio, haciendo
abstracción partidista de sus postulados, y creo, señorías, que lo hemos
conseguido. Por último, entendemos que este instrumento ha de servir para
el buen gobierno, independientemente del color político que hubiera en
cada momento. Por esa forma de contribuir y de hacer que ese sistema
tenga más estabilidad institucional, tanto en el ámbito regional como en
el nacional, es por lo que nosotros vamos a votar a favor de esta
reforma.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre el Estatuto tiene la
palabra, en nombre de Coalición Canaria, don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: En primer lugar quiero mandar un saludo
afectuoso a los señores parlamentarios de las Cortes de Aragón que nos
acompañan y adelantar nuestro voto favorable a la aprobación de esta
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón que, desde un punto de vista
constitucional y de contenido, es ex novo, con una adición muy sustantiva
y muy sustanciosa de los principios que consagraba el anterior, y todavía
vigente, Estatuto de Autonomía de Aragón. También lo hacemos con una
doble satisfacción que casi me vería obligado a justificar, no ya
solamente por un principio parlamentario y constitucional de solidaridad
de Coalición Canaria con este Estatuto de Autonomía, sino también por el
trabajo que hemos hecho conjuntamente y que me ha facilitado -dado que el
Partido Aragonés, el PAR, no tiene representación en esta Cámara, pero sí
la tiene en el Senado- el senador don José María Mur, con el que hemos
mantenido el principio de solidaridad y de lealtad para estar hoy en esta
Cámara y en esta Comisión que usted, don Alfonso Guerra, preside muy bien
y democráticamente, para que podamos exponer una dualidad de
coincidencias entre el grupo que represento de Coalición Canaria-Nueva
Canarias y la fuerza política de Aragón, representada en este caso por el
Partido Aragonés, con el que prácticamente en todas las elecciones al
Parlamento Europeo, por imperativo de la Ley Electoral, en la
circunscripción única de todo el territorio español para la
representación en el Parlamento Europeo, hemos ido en asociación y en
pacto de coalición. Por tanto, en la representación que pudiéramos tener
hoy nos sentimos en la consideración de hacerlo con suma satisfacción y
orgullo. En primer lugar, porque apoyamos un Estatuto que trae aquí la
coincidencia de pareceres y la coincidencia de votaciones de las
principales fuerzas políticas, al menos hablando cuantitativa y
cualitativamente, de las Cortes de Aragón, con respeto a cualquier otra
formación que haya expresado su voluntad democrática de votar en contra o
de presentar objeciones al articulado. Afortunadamente, las enmiendas que
suscribió mi grupo parlamentario por encargo del Partido Aragonés son
coincidentes con las enmiendas que en su día vimos presentadas en la
ponencia -y que venían de las Cortes de Aragón- por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Esa coincidencia
allana el camino y da la sensación de que hay un proceso de reflexión
responsable de estas cuatro fuerzas políticas en sintonía con el mensaje
que viene desde las Cortes de Aragón, como órgano de la soberanía
territorial de todo ciudadano que vive en Aragón. Esta coincidencia se
repitió en el asunto planteado en la ponencia con una enmienda
transaccional a la exposición de motivos, que volvimos a suscribir
plenamente las cuatro fuerzas parlamentarias que he citado para dar
entrada a una nueva redacción, sobre la que quiero destacar lo siguiente,
porque es importante esta valoración de consenso en esta acción
fundamental. Sabe el señor presidente, don Alfonso Guerra, que quienes
nos hemos estado dedicando a nuestras labores democráticas desde la
transición contrajimos un compromiso del verdadero consenso. Siempre he
discrepado de los consensos en materias singulares como los planes de
sanidad, de trabajo, de transportes, porque cada Gobierno que gana unas
elecciones es el responsable de ejecutar su programa electoral en
sanidad, en fiscalidad, etcétera. Pero hay tres piezas fundamentales en
las que el consenso es el que consolida una democracia y que son: la
Constitución,
la Ley Electoral y el Reglamento de las Cámaras. Esas tres piezas están
trabadas, afortunadamente, en España, porque son las que permiten dar
entrada, con ese mismo consenso o incitando al mismo, a los estatutos de
autonomía. No se trata de decir: Constitución española versus Estatuto de
autonomía de una comunidad autónoma. No, tenemos que mantener aquellos
consensos, porque son las tres piezas fundamentales sobre las que se
asienta el edificio democrático español. Y damos entrada a una cuarta
condición, ya territorializada, que es el Estatuto de autonomía
correspondiente a cada comunidad que lo haya traído aquí, con un respeto
que tiene que ser enunciativo. Aquí se anuncia en el tercer o cuarto
párrafo: El presente Estatuto sitúa a Aragón en el lugar que, como
nacionalidad histórica, le corresponde dentro de España y, a través de
ella, su pertenencia a la Unión Europea, y dota a la comunidad autónoma
de los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso
social, cultural y económico. Cuando llega el articulado, reflejamos este
principio declarativo, sin el cual no podría existir una sintonía con
aquel consenso que llevó a efecto la Constitución española en su título
VIII, al establecer que Aragón es una nacionalidad histórica que ejerce
su autogobierno -por tanto hay una asunción de responsabilidad- de
acuerdo con el presente ejercicio y Estatuto, en una autonomía que la
Constitución española reconoce y garantiza a toda nacionalidad. Estos
poderes de la Comunidad de Aragón emanan del pueblo aragonés, pero quedan
sometidos al principio de un derecho que creo que es oportuno reconocer
aquí. Sé que hay algunas fuerzas políticas de ámbito territorial que lo
pondrían en cuestión, pero esto reafirma muy fundamentalmente que hablar
de nacionalidad histórica de Aragón y no reconocer el derecho foral sería
una verdadera contradicción histórico-política. Cuando en el artículo 1.3
se enuncia que la Comunidad Autónoma de Aragón, dentro del sistema
constitucional español, ostenta por su historia una entidad propia en
virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y su cultura,
estamos en una plena sintonía de valores constitucionales que ya hace
unos años, como usted bien recuerda, don Alfonso Guerra, tuvimos el honor
y la ocasión de ponernos de acuerdo en que cualquiera que fuera la
fachada de la casa, los cimientos tenían que ser sólidos y verdaderamente
solidarios y consensuados por todas las fuerzas políticas, que aceptamos
todas las ideas y rechazamos las que quieren la violencia para dominar y
actuar sobre el Estado. Ahí también se produce un consenso en la lucha
contra aquella formación política que no quiera respetar los métodos
democráticos para imponer sus ideas. En esta andadura del nuevo Estatuto
de Aragón -ya lo hemos visto incluso por las enmiendas a las distintas
partes del articulado- le tocará hacer uso de la Constitución española
para que se puedan resolver los litigios, normales y naturales, que
surjan de las cuencas hidrográficas o hidrológicas, de las redes de
carreteras, de las gestiones aeroportuarias, del uso del agua en la
agricultura y en los servicios de abastecimiento. Hay marco
constitucional para que esas cuestiones o querellas del buen uso de los
recursos naturales, del medio ambiente, etcétera, se aclaren en los
contenciosos que garantiza a todos los españoles la Constitución, por lo
que las Cortes de Aragón también lo tienen en este momento, como
representación soberana de esta voluntad de una parte de España que hoy
se inserta, y deseamos que sea para un progreso en el bienestar en todos
los órdenes: económico, social, y que este nuevo Estatuto de Aragón sea
fundamentalmente no el uso de un poder de una determinada formación
política que en un momento determinado en las elecciones democráticas
tenga el poder de gobernar la comunidad autónoma, sino que sea un
auténtico instrumento de convivencia entre todos los ciudadanos que
queden afectados por él.
Por estas razones, señor presidente,
Por estas razones, señor presidente, mi grupo va a votar favorablemente.
Ejercemos una función de solidaridad y de responsabilidad, en
concordancia con la iniciativa que nos presentaron las Cortes de Aragón
tiempo atrás, para que democráticamente, en esta casa, en esta sede,
donde reside el principio constitucional de soberanía popular de todos
los españoles y de toda España, pudiéramos hacerlo con esta convicción.
El señor PRESIDENTE: Para establecer su posición sobre el Estatuto, tiene
la palabra el Grupo Socialista, que ha solicitado repartir el tiempo
entre tres intervinientes. En primer lugar, tiene la palabra el señor
Jáuregui.
El señor JÁUREGUIATONDO: Efectivamente, voy a repartir el tiempo con mis
dos compañeros del Grupo Socialista, Eva Sáenz y Jesús Membrado.
Aprovecho para señalar que va a ser una intervención un poco larga,
porque queremos dar a este debate la entidad que tiene y manifestar
posiciones políticas, en nombre de nuestro grupo, que consideramos de
interés.
En primer lugar, quiero sumarme a la bienvenida que damos a toda la
delegación de las Cortes de Aragón. Su presencia aquí es muy bienvenida.
Quiero recordar que durante muchas semanas hemos hecho con ellos un buen
trabajo previo a esta sesión solemne que celebramos hoy para aprobar
definitivamente en Comisión el Estatuto de Aragón. Este es el quinto
Estatuto que aprobamos en esta legislatura. Lo hicieron antes la
Comunidad Valenciana, Baleares, la Comunidad de Cataluña y la Comunidad
andaluza. Ahora lo hace Aragón y lo hace con un nuevo Estatuto, un
Estatuto que tiene 115 artículos, seis disposiciones adicionales, cinco
transitorias y una final y que recoge una voluntad política que en mi
opinión es incuestionable, la voluntad de los representantes del pueblo
de Aragón, en las Cortes de Aragón, de hacer un nuevo Estatuto. Repito
que es un nuevo Estatuto, no es propiamente una reforma, porque después
de veinticinco años de experiencia autonómica los representantes del
pueblo de Aragón han considerado conveniente adaptar su norma
institucional básica a un nuevo tiempo, a una
nueva realidad, a unos nuevos problemas. Aragón, conviene decirlo, ha
experimentado un cambio extraordinariamente positivo en todos los
parámetros que uno pueda calibrar, y desde luego en su importancia
política en el conjunto de España, en su progreso económico y en su
avance social. Esto debería llevar a todos a una reflexión que me parece
particularmente oportuna en el inicio de mi intervención. Curiosamente,
en estos veinticinco años ya largos -casi veintiocho- de modelo
autonómico que lleva España, el progreso de sus tierras y de sus regiones
o de sus nacionalidades y de sus pueblos en general ha sido
extraordinario, claro que también lo ha sido el del conjunto de España.
Convendría empezar a reflexionar en serio sobre la importancia que ha
tenido la distribución del poder, el modelo de organización territorial
para que las sinergias de todas la fuerzas autóctonas, de las fuerzas que
han surgido de tantos pueblos a veces olvidados por el viejo centralismo,
se hayan puesto en marcha paralelamente a este tiempo histórico que
España está viviendo y hayan favorecido -en mi opinión, pero también lo
dicen todos los expertos europeos- una aproximación territorial de los
pueblos de España. Curiosamente, el Estado autonómico no ha sido el que
ha separado a los pueblos de España, sino el que los ha unido y el que ha
aproximado rentas y derechos de ciudadanía comunes de todos los
españoles. Esta es la primera afirmación que me gustaría hacer para
reivindicar esta apuesta por modernizar el instrumento, la norma, la
arquitectura jurídico-política que da basamento al autogobierno en este
caso de Aragón.
Pues bien, el debate en las Cortes Generales, en esta Cámara, ha tenido
como objetivo -esta es la posición inicial de nuestro grupo- respetar al
máximo la voluntad de las Cortes de Aragón. Es verdad que hemos hecho
algunas cosas que me parecen evidentes e insoslayables, forman parte de
nuestro trabajo. Son fundamentalmente cuatro. En primer lugar, hemos
ajustado el modelo competencial que el Estatuto establecía en el texto
original de las Cortes de Aragón al reparto competencial establecido en
nuestra Carta Magna y en el modelo de reparto político que hemos
construido en España. En segundo lugar, hemos adecuado a la Constitución
algunas disposiciones que requerían esa adecuación jurídico-normativa. En
tercer lugar, hemos hecho una aproximación importante en la homologación
de los conceptos económicos y financieros para todas las comunidades
autónomas. Me enorgullezco de decir que en los cinco textos que llevamos
reformados hemos establecido unos parámetros comunes, para que el Consejo
de Política Fiscal y Financiera pueda hacer un trabajo sobre un basamento
común en la negociación, obligada por otra parte, entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas, del sistema económico y financiero.
Por último, hemos tenido en cuenta el respeto al interés general de
España y de los españoles en el conjunto de las normas que tienen que
establecerse en este Estatuto, puesto que también hay un interés general
de España por el que tenemos que velar y que a veces, por qué no
reconocerlo, choca con intereses locales o con aspiraciones comunitarias
que necesitan ser ajustados a ese interés general.
Me gustaría hacer una afirmación que me parece importante, respondiendo a
una de las grandes pegas que ha expuesto la Chunta Aragonesista en
relación con el sistema competencial. El señor Labordeta ha dicho que
había quince competencias que no estaban recogidas en este Estatuto. En
ponencia ya le expliqué -quiero repetirlo aquí, porque me parece un
argumento muy importante y muy veraz, cargado de razón- que esto no
quería decir que el Estatuto de Aragón tuviera menos competencias que
otros estatutos, no es verdad. El que hemos establecido es un modelo de
definición competencial diferente con arreglo a los estatutos que estamos
aprobando ahora. Es verdad que dos comunidades, Cataluña y Andalucía, han
ido a un procedimiento de definición competencial sobre una especie de
referencia casi indiciaria -desde la a de agricultura hasta la uve de
videovigilancia, por poner un ejemplo-, en el cual conforme se define la
materia se describen todas las funciones que esa materia contempla y se
concreta en cada unas de estas funciones si la competencia de la
comunidad autónoma es exclusiva, compartida o ejecutiva. Pero este modelo
no es por el que han optado Aragón u otras comunidades, como la
valenciana o la balear. Lo que ha hecho la comunidad aragonesa ha sido
una descripción de las competencias exclusivas en sus conceptos básicos:
Es exclusiva de la Comunidad de Aragón esta, esta, esta, etcétera, en un
largísimo listado de materias; es competencia compartida de Aragón esta y
esta más, y así sucesivamente. Sin embargo, me apresuro a señalar que
esta descripción de las grandes competencias no incorpora una definición
competencial menor que la que pueda tener el Estatuto de Cataluña,
simplemente describe el portal, la categoría de la competencia desde el
punto de vista de su enumeración e incluye lógicamente en esa categoría
todas las funciones que le corresponden. Ahí no existe un menor nivel
competencial -aprovecho para puntualizar esto, que es muy importante-, no
lo hay; incluso cabe decir que la descripción conceptual permite que
nuevas funciones que se puedan incorporar a esas materias se adscriban de
manera natural a quien tiene la competencia del concepto básico. Como
decía mi compañero, Jesús Membrado, es una percha de la que cabe colgar
un futuro que no tiene límites. En ese sentido, quiero señalar que esta
descripción competencial no es menos, y esto explica -lamento que el
señor Labordeta no pueda escucharme- que estas quince materias que él ha
citado estén incorporadas al capítulo competencial de la comunidad
aragonesa, aunque no estén citadas como funciones concretas. Esto no
quiere decir que no las tenga; las tiene.
Esto me lleva también a una pequeña reflexión que quiero hacer a mi
compañera Soraya Sáenz de Santamaría a propósito de esta obsesión que el
PP tiene a veces por comparar este Estatuto con otros, señalando que no
tiene determinadas pretensiones, ya que al hacerlo casi señala
una imagen devaluada de este Estatuto. Al compararlo con otros estatutos
que han hecho cosas que a ella o a su partido no les gusta parece que
este tiene una menor categoría, y de verdad que no es así. En este punto
quiero ser muy concluyente y en nombre del Grupo Socialista reivindicar
para este Estatuto la plenitud del autogobierno que contrae y que
conlleva, al margen de cómo lo explique. Al margen de cómo se exprese en
cada uno de los artículos, quiero dejar muy claro aquí en nombre del
Grupo Socialista que este es un Estatuto de plena autonomía, de primer
nivel y de máximo autogobierno. Por cierto, tengo que contestar también a
una aportación en clave de enmienda que ha hecho el Grupo Nacionalista
Vasco para establecer cuál es nuestro punto de vista sobre la referencia
a los derechos históricos. En este caso puedo hacerlo casi también en
nombre del Grupo Popular, porque recuerdo una intervención de doña Soraya
Sáenz de Santamaría a este respecto que creo que voy a ser capaz de
interpretar fielmente. Por tanto, como digo, creo que interpreto la
opinión del Grupo Socialista así como la del Grupo Popular sin perjuicio
de que S.S. pueda matizar lo que considere necesario. Primero, a este
respecto nosotros consideramos que la definición respecto de los derechos
históricos está muy bien contemplada en el título preliminar, artículo
1.3. La Comunidad Autónoma de Aragón -leo textualmente- dentro del
sistema constitucional español ostenta por su historia una identidad
propia en virtud de sus instituciones tradicionales, el derecho foral y
su cultura. Nos parece que esta definición es impecable y por eso la
hemos establecido así. También lo hemos hecho en relación con la
disposición adicional tercera porque, en primer lugar, esta disposición
ya estaba en el Estatuto de Aragón del año 1982, y nuestros respectivos
grupos -concretamente el nuestro- no han considerado conveniente hacer
una reforma de una disposición que ya se estableció inicialmente en el
antiguo Estatuto. En concreto nosotros enmarcamos esa disposición final
tercera en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como no puede
ser de otra manera. Nuestro grupo la acepta en su actual redacción
precisamente interpretándola a la luz y con arreglo a esa jurisprudencia,
y más concretamente a la sentencia 76/1988, de 26 de abril, a la
159/1993, de 6 de mayo, y específicamente a la sentencia del Tribunal
Constitucional 123/1984.
Hay una tercera idea que me gustaría trasladarles. Nosotros hemos hecho un
esfuerzo enorme por mantener el consenso con los grandes grupos que
apoyaron el Estatuto en Aragón de manera casi unánime en las Cortes de
Aragón. Asimismo quiero establecer de manera solemne nuestro
agradecimiento a todos los grupos: al Partido Popular de Aragón, al
Partido Socialista de Aragón, al PAR y a Izquierda Unida, con quienes
hemos negociado durante muchas horas las enmiendas y que han dado lugar a
este trabajo consensuado que hoy nos trae aquí. No ha sido posible
conseguir la unanimidad, en parte porque también hay reivindicaciones
locales de otros grupos que no podemos compartir y que nos gustaría se
sometieran al criterio que las Cortes de Aragón han expresado respecto a
esos temas a los que se referirán después mis compañeros. Asimismo ha
sido imposible llegar a acuerdos con algún grupo que probablemente había
decidido un rechazo al Estatuto por razones en mi opinión más bien
políticas. Señorías, por último, termino haciendo una referencia global
sobre el debate que en cierto modo se ha planteado a propósito de si este
Estatuto y otras reformas u otros estatutos se corresponden políticamente
con los tiempos, si interesan a la gente o no. Tengo la necesidad de
destacar la paradoja que percibo de la intervención que ha hecho, por
ejemplo, nuestra compañera del Grupo Popular a este respecto, al
introducir al principio de su intervención una especie de alegato contra
las reformas estatutarias para acabar ella misma -desde luego también su
propio compañero, don Ramón Moreno- alabando esta reforma; o es de día o
es de noche. No creo que sea verdad que esto no interese a nadie. Si no
interesara a nadie, ¿por qué todos los gobiernos autonómicos, que, creo
yo, son alguien y representan a alguien, han iniciado los proyectos de
reforma? Por cierto, ¿por qué lo inició la Comunidad Valenciana y su
presidente, el señor Camps? ¿Por qué lo han hecho después catalanes,
baleares, andaluces, ahora aragoneses, mañana canarios,
castellano-manchegos, castellano leoneses, etcétera? ¿Por qué? No
interesa a nadie, pero todas las fuerzas vivas de cada comunidad autónoma
lo reclaman y lo apoyan: sindicatos, empresarios, cámaras de comercio,
etcétera. No interesa a nadie, pero la prensa habla del asunto todos los
días. No interesa a nadie, pero, como ya he dicho antes, estamos aquí
debatiendo la quinta reforma estatutaria. En cualquier caso, me pregunto
algo más: ¿interesa a Aragón? Señorías les voy a dar hasta ocho razones
por las cuales los aragoneses van a encontrar en este Estatuto no
solamente una norma institucional básica de su proyecto político, de su
autogobierno, sino también la explicación de por qué ellos han iniciado
esta reforma y qué han encontrado en este Estatuto.
En primer lugar, hay una definición muy precisa de esos aspectos
históricos o identitarios. Por cierto, la cuestión identitaria no es un
devaneo, como ha dicho doña Soraya; devaneos identitarios creo que le he
escuchado. Cuidado, los temas identitarios forman parte del ser. Podrán
gustarnos más o menos; a veces algunos los manipulan o los extreman -esto
es opinable-, pero, cuidado, los temas identitarios forman parte de
nuestra realidad, porque forman parte de las cuestiones en las que nos
expresamos en las lenguas, o porque forman parte de nuestra cultura, de
nuestra historia o de las respectivas aspiraciones. No son devaneos, y
ciertamente este Estatuto hace una definición en su preámbulo y
específicamente en su título preliminar muy precisa de estos aspectos
históricos, identitarios, culturales, políticos y también lingüísticos.
En segundo lugar, hay una amplia regulación de nuevos derechos y deberes
que, sin alterar los fundamentos de los derechos de todos los españoles,
sin embargo en el ámbito de cada comunidad
autónoma permiten que, puesto que hay un poder público que desarrolla
amplias facultades que afectan de manera notabilísima a la vida de los
ciudadanos (la salud, la dignidad en los tratos médicos, la educación,
los servicios sociales, etcétera), se genere una carta de derechos de
esos ciudadanos de esa comunidad con sus poderes públicos. En tercer
lugar, hay una mejora de su autogobierno a través de las razones que ya
he explicado, por ejemplo, en el aspecto competencial. En cuarto lugar,
hay una nueva regulación económico y financiera de la que luego hablará
mi compañero Jesús Membrado. En quinto lugar, hay una organización
institucional y territorial más adaptada a las peculiaridades de Aragón.
En sexto lugar, hay una organización de la justicia más autonómica y más
eficiente. En séptimo lugar, hay una nueva regulación de los derechos de
intervención y participación en asuntos de la Unión Europea o en las
facultades que la Comunidad de Aragón percibe ahora en materia de acción
exterior, y en octavo lugar, hay una nueva manera de participar de Aragón
en las tareas del Gobierno del Estado. He dicho ocho, pero podría decir
veintitrés o cincuenta si ustedes quieren. Señorías, aquí hay 115
artículos que configuran una norma institucional básica fundamental para
los aragoneses.
Termino con una referencia precisamente a lo que nuestro grupo interpreta
que hay en el trasfondo de la crítica que con tanta frecuencia se escucha
respecto a estas reformas. En nuestra opinión no se está rompiendo nada;
no se está desvertebrando España. Señorías, hay una nostalgia centralista
en esa mirada catastrofista sobre el modelo autonómico. Hay demasiada
desconfianza en los gobiernos autonómicos, sin comprender que también son
Estado, que también son España. Lamento decirlo, pero hay una cierta
incapacidad histórica para aceptar esta España diversa y plural. Es
cierto que la queremos grande, pero también diversa y plural, con sus
pueblos y sus culturas, como la única España posible, como la España
real. Señorías, hay demasiada resistencia a la configuración de una
identidad nacional renovada, propia del siglo XXI, de esta España
democrática, descentralizada, abierta, europea y moderna que estamos
construyendo desde hace treinta años con un éxito envidiable en todo el
mundo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jáuregui. Ya nos anunció que
sería extenso, pero yo no pensaba que tanto.
Para continuar el turno, espero que no por el mismo tiempo, tiene la
palabra doña Eva Sáenz.
La señora SÁENZ ROYO: Señorías, como no podía ser de otra manera, en
primer lugar deseo dar la bienvenida a la delegación aragonesa que ha
venido hoy a esta Comisión donde damos comienzo a una nueva fase en la
tramitación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Quisiera constatar al
principio de mi intervención un doble esfuerzo: en primer lugar el de
cuatro de las cinco fuerzas políticas que forman parte de las Cortes de
Aragón para alcanzar un acuerdo que ha supuesto renuncias y generosidad
de los grupos que lo han suscrito, un acuerdo que ha supuesto el
compromiso con los intereses generales de los aragoneses y aragonesas por
encima de cualquier interés partidista; en segundo lugar el de los grupos
parlamentarios que hemos alcanzado un acuerdo en fase de presentación de
enmiendas en pro del interés de la Comunidad Autónoma de Aragón, también
interés del Estado, y que ha supuesto tanto en las formas, en el
tratamiento que se ha dado a los ponentes parlamentarios autonómicos del
Estatuto de Autonomía de Aragón, como en el fondo la consecución de un
objetivo largamente ansiado, que es la asimilación de Aragón a las
comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la llamada vía
rápida. Asimismo quisiera dejar constancia de la cordialidad, del respeto
y del ánimo constructivo de todos los grupos parlamentarios presentes en
la ponencia que discutió las diferentes enmiendas. Conste aquí por tanto
el agradecimiento de mi grupo parlamentario a todos ellos.
Dicho esto, me gustaría comenzar a justificar las enmiendas que ha
presentado mi grupo parlamentario, y que se han incorporado en el informe
de la ponencia, así como argumentar nuestro voto en contra de las
enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios en lo referente
fundamentalmente al título preliminar y al título I. Aunque excede en
parte de este contenido, trataré toda la temática del agua y excluiré de
mi discurso la problemática de las lenguas de la que se ocupará el
diputado señor Membrado. Comenzaré señalando que este texto supone el
reconocimiento en su artículo 1 de Aragón como nacionalidad histórica. Es
verdad que desde los inicios del proceso autonómico la definición de la
comunidad autónoma aragonesa resultó ser uno de los puntos más
conflictivos y polémicos. Ese conflicto se resolvió en la reforma de 1996
con la definición de Aragón como nacionalidad. Es cierto también que esta
propuesta de reforma añade el calificativo de histórica, que no es sino
añadir algo que me parece que está ligado naturalmente al concepto de
nacionalidad, pues toda nacionalidad es necesariamente una formación
histórica. Lo que yo quería destacar es que con esta afirmación debe
apreciarse una reivindicación de una legitimidad histórica tan válida o
más que la de cualquier otro territorio para fundamentar el mismo trato,
las mismas instituciones y las mismas competencias que otras comunidades
autónomas. Es decir lo que desde Aragón se rechaza con esta afirmación es
la discriminación entre comunidades autónomas. Lo que se quiere decir con
esta identificación es que si es por historia Aragón es merecedora, como
la que más, de la máxima autonomía. Con este concepto de nacionalidad
histórica y en este sentido referido a todos los aragoneses y aragonesas
nos sentimos plenamente identificados. Frente a esta identidad que, como
digo, ya se definió en la reforma de 1996 lo que resulta una novedad
respecto al texto original es la incorporación de todo un título
referente a derechos y libertades. Me gustaría destacar en este punto que
el
texto aragonés ha sabido conjugar con acierto el principio democrático con
un amplio reconocimiento de derechos. Se trata de derechos que están
ampliamente consensuados por todas las fuerzas políticas, derechos que
podríamos decir que no son ideológicos. Además de respetar ese principio
democrático este título resulta a la vez de una gran modernidad por
cuanto se introducen conceptos que responden a sensibilidades actuales,
como son la sostenibilidad con relación al medio ambiente, la
conciliación de la vida familiar y laboral, derechos relacionados con las
nuevas tecnologías, etcétera; por tanto derechos consensuados
políticamente que dejan margen al legislador democrático pero dotados al
mismo tiempo de una enorme modernidad. Incluimos en referencia a este
título una enmienda que me parece de especial importancia y que hemos
introducido en todos los textos estatutarios que han pasado por el
Congreso de los Diputados porque despeja las dudas de constitucionalidad
que podrían surgir con la incorporación de toda una tabla de derechos y
libertades en los textos estatutarios. Me refiero a nuestra enmienda
número 69, dirigida a impedir que los derechos estatutarios puedan
suponer un título competencial nuevo para la comunidad autónoma en
cuestión o impedir la disposición por el estatuyente de los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución española o en los tratados
internacionales ratificados por España. Por tanto las comunidades
autónomas pueden regular derechos, como ha sido práctica habitual en
todas ellas hasta ahora, eso sí, siempre en ejercicio de sus
competencias.
Voy a justificar brevemente nuestro rechazo a las enmiendas número 9 y 10,
de Chunta Aragonesista, que pretenden incorporar a este título de
derechos y libertades el derecho a morir dignamente y a la enseñanza
pública laica. No es el momento hoy aquí de discutir sobre el contenido
de estos dos preceptos sino sobre lo inadecuado de introducirlos en un
Estatuto de Autonomía. Es evidente que su introducción rompería el
consenso político y también el equilibrio antes mencionado entre el
principio democrático y el reconocimiento de derechos. Los derechos que
se reconocen en un Estatuto de Autonomía deben respetar las diferentes
opciones que un legislador democrático pueda tomar dentro del marco de la
Constitución, por tanto en aras del consenso y del principio democrático
que debe inspirar toda regulación de derechos en un Estatuto no podemos
aceptar estas enmiendas. Además, en relación a la primera de las
enmiendas, referida al derecho a una muerte digna, aunque hubiera un
consenso entre todas las fuerzas políticas aragonesas un Estatuto de
Autonomía no puede determinar ni el momento del comienzo ni el momento
del final de la vida, puesto que forma parte del contenido esencial del
derecho a la vida del artículo 15 de la Constitución, por tanto su
desarrollo corresponderá a las leyes orgánicas estatales. Lo que sí puede
hacer un Estatuto de Autonomía, lo máximo que puede hacer a este respecto
un Estatuto de Autonomía, es lo que ya hace esta propuesta, que nos han
enviado desde Aragón, en su artículo 14, que es elevar a rango
estatutario derechos que se reconocen en la Ley de Salud de Aragón, en la
que efectivamente la Comunidad Autónoma de Aragón tiene plena
competencia.
Entro ya a argumentar los artículos referidos al agua. El agua es un
recurso vital, esencial para la vida, indispensable para toda economía en
cualquier nivel de desarrollo, especialmente para una comunidad como la
de Aragón donde se considera un bien escaso. El carácter vital del
recurso y su escasez han hecho del agua en Aragón un elemento identitario
de la sociedad aragonesa, centro del debate político y un instrumento
movilizador de los aragoneses. Si a esta demanda social y política
sumamos la incorporación en este último proceso de reformas estatutarias
del tema del agua se entenderá el interés del Gobierno de Aragón y de las
Cortes aragonesas por incorporar la defensa del agua en la nueva reforma
estatutaria, incluyéndola, a semejanza de como se hace en otros estatutos
como el valenciano, en el apartado referente a derechos. Es en este
contexto en el que deben entenderse los derechos en relación con el agua
reconocidos en el artículo 19 de la propuesta de reforma, y concretamente
en su apartado 3 es donde se explicita la reivindicación social y
política de los últimos años en Aragón, es decir el no al trasvase del
Ebro. Se explicita de tal manera, como a continuación voy a explicar, que
no perturba en nada la competencia del Estado y además resulta respetuosa
con otras comunidades autónomas, de ahí que mi grupo parlamentario haya
presentado una enmienda, más de forma que de fondo, en la que se
introduce alguna mejora en al ordenación de las fuentes normativas y
alguna matización pero que respeta en esencia el texto acordado en
Aragón. Lo respeta porque de lo que se trata es de un mandato dirigido a
los poderes públicos aragoneses para que defiendan un interés político,
que ya se ha definido democráticamente en las Cortes de Aragón. Ese
interés político definido democráticamente es el no al trasvase. Es
verdad que ese mandato político tiene una traducción jurídica que es la
emisión por la comunidad autónoma de un informe preceptivo, que se recoge
en el artículo 72 de la propuesta de reforma. Esa exigencia de informe
preceptivo ya está reconocido en otros estatutos como el catalán y ni
interfiere ni perturba la competencia del Estado, que es lo prohibido
jurídicamente según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De ahí
que mi grupo no haya presentado ninguna enmienda a ese artículo 72,
enmienda que, sin embargo, sí ha presentado Chunta Aragonesista, en
concreto la número 20, pidiendo que el informe no solo sea preceptivo,
sino también vinculante. En este punto, aunque sea brevemente, tengo que
detenerme, puesto que es una de las banderas que denostan nuestro
Estatuto. Ustedes piden que se incluya un informe vinculante y dejan ver
que si no se hace estaremos discriminados respecto a otros comunidades
autónomas. Con todos mis respetos, me gustaría aclarar que ningún
Estatuto de Autonomía que se haya aprobado en el Congreso de los
Diputados ha aceptado un informe
vinculante de estas características, ni el Estatuto de Autonomía catalán,
en el que, según ustedes dicen, a Cataluña se le permite la participación
en la planificación hidrológica sin cortapisas, exactamente igual que a
nosotros. Me resulta curioso que se hagan valer los estatutos de
autonomía de otras comunidades autónomas y no se haga valer el nuestro
cuando dice exactamente lo mismo.
Por último, en relación con el agua, se ha incorporado una nueva redacción
a la disposición adicional quinta en el informe de ponencia. Esta nueva
redacción persigue que sea la planificación hidrológica la que fije las
reservas, pero, eso sí, manteniendo la mención a la reserva de los 6.550
hectómetros cúbicos del Pacto del agua. Por tanto, desde el punto de
vista jurídico, este precepto queda enmarcado adecuadamente en la
planificación hidrológica, tomando en consideración también la pretensión
autonómica. En cuanto a la exigencia de acuerdo de las comunidades
autónomas afectadas por un trasvase, que proponen las enmiendas números
47 y 48 de Chunta Aragonesista, ya se señala en el artículo 72 del texto
aprobado en las Cortes de Aragón que el Gobierno de España deberá
propiciar ese acuerdo. Eso es lo máximo que puede decir un Estatuto de
Autonomía de Aragón, si efectivamente no se quiere perturbar la
competencia del Estado en materia de trasvases.
Hay que señalar, aunque sea de modo sistemático, que respecto al título
II, III y IV, organización institucional, Administración pública y
Justicia, respectivamente, se ha respetado el texto procedente de Aragón.
Podemos señalar que en el artículo 32 añadimos, por respeto a nuestra
historia, la denominación de Diputación General junto a la de Gobierno.
Terminaré señalando que la reforma que tratamos hoy refleja una voluntad
de avanzar en los niveles de autogobierno, de mejorar la organización
institucional, en definitiva de mejorar las condiciones de vida de los
aragoneses y aragonesas, y todo ello a la vez de ver cumplido el objetivo
de la consecución plena de los efectos del artículo 151 de la
Constitución. Además todas estas mejoras se han realizado con una mayoría
muy rotunda, que debería hacer pensar a Chunta Aragonesista sobre sus
valoraciones y reacciones. Solo desde el acuerdo y desde la generosidad
podemos contribuir a mejorar la posición de nuestra comunidad autónoma
dentro de nuestra España democrática. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para terminar el turno del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra don Jesús Membrado.
El señor MEMBRADO GINER: Señorías, querría comenzar mi intervención
agradeciendo y dando la bienvenida a la delegación aragonesa que está
presente en un acto que para nosotros, los aragoneses, es importante, y
también creo que para toda España, y que es el paso previo para la
aprobación, probablemente definitiva, de un Estatuto que es fruto del
acuerdo, que es fruto del consenso, y que estoy seguro de que va a ser
una pieza fundamental para gobernar el futuro de Aragón. ¿Por qué? Porque
es un Estatuto equilibrado, pactado, apoyado mayoritariamente, en el cual
las distintas fuerzas políticas han hecho un ejercicio de responsabilidad
y han obviado algunos estandartes o banderías de carácter electoralista
que no vienen al caso cuando se tiene que hablar de una norma que tiene
que servir para gobernar una tierra como la nuestra, que es Aragón. Por
tanto, mi felicitación, mi enhorabuena por el trabajo realizado y mi
bienvenida. Antes de pasar a hablar de las lenguas y de la financiación,
me gustaría trasladar al Grupo Popular el deseo de que don Ángel Pintado
se recupere lo más pronto posible, porque nos hubiese gustado que hoy
estuviese presente aquí con todos nosotros, sin menoscabo de quien está
sustituyéndole.
Solo voy a hablar de dos temas, de financiación y de lenguas. Respecto a
la lenguas, me gustaría plantear alguna cuestión. La primera de ellas es
que el artículo 7 es el único que hace referencia a las mismas y
contempla cuatro enmiendas de Chunta Aragonesista y una de cada una de
las opciones políticas catalanas: Iniciativa per Catalunya Verds, el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Esquerra Republicana
de Catalunya. Eso demuestra que hay un gran interés por lo que está
pasando con las lenguas en nuestra comunidad autónoma por las opciones
políticas de nuestros vecinos catalanes. Esta mañana la viveza de la
intervención del señor Tardà indudablemente nos habrá demostrado que hay
un gran interés por la pervivencia de esa lengua y por su desarrollo.
Señorías, no se preocupen, no tengan esa preocupación como un elemento
tan activo. Nos gusta que se preocupen, pero al mismo tiempo que nos
dejen desarrollar nuestro problema lingüístico. En este tema nuestro
Estatuto recoge el acuerdo que se ha podido alcanzar. Es el denominador
común de las distintas fuerzas políticas que suscribimos este Estatuto,
donde hay distintas posiciones -no son las únicas-, pero indudablemente
es el acuerdo máximo, por tanto es un acuerdo consensuado, un acuerdo
consensuado de cuatro opciones políticas que necesitan y merecen un
respeto, porque lo hacen con vocación no de ser el final del mismo, sino
de seguir avanzando en el futuro. El Estatuto apuesta por la regulación
de una futura ley de Cortes, y para nosotros este es un paso adelante que
tiene el valor de no convertir la realidad lingüística de nuestro
territorio en un problema de carácter social, en el que podría haberse
convertido, y en estos momentos estaríamos en una situación peor. Los
distintos gobierno aragoneses no han estado parados, no han sido pasivos,
todo lo contrario. Actualmente se están desarrollando programas
culturales y educativos que potencian las lenguas aragonesas con el
acuerdo en los centros de enseñanza de la comunidad educativa y con el
auspicio y los recursos propios del Gobierno.
No estoy de acuerdo con el señor Tardà; lo que hace veinte años era una
utopía, la utopía del señor Bada, hoy es una realidad. El señor Bada
construyó unos cimientos
que nos han permitido, por ejemplo, que hoy en Fraga tengamos un centro
educativo bilingüe en su totalidad; algo impensable, señorías, hace
veinte años. De la misma manera que era impensable que esto se haya hecho
sin conflicto y con la implicación de toda la comunidad educativa. Ese es
un tema, en los territorios de los que estamos hablando, muy difícil de
conseguir. Asimismo, la práctica totalidad de los alumnos de todos los
territorios bilingües estudian materias en lengua propia, también
complementaria y ampliándose, y en algunos casos con deficiencias por no
contar con infraestructuras y profesorado adecuado. Este es otro de los
problemas que tenemos para desarrollar de forma más rápida. Por eso, se
han incrementado -discrepo con el señor Tardà-, los hablantes de esas
lenguas y se ha ido mejorando y ampliando la expansión de las mismas en
zonas en las que prácticamente había desaparecido, como en la zona de
Matarraña. Introducir ahora modificaciones sustanciales mediante
enmiendas sin acuerdo político mayoritario sería tanto como convertir una
evolución positiva de la realidad lingüística en un problema político,
que es inteligente evitar, y eso es lo que ha hecho el Estatuto.
Señorías, todas las comunidades autónomas tenemos nuestras propias
sensibilidades y peculiaridades, y en Aragón tenemos dos: el agua y la
oficialidad de las lenguas. Déjennos resolver el problema con el mayor
grado de consenso posible, no nos metan más carbón en la caldera. Solo
necesitamos tiempo para avanzar en el acuerdo, porque el marco
estatutario del cual nos vamos a dotar ya lo tenemos en el artículo 7,
donde se reconoce el valor patrimonial y cultural de nuestras lenguas y
de nuestras modalidades; emplaza a una ley de lenguas específica en la
que su contenido queda perfectamente reflejado; define el derecho a no
ser discriminado por la lengua, que para nosotros es tanto como
posibilitar la práctica de la misma sin ninguna traba para poder hablar,
para poder leer, para poder escribir allí donde residan y también para
poder amparar explícitamente las relaciones con la Administración en
lengua propia. Eso es lo que dice el artículo 7 y se tiene que hacer,
como en el acuerdo del año 1999 se permitió y no se pudo sacar hasta
2003, pero eso es lo que permite el artículo 7 que ustedes han enmendado.
De ahí que no veamos necesario hacer modificaciones al texto propuesto y
no podamos aceptar estas enmiendas, pero también tenemos que decir que
estas enmiendas nos sirven, lógicamente, para valorar el interés que se
tiene en que el bilingüismo siga adelante en nuestra comunidad autónoma
tal y como se está desarrollando en estos momentos.
El siguiente capítulo que me corresponde desarrollar es el de la
financiación, que es un poco más árido, como pueden comprobar ustedes
desde el momento en que hay 30 enmiendas presentadas por Chunta
Aragonesista, de las 60 que se han presentado al tema de la financiación
autonómica. Es un tema que lógicamente interesa, pero nos interesa a
todos, no solamente a los enmendantes sino a los que hemos presentado
autoenmiendas al propio Estatuto a lo largo de los debates que se han
mantenido con los representantes de nuestra comunidad autónoma aquí. En
primer lugar, quiero decir que en la reforma del año 1996 ya se hizo un
apunte importante en los temas de financiación autonómica, aquella
reforma fue un paso muy importante, y que se ha terminado de cerrar
-aunque los temas financieros nunca se cierran- con esta reforma
estatutaria. Voy a enumerar las cuestiones que se están planteando en
estos momentos, pero no haré una valoración de las enmiendas una por una
sino de los paquetes de enmiendas que se han formulado por parte de
Chunta Aragonesista.
Nuestro Estatuto hace una enumeración de los recursos de la comunidad
autónoma, incluidos los que se ceden por el Estado, en el artículo 104 y
en la disposición adicional segunda. Tras las enmiendas que presentamos
los cuatro grupos parlamentarios, se corresponde con la enumeración que
recogerá el nuevo sistema de financiación autonómico de la Lofca. Por lo
tanto, tenemos un marco estatutario que está perfectamente sincronizado
con la Lofca del futuro y no echamos en estos momentos carabinas al
viento a la hora de hacer peticiones que sabemos que posteriormente no se
van a poder recoger desde el punto de vista constitucional. Se queda
totalmente definida la creación de una agencia tributaria autonómica que,
al igual que está recogida en otros estatutos, se encargará de gestionar
los tributos propios de la comunidad autónoma, así como los estatales
totalmente cedidos a la comunidad; en relación con los parcialmente
cedidos, asumirá las competencias que el Estado le delegue. Esta agencia
tributaria, que se desarrollará posteriormente en igualdad de condiciones
para todas las comunidades autónomas que así lo tienen recogido en sus
estatutos, englobará también la nuestra y por lo tanto no tenemos por qué
establecer, como lo hace una enmienda de CHA, que la agencia tributaria
se tiene que poner en marcha ya y que la decisión de cómo se compondrá y
de qué manera se desarrollará se vinculará a la comisión mixta. Por otro
lado, en el artículo 107 se establecen unos mecanismos de nivelación en
el mismo sentido que se ha hecho en el resto de los estatutos de
autonomía, vinculados fundamentalmente a los servicios esenciales del
Estado de bienestar: educación, sanidad y servicios sociales. Garantiza
un nivel común en todo el territorio español en la prestación de los
servicios, cosa que en Aragón hemos ido pidiendo sistemáticamente y
cuestión que nos ha llevado a tener en estos momentos pendiente un
litigio de deuda en transferencias que no tenían suficiente financiación.
Si hubiésemos contado con unos niveles semejantes a los que estamos
planteando en el Estatuto, no hubiésemos llegado a la situación que
tenemos en estos momentos de un litigio en los tribunales.
El acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado que recoge el
artículo 108, ya previsto en la reforma del año 1996, se mantiene en el
mismo nivel que está, no se rebaja, como plantea algunas de las enmiendas
de Chunta. Se rechaza, no obstante, cualquier querencia de sistema, de
convenio o cupo de tipo
vasco o navarro, como plantea en estos momentos como sistema de
financiación Chunta Aragonesista, sabedora como es de que este es un tema
vinculado a los derechos forales e históricos de las dos comunidades
autónomas navarra y vasca que no tiene ninguna posibilidad de
expansionarse hacia otras comunidades autónomas y tampoco hacia la
nuestra. Esto vuelve a ser un brindis al sol. Tras la enmienda pactada,
se dota más a la comisión mixta de asuntos económicos financieros
Estado-comunidad autónoma del artículo 109, y se enumera una serie de
hasta nueve atribuciones concretas que no existían en el texto original
que vino de Aragón y que se ha mejorado sustancialmente en el debate que
se ha hecho en la Comisión a lo largo de las cuatro reuniones con los
grupos parlamentarios. Por cierto, se mejoró aquello en lo que Chunta se
abstuvo en el debate parlamentario en las Cortes aragonesas y ahora
rechaza, esto es simplemente un apunte entre paréntesis. Finalmente, en
relación con las inversiones estatales en infraestructuras en la
Comunidad Autónoma de Aragón, en la disposición adicional sexta se prevé
su fijación ponderada, y yo interpreto el adjetivo ponderada como se debe
de interpretar, equilibrada entre distintas opciones: en relación con el
territorio, en relación con los costes derivados de la orografía y en
relación con la situación fronteriza. Tenemos pendiente en el Senado una
proposición de ley de modificación de los fondos de compensación
interterritorial basada en estos criterios, avalada por todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón -por tanto, yo sospecho que esta
no será una materia que no tenga mucho que ver con la realidad de nuestra
tierra-, y lo estamos haciendo en la misma línea que Cataluña, Andalucía
o Valencia, que tienen criterios distintos pero que, indudablemente,
ninguno de ellos tiene una vinculación porcentual estricta a los
planteamientos de los que han derivado esos criterios. En ese sentido, a
mí me parece que estamos perfectamente salvaguardados con las vías de
financiación.
Para terminar, me gustaría dejar claro lo siguiente. Este Estatuto mejora
las competencias sobre hacienda y financiación del que tenemos
actualmente, que proviene de 1996, porque amplía recursos; posibilita una
agencia tributaria; establece mecanismos de nivelación vinculados a los
servicios públicos esenciales del Estado del bienestar; potencia el
acuerdo bilateral económico-financiero; vincula las inversiones estatales
en infraestructuras a la ponderación de territorio, orografía y situación
fronteriza; plantea mecanismos para resolver deudas pendientes y marca un
plazo de seis meses para la constitución de la comisión mixta de asuntos
económicos financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón.
Señorías, la financiación siempre es mejorable, porque no hay límites al
bolsillo y al monedero. Ahora bien, reivindicar el cupo como fórmula de
financiación y 5.000 millones de euros de compensaciones por déficits de
inversiones sin justificación económica alguna, me parecen dos elementos
que son más un brindis al sol en precampaña electoral que enmiendas
serias que tengan que enmarcarse en un Estatuto de estas
características.
El señor PRESIDENTE: Aunque en otro orden, porque ya les anuncié que
estaba compatibilizando otra Comisión, el señor Xuclà tiene la palabra
para la defensa de sus enmiendas.
El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, quiero agradecer la flexibilidad
expresada por esta Presidencia y también la amabilidad de los grupos que
en orden de prelación tenían que intervenir después de mi intervención,
esto es, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario
Socialista.
En primer lugar, quiero saludar a la delegación de las Cortes de Aragón y
expresar mi más amplio respeto a la delegación y a la propuesta de
Estatuto que plantearon las Cortes de Aragón, que es el criterio general
por el cual se mueve mi grupo parlamentario en la tramitación de reformas
estatutarias, el respeto a la propuesta y la intervención, dentro del
respeto de los márgenes, en la negociación de lo que es un texto pactado
entre un parlamento autonómico y estas Cortes Generales, por cierto,
respeto que nos habría gustado que se hubiera mantenido al cien por cien
en cuanto a la propuesta que el Parlamento de Cataluña planteó en su
momento y trasladó a estas Cortes Generales.
En la toma en consideración inicial de este Estatuto, los tres
comisionados de las Cortes de Aragón hablaron reiteradamente de la
necesidad de hacer de Aragón una comunidad de primera. El Grupo
Parlamentario Catalán no puede expresar más que respeto y el deseo de que
así sea. Siempre nos hemos guiado por el criterio de que no vamos a negar
a otras comunidades autónomas lo que hemos planteado para el desarrollo
del autogobierno de la comunidad autónoma catalana. Por esto el deseo de
que esta sea una comunidad de primera también es nuestro deseo. En este
sentido les tengo que anunciar no solo la defensa de la enmienda 220,
sino también que este grupo parlamentario no ha deseado entrar en algunas
cuestiones, como son -con todo el respeto seguramente los redactores lo
consideran de otra forma- la expresión preeminente en el patronato del
Archivo de la Corona de Aragón -al final se tienen que poner de acuerdo
distintas comunidades autónomas- o una materia en la cual ha habido mucha
insensatez por parte de bastantes en estos últimos años, como es la
materia del agua. Creo que por parte de distintos colores políticos ha
habido en esta materia bastante insensatez.
Solo hemos presentado una enmienda, que es la que paso a defender, la
enmienda 220. En primer lugar, quiero decir que el día después de la
entrada de la enmienda mi grupo parlamentario presentó un escrito de
corrección de un error material para retirar obviamente la referencia de
esta enmienda al aranés. Les pido disculpas, es un error material, no
había voluntad política. Algún día, si hubiera material suficiente para
escribir mis memorias -que en estos momentos no hay-, les explicaría por
qué llegó el aranés a esta enmienda. En todo caso, planteamos la defensa
del aragonés y del catalán, y voy a hacer una defensa, señor Membrado,
con un tono seguramente distinto al del señor Tardà. Usted antes ha
hablado de la viveza con la cual el señor Tardà ha defendido sus
enmiendas. Me disgustaría mucho que usted pensara -cada uno tiene su
estilo- que mi estilo de defensa de esta enmienda expresa menos interés
en el planteamiento del objeto de la misma. Usted ha hablado, no sé si
acertadamente, de que tenemos que respetar -ha dicho- nuestro problema
lingüístico. Creo que debemos hablar de riqueza lingüística y de
pluralidad lingüística, y en el caso de Aragón correspondería, en el
marco de las olas de reforma de los estatutos de autonomía que se están
produciendo en esta legislatura y en la línea del discurso del señor
Jáuregui, que le ha precedido en un planteamiento más de fondo sobre la
España plural, explicitar en este Estatuto cuáles son estas lenguas y el
nivel de protección de las mismas. Mi grupo parlamentario ha querido
completar el artículo 7, que hace referencia a las lenguas y a una futura
ley de lenguas, pero seguramente estamos ante el caso de la única norma
estatuyente que va a hablar de lenguas sin explicitar cuáles son estas
lenguas. Creo, con todo respeto, señor Membrado, que usted ha sido más
-si me permite la expresión cordial- papista que el Papa, o, si me
permite otra expresión, más ortodoxo que la ortodoxia de las relaciones
entre el Partido Socialista y el Partido Popular en materia lingüística.
Usted ha hecho distintas referencias a la viveza de esta lengua -los más
restrictivos hablan de 60.000 personas y los más optimistas de cerca de
100.000 personas que hablan el catalán en la Franja- y a otras personas
que hablan el aragonés y que merecen respeto y protección. ¿Por qué le
digo que ha ido más allá de la propia ortodoxia del entente entre el
Partido Socialista y el Partido Popular? Por dos argumentos. Primero,
porque la literalidad de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Catalán es la literalidad de una parte de la Ley de patrimonio de Aragón
aprobada el año 1999, votada por el Partido Socialista y por el Partido
Popular, es más, bajo presidencia del Partido Popular, y en la cual se
hace referencia a que este Estatuto -lo estoy leyendo del redactado de la
enmienda- proporcionará el marco jurídico específico para regular la
cooficialidad del aragonés y del catalán, lenguas minoritarias de Aragón,
así como la efectividad de los derechos de las respectivas comunidades
lingüísticas, tanto en lo referente a la enseñanza de y en la lengua
propia como a la plena normalización del uso de estas lenguas en sus
respectivos territorios. Esto es lo que dice en el debate de hoy
Convergència i Unió, pero desde el respeto a las Cortes de Aragón mi
grupo no ha hecho más que trasladar a este debate lo que las propias
Cortes de Aragón expresaron y votaron respecto al respeto de las lenguas
minoritarias de Aragón, la enseñanza y la normalización en su uso en el
ámbito de la Administración. Por esto digo que quizás es más papista que
el Papa, en el sentido de que ya se votó en las Cortes de Aragón.
Aún hay un último argumento con el cual termino. En estas Cortes Generales
ya ha entrado el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla y León, y
este grupo parlamentario saluda con optimismo y con un criterio de
razonabilidad el artículo 5 de este proyecto, que en su apartado 2 -les
leo- dice -Estatuto, quiero recordar, pactado entre el Partido Popular y
el Partido Socialista-: El leonés será objeto de protección específica
por parte de las instituciones por su particular valor dentro del
patrimonio lingüístico de la comunidad. Su protección, uso y promoción
será objeto de regulación. Les voy a leer también, porque es muy breve,
el punto 3, que dice literalmente: Gozará de respeto y protección la
lengua gallega en los lugares en que habitualmente se utilice. Pues bien,
señorías, estamos hablando de expresiones de lenguas minoritarias en el
territorio de Castilla y León para las que sin ningún problema, en un
gran ejercicio de reconocimiento de la pluralidad y por tanto de
enriquecimiento -no de reconocimiento de un problema lingüístico, sino de
una realidad y de una riqueza lingüística-, el Partido Popular y el
Partido Socialista han sido capaces de alcanzar un acuerdo para
incorporar en el proyecto de reforma del Estatuto de Castilla y León.
Entenderá la analogía simple. La pregunta analógica y casi retórica: ¿Por
qué aquello que es posible en la profundización de la España plural que
decía el señor Jaúregui para Castilla y León no lo debe ser de forma
pacífica -porque afortunadamente en la zona de la Franja no hay conflicto
lingüístico, para el reconocimiento explícito de la existencia y la
protección del catalán y del aragonés?
Termino. No he hablado de ballenas para defender mi enmienda sobre el
catalán y el aragonés, como algún otro parlamentario, pero insisto, señor
Membrado y señorías, en que esto no expresa menos interés ni menos pasión
en la defensa y el reconocimiento de esta realidad lingüística. Si esto
ha sido posible en los acuerdos de Castilla y León, les invito a que en
esta votación en Comisión y en la votación final en Pleno reconsideren su
posición, entre otras cosas porque ustedes siempre han hablado de que
tenía que ser un acuerdo por ampliación del consenso, pero veo que esto
es posible con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el
Grupo Vasco, con el Grupo de Izquierda Unida, con la Chunta, y al final
uno se pregunta: ¿de entre los presentes, cuál es el escollo para que
esto no sea posible?
El señor PRESIDENTE: Señora Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Muy brevemente para dos cuestiones.
En primer lugar, para sumarnos a la posición del Partido Socialista en
relación con la interpretación de la disposición adicional referida a los
derechos históricos, que, como todos
ustedes saben, es una disposición que forma parte de la historia
estatutaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. En segundo lugar, por
alusiones del señor Jáuregui, que han sido bastantes. Me he empezado a
plantear si estábamos o no ante un estatuto de consenso. Por nuestra
parte lo es, pero creo que hay que clarificar una cosa y lo he dicho en
mi intervención. Me parece un estatuto ambicioso y de primer nivel. Eso
sí, nosotros hemos sido congruentes, para nosotros un estatuto de primer
nivel lo es y lo será más cuanto más esté dentro de la Constitución.
Habrá otros grupos que tengan que explicar a qué diferentes niveles se
refieren, porque este Estatuto no tiene que ver, al menos en sus
planteamientos respecto a la Constitución, con otros. He oído aquí
algunas intervenciones de algún compañero suyo, en relación con la
regulación de los derechos, que me han sorprendido porque son exactamente
las mismas que mantenía el Partido Popular con relación a un estatuto que
usted y yo sabemos. No sé hasta qué punto será congruencia por parte del
Partido Socialista. En último lugar, una cuestión que me parece
importante destacar. En reiteradas ocasiones, y siempre en estos debates,
se ha hecho una acusación que no es verdad y tengo que decirlo
claramente. Aquí no estamos debatiendo postulados centralistas, y nadie
puede decir al Partido Popular que ha sido centralista. Aquí estamos
hablando de una manera de hacer estatutos de autonomía, a la que se ha
hecho referencia en esta sala a lo largo de esta mañana, que es a través
de pactos, de los pactos autonómicos en los que participaron insignes
ponentes que hay en esta sala y que llevó a un desarrollo del Estado de
las autonomías, en las que han estado presentes y de la mano el Partido
Popular, el Partido Socialista y otros grupos. No se confunda el
centralismo con lo que es la defensa de un Estado de las autonomías en
que las autonomías sean fuertes, sí, y tengan competencias, pero también
se defienda el marco de un Estado que representa al conjunto de todos los
españoles y que debe de seguir teniendo capacidad para garantizar la
igualdad y la solidaridad. Quien confunda esa defensa con el centralismo
está muy equivocado, porque el Partido Popular ha definido y ha defendido
pactos estatutarios con acuerdo y sin consenso, y no ha habido problemas.
Algunos tendrán que plantear el balance de por qué los ha habido en esta
legislatura, cuando el tema estatutario siempre ha sido pacífico. Quiero
recordar la última reforma del Estatuto de Aragón en el año 1996, que
también pilotó mi partido. Creo que no era hoy el momento para esas
acusaciones que son absolutamente infundadas. Y, reitero, a nosotros nos
encontrarán en aquellas reformas estatutarias como la de Aragón que,
siendo plenamente ambiciosa con el autogobierno, queriendo para Aragón,
como no podemos querer otra cosa todos los españoles, lo mejor, porque su
beneficio es también el del conjunto, estén dentro de la Constitución.
Para otras cuestiones, no se nos busque. Pero este es un ejercicio de
congruencia. Espero que ese análisis sea haga por parte de otros grupos
porque lo que se ha oído aquí esta mañana no es verdad y, como no lo es,
hay que decirlo. Que algunos expliquen cuál es la concepción que tienen
del Estado; quizás las cosas serían mucho más claras.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra petición de palabra? Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sin entrar en la confrontación entre el
Partido Popular y el Partido Socialista y sus debates sobre cómo vive
cada uno las reformas estatutarias, quiero recordarles que el Grupo
Popular las ha votado todas a favor, menos una, la de Cataluña. Es muy
destacable para ver la coincidencia que finalmente sí que tienen entre
las reformas estatutarias y quizás incluso el modelo de España. Habrá que
ver si ponen otro nombre o venden otro tipo de imagen hacia el exterior,
pero después sí llegan a grandes acuerdos para el contenido legislativo
real que son los estatutos de autonomía. En cuanto a la primera
intervención que ha tenido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
quiero recordar que el primer estatuto vino de Valencia impulsado por el
Partido Popular desde una comunidad autónoma donde gobierna el Partido
Popular. Le informo que desde Izquierda Unida hubiéramos preferido que se
hiciera bajo un gobierno plural en el que estuviera representada la
izquierda, en cuyo caso hubiéramos tenido un estatuto mucho más avanzado
que el Estatuto del País Valenciano con el que nos han castigado a todos
los valencianos.
De su intervención se deduce cierto complejo del Partido Popular cuando
reivindican, una y otra vez, su españolidad, dentro de todas las reformas
estatutarias. Cuando se hacen reformas estatutarias se mira hacia la
comunidad autónoma a la que van dirigidas y no tanto hacia el conjunto
del Estado español sobre el cual debatimos, una y otra vez, en el
Congreso de los Diputados en las leyes que les afectan. En esta ocasión
estamos hablando de Aragón y de Aragón es de lo que tenemos que hablar.
Quiero recordarles que los estatutos no son del señor Zapatero, sino de
todos los ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos a los que van
dirigidos. Las reformas estatutarias se impulsan desde las comunidades
autónomas y el gran objetivo es que sean siempre un fiel reflejo de las
aspiraciones, de las necesidades, de las demandas de cada comunidad
autónoma. De eso es de lo que se preocupa Izquierda Unida con una visión
federal del Estado español y por lo que vamos a seguir trabajando
siempre.
El señor PRESIDENTE: Habíamos anunciado que no votaríamos antes de la una
y media. Hemos ajustado bastante bien el tiempo. Vamos a esperar un par
de minutos y en ese par de minutos les informaré de cómo vamos a proceder
a las votaciones. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas por
bloques de los grupos que han enmendado. Votaríamos en su conjunto las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor
Labordeta; las cuatro del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; la del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); las tres de Esquerra Republicana de Cataluña y la del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Si no hay petición de
votación separada de alguna de estas enmiendas, se votarán por separado
en cuanto que se votará por cada grupo, no todos a la vez. ¿No hay
petición de votación por separado de las enmiendas respecto de la
agrupación que acabo de explicar? (Pausa.) Cuando terminemos esta
votación, procederemos a votar el articulado del Estatuto. El señor
Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto, ha solicitado la votación de
algunos artículos, en total 26 artículos y dos disposiciones, para que
sean votados por separado, pero esa petición se puede agrupar en tres
votaciones. Si no hay otras peticiones de votación separada de otros
artículos, procederíamos a votar el resto de los artículos. ¿No hay
peticiones para votar artículos por separado? (Pausa.) Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: No sé si el señor Xuclá le iba a pedir lo mismo,
pero le pediría que aquellas enmiendas referentes al artículo 7 sean
votadas por separado. Es el tema de las lenguas. No le he entendido bien
y no sé si vamos a votar por bloque todas las de un grupo parlamentario,
por ejemplo todas las de la Chunta.
El señor PRESIDENTE: Eso es.
El señor ESTEBAN BRAVO: Lo que le pido es que las que hagan referencia al
artículo 7, se separen. Son la 5, del Grupo Parlamentario Mixto; la 61,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds; la 217, de Esquerra y la 220, de Convergencia.
El señor PRESIDENTE: ¿Estas cuatro pueden ser votadas en un solo acto?
El señor ESTEBAN BRAVO: Por mi parte sí, pero por parte del señor Xucla no
lo sé.
El señor PRESIDENTE: El señor Xucla quiere las cuatro por separado, no
tres y la suya.
El señor XUCLA I COSTA: Le pediría votación separada de la de Esquerra
Republicana, podemos agrupar las otras dos, la de Izquierda Unida y la de
la Chunta, y después la de Convergencia i Unió.
El señor PRESIDENTE: Tres votaciones. Más peticiones. Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Para finalizar, a la hora de votar el texto del
informe de la ponencia pediría votación separada del artículo 7 y de la
adicional tercera.
El señor PRESIDENTE: ¿Por separado o pueden ir juntas?
El señor ESTEBAN BRAVO: Por separado.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a votar las enmiendas. En primer lugar,
del Grupo Parlamentario Mixto, señor Lobordeta Subías, votamos la
enmienda número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el conjunto de las enmiendas del señor Labordeta, salvo la
enmienda número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 61, del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
abstenciones, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, números 62, 63 y 64.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Rumores.)
Votamos la enmienda número 65, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 36; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 217, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 35; abstenciones, dos.
Votamos las dos enmiendas restantes del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana de Catalunya, la 218 y la 219.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 35; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 220, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 35; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Navarro Casillas pide la
palabra.)
Antes de pasar a la votación de los artículos la señora Navarro pedía la
palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Para explicar una votación que ha generado
sorpresa. Las enmiendas presentadas lo han sido en nombre de Iniciativa
per Catalunya y no de Izquierda Unida, por lo tanto, yo me mantengo fiel
al posicionamiento de Izquierda Unida. (Risas.-El señor Bermúdez de
Castro Fernández: Mejor que no lo hubiera explicado.)
El señor PRESIDENTE: Hay criterios sobre la idoneidad de la explicación
pero no vamos a abrir otro debate. (Rumores.)
Vamos a votar el texto de los artículos del proyecto. El representante del
PNV y el señor convergente -la alianza convergente-PNV- han pedido la
votación separada del texto del artículo 7. (Risas.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora un bloque con los siguientes artículos, solicitado por el
señor Labordeta. Son los siguientes: 12, 19, 21, 67, 71, 72, 75, 77, 84,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y disposiciones adicionales
quinta y sexta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en
contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora separadamente, por petición del señor Labordeta, el artículo
25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos ahora un bloque con los artículos 44, 52, 63, 83, 87 y 112.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.
También por separado, a petición del Grupo Vasco y del Grupo Catalán,
votamos la disposición adicional tercera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora solo queda una votación que es la del resto de los artículos y
disposiciones. (El señor Tardà i Coma pide la palabra.)
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Repito mi demanda de disculpas. Creo que en mi
intervención, justo en su inicio, pedí la votación separada de las
disposiciones adicionales primera y quinta. Ciertamente, lo dije al
inicio de mi intervención, al principio de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Sí, realmente hemos cometido un error porque la
disposición adicional quinta ya está votada. Por tanto, votamos la
disposición adicional primera por separado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en
contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora sí votamos el resto de artículos y disposiciones.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Con esto hemos terminado el debate de la proposición de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón, que queda preparada para que sea vista
en el Pleno del Congreso.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.
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