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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 872, de 26/06/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 872
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 49
celebrada el martes, 26 de junio de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Proposiciones no de ley:

- Para posibilitar a las comunidades autónomas la capacidad de recurso a los tribunales europeos en materias en las que tengan competencia exclusiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000925.)... (Página ) - Sobre desistimiento del recurso de inconstitucionalidad número 5174/2003, promovido ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 8 de la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000931.)... (Página 3)

- Sobre modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de garantizar la aplicación de criterios protectores en las causas en las que los menores son víctimas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000967.)... (Página 3)

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Sobre identidad de género. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001711.)... (Página 3)

- Para que, salvaguardando todas las garantías para los menores y el interés superior de los mismos, se proceda a eliminar los obstáculos actuales que lleva consigo la autorización judicial, a través de procedimientos más ágiles y menos costosos o mediante la intervención de organismos públicos especializados en la atención o defensa de los derechos de los menores. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001978.)... (Página 3)

- Por la que se insta al gobierno a impulsar la suscripción de convenios bilaterales de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de marcas y de diseño comunitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000640.)...
(Página 3)

- De inscripción en el Registro Civil del nacimiento y muerte de no nacidos a efectos civiles. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001757.)... (Página 6)

- Relativa a la regularización de pagos de emolumentos a magistrados suplentes y jueces sustitutos, Presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. (Número de expediente 161/001829.)... (Página 8)

- Relativa a la adopción de medidas para el efectivo respeto de la pluralidad lingüística en la Administración de Justicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001893.)... (Página 11)

- De mejora de la retribución de los administradores concursales.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001921.)... (Página 14)

- Relativa a la necesaria evaluación del proceso monitorio y la ampliación de su ámbito de aplicación. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002233.)... (Página 17)

- Sobre la aplicación de la Carta europea de las lenguas minoritarias y regionales en el ámbito de la justicia. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001814.)... (Página 19)

- Sobre la atribución de la competencia decisoria a las comunidades autónomas sobre planta y demarcación judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/002116.)... (Página 19)

- Sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en españa. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/001371.)... (Página 19)

- Sobre creación de una Ley de mediación. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001566.)... (Página 21)

- Sobre medios materiales en los procesos judiciales. presentada por el grupo parlamentario de izquierda unida-iniciativa per catalunya verds.
(número de expediente 161/001638.)... (Página 25)

- Sobre la modificación del reglamento del Registro Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 161/001821.)... (Página 27)

- Sobre la autorización judicial de menores. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/002124.)... (Página 28)

- Para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce semanas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/002153.)... (Página 30)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- PARA POSIBILITAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LA CAPACIDAD DE RECURSO A LOS TRIBUNALES EUROPEOS EN MATERIAS EN LAS QUE TENGAN COMPETENCIA EXCLUSIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000925.)

- SOBRE DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 5174/2003, PROMOVIDO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL PARLAMENTO VASCO 2/2003, DE 7 DE MAYO, REGULADORA DE LAS PAREJAS DE HECHO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000931.)

- SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL A FIN DE GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE CRITERIOS PROTECTORES EN LAS CAUSAS EN LAS QUE LOS MENORES SON VÍCTIMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000967.)

- SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001711.)

- PARA QUE, SALVAGUARDANDO TODAS LAS GARANTÍAS PARA LOS MENORES Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MISMOS, SE PROCEDA A ELIMINAR LOS OBSTÁCULOS ACTUALES QUE LLEVA CONSIGO LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL, A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS MÁS ÁGILES Y MENOS COSTOSOS O MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN O DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001978.)

El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión. Se han retirado distintas proposiciones no de ley que figuran en el orden del día como puntos 2.º, 3.º,4.º, 8.º y 15.º, que se refieren a proposiciones no de ley presentadas por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


Por otro lado, el Grupo de Izquierda Unida también nos plantea que, como su portavoz forma parte de la Mesa de la Cámara, se retrasen sus proposiciones y pasen a defenderlas en último lugar en relación a las previsiones que teníamos, de tal manera que vamos a empezar por el punto 1.º, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Vamos a agrupar en turnos sucesivos, a elección del proponente, la defensa de las proposiciones no de ley de tal manera que en primer lugar sustanciaremos todas aquellas que son iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es decir, los puntos 1.º, 9.º, 12.º, 13.º, 14.º y 19.º. Estas proposiciones las vamos a abordar por este orden.


También rogaría, dada la amplitud del orden del día, brevedad en los turnos, de tal manera que, salvo que sea especialmente inevitable, no se rebase, al menos en defensa de enmiendas o de fijación de posiciones, más de tres minutos, dentro de la flexibilidad y de la administración que cada diputado quiera hacer de su tiempo.


Y anuncio también que no se producirán las votaciones hasta, como mínimo, las 13 horas, hasta la una de la tarde, hora en que, si hemos finalizado el debate de estos puntos del orden del día, los someteremos a votación.
Será a partir del momento en que se finalice el debate, no antes, por lo tanto, de la una del mediodía. Lo digo para que SS.SS. se administren el tiempo.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS BILATERALES DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA DE MARCAS Y DE DISEÑO COMUNITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000640.)

El señor PRESIDENTE: Empezamos por el punto 1.º Para la defensa de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la suscripción de convenios bilaterales de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de marcas y de diseño comunitario, tiene la palabra don Jordi Jané en representación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané, tiene el uso de la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una proposición no de ley ante la Comisión de Justicia del Congreso con la finalidad de instar al Gobierno a proceder a la negociación y a la suscripción de convenios

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internacionales de reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en España en materia de propiedad industrial con el mayor número de Estados posibles. Nosotros queremos que se impulse ese mayor número de reconocimiento y ejecución de estas sentencias, y lo queremos, señorías, por una razón, y es que en materia de propiedad industrial, el reconocimiento y la ejecución de sentencias en España se encuentra en muchas ocasiones con un gran número de obstáculos para su real efectividad, especialmente cuando se trata de hacer efectivas esas sentencias en Estados no miembros de la Unión Europea o cuando las normas del Estado en el que se quieren hacer efectivas establecen procedimientos que dificultan el resarcimiento de los demandantes. Por tanto, existe este problema, un problema específico en esa materia de la propiedad industrial, por lo que nuestro grupo parlamentario plantea esta proposición no de ley.


Sabemos que en el caso de marcas comunitarias el reconocimiento y ejecución de sentencias se ha facilitado con la simplificación del sistema que se establece en el reglamento 44/2001, por el cual el juez del Estado donde se insta reconocimiento solo puede denegarlo si la sentencia incurre en una de las causas tasadas de denegación, y en otros casos, si el Estado en el que se debe reconocer o ejecutar la sentencia es miembro del Convenio de Lugano, el procedimiento es muy similar al previsto por el reglamento comunitario. Pero donde realmente existen problemas es cuando nos referimos a terceros Estados que no son comunitarios ni parte del Convenio de Lugano. En este caso el reconocimiento de sentencias y su ejecución puede suponer enfrentarse a procedimientos largos y de escasa efectividad. Estas situaciones, entiende el Grupo Catalán (Convergència i Unió) que pueden ser superadas, pueden ser mejoradas mediante la suscripción de convenios; unos convenios; señor presidente, que facilitarían la implementación de procesos rápidos de reconocimiento y de ejecución de sentencias dictadas en el otro Estado parte, permitiendo el resarcimiento de derechos a los demandantes. Por este motivo, Convergència i Unió presenta esta proposición no de ley. Instamos al Gobierno a esa negociación y a esa suscripción de convenios internacionales de reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en España en materia de propiedad industrial, y que esto se haga con el mayor número de Estados posible.


Esta es nuestra propuesta, pedimos el apoyo unánime de la Comisión de Justicia del Congreso, sabiendo que con ello favorecemos ese objetivo que creo que todos compartimos, el objetivo de facilitar el cumplimiento de esas sentencias en todo lo relativo a marcas y diseño comunitario. Esos convenios bilaterales de reconocimiento y ejecución de esas sentencias en el ámbito de la propiedad industrial creemos que es un objetivo compartido, que con ello ayudamos también a los objetivos que tiene el Gobierno en su conjunto y que todos los grupos parlamentarios deberíamos compartir.


El señor PRESIDENTE: ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Nadal por el Grupo Parlamentario Popular.


La señora NADAL I AYMERICH: En primer lugar, quiero anunciar el voto favorable del Grupo Popular... (El señor Pedret i Grenzner pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Perdón, señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta iniciativa.
Según la ordenación habitual del debate, le corresponde intervenir a mi grupo. No tengo ningún inconveniente en que hable la señora Nadal con anterioridad porque tengo la sensación de que vamos a llegar a la misma solución.


El señor PRESIDENTE: En aras a que lleguen a la mejor de las soluciones.
Efectivamente, no habíamos reparado en que había una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Primero interviene el enmendante y después se fija la posición sobre enmiendas y proposición. Para la defensa de la enmienda tiene la palabra el señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Tenemos, como decía, una enmienda presentada a la iniciativa del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y me interesa en este caso específicamente hablar con anterioridad a la fijación de posición de los otros grupos, puesto que mi grupo va a ofrecer, sobre el texto de esta enmienda y el texto de la proposición original, una transacción ya hablada con el proponente. Por tanto, parece oportuno que se conozca por todos los grupos, aunque ya tienen noticia de ello antes de la intervención.


En primer lugar, quisiera poner de manifiesto que la enmienda presentada por mi grupo lo fue en el momento en que se iba a debatir originariamente la proposición, es decir, lleva fecha de 19 de diciembre de 2005. La proposición fue retirada del orden del día de la Comisión correspondiente por necesidades de defensa del proponente y se ha mantenido, como es normal, automáticamente para esta sesión de la Comisión, ya en 2007. Este íter temporal supone, desde mi punto de vista, una clara justificación del hecho de que enmendemos nuestra enmienda, porque en estos dos años han ocurrido cosas respecto a estos convenios a los que se refería el señor Jané. Por ello, quiero fijar, en primer lugar, cuál sería el texto.
Nosotros proponemos que se mantenga como texto a votación el originario que viene en la proposición no de ley hasta su último inciso, con supresión, por lo tanto, de la parte que dice: con preferencia con aquellos que suponga una manifiesta practicidad, y sustituir este último inciso por: sin perjuicio de los instrumentos comunitarios en materia de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.


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Paso ahora a justificar el porqué. Eso es así porque entiende el Grupo Socialista que los convenios sobre la materia son tanto o más eficaces, resultan tanto o más útiles cuanto más amplia sea su materia, porque difícilmente encontramos un litigio sobre marca o diseño en que no haya también alguna implicación de índole sobre todo mercantil pero en algunas ocasiones también civil. Si incitamos al Gobierno a dedicarse solo al convenio muy específico sobre reconocimiento en una materia tan concreta, específica, como marca y diseño industrial, podemos encontrarnos con problemas de inexistencia de previsión en aspectos colaterales pero importantes de la sentencia al respecto. Entendemos, por lo tanto, que es buena la existencia de convenios más amplios, o de materia civil y mercantil en caso de reconocimiento y ejecución de sentencias, y así se ha demostrado. En este momento, como decía el proponente, entre el Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, y el Reglamento 44/2001, del Consejo Europeo, tenemos cubierto prácticamente todo el ámbito geográfico europeo, tanto miembros de la Unión Europea como otros que están en el ámbito geográfico europeo pero no pertenecen a la Unión. No podemos olvidar además, porque siempre hay cuestiones en materia civil curiosas en cuanto a la persistencia de las normas, el hecho de que continúa vigente y aplicándose el convenio ratificado el 6 de julio de 1898 con la Confederación Helvética, que continúa dando sus frutos en estas materias.


Lo cierto, señorías, es que el Gobierno ha ido realizando en este tiempo, desde antes pero también a continuación de la presentación de la proposición no de ley por parte de Convergència i Unió, un esfuerzo claro en la suscripción de convenios en el ámbito de reconocimiento y ejecución de sentencias civiles y mercantiles, ampliándolos a otras áreas geográficas de gran importancia para nuestros intereses mercantiles, como es el caso de Marruecos y Túnez, por ejemplo, ya en vigor, el caso de Argelia, firmado pero que aún no ha entrado en vigor; la ampliación al área latinoamericana, algunos de cuyos convenios en vigor se reconocen en la exposición de motivos de la proposición, como es el caso de Brasil, Uruguay y El Salvador, y se está abriendo también en el caso de los países asiáticos, de importancia clarísima en el futuro. En estos días la actualidad deja bastante claro la importancia económica que tienen, y van a tener aún mucho más, los países asiáticos, y en este sentido se encuentra en fase de negociación, aún no se ha firmado pero seguramente se hará en fecha no lejana, un convenio con la República de Filipinas que nos parece de la mayor importancia.


Por ello, en el marco de esta visión general respecto a los convenios en la materia, creemos que es bueno que se establezca la salvedad de los instrumentos comunitarios respecto al conjunto de las materias civiles y mercantiles y que tengamos en cuenta la necesidad de la ampliación, más allá del caso concreto de marcas y diseño comunitario, de los convenios relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias. Por ello solicito al conjunto de los grupos de la Comisión el voto favorable a la transacción propuesta.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Nadal en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora NADAL I AYMERICH: Quiero empezar anunciando, el voto favorable del Grupo Popular a la propuesta de Convergència i Unió, tanto en el caso que acepte la transacción que ha ofrecido el Grupo Socialista como si mantiene el texto original. Es sin duda conocido de la Comisión que el principal interés que tiene el sistema de marca comunitaria es permitir a las empresas identificar sus productos, sus servicios, diferenciarlos de forma homogénea, de forma idéntica en todo el territorio de la Unión Europea. Facilita el tráfico comercial el hecho de que la marca comunitaria permita, mediante un procedimiento único, mediante un procedimiento racionalizado ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro de una marca, y esto tiene el efecto deseado de conseguir la protección uniforme en todo el territorio de la Unión. La dificultad surge, y lo ha explicado muy bien el señor Jané, por lo tanto no me extenderé sobre ello, cuando se trata de defenderlo en terceros países, y ahí sí que se produce una situación en la que es necesario conseguir el reconocimiento para la ejecución de sentencia de manera que se puedan defender nuestros intereses, que se pueda defender el interés nacional.


Termino ya, señor presidente, pero no puedo dejar de hacer un pequeño comentario. Desde el Grupo Popular creemos que uno de los puntos más débiles de la política del señor Rodríguez Zapatero es precisamente su política exterior, es decir, la política que ha llevado a cabo durante estos años nos ha hecho que ganemos a pulso la fama de país poco serio.
Avanzar en la línea que ha dicho el señor Pedret, avanzar en la línea que propone el señor Jané, evidentemente no modificará completamente la situación, pero sí creemos que es avanzar en la dirección adecuada y por eso votaremos favorablemente la propuesta que nos hace hoy Convergència i Unió, tanto, digo, si acepta la enmienda del Grupo Socialista como si mantiene su texto original.


El señor PRESIDENTE: Señor Jané, se puede pronunciar ahora o en el momento de la votación, como quiera.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, nuestro grupo parlamentario acepta esta enmienda transaccional que se nos ha ofrecido. Entendemos que respeta totalmente el texto original y, por tanto, es objeto de aceptación por parte de nuestro grupo parlamentario.


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DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL NACIMIENTO Y MUERTE DE NO NACIDOS A EFECTOS CIVILES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001757.)

El señor PRESIDENTE: Tiene también la palabra el señor Jané en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para defender el punto 9.º, proposición no de ley de inscripción en el Registro Civil del nacimiento y muerte de no nacidos a efectos civiles.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, Convergència i Unió trae a la Comisión de Justicia del Congreso una propuesta importante desde el punto de vista ético y de sensibilidad; sensibilidad que los legisladores debemos demostrar cuando en ocasiones, y esta es una de ellas, se producen en nuestro ordenamiento jurídico situaciones no deseadas que alejan el derecho de lo que debe ser el servicio al conjunto de la ciudadanía y alejan el derecho de lo que debe ser también un reconocimiento ante situaciones que muchas familias viven de manera trágica por la muerte de un hijo, de una hija, en el momento del parto o incluso cuando el feto ya nace muerto. Saben SS.SS. que si el feto no ha sobrevivido veinticuatro horas, a efectos jurídicos, no se puede proceder a su inscripción en el Registro Civil como tal, incluso se impide atribuir un nombre a esa persona que ha nacido y ha fallecido o que ha nacido ya muerta. Es un tema de sensibilidad, y Convergència i Unió quiere denominar la reforma que se pretende con esta proposición no de ley como reforma Amanda, quiere dedicar esta proposición no de ley a los padres de Amanda, que así se llamaba la niña que lamentablemente no pudo ser inscrita con este nombre. Sus padres, Gina y Joan, nos han pedido a los grupos parlamentarios que pueda modificarse lo que a ellos les ha pasado, ya que no es lógico que tras la pérdida de una hija, en este caso, esa hija no pueda recibir un nombre y que en todos los documentos públicos y privados que generó ese alumbramiento se refieran a hembra, en otros supuestos a varón, en otros supuestos a difunto o difunta. No, tiene un nombre, el nombre que sus padres le han puesto, y ese nombre tiene que tener ese reconocimiento.


Creemos desde Convergència i Unió que esa reforma Amanda debe emprenderse, que debemos dar salida a esa petición. Quienes impulsan esa reforma Amanda saben que muchas familias unen al dolor de la pérdida del hijo, la sensación de que no han podido ni tan siquiera atribuirle jurídicamente un nombre. Nos estamos refiriendo, por tanto, a un tema de sensibilidad.
Sabemos que hay efectos jurídicos que no pueden atribuirse a esa persona que no ha sobrevivido veinticuatro horas y por tanto nuestro grupo parlamentario es sensible también a los efectos jurídicos que en cada caso debemos preservar. Sabemos que es un tema de difícil resolución jurídica, pero pensamos que es posible. Por tanto, instamos al Gobierno a que en un plazo que entendemos prudencial, seis meses, pueda aprobar un proyecto de ley para modificar el conjunto de normas legales que sean necesarias con un objetivo, posibilitar -como decimos, sin efectos jurídicos y además a solicitud de los progenitores, cuando el progenitor quiera hacerlo- la inscripción en el Registro Civil del nacimiento y de los fallecimientos prenatales, los perinatales y los que acaezcan antes de las veinticuatro horas de vida. Este es el plazo actual, veinticuatro horas de vida, y nosotros nos referimos a aquellos que suceden antes de esas veinticuatro horas de vida. Como debemos poner algún plazo, porque no estamos hablando de criaturas abortivas de tres o de cuatro meses, sino que estamos hablando de nacimientos, de partos prematuros en los que el bebé no sobrevive a esas veinticuatro horas, pedimos que sea siempre que se produzcan con posterioridad a los seis meses. Entendemos que seis meses es un plazo prudencial para entender que estamos ante un nacimiento que ya tenía claramente para los padres esa posibilidad de viabilidad futura, pero que, por desgracia, no ha podido sobrevivir esas veinticuatro horas. Por tanto, pedimos que, siempre que se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación, se pueda reflejar la filiación y se pueda otorgar un nombre. Dediquemos esta iniciativa a Amanda, que figura en los papeles como esa hembra. No era una hembra, tenía un nombre para sus padres. Sería bueno que esto se pudiera reflejar también en el libro de familia de esos padres. En este caso que su madre Gina y que su padre Joan pudieran tener reflejada esa inscripción, aunque sin los efectos jurídicos que otorga sobrevivir veinticuatro horas. De acuerdo, pero demos esa respuesta a esos progenitores que lo piden con justicia, que lo piden, entendemos desde Convergència i Unió, con toda la razón. Además entendemos que ese proyecto de ley debería prever una cierta retroactividad, que en todos aquellos supuestos en los que existe documentación, se pueda realizar esa inscripción y ese otorgamiento del nombre. Evidentemente no puede quedar abierto para siempre, daríamos un año a partir de que se legislara, que hubiera un año para que todos aquellos casos previos pudieran realmente inscribirse.


Yo creo que es un tema de sensibilidad. Espero que todos los grupos parlamentarios hoy puedan encontrar una solución a esta problemática y que cuando me llamen los padres que propusieron esta proposición no de ley les pueda decir que el Congreso de los Diputados ha sido sensible y les quiere dar una solución. No quiere que esto se quede en un cajón de un ministerio sin que se pueda realizar el estudio necesario, el impulso necesario de esta reforma legislativa, reforma que llamamos Amanda.
Incluso invito a los medios de comunicación que nos están siguiendo en esta Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a que se pongan en contacto con los padres, vean la sensibilidad que demuestran y de qué manera ellos entienden que el ordenamiento jurídico no les ha dado la salida que esperaban. Ellos entendían que su hija en este caso no era una

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hembra, era una niña que se llamaba Amanda que no consiguió sobrevivir esas veinticuatro horas posteriores al parto, pero que tienen todo el derecho como padres de poder ver reflejado el nombre de su hija en esa inscripción, y no que conste en el papeleo como si fuera un expediente burocrático, que no lo es. Por tanto, entendemos que, preservando los efectos jurídicos, seremos capaces entre todos de aprobar hoy una salida a esta justa petición. A ellos y a tantos casos similares les dedica Convergència i Unió y este portavoz que les habla esta proposición no de ley, esperando que finalmente pueda tener acogida en esta Cámara esta reforma Amanda y pueda ser aprobada hoy esta proposición no de ley que defiende Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: El Congreso desde luego manifiesta su sensibilidad desde el momento en que no entierra la iniciativa en un cajón, la somete a trámite, a debate y forma parte del orden del día. Solamente con el mero debate y con la reflexión sobre esta cuestión ya expresa unánimemente su sensibilidad.


Para seguir expresando la sensibilidad, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra para la defensa de su enmienda la señora Couto.


La señora COUTO RIVAS: En el Partido Socialista también recogemos el dolor expresado por la intervención de CiU. La presente proposición no de ley nace desde el dolor, desde el sufrimiento de unos padres que ven imposibilitado su deseo de llamar a su hija Amanda porque no nació viva y nuestro ordenamiento jurídico no solo no lo permite sino que utiliza terminologías frías y tan impersonales que no hacen más que acrecentar el dolor de los que sufren estas situaciones. La reforma Amanda es el nombre con el que se conoce esta iniciativa y que pretende la humanización de la justicia ante aquellas situaciones de profundo desconsuelo y ante las que, a pesar de tanta evolución científica y tecnológica que hemos llegado a crear, seguimos siendo seres vulnerables y sujetos portadores de dolor y sufrimiento extremo, tanto que recuerda a los versos del poeta: Tanto dolor se agrupa en mi costado, que, por doler, me duele hasta el aliento.


El artículo 30 del Código Civil dispone que para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno, y correlativo de tal precepto es la norma contenida en el artículo 40 de la Ley de Registro Civil, según la cual son inscribibles los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Civil. En consecuencia, la legislación del Registro Civil regula como categoría independiente la de las criaturas abortivas, en cuyo concepto incluye las que no reúnen las circunstancias exigidas para que el feto se repute nacido a efectos civiles y siempre que en el momento del alumbramiento tenga más de 180 días de vida fetal aproximadamente. El artículo 7.1 del Convenio de los Derechos del Niño, hecho por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificado por España el 30 de noviembre de 1990, prevé la exigencia de inscripción inmediata del nacimiento en el Registro Civil. En este sentido, podría ser adecuado modificar la redacción actual del artículo 40 de la mencionada Ley de Registro Civil en los siguientes términos: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, son inscribibles los nacimientos desde la rotura del cordón umbilical del nacido. Con dicha modificación se pretendería conjugar, por un lado, la finalidad a que responde el artículo 30 del Código Civil, quedando a salvo conforme al mismo determinados efectos civiles de tipo patrimonial que se consolidan hasta transcurridas veinticuatro horas desde el parto, por ejemplo a efectos sucesorios, y de otro lado, la necesidad de no privar al nacido y a sus padres del derecho a la inscripción inmediata del nacimiento.


Decía al inicio de esta proposición no de ley que hay propuestas que surgen desde el desconsuelo, desde ese tipo de ausencia que se nos queda tan grabada que se vuelve absolutamente presente, tanto que acaba por dejarnos sin espacio, sin respuestas y sin sosiego. Un hombre representa la singularización, la identificación aun dentro de miles y miles de singularizaciones más; significa el ser resultado de un proceso, de una historia con antecedentes y con anécdotas, es decir, con memoria; significa existir más allá del tiempo real y físico que haya consumido, y sobre todo existir con dignidad; porque es fruto de una voluntad y del amor de unos padres que quieren que sea siempre parte de su historia y de su vida. Por eso desde el Partido Socialista presentamos esta enmienda de sustitución que insta al Gobierno a estudiar la modificación del artículo 40 de la Ley de Registro Civil para inscribir los nacimientos desde la rotura del cordón umbilical del nacido, sin perjuicio del artículo 30 del Código Civil y concordantes.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora González Segura, doña Pilar.


La señora GONZÁLEZ SEGURA: Tal y como ha expuesto el portavoz del grupo proponente, y sin ánimo de redundar, quiero decir que esta proposición no de ley persigue instar al Gobierno a aprobar un proyecto de ley por el que se modifiquen las normas legales que sean necesarias al objeto de posibilitar, sin efectos jurídicos y a solicitud siempre de los progenitores, la inscripción en el Registro Civil del nacimiento y del fallecimiento prenatal, perinatal y de los que acaezcan antes de las veinticuatro horas de vida, siempre que se produzcan con posterioridad a los seis meses de gestación, a fin de reflejar la filiación y también de poder otorgarle nombre.


Como sabemos, y también se ha dicho en esta Comisión, el artículo 30 del Código Civil prevé que a efectos jurídicos solo se reputará como nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente

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desprendido del seno materno. Como vemos, este artículo enumera cuatro requisitos para que el nacimiento sea tenido como tal a los efectos de señalar el momento del comienzo de la personalidad. Prescinde, por tanto, de conceptos médicos y también de conceptos filosóficos del nacimiento y da un concepto meramente jurídico con notables imprecisiones, pues creemos que no cabe llamar feto al ser que nace ni tampoco cabe pensar que puedan nacer seres sin forma y sin figura humana. Por tanto, si falta cualquiera de estos requisitos, ese ser que se tiene por no nacido a efectos civiles adquiriría la condición, en derecho civil, de aborto y se inscribiría como tal en el Registro Civil.


El último de los requisitos del artículo 30, al que me he referido, que es el de la prolongación de la vida durante veinticuatro horas, hizo pensar a la doctrina que el Código Civil seguía la teoría de la viabilidad, pero lo cierto es que un ser no viable puede sobrevivir durante veinticuatro horas, o incluso más de veinticuatro horas, y ya sería por ello persona, y un ser no viable puede morir de muerte natural, por accidente o por homicidio, antes de las veinticuatro horas y no ser, por tanto, tenido como persona. Sin embargo, siendo esta la situación jurídica actual, creemos que no es el momento de valorar la idoneidad o no de la legislación vigente sino que, por el contrario, lo que se pretende a través de esta iniciativa, a través de esta proposición no de ley sometida a debate, es única y exclusivamente humanizar nuestro ordenamiento jurídico sin que por ello se pretenda conceder efectos jurídicos a hechos que realmente no los producen, tal y como se expresa textualmente en la exposición de motivos de la proposición no de ley. Lo que se pretende, en definitiva, es dar un paso más en favor de conciliar la ley con el respeto a la sensibilidad de muchas familias que sufren el fallecimiento prenatal, perinatal o antes de las veinticuatro horas de vida de lo que para ellos es un verdadero hijo, dándoles de esta manera la posibilidad de ponerles un nombre y también de inscribirlo en su libro de familia. Finalmente, quiero decir que con la aprobación de esta iniciativa nuestra legislación quedaría de algún modo más armonizada con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, a la que también se ha hecho alusión en esta Comisión, y que en su artículo 7 recoge textualmente que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad.


Por todo ello mi grupo parlamentario va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en sus propios términos.


El señor PRESIDENTE: El señor Jané va a manifestar su criterio sobre la enmienda presentada .


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, nuestro grupo hubiera preferido que se votara la proposición no de leyen sus propios términos. No obstante, sin el apoyo del grupo mayoritario, que es además quien tiene la responsabilidad de Gobierno, difícilmente se cumpliría esta proposición no de ley en sus términos literales.


Yo he seguido con atención la intervención de la señora Couto. Le agradezco esta intervención, el tono de la misma y su contenido.
Ateniéndome a esa enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, yo quiero hacer una precisión antes de que sea votada. Se pide que el Gobierno lo estudie, pero incluso la señora Couto ya ha anunciado una posible reforma de la ley por la que esa inscripción, una vez cortado el cordón umbilical, sería posible, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 40, de acuerdo; sería posible otorgarle un nombre, que es lo que pretendemos. Si esto es así acepto la enmienda que se nos ofrece pero haremos un seguimiento de ese estudio, que no se quede en un canto de sirena que hoy lanzamos para salir del paso de la proposición no de ley.
Si vamos a realizar ese estudio y ya está comprometida una cierta redacción, lo que pido es que el Gobierno lo estudie y nos traiga a esta Cámara ese proyecto de ley.


Creo que por sensibilidad, la que hemos demostrado todos en este debate -y yo agradezco tanto al Grupo Popular como al Grupo Socialista el tono de sus intervenciones- y por ser coincidente con la reforma Amanda que propone nuestro grupo parlamentario a través de esta proposición no de ley, aceptamos la enmienda, pero que quede claro en el "Diario de Sesiones" -yo creo que todos lo compartimos- que le estamos diciendo al Gobierno que realice ese estudio pero que mueva pieza y que realmente presente esa reforma en los términos que han quedado claramente expuestos por parte de todos en el propio debate.


- RELATIVA A LA REGULARIZACIÓN DE PAGOS DE EMOLUMENTOS A MAGISTRADOS SUPLENTES Y JUECES SUSTITUTOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente 161/001829.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 12, relativa a la regularización de pagos de emolumentos a magistrados suplentes y jueces sustitutos, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, hay una reforma pendiente, la reforma de la justicia. Esa reforma de la justicia, que estaba incluso esbozada en el libro blanco aprobado ya hace varias legislaturas, tiene unos cimientos que pivotan en la necesaria reforma presupuestaria. Atender a la justicia es darle mayores previsiones presupuestarias, es darle mejores dotaciones para prestar ese servicio público. Hay otra pata también pendiente, que es el cumplimiento de las previsiones de los estatutos

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de autonomía ya aprobados, como el catalán o el andaluz, pero ahora no nos referimos a ese aspecto sino al aspecto presupuestario. Precisamente en el aspecto presupuestario hemos vivido de qué manera las partidas económicas que se prevén para el pago de emolumentos a jueces sustitutos no alcanzan muchas veces los gastos necesarios para cubrir ese concepto, hay una disociación entre la previsión y los gastos reales, como han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones los propios tribunales superiores de Justicia. Esa falta de previsión presupuestaria en un tema muy claro como es el pago a los magistrados suplentes y a los jueces sustitutos, entendemos que debería ser atendida desde la sensibilidad por esta Comisión de Justicia. Por tanto, si queremos esa reforma de la justicia, debemos, señor presidente, señorías, hacer esa apuesta por dotaciones presupuestarias que se ajusten a las necesidades. De ahí que nuestro grupo hoy plantee cuatro puntos en esta proposición no de ley. En primer lugar, le pide al Gobierno que se eviten los retrasos en el pago de emolumentos a jueces y magistrados suplentes. En segundo lugar, que, siempre que se produzca una falta de atención presupuestaria que no permita llegar a final de año con el pago previsto a esos jueces sustitutos, que se establezcan los créditos extraordinarios necesarios para esos pagos de sustituciones y suplencias de jueces y magistrados. En tercer lugar, pedimos que se doten suficientemente en los Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para satisfacer de forma objetiva las necesidades de sustituciones y suplencias de los órganos jurisdiccionales. Y por último, adecuar debidamente las previsiones presupuestarias anuales por este concepto a las necesidades que los propios tribunales superiores de Justicia han puesto de relieve de manera pública en ocasiones y han hecho esa llamada a que se atienda esa mejor previsión presupuestaria para los casos de magistrados suplentes y jueces sustitutos.


En el Pleno del Congreso, cuando se debatía la memoria del consejo correspondiente al año 2003, en el primer año de esta legislatura, se aprobó una resolución de Convergència i Unió en la cual se instaba al Gobierno de manera clara a que, de acuerdo con las comunidades autónomas, y también con el mandato del Consejo General del Poder Judicial, se regularizara la situación de magistrados suplentes y jueces sustitutos, con objeto de liquidar las retribuciones pendientes que ya se les adeudaban en el año 2004. Yo no niego avances que se han podido producir pero entiende nuestro grupo parlamentario que, más allá de esos avances, lo cierto es que el problema existe y que sigue vigente esa petición de mayor atención presupuestaria en este ámbito que, repito, es importante y necesario si queremos acometer esa gran reforma de la oficina judicial y de la Administración de Justicia en su conjunto.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista no ha presentado enmienda.
Entonces, en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar su posición tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz, don Carlos Casimiro.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo respecto a la proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió, relativa a la regularización de pagos de emolumentos a magistrados suplentes y jueces sustitutos. En primer lugar, me gustaría poner el acento en la fecha en la que fue presentada que, como ustedes conocerán, fue el 17 de julio de 2006. Quizá esta es una reflexión un poco general, pero nosotros pensamos que de alguna manera los casos tienen que ser resueltos a tiempo, ese es un atributo de la justicia. No sé si el contenido de la proposición hoy habrá perdido o no su actualidad, hoy habrá perdido o no su vigencia. En todo caso deberíamos intentar ser más ágiles a la hora de tramitar las proposiciones no de ley.


Sin perjuicio de ello y entrando en el contenido de los cuatro puntos que contiene la proposición no de ley, diré que nos parece una proposición acertada, oportuna y una proposición cuyo contenido sigue estando vigente. Nos parece acertada porque efectivamente el papel de los magistrados suplentes y de los jueces sustitutos es importantísimo, yo diría que es una de las claves, una pieza fundamental, a la hora de descargar o de descongestionar la carga de trabajo que tienen los tribunales, por lo que debemos tener en consideración su situación o la insatisfacción que a efectos de su retribución nos demandan. Y nos parece que en su texto es oportuna porque de alguna manera es posibilista, no es excesivamente generalista. Tampoco en su contenido constriñe, me parece a mí, una posible posición favorable del Gobierno. Dice cosas que son muy lógicas, que se eviten los retrasos de los emolumentos, que se establezcan los créditos extraordinarios y que se proceda, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, que es donde se deben de consignar las dotaciones suficientes para solventar este problema. Pero sin perjuicio de la cuestión específica que nos trae la proposición no de ley, esta demanda responde a una situación, y es que en el Grupo Popular consideramos que esta área de la justicia no es una de las prioridades de este Gobierno, no lo ha sido desde un principio. Se alegaba o se justificaba la ruptura del pacto que en su día existía por una falta de presupuestación, por una falta de compromiso presupuestario. Ahora yo creo que esto refleja ese mismo síntoma, porque nos da la sensación que a la hora de implementar el compromiso político y la voluntad política de llevar a cabo la modernización de la oficina judicial, no se están dando los pasos que realmente se deberían de dar, ni siquiera con el cambio de ministro. Aunque en alguna de sus comparecencias pudiera haber anunciado que efectivamente se darían los pasos, no creemos que se esté promoviendo el consenso suficiente, el diálogo suficiente. En todo caso, este es un síntoma más del interés del Gobierno por la implementación y la mejora de la justicia en lo que supone generalizar

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medios suficientes para la oficina judicial. Por eso nosotros anunciamos que, sin perjuicio de que hubiéramos preferido que el texto hubiera sido más concreto, votaremos la proposición no de ley de forma favorable.


El señor PRESIDENTE: Siempre nos quedará París, pero en esto de los pagos siempre nos quedarán los presupuestos, señor Armendáriz.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galache.


El señor GALACHE CORTÉS: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta proposición no de ley que hoy se somete a la consideración de esta Comisión. Le he escuchado con toda la atención debida, como no puede ser de otra manera -cuando estamos tratando temas jurídicos hay que poner un plus de atención para poder entender y trascender un poco de lo puramente material para entrar en lo metajurídico-, y debo referirme inicialmente a algo que ha quedado un poco en el aire y que ambas partes que han intervenido con anterioridad a este portavoz han manifestado aunque sea de forma -permítaseme la expresión, estamos en temas jurídicos-, larvada. Me refiero a que es una proposición no de ley que pudo ser oportuna y acertada en su momento pero que en el tiempo que corre, en la actualidad, la consideramos un poco extemporánea y quizá -con toda la cortesía- carente de rigor en el momento presente.


Ha manifestado el portavoz del Grupo Popular algo relacionado con el efecto del tiempo. Quizás, teniendo en mente el aforismo de que una justicia tardía no es justicia, ha querido decirnos algo similar en una especie de un juego florentino, de apoyo por un lado a la proposición pero, por otro lado, considerando que no es prioritaria. Y por supuesto, desde nuestro punto de vista, con grandes dosis de extemporaneidad. No entendemos que en el momento presente, con todas las circunstancias que concurren en esta legislatura, tenga algún tipo de prioridad. Creemos además, por las sucintas explicaciones que vamos a dar, que está en cierto sentido superado y neutralizado este problema.


Es evidente que existen y siempre existirán, como no puede ser de otra manera, este tipo de sustituciones, porque la dinámica del funcionamiento de los tribunales y de los servidores públicos de la Administración de Justicia hace que existan situaciones personales diversas y que haya que hacer sustituciones. No obstante ello, este Gobierno ha entendido desde un principio y como norma que debería favorecerse de manera práctica una reducción progresiva de estas sustituciones y suplencias en beneficio de la titularidad, y a tal efecto desde un principio se ha realizado una política decisiva de dotación de plazas, de incremento de plantillas de jueces y magistrados. No es que queramos hacer ahora mismo un alarde en relación con este esfuerzo, pero los números son muy tozudos. Se puede decir que se ha hecho un esfuerzo con la creación para 2005 de 250 plazas de jueces y magistrados; 100 plazas programadas en el año 2006 y ya cubiertas, y más de 110 proyectadas para 2007. Con ello, los jueces adjuntos serían los que, en circunstancias muy extremas, se ocuparían de ejercer esas vacantes transitorias, en lugar de jueces suplentes y sustitutos. Sería, por tanto, una sustitución natural. Es muy probable que este criterio no sea lo suficientemente claro o convincente para hacer cambiar al proponente respecto de la inutilidad, con todo respeto, en este momento de esta proposición no de ley. En cambio, es conveniente hacer una mínima incursión en datos relacionados con los presupuestos y con los cuatro puntos concretos que ha sostenido con toda energía el proponente.


Los posibles retrasos en el pago de los emolumentos a que se hace referencia no pueden achacarse, señor presidente, en el momento presente a la falta de presupuesto en una partida específica. Esta partida específica, con esa nomenclatura enigmática de los presupuestos, es la 13.02.112A.125, que es en la que se cargan estos datos, dado que el capítulo 1, en términos generales, solo vincula a nivel de artículo, a lo que es necesario añadir que esa misma partida, calificada de enigmática aunque entendemos en qué sentido se ha dicho, ha experimentado un incremento sustancial en los presupuestos actualmente vigentes, al pasar de 9,9 millones de euros en 2005 a 29,6 millones en 2006, incremento que se espera que sea transitorio por las razones que ya hemos mencionado.


No obstante, no quisiera dejar un vacío sobre el posicionamiento, que no descansa ni en tozudez ni en manía de decir no por el mero hecho de decir no. Quizá no sea de un rigor jurídico excelente para un debate parlamentario, pero ya que el proponente se ha dedicado con profusión a analizar los cuatro puntos de su proposición, unas razones absolutamente lógicas y de orden administrativo, muchas burocráticas, muchas quizás de implementación de nuevas técnicas informáticas para la realización presupuestaria, no quisiera, insisto, dejar de significar algunos puntos de nuestra oposición para comprender que no se trata de una oposición ayuna de argumentación. Son cuatro puntos y con respecto a ellos voy a hacer una mínima glosa. En relación con el primero, que es evitar los retrasos en el pago de emolumentos a jueces y magistrados suplentes, hay que mencionar las siguientes consideraciones. Los retrasos de pago se originan por el procedimiento preceptivo que, como se detalla en las respectivas órdenes de confección de las nóminas, se debe seguir en cualquier abono de retribuciones en el sector público. Este procedimiento debe asegurar que en el caso de retribuciones de personal no titular, es nuestro supuesto, la persona competente en cada centro de trabajo certifica los días que realmente se ha trabajado. En la Administración de Justicia este reconocimiento comienza en los propios órganos judiciales, desde donde se envía por correo postal el certificado con su firma correspondiente a las habilitaciones de personal del Ministerio de Justicia, unidades donde se comprueba

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y se graba el dato en el sistema informático de nóminas con el que se cuenta en la actualidad. Si todo ese ciclo de orden administrativo-burocrático se completa antes de que se cierre la nómina del mes en curso, circunstancia que como todos sabemos acaece el quinto día de cada mes, se le reconocerá la retribución correspondiente. El único factor, entendemos, que podría alterar este procedimiento de forma que se consiguiese una mayor celeridad sería el cambio de la firma manual por la firma electrónica, que conseguiría que se pudiese reconocer la nómina de la retribución en el mismo momento en que se produzca. Para eso se debe conseguir modificar la normativa de confección de nóminas, cuestión que precisamente ya lleva tiempo implementada y que permite que en este momento este problema que se plantea en la proposición no de ley no exista en la realidad. En este caso también sería importante que las comunidades autónomas con competencias transferidas colaborasen con el Ministerio de Justicia para hacer una labor conjunta, aunque, insisto, en este momento esta situación está prácticamente superada. Por último, si estos retrasos a los que se refiere la proposición no de ley se originan por nombramientos efectuados sin la correspondiente previsión presupuestaria, hay que señalar que el Ministerio de Justicia cumple con la normativa vigente, que obliga a que para el nombramiento de personal interino se cuente con la oportuna previsión, en la línea que se impone en cualquier actuación que se financie con los Presupuestos Generales del Estado y que ordena la Ley General Presupuestaria. Como hemos dicho al comienzo de nuestra fijación de posición, la alternativa a la que se debe recurrir en estos casos es la sustitución natural, como recomienda precisamente el Consejo General del Poder Judicial.


El punto segundo que glosaba el proponente se refiere a establecer los créditos extraordinarios necesarios en el presente ejercicio presupuestario, no sabemos exactamente a qué ejercicio se refiere. En este sentido hemos de decir que el Ministerio de Justicia no puede establecer dotaciones adicionales en sus presupuestos, que vienen, como bien sabemos, aprobados desde las Cortes. Existen fondos presupuestarios destinados a la financiación de necesidades imprevistas durante el ejercicio, como es el caso de un mayor número de sustituciones, que sobrepasen las dotaciones presupuestarias que el Ministerio de Justicia solicita para la financiación de ciertas sustituciones, ya que, por ejemplo, en el año 2005 se garantiza el pago de sustituciones motivadas por vacantes de larga duración.


El tercer punto pide que se proceda a dotar suficientemente a los Presupuestos Generales del Estado de las partidas necesarias para satisfacer de forma objetiva las necesidades de sustituciones y suplencias. El Ministerio de Justicia propone todos los años el incremento de esta partida, de forma que el presupuesto se acerque al gasto real, pero su aprobación no depende, como bien sabemos, del ministerio, sino que es decisión de las Cortes; no obstante, este punto también, finalizando 2007, arroja un saldo favorable en el sentido de la agilización y de la inexistencia de este problema en el momento presente.


En cuanto al último y cuarto punto, y con ello voy a concluir, que se intitula adecuar debidamente las previsiones presupuestarias anuales por este concepto a las necesidades puestas de manifiesto por los diferentes tribunales superiores de Justicia, debemos decir que la distribución del crédito total entre tribunales superiores de Justicia se efectúa en función del número de órganos judiciales en cada comunidad autónoma. No se podrá incrementar el crédito destinado a cada una de las comunidades autónomas mientras, como es obvio, no se incremente el crédito total.


Estas son las consideraciones de orden administrativo, técnico-burocrático si queremos; probablemente hubiese sido más brillante hacer un tipo de alegación de corte jurídico o, como decía al principio de mi intervención, metajurídico, pero la proposición no de ley no da para más.
Señor presidente, entendemos que estas cuestiones están superadas -y con toda la cordialidad he utilizado las expresiones extemporaneidad y oportunidad, fundamentales en el derecho- y por tanto vamos a votar en contra de esta proposición.


- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA EL EFECTIVO RESPETO DE LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001893.)

El señor PRESIDENTE: Ahora entramos en el punto 13º, proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para el efectivo respeto de la pluralidad lingüística en la Administración de Justicia, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para cuya defensa tiene la palabra el señor Jané. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.)

El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, Convergència i Unió con esta proposición no de ley quiere poner de relieve como la normalización lingüística si en un ámbito público presenta notables déficits, es en el ámbito del Poder Judicial y de la Administración de Justicia. Se han hecho esfuerzos, pero a pesar de ello todos los informes delatan que existe ese déficit en la normalización lingüística en aquellas comunidades autónomas con lengua oficial propia además del castellano. Existe ese déficit en la utilización en el ámbito judicial de esa lengua oficial propia, sobre todo si se compara la utilización de esa lengua oficial propia en otros ámbitos públicos; de ahí que exista esta preocupación. Saben también SS.SS. que el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña que han aprobado estas Cortes Generales y que ha sido refrendado por el pueblo de Cataluña incide en ese aspecto, incide de manera particular en esa exigencia de

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conocimiento de la lengua propia. Cómo será: si es un requisito o si se va a definir como mérito determinante en los concursos, la plasmación final se realizará a partir de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, pero el propio Estatuto establece esa necesidad de que se tenga el conocimiento de la lengua oficial propia cuando se ejerce en el territorio en este caso de Cataluña.


Antes del Estatuto y ahora también, porque aún no se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial, adecuación que es una asignatura pendiente de esta legislatura, con la actual ley, artículo 231.3, se nos reconoce que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y los peritos, pueden utilizar la lengua que sea también oficial en las comunidades autónomas en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas.
Este reconocimiento, ya vigente, que se aplica de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 231.3, es ignorado en ocasiones en la práctica judicial. Tenemos ejemplos. En la Comunidad Valenciana un juzgado, de Valencia en este caso, estableció una clara desigualdad de la lengua oficial propia, porque se dijo que el querellante, si ya conocía la lengua castellana, no tenía por qué utilizar la lengua catalana en su testifical, porque de esta manera dudaba el juez del verdadero interés del querellante en defender sus posiciones. Esa sentencia, que fue claramente criticada por muchos grupos parlamentarios que estamos aquí presentes, no se manifiesta como respetuosa con la legalidad vigente, con ese artículo 231. También quiero recordar por ejemplo el caso del juez de paz de Anglés, que por utilizar la lengua catalana en las inscripciones en el Registro Civil tuvo una serie de problemas, al igual que los problemas informáticos que se detectaban con la grafía de la ele geminada catalana, que también tenía dificultades para su adecuación.


Son diversos ejemplos de esos déficits que entendemos que se apartan del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24, que se apartan de las previsiones del actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se apartan de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias y que se apartan del propio espíritu de la Constitución, que en su artículo 3 reconoce la oficialidad del castellano, pero reconoce también que las otras lenguas son oficiales en sus respectivos territorios y, por tanto, esa oficialidad tiene que tener ese claro reconocimiento en la práctica en la Administración de Justicia y en el Poder Judicial en su conjunto.
Para atajar ese déficit, nuestro grupo parlamentario presento está proposición no de ley en su día. Hoy esta Comisión de Justicia va con cierto retraso con algunas de las iniciativas, hemos tenido muchas, proyectos de ley que ha tramitado esta Comisión, comparecencias, etcétera, y el ritmo sabemos el que es. Finalmente hoy se debate y nosotros lo que pretendemos con esta proposición no de ley es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que, en el ámbito de sus competencias, tome todas las medidas que sean necesarias al objeto de implementar una verdadera pluralidad lingüística en la Administración de Justicia, de conformidad con las previsiones de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias y de la Constitución, de todo el bloque de la constitucionalidad, también de los estatutos de autonomía, y por tanto pedimos ese respeto, que en ocasiones no se ha visto correspondido en la práctica judicial, y entendemos que es bueno y positivo que este Congreso de los Diputados hoy realice este pronunciamiento por medio de la proposición no de ley que plantea Convergència i Unió.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existen a esta proposición no de ley presentadas dos enmiendas; de la primera de ellas es autor el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra en el turno correspondiente el diputado señor Pedret.


El señor PEDRET I GRENZNER: Si me permite el señor presidente, voy a iniciar la intervención con una cita, no palabras mías: "Al reconocer los esfuerzos desplegados por las autoridades españolas para garantizar el sistema español de reconocimiento óptimo de las lenguas oficiales, debe elogiarse a España por el sólido reconocimiento y el alto grado de protección asegurados a las lenguas regionales o minoritarias. Esta iniciativa sitúa a España entre los países más firmemente comprometidos con la protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias".
El autor es el Comité de expertos de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, a la que se ha referido el señor Jané en su defensa de la proposición, dicho lo cual me parece de justicia decir que se reconoce en el ámbito internacional especializado en este aspecto de protección y defensa de las lenguas, en la terminología europea regionales o minoritarias -la mayoría de ellas no minoritarias sino minorizadas-, que existe una actividad óptima desplegada activamente por España.


Esto aparte, voy a decir que el señor Jané me ha parecido incluso moderado en la exposición de las dificultades que se encuentran en la práctica ciertamente en el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, que son dificultades prácticas realmente existentes, la inmensa mayoría de las cuales no dependen en absoluto de la acción política del Gobierno, sino que dependen de actividades de la sección disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces o de resoluciones estrictamente jurisdiccionales de los jueces. Entiende mi grupo que el ámbito adecuado para combatir eso es el del recurso frente a las resoluciones jurisdiccionales que abusan en muchas ocasiones de los obiter dicta, como es el caso de la sentencia a la que se ha referido el señor Jané, o el de la aplicación correcta de las normas disciplinarias que impida sancionar actitudes y actividades absolutamente lícitas y sancione, en cambio, actividades ilícitas de obstaculizar el uso de las lenguas cooficiales en el ámbito de la Administración de Justicia. Si me

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permiten SS.SS., esto depende del órgano de gobierno de los jueces y todos recordamos desgraciadamente, porque hemos de recordarlo, no porque tengamos memoria, las manifestaciones de su presidente equiparando el conocimiento y el uso de las lenguas cooficiales con las técnicas propias de determinado baile.


En este ámbito resulta difícil que se cumpla voluntariamente, pero estamos absolutamente de acuerdo en que es necesario que se impulse y se obtenga este reconocimiento, sea o no inmediatamente resultado o competencia del Gobierno, porque las competencias al respecto, señorías, como ha insinuado el señor Jané, están en la actualidad y desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es posterior a la interposición en el registro de esta casa de la proposición que acaba de defender Convergència i Unió, repartidas entre distintos núcleos o ámbitos de poder político. No se trata solo del Gobierno de España; se trata también de las comunidades autónomas, y muy importantemente en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con una lengua cooficial de clarísimo vigor y vigencia, y se están realizando también actividades desde el punto de vista de las competencias de las comunidades autónomas. Por ello, señorías, nos parece que es bueno llamar la atención de la Cámara sobre una situación de imperfecto cumplimiento de la cooficialidad en el ámbito de la Administración de Justicia y es bueno que se haya mantenido la proposición no de ley. No es la primera vez que debatimos sobre este tema. He intentado contar las veces que en esta legislatura lo hemos hecho sobre el tema o temas directamente conexos. No he conseguido llegar a un número exacto porque en muchos debates no titulados así se ha hablado también de ello, pero yo, personal y humildemente, creo haber intervenido al menos en siete ocasiones al respecto, y evidentemente muchos otros compañeros y compañeras del grupo también lo han hecho. Es por tanto algo recurrente, pero la recurrencia no impide en ocasiones el hecho de que haya de tomarse en consideración lo que recurrentemente se dice.


Nosotros consideramos que la subliminal atribución de responsabilidad única y excluyente al Gobierno que hay en la redacción de la proposición no de ley de Convergència no es la adecuada, así como he dicho que me parece adecuado poner de manifiesto las dificultades realmente existentes en la práctica. Por ello hemos presentado una enmienda de sustitución, en la cual se ha deslizado aquello que antes se llamaba lapsus calami y que ahora supongo que deberá llamarse lapsus ordinatoris, que es la falta de una palabra, puesto que entre Ley Orgánica de Poder Judicial y garantizar, debía de estar para, porque, si no, no tiene sentido la frase, es decir, para garantizar la pluralidad lingüística en el ámbito de la Administración de Justicia. Creemos que es más equilibrado el contenido de la enmienda, en cuanto se habla de algo que es obvio pero que hay que recordar, que es que desde que se interpuso en el registro la proposición no de ley hasta la actualidad ha entrado en vigor un estatuto de autonomía largamente debatido en esta Cámara y aprobado por la mayoría del pueblo de Cataluña en el referéndum convocado al efecto, que contiene disposiciones al respecto y sobre el que están en trámite, como ha recordado también el señor Jané, varias modificaciones, una de las cuales es la de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, señorías, consideramos que cumpliríamos suficiente y ampliamente el objetivo de recordar y alertar sobre la existencia de este problema con la aprobación de la redacción propuesta por parte del Grupo Parlamentario Socialista, respecto a la cual y en conversaciones anteriores con el proponente señor Jané se ha llegado a la posibilidad de ofrecer una transacción consistente en el cambio de dos palabras, en la primera línea: donde en el texto original de la enmienda dice continuar con diría impulsar el.
¿Por qué? Porque creemos que sí, que en este caso resulta más adecuado y coherente con la fundamentación que he intentado desarrollar anteriormente respecto a las competencias propias del Gobierno, que en este aspecto puede impulsar las cosas, pero no puede hacerlas directamente, puesto que al órgano de gobierno de los jueces y a las administraciones autonómicas en gran parte compete el efectivo cumplimiento. Por ello, señorías, solicito de los comisionados y las comisionadas el voto favorable a esta enmienda con la transacción incorporada.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, don Juan Albendea.


El señor ALBENDEA PABÓN: Yo creo que en esta Comisión estamos todos de acuerdo en que la pluralidad lingüística es sin duda alguna una manifestación cultural de primer orden que nadie discute. Estamos hablando del artículo 3 de la Constitución, del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y estamos en sintonía también con el artículo 9 de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. En relación con la proposición no de ley que ha propuesto Convergència i Unió creemos que el problema está en la falta de medios muchas veces en la Administración de Justicia, en los tribunales y juzgados donde hay cooficialidad de las lenguas, y por eso nosotros hemos presentado una enmienda que nos parece más práctica y más eficaz: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fin de que los tribunales y juzgados de las comunidades autónomas con lengua oficial propia cuenten con el número de intérpretes y traductores jurados suficientes que permitan una fluida y correcta comunicación entre el tribunal y las partes, evitando cualquier posible indefensión. Me parece que es mucho más eficaz que hacer una consideración general, como recoge la proposición no de ley de CiU, que dice que se tomen las medidas necesarias al objeto de implementar una verdadera pluralidad lingüística en la Administración de Justicia, de conformidad con las previsiones de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Nosotros, aunque CiU no

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acepte nuestra enmienda, vamos a apoyar su proposición no de ley. Lo que no me parece razonable, sin embargo, es la enmienda del Grupo Socialista porque se refiere solamente a Cataluña y me parece que tenemos que aprovechar la oportunidad para incluir a todas las comunidades autónomas con lengua oficial propia; por tanto, también hago la sugerencia de una transaccional donde no se hable solo del Estatuto de Cataluña, sino que se hable de todas las comunidades con lengua oficial propia, porque, si no, quedaría fuera el País Vasco, quedaría fuera Galicia, quedaría fuera Valencia, etcétera. (El señor Pedret i Grenzner: Y Baleares.) Creo que es conveniente aprovechar la oportunidad para hacerlo extensivo a todas.


Yo no doy mucha importancia a esas anécdotas que figuren en la exposición de motivos de la proposición no de ley a que se ha hecho referencia, de un juzgado de Valencia y otro de Anglés; dentro de los centenares de miles de procedimientos judiciales que se están tramitando en España desde que existen las lenguas cooficiales o desde que tienen carácter cooficial estas lenguas, me parece que dos, tres o cuatro anécdotas no son representativas. Lo que deberá producirse es la corrección necesaria por parte de esos jueces por los procedimientos establecidos, más que considerarlo un caso general, pues con esto no lo vamos a arreglar.
Insisto, el problema es de falta de medios y por eso proponemos que se incremente el número de intérpretes y traductores jurados suficientes que permitan una fluida y correcta comunicación entre el tribunal y las partes, evitando así cualquier indefensión.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Vamos a conceder turno para fijación definitiva. En primer lugar, el proponente tiene la palabra con la brevedad que sea óptima. Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, nuestro grupo aceptaría la enmienda transaccional a la que se ha referido el señor Pedret, pero entiende los motivos que el señor Albendea expone, y por tanto nuestro grupo parlamentario no tendría ningún inconveniente, si el otro grupo proponente de enmienda no se opone, en que la redacción sea que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el cumplimiento de las previsiones de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas con lengua oficial propia, y así no sería un tema exclusivamente de Cataluña sino, como decía el señor Albendea, también de otras comunidades autónomas como las Illes Balears, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, que tienen lengua oficial propia. En este sentido, aceptaríamos esa transacción. En cuanto a la otra enmienda, que sería de sustitución, del Grupo Popular, no la aceptaríamos, sí esa transacción a la que se refería el señor Albendea, porque creemos que es un debate distinto. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) No se trata tanto de que falten medios para traducir, sino del modelo final que permita una adecuación para que quienes sirven a la justicia en el territorio de una comunidad autónoma con lengua oficial propia -es un desiderátum que todos compartiríamos- pudieran conocer esa lengua oficial propia. Sabemos que la realidad es la que es y que en algunas ocasiones hará falta efectivamente de esos traductores, pero no venía de ahí el problema que planteaba Convergència i Unió con esta proposición no de ley, sino de esa falta de pedagogía global que en ocasiones existe. Creo que el señor Albendea también estaría de acuerdo con la transacción y en todo caso faltaría saber si el señor Pedret la asumiría.


El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PEDRET I GRENZNER: En un turno tan atípico como espero que útil y breve diré que las virtudes de los debates parlamentarios son muchas, pero una de ellas es que todos podamos reformar nuestras posiciones para llegar a una posición común, y, por tanto, no tengo ningún inconveniente, en representación del Grupo Socialista, en modificar nuestra enmienda para que pueda ser aceptada como transaccional estableciendo, en lugar del Estatuto de Autonomía de Cataluña, los estatutos de autonomía de las comunidades con lengua oficial propia.


El señor PRESIDENTE: Todos los turnos son típicos cuando son constructivos. Tiene la palabra doña Isaura Navarro en nombre del Grupo de Izquierda Unida para fijar su posición.


La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente deseo manifestar mi apoyo a la iniciativa porque me parece altamente interesante que se intente cambiar el panorama actual en el cual aquellos que vivimos en comunidades autónomas con lengua oficial propia no podemos ejercitar nuestro derecho de dirigirnos en el ámbito de la Administración de Justicia más que en castellano; es un panorama que hemos de cambiar y efectivamente no corresponde únicamente a Cataluña sino a todas las comunidades autónomas que tienen reconocida esta singularidad en sus estatutos de autonomía.


- DE MEJORA DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001921.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 14º, proposición no de ley de mejora de la retribución de los administradores concursales, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para su defensa tiene la palabra el señor Jané.


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El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, existe un problema en las retribuciones a los administradores concursales. Se realizó una reforma mediante el Real Decreto 1860/2004, de 6 de diciembre, pero la experiencia práctica tras ya varios años de vigencia de ese decreto viene a demostrar que no siempre es posible alcanzar una proporcionalidad adecuada entre la retribución de los administradores concursales y la dificultad de las tareas que realizan. En muchas ocasiones, la insuficiencia de masa activa no permite por ejemplo ni cubrir tan siquiera los gastos de comunicación a la que está obligada la administración concursal. La gran mayoría de los concursos declarados corresponden a procedimientos abreviados en los que solo hay un administrador concursal y la masa activa resulta con frecuencia insuficiente para hacer frente a los gastos del proceso, entre ellos a la retribución de la administración concursal. Así, el nuevo sistema concursal, que requiere la intervención de profesionales altamente especializados, no garantiza para Convergència i Unió ni para los propios afectados una retribución adecuada atendiendo a la labor que desempeñan y a la necesaria especialización que deben tener. No puede renunciarse a esa especialización y a esa exigencia de capacidad, pero ello debe venir acompañado de una garantía retributiva suficiente si queremos la mera supervivencia de ese nuevo sistema concursal. Por tanto, entendemos que es necesario introducir el concepto de retribución mínima acorde con las tareas que inexcusablemente debe desarrollar la administración concursal en cualquier concurso y entendemos además que puede parecer oportuno obligar al deudor, persona jurídica, a depositar su importe en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado. Ello permitiría que lo detrajera de la masa activa. Esta medida se convierte en una motivación adicional para que, cumpliéndose el presupuesto objetivo de insolvencia común, se anticipe la solicitud de concurso, lo que permitiría para Convergència i Unió una resolución mucho más satisfactoria de todos los intereses en conflicto.


Pedimos con nuestra proposición no de ley que se inste al Gobierno a modificar -damos un plazo de seis meses- el Real Decreto 1860/2004, de 6 de diciembre, en el que se establece el arancel de los derechos de los administradores concursales, con el objeto de que se prevea de manera expresa que cuando el deudor concursado fuera persona jurídica, la retribución mínima, en la fase común del procedimiento concursal, de cada uno de los administradores concursales no pueda ser inferior a 4.000 euros. Además pedimos que se establezca la obligación del concursado de depositar una provisión de fondos, dentro de los cinco días siguientes a la fecha del auto de declaración del concurso, en la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, que podrá detraer de la masa activa, por el importe correspondiente a la retribución mínima de la administración concursal.


Esta es la propuesta de Convergència i Unió. Creemos, señor presidente, que a la misma solo se ha presentado una enmienda de sustitución por parte del Grupo Popular. Si es así y temiéndonos que pudiera merecer el voto contrario del grupo mayoritario, quizás esa enmienda del Grupo Popular puede acercar posiciones con el grupo mayoritario. Mi grupo ya anticipa que aceptará esa enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque aunque no ofrece soluciones inmediatas, obligaría al Gobierno a que en ese plazo de seis meses tuviéramos aquí un informe o un estudio detallado en el que se analizara claramente la efectividad de los derechos y aranceles de los administradores concursales, la posible garantía en la percepción de sus retribuciones y, en su caso, el establecimiento de retribuciones mínimas. Nosotros lo concretábamos ya hoy aquí. El Grupo Popular pide ese estudio, sería positivo tenerlo, que tuviera entrada en la Cámara, y si esto pudiera favorecer el consenso final de todos los grupos de esta Comisión de Justicia ante lo que es un problema, esa insuficiencia de retribuciones de los administradores concursales, que nos traiga el Gobierno ese estudio en ese plazo de seis meses, sea quien sea el Gobierno dentro de seis meses, porque evidentemente ya es un mandato que obligaría más a un gobierno de la próxima legislatura, pero es bueno y positivo que en este caso también el Grupo Popular quede comprometido con esa enmienda a presentar ese posible informe, y entiendo que el Grupo Socialista estaría también interesado en que el futuro Gobierno, sea del Grupo Socialista, sea del Grupo Popular, pudiera también hacer los deberes y realizar esa adecuación y, en su caso, el establecimiento de esos honorarios que nosotros entendemos que no pueden ser inferiores a 4.000 euros, pero positivo será que sea el propio Gobierno el que analice la situación y nos presente ese informe.
Por tanto, sí a la enmienda de sustitución y espero que un sí unánime de todos los grupos a esa enmienda final que podría propiciar un punto de consenso entre todos y dar hoy ese mensaje positivo a los administradores concursales en cuanto a lo que debe ser la supervivencia de ese nuevo sistema concursal y de ese real decreto que se ha demostrado insuficiente y que por vía de ese estudio también se podría solventar.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Voy a intervenir creo que rápidamente por cuanto en buena medida el propio proponente de la iniciativa ha defendido la enmienda que nosotros hemos formulado como Grupo Parlamentario Popular y que desde luego la hacemos en el marco que él tiene presente y nosotros también de las eventuales responsabilidades de Gobierno en próximas fechas y, por lo tanto, con la cautela y prudencia que merece quien aspira a ejercer tan altas responsabilidades.


Dicho esto, es obvio que nosotros entendemos el planteamiento que formula el portavoz de Convergència i Unió en esta Comisión, en la medida en que nos parece que es entendible perfectamente la preocupación que anima esta proposición no de ley, en el sentido de que

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conviene la garantía del cobro de los aranceles y derechos que corresponden a los administradores concursales, e incluso él plantea la posibilidad de que se establezca alguna retribución mínima, que a nosotros nos parece que podría o no servir, pero que en todo caso habría que matizar como yo voy a hacer a continuación, y que obviamente todo ello puede repercutir en lo que se pretende en última instancia, que es el buen y correcto funcionamiento del sistema de los procedimientos concursales. No obstante, hemos de decir, aunque pueda suponer una simpleza, que el Real Decreto 1860/2004, de 6 de diciembre, tiene escasamente dos años y medio y tenía poco más de año y medio cuando se formuló la iniciativa que debatimos o, dicho con otras palabras, que nos parece que no ha transcurrido el tiempo suficiente para proponer una tan concreta y específica modificación como la que plantea Convergència i Unió. Por eso, entendiendo sus razones, nosotros hemos estimado que la cautela y prudencia exigibles nos debían llevar a formular esta enmienda que lo que hace es plantear que el Gobierno, en un plazo de seis meses, estudie la eficacia, el desarrollo y la efectividad del real decreto para, en su caso, plantear posibles medidas que, con carácter abierto y con carácter general, desde el Grupo Parlamentario Popular dejamos que sean consecuencia de dicho estudio y, por lo tanto, que se puedan efectivamente plantear reformas al propio real decreto que den satisfacción al problema que denuncia Convergència i Unió. Y ars longa, vita brevis, señor presidente, con esto doy por concluida mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a otro punto del orden del día...(El señor Fuentes Guzmán pide la palabra.) ¿Quiere intervenir el Grupo Socialista?

El señor FUENTES GUZMÁN: Gracias, señor presidente, por acordarse del Grupo Socialista en este punto. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Siempre está presente en mis actos.


El señor FUENTES GUZMÁN: Señorías, la proposición no de ley que hoy nos presenta Convergència i Unió se puede resumir en dos ideas básicas, el señalamiento de una cantidad mínima a cobrar por los administradores concursales cuando el concursado fuera persona jurídica, que cifra en 4.000 euros, y el establecimiento de un sistema de abono seguro de los aranceles obligando a un depósito anticipado por parte del deudor para evitar que la propia gestión del concurso pueda conducir al no abono de esos aranceles. Lo que es evidente es que esta proposición pretende modificar el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre, por el que se establece el arancel de derechos de los administradores concursales. Este real decreto sobre retribuciones constituyó una importante novedad en la evolución del derecho concursal español, ya que, por un lado, cumplía la finalidad de asegurar un tratamiento homogéneo de cuantos ejercitan las funciones propias de este órgano concursal y, por otro, permitía y permite calcular aproximadamente el coste de esta importante deuda de la masa a quienes proyectan la apertura de un procedimiento o se ven involucrados en él. Se hizo en ejecución del mandato contenido en la disposición final 34.ª de la Ley 22/2003, Concursal, y a través de este real decreto se aprobó el arancel, cuyo postulado fundamental es el justo equilibrio entre los distintos intereses en conflicto.


Pues bien, señorías, en primer lugar me gustaría poner de manifiesto que el real decreto sobre aranceles contiene una disposición adicional que establece que tan pronto como se disponga de estudios estadísticos sobre el funcionamiento del nuevo sistema concursal, el Gobierno procederá a evaluar los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concursales consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados. Por tanto, el grupo proponente parece haber obviado -no está aquí el señor Jané- que el real decreto ya establece su propio mecanismo de revisión y que este está basado en los datos estadísticos y la consulta a los colectivos implicados en el proceso concursal, como son los jueces y los profesionales afectados.


Sinceramente nos parece que este mecanismo debe ser activado en caso de que la observancia en la aplicación de los aranceles sea considerada inadecuada o injusta para los profesionales, cuya labor desde mi grupo queremos reconocer, y consideramos que su agotamiento, digamos que como cuestión previa, es una medida más racional que el señalamiento directo de cuestiones parciales como propone la proposición no de ley del Grupo Catalán, suponemos que sin tener en cuenta los datos estadísticos y las consultas a las que hace referencia el propio real decreto en su propio sistema de revisión. Es, por tanto, señor Jané, este el principal motivo de nuestro voto negativo a la iniciativa que ustedes presentan y suponemos que usted lo entenderá porque su grupo siempre se ha caracterizado por el escrupuloso respeto a los procedimientos y a las normas que están tasadas en la ley. Siempre lo han reclamado ustedes y hoy lo reclamamos desde mi grupo, que respetemos el procedimiento que en el propio real decreto se establece para la revisión de los aranceles. No obstante, sin prejuzgar la evaluación que el Gobierno haga en su momento con los estudios estadísticos y las consultas a las que me he referido anteriormente, sí le diré que la fijación de niveles mínimos de aranceles es una medida que debería analizarse con cuidado, porque la filosofía del Real Decreto 1860/2004 no establece cuantías mínimas automáticas, sino una escala de retribuciones que está en función de la masa activa y pasiva. Sin dejar de reconocer que el pago de los aranceles es una cuestión importante y que probablemente debería arbitrarse algún procedimiento para conseguir tal fin, es lo cierto que el instrumento debería estar consagrado en

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la ley y no en una mera modificación del real decreto. En todo caso, la medida propuesta puede resultar útil cuando el concurso es voluntario, pero realmente no solucionaría apenas la cuestión cuando se trate de un concurso en el que el deber del depósito es una medida que ciertamente no parece eficaz ni sobre todo que resuelva la cuestión planteada.


Respecto a la enmienda que presenta el Grupo Popular tenemos que manifestar también nuestra oposición a la misma, puesto que fija un plazo concreto al Gobierno y no tiene en cuenta, repito, el mecanismo de revisión que establece el propio real decreto, que se basa en estudios estadísticos y consultas a los colectivos afectados, y por tanto, señorías, cuando sean estos colectivos afectados los que activen este mecanismo estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno procederá, repito, con estudios estadísticos y con propuestas concretas sobre la mesa, a revisar los aranceles si fuere menester.


El señor PRESIDENTE: Quería aclararle que no tenía constancia de que iba a consumir un turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, pero con independencia de ello siempre es bienvenida una aportación, aunque sea en términos contradictorios, para el buen transcurrir y enriquecimiento del debate parlamentario.


- RELATIVA A LA NECESARIA EVALUACIÓN DEL PROCESO MONITORIO Y LA AMPLIACIÓN DE SU ÁMBITO DE APLICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002233.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 19º, proposición no de ley relativa a la necesaria evaluación del proceso monitorio y la ampliación de su ámbito de aplicación. Es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, esta es la última proposición no de ley que nuestro grupo parlamentario defiende en esta Comisión de Justicia, en la que pedimos una evaluación del proceso monitorio y una posible ampliación de su ámbito de aplicación. Sabemos que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el proceso monitorio con ese objetivo de que pequeñas deudas dinerarias se pudieran reclamar y cobrar de forma ágil, eficaz y más sencilla. Ese procedimiento monitorio se han convertido en uno de los más utilizados ante los tribunales de Justicia; las cifras lo demuestran y realmente la aceptación ha sido importante. En países de nuestro entorno más directo, el punto de partida que justifica que exista ese procedimiento monitorio está en la constatación de que, en general, más de un 90 por ciento de estos supuestos se sustancian ante los tribunales civiles sin que exista oposición del demandado. Estas son cifras relevantes. En derecho comparado podemos llegar a una conclusión y es que en el resto de Europa la regla general es que no exista límite máximo para este tipo de reclamaciones, con lo que cualquier deuda económica puede exigirse por este procedimiento. Ejemplos los tenemos en Alemania, en Italia, en Francia. La propia Directiva comunitaria 2000/35, de 29 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, establece una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales y en su artículo 5.1 se establece que los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un título ejecutivo independientemente del importe de la deuda, subrayo, independientemente del importe de la deuda, normalmente en el plazo de noventa días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud por parte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre que no haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones de procedimiento. Sin embargo, el actual artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, prevé que este procedimiento para la reclamación debe ser siempre de cantidades no superiores a 30.050,61 euros -estamos hablando de esa frontera que cuando se hizo la ley fijábamos en los mal llamados 5 millones de pesetas-, cifra por encima de la cual debe acudirse al oportuno juicio declarativo.


Ya en la tramitación de esta ley se consideró que dicha limitación en el proceso monitorio respondía a la aplicación del principio de prudencia ante lo que era un instrumento jurídico nuevo. También es cierto que ha llegado el momento, siete años después de su entrada en funcionamiento, de plantear y de estudiar la supresión de toda limitación cuantitativa en este procedimiento. Creemos desde Convergència i Unió que la experiencia y la aceptación de este procedimiento nos haría mejores legisladores si ahora impulsáramos superar ese límite cuantitativo. Por tanto, ¿qué le pedimos al Gobierno en esta ya última proposición no de ley de esta mañana de Convergència i Unió? Pues le pedimos en esta ocasión que nos remita al Congreso, con la intervención del propio Consejo General del Poder Judicial y en un plazo de seis meses, un informe sobre el funcionamiento del proceso monitorio, y después, en segundo lugar, que en ese marco se analice la viabilidad de suprimir el límite cuantitativo para acceder al proceso monitorio, de conformidad con lo que ya prevé esa directiva comunitaria y de conformidad también con lo que sería una lucha más eficaz contra la morosidad en las transacciones comerciales y con lo que sería también una mejor adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a lo que supone el tráfico económico. Permitir ese procedimiento monitorio sin ese límite máximo ahora de 30.000 euros entendemos que sería una buena contribución que realizaríamos desde el Parlamento y, por tanto, no le exigimos nada hoy al Gobierno, le pedimos que lo estudie, que lo evalúe y que nos presente ese estudio y esa evaluación, pero con ese objetivo ya predirigido, a ver si somos capaces de superar ese límite

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de los 30.000 euros. Señorías, espero que con las enmiendas presentadas se pueda llegar finalmente a algún tipo de transacción que permita hoy aprobar lo que sería una buena noticia para la necesaria agilidad en la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales, y el ordenamiento jurídico puede ayudar a ello estableciendo esta reforma que plantea Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Me parece que hay una sola enmienda presentada, que es la del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: En primer lugar, intervengo para valorar y compartir en buena medida desde el Grupo Socialista la iniciativa propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y defendida por su portavoz, el señor Jané, en este sentido de estudiar la viabilidad de suprimir el límite cuantitativo para acceder al proceso monitorio.
Valoramos igualmente con dicho grupo el acierto de este proceso monitorio, que ha agilizado en gran medida también los procedimientos judiciales y se ha comprobado como un procedimiento eficaz para resolver estos procesos de deuda y de reclamación, si bien hemos propuesto al propietario de la iniciativa mediante esta enmienda una variable en esta supresión del límite cuantitativo, que podría ser el incremento del umbral dinerario de las deudas reclamables mediante el proceso monitorio, y la enmienda propuesta reza de la manera siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar la viabilidad de la supresión del límite cuantitativo para acceder al proceso monitorio, o, en su caso, el incremento del umbral dinerario de las deudas reclamables mediante el procedimiento monitorio, en coherencia con el modelo de proceso monitorio recogido en el reglamento 1986/2006, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo. Efectivamente entendemos que la eliminación de la cuantía del monitorio también vendría avalada por la Directiva 2000/35 que bien ha comentado y explicitado el señor Jané y también en este proceso monitorio europeo que les he comentado a través de la enmienda de sustitución, de 12 de diciembre del Parlamento Europeo y del Consejo, ya que este procedimiento está pensado para favorecer el cobro rápido de créditos no impugnados, aunque solo en el ámbito transfronterizo; respecto de los que el deudor no formule oposición se opta incluso por el modelo sin prueba, porque el acreedor tan solo tiene que describir sus posibles medios de prueba de cara a que el deudor valore si le compensa oponerse o no, y aun así no hay límite económico para formular la solicitud de requerimiento europeo de pago.


A pesar de estos dos procedimientos europeos que avalarían también la supresión de este límite económico, entendemos que vale la pena que se estudie esa posibilidad de incrementar el umbral económico en el proceso monitorio, ya que es perfectamente viable en nuestro sistema, porque aunque la deuda sea elevada, el deudor cuenta con dos garantías importantes en este procedimiento, por un lado, el examen de fondo del juez antes de emitir el requerimiento de pago, que exige un principio de prueba, y, por otro, que el deudor en cualquier caso pueda evitar la efectividad del requerimiento acudiendo al proceso declarativo ordinario mediante la formación previa de la oposición. El aumento del límite económico al monitorio resulta evidentemente más justificable en un sistema de monitorio como el nuestro, pero incluso en aquellos sistemas sin prueba y en los que el requerimiento se emite tras una mera comprobación de los requisitos formales de la petición, el límite cuantitativo reclamable es considerablemente superior al nuestro. Por lo tanto, a la vista de estos argumentos que estoy exponiendo, creemos que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) podrá aceptar la enmienda que le proponemos y que estamos dispuestos a transaccionar, incluso como pedía su portavoz, el señor Jané, con un periodo de tiempo al Gobierno para que pueda analizar la viabilidad y optar bien por eliminar este límite económico de los monitorios o por que se pueda aumentar esta cuantía.
Creemos que con la buena voluntad que siempre ofrece el grupo proponente y su portavoz señor Jané, podemos llegar a un acuerdo y que esta Comisión de Justicia pueda aprobar esta interesante iniciativa.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a fijar posición? (Denegación.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular doña Verónica Lope Fontagne tiene la palabra.


La señora LOPE FONTAGNE: Muy brevemente quiero manifestar el voto afirmativo de mi grupo a la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) en la que se insta al Gobierno a evaluar el funcionamiento del proceso monitorio y la posible supresión del límite cuantitativo. Esta iniciativa nos parece muy oportuna al haber transcurrido, como decía el señor Jané, casi siete años de su aprobación, tiempo suficiente para su evaluación y posible reforma. Según los datos estadísticos dados por el Consejo General del Poder Judicial y recogidos en el enunciado de esta iniciativa, si el legislador pretendía dar al acreedor un instrumento para dar rápida satisfacción de su crédito, se ha conseguido en gran parte y es el momento de plantear que se amplíe su ámbito, como ocurre en otros países europeos, que siguiendo la Directiva comunitaria de 29 de junio de 2000, no establecen límites por razón de la cuantía.


Como también recogía el señor Jané, en la propia exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero de 2000, se reconocía que limitar la cuantía a la cantidad de 30.000 euros se debía a razones de prudencia, y probablemente hoy, después de siete años, estas razones de prudencia ya no son necesarias y con esta reforma se resolverían algunas de las divergencias doctrinales surgidas alrededor del límite cuantitativo; por lo tanto, creemos que podemos aprobar perfectamente esta proposición no de ley.


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El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la fijación y pronunciamiento previo antes de la votación, por supuesto, por parte del señor Jané sobre los términos de la enmienda y la corrección de la misma, transacción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Contesto a mi buen amigo el señor Sáez, del Grupo Socialista, que ha defendido esta enmienda. Al analizar la redacción inicial a nosotros nos parecía bien el objetivo, que es suprimir el límite cuantitativo del proceso monitorio o, en su caso, incrementar el umbral dinerario de las deudas reclamables mediante ese procedimiento, pero nos parecía mal, y así se lo he comunicado al Grupo Socialista, que se quedara en analizar la viabilidad, pero ¿cuándo? Pues en un plazo de seis meses, que por lo menos -quizá ya sea en la próxima legislatura- podamos algún día pedir al Gobierno cuál fue el cumplimiento de esta proposición no de ley, si se analizó esa viabilidad, que sin ninguna duda redundaría en una mejora de nuestro ordenamiento jurídico en la adaptación de esa reclamación de las deudas a partir del procedimiento monitorio que sería más ágil si se suprimiera el límite cuantitativo o, en su caso, se incrementara ese umbral dinerario de las deudas reclamables. Por lo tanto, estamos a favor de esta transacción, pero que tampoco quede en un cajón. Pongámosle plazo y por lo menos podremos realizar un mejor seguimiento de la misma.


- SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS MINORITARIAS Y REGIONALES EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001814.)

- SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA DECISORIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE PLANTA Y DEMARCACIÓN JUDICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/002116.)

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las proposiciones no de ley de Esquerra Republicana, que no está; por tanto, por incomparecencia, decaen.


- SOBRE LA ASISTENCIA JURÍDICA A LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001371.)

El señor PRESIDENTE: Entramos a continuación en el debate de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Punto 5.º del orden del día, proposición no de ley sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España, de la que es autor el grupo parlamentario citado y para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.


El señor NAVARRO CASILLAS: La institución del Defensor del Pueblo, que no la persona, elaboró y publicó un informe sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España que fue presentado en esta Cámara. El informe es de alto interés, como ya se manifestó por este grupo parlamentario en su comparecencia, y pretendía analizar la forma en la que se presta la asistencia jurídica a los ciudadanos de otras nacionalidades que se encuentran en nuestro país o que pretenden acceder al territorio nacional. Yo creo que del resultado de ese estudio o de ese análisis, se podría valorar la asistencia jurídica a estos ciudadanos con un muy deficiente, porque se nos enumeraba una serie de situaciones absolutamente dramáticas y contrarias a los derechos humanos y a una aplicación sensata del ordenamiento jurídico y de las mínimas garantías de trato correcto a estos ciudadanos extranjeros, y por lo tanto entendemos que es necesario recoger las recomendaciones que se efectúan en este informe con modificaciones legislativas e implicación por parte del Gobierno para cambiar radicalmente este panorama de asistencia jurídica a los extranjeros. Es más, por una vez la institución del Defensor del Pueblo realizó un informe de elevada utilidad si fueran atendidas estas recomendaciones. No estaría de más que se atendieran y que, por lo tanto, se incrementara mínimamente la utilidad que debe tener esta importante y relevante institución, a pesar de la persona que ostenta su máximo cargo.


El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra la señora Lope Fontagne.


La señora LOPE FONTAGNE: La proposición no de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, basada en parte en un informe del Defensor del Pueblo, resulta de gran entidad, no solo porque trata de la protección jurídica de uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, que son los inmigrantes, como así se recoge en la iniciativa, sino también porque pretende que se modifiquen artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, de la Ley orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Corpus, así como artículos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de extranjería y asilo, entre otros.


Compartimos la preocupación del grupo proponente por garantizar los derechos de los inmigrantes, pero creemos que antes de proponer posibles reformas en materia de extranjería y asilo y en La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es necesario oír, entre otros, al Consejo

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General de la Abogacía y al Consejo del Poder Judicial, que nos permitirá modificar la legislación vigente con seriedad y rigor. Tenemos que reconocer que en los últimos años las autonomías y los colegios de abogados han hecho un gran esfuerzo para adaptarse a las nuevas necesidades creando servicios especiales de asistencia jurídica a los inmigrantes, incluso en muchas autonomías también existen servicios de intérpretes, con un resultado que creo que es bastante satisfactorio. De estos servicios han surgido mesas de trabajo que han ido analizando la nueva problemática y proponiendo reformas para mejorar la normativa vigente. Como ejemplo podría citar el último encuentro de la abogacía sobre extranjería, celebrada en el mes de mayo, donde se ha estudiado, entre otros, la conveniencia o no de que los juzgados de lo Contencioso-administrativo asuman todas las competencias de extranjería, incluidos los internamientos, si es necesario un recurso de casación para unificar los criterios en materia de extranjería, el procedimiento de habeas corpus, etcétera.


Por lo tanto, si queremos modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, también será necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por los colegios de abogados y de procuradores, incluso existe un grupo de trabajo del Observatorio de Asistencia Jurídica Gratuita que sería muy interesante tener en cuenta. Por ello, a mi grupo le resulta imposible aprobar la proposición no de ley presentada por Izquierda Unida en sus propios términos y solicitamos que se considere nuestra enmienda que permitirá estudiar y acometer las modificaciones necesarias para mejorar la asistencia jurídica de los inmigrantes después de estudiar todos los informes que solicitamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galache.


El señor GALACHE CORTÉS: En esta proposición no de ley se tocan una serie de puntos fundamentales, puntos que vienen avalados desde el punto de vista actual por unas recomendaciones del Defensor del Pueblo, y al hilo de esta cuestión se me ocurre manifestar que en la época de las cesantías en este país se decía que las recomendaciones no dependían del recomendante sino de la calidad de lo recomendado, y en ese supuesto nosotros entendemos que efectivamente hay bastantes cuestiones que son susceptibles de ser atendidas por el grupo mayoritario y hemos instrumentado una enmienda transaccional de la que me ocuparé brevemente.


El efecto del tiempo, decíamos con anterioridad, y concretamente en lo que respecta a normas de tanta dinámica jurídica como son las concernientes a inmigrantes, a la asesoría jurídica, en un sistema que es por supuesto progresista y que tiene un mandato constitucional de tutela judicial efectiva, lo normal es que provoque que este Gobierno, en este tracto de tiempo en que estas recomendaciones se han puesto en marcha, haya llegado a formulismos y normas jurídicas concretas de mucha importancia que no quiero dejar de hacer constar y de decir qué virtualidad tienen. Me estoy refiriendo a normas como concretamente la Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la que se regulan las especialidades en los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea, por un lado, y por otro, el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de junio. Estas dos normas, al momento de hacerse estas recomendaciones, no formaban parte de nuestro ordenamiento jurídico y han tenido una incidencia y sobre todo más una tendencia de lo que ha sido la política del Grupo Parlamentario Socialista lógicamente de apoyo al Gobierno y del Gobierno, que es el que instrumentaliza esta política jurídica y legislativa, en el sentido de ampliar y atender con una sensibilidad especial a estas materias tan delicadas concernientes a derechos fundamentales y sobre todo a aquellas personas que en determinadas circunstancias, como son las provenientes de una inmigración feroz o de una situación caótica desde el punto de vista personal, requieren una especial sensibilidad de los gobiernos democráticos en el sentido de su defensa más estricta y completa en cuestiones concernientes precisamente a su propia existencia como tales inmigrantes y a su llegada y advenimiento a nuestro país.


En este sentido, señorías, al margen de hacer críticas que entendemos que no vendrían al caso, por ejemplo en la proposición se habla de que los menores estarían un poco desamparados por el mero hecho de ser menores provenientes de la inmigración o de otros países en los que digamos que la situación sociológica es tan imperiosa que les hace ingresar en Europa de la manera que fuera. Señoría, le haré un simple comentario y es que en la legislación española, la Ley de Protección Jurídica del Menor y el mismo Código Civil en sus artículos 222 y 177, establecen unos mecanismos de tutela automática para las situaciones de desamparo en las que no se discrimina en razón ni de la nacionalidad ni mucho menos de la raza u otras circunstancias que pudiesen ser obstáculos para un desarrollo de sus derechos subjetivos y de su defensa jurídica. Es una consideración entre otras tantas más. Como entendemos que lo fundamental del núcleo de esta proposición radica en la mejora de la asistencia jurídica, señor presidente -y entiéndaseme en términos parlamentarios-, superando en cierto sentido la enmienda del Partido Popular, hemos propuesto una enmienda transaccional para que sea considerada por todos los grupos de esta Comisión en la que decimos literalmente... (La señora Navarro Casillas: Tú propones una enmienda y yo la transaccional.)

El señor PRESIDENTE: No voy a encargar una pericial para descubrir la paternidad de la enmienda, pero espero que el debate nos permita ilustrarnos a todos

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sobre las correcciones, sugerencias, matizaciones, etcétera, que siempre serán colectivas.


El señor GALACHE CORTÉS: Para alegría de todos diremos que hemos trabajado en una transaccional, de la que ahora me ocupo, en la que pretendemos aunar los intereses más deseables de protección para su oportuna mejora, y esa enmienda que hay ahora en la mesa es para la que solicito el apoyo unánime de esta Comisión porque entendemos que acoge el espíritu de la proposición, si bien pormenorizando y detallando los puntos y elementos más dignos de consideración.


El señor PRESIDENTE: Ahora la señora Navarro se va a pronunciar, si lo desea, sobre las enmiendas, sugerencias y correcciones propuestas fruto del debate. Pronunciada la señora Navarro, si hubiere lugar, por supuesto podrá intervenir la señora Lope Fontagne y el señor Galache si tuviera algo que decir. Señora Navarro, tiene la palabra.


La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda original del Grupo Socialista y la enmienda original del Grupo Popular son harto similares, de hecho incluso me sorprendió el tenor literal de la enmienda del Grupo Popular porque hablaba de realizar un estudio, que parece un lenguaje más típico del grupo que apoya al Gobierno. En cualquier caso, con el objetivo de llegar a un acuerdo por unanimidad en un tema tan relevante, propongo una enmienda transaccional en la que se recoge tanto la demanda del Grupo Popular como la del Grupo Socialista, añadiendo un segundo punto que viene a ser un resumen del conjunto de recomendaciones que se plantean en la proposición no de ley. Es que, al margen de los estudios que se considere interesante realizar, de manera inmediata se incrementen los medios materiales y personales con el objeto de garantizar la adecuada asistencia jurídica a los ciudadanos extranjeros, pues es una cuestión que manifestó el informe del Defensor del Pueblo y, por tanto, debe ser atendida con la mayor urgencia posible sin que sea necesario realizar todos los informes que proponen tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista. Por eso espero que, siendo una transaccional que recoge las inquietudes de todos, tenga el voto favorable de todos los grupos.


El señor PRESIDENTE: Señora Fontagne.


La señora LOPE FONTAGNE: Apoyaremos esta enmienda transaccional que nos parece muy correcta y solamente quiero decir a la señora Navarro que el Grupo Popular quiere que las reformas de todas las leyes se hagan de una manera, como he dicho, seria y rigurosa y pediremos todos los estudios que sean necesarios para conseguir este fin.


- SOBRE CREACIÓN DE UNA LEY DE MEDIACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001566.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate sobre la proposición no de ley referida a la creación de una ley de mediación, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y hay dos enmiendas además, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para la defensa de la proposición no de ley tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Durante la tramitación de la reforma del Código Civil todos los grupos parlamentarios manifestaron el reconocimiento de la implantación en nuestra sociedad de la mediación como mecanismo de solución de conflictos, y todo ello a pesar de carecer de regulación jurídica a nivel estatal. También la Unión Europea, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, formuló una recomendación en la que se establece, se insta, se recomienda a los gobiernos de los Estados miembros a promover la mediación familiar y a reforzar la mediación familiar ya existente. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.)

De este modo, nos encontramos con que en el ámbito territorial español no existe una ley estatal pero sí que existen diversas leyes y reglamentos de ámbito autonómico que recogen esta solución de conflictos que, como digo, cada vez va implantándose más en nuestra sociedad, y por lo tanto, debería existir una normativa estatal para establecer la mediación familiar como eficaz y extendido sistema de resolución alternativa de conflictos en el ámbito familiar que comprenda toda su variable extrajudicial como la propiamente judicial o intrajudicial. En la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se prevé en la exposición de motivos, como en alguno de los puntos de su articulado, la necesidad de dar a las partes esta posibilidad de llegar a un acuerdo antes de proceder a la apertura y continuación del trámite judicial, y con esta justificación, como decía, la tramitación parlamentaria , de la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se acordó, con el apoyo unánime mediante una transaccional a una enmienda presentada por Izquierda Unida-Iniciativa, incorporar una disposición final en la que se obliga al Gobierno a elaborar una ley de mediación.


Han transcurrido más de dos años desde la entrada en vigor de esta reforma sin que hasta la fecha el Gobierno haya iniciado los trámites legislativos para dar cumplimiento al mandato contenido en esta disposición final tercera. Es, por tanto, urgente que se remita a esta Cámara un proyecto de ley sobre mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la

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Unión Europea y, en todo caso, en los de voluntariedad e imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados en las distintas comunidades autónomas que se han avanzado en este sentido.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): A esta proposición se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Juanes.


La señora JUANES BARCIELA: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición en relación a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que solicita, como bien es sabido, la creación de una ley de mediación, y antes de entrar en la naturaleza estricta de este turno, que es la defensa de la enmienda, permítanme explicarles por qué motivos el Grupo Socialista no puede apoyar en sus términos literales la iniciativa presentada por Izquierda Unida.


Sus señorías conocen que el creciente interés por la mediación familiar tiene su reflejo en Europa en la recomendación de 21 de enero de 1998 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, como bien ha dicho la representante de Izquierda Unida, en ella se insta a los gobiernos de los Estados miembros a adoptar todas las medidas que consideren necesarias para asegurar la puesta en marcha para la promoción y utilización de la mediación familiar como medio apropiado para la resolución de los conflictos familiares. Puedo decir que esta recomendación ha sido la que ha inspirado uno de los compromisos electorales del Partido Socialista con los que nos presentamos a las elecciones de marzo de 2004.
Concretamente en materia de familia en nuestro programa se expone que implantaremos servicios de mediación familiar. Supongo que también responde al programa electoral de otras formaciones políticas en esta materia.


Por tanto, nosotros compartimos las consideraciones de esta recomendación que se cita en esta proposición no de ley, pero esta conformidad no cabe extenderla a extremos del todo ajenos a un servicio de mediación familiar como pudiera ser la implantación de una mediación preceptiva o la denominada mediación judicial o intrajudicial que sugiere esta proposición en su párrafo final. Es cierto que la actividad mediadora todavía no tiene tradición en nuestro ordenamiento jurídico español, pero ya se ha revelado como un mecanismo eficaz para solucionar extrajudicialmente conflictos en las relaciones de pareja, paternofiliales y en general en las discordias familiares y las relaciones de convivencia.


Cualquier observador que se mueva en el campo de la aplicación práctica del derecho de familia habrá detectado que en los últimos tiempos algo se mueve en esta parcela del derecho. Tras más de veinte años de la vigencia de la Ley 30/81, comienza a abrirse paso la idea de que es necesario un profundo cambio en la forma de abordar la solución jurídica de los conflictos familiares. Hasta la Ley 15/2005, como bien ha dicho la representante de Izquierda Unida, la mediación familiar carecía de un marco jurídico, con esta ley la mediación familiar ya tiene un respaldo legal a nivel estatal. Dicha norma, además de la declaración programática general contenida en la exposición de motivos, ha modificado la disposición final primera, tres, el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo una nueva regla en la que se establece que las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del proceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4 de esta ley, para someterse a la mediación.


Igualmente, como bien ha dicho también la representante de Izquierda Unida, la disposición final tercera establece que el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de mediación basado en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las comunidades autónomas. Esta previsión es la consecuencia de las referencias que la misma ley hace a la puntual intersección entre el proceso judicial y el mecanismo de mediación, calificando claramente y en todos los casos los servicios de mediación como voluntarios. Por eso consideramos que en esta materia es esencial mantener los límites del debate claramente establecidos y no sembrar ningún tipo de confusión, y tal y como está redactada esta proposición no de ley nos genera confusión. Todos sabemos que la estructura del ordenamiento jurídico español permite a las comunidades autónomas legislar en esta materia. Varias comunidades autónomas ya han promulgado leyes sobre mediación familiar, en Cataluña la Ley 1/2001, de 15 de marzo; en Galicia la Ley 4/2001, de 31 de mayo; en la Comunidad Valenciana la Ley 7/2001, de 26 de noviembre; en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León y en Baleares. Las notas que caracterizan esta mediación familiar en las distintas comunidades autónomas coinciden con el respeto a esos principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. Por tanto, la mediación se corresponde con las competencias que las comunidades autónomas ejercen legítimamente en sus ámbitos de atribución de bienestar social, de protección social, de asistencia social.


La legislación civil y la legislación procesal son competencia exclusiva del Estado, pero mientras se reconduzca la mediación a su ámbito de asistencia social, sin interferencias contraproducentes con la resolución judicial de conflictos, no cabe que esa sea la vía regulatoria de esta materia. Si bien es cierto que la Ley 15/2005 regula la mediación familiar como un procedimiento extrajudicial sin atribuirle en ningún caso efectos procesales, cuya competencia, según el artículo 149.1.6 de la Constitución española, corresponde en exclusiva al Estado, la mediación constituye un procedimiento complementario y no alternativo al sistema judicial de resolución

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de conflictos, por lo que es totalmente respetuoso con el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva.


De acuerdo con los motivos expuestos, y aunque no resulte procedente que la discusión de una hipotética ley de mediación tuviera como foro esta Comisión de Justicia, dada la manifiesta incoherencia de la materia a tratar con el ámbito de competencia, consideramos que lo más importante en relación con este tema está no solo en la necesidad de encontrar mecanismos rápidos y flexibles y menos costosos que eviten el colapso en las oficinas judiciales, sino también en la necesidad de potenciar la autonomía privada en el intento de conseguir una menor crispación, y aunque pensemos que no es adecuada la toma en consideración de esta proposición no de ley por los motivos enumerados, y singularmente por la pretensión de establecer una mediación judicial o intrajudicial, mecanismo que no se justifica con el proceso de disolución del vínculo matrimonial establecido por la nueva regulación del divorcio, aprobada en el año 2005 por iniciativa de este Ministerio de Justicia, sin embargo, como creemos que es conveniente que se apruebe una futura ley de mediación de ámbito estatal, anunciada por esta reciente Ley 15/2005, que armonice la dispersión normativa existente y establezca con claridad los principios que la rigen, la preparación requerida a los profesionales y otras cuestiones, es por lo que proponemos la siguiente enmienda, que creo que recoge cierto espíritu de la proposición de Izquierda Unida y además creo que hay determinadas cosas que no se pueden hacer de manera precipitada y contrarreloj. La enmienda quedaría redactada del siguiente modo: El Congreso insta a la Gobierno a iniciar, a la mayor brevedad posible, los trámites... Y el resto quedaría igual.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra por el Partido Popular doña Ana Torme.


La señora TORME PARDO: En primer lugar, quiero señalar que desde el Grupo Parlamentario Popular compartimos el objetivo y también la filosofía que sustenta esta iniciativa presentada por la señora Navarro.


En principio parecería referirse exclusivamente a la mediación familiar, aunque en el petitum que se dirige al Gobierno no hace sino reproducir literalmente la disposición final tercera de la Ley 15/2005, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento en materia de separación y divorcio. Esa disposición final tercera señala exactamente que el Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación -dice mediación, no la califica como familiar- basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea y en todo caso en los de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las comunidades autónomas. Es decir, recoge literalmente en sus mismos términos la disposición final tercera de esta ley.


Nosotros compartíamos la redacción de esa disposición final tercera, en realidad íbamos mucho más allá porque nosotros lo que hacíamos en nuestras enmiendas a este proyecto de ley es establecer unos plazos rigurosos, en concreto en una de nuestras enmiendas hablábamos de tres meses en los que el Gobierno debería remitir este proyecto de ley de mediación. Por tanto, el petitum de esta proposición no de ley es plenamente compartido, lo que pasa es que nos parece que demuestra también una falta de compromiso al no establecer un plazo que sea corto, que sea riguroso y que verdaderamente comprometa al Gobierno.


Si ya entonces, cuando se tramitó esta Ley 15/2005, hablábamos nosotros de tres meses y, como señala la autora de la iniciativa, han pasado bastante más ya de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un plazo razonable en el que el Gobierno podía haber remitido este proyecto a la Cámara, a ello añadimos que queda por delante como muchísimo un último periodo de sesiones en esta legislatura, con lo cual, para que esta iniciativa tenga sentido, sirva de algo, desde luego tendríamos que recortar ese plazo de seis meses que aparece en el petitum de la señora Navarro, porque, porque si nos vamos a ese plazo de seis meses está claro que, o las Cortes se han disuelto ya o si no estamos a falta de muy poco tiempo para que ello ocurra. Por eso mismo entendemos también que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista demuestra una falta absoluta de compromiso, porque se habla no ya de remitir a la Cámara un proyecto de ley de mediación familiar, sino de instar al Gobierno a que inicie en el plazo de seis meses -es decir, cuando se haya acabado ya la legislatura- los trámites para elaborar un proyecto sobre mediación. La verdad es que nos parece que esto es una tomadura de pelo.


La portavoz socialista señalaba en su intervención que el principal argumento para que no pueda aprobar en sus términos la proposición no de ley que hace el Grupo de Izquierda Unida es que genera una gran confusión. Yo he leído esta iniciativa y, desde luego, confusión, ninguna, se ven claramente cuáles son los beneficios de la mediación familiar, cuáles son las recomendaciones de la Unión Europea en aras a que los Estados miembros regulen esta materia, y además se establece un plazo muy razonable, a mi juicio muy laxo, porque si no en esta legislatura no tendría ninguna virtualidad. Pero es que además señalaba también al final de su intervención la portavoz socialista que no se puede abordar una cuestión como esta de forma precipitada y creo que decía a contrarreloj. Cuando ha habido un debate sobre la ley que se aprobó en 2005, en el que se abordaba esta cuestión, cuando hay esa disposición final que emplaza al Gobierno a que remita a la Cámara esto, no podemos hablar en estos momentos de que se aborde una regulación de forma precipitada, ha habido tiempo más que suficiente.


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Por otra parte, en estos momentos se está tramitando otro proyecto de ley que ha remitido aquí el Gobierno, el proyecto de ley en materia de jurisdicción voluntaria, y hay que tener en cuenta que la mediación sin duda es un procedimiento típico de jurisdicción voluntaria, un procedimiento de lo que al ministro actual, el señor Fernández Bermejo, le gusta denominar como justicia preventiva, y es que es cierto que la mediación desde luego es un buen sistema para poder resolver conflictos entre las partes y de esta manera evitar litigios. Resulta curioso, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, que cuando la comisión de codificación que se encargó de elaborar el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria lo estudió, comisión de codificación constituida por expertos que fueron nombrados por consenso, estos consideraron que era necesario incluir la mediación dentro del articulado del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Estaba en fase de anteproyecto estaba, y así se remitió a informe de los órganos oportunos, sin embargo, sin saber ni cómo ni porqué, el Gobierno lo quita del articulado y aprueba un proyecto de ley en el que ya desaparece la regulación de la mediación.
Nosotros no lo entendemos y desde luego nos parece que no tiene ningún sentido, por eso presentábamos una enmienda en la que instábamos al Gobierno a que en la sucesiva tramitación parlamentaria pueda solicitar, por ejemplo, del grupo que lo sustenta en el Senado que presente las enmiendas oportunas para que se recupere la mediación en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Yo quiero emplazar aquí también a los ponentes de los distintos grupos parlamentarios para que mañana, que se vuelve a reunir la Comisión de Justicia para dictaminar este proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, reflexionen sobre enmiendas presentadas que podrían permitir recuperar la mediación en este proyecto de ley. Hay varias enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; de hecho, nosotros introducimos un nuevo capítulo, el capítulo II del título III, creo, con un articulado que regula la mediación, desde el ámbito de aplicación, designación de mediación, los distintos supuestos, incluso otra enmienda donde remitimos también a la elaboración por parte del Gobierno de un estatuto jurídico del mediador. Yo creo que mañana, si no hoy, podríamos desde luego tomar una decisión comprometida e instar al Gobierno a que remita este proyecto de ley en un plazo que realmente sirva de algo, antes de que acabe esta legislatura. Es una forma desde luego de demostrar que hay un compromiso decidido, como ha querido manifestar la portavoz socialista, pero no sería en ningún caso ni precipitado ni contrarreloj cuando ya el propio Grupo Socialista ha señalado que lo llevaba en su programa electoral. Ya han pasado más de tres años, de manera que no puede considerarse precipitado cuando figura en su programa electoral, cuando ha tenido distintas oportunidades en la tramitación parlamentaria. Yo creo que hoy sería una forma de demostrar que verdaderamente hay un apoyo decidido a la mediación. Si no se tiene en cuenta nuestra enmienda, pediría que por lo menos la ponente pudiera ofrecernos una transaccional en la que redujéramos los plazos y nos comprometiéramos a que en esta legislatura entrara ese proyecto, y en todo caso yo emplazo a los ponentes a que mañana puedan recuperar esas enmiendas con las que regularíamos la mediación dentro de la jurisdicción voluntaria, porque aquí se ha dicho, y lo comentaba la ponente socialista, que lo que podría ser confuso es que haya un proceso de mediación judicial y otro proceso de mediación extrajudicial. En la iniciativa que presenta la señora Navarro lo que propone es que el Gobierno remita una mediación familiar completa, que tenga en cuenta ambas partes, el proceso extrajudicial y judicial. Nosotros contemplaríamos en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, al menos para todos los litigios entre partes, que se incluyera esta regulación de la mediación judicial, que nos parece desde luego un avance fundamental. En consecuencia, emplazo a que podamos llegar a un texto transaccional que verdaderamente nos vincule y seamos serios y no hagamos aquí un brindis al sol, y por otra parte a que mañana se puedan aprobar estas enmiendas y regulemos la mediación en el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): La señora Navarro tiene la palabra para fijar definitivamente su posición.


La señora NAVARRO CASILLAS: Respecto a la enmienda del Grupo Popular, efectivamente se trata de una petición que, hoy por hoy, carece de sentido porque no podemos instar al Gobierno a que incluya algo en un proyecto de ley que está en esta Cámara y que mañana se aprueba en Comisión. Más allá de lo que mañana vayamos a hacer los grupos parlamentarios o no, yo me comprometo a estudiar con todo el cariño y el aprecio las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, pero en cualquier caso se trata de una proposición no de ley de instancia al Gobierno y no me parece pertinente.


Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, a esta portavoz le llama la atención no solo que le genere confusión la disposición adicional tercera de una ley aprobada por esta Cámara que insta al Gobierno a un mandato muy expreso, muy concreto, que se ha incumplido y cuyo incumplimiento es el que origina esta proposición no de ley, sino también la enmienda en la que se establece un plazo de seis meses, porque efectivamente en seis meses esta legislatura está agotada y, por lo tanto, estaríamos más que fuera de plazo. Es por ello que propongo una transaccional respecto a la enmienda del Grupo Socialista que, excepto en el plazo, prácticamente viene a recoger las inquietudes manifestadas por la iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa, cambiando el plazo de seis meses por el de "a la mayor brevedad posible". Si la enmienda transaccional es aceptada por parte del Grupo Socialista, se votaría a favor, al parecer, por todos los grupos.


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El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿La diputada señora Juanes quiere intervenir para fijar también su posición brevísimamente? Tiene la palabra.


La señora JUANES BARCIELA: El Grupo Socialista acepta la transaccional presentada por Izquierda Unida.


- SOBRE MEDIOS MATERIALES EN LOS PROCESOS JUDICIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001638.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día con el punto 7.º: Proposición no de ley sobre medios materiales en los procesos judiciales, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: El artículo 147 de la LEC resulta de aplicación supletoria en el proceso laboral contencioso y en el penal y establece que las vistas y actuaciones orales se grabarán en soporte de imagen y sonido bajo fe del secretario judicial. La realidad es que la mayoría de los juzgados y salas de lo Contencioso, de lo Social, de instrucción, de lo Penal, no tienen medios de grabación y reproducción, en la práctica, por tanto, no se ha dado cumplimiento a dicho precepto, salvo en la jurisdicción civil, lo que está suponiendo un agravio y una anomalía con respecto a las demás jurisdicciones y generando un perjuicio a la labor profesional de todas las partes implicadas en el proceso correspondiente porque carecen del acta literal y fidedigna, que es la aspiración que tenía que recoger este precepto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Entendemos que es necesario ofrecer un servicio público de calidad que garantice la correcta defensa de sus derechos en todos los procesos judiciales, y por tanto instamos al cumplimiento de este mandato, es decir que en todos los órdenes jurisdiccionales se pueda dar la reproducción, la grabación de las actas de las vistas y de todas las actuaciones orales, conforme se recoge en el 147 de la LEC. Ese es el objetivo, que se dé cumplimiento sencillamente a un precepto legal que así lo recoge y se garantice, por tanto, el derecho de defensa de todas las partes en los procesos judiciales.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existen dos enmiendas a esta proposición no de ley, una del Grupo Socialista, de la que es autora doña Carmen Juanes, y para su defensa y alegación tiene la palabra.


La señora JUANES BARCIELA: Conste que ante algunos comentarios de la representante de Izquierda Unida he sentido cierta identificación, y antes de volver a entrar en la naturaleza estricta de este turno, que es la defensa de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, voy a explicar por qué motivos el Grupo Socialista no puede apoyar literalmente la iniciativa presentada por Izquierda Unida.


Para nosotros lo más importante en relación con este tema es que se dé un servicio público de justicia eficaz y eficiente, y una de las obligaciones de la Administración de Justicia es precisamente ofrecer un servicio público de calidad protegiendo los derechos y las garantías de los ciudadanos y garantizando un derecho constitucional como es la tutela judicial efectiva. Creo sinceramente que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha dado un paso hacia adelante en la puesta al día de las normas procesales, donde además de apostar por la introducción de medios informáticos y telemáticos en el proceso judicial, regula la grabación audiovisual de las vistas y comparecencias, haciendo expresa referencia en su artículo 147 a la utilización en los juzgados y tribunales de sistemas de grabación y reproducción de sonido e imagen al objeto de documentar en dicho soporte los juicios.


Superadas las dificultades innatas a la introducción de equipos ajenos a la experiencia y formación del ámbito jurídico, puede decirse que la aplicación de esta nueva técnica ha sido asumida sin traumas. Al margen de que en ocasiones haya habido fallos y que las diversas administraciones encargadas de atender esa exigencia legal hayan optado por sistemas heterogéneos, lo cierto, como dice bien la representante de Izquierda Unida, es que la ventaja de este sistema es innegable, las ventajas de sustituir un acta resumida del secretario, que puede tener lagunas ante la imposibilidad física de recoger las manifestaciones de forma íntegra a la velocidad que se producen. Por tanto, es evidente que, por muy cuidadosa que sea la redacción del acta, por esforzado que sea el empeño en recoger cuanto acontece, un acta no es más que la percepción de un intermediario respecto a lo sucedido, mientras que el sistema de grabación audio/video facilita apreciar lo realmente sucedido. Con este sistema es cierto que se ha mejorado de forma evidente la constatación de cuanto sucede en vistas y juicios y además se facilita así a los litigantes un instrumento fidedigno respecto a las manifestaciones de partes, testigos y peritos y de cuanto acontece en el discurrir de las actuaciones judiciales que se verifican en las salas de vistas de los juzgados y tribunales. Esta infraestructura, por tanto, permite un avance tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, los jueces que han de dictar sentencia disponen de un sistema que les permite apreciar con seguridad y rigor lo acontecido durante el desarrollo del juicio, y esa mayor seguridad jurídica alcanza también a los tribunales colegiados encargados de revisar las actuaciones de los juzgados de instancia a través del sistema de recursos.


Estas ventajas pueden extenderse, es cierto, a otros órganos jurisdiccionales aprovechando esa experiencia de la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Como bien ha dicho también la representante de

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Izquierda Unida, es admisible en tanto que esa norma tiene carácter supletorio de las disposiciones que disciplinan la actuación de los tribunales en los órdenes penal, contencioso-administrativo y laboral, pero conviene recordar sobre esta cuestión la relativa a la grabación de las vistas. Actualmente está en tramitación el proyecto de Ley orgánica por el que se adapta la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reforma el recurso de casación y se generaliza la doble instancia penal. La nueva regulación contempla precisamente la extensión de la grabación a todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a las salas de vistas de los instrumentos precisos para tal finalidad. Creo sinceramente que para todos los grupos parlamentarios resulta evidente la necesidad de incorporar las posibilidades tecnológicas del presente. Será, por tanto, a través de la aprobación del referido proyecto de ley como se haga efectiva la petición que la proposición no de ley contiene, y ese es el sentido de la enmienda que presenta el Grupo Socialista, estas son las razones por las que pedimos el voto favorable a esta enmienda y le pedimos al grupo proponente que la acepte.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existe también, como decíamos, una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra don Carlos Salvador Armendáriz.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Voy a intervenir brevemente para comentar nuestra enmienda. La proposición no de ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida pretende -dice textualmente- dotar de los medios técnicos necesarios a los juzgados y tribunales para que en el proceso laboral, contencioso-administrativo y penal se posibilite la grabación, reproducción de las actas literales de las vistas y actuaciones orales, conforme recoge el artículo 147 de la ley para la jurisdicción Civil, y con carácter subsidiario para el resto de las jurisdicciones. Es difícil posicionarse en una situación que no sea el sí, porque lo cierto es que efectivamente lo que pretende es una mejora, y es tan genérica, o en su texto es tan general que se hace difícil optar por otra posición. Sin perjuicio de ello, nosotros lo que consideramos es que podía perfectamente haberse aprovechado en este trámite, haber mejorado el contenido de la propuesta y haber intentado concretar, porque la propuesta trata de un asunto muy concreto pero nosotros queríamos, y ese era el sentido de nuestra enmienda, haber pasado de la anécdota a la categoría.


El hecho de que efectivamente, por lo menos en este trámite, la portavoz del Partido Socialista no haya alegado extemporaneidad de la proposición indica que efectivamente hay un déficit. Esta proposición tiene como fecha de presentación el 17 de abril de 2006, y yo reproduciría la crítica que me hago a mí mismo como miembro de la Comisión en la medida en que si entonces se presentó, yo creo que deberíamos de ver hasta qué punto los trabajos deberían hacerse de forma más ágil para que efectivamente esta u otras mociones tuvieran su sentido, porque en la medida que están presentadas hace un año y pretendían controlar o instar una serie de medidas, pudiera pasar que al año siguiente de presentadas las veamos y sea al año cuando el Gobierno se comprometa a facilitar en lo posible, in illo témpore, porque siquiera concreta la propuesta cuándo se van a facilitar esos medios para que realmente se elimine este déficit. Este déficit y esta situación, como decía, es una anécdota, y yo creo que se puede reproducir muy bien en esta proposición no de ley la crítica que nosotros advertíamos en anteriores proposiciones no de ley, pasa lo que pasa también en esta cuestión porque no hay un compromiso claro y porque hay una nula voluntad política de poner en marcha la oficina judicial, y esa es nuestra crítica. Ya en su día enmendamos los presupuestos para que se mejorara en bienes, en equipos, en medios técnicos, en retribuciones, hemos hablado de los emolumentos en la anterior proposición, y efectivamente lo que nosotros valoramos es que no se están dando los pasos concretos. Hemos tenido dos ministros, hemos tenido tal vez mucha palabrería, pero no hemos tenido una voluntad de consenso con los grupos, una voluntad activa de hacer lo que ya en su día se pensó que era lo correcto, que era poner en marcha y articular correctamente la oficina judicial. Esto puede ser la punta del iceberg de un problema, de una enfermedad mucho más grave, y es que no está funcionando y no se ponen los medios oportunos y no se adquiere el compromiso político para que entre todos de manera consensuada echemos a rodar algo que en un momento determinado pareció que era la solución para poder modernizar la justicia, para que tuviera más calidad y para que fuera más ágil.


Nosotros en nuestra enmienda lo que hemos pretendido es sumar a ese texto, que consideramos un cierto brindis al sol porque es muy general y al que no nos podemos obviamente oponer, la petición de que efectivamente haya un compromiso cierto en los Presupuestos Generales del Estado de este año para modernizar y para implementar la oficina judicial, que nos parece que efectivamente es lo que se debe de hacer para que se solucione el problema globalmente y no se den estos casos puntuales, porque nosotros compartimos la denuncia que se hace por Izquierda Unida.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): La señora Navarro tiene la palabra para fijar definitivamente su posición.


La señora NAVARRO CASILLAS: Respecto a la enmienda del Grupo Popular, he de decirle no es ninguna anécdota lo que se está pidiendo y que se trata de una petición específica con el objetivo de que se cumpla y se lleve a cabo, porque las peticiones genéricas suelen caer en saco roto, y entendemos que la propuesta que se nos hace se trata nada más que de eso, de una propuesta

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muy genérica y que en cualquier caso se ha de resolver en la tramitación de los próximos presupuestos.


En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, les ofrecemos una transaccional con el objetivo de que se establezca un compromiso cierto de facilitar las medidas de grabación de las vistas en todo tipo de procesos, por lo tanto, recoger expresamente lo siguiente: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar la intervención de las partes en todo tipo de procesos mediante medidas como la grabación de las vistas", y continúa igual que el resto de la enmienda del Grupo Socialista en la que se hace referencia a la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero entendemos que lo interesante es ese mandato expreso, concreto, para solventar un problema que hoy día se está dando en el día a día en nuestros tribunales.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿El Grupo Socialista acepta la enmienda?

La señora JUANES BARCIELA: Aceptamos la enmienda transaccional de Izquierda Unida.


- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001821.)

El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Punto 11 del orden del día: Proposición no de ley sobre la modificación del reglamento del Registro Civil, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y en su nombre vuelve a tener la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: Se trata de nuevo de una iniciativa muy concreta para solventar un problema que hoy día están padeciendo los ciudadanos y que tiene una fácil resolución.


El reglamento del Registro Civil indica que el Registro Civil competente para la inscripción de defunciones es el municipal o consular del lugar donde se produce la muerte. Ocurre a menudo que las personas que residen en municipios en los que no hay hospital fallecen en un municipio en el que no están inscritas y, por lo tanto, tienen que inscribir la defunción en un municipio distinto de donde residen, en concreto en el municipio donde se halla el centro hospitalario. Esta circunstancia comporta numerosos inconvenientes a familiares, a herederos, cuando tienen que solicitar los certificados de defunción, porque tienen que desplazarse, sufren demoras en el procedimiento y además se produce una congestión de los registros civiles que están sitos donde reside el centro hospitalario.


Con el objetivo de facilitar la vida a los ciudadanos, de facilitar las gestiones que tienen que realizar y descongestionar estos registros civiles que están sitos donde se hallan los centros hospitalarios, se presenta esta iniciativa instando al Gobierno a que adopte las medidas que correspondan para modificar el reglamento del Registro Civil para que se puedan realizar las inscripciones de la Sección tercera, defunciones, en el Registro Civil municipal correspondiente al domicilio del difunto, que parece que es lo más lógico y, como digo, facilitaría la vida de los ciudadanos en sus gestiones respecto al Registro Civil, que ya son bastante duras, bastante complejas, ya encuentran bastantes problemas en esta relación ciudadano usuario del Registro Civil.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): A esa proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. La autora de la enmienda del Grupo Socialista es doña Ester Couto, para cuya defensa tiene la palabra.


La señora COUTO RIVAS: Esta proposición no de ley fue debatida ya en esta Comisión de Justicia y estábamos y estamos de acuerdo en que es una modificación de necesaria valoración.


Voy a iniciar mi intervención con una frase que utilicé en aquella Comisión: allí donde no se acierta a integrar una determinada situación dentro de un contexto con sentido comienza el sufrimiento, y es sabido que la inseguridad, el desconcierto del entorno y la falta de referencias conocidas generan más sufrimiento, sensación de desamparo y molestias.
Esta modificación no solo afecta al acto administrativo de la inscripción de la defunción, tiene además un componente humano cargado de sufrimiento, pues afecta a una realidad tan dolorosa como es la pérdida de un ser querido. Son muchas las personas que se encuentran o se pueden ver afectadas por esta realidad, ya que la propia dinámica de la sociedad y la ubicación de los centros hospitalarios, fuera en muchos casos del área de residencia, originan con frecuencia estas situaciones. No estamos hablando de una modificación novedosa, pues ya tiene un precedente en relación a los nacimientos en la modificación del artículo 16, en su párrafo segundo, realizada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, en cuyo contenido no voy a incidir pues ya se ha mencionado en otra Comisión.


Si el objetivo político de acercar la justicia al ciudadano para lograr una justicia más cercana y eficaz es un objetivo necesario en una sociedad como la nuestra, este objetivo tiene mucho más sentido en una situación como la que se trata en esta proposición no de ley. La dirección general no ve ningún inconveniente en estudiar la modificación del artículo 16, pues cualquier medida que redunde en mejorar la actuación de los registros civiles en su relación con los ciudadanos debe ser objeto de valoración y estudio, y por ello presentamos la siguiente enmienda de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la modificación del

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artículo 16 de la Ley de Registro Civil para posibilitar la práctica de las inscripciones de defunción en el Registro Civil municipal correspondiente al domicilio de la persona difunta.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para la defensa de su correspondiente enmienda tiene la palabra doña Pilar González en nombre del Grupo Popular.


La señora GONZÁLEZ SEGURA: La proposición presentada persigue instar al Gobierno a que adopte las medidas que corresponda para modificar parcialmente el reglamento del Registro Civil para que se puedan realizar las inscripciones de la sección tercera, defunciones, en el Registro Civil municipal correspondiente al domicilio del difunto. Antes de entrar en el fondo del asunto, decir que creemos que por error de transcripción se hizo constar en el texto de la proposición no de ley una referencia a la sección tercera cuando debería referirse al título III, sección primera, del reglamento del Registro Civil, que es precisamente donde se regula la competencia de los registros, por ello hemos presentado la oportuna enmienda de modificación a fin de instar la subsanación del referido error.


El reglamento del Registro Civil, y más concretamente su artículo 68, establece que los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el registro municipal o consular del sitio en que acaezcan, cualquiera que sea el domicilio de los afectados, como ya se ha dicho. Siendo esta la situación, acogemos con satisfacción la iniciativa sometida a debate, toda vez que su aprobación y posterior desarrollo facilitaría de manera ostensible la tramitación de numerosas gestiones que precisan de la oportuna partida o certificación de defunción, sobre todo en los pequeños núcleos urbanos y también en los territorios fragmentados, como pueden ser Canarias o Baleares. La aprobación de esta iniciativa evitaría, por ejemplo, que los habitantes del sur de Fuerteventura, isla en la que reside esta diputada, se tengan que trasladar a más de 120 kilómetros para obtener el certificado de defunción de un familiar fallecido en la capital, que es el lugar donde se encuentra el único centro hospitalario de esta isla.


Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto, mi grupo parlamentario considera que la proposición no de ley podría haber sido un poquito más ambiciosa y podría haber ido un poquito más allá en la percepción y en la detección de la realidad que viven los españoles de gran parte de nuestro territorio, toda vez que la misma situación antes referida en relación con las defunciones se vive en relación con las inscripciones de los nacimientos. Vuelvo a poner como ejemplo aquello que por cercano me resulta más conocido, y es que en Fuerteventura las mujeres no solo deben trasladarse en ocasiones a más de 100 kilómetros para dar a luz en el único hospital existente, sino que, por si eso fuera poco, si quieren evitar el dolor del parto deben trasladarse a otra isla porque, por increíble que parezca, y también a pesar de la igualdad de todos los españoles consagrada en nuestra Constitución, en Fuerteventura todavía no se administra la anestesia epidural. De esta forma, numerosas familias con residencia en Fuerteventura se ven forzadas a trasladarse, por ejemplo, a Gran Canaria para poder obtener el certificado de nacimiento de sus hijos.


Por todo ello, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a fin de que se puedan practicar las inscripciones de los nacimientos en el registro civil municipal correspondiente al domicilio del nacido, enmienda que esperamos que sea aceptada por el grupo proponente.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Concedemos la palabra al proponente para que nos ilustre.


La señora NAVARRO CASILLAS: Me informan que respecto a los nacimientos no existe ya ese problema, y respecto a las defunciones, dado que la enmienda del Grupo Socialista insta al Gobierno a estudiar, consideramos conveniente introducir "a la mayor brevedad" para que se solvente una situación que no requiere de mucho estudio sino que no es más que realizar rápidamente esta modificación porque la lógica conduce a ello sin necesidad de que se realicen grandes informes al respecto. No es más que solventar un problema muy concreto.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señora Couto.


La señora COUTO RIVAS: Aceptamos la referencia que hace "a la mayor brevedad".


- SOBRE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/002124.)

El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos el orden del día y pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 17, sobre la autorización judicial de menores, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra doña Isaura Navarro.


La señora NAVARRO CASILLAS: La ley establece una serie de limitaciones y un control judicial que tienen como objetivo salvaguardar los derechos de los menores cuando estos son titulares de bienes. En ocasiones lo que ocurre es que estas restricciones, que deben soportar también los padres y tutores cuando actúan de buena fe en interés del menor, se traducen en ciertas excepciones a la representación legal, la exclusión de determinados

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bienes y limitaciones a los padres o tutores para disponer de los bienes de los menores. Son numerosas las ocasiones en que los padres o tutores que se encontraban en esta situación se han dirigido a este grupo parlamentario para que presentáramos iniciativas con el objetivo de lograr una solución favorable que evitara este obstáculo que significa recabar la autorización judicial, porque implica el uso de un tiempo que puede confluir finalmente, más que en una garantía para el menor, en entorpecer y perjudicar la gestión eficaz de su patrimonio, como ha ocurrido en diversas ocasiones en la práctica. Es por eso que, con el objetivo de trasladar esta inquietud al Gobierno para que ejecute una solución al respecto, se presenta esta proposición no de ley para que se proceda a eliminar los obstáculos que lleva consigo la autorización judicial a través de procedimientos más ágiles y menos costosos o mediante la intervención de organismos públicos especializados en atención o defensa de los derechos de los menores.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Sobre esta proposición existe una enmienda del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Pilar López.


La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: La proposición presentada sobre la modificación del artículo 166 del Código Civil respecto a la disposición de bienes de menores plantea la oportunidad legislativa de simplificar el régimen de venta omitiendo la autorización judicial, acortar los plazos de enajenación, al considerar que el sistema actual puede entorpecer e incluso perjudicar la gestión de bienes de los menores. Es cierto que el control judicial de los bienes de menores es una constante en nuestro sistema civil. No obstante, y dado que en los años ochenta se incrementa notablemente esta intervención, cabe plantear si no sería oportuno, ante las dilaciones que necesariamente se producen en los juzgados y la intervención obligada de profesionales en el proceso, abrir vías que agilizaran este proceso, sin merma de la seguridad para el menor y sin perjuicio de la superior intervención del juez como controlador final del proceso.


La tendencia en otros ordenamientos civiles del Estado, como el código de familia catalán o la ley aragonesa, tienen el objetivo de coordinar el control judicial con otras disposiciones que pudieran ordenar los bienes adquiridos por el menor, se trataría de permitir mediante una modificación del Código Civil que el testador, en instrumento de última voluntad, pudiera ordenar el establecimiento de medidas de protección y defensa de bienes, de fiscalización e incluso de autorización para la venta, en tal caso no sería necesaria la autorización judicial si además del titular de la representación legal la venta fuera autorizada por parientes en la forma y número que la composición del grupo familiar del menor permita.


Pueden ser exploradas alternativamente otras vías para el caso de que la familia del menor, por ser un núcleo escaso de parientes o por otras razones, como pueden ser inhabilitación, edad o en general falta de capacidad, pudieran apoyarse en organismos administrativos tales como institutos administrativos de mediación familiar, exigiendo el otorgamiento de escritura pública a fin de proceder a un control jurídico de la enajenación. Teniendo en cuenta que el régimen de enajenación de bienes de menores se completa con el sistema previsto para la enajenación de bienes de personas incapaces, en este ámbito merecería especial atención que aún se continúe exigiendo que, además de la autorización judicial, se proceda a la venta en pública subasta. No obstante, la Ley de 28 de noviembre de 2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, derogó... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Ruego silencio para poder continuar con normalidad y con sosiego la Comisión y terminarla dentro de término, por favor, guarden un poco de silencio. Continúe, doña Pilar.


La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Decía que la Ley de 18 de noviembre de 2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, derogó esta exigencia sin que se haya extendido aún a la derogación a casos distintos.


La supresión de la subasta parece necesaria; en cualquier caso, con el fin de respetar una adecuada sistemática del Código Civil, estas reformas deben integrarse en textos legislativos de cierta extensión y calado, a cuyo efecto podría procederse al análisis de las secciones correspondientes del Código y actualizar algunos de sus preceptos, como poderes preventivos, guardadores de hecho, prohibiciones, etcétera. Por eso hemos presentado una enmienda que en síntesis recoge estos preceptos, cuyo texto dice: instar al Gobierno a valorar y a analizar la reforma del Código Civil, que espero que acepte la proponente.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Popular doña Carmen Matador tiene la palabra.


La señora MATADOR DE MATOS: Señoría, como bien ha dicho la portavoz del grupo proponente, esta iniciativa insta al Gobierno a eliminar obstáculos que lleve consigo la autorización judicial, con procedimientos más ágiles y menos costosos, mediante la intervención de organismos públicos. Mi grupo parlamentario piensa que estos actos referidos a menores, como puede ser la disposición de bienes, aceptación de herencias, etcétera, deben llevarse a cabo con todas las garantías necesarias, como es la autorización judicial, que aparece regulada en el artículo 116 del Código Civil. Para nosotros

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esto es un límite y es un control judicial, cuyo fin último es salvaguardar los derechos de estos menores.


Mi grupo parlamentario está de acuerdo en que se adopten y se hagan las modificaciones que sean necesarias para agilizar lo relativo a la autorización judicial; sin embargo, estando en juego los intereses de los menores y, en garantía de estos derechos, la autorización judicial de actos que tengan que ver con la disposición o enajenación de su patrimonio, así como aceptación y renuncia de herencia, no puede ser soslayada, como se pide en esta iniciativa de Izquierda Unida, a nuestro entender.


Es evidente que deben dictarse normas procesales que permitan conseguir dicha autorización en el plazo más breve y menos costoso posible, y la solución que proponemos es señalar que en estos momentos se encuentra en tramitación en esta Cámara el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, donde en el artículo 78 se regulan los expedientes que tienen que ver con estos actos de disposición o gravámenes de bienes o derechos de menores.
Siendo esto así y para evitar la tan criticada proliferación de normas, se podría incluir el supuesto previsto en el artículo 116 del Código Civil, sólo en la parte que se refiere a los actos de renuncia y aceptación de herencia, puesto que los otros supuestos ya están convenientemente recogidos en ese artículo 78.


En este sentido, no estamos de acuerdo con la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista; no vemos la necesidad de modificar ese artículo 116; reiteramos que la autorización judicial no puede soslayarse, es una garantía, es un límite para los menores en este supuesto. Mi grupo parlamentario cree más conveniente -y sería una solución para conseguir esa economía procesal- incluir dentro del proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, como he dicho anteriormente, en el artículo 78, estos supuestos de aceptación y renuncia de herencia y legado, donde se dice en concreto en el capítulo VIII: de los actos de disposición o gravamen de bienes o derechos de menores incapaces, y de la transacción acerca de esos derechos.


Sobre el ámbito de aplicación dice: se aplicarán las disposiciones de este capítulo en todos los casos en que, conforme a las leyes, se exija previa autorización judicial para realizar actos de disposición o gravamen sobre bienes o derechos de menores o incapaces y para transigir acerca de sus derechos. Aquí podría quedar perfectamente incluido lo recogido en el artículo 116, referido a la aceptación o renuncia de herencias y legados.


Por todo ello nosotros lo que sí propondríamos aquí es que, en el trámite del Senado, se pudiera presentar una enmienda donde perfectamente quedara recogido lo dispuesto en el artículo 116, en esta parte de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, puesto que ya ha finalizado el trámite de enmienda, y me imagino que la única opción que queda de poderlo modificar es en el trámite del Senado; por todo ello votaremos en contra de esta iniciativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para fijar definitivamente su posicionamiento la señora Navarro tiene la palabra.


La señora NAVARRO CASILLAS: Se admite la enmienda del Grupo Socialista.


- PARA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN LAS PRIMERAS CATORCE SEMANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/002153.)

El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con el orden del día, y pasamos al punto número 18: proposición no de Ley para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras catorce personas. Es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y en su nombre tiene la palabra doña Carmen García.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Señorías, mi grupo parlamentario trae a debate y consideración una proposición no de ley sobre un tema muy debatido, dentro y fuera de esta Cámara, y que continúa sin una resolución acorde con la realidad existente y también acorde con el respeto a los derechos de las mujeres.


Mucho ha llovido en nuestro país y mucho hemos avanzado en derechos desde que, en el año 1983, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, anunciara la presentación de una ley del aborto que tenía como objetivos la verdadera...


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Por favor, ruego a los señores diputados que para poder terminar sosegadamente los debates mantengamos un poco de silencio, por encima de la cortesía, para finalizar cuanto antes. Continúe en el uso de la palabra, por favor.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Más que nada es que yo misma iba subiendo el tono cada vez más, gracias.


Decía que mucho ha llovido en nuestro país y mucho hemos avanzado en derechos desde que, en el año 1983, el ministro de Sanidad, Ernest Lluch, anunciara la presentación de una ley del aborto que tenía como objetivos la verdadera despenalización del mismo y también las garantías sanitarias para la mujer en su libre decisión. Desde entonces la cronología ha sido extensísima en este tema, no voy a referirme a ella, pero sí puedo decir que desde el año 1983 hasta estos momentos quizá aquí, en la Cámara, como mínimo, habré contabilizado unas cuarenta ocasiones en las que este tema ha salido a debate, o bien en Comisión, o por medio de una interpelación, o de proposiciones de ley, aparte evidentemente

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de por medio de recursos de constitucionalidad, etcétera, etcétera.


Quisiéramos creer que el avance de la sociedad en derechos y libertades civiles que en los últimos años se ha producido se corresponderá, finalmente en esta legislatura, con el avance también en la asignatura pendiente más importante para las mujeres en nuestro país, que es decidir libre y responsablemente sobre su maternidad, sin tener que recurrir a la mentira ni a la vergüenza de tener que inventarse unos supuestos que no son ciertos, porque si para poder interrumpir el embarazo se debe aducir que hay un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, la conclusión es que estamos juzgando a las mujeres por su decisión. Por eso, ¿qué está proponiendo mi grupo? Estamos proponiendo, en esta proposición en concreto hoy, despenalizar el aborto por opción libre de la mujer en las catorce primeras semanas de la gestación, es decir, estamos proponiendo la garantía de la protección jurídica y médica de las mujeres y de los profesionales sanitarios.


Señorías, en este tema nuestro país está a la cola, después de Holanda, de Italia, de Grecia, de Francia, de Dinamarca, y desde el 8 de marzo de 2007 en parte también lo estamos de Portugal, ya que aprobaron precisamente la opción libre, eso sí, dentro del plazo de diez semanas, pero en todo caso la opción libre sin tener que recurrir a unos supuestos ficticios. Pero no solamente estamos planteando esta proposición desde la garantía de la protección jurídica y desde el respeto a la dignidad de las mujeres que deciden la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también creemos que es urgente hacer esta reforma para cumplir con las recomendaciones del Parlamento Europeo, que nos dice claramente que proteger la salud reproductiva y los derechos de las mujeres sólo puede asegurarse desde la legalidad, desde una interrupción voluntaria del embarazo legal, segura y accesible para todas las mujeres.


Señorías, hoy el Estado, los poderes públicos y la sanidad pública se están lavando las manos de una realidad y de un derecho sanitario que, en todo caso, no lo es tan solo porque el Código Penal en el título II, artículos 144 y 146, todavía penaliza el aborto por decisión libre, lo que está pasando realmente en nuestro país, según los datos del propio Ministerio de Sanidad de 2005, es que se practicaron un total de 91.661 interrupciones voluntarias del embarazo; esta cifra representa un 9,60 por cada 1.000 mujeres; también que sobre el total de 15.427 mujeres, un 26 por ciento tienen entre 20 y 24 años, que es el grupo más significativo, y que además se producen varias interrupciones durante estos años; que del total de interrupciones voluntarias practicadas sólo un 2,91 por ciento se realizan en centros públicos, y un 97,09 por ciento en centros privados, y que respecto al motivo de la interrupción voluntaria del embarazo en el 96,68 por ciento de los casos se alegan precisamente problemas psíquicos o psicológicos.


Por tanto, entendemos que ni desde el Ministerio de Sanidad ni desde la sanidad pública, en general, se está interviniendo en la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, ni tampoco por tanto en la prevención...


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Por favor, un poco de silencio; no podemos continuar el debate si existe este murmullo de fondo, incluso la proponente se siente imposibilitada para continuar.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias; quizá lo hago más por respeto a las mujeres de las que estamos hablando; me parece que tiene importancia.


Por tanto, si el 97,09 por ciento de las interrupciones se están realizando en centros privados, que tienen una relación directa, desde nuestro punto de vista, con el motivo que se ha de alegar en todo caso para poder formar parte de los supuestos legales, estamos deduciendo que la salud pública no está interviniendo ni en la atención a las interrupciones voluntarias ni tampoco -que es más grave- en la prevención. Y cuando decimos prevención queremos decir que con todas estas mujeres que no pasan por la red pública no es posible hacer un trabajo de seguimiento, y por tanto de prevención para que no haya más sucesivos embarazos no deseados. Por eso también entendemos recomendable -que en este caso precisamente llega más allá de nuestro país- modificar el Código Penal, y debe modificarse para dar la oportunidad de decidir realmente a las mujeres, y sin tener que aducir ninguna causa que no sea cierta; por eso entendemos que dentro del plazo de las catorce semanas debe producirse esta modificación.


Quisiera también aducir -si me lo permiten- otras cuestiones, como por ejemplo qué le está pasando al Partido Socialista, porque hoy ya en la prensa de hecho se dice que se va a producir el bloqueo de esta iniciativa y, por tanto, que no se va a votar, por lo que seguramente no va a haber apoyo a esta iniciativa. Preguntamos qué está pasando porque desde los inicios de la I legislatura el Partido Socialista tuvo una voluntad clara por regular sin ninguna duda este derecho, y en las siguientes legislaturas desde 1996, hasta 2003 el Partido Socialista presentó más de diez iniciativas -precisamente interpelaciones- para regularlo. De la misma forma, en el año 2004 hay una noticia de la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, Micaela Navarro, en la que anunciaba -el 25 de marzo precisamente, habiendo ganado en aquellos momentos las elecciones- que reformaría la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para aprobar una ley de plazos que permitiera abortar libremente entre las doce y las catorce semanas, porque era una voluntad clarísima del Partido Socialista.


A nosotros nos gustaría que hubiera realmente una coherencia del Grupo Socialista; pedimos, por favor, que se reflexione sobre esta situación y sobre dónde nos está llevando, puesto que la interrupción voluntaria del embarazo se está realizando -como el propio ministerio explica en sus estadísticas- en los centros privados, y evidentemente con una falta total de respeto al derecho y a la voluntad de las mujeres.


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El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): No existen enmiendas a esta proposición no de ley; por tanto, pasamos directamente a la fijación de posiciones. ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular doña Ana Torme tiene la palabra.


La señora TORME PARDO: Como ha dicho la autora de la iniciativa, esta proposición no de ley tiene un contenido similar a otras que se han debatido en legislaturas pasadas, que se han debatido asimismo en esta misma legislatura. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De hecho, en septiembre de 2004 se debatieron y se rechazaron tres iniciativas de contenido similar a esta: una de Esquerra Republicana de Catalunya, otra del Grupo Mixto, y otra de su propio grupo, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. En opinión del Grupo Parlamentario Popular, en estos casi tres años que han transcurrido desde entonces no se han producido circunstancias ni transformaciones sociales profundas que lleven a un cambio en la postura de los grupos, y que lleven a aprobar lo que entonces fue rechazado en el Pleno por 302 votos en contra y 21 votos a favor, precisamente el pasado 28 de septiembre de 2004.


A nuestro juicio no existe una demanda social para modificar nuestra legislación actual, legislación que por otra parte responde al equilibrio jurídico constitucional existente entre los derechos de la mujer, por una parte, y los derechos del nasciturus por otra. De ahí creo yo que viene el cambio de postura del Partido Socialista que, de anunciar al inicio de la legislatura la ampliación inmediata de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pasó después a considerar que no era una cuestión prioritaria, para posteriormente rechazar esas tres iniciativas en ese Pleno al que he hecho referencia. Y si bien no hay una demanda social de modificación de ese marco jurídico, de lo que sí que creo que hay demanda y hay una auténtica necesidad -y yo creo que también la autora de la iniciativa, doña Carmen García, lo ha señalado- es de avanzar y de hacer esfuerzos comprometidos en política de educación sexual, en políticas de prevención de embarazos no deseados, en apoyo a las familias, en ayudas al cuidado de los hijos, en ayudas específicas a madres solteras; desde luego hay que impulsar medidas que eviten llegar a una situación tan dolorosa como es la de interrumpir un embarazo. Hay asociaciones que prestan apoyo psicológico a mujeres que han vivido un aborto provocado y señalan que muchas de ellas no quieren abortar, y si lo han hecho es precisamente porque se encontraban solas, presionadas, sin apoyo económico o social para continuar con su embarazo.


Señorías, permítanme en este momento un inciso, porque al hilo del debate de esta iniciativa he repasado documentos, he visto informaciones de no hace demasiado tiempo y desde luego algunas de ellas ponen de manifiesto hechos que realmente son alarmantes. Estamos viendo cómo lamentablemente el aborto en España se está convirtiendo en un negocio muy lucrativo, se ha convertido por ejemplo en un país de aborto fácil para mujeres europeas en un avanzado estado de gestación. En reportajes que hemos podido ver no hace mucho tiempo -uno realizado por la prensa inglesa hace algo más de un año, otro por la danesa a finales del año pasado- se ha demostrado que hay clínicas españolas que aceptan realizar abortos en condiciones prohibidas en otros países, con tal de que la mujer esté dispuesta a pagar un precio mayor; y si todos podemos compartir que ninguna mujer quiere llegar a una situación tan dolorosa y muchas veces traumática como es la de un aborto, si todos podemos compartir también que hay que desarrollar todas las medidas necesarias para no llegar a una situación tan terrible y dolorosa como esa, creo que también todos podríamos compartir que no queremos que España sea el paraíso del aborto fácil y del aborto al margen de la ley.


Me han resultado muy llamativas también unas declaraciones muy recientes de la ex ministra francesa de Sanidad, Simone Veil, que introdujo el aborto en Francia, y en ellas se ve cómo cambia de opinión a lo largo del tiempo; son declaraciones de este mismo mes, del 19 de junio: ella reconoce que la ciencia está demostrando la existencia de vida desde la concepción; señala -y afirmo literalmente lo que ella decía- que cada vez es más evidente científicamente que desde la concepción se trata de un ser vivo. La ex ministra hace una serie de comentarios precisamente al hilo de un reportaje difundido en un canal de televisión francés el pasado 14 de junio; en ese reportaje se muestra cómo en España se realizan abortos hasta en el octavo mes de embarazo. Simone Veil reconoce que es una situación espantosa, pero que legalmente no es posible impedir a las mujeres europeas que viajen a España, porque la Corte Europea ha afirmado que se trata de una cuestión propia de las legislaciones nacionales y no de Europa. Asimismo, en esa investigación periodística se señala que en Francia cada vez es más difícil encontrar médicos dispuestos a practicar el aborto, a causa de la objeción de conciencia.


Yo creo que son informaciones, declaraciones que a todos nos han de llevar a la reflexión. En todo caso lo que yo quiero decir en este momento es que el Grupo Parlamentario Popular, en coherencia con los planteamientos que hemos venido defendiendo en esta y en otras legislaturas, vamos a rechazar esta iniciativa. Creemos que nuestro ordenamiento ha logrado un equilibrio jurídico muy difícil, pero lo ha conseguido. Partiendo del artículo 15 de nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia constitucional protege tanto los derechos de la madre como los derechos del nasciturus; por ello precisamente el Tribunal Constitucional en distintas sentencias, fundamentalmente la del 85, ha determinado qué supuestos son los que deben quedar fuera del ámbito penal, y son precisamente los que han sido recogidos en la ley de 1985, entendiendo que la vida humana en formación, considerada como un bien jurídico, debe tener

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una cierta protección, aunque no sea absoluta. Se trata además de un sistema que, con arreglo a la Constitución y a esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en todo caso es de indicaciones, nunca de plazos. Nuestro ordenamiento jurídico ha conseguido, como decía antes, ese difícil equilibrio jurídico entre la defensa de los derechos de la mujer y los de la nueva vida en formación; por ello vamos a votar en contra de esta iniciativa, que llevaría a alterar un consenso social que ha venido existiendo a lo largo de todos estos años.


El señor PRESIDENTE: Ahora, para fijar la posición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la diputada doña Pilar López.


La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señorías, como bien ha señalado la autora de la iniciativa, desde 1983 han tenido lugar en esta Cámara debates sucesivos sobre la regularización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hoy intervengo para fijar posición respecto a la proposición presentada por el Grupo de Izquierda Unida; su texto afecta a la prestación del servicio público sanitario y a las obligaciones exigibles a médicos y facultativos. No nos parece recomendable realizar una regulación conjunta de una misma norma; no se puede abordar de modo conjunto la despenalización de determinados supuestos del aborto regulados en el Código Penal mientras que la regularización de todas las materias que afectan a los centros sanitarios y a las prestaciones de asistencia médica sería propia de una ley ordinaria; por tanto, el conjunto de dicha proposición supone una mezcla de diversas materias que requieren un tratamiento cuidadoso y diferenciado. También las acciones previstas en dicha proposición pueden suponer una colisión en el sistema competencial.
No nos olvidemos que las competencias en materia sanitaria están transferidas a las distintas comunidades autónomas. Casi la totalidad de las comunidades autónomas han realizado regulaciones sanitarias relativas a la interrupción voluntaria del embarazo, fundamentalmente desde la perspectiva de los criterios para la autorización administrativa de los centros, servicios y unidades dedicadas a esta actividad, regulación de los precios públicos y publicidad sanitaria, así como los derechos de información.


El Grupo Parlamentario Socialista considera -como ya lo ha hecho en los debates que se han realizado en esta Cámara- que los supuestos no delictivos de la interrupción voluntaria del embarazo necesitan un marco más amplio que el Código Penal; se trata de una materia que no debe quedar enmarcada en el cuerpo estrictamente punitivo, sino que tiene que ser contemplada también desde aspectos de orientación sanitaria, de orientación social y fundamentalmente de asesoramiento. La regulación actual es insuficiente, estamos de acuerdo, a la vez que existen situaciones en las que un embarazo supone inconvenientes tan grandes para la mujer que exigirle que lo lleve adelante, por medio de la amenaza penal, es impropio de un orden jurídico democrático. Existen razones jurídicas, derechos fundamentales de las mujeres, seguridad jurídica e igualdad, pero existen sobre todo razones de justicia social.


Mi grupo parlamentario apoya toda iniciativa que garantice el derecho de las mujeres a su propia opción con respecto a su salud reproductiva, porque por encima de todas las posturas está la libertad de elegir de todas en un Estado democrático de Derecho, donde las decisiones se deben tomar en función de derechos de ciudadanía, es decir, en función de la defensa de la libertad y de la igualdad. No negamos la existencia real de un conflicto, a diferencia del Partido Popular, ante un problema que afecta a la esfera íntima y a los derechos de la mujer, y frente al que ningún grupo político o social está legitimado, por vía del derecho penal, a imponer sus propias convicciones, sino que debe ser abordado de forma reflexiva y serena, en el marco de un respeto escrupuloso, tanto a quienes nunca interrumpirían su embarazo como a quienes toman la decisión de interrumpirlo y precisan del establecimiento de garantías jurídicas, sociales, económicas y sanitarias.


Para la solución hemos de establecer cambios, dentro de un debate social, sereno y político, que podría acompañarse de una ley que garantice el derecho a la salud sexual y reproductiva, y que sirva para mejorar la prevención de los embarazos no deseados. Hemos de abordar la regulación completa y exhaustiva que contemple y refleje la jerarquía de valores de nuestra sociedad y exprese las distintas sensibilidades. Es cierto que hemos de configurar un ordenamiento jurídico penal y moderno adaptado a la realidad, pero respondiendo también a las demandas y exigencias sociales que contemple todas las situaciones de conflicto con las que se puede encontrar una mujer a causa de un embarazo no deseado; pero también es cierto que no podemos aceptar esta proposición sin antes abrir un debate en profundidad sobre la nueva regulación. Compartimos en esencia el fondo de esta proposición porque las mujeres siempre hemos reclamado el derecho a decidir y a elegir en libertad, derecho que forma parte de la esencia de cualquier Estado democrático. Hemos además de lograr un contrato social con médicos, personal sanitario, movimientos feministas, abogadas y colectivos afectados, y aprobar al tiempo una ley de salud sexual, imprescindible para luchar contra los embarazos no deseados entre las adolescentes en materia de anticonceptivos. En definitiva, trabajar por un cambio tranquilo basado en el consenso y en el diálogo, y no en improvisaciones legislativas es nuestro compromiso, y las reformas han de ser la expresión de los valores que llevamos en nuestro programa electoral y que profesa el Gobierno socialista de protección de la dignidad de la persona, la libertad personal y la seguridad jurídica, valores que por otra parte recoge nuestra Constitución.


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El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.


En primer lugar votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a impulsar la suscripción de convenios bilaterales de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de marcas y de diseño comunitario, de la que era autor el Grupo Parlamentario Catalán, en los términos resultantes de la admisión de la enmienda del Grupo Socialista y la transacción habida sobre la misma.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


A continuación pasamos a votar la proposición no de ley sobre la asistencia jurídica a los extranjeros en España, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Hay también una transacción, y por lo tanto la sometemos a votación en los términos de la transaccional.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley sobre creación de una ley de mediación. Hay una aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos de una transacción de Izquierda Unida.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley sobre medios materiales en los procesos judiciales.
Hay una aceptación de la enmienda socialista, en términos de una transacción, y en ese sentido se somete a votación esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


A continuación sometemos a votación la proposición no de ley de inscripción en el registro civil del nacimiento y muerte de no nacidos a efectos civiles, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán, en los términos de la aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que se queda incorporada.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


A continuación pasamos a votar la proposición no de ley sobre modificación del reglamento del Registro Civil, de la que es autor el Grupo de Izquierda Unida. Hay una transacción que parte originariamente de la enmienda del Grupo Socialista, y, en los términos de esa transacción, con esa incorporación, se somete a votación.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Proposición no de ley relativa a la regularización de pagos de emolumentos a magistrados suplentes y jueces sustitutos. No hay enmiendas, por lo tanto, se vota en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para el efectivo respeto de la pluralidad lingüística en la Administración de Justicia, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos que resultaron del debate.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Pasamos a someter a votación la proposición no de ley de mejora de la retribución de los administradores concursales. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y por lo tanto, se incorporaría esta enmienda al tenor de la proposición no de ley, y en esos términos -es una enmienda de sustitución- sometemos a consideración la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación sometemos a votación la proposición no de ley sobre la autorización judicial de menores, de la que es autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; hay una enmienda socialista que ha sido aceptada; entonces, en los términos que resulta definitivamente el texto se somete a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos la proposición no de ley para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las catorce primeras semanas, de la que es

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autor el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No hay enmiendas; votamos, por lo tanto, la proposición no de ley en sus términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 34.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a continuación a votación la proposición no de ley relativa a la necesaria evaluación del proceso monitorio y la ampliación de su ámbito de aplicación, en los términos de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, corregida por transacción en los términos expresados en el debate que tuvo lugar.


Efectuada la votación, dijo

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Señorías, agradeciendo su presencia, agradeciendo a los medios de comunicación y fundamentalmente al personal, medios materiales y humanos de la Cámara, se levanta la sesión hasta mañana.


Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.

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