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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 12, de 26/05/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 12
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 12
celebrada el miércoles, 26 de mayo de 2004


ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 404)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa (PYME) y los trabajadores autónomos. (Número de expediente 172/000014.) ... (Página 428)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar. (Número de expediente 172/000012.) ... (Página 433)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas. (Número de expediente 172/000008.) ... (Página 437)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación.
(Número de expediente 172/000011.) ... (Página 440)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 404)

Del Diputado don Pedro Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Va a derogar el Gobierno esta Legislatura las Leyes de Estabilidad Presupuestaria? (Número de expediente 180/000068.) ... (Página 404)

Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál va a ser la aportación concreta del Gobierno de la Nación a la construcción del metro de Sevilla? (Número de expediente 180/000074.) ... (Página 405)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cuál es el coste definitivo de la participación en la guerra y ocupación de Irak, ahora que se termina el repliegue de nuestras tropas? (Número de expediente 180/000092.) ... (Página 406)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo el compromiso del Presidente de que ésta sea "la Legislatura del diálogo y del entendimiento"? (Número de expediente 180/000069.) ... (Página 407)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo con los compromisos adquiridos? (Número de expediente 180/000070.) ... (Página 408)

Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Gobierno que los actuales niveles de pendencia ante los Tribunales son compatibles con el principio de tutela judicial efectiva? (Número de expediente 180/000090.) ... (Página 410)

Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Comparte el Gobierno la afirmación del Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos sobre la necesidad de ampliar a toda la vida laboral el período de cálculo de las pensiones? (Número de expediente 180/000073.) ... (Página 410)

Del Diputado don Miguel Ángel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué indicador alternativo al salario mínimo interprofesional va a ser el referente para las ayudas públicas que dependen del mismo? (Número de expediente 180/000075.) ... (Página 412)

Del Diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué consecuencias se van a derivar del incremento del Salario Mínimo Interprofesional anunciado por el Gobierno? (Número de expediente 180/000088.) ... (Página 413)

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Del Diputado don Francisco Xavier Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la actual situación económico-financiera de la Seguridad Social? (Número de expediente 180/000089.) ... (Página 414)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Cuál es el calendario previsto por el Gobierno para cumplir el compromiso del Delegado del Gobierno en Canarias en relación con la incorporación inmediata de los 1094 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado correspondientes a las plazas vacantes de las respectivas plantillas? (Número de expediente 180/000061.) ... (Página 414)

Del Diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué explicaciones puede dar el Ministerio del Interior sobre las citaciones policiales derivadas del procedimiento que, por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, se sigue contra diversas personas por los acontecimientos ocurridos el pasado 13 de marzo de 2004? (Número de expediente 180/000067.) ... (Página 416)

Del Diputado don Agustí Cerdà i Argent, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué infraestructuras urbanísticas y portuarias tiene previsto el Gobierno realizar con motivo de la futura celebración de la Copa América de Valencia? (Número de expediente 180/000062.) ... (Página 416)

De la Diputada doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué planificación piensa el Gobierno que es necesario acometer en el ámbito de las competencias del Ministerio de Fomento? (Número de expediente 180/000091.) ... (Página 417)

De la Diputada doña Elisenda Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministra de Administraciones Públicas: ¿Qué actitud piensa adoptar el Gobierno para reducir la conflictividad jurisdiccional que actualmente existe ante el Tribunal Constitucional, entre el Estado y las Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/000082.) ... (Página 418)

De la Diputada doña María del Carmen Ortíz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué pasos está dando el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de reorientación de la política del agua? (Número de expediente 180/000083.) ... (Página 419)

De la Diputada doña María Luisa Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué actuaciones va a llevar a cabo el Gobierno para avanzar en el cumplimiento del Protocolo de Kioto? (Número de expediente 180/000084.) ... (Página 420)

Del Diputado don Pablo Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Vivienda: ¿Va el Gobierno a cumplir su compromiso electoral de crear 180.000 viviendas al año? (Número de expediente 180/000072.) ... (Página 421)

Del Diputado don Francisco Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Vivienda: ¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para favorecer la concertación de todos los sectores implicados en la política de vivienda? (Número de expediente 180/000087.) ... (Página 422)

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Del Diputado don Miguel Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la liberalización en el sector de la distribución? (Número de expediente 180/000071.) ... (Página 422)

De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria, Comercio y Turismo: ¿Con qué criterios va a defender el Gobierno el sector de la minería del carbón ante la Unión Europea? (Número de expediente 180/000076.) ... (Página 424)

Del Diputado don Josep Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál será la actitud del Gobierno español ante el hecho de que la Federación Catalana de Patinaje haya sido reconocida internacionalmente, y este hecho permita que Cataluña tenga ésta y otras selecciones nacionales deportivas compitiendo internacionalmente? (Número de expediente 180/000081.) ... (Página 425)

Del Diputado don Juan Julián Elola Ramón, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Quiénes se van a beneficiar de las medidas extraordinarias que elevan el gasto en becas para el próximo curso en 36 millones de euros? (Número de expediente 180/000085.) ... (Página 426)

De la Diputada doña Teresa Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es la voluntad del Gobierno respecto de promover la gratuidad de la educación infantil? (Número de expediente 180/000086.) ... (Página 427)

Interpelaciones urgentes ... (Página 428)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa (PYME) y los trabajadores autónomos ... (Página 428)

Presenta la interpelación urgente el señor Delgado Arce, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Recuerda en primer lugar la labor llevada a cabo en la subcomisión creada en la VII legislatura para estudiar la problemática de las microempresas, de las pymes, de los trabajadores autónomos y del emprendedor y las medidas de carácter fiscal, laboral, administrativo y financiero puestas en marcha, con el máximo consenso, por el Gobierno del Partido Popular, medidas que, dice, crearon un marco estable para las pymes, autónomos y emprendedores.
Muestra la preocupación de su grupo ante la falta de manifestación alguna del señor ministro, en su comparecencia ante la Comisión de Industria celebrada ayer, sobre una política global de pymes, y por la reducción a dirección general, dentro de la Secretaría General de Industria, de lo que era una secretaría de Estado. Por todo ello presentan la interpelación que trata de poner la política de pymes y autónomos en la primera línea de la actividad del nuevo ejecutivo, ya que es básico si se quiere seguir manteniendo los niveles de afiliación a la Seguridad Social y de creación de empleo en este país.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno. Aclara en primer lugar que en su comparecencia en la Comisión a la que hacía alusión el interpelante ya dijo que el Gobierno entiende que las pequeñas y medianas empresas constituyen el eje central en torno al que se articula la competitividad de nuestro país y requieren un impulso desde la Administración que contribuya a dinamizar la economía a través de la mejora de su eficiencia y de su competitividadon Se trata, dice, de consolidar una estructura productiva, integrada por pymes competitivas, rentables y con capacidad de crecimiento, lo que debería articularse con el objetivo de reforzar su capacidad de innovación, de internacionalización, de gestión y de simplificar la regulación que les afecta. Sentadas estas bases pasa a referirse a aspectos concretos de la interpelación

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en el marco fiscal, administrativo, social y financiero.


Replica el señor Delgado Arce, y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar ... (Página 433)

Presenta la interpelación urgente el señor Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Muestra su preocupación por la amenaza de cierre del sector naval en los últimos años, preocupación que, dice, se torna en alarma a raíz de las sanciones impuestas por la Unión Europea y del anuncio del ministro de Economía de nuevos expedientes que van más allá de los mil millones de euros. Expone la situación de IZAR y considera urgente que se tomen medidas reorganizativas y de dirección, así como hacer frente a la negociación de esos expediente en la forma más ventajosa. El sentido de la interpelación, añade, es conocer si el Gobierno piensa que hay que cambiar ciertos principios de actuación de la Unión Europea en esta materia, para acabar con esa ortodoxia neoliberal y frenar sus consecuencias inmediatas negociando una solución a las sanciones, si hay un compromiso reiterado en sede parlamentaria de diálogo con los sindicatos y las comunidades autónomas y si hay voluntad política de mantener la actividad y el empleo del sector naval.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera) en nombre del Gobierno. En primer lugar aclara que se trata de un proceso que tiene su origen en el año 1997 cuando se aceptó por el Gobierno del Partido Popular una decisión de las autoridades comunitarias que prohibía la concesión de nuevas ayudas a los astilleros y únicamente contemplaba ayudas excepcionales para la reconversión de éstos. Achaca también al gobierno anterior una serie de actuaciones que fueron puestas en entredicho por las autoridades comunitarias y que han llevado a la apertura por la Comisión de cinco expedientes contra el Estado español por ayudas ilegales de acuerdo con la legislación comunitaria. A continuación hace un resumen del proceso seguido por la decisión adoptada por la Comisión Europea el pasado 12 de mayo y explica el contenido de dicha decisión. El Gobierno, dice finalmente, es consciente de las dificultades que comporta para el futuro inmediato de IZAR la decisión adoptada por la Comisión Europea y afirma que afrontarán la situación de la compañía con el máximo rigor desde un triple objetivo: en primer lugar, el mantenimiento hasta niveles razonables de la actividad de la construcción naval; en segundo lugar, la máxima disposición de concertación con las administraciones implicadas, y en tercer lugar, la máxima disposición hacia el diálogo con los interlocutores sociales, desde el respeto absoluto a la legalidad europea y a las competencias de esos organismos.


Replica el señor Pérez Martínez, y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas ... (Página 437)

Presenta la interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Aunque no espera tener una respuesta positiva a su interpelación después de escuchar la respuesta dada por la señora ministra a una pregunta similar formulada en el Pleno de hoy, afirma que tratará de convencerla para obtener los frutos esperados en un futuro. No es la primera vez que se presenta esta cuestión y recuerda como más próxima la interpelación urgente seguida de moción presentada el año pasado relativa a aquellas selecciones deportivas de gran arraigo social como las de Euskadi, Cataluña y Galicia. Reivindica el que las selecciones deportivas vascas, catalanas o gallegas, tengan un reconocimiento internacional porque quiere un respeto a la identidad y a un aspecto de la cultura de los pueblos como es una manifestación deportiva. Niega que existan problemas jurídicos, según la Constitución y el derecho comparado, y asegura que se trata de un problema de voluntad política exclusivamente y que no se tardará mucho en admitirlo.


Contesta la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos), en nombre del Gobierno. Reconoce a la señora Lasagabaster su profundo conocimiento del tema y pasa a resumir la visión del Gobierno de cuál es la situación jurídica y la voluntad política en este momento. El Gobierno confía en la voluntad de diálogo de todos los grupos políticos para poder alcanzar acuerdos encaminados a potenciar la actividad deportiva en todas las comunidades autónomas, pero sin olvidar cuál es la normativa vigente, tanto la internacional como la nacional, que pasa a explicar. Finalmente reitera la voluntad del Gobierno de realizar una política deportiva basada en el diálogo y en el acuerdo con las comunidades autónomas, tanto en el deporte de elite como en el deporte de base, pero siempre desde

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la inclusión de todos los deportistas con independencia de su origen geográfico en España.


Replica la señora Lasagabaster Olazábal, y duplica la señora ministra de Educación y Ciencia.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación ... (Página 440)

Presenta la interpelación urgente el señor Durán i Lleida, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Explica que más que interpelar a la señora ministra lo que quiere es compartir unas reflexiones sobre el gran reto de la educación, y recuerda el espíritu del Pacto de Toledo, como garantía de estabilidad del sistema de pensiones, más allá de los gobiernos de turno, que quiere trasladar al ámbito de la educación. Es necesario, reitera, un pacto escolar en el sentido del Pacto de Toledo en materia de pensiones y considera insuficiente el diálogo existente en torno a esta materia. Recuerda la trayectoria de las diferentes leyes de educación de distinto signo y propone un pacto escolar que dé estabilidad, seguridad y continuidad al sistema educativo al margen de quien gobierne, un sistema educativo que dé una óptima calidad, que sea riguroso, exigente y dinámico y que permita, por tanto, crear una sociedad más justa, más cohesionada y más solidaria.


Contesta la señora ministra de Educación y Ciencia (Sansegundo Gómez de Cadiñanos) Comienza diciendo que el Gobierno comparte plenamente con el grupo interpelante la convicción de que el sistema educativo es una herramienta privilegiada para conformar sociedades más justas, solidarias y cohesionadas, y de ahí se deriva que sea necesario poner todos los medios posibles para que el servicio de la educación sea de calidad óptima, riguroso, exigente y moderno. A continuación expone brevemente los objetivos básicos del Gobierno al proponer en este momento el cambio de regulación del sistema educativo y afirma que se propone liderar el debate que debiera conducir a un acuerdo lo más amplio posible en el futuro.


Replica el señor Durán i Lleida, y duplica la señora ministra de Educación y Cultura.


Se levanta la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA. ¿VA A DEROGAR EL GOBIERNO ESTA LEGISLATURA LAS LEYES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA? (Número de expediente 180/000068.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el orden del día comienza con el correspondiente turno de preguntas.


Primera pregunta dirigida al vicepresidente segundo por parte del diputado don Pedro Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente, la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda le solicité, como representante del Grupo Vasco, que derogara las absurdas leyes de estabilidad presupuestaria.
Usted no nos respondió. Nos habló de la importancia de la estabilidad presupuestaria y de su idea de los déficit equilibrados a lo largo del ciclo, tal y como dice el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo. En esta idea, señor ministro, estamos básicamente de acuerdo. Con relación a las dichosas leyes nos dijo con tono de resignación que tenemos que trabajar sobre la base de una Ley existente, recurrida pero que está en vigor; recurrida por cierto por el Partido Socialista.


Señor vicepresidente, no queremos que se resigne ni que incumpla las leyes. Para que no lo tenga que hacer le pedimos una vez más en este Pleno que derogue las leyes de estabilidad presupuestaria. Por ello le formulo la pregunta de hoy. ¿Va a derogar su Gobierno estas leyes durante la presente legislatura?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira):Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, usted dice que no le contesté y luego da usted la respuesta a lo que le contesté el otro día y que lógicamente no va a ser muy distinto de lo que le voy a comentar hoy. La Ley de Estabilidad Presupuestaria está en vigor y continuará estando en vigor porque así está establecido en nuestro sistema legal. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera ya se han puesto en marcha las actuaciones de este año referentes al objetivo de estabilidad para las comunidades autónomas

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para los años 2005-2007. Estos objetivos han sido aceptados por todas las comunidades autónomas, aunque es verdad que al mismo tiempo que se acepta el objetivo del equilibrio presupuestario, aquellas que tienen en estos momentos desequilibrios van a plantear sus planes de saneamiento económico y financiero. Esperamos también por parte de la Comisión Nacional de Administración Local, que el 24 de mayo aceptó el objetivo de estabilidad presupuestaria, los datos de posibles desviaciones.


A partir de ahí dije el otro día y vuelvo a insistir ahora, que en mi opinión esta Ley, que como usted ha señalado plantea problemas para algunos grupos políticos de cierta sustancia, es mejorable y corregible.
Por supuesto, esa mejora y esa corrección la vamos a intentar hacer en colaboración con todos los grupos parlamentarios, manteniendo el objetivo de estabilidad presupuestaria que considero una idea fundamental para el futuro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor diputado.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor vicepresidente, me alegro de que al menos usted nos diga hoy que esta ley es mejorable. Creo que en este campo tendremos posibilidades de debatir y seguramente de llegar a un acuerdo, porque bien sabe usted que estas leyes suponen un corsé adicional e innecesario al pacto de estabilidad y crecimiento que lo que hace es negar por ley el déficit público, lo cual desde el punto de vista económico es un sinsentido. Además, su objetivo último nunca fue la estabilidad presupuestaria, la intención de esta ley era poner freno y dar marcha atrás al desarrollo autonómico; en lugar de buscar el acuerdo y la coordinación interinstitucional se trataba de imponer y decir: aquí mando yo.


Rompa con esa idea, señor vicepresidente, aunque sea adecuando las leyes de estabilidad a la idea europea de estabilidad. El Gobierno está hablando ya de déficit para el presente ejercicio. Asuma la realidad y los compromisos del Gobierno adquiridos en materia de I+D+I de infraestructuras con el fin de elevar la productividad y disminuir las distancias económicas y sociales con Europa. Busquen para ello el consenso y acuerdo en esta Cámara, que estoy seguro de que lo encontrarán si respetan la cooperación necesaria con otras instituciones del Estado y si su propuesta tiene sentido económico; pero si quiere de verdad ganar credibilidad, señor vicepresidente, derogue estas leyes de estabilidad.


El señor PRESIDENTE: El señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Soy un convencido de la estabilidad presupuestaria como clave del crecimiento a medio y largo plazo. Soy un convencido de esa estabilidad en el contexto del ciclo económico. Evidentemente, un objetivo presupuestario cero tiene sentido en términos estructurales, no en términos nominales, y es lo que permite que el juego de los estabilizadores automáticos nos dé un déficit o un superávit en función de la evolución de la economía. La economía por definición siempre está en déficit o en superávit de acuerdo con la evolución de la misma. Sin embargo, creo también que es útil empezar a trabajar sobre instrumentos que ya existen y que no los cambiemos aunque los corrijamos y mejoremos para ir en la buena dirección. A partir de ahí mi preocupación es cómo conseguir más recursos para hacer frente a todos nuestros proyectos que existen en el programa socialista para estas elecciones y por supuesto todo aquello que mejore la productividad, pero no olvide usted también que uno de nuestros objetivos es mantener la estabilidad presupuestaria y un adecuado control del gasto público. Si no lo hiciéramos así obtendríamos ventajas muy a corto plazo creando problemas a medio y largo plazo y en definitiva generando menos crecimiento en nuestro país.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL VA A SER LA APORTACIÓN CONCRETA DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE SEVILLA? (Número de expediente 180/000074.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Solbes, ¿cuál va a ser la aportación concreta del Gobierno de la nación a la construcción del metro de Sevilla? (Un señor diputado: Más que la del PP.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): La que se decida cuando terminen las conversaciones entre el Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


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El señor ALBENDEA PABÓN: Como usted sabe, el señor Chaves garantizó que el Gobierno aportaría 218 millones de euros. Eso está en toda la prensa de Sevilla del día 12 de mayo. Lamento, por tanto, que no lo confirme usted, pero eso no me extraña porque estamos acostumbrados a los faroles del señor Chaves, que sin duda no es un mindundi en la estructura de su partido, es además de presidente de la Junta de Andalucía, el presidente del partido. Y no digo lo de los faroles a humo de paja, porque le puedo citar a usted algunos ejemplos. (Un señor diputado: ¡Dígalos!) El señor Chaves prometió una paga a las amas de casa que todavía están esperando.
(Rumores.-Risas.) También prometió habitaciones individuales en los hospitales del Servicio andaluz de Salud y muchos enfermos están en los pasillos. (Rumores.) También comprometió, cuando gobernaba el PSOE en España, la liberación del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, pero después ha venido el tío Paco con la rebaja y la liberación se va a reducir a Jerez-Cádiz. Otro farol ha sido reclamar al Gobierno del Partido Popular 4.600 millones de euros por la liquidación de la financiación autonómica del periodo 1997-2001, que todas las comunidades aceptaron excepto Andalucía, y el secretario de Estado de Hacienda, su secretario de Estado, hace muy pocos días anunció la cifra de 2.330 millones de euros, la mitad más o menos, y lo anunció además para justificar el comienzo de una etapa que sin duda va a estar marcada por el déficit público, al que tan proclives son los gobiernos del Partido Socialista, pese a lo que acaba usted de manifestar respecto a la estabilidad. Pero el señor Chaves tampoco se ha inmutado por ese anuncio.
Otro farol fue decir en el acto de colocación de la primera piedra en Almería del Plan Hidrológico Nacional, que lo importante era poner la última piedra, y ahora cuando el Gobierno paraliza el Plan Hidrológico Nacional el señor Chaves no sólo calla sino que asiente. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores.) Los faroles están muy bien para jugar al mus, señor Solbes, pero no son serios para gobernar.


Señor Solbes, no se contagie usted de esa política del farol. ¿Sabe usted lo que tiene que hacer con la aportación al metro de Sevilla? Suscriba el convenio previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2004 aprobado en la legislatura pasada, a instancias del Gobierno del Partido Popular, y ese será su auténtico compromiso; pero hágalo pronto, porque si no se les va a disparar el déficit... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor diputado, ha concluido su tiempo.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, presidente.


Echo en falta que no esté el señor Chaves para poder responder a sus preguntas (Aplausos.), pero ya que no está, voy a intentar hacer algún comentario.


Hoy estamos hablando del metro de Sevilla. El metro de Sevilla, como usted sabe, no se ha podido negociar con ustedes en los últimos ocho años, por tanto no ha habido posibilidad de establecer ninguna cifra. Ha habido una negativa permanente por parte del Gobierno del Partido Popular a tener contactos con los responsables de la Junta de Andalucía para tratar este tema. A partir de ahora es difícil que ustedes nos pidan responsabilidades, cuando llevamos aproximadamente un mes de Gobierno, sobre lo que no hemos hecho cuando ustedes han tardado ocho años en no hacerlo.


¿Cuál es mi posición? Mi posición es muy simple: convocar a la Junta de Andalucía y empezar a hablar de ese tema. Le puedo asegurar que en esta reunión intentaremos fijar las condiciones en que se va a desarrollar la colaboración entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Gobierno central y que lógicamente los acuerdos a que lleguemos serán equivalentes a los que hemos conseguido con otras comunidades autónomas. Ese es el objetivo fundamental y por ese objetivo vamos a trabajar.


Dos matizaciones más. La devolución a la Junta de Andalucía estará próxima o alrededor de los 2.500 millones de euros. Los 2.330, como usted sabe, es la referencia que hizo el secretario de Estado de Hacienda a la oferta que se había hecho en función del cálculo de aquellos años sin tomar en consideración otros elementos que fueron puestos de relieve por la Junta y nunca aceptados por el Gobierno central. Segundo, disparar el déficit.
Lo que se está disparando es como consecuencia de los temas comprometidos y no presupuestados por parte de ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL COSTE DEFINITIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA GUERRA Y OCUPACIÓN DE IRAK, AHORA QUE SE TERMINA EL REPLIEGUE DE NUESTRAS TROPAS? (Número de expediente 180/000092.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Gaspar Llamazares Trigo a la señora vicepresidenta primera.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora vicepresidenta del Gobierno, ¿cuál es la valoración de su Gobierno en torno al coste de la guerra de Irak?

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El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, si hablamos en términos estrictamente económicos, debo ratificarle, tal y como el ministro de Defensa adelantó ayer en esta Cámara, que una primera evaluación del coste de nuestra participación en la ocupación de Irak, que incluye gastos estrictamente militares más la organización y los compromisos adquiridos en la Conferencia de donantes, asciende a 370 millones de euros, es decir algo más que 61.000 millones de pesetas. Como seguramente usted compartirá, señor Llamazares, con ser éste un coste económico muy elevado, no es el que más me preocupa de la equivocada decisión de participar y apoyar la guerra de Irak, sino que además de la pérdida de vidas humanas incluidas las de 13 ciudadanos españoles, hay otros costes menos tangibles de los que tardaremos muchos años en recuperarnos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor LLAMAZARES TRIGO: La cantidad de 370 millones de euros, casi 60.000 millones de pesetas, son un escándalo y una vergüenza. Todo este dinero para una guerra y una ocupación ilegal, todo este dinero para salir del rincón de la historia y aparecer en una fotografía en las Azores pasando por Texas. Es sin lugar a dudas la fotografía más cara de la historia, es una malversación política a todas luces.


Después de esa fotografía, señorías, han aparecido otras; las fotografías de las víctimas, de los heridos, de los torturados, de los inocentes de una guerra ilegal, y también la fotografía de unas Naciones Unidas despreciadas que hoy se quieren coger a modo de taparrabos para tapar las vergüenzas y buscar la legitimación de la ocupación y la legitimación de la continuidad de las cosas en Irak. Nadie parece haber rectificado. Como mucho callan, y en otros casos siguen erre que erre con la misma política. El precio de la guerra de Irak fue al mismo tiempo el precio de la vanidad y el precio también de la actitud del anterior presidente del Gobierno: el precio de la soberbia. Al cabo del tiempo tenemos solamente una diferencia. El señor ex presidente del Gobierno nos sigue dando lecciones de la mano de Donald Rumsfeld sobre que no teníamos que haber vuelto nunca de territorio iraquí. Allá él con su conciencia; pero la lección fundamental es que aquella foto costo tanto y tanto, pero ahora nadie pagaría ni un solo euro por una foto del señor Aznar y del señor Rumsfeld. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Comparto su preocupación, señor Llamazares. (Rumores.) Desde estos mismos escaños voté, junto con mi grupo, en contra de la ocupación militar en Irak y soy consciente, señorías, de lo cara que nos ha salido la foto de las Azores.
Se trataba, lo dijimos entonces, de una guerra ilegal, inmoral e injusta; una guerra que no tenía la cobertura de la legalidad internacional, que no iba a propiciar la paz, que iba a crear más violencia; una guerra que una vez dada la orden de ataque iba a propiciar que millones de ciudadanos murieran, víctimas de lo que es en sí esta guerra: una atrocidad.


Señorías, si analizamos los detalles de los gastos de la presencia de tropas españolas en Irak vemos la certificación de la incoherencia de las razones que en su día se dieron. Dijeron entonces que nuestra presencia en el conflicto obedecía tan sólo a razones humanitarias, pero de los 370 millones de euros sólo 83 se comprometieron en la Conferencia de donantes y 34 millones se destinaron a otras ayudas; el resto, es decir el monto mayor, se destinó a gastos estrictamente militares.


Señorías, quiero finalizar señalando que aquí no se ha acabado todo. Este Gobierno, a pesar del desastre y precisamente por el desastre, va a seguir trabajando por la reconstrucción de Irak y por tratar de llevar la paz y la legalidad internacional a un país al que nunca se debió llevar una guerra. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ CUMPLIENDO EL COMPROMISO DEL PRESIDENTE DE QUE ÉSTA SEA LA LEGISLATURA DEL DIÁLOGO Y DEL ENTENDIMIENTO? (Número de expediente 180/000069.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la vicepresidenta primera del diputado don Ángel Acebes Paniagua.


El señor ACEBES PANIAGUA: Señora vicepresidenta, ¿considera el Gobierno que está cumpliendo el compromiso del presidente de hacer de esta la legislatura del diálogo y del entendimiento?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Acebes, como ya le he dicho en

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varias ocasiones, este Gobierno cumple sus compromisos y por eso estamos haciendo del entendimiento y del diálogo una de nuestras señas de identidad, realizándolo con todas las fuerzas políticas y sociales que representan a los ciudadanos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ACEBES PANIAGUA: En mi opinión, están utilizando tres modelos de diálogo que nada tienen que ver con el entendimiento y mucho con la coartada. Uno, llamar diálogo a lo que es imposición y decretazo. Así, en el Plan Hidrológico Nacional el señor presidente recibió a los presidentes de las comunidades afectadas y salieron, como salen todos los que van a ver al presidente, defraudados. Ni dialoga, ni se compromete a nada. Trámite cumplido y decretazo a continuación.


Ley de calidad de la enseñanza, segundo decretazo. Un sindicato de la enseñanza ha publicado: No hemos visto el cacareado diálogo por ningún sitio, nadie nos ha ofrecido ninguna migaja de consenso; la sensación es de caos, revanchismo y una buena dosis de chapuza. Fin de la cita.
(Rumores y protestas.-Varios señores diputados: ¡Hala, hala!-Aplausos.) Por cierto, cuidado con pasar del decretazo a la política de la patada en la puerta del Estado de derecho, (Rumores y protestas.), cuidado con sustituir a los jueces independientes por fiscales que aquí no son independientes e inamovibles. (La señora Cunillera i Mestre pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Además hay un segundo modelo, que es llamar diálogo a la carencia de ideas y de proyecto. El presidente recibió el lunes al líder de la oposición y no habló de qué quiere hacer con la reforma de estatutos, ni con la financiación autonómica, ni con el Senado. De diálogo productivo, nada; de nuevo, decepción. Está claro que no dialogan con los demás, pero al menos deberían hacerlo entre ustedes.
Es un espectáculo el que están dando, por ejemplo, los ministros Solbes, Sevilla y Moratinos. Por favor, siéntenles a hablar; a hablar de financiación autonómica, de estabilidad presupuestaria, de horarios comerciales, no coinciden ni por casualidad entre ellos.


Por fin la última aportación al debate público, que es el apagón sin contemplaciones. Ejemplo: los programas de opinión en la radio pública suspendidos, no sea que pueda deslizarse en una tertulia una crítica a este Gobierno del diálogo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta. (Rumores.) Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Acebes, aunque no le guste, el pasado 14 de marzo los ciudadanos optaron por el diálogo, y optaron por el diálogo porque consideraron que la opción que ofrecía el actual presidente del Gobierno era más acorde para de forma consensuada y con diálogo, hablando y debatiendo, solucionar los problemas de los españoles.


Hablar, debatir, discutir eso es lo que construye el futuro y en eso va a encontrar usted a este Gobierno y a esta Vicepresidencia, ahora y a lo largo de toda la legislatura. (Rumores.) Nuestro objetivo, señor Acebes, nuestra aspiración, más que vencer con la fuerza de los votos, es convencer con la lógica de las razones y de los argumentos (Rumores y protestas.-Aplausos.), pero para eso ustedes tienen que saber escuchar, y lo estamos haciendo, señorías; les guste o no a SS.SS. lo estamos haciendo. Fíjese, lo estamos haciendo en política institucional, en educación, aunque no le guste; lo estamos haciendo en política antiterrorista; lo estamos haciendo en todo. Además, le voy a decir una cosa, así lo aprecian los ciudadanos. No es casualidad que el CIS haya dicho recientemente que este Gobierno es un Gobierno moderado, con sentido práctico, con capacidad para asumir las críticas, aunque no estén justificadas como las suyas. No es casual que el Centro de Investigaciones Sociológicas haya dicho que el 78 por ciento de los ciudadanos opina que la cualidad más importante de este Gobierno es la actitud para el diálogo, y no es casual que el CIS haya dicho también que el 90 por ciento de los ciudadanos digan que este Gobierno es más dialogante que el anterior, del que por cierto S.S. formó parte. Señor Acebes, le invito a que como han hecho otros miembros de su partido, usted, que parece que no se entera porque no habla mucho con ellos, se una al diálogo como hizo el otro día el líder de su partido y de la oposición, señor Rajoy. Le invito porque sé que usted y muchos de ustedes lo están deseando. Es verdad que hay alguien que quizá no les deja, pero quizás sería bueno que usted aceptase esta oferta. En esta legislatura, señor Acebes, tenemos que afrontar grandes retos. Ustedes siempre van a tener la mano tendida de este Gobierno... (Rumores y protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS? (Número de expediente 180/000070).)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado, don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, a la vicepresidenta primera.


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El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿considera el Gobierno que está cumpliendo los compromisos que ha adquirido? (Una señora diputada: Sí.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Zaplana, usted insiste y yo persisto. Este Gobierno están cumpliendo sus compromisos.
(Un señor diputado : No.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, durante cuatro años no ha habido ningún día en que no nos acusaran al Gobierno anterior de faltar a la verdad y de mentir (Rumores.); Gobierno que siempre dijo la verdad (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ah!) aun cuando fuera perjudicial a sus intereses. Ahora, señoría, es a ustedes a los que les toca -en palabras del señor Rodríguez Zapatero- hacer honor a la palabra dada, palabra con la que han llegado a la responsabilidad del Gobierno, palabra que empeña permanentemente el presidente del Gobierno. Por cierto, el refranero español es sabio: dime de qué presumes y te diré de qué careces. (Rumores.)

De revitalización parlamentaria tenemos ejemplos todos los días en esta Cámara, soportando el rodillo de sus intereses. (Rumores.) La construcción de viviendas se ha convertido ya en actuaciones, o en último término en soluciones. El compromiso de la firma de la Constitución europea en Madrid, comprometido por el presidente del Gobierno, por solidaridad se va a Roma. La Ley integral contra la violencia de género, que el presidente se comprometió a aprobarla en el primer Consejo de Ministros, se quiere convertir ahora en una comisión para su estudio. El crecimiento de las pensiones ya se ha dicho que no será el que estaba comprometido inicialmente. No hay ministerio de juventud, no hay mando único, ni los nombramientos de los responsables del CNI, Radiotelevisión Española, Fiscal General, o presidente de la Agencia Efe se han realizado conforme a los requisitos comprometidos. Su señoría nos decía el otro día que ya veremos la legislación futura.


En el ámbito autonómico, sírvase usted mismo. Invitación al autoservicio, o si lo prefieren barra libre. La lista, señora vicepresidenta, es interminable. El problema es que hicieron un programa sólo para desgastar al Gobierno y no un programa para gobernar, porque no pensaban que iban a gobernar, y ahora incumplirlo, señora vicepresidenta, está mal, está muy mal, es faltar a la palabra dada; pero mentir es mucho peor, y, señoría, los únicos que faltaron a la verdad, los únicos que mintieron antes, cuando decían que iban a hacer unas cosas, y ahora por no hacerlas, son SS.SS. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Zaplana, la oposición está para controlar y oponer y el Gobierno para gobernar y disponer. Después de oírle tengo la sensación de que S.S. confunde sus deseos con la realidad. Yo sé que su deseo sería pensar que estamos al final de la legislatura, porque así quizá usted tendría la esperanza de tener alguna posibilidad de volver al Gobierno, que eso está por ver, pero la realidad no es esa. La realidad es que la legislatura acaba de empezar, este Gobierno está cumpliendo sus compromisos y los ciudadanos lo aprecian razonablemente. Si quiere le vuelvo a citar los ejemplos de siempre, pero no lo voy a hacer. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Solamente le voy a decir: llevamos 37 días de Gobierno; llevamos ejerciendo 37 días, si le da igual 888 horas. (Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Creo que nuestro balance es bastante razonable (Un señor diputado: No.), una media que no consiguieron gobiernos anteriores. Pero le voy a decir más. Como no voy a repetir los ejemplos de lo que estamos cumpliendo, si quieren le adelanto compromisos que el Gobierno va a cumplir en los próximos días: subida del salario mínimo interprofesional, reforma de la Ley del Consejo de Estado, retirada de conflictos originados por ustedes; en fin, un sinfín. Yo ya sé que esta respuesta a S.S. no le gusta. (Rumores.-Un señor diputado: Un sinfín.) Otra cosa es que usted cada semana, y está en su derecho legítimo, venga aquí a preguntar una y otra vez lo mismo. Eso tiene el riesgo que señalaba aquel filósofo francés de que a lo mejor es que sólo se tiene una idea, y no hay nada más peligroso que tener una sola idea.
(Aplausos.) Si encima esa sola idea, señor Zaplana, es equivocada, el peligro aumenta. Yo creo que a estas alturas usted debería tenerlo en cuenta, señor Zaplana, sobre todo, porque ya no quedan muchas tierras míticas a las que regresar. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LOS ACTUALES NIVELES DE PENDENCIA ANTE LOS TRIBUNALES SON COMPATIBLES CON EL PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA?(Número de expediente 180/000090.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogido en el artículo 24 de la Constitución española, es el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. La justicia en España sigue siendo cara, lenta, y por tanto poco eficaz. Esta es la percepción de una gran mayoría de los ciudadanos españoles, y así viene recogida en los diferentes y numerosos barómetros de opinión. Pese a la publicidad y propaganda, lo cierto es que en los años de gobierno del Partido Popular no se ha priorizado la atención al servicio público de la Justicia. Las reformas legislativas no han ido acompañadas de su paralela y necesaria dotación y aumento presupuestario. El Grupo Popular incumplió la obligación de incrementar los presupuestos de Justicia, tal como venia determinado y tenía la obligación con la firma del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en concreto 250.000 millones de pesetas en dos legislaturas. ¿Cuál es la realidad, señor ministro? Que el nivel de pendencia, asuntos pendientes de resolver por los juzgados y tribunales, asciende ni más ni menos que a 2.177.544 asuntos a 31 de diciembre de 2003. Este nivel de pendencia además de preocupante resulta insoportable en un funcionamiento siquiera razonable de la Administración de Justicia.


Señor ministro, este Gobierno no puede mirar para otro lado y debe priorizar de verdad y de una vez la atención por mejorar el servicio público de la Justicia. Por ello, le pregunto: ¿Considera el Gobierno que los actuales niveles de pendencia ante los tribunales son compatibles con el principio de la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución española?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, comparto su preocupación como creo que la comparte el conjunto de los grupos parlamentarios, todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara. Es una preocupación universal en la ciudadanía que parte de la convicción de que una justicia tardía, además de una justicia cara, es la peor forma de justicia; por tanto, la primera obligación es proveer para la aseguración de esa tutela judicial efectiva, promoviendo una respuesta pronta, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales. Esa es una dirección que admite poca propaganda; sólo admite trabajo humilde, trabajo duro, convocando a ese trabajo duro a los profesionales y a los funcionarios, a los distintos cuerpos de la Administración de Justicia, pero también a lo que puede hacer este Parlamento y este Gobierno al respecto. Lo primero es promover el conocimiento cierto y fidedigno de qué es lo que pasa en el mundo de la Justicia, ejecutando ese todavía pendiente plan de transparencia judicial que nos permita saber cuáles son exactamente los cuellos de botella, dónde están las causas de esa ineficacia y de esa lentitud; después, condicionar al conocimiento cierto de qué es lo que pasa en el mundo de la Justicia la revisión periódica de la planta judicial y, además, promover de forma razonada y ordenada la revisión de esa planta judicial, implementando las previsiones legales y en primerísimo término los juzgados de lo mercantil, que pueden jugar un papel principal en la Justicia civil, y también promover el incremento de esa planta judicial.
Hemos comprometido -lo reiteré ayer en esta Cámara- 1.000 nuevas plazas de fiscales y de jueces, lo que deberá ser un revulsivo, un catalizador de eficiencia en la respuesta judicial que esperan los ciudadanos.
Apuntalaremos con ello un servicio público de calidad, una mejor garantía de los derechos fundamentales. La ciudadanía y el conjunto de diputados y diputadas de esta Cámara no esperan ningún milagro en este plano; simplemente buena política, trabajo serio, servicio a los derechos fundamentales y en primerísimo término el derecho fundamental que ha motivado su pregunta: el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LA AFIRMACIÓN DEL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS SOBRE LA NECESIDAD DE AMPLIAR A TODA LA VIDA LABORAL EL PERIODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES? (NÚMERO EXPEDIENTE 180/000073.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don José Eugenio Aspiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.


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Señor ministro, hace unos días leímos las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en relación con su consideración de que toda la vida laboral se debía computar a efectos de la base reguladora de las pensiones. Nos parece que ésta es una cuestión importantísima, de primer orden, que afecta a millones de ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social y que, por otro lado, tiene una cierta relación con las recomendaciones del Pacto de Toledo de ahondar en el principio de contributividad. Por ello, le pregunto: ¿Comparte el Gobierno la afirmación del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos sobre la necesidad de ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Azpiroz

Lo que comparte el Gobierno es lo que dice el programa electoral del Partido Socialista y las recomendaciones que se incorporan al Pacto de Toledo donde, efectivamente, se plantea mejorar la contributividad del sistema, es decir, acercar las prestaciones que se reciben a las aportaciones que se han hecho a lo largo de la vida laboral de cada trabajador. Eso se puede hacer por muy diversas vías, pero en todo caso haremos las reformas, espero que por consenso ¿Sabe usted para qué? Que lo sepa el señor Zaplana, para que podamos cumplir -y lo vamos a hacer- la subida de las pensiones mínimas a lo largo de esta legislatura.
(Aplausos.) Lo que no habrá será propaganda, pero sí subida de pensiones mínimas.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Quisiera recordar al señor ministro que ya en el año 2000 hubo una importante subida de las pensiones mínimas (Rumores.) y se logró la equiparación de una reivindicación histórica del sindicalismo español en relación con las pensiones de jubilación de carácter mínimo. Dicho esto, tenga por seguro que le ayudaremos en la medida de lo posible desde la oposición a continuar mejorando el sistema de la Seguridad Social. Nos ha preocupado -se lo digo por las manifestaciones que vienen en la prensa- que haya una determinada concepción del diálogo fundada en que, si una de las partes sobre la que debe descansar ese diálogo plantea una condición sine qua non o lo que algunos periodistas ya han llamado un veto el Gobierno, se inhiba. Le animo a que debatan -no es obligado llegar a un consenso-; le animo a que ahonden en este principio de contributividad y a que se planteen las cuestiones. ¿O es que acaso el Gobierno va a aceptar cualquier veto: un veto de Comisiones Obreras, un veto de la patronal? ¿Va eso a paralizar el desarrollo de un diálogo necesario? No estoy condicionando el resultado. ¿O acaso cree el Gobierno socialista que fue malo el acuerdo de 19 de abril del año 2001, que ha resultado muy positivo para muchos ciudadanos, empezando por las viudas españolas? No lo suscribieron todos los interlocutores sociales. Le voy a decir que nos parece muy importante y sabe usted que va a tener al Grupo Popular -como lo ha tenido en la gestión de gobierno, creo que eficientemente, en pro de una mejor Seguridad Social- también aquí. Hay un fondo de reserva importante. Nosotros teníamos 24.000 millones en perspectiva y hay que aunar la buena viabilidad que hoy tiene el sistema, y que sin duda va a continuar económicamente incrementándose con la nueva filiación, con una contributividad que no sea lesiva para nuestros pensionistas y para los que hoy cotizan y puedan tener acceso a una pensión digna.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Gracias, señor Azpiroz. Le agradezco su propuesta de diálogo, así será.
Efectivamente, creo que nuestro sistema de Seguridad Social que está muy consolidado tiene que ir abordando reformas sucesivas que no pueden quedar al albur de cualquier hipotético veto. No me habré expresado bien; no. (Rumores.) Hay que dialogar, hay que plantear las reformas de futuro y esas reformas están ya implícitas en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Para nosotros el Pacto de Toledo, señorías, significa reconocimiento y compromiso; reconocimiento de que la política -y desde luego la política de consenso es la mejor política- es capaz de construir, de reformar y de consolidar nuestro sistema de pensiones; y compromiso por el consenso político. Es indispensable que a través del mismo podamos continuar manteniendo vivo nuestro sistema con las reformas que sean precisas y necesarias. Como es bien sabido por esta Cámara, el Pacto de Toledo representa el gran pacto político en materia de Seguridad Social. Ese pacto, efectivamente, recomienda en su apartado 10 seguir avanzando en el objetivo de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos ocho años. ¿Cómo se puede conseguir? De muy diversas maneras, no sólo a través del aumento del período de cálculo de la pensión, no sólo a través de ese procedimiento; tenemos que impulsar medidas que permitan incentivar un mayor período de cotización y una cotización sobre bases más altas. Por tanto, no descartamos nada, deseamos que haya un acuerdo general; desde luego, ese acuerdo general va a

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ser, estoy convencido, la base del fortalecimiento del sistema, de la mejora de las pensiones mínimas y de su futuro.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL BARRACHINA ROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ INDICADOR ALTERNATIVO AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL VA A SER EL REFERENTE PARA LAS AYUDAS PÚBLICAS QUE DEPENDEN DEL MISMO? (Número de expediente 180/000075.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Ángel Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor BARRACHINA ROS: Señor ministro, ¿qué indicador alternativo al salario mínimo interprofesional va a ser el referente para las ayudas públicas que dependen del mismo?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Barrachina.


Como se sabe, asumimos un compromiso de subir el salario mínimo interprofesional. Palabra dada, palabra cumplida. El 1 de julio de este año el salario mínimo interprofesional en España será de 490 euros en lugar de los 460 actuales. La medida persigue diversos objetivos, pero en primer término pretende devolver al salario mínimo interprofesional la naturaleza que le corresponde, la que le es propia. En el pasado, el salario mínimo interprofesional se convirtió en un indicador de renta mínima, lo que lastraba las posibilidades de incremento del salario mínimo como referencia del salario laboral mínimo que se debe percibir por parte de los trabajadores. El Gobierno ha propuesto restablecer el papel del salario mínimo, para lo que ha decidido la revalorización a lo largo de la legislatura hasta 600 euros y desprender el salario mínimo de su carácter de referencia de rentas que no sean estrictamente laborales.
Para hacer esto definiremos un nuevo indicador de referencia de rentas para las políticas públicas que vienen utilizando hasta ahora el salario mínimo. ¿Qué características tendrá este indicador de rentas públicas con efectos múltiples? Uno, se regulará legalmente; dos, su cuantía se fijará inicialmente en el actual salario mínimo, 460 euros; tres, no afectará a las prestaciones por desempleo, que tienen el carácter de rentas de sustitución de las retribuciones salariales; y, cuatro, se revisará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que aprueba el Parlamento.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor ministro.


Dice usted: palabra dada, palabra cumplida. Me gustaría que nos explicase por qué días antes de tomar esta decisión de aumentar el salario mínimo interprofesional dijo usted a un diario económico -y leo el entrecomillado- que no habría subida porque no había sido negociada y que además no quería hacer electoralismo en estas fechas. Esa es su palabra dada unos días antes de anunciar solemnemente este crecimiento. Ha sido, por tanto -y según sus propias palabras, señor Caldera-, una decisión precipitada que siembra de dudas y de incertidumbre una decisión que modifica 50 leyes, altera más de 200 normas de rango inferior y, lo que es más llamativo y curioso, usted no nos ha dicho cómo se va a calcular a partir de ahora el salario mínimo interprofesional. El Grupo Popular lo hacía de la misma manera que ustedes en la legislatura anterior: ciñéndonos al artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Tampoco ha dicho cómo se va a conformar ese nuevo índice de precios de rentas con efectos múltiples, y lo más sorprendente -y me gustaría, señor Caldera, que lo matizase ya mismo- es que en la Comisión de la semana pasada usted anunció con la misma solemnidad que las prestaciones por desempleo seguirían vinculadas al salario mínimo interprofesional. Me da la sensación, por haber leído la prensa esta semana, que ya hay una nueva rectificación, igual que usted rectificó en el anuncio de extender los 100 euros a todas las mujeres, igual que usted ha rectificado también en la extensión del cálculo de pensiones. Son muchas rectificaciones ya en su departamento, porque ni se ha creado la secretaría de Estado para personas con discapacidad, ni se ha creado la secretaría de Estado para la familia, ni se ha creado el Ministerio de Juventud, y esto parece una rectificación más de las habituales suyas, de las 185.000 viviendas, que ya no son ni viviendas sino actuaciones, y probablemente en un futuro inmediato serán tiendas de campaña. Por tanto, señor Caldera, tiene ahora la oportunidad de contarnos si no le parece jocoso que anuncie usted que el día 1 de julio después de las elecciones europeas va a subir el salario mínimo a 490 euros y diga después: Y ahora lo negociamos. Esta es la forma normal de actuar: primero, deciden, primero, decretan paralizar el trasvase del Ebro, paralizar la Ley de Calidad de la Educación y, después, se abren a la negociación. Es, por tanto, según sus palabras, una medida electoralista, precipitada e impuesta. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Miguel!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


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No se embale, señoría, si lo acabo de decir. Acabo de decir que las prestaciones por desempleo seguirán igual que el salario mínimo futuro.
Lo acabo de decir, se lo leo: El nuevo índice no afectará a las prestaciones por desempleo. Espero, señoría, que ahora lo entienda. En todo caso la pregunta relevante es: ¿Ustedes apoyan la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Sí o no? (Aplausos.-Rumores.) Parece que no, señoría. ¿Sabe usted por qué no la apoyan? Se lo voy a decir. Porque durante su periodo de Gobierno ¿sabe usted lo que ocurrió? Que el salario mínimo no sólo no subió, bajó en España. El salario mínimo descendió, señoría, y ahora este Gobierno se ve en la obligación moral, ética, económica y social de reponer el poder adquisitivo perdido por las familias más humildes de España subiendo el salario mínimo interprofesional y desvinculándolo de otras rentas para hacer posible una subida continuada en el tiempo. A eso tienen ustedes que responder: sí o no a la subida del salario mínimo. Nosotros sí, los españoles también.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JESÚS MEMBRADO GINER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ CONSECUENCIAS SE VAN A DERIVAR DEL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ANUNCIADO POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000088.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jesús Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MEMBRADO GINER: Señor ministro, nosotros estamos contentos y satisfechos con el incremento del salario mínimo interprofesional.
Estamos contentos y satisfechos porque nos parece que se ha hecho justicia ante una situación que anteriormente era anómala, ante una situación en la que en los últimos años había habido una pérdida de poder adquisitivo considerable y ante una situación en la cual el salario mínimo interprofesional se estaba ejecutando, nunca mejor dicho, por decreto de una manera autoritaria y unilateral, sin tener nunca en cuenta los intereses sociales y los intereses de los agentes económicos. Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular este salario, que afecta directamente a más de 600.000 trabajadores y trabajadoras de forma directa, ni garantizó los incrementos reales ni la negociación adecuada con los agentes sociales, y además a lo largo de estos últimos años dicho salario no tuvo el elemento de referencia fundamental del Estado del bienestar que en años anteriores había tenido. Por eso el Partido Popular dejó de evaluar el contenido del salario mínimo y además aplicó esto de una manera absolutamente improcedente.


Señor ministro, con esta medida nosotros consideramos que usted recupera el talante y el valor que tiene el salario mínimo interprofesional, que no es otro que aquel que refleja la Constitución. Este es un salario con una cuantía por debajo de la cual no es posible pactar un trabajo por cuenta ajena. Ese es el elemento esencial del salario mínimo interprofesional y no la especie de Arcadia feliz que a lo largo de ocho años nos ha estado vendiendo el Partido Popular, haciendo referencia a los contenidos de su política social. Por eso es por lo que nosotros estamos satisfechos y al mismo tiempo queremos preguntarle qué consecuencias se van a derivar del incremento del salario mínimo interprofesional en otros ámbitos que no sean los estrictamente salariales.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor Membrado.


Las consecuencias son, en primer lugar, que los trabajadores españoles puedan recuperar el poder adquisitivo perdido; en segundo lugar, dar cumplimiento a lo que dice el artículo 35 de la Constitución, el derecho del trabajador a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia; y en tercer lugar, dignificar la cuantía de un salario que percibe un colectivo relevante de trabajadores y acercarnos a las recomendaciones de la Carta Social Europea, que, como usted sabe, propone que el salario mínimo se referencie en un 60 por ciento al salario medio de cada país, pero hay otras consecuencias muy importantes. España en materia salarial y del salario mínimo en particular es el país de Europa que tiene los más bajos costes laborales y la imposición sobre los salarios también es la más baja prácticamente de Europa. Las desigualdades salariales son las mayores de la Unión Europea y el incumplimiento de la Carta Social Europea está a la orden del día. Todo eso queremos irlo corrigiendo poco a poco. Hay efectos más profundos, efectos que afectan a la economía española. El primero es que este incremento del salario mínimo, señoría, aumentará la oferta de trabajo, porque combatir la inactividad laboral -y es evidente que un salario mínimo cercano al umbral de la pobreza desalienta al trabajo- favorecerá la incorporación de nuevos ciudadanos al mercado laboral; intensificará también la incorporación de la mujer al mercado laboral, porque es obvio que muy bajos salarios no merecen el gasto que tiene que realizar la mujer o el hombre respecto a sus hijos para seguir manteniendo su nivel de vida; incentivará el aumento de la productividad, señoría; mejorará la motivación y el interés del trabajador por su realización laboral en la empresa; reducirá las discriminaciones y desigualdades excesivas de unos trabajadores respecto de otros en el seno de las empresas y en el ámbito interprofesional; generará un clima laboral favorable en el país, una

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especie de efecto ecológico que cree condiciones adecuadas para el desarrollo empresarial; reforzará la unidad de mercado y la cohesión territorial y, por supuesto, ante todo y sobre todo, señoría, aumentará la cohesión social. Es decir, por razones sociales, por razones económicas y por razones de productividad es indispensable subir el salario mínimo como ha hecho este Gobierno. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO XAVIER CARRO GARROTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/000089.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francisco Xavier Carro, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor CARRO GARROTE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Trabajo, sin duda la situación financiera de la Seguridad Social es un elemento imprescindible para sostener una política social que responda eficazmente a las necesidades sociales. En los últimos años se han mantenido desde el Gobierno anterior contradicciones y mentiras que en nada han contribuido a la necesaria credibilidad de nuestro sistema de protección social. Por ejemplo, se ha afirmado que la Seguridad Social estaba en quiebra en el año 1996, cuando la realidad, bien distinta, reflejaba que aquel año había un excedente de 736.000 millones de pesetas. (Rumores.) Calma, que hay más. Los ingresos por cotizaciones fueron superiores al gasto de naturaleza contributiva por una cantidad equivalente a casi 1 punto del PIB. Se ha dicho que el gasto social había aumentado en el conjunto de los presupuestos, cuando durante los Gobiernos del Partido Popular el gasto social se ha reducido año tras año cayendo casi 4 puntos en relación con el PIB. Incluso en relación con el Fondo de reserva ya con las primeras aportaciones se afirmaba solemnemente que eran suficientes para garantizar la viabilidad futura del sistema, cuando estas estaban muy por debajo de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo.


En definitiva, señor ministro de Trabajo, interesa a los ciudadanos conocer la evolución de los principales parámetros en cuanto al número de cotizantes ocupados, a la ejecución del presupuesto, a la gestión del gasto y a la situación del fondo de reserva, ya que la buena marcha de estas variables será la base que sustente una política social, como decía al principio, que responda realmente a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad. Por todo esto, señor ministro de Trabajo, le pregunto: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la actual situación económica-financiera de la Seguridad Social?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señor Carro.


La Seguridad Social presenta en la actualidad una buena situación financiera saneada que se traduce entre otros extremos en que las cotizaciones de ocupados a la Seguridad Social superaron por primera vez en el pasado mes de abril la cifra de 17 millones de cotizantes. Al día de ayer, señoría, tenemos 17.229.000 cotizantes en el sistema y la variación desde el 31 de diciembre de 2003 asciende a 640.000 nuevos cotizantes en estos casi 5 meses, una cifra superior a la del año pasado en la que el incremento se cifraba en 588.000 cotizantes. Puede apreciarse, por tanto, una suave aceleración en las altas al sistema de la Seguridad Social. En términos de derechos reconocidos, la ejecución del presupuesto de recursos a 30 de abril supera en más de 2.000 millones de euros, 320.000 millones de las antiguas pesetas, las previsiones presupuestarias. Es decir, que hemos tenido unos ingresos de más de 300.000 millones por encima de las previsiones presupuestarias. Ahora bien, esta situación de bonanza en términos de ingresos no puede descuidar la gestión de los gastos. En este sentido, se han tomado medidas para frenar crecimientos, en nuestra opinión exagerados, de algunos gastos superfluos. Por ejemplo, en los tres primeros meses del año los gastos corrientes crecieron hasta llegar al 43 por ciento, sin embargo, en el mes de abril los gastos lo hicieron sólo con un incremento del 7 por ciento, que se espera moderar en el resto del año. Como conoce hay una ley que regula el Fondo de reserva y que determina que los excedentes de ingresos que financia las prestaciones de carácter contributivo deben ir prioritaria y mayoritariamente al Fondo de reserva del sistema. Hoy, señoría, quiero dar una buena noticia para todos los españoles en nombre del presidente del Gobierno: En el mes de junio haremos una dotación al Fondo de reserva de la Seguridad Social por importe de 3.700 millones de euros, 600.000 millones de las antiguas pesetas. Esto es lo que garantiza nuestro futuro sistema de pensiones.
Esa aportación se hace antes de fin de año, como solía ser habitual, y se hará en el mes de junio con 3.700 millones de euros. Esto permitirá sostener y mantener nuestro sistema de pensiones en el futuro.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁL

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ES EL CALENDARIO PREVISTO POR EL GOBIERNO PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS EN RELACIÓN CON LA INCORPORACIÓN INMEDIATA DE LOS 1094 AGENTES DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO CORRESPONDIENTES A LAS PLAZAS VACANTES DE LAS RESPECTIVAS PLANTILLA? (Número de expediente 180/000061.)

El señor PRESIDENTE: Al señor ministro del Interior, pregunta del diputado don Paulino Rivero de Coalición Canaria.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, señor ministro, la seguridad es uno de los principales problemas que en estos momentos preocupan a los ciudadanos de todo el Estado, particularmente en un territorio como Canarias, que tiene unos problemas específicos que están derivados del crecimiento poblacional espectacular que ha tenido lugar a lo largo de esta última década y, además, de la situación geográfica que lleva unos problemas añadidos relacionados con el tema de la inmigración, tanto la que nos llega por los aeropuertos como la que nos lleva a través del mar.


Con el anterior Gobierno del Partido Popular habíamos alcanzado el acuerdo de ir pautando, conforme a las necesidades de Canarias, los procesos de selección, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, para ir complementando los catálogos de puestos de trabajo del archipiélago canario. Ahora nos ha aflorado una duda: no sabemos si el Grupo Popular nos estaba engañando; hay una reserva de miles de policías y guardias civiles pendientes de destino, porque el nuevo delegado del Gobierno en Canarias se ha comprometido a que de forma inmediata se incorporen a Canarias 1.096 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para cubrir las vacantes que en estos momentos están en los catálogos. La pregunta es la siguiente, señor ministro. ¿Qué calendario tiene el Ministerio del Interior para cubrir los 1.096 puestos vacantes del Cuerpo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor diputado. Señor Rivero, las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sabe que son objeto de atención preferente por parte del Ministerio del Interior, en especial, por lo que hace a la Comunidad Autónoma canaria. La dotación de policías, una vez resueltos los diferentes concursos, será de 2.403, con lo que el porcentaje de ocupación respecto del catálogo será del 79 por ciento, porcentaje al que hay que añadir 123 policías que actualmente están en prácticas y otros 167 que se van a inscribir a partir del 1 de julio próximo, lo que eleva sustancialmente el grado de ocupación de las plantillas. A todo ello hay que añadir además la adscripción que se producirá por la incorporación de los nuevos elementos que salgan de la siguiente promoción de la escala básica.


Respecto de la Guardia Civil, 105 guardias civiles se van a incorporar próximamente a sus destinos y está prevista la convocatoria durante el próximo mes de julio de 127 vacantes para guardias civiles que, junto a los 145 en prácticas que se destinan para refuerzo, también el próximo mes de julio, van a incrementar sustancialmente el nivel de ocupación de las plantillas en aras de cubrir los objetivos de política policial a los que usted se refería antes.


Muchas gracias, señor diputado.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor ministro.


Valoramos su respuesta positivamente y nos parece razonable que haya un calendario como el que usted ha planteado parea ir cubriendo las vacantes que hay en estos momentos, tanto en el Cuerpo de la Guardia Civil como en el de la Policía Nacional, pero es muy importante que no generemos, además por representantes del Gobierno, unas expectativas que no se pueden cumplir de forma inmediata. No es posible bajo ningún concepto cubrir -nosotros lo entendemos- 1.096 puestos vacantes de forma inmediata. Por tanto, es importante una coordinación del Gobierno del Estado con el delegado del Gobierno en Canarias, que lo mismo sirve para un roto que para un descosido; lo mismo se compromete mañana a resolver la apertura de un aeropuerto, a construir una carretera, a abrir un puerto y a resolver todas y cada una de las infraestructuras de Canarias.
Por tanto, nosotros valoramos positivamente la actitud del ministerio. Va a contar con nuestra colaboración y llevaremos a cabo una evaluación para que ese calendario, al que usted se está comprometiendo ante la Cámara, se vaya cumpliendo de una forma razonable.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor diputado. Efectivamente le he dado las cifras que está previsto cubrir para su incorporación a corto plazo, el próximo mes de septiembre. A medio y largo plazo procuraremos por todos los medios, ya que comprendemos la especificidad del hecho insular, cubrir la plantilla en aras de cubrir los objetivos de política policial en el Archipiélago.


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- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO LABORDETA SUBÍAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ EXPLICACIONES PUEDE DAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE LAS CITACIONES POLICIALES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO QUE, POR PARTE DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 1 DE ZARAGOZA, SE SIGUE CONTRA DIVERSAS PERSONAS POR LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EL PASADO 13 DE MARZO DE 2004. (Número de expediente 180/000067.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


El día 13 de marzo, debido a la manipulación informativa del Ministerio del Interior, la gente hizo lo que se puede hacer en un país democrático, que era salir a la calle, pedir información y preguntar quién ha sido.


En Zaragoza, una serie de ciudadanos y de ciudadanas acudió a la sede del Partido Popular, que luego denunció ante la Junta Electoral que había sido una ruptura del día de reflexión, día que debíamos estar callados y en reflexión. La denuncia cayó en manos del juez instructor. Este mismo hecho se ha producido en otras instituciones, pero los jueces han decidido retirarlo. En Zaragoza, sin embargo, se sigue adelante. El juez señor Lasala ha decidido seguir el proceso, proceso bastante extraño porque nadie sabe muy bien a quién se ha llamado ni cómo se ha llamado; sólo a 11 de los 31 inculpados se les pidió la identificación y el resto, según dice el atestado, era gente conocida por la policía. Uno se queda bastante extrañado de que se convoque a la gente de esta manera. Se hacen unas citas muy raras, señor ministro, se cita por teléfono y a veces se llama a personas a casas paternas que habían sido abandonadas hacía ya 10 años por ellas. Por el contrario, se puede pensar que se utilizan imágenes de televisión. Pues no es así porque a personas muy conocidas de otros partidos, que participan en estas manifestaciones y salen en primeros planos en televisión, no se les llama en ningún momento. El delegado del Gobierno en Zaragoza dice que confía en que se detallen en las diligencias los métodos seguidos, y nosotros esperamos también que se detallen estos métodos seguidos.


Ante esta situación de desconcierto, de irregularidad, porque ese día de reflexión también hubo gente que se saltó la reflexión a la torera y sin embargo no le ha pasado nada -había que haber planteado ese problema, pero no lo planteamos-, ante esta situación de desconcierto se convoca una asamblea de información, con unas 400 personas inculpadas. La pregunta es: ¿Qué explicaciones puede dar el Ministerio del Interior sobre las citaciones policiales derivadas del procedimiento que, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, se sigue contra diversas personas...?

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo siento, su tiempo ha terminado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


Señor diputado, señor Labordeta, gracias por su pregunta.


Le puedo decir cuatro cosas. Primera, que efectivamente las citaciones a las que hace usted referencia derivan de una resolución judicial que dicta un Juzgado de Instrucción, el número 1 de Zaragoza, en unas diligencias judiciales. Segundo, que en esa resolución se contiene una orden específica a la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza para que elabore un atestado ampliatorio. Insisto en que esa es la orden judicial.
Tercero, que, como es obvio, esa orden judicial es de inexcusable y obligatorio cumplimiento para la policía. Cuarto, lo que evidentemente no puedo referirle son los pormenores de una orden judicial, que pertenece a la esfera de competencias constitucionales de los jueces, según el conocido esquema de división de poderes y de respeto a la independencia judicial. Por lo tanto, la policía cumple en esos términos la orden judicial que recibe.


- DEL DIPUTADO DON AGUSTÍ CERDÀ I ARGENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ INFRAESTRUCTURAS URBANÍSTICAS Y PORTUARIAS TIENE PREVISTO EL GOBIERNO REALIZAR CON MOTIVO DE LA FUTURA CELEBRACIÓN DE LA COPA AMÉRICA DE VALENCIA? (Número de expediente 180/000062.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento del diputado don Agustí Cerdà, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña.


El señor CERDÀ I ARGENT: Señora ministra, ¿qué infraestructuras urbanísticas y portuarias tiene previsto realizar el Gobierno con motivo de la futura celebración de la Copa América en Valencia?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno de la nación es consciente de la importancia que la celebración de la Copa América 2007 tiene para la ciudad de Valencia, tanto en el ámbito

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económico como desde la perspectiva de su proyección exterior. En consecuencia, puedo afirmarle, señoría, que apoya inequívocamente la celebración de este evento.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor CERDÀ I ARGENT: Señora ministra, nuestro grupo, Esquerra Republicana, reclama del Gobierno las aportaciones económicas necesarias para la celebración de la Copa América en Valencia, que, a nuestro entender, si se gestionan debidamente han de proyectar a escala mundial la imagen de Valencia y crear en paralelo, como así lo esperan muchos de nuestros ciudadanos, miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
Sin embargo, entendemos que estas inversiones no deben abonar un modelo de especulación inmobiliaria, conocido ya como estilo Terra Mítica, en el cual los gastos siempre son públicos y los beneficios siempre privados.
En este caso concreto, ese modelo comportaría la destrucción irreparable de barrios litorales de la ciudad de Valencia, como el Cabañal o la Malvarrosa, cuando debería servir, por el contrario, para la realización de grandes obras de infraestructura, ya previstas con anterioridad, y para dotar de nuevos y modernos equipamientos a nuestra ciudad de Valencia.


Entendemos igualmente que es en gran medida obligación suya velar por que estas actuaciones urbanísticas y portuarias, necesarias para la celebración de la Copa de América, sean aquellas que menor impacto ambiental provoquen sobre la ciudad y el litoral valencianos. No podemos seguir deteriorando las playas y costas valencianas con una apuesta, a nuestro entender suicida, de pan para hoy y hambre para mañana, de dinero fácil y rápido, sin observar las consecuencias que este tipo de proyectos suele acarrear a medio plazo.


Esperamos de este Gobierno y de su ministerio que tengan en cuenta nuestras indicaciones. Si es así, nos encontraremos gratamente con un modelo de gestión desconocido en el País Valenciano, al menos en la última década.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias.


Señoría, permítame que le diga que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que usted ha hecho. Vamos a apoyar todo aquello que suponga un beneficio y que, a la vez, respete -como no puede ser de otro manera- nuestros recursos naturales. No tenga usted duda de que cumpliremos nuestro compromiso. Le repito que coincido con usted en el peligro de llevar a cabo un modelo especulativo para financiar las infraestructuras.


De todas maneras, permítame que le diga que los compromisos están recogidos, en cuanto a la participación de la Administración General del Estado, tanto en el convenio como en el consorcio que se han creado precisamente para cubrir y asegurar el buen fin del evento. Por tanto, en los aspectos que ha planteado usted, con los que coincidimos, trabajaremos para buscar las mejores soluciones para que la regata sea un éxito, como usted ha dicho, y para que podamos a la vez garantizar el éxito a las generaciones futuras. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ PLANIFICACIÓN PIENSA EL GOBIERNO QUE ES NECESARIO ACOMETER EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO? (Número de expediente 180/000091.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, a la señora ministra de Fomento

La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, presidente.


Señora ministra, usted sabe que son muchas las asignaturas pendientes que nos ha dejado el Gobierno del Partido Popular. Hoy a mi grupo le interesa destacar especialmente una: la ausencia de planificación en las infraestructuras del transporte.


A los importantes planes sectoriales de los años 80 que impulsaron los gobiernos socialistas, les sucedió el ejercicio más ambicioso de planificación de infraestructuras que se había desarrollado hasta ese momento en España: el Plan director de infraestructuras 1993-2007. Este plan, además de abarcar por primera vez el conjunto de las infraestructuras, aportaba novedades significativas: un planteamiento intermodal, la concertación entre administraciones como principio básico de actuación y la transparencia en cuanto a su contenido. Baste recordar que fue aprobado por el Gobierno socialista y refrendado por esta Cámara en diciembre de 1995. Sin embargo, los sucesivos gobiernos del Partido Popular han sido incapaces de desarrollar y consolidar las obras diseñadas en este plan, más bien han dilapidado estos avances para inventarse un nuevo plan, que no es otra cosa que un listado incoherente de infraestructuras sin vertebración alguna. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) No se conoce ni el plazo que abarca, ni sus objetivos, ni la mayor parte de sus propuestas. Tampoco consta cuáles son los estudios de base, las previsiones de demanda o los análisis de rentabilidad socioeconómica en los que se apoya. Sobre todo, señora ministra, este plan no fue aprobado por el Consejo de Ministros ni se remitió a las Cortes para su debate y tramitación.


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Señorías, lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular ha consistido, en realidad, en un gran aparato de propaganda dirigido a los medios de comunicación, con profusión de inauguraciones de tramos parciales y puestas de primeras traviesas y de primeras piedras anunciadas como si fueran ya obras terminadas. El plan del Partido Popular es un campo abonado para el oportunismo político, es un plan de quita y pon, incompatible con un uso racional.


Ante esta situación que usted ha heredado, señora ministra, ¿qué planificación piensa el Gobierno que es necesario acometer en el ámbito de las competencias del Ministerio de Fomento?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Zarza): Señor presidente, señorías, el Gobierno, tal como anunció el presidente en su discurso de investidura, tiene el firme compromiso de recuperar la planificación como instrumento básico de la política de infraestructuras y transportes del Ministerio de Fomento. Por ello, se ha iniciado ya la elaboración del Plan estratégico de infraestructuras de transportes, que estará elaborado antes de que finalice 2004 y que entronca, como usted ha planteado, con las anteriores acciones de los gobiernos socialistas.


Cuando hablo de planificación, me refiero a una planificación sustentada en principios objetivos, a una planificación elaborada sobre la base del diálogo social, a una planificación con un adecuado soporte financiero, a una planificación sometida al debate político y al control parlamentario.
Efectivamente la acción de gobierno en política de infraestructuras y transportes requiere de la planificación por cuanto son decisiones que tienen importantes consecuencias en la movilidad de la población, en la ordenación territorial, en la actividad económica y en los recursos ambientales, por citar asuntos de mayor trascendencia. Asimismo moviliza grandes recursos económicos y permanece en el territorio a lo largo de varias generaciones.


En contraste con esta política, como usted ha dicho, los gobiernos del Partido Popular se han caracterizado por la ausencia de planificación en la política de infraestructuras. Las consecuencias de esta falta de planificación son perfectamente identificables: un conjunto de actuaciones dispersas e inconexas, la pérdida de la eficacia de las cuantiosas inversiones realizadas, el despilfarro de los recursos públicos, un alto grado de arbitrariedad en la asignación de los mismos y, si me apuran, el clientelismo como método de decisión política.


Este Gobierno no solamente asume el compromiso de recuperar la planificación como instrumento de la política de infraestructuras sino que ya se ha avanzado en esta dirección. Como prueba de ello una de las primeras medidas del ministerio ha sido la creación de la Dirección General de Planificación, que fue suprimida por el Partido Popular cuando llegó al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ELISENDA MALARET GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ ACTITUD PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA CONFLICTIVIDAD JURISDICCIONAL QUE ACTUALMENTE EXISTE EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000082.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Administraciones Públicas.


Pregunta de la diputada doña Elisenda Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.


La señora MALARET GARCÍA: Muchas gracias.


Estos últimos años hemos asistido a un fuerte y rápido crecimiento de la conflictividad entre las distintas instancias de gobierno, a un cuestionamiento permanente de las decisiones de las distintas instancias territoriales, que se ha formalizado mediante recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. Un dato significativo, a título de ejemplo, de la problemática suscitada. En 2002, las comunidades plantearon contra el Estado 35 recursos de inconstitucionalidad y el Estado planteó 17 contra las comunidades autónomas, frente a 1999 en que eran nueve y nueve respectivamente, para no ir más atrás en que las cifras serían todavía más significativas. Es una conflictividad muy alejada de los parámetros presentes en los otros Estados compuestos, una tensión permanente que parece cuestionar radicalmente la tan cacareada estabilidad institucional.


Frente a esta situación, frente a esta problemática en las relaciones entre Estado y comunidades autónomas, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para recuperar las pautas propias de las relaciones basadas en la lealtad institucional y el respeto mutuo a las competencias? Señor ministro, ¿qué actitud piensa adoptar el Gobierno para reducir la conflictividad jurisdiccional que actualmente existe en el Tribunal Constitucional?

El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señor presidente.


Señoría, agradezco que me haga esta pregunta. El Gobierno ya ha manifestado públicamente su firme voluntad de reducir de manera significativa los litigios competenciales que en este momento están en los tribunales

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entre la Administración central y las comunidades autónomas a través del diálogo y de la negociación sobre las materias controvertidas. En el ámbito de la conflictividad jurisdiccional hay al menos varias vías posibles de actuación y las estamos utilizando todas: la conversación con las distintas comunidades autónomas, la puesta en marcha de los mecanismos bilaterales previstos precisamente para proceder a este retroceso en el proceso de litigiosidad, el desistimiento de parte de los recursos promovidos por el Estado -alguno ya hemos hecho y adelanto que el próximo viernes haremos algo más de diez- y, finalmente, modificar algunos cambios legislativos, que son los que han dado lugar en muchos casos al conflicto. Señoría, quiero darle algunas cifras. En estos momentos hay casi trescientos recursos en el Tribunal Constitucional, de los cuales unos ochenta han sido puestos por el Estado y el resto por las comunidades autónomas; tres comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía y Aragón, concentran más del 60 por ciento de la litigiosidad.


El compromiso del Gobierno es legislar mejor, legislar con y no contra las comunidades autónomas y poner en marcha mecanismos de lealtad institucional para acabar con el yo legislo y tú pagas. Se deben interponer recursos por razones jurídicas, por razones competenciales, nunca por razones político-partidistas, como desgraciadamente se ha hecho con excesiva frecuencia en los últimos tiempos. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE. ¿QUÉ PASOS ESTÁ DANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN EL PROCESO DE REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL AGUA? (Número de expediente 180/000083.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente.


Pregunta de la diputada doña María del Carmen Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, el anterior Gobierno del Partido Popular nos ha dejado en política del agua un Plan hidrológico inservible para satisfacer las necesidades hídricas de comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía, previendo un trasvase como el del Ebro, infravalorado presupuestariamente, inviable desde el punto de vista medioambiental y que aportaba una cantidad de agua muy por debajo de lo previsto y a un precio bastante más elevado. Hemos heredado también una confederaciones hidrográficas vacías de contenido, sin recursos e incapaces de ejercer el control público del agua; a la vez, eso sí, se crearon, con un importante despliegue publicitario, las sociedades estatales del agua. De esas sociedades, como es el caso de Acusur, que conozco bien, sabemos hoy que no han ejecutado la mayoría de las actuaciones previstas y que prácticamente se encuentran en una situación de quiebra financiera; eso sí, han encargado muchos estudios técnicos, muchos informes y, sobre todo, folletos publicitarios.


Señora ministra, sabemos que desde su llegada al ministerio se ha planteado una nueva política del agua, de acuerdo con la directiva europea, poniendo en marcha una serie de actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas para incrementar la disponibilidad del recurso hídrico y mejorar la gestión y la calidad del agua.


Por todo ello, señora ministra, quisiera saber qué pasos está dando el Ministerio de Medio Ambiente en el proceso de reorientación de la política del agua. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. Efectivamente, desde nuestra llegada al Gobierno estamos cumplimiento el compromiso anunciado por el presidente en su discurso de investidura en cuanto a la reorientación de la política del agua conforme a la directiva europea en la materia. Para ello es absolutamente imprescindible cambiar la tendencia al vaciamiento de las confederaciones hidrográficas de sus funciones de control público de un recurso que es público. Señorías, desde 1997 hasta el año 2003 las confederaciones hidrográficas han perdido 319 empleados por vacantes que no han sido cubiertas y que han ido dejando cada vez más empobrecidos estos organismos en sus funciones de control y vigilancia del dominio público hidráulico, algo que explica en gran medida el caos administrativo en el que están sumidas en este momento. Esa disminución de efectivos de las confederaciones hidrográficas se ha visto más que compensada, desde el punto de vista del gasto público, por el extraordinario incremento en el gasto en asistencias técnicas que el ministerio ha procedido a contratar, tanto en sus servicios centrales como en las sociedades estatales a las que usted ha hecho referencia.


Por ello, en primer lugar, estamos poniendo en marcha las convocatorias para fortalecer esas confederaciones hidrográficas. A lo largo de este año, esas convocatorias significarán el incremento de 173 efectivos que permitirán la correcta dotación de las comisarías de aguas. A continuación, está previsto también la contratación de personal laboral, 154 personas, que estarán asignadas también a tareas de control tanto del dominio público hidráulico como del dominio público marítimo terrestre.
Junto con ello, hemos iniciado ya los contactos para comenzar la reforma de las confederaciones

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hidrográficas, que deberá permitir que sean organismos que garanticen el cumplimiento correcto de los objetivos de la directiva marco en materia de política del agua. También hemos comenzado a analizar la situación desastrosa en la que nos encontramos las sociedades estatales de agua, que fueron creadas por el anterior Gobierno con el señuelo de allegar financiación privada para la obra hidráulica. Por el contrario, la mayoría de las actuaciones...


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, lo lamento, su tiempo concluyó.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA CARCEDO ROCES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO? (Número de expediente 180/000084.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada María Luisa Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señor presidente.


Señorías, ayer asistíamos con estupefacción al debate de una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en la que se pedía al Gobierno el cumplimiento del Protocolo de Kioto; estupefacción que para los miembros de la Comisión de Medio Ambiente no es sino un sarcasmo, porque la portavoz del Grupo Popular en esa Comisión auspiciaba para nuestro país un cementerio de empresas si se instaba el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Señorías, esta contradicción, que puede ser una cuestión banal fruto de los excesos parlamentarios en otras ocasiones, en este caso es un asunto de calado y de gravedad, porque nos encontramos ante el principal desafío que la humanidad tiene en estos momentos para la salud del planeta, por tanto, para la supervivencia de los seres vivos. Tal es este desafío que Naciones Unidas promovió la Convención sobre el cambio climático, hoy denominada Protocolo de Kioto, que nuestro país firmó junto con el resto de los entonces 15 miembros de la Unión Europea. Ese protocolo, señorías, es para cumplirlo, no sólo por razones morales, porque no tenemos derecho en este cuarto de siglo a producir los desequilibrios que se están produciendo en la salud ambiental del planeta y debemos garantizar para generaciones futuras la calidad ambiental necesaria. Como digo, se debe cumplir no sólo por razones morales, sino por razones formales, y ninguna de las dos razones se han cumplido; en lo que se refiere a las razones morales, me remito al sarcasmo a que hacía referencia y, en lo relativo a las razones formales, el plan de emisiones se debía de haber remitido el 31 de marzo a la Unión Europea y tmapoco se ha iniciado ninguna medida para el control y ahorro energético en nuestro país porque no se han puesto en marcha medidas como el impulso de las energías renovables o el control de la demanda.


Resultado y conclusión: no solamente se ha incumplido, sino que se ha incrementado de forma importante...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, lo lamento, terminó su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señoría.


Entiendo que hablaremos, y mucho, aquí en las Cortes del Protocolo de Kioto porque, como usted ha señalado, es un reto moral, económico y tecnológico para España, que se sitúa en estos momentos en el puesto más alejado de toda la Unión Europea respecto del cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto, un 40 por ciento de incremento respecto del año 1990 en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, incremento que se ha producido, además, en su mayor cuantía desde el año 1997, fecha de la ratificación del Protocolo de Kioto por el anterior Gobierno, hasta la fecha actual, demostrando claramente la desidia en este sentido. No hay más que ver que el presupuesto de este año para la denominada estrategia de ahorro y eficiencia energética cuenta con la increíble cifra de 15 millones de euros para corregir una tendencia al incremento de la intensidad energética en nuestro país, que va en el sentido contrario a la reducción de la intensidad energética del resto de las economías occidentales, fruto de una ausencia total de medidas de gestión de demanda.


El Gobierno de la nación, desde hace dos semanas, está trabajando en un grupo interministerial, creado dentro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidido por el secretario de Estado de Economía, con la secretaría asignada al Ministerio de Medio Ambiente, con la colaboración de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo, Fomento, Trabajo, Asuntos Sociales y Vivienda, ministerios todos ellos comprometidos a establecer lo más urgentemente posible aquellas medidas que puedan contribuir a la reducción de emisiones en todos los sectores de la economía española. Además de ello, estamos trabajando a marchas forzadas para recuperar el tiempo perdido en la elaboración del Plan nacional de asignación de emisiones y también respecto de la trasposición de la directiva del comercio de emisiones, que debería haberse efectuado antes del 31 de diciembre pasado.


En estos momentos, España y Grecia son las únicas que ni siquiera han presentado un borrador ante la Unión Europea; corresponde a este Gobierno gestionar

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semejante herencia a la máxima rapidez y con el mayor rigor. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PABLO MATOS MASCAREÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿VA EL GOBIERNO A CUMPLIR SU COMPROMISO ELECTORAL DE CREAR 180.000 VIVIENDAS AL AÑO? (Número de expediente 180/000072.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Vivienda, del diputado don Pablo Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señora, ministra, intuyo cuál va a ser el sentido de su respuesta porque estamos acostumbrados a que ustedes los lunes, miércoles y viernes digan una cosa y los martes, jueves y sábados la contraria, pero nos gustaría que en su respuesta nos aclarara algo. Si la célebre cifra de 180.000 se refiere a viviendas, cuál es el resto de las actuaciones y si, al final, las 180.000 son viviendas, cuántas de ellas son viviendas nuevas.


Señora ministra, ¿va a cumplir el Gobierno su compromiso electoral de crear 180.000 viviendas al año?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señoría, para que no haya dudas y para que usted lo tenga claro, este Gobierno va a cumplir su compromiso haciendo justamente lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular durante estos ocho años que ha gobernado. (Aplausos.) Dicho de otra forma y para que usted no se pierda en la semántica, el Gobierno Socialista va a solucionar los problemas de los españoles que el Partido Popular ha originado.


Además, este Gobierno hace honor a sus compromisos y a la palabra dada.
Eso quiere decir que nuestro compromiso es firme y permanece inalterado.
Vamos a poner a disposición de las familias españolas a precios y rentas asequibles 180.000 viviendas por año. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


A la pregunta clara y concreta de cuántas son viviendas nuevas y cuál es el resto de las actuaciones no me ha contestado; debe ser porque no lo sabe.


Un miércoles, como hoy, el presidente del Gobierno en Alcobendas prometió 180.000 viviendas nuevas cada año a precios asequibles, 90.000 viviendas en alquiler y 90.000 en venta. No sé si el jueves siguiente, el sábado o el martes, dijo que de las 180.000 viviendas, 70.000 de las de venta y 20.000 de las de alquiler, eran viviendas de protección nuevas y el resto eran usadas, por tanto, las 180.000 viviendas nuevas se quedaron justo en la mitad. En su programa electoral, que no sé qué día de la semana fue redactado, pero que por su contenido creemos que fue un lunes, miércoles o viernes, se aseguraban 180.000 viviendas nuevas, y lo mismo ocurrió en el discurso de investidura. El martes 18 de mayo las 180.000 viviendas se convirtieron en 180.000 actuaciones. El miércoles 19 de mayo, tras la denuncia del Grupo Popular, las actuaciones volvieron a convertirse en viviendas. Hasta los miembros de Esquerra Republicana, su leal socio de Gobierno, declararon que le pedirían explicaciones. Señora ministra, los titulares de prensa de los días siguientes le tienen que haber avergonzado forzosamente o, cuando menos, sonrojado: Trujillo -que es usted- rectifica y habla ahora de 180.000 viviendas; Trujillo se rectifica a sí misma; Trujillo preocupada por que los socios de ERC le echan en cara su cambalache de 180.000 pisos por 180.000 actuaciones.
Habíamos presenciado las continuas contradicciones de unos ministros con otros, pero es la primera vez que una ministra se ha rectificado a sí misma. En eso ha sido usted la pionera. En definitiva, hoy, otra vez miércoles, vuelven a ser 180.000 viviendas. Lo malo es que mañana, cuando usted comparezca, será otra vez jueves. Le confieso que nos tiene usted en ascuas. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señoría, sea usted un poco prudente y no confunda a los españoles. Han dejado de considerar a la vivienda como mercancía y ahora pretenden seguir engañando y confundiendo, considerando a la vivienda como un término. No pretendan engañar a los españoles perdiéndose en la semántica. El Gobierno socialista va a poner a disposición de las familias españolas, a precios asequibles, 180.000 viviendas, tanto de acceso a la propiedad como en régimen de alquiler, poniendo además en juego para ello la bolsa pública del suelo y preferentemente la de la Administración General del Estado.
Le transcribo literalmente el compromiso de este Gobierno, que se puso de manifiesto en el debate de investidura. No trate de engañar a la población española. Han originado un problema en los últimos ocho años.
Nunca han querido hablar de políticas de vivienda. Para usted, para su partido y para su grupo la vivienda es una mercancía. Sea usted paciente.
En los próximos días comprobará la firmeza del compromiso del Gobierno y que la vivienda y el suelo es una política de Estado; no es una mercancía ni un término. En este año 2004 nosotros vamos a hacer un 60 por ciento más de lo que ustedes tenían previsto.


Gracias. (Aplausos.)

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- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO CONTRERAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA: ¿QUÉ ACCIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA FAVORECER LA CONCERTACIÓN DE TODOS LOS SECTORES IMPLICADOS EN LA POLÍTICA DE VIVIENDA? (Número de expediente 180/000087.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francisco Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Señor diputado.


El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, es curioso que el Partido Popular pretenda que el Gobierno socialista resuelva en ocho días un problema para el que han estado trabajando durante ocho años. Han estado ocho años para crear este problema. (Rumores.)

Señora ministra, en esta su primera comparecencia en la Cámara, quiero expresarle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra felicitación por su nombramiento. (Rumores.) La cortesía parlamentaria todavía existe, señorías. Le deseo mucho éxito en su tarea de mejorar la situación de millones de jóvenes y de familias de modesto poder adquisitivo que quieren acceder a una vivienda. Señora ministra, la adquisición de una vivienda se ha convertido durante los años de Gobierno del Partido Popular en un grave problema; problema no sólo para las personas que no pueden satisfacer el derecho a una vivienda digna que otorga el artículo 47 de la Constitución, sino también para aquellas familias que tienen que dedicar más del 50 por ciento de sus ingresos, durante más de 25 años, para acceder a una vivienda. Como consecuencia de esta situación, queremos denunciar el alto nivel de endeudamiento de las familias. Así, en 1996 el crédito inmobiliario suponía el 38 por ciento del conjunto del crédito a familias y empresas, y a finales de 2003 dicha participación superaba el 50 por ciento. No de menor importancia es la incidencia de capital especulador en los mercados de suelo y vivienda, que provoca el alza de los precios, a pesar de las llamadas reformas liberalizadoras del suelo que hizo el Partido Popular. Para los socialistas la vivienda debe ser un derecho y no una mercancía sujeta a los únicos avatares del mercado, pero somos conscientes de que las competencias en esa materia están repartidas entre las distintas administraciones y que el sector privado tiene un peso extraordinario.
Por esta razón, la colaboración entre las administraciones y la participación de los sectores implicados es esencial para abordar una solución de este problema heredado de los gobiernos del Partido Popular.
Estas consideraciones me llevan a hacerle la pregunta que figura en el orden del día.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.


Le doy las gracias a usted y a su grupo por su felicitación y además por poner de manifiesto en esta Cámara la situación actual del mercado de la vivienda y suelo que ha originado el Partido Popular con ocho años de Gobierno: poco gasto público, poca vivienda protegida y mucha especulación.


Como bien dice S.S., la concertación es uno de los ejes principales de la política del Ministerio de Vivienda. Tras mucho tiempo de desidia y de falta de interés por conocer la opinión de todo el sector, el primer cometido que he llevado a cabo como ministra de Vivienda ha sido reunirme con todos los agentes, tanto públicos como privados, implicados en el sector de la vivienda. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, con las administraciones autonómicas y también con la local. He mantenido contacto con todos los gobiernos autonómicos (el último de ellos ha sido hoy, con el Gobierno vasco) y también con algunos de los principales alcaldes de España y con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero también me he reunido con otras instituciones y con el sector privado, como los colegios profesionales, los promotores, constructores, entidades financieras, aseguradoras, el Consejo de la Juventud, etcétera. He de decirle, señoría, que en la práctica totalidad de las reuniones que he mantenido hasta ahora ha existido una comunicación fluida y una disposición honesta y leal para sumar esfuerzos. A este Gobierno ha llegado la concertación y el cambio en la política de vivienda y suelo. Próximamente voy a convocar la Conferencia sectorial de Vivienda y Suelo, a la que se van a incorporar, después de haberla abandonado con las políticas del Partido Popular, las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra, y voy a seguir trabajando en todas las medidas que va a impulsar el Gobierno y en un gran pacto social. Los encuentros serán periódicos, fluidos y transparentes. Es desalentador comprobar cómo el Partido Popular ha desaprovechado la cantidad de gente y la cantidad de sectores públicos y privados dispuestos a trabajar por solucionar uno de los principales problemas de los españoles hoy. Ha llegado un nuevo tiempo al Gobierno de la nación, que va a proporcionar 180.000 viviendas por año a los españoles, 180.000 soluciones.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ARIAS CAÑETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA

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AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA LIBERALIZACIÓN EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN? (Número de expediente 180/000071.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio. En primer lugar, del diputado don Miguel Arias, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, la doy por formulada.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro. Perdone, el señor diputado dijo que daba por formulada su pregunta.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señor Arias Cañete, el sector de la distribución comercial, por sus especiales características sociales y económicas, precisa de una regulación ordenada. La política del Gobierno va a ir encaminada a la defensa de las condiciones de competencia, que no se basa en la protección a ultranza del pequeño comercio tradicional no eficiente. Los programas de apoyo al pequeño comercio y la acción reguladora se han de basar en el estímulo de las condiciones de competencia y rivalidad en los mercados, en la conciliación de la vida laboral y familiar y en la defensa de un tejido comercial urbano que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, pensamos que no es conveniente la completa liberalización de aperturas en festivos que preveía el Real Decreto-ley 6/2000 para el año 2005, ya que reforzaría el incremento de la concentración comercial. Siguiendo la experiencia española y también la de otros países sabemos que una mayor tasa de concentración acaba generando precios de venta más elevados para los consumidores.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ARIAS CAÑETE: Muchas gracias, señor presidente.


Me llaman la atención varias cosas: la primera, que sea usted quien conteste la pregunta cuando se la dirigíamos al vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda. Conocíamos ya su opinión sobre este tema. Nos gustaría saber si el señor Solbes piensa lo mismo que a principios de año, cuando recomendaba a España desde Bruselas que avanzara en la liberalización del sector de la distribución. Nos gustaría saber, señor ministro, en qué medida las declaraciones de hoy, en Televisión Española, del máximo responsable de nuestra economía afirmando que el sistema actual está funcionando bien van a afectar a su anuncio de retroceso en la liberalización del comercio en nuestro país, y nos gustaría saber quién toma las decisiones económicas en España. Porque hay una pregunta que se hacen los españoles: si la ministra de Cultura baja los impuestos, si el señor Borrell expide certificados de defunción del Pacto de Estabilidad y si usted, señor Montilla, decide dar marcha atrás en el proceso de liberalización comercial y volver a la situación de 1993, ¿para qué han traído ustedes al señor Solbes al Gobierno?

La segunda cuestión que me llama la atención es el curioso concepto de diálogo que tiene el señor ministro. Primero, anuncia una medida con carácter definitivo; luego, convoca a las comunidades autónomas para discutirla. Medida que anuncia dos días después de haber dialogado, eso sí, con el consejero de Industria y Comercio de la Generalitat de Cataluña, que curiosamente se ajusta al milímetro a la que quiere imponer el tripartito para Cataluña. Esto no se corresponde con el cacareado nuevo talante y debería tener en cuenta que es un ministro del Reino de España que tiene que gobernar para todos los españoles, dialogando con el conjunto de la sociedad española.


Finalmente, también llama la atención que después de escuchar al señor Rodríguez Zapatero comprometerse a aumentar la libertad económica en el sector de la distribución, la única medida que anuncia este Gobierno, 40 días después de su toma de posesión, recorta las libertades y derechos adquiridos por 42 millones de consumidores, que no sólo no crea empleo sino que lo destruye desde el primer día, que va en contra de la conciliación de la vida familiar y laboral, que dificulta el control de la inflación, que no sólo desoye sino que es opuesta a las conclusiones del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia y que va en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea, Ecofin, OCDE y Fondo Monetario Internacional.


Nuestro grupo le pide que reflexione, que dé marcha atrás en su anuncio y que abra un verdadero proceso de diálogo con todos los implicados -comunidades autónomas, fuerzas políticas y consumidores- en la búsqueda de un amplio consenso que nuestro grupo quiere propiciar. Señor Montilla, no cree un conflicto artificial con declaraciones inoportunas en algo que se debe solucionar con cordura y partiendo de la base que vivimos en un mundo en que la libertad, la flexibilidad y la adaptación a lo que los ciudadanos y consumidores piden es una cuestión fundamental. No frenemos tampoco las posibilidades de seguir creando empleos en España y de seguir captando fuertes inversiones. Señor Montilla, utilice el sentido común, propicie un amplio diálogo en el que nuestro grupo quiere participar.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señoría, señor presidente, las claves de la política del Gobierno para la fijación del nuevo régimen de horarios comerciales son evidentemente los que recoge nuestro programa electoral y si usted se lo ha leído -y si no lo ha leído le enviaré una copia- verá que recoge exactamente la posición que explicité el otro día en una pregunta que se me formuló en esta Cámara. Por tanto, supone mantenerlo como punto de partida, no de llegada, porque para negociar y dialogar también hay que formular propuestas. Precisamente el régimen de libertad de horarios es del año 1996, que fue aprobado, como S.S. recordará, con un amplio consenso, frente a la legislación del año 2000, señor Arias Cañete, que no gozó del mismo apoyo. Pretende establecer un nuevo régimen con carácter definitivo frente a la temporalidad de la legislación anterior que permita a las empresas actuar con una mayor seguridad jurídica, alcanzar un amplio acuerdo con el sector y con las comunidades autónomas para la fijación de unos umbrales mínimos de horarios y de aperturas en domingos y festivos, reconocer las competencias de las comunidades autónomas para ampliarlos y la libertad de las empresas para actuar según sus intereses dentro de este marco legal, y consolidar la liberalización en materia de horarios para determinados tipos de establecimientos.


Señoría, el proceso de diálogo ha comenzado con las comunidades autónomas, también con las asociaciones del sector, con los consumidores y también esa oferta... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo siento. Terminó su tiempo.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: ¿CON QUÉ CRITERIOS VA A DEFENDER EL GOBIERNO EL SECTOR DE LA MINERÍA DEL CARBÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000076.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Alicia Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el doble discurso que el Partido Socialista mantiene en Asturias y en Madrid acerca del sector de la minería, defendiendo en Asturias el futuro de las explotaciones y anunciando desde Madrid que las exigencias de la Unión Europea van a obligar al cierre de algunas de estas explotaciones, me hace decirle que estas exigencias no son nuevas, que durante los gobiernos del Partido Popular ya existían las exigencias, que el Partido Popular negoció duro y fuerte ante la Unión Europea y promovió el Plan de la minería y de desarrollo en las comarcas alternativas 1998-2005. Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Con qué criterios va a negociar ante Europa el futuro de la minería del carbón?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señora Castro, el Gobierno del Partido Popular nos ha dejado un sector hipotecado y un plan de desarrollo alternativo insuficiente que motiva un número de empleos comprometidos en actividades no mineras sustancialmente inferior en más de 2.000 personas al número de trabajadores prejubilados.
En este contexto, el Gobierno defenderá ante la Unión Europea los intereses del sector minero español con transparencia, con diálogo, con dedicación y sobre todo teniendo en cuenta los aspectos sociales y territoriales que condicionan cualquier medida a implantar en nuestras comarcas mineras. Por esa razón el Gobierno apuesta por la elaboración de un verdadero plan de desarrollo alternativo que dé una solución definitiva al futuro de estos territorios tan castigados económicamente.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora CASTRO MASAVEU: Señor ministro, los sucesivos gobiernos socialistas, durante los 14 años que ustedes estuvieron al frente del Ejecutivo, llevaron a cabo políticas equivocadas, políticas que han llevado a cabo unos ministros de Economía, como el señor Solbes y el señor Solchaga, con anuncios de cierres de estas minas asturianas en los años 2000 y 2002, y da la casualidad, señor ministro, que ahora el señor Solbes es también ministro de Economía. Yo le pido a usted, señor ministro, que acuerde con el señor Solbes continuar por el camino emprendido por el Partido Popular, que ha sido beneficioso para esas cuencas mineras.


Cuando el Partido Popular lleva a cabo ese plan del que antes le hablaba, lo hace tras un acuerdo muy importante, yo diría que un pacto histórico que lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular con los sindicatos mineros; pacto histórico que permite la revitalización de la minería y de las cuencas mineras. Eso, señor ministro, es lo que verdaderamente es talante y diálogo, ese acuerdo histórico que hemos llevado a cabo. Por ello, le pido que cuando usted vaya a la Unión Europea a negociar, no sonría, por favor, exija y exija fuerte, por encima incluso de los lobbies energéticos que tanto poder tienen en la Unión Europea.


Señor ministro, yo le ofrezco mi mano. Como diputada por Asturias, tenga usted por seguro que estaré

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siempre de su parte en pro del futuro de la minería. Ahora bien, también le tengo que decir que, de lo contrario, si ustedes lo que emprenden es una huida hacia delante pretendiendo cerrar las minas, me tendrá siempre enfrente, me tendrá con aquellas personas... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, lo lamento, terminó su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted bien sabe, las nuevas normas sobre la concesión de ayudas a la reestructuración del sector del carbón en la Unión Europea se establecen mediante un reglamento comunitario que fue aprobado por un Consejo de Ministros europeo, al que asistió el gobierno al que apoyó su grupo parlamentario en la pasada legislatura. No sé si usted lo olvida.
Este reglamento establece que en junio del año 2004, a más tardar, el Gobierno español ha de notificar las unidades de producción que formarán parte de la reserva estratégica del carbón que ha de configurar la aportación de carbón autóctono a las cuotas de fuentes de energía primarias propias, al objeto de contribuir a garantizar el suministro energético. En ese mismo plazo, el Gobierno español ha de presentar un plan de cierre para las unidades de producción que no forman parte del plan anterior.


Señorías, ese es el marco normativo que nos ha dejado su Gobierno en Bruselas, y hemos empezado a trabajar en ese marco, porque no hay otro. Y por si fuera poco, como usted bien sabe, transcurridos 15 días desde las elecciones generales, a través de una carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, doña Loyola de Palacio, nos enteramos del acuerdo de la Comisión de aprobar la apertura de un procedimiento contra España por considerar que las ayudas concedidas a la minería en los años 2002 y 2003 podrían ser contrarias a la normativa europea. En ese contexto, ¿usted me pregunta por los criterios que este Gobierno va a utilizar para defender al sector minero ante las autoridades comunitarias? Señoría, como dije anteriormente, lo defenderemos con iniciativas, con diálogo y con respeto a la legalidad vigente. Y, por supuesto, de lobbies energéticos ustedes saben mucho. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSEP MALDONADO I GILI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL SERÁ LA ACTITUD DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL HECHO DE QUE LA FEDERACIÓN CATALANA DE PATINAJE HAYA SIDO RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE, Y ESTE HECHO PERMITA QUE CATALUÑA TENGA ÉSTA Y OTRAS SELECCIONES NACIONALES DEPORTIVAS COMPITIENDO INTERNACIONALMENTE? (NÚMERO EXPEDIENTE 180/000081.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Maldonado, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a la señora ministra de Educación,

El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿cuál será la actitud del Gobierno español ante el hecho de que la Federación Catalana de Patinaje haya sido reconocida internacionalmente y este hecho permita que Cataluña tenga ésta y otras selecciones nacionales deportivas compitiendo internacionalmente?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, el Gobierno quiere aprovechar esta pregunta para expresar su voluntad política de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas para que las selecciones autonómicas puedan desarrollar una amplia actividad en el fomento y la promoción del deporte en sus respectivos territorios, de forma que sean vehículos claros de progreso y participación de los ciudadanos en la actividad deportiva. Al mismo tiempo, existe la voluntad de mantener el máximo apoyo a todas las federaciones deportivas españolas, incluida la Federación Española de Patinaje. Ellas son las que representan a España en las actividades y competiciones oficiales de carácter internacional, como ha reiterado el presidente del Gobierno en sus declaraciones.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, del discurso de investidura del señor Zapatero nos preocupó que respondiera a todas las cuestiones planteadas por los portavoces, excepto a una: ¿cuál sería la actitud del Gobierno ante la posibilidad de que Cataluña pudiera tener selecciones nacionales deportivas reconocidas oficialmente? Ahora usted, con esta respuesta -permítame, banal, infantil e incluso yo diría que poco seria- sigue aportando oscuridad a un tema vital para el pueblo de Cataluña. Cataluña quiere tener federaciones reconocidas internacionalmente y que sus selecciones participen internacionalmente. Cataluña quiere un sí, señora ministra. Cataluña no quiere comisiones dilatorias, por varias razones: en

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primer lugar, porque tenemos derecho como nación que somos y también derecho jurídico. En Cataluña tenemos competencias exclusivas en deporte y la Llei de l'esport catalá así lo recoge, como un derecho. En segundo lugar, por antecedentes. Cataluña ya ha tenido federaciones deportivas reconocidas. Antes de la dictadura de Franco ya formábamos parte de federaciones internacionales. En tercer lugar, por la realidad actual, porque ya tenemos selecciones reconocidas y compitiendo: la Federación Catalana de Korbal; la Federació Catalana d'Entitats Excursionistes, equivalente a la española de Escalada y Montaña, con dos campeones del mundo en competiciones de alta montaña; y ahora la de patinaje. En cuarto lugar, señora ministra, por la voluntad popular, tan importante en un Estado de derecho en democracia. El 98,2 por ciento de los catalanes y de las catalanas queremos selecciones catalanas deportivas reconocidas oficialmente.


Señora ministra, Cataluña luchó para recuperar su Gobierno, la Generalitat de Cataluña, para recuperar su Parlamento -por cierto, el más antiguo de Europa-, para que en las escuelas se enseñara en catalán y ahora está luchando para que su deporte sea reconocido internacionalmente. Usted, señora ministra, el nuevo Gobierno, tiene la oportunidad histórica de que el pueblo catalán haga realidad su sueño. No nos defrauden, porque los catalanes no cejaremos hasta que los deportistas de Cataluña puedan competir envueltos con la señera. La pluralidad del Estado también pasa por el deporte. Ayer, 80.000 gargantas en el partido Cataluña-Brasil...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento. Terminó su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Como bien sabe S.S., el Gobierno no niega la existencia de selecciones o de federaciones autonómicas; es un hecho constatado que recibe el apoyo de las distintas administraciones, incluido el Gobierno central. Pero, como ya se ha indicado, el Gobierno va a dar su pleno apoyo a la Federación Española de Patinaje. Con la regulación actual de la legislación deportiva española es evidente que no es posible la participación simultánea de equipos representativos de España y de sus comunidades autónomas en competiciones deportivas oficiales. Esta situación que engloba a la totalidad del deporte español no se ve modificada por la decisión unilateral de una federación internacional que no está vinculada al Comité Olímpico Internacional. Esta conclusión está avalada por todos los informes jurídicos que obran en el Consejo Superior de Deportes y por una amplia y consolidada jurisprudencia constitucional.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JUAN JULIÁN ELOLA RAMÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿QUIÉNES SE VAN A BENEFICIAR DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS QUE ELEVAN EL GASTO EN BECAS PARA EL PRÓXIMO CURSO EN 36 MILLONES DE EUROS? (Número de expediente 180/000085.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Juan Julián Elola Ramón, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ELOLA RAMÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Pertenezco a una generación que ha crecido y que ha estudiado en gran parte becada por los gobiernos que presidió don Felipe González. Esta fue calificada como la generación mejor preparada de la historia de España.
Pues bien, ahora nos hemos convertido en padres de alumnos y venimos observando con preocupación la política de becas seguida por los gobiernos del Partido Popular. En los seis primeros años, hasta el año 2002, el número de estudiantes universitarios becados descendió en un total de 53.000 alumnos, un 20 por ciento sobre los que había en 1996. La reducción de becas en la universidad se está ya notando, es algo manifiesto. Las becas no sólo no experimentan el aumento correspondiente al IPC anual para conservar su valor al menos, sino que sufren disminuciones, incluso si hablamos en términos absolutos. Además, aquellas becas que están ligadas a un tiempo determinado han visto reducida también su duración. Sirva como ejemplo las becas Séneca, que pasaron el año pasado de cuatro meses y medio a una duración de cuatro meses, disminución de nuevo de un 20 por ciento. Es decir, estamos asistiendo a una disminución progresiva en el número, la cuantía y la duración de todo tipo de becas.


Desde el movimiento de asociaciones de padres del alumnado nos gusta definir la educación ya no como uno de los pilares del Estado del bienestar, que lo es, sino como la base sobre la cual se deben construir todas las políticas de igualdad social. Se convierte en una falacia hablar de igualdad de oportunidades, si no introducimos los mecanismos económicos que puedan limar las diferencias que los alumnos presentan de salida por el estrato social del que proceden. Y eso es, sobre todo, una buena política de ayudas, una buena política de becas, que permite que los alumnos alcancen el nivel que les sea posible con la única limitación de su esfuerzo y de su capacidad. Por eso, me gustaría que nos indicara, señora ministra, quiénes se van a beneficiar de las medidas extraordinarias que elevan el gasto en becas para el próximo curso en 36 millones de euros.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señor presidente.


Se van a beneficiar estudiantes de las distintas etapas del sistema educativo, comenzando por los pertenecientes a las familias de menor nivel de renta. Claramente el objetivo de esta medida es buscar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Los jóvenes de las familias de menor capacidad adquisitiva necesitan un conjunto de ayudas económicas que les faciliten el acceso a los estudios para alcanzar mayores dosis de equidad y también de eficiencia en nuestro sistema de educación y formación. Por ello, el Gobierno ha decidido aprobar un crédito extraordinario destinado a becas que elevará el gasto en 66 millones de euros, 11.000 millones de pesetas, a lo largo del próximo curso.


En el año 2000 el esfuerzo que realizaba España en ayudas netas al estudio suponía algo menos de una décima del producto interior bruto de nuestro país frente a cuatro décimas de media en la OCDE y en la Unión Europea.
Reducir drásticamente esta diferencia constituye una de las prioridades de este Gobierno, que va a llevar a cabo las siguientes actuaciones. Se ha decidido actuar, en primer lugar, para garantizar que las familias más desfavorecidas económicamente accedan a las ayudas compensatorias, sin exigirles criterios específicos adicionales, bien sea de orfandad, minusvalías o paro. Esta medida incide sobre los estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad. Se estima que se concederán unas 20.000 ayudas compensatorias adicionales que colaborarán a la permanencia de estos alumnos en el sistema educativo más allá de la edad obligatoria. El Gobierno valora especialmente este objetivo de extensión de la escolarización secundaria a toda la población. También se incrementará en torno a un 5 por ciento en términos reales la cuantía de las ayudas destinada a los alumnos de todos los niveles educativos posobligatorios, lo que permitirá compensar la reducción del valor adquisitivo de las becas experimentada en los últimos ocho años y que se cifra en más de un 4 por ciento. Por último, se procede a aumentar el número de ayudas para la adquisición de libros de texto y las becas Séneca destinadas a la movilidad entre las universidades españolas.


Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA VILLAGRASA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES LA VOLUNTAD DEL GOBIERNO RESPECTO DE PROMOVER LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN INFANTIL? (Número de expediente 180/000086.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Teresa Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


La señora VILLAGRASA PÉREZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como usted ya conoce, mucho habla de la derogación de la LOCE el Grupo Popular, pero no tienen en cuenta que fue una ley que tan solo fue aprobada por ellos, una ley en la que no contaron con la opinión de los demás grupos de la Cámara, de la comunidad escolar y de los colectivos sociales relacionados con la enseñanza. La mal llamada Ley de Calidad es segregadora y retrógrada, difícil de llevar a cabo por carecer de financiación económica y por su escasa planificación temporal. El Partido Socialista presentó un texto alternativo que contaba con el apoyo y consenso de diferentes colectivos educativos y en el que en la etapa de educación infantil se favorecía el desarrollo personal de todos los niños y niñas y sus posibilidades de aprendizaje, reforzando así el carácter educativo y no asistencial, que es lo que proponía el PP, siendo esta etapa de oferta obligada por parte de los poderes públicos y de asistencia voluntaria para las familias. Los argumentos utilizados por el Partido Popular, que hablan de retraso y paralización de lo que ellos consideraban mejoras, no son ciertos, ya que ha sido el Partido Socialista el que ha conseguido salir en auxilio de la LOCE, pues por fin figura un capítulo de financiación que hasta ahora era inexistente, lo que permitirá dar mayor respiro a las comunidades autónomas. Esta apuesta que hace el Partido Socialista es una apuesta clara por el apoyo de la incorporación al mundo laboral tanto del hombre como de la mujer.


Por todo lo expuesto anteriormente, formulo a la señora ministra la siguiente pregunta: ¿Cuál es la voluntad del Gobierno respecto de promover la gratuidad de la educación infantil?

Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): En la reunión de la conferencia sectorial del pasado día 17 de mayo tuve el placer de informar acerca de la decisión del Gobierno de dar cobertura a la gratuidad de la educación infantil. En primer lugar, quisiera poner de relieve la significación de que esta información se produjera en el seno de la conferencia sectorial de educación, en la que se reúnen los máximos responsables del sistema educativo en nuestro Estado de las autonomías. Creo que la conferencia sectorial debe ser un foro permanente de consulta y de diálogo y por ello hemos convocado esa primera reunión antes de cumplir un mes de nuestra entrada en el Gobierno.


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En segundo lugar, permítame destacar la voluntad política de fomentar la escolarización temprana desde el convencimiento de que ello contribuye a prevenir desigualdades de adquisición de conocimientos y habilidades y también permite conciliar la vida laboral y familiar. Nuestra voluntad también, como saben, es revisar la configuración de las distintas etapas de la educación infantil, modificando en este caso las previsiones que estaban contenidas en la Ley de Calidad. En un breve plazo se iniciarán los estudios técnicos que deben conducir a hacer efectivo el derecho a la gratuidad en los próximos ejercicios. Aunque la LOCE no contenga memoria económica ni los presupuestos del año 2004 incluyan partidas para este fin, el Gobierno se ha comprometido a hacer efectiva la gratuidad a lo largo de los tres próximos cursos, como estaba previsto en la ley. Se actúa, por lo tanto, con lealtad institucional hacia las comunidades autónomas que gestionan el sistema educativo. Se cumple así otro compromiso electoral importante: que no vuelvan a producirse situaciones de yo legislo y tú pagas.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBERÁ ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL MARCO FISCAL, ADMINISTRATIVO, SOCIAL Y FINANCIERO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) Y LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. (Número de expediente 172/000014.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el punto IV del orden del día, a continuación pasamos a las interpelaciones, en relación con las cuales, como ustedes saben, por decisión de la Junta de Portavoces se ha alterado el orden de debate que figura en el del orden del día, entrando a tratar en primer lugar la interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter general que deberá adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para la pequeña y mediana empresa y los trabajadores autónomos.


Para la defensa de la misma tiene la palabra don Celso Delgado, del Grupo Popular. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, el pasado día 25 de noviembre de 2003 subía a esta tribuna este diputado electo por la circunscripción de Ourense a cerrar en la VII Legislatura su serie de intervenciones en Pleno con una alocución justamente sobre el mismo tema, sobre medidas de carácter general que debía adoptar el Gobierno para potenciar la creación de un marco fiscal, administrativo y social para los trabajadores autónomos. No se me ocurre, por tanto, un mejor modo para comenzar mis intervenciones en el Pleno del Congreso en esta VIII legislatura que formulando al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio una interpelación sobre las medidas de carácter general para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos.


Señor ministro, conocerá usted que a los pocos meses de iniciada la pasada VII legislatura decidimos crear en el seno del Congreso de los Diputados una subcomisión para estudiar la problemática de las microempresas, de las pymes, de los trabajadores autónomos y del emprendedor. Durante muchos meses la citada subcomisión trabajó con intensidad, se celebraron muchas reuniones a las que vinieron muchos comparecientes de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales, de las de autónomos, de la universidad, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. Hubo un intenso diálogo social y político, porque fuimos capaces de construir un buen informe, entre todos y con las aportaciones de representantes de todos los grupos políticos.
Tengo que recordar, cómo no, en este momento, a diputados, del Grupo Parlamentario Socialista, como don Ceferino Díaz, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, como el señor Sánchez i Llibre, o la diputada de mi grupo, la señora Báñez, que trabajaron mucho y muy bien. El trabajo de esa subcomisión concluyó en junio de 2002 y votamos aquí un informe que contenía básicamente tres grandes apartados: Un estudio de la situación de las microempresas en España, un estudio del régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y una parte dispositiva, que era el meollo de la cuestión, con 97 propuestas de actuación para solucionar los problemas de estos colectivos. Ese documento, que contó con gran aprobación por el Pleno del Congreso, fue inmediatamente puesto en ejecución. Tal fue así que muchos analistas y observadores políticos y económicos rubricaron, desde el punto de vista económico, la pasada legislatura como la legislatura de las pymes y de los autónomos, pero lo cierto es que aún quedan pasos importantes para dar en esta legislatura.
Nosotros ya advertíamos al finalizar la misma que había temas que tendrían necesariamente que desarrollarse y solucionarse en la presente legislatura.


Corresponde al Partido Popular, con sus 148 diputados y con una representación de 9.700.000 electores que respaldaron nuestras propuestas, cumplir su papel de oposición con lealtad y con rigor. Digo con rigor y con lealtad, señor ministro, para el colectivo de los 2.800.000 pymes y autónomos españoles que han cumplido en los 8 últimos años un papel decisivo en la generación de empleo, porque de los 4 millones y medio de empleos generados en el año 1996, más del

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80 por ciento fueron creados por las pymes y por los autónomos. Vamos a trabajar también con rigor, porque nuestro interés es aportar soluciones efectivas, huyendo de posiciones demagógicas y ultrapartidistas. Queremos resolver los problemas y, sobre todo, responder a las aspiraciones de pymes y autónomos. Usted, señor ministro, tendrá tiempo de comprobar si mis palabras se cumplen o no, porque para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, la política de las pymes y de los autónomos es la política más prioritaria dentro del área económica. Por eso queremos interpelarle, porque queremos conocer de primera mano cuál es le planteamiento político del Gobierno socialista en relación con esta materia.


Esperábamos con mucho interés la primera comparecencia del vicepresidente económico, señor Solbes, a ver si desgranaba algún planteamiento sobre esta materia. Realmente apenas dijo nada, aunque lo que dijo fue muy rotundo y muy satisfactorio para nosotros. Las palabras del señor Solbes fueron: no me he referido a la economía productiva, porque doy por supuesto que el problema de las pymes y de los autónomos está bien tratado y no parece, en mi opinión, que sea necesario ir a esfuerzos adicionales en este campo. Palabras literales del "Diario de Sesiones", señor ministro. Agradezco, como diputado, que el responsable del área económica diga estas cosas. Pero sinceramente discrepo en lo que se refiere a la tarea del futuro. Tenemos que continuar mejorando. Tenemos que continuar haciendo reformas. Nosotros las proponíamos modestamente en nuestro programa. Tenemos que hacer esfuerzos adicionales.


Ayer, que tuve el honor de escucharle e intervenir en su primera comparecencia, lo dije y se lo repito, no vimos una manifestación de una política global de pymes, un planteamiento conjunto y nosotros lo echamos en falta. En nuestra etapa de Gobierno, el Gobierno que lideraba, desde el punto de vista económico, Rodrigo Rato, decidió que la política económica de pymes debería tener rango de una secretaría de Estado. Por ello estaba entonces la Secretaría de Estado de Energía, desarrollo fiscal y pymes que llevó durante esos años el excelente diputado don José Folgado.


Nos encontramos ahora con que la política de pymes ha quedado reducida al rango de la DG PYME, dentro de la Secretaría General de Industria, y esto nos parece una decisión respetable, pero la juzgamos equivocada. ¿En qué ámbito, señor ministro, entendemos que debe haber una política global de pymes y autónomos? En primer lugar, por una simplificación administrativa. Aprobamos en la pasada legislatura, en el año 2003, la Ley de la sociedad limitada de la nueva empresa, que permitía constituir sociedades en un plazo muy reducido de tiempo, con un doble procedimiento, presencial y telemático. Esta ley, que tiene muy poco tiempo de vigencia, necesita de un fuerte desarrollo. Tenemos que seguir implementando con gran fuerza los puntos de asesoramiento e inicio de la tramitación, los llamados PAIT, en todo el territorio nacional, por lo que la eficacia de esta ley la veremos en la medida en que esté la red perfectamente tejida y perfectamente optimizada y dotada. Podemos y debemos seguir haciendo mucho para eliminar trámites burocráticos, para mejorar el marco de la transmisión de empresas haciéndolo más ágil y transparente.


Materia fiscal. Señor ministro, nosotros le damos una extraordinaria importancia a esta cuestión. Tiene que haber una política fiscal para pymes y para autónomos. Nosotros, modestamente, creo que la ejercimos cuando tomamos la decisión política de suprimir el odiado -esta es la expresión- impuesto de actividades económicas, decisión política que sirvió para que 2.200.000 profesionales autónomos dejaran de pagar este impuesto, nos comprometimos y cumplimos. Y cuando decidimos hacer dos reformas del IRPF o la creación de la estimación directa simplificada o la modificación del régimen de estimación objetiva o la congelación de los módulos, actuamos claramente pensando en el colectivo de pymes y autónomos. Pues bien, creo que podemos seguir avanzando en estos tributos, empezando por el impuesto sobre sociedades, bajando el tipo del 35 a 30 por ciento en la pasada legislatura. Pero entendemos que podemos seguir hablando de tipos reducidos e incluso de tipos superreducidos para que un mayor número de empresas societarias en España se beneficien ampliando el umbral de facturación. Nosotros le recomendamos que lo hagan, que se adapte más el calendario fiscal de la tributación a las características de las pequeñas y medianas empresas.


Señor ministro, también le interpelamos para conocer cuál es su política en el ámbito financiero. Las empresas hoy se benefician de una situación de tipos de interés bajo, afortunadamente el coste del precio del dinero no es hoy el principal problema de las empresas -esto se traduce en una menor morosidad-, pero es imprescindible seguir apoyando y creando instrumentos que mejoren la creación y la consolidación de las pymes; por ejemplo, políticas con las sociedades de garantía recíproca, con la financiación de proyectos a largo plazo, con la creación de redes de capital riesgo. En este sentido, nosotros queremos saber si va a implementar estas políticas, si va a seguir impulsando el plan de consolidación y competitividad de la PYME, con un horizonte temporal 2000-2006 y qué políticas van a desarrollarse desde el ICO con sus líneas de apoyo a las pymes y las políticas de microcrédito. Ayer sí se refirió usted a las políticas de innovación y de I+D aplicadas a la empresa, con las que concordamos plenamente. Por ello le reiteramos nuestra disposición a contribuir y colaborar en el desarrollo de esas medidas.


Respecto al colectivo de autónomos, más específicamente en el ámbito social, los avances en materia de equiparación de la acción protectora entre el régimen general y el de autónomos en la pasada legislatura fueron

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importantísimos. La incapacidad laboral transitoria desde el cuarto día, la cobertura de la contingencia accidente de trabajo y enfermedad profesional, un mejor tratamiento de la pluriactividad, cotizaciones reducidas por primera vez para jóvenes y mujeres mayores de 45 años, etcétera. Pero hay temas que quedaron pendientes y que tenemos que desarrollar en esta legislatura y nosotros somos los primeros interesados en que se resuelva. Le pedimos que traiga a esta Cámara un estudio sobre la posible creación de un fondo de garantías que cubra el riesgo de extinción del contrato de trabajo, de la actividad del autónomo por causas objetivas en aquellos supuestos de los autónomos que dependen económicamente de uno o varios empresarios; un estudio que debe llegar a esta Cámara y que había el compromiso de que una vez que llegase se crease una subcomisión para su debate y estudio. Le pedimos también que se solventen aquellos problemas que aún permanecen en la afiliación de los familiares de los trabajadores autónomos hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, y que era también uno de los compromisos de este informe que teníamos planteado solventar en esta legislatura.


Y le interpelamos, señor ministro, para ver si usted mantiene la misma disposición que nosotros hemos trasladado a la ciudadanía de dar representatividad a los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social, un ámbito en el que ellos han reclamado estar a las organizaciones que los representan y que les permitirá participar más activamente en esa toma de decisiones que les afectan directamente. Y también en la línea de seguir tomando medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores autónomos y, por qué no, seguir efectuando más rebajas en las cotizaciones sociales de los nuevos autónomos.


En definitiva, la interpelación, señor ministro, trata de poner la política de pymes y autónomos en la primera línea de la actividad del nuevo Ejecutivo, ya que es básico si queremos seguir manteniendo los niveles de afiliación a la Seguridad Social y de creación de empleo en este país, pues el crecimiento de este colectivo es el que a la postre incide en el crecimiento económico de España. Esperamos con interés su respuesta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Delgado.


Para responder a la interpelación, tiene la palabra el ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señorías, como ya manifesté claramente ayer durante mi comparecencia en la Comisión a la que hacía alusión el señor Diputado, el Gobierno entiende que las pequeñas y medianas empresas constituyen el eje central en torno al que se articula la competitividad de nuestro país, y son por tanto una de nuestras prioridades. Estamos hablando, señorías, de 1.200.000 empresas, que ocupan a más de 10 millones de personas, y esto implica que esta actividad tenga un fuerte impacto en el progreso económico y en la cohesión social. Pero si evaluáramos la competitividad de nuestras pymes en relación con los demás países de la Unión Europea, según los datos que esta misma utiliza en cuanto a tamaño, financiación, gasto en I+D+I, cualificación y formación de personal, nos situaríamos en la franja inferior del ranking. Sin embargo, el porcentaje de pymes sobre el conjunto de nuestra estructura empresarial es prácticamente idéntico al europeo: el 99,8 por ciento. Estos datos, junto con el predominio de estructuras básicamente de carácter familiar, que supone el 85 por ciento del total de las pymes, no favorecen el desarrollo de estrategias de negocio, implantación de nuevas tecnologías, calidad, acceso a financiación, logística, entre otros temas.


Por este motivo, el Gobierno entiende que este sector requiere un impulso desde la Administración que contribuya a dinamizar la economía a través de la mejora de su eficiencia y de su competitividad. Se trata, señorías, de consolidar una estructura productiva, integrada por pymes competitivas, rentables y con capacidad de crecimiento. Este impulso debería articularse con el horizonte de reforzar su capacidad de innovación, de internacionalización, de gestión y de simplificar la regulación que les afecta. Sentadas estas líneas básicas, vamos a entrar en los temas concretos que son objeto de esta interpelación, y que se refieren a las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar el marco fiscal, administrativo, social y financiero para las pymes y para los trabajadores autónomos.


Por lo que se refiere al marco fiscal, como ya anunció el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en su comparecencia el día 17 de mayo, el Gobierno tiene la intención de eliminar, por lo que respecta al impuesto de sociedades, aquellas deducciones que se ha demostrado que tienen escasos efectos incentivadores de la inversión y la productividad, lo que permitirá reducir paralelamente los tipos, sin que ello vaya en detrimento de la recaudación. Quisiera resaltar, señorías, que la adopción de cualquier medida tendente a mejorar el marco fiscal de las pymes y de los trabajadores autónomos requiere -así lo resaltó el vicepresidente del Gobierno- un estudio detallado de la regulación actual, analizando la totalidad de las implicaciones fiscales del régimen vigente, así como una adecuada evaluación de su aplicación. Ha de tenerse en cuenta que el Gobierno tiene previsto abordar modificaciones en el régimen jurídico de diversos tributos, como S.S. sabe, si bien se trata de una cuestión que debe llevarse a cabo con cautela y detenimiento. En definitiva, resulta

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prematuro en este momento anunciar cualquier medida de carácter general que afecta a los colectivos aludidos, máxime cuando en breve se iniciarán trabajos y estudios de cara a la reforma fiscal anunciada por el Gobierno. En estos términos se expresó el vicepresidente del Gobierno, como usted muy bien reconocía.


En cuanto al marco administrativo, queremos continuar avanzando en el ámbito de la simplificación administrativa. Con ello pretendemos facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan abordar sus proyectos empresariales, centrando su esfuerzo en el desarrollo de la iniciativa y no en la resolución de cuestiones burocráticas que impiden a los emprendedores dedicar toda su atención a la creación y consolidación de su empresa. Nuestras acciones tratarán de facilitar el nacimiento de empresas innovadoras, con proyectos sólidos, adecuadamente financiadas y eficazmente gestionadas, a ser posible. Pondremos en marcha, en ese sentido, una red de centros para la creación de empresas, en colaboración con otras administraciones, con asistencia técnica en la configuración del plan de empresa, facilitando la tramitación telemática. Con todo ello esperamos ayudar a simplificar los trámites que han de realizar los emprendedores para hacer realidad su iniciativa empresarial. De igual modo pretendemos alcanzar una mayor participación de las pymes en las obras públicas, facilitando su concurrencia a este tipo de licitaciones, si bien, como S.S. sabe, el Estado español no goza de soberanía legislativa plena en materia de contratación administrativa. Por otra parte, a fin de recoger y unificar desde el punto de vista normativo todos aquellos aspectos que regulan la situación de los trabajadores autónomos, colectivo que de forma tan sustancial contribuye a la creación de riqueza y empleo, nos hemos propuesto elaborar el estatuto del trabajador autónomo.


En materia social, se permitirá la capitalización de la totalidad de la prestación por desempleo en cualquier iniciativa de autoempleo, para facilitar la decisión de aquellos trabajadores o trabajadoras que, partiendo de esta situación, quieran emprender un proyecto empresarial que genere no sólo su propio empleo sino el germen, quizás, de una futura empresa. De igual modo, vamos a seguir avanzando en la equiparación del nivel de protección social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta ajena.


En cuanto al marco financiero, al que hacía referencia S.S., se potenciarán los instrumentos de apoyo a las pymes para la inversión productiva en capital tecnológico. Estos instrumentos estarán principalmente orientados hacia una mejora de los procesos y productos de las pymes, adecuados en coste y plazo a la dimensión de este colectivo empresarial. La financiación resulta un recurso escaso, ciertamente, a pesar de los bajos tipos de interés, al que las pymes acceden difícilmente, muchas veces por falta de garantías que ofrecer a las entidades de crédito.


Permítanme, señorías, mencionar de forma especial la financiación de la innovación tecnológica, ya que constituirá, como reconocía S.S., una de nuestras prioridades. Procuraremos fomentar la creación y el desarrollo de empresas tecnológicas, poniendo a su disposición líneas de financiación específicas de capital riesgo y de préstamos participativos.
En este sentido, otorgaremos al Cedeti un gran protagonismo en el área de capital riesgo público, complementario de la labor que desarrolla Enisa mediante los préstamos participativos, que también pensamos potenciar en el futuro. Además, trataremos de favorecer el establecimiento de fondos de microcréditos para la creación de empresas, especialmente aquellas que sean iniciativa de colectivos que encuentran especiales dificultades para acceder a los canales habituales de financiación.


Señorías, son muchas las medidas de apoyo a las pymes y a los autónomos que el Gobierno piensa poner en marcha a lo largo de esta legislatura, igual que son obviamente ambiciosos los objetivos. Seguramente me he dejado muchas sin mencionar, pero tendremos tiempo de debatir en profundidad sobre cada una de ellas, sobre todo si no lo hacemos mirando al pasado, ya sea con ira o con autocomplacencia, sino mirando al futuro con esperanza y deseos de superación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Para la respuesta, tiene la palabra de nuevo el señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, he escuchado con mucho interés su intervención en la que percibo lo mismo que ayer en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio: muy buenas intenciones. Desde luego no seré yo quien le niegue esa voluntad, pero lo cierto es que todo hace pensar que la llegada al Gobierno ha sido ciertamente sorpresiva en la medida que, con independencia de las generalidades que usted ha tenido a bien trasladarnos, deberían existir compromisos y propuestas concretas en este ámbito. Entienda que se lo digo con el mayor de los respetos. Porque venir simplemente a decir en la interpelación que en el ámbito fiscal es una voluntad reducir los tipos sobre la base de eliminar las deducciones, pero sin explicitar absolutamente nada sobre qué deducciones son las que se piensan eliminar por ineficientes o ineficaces y qué tipos se pretenden rebajar y aproximadamente en qué márgenes y en qué periodo de esta legislatura, genera una cierta imprecisión y una falta de programa y de concreción específica de cómo se va a ejecutar en esta legislatura.


Cuando nosotros llegamos a las responsabilidades de Gobierno y explicitamos en nuestro programa que íbamos a suprimir el impuesto sobre actividades económicas,

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en modo alguno dijimos que lo fuéramos a hacer al día siguiente de empezar la legislatura, pero sabíamos perfectamente en qué momento lo íbamos a poder hacer, y cada una de las tomas de decisiones políticas que hicimos para rebajar impuestos tenía siempre como fiscalización al Ministerio de Hacienda, que nos decía en cada momento cuando podíamos o no implementar y todo ello sin poner en riesgo la política de estabilidad presupuestaria y sin poner en riesgo el déficit cero, que era un objetivo al que nosotros concedimos bastante importancia. Por tanto, señor ministro, permítame que le diga que confiamos en sus buenas intenciones pero esperábamos y esperamos una mayor precisión. Lo mismo que cuando se ha referido a las cuestiones del ámbito administrativo. Dice entre otras cosas que pretenden implantar una red de centros para impulsar la creación de empresas. Le quiero recordar que precisamente la Ley de la sociedad limitada de la nueva empresa contempla la creación de lo que se entiende por red Circe (Centro de información y de ayuda a la creación de empresas). Está creado. Pero es imprescindible la red Circe, integrada dentro de lo que es el estatuto de la nueva empresa, que es la Ley de la sociedad limitada de la nueva empresa. Por tanto la red Circe y los PAIT, donde se informa y asesora a los emprendedores sobre cómo crear empresas y se les tutela o tutoriza durante el tiempo que es necesario, por cierto con las pertinentes ayudas y desgravaciones fiscales que vinimos en establecer a favor de esos emprendedores, como también la creación de la cuenta ahorro-empresa que S.S. conoce perfectamente.


Lo mismo cabe decir de las manifestaciones que ha hecho en el ámbito de la política para los autónomos, en la que se ha referido a un estatuto del trabajador autónomo pero sin precisar en modo alguno qué aspectos fundamentales contemplaría ese estatuto y sin decir nada en relación con dos de los temas más importantes que le puse de manifiesto: el de la contratación de los familiares del autónomo o el estudio sobre el fondo de garantía al que antes aludí. Tampoco he escuchado su posicionamiento sobre si están por la labor de asegurar o no la representación de los autónomos en el Consejo Económico y Social. Por eso, señoría, sin el menor atisbo de autocomplacencia ni autosatisfacción (he sido yo quien ha rectificado las palabras del señor Solbes, que decía que todo estaba muy bien y que no había que hacer políticas especiales; somos nosotros los que decimos que queremos más, que tenemos que hacer más por pymes y autónomos) le anuncio que presentaremos una moción en la que, con toda la modestia del mundo y con todo el rigor y lealtad de que le hablé, le propondremos un conjunto de actuaciones para esta legislatura que si se deciden llevar a la práctica contarán con nuestro apoyo incondicional.


Muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Delgado.


En respuesta a la réplica, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señorías, sí he expuesto propuestas concretas, por supuesto que no todas.
Podría añadir a lo anteriormente dicho que impulsaremos el Observatorio de las pequeñas y medianas empresas, por cierto ya propuesto por el Grupo Socialista en el año 2002 en el Congreso de los Diputados; el observatorio fue creado formalmente por el anterior Gobierno en el año 2003, pero todavía no ha entrado a operar plenamente, como algunas otras de las propuestas a las que ha aludido S.S., que en estos momentos son absolutamente virtuales pero no efectivas. Este observatorio será precisamente un instrumento de debate y diálogo permanente con las diferentes administraciones públicas y con las organizaciones y entidades del ámbito de las empresas. Su misión, como S.S. sabe, será diagnosticar, realizar análisis prospectivos y proponer líneas de actuación y decisión para las propias empresas y para los responsables públicos. Podría añadir también que es intención del Gobierno potenciar los clusters o racimos de empresas de carácter sectorial y territorial, porque no podemos ignorar los efectos de desbordamiento de conocimientos tecnológicos y no tecnológicos que se dan entre empresas o que mantienen relaciones proveedor-cliente. Además reforzaremos los centros mixtos de I+D especializados en la provisión de tecnología para las pymes. En todo caso, señoría, la intención del Gobierno es asegurar la continuidad de aquellos programas ya implantados destinados a las pymes, los que funcionan, ya que algunos, como he dicho, son de carácter puramente virtual, tras la necesaria evaluación de sus resultados y que demuestren, obviamente, que suponen un avance real para la mejora de su competitividad.


Quisiera, señorías, hacer un énfasis especial en el autoempleo y el fomento del espíritu emprendedor. Tanto el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su comparecencia como el presidente del Gobierno en el debate de investidura señalaban la intención de dedicar una creciente atención al autoempleo, que es una fórmula de actividad que está adquiriendo gran importancia en los últimos años y a la que las instituciones europeas conceden un señalado papel en el desarrollo del futuro de la economía; medidas para facilitar la financiación de los proyectos y la reducción de costes en el inicio de la actividad, para posibilitar, asimismo, que los autónomos puedan contratar a los familiares que colaboren con ellos en la actividad, beneficiándose de los programas de fomento del empleo; apoyo especialmente a las empresas y entidades de la economía social que, como S.S. sabe, constituyen un importante sector

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también en este campo; avanzar en la implantación de un nuevo marco de empresa competitiva y socialmente responsable que contemple también compromisos con el entorno social y medioambiental. Creemos que es necesario impulsar estos programas que fomenten el espíritu emprendedor.
El bienestar social al que contribuyen las empresas mediante la creación de empleo exige dedicar esfuerzos a la promoción de ese espíritu en todos los niveles. También pretendemos que toda la sociedad reconozca el papel del empresariado en la cohesión social.


Para finalizar, señoría, ya que usted ha anunciado la presentación de una moción, permítame que me congratule de que en estos momentos ustedes se muestren preocupados por los autónomos, porque eso querrá decir también que apoyarán aquellas iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista trató de llevar adelante en ocasiones anteriores. Se presentaron en este Parlamento, como SS.SS. saben, diversas iniciativas en materia de mejora de las condiciones laborales y de protección social de los autónomos que fueron rechazadas, en particular la elaboración del estatuto del trabajador autónomo, la regulación del trabajo autónomo dependiente o el derecho a la protección social para los casos de desempleo por cese involuntario de actividad.


Señorías, espero que podamos trabajar juntos a lo largo de estos cuatro años para tratar en gran parte, al margen de los avances que ciertamente ha habido, tanto las medidas que he mencionado como las que he dejado sin mencionar por motivo de tiempo, para continuar mejorando en un sector que es clave para el desarrollo de la economía de nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA SITUACIÓN DE IZAR (Número de expediente 172/000012.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la siguiente interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de Izar.


Para la presentación de la interpelación, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor ministro, estamos convencidos de que posiblemente nos hallemos ante la amenaza más seria de cierre que ha tenido el sector naval en nuestro país en los últimos años. Nos empezamos a preocupar mucho cuando la Unión Europea resolvió sancionar con 308 millones de euros más intereses al grupo Izar por las ayudas públicas recibidas del anterior Gobierno y, a juicio de la Unión Europea, irregulares. Tras la comparecencia del ministro de Economía y su anuncio de nuevos expedientes que van más allá de los mil millones de euros en sanciones, es lógico que la preocupación se torne ya en una cierta alarma. Mientras tanto, en Izar se había alcanzado un preacuerdo para el convenio colectivo. Es obvio que el anuncio de la Unión Europea pone en tela de juicio ese logro después de 18 meses de lucha de los trabajadores contra la indolencia, 18 meses en los que más bien parecía que la dirección de la empresa y la Sepi querían más alimentar el conflicto que solucionar el problema. Es obvio también que ese anuncio de la Unión Europea da al traste de momento con la posibilidad de un plan industrial normalizado. Además, esos expedientes vienen a caer sobre una situación de crisis derivada de la competencia desleal que hacen los astilleros asiáticos, fundamentalmente Corea y China, y la consiguiente falta de carga de trabajo. Nos enfrentamos, pues, a la amenaza de una nueva reconversión en el sector naval y que puede acarrear, como decía, cierre de instalaciones. Nos parece obvio tomar medidas reorganizativas y de dirección, habida cuenta de las responsabilidades en esta situación. También es evidente la urgencia de hacer frente a la negociación de esos expedientes en la forma más ventajosa. Sin embargo, lo que nos parece más urgente es lo que en algún momento ha declarado el propio ministro de Economía, señor Solbes, en el sentido de conseguir un plan de viabilidad, cuestión en la que evidentemente coincidiríamos.


De otra parte, coincidiremos en que España se enfrenta otra vez a la vieja ecuación barcos-honra, y nos tememos que el riesgo no es optar. El riesgo puede ser que se igualen los términos de la ecuación, es decir, ni barcos ni honra. Respecto a los barcos, el 2003 ha sido un año récord en cuanto a las contrataciones en el mundo. España no ha conseguido ni un barco, como en el juego, siempre agua, sólo agua. Lejos de ubicarnos en los movimientos de colaboración y de cooperación que se dan en el ámbito europeo, por ejemplo entre Francia e Inglaterra o Alemania e Italia, en cuanto a la construcción y adquisiciones de empresas, la dirección de Izar y Sepi se han ocupado de disminuir la capacidad de los astilleros, según han denunciado responsables sindicales y según denuncia la propia realidad actual; por tanto, de barcos, repito, nada. En cuanto a la honra, señor ministro, se trataría de que en la Unión Europea además de sentido comunitario, hubiera sentido común, como base mínima imprescindible para hablar de lo primero. No hay libre competencia con uno de los competidores atado de pies y manos. Se trata de que quien quiere actuar como árbitro no juegue de delantero centro del equipo contrario. Estados Unidos adopta sus medidas proteccionistas en materia de seguridad, de tráfico y de construcción naval. Ellos y sólo ellos construyen sus barcos. Los países asiáticos practican

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dumping como política habitual basada en los bajos costes y en condiciones sociales y laborales absolutamente inaceptables para los que hablamos de los derechos del trabajo. Mientras, la Unión Europea vela por la competitividad y las reglas de la competencia interna, con el riesgo de que dentro de poco no sean necesarios tantos desvelos, pero no lo hace con todos igual, por ejemplo, no trata a nuestro país en este sentido igual que trata a Francia con algunas de sus empresas. Estamos, pues, ante el problema de 11.000 trabajadores y muchos miles más afectados de forma derivada. Estamos ante el resultado de la ausencia de política y de una gestión nefasta y estamos, principalmente, ante un problema político a resolver en el ámbito de la Unión Europea, porque problemas similares y de similar origen pueden darse en distintos sectores y diferentes situaciones en un futuro.


Sin duda, habrá que atenerse a las reglas del club europeo, seguramente habrá que hacerlo, pero eso no tiene por qué equivaler a que renunciemos a equiparar las condiciones de las ayudas que permitan competir realmente o a utilizar el presupuesto para incentivar la demanda de sectores nacionales, además de exigirnos, evidentemente, una gestión transparente y eficaz de los astilleros. La Comisión de la Unión Europea, el Gobierno y las empresas deben actuar. Los astilleros están descapitalizados, agobiados por costes financieros, por la subactividad, y con una cartera de pedidos en la que, como se dice popularmente, se pueden ver telarañas.
La incidencia en el territorio de la actividad de los astilleros es el ser o no ser de cierta articulación social y económica para muchas poblaciones de las siete comunidades autónomas en que Izar tiene presencia.


Acabo, señora presidenta, aclarando que el sentir de la interpelación no es desde luego ni sorprender al Gobierno ni buscar su contradicción, sino intentar una solución. Le anticipo que el sentido de la moción no es otro que el de interpelar al Gobierno, a S.S., acerca de si piensan ustedes que hay que cambiar ciertos principios de actuación de la Unión Europea en esta materia para acabar con esa ortodoxia neoliberal y frenar sus consecuencias inmediatas negociando una solución a las sanciones, saber si hay un compromiso reiterado en sede parlamentaria de diálogo con los sindicatos y las comunidades autónomas para que la salida final sea el resultado de ese consenso y de ese acuerdo, si hay la voluntad política de mantener la actividad y el empleo del sector naval, es decir, si se trabaja con una voluntad política diferente a la del cierre de los astilleros, que es la que ha presidido la de gobiernos anteriores y si eso puede hacer viable Izar desde las reestructuraciones necesarias mediante la racionalidad territorial, la diversificación, la investigación y el desarrollo tecnológico; en definitiva, una apuesta por la competitividad como eje fundamental de toda la actuación.


Ese es el sentir de nuestra interpelación, esas eran las cuestiones que, en cualquier caso, someteremos en su momento a la Cámara para su toma en consideración.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.


Tiene de nuevo la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, en primer lugar, parece conveniente aclarar el origen de la decisión que ahora ha adoptado la Comisión gestada a lo largo de los gobiernos del Partido Popular y que se remonta a los diversos procedimientos que tiene abiertos en relación con las pasadas decisiones adoptadas en Izar por los anteriores responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.


Se trata de un proceso que tiene su origen en el año 1997, cuando el Gobierno del Partido Popular aceptó una decisión de las autoridades comunitarias que prohibía la concesión de nuevas ayudas a los astilleros y que únicamente contemplaba ayudas excepcionales para la reconversión de estos a partir de ese momento. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años, se han dado una serie de actuaciones que han sido puestas en entredicho por las autoridades comunitarias y que nos han llevado a la apertura por la Comisión de cinco expedientes contra el Estado español por ayudas ilegales de acuerdo con la legislación comunitaria y no comunicadas. Señorías, los procedimientos a los que se enfrenta el Estado español en relación con Izar pueden suponer un montante mínimo de 1.100 millones de euros, a los que se debería hacer frente conforme se vayan produciendo las decisiones de la Comisión Europea.


La Decisión adoptada por la Comisión Europea el pasado 12 de mayo corresponde a uno de estos procedimientos, el C40/00, cuya génesis paso a resumirles a continuación. La Comisión Europea, por Decisión comunicada el día 1 de septiembre del año 2000, procedió a incoar procedimiento por presuntas ayudas ilegales a favor de los astilleros públicos derivadas de la adquisición a Aesa, por Sepi, de los astilleros de Cádiz, Juliana y la fábrica de motores de Manises. Por Decisión comunicada con fecha 28 de noviembre de 2002, la Comisión Europea procedió a ampliar dicho procedimiento por las presuntas ayudas ilegales derivadas de la adquisición del conjunto de astilleros públicos civiles por la empresa nacional por valor unitario de una peseta. Por Decisión comunicada con fecha 28 de mayo de 2003, la Comisión Europea procedió a una segunda ampliación del procedimiento por presuntas ayudas ilegales derivadas de las siguientes operaciones: concesión en 1999 de préstamos por Sepi a los Astilleros de Cádiz, Juliana y la fábrica de Manises; aportación de capital de Sepi a Aesa de 252,4 millones de euros, con

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fecha 18 de julio de 2000 y simultánea aportación de fondos de Aesa a sus astilleros antes de su transferencia a Bazán y aportación de capital a los astilleros Astano, Cádiz, Juliana y fábrica de Manises, transferidos a Bazán, con valor patrimonial negativo.


Señoría, aclarado su origen, veamos ahora el contenido de la decisión de la Comisión Europea. En su Decisión de 12 de mayo de 2004 la Comisión Europea declara que España ha ejecutado ilegalmente una ayuda por importe de unos 500,5 millones de euros que se desglosan de la siguiente forma: compra por la Sepi a Aesa de Astilleros de Cádiz, Juliana y Manises en 28 de diciembre de 1999 por unos 56 millones de euros, por encima del precio de mercado; préstamo de 192 millones de euros de la Sepi a tres empresas en crisis -Astilleros de Cádiz, Juliana y Manises- el 28 de diciembre de 1999 y aportación de capital de unos 252,5 millones de euros de la Sepi a Aesa en septiembre de 2002, lo que benefició a Sestao, Sevilla y Puerto Real. La Comisión estima que dicha ayuda concedida a los astilleros públicos españoles no es compatible con el Mercado Común, ya que no puede ser autorizada como ayuda a la reestructuración, ni como ningún otro tipo de ayuda, por lo que debe ser reembolsada en su totalidad por la actual propietaria de estos astilleros, Izar, que se hizo cargo de las empresas de Aesa y Sepi. No obstante, la cantidad final a reembolsar por el Estado español debe minorarse en 192 millones de euros correspondientes a los préstamos de Sepi a Astilleros de Cádiz, Juliana y Manises el 28 de diciembre de 1999, cantidad que la Comisión considera ya recuperada. De hecho fueron reembolsados por Izar a Sepi en septiembre del año 2002.


España deberá informar a la Comisión en un plazo de dos meses, a partir de la fecha de notificación de la decisión, de las medidas previstas y ya adoptadas en cumplimiento de la misma. Conocida la decisión de la Comisión, el Gobierno español ha actuado con una gran celeridad para poner en marcha las medidas que sean precisas, pero sin precipitación, analizando todas las circunstancias que concurren en este importante problema. En primer lugar, la decisión afecta a la propia viabilidad económica de Izar que, al tener que hacer frente al elevado importe de la ayuda a reembolsar, podría entrar en situación de quiebra antes de finalizar el ejercicio de 2004 con el consiguiente impacto en sus 11.000 empleos directos, a los que habría que añadir los empleos indirectos en la industria auxiliar colaboradora de Izar, así como los empleos en la actividad económica que se genera en torno a Izar. Por tanto, cualquier perjuicio que afecte a Izar se proyecta negativamente en su amplio ámbito de influencia que, como S.S. sabe, abarca 11 ciudades de siete comunidades autónomas. En concreto Izar mantiene centros de actividad dedicados a la construcción civil y militar y a la fabricación de motores, turbinas y sistemas de armas en Andalucía -en Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Sevilla-, en Asturias -en Gijón-, en Galicia -en Fene y en Ferrol-, en Madrid -donde están sus oficinas centrales-, en Murcia -en Cartagena-, en el País Vasco -en Sestao- y en Valencia -en Manises-. Los anteriores datos evidencian la magnitud del problema al que España debe hacer frente tras la Decisión de la Comisión Europea de 12 de mayo de 2004, que requiere adoptar medidas de diversa naturaleza en múltiples ámbitos de actuación y además en un plazo inmediato, puesto que la Comisión establece la obligación de cumplir su decisión sin dilación y de ser informada en el plazo de dos meses sobre su ejecución. Ante esta situación, la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos aprobó el día 13 de mayo -al día siguiente de tener conocimiento de la decisión- la creación de un grupo de trabajo para la evaluación de los efectos derivados de la decisión de la Comisión Europea relativa a los astilleros de Izar. Este grupo de trabajo que está trabajando con una triple perspectiva -industrial, laboral y regional- deberá elevar las correspondientes propuestas en el plazo máximo de un mes para su discusión y aprobación por la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos. Este grupo de trabajo tiene las siguientes funciones: evaluar las repercusiones de la decisión sobre la empresa Izar y los ámbitos geográficos en los que desarrolla su actividad, proponer una estrategia de actuación que recoja las iniciativas que se estimen adecuadas para paliar los efectos derivados de la decisión y proponer los procedimientos para realizar el seguimiento de las medidas que se adopten. En el grupo de trabajo participan representantes de todos los departamentos ministeriales implicados: el presidente de Sepi, que preside la Comisión, el secretario de Estado de Defensa, el secretario general de Empleo, el secretario general de Industria, el director general de Fondos Comunitarios, el director general de Política Económica y el secretario general de la Sepi que actúa como secretario del mencionado grupo de trabajo.


Señoría, el Gobierno es consciente de las dificultades que comporta para el futuro inmediato de Izar la decisión adoptada por la Comisión Europea y le puedo asegurar que vamos a afrontar la situación de la compañía con el máximo rigor desde un triple objetivo: en primer lugar, el mantenimiento hasta los niveles razonables de la actividad de construcción naval; en segundo lugar, la máxima disposición de concertación con las administraciones implicadas, autonómicas y locales; en tercer lugar, la máxima disposición hacia el diálogo con los interlocutores sociales y, desde luego, también desde el respeto absoluto a la legalidad europea y a las competencias de esos organismos. Hemos dado ya buena muestra de esta voluntad de diálogo pues una de las primeras medidas de los nuevos responsables de la Sepi, que S.S.
reconocía, ha sido alcanzar finalmente, y tras meses de intensa conflictividad, un acuerdo sobre los términos de convenio de Izar.
Señoría, me reconocerá

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que el acuerdo alcanzado supone un paso importante en la recuperación del clima laboral y de diálogo que permita a la parte empresarial y social trabajar unidas por el futuro de la compañía de construcción naval. En esa línea estamos y vamos a seguir trabajando.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Para la réplica, de nuevo, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta; gracias, señor ministro.


Efectivamente, conocemos los orígenes de este conflicto, hemos sido y evidentemente somos muy críticos con la gestión del Partido Popular en esta cuestión y conocemos también la creación de la comisión interministerial, algo que nos parece absolutamente lógico y oportuno.
Nuestra opinión no puede ser nada más que favorable, pero nos preocuparía que el tratamiento para establecer y evaluar esa estrategia se quedara simplemente dentro del Gobierno. Por eso hacía hincapié, y también lo hago ahora otra vez, en el diálogo con los sindicatos y con las comunidades autónomas. Nosotros creemos que la participación de los sindicatos es absolutamente necesaria porque estamos tratando de un problema social, de un problema laboral, de un problema económico y de un problema político, por lo tanto, todas estas vertientes deben estar presentes en el tratamiento y solución de esta cuestión. Somos conscientes de las dificultades, pero si nos anima algo es que creemos posible la solución industrial, creemos en la viabilidad y creemos en la necesidad de los astilleros, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. La voluntad política debe ir en ese sentido, no en el sentido de cierre porque ya lo hemos vivido cuando la voluntad política se inclinaba por el cierre de los astilleros y por la pérdida de su capacidad. Por lo tanto, bienvenido el diálogo, bienvenida la creatividad y bienvenida incluso la imaginación, ahora yo les diría que sin pasarse tampoco. No estaría de acuerdo con el consejero de Trabajo andaluz que habla de la diversificación del sector naval hacia el sector aeronáutico. Este tipo de cosas hay que cuidarlas desde todas las administraciones, y lo pongo como ejemplo para no dar palos de ciego ni realizar distracciones que nos pudieran alejar de nuestros verdaderos objetivos. En este sentido le reclamo rigor. Es evidente que los barcos no vuela y de una manera más sencilla todavía: no podemos admitir avión como animal acuático, sinceramente.


Se trata de algo mucho más sencillo, se trata del sentido de la moción que vamos a proponer, que quisiera que hoy ya, en esta interpelación quedara manifiesta, igual que el sentido de su respuesta de manera que fuéramos avanzando. Vamos a perseguir una solución negociada con las comunidades autónomas y con los sindicatos, vamos a intentar mantener el empleo y la producción y tiene que haber una posición política ante la Unión Europea que intente corregir el dogmatismo neoliberal. Esto es muy sencillo, traducido hacia los trabajadores de Izar. Lo que se persigue es que los trabajadores de Izar perciban que un cambio de Gobierno realmente es un cambio de política, de las formas de hacerlo y que eso sirve para algo en su vida concreta. Con eso nos conformaríamos.


Muchas gracias, señor ministro

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Pérez.


De nuevo tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señoría, lo primero que quisiera dejar claro es que la decisión aún no ha sido notificada formalmente al Reino de España que es el destinatario de la decisión. Obviamente hemos de ir con prisa porque el problema agobia, sobre todo a los miles de trabajadores y a las poblaciones en las que están ubicadas las factorías, pero quiero decir que disponemos de un cierto margen. Vamos a trabajar, y lo estamos haciendo, con rigor y con un objetivo que ya he manifestado, que es el mantenimiento hasta los máximos niveles que sean razonables, posibles de la actividad de construcción naval. Lo vamos a hacer con ese espíritu que S.S. reclamaba, con esa disposición a la concertación con las administraciones implicadas, evidentemente las administraciones autonómicas y también las locales, y con esa máxima disposición hacia el diálogo con los interlocutores sociales, lo que se ha demostrado, como antes avanzaba, con el acuerdo que ha habido sobre los términos del convenio colectivo, también con la retirada de los expedientes. Por tanto, con la generación de un nuevo clima que permita abordar la solución a un problema muy grave heredado, fruto de la pésima gestión de un Gobierno que ha ido haciendo caso omiso a los requerimientos de la Comisión Europea. Dudamos incluso de que haya hecho gestiones al respecto, porque ignorar los requerimientos lo único que comporta pura y simplemente es que en estos momentos no haya excesiva buena predisposición en la Comisión Europea para buscar soluciones al problema; soluciones que nosotros vamos a tratar de buscar, estoy seguro de que con el apoyo de los grupos parlamentarios que apuesten por la pervivencia de un sector importante para España y también para hacerlo en el marco del respeto a la legalidad de la normativa europea, a la que también estamos obligados y utilizando, como S.S., reclamaba la concertación con las administraciones implicadas y esa disposición hacia el diálogo permanente con los interlocutores sociales que, como S.S. sabe, existe desde el primer momento.


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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES DEPORTIVAS VASCAS. (Número de expediente 172/000008.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la siguiente interpelación urgente, en este caso del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas.


Tiene la palabra la interpelante, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quisiera saludar a la ministra en esta primera interpelación. Aunque de la pregunta que se le ha efectuado y su respuesta me da la sensación de que hoy, quizá la semana que viene, no tendremos los frutos esperados por esta diputada, no renuncio a que los tengamos en el futuro. Espero tratar de convencerla, como decía la señora vicepresidenta -yo también trato de convencer-, aunque ustedes tengan los votos sobre esta cuestión.


La pretensión que hoy propongo a esta Cámara no es nueva. No lo es desde hace muchísimos años en lo que es su arraigo social y tampoco lo es en las iniciativas parlamentarias. Esta diputada ya en la anterior legislatura, por no remontarme a otras, que podría hacerlo, presentó varias iniciativas, entre ellas, el año pasado, una interpelación, por tanto un debate de interpelación y moción pretendiendo esta cuestión, y no solamente, como es lógico, para las selecciones vascas sino también para aquellas selecciones que tienen un gran arraigo social que se traduce en lo que es Euskadi, Cataluña y Galicia. Hemos tenido debates sobre esta cuestión (el último en septiembre de 2003) y todavía no les hemos llegado a convencer. Están en la abstención, que yo sepa al menos en los últimos debates, y esperamos que den un paso adelante.


¿Por qué queremos que las selecciones deportivas vascas, catalanas o gallegas, como diremos en nuestra moción (hablamos de lo que más conocemos, las selecciones vascas), tengan un reconocimiento internacional? Queremos que lo tengan porque es una reivindicación constante que tiene un gran arraigo social, porque está involucrada, está absolutamente arraigada a lo que es una cuestión básica de una cultura, de una manera de ser, de una identidad. Estoy segura que lo podrán entender. Cuando se reivindica y se defiende a una selección española, tendrán que entender que en otras identidades pueda haber la misma querencia, el mismo deseo y el mismo interés. No es una cuestión de jerarquía, es una cuestión de respeto; respeto a la identidad, respeto a la cultura, respeto a un aspecto de la cultura que es una manifestación deportiva. Muestra de ello son las distintas iniciativas que en esta legislatura apenas comenzada ya se han presentado. Hay iniciativas -por eso hablo de lo que hoy ya se ha presentado- de ese interés político que responde a un interés social; iniciativas de reconocimiento de selecciones deportivas vascas, de selecciones deportivas catalanas y de selecciones deportivas gallegas. Por tanto, hay que abordar esta cuestión. Creo que es hora ya, 25 años después de una primera transición, porque creo que hay que aspectos que faltan, para reconocer esta cuestión, para abordarla. No pasa nada, no es contra nadie, es simplemente la defensa de una propia identidad.


¿Problemas jurídicos? No los hay, aunque sé que tendremos diferente interpretación. Voy a hacer un resumen muy somero aunque podríamos estar aquí horas hablando sobre esta cuestión. Déjeme que plantee varias cuestiones. Primera, el artículo 149 de la Constitución, que regula las materias exclusivas del Estado, no recoge el deporte. Curiosamente, estatutos de autonomía como el de Gernika (artículo 10.36), el Estatuto de Cataluña o el Estatuto de Galicia, y otros probablemente, sí regulan la competencia del deporte, y lo hacen en su aspecto más amplio, tanto de potestad normativa como de desarrollo de ejecución. Esto podría estar perfectamente avalado no sólo por la literalidad de los propios estatutos sino por la propia jurisprudencia constitucional en sentencias del año 1982, del año 1989 y de otros años; es decir la competencia del deporte es de la comunidad autónoma en su aspecto normativo y en su aspecto de ejecución. Dicen ustedes: oiga, pero cuando es supracomunitario ya corresponde al Estado. La propia jurisprudencia constitucional señala también en otras sentencias que no se puede utilizar esa argumentación (estoy resumiendo y no citando literalmente), porque con esa argumentación los gobiernos del Estado sucesivos privarían de competencias en cualquier cuestión a las comunidades autónomas. Puede tener efectos supracomunitarios pero seguir siendo competencia de las comunidades autónomas.


Además, dicen ustedes: es que hablan de participar en eventos internacionales y el artículo 149.1.3.ª lo impide. Tampoco es así, porque como dicen las sentencias en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del año 1989, del año 1991, o la última 165/1994, las comunidades autónomas en sus propias competencias y desarrollo de las mismas también pueden tener efectos externos, que sería este caso. Es decir, uno, competencia exclusiva de las comunidades autónomas; dos, puede tener efectos supracomunitarios; tres, puede tener efectos externos supraestatales en estas materias. Primera consideración.


Segunda consideración. Las federaciones deportivas son asociaciones privadas, tanto las federaciones deportivas en este caso vascas, como las españolas, como las internacionales. No son Estado en el sentido estricto público, por tanto tampoco se le puede aplicar

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el artículo 149.1.3.ª de relaciones públicas entre Estados soberanos porque no se firman tratados internacionales, no hay obligaciones contraídas por parte de gobiernos de Estado sino que son manifestaciones privadas de federaciones (asociaciones privadas) a las cuales se han sumado, se han adherido voluntariamente una serie de personas, ya sea en el ámbito de una comunidad autónoma, en el ámbito de una nación, en el ámbito de un Estado o en el ámbito internacional. Por tanto tampoco se le puede aplicar esta cuestión. Es decir, jurídicamente no encontramos obstáculo alguno para que esto pueda ser factible, y de hecho nos remitimos a los ejemplos comparados.


Vamos a entrar en nuestro entorno. En el Parlamento Europeo, en una Decisión del 9 de abril que regulaba o que hablaba de la seguridad en los campos de fútbol -evidentemente no entraba justo en este tema-, se admitieron una serie de enmiendas que decían que los equipos de un Estado no era igual que equipos nacionales; a lo que voy, puede haber varios equipos nacionales, es decir de varias naciones, dentro de un Estado. Y lo aplicaba ciertamente a lo que son casos muy concretos en materia de fútbol: Escocia o Gales. Algunos dicen: Sí, sí, pero es que Escocia o Gales han sido los promotores o donde ese deporte se ha dado originariamente, por decirlo de manera simple. Claro, y yo me pregunto entonces por la Federación de Pelota Vasca donde podríamos citar a Copán, en Honduras, donde existe un juego de pelota que es muy parecido al que se realiza en los frontones del País Vasco. Pero, explíquenme ustedes por qué en esta consideración Escocia y Gales sí y en otros casos no. Es decir, hay Estados que supuestamente no deben ser los más descentralizados, porque según nos dicen éste es el más descentralizado del mundo mundial, apelando a declaraciones del anterior Gobierno, que ya han reconocido, que han regulado, donde no ha habido ningún problema, y que en definitiva han reconocido una manifestación deportiva derivada de un aspecto identitario de una nación que está en un Estado. Si vamos también a las federaciones internacionales, a veces se dice que éstas no lo permiten; ¿no lo permiten, o ustedes no permiten que lo permitan? Esta sería mi pregunta, porque es lo que está pasando. Hemos hablado, por ejemplo, de la más reciente, la Federación de patinaje, de hockey; ¿lo permite o no lo permite? Lo ha permitido y ustedes van a tratar de que no se permita nunca más. Por tanto, ustedes no sólo no están permitiendo, incentivando o actuando activamente para que el reconocimiento pluricultural y plurinacional esté reconocido a nivel internacional, sino que están yendo en contra nuestra. Este es el problema. No es un problema jurídico, es un problema de voluntad política.


En estos tres minutos que me quedan -luego podré decir más cosas- diré que es una cuestión que aparece en muchas naciones y que está incluso amparada en la propia representación de los ciudadanos. En el Parlamento vasco, en el Parlamento catalán -que creo son tan respetables como este Parlamento-, en su propia dinámica de mayorías y minorías, se ha establecido, negociado y aprobado unas leyes que son tan respetables como las que hacemos nosotros. La Ley de 1998, del Parlamento vasco -es decir la representación mayoritaria de los ciudadanos-, en su artículo 16.6 reconoce que pueden existir selecciones y lo único que dice es que ayudaremos a promover esas selecciones que responden a una voluntad de adhesión de una mayoría de los ciudadanos vascos. Lo mismo que la Ley del Parlamento catalán del año 1999, que señala esta misma cuestión. Mi planteamiento es: primero, no hay problema jurídico. ¿Tienen ustedes o no tienen voluntad política a la hora de respetar lo que es este Estado, con diferentes naciones -si quieren llámenles nacionalidades-, con diferentes culturas -y, dentro de la cultura, una manifestación puede ser la deportiva-, con diferentes lenguas?, ¿van a respetarlo o simplemente nos vamos a seguir quedando en una declaración retórica, que queda muy bien, pero que ustedes incumplen sistemáticamente? Esta es la cuestión. Estoy convencida, señora ministra, de que no sé si esta semana o la que viene, este año o el que viene, pero que esto va a llegar a ser reconocido, que la fuerza de los ciudadanos que se sienten identificados con una nación les va a obligar -ojalá más pronto que tarde- a que reconozcan y a que tengan que incentivar que no haya obstáculos para que puedan competir con otros. Estoy segura de que va a llegar. Serían ustedes inteligentes si lo propusieran, lo llevaran a buen término y llegáramos todos a un acuerdo.
Tendrían, creo, la altura política que requiere esta cuestión y resolverían muchos problemas, que es de lo que se trata, de resolver problemas respetándonos todos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Para responder a esta interpelación, la señora ministra de Educación y Ciencia tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señora presidenta.


Quiero agradecer el saludo de la señora diputada, Begoña Lasagabaster, y el buen resumen que ha hecho de este tema que conoce tan a fondo. De hecho ha presentado ambas posturas en su intervención, con lo cual entra la duda de si es necesario que yo responda, dado que conoce tan bien todos los aspectos del debate. Voy a intentar resumir cuál es nuestra visión de la situación jurídica en este momento, y cuál es la voluntad política como S.S. preguntaba.


Como bien mencionaba S.S., este tema ha sido objeto de varios debates de tinte técnico-jurídico en este Congreso de los Diputados, y no es mi intención repetir

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hoy toda la larga lista de esta base jurídica que S.S. conoce en detalle.
El Gobierno confía en la voluntad de diálogo en este tema entre todos los grupos que debiera permitir alcanzar acuerdos encaminados a potenciar la actividad deportiva en todas las comunidades autónomas. Es verdad que para que este diálogo sea constructivo no puede ignorar cuál es la normativa vigente, tanto la internacional como la nacional. En el caso nacional viene configurada en este momento por la Ley del Deporte, además de la jurisprudencia constitucional a la que se ha hecho mención. De ellas se deriva una conclusión clara, según los informes que en los últimos años ha elaborado el Consejo Superior de Deportes: la representación deportiva de carácter internacional en las competiciones oficiales corresponde exclusivamente a la selección española de cada modalidad. Así, el artículo 33.2 de la Ley 10/1990, del Deporte, establece que las federaciones deportivas españolas ostentarán la representación de España en las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter internacional celebradas fuera y dentro del territorio español. Por tanto, no resulta compatible en la actualidad la participación simultánea en competiciones deportivas oficiales de equipos representativos de España y de cualquiera de sus comunidades autónomas.


La voluntad de este Gobierno a este respecto ha sido expresada recientemente, no sólo por el presidente del Consejo Superior de Deportes sino por el presidente del Gobierno que ha indicado la conveniencia de que esta situación se mantenga. Ello no supone la exclusión de la existencia de selecciones autonómicas. La existencia de federaciones autonómicas y de sus respectivas selecciones es una realidad, y como antes mencionaba recibe el apoyo de las distintas administraciones, incluido el Gobierno central. Su señoría sabe que este Gobierno es firme defensor del Estado de las autonomías, como se pone de relieve en diversas acciones, tales como el apoyo a las otras lenguas oficiales de nuestras comunidades autónomas, como el catalán, el gallego o el euskera en la Unión Europea. También hemos subrayado reiteradamente y hemos comenzado a dar muestras de nuestro interés en mejorar la cooperación y la coordinación de las distintas administraciones -central, autonómicas y locales- en todos los ámbitos de actuación, incluido el deportivo, siempre con respeto a las competencias de cada parte, es decir sin invadir competencias. En suma, el Gobierno quiere realizar una política deportiva basada en el diálogo y en el acuerdo con las comunidades autónomas, tanto en el deporte de elite, que es el afectado principalmente por esta cuestión de las selecciones autonómicas, como en el deporte de base, pero siempre desde la inclusión de todos los deportistas con independencia de su origen geográfico en España. Por eso insisto en que este Gobierno tiene voluntad política para buscar un encuentro sincero con las comunidades autónomas para desarrollar las selecciones autonómicas, como ha manifestado también el presidente, y esperamos que nos den la ocasión para buscar estos puntos de encuentro y de diálogo que permitan avanzar en esa línea.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Para su réplica, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, ha centrado su intervención en tres cuestiones que voy a intentar rebatir. Le voy a ser sincera, lo que hay detrás es un miedo poco razonable, incluso sorprendente. Voy a ir al fondo del asunto. El miedo es que en alguna ocasión una selección deportiva española debería competir con una selección deportiva gallega, catalana o vasca. A eso nadie debe tener miedo, ¿o es que en las culturas, en las lenguas o en las identidades prima el principio de jerarquía? Ahí entraríamos en un debate muy duro acerca de lo que subyace en el fondo. Es decir, hay un principio de jerarquía que ustedes están planteando, lo español, que yo respeto profundamente, y que está por encima de la identidad vasca, catalana o gallega. Esto es lo que hay en el fondo de sus reflexiones y un miedo profundo que hay que quitarse de encima y decir que aquí no hay problema. Si la selección española compite con la selección catalana en patinaje no va a pasar nada, nos vamos a respetar y vamos a seguir conviviendo de forma normal. Esto es lo que hay en el fondo y se trata de un grave problema probablemente de desconocimiento y de miedo recíproco.
Nosotros no tenemos ningún problema si toca competir en surf, en pelota vasca, en patinaje o en fútbol con una selección española o que una selección vasca compita con una selección gallega, que tampoco pasa nada.
¿Por qué hay ese miedo y ese principio de jerarquía? Esta es la base de la cuestión. Yo digo que el miedo es malo, puesto que hace refracción y nos impide convivir y acercarnos; una reflexión le diría casi más humana que política.


Entrando en dos temas políticos y jurídicos, ha hablado usted de la Ley del Deporte del año 1990. Pues es que la Ley del Deporte de 1990 no es el paradigma que ha que respetar el resto, sino muy al contrario. La Ley del año 1990 no es orgánica ni es de bases, y por tanto no entra en el bloque de la constitucionalidad, siendo jerárquicamente superior un estatuto de autonomía que sí entra. En consecuencia, todos los estatutos de autonomía tienen que estar supeditados a la Ley del Deporte del año 1990, que no es orgánica ni de bases. ¿No estaremos interpretando la historia al revés? Esta es la cuestión. ¿No deberían ser derogados los correspondientes artículos de la Ley de 1990 porque no se adecuan a las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía? Esta es la otra pregunta jurídica. Por tanto no aluda a la Ley de 1990, puesto que precisamente dicha

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ley no es lo máximo que hay que respetar, sino que en todo caso tendrían que ser respetados los estatutos de autonomía como leyes orgánicas. En este caso no tiene la jerarquía de ley. Así pues, la primera consideración jurídica es que no podemos ampararnos en esa ley para decir que no es posible.


Segunda cuestión: voluntad política. Ustedes tienen voluntad de llegar a un acuerdo y a mí ese talante me parece muy bien; sin embargo, el talante sin contenido es una cuestión de cortesía que hay que agradecer, pero que no nos lleva a ningún sitio, con todos los respetos. A mí me gustaría que el talante, como decía algún ministro en una comparecencia, estuviera unido al talento y al contenido.


Señora ministra, no sé qué propone usted, porque lo que me ha propuesto es que juguemos, como decían dos compañeros, a canicas en el patio de nuestra casa. Hasta ahí podemos llegar, pero ojo no se atrevan ustedes a más, que se pasan cuatro pueblos. Señora ministra, esto no es una manifestación deportiva. Usted sabe que en el mundo globalizado en que vivimos, si no hay selecciones y manifestaciones deportivas internacionales es difícil que se siga manteniendo el deporte -y únicamente hay que ver la televisión-, teniendo en cuenta de donde son muchos deportistas y cuál sería su adscripción natural voluntaria. A lo mejor también tienen miedo a esto; por tanto, segunda consideración, la voluntad política tiene que llevar a buen término esta cuestión.


Tercera consideración. La identidad y el arraigo. No voy a citar lo que menos conozco, aunque sí conozco algo. Hay un Comité Olímpico Catalán desde el año 1913. Hay más de 500.000 firmas en Cataluña. Hay una iniciativa para la creación de selecciones gallegas. Hay una solicitud de creación de la unión de federaciones deportivas vascas, presentada el 20 de diciembre de 2003, que agrupa a 42 de 48 federaciones deportivas con más de 200.000 deportistas adheridos a ellas. Es una marea y una ola que les va a llegar. Por tanto, le recomendaría que no tengan miedo, que el respeto a identidades no atiende a jerarquías, sino que responde a un principio igualitario. Que la Ley del Deporte de 1990 no tiene la jerarquía que usted dice, porque no es una ley de bases ni es orgánica; que de respetar algo habría que respetar los Estatutos de autonomía y la Constitución, que ustedes acostumbran a decir; y, tercero, que más pronto que tarde va a llegar. Yo que ustedes me subiría a la ola, surfearía un poco, y evitaría que me cayera la ola encima.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señora Lasagabaster.


Tiene la palabra de nuevo la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.


Parece que los debates jurídicos son inevitables, porque la Ley de 1990, aunque esté en vigor, no conviene acudir a ella. Vayamos a las sentencias del Tribunal Constitucional, que conoce tan bien como yo, y la sentencia 165/1994 dice que la pretendida asunción de representación internacional del deporte por las comunidades autónomas no es una simple medida dotada de cierta incidencia exterior, sino que supone la alteración de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales -y sigue argumentando-, para defender la representación internacional del deporte español en su conjunto, que corresponde al Estado. De nuevo podríamos entrar efectivamente en el debate de cuál es la mejor interpretación de la legislación que tenemos, pero la legislación que tenemos hoy es la que hay que cumplir.


No entiendo las alusiones al miedo, porque no entiendo que nadie tenga miedo en este tema. Si se trata de hablar de miedo, debe ser que las federaciones internacionales pasan mucho miedo. Se ha citado el caso más conocido por todos que hace referencia a la participación en la UEFA y en la FIFA de las selecciones de Inglaterra, Escocia, País de Gales e Irlanda, dada su creación previa a la constitución de estas federaciones, pero le recuerdo que en este punto también debe haber un miedo internacional, porque siendo la existencia de estas selecciones en el deporte internacional la gran excepción que tenemos, en los juegos olímpicos participan de manera conjunta como Reino Unido. No encontramos razones tan claras para ver que la postura que antes comentábamos de una combinación de diálogo para potenciar toda la proyección posible del deporte autonómico, con una combinación de la representación del deporte español en competiciones internacionales oficiales por parte de las selecciones españolas, sea contraria a nuestra legislación ni contraria a las normas que defiende el Comité Olímpico Internacional, por poner un ejemplo.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO ESTABLE PARA LA EDUCACIÓN.
(Número de expediente 172/000011.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Pasamos a la última interpelación urgente de hoy, en este caso del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència

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i Unió), sobre la posición del Gobierno ante la consecución de un pacto estable para la educación.


Para su defensa tiene la palabra don Josep Antoni Durán i Lleida.


El señor DURÁN I LLEIDA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, casi en la intimidad voy a compartir unas reflexiones más que interpelar en el sentido de querer expresar posiciones contrarias a las que pueda tener el Gobierno. Voy a intentar hacer una exploración conjuntamente con usted de lo que a mi juicio exige el gran reto de la educación.


Esta tarde, en respuesta a una de las preguntas, el actual ministro de Trabajo recordaba el valor y la importancia del Pacto de Toledo, que permitió garantizar estabilidad en todo aquello que hace referencia al sistema de pensiones. Recordará la Cámara -y evoco el recuerdo- que fue nuestro grupo parlamentario precisamente quien a raíz de un uso partidario que se hizo del debate sobre pensiones sugirió, y tuvo éxito la sugerencia, que ese el tema de las pensiones fuese un debate del que se hiciera abstracción y se imposibilitara el uso partidario del mismo.
El espíritu de aquel Pacto de Toledo, de aquello que el ministro de Trabajo hoy recordaba como una garantía de estabilidad del sistema de pensiones más allá de los gobiernos de turno, es algo que a nuestro juicio hay que trasladar al ámbito de la educación. La semana pasada leía una reciente entrevista que le realizaron, señora ministra, publicada en un periódico de ámbito estatal, en la que usted indicaba, entre otras cosas, que era la hora de la educación. Estoy de acuerdo con usted por muchas razones, algunas de las cuales intentaré abordar para justificar el porqué de nuestra petición de un pacto escolar que esté en el sentido que indicaba del Pacto de Toledo en materia de pensiones.


Esta misma tarde la vicepresidenta del Gobierno, en respuesta a otra pregunta planteada, hablaba del intento de diálogo, también en materia de educación, por parte del Gobierno. Si lo hay, en cualquier caso lo creo insuficiente. Me explicaré. Necesitamos mucho más. Necesitamos mucho más diálogo en torno al tema escolar. Necesitamos ese pacto escolar que defiende por encima de todo esta interpelación. Usted recordará y sabrá mejor que yo que el Gobierno de UCD, por recordar el primer Gobierno de la España democrática, aprobó su Ley Orgánica del estatuto de centros docentes; después vino el Partido Socialista con su mayoría absoluta en el año 1982 y aprobó su Ley Orgánica de derecho de la Educación, la LODE y más tarde la LOGSE y que recientemente otro Gobierno de color distinto, el Partido Popular, aprobó su ley de educación, la Ley de Calidad de la Educación, en algunos con más o menos consenso, evidentemente no lo hubo en la última de las leyes citadas, aprobada por el anterior Gobierno. Por tanto, señora ministra, le propongo a usted, propongo al Gobierno, le propongo a esta Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propongo a la propia sociedad un pacto escolar; un pacto escolar que dé estabilidad, un pacto escolar que dé seguridad, un pacto escolar que dé continuidad al sistema educativo al margen de quién gobierne. ¿Por qué la necesidad de un pacto escolar? Porque necesitamos un sistema educativo que dé una óptima calidad, un sistema educativo riguroso, exigente, un sistema educativo dinámico, que permita por tanto crear una sociedad más justa, más cohesionada y más solidaria. La educación es un instrumento fundamental para garantizar ese tipo de sociedad, y para que comparta al mismo tiempo el objetivo que la Unión Europea, en la estrategia de Lisboa, se fijó en materia de educación. A partir de estas premisas y de este objetivo, sabiendo como sabemos -y de ello hablaba usted en la citada entrevista- que el país exige, España en su conjunto una gran inversión en formación, que todos somos conscientes que el gran capital, el capital por excelencia hoy es precisamente el capital humano y que este será más valioso en la medida que esté más formado, más que nunca, por tanto, también por razones económicas necesitamos esta formación y esta inversión en formación.


Estos días, ante otro problema como es el de la deslocalización -que a menudo se hizo y a mi juicio con acierto- hay dos grandes respuestas, que son formación e inversión en I+D+I. Por tanto, planteamos la necesidad de un pacto en la primera de las respuestas ante ese gran reto económico. No me refiero únicamente a un pacto en lo relativo a los contenidos, es decir, a lo que es estrictamente instrucción, a lo que es la adquisición de conocimientos, a lo que sería más propio denominar como enseñanza.
Para mí educación es un concepto más amplio que el de enseñanza. Me refiero también a la necesidad de un pacto escolar que aborde otros ámbitos que no estrictamente, insisto, los educativos. Propongo hacer una reflexión conjunta. Yo soy de los que piensa, señora ministra, que en los últimos 20, 30 años nos hemos equivocado todos, la izquierda, la derecha y el centro, respecto a alguno de los valores de nuestro sistema educativo; soy de los que mantiene esa opinión. Por tanto, propongo que debatamos si es así o no y que hagamos un cierto aggiornamento de lo que ha sido nuestro sistema educativo a lo largo de estos años; no me refiero a contenidos -también habría que ver si nos hemos equivocado en las matemáticas de conjunto o en el sistema de matemáticas tradicional-, me refiero a otras cosas. Es bueno que, a partir simplemente de no ser necesario un pacto escolar por lo que hace referencia a los conocimientos, entremos también a debatir profundamente con los implicados, y después diré quiénes entiendo por implicados y necesarios en este pacto escolar en cuanto a otro ámbito, que es el más amplio de la educación.


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Sabemos que no es la escuela el único instrumento educativo. Nosotros, en cualquier caso priorizamos la familia como el ámbito sustancial de la educación. Sabemos que en el mundo en que vivimos los medios de comunicación, especialmente las televisiones -debate que algún día habrá que abordar-, tienen una gran importancia y una gran incidencia en el ámbito de la educación de nuestros hijos, en definitiva, de los escolares y de la gente joven de nuestro país. En la escuela sin duda hay ámbitos educativos que en esa propuesta de aggiornamento, en esa propuesta de reflexión en torno a lo que hemos hecho en los últimos veinte, treinta años en el ámbito educativo, también propongo que sean tratados en el concierto de esa propuesta de pacto escolar similar a lo que en su día se hizo en materia de pensiones.


¿Hemos -debemos planteárnoslo- dado una respuesta suficiente en los últimos años a la necesaria moral del esfuerzo? ¿Se considera o no importante que desde la escuela, desde el sistema educativo se haga hincapié en la moral del esfuerzo? ¿Lo de exámenes y aprobados generalizados ayuda e incide positiva o negativamente en esa moral del esfuerzo? ¿Hemos profundizado y hemos dado la respuesta necesaria a lo que requiere el respeto mutuo en una comunidad educativa entre profesores y alumnos? ¿Hay que valorar o no como respuesta o balance positivo lo que se ha hecho hasta la fecha? ¿Es mejorable? ¿Por qué, con toda claridad, las escuelas concertadas con menos fondos públicos funcionan mejor? ¿Es un problema de maestros? No, no es un problema de profesores Yo he sido persona formada en la escuela pública y hago una alta valoración de la escuela pública. ¿Será una cuestión referida a la jerarquización de la propia escuela? ¿Es importante o no la autoridad en la propia dirección de una escuela? ¿Son valores estos que a lo largo de estos años hemos sido capaces de orientar positivamente o también nos hemos equivocado en la orientación de esos valores a lo largo de estos años? Nunca un país ha sido capaz de tirar hacia adelante y de afrontar sus grandes retos desde un sistema educativo que sea más partidario del relativismo que no de lo que pueda ser la exigencia, el esfuerzo y la propia disciplina, entendido lógicamente en los marcos que hay que entenderla: en un contexto de reflexión democrática. ¿Quiénes deben intervenir en este pacto? A nuestro juicio, por supuesto, el Gobierno debe ser el actor y motor de este pacto escolar; por supuesto, las fuerzas políticas que representan la pluralidad de esta Cámara; los gobiernos de las comunidades autónomas, porque el pacto debe llevar también implícito el respeto a las competencias de las diversas comunidades autónomas, lo que no sucedió en la última ley aprobada en la anterior legislatura en materia de enseñanza -repito, las comunidades autónomas, por tanto-; y también la comunidad educativa: titulares de centros, profesores, familias a través de los representantes, de las madres y padres de los diversos centros escolares, sean estos de titularidad pública o privada.


En el marco del artículo 27 de la Constitución española usted sabe bien, señora ministra, que hay un principio, que es el de libertad de los padres a escoger escuela. Quiero recordar ahora una afirmación que por supuesto no comparto, que hizo en Cataluña quien fue consejero de Educación en la primera etapa de este Gobierno. Decía que la libertad de los padres para escoger colegio era un elemento más de la calidad de la enseñanza. No; la libertad de los padres para escoger colegio no es un elemento más de la calidad de enseñanza, es un fundamento, es un derecho fundamental de los padres. Por tanto, se produce a partir de lo que proclama la Constitución, a partir de la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Constitucional, porque la primera ley de la Unión de Centro Democrático fue recurrida por el Partido Socialista ante el Tribunal Constitucional y la segunda ley, del Partido Socialista, fue recurrida por Alianza Popular. El Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 27, consideró tan ajustada a la Constitución la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Docentes, de la UCD, como la LODE, en la que tuve el honor de ser ponente en la legislatura socialista de 1982 a 1986.


Si me lo permite, señora ministra, es la hora de sentarse a dialogar en serio, en profundidad, porque es la hora de la educación, como usted manifestó en esa entrevista suya que he citado reiteradamente en mi intervención. No podemos continuar más tiempo jugando con la enseñanza.
Como responsables de las leyes que se hace en este país, no podemos permitir que los padres no conozcan en este momento cuál es exactamente el futuro del próximo curso escolar; eso no puede suceder nunca más. Por tanto, y puesto que es la hora del diálogo y de la enseñanza, me gustaría saber, señora ministra, si ustedes comparten la necesidad de ese pacto escolar que siente las bases, como ha ocurrido en otros países en otra época -principalmente en la década de los 60-, con diálogo profundo entre formaciones políticas muy opuestas y contrapuestas, con programas distintos, pero que fueron capaces de sentar un sistema educativo en la Europa democrática que estaba más allá de la opción gobernante de turno.
Desde esa perspectiva, señora ministra, insisto en que queremos proponerle esta opción, y sobre todo deseamos conocer si comparte nuestros planteamientos. No se puede, decía, continuar jugando con la enseñanza; no se puede hacer y deshacer con la enseñanza, como si fuéramos criaturas construyendo castillos de arena en una playa.


Muchas gracias, señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Durán.


Tiene la palabra, para su turno en la interpelación, la señora ministra de Educación.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, aunque efectivamente no seamos muchos a estas horas, siempre es un placer debatir sobre educación, y más con alguien que conoce tan bien nuestro sistema educativo, como S.S. El Gobierno comparte plenamente la convicción que sirve de fundamento a la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán de que el sistema educativo es una herramienta privilegiada para conformar sociedades más justas, solidarias y cohesionadas. De ahí se deriva que sea necesario poner todos los medios posibles para que el servicio de la educación sea de calidad óptima, riguroso, exigente y moderno.


Voy a exponer brevemente los objetivos básicos del Gobierno al proponer en este momento el cambio de regulación del sistema educativo, ya que por nuestras responsabilidades nos corresponde liderar el período de debate que debiera conducir a un acuerdo lo más amplio posible en el futuro. Al igual que usted mencionaba en su intervención, estamos convencidos de que la integración en una Europa unida y ampliada exige el cumplimiento de los objetivos ambiciosos que se ha fijado nuestro continente para construir la sociedad del conocimiento, culta, dinámica, competitiva y cohesionada social y territorialmente. Al haberse fijado la Unión Europea objetivos como el de que en 2010 el 85 por ciento de los jóvenes hayan completado bachillerato o formación profesional -no sólo nuestra enseñanza secundaria, sino también estas enseñanzas del final de la etapa secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional, como digo-, España se encuentra en consecuencia ante el reto de hacer realidad estas metas durante los próximos años. Según el último indicador disponible en España sólo el 69 por ciento de los jóvenes alcanzan la graduación de bachillerato o formación profesional. Nos queda, por tanto, una amplia distancia que recorrer, y es importante considerar que con los indicadores actuales España es superada por países como Grecia o los diez nuevos miembros de la Unión Europea. El logro de estos objetivos europeos que España debe aceptar como propios obliga a adoptar políticas educativas ambiciosas encaminadas a que nuestras generaciones jóvenes puedan insertarse en este mercado único europeo con garantías de estabilidad y oportunidades de promoción. También debemos sentirnos obligados por otros objetivos europeos quizás incluso más ambiciosos, ya que hacen referencia a la calidad de nuestros sistemas educativos.
Permítanme S.S. destacar la importancia de la meta que en el año 2003 ha acordado la Unión Europea de que reduzcamos un 20 por ciento todos los países el porcentaje de jóvenes que solamente llegan al nivel mínimo de competencia en lectura. En la última evaluación un 20 por ciento de nuestros jóvenes de 15 años se quedaban en este nivel mínimo de competencia en lectura, que normalmente se considera no el más adecuado para garantizar en el futuro posibilidades de formación en el mercado de trabajo, de reciclaje, en fin lo que hoy necesita prácticamente cualquier persona en el mercado de trabajo.


Entre los países europeos que son nuestro referente tenemos buenos ejemplos de sistemas educativos que consiguen una formación de calidad en el sentido que antes mencionaba, buenos resultados en matemáticas y en lectura, por ejemplo, y escasa desigualdad de resultados. Ese debe ser nuestro modelo: calidad con equidad; apostaremos así por esa sociedad moderna, culta y cohesionada. Si los jóvenes de otros países pueden conseguirlo con el apoyo de los profesores y los centros, de las familias, como se mencionaba, y de todas las administraciones, tiene que ser posible conseguirlo en España. No podemos permitirnos metas más pobres que nos condenarían a modelos de crecimiento inestables basados en trabajos de baja cualificación, escasa remuneración y elevada rotación.
Estamos también de acuerdo con S.S. en la apreciación de que el logro de tales objetivos demanda una estabilidad del sistema educativo que sea capaz de asegurar la perseverancia en las orientaciones y en el logro de estos objetivos ambiciosos. Tal estabilidad es muy difícil de lograr sin un acuerdo básico entre las distintas administraciones que compartimos responsabilidades en materia educativa, así como entre los distintos sectores de la comunidad educativa. El logro de dicho acuerdo exige la existencia del diálogo y la posibilidad de establecer un debate abierto.
Teniendo en cuenta esta perspectiva es importante recordar que la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación no fue el fruto de un consenso entre los diversos grupos políticos ni entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. Más bien al contrario, su tramitación, que SS.SS. conocen mejor que yo, con más de 1000 enmiendas debatidas a una media de 53 segundos, provocó divisiones y rechazo entre diversos colectivos de profesores, padres y alumnos así como entre nuestros administraciones educativas. El Gobierno está convencido de que el logro de una educación de calidad para todos, esa calidad con equidad que mencionaba antes, no puede hacerse sin la participación de todos estos sectores legítimamente interesados en el proceso educativo. Por todo ello, al proponer la modificación del calendario de aplicación de la Ley Orgánica de Calidad no se ha hecho un planteamiento maximalista y se ha sido respetuoso con las normas vigentes y, como no podía ser de otra manera, con los procedimientos constitucionalmente previstos. Por este motivo saben que hemos decidido retrasar solamente aquellos aspectos cuya aplicación puede suscitar más problemas y no revisar aquellos que están plenamente en vigor. Estamos legitimados para actuar de esta manera y no desbordamos en lo más mínimo las responsabilidades que nos competen legalmente. El objetivo de esta modificación

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del calendario de aplicación de la Ley de Calidad es muy simple: queremos lograr la calidad educativa para toda la población y queremos hacerlo con el mayor acuerdo posible, como solicitaba su señoría. Para alcanzar ese doble objetivo necesitamos disponer del tiempo necesario para que haya un auténtico diálogo y debate antes de tomar decisiones. Todo el trabajo que se ha realizado en debates previos será aprovechado, y además por nuestra parte promoveremos un debate no excluyente sino abierto a todas las administraciones y agentes del sistema educativo.


Es nuestro convencimiento que la política educativa a desarrollar es la propia de un Estado de las autonomías. La Administración central debe actuar con las competencias que le son propias, pero con el diálogo y la coordinación necesarias con las administraciones autonómicas, sin invadir nunca sus competencias. Mantener un diálogo constante con las comunidades autónomas va a ser el objetivo que nos hemos marcado como fundamental para esta legislatura. En la primera reunión de la Conferencia sectorial celebrada en el mes de mayo hemos propuesto el establecimiento de métodos de trabajo que nos ayuden a compartir experiencias y derivar soluciones comunes. Queremos que las decisiones a tomar sean fruto de un diagnóstico compartido y de un debate amplio acerca de las posibles vías de solución.
Es una tarea a la que todos estamos convocados. Al iniciar este debate el Gobierno ha destacado cuatro puntos en los que las reformas nos parecen especialmente necesarias. En primer lugar destacaría la atención a la diversidad en la etapa final de secundaria por tratarse de uno de los temas cruciales para la configuración de nuestra educación obligatoria.
Pensamos que los itinerarios no resuelven de la manera más adecuada este problema de tratamiento de atención a la diversidad en la línea que antes mencionaba: calidad para toda la población, calidad con equidad y cumplimiento de esos objetivos europeos. En lugar de diseñar sistemas que nos coloquen en riesgo de que algunos estudiantes abandonen el sistema educativo tempranamente, queremos perseguir los objetivos europeos de que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes completen no solamente la enseñanza obligatoria sino los niveles postobligatorios de bachillerato o de formación profesional. En segundo lugar proponemos una revisión de la configuración de la educación infantil que la ley dividía en dos etapas drásticamente diferenciadas: una primera de carácter básicamente asistencial y otra posterior educativa. Nos parece que esta división -bien es cierto que en este caso estamos hablando de una cuestión de grados- va en contra también de las tendencias internacionales recientes, que ponen énfasis en la importancia de los primeros años de formación para la adquisición de conocimientos y habilidades básicas de los niños y previenen la aparición posterior de desigualdades. Invertir en una educación infantil de calidad nos parece una buena manera de prevenir desigualdades posteriores. En tercer lugar hemos mencionado como los temas a revisar el problema creado por la actual regulación de la prueba general de bachillerato que establece una vía de doble prueba para el acceso a la Universidad. Esta doble prueba además de causar importantes perjuicios a las familias y a los estudiantes no ofrece beneficios apreciables para las instituciones. Por tanto, deberemos trabajar por resolver este problema, garantizando que una prueba general en la que todos estamos de acuerdo, por un lado, impulse la calidad del sistema educativo y, por otro lado, sirva como referente para el acceso a posteriores estudios universitarios. En último lugar, hemos destacado el tratamiento de las enseñanzas de religión que no nos parece que estuviera resuelto adecuadamente en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. En este caso, creemos que los problemas a resolver se refieren especialmente a la evaluación con todos los efectos. Consideramos que estas enseñanzas no deben afectar, como ocurría hasta ahora, ni al acceso a programas de becas ni al acceso a la universidad, etcétera. En todos los casos que he mencionado queremos perseguir un modelo ambicioso, que combine la calidad y la equidad. Como les decía, nuestro referente son los países que logran magníficos resultados en ambos aspectos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señora ministra, debe usted ir acabando, por favor. Gracias.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): No queremos cerrar las opciones para bloquear el debate que queremos propiciar en los próximos meses. Este debate debiera conducir al acuerdo más amplio posible. En este momento no queremos ni cerrar las opciones a debatir ni la forma que ese acuerdo que vamos a propiciar pueda adoptar en el futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Tiene la palabra de nuevo, para su réplica, el señor Durán i Lleida.


El señor DURÁN I LLEIDA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, sinceramente yo no encuentro en su intervención elementos que no pueda compartir. En la primera parte de hecho repitió algunos de los aspectos introducidos en nuestro propio texto a través del cual sustanciamos la interpelación, pero me da la sensación de que no ha sido capaz de transmitir la importancia política, al menos la que nosotros le damos, a nuestra propuesta. Fíjese que quien le hace la interpelación no es nuestra portavoz en materia de enseñanza -en otras épocas parlamentarias tuve alguna responsabilidad en ese ámbito-, y esa es una razón que debo explicar y que se explica con mi intervención inicial. No le estoy

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pidiendo un debate sobre la Ley Orgánica de Calidad de la Educación; no le estoy pidiendo un debate sobre itinerarios o sobre si la religión debe ser tratada de una manera o de otra; no le estoy pidiendo un debate acerca de cómo debe considerarse la educación infantil, ni tan siquiera le estoy pidiendo simplemente diálogo -diálogo es necesario, pero puede no ser suficiente-. Le estoy pidiendo otra cosa, de la que me gustaría conocer su respuesta, porque la que me dio es previa a mi intervención.
Me gustaría saber si está usted o no de acuerdo en que al país, a la sociedad le conviene un pacto escolar más allá de la reforma, del calendario, del timing que piensa utilizar el ministerio en la reforma de la última ley educativa del anterior Gobierno, que es cierto -se lo dije en diversas ocasiones en mi primera intervención- no fue consensuada ni políticamente, ni con la comunidad educativa, ni con las comunidades autónomas. Yo le pido que vayamos más allá y que seamos conscientes de la importancia del pacto escolar como concepto político. Le recordaba que en Europa, la Europa del Benelux, la Europa de Alemania, en los años sesenta sentaron las bases de un pacto escolar más allá del Gobierno. Como ellos, nosotros debemos hacerlo para que cuando otros vuelvan a ganar las elecciones -porque un día me imagino que las ganará el Partido Popular, porque un demócrata debe aspirar a que haya alternancia en cualquier Parlamento- la futura ley de educación, que esta Cámara a lo largo de esta legislatura y de los próximos años vaya desarrollando, si sigue gobernando el Partido Socialista, no deba ser cambiada, existiendo, por tanto, una garantía de las bases del sistema educativo. Todavía hoy a menudo se da pie a una confrontación artificial entre lo que es escuela concertada o lo que es escuela de titularidad pública. Hay que intentar transmitir con pedagogía que ambas son escuelas que dan un servicio público. Todavía hoy -antes lo decía- somos conscientes las familias y los padres de que en la escuela de la que nos hemos dotado nosotros -por eso le insistía yo; acéptelo usted- debamos reflexionar izquierda, centro y derecha sobre que estos años hemos cometido errores graves en materia de educación, que no pasan sólo, insisto, por el itinerario y por la propuesta concreta de la última ley de educación, sino que es mucho más profundo, señora ministra. ¿Está usted de acuerdo o no con este pacto? ¿Quiere liderar realmente ese pacto? Desearíamos que fuese en sede parlamentaria. Le pido que usted, en nombre del Gobierno, lidere políticamente -subrayo políticamente- un pacto sobre educación. Le recordé el Pacto de Toledo, porque tiene la misma equivalencia, la misma significación, la misma importancia política, que fue más allá de una ley de pensiones y de un debate entre el portavoz en materia de Seguridad Social de nuestro grupo parlamentario y el Gobierno. Ha permitido que hoy un ministro socialista evocara el Pacto de Toledo en materia de Seguridad Social como garantía de estabilidad en esa cuestión. Le pido que me diga claramente si este Gobierno, si usted, ministra, está dispuesta a liderar políticamente ese pacto escolar; si está dispuesta dentro y fuera de la Cámara a dialogar y a consensuar -no simplemente a dialogar sino a consensuar, fruto del diálogo- con la comunidad educativa, con los padres, con los profesores, con los titulares de los centros y con las administraciones como titulares que son de las escuelas de titularidad pública y al mismo tiempo como administraciones que tienen competencias propias. ¿Cree usted que ahora, que es la hora de la educación, todo eso vale o no vale la pena tratarlo más allá de preguntar hoy, repreguntar o, como el otro día en el Senado, de esa votación falsa en el Senado, legítima, por supuesto, pero que en el fondo no se trata más que de darle vueltas a la última ley del PP? No es cuestión de dar vueltas a la última ley del PP, se trata de dotarnos entre todos de una legislación que sobrepase las fronteras partidarias de unos y de otros.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Duran.


Tiene la palabra finalmente la señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora vicepresidenta.


Parece que estamos de acuerdo en muchas cosas, entre otras en no utilizar las palabras para dividir más de la cuenta. Pregunta cuál es nuestra interpretación de qué es lo necesario en el sistema educativo. Un debate y un diálogo -y ahora le voy a contestar sobre el calendario que tiene el Gobierno- que conduzca al mayor acuerdo posible sobre los objetivos que en muchos casos compartimos sobre el sistema educativo. Es cierto que nuestras divisiones a veces se plasman en intentar poner nombres a las cosas. El otro día con el debate acerca de las distintas leyes que hemos tenido en los últimos tiempos ocurría lo que decía S.S. entre las comunidades autónomas. Al final llegamos a la conclusión de que debemos superar los términos que hemos utilizado en el pasado y no enzarzarnos en divisiones terminológicas, definiciones que no hacen más que separarnos más allá de los objetivos que compartimos. Por ejemplo, si hablamos de atención a la diversidad, nos tenemos que olvidar de diversificación curricular e itinerarios y empezar a resolver los problemas. Le propongo lo mismo. ¿Cuál es el problema que debemos afrontar? Tengamos diálogo, debate y alcancemos el mayor acuerdo posible. ¿Qué forma tiene ese acuerdo? Sinceramente, no me preocupa demasiado. Ya veremos a qué tipo de acuerdo llegamos; estamos abiertos a todos los acuerdos posibles. Estamos garantizando que no vamos a regatear esfuerzos para intentar que exista el mayor acuerdo posible acerca de las características básicas del sistema educativo y que esto

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le dé estabilidad a nuestro sistema para conseguir los mejores objetivos.
Por eso, al inicio del proceso del debate ni hemos condicionado la solución a los problemas que he mencionado -indicamos cuáles son los objetivos generales, pero estamos abiertos a las diferentes propuestas que se van a barajar- ni estamos cerrando la forma que va a tomar el acuerdo que finalmente se alcance.


Termino con el calendario de debate y de reforma que comentaba. Nuestro propósito es que el período de debate se extienda sobre el resto de este año 2004 para presentar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación al inicio del próximo año, intentando que esté aprobado para el verano del próximo año, para que tanto la Administración central como las administraciones autonómicas dispusieran de un curso académico para llevar a cabo los desarrollos necesarios y no ocurriera lo que pasó este año, que a finales de marzo no estaban todavía completos los desarrollos legislativos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación para el próximo curso.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Señorías, finalizado el último punto del orden del día, se levanta la sesión.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho de la tarde.

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