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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 22, de 30/06/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 22
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 21
celebrada el miércoles, 30 de junio de 2004


ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 964)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre discapacidad.
(Número de expediente 172/000025.) ... (Página 990)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda.
(Número de expediente 172/000026.) ... (Página 995)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Plan Nacional de Asignación de Emisiones de CO2. (Número de expediente 172/000028.) ... (Página 1000)

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el proyecto ferroviario denominado "Y" vasca. (Número de expediente 172/000030.) ... (Página 1006)

Página 960


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 964)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo va a disponer el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley General de Atención a la Dependencia? (Número de expediente 180/000180.) ... (Página 964)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para hacer frente al accidente del Yak 42? (Número de expediente 180/000207.) ... (Página 965)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Va a someter al Pleno de esta Cámara, previa comparecencia suya, su decisión de enviar tropas a Afganistan? (Número de expediente 180/000209.) ... (Página 966)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que el Gobierno está actuando con la debida transparencia? (Número de expediente 180/000186.) ... (Página 967)

Del Diputado don Ángel Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Le ha pedido el Presidente del Gobierno que mejore la coordinación entre los Ministros? (Número de expediente 180/000187.) ... (Página 968)

De la Diputada doña María Virtudes Monteserín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra.
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno constitucionalmente admisible el principio de acción positiva para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género? (Número de expediente 180/000198.) ... (Página 969)

Del Diputado don Miguel Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué opinión le merece el informe de la Comisión Europea que certifica el superávit presupuestario del Estado en 2003? (Número de expediente 180/000188.) ... (Página 971)

Del Diputado don Jaime Ignacio del Burgo Tajadura, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Comparte el Gobierno el criterio de los Presidentes de la Generalidad de Cataluña y de la Junta de Andalucía respecto a la supresión de los Fueros del País Vasco y Navarra en materia fiscal? (Número de expediente 180/000189.) ...
(Página 972)

Del Diputado don Ricard Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿En qué medida se va a modificar el mapa de ayudas que recibe España de la Unión Europea, en concreto las ayudas a la inversión productiva? (Número de expediente 180/000200.) ... (Página 973)

Del Diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué grado de compromiso han adquirido las

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)

Comunidades Autónomas en el marco del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria formuladas por el Gobierno? (Número de expediente 180/000201.) ... (Página 974)

De la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Mantiene el Gobierno las posiciones mantenidas por el Partido Socialista de Navarra el pasado viernes en el Parlamento Foral con respecto a la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución? (Número de expediente 180/000208.) ...
(Página 974)

Del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora el Gobierno una reforma reglamentaria que permita constituir grupos parlamentarios propios a fuerzas políticas que no hayan competido entre sí en el mismo territorio en las elecciones generales? (Número de expediente 180/000190.) ...
(Página 976)

Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué medidas de acción positiva en el ámbito jurisdiccional pretende abordar el Proyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia ejercida contra las mujeres? (Número de expediente 180/000205.) ...
(Página 977)

De la Diputada doña María Esther Couto Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuál es la situación actual del Plan de Transparencia Judicial? (Número de expediente 180/000206.) ... (Página 978)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno cumplir para modificar la legislación electoral con la finalidad de permitir que los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puedan ejercer su derecho de sufragio activo en los países de residencia en condiciones similares al resto de españoles? (Número de expediente 180/000179.) ...
(Página 979)

Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Tiene intención el Gobierno de renegociar el Acuerdo de Arcachon sobre la cesión de cuota de anchoa a Francia? (Número de expediente 180/000184.) ... (Página 980)

De la Diputada doña María Dolores Pan Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Tiene previsto la Sra. Ministra promover el consenso entre todas las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial para continuar con la mejora y cohesión del Sistema Nacional de Salud? (Número de expediente 180/000191.) ... (Página 981)

Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué gestiones ha realizado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para solucionar el conflicto laboral que mantiene la empresa PROMEK con sus trabajadores de Guadalajara? (Número de expediente 180/000192.) ... (Página 982)

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De la Diputada doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Considera el Gobierno que ha logrado el consenso en torno al proyecto de ley integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres? (Número de expediente 180/000193.) ... (Página 983)

De la Diputada doña Esperanza Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Considera el Gobierno que la aprobación del Proyecto de Ley contra la Violencia de Género favorecerá la igualdad entre mujeres y hombres? (Número de expediente 180/000202.) ... (Página 984)

Del Diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para resolver la acumulación de solicitudes de permisos de trabajo y residencia en las diferentes Oficinas de Extranjería y dependencias administrativas? (Número de expediente 180/000203.) ... (Página 985)

De la Diputada doña María Pilar López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Cómo va a aplicar el Gobierno las sentencias del Tribunal Supremo que anulan parcialmente el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001 que cerró el denominado Régimen General? (Número de expediente 180/000204.) ... (Página 986)

Del Diputado don Joan Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para reincorporar inmediatamente a los lugares de trabajo de origen a los trabajadores y trabajadoras de Correos que han sido destinados forzosamente fuera de ellos? (Número de expediente 180/000182.) ... (Página 987)

De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Confirma el Gobierno la colocación del sistema de ILS II-III en el aeropuerto de Alvedro en A Coruña para mejorar sus instalaciones? (Número de expediente 180/000199.) ... (Página 987)

Interpelaciones urgentes ... (Página 990)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre discapacidad ...
(Página 990)

Presenta la interpelación urgente el señor Vañó Ferré, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tras agradecer a los servicios de la Cámara su buena disposición en cuanto a la eliminación de barreras para poder hacer uso de la palabra en el hemiciclo, el señor interpelante recuerda los compromisos adquiridos por el entonces candidato a la Presidencia, señor Rodríguez Zapatero, el pasado 10 de marzo del año 2004, que fueron muy bien recibidos por el sector de la discapacidadon Por ejemplo anunció que si alcanzaba la Presidencia del Gobierno crearía una Secretaría de Estado específica para las personas con discapacidad dependiente de la Presidencia del Gobierno que asumiese la misión de coordinación transversal de todas las políticas en la materia. Compromiso que, dice, ha quedado incumplido. Por el contrario, pone de relieve a continuación los avances producidos durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular en la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Pregunta por los planes que tiene el Gobierno en la actualidad y afirma que la integración social de las personas con discapacidad debería ser un objetivo para todos.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), en nombre del Gobierno. Asegura en primer lugar que el Gobierno va a contar con todos los grupos parlamentarios y con todos los grupos que defienden los intereses y derechos de los discapacitados y, en

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segundo lugar, que todo el desarrollo de la política de este Gobierno sobre el particular se construirá sobre lo ya existente. No va a haber ningún retroceso, por lo tanto, sino, en todo caso, mejoras desde el momento en que se vayan destinando más recursos al gran compromiso de la integración total de los discapacitados. A continuación explica los planes a acometer por el Gobierno sobre este sector de la discapacidad.


Replica el señor Vañó Ferre, y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda ... (Página 995)

Presenta la interpelación urgente el señor Matos Mascareño, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se queja de que cada vez que ha preguntado algo en relación con las responsabilidades de la ministra de la Vivienda solo se le ha contestado con alguna que otra provocación, como por ejemplo que el encarecimiento del precio de la vivienda lo había provocado el Gobierno del Partido Popular intencionadamente. Acusa a la señora ministra de no tener ni idea de qué hacer con el problema de la vivienda, porque cada día dice una cosa y se desdice de lo dicho anteriormente. El Partido Popular, dice, tan solo quiere saber cuántas viviendas va a hacer el Gobierno, si van a mantener o no la deducción por la adquisición de vivienda habitual o si van a conceder o no ayudas directas al arrendador. Pregunta asimismo por una serie de promesas o ideas lanzadas por la señora ministra, de las que no se sabe nada hasta la fecha, y le pide que haga hoy un esfuerzo por intentar contestar a las preguntas que se le han hecho.


Contesta la señora ministra de Vivienda (Trujillo Rincón), en nombre del Gobierno. Muestra su satisfacción ante la demanda del interpelante de que el Gobierno clarifique su política en materia de vivienda, porque, dice no hay nada más loable y humilde que exigir quien no ha cumplido, el Partido Popular, de este Gobierno, que cumple, una respuesta detallada sobre las medidas en las que está trabajando en una materia tan importante para los ciudadanos como es la vivienda. Recuerda al señor interpelante que el Gobierno está trabajando para devolver a los ciudadanos la confianza que les quitaron en la vivienda, cumpliendo además con el compromiso de facilitar acceso a 180.000 familias al año, con unos objetivos que son claros: fomentar una oferta suficiente de vivienda protegida para facilitar el acceso a precios razonables y contribuir a cambiar poco a poco la cultura de este país a favor de la vivienda de alquiler. A continuación pasa a explicar algunas líneas en las que están trabajando.


Replica el señor Matos Mascareño, y duplica la señora ministra de Vivienda.)

Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el Plan Nacional de asignación de emisiones de CO2 ... (Página 1000)

Presenta la interpelación urgente el señor Herrera Torres, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Considera que el Plan Nacional de asignación de emisiones CO2 es algo serio y que preocupa al conjunto de la Cámara. Pone de relieve la falta de cumplimiento del anterior Gobierno en cuanto a la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y critica el sistema europeo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero porque, considera, es insostenible en lo social y en lo ecológico. Valora el Plan nacional de asignación de emisiones de CO2, pero considera que no es suficiente y que hay que ir más allá, y pasa a explicar el contenido de su interpelación en este sentido.


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno. Confirma el dato dado por el interpelante de que los países firmantes del Protocolo de Kioto se comprometieron a reducir o limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero entre los años 2008 y 2012, en particular la Unión Europea se comprometió a una reducción global del 8 por ciento y acordó en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de Marzo de 1998 el reparto comunitario por países de las cuotas de reducción, permitiendo a España un incremento del 15 por ciento de las emisiones sobre el año base, 1990.
Añade que el Congreso de los Diputados ratificó en su momento por unanimidad el Protocolo de Kioto y el Gobierno ha asumido plenamente ese compromiso, comenzando ya a trabajar. A continuación pasa a explicar las premisas sobre las que se está llevando a cabo la acción del Gobierno para el cumplimiento del Protocolo de Kioto.


Replica el señor Herrera Torres, y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


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)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el proyecto ferroviario denominado Y vasca ... (Página 1006)

Presenta la interpelación urgente el señor Beloki Guerra, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Dice que presenta la interpelación para hablar con la señora ministra y para preguntarle cosas sobre el futuro de la Y vasca, porque quiere clarificación, precisión y concreciones. Lo hace por una gran necesidad suya y de los ciudadanos vascos en base a dos argumentos que se complementan: la infraestructura ferroviaria es esencial para el desarrollo económico y social del País Vasco, así como para la conexión del Estado español con Europa. Hace un repaso a la trayectoria del proyecto de la Y vasca, que comenzó allá por el año 1987, y denuncia que, a pesar de 16 años de acuerdos y de listas, no existe una sola traviesa. Pregunta a la señora ministra si puede dar explicaciones razonables sobre lo ocurrido hasta ahora y pide información referida al momento presente de la Y vasca.


Contesta la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza), en nombre del Gobierno. Afirma que el Partido socialista siempre ha estado apoyando e impulsando el proyecto de la Y vasca y el Gobierno actual quiere contar con la colaboración del Gobierno vasco para la realización del proyecto en los términos que se acuerden entre ambos gobiernos. Adelanta que tiene que ser un proyecto conectado con la concesión global de la red ferroviaria, tanto española como europea, y pasa a resumir una serie de decisiones que se han visto obligados a asumir.


Replica el señor Beloki Guerra, y duplica la señora ministra de Fomento.


Se levanta la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO VA A DISPONER EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL PROYECTO DE LEY GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/000180.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el punto V, dedicado al control del Gobierno: Preguntas. Preguntas al señor presidente del Gobierno del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Esta es la última sesión de control... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor Duran.


Por favor, guarden silencio. (Pausa.)

Adelante, señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Decía, señor presidente, que esta es la última sesión de control; de hecho, la última sesión de este periodo de sesiones.


Habrá comprobado el señor presidente, como, por otra parte, es costumbre de este grupo parlamentario, que hemos ido proponiendo iniciativas que, a nuestro juicio, sintonizaban con los problemas de la ciudadanía, desde aspectos simbólicos, pero no menos importantes, como la lengua o los documentos de Salamanca o selecciones deportivas, hasta aspectos de financiación -recuerdo que esa fue mi primera pregunta dirigida a usted-, pasando por una interpelación sobre temas europeos y especialmente temas sociales. Esta Cámara aprobó a instancia nuestra la compatibilización de pensiones del SOVI con pensiones de viudedad y aprobó también la compatibilización que supone que las comunidades autónomas puedan prestar pensiones complementarias. En esta sesión teníamos dudas entre dos cuestiones, la formación continua -un aspecto de profundo calado social- y si cumplirá o no la sentencia el Gobierno, y la pregunta que le planteo, por la que finalmente nos decidimos, es: ¿para cuándo piensa el Gobierno disponer en el Congreso de los Diputados una ley general de atención a la dependencia?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Duran i Lleida. Contesto con satisfacción esta pregunta porque acomete uno de los problemas sociales más importantes. No obstante le diré que también respondo con agrado aquellas cuestiones que tengan que ver con aspectos simbólicos, identitarios o culturales, porque también ayudan a mejorar la vida de las personas y de los pueblos.


El Gobierno tiene un compromiso de mejorar el Estado del bienestar y la sociedad del bienestar y, dentro de esa mejora, hay sin duda un elemento fundamental que es actualizar las necesidades de muchos ciudadanos y de muchas familias. Una de esas necesidades evidentes es todo aquello que tiene que ver con las personas dependientes, con mayores, con menores y con discapacitados. Sabe que el Gobierno tiene un compromiso, expuesto en el debate de investidura, para acometer

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a fondo este problema porque la ayuda que reciben estas personas y estas familias es insuficiente. Por tanto le puedo anunciar que en el primer semestre del año 2005 el Gobierno remitirá a la Cámara un proyecto de ley para la atención a la dependencia.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, conozco el compromiso de la investidura, conozco el contenido de la comparecencia de esta mañana de la señora Valcarce. Usted coincidirá conmigo en que este es uno de los principales por no decir el principal problema social, el envejecimiento de la población. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo, aspecto por otra parte positivo, hace que muchas situaciones sean imposibles de compatibilizar, como la atención de personas dependientes en una vida familiar normal. Soy consciente de la complejidad del tema; complejidad en cuanto a su financiación y complejidad porque no es una materia que incumba solamente al Gobierno central, sino también a los gobiernos autonómicos. Pero la conciencia del tema está claramente marcada desde el año 2001, cuando este Congreso aprobó una moción a instancias de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista nos decía que producía un cierto rubor ver el contenido de la moción porque dilataba en el tiempo la adopción de medidas para solucionar este problema.


En línea con la contribución del Partido Socialista del año 2001, necesitaríamos con la máxima urgencia no dilatar la solución a un problema complejo pero importante de nuestra realidad social y que este Gobierno presentara cuanto antes mejor un proyecto de ley para dar satisfacción a cuantas personas hoy no pueden depender de sí mismas y necesitan de la ayuda de un Estado que, en lo que es su constante evolución hacia una sociedad de bienestar social, debe garantizar también a estas personas sus derechos sociales.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran i Lleida, estamos en un tiempo razonable con el compromiso que acabo de explicitarle. En el primer semestre de 2005 estará el proyecto de ley en el Parlamento. En estos momentos el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales trabaja en un libro blanco precisamente para dar respuesta a la complejidad que tiene establecer un buen sistema nacional, con la participación de comunidades autónomas y de ayuntamientos, para atender a las personas dependientes. En ese proceso de elaboración del libro blanco, y también por supuesto en el debate parlamentario del proyecto de ley, vamos a realizar un intenso trabajo de diálogo con comunidades autónomas, con ayuntamientos, que son los que están ahora realizando el esfuerzo en esta materia, por supuesto con el Consejo Estatal de Mayores, con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, para que en España podamos sentar las bases, a partir del año 2005, de un sistema que tendrá que ir progresivamente atendiendo a las personas dependientes en nuestro país. Créame, es un compromiso firme de este Gobierno, sé cuál es la sensibilidad de su grupo en esta materia, como acaba de recordar, y estoy convencido de que en el desarrollo del trámite parlamentario de esta ley podremos llegar a un buen acuerdo y poner ese cuarto pilar del Estado del bienestar que representa la atención a la dependencia. Esté seguro, Duran i Lleida, que vamos a cumplir el compromiso. (Risas.-Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL ACCIDENTE DEL YAK 42? (Número de expediente 180/000207.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Gaspar Llamazares. (Varios señores diputados: ¡Oh!)

El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, el accidente del Yakovlev 42 (Un señor diputado: ¡Pelota!) es uno de los casos pendientes más graves de la pasada legislatura; grave por el balance dramático...


El señor PRESIDENTE: Espere, señor Llamazares.


Por favor, guarden la compostura, dejen presentar tranquilamente, dejen responder tranquilamente -a todos les interesa ese sistema- y al final, eventualmente, si están a disgusto, pues exclamen lo que tengan que exclamar, pero sin ese tipo de apreciaciones como la que acabo de oír.
Muchas gracias.


Pregunte.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, el accidente del Yakovlev 42 es uno de los casos pendientes más graves de la pasada legislatura; grave por el balance dramático de 62 víctimas, pero también por las irregularidades y las mentiras; grave por la negativa a escuchar a las familias y por la negativa a abrir una investigación parlamentaria. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno? ¿Piensa promover una investigación objetiva neutral? ¿Piensa escuchar a las familias?

El señor PRESIDENTE: El señor presidente.


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El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Llamazares. El Gobierno piensa apoyar efectivamente a las familias, y así viene haciéndolo desde el primer día que tomó posesión.
En segundo lugar, queremos honrar la memoria de los que murieron esclareciendo la verdad de los hechos. En tercer lugar, nos proponemos informar con absoluta transparencia al Parlamento. Por ello, el Gobierno ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Defensa en el Congreso de los Diputados en cuanto se ha conocido el informe sobre las pruebas de ADN. En cuarto lugar, estudiaremos las responsabilidades que puedan derivarse y actuar en relación con las mismas con total objetividad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, un año después del accidente, las familias de los fallecidos todavía no están en paz; un año después no se conoce toda la verdad y nadie, nadie, ha asumido las consiguientes responsabilidades políticas y administrativas. En democracia, señorías, no existe la obediencia debida ni tampoco la ley del silencio. Por eso las familias no admiten excusas ni se dan por satisfechas con una mera disculpa, quieren una comisión de investigación independiente que esclarezca la verdad, porque piensan que los antecedentes y las denuncias previas podían haber llevado al Gobierno a replantearse un modelo de transporte peligroso en la legislatura pasada; porque saben también que más de la mitad de las identificaciones de los cadáveres fueron precipitadas y erróneas; porque saben que estas informaciones les fueron negadas a ellos y al Congreso de los Diputados. En definitiva, señorías, porque intuyen que no nos encontramos tan sólo ante una cadena de trágicos errores, sino ante una posible imprudencia temeraria en la contratación de las aeronaves y ante una evidente negligencia en la identificación de los cuerpos de sus familiares. Por eso usted, como presidente del Gobierno, por eso este Parlamento, por eso incluso la Fiscalía General del Estado, debemos cumplir con el compromiso de investigar la verdad y de exigir sin subterfugios las responsabilidades consiguientes, porque en democracia, señorías, no hay obediencia debida, no hay ley del silencio, no hay ley de punto final. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, quiero desarrollar algo más las acciones que ha tomado el Gobierno en relación con esta cuestión. El mismo día que tomé posesión como presidente di dos instrucciones al ministro de Defensa: la retirada de Irak y el tratamiento de mayor apoyo humano y material a las familias de los fallecidos en el accidente del Yakovlev. A los tres días de tomar posesión, el ministro de Defensa recibió a los familiares y a partir de ahí ha estado en contacto con ellos permanentemente. El día 26 de mayo el ministro acompañó a Turquía a los 156 familiares, a quienes se puso un avión para el traslado; se dedicó el día de las Fuerzas Armadas en Almería en honor de quienes perdieron la vida en misiones de paz; se puso un avión a disposición de los 39 familiares que querían ir a Turquía a hacerse las pruebas del ADN. Como se sabe, de las 39 pruebas de ADN realizadas se han detectado errores en 22 de ellas. Es voluntad del Gobierno, ante la situación generada, seguir prestando toda la colaboración a aquellos familiares que manifiesten su deseo de someterse a las pruebas; hasta el momento se han recibido 10 solicitudes nuevas. El Gobierno va a dar toda la información, va a esclarecer toda la verdad.
Será la mejor manera de apoyar a las víctimas y a sus familiares, con el compromiso, desde luego, de que este tema en ningún momento va a ser objeto de debate partidario desde el punto de vista de la actuación y responsabilidad del Gobierno. (Aplausos y rumores.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿VA A SOMETER AL PLENO DE ESTA CÁMARA, PREVIA COMPARECENCIA SUYA, SU DECISIÓN DE ENVIAR TROPAS A AFGANISTÁN? (Número de expediente 180/000209.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al presidente del Gobierno de don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


¿Por qué no explica aquí, señor presidente, su decisión de enviar tropas a Afganistán?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


El Gobierno, cumpliendo con sus compromisos, va a establecer un período de consulta en el Parlamento sobre el envío de tropas fuera de nuestro país; por cierto, estableciendo un principio que no ha existido en los últimos años, lamentablemente. (Aplausos.) Por eso mañana van a comparecer el ministro de Defensa y el ministro de Asuntos Exteriores, para escuchar la opinión de los distintos grupos parlamentarios. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.


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El señor RAJOY BREY: Señor presidente, no hace muchas fechas usted apoyó en Naciones Unidas una resolución pidiendo a los países miembros de la ONU que mandaran tropas a Irak. Usted no vino aquí a explicarlo a esta Cámara, yo comprendo que no era fácil, pero el tema no era menor, y además eso contrasta con su entusiasmo tantas veces manifestado con el Parlamento. Ahora usted manda tropas a Afganistán y no viene aquí a explicarlo y, además, no podemos votar, contraviniendo aquí sus promesas.
Es verdad que van a venir dos ministros, pero esos dos ministros, señor presidente, van a venir a explicarnos lo que ya sabemos y lo que yo ya dije aquí el 31 de mayo del presente año: que usted había decidido enviar tropas a Afganistán.


Usted luego, preguntado por ello, no respondió. El señor Bono vino al Congreso en Comisión y dijo que no iba a mandar tropas, pero, una vez finalizadas las elecciones europeas, en el Senado dijo lo contrario. Yo comprendo que es muy complicado hacer una campaña electoral diciendo: Retiro las tropas de Irak, este es mi eje de campaña, y al tiempo anunciar que voy a mandar tropas a Afganistán. Pero eso hay que explicarlo, señor presidente, y tiene que explicar aquí, primero, cuándo ha decidido usted mandar las tropas; segundo, si ha dado o no ya instrucciones para que el operativo se ponga en marcha; tercero, si juega o no usted con el Parlamento; cuarto, tiene que venir a explicarse para que nadie diga que usted instrumentaliza las idas, venidas y retiradas de las tropas; tiene que explicar, en quinto lugar, si esa decisión tiene por objeto compensar otras o mejorar su imagen exterior, imagen que, por cierto, le hace mucha falta mejorar, sobre todo después de salir en estampida de la reunión de la OTAN en Estambul dejando allí a más de 20 jefes de Estado para reunirse con el señor Pepe Blanco -cosa que no me parece mal-, o después de andar buscando al señor Bush por los pasillos del salón donde se celebró la reunión para hacerse una foto con él, cosa que al final consiguió. (Aplausos.) Señor presidente, tiene usted que venir a explicar aquí si tiene ideas, si tiene criterios y cuál es su política exterior, porque da la sensación de que usted -no sabemos, aunque intuimos por qué- tiene vergüenza de mandar tropas al exterior y eso le obliga a hacer cosas como las que ha hecho a lo largo de estos últimos días, y luego le obliga a negarse, después de haber promocionado usted la resolución de la ONU pidiendo que se manden tropas a Irak, a que los españoles ayudemos a formar al ejército iraquí. Hay que ser serio, hay que ser responsable... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, lo lamento, terminó su tiempo.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, veo que no aprenden nada. (Risas.-Aplausos.) Están dando el mismo patinazo que dieron en el debate de presupuestos de 2003. Es verdad que le ha faltado hoy llamarme cobarde, como hicieron entonces; de eso ya se encarga alguno de sus colaboradores más aguerridos, pero cada uno sigue fiel a sus métodos, ustedes al suyo y yo al mío. Como sabía que este momento se iba a producir, he estado esperando para decirle que el Gobierno no sólo va a hacer la consulta mañana de los dos ministros en el Parlamento (Un señor diputado: Dilo tú hoy.), sino que el presidente del Gobierno comparecerá en el Pleno el día que el Consejo de Ministros tome la decisión en el mes de julio habilitando una sesión extraordinaria, si así lo decide la Cámara. Ya le adelanto... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor presidente.


Señor diputado, le rogaría simplemente que mantuviera la calma. Dejen expresarse en este Cámara, que es un sistema que les interesa a todos.
Señor diputado, evite en la medida de lo posible esos gestos tan desagradables, porque se puede molestar por la palabra y por los gestos, y no vuelva a hacer, por favor, a lo largo de esta sesión ese gesto tan desagradable.


Continúe, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.


Le adelanto, señor Rajoy, tres diferencias para el debate en torno a Afganistán e Irak. La primera es que vamos a enviar tropas dentro de la legalidad internacional, no como hicieron ustedes con Irak. (Aplausos.) Vamos a enviar tropas fundándonos en verdades y no en mentiras, como hicieron con Irak. (Aplausos.) Vamos a enviar soldados para amparar un proceso electoral y no para apoyar una guerra en Irak ilegal. (Aplausos.) Y por si fueran pocas estas tres diferencias, le voy a decir una cuarta: el Gobierno, este Gobierno, va a poner todos los medios y todos los recursos para que los soldados españoles viajen en aviones seguros.
(Prolongados aplausos.-Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON LA DEBIDA TRANSPARENCIA? (Número de expediente 180/000186.)

El señor PRESIDENTE: Continúa la sesión de control al Gobierno. Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado don Eduardo Zaplana.


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El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿considera que el Gobierno está actuando con la debida transparencia? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


El Gobierno no sólo actúa con la debida transparencia, sino con total transparencia. Repito, total transparencia. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señoría, cuando se gobierna en minoría hay que llegar a acuerdos para poder tener y asegurarse una mayoría estable durante toda la legislatura y, como ustedes no han querido o no han podido asegurarse esa estabilidad, forman parte hoy de un Gobierno que es débil e inestable (Rumores.), Gobierno que tiene que llegar a acuerdos y a pactos cuyo contenido esta Cámara y la opinión pública española no conocen. Y es nuestro deber exigirle, señoría, el compromiso explícito de transparencia que ustedes asumieron. Es nuestra obligación saber qué hay detrás de cada apoyo parlamentario y detrás de cada votación favorable, y es fácil deducir, señoría, que no les apoyan sólo por la sonrisa del señor Rodríguez Zapatero.


En estas sesiones de control que hoy culminan les hemos puesto de manifiesto que no cumplen con los compromisos que asumieron y acaban de demostrar el incumplimiento de uno de los más importantes, porque el señor Rodríguez Zapatero ha faltado a la verdad. (Rumores.) Ayer el representante del Gobierno en la Junta de Portavoces dijo que el señor Rodríguez Zapatero no comparecería, y hoy ha cambiado de actitud arrastrado por la pregunta del señor Rajoy y no por voluntad propia.
(Aplausos.) Por eso ha cambiado de opinión. También les hemos dicho que no se coordinan entre ustedes, que en sólo dos meses han cambiado permanentemente de posición, como en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que era un compromiso firme hasta que, lógicamente, las conversaciones y negociaciones les hicieron, después de una entrevista rápida, decir que había que acabar con ella, o que permanentemente les acompañan las contradicciones. Dejen, señorías, de firmar letras, gobiernen para todos los españoles, ocúpense del interés general, tienen un congreso importante y cambien de actitud por el bien de España.


Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Julio Iglesias!-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Señora vicepresidenta primera.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Permítanme que empiece por recuperar para SS.SS. un alegato a la inteligencia que, como señalaba don Miguel de Unamuno, es lo más revolucionario que hay. Incluso en los debates, porque, como él señalaba, para convencer hay que persuadir y para persuadir hay que tener razón o razones, algo que a usted le falta en este debate, señor Zaplana, porque no tiene ni razón ni razones. Sin embargo, una semana más le voy a dar las razones para persuadirle de que este Gobierno es transparente. Si transparencia es la cualidad de lo transparente, sin ninguna duda ni temor a equivocarme le puedo decir que transparente es comparecer durante horas en este Parlamento antes de ir al Consejo de Europa. Transparente es otorgar y dar las encuestas del CIS a los grupos sin manipulación.
(Rumores.) Transparente es consultar a este Parlamento el envío de tropas y venir luego a explicarlo. Transparente es trabajar para que los ciudadanos conozcan las declaraciones de bienes de ministros y altos cargos. Lo contrario de la transparencia es la opacidad y su cualidad, señor Zaplana, lo opaco. Y opaco es ocultar las cuentas de Izar, Aena, Renfe, Prestige y Unosa, todo ello para presumir del déficit cero. Opaco es no comparecer en el Parlamento para enviar tropas a Irak. Opaco y sombrío es que un fiscal general del Estado intervenga políticamente en asuntos que le afectan a usted. Opaco es que se diga que se invierte en el Prestige, cuando no se invierte un duro en el Prestige. Opaco es decir -y ahí se lleva usted el premio, señor Zaplana- que se envían dos buques de guerra a Guinea y cuando están a media vuelta dicen que es por mera cortesía. Señor Zaplana, la transparencia consiste, primero, en dar información, en que la acción de gobernar se comprenda por los ciudadanos de forma clara, sin ambigüedades, sin dudas, de forma transparente.
Transparencia es decirle a los ciudadanos la verdad. Este Gobierno va a trabajar en esa línea, lo está haciendo. No va a dar lecciones a nadie, pero no las va a recibir de quien perdió hace mucho tiempo la legitimidad, cuando ya desde tierras míticas...


El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora vicepresidenta.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿LE HA PEDIDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE MEJORE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MINISTROS? (Número de expediente 180/000187.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado don Ángel Acebes. (Rumores.)

El señor ACEBES PANIAGUA: Señora vicepresidenta, ¿le ha pedido el presidente del Gobierno que mejore la coordinación entre los ministros?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


El presidente del Gobierno no me ha pedido tal cosa porque conoce perfectamente el esfuerzo y el trabajo de todos los miembros del Gobierno en la acción concertada de este Gobierno al servicio de los ciudadanos.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señoría, pues si no lo ha hecho debería hacerlo y además con urgencia.
Llevan dos meses en el Gobierno y, según una encuesta que se ha dado a conocer este lunes, además por la emisora favorita del presidente -la cito para que no haya dudas-, la mitad de los españoles ya opinan que hay descoordinación en el Gobierno, sólo un 25 por ciento opina que todavía no y el 40 por ciento dice que esto es preocupante; y tienen razón. Se lo decimos cada miércoles, pero ustedes no hacen caso, elijamos el tema que elijamos. Por ejemplo, la vivienda, un asunto tan importante en el que ya no es posible ni mayor confusión porque no se han puesto de acuerdo en nada, ni en el número de viviendas que van a construir -180.000, después 90.000, después actuaciones y después soluciones habitacionales-, ni dónde las van a construir, si en suelo de Defensa o no. No dicen si van a suprimir las desgravaciones fiscales, si van a dar ayudas directas o no, y ni siquiera se han puesto de acuerdo en cómo criticar a la oposición, si hay o no burbuja inmobiliaria y cuáles son las causas. Hay además algunos temas que han causado mucha preocupación por la descoordinación y contradicciones, es la política territorial y la política económica; descoordinación entre los miembros del Gobierno y descoordinación con los presidentes de su partido de las comunidades autónomas, y esto afecta a la solidaridad y a la cohesión, y todo ello ante el silencio del señor presidente. Por eso ya saben que el señor Zapatero empieza a ser conocido como el presidente del desgobierno. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Esto no crean que es una buena noticia, porque es malo para España. Ustedes están generando preocupación e inestabilidad.(Rumores.) ¿Saben por qué? Porque es un Gobierno sin rumbo ni en política económica ni en política territorial ni en política internacional, y esto es malo para España. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Tengo que reconocerle, señor Acebes, que ahora que se cierra el periodo de sesiones de esta Cámara voy a echarle de menos a usted todos los miércoles. (Rumores.) En política, como usted bien sabe, la imaginación es una cosa muy importante y toda la que hasta este momento les ha faltado a ustedes la hemos tenido que poner nosotros. Así que en este aspecto se lo agradezco porque nos mantienen en pleno rendimiento mental.
En cambio, desde que se inició la legislatura usted sólo ha hecho una pregunta. (Rumores.) Se ve que lo estamos haciendo muy bien; o usted no tiene imaginación o lo estamos haciendo muy bien. Yo me inclino más bien por lo segundo. Como cada miércoles estoy encantada de responderle a lo que me pregunta.


En 70 días, señor Acebes, este Gobierno ha estudiado y ha dispuesto sus actuaciones ordenadamente y según determinadas prioridades lo ha hecho de manera planificada y empezando por lo que consideraba más urgente. Se lo repito: empezamos por Irak, porque estaban nuestras tropas allí; seguimos con los temas de educación, para que nuestros estudiantes no fueran segregados; con el poder adquisitivo de los que menos ganaban; con las becas. No voy a seguir (Rumores.), porque a pesar de ello en 70 días que hemos estado gobernando hemos adoptado 1.473 actuaciones; las tiene en el Boletín Oficial del Estado. Ya sé que usted no se lo lee, sólo se rige en esta Cámara por los eslóganes. De todas formas, permítame que le diga que a pesar de todas esas actuaciones que ha llevado a cabo el Gobierno, que no parece que les interesen nada -por tanto, lo estamos haciendo muy bien- le voy a reconocer a usted y a su Gobierno una cosa, porque es de justicia: Yo estoy convencida -y no tengo inconveniente en decirlo ante esta Cámara- que su Gobierno se coordinó de forma perfecta, eso sí, en la mentira; en la mentira en la guerra (Rumores.), en la mentira en las armas de destrucción masiva, en la mentira en el Yakolev, en la mentira en el déficit cero (Aplausos.), en tantas mentiras. Ahí ustedes, señor Acebes, se coordinaron de maravilla. Así no se va a coordinar este Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VIRTUDES MONTESERÍN RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA VICEPRESIDENTA

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PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE EL PRINCIPIO DE ACCIÓN POSITIVA PARA PROTEGER A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO? (Número de expediente 180/000198.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta para la vicepresidenta primera, de la diputada doña María Virtudes Monteserín. Adelante.


La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, señorías, el pasado viernes el Gobierno daba el visto bueno al proyecto de ley integral contra la violencia de género.
Esta ley no ha estado exenta de debate y de críticas por quienes fundamentalmente han cuestionado hasta la propia realidad la violencia y discriminación que sufren las mujeres, es decir, por la derecha y los sectores más conservadores de la sociedad. Se ha ignorado quizás en este debate que son más de medio centenar las mujeres que mueren cada año en nuestro país a manos de sus parejas o que el miedo, los malos tratos, las agresiones, la violencia de género en general es una realidad cotidiana con la que tienen que convivir al menos un millón de mujeres en España.
Señorías, ningún país democrático puede permitir esta realidad sin actuar definitivamente en contra. Es verdad que el debate sobre la ley que iniciaremos a partir de ahora en esta Cámara no es un debate nuevo para el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos, exceptuando el Grupo Popular, que siempre prometió acciones puntuales sin contenido, sin presupuesto, medidas aisladas que a nuestro juicio eran claramente insuficientes.


Señora vicepresidenta, nuestro grupo agradece y comparte la iniciativa del Gobierno, iniciativa planteada desde la oposición por el Grupo Parlamentario Socialista y consensuada socialmente con expertos profesionales, con organizaciones de mujeres y con todas aquellas personas e instituciones que en este país tienen algo que decir sobre este trágico problema. También agradecemos que la Cámara haya elegido un trámite parlamentario participativo para seguir enriqueciendo y mejorando una ley en la que tenemos puestas muchas esperanzas. Nuestro deseo es que esta ley, dada la trascendencia del problema que aborda, sea consensuada y aprobada con el máximo respaldo de los grupos parlamentarios de la Cámara y que definitivamente las mujeres puedan a través de las medidas de acción positiva y de los instrumentos que desarrolla la ley recuperar su autonomía, su libertad y la posibilidad de elegir una vida propia. Por eso le quiero preguntar hoy: ¿Considera el Gobierno constitucionalmente admisible el principio de acción positiva para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, hace ya unos años Catherin Mckinnon decía: El derecho ve y trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres. Definía así el sexismo, que todavía hoy existe, como en otros ámbitos de la sociedad española, en el mundo jurídico. Quizás desde esta perspectiva podamos entender algunas manifestaciones realizadas desde el derecho en las últimas semanas.


Señorías, el pasado viernes el Consejo de Ministros de este Gobierno, cumpliendo su compromiso, aprobó un proyecto de ley sobre la violencia de género, con el que pretende y espera solucionar un grave problema social, porque la violencia de género no es un problema privado de la mujer que la sufre, sino el símbolo más brutal de la desigualdad real que entre hombres y mujeres subsiste hoy en nuestra sociedad, en la que como SS.SS.
saben subyace un principio de dominación que durante siglos ha sido norma de convivencia. Uno de los cinco informes preceptivos que se han emitido a esta ley ha considerado que algunas de sus previsiones podrían vulnerar la Constitución, especialmente aquellos preceptos que establecen una responsabilidad penal diferenciada y agravada para el agresor de género.
Quiero recordar una vez más aquí que el proyecto aprobado por el Gobierno pretende hacer efectivo y cumplir un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos para promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se asienta sean reales y efectivas. En esa misma dirección se han manifestado todos los tratados internacionales, incluida la última Constitución europea. No comparto la posición, señorías, de aquellos que con argumentos supuestamente jurídicos defienden una concepción puramente formal de la igualdad. La igualdad a la que la Constitución se refiere permite claramente tratar de forma diferenciada aquello que siendo igual formalmente es materialmente desigual. Así es el concepto promocional de igualdad que reconoce nuestro texto constitucional, incluyendo esas acciones positivas que han sido aprobadas por todos los tribunales: Europeo, de Derechos Humanos y de Luxemburgo. Señorías, el Gobierno pretende alcanzar un gran acuerdo con esta ley en esta Cámara; tenía la primera palabra, no la última, porque la última la tiene este Parlamento. Estoy seguro que va a haber un esfuerzo de todos los grupos políticos por unirse...


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El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, lo lamento, terminó su tiempo.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ARIAS CAÑETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL INFORME DE LA COMISIÓN EUROPEA QUE CERTIFICA EL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DEL ESTADO EN 2003? (NÚMERO EXPEDIENTE 180/000188.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Miguel Arias Cañete al señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor ARIAS CAÑETE: La doy por formulada, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.


El Gobierno está satisfecho de que en el año 2003 exista un superávit global, y sin ninguna duda el informe de la Comisión Europea se valora positivamente.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ARIAS CAÑETE: Muchas gracias.


Señor vicepresidente, me alegra su contestación porque es radicalmente distinta de los mensajes que están lanzando insignes socialistas sobre ocultamiento de partidas presupuestarias que harían parecer que el superávit era una entelequia. El pasado 16 de junio el señor Zapatero afirmó que su Gobierno se había encontrado con unas deudas que le preocupaban. El 17 de junio el señor Fernández Marugán afirmó textualmente que el Gobierno ha aflorado en el año 2005, a la hora de determinar el límite de gasto, unas cantidades que el Gobierno del Partido Popular mantenía durante mucho tiempo ocultas. El señor Fernández Ordóñez posteriormente se refirió a la existencia de ajustes ocultos de contabilidad nacional. Sería un caso de coordinación en la mentira, en formulación de la señora Fernández de la Vega.


Señor Solbes, sabe usted que no han encontrado deudas ocultas de ningún tipo. La contabilidad pública del Gobierno del Partido Popular ha sido transparente, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas integradas SEC 95. En el caso de AENA la deuda estaba tan oculta que se podía consultar por Internet en la página web de AENA y había sido aprobada por esta Cámara al debatir los presupuestos; dígaselo al señor Zapatero. En el caso de Renfe la mayor parte de la deuda se generó en los años 1992 a 1995, en los que usted era ministro de Economía; dígaselo al señor Zapatero. En el caso de RTVE el propio ministro Montoro anunció el pasado mes de febrero que se incluiría la deuda de RTVE en el cómputo de la deuda global por haberlo pactado con usted y con Eurostat; dígaselo al señor Zapatero. Señorías, ustedes no han encontrado nada oculto porque el Gobierno anterior fue absolutamente transparente, y usted lo sabe porque ha refrendado en ocasiones la contabilidad española. La única deuda que han encontrado ustedes, ésa sí y de la que no hablan, es la deuda pública española, que se ha reducido del 68,2 por ciento del PIB al 50,8 por ciento. Esa reducción de la deuda sí que se la han encontrado. Mientras los organismos económicos internacionales avalan la solidez y credibilidad del modelo económico de crecimiento, de estabilidad presupuestaria y de reformas de la economía española en los últimos años, ustedes con falsas imputaciones están levantando dudas sobre la credibilidad de nuestra economía. En solo dos meses de Gobierno han conseguido que las publicaciones económicas más prestigiosas de nuestro continente asocien a España con intervencionismo, con programas electorales de imposible cumplimiento, en definitiva, con la ausencia de rigor que tanto daño nos hizo en el periodo anterior.


Señor Solbes, dejen de levantar falsas sospechas, de minar la confianza internacional en la economía y pongan en marcha las reformas que España necesita, porque la inercia positiva de la política económica del programa del Partido Popular no les durará eternamente.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Como S.S. conoce, Eurostat, que es la unidad independiente a efectos de la fijación de cuentas en Europa, trabaja en función de la información que se le facilita; por tanto, no puede dar información sobre lo que no se facilita. A partir de ahí, cuando hablamos del superávit del año 2003, es muy útil aclarar los conceptos. Este superávit se debe fundamentalmente a un superávit de un punto de la Seguridad Social, con un déficit del 0,4 por ciento en el Estado y del 0,3 por ciento en las autonomías. Por tanto, la Administración del Estado no ha tenido nunca superávit y sigue sin tenerlo en este momento.


Su señoría ha utilizado la pregunta para plantear otro tema que no era el que yo pretendía contestarle hoy pero, si lo suscita, tampoco tengo ningún inconveniente en hacer algunos comentarios. Es cierto que cuando hablamos de diferentes sistemas de contabilización hay una serie de ajustes contables a posteriori perfectamente

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conocidos en los presupuestos que nunca se hacían en el presupuesto inicial y que daban un margen de maniobra al cierre presupuestario. Eso se refiere, por ejemplo, a los diferentes sistemas de cálculo de intereses y también a algunos temas pendientes; usted se ha referido al de Argentina, que no estaba contabilizado. Se refiere a otra serie de conceptos que dan un diferencial lógicamente entre finalización de presupuesto y presupuesto inicial, situación que se va a repetir en el año 2004 porque tampoco estaba incluido. Junto a eso hay otro tipo de problemas, que lógicamente habrá ocasión de debatir conforme tenga lugar el debate sobre la liquidación presupuestaria, de algunos temas para los que existen obligaciones de gasto pero no existe financiación. El tema más claro es el Prestige, en el que la cantidad total gastada superará claramente las indemnizaciones procedentes de fondos internacionales.


El problema de Televisión Española es radicalmente...


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, lo lamento, concluyó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿COMPARTE EL GOBIERNO EL CRITERIO DE LOS PRESIDENTES DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA Y DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA RESPECTO A LA SUPRESIÓN DE LOS FUEROS DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA EN MATERIA FISCAL? (Número de expediente 180/000189.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al vicepresidente segundo del diputado don Jaime Ignacio del Burgo.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor vicepresidente, ¿comparte el Gobierno el criterio del presidente de la Generalidad de Cataluña respecto a la supresión de los Fueros del País Vasco y Navarra en materia fiscal?

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señoría, no he oído que el presidente de la Generalitat hable para nada de la supresión de los fueros fiscales del País Vasco y Navarra.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor vicepresidente, sé muy bien que el Gobierno no es responsable de las manifestaciones del señor Maragall. Si sólo fuera presidente de la Generalidad de Cataluña no le hubiera formulado esta pregunta. La he hecho porque el señor Maragall dirige el Partido Socialista de Cataluña, pieza clave de la mayoría gubernamental, a la que aporta nada menos que un ministro y veintinueve diputados, contando con los de ERC. El señor Maragall cuando habla no lo hace a humo de pajas, sabe que el señor Zapatero está muy atento a cuanto dice, porque entre otras cosas le debe la Presidencia del Gobierno. Lo que ha dicho Maragall es que el régimen de Concierto del País Vasco y el Convenio de Navarra deben desaparecer, eso sí, con mucha parsimonia. Al señor Maragall le pierde su locuacidad, una locuacidad muy peligrosa, desconcertante y generadora de confusión. Se le llena la boca con la España plural, concepto que ciertamente se puede extraer de la Constitución de 1978 y que yo personalmente comparto, pero el jefe político de los socialistas de Cataluña en el Congreso enarbola el concepto de la España plural para dinamitar la Constitución de 1978. Las declaraciones de Maragall, incomprensiblemente coreadas por el señor Chaves, son propias de un cualificado separador. Los centralistas no lo hacían mejor en otras épocas. Atacó los fueros fiscales vascos y navarros, los acusó de insolidarios, aunque he visto que de vuelta a Barcelona, como de costumbre, en el Parlamento de Cataluña absolvió a Navarra porque aporta, dice, más de lo que recibe y condenó sólo al País Vasco. Maragall se ha olvidado aquello del federalismo asimétrico y aboga ahora por una fórmula simétrica de financiación; café para todos, aunque, eso sí, con una taza mayor para Cataluña. Se ha olvidado no sólo de la España plural, sino sobre todo de la España constitucional, porque el régimen de concierto es inatacable constitucionalmente, forma parte del núcleo esencial de los derechos históricos forales y en su formulación estas mismas Cortes los aprobaron por unanimidad.


Señor Solbes, lleva usted fama de hombre serio y riguroso, tiene en sus manos el timón económico de España, pero en su tripulación abunda la incompetencia y además el principal armador del buque de su Gobierno, el señor Maragall, parece empeñarse en hundir su barco. Ponga orden, señor Solbes, para que no se encienda la dinamita del enfrentamiento entre comunidades, como ya lo han hecho en el caso del agua. Quede claro que en Navarra no estamos inquietos por lo que diga el señor Maragall, nos protege la Constitución. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento.


Señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


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Vuelvo a decirle que tengo la impresión de que hemos leído declaraciones totalmente diferentes. No he entendido a los señores Maragall y Chaves decir esto. La posición del Gobierno es perfectamente conocida y estoy convencido de que la posición de los señores Maragall y Chaves también es la misma. Tenemos un régimen con singularidades específicas, establecido por nuestra Constitución. El sistema de concierto con el País Vasco y el Convenio con Navarra son constitucionales, nada que objetar, nada que modificar y en ese sentido, evidentemente, aceptación total del sistema.
Estoy convencido de que esa es su posición.


Creo que lo que el señor Maragall ha dicho ha sido algo distinto, y posiblemente usted esté de acuerdo conmigo. El señor Maragall lo que ha dicho es que ambos sistemas deberían llevar a una convergencia de derechos y obligaciones en cuanto al sistema global de financiación del país. Yo creo que ahí podemos empezar a hablar de temas a largo plazo, que es lo que se está planteando, porque las tazas serán distintas, pero sería bueno que el contenido de las tazas fuera el mismo para todos los españoles. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON RICARD TORRES BALAGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿ EN QUÉ MEDIDA SE VA A MODIFICAR EL MAPA DE AYUDAS QUE RECIBE ESPAÑA DE LA UNIÓN EUROPEA, EN CONCRETO LAS AYUDAS A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA? (Número de expediente 180/000200.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al vicepresidente segundo del diputado don Ricard Torres, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.


El señor TORRES BALAGUER: Señor vicepresidente, España ha sido desde su incorporación a la Unión Europea unos de los principales beneficiarios de la política presupuestaria comunitaria. El saldo financiero fue positivo ya desde las perspectivas financieras 1992-1998. El valor de las transferencias brutas recibidas de la Unión Europea en los últimos años ha representado anualmente en torno al 2 por ciento del PIB, mientras que las contribuciones al presupuesto han tenido el valor en torno al 1 por ciento. Por tanto, ha habido una parte muy importante destinada a la inversión en torno al 1 por ciento. En estos momentos la Comisión ha iniciado la revisión de las directrices sobre ayuda regional para el periodo posterior a 2006. Las ayudas se van a conceder según las prioridades temáticas, con lo cual parece que se va a abandonar el enfoque puramente territorial para tratar más específicamente a las regiones afectadas. Se trata de entrar en ayudas menos elevadas pero mejor orientadas. Al parecer deberemos plantear unos nuevos vínculos entre esta ayuda de la Unión Europea y las ayudas estatales. Se van a producir grandes cambios en los reglamentos de exención que afectan a las directrices regionales, I+D, capital riesgo, etcétera. Por tanto, en estos momentos España está fuera de los fondos de cohesión por el efecto estadístico de la ampliación. Todo esto está contenido en el tercer informe de cohesión y no nos consta que el PP dijera una sola palabra sobre esta pérdida. También los fondos estructurales van a ser profundamente afectados. El efecto convergencia de algunas de nuestras regiones, el efecto estadístico va a producir una disminución global de recursos. Por tanto, si vamos a pasar a tener que trabajar por programas, deberemos estar preparados para poder competir en la captación de estos fondos, sobre todo en inversiones medioambientales I+D. Por ello, señor vicepresidente: ¿En qué medida se va a modificar el mapa de ayudas que recibe España de la Unión Europea, en concreto las ayudas a la inversión productiva?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Como S.S. conoce bien y ha explicado, el resultante de nuestro saldo neto con la Unión era consecuencia de nuestras aportaciones deduciendo lo que recibíamos, recibíamos prácticamente un 1 por ciento del PIB en gasto agrícola y otro 1 por ciento grosso modo en ayudas estructurales y fondos de cohesión. Es cierto que esas ayudas nos han permitido un desarrollo importante en nuestro país de la inversión y que ha sido enormemente positivo y beneficioso para nuestro desarrollo en los últimos años. Precisamente ese desarrollo ha permitido una reducción del diferencial del PIB per cápita de cada una de nuestras regiones respecto a la media comunitaria. Termina en el año 2005 el marco financiero actualmente vigente y tendremos que definir a partir del 2007 el nuevo marco que hay que aplicar a la Unión.
Es cierto, la Comisión ya en una Unión ampliada ha propuesto unas modificaciones que no excluyen totalmente el tratamiento por áreas geográficas, aunque presta mayor atención, como se ha dicho, a las prioridades temáticas, en la medida en que se presta más atención a lo que se llaman objetivos de Lisboa, que nos permitan tener más crecimiento. Todavía es pronto para saber cuál será el resultado de las nuevas perspectivas financieras, dado que el debate actualmente se está manteniendo sobre la base de la propuesta de la Comisión, sin que se haya definido claramente la posición del Consejo. Sólo a partir de ese momento tendremos unas ideas más claras de cuál será la resultante final, pero sin duda alguna la posición española debe ser favorable a mantener una aportación

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a la Unión Europea parecida a la que actualmente tenemos. Lógicamente, tendremos que aceptar que a aquellas regiones que salen del Objetivo 1 por la evolución de nuestra propia riqueza debería aplicárseles un régimen transitorio parecido al anteriormente aplicado a las anteriores perspectivas financieras. Aquellas regiones que están en un período transitorio deberían tener un régimen más favorable por el efecto estadístico y también somos proclives a mantener el efecto cohesión. Si eso es así tendríamos garantizados fondos para la inversión productiva para los próximos cinco años.


Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ GRADO DE COMPROMISO HAN ADQUIRIDO LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA FORMULADAS POR EL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000201.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del diputado don Pedro Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


El doble discurso es lo que ha marcado la estabilidad presupuestaria del PP en las comunidades autónomas donde gobierna. Dicen que creen en el déficit cero pero a continuación idean sistemas de financiación, de contabilidad creativa, peajes a la sombra y al sol para poder saltarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Supuestamente están en contra del déficit pero critican al Gobierno de España porque las autorizaciones de endeudamiento para 2005 y 2006 se concentran en pocas comunidades autónomas. ¿En qué quedamos? ¿El déficit no era malo para el PP? Por tanto, en todo caso tendríamos que decir: pobre Cataluña, pobre Galicia porque van a tener déficit estos años. Una vez más existe el doble discurso en materia de estabilidad presupuestaria. Adicionalmente estas últimas semanas el PP ha abandonado la estabilidad presupuestaria con tal de erosionar al nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero. En menos de una semana han votado dos veces en contra de la estabilidad presupuestaria, en el Congreso y en el Senado; un concepto de estabilidad presupuestaria, una idea del nuevo Gobierno más racional desde el punto de vista económico, más eficaz y además tremendamente más rigurosa.


En ese nuevo contexto le pregunto, señor vicepresidente del Gobierno: ¿Qué grado de compromiso han adquirido las comunidades autónomas en el marco del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria formulados por el Gobierno de España?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, presidente.


La propuesta del Gobierno al Consejo de Política Fiscal y Financiera fue partir de un objetivo de estabilidad cero, tal como se había hecho tradicionalmente, con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera algunas comunidades pusieron de relieve la inexistencia de un déficit cero en la situación actual. Su señoría ha entendido mi comentario en la anterior pregunta al señor Arias Cañete en la que he dicho que para 2003 la cifra reconocida por Eurostat es de 0,3 de déficit para corporaciones locales y comunidades autónomas, agregado. En aquel momento cuatro comunidades autónomas pusieron de relieve en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tenían dificultades; fueron Cataluña, Galicia, Baleares y Canarias. Las restantes dijeron que podían cumplir el déficit cero. El gran debate fue si aquellas que decían que iban a cumplir el déficit cero, se cumpla o no se cumpla luego en la realidad, imponían su voluntad, imponíamos el déficit cero como criterio sin reconocer la realidad, o adoptábamos una posición que desde mi punto de vista es mucho más correcta, y es que si queremos corregir los déficit actuales tendremos que reconocer que existen. Lo que planteamos en su momento es que aquellas comunidades autónomas que tenían dificultades lo comunicarán al ministerio, y esa fue la razón por la cual después de debatir con ellas propusimos al Consejo de Ministros y posteriormente a este Parlamento la aprobación de un objetivo de 0,1 para las comunidades autónomas. En la segunda reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se reprodujo la situación anterior. Algunas comunidades, aquellas que estaban más por la labor de buscar una solución a los problemas de déficit existente, aprobaron la propuesta del 0,1 y aprobaron la distribución que se proponía por el Gobierno en la medida en que ello significaba atribuir una parte del déficit a aquellas comunidades que tenían dificultades. Es cierto que se aprobó con una excepción, el caso de Baleares, porque de acuerdo con la norma no tuvieron déficit en el pasado y, por lo tanto, no podían plantear un presupuesto con déficit para el próximo año, pero sí se abstuvieron y se tomó nota de la situación. En consecuencia...


El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente, lo lamento, terminó su tiempo.


- DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

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MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿COMPARTE EL GOBIERNO LAS POSICIONES MANTENIDAS POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA EL PASADO VIERNES EN EL PARLAMENTO FORAL CON RESPECTO A LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA DE LA CONSTITUCIÓN? (Número de expediente 180/000208.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de la diputada doña Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿comparte el Gobierno del Partido Socialista la posición mantenida por el Partido Socialista de Navarra en sesión del Parlamento navarro del pasado viernes y con respecto a la disposición transitoria cuarta de la Constitución?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, con sumo gusto y con respeto, le respondo con un criterio que ya he tenido oportunidad de afirmar aquí, en esta Cámara, y es que no está dentro de las responsabilidades del Gobierno valorar o tomar posición ante las distintas manifestaciones que puedan efectuar los portavoces de los distintos grupos parlamentarios o los distintos parlamentos autonómicos en el ámbito de su autonomía institucional. Dado que su pregunta concierne a una cuestión de hecho (que el portavoz en el Parlamento de Navarra del Grupo Socialista ha tenido oportunidad de afirmar que no entra en los compromisos expresados por el Gobierno y por su presidente en la investidura, en relación con la perspectiva de modificación de la Constitución, tocar la disposición transitoria cuarta de la Constitución), déjeme decirle que sí, que es verdad que hemos expresado el compromiso de modificación de la Constitución y de promover, por tanto, la iniciativa, en el que no está contemplada la modificación de la disposición transitoria cuarta.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Me alegra enormemente, señor ministro, que aclare en esta Cámara que, efectivamente, su Gobierno no contempla la supresión de esta disposición porque quiero recordar que alguno de los miembros del Gobierno de Navarra se pronunciaron en este sentido y diré -no está hoy para responder, pero en la actualidad así lo decía- que el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ha afirmado, y queda constancia en hemerotecas, que si la sociedad navarra -en su defecto, sus instituciones- así se pronunciaran, se acometería aquello, pero, en cualquier caso, abundamos en la misma cuestión. Insisto, me alegra enormemente el compromiso en este sentido porque quiero recordar que el Parlamento foral aprobó en su última sesión, el viernes pasado, una moción por la que las Cortes de Navarra dan su apoyo expreso a la disposición transitoria cuarta de la Constitución, aquella -quiero explicar a la Cámara- que nos reserva a los ciudadanos navarros y a las ciudadanas navarras, y sólo a nosotros, la posibilidad de unirnos a la Comunidad Autónoma de Euskadi. El texto en concreto afirma que los navarros y navarras tienen derecho a decidir sobre su futuro de forma directa y democrática dentro de los cauces políticos establecidos. Hasta aquí todos los grupos de la Cámara navarra votaron afirmativamente, pero la moción aprobada continuaba literalmente: Por ello, las Cortes navarras rechazan cualquier reforma de la Constitución española que suponga la supresión del único mecanismo de decisión directa de la ciudadanía navarra mediante referéndum, que se contiene en la transitoria cuarta.


Finalizo esta moción -veo que tengo tiempo-: las Cortes de Navarra expresan que cualquier reforma constitucional debe pasar por la confirmación y ampliación del derecho democrático de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad foral a decidir libre y directamente el futuro institucional de Navarra. Me alegra, por lo tanto, como decía, que compartan en ese sentido las posiciones en este caso del Partido Socialista de Navarra, pero, en concreto, del conjunto de la Cámara navarra. No votó a favor de estos dos últimos puntos el partido actualmente en el Gobierno, Unión del Pueblo Navarro. En definitiva, lo que le preguntaba es si respetarán la posición clara y contundentemente mayoritaria del Parlamento foral de no suprimir la disposición transitoria cuarta.


Gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, déjeme simplemente añadirle que la posición del Gobierno en relación con el proceso que intentamos acometer, de modificación de la Constitución, está inspirada en la convicción de que hemos llegado al estado de madurez de nuestra democracia constitucional. Se han cumplido 25 años desde su adopción en referéndum por el pueblo español y estamos en disposición de acometer modificaciones específicas, que hemos identificado en su objeto y que tienen como propósito precisamente revalidar la capacidad integradora de la Constitución y del pacto de convivencia que suponen hacia el futuro.


Hemos identificado cuatro objetos que están en la conciencia de todos: la conversión del Senado en una

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Cámara de representación territorial e integración de las comunidades autónomas, la identificación de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como elementos constitutivos de la pluralidad territorial de España, traer Europa a la conciencia y a la letra de la Constitución y la actualización de las reglas de la asociación de la jefatura del Estado en relación con lo que es la conciencia más contemporánea respecto de la igualdad de los hombres y las mujeres en todas las facetas y, por tanto, también en esa tan específica de su dimensión constitucional. Pero déjeme decirle también que la Constitución pertenece a las generaciones vivas, como dijo Jefferson. Por tanto, cuando llegue el momento, corresponderá al Parlamento debatir la cuestión y, por supuesto, al pueblo español pronunciar la última palabra.
Yo he tenido oportunidad de ratificar aquí la posición del Gobierno, que es perfectamente conocida por este Parlamento y por la sociedad española.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO UNA REFORMA REGLAMENTARIA QUE PERMITA CONSTITUIR GRUPOS PARLAMENTARIOS PROPIOS A FUERZAS POLÍTICAS QUE NO HAYAN COMPETIDO ENTRE SÍ EN LAS ELECCIONES GENERALES? (Número de expediente 180/000190.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia, del diputado don Jorge Fernández Díez.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


En realidad, la pregunta iba dirigida a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, porque afecta al Reglamento. Lo primero que quiero decir es que no es precisamente transparente ni atiende a la cortesía parlamentaria que, estando presente en el hemiciclo la señora vicepresidenta, no responda a una pregunta que, por razón de la materia, debería contestar.


La pregunta que doy por formulada, según consta en el orden del día, señor ministro, no tiene una motivación científica o académica, ni siquiera de técnica reglamentaria. Encuentra su fundamento en la pretensión del señor Maragall de que el PSC vuelva a tener grupo propio, como lo tuvo, hasta que la entrada en vigor del vigente artículo 23.2 del Reglamento de la Cámara se lo impidió. Dadas las razones en que fundamenta su pretensión el señor Maragall, que no son precisamente científicas, como sin duda sabe el señor ministro, le pido la opinión del Gobierno en relación con esa eventual reforma reglamentaria.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, intentando que mi respuesta no desmerezca su expectativa de ser respondido por la vicepresidenta, en tanto miembro del Gobierno que soy, déjeme que le diga que la composición de los grupos parlamentarios y su constitución está regulada actualmente en el artículo 23 del Reglamento del Congreso. Por tanto, corresponde al Congreso de los Diputados tomar posición con respecto a las reglas de funcionamiento y composición de los grupos parlamentarios. Además, en estos momentos está en curso una reforma del Reglamento del Congreso. Por lo tanto, hay ocasión para que la Cámara fije su posición y, cumpliendo la Constitución en su artículo 72, decida por mayoría absoluta cuál deberá ser la configuración de los grupos parlamentarios. Por tanto, me parece una regla de respeto elemental por parte del Gobierno no interferir en ese proceso de toma de decisiones, remitiéndome a lo que resulte del proceso de Reglamento en curso en el momento presente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor ministro.


Casi estamos en julio, y fuera estamos a 40°, pero esto no es una universidad de verano, señor ministro. Contésteme en una sesión de control como miembro del Gobierno y no como ponente de una universidad de verano.


El domingo, el señor presidente del Gobierno decía en La Vanguardia de Barcelona que no hay ninguna previsión de que el PSC tenga grupo. A lo mejor es que el Congreso de los Diputados merece una respuesta menos directa. Sobre esta cuestión se han pronunciado el señor Montilla, el señor Blanco, el señor Chaves, el señor Maragall, el señor Zapatero. Por tanto, un poco de respeto a la Cámara. ¿Eso es transparencia? Se lo digo a usted con todo el respeto y afecto que sabe que le tengo y también a la señora vicepresidenta, ministra de Presidencia y de relaciones con las Cortes, que tiene que ver con el Reglamento de la Cámara.


Le he dicho que el fundamento de la pretensión del señor Maragall no era nada científica, porque ha dicho que lo quiere para poder, precisamente, defender mejor los intereses del tripartito. Con eso ya hemos resuelto la incógnita. Hasta ahora sabíamos, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Popular, y cada día más españoles, que la agenda política del Gobierno la marcaban el tripartito y el señor Maragall. Hasta el momento parecía fiarse de que el Gobierno de España atendía los intereses del tripartito, pero, a partir de ahora, quiere fiscalizar directamente con grupo propio. ¿Sabe qué

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quiere decir eso? Que la España plural de ustedes empieza y acaba en el tripartito catalán. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, con el mismo respeto y afecto, le voy a decir tres cosas que no diría en una universidad de verano, pero que merece la pena decir aquí en el control parlamentario. La primera es que en su tono y en el contenido de su pregunta subyacen 3 prejuicios que no puedo compartir. El primero es el de que el Gobierno acude al Parlamento a controlar al Parlamento y, si es posible, a la oposición, una actitud muy característica del Partido Popular, pero en absoluto del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos.) Nosotros no venimos aquí a controlar qué posición va a adoptar el Parlamento en relación con la composición de los grupos parlamentarios.
El segundo, que el pluralismo político es algo negativo, que equivale a caos, conflicto o disolución de España. Y no, señor Fernández Díaz. El pluralismo político es un valor constitutivo y exaltado tal como está en la Constitución. Y, el tercero, que es el que me parece más grave: esa obsesión con Cataluña y con el País Vasco. Esa obsesión que seguramente es la que les ha llevado a ser tercera fuerza en las últimas elecciones generales en el País Vasco, cuarta fuerza en Cataluña, que les arriesga la marginalidad, a no ser que comprendan que el pluralismo político y la expresión de la propia identidad no conflictúan ni con España ni con la soberanía popular ni con la unidad de la patria, sino que constituyen sencillamente manifestaciones compatibles de identidades de ciudadanía y que son perfectamente articulables dentro del proceso democrático. Por tanto, déjeme que le diga, señor Fernández Díez, que no existe ningún peligro de conflicto ni con el PSC ni con el tripartito de Cataluña y que debieran ustedes haberlo aprendido con ocasión del 14 marzo. Una vez comprobamos que no están aprendiendo las lecciones, por tanto, les quedan cuatro años preciosos por delante para que aprendan esas lecciones que esperamos les sirvan en el futuro. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PALAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL PRETENDE ABORDAR EL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA INTEGRAL DE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000205.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia del diputado don Julio Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el Gobierno ha cumplido su compromiso electoral y ha traído a la Cámara el proyecto de ley integral contra la violencia de género. Es la primera vez que en España se acomete con firmeza y con medios económicos la lucha contra esta lacra social. El proyecto de ley ha generado ilusión y esperanza en la sociedad española. El Partido Popular no puede soportar esto y ha pasado a una bochornosa ofensiva con todos los medios a su alcance.


Señor ministro, el proyecto de ley no es inconstitucional, sino todo lo contrario. Expresamente el artículo 9.2 de la Constitución española establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Así lo avalan casi todos los informes, numerosos por cierto, excepto uno, meramente consultivo, realizado por diez vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Partido Popular, al parecer algunos con voto de obediencia debida y algún tipo de votos más, frente a los nueve que representan al resto.


Señor ministro, el Gobierno ha cumplido su compromiso. Ahora nos toca a los grupos parlamentarios mejorar, como se hace siempre en la medida de lo posible, el contenido del proyecto de ley en su tramitación legislativa. El proyecto de ley es ambicioso, recoge medidas educativas, sociales, laborales, jurisdiccionales, sanitarias, etcétera. La pregunta concreta, señor ministro de Justicia, en lo que a usted se refiere, es: ¿Qué medidas de acción positiva, en el ámbito jurisdiccional, pretende abordar el proyecto de ley orgánica integral de medidas contra la violencia de género?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, a estas alturas la sociedad española conoce bien que el Gobierno tiene un compromiso principal en la protección de las mujeres frente a la violencia de género y de ese compromiso participa el Ministerio de Justicia, intentando reparar la falta de atención especializada que las ha afectado negativamente durante demasiado tiempo, al menos en dos planos. Primero, en la falta de especialización de la respuesta judicial y, segundo, en la falta de capacidad o potencia disuasoria de la respuesta penal. A esos dos objetos subviene la parte relativa a organización judicial y a derecho penal que se incorpora al proyecto de ley orgánica de medidas integrales contra la violencia de género. En primer lugar, intentando establecer la concentración en órganos especializados de los asuntos conexos que se dan cita en la problemática de la violencia de género, civiles y penales. En segundo lugar, potenciando la formación especializada de los titulares

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de esos órganos judiciales y, además, la especialización de los fiscales que deban entender igualmente de esos asuntos, a través de la figura del fiscal delegado para la violencia de género. También intentamos reparar esa falta de contundencia disuasoria de la respuesta penal, no para discriminar a los hombres y las mujeres (es evidente que la violencia, las amenazas, las coacciones, la lesiones, las agresiones contra la vida y la integridad física están penadas en todos los casos), sino para establecer con claridad que en la violencia de género hay algo más que una violencia intersubjetiva entre un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, hay un modelo de relación social en el que se está produciendo también prevalimiento de la desigualdad, la desigualdad que somete a la parte más débil a la parte más fuerte, es decir, a la mujer frente al hombre. Esto intenta ser reparado con un ejercicio de contundencia que entraña un mensaje muy claro, que este problema ha sido tomado en conciencia por la sociedad y por los poderes públicos, que se va establecer una tolerancia cero con respecto a la violencia contra las mujeres y que, frente a esta lacra con la que no podemos convivir impasibles ni pasivos, vamos a disponer todos los medios a nuestro alcance y, desde luego, que hay un Parlamento que se ocupa y un Gobierno.
Hay un Gobierno que se ocupa, hay un Gobierno que se hace cargo, hay un Gobierno que ha hecho suyo el problema y asume el compromiso de atajarlo, de hacerle frente y erradicarlo. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ESTHER COUTO RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN DE TRANSPARENCIA JUDICIAL? (Número de expediente 180/000206.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia de doña María Esther Couto.


La señora COUTO RIVAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en su comparecencia de fecha 25 de mayo ante la Comisión de Justicia de esta Cámara expuso las líneas de actuación de su ministerio y los objetivos a alcanzar. Quiero destacar uno de ellos con el que estamos totalmente de acuerdo: el acercamiento de la justicia al ciudadano.


La Administración de Justicia es una de las administraciones que está más lejos del ciudadano, en parte por la política desarrollada por el Partido Popular en la última legislatura. Recordemos las reformas legislativas sufridas -y recalco, sufridas-, sobre todo en el curso del año 2003, y las costosas campañas publicitarias, poco efectivas. Al proporcionar al ciudadano una información continua y rigurosa de la actividad de los órganos jurisdiccionales estamos acercando la justicia, por ello es tan importante el plan de transparencia. Permítame, señor ministro, un apunte de índole personal. Las personas que trabajamos en el ámbito de la Administración de Justicia no percibimos la existencia de dicho plan. En los últimos tiempos se han complicado excesivamente las estadísticas judiciales, lo que hace que pierdan rigurosidad y en muchos casos que no se refleje la realidad de la actividad y carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Es necesario mejorar el sistema de estadísticas judiciales para planificar políticas públicas encaminadas a mejorar la Administración de Justicia. En esta breve intervención hemos puesto de manifiesto la importancia que le concedemos y que tiene el plan de transparencia de la justicia. Recordemos que uno de los principios rectores de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia es el principio de transparencia. Por todo ello, le preguntamos cuál es la situación actual del plan de transparencia judicial.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, tenemos que felicitarnos porque esta tarde la transparencia, como un valor distintivo de la acción del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, haya venido a esta Cámara en distintas ocasiones, también en cita con la Administración de Justicia. Efectivamente, la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia fue aprobada por este Parlamento en el año 2002 y estableció el derecho por parte de la ciudadanía a un conocimiento del Estado, los asuntos, el volumen de materia del que entienden los distintos órganos de jurisdicción de nuestra Administración de Justicia y que esto, además, sirviese como parámetro de objetivación de la respuesta que deba efectuar en atención a cada problema este Parlamento y, como responsable ante este Parlamento, el Gobierno.


Pues bien, la Ley 15/2003, de 26 de mayo, que estableció el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, se comprometió a objetivar la retribución de magistrados y fiscales sobre la sabe de un conocimiento exacto, transparente, puntual, ágil y diligente de la materia de la que entienden y de sus parámetros de rendimiento. Sin embargo, esta retribución está condicionada a la puesta en marcha de un plan de transparencia que no ha sido adoptado todavía. El Gobierno, en este tiempo inmediato, se compromete, revalida aquí su compromiso de poner en marcha ese plan de transparencia, contando para ello con el Consejo General del Poder Judicial. Porque es un instrumento esencial para que tanto el órgano de gobierno de la judicatura como este Parlamento y el Gobierno puedan cumplir, respectivamente, sus funciones de respuesta con respecto a

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las demandas de tutela judicial y de servicio público de calidad por parte de la ciudadanía. Por tanto, nos comprometemos a establecer de inmediato la comisión de estadística judicial que nos permita obtener un conocimiento puntual -y valga la redundancia de nuevo- transparente de qué es lo que sucede en la Administración de Justicia y vamos a adoptar por real decreto la composición, funciones y estructura de esa comisión nacional de estadística judicial que será fundamental para el plan de transparencia, de modo que uno y otro puedan estar en vigor y la gente lo vea en los primeros meses del próximo año 2005.


Gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ CALENDARIO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CUMPLIR PARA MODIFICAR LA LEGISLACIÓN ELECTORAL CON LA FINALIDAD DE PERMITIR QUE LOS INSCRITOS EN EL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES (CERA) PUEDAN EJERCER SU DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO EN LOS PAÍSES DE RESIDENCIA EN CONDICIONES SIMILARES AL RESTO DE ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000179.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas al señor ministro del Interior, de don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, a lo largo de las últimas legislaturas han sido diversas las iniciativas que han adoptado los distintos grupos parlamentarios en el sentido de proponer la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para facilitar el voto a los residentes españoles en el exterior. La última de ellas fue un acuerdo unánime de esta Cámara en septiembre del año pasado y una subcomisión que estaba creada al efecto en el Senado. ¿Qué calendario tiene previsto el Gobierno para llevar a cabo la modificación de la citada ley y hacer posible de un modo más eficaz el voto de los residentes en el exterior?

El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Rivero. La garantía de un ejercicio tan fundamental como es el sufragio activo de ese colectivo inscrito en el censo español de residentes ausentes exige la actuación coordinada, como usted sabe muy bien, de diferentes departamentos del Gobierno: de la Oficina del Censo Electoral, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio del Interior y también de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Somos muy conscientes de las dificultades que tiene el ejercicio de este fundamental derecho para este importante colectivo de personas y estamos estudiando una serie de alternativas al estado actual de la cuestión.
Alternativas que en ningún caso pueden centrarse, como se ha sugerido a veces o no sólo al menos, en el voto a través de las mesas electorales que se ponen en las embajadas, en los consulados o en diferentes locales u oficinas habilitadas al efecto para el ejercicio de este derecho. Desde nuestro punto de vista no sólo tiene que pasar por aquí, como le digo, sino, primero, por la revisión razonable de los plazos electorales y, por tanto, la reforma razonable de la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General; segundo, por la mejora en todo caso del procedimiento para ejercer este derecho por correo, y tercero, a través de la consideración -y esto es cada día más importante- de la utilización de nuevas tecnologías, como puede ser el voto a través de internet con las debidas garantías. Todas estas medidas exigen un estudio previo de viabilidad, usted es perfectamente consciente de ello; un estudio serio porque estamos hablando de un derecho fundamentalísimo, y en todo caso y casi con toda probabilidad, una reforma de la Ley Electoral a la que me refería antes. Esta reforma se tiene que hacer en cualquier caso en el curso de esta legislatura, nos comprometemos a ello y creo que en ese compromiso les convocamos a todos ustedes, al resto de los grupos porque lo que quiero dejar muy claro es que una reforma o una revisión que afecte, insisto, al ejercicio de un derecho tan fundamentalísimo como es el del sufragio tiene que hacerse por consenso de los grupos parlamentarios.


Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor ministro, es el momento de las concreciones.
Después de más de ocho años, que yo recuerde, de estar hablando en esta Cámara de modificar la Ley Electoral General es el momento de dejar de estudiar y proponer unas medidas claras y precisas que puedan facilitar el acceso al derecho al voto que tiene más de un millón de compatriotas que viven en el exterior. Hoy no están en igualdad de oportunidades con los españoles que residen en el territorio nacional porque dependen de otros servicios, que en países terceros donde más emigrantes tenemos, como pueden ser Venezuela o Argentina o México, dependen del funcionamiento del correo o de empresas privadas de transporte y muchas veces de una extraordinaria complejidad. Además, cada vez que se producen unas elecciones en el ámbito autonómico o en el general siempre concita disputas, a través de los distintos partidos, la transparencia del voto del exterior. Es necesario

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llevar a cabo esta modificación de una forma rápida no sólo para darles igualdad de oportunidades a los compatriotas que viven en el exterior, sino además para dar transparencia al proceso electoral. En ese sentido, de los mecanismos que se han barajado, parece que una buena fórmula que utilizan otros países puede ser el voto en los consulados, en las embajadas o en los espacios socioculturales que tienen los españoles en el exterior y, en cualquier caso, esperamos que esto se pueda hacer efectivo a lo largo de esta legislatura y que en las próximas elecciones todo el mundo pueda votar en igualdad de condiciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, de nuevo, señor presidente.


Señor diputado, poco más que añadir a lo que le decía antes. Estoy completamente de acuerdo con usted en la afirmación del principio de igualdad también con proyección sobre el ejercicio de este derecho de sufragio activo. Seguramente casi todos los miembros de esta Cámara tenemos familia en el extranjero, a veces muy lejos, y todos somos conscientes de las dificultades objetivas...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, lo lamento.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Yo también. (Risas.)

El señor PRESIDENTE: Si le sirve el consejo a toda la Cámara, es preferible que cuando intervengan miren los pilotos de aviso y de esa manera controlarán mejor su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE RENEGOCIAR EL ACUERDO DE ARCACHON SOBRE LA CESIÓN DE CUOTA DE ANCHOA A FRANCIA? (Número de expediente 180/000184.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación del diputado don Iñaki Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora ministra, 217 barcos desde Galicia a Euskadi acaban de finalizar la temporada de la anchoa. Quisiera recordar que se ha hundido el barco Bahía y que han muerto 10 marineros gallegos, que volvían de la campaña desde Euskadi a Galicia. Creemos que es hora de hacer una reflexión y de constatar que la flota de bajura del Cantábrico, después de estos años, se ha reducido a la mitad, mientras que la flota francesa se ha multiplicado por nueve. El año pasado se cedieron 9.000 toneladas de cuota de anchoa de la flota del Cantábrico a Francia y se cedieron sin ninguna contrapartida para dicha flota, la de bajura. Se negoció mal y el sector se sintió vendido y humillado. No se aprovechó para resolver ninguno de los conflictos existentes ni se obtuvieron contrapartidas. Por tanto, la pregunta es obvia: Señora ministra, ¿piensa renegociar el acuerdo de Arcachon?

El señor PRESIDENTE: La señora ministra de Agricultura.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señoría, quiero hacer una serie de observaciones que permitan que establezcamos un marco de entendimiento. En el acuerdo suscrito, Francia y España se comprometen a potenciar los incrementos de las cuotas de pesca. España intercambia un total de 6.000 toneladas de anchoa con Francia en la zona octava y Francia cuotas adicionales de otras especies que son de interés para el resto de las flotas de las comunidades que se dedican a la pesquería de la anchoa. Situación diferente es que no se correspondan exactamente con flotas de bajura, pero el acuerdo, hay que reconocerlo, favorece al conjunto pesquero cantábrico noroeste.


El señor PRESIDENTE: Señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora ministra, por una vez España tiene las bazas en su mano. El sector de bajura del Cantábrico le digo que le va a aceptar la cesión de cuota, pero, eso sí, ligado a contrapartidas proporcionales o escalonadas a la cesión. Reúnase con las cofradías del Cantábrico, con las cofradías de bajura que son las que han hecho el sacrificio; coordínese con las comunidades autónomas y verá usted qué fácilmente llegará a una postura de negociación común. Integre una representación en su comisión negociadora y presente la propuesta ante Francia con firmeza y sin complejos. Yo, si quiere, le adelanto parte de la propuesta. Una posición totalmente razonable basada en cuatro puntos: mantengan la actual parada de primavera de la flota francesa; renuncia de la flota francesa, receptora de la cesión de la cuota de anchoa, a pescar túnidos con arrastre pelágico por debajo del paralelo 48-N y, evidentemente, propiciar la pesca de la flota española hasta seis millas al sur del paralelo 48 y, por cierto, propiciar que la flota española, la flota cantábrica de bajura, pueda realizar cebo vivo en aguas francesas hasta tres millas, en compensación.


Señora ministra, todos los méritos serían para usted. Nosotros nos conformamos con que nuestros pescadores, nuestros puertos tengan futuro y negocie también

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alguna contrapartida para bajura, señora ministra, que son los que, en el fondo, ceden esa cuota.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, creo que se podría intentar buscar soluciones a las demandas del sector de bajura en negociación con Francia, pero desde un planteamiento global, velando por el sostenimiento del sector pesquero en todo su conjunto. Como usted también indicó, no debe realizarse un intercambio donde no consigamos cuotas de captura para nuestra flota española en su conjunto, porque obligaría al cierre de pesquerías y a la paralización de la flota antes de la finalización de cada año. Francia, como usted también señaló, cede a España esfuerzo pesquero en arrastre demersal, que permite compensar el desequilibrio que se produce en nuestra flota que faena en aguas comunitarias y atender los intercambios de modalidad de palangre de fondo a la de arrastre.


Por otra parte, la obligación de la Administración española es velar por el sostenimiento global del sector y sin intercambios muchas de las empresas pesqueras serían inviables, y usted conoce el tema perfectamente. Además, la cesión mutua de cuotas es aprovechada por flotas españolas y francesas en momentos diferentes del año. En España, en concreto en primavera, se consiguen cuotas y mejores precios, y la flota francesa en su mayoría está ubicada en otoño. Sabe también que este acuerdo afecta a 3.673 pescadores de bajura de las comunidades autónomas de la cornisa cantábrica y 3.283 del Gran Sol. Nuestro departamento tiene contactos con su Gobierno vasco y estoy convencida de que podemos llegar a una posición y a un acuerdo común, pero respetando también las otras pesquerías que en estos momentos están en ese acuerdo. Tenga la seguridad de que lo haremos conjuntamente con el Gobierno del País Vasco.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, su tiempo concluyó.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES PAN VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿TIENE PREVISTO LA SEÑORA MINISTRA PROMOVER EL CONSENSO ENTRE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL SENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL PARA CONTINUAR CON LA MEJORA Y COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD? (Número de expediente 180/000191.)

El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la ministra de Sanidad y Consumo. De la diputada doña María Dolores Pan.


La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, le voy a recordar que el Consejo Interterritorial es el órgano de cooperación y cohesión del Sistema Nacional de Salud que usted preside y debe ser capaz de liderar. Por eso le pregunto: ¿tiene previsto la señora ministra promover el consenso de todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial para continuar con la mejora y cohesión del Sistema Nacional de Salud?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Por supuesto, como he hecho desde el día en que tomé posesión, como les he transmitido reiteradamente a todos -y digo a todos- los consejeros de Salud de las comunidades autónomas y como he repetido en esta sede y en el Senado varias veces.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora PAN VÁZQUEZ: Ministra, no podía usted haber empezado peor. Ha incumplido gravemente, y al menos debería conocerlo, varios artículos del reglamento del Consejo Interterritorial, y así es imposible liderar la cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ya antes de la reunión de la comisión delegada, recibió usted propuestas de orden del día de los consejeros, a las que usted no atendió. En la comisión delegada su secretario general, incapaz de imponer un orden del día, levantó la sesión unilateralmente dando plantón a los viceconsejeros de las comunidades autónomas, y aquí ya rompieron ustedes el consenso. Los consejeros del Partido Popular le escribieron a usted y le solicitaron un consejo extraordinario proponiéndole temas del máximo interés; todas estas son cartas de una única comunidad autónoma, ministra. Estos temas no sólo son importantes para el Partido Popular, sino también para los consejeros del PSOE. ¿O no le interesan temas como el sistema de financiación, la liquidación de la deuda por incapacidad temporal, la problemática que deriva del envejecimiento de la población, las listas de espera que preocupan a los ciudadanos? ¿Tiene usted, ministra, ya las listas de espera de las comunidades del PSOE? Los planes integrales, las nuevas prestaciones, algunas anunciadas por usted misma, el fondo de cohesión, la política farmacéutica y la participación de las comunidades autónomas, los recursos humanos -eje fundamental del sistema-, la aplicación de la LOPS, la carrera profesional, los MIR, las prioridades de aplicación de su programa electoral, ministra, ¿no le

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interesan o no le parecen importantes estos temas ni a usted ni a los consejeros de su partido o es que estos temas los tratan ustedes en petit comité y a los del PP ni agua? Ya sabemos, ministra, que a usted...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, lo lamento, su tiempo terminó.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Gracias, señor presidente.


En el Consejo Interterritorial del pasado 16 de junio se abordaron todos los asuntos que demandaron los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular: la financiación sanitaria, la política farmacéutica, los planes integrales, el desarrollo de la ley de profesiones sanitarias y la cartera de servicios. Todos los que pidieron menos uno: el calendario de cumplimiento del programa electoral del nuevo Gobierno. Pero es que el Consejo no es el órgano de control político del Gobierno por mucho que ustedes se empeñen en que así sea. Sin tan siquiera comenzar a tratar esos asuntos, los consejeros del Partido Popular abandonaron la sesión y acto seguido manifestaron que se estaba poniendo en peligro la cohesión del Sistema Nacional de Salud y que crearían otros foros y reuniones para debatir los temas y problemas de la sanidad, declaraciones que, con todo respeto, se califican por sí mismas.


Señora diputada, esta ministra, como todo el Gobierno, está fuertemente comprometida con el diálogo, hoy como el primer día, pero para caminar hacia el consenso hace falta primero que todas las partes quieran dialogar. Me consta que la mayoría de los consejeros del Partido Popular quieren recuperar el diálogo porque saben que es imprescindible cooperar entre las administraciones por encima de la confrontación partidista que no política, pero ustedes no les dejan, no les dan permiso para hablar con el ministerio por puro interés partidista. El Gobierno, como no puede ser de otra manera, sigue abierto a hablar de todo y con todos, y yo les pregunto: ¿Van a dar ustedes permiso a sus consejeros para que podamos dialogar o van a seguir anteponiendo sus intereses de partido a la salud de los ciudadanos?

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ GESTIONES HA REALIZADO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA SOLUCIONAR EL CONFLICTO LABORAL QUE MANTIENE LA EMPRESA PROMEK CON SUS TRABAJADORES DE GUADALAJARA? (Número de expediente 180/000192.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, del diputado José Ignacio Echániz Salgado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


¿Qué gestiones ha realizado el ministro de Trabajo para la solución del conflicto laboral que mantiene la empresa Promek con sus trabajadores de Guadalajara?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Como sabe, señoría, la situación de Promek al día de hoy es muy comprometida. Están en riesgo 350 empleos, siendo una situación que viene de muy lejos, de muy atrás. El último episodio se produjo en el año 2000, con unos acuerdos que hoy la empresa está incumpliendo. Sabe que el problema tiene dos vertientes: una, los continuos cambios de titularidad de la empresa, que han hecho imposible buscar alternativas productivas, y dos, el incumplimiento de aquellos compromisos. El Gobierno, junto con la Consejería de la Comunidad de Castilla-La Mancha, está cerca de los trabajadores y estamos desarrollando todas las gestiones para que se cumplan aquellos compromisos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno del señor Zapatero no ha dejado de repetir desde su toma de posesión el valor que concedía a cumplir la palabra dada. Qué casualidad que unos días antes de su toma de posesión como ministro usted acudiese en plena campaña electoral a Guadalajara y fuese testigo de excepción de una crisis laboral y social que ha calado profundamente en las sociedades de esta tierra y que además se ha consumado en los últimos tiempos, precisamente la de la empresa Promek, cuyos responsables sindicales hoy nos acompañan.
Todos los partidos políticos, todas las organizaciones sindicales hemos prestado nuestro apoyo a estos trabajadores a lo largo de todo este conflicto, pero usted llegó más lejos. Usted se comprometió el 2 de marzo a que este asunto sería objeto de solución en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Pues bien, ni en el primero ni en el segundo ni en el tercero ni en ningún otro hasta hoy.


Señor Caldera, tiene usted una responsabilidad política y moral fruto de sus compromisos de entonces. Ahora es usted el ministro de Trabajo y puede demostrar si usted cuando promete lo hace con sentido de la responsabilidad, si simplemente hace un ejercicio de demagogia oportunista, cuál es el valor de la palabra dada para usted o si este es un incumplimiento más de

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su Gobierno. Lo único que estos trabajadores han recibido hasta ahora de ustedes han sido buenas palabras y palmadas en el hombro, una reunión del secretario de Estado con la empresa matriz, en la que únicamente ha actuado de oyente, sin reclamar absolutamente nada a la empresa, y una dejación del papel de garante de los acuerdos del plan de viabilidad que se firmó hace cuatro años, además de una inexistente política industrial en Castilla-La Mancha después de 21 años de Gobierno del Partido Socialista y que usted, señor Caldera, no haya querido recibir a los trabajadores, que el señor Barrera, presidente de Castilla-La Mancha, no haya querido recibir a los trabajadores y que el señor Bono anulara una reunión ya cerrada y que por tanto tampoco haya querido recibir a los trabajadores. Una gestión insuficiente, muy insuficiente como le gusta decir a usted, señor Caldera. Sin embargo, al consejero responsable de Industria y Trabajo de Castilla-La Mancha, como premio a esta magnífica situación y gestión, ustedes le han ascendido y le han nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia. ¡Que Dios nos coja confesados!

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señor diputado, ¿se puede usted mirar al espejo sin avergonzarse? (Un señor diputado: Sí.-Rumores.) Señoría, este Gobierno lleva dos meses en el ejercicio de su cargo y el problema que tenemos entre manos deriva, como le he dicho, de la inhibición del anterior Gobierno durante años. Le voy a decir algo que no vamos a hacer. ¿Sabe lo que hizo el Partido Popular con los trabajadores de Promek? Cuando fueron a visitarles a su sede, les enviaron a la policía y les impidieron entrar en la sede. Eso no lo voy a hacer yo, porque, como usted dice, estamos trabajando, a través del secretario general de Empleo, para buscar una solución. La empresa, en junio del año 2000, cuando ustedes gobernaban -ustedes-, se vendió. Lo sabe usted, ¿verdad? Primero a Magneti Marelli, después a Promek y después Finmek, un grupo italiano, la vendió a Ixfin. Esto es lo que está generando los problemas de identificación de quiénes son los responsables del cumplimiento del compromiso que asumió la empresa en el año 2000, señorías. Por tanto, lo asumió cuando ustedes gobernaban. (El señor Campos Arteseros: ¡O no gobernaban!) Yo le garantizo que este Gobierno va a hacer lo imposible por hacer cumplir ese compromiso y lo estamos haciendo en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Le diré más, es difícil que haya alternativas productivas, pero las buscaremos, después de que quienes firmaron ese compromiso lo cumplan. Estamos muy cerca de los trabajadores. Vamos a trabajar con intensidad y le garantizo que vamos a resolver el problema para que, al menos, si no puede seguir la actividad productiva, los trabajadores tengan todos los derechos sociales que le correspondan. No como hicieron ustedes, que miraron para otro lado y les dejaron la situación en la que hoy viven. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA CAMARERO BENÍTEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE HA LOGRADO EL CONSENSO EN TORNO AL PROYECTO DE LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA EJERCIDA SOBRE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000193.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de la diputada doña Susana Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿considera el Gobierno que ha logrado el consenso en torno al proyecto de ley integral contra la violencia de género?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señoría.


Razonablemente y, desde luego, se ha alcanzado el consenso en todas aquellas materias que mejoraban el anteproyecto de ley. Pero le diré algo, es imposible que haya consenso cuando existen encima de la mesa informes que niegan la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; a esos no les vamos a hacer ningún caso. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en primer lugar, con las víctimas de la violencia de género estamos todos. Estamos con la familia de Mercedes Galdeano y con las familias de las 31 mujeres que han muerto, en lo que va de año, víctimas de violencia de género. Señor Caldera, durante la etapa del Gobierno del Partido Popular se aprobaron numerosas medidas legislativas en materia de violencia de género, por ejemplo la orden de protección, y siempre con el consenso, incluso con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Es curioso que en este proyecto de ley que atiende a una preocupación compartida por toda la sociedad y por todas las fuerzas políticas y que lo lógico es que hubiera nacido rodeado del consenso, sean ustedes hoy los únicos que creen que

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hay, al menos, un razonable consenso. Por el contrario, señor Caldera, ustedes con este proyecto de ley han conseguido movilizar a la sociedad, crear confusión, crispar y dividir a la opinión pública, además de varias manifestaciones a favor y en contra del proyecto ante la sede del Consejo General del Poder Judicial. Todo esto lo han hecho ustedes solitos, en su primer proyecto legislativo como Gobierno. Un mal comienzo, ¿no le parece? Quizá su talante se evidencia con este tipo de actuaciones. Le voy a leer, señor Caldera, una de las opiniones que ha suscitado este proyecto de ley: Iniciativa cuyo contenido no va a aportar más eficacia, sino solapamientos, confusionismo procesal e interferencias procesales.
Cita literal del Consejo General del Poder Judicial al que usted, señor ministro, se permitió despreciar la semana pasada, a lo mejor sin acordarse de que es usted ministro y que el Consejo es un órgano constitucional que merece todo su respeto.


El Consejo de Estado dice: En el caso de que se quisieran formular las medidas represivas sólo para el caso de que las víctimas sean mujeres, entrarían en colisión con los principios de racionalidad y de idéntica protección jurídica para los mismos bienes jurídicos. El Consejo Económico y Social también le critica; también el grupo de política criminal; también la asociación de padres separados; también el Consejo Escolar del Estado y también la federación de homosexuales a los que usted dice proteger.


Señor ministro, es un mal proyecto, pero si ustedes están dispuestos al diálogo contarán con nosotros para mejorarlo en este trámite que viene a continuación, en el trámite parlamentario. Por todas las víctimas, señor ministro, sean reflexivos y mejoremos el proyecto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Claro que vamos a dialogar, señoría. Y quiero recordarle que el Consejo Escolar, el Consejo Económico y Social, el Consejo fiscal y el Consejo de Estado han visto incorporadas prácticamente el cien por cien de sus sugerencias a este texto. Además, hemos cambiado el propio título de la ley, optando por el más aceptado en los ámbitos internacionales: violencia de género. Hemos incorporado prácticamente todas las observaciones de índole técnico-jurídica, lingüística, incluso de opinión, que han manifestado todos estos organismos; todas las que mejoraban el ámbito de la protección social; todas las que reforzaban los derechos de los menores. Ahora bien, señoría, no se han aceptado algunas sugerencias. Le diré cuáles: algunas sugerencias, respetando profundamente al Consejo General del Poder Judicial, que no comparto, porque en el fondo apuntan a la necesidad de que no exista una ley de acción positiva en favor de la mujer, algo que no compartimos ni el Gobierno ni la inmensa mayoría de los españoles. (Aplausos.)

Le diré lo que no vamos a aceptar y que dice el informe del Consejo General del Poder Judicial. Dice que la discriminación positiva es excepcional. ¿Pero cree usted que no es excepcional la situación de las mujeres que sufren violencia para que haya una acción positiva en favor de ellas? Dice el Consejo que el límite de la acción positiva es la restauración del equilibrio y que no puede conducir a un desequilibrio inverso por exceso. ¿Pero no le parece necesario restaurar el equilibrio de la desigualdad en que hoy viven muchas mujeres en España y que es el caldo de cultivo del ejercicio de esta violencia? El informe dice, señoría, que no existe desventaja inicial; dice que el hombre y la mujer disfrutan de una misma situación de tutela por el derecho. Nosotros pensamos que no, señoría; pensamos que sí hay desventaja inicial. Hay una desventaja social que hay que corregir a través de medios jurídicos, económicos y sociales. Ese es el único punto de discrepancia, los que queremos una ley para corregir esta desventaja inicial y quienes parecen no quererla. Ustedes tendrán que elegir, y si eligen la ley y la corrección de la desigualdad nos tendrán con la mano tendida en el trámite parlamentario para mejorarla. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANZA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO FAVORECERÁ LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES? (Número de expediente 180/000202.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la diputada doña Esperanza Esteve.


La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, este proyecto de ley de protección integral contra la violencia de género, aprobado por el Gobierno y cuyo debate se realizará pronto en este Parlamento, ha suscitado unas grandes expectativas en la sociedad y una cierta controversia que podemos considerar lógica, dada la naturaleza del tema. A nadie puede dejar indiferente la decisión de abordar con una ley la situación de indefensión en que se encuentra la mujer en nuestra sociedad, donde el precio de nuestro crecimiento como ser humano de pleno derecho, el camino de superación de la desigualdad existente con nuestra incorporación a la vida pública, laboral, social y política, que se traduce en mayores niveles de autonomía económica y personal, y nuestro nuevo rol en el ámbito

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de la familia ha puesto en cuestión supuestos ancestrales de subordinación histórica en función del género, ocasionando como consecuencia situaciones de violencia en la mujer que acaban en muchos casos, en demasiados, en maltrato y muerte.


La violencia de género, por tanto, no es un problema que afecte solamente al ámbito privado; al contrario. Se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige a las mujeres por el hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, como se señala en el primer párrafo del proyecto de ley. Probablemente, señor ministro, una ley por sí misma no puede cambiar de inmediato las condiciones en las relaciones entre hombres y mujeres, pero sin ella seguro que no existen las bases para desarrollar medidas que lleven no sólo a superar los maltratos y la muerte, sino a posibilitar aquello que nos permita avanzar en unas relaciones entre iguales; pero para que se den relaciones entre iguales partiendo de una gran desigualdad, es imprescindible crear mecanismos que lo permitan. Por esto, son imprescindibles las políticas y es imprescindible esta ley.


En consecuencia, mi pregunta es: ¿Considera, señor ministro, que la aprobación del proyecto de ley contra la violencia de genero favorecerá la igualdad entre hombres y mujeres? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente. Gracias, señora Esteve.


Sí, sí lo considero. Comparto plenamente la extraordinaria intervención que S.S. ha hecho. La violencia de género se manifiesta y se asienta en una idea de profunda desigualdad -tiene usted razón- entre los seres humanos y particularmente entre el género femenino y masculino; además asienta sus raíces en lo más repugnante que puede haber, y es el ejercicio de la fuerza bruta, el ejercicio de la violencia hacia la mujer por el hecho de serlo, derivado de la condición física de quien la impone. Ese es un síntoma profundo de desigualdad que tenemos que corregir, porque esta violencia, señoría, pone en riesgo derechos fundamentales, atenta a los principios de la dignidad del ser humano. Es por ello que nuestra Constitución, que se incardina sin duda en los mejores movimientos de corrección de las desigualdades, en su artículo 9.2, como usted recordará perfectamente, nos pide a los poderes públicos que adoptemos cuantas medias -entre ellas de acción positiva- estén en nuestra mano para remover esos obstáculos que impiden o dificultan la plenitud del ejercicio de la igualdad. Es por ello que el Gobierno a través de esta ley, señorías, adopta una serie de medidas de acción positiva para luchar contra esa igualdad que manifiesta una violencia que ha elegido como su principal víctima a la mujer. La violencia además se da en esas relaciones de pareja donde antes hubo afectividad. Y no puede considerarse como un problema privado, es un problema que compete a todos, especialmente a los poderes públicos, porque estos deben corregir las situaciones que permiten el ejercicio de esa violencia. Por ello, el proyecto de ley adopta una perspectiva de género que sobreentiende que la violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, que persiste pese a los esfuerzos de la legislación sobre igualdad y política antidiscriminatoria que se han venido desarrollando en el pasado. Es por eso que la ley regulará medidas de acción positiva cuya destinataria es exclusivamente la mujer, porque es ahí donde se da el problema, no en otros ámbitos que están suficientemente cubiertos desde otros niveles de protección de nuestro derecho. El Gobierno ha optado por tanto por un derecho desigual para la igualdad y ha optado por un profundo compromiso para corregir la desigualdad, para que podamos mirarnos todos adecuadamente en el espejo de la dignidad humana. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA RESOLVER LA ACUMULACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE TRABAJO Y RESIDENCIA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE EXTRANJERÍA Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS? (Número de expediente 180/000203.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del diputado don Antonio Hernando Vera.


El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, recientemente hemos tenido conocimiento de la existencia de un embotellamiento de 400.000 expedientes de documentación de extranjeros. Se trata de solicitudes de permiso de trabajo, de residencia, de renovaciones que están paralizadas. En el mundo de la inmigración, en los últimos años, los trámites no se han medido por días, se han medido por trimestres, por semestres o incluso por años. Los inmigrantes saben que una cita tarda tres meses, que para registrar la solicitud son seis meses, que para que lo resuelvan son nueve meses, nueve meses también para la reagrupación familiar, dos años para obtener la convalidación de un título o tres años para la nacionalidad. Esta, señor ministro, es desgraciadamente la gestión y

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la Administración de la que algunos han presumido y están orgullosos.


Las graves deficiencias en la gestión de la Administración migratoria, unidas a la falta de medios, han convertido a esta Administración en una auténtica máquina de producir ilegalidad. Muchos inmigrantes, cuando solicitan la cita, se la dan cuando el permiso ya ha caducado. Con el permiso caducado, aunque tienen el resguardo, no pueden encontrar un trabajo o no pueden cambiar de trabajo, e incluso no pueden viajar a visitar a sus familias. Sin ir más lejos, en Madrid hay 4.000 recursos pendientes de resolución de la regularización del año 2001, regularización del Partido Popular.


Normalizar la inmigración, señor ministro, es normalizar el proceso de documentación de los inmigrantes, es establecer procesos y tiempos para que los inmigrantes obtengan la documentación de forma similar a los procesos y tiempos que sufrimos el resto de los ciudadanos para renovar nuestro DNI o nuestro pasaporte. Por eso, señor ministro, queremos saber qué medidas está adoptando el Gobierno para normalizar esta situación y para acabar con el monumental colapso heredado del Gobierno del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Como dice S.S., nos hemos encontrado con una situación de colapso, una situación grave que afecta a casi 400.000 expedientes sin resolver. Por múltiples razones, debemos hacer un esfuerzo extraordinario para corregir esta situación, pero fundamentalmente por una razón, señoría, porque la imposibilidad de presentar solicitudes de renovación conduce a la irregularidad sobrevenida, conduce al hecho de que centenares de miles de seres humanos se encuentren en situación de irregularidad por culpa de la propia Administración.


Un país como el nuestro, que quiere y aspira a ordenar desde la legalidad los flujos de inmigración, no puede disponer de una administración precaria e insuficiente, incapaz de ofrecer una respuesta en un tiempo razonable a las solicitudes. Por eso hemos puesto en marcha un plan de medidas urgentes. Ya se ha reunido la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración periférica del Estado, hemos decidido desconcentrar, en relación con las oficinas de extranjeros y unidades de extranjería que tienen mayor volumen de gestión, la prestación del servicio en otros locales distintos, y está prevista su utilización en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de Madrid, Murcia, Barcelona, Alicante, Almería y Málaga. Vamos a articular nuevos puntos para la presentación de solicitudes de renovación. Utilizaremos la red del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde se va a utilizar para la tramitación de las renovaciones el horario de tarde, con un mínimo de tres horas de atención al público y el resto del tiempo se destinará a tramitarlas. El personal estará compuesto por un funcionario de oficinas de extranjeros, al menos un funcionario de la Seguridad Social y dos o tres personas contratadas al efecto; se está trabajando para determinar cuáles y se espera que en los próximos días estén en funcionamiento. Reorganizaremos el trabajo, optimizando el tamaño y recursos de las oficinas dependiendo de su actividad real, reforzaremos los recursos humanos, contrataremos 300 personas con contratos de seis meses -por cierto, le anuncio que hoy mismo ha salido publicada la orden en el Boletín Oficial del Estado para iniciar ese proceso de contratación que mañana mismo se pondrá en marcha-, y perfeccionaremos los sistemas informáticos de cita previa, todo ello para conseguir que los expedientes más urgentes estén resueltos el 1 de agosto y los menos urgentes en un plazo máximo de tres o cuatro meses. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA PILAR LÓPEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CÓMO VA A APLICAR EL GOBIERNO LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE ANULAN PARCIALMENTE EL ACUERDO DEL CONSEJO DE M INISTROS DE 21 DE DICIEMBRE DE 2001 QUE CERRÓ EL DENOMINADO RÉGIMEN GENERAL? (Número de expediente 180/000204.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de la diputada María Pilar López.


La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el día 21 de diciembre de 2001, el Consejo de Ministros estableció el contingente de trabajadores extranjeros de régimen no comunitario para el año 2002. Numerosas organizaciones sociales interpusieron recurso contencioso-administrativo contra dicho acuerdo referido a la decisión del Gobierno del Partido Popular de no admitir a trámite las solicitudes de autorización de trabajo y residencia dentro del denominado régimen general. El citado acuerdo impide que ninguna oferta nominativa o a favor de trabajadores no comunitarios que se hallen en España pueda tramitarse, salvo aquellos casos sujetos a regímenes especiales. En definitiva, se excluyen los supuestos de ofertas que corresponden a las necesidades reales de mano de obra extranjera y no pueden ser gestionadas a través del procedimiento de contingente por no pertenecer a sectores de actividad y ocupación incluidos en él, o porque se haya agotado todo el contingente establecido para el

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correspondiente sector u ocupación, o por no haberse asignado contingente en la provincia. Es decir, a tenor de lo que establecía el apartado 9.º, punto 3, debía inadmitirse a trámite toda aquella solicitud de empresario interesado en la contratación de un trabajador extranjero mediante una oferta nominativa de empleo, independientemente de que éste resida dentro o fuera de España. Teniendo en cuenta que la anulación establecida por los tribunales deja abierta la vía para adecuar el contingente a las necesidades reales del mercado de trabajo y residencia, coincidente con la posición que ha defendido el Partido Socialista en políticas encaminadas a ordenar flujos, canalización e integración en el ámbito de una política comunitaria de inmigración, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta, ¿cómo va a aplicar el Gobierno las sentencias del Tribunal Supremo que anulan parcialmente el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001, que cerró el denominado régimen general?

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora López Rodríguez.


El Gobierno ha procedido ya, señoría, mediante instrucciones dirigidas desde la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, a dar cumplimiento a estas sentencias. Como recordarán dichos fallos judiciales declaran nula la decisión del Gobierno anterior de inadmitir a trámite las solicitudes de autorización de trabajo y residencia dentro del denominado régimen general. Aquella decisión, señorías, es evidente que fue equivocada. El Gobierno actual ha procedido con extraordinaria agilidad, sin demora a corregir dicho error, de tal modo que las solicitudes inadmitidas serán objeto de revisión de oficio, por parte de la Administración para no perjudicar a los solicitantes. No se trata de reconocer o rechazar la autorización de residencia y trabajo, sino de admitir a trámite las solicitudes, reiterando que se hace de oficio, por lo cual la Administración se encargará de comunicar estos extremos a las personas afectadas. Son algo más de 3.000 personas, señoría, distribuidas por un buen número de provincias.


Respecto a las impugnaciones que estén en trámite, ya sea por haberse interpuesto recurso de reposición ante la Administración o contencioso-administrativo ante los tribunales competentes, también serán objeto de revisión de oficio. Dicha revisión consistirá en la revocación de la resolución que inadmitió a trámite la solicitud, y en su caso la que resolvió el recurso de reposición interpuesto, basándose en la nulidad del apartado 9.3 del acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001. Esto pondrá fin al procedimiento por satisfacción de lo solicitado en la demanda o en el escrito de interposición. En virtud de dicha revocación, las actuaciones deberán retrotraerse al momento de inadmitir a trámite la correspondiente solicitud, procediéndose en consecuencia a la tramitación de la misma, según lo que establecen los artículos 83 a 87 del reglamento de extranjería.


No procederá, por último, la revisión de oficio en los casos que exista sentencia firme, pues adquiere la condición de cosa juzgada, y en los expedientes cuyos solicitantes hayan sido documentados con una autorización de trabajo y residencia por otros procedimientos, pero en el resto de los casos, señoría, con toda diligencia y de oficio resolveremos la situación para no perjudicar a estos solicitantes de los permisos.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIG CORDÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REINCORPORAR INMEDIATAMENTE A LOS LUGARES DE TRABAJO DE ORIGEN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CORREOS QUE HAN SIDO DESTINADOS FORZOSAMENTE FUERA DE ELLOS? (Número de expediente 180/000182.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento del diputado don Joan Puig.


El señor PUIG CORDÓN: (Comienza a formular la pregunta en catalán.)

El señor PRESIDENTE: Señor Puig, le ruego que haga la pregunta como sabe usted que tiene que hacerla.


El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, pediría una aclaración. Aún no he hecho la pregunta, estoy en la fase previa; en este Congreso, en la Comisión de Radiotelevisión Española lo he hecho en dos ocasiones y no ha habido ningún problema. No entiendo el sentido de esta discriminación porque estoy en la fase previa.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que formule la pregunta como usted sabe que tiene que hacerla. Se lo ruego.


El señor PUIG CORDÓN: (Formula la pregunta en catalán.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO LA COLOCACIÓN DEL SISTEMA ILS II-III EN EL AEROPUERTO DE ALVEDRO, EN A CORUÑA, PARA MEJORAR SUS INSTALACIONES? (Número de expediente 180/000199.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, pregunta a la señora ministra de Fomento, de la diputada doña Carmen Marón Beltrán.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como estoy segura conoce bien, las comunicaciones con Galicia no están precisamente a tiro de piedra, por eso potenciar los tres aeropuertos es algo prioritario para su desarrollo económico y social. Alvedro, en A Coruña, es el aeropuerto que más crece en volumen de pasajeros, fundamentalmente tráfico de negocios, no sólo de la propia ciudad y entorno sino también de Ferrol y Lugo, pero con cierta frecuencia los vuelos son desviados o cancelados por falta de visibilidad, 200 aproximadamente en el año 2003. Por otra parte, el desarrollo del Plan director se condiciona al incremento anual de pasajeros, pero desgraciadamente es la pescadilla que se muerde la cola, porque los potenciales pasajeros existen, pero si no aterriza o no despega el vuelo no se contabiliza; o si Iberia hace mal o pocas programaciones baja el ranking de usuarios. Por eso, señora ministra, los que llevamos una especie de cruzada para mejorar las condiciones operativas del aeropuerto, hemos pasado ocho años clamando en el desierto, y lo que se evidencia es que el aeropuerto coruñés crece y se desarrolla con gobiernos socialistas, y eso los ciudadanos lo saben muy bien. Por eso hemos mantenido la esperanza, y a los escasos 50 días del nuevo Gobierno socialista, nos anuncia que el sistema ILS II-III para operar en bajas condiciones de visibilidad, se licitará en breve. La noticia nos llena de satisfacción, pero señora ministra, para los más escépticos, que los hay se lo aseguro, y para que los que han permanecido callados y ahora reclaman actuaciones prontas y urgentes, le pregunto en sede parlamentaria si nos confirma que realmente se va a colocar el sistema ILS de II y III clase en el aeropuerto de Alvedro.


Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: La señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría, el pasado 24 de este mes, en mi comparecencia ante la Comisión de Fomento y Vivienda del Senado, manifesté mi compromiso de poner en servicio un sistema ILS categoría II-III en el aeropuerto de A Coruña.


En respuesta a su pregunta hoy ante esta Cámara también confirmo ese compromiso y lo hago más explícito. Con objeto de mejorar las condiciones operacionales en situaciones de baja visibilidad, AENA ha estudiado los requerimientos y condicionantes para determinar la viabilidad de la puesta en servicio en el aeropuerto de A Coruña de un sistema instrumental de aterrizaje categoría II-III. Estos estudios nos indican una gran complejidad técnica, en comparación con otros aeropuertos para la disposición operativa del sistema en esa categoría, debido a la orografía de la zona en que se encuentra el aeropuerto, que impide la adecuada propagación de las señales radioeléctricas y la instalación de un sistema de luces necesario. Por esta razón serán precisas actuaciones en relación a los terrenos circundantes al aeropuerto, así como obras de adecuación de los mismos que por supuesto nos comprometemos a hacerlas.
Hay una estimación provisional de la inversión a realizar que abarca una cifra de 18 millones de euros, que se desglosarán de la siguiente manera: 13,2 millones para actuaciones y obras de adecuación, 1 millón para equipo y 3,8 millones para expropiaciones. A fecha de hoy ya se han iniciado los trabajos de redacción por AENA para disponer del proyecto básico en el mes de septiembre, proyecto que permitirá iniciar en ese mismo mes la preceptiva tramitación medioambiental y la adquisición de los terrenos que puedan precisarse. En cuanto a la entrada en servicio del sistema instrumental, puedo avanzarle que las actuaciones y obras podrán finalizar en el año 2007, que posteriormente será necesaria una fase de calibración de ensayo con vuelo que realiza el Ejército del Aire y que suele necesitar de 6 a 12 meses. Debo puntualizar que para la total operatividad del sistema es preciso además, señoría, que los aviones estén equipados con el instrumental correspondiente y que los pilotos estén habilitados para las operaciones en categoría III. En resumen, señoría, el Gobierno ha considerado la importancia de instalar en el aeropuerto de A Coruña este sistema y le vamos a dar un impulso para instalarlo en el menor plazo posible.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra. (El señor Puig Cordón pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Ha terminado la sesión de control al Gobierno y quiero explicarle, señor Puig, porque está usted levantando la mano, por qué no le he querido conceder la palabra para una cuestión de orden o incidental. Este presidente entiende que en el turno de control al Gobierno mediante preguntas, hay que ser extraordinariamente estricto en la adjudicación o no de las cuestiones de orden o incidentales, porque si no usted comprenderá que un sistema tan tasado de preguntas y respuestas sería impracticable. Soy perfectamente consciente de que usted no ha podido ejercer un derecho que tiene como diputado, usted sabe por qué, y ahora el presidente entiende que es el momento procesal oportuno para que si quiere pueda expresar sus sentimientos, su forma de entender este problema y lo haga constar en acta.


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El señor PUIG CORDÓN: Gracias señor presidente.


Por la importancia de la pregunta que no he podido hacer, solicito poder trasladarla porque hay personas que están interesadas en ella.


El señor PRESIDENTE: El turno ya no está abierto. Yo podría reabrirle el turno en este momento porque el presidente tiene capacidad, pero he querido lanzarle un mensaje como a todos los diputados de la Cámara. En el turno de preguntas y respuestas si cada parlamentario que lo tuviera a bien levantara la mano para pedir una cuestión de orden, el sistema de control, señor diputado, sería impracticable. Usted sabe perfectamente por qué yo no le he dado la palabra. Si usted cumple el Reglamento no tengo ningún inconveniente, usando las facultades que me da el Reglamento, que la formule en este momento a la ministra de Fomento, pero usted sabe cuáles son los condicionamientos. Depende de usted.


Adelante.


- DEL DIPUTADO DON JOAN PUIG CORDÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REINCORPORAR INMEDIATAMENTE A LOS LUGARES DE TRABAJO DE ORIGEN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE CORREOS QUE HAN SIDO DESTINADOS FORZOSAMENTE FUERA DE ELLOS? (Número de expediente 180/000182.)

El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para reincorporar inmediatamente a los lugares de trabajo de origen a los trabajadores y trabajadoras de Correos que han sido destinados forzosamente fuera de ellos?

El señor PRESIDENTE: La señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en primer lugar me gustaría señalar que según me informa la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, no se ha destinado forzosamente a ningún trabajador ni a ninguna trabajadora. Precisamente esta entidad cuenta en la actualidad con un sistema de concurso permanente de traslado recogido en el convenio colectivo del personal laboral y en el estatuto del personal funcionario de Correos, que permite a los trabajadores solicitar voluntariamente los destinos vacantes y la cualificación de los mismos, según criterios objetivos y con carácter mensual. Lo que sí se ha producido, según me informan, es que durante los meses de mayo y de junio de 2004 se han adjudicado nuevos destinos a los trabajadores que estando en una situación laboral temporal se han presentado voluntariamente a unas pruebas y las han superado para consolidar su puesto de trabajo de manera fija. Este proceso ha supuesto la consolidación, es decir la obtención de un puesto de trabajo fijo de 8.000 trabajadores, y afectará de forma progresiva a otros 2.000 en función de las vacantes estructurales de la sociedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor PUIG CORDÓN: La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional falló a favor de los sindicatos USO, STA, CIG y CGT y declaró fijos a los trabajadores con contrato por vacante de más de tres meses en la empresa.
A partir de aquí Correos inicia un proceso dedicado a impedir el cumplimiento de esta sentencia. Inicia una vía al margen de la buena práctica laboral e intenta evitar la entrada como fijos de muchos trabajadores que la sentencia les reconoce. Modifica las bases de las convocatorias, las adecua sólo a sus intereses, amplia el número de plazas de 6.000 a 10.000, pero las fracciona de 1 a 8.000 y el resto las supedita a estar en reserva para la cobertura de las vacantes estructurales. Al mismo tiempo baja al mínimo el nivel de superación del examen para poder solapar a los seleccionados con los declarados fijos por la Audiencia Nacional. Aprovechando una aclaración de la sentencia, Correos cesa a aquellos trabajadores que ocupando plaza de vacantes no han estado seleccionados entre los 8.000 primeros. Según los datos de la empresa 25.000 candidatos al concurso-oposión son trabajadores internos, y de éstos 17.000 están en contrato por vacante. Nos encontramos con que un mínimo de 7.000 plazas no han estado reconocidos, y en cambio el personal que las ha ocupado ha sido destinado a otros lugares o sencillamente despedidos; que se ha producido una grave discriminación entre los 8.000 primeros y los 2.000 restantes y que además se ha iniciado un proceso de discriminación que ha comportado la pérdida del lugar de trabajo con unos mecanismos no acordes con los más elementales principios del derecho al trabajo. Ese es el caso de 300 de ellos a quienes se ha destinado forzosamente, y en tan sólo 48 horas, a un nuevo lugar de trabajo lejos de su ciudad de origen; entre ellos 50 trabajadores catalanes a quienes se ha trasladado en 48 horas a Madrid.
Hay 1.700 restantes que pueden estar a la espera de prácticas como esta.
Como consecuencia, se producen irremediables renuncias por no poder ser asumidas por el alto costo social que les provoca. Seguramente la situación de Correos es una herencia del anterior Gobierno, pero hasta el momento el nuevo presidente de Correos, nombrado por el actual, no ha dado muestras de cambiar de actitud y acometer las soluciones con una clara voluntad de respeto a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Correos. Creemos que lo más sensato sería que Correos trasladase esos trabajadores...


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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento, su tiempo ha terminado.


La señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Intervendré muy brevemente, señor presidente.


Señoría, entre mayo y junio se resuelve un concurso cuyo procedimiento se había establecido con anterioridad. Entiendo que usted me plantea que no está de acuerdo con las bases de este concurso, que efectivamente era en todo el territorio nacional, y las plazas se han ido adjudicando, según me informan desde la sociedad estatal, de acuerdo y en función del número que se haya obtenido en la superación de la prueba.


No me coincide el dato de trabajadores que estuvieran en Cataluña y que se hayan ido a otra comunidad autónoma. El número es de 47, por tanto un 4 por ciento del conjunto. De todas maneras, a la vista de su planteamiento pediré información a la sociedad estatal por si hay alguna cuestión que no se haya tenido en cuenta y a la cual yo no le haya respondido.


Muchas gracias.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE DISCAPACIDAD.
(Número de expediente 172/000025.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas, iniciamos a continuación el punto VI del orden del día: interpelaciones urgentes.
Interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre discapacidad, al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Tiene la palabra el señor Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro, en primer lugar permítanme que haga un reconocimiento y agradezca a los servicios de la Cámara la sensibilidad y la buena disposición que han tenido en cuanto a eliminación de barreras y atentos a todas las sugerencias que se les han hecho.


Señor ministro, el pasado 10 de marzo del año 2004, en un acto celebrado con el sector discapacidad por el entonces candidato a la Presidencia por el Partido Socialista, señor Rodríguez Zapatero, adquirió compromisos que fueron muy bien recibidos por el sector de la discapacidad. Anunció que si alcanzaba la Presidencia del Gobierno crearía una Secretaría de Estado específica para las personas con discapacidad, dependiente de la Presidencia del Gobierno y que asumiese la misión de coordinación transversal de todas las políticas en esta materia. Fue una sorpresa para todos los discapacitados españoles cuando al establecerse la nueva estructura de la Administración vimos que esa Secretaría de Estado no aparecía y que ese compromiso quedaba incumplido, quedaba subsumida en una Secretaría de Política Social o Asuntos Sociales, familia, y discapacidad. Señor ministro, ese primer paso del Gobierno socialista ha sembrado cierta inquietud, y para el sector de la discapacidad crear expectativas que no se cumplen puede ser más grave que para otro tipo de sectores por las carencias que tiene. Por eso mi grupo parlamentario ha querido formularle esta interpelación, para conocer cuál va a ser la política del Gobierno en esta materia, porque sinceramente no nos gustaría que hubiese más incumplimientos y porque pensamos -yo estoy seguro- que usted y su Gobierno comparten el objetivo de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y su plena integración social y laboral.


Quiero recordar que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular se han producido avances en la situación de las personas con discapacidad y sus familias. Así lo ha reconocido incluso el propio movimiento asociativo, y concretamente el pasado mes de diciembre, en el acto de clausura del Año europeo de las personas con discapacidad, el presidente y el secretario general del CERMI hicieron un balance muy positivo de lo conseguido durante el año 2003. La acción política de nuestro Gobierno se ha traducido en logros interesantes con la interlocución permanente con el Movimiento de la discapacidad, contando con su opinión y sus propuestas para la elaboración y ejecución de la política general sobre discapacidad, la creación del Consejo Estatal de personas con discapacidad. A partir de la cumbre extraordinaria por el empleo de Luxemburgo de 1997, España propició que en los planes de empleo europeos se introdujeran medidas de integración laboral para discapacitados. Hemos firmado, como usted sabe, dos planes de empleo para discapacitados, el segundo de los cuales, el Plan de empleo 2002-2004 sigue vigente. En este tiempo -quiero citar algunas cifras- se ha hecho posible que pasemos de 500 centros especiales de empleo con 15.000 trabajadores en 1996, a más de 1.300 centros especiales en 2003, con un total de 40.000 trabajadores discapacitados. Por citar cifras globales, el número de personas con discapacidad que tiene un puesto de trabajo se ha incrementado de 282.000 en el año 1998, a 669.000 en el año 2002.


En relación con la formación profesional, mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para que se adecue la formación profesional a las necesidades de los discapacitados y así facilitar su integración laboral, que es una de las metas más importantes para conseguir esa integración social. Esperamos que sea apoyada por todos los grupos parlamentarios. Asimismo, hemos propuesto la exención de las tasas de matrícula a los universitarios discapacitados -convencidos de que, previo al trabajo, la formación es imprescindible-,

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con el fin de facilitar su acceso a la universidad, esperando igualmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios.


En cuanto a la obligación de establecer una cuota de reserva para trabajadores minusválidos, le quería preguntar, señor ministro, qué medidas piensa tomar el Gobierno para conseguir que se cumpla esa cuota de reserva del 5 por ciento de empleos en la Administración y del 2 por ciento en la empresa privada.


En relación con el empleo con apoyo y la modernización de los servicios de ajuste de personal y social en los centros especiales de empleo, mi pregunta, señor ministro, es: ¿tiene previsto el desarrollo reglamentario antes del 31 de diciembre, como dispone el segundo plan de empleo 2002-2004? Además, hemos establecido legalmente la posibilidad de la jubilación anticipada para aquellos trabajadores que acrediten un importante grado de minusvalía, dado que la vida laboral de los discapacitados normalmente es más corta, porque el desgaste suele ser mucho mayor. Recientemente, hemos regulado los enclaves laborales como fórmula novedosa, que facilita el tránsito del empleo protegido al empleo ordinario.


En el año 2003, que coincidía con el Año europeo de la discapacidad, aprobamos la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que ha venido a completar y a actualizar la anterior LISMI, Ley de integración social de los minusválidos, de 1982. También se aprobó la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que favorece la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad, y sobre todo resuelve una pega que tenían los padres con hijos discapacitados, y es qué sería de los mismos el día que ellos faltasen.


Ante su afirmación del desarrollo reglamentario de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, ¿el Gobierno tiene intención de aprobar en breve plazo la normativa reguladora del Consejo nacional de discapacidad, para lo que la Ley de igualdad de oportunidades daba un plazo de 6 meses que ya se han cumplido? ¿Piensa desarrollar la Ley de protección patrimonial de personas con discapacidad? Me gustaría saber para cuándo.


Finalmente, hemos aprobado el Plan nacional de accesibilidad 2004-2012, que contempla un calendario para lograr la accesibilidad universal de todos los productos, entornos y servicios, tanto los nuevos como los ya existentes. También hemos aprobado el segundo plan de acción para las personas con discapacidad, 2003-2007. Estos planes contienen una serie de medidas y propuestas imprescindibles para conseguir la integración social del colectivo de la discapacidad. Señor ministro, ¿está dispuesto su Gobierno a acortar los plazos del Plan nacional de accesibilidad 2004-2012 como pretendía el Partido Popular en sus propuestas?

Señor ministro, un campo de preocupación capital para el sector de la discapacidad es la atención a las personas dependientes. En este sentido, el señor Rodríguez Zapatero se comprometió en su debate de investidura a diseñar un plan de atención de ayuda a las personas dependientes.
Después, la Secretaría de Estado de servicios sociales, familia y discapacidad habla de un sistema nacional de dependencia y en su programa electoral hace referencia a una red pública de servicios sociales que cubra las necesidades de las personas con discapacidad en situación de gran dependencia. Por tanto, señor ministro, me gustaría que nos aclarase cómo va a regular el tema de la dependencia, cuál va a ser su política -si va a ser un plan o va a ser un sistema-, así como una poca más concreción en la forma y en los plazos. Su Gobierno también ha anunciado una ley básica de dependencia. A ese respecto, quería pedirle información al señor ministro sobre cuándo tiene previsto aprobar dicha ley, cuáles van a ser sus ejes, cuál va a ser su presupuesto y si piensa contar con nosotros y con el resto de fuerzas políticas para su elaboración.


Otra línea de actuación por parte del Gobierno debería ser el acceso al ocio y al descanso de las personas discapacitadas. Por ello mi grupo ha planteado recientemente, a través de una proposición no de ley en esta Cámara, la necesidad de elaborar un plan de accesibilidad turística que permita suprimir, o al menos atenuar las barreras y dificultades que impiden a las personas con discapacidad el acceso regular y normalizado a los bienes y servicios turísticos.


Por otra parte, mediante las dos reformas del IRPF, llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular, se mejoró la fiscalidad tanto de las personas discapacitadas como de sus familias, según se ha reconocido por el propio sector. En el año 1998 la Ley de IRPF introdujo reducciones aplicables a los rendimientos de trabajo con incrementos desde el 75 hasta el 125 por ciento, según el grado de minusvalía; se incrementó el mínimo personal y se introdujo un incremento adicional. En la segunda reforma del IRPF, que entró en vigor el año 2003, se aumentó la reducción por discapacidad y se introdujo una nueva reducción por asistencia. Estas reducciones podían ser aplicadas por el discapacitado, por los ascendientes o descendientes, siempre que el discapacitado no tuviese rentas superiores a 8.000 euros anuales.


Quiero mencionar brevemente una serie de convenios que se llevaron a cabo por el Partido Popular, como por ejemplo el convenio que se firmó con el Ministerio de Sanidad y Consumo para colaborar en la atención socio-sanitaria, salud y consumo de las personas con discapacidad; el acuerdo entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CERMI para la accesibilidad de los discapacitados a las nuevas tecnologías y a la sociedad de la información; el convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de

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Administraciones Públicas para la eliminación de barreras físicas de comunicación y tecnológicas; la constitución del foro de atención educativa a personas con discapacidad, que establece las competencias, estructura y régimen de funcionamiento y el convenio de colaboración entre la sociedad general de turismo y el CERMI en materia de turismo para todos.


En febrero del año 2002, a instancias del Grupo Parlamentario Popular y también del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se creó en el Congreso de los Diputados una subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro. En diciembre de 2003 se aprobó el informe donde se hacía balance de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno y planteaba una serie de propuestas en los distintos ámbitos como la educación, el empleo, la dependencia, los grandes discapacitados, las barreras, la salud mental, la inteligencia límite, la prevención familiar, la participación y el ocio.


A pesar de hacer avanzado enormemente en materia de discapacidad, cabe decir que esta tarea no está concluida, creemos que queda por hacer y se hace necesario seguir trabajando en esta misma línea. Por ello queremos conocer la disposición de su Gobierno para desarrollar reglamentariamente las leyes ya citadas, así como sus plazos. Deseamos saber si van a seguir adoptando las medidas contenidas en los diferentes planes de empleo, de accesibilidad, y por supuesto su política en materia de dependencia.
También si piensan contar con nosotros, con el resto de las fuerzas políticas, así como con los diferentes movimientos asociativos implicados en la materia para llevar a cabo todas estas actuaciones.


La integración social de las personas con discapacidad es un objetivo que debemos marcarnos entre todos y apreciar sus avances en la consecución de estas metas imprescindibles para el sector.


Muchas gracias, señor ministro, muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: El señor ministro, desde su escaño.


Gracias.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor diputado, por su interpelación. Quiero tranquilizarle en dos sentidos. En primer lugar, por supuesto el Gobierno, como antes indicó su presidente, va a contar con todos los grupos parlamentarios y con todos los grupos que defienden los intereses y derechos de los discapacitados, por supuesto que sí, y en segundo lugar que todo el desarrollo de la política de este Gobierno se construirá sobre lo ya existente. No va a haber ningún retroceso, sino en todo caso mejoras desde el momento en que vayamos destinando más recursos al gran compromiso de la integración total de los discapacitados. El Gobierno, como sabe S.S., tiene un compromiso con las personas con discapacidad y sus familias para alcanzar un contrato de inclusión 9 por ciento, con el objetivo de conseguir que la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos se corresponda con su peso demográfico en la sociedad, y lo aplicará además de modo transversal en todas las líneas de acción que se desarrollen desde la Administración del Estado.
El mejor mecanismo de integración, sin ninguna duda, es el empleo, la utilidad social a través del empleo.


El reciente informe, que usted conoce muy bien, del Consejo Económico y Social pone de relieve que las personas con discapacidad continúan siendo las que encabezan las listas del desempleo y que mantienen niveles de educación inaceptablemente bajos -uno de cada tres entre 10 y 64 años no ha terminado los estudios primarios-, lo que condiciona gravemente su acceso al mercado laboral. Además, a diario tienen que enfrentarse con multitud -lo indicaba usted- de barreras físicas y psicológicas, también virtuales, que les colocan en situaciones de marginación y en ocasiones en dramas personales y familiares. Todo lo que recoge el informe es la realidad que los discapacitados de nuestro país padecen, y a tenor de él este Gobierno está dispuesto a que esa realidad experimente un cambio radical. Estamos decididos a que las personas con discapacidad formen parte de todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero de una forma real, de pleno derecho y también de hecho; estamos decididos a conseguir un entorno social accesible a todos y en todas las dimensiones, y estoy seguro de que en todo ello cooperarán S.S. y su grupo.


El gasto destinado a los programas de atención a las personas con discapacidad fue de 198 millones de euros en el año 2002, sin embargo bajó a 186 millones de euros en el año 2003 y se recuperó un poquito en 2004, con una dotación de 190 millones de euros. Les anuncio que en el próximo ejercicio nos proponemos incrementar este gasto por encima de la inflación. Sin duda, este gasto no puede dejarnos satisfechos porque está muy lejos del esfuerzo que hacen otros países europeos y lejos de las previsiones tanto de los planes como de la legislación para las personas con discapacidad. El Gobierno quiere impulsar medidas para el sector de la discapacidad en todos los ámbitos, social, educativo, laboral y personal, desde nuestra más firme creencia en la igualdad. La necesidad de la lucha por la no discriminación, que en su día formó parte de nuestro código de intenciones, es ya nuestro compromiso de Gobierno, y queremos hacerlo, como le decía antes, en diálogo permanente con los representantes del sector de la discapacidad y con los grupos parlamentarios, ya que entendemos que este objetivo de lograr la plena ciudadanía para todos ha de llegar con el apoyo de los implicados con su intervención en las grandes decisiones.


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Ya hemos empezado a hacer cosas. Por supuesto vamos a desarrollar -me lo preguntaba S.S.-la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad e intentaremos cumplir los plazos. Estoy seguro de que si hay un pequeño retraso -todo sea por el mejor desarrollo reglamentario de la ley- será usted indulgente con este Gobierno, pero intentaremos cumplir los plazos.
Hemos empezado por elaborar el Real Decreto del Consejo Nacional de Discapacidad -también me lo preguntaba usted- y será remitido en estos días al Consejo de Estado, previa su aprobación por el Consejo de Ministros. Es necesaria e imprescindible su puesta en funcionamiento para poder estudiar y debatir con sus integrantes las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación previstas en la ley. También es nuestra intención regular las condiciones previstas en la ley en las relaciones con las administraciones públicas, en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, en el acceso y utilización de los medios de transporte y también de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. En este último caso ya ha empezado a trabajar la Comisión Interministerial de Vivienda y Trabajo y Asuntos Sociales en el desarrollo de las prescripciones técnicas de edificabilidad.


Entendemos que una plena integración de la sociedad debe basarse en una coherente política global que tenga entre sus principales objetivos el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Esta integración la queremos hacer estableciendo sólidos cimientos que asienten el futuro de las personas, desarrollando un ambicioso plan estatal de promoción de la formación y empleo de las personas con discapacidad en el Plan de Empleo de España, en el que estén incluidos aspectos como alfabetización digital, revisión del marco de incentivos que favorezcan la inserción laboral de las personas con discapacidad con más dificultades para ser contratadas, cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo y cumplimiento efectivo del 5 por ciento de la reserva por parte de las administraciones públicas. Como anuncié en mi reciente comparecencia en el Senado, reservaremos un turno específico para discapacitados en las próximas ofertas de empleo público. Ahora sabe S.S. que no se cumple; no se alcanza el 5 por ciento y pasan a formar de nuevo parte de la bolsa general. Nosotros vamos a hacer un turno específico para discapacitados, y así en los casos en que no se cubran las citadas plazas de reserva estas no irán a acumularse al turno libre sino que se incorporarán a la oferta de la siguiente convocatoria específica sólo para personas con discapacidad, para cumplir realmente ese compromiso. En la actualidad, y pese a que la legislación prevé esa reserva del 5 por ciento y que desde el año 1982 se ha venido reservando el 3 por ciento, lamentablemente sólo están ocupadas el 0,7 por ciento de estas plazas para discapacitados.
Como muestra de nuestra preocupación e interés quiero señalarles que se ha iniciado el denominado Plan Moncloa 5 por ciento, impulsado por la Presidencia del Gobierno y con la cooperación del Ministerio de Trabajo.
Persigue hacer realidad en la cuota del 5 por ciento la incorporación al complejo de Moncloa de trabajadores y empleados públicos discapacitados.
Además este plan contempla medidas para hacer accesibles las edificaciones y sitios oficiales de la Administración en la web. Y dentro de esta preocupación global por el empleo de personas discapacitadas tenemos al mismo tiempo un compromiso real y efectivo con la mujer con discapacidad porque sabemos que a las dificultades y barreras propias de la discapacidad se añade en el caso de la mujer una situación de desigualdad que se mantiene aún en muchos aspectos en pleno siglo XXI.
Por ello vamos a dedicar nuestro esfuerzo a elaborar y poner en práctica un plan de acción para la mujer con discapacidad que garantiza un conjunto sistemático de medidas y acciones para favorecer su acceso al empleo, formación y conciliación de la vida laboral y familiar. Este plan, cuya elaboración deseamos sea por supuesto con consenso, contemplará entre otras medidas el acceso prioritario a servicios comunitarios de apoyo, a servicios de proximidad como requisito previo y necesario para su incorporación a la vida de la población activa, la incorporación prioritaria de mujeres con discapacidad a los diferentes programas que contemplen todas las etapas de inserción y que promoverá la flexibilidad de las condiciones de trabajo a fin de favorecer la contratación de mujeres que presenten necesidades especiales. Reconocer a las personas discapacitadas como titulares íntegros e iguales de derechos obliga a impulsar desarrollos normativos y cambios legislativos en colaboración con otros ministerios: Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Protección Patrimonial, Ley Electoral, para garantizar el ejercicio normalizado del voto, Ley de Seguridad Aérea, Ley de transportes terrestres y general de ferrocarriles y Ley de Edificación. Además apostamos por una regulación reglamentaria para la subvención de tasas universitarias -también me lo preguntaba usted- y una reforma de la regulación actual sobre adaptaciones de vehículos.


Por último, señorías, como saben ustedes -lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno en el turno de control-, estamos trabajando muy decididamente en la Ley de Dependencia. Será tanto un plan como un sistema nacional, ambas cosas no son incompatibles. Primero elaboraremos un Libro Blanco para que, contando con comunidades autónomas, ayuntamientos, fuerzas políticas, organizaciones de todo tipo y grupos parlamentarios, podamos diseñar adecuadamente las prestaciones que tiene que incorporar el Plan Nacional de la Dependencia. Después enviaremos la ley al Parlamento en el primer semestre del año 2005. Pero ya en

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ese año 2005 existirá un embrión de recursos económicos para el impulso de este Plan de Dependencia, que no sólo beneficiará, señoría, a las personas mayores, que son quienes, lógicamente, tienen menor capacidad funcional porque la van perdiendo con mayor rapidez, sino también a un importantísimo número de personas discapacitadas y a sus familias. Hemos abierto un amplio diálogo social y político al que están ustedes invitados, por supuesto, que se reflejará en el Libro Blanco de la Dependencia, base para la futura ley que garantizará la atención a las personas dependientes en España.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su turno de réplica.


El señor VAÑÓ FERRE: Muchas gracias, presidente.


Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones. Yo entiendo que en esta primera fase de Gobierno representan una declaración de intenciones que es muy bien recibida por mi grupo y que espero que sea llevada a cabo por el bien del colectivo que en estos momentos estamos defendiendo tanto ustedes como nosotros. Pero sí le quiero recordar una cosa. Aunque este colectivo ha mejorado mucho en los últimos años, insisto, reconocido por ellos mismos, partía de muy atrás. Por tanto, le quedaba y le queda mucho por recorrer. Había alcanzado una velocidad de crucero que no están dispuestos -nosotros vamos a velar por ello- a que disminuya. Yo oigo con ilusión sus proyectos y deseo de verdad que se lleven a cabo, pero lo que sí le quiero decir es que vamos a estar muy atentos a los cumplimientos porque usted no ha aludido al incumplimiento concretamente de esta Secretaría de Estado que era un compromiso firme, lo que nos preocupa, más que por la gravedad en sí, por el síntoma que puede representar en cuanto a si va a ser una norma el incumplimiento de algunos de los proyectos y de las promesas que en este colectivo, insisto, son más frustrantes que en cualquier otro.


Queda mucho por hacer, efectivamente, pero no le he oído hablar de algunas cosas que nosotros le hemos propuesto. Ustedes, cuando estaban en la oposición, eran mucho más exigentes y exigían mucho más rigor para el cumplimiento de algunas cosas que ahora, en cuanto a plazos, en cuanto a cantidades y en cuanto a desarrollo de leyes. Yo simplemente quiero insistir en que si ustedes están dispuestos a cumplir en la medida en que se ha comprometido el señor ministro y el presidente en sus declaraciones y, por supuesto, piensan contar no sólo con los grupos parlamentarios sino también -muy importante- con los representantes del sector, van a encontrar nuestro apoyo decidido y absolutamente desinteresado. Pero vamos a estar muy vigilantes porque ha habido algunos incumplimientos e incluso algunas situaciones que ustedes han planteado que inducen a error. Citaré concretamente la inclusión del 9 por ciento, sobre lo que ya hemos preguntado a la señora secretaria de Estado. La inclusión del 9 por ciento, tal y como nos explicó ella y usted también, se refiere a todos los ámbitos, pero en el ámbito del trabajo, si queremos ser fieles a ese compromiso del 9 por ciento de inclusión, todos los discapacitados en edad laboral deberían ser un 9 por ciento correspondiente a su densidad demográfica los que pudiesen acceder. Sé que todavía no se está cumpliendo el 5 por ciento, por eso le he pedido yo que nos conteste qué medidas piensan llevar a cabo para que se cumpla el 5 por ciento tanto en empresas públicas como en la empresa privada. De todos modos, en esta primera interpelación sobre la discapacidad yo me doy por satisfecho, tomo nota de sus explicaciones, las acepto, deseo que las lleven a cabo, pero no duden que vamos a estar muy vigilantes y muy atentos, porque nuestra obligación es defender todo lo que se ha llevado a cabo y seguir manteniendo el ritmo que llevábamos hasta ahora.


Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, para su turno de dúplica.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. Me parecerá muy bien que S.S. y su grupo estén vigilantes. Es una obligación compartida de todos los poderes públicos, y, como le he dicho, pensamos contar no sólo con los grupos parlamentarios sino también con el propio sector. Ya lo hemos hecho, nos hemos reunido con el CERMI, hemos mantenido ya una reunión del Real Patronato de la Discapacidad en la que hubo amplia concordancia de objetivos. Claro que la discapacidad partía de una situación difícil y se ha ido dotando en los últimos 25 años, desde que hay democracia en España, de medios cada vez más importantes. Sin embargo, como le indicaba antes, señoría, del año 2002 al 2004 bajaron los recursos presupuestarios para la discapacidad y este Gobierno los va a subir, se lo garantizo. Le garantizo que vamos a recuperar la velocidad de crucero del año 2002 y la vamos a superar, y eso sí que no es ningún incumplimiento sino que es realmente un compromiso con este mundo de la discapacidad. Lo mismo sucede con la secretaría de Estado. Antes sólo había una secretaría general, ahora es verdad que no hay una secretaría de Estado específica para discapacidad, pero sí la hay para Políticas Sociales, Familias y Discapacidad. Antes no existía secretaría de Estado, había una secretaría general. No podíamos, por razones de índole presupuestaria, recargar en exceso un ministerio como el que ostento, donde le recuerdo que ya hay tres secretarías de Estado, dos secretarías generales y creo que cerca de 20 direcciones generales. En todo caso, eso no minora nuestro

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compromiso con el mundo de la discapacidad, que vamos a desarrollar de forma absolutamente persistente, y yo estoy seguro de que S.S. va a espolear, a contribuir y a participar en ese desarrollo. Respecto al Plan de Accesibilidad, le anuncio que esperamos poder adelantar la desaparición del conjunto de las barreras antes del año 2011, ojalá podamos hacerlo. Será un compromiso de todos y de todas las administraciones. Le anuncio que próximamente remitiremos al Consejo de Ministros el convenio con la ONCE y con el Fondo Social Europeo, año 2004-2006, para, de acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos, ir eliminando estas barreras. Es una cantidad muy importante que pondremos rápidamente en marcha en el transcurso de los tres próximos ejercicios.


Creo que no se puede decir con todo lo expuesto que se trate sólo de declaraciones de intenciones. Ya hemos tomado decisiones y he anunciado que en la próxima oferta de empleo público se establecerán medidas. Usted me pide medidas, y ahí hay una: un turno específico y restringido sólo para discapacitados, de modo que si vamos acumulando una bolsa de empleos que no se cubren -algún día con las políticas de formación que estamos desarrollando, con las políticas de integración al mercado laboral, estoy seguro de que lo conseguiremos- quedarán reservados para ellos para siempre. Igualmente, vamos a garantizar ya en el próximo ejercicio la exención, primero vía subvención y luego por los procedimientos legales oportunos, de las tasas universitarias. Por tanto, son medidas que suponen un compromiso ya inmediato con el mundo de la discapacidad.
También he de indicarle que me he reunido con el patronato de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con la que existía un compromiso contraído por el anterior Gobierno, para a partir del año 2004 y hasta el 2011 desarrollar una serie de acciones específicas en favor de la integración laboral de los discapacitados, plan llamado 8.000-16.000.
El anterior era 20.000-40.000 y se cumplió. Se trata de 8.000 puestos de trabajo y de 16.000 acciones formativas, y le he pedido a la ONCE que lo incremente porque me parece poco ambicioso. Lo firmó el anterior Gobierno, y no quiero hacer ninguna crítica; sencillamente me he reunido con el patronato y he pedido a la ONCE que incremente la ambición de ese programa, y la respuesta ha sido positiva. Por tanto, creo que también por esa vía vamos a conseguir en los próximos años superar las previsiones iniciales, lo que permitirá que más discapacitados se incorporen al mundo del trabajo.


En relación con los plazos, como dije también en mi comparecencia, señoría, vamos a intentar cumplirlos todos. Pediré cierta aquiescencia si alguna de las importantes leyes ahora vigentes lleva un pequeño retraso reglamentario, aunque no creo que sea importante ese pequeño retraso, y estoy convencido de que con diálogo en esta Cámara y también fuera de ella, en el ministerio que ostento, podremos alcanzar los consensos necesarios para desarrollar este importantísimo compromiso. El mundo de la discapacidad lo necesita, y el rendimiento laboral de los discapacitados, como usted bien sabe, es extraordinario y tenemos que alcanzar el compromiso social para la integración de los mismos no sólo por razones sociales, que lo son, y de derecho, sino también por razones de eficiencia económica, porque merecen esa oportunidad y cuando se les da, la cumplen y a fondo, señoría.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN MATERIA DE VIVIENDA.
(Número de expediente 172/000026.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Seguimos con las interpelaciones urgentes. A continuación, interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en materia de vivienda.


Tiene la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, señora ministra, en estos más de dos meses cada vez que le he preguntado algo en relación con sus responsabilidades como ministra de Vivienda usted ha respondido no a mi pregunta sino con alguna que otra provocación. Recientemente, usted ha declarado que el problema del encarecimiento del precio de la vivienda lo había provocado el Gobierno del Partido Popular intencionadamente, es decir que las ayudas a la vivienda incluidas en el último Plan de Vivienda, un 35 por ciento más que en el último aprobado por ustedes, no eran otra cosa que una maquinación urdida para incrementar el precio de la vivienda. Usted sabe, señora ministra, y esto se lo digo con todo mi respeto, que esa manifestación es una auténtica estupidez. Usted parece haber elegido el terreno en el que quiere jugar, un terreno que a mí no me gusta, pero le aseguro que no lo voy a rehuir.


Señora ministra, usted lleva más de dos meses al frente del ministerio y ya se ha convertido en la ministra estrella de este Gobierno. Usted es capaz de estar todos los días en los medios de comunicación, pero es incapaz de mantener dos días seguidos la misma propuesta. Por no saber, señora ministra, después de dos meses todavía no sabemos cuántas viviendas protegidas nuevas va a construir su Gobierno. Aún no nos lo ha dicho, y eso sólo puede deberse a un exceso de prudencia por su parte o a que realmente usted no lo sabe, y usted, señora ministra, prudente, lo que se dice prudente, no lo es. Por tanto, a usted lo que le pasa es que no tiene ni la más remota idea de qué va a hacer con la vivienda y lo que intenta con sus continuas declaraciones y provocaciones es ocultar la incapacidad e incompetencia de su planteamiento, que le hace caer a usted

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en continuas contradicciones. Señora ministra, con dos meses de Gobierno, desde el Partido Popular no le vamos a exigir a usted saber dónde va a hacer las viviendas o de qué color las va a pintar. Pero algo tan sencillo como saber en cuántas viviendas nuevas ha fijado el Gobierno su objetivo o si van a mantener o no la deducción por la adquisición de vivienda habitual o si van a conceder o no ayudas directas al arrendador es algo tan sencillo que no saberlo es evidenciar que no tienen, como he dicho, ni la más remota idea de lo que quieren hacer. Saber esas cuestiones tan sencillas es lo que justifica la presente interpelación.


Señora ministra, yo sé lo que son las actuaciones. Son la promoción de viviendas de nueva construccion, la adquisición de viviendas existentes, la rehabilitación de áreas urbanas, edificios y viviendas y la urbanización del suelo. Ya ha quedado claro que lo de las 180.000 viviendas fue una mentirijilla electoral, como lo de los 800.000 puestos de trabajo, pero le vuelvo a preguntar: ¿Nos podría decir cuántas viviendas protegidas nuevas va a construir el Gobierno? Señora ministra, en su comparecencia manifestó su intención de convocar la Conferencia Sectorial de Vivienda, es decir, a los consejeros autonómicos en la materia, y también que iba a reunir a la Federación Española de Municipios y Provincias. Nos pareció, y así se se lo dijimos, que era lo menos que podía hacer ya que ellos son los que tienen todas las competencias en materia de suelo y vivienda y usted no tiene casi ninguna. Han pasado ya más de dos meses y todavía no se ha reunido con ellos. Lo ha hecho hasta la ministra de Sanidad, que tiene más o menos la misma situación competencial que usted, y usted todavía no lo ha hecho.
Nos gustaría saber si es que no tiene nada que decirles o es que no ha llegado a ningún acuerdo con ellos o, en todo caso, cuándo piensa hacerlo.


Señora ministra, en su comparecencia también manifestó su intención de apostar por más ayudas directas y menos bonificaciones y deducciones fiscales. En la contestación a mi intervención dijo que no lo haría con efecto retroactivo. Después dijo que sí, que iba a quitar las deducciones por vivienda. Solbes le dijo que no las suprimiría. Después que lo estaban estudiando. Después que sí, pero que ahora no era el momento, que el momento de quitar las deducciones es cuando gobierna el Partido Popular y no cuando gobierna el Partido Socialista. Señora ministra, se lo voy a preguntar muy clarito: ¿Va el Gobierno a suprimir las deducciones por adquisición de la vivienda o no las va a suprimir? De antemano ya le anunciamos que desde el Partido Popular estamos en contra de su supresión. Señora ministra, usted sabe que el aumento del precio de la vivienda se debe a que la oferta de viviendas, más de 600.000 al año, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda. Me da la impresión de que usted ha abandonado la idea de incrementar la oferta y ha optado por intentar disminuir la demanda. Es decir, que haya menos españoles que quieran o puedan comprar una vivienda. Por eso ha pensado en suprimir una ayuda fiscal tan importante para su adquisición. Si es así, le voy a dar varias ideas más: suban ustedes el índice de paro al 24 por ciento, suban los tipos de interés por encima del 11 por ciento, suban la inflación por encima del 5 por ciento, generen déficit y ahoguen a los ciudadanos españoles con más impuestos. Es decir, vuelvan ustedes a la España de 1995, a la situación que algunos iluminados llamaron el Estado del bienestar y verán cómo baja considerablemente la demanda de viviendas.


Señora ministra, usted ha manifestado recientemente que va a aumentar las ayudas directas al acceso a una vivienda en alquiler o en propiedad. El vicepresidente y ministro de Hacienda ha dicho textualmente que eso era una solución simplista y que está muy verde. Le pregunto también algo tan sencillo como lo siguiente: ¿Va el Gobierno o no a incrementar las ayudas directas al acceso a la vivienda? También ha manifestado recientemente su intención de dar ayudas directas al arrendador; es decir que a un señor que sea propietario de 3,4, 5 ó 6 viviendas y que no las tenga en alquiler usted le va a dar una ayudita económica. Le adelanto que esa medida a nosotros nos parece un auténtico disparate. Las ayudas, señora ministra, deben ser a las familias que las necesitan y no a los propietarios de varias viviendas. Nos consuela leer en los medios de comunicación que el Ministerio de Hacienda manifiesta que ese es sólo un deseo suyo pero no es la posición del Gobierno. Hoy parece que usted vuelve a rectificar una vez más, y ahora esas ayudas al arrendador se convierten en ayudas a la rehabilitación usando los fondos que usted tiene asignados para ello. De verdad, nos alegramos muchísimo de esa nueva rectificación, pero le repetimos que creemos que las ayudas directas sólo deben ir dirigidas a los que necesitan una vivienda y no a los que poseen varias.


Señora ministra, en su comparecencia anunció un plan de choque que no ha sido capaz de presentar. Y no nos extraña. Si no ha sido capaz de convocar a la Conferencia sectorial de vivienda, ¿cómo va a ser capaz de presentar un plan de choque? Pero también se lo tengo que preguntar: ¿Cuándo va a presentar el tan cacareado plan de choque? También anunció la creación de un registro de demandantes de viviendas, del que no se ha vuelto a saber nada. Señora ministra, ¿ya se ha dado cuenta de que no tiene ni capacidad ni competencia para crearlo? Y si no es así, ¿cuándo lo va a crear? También anunció la creación de la agencia pública de alquiler, de la que tampoco se sabe nada, y sinceramente creemos que usted no va a ser capaz de crearla. Esas agencias pueden funcionar bien en el ámbito municipal, pero en el ámbito estatal nos parecen absolutamente inviables.


También en su comparecencia prometió incorporar al mercado de la vivienda, especialmente para viviendas protegidas, suelo de titularidad estatal, preferentemente

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del Ministerio de Defensa y de Puertos del Estado. El ministro de Defensa, el señor Bono, ya le ha dicho que el Ministerio de Defensa no va a financiar sus planes de vivienda. Y la ministra de Fomento, yo creo que para echarle a usted una mano, dijo en su comparecencia ante la Comisión que iba a llevar a los consejos de administración de las distintas autoridades portuarias las propuestas de ceder suelo para los planes de vivienda, pero que en los citados consejos el Estado no tiene la mayoría y por lo tanto no lo garantiza. Por consiguiente, si al final los consejos de administración no lo aprueban la culpa evidentemente no es del Gobierno. ¿De verdad, señora ministra, que no se encuentra usted completamente sola e incomprendida dentro del Gobierno? Quizá por esa incapacidad para poner en el mercado suelo para la vivienda protegida a un precio razonable es por lo que en las últimas semanas usted se haya decantado por subir los precios de la vivienda protegida. En vez de aportar a los planes de vivienda los suelos de titularidad pública a precios asequibles, usted prefiere subir el precio de la vivienda protegida; es decir, ha planteado una propuesta muy original: para bajar los precios de la vivienda libre lo único que se le ocurre es subir los precios de la vivienda de protección oficial. Señora ministra, también se lo pregunto: ¿En qué cuantía va el Gobierno a subir los precios de la vivienda de protección oficial?

Yo no sé si usted está orgullosa de este cúmulo de contradicciones e incoherencias, pero sí le garantizo que justifican sobradamente esta interpelación. Como ya la conozco, sé de su predisposición a no contestar en esta Cámara a todas las preguntas que yo le hago, es decir, lo contrario de lo que hace usted en los medios de comunicación. Haga hoy un esfuerzo y conteste a estas nueve preguntas, muy facilitas, que le he formulado.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación tiene la palabra para contestar a la interpelación la señora ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.


Dice, señor diputado, que con esta interpelación pretende que el Gobierno clarifique su política en materia de vivienda. En principio, yo creo que no cabría sino congratularse por el celo del Grupo Parlamentario Popular en relación con la vivienda. Desde luego no hay nada más loable y humilde que exigir por quien no ha cumplido, el Partido Popular, de este Gobierno, que cumple, una respuesta detallada sobre las medidas en las que está trabajando en una materia tan importante para los ciudadanos como es la vivienda. Ustedes no entenderían el silencio y la inactividad de un gobierno frente a las grandes expectativas del país en materia de vivienda, frente a la trascendencia social que dicen ustedes ahora que tiene la vivienda. No entenderían eso, sobre todo cuando la situación la ha originado la ausencia de políticas de vivienda en los ocho años de Gobierno del Partido Popular. (Aplausos.) Por eso me satisface especialmente recordarle en este momento en qué está trabajando este Gobierno para devolver a los ciudadanos la confianza que ustedes le han quitado en la vivienda, cumpliendo además con el compromiso de facilitar el acceso a 180.000 familias al año. Desde luego, los objetivos de este Gobierno son claros: fomentar una oferta suficiente de vivienda protegida para facilitar el acceso a precios razonables y contribuir a cambiar poco a poco la cultura de este país a favor de la vivienda de alquiler. De todas formas, sólo le voy a desgranar algunas líneas en las que estamos trabajando.


Primero, por hacer referencia a lo que usted ha planteado, en la bolsa de suelo público de las administraciones, en estos últimos ocho años de Gobierno, ustedes no han hecho nada de nada. Se lo digo con el máximo de los respetos. Preferían seguir comprando armamento, meternos en conflictos armados ilegales (Rumores.-Aplausos.) en contra de la opinión pública, en lugar de dedicar esos esfuerzos presupuestarios a necesidades y a prioridades sociales como la vivienda.


En segundo lugar, también estamos trabajando -y ustedes lo saben porque han dado una rueda de prensa hoy- en la modificación del Real Decreto 1/2002, con el objeto de estimular la promoción de viviendas protegidas en propiedad e incentivar el mercado del alquiler, a diferencia de ustedes, que han trabajado ocho años para suprimir la vivienda protegida y para crear, según el señor Rajoy, otra categoría que ya está creada afortunadamente.


En tercer lugar, estamos trabajando también en evitar la especulación del suelo, otro problema originado durante el Gobierno del Partido Popular.
El Ministerio de Vivienda, en el marco de la Ley del suelo y valoraciones, arbitrará medidas contra la retención especulativa de suelos que impida su función social de urbanización y edificación, con el objetivo de favorecer su efectiva transformación y puesta en el mercado inmobiliario. Me reconocerá que en el tema de la especulación del suelo ustedes no han andado nada finos, es más, han vuelto a llevar a cabo esa política de dejación que tan mal resultado ha dado a los intereses generales de los ciudadanos españoles.


En cuarto lugar, estamos trabajando también en el fomento del alquiler para dar mayores garantías al sistema y para articular mecanismos más eficaces. Este tema a SS.SS. no les suena demasiado bien, por el empeño que tiene el Partido Popular de despreciar el alquiler. Ya sabemos que para ustedes la propiedad es sin duda alguna una veleidad de la estructura burguesa en la que están instalados, sobre todo después de conocer la afirmación de su compañera del Partido Popular, la señora Aguirre, en un medio de comunicación la

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semana pasada, señalando que los jóvenes son los primeros que quieren comprar porque les es más cómodo vivir a costa de los padres. (Aplausos.) Ese es el concepto de jóvenes que tiene el Partido Popular. También estamos trabajando en el próximo plan de vivienda 2005-2008. Estamos diseñando con las administraciones públicas y con todos los sectores implicados, como no podía ser de otra forma, un nuevo plan de vivienda que va a ser fruto de la concertación y reflejo de una nueva visión política en materia de vivienda y suelo.


También me gustaría decirle, señoría, varias cosas referentes a lo que estamos haciendo y que clarifican las políticas de vivienda de este Gobierno socialista. Primero, por primera vez en mucho tiempo, en ocho años, y tras un mutismo deliberado, en este país se ha abierto un debate sobre vivienda para solucionar un problema originado por ustedes. Ha pasado aquella época muy desafortunada, muy triste, en la que no se hablaba casi nada de vivienda y, lo poco que se hablaba, se reducía a unas doctrinas asentadas ya en el derecho urbanístico español, que son la doctrina Cascos, la doctrina Rato, la doctrina Trillo y la doctrina Rajoy. (Aplausos.) Por no hablarles de la doctrina Aznar, según la cual la bonanza del sistema económico procedía de la confianza que los ciudadanos tenían en él. Con toda seguridad, esos ciudadanos no eran los que carecían de vivienda cuando gobernaban ustedes; esos ciudadanos eran y son los que les han quitado a ustedes la confianza.


En segundo lugar, tengo que recordarles algunas cifras que no está mal que se las recordemos de vez en cuando, algunas cifras (no quiero sonrojarles en exceso) provocadas por la gestión del Gobierno del Partido Popular durante estos años al frente de la vivienda. En los últimos ocho años, el precio de la vivienda ha subido más de un cien por cien. Hoy, el metro cuadrado construido vale de media en España unos 1.500 euros, y en algunos sitios como Madrid y en algunas zonas, casi 4.000 euros, es decir, muy alejado de lo que valía hace ocho años, en 1996, cuando gobernaba el Partido Socialista y cuando las familias tenían vivienda.
Tan sólo hace ocho años, en 1996, el esfuerzo para acceder a una vivienda de 90 metros, con un préstamo a 12 ó 15 años, era menos del 30 por ciento de la renta familiar; hoy, las familias necesitan dedicar mucho más del 50 por ciento de su renta para acceder a una vivienda, gracias a su gestión. Ha descendido, gracias a su gestión, la vivienda en alquiler.
Gracias a su gestión, el número de viviendas protegidas ha descendido considerablemente en un porcentaje muy elevado. Es decir, el balance del Gobierno del Partido Popular no puede ser más desolador, señorías. Miles de familias en España se han quedado sin vivienda. El PP no tenía políticas de viviendas. Pero además de decirles esto, necesariamente tengo que negar la mayor; que exista imprevisión y falta de coherencia, que exista ineficacia e incapacidad. Incapacidad e ineficacia la del Partido Popular: ocho años gobernando y un balance desolador. Imprevisión e incoherencia la del Partido Popular: ocho años parcheando y un balance desolador.


Este Gobierno, necesariamente, no puede compartir, teniendo en cuenta el estado tan lamentable en el que han dejado a miles de familias españolas, esa ligera apreciación que hace S.S. en su interpelación de que la imprevisión y falta de coherencia del Gobierno está generando en la opinión pública y en los agentes del sector una más que comprensible desazón. Desazón, qué palabra tan curiosa. Desazón ni para la opinión pública, ni para los agentes del sector, ni para los ciudadanos, ni para los agentes públicos y privados. Todos estaban pidiendo, y lo han votado, que otros, un Gobierno socialista, se hicieran cargo de las políticas de vivienda. Quizá a quienes S.S. quiere defender aquí, arropándolo con una supuesta desazón de los ciudadanos, es a quienes se han estado aprovechando del suelo y especulando, a quienes han estado especulando con la vivienda y a quienes, mediante su inacción, han permitido que en los últimos años esto fuera un paraíso para quienes se han aprovechado de la situación a costa de los jóvenes y de las familias con rentas más bajas. (Aplausos.-Rumores.)

Señoría, en quienes tenemos que pensar, sobre todo ustedes -no les vendría mal, créanme-, es en los ciudadanos, en el interés general, y es ahí donde el Grupo Parlamentario Popular no quiere llegar. Ustedes han provocado en los ciudadanos inseguridad e incertidumbre; nosotros, confianza y seguridad; confianza y seguridad para los ciudadanos y para el interés general. No gestionamos contra nadie sino a favor de los ciudadanos, y el sector privado se está pronunciando a favor de las políticas de vivienda del Gobierno socialista. Por ponerles sólo un ejemplo a ustedes, que hablan de la desazón del sector privado, un representante del sector al que ustedes apelan, en una entrevista reciente a un medio de comunicación, ha mostrado su inquietud por la situación generada por el Gobierno del Partido Popular y solicita del Gobierno socialista que acabe con la situación anterior respecto a las viviendas protegidas. Así pues, la desazón del sector es por lo no hecho por ustedes o por lo provocado por el Gobierno de su partido. Ustedes no sólo no han proporcionado viviendas protegidas sino que se han centrado en las viviendas libres, agravando los problemas de acceso a la vivienda de los grupos de población con niveles medios y bajos de ingresos y de los jóvenes, pero también de otros colectivos. Todos tienen derecho a una vivienda, pero sobre todo los que todavía no la tienen por ustedes, y son muchos colectivos, créanme. Para ustedes la vivienda es una mercancía más dentro de un contexto de mercado, obviando el mandato constitucional y la responsabilidad que los poderes públicos tenemos en esta materia.
Sencillamente, para ustedes la vivienda es para quien se la pueda pagar y nosotros estamos trabajando para hacer una política efectiva de vivienda, que

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es una política prioritaria y que además para este Gobierno es una política de Estado. Tenemos un compromiso con los ciudadanos para hacer realidad ese derecho y además desde la decidida voluntad de diálogo y concertación con las administraciones y con todos los agentes, una cosa que ustedes no hacían nunca, sólo hablaban con algunos. El trabajo y el consenso en el marco de la conferencia sectorial de vivienda será una realidad, una conferencia en la que ustedes en los dos últimos años ni siquiera convocaron a las comunidades autónomas ni hablaron con ellas.
Espero que en el marco de ese diálogo y concertación tengamos una colaboración leal y sincera de ustedes que han originado este problema en España y que todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, respondan al interés mutuo, como así me han hecho llegar, salvo que ustedes se lo impidan, una vez más, como en sanidad, para mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos, y todo ello en el marco de una reflexión serena, con todos los interesados, desde el Gobierno, dentro y fuera, con las comunidades, con la Administración local, con los promotores, con los constructores, con los usuarios; en definitiva, pensando en una política integral de vivienda y no en los parches ocasionados por el Partido Popular.


Ustedes ahora quieren correr y nos interpelan y nos requieren urgentemente que solucionemos el problema de la vivienda, sin ni siquiera permitir que llevemos a cabo un mínimo calendario de actuación, en aras de ese consenso que este ministerio quiere promover y está promoviendo además, porque desde el primer momento se ha hablado con los consejeros de las comunidades autónomas, con todo el sector, para solucionar ese problema.
Así que no pretendan confundir a la opinión pública, porque además le digo una cosa: a los que corren en un laberinto, en el que han caído ustedes en la oposición porque aún no lo han asumido, su misma velocidad les está confundiendo y ahora pretenden hacernos creer que son provivienda protegida cuando realmente lo que piensan es que la vivienda, quien la quiera, que se la pague.


Gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Para ejercer su turno de réplica, tiene de nuevo la palabra el señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, usted no cambia y de verdad le voy a confesar una cosa: el resto de los portavoces de mi grupo parlamentario me tienen envidia por tener a una ministra como usted.
Usted se está convirtiendo en una auténtico chollo para el Partido Popular. (Aplausos.)

Mire, la que no se ha dado cuenta dónde está es usted, que sigue dando mensajes como si fuera de la oposición porque no se ha dado cuenta que usted está en el Gobierno. Es usted la que no se ha enterado dónde está, por eso sube a esta tribuna como si fuera oposición para hablar de los planes de vivienda anteriores y seguir provocando, porque no es la primera vez que lo hace. Efectivamente, no es la primera vez que usted me habla de las viviendas que se podían hacer con los gastos en los conflictos armados. Eso me lo sacó en la Comisión de Vivienda y le dije que a ese número de viviendas le sumara usted lo que había faltado de la caja de los huérfanos de la Guardia Civil, de la caja de los fondos reservados o del agujero de la Seguridad Social. (Aplausos.)

En la última comparecencia también me dijo que teníamos el concepto...(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, contengan sus pasiones esta tarde, de manera que podamos continuar con el Pleno.
Señorías de uno y otro lado del hemiciclo, por favor, guarden silencio.


Adelante, señor Matos. (Continúan los rumores.) ¿Les parece que ya es suficiente?

Adelante, señor Matos.


El señor MATOS MASCAREÑO: Señora ministra, en su comparecencia me dijo que nosotros teníamos el concepto de vivienda como mercancía y me obligó a recordarle que ustedes tienen el concepto de la vivienda como un negocio, acuérdese de lo que pasó con la PSV, que ya se lo dije yo en su día.


Si quiere hablamos de lo que se ha hecho en el Partido Popular, porque usted sigue dando unos datos absolutamente falsos. Ustedes hicieron una media anual de 52.847 viviendas protegidas y nosotros de 56.000; en viviendas libres, ustedes hicieron 190.000 y nosotros 414.000, entre otras cosas porque la economía española marchaba como marchaba. En el periodo que ustedes gobernaron subió el precio de la vivienda un 174 por ciento, en el nuestro, en los ocho años, un 111 por ciento. Por tanto, usted no le va a dar lecciones al Partido Popular de lo que es una mejoría económica, y además menos usted, porque usted ha sido consejera de un gobierno autónomo y por tanto con competencias, ahora no que no tiene competencia ninguna. Resulta que los pisos en venta en Extremadura subieron un 22 por ciento con usted de consejera y además se convirtió en la comunidad donde más subió el alquiler en el pasado mes de abril, que aumentó un 1,2 por ciento con respecto al mes anterior. (Rumores.) Sí, el 1,2 por ciento con respecto al mes anterior, el más alto de toda España.
Por tanto, si eso ocurría en una comunidad autónoma gobernada por usted con competencias, ahora sin competencias no sé lo que va usted a hacer.
Estamos en estos momentos en un paro del 12 por ciento, pero a ustedes parece que lo que les gusta es el paro del 24 por ciento, los tipos de interés del 11 por ciento y la inflación por encima del 5 por ciento, con un déficit del 6 por ciento y a los ciudadanos ahogados por sus impuestos.


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Eso, casi todo eso forma lo que ustedes llamaron el Estado del bienestar.
Le falta un dato: que 23 de cada cien españoles consideraban que la corrupción era el principal problema de España.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.-La señora Mendizábal Gorostiaga: Le falta el despilfarro.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Matos.


Finalmente, para su último turno de réplica, tiene de nuevo la palabra la señora ministra de Vivienda y sólo la ministra de Vivienda.


La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.


Me critica que recurro al Gobierno del Partido Popular y para hablar de su dejación en materia de vivienda no tiene otro argumento que recurrir al Gobierno de la Junta de Extremadura, por algo será. Usted sabe qué posición tiene en el ranking de vivienda la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por mencionarle algunas de las cuestiones que usted ha barajado a lo largo de su interpelación y no hacer un discurso localista, que creo que es improcedente, ha hablado de un retraso en la presentación del plan de choque. Aquí quien únicamente se ha retrasado y se sigue retrasando es el Partido Popular, y además no por un descuido ni por un error, como están diciendo que les ha pasado respecto a otras cuestiones.
¿Qué me dice usted de los ocho años en los que ustedes han retrasado una política eficaz de vivienda que al día de hoy han convertido en la tercera preocupación de los ciudadanos de nuestro país? No pretendan, señorías, engañar a nadie, porque los ciudadanos ya lo han dicho, sencillamente han dejado de confiar en ustedes porque no sólo no han sido capaces de solucionar, entre otros, un problema, sino que lo han originado y lo han agravado a lo largo de esos ocho años. Ustedes han provocado un problema y hoy vienen aquí, al Congreso de los Diputados, que representa, entre otros, a los miles de ciudadanos que ustedes han dejado sin vivienda, a reprocharnos un incumplimiento temporal, que no es el caso, a un Gobierno que lleva escasamente tres meses gobernando. ¿Pero cómo pretenden que los ciudadanos se crean que ustedes van a defender una cosa por la que no han hecho nada en los ocho años de Gobierno del Partido Popular? ¿Pero cómo les van hacer caso los ciudadanos a los que han expulsado del mercado de la vivienda? ¿Pero en vivienda quiénes les van a creer a ustedes? Ustedes no sólo no han proporcionado vivienda protegida, sino que sólo se han centrado en las viviendas libres, agravando los problemas de acceso a la vivienda a los grupos de población con niveles más bajos de renta, a los jóvenes, a otros colectivos, y todos tienen derecho a una vivienda, pero sobre todo, como he dicho antes, los que todavía no la tienen.


A tenor de los datos que ha mencionado usted y que yo le he dado antes (porque las cifras sí las tengo yo en el Ministerio de Fomento, lo que pasa es que desde 1996 no se ha publicado nada, había un apagón estadístico), digo que, a tenor de los datos que he mencionado, con todo respeto y guardando la cortesía parlamentaria, he de decirle que el Partido Popular no tiene credibilidad para liderar ninguna apuesta ni ninguna defensa en materia de vivienda. Aún más, sus actuaciones son claras: utilizan la vivienda como arma arrojadiza contra un Gobierno que está dispuesto a hacer una política social, algo que ustedes desconocen porque no creen en el valor de la política como satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos. Me permitirá S.S. que apele a lo que decía Einstein cuando indicaba que no podían resolver los problemas aquellos que los habían generado. Se lo digo con la mayor de las cortesías, pero convencida y además avalada por lo que piensan casi 11 millones de españoles.


Como podrá observar S.S., este Gobierno tiene claro sus objetivos y tiene claro su programa de actuación. Nosotros no hacemos demagogia y no mostramos un interés inusitado acerca de la vivienda porque hoy toque desgastar al Gobierno con la vivienda. Esto es algo más serio, señoría, ustedes lo saben bien. Siempre están deseando lo peor. (Aplausos.) Señorías, yo creo que esta estrategia del Partido Popular no es buena porque no se debe hacer instrumentalización política de una necesidad social que requiere del esfuerzo y del interés de la acción política de todos los partidos políticos de este país. Requiere especialmente la colaboración de los partidos políticos que han fracasado estrepitosamente en materia de vivienda. Así que, no confundan, no pretendan hacer demagogia a cargo de la vivienda, pues la vivienda ha sido su máxima carga, por la que están suspensos, cuando los ciudadanos de este país decidieron retirarles su confianza.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE EL PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE EMISIONES DE CO2. (Número de expediente 172/000028.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señorías, continuamos con la interpelación urgente dirigida, en este caso, al ministro de Industria, Turismo y Comercio. Interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el plan nacional de asignación de emisiones de CO2.


Tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


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Bona tarda, señor Montilla. La verdad es que se me hace raro dirigirme en castellano a usted. Más allá de las exigencias del Reglamento, entre catalanes sería un placer poder hacer esta discusión en catalán.


El motivo de la interpelación es que creemos que el Plan nacional de asignaciones es algo serio y que preocupa al conjunto de la Cámara. De hecho, el 25 de octubre de 2003, cuando entraba en vigor la Directiva de la Unión Europea que establecía el sistema europeo de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero, se fijaba el límite para aprobar el Plan nacional de asignaciones, un límite marcado el 31 de marzo de 2004. Lo que nos dejó el Gobierno anterior no fue ni tan siquiera un mero borrador. En este contexto el Gobierno español debía dar respuesta a una tensión extraordinaria: la necesidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, limitado a un crecimiento de un 15 por ciento para el año 2012, y la realidad de que hoy superamos este crecimiento en más de un 40 por ciento. El marco es una realidad como la española, donde la intensidad energética viene aumentando año tras año: un 5 por ciento en la última década, mientras que en la Unión Europea se ha reducido un 9,6 por ciento. El contexto es una Unión Europea que reduce la intensidad energética en un 1 por ciento. El modelo es claramente insostenible; insostenible en lo social, porque es un modelo de crecimiento basado en el endeudamiento de las familias, e insostenible en lo ecológico. Por cada punto de crecimiento del PIB, la demanda energética ha subido el doble. En este marco hay unas posibilidades enormes de aumentar eficiencia prestando los mismos servicios energéticos con mucho menor consumo. De hecho, en España la eficiencia en nuestros hogares -lo explicaba la señora Narbona este mediodía en un foro- es la mitad de la eficiencia energética que existe en Alemania. ¿El reto? El reto está claro: empezar a hacer un crecimiento poniendo el énfasis en el ahorro, en la eficiencia y en una apuesta clara por las energías renovables. Para afrontar el reto tenemos diversos instrumentos. Uno de ellos debe ser el Plan nacional de asignaciones, pero a este plan le deben seguir otros instrumentos, como, por ejemplo, un plan de fomento de las energías renovables que sea más ambicioso. El plan actual, un 12 por ciento de las energías renovables para el año 2010, se está cumpliendo de forma más bien escasa. Desde el año 1998 hasta hoy se ha aumentado tan sólo un punto, del 6,3 al 7,27. De hecho, lo que hemos hecho ha sido asumir el 17 por ciento de lo que tenemos previsto asumir para el año 2010. La petición es un plan de fomento de las energías renovables más ambicioso, tal y como planteaban los verdes europeos, con un 25 por ciento de las energías renovables para el año 2020. Otro instrumento sería una estrategia de ahorro y eficiencia energética, donde se produjeran avances que no se han producido hasta ahora. Se trata de un marco de oportunidad, sin duda, que debe basarse en un plan nacional de asignaciones, que es un paso adelante, pero que, a nuestro entender, tendría que ir más allá.


¿Qué es lo positivo del plan nacional de asignaciones? Por primera vez, se plantea una ruptura con la dinámica imparable del crecimiento de los gases de efecto invernadero. Es especialmente positivo por el contexto, un contexto de crecimiento disparado de los gases de efecto invernadero de un 40 por ciento, como antes mencionaba. De hecho, el borrador, que es globalmente positivo, se ubica en el realismo, pero adolece de ser poco ambicioso. El Plan nacional de asignaciones significa un cambio de tendencia, pero no llega a ser, lamentablemente, un punto de inflexión.
De aquí el motivo de la interpelación. Queremos discutirlo en el Congreso, queremos dotarlo de mayor ambición y queremos matizar y mejorar el plan antes de su entrega a finales de julio. ¿Lo positivo? Plantean por primera vez cumplir el protocolo de Kioto. Se niegan a hacer el pull del sector eléctrico. No se permite el arrastre, imposibilitando que se transfieran los derechos de emisión no usados de un período a otro. Se reparten equitativamente los derechos de emisión, sin cargar injustamente al conjunto de la sociedad con las emisiones producidas por la industria.
Por tanto, cada sector tendrá que contribuir en proporción a lo que emite. Pero, ¿cuáles son los elementos a mejorar? Los elementos a mejorar tienen que ser, en primer lugar, los tiempos, que han de ser más realistas. El plan plantea un 0,4 de disminución del primer tramo y, respecto al segundo tramo, una disminución de un 24 por ciento. Íbamos con la quinta apuesta, consumiendo más que nunca, y ustedes lo que hacen es cambiar de marcha. Está bien, pero la frenada tiene que ser antes porque, si no es antes, seguramente, nos pasaremos de largo y no cumpliremos con los objetivos.


El segundo elemento a mejorar es el exceso en los derechos de emisión, donde muchos de los sectores cumplen con las expectativas previstas. Ello puede acabar suponiendo que la misma comisión haga que se abrochen el cinturón, porque el plan, en algunos casos, no llega ni tan sólo a apretar. Nosotros estamos de acuerdo en que se apriete, pero que no se ahogue, aunque creemos que en algunos casos se debería apretar un poco más. Y pongo el énfasis en dos ejemplos, el primero de ellos, el sector eléctrico. En el sector eléctrico la propuesta del Gobierno se acerca mucho más a la propuesta de Endesa, en un 91 por ciento, que a la propuesta de Iberdrola. El sector se podía haber permitido, precisamente, emisiones de muchas menos toneladas. El segundo ejemplo, el sector cementero, un sector cementero donde la propuesta del Gobierno se acerca mucho a la propuesta del sector. España es el segundo productor mundial del sector cementero, después de China. Lo que hay que hacer aquí es revisar lo que se está produciendo en cemento y conseguir disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El tercer elemento a revisar sería el que las nuevas empresas deberían

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comprar las emisiones en pública subasta -de hecho, lo hacen en Irlanda o en Dinamarca- o bien, que estos nuevos sectores que se incorporan compraran, como mínimo, el 50 por ciento. En cambio, el fondo de reserva para nuevos sectores puede acabar siendo el cajón de sastre para nuevas empresas, nada eficientes desde el punto de vista energético. Cuarto elemento a revisar, los mecanismos de flexibilidad, ya que deben garantizar la integridad ambiental; deben garantizar la reducción real de emisiones y no debe ser una forma para escapar del cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto. Su exceso podría desincentivar las acciones de reducción de emisiones. Para centrarlo más y por la premura del tiempo le pongo un ejemplo: los mecanismos de desarrollo limpio.
Debemos evitar que los mecanismos de desarrollo limpio se conviertan en un potencial mercado de emisiones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, eso sí, sin ningún control efectivo sobre si hay aumento o no de los gases de efecto invernadero en los países del sur.
Por tanto, nuestra propuesta es que el Gobierno acote muy bien los mecanismos de flexibilidad, los mecanismos de desarrollo limpio a proyectos de pequeña escala, locales, y que siempre estén basados en energías renovables. Si no, podría ocurrirnos que proyectos, como los que en su día, intentó llevar hacia delante Endesa en zonas como Chile, nada sostenibles y sólo afectando a derechos fundamentales, fuesen vendidos como mecanismos de desarrollo limpio. Aquí le hacemos una propuesta.
Sería bueno que estos proyectos viniesen avalados por informes de un comité de garantía de sostenibilidad y de respeto a los derechos humanos donde se diese participación a entidades ecologistas, a representantes del Gobierno y a representantes del sector.


Quinto elemento a mejorar: los sumideros. Los sumideros, especialmente cuando se hacen en países del sur, tienen el problema de que no hay monitorización alguna. Nosotros le aconsejamos acotar los sumideros al territorio del Estado español, porque muchos movimientos ecologistas, muchos científicos lo que dicen, lo que avisan es que el exceso de sumideros en el sur puede suponer que se cree un sumidero y se sustituya por la destrucción de superficie boscosa al lado. Por tanto, tenemos que acotar muy bien los sumideros, no permitiendo que esta válvula de escape sea hacernos trampas al solitario y conseguir que haya una disminución de gases de efecto invernadero a cambio de que haya un aumento de la destrucción de superficie boscosa.


Sexto elemento. Más allá del Plan nacional de asignaciones, que vemos que afecta sobre todo a seis sectores económicos responsables del 40,5 por ciento de las emisiones, debemos aceptar el 60 por ciento restante. Lo cierto es que el plan nacional lo menciona, lo dice, hace una buena declaración de intenciones, pero aquí deberíamos afrontar el modelo urbano y la discusión sobre el mismo. El modelo de ciudad difusa y segregada, la ocupación extensiva de los corredores metropolitanos, la asunción del coche como medio de transporte universal son factores que no permiten cumplir el Protocolo de Kioto y que hacen que las perspectivas del Gobierno sean difíciles de asumir. Nuestra propuesta: más ferrocarril y fiscalidad ecológica que internalice los costes. Le pongo un ejemplo que seguramente el señor Montilla lo conoce. El estudio sobre el coste social y ambiental del transporte en Cataluña preparado por el departamento de política territorial y obras públicas de la Generalitat indica que este sector externaliza, no repercute su precio, 4.774 millones de euros, de los cuales 1.158 corresponden al cambio climático.
Lo tenemos que internalizar con esta fiscalidad ecológica también en el transporte.


Por último, la nueva cultura de la energía; una nueva cultura de la energía que debe darse al albur del cumplimiento del Protocolo de Kioto.
Hemos sido capaces de generar la nueva cultura del agua a partir de las movilizaciones. Debemos ser, desde el Gobierno español, desde la mayoría que existe en el Parlamento, capaces de generar una nueva cultura de la energía con calendario y con compromiso. ¿Para ello qué necesitamos? Internalizar costes energéticos que hoy se externalizan, y eso significa también la fiscalidad ecológica en el uso de la energía; necesitamos la revisión y la implementación presupuestaria del Plan de fomento de las energías renovables, como le planteaba al principio; la revisión y la dotación económica de la estrategia de eficiencia y ahorro energético en España, tal y como hemos planteado nosotros o tal y como planteaba el programa del Partido Socialista y una estrategia contra el cambio climático, con medidas concretas, fechas y programas de financiación para alcanzar niveles de reducción de emisiones. Se trataría, en definitiva, del impulso de fiscalidad ecológica sobre combustibles y energías; un cambio en la Ley del Suelo -este debe ser un compromiso asociado al cumplimiento de Kioto porque el modelo territorial tiene mucho que ver con las emisiones que se generan no sólo por el uso de cemento, sino por el exceso en el uso del transporte privado-; una ley de bases sobre movilidad sostenible que permita hacer frente al desarrollo de Kioto; el impulso de un pacto con la Federación Española de Municipios para que se aplique el modelo de ordenanzas solares del Ayuntamiento de Barcelona, que en cuatro años ha multiplicado por diez la superficie de placas de energía solar térmica, una cifra extraordinaria; y la transposición de la Directiva 2002/91, relativa a la eficiencia energética en los edificios.
Además planteamos -con esto acabo, señora presidenta- transparencia y seguimiento. Debemos dar publicidad, y debe ser una publicidad trimestral, por cada sector sobre las cien empresas que emiten más gases de efecto invernadero; debemos saber su evolución y esta información debería darse en sede parlamentaria, así como en el Consejo

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del Clima, con una revitalización del Consejo. Se trata, por tanto, a partir del marco del Plan nacional de asignaciones de conseguir retos que vayan un poco más allá, que sean un poco más exigentes, que tengan un planteamiento más global, que afecten a una fiscalidad distinta que internalice los costes ecológicos. Se trata, en definitiva, de asumir el plan y cambiar los tiempos. Se trata, desde nuestro punto de vista, de no ahogar, pero sí de apretar el cinturón.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Para contestar a la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Comercio y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señorías, señor Herrera, como usted ha mencionado, los países firmantes del Protocolo de Kioto se comprometieron a reducir o limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012.
En particular, la Unión Europea, entonces con 15 países miembros, se comprometió a una reducción global del 8 por ciento y acordó en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de marzo de 1998 el reparto comunitario por países de las cuotas de reducción, permitiendo a España un incremento del 15 por ciento de las emisiones sobre el año base de 1990. El Congreso de los Diputados en su momento ratificó por unanimidad el Protocolo de Kioto, y el Gobierno como SS.SS. saben ha asumido plenamente este compromiso y ha comenzado a trabajar para lograr cumplirlo. No obstante, debido al desarrollo económico y a la insuficiencia de las medidas de mitigación acometidas hasta el presente, las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país se encuentran en una senda de rápido aumento, esa es la realidad, que compromete gravemente las posibilidades de cumplir con nuestro compromiso. En concreto, me refiero al último inventario publicado, que es el del 2002, según el cual el aumento de las emisiones ya superaba el 39 por ciento. Así pues, el trabajo que queda por delante no es una tarea fácil.


La acción del Gobierno para el cumplimiento del Protocolo de Kioto se está basando en varias premisas. En primer lugar, cumplir con Kioto supone una apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables, como muy bien señalaba el señor Herrera. Así lo manifestó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura y así lo asumimos el conjunto de los ministerios con competencias en esta materia. Por eso, en concreto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio estamos trabajando en la revisión de la E4, la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, y en el Plan de fomento de las energías renovables. En segundo lugar, la eficiencia energética es además un bien económico y medioambiental, por una parte, porque implica una racionalización en el consumo de combustibles, que en su mayor parte proceden del exterior, por lo tanto, también ahorrar energía supone mejorar nuestra balanza comercial; por otra parte, porque limitar la combustión no sólo reduce las emisiones de CO2, sino también otras emisiones atmosféricas contaminantes, como S.S. conoce. La tercera premisa en que el Gobierno basa su actuación es que cumplir con Kioto es una tarea de las administraciones, de las empresas y del conjunto de la ciudadanía. Es evidente que el Gobierno tiene su responsabilidad en el ahorro energético pero éste no exige sólo la mejora de los procesos productivos de las empresas sino también la evolución de los hábitos de vida y consumo de las personas. Me refiero, señorías, a la necesidad de avanzar en la educación energética. Precisamente esta tarde en el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético hemos presentado un producto multimedia, destinado en este caso a las comunidades autónomas, para distribuir en los centros educativos, que tiene que ver con la educación en materia energética para fomentar el conocimiento y el ahorro energético. En cuarto lugar, un elemento clave para cumplir nuestros compromisos es la cooperación institucional ya que muchas de las políticas decisivas para el comportamiento energético de España son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, por ejemplo, los temas que tienen que ver no sólo con los sectores directamente afectados por la directiva, sino con los llamados sectores difusos como son en este caso los que tienen que ver con el transporte, con la movilidad urbana, con las ordenanzas de edificación y otras. La quinta premisa se refiere precisamente a estas emisiones difusas cuya gestión no puede realizarse poco a poco sino con instrumentos de carácter global. El Gobierno, señorías, exigirá de las empresas industriales el esfuerzo correspondiente de limitación de sus emisiones, pero asume que no es la industria quien debe hacer frente al exceso de emisiones difusas, sí evidentemente a las emisiones que están recogidas o que tienen que ver con los sectores afectados por la directiva. El esfuerzo del cumplimiento debe basarse en su conjunto en el principio de que quien contamina paga, y el Gobierno debe poner los medios para que dicho principio se pueda aplicar de forma equitativa. En sexto lugar, señorías, el Gobierno entiende que la directiva de comercio de emisiones de CO2 puede ser un instrumento útil para España ya que es un medio para preparar con anticipación y proporcionar flexibilidad a las empresas cara al cumplimiento de los compromisos derivados del Protocolo de Kioto. En séptimo lugar, el Gobierno entiende que los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto, que son, como S.S. citaba, entre otros el comercio internacional de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y la aplicación conjunta, son de importancia estratégica para España. Estos mecanismos permitirán a los Estados con compromiso de limitación de emisiones cumplir parte de los mismos mediante reducción de emisiones producidas en terceros países y sin duda España

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podrá recurrir a dichos mecanismos para el cumplimiento de su compromiso.


Basándose en estas premisas, el Grupo Interministerial de Cambio Climático, que como usted sabe se constituyó por acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha presentado los criterios para la elaboración del Plan nacional de derechos de emisión de CO2, plan que debe constituir un paso significativo hacia el cumplimiento del compromiso, pero preservando también la competitividad y el empleo de nuestra economía. Esto significa identificar las oportunidades más eficientes de reducción en la industria, iniciar una materialización o un esfuerzo que se intensificará, como también ha puesto de manifiesto S.S., de manera especial en el periodo 2008-2012. En este sentido el diálogo con los sectores afectados por la directiva está siendo esencial para elaborar un plan equilibrado, que tenga el menor coste posible para el conjunto del sistema productivo y que tenga igualmente en cuenta aspectos como el potencial tecnológico de reducción y el coste asociado a ese potencial así como la internacionalización de los sectores afectados por la directiva. Por otra parte, el cumplimiento del protoco de los objetivos y del Plan nacional de asignación debe minimizar los efectos sociales potencialmente adversos y en particular, señoría, aquellos que se refieren a la posibilidad de destrucción de empleo, los que tienen que ver con el empleo. Para analizar dichos efectos con los interlocutores activaremos los mecanismos de diálogo necesarios con los sectores afectados y con los agentes sociales como ya hemos hecho. Su señoría conoce perfectamente los criterios para la elaboración del plan, por tanto no es necesario detallarlos en este momento. Para finalizar, quiero mencionar como usted me plantea en la interpelación una aproximación al calendario de aplicación. Evidentemente la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2003/87 de la Comisión Europea requiere la rápida adopción de medidas legislativas; digo rápida porque como S.S. sabe vamos con cierto retraso ya que España las debía haber presentado ante la Comisión el Plan nacional de asignación de emisiones antes del 31 de marzo de este año, como S.S. ha puesto de manifiesto.
Ciertamente, el anterior Gobierno no cumplió esta obligación, no cumplió con este calendario. El actual Gobierno durante los dos últimos meses ha realizado el trabajo de presentar los criterios del Plan nacional de asignación de emisiones, y tras la actual fase de consultas e información que se está llevando a cabo con los sectores afectados cumpliremos con las nuevas exigencias de la Unión de presentar un texto definitivo en los próximos días. Este plan se aprobará mediante un decreto ley, cuyo contenido estará integrado en un proyecto de ley que regulará también el comercio de derechos de emisión y que remitiremos a las Cortes con antelación suficiente para que pueda entrar en vigor antes de primeros de 2005.


Señoría, para terminar permítame mostrar la satisfacción del Gobierno por la buena aceptación que en términos generales ha tenido el documento de criterios para la elaboración del Plan nacional de asignación de emisiones entre el conjunto de los agentes implicados y la ciudadanía.
Siendo conscientes de que no es ni bueno ni posible satisfacer al cien por cien a ninguna de las partes interesadas, la acogida que ha tenido este documento entre los sectores afectados ha sido, repito, en términos generales positiva. Igualmente ha ocurrido en el ámbito también del movimiento ecologista y de los propios consumidores. Este ha sido un primer avance, un primer acuerdo que estamos perfeccionando y que, como he mencionado anteriormente, dará lugar a un plan de asignación que esperamos aprobar en los próximos días para dar así cumplimiento, una vez más, a nuestros compromisos con la Unión Europea.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Para ejercer su réplica, tiene de nuevo la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señor ministro, usted hablaba del desarrollo económico. Lo cierto es que el desarrollo económico en el Estado español ha tenido una tendencia distinta al de otros países de nuestro contexto.
Mientras el desarrollo económico se daba en países de la Unión Europea sin este crecimiento extraordinario del consumo eléctrico, en España el desarrollo económico ha venido aparejado a un mayor crecimiento en el consumo de la electricidad. Por tanto, nuestro grupo les solicita que pongan énfasis en esta nueva cultura de la energía, al igual que la nueva cultura del agua, basada más en la gestión de la demanda que en la gestión de la oferta. Se lo digo porque en países como Alemania o Francia esta eficiencia energética está en las casas, en los hogares. Nosotros le hacíamos una propuesta concreta, la transposición de una directiva que garantice que esta eficiencia energética se dé en la nueva construcción.
De hecho le pedíamos decisión. No es lógico que en Alemania haya diez veces más energía solar que la que hay en España. Usted comentaba que eso afecta a los hábitos de vida, pero es que los hábitos de vida también los construyen las leyes. La Ley del Suelo, que hace suelo urbanizable, suelo residual, ha afectado enormemente al modelo de ciudades y de territorio que se ha implantado. Le hablaré de un tema que usted conoce perfectamente. La discusión que hay en el área de Barcelona en torno al cuarto cinturón afecta también a si hay un modelo sostenible o no. Si en El Vallés se hace un cuarto cinturón y lo que hace es multiplicar la capacidad de coches para transportarse, seguramente continuaremos aumentando las emisiones de CO2, especialmente en el sector del transporte, que es donde ha aumentado más; sin embargo, si se construye una alternativa de ferrocarril, precisamente el

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Gobierno lo que hará es contribuir también en la política de infraestructuras para cumplir con Kioto. Por tanto, nosotros le planteamos también modificaciones más allá de lo que propone el plan; modificación de la Ley del Suelo, esta ley de bases de la movilidad sostenible. ¿Qué le estamos planteando? Lo que le pedimos es un cambio más gradual. Por supuesto un cambio que pare, cambie la marcha y pasemos de subir a disminuir el 0,4 es algo positivo; por supuesto que los grupos ecologistas y los colectivos ciudadanos lo valoran positivamente.


Estamos saliendo del fuego, lo que tenemos que garantizar no caer en las brasas. Por tanto, le pedimos un cambio más gradual que no signifique un 0,4 de disminución en las emisiones en los primeros años y una bajada del 24 por ciento en los cuatro años siguientes. Lo que le planteamos es un plan más realista; si no es así, la Comisión puede tener la tentación de bajar las emisiones concedidas a determinados sectores. Le planteamos la reducción y control -en esto nos podremos poner de acuerdo- sobre los mecanismos de flexibilidad, especialmente de los mecanismos de desarrollo limpio. Por todos es conocido que los mecanismos de desarrollo limpio dan lugar al fraude en la emisión, a la trampa contable -desarrollamos una energía que no nos es rentable en un país del sur, pero no garantizamos que las emisiones de CO2 suban-. Independientemente de las peticiones de algunos sectores, le solicitamos mecanismos de control con participación social y ciudadana en torno a estos mecanismos de flexibilidad. Aparte pensamos en la fiscalidad ecológica. Nuestro grupo le plantea que se discuta, que empecemos a trabajar en torno a la fiscalidad ecológica tanto en el transporte como en la energía, porque es el mejor instrumento para conseguir esta nueva cultura de la energía basada en la gestión de la demanda.


Usted alegaba que el Gobierno tiene margen y nosotros estimamos positivamente el valor simbólico del Plan nacional de asignaciones y alguno de sus elementos, pero queremos entrar a discutir y poner mayor valentía en el Plan nacional de asignaciones. Se lo decimos como grupo que ha apoyado al Grupo Socialista, al Gobierno socialista en la investidura, por tanto, sabiendo que formamos parte de la mayoría que también decide en torno a cuáles son las políticas de las que tiene que tirar adelante el Gobierno, y porque este Plan nacional de asignaciones tiene margen para ser más ambicioso: no es difícil. Hay margen en el sector eléctrico, creemos que hay margen en el sector de las cementeras y también en el control sobre los mecanismos de flexibilidad. Por tanto, le planteamos que haya discusión con los grupos políticos, con mi grupo político, con el Grupo de Izquierda Verde, en este caso también con los componentes del Grupo de Izquierda Verde, con Izquierda Unida y con Iniciativa per Catalunya Verds para que realmente este plan tenga mayor ambición y, sobre todo, incorporemos estos elementos que mejoran en la trasparencia, en el control, en el rigor; en definitiva, que el Plan nacional de asignaciones sea un plan ejemplar y no sea un plan a la baja.
Si no, nos podríamos encontrar, si se plantea tal como lo define el Gobierno, con que cumplamos los primeros cuatro años, pero del año 2008 al año 2012 estemos en una situación en la que difícilmente se pueda cumplir con la disminución extraordinaria del 27 por ciento. Tiempos más acotados y simplemente un poquito más de ambición.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Herrera.


Finalmente, para su turno de réplica, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Señora presidenta, señorías, ciertamente el plan, como S.S. ha definido, es realista; es un plan que usted ha tachado de poco ambicioso. Yo le diría, señoría, que vamos a poner la ambición en los mecanismos para hacer posible su cumplimiento, para que los objetivos en él marcados se puedan cumplir. Hemos tenido poco tiempo. Como S.S. sabe, el Gobierno anterior no hizo los deberes, los hemos tenido que hacer deprisa. En este caso además de hacerlo deprisa hemos estado acuciados también por los requerimientos de la propia Comisión que, como S.S. sabe, ha abierto procedimiento. Hemos tratado durante todo el proceso de hablar con los sectores afectados. Señoría, detrás de cada decisión, de cada asignación que se hace no sólo hay empresas afectadas, sino personas afectadas, empleos afectados. Evidentemente, en el sector energético, como S.S.
dice, se podrían tomar otras opciones, pero depende de la opción que se tome también afecta al empleo de determinados sectores, y supongo que S.S. es perfectamente consciente. Se trata, por tanto, de conciliar el objetivo de cumplir razonablemente con los compromisos que hemos adquirido como país y de preservar un tejido productivo, de preservar el empleo, de preservar también la competitividad de nuestras empresas.
Estamos obligados a ello; si no, señoría, después hay que abordar algo que se llama deslocalización. Hemos de tener presente este riesgo, y para evitarlo hay que hacer un plan que sea realista, que yo creo que es ambicioso, y sobre todo vamos a poner los mecanismos en marcha para hacerlo posible.


Me alegro de coincidir con S.S. en lo que hace referencia a la nueva cultura de la energía que usted decía. Le comentaba precisamente que hoy hemos asistido a un acto que tiene que ver en este caso con la educación energética, que es fundamental para que cale esa nueva cultura de la energía, igual que yo creo que hoy está mucho más asimilada por el conjunto de la ciudadanía la nueva cultura del agua. Hay que pensar que la energía

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es un bien escaso y esa tarea ha de asumirla el conjunto de la sociedad.
En ese sentido, señoría, he hablado de dos revisiones que estamos en estos momentos estudiando, la revisión de la E4 y la revisión del Plan de energías renovables. Evidentemente en algunos de los subsectores hay recorrido, como S.S. ha dicho, no sólo en lo que hace referencia a la energía solar. Es un cierto contrasentido que un país con sol como el nuestro esté tan distante de países como Alemania que tiene menos. Si tenemos la materia prima, en principio tendríamos que tener unos objetivos más ambiciosos en lo que hace referencia a la energía solar.
También en energía eólica hay recorrido, y ciertamente habrá que revisar algunas de las previsiones del plan que no se cumplen como es la biomasa, que requerirá seguramente algunas modificaciones al respecto, para hacer que tengan más peso en el mix renovable del que tienen en estos momentos.


Señoría, compartiendo por supuesto su preocupación y una parte de las orientaciones que usted apuntaba, está claro que este Gobierno apuesta por el ferrocarril -la ministra de Fomento después hablará precisamente del ferrocarril en una interpelación-; ahora bien, los ritmos son los adecuados. Sobre todo, señoría, tenga la absoluta convicción de que por supuesto aceptamos el ofrecimiento que usted hace. Estamos dispuestos, por tanto, al diálogo, a recibir las aportaciones de su grupo. Tenga usted en cuenta que estamos en el inicio de una etapa que concluirá en su momento con la aprobación por esta Cámara de las disposiciones a las que antes he hecho referencia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE EL PROYECTO FERROVIARIO DENOMINADO "Y" VASCA. (Número de expediente 172/000030.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A continuación, señorías, entramos en la última interpelación urgente, no sólo de hoy, sino de este periodo de sesiones.


Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, sobre el proyecto ferroviario denominado Y vasca.


Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra el señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRA: Señora presidenta, señorías, ministra, vengo a hablarle y sobre todo a preguntarle cosas. Vengo a preguntarle sobre el futuro de la Y vasca. Vengo en busca de clarificación, de precisión, de concreciones. Vengo a preguntarle qué va a ser la Y vasca y qué va a ser de la Y vasca. Qué va a ser de ella y en qué plazos. Vengo también a preguntarle cómo va a avanzarse en esa dirección y qué pasos se propone dar. Vengo a preguntar a quien entiendo yo puede y debe responder, a quien es competente y al que está obligado consecuentemente. Vengo a preguntar no por capricho, no por retórica, no por una obligación más o menos formal de un diputado, sino por una gran necesidad. Es esta necesidad la que ha motivado esta interpelación: necesidad de este diputado, necesidad de mi grupo y necesidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos. Para empezar, voy a intentar razonar dicha necesidad en base a dos argumentos que se complementan. El primero no necesita de un gran desarrollo ni de una profundización. Esta infraestructura ferroviaria -lo he dicho en ocasiones anteriores- es esencial para el desarrollo económico y social del País Vasco, así como para la conexión del Estado español con Europa.


Me interesa más desarrollar el segundo argumento, que anuncio muy simplemente porque va siendo hora. Dieciséis años son demasiados años para seguir andando como si no pasara nada otros no sé cuántos más, y por eso voy a comenzar mi intervención recordando esa historia larga y enmarañada. El nacimiento de la Y vasca podemos situarlo allá por el año 1987, cuando el Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno vasco presentó lo que se denominó las bases del futuro plan ferroviario de Euskadi, donde ya empezó a perfilarse la Y vasca. Por cierto, estamos hablando del mismo año en que el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones del Gobierno de España dio a conocer el avance del Plan de Transporte Ferroviario. Ya entonces ocurrió que dicho plan no contemplaba ninguna mejora en el tramo Vitoria-Irún, limitándose sus inversiones a la mejora del acceso de Bilbao a la meseta.
Como es lógico, ambas administraciones mantuvieron conversaciones entre los últimos meses de 1988 y los primeros de 1989, siendo en parte el resultado de dichas conversaciones que previamente el Gobierno vasco y Renfe iniciaran conjuntamente en julio de 1988 un estudio de la red ferroviaria en el País Vasco.


Pues bien, mientras se estaba realizando este estudio y tras los contactos a los que he hecho referencia, en febrero de 1989 llegaban a un acuerdo el Gobierno vasco, la Administración central, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español. Le aconsejo, si no lo ha hecho, que lea usted la comparecencia de quien en aquel momento era el responsable en el Gobierno vasco de los transportes, una persona que pertenecía a su partido, el señor Antolín, quien compareció el 22 de febrero de 1989. Recojo sus textos, puesto que ese acuerdo que se produjo entre la Administración central y el Gobierno vasco, avalado por los dos partidos que gobernaban conjuntamente, decía -son palabras del señor Antolín- que la Y vasca era sin discusión el mejor trazado ferroviario de entre los estudiados hasta entonces para el norte de

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España. Decía también que ambas administraciones entendían que se podían iniciar inmediatamente los proyectos constructivos, de modo que avanzaba que la Y vasca podía estar en construcción a finales del año 1990 y que la obra podía estar finalizada en un plazo aproximado de siete años, esto es, en 1997. Asimismo -son palabras textuales-, se podía afirmar tajantemente que la relación Irún-París iba a ser la mejor relación de España con el centro europeo, de modo que esta se perfilaba como la línea fundamental de conexión del centro de España y de Portugal con el centro de Europa. Palabras textuales del señor Antolín, que también decía que el proyecto se iba a abordar de una sola vez, esto es, sin fraccionarlo en fases. El señor Antolín afirmaba que existía también un espíritu de colaboración financiera entre ambas administraciones, si bien no era posible en ese momento precisar ni la cuantía ni la fórmula para ello.
Estamos hablando del año 1989, insisto. No fueron acuerdos políticos que se formalizaron.


El lehendakari Ardanza, hombre prudente, ya dijo en aquel momento, el 2 de marzo: veré cumplidos los compromisos pendientes del acuerdo de coalición cuando aparezcan publicados en el BOE. No han aparecido. Usted puede imaginarse que aquellos acuerdos, que fueron acuerdos reales, generaron una esperanza y una enorme satisfacción en el País Vasco. No le estoy hablando de los dos partidos que los firmaron. Le hablo, por ejemplo, del representante, en aquellos momentos, del Grupo Mixto que después pasaría a ser del Partido Popular, el señor Barquero, que entre otras cosas afirmó: quiero mostrar nuestra satisfacción, porque al final parece que se puede resolver una cuestión, que pudo haberse convertido en una injusticia histórica, en un agravio contra el País Vasco, como es esta importante obra de infraestructura de conexión de la comunidad autónoma con el resto de España y con Europa. El señor Barquero, ni de mi partido ni de su partido, en su caso hoy del partido de la derecha.


Tras aquel ambiente de euforia y de esperanza, se dieron pasos, no los que anunció el señor Antolín, pero algunos pasos se dieron. Podríamos hablar de cómo en el momento en que la Comunidad Económica Europea establece la red básica de ferrocarriles de alta velocidad para toda la Comunidad Europea se incluye ya el eje Vitoria-Dax. Esto da lugar a que en diciembre de 1994 se aprueban 14 proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte entre los que evidentemente está Vitoria-Dax.
En marzo de 1994, el mismo año por cierto, se aprueba el Plan Director de Infraestructuras del Ministerio de Obras Públicas, su ministerio, para entendernos en estos términos, que incluía ya la Y vasca. En el año 1996 llega el Gobierno del Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Más de lo mismo.
En resumen, ha pasado que 16 años más tarde no hay ni una sola traviesa instalada. Ni una sola. Ni sabemos cuándo van a instalar la primera. A pesar de que hay planes de infraestructura, como el Plan 2000-2007. A pesar de que se han hecho enormes trabajos. A pesar de que el Gobierno vasco ha realizado estudios. A pesar de que dentro de la opinión pública vasca ha habido en numerosas ocasiones manifestaciones de organismos políticos, de organismos sociales, de organismos culturales, de organismos universitarios -por última vez, la semana pasada- que han reclamado la Y vasca. Han pasado también otras cosas. Por ejemplo, la cumbre hispano-portuguesa de Figueira da Foz en la que el Gobierno anterior resolvió con el Gobierno portugués que había que incluir el proyecto de iniciación rápida en los enlaces Lisboa-Madrid y Oporto-Vigo.
Mientras que usted recordará -no voy a extenderme más- lo que pasó en torno a la famosa lista rápida, la quick list, que a pesar de tratarse de un proyecto maduro con la división transfronteriza, con el impacto en el crecimiento y la innovación y con los efectos medioambientales positivos, que eran los criterios por los que se estaba en la quick list, esto no apareció. En resumen, hemos llegado, como le digo, a que 16 años después hemos hecho acuerdos, hemos intentando que esté en todas las listas, pero aunque ha estado en todas las listas, no tenemos una sola traviesa.


Señora ministra, ahora quiero formularle unas cuantas preguntas. Por un lado, si dispone usted de explicaciones razonables sobre lo ocurrido hasta ahora y, en su caso, cuáles son, porque yo no las poseo. El tiempo no pasa en vano y como es fácil adivinar, de no disponer de estas explicaciones las desconfianzas alcanzan unos grados que usted se puede imaginar. No voy a traer aquí expresiones, que usted puede leer, dichas en el Parlamento vasco por distintas fuerzas políticas hablando de la denuncia, de la desidia, del abandono, etcétera. No voy a hablar de eso.
En primer lugar, si tiene alguna explicación para lo que ha ocurrido. En segundo lugar, estamos necesitados de que usted ponga encima de la mesa, con todo el lujo de detalles, las informaciones que se refieren al momento presente de la Y vasca. ¿Dónde estamos? Es la única forma para empezar a deshacer toda la confusión que se ha generado en estos pasados 16 años. ¿Dispone usted de proyectos constructivos? ¿Sobre cuántos tramos? ¿Qué proyectos tiene el ministerio para licitar? ¿Se propone licitarlos? ¿En qué plazos? Ha desistido recientemente de la licitación de tres contratos. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Qué va a ser de los más de 800 millones de euros que estaban previstos para esas licitaciones?

El Gobierno vasco, como sabe muy bien su ministerio porque se le ha venido informando puntualmente por escrito, está concluyendo cuatro procesos constructivos. ¿Piensa contar con esos proyectos? ¿Piensa su ministerio contar, a la hora de licitar las correspondientes obras? ¿Qué compromisos presupuestarios y de financiación tiene el ministerio para este año y sucesivos en relación con la Y vasca? ¿Tiene el ministerio una planificación detallada de realización de proyectos

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y ejecución de la Y vasca? ¿Cuál es el calendario, si hay alguno?

Y, finalmente, le demandamos también a este Gobierno que nos explique sus planes técnicos, con detalles técnicos, con detalles económicos, con detalles administrativos y procedimentales. Entre estos últimos queremos saber si se propone, y cómo, trabajar en coordinación con el Gobierno vasco y qué pasos se propone dar. De forma que, ¿va a constituir la Y vasca un proyecto prioritario dentro del plan estratégico de transporte de infraestructuras anunciado por el presidente del Gobierno y por usted misma? ¿Cuáles son sus previsiones financieras sobre la Y vasca? ¿Cómo espera financiarlo? ¿Qué previsiones tiene sobre la financiación europea? ¿Espera contar con los fondos de cohesión? ¿En qué proporción? ¿En la misma con que han contado, por ejemplo, otras obras de infraestructura que hay en este momento y se están ejecutando? ¿Qué previsiones temporales tiene? ¿Cuándo espera comenzar? ¿Cuándo espera acabar? ¿Va a actuar por tramos? ¿Por qué tramos va a arrancar? La Y vasca es una red diseñada para tráficos mixtos, es decir, para pasajeros y mercancías. ¿La red ferroviaria hacia la meseta Vitoria-Burgos-Valladolid también va a ser de tráficos mixtos? ¿Cómo piensa proceder respecto al Gobierno vasco?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Señor Beloki, le ruego, por favor, que vaya concluyendo.


El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta, voy acabando.


Como le decía antes, ¿tiene intención de ofrecer algún tipo de convenio al Gobierno vasco? ¿Sobre qué bases? ¿En qué términos?

Para ir terminando, hay un aspecto que estimo que es muy importante en este momento. Como usted sabe, esta infraestructura de las capitales dio lugar a que se constituyeran comisiones interinstitucionales en Donostia, en Bilbao, en Vitoria-Gasteiz, que excepto la de Vitoria-Gasteiz no se han reunido más que el día de su constitución. ¿Qué piensa hacer el ministerio con las comisiones interinstitucionales constituidas en estas tres capitales? ¿Va a seguir la fórmula de sus antecesores? Entendemos, ministra, que pasó el tiempo de lo que nunca debió ocurrir, el de las buenas palabras y poco más, el de los gestos pre, poselectorales, pero gestos al fin y al cabo. No digamos nada sobre que también pasó el tiempo de su utilización partidaria, ministra; de la utilización partidaria de la Y vasca para que pueda ser más o menos rentable políticamente para un partido, pero en absoluto para avanzar en este tema, en el que existe un escepticismo enorme. El tema es clave, es urgente, nos preguntamos si vamos a echar a andar, cuándo y cómo. Esperamos su respuesta, señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Beloki.


Ahora sí, señora ministra, es su turno.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, señor Erkoreka, el Partido Socialista siempre ha estado apoyando e impulsado el proyecto de la Y vasca. Ha sido un proyecto defendido desde el principio por el Partido Socialista. Ha citado usted al señor Antolín y yo también le podría citar al señor Maturana. Desde que se inició la gestación de este proyecto existió -como ha planteado usted en el texto de su interpelación y después en su intervención- una voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, que cristalizó además en diversos estudios realizados conjuntamente entre ambas administraciones. Saben ustedes que en los últimos años de nuestra anterior etapa de Gobierno incluso iniciamos el procedimiento, porque remitimos a Medio Ambiente la petición de la situación medioambiental del proyecto.


Usted me ha planteado una primera pregunta que le voy a contestar. Me ha preguntado si queremos contar con la colaboración del Gobierno vasco para la realización del proyecto. Yo le contesto afirmativamente y también le digo que los términos de esa colaboración serán los que acordemos entre ambos gobiernos. Por tanto, no voy a definir previamente cuáles son esos extremos, porque creo que la mayor implicación del Gobierno vasco en este proyecto puede suponer también una mayor celeridad en todos aquellos plazos por los que usted me ha preguntado. Le puedo dar algunos, pero otros, hasta que no esté redactado el proyecto, no podremos saber cuáles son sus implicaciones técnicas y, por tanto, no podré entrar en términos de realización de la obra. Desde el punto de vista del Ministerio de Fomento -del ministerio actual, en el momento actual-, el proyecto de nuevas líneas ferroviarias no solamente se concibe -y ahí también vamos a coincidir- como un proyecto que sirve para unir las tres capitales vascas -que ya sería suficientemente importante como para defenderlo y realizarlo-, sino que además tiene un carácter -y así es reconocido en las redes transeuropeas de transporte- de integración a nivel internacional y, por qué no decirlo también, tiene una faceta muy importante de coordinación interna del País Vasco con el resto del territorio nacional. Por tanto, debe llevarse a cabo dentro de una gran estrategia -y así lo hemos planteado- que determine la inserción de la Y vasca en el conjunto de la red. En definitiva, tiene que ser un proyecto conectado con la concesión global de la red ferroviaria, tanto española como europea. Así lo he planteado y así lo voy a defender y a llevar a cabo.


Estas consideraciones nos han conducido a tomar una serie de decisiones que les voy a resumir a continuación.


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El 19 de abril de 2004, el GIF pospuso la apertura de ofertas correspondientes a los concursos de proyecto y obra de los siguiente subtramos: el subtramo Arrazua-Ubarrundia-Eskoriatza, con una longitud total de 15 kilómetros, y hago tanto énfasis en la longitud, porque cuando conozcan el resto de los tramos o subtramos que se iban a sacar a redacción y adjudicación de la obra, verán cómo era imposible la utilización de la alta velocidad. Este tramo está -ustedes lo saben, pero los demás diputados no- entre Vitoria y Mondragón. Existe otro subtramo, Amorebieta-Basauri, todavía de menos longitud, de 12,4 kilómetros, que está en otra rama de la Y: Mondragón-Bilbao. Hay un tercer subtramo, Hernialde-Hernani, de un poquito más de longitud, 18,4 kilómetros, que se sitúa entre Mondragón y San Sebastián. Es decir, la media de longitud de cada uno de los tramos de la Y vasca es de 15 kilómetros. Usted me preguntaba cuáles eran las razones de este aplazamiento, es decir, por qué pospusimos la apertura de las ofertas de este concurso. En primer lugar, porque se trata de tres subtramos aislados en cada una de las ramas de la Y vasca, cuya puesta en servicio es imposible hasta su integración en un itinerario completo entre nodos de la suficiente entidad, como Vitoria-Bilbao o como Vitoria-San Sebastián. Estas actuaciones no cuentan con continuidad con el resto de la Península.
Podía estar conectado Valladolid-Burgos y continuar la red ferroviaria de esa manera, pero no se ha hecho nada en Valladolid- Burgos y se ha hecho muy poco en el tramo que corresponde a Burgos. Además, se estaba produciendo una duplicidad en la redacción de los proyectos de la línea en algunos de los subtramos ubicados en la provincia de Guipúzcoa; como usted bien sabe, uno lo había sacado el GIF y otro el Gobierno vasco, y era el mismo subtramo. Por tanto, nos parecía una duplicidad que no era aconsejable.


En las últimas semanas, el Ministerio de Fomento ha realizado un análisis pormenorizado de esta actuación y ha tomado la decisión, que ya hice pública, de licitar la redacción de todos los tramos que componen el tramo Vitoria-Bilbao, es decir, de todos los subtramos y de dos tramos de la Y vasca. Estos proyectos saldrán antes de final de año y permitirán unir las ciudades en alta velocidad de Vitoria y Bilbao. Estamos hablando de una longitud total de 70 kilómetros, con un dato que seguramente algunos de ustedes ya conocen, y es que no hay ninguna licitación por parte del Gobierno vasco en ese tramo Vitoria-Bilbao; todas están en Vitoria-Guipúzcoa. Las razones que nos han conducido a adoptar esta decisión, aunque creo que es fácilmente apreciable, es dar continuidad a la red interna en el País Vasco. Contrariamente a lo que se había realizado anteriormente, hemos planteado una programación de la construcción de la Y vasca por tramos completos, de forma que puedan ser puestos en servicio cuando se acabe la obra; de la otra manera, se hubiera acabado la obra y no hubiera servido de nada. La conclusión del tramo Vitoria-Bilbao permitirá poner en servicio trenes directos que unan estas dos ciudades y después continuar la conexión interna dentro del país. Nos permitirá también una continuidad externa de la red. El proyecto de la Y vasca forma parte no sólo de la futura red ferroviaria de interés general del Estado, sino que además estaba incluido en la red transeuropea de transporte. En consecuencia, es una actuación que debe formularse desde un planteamiento estratégico que determina su inserción con el resto de la red hacia el interior del país y hacia los Pirineos.


En efecto, la conclusión del tramo Vitoria-Bilbao permitirá no sólo unir estas dos ciudades, sino que además posibilitará utilizar estas infraestructuras para las relaciones ferroviarias de Bilbao y Vitoria con ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, etcétera, en la conexión interna. Además, el Gobierno se propone impulsar la formulación de la declaración de impacto ambiental del tramo Valladolid-Burgos para poder iniciar a continuación la redacción de los proyectos de construcción que permitirán la contratación de las obras. Asimismo, tenemos un tramo Burgos-Vitoria, cuyo estudio informativo está aprobado, que va a permitir que continuemos con la licitación de los concursos para la redacción de los proyectos de construcción.


Otra de las razones por las que hemos tomado esta decisión es precisamente por la complementariedad que usted me planteaba de las actuaciones del Gobierno central y el Gobierno vasco. ¿Cuál va a ser el grado de complementariedad? El que quiera el Gobierno vasco. Nosotros estamos abiertos a los planteamientos que supongan una actuación conjunta de ambos gobiernos. Nos proponemos evitar la duplicidad en la redacción de los proyectos. Hay una reunión el día 13 con la Administración vasca, como sabrán ustedes, para analizar las posibles fórmulas de cooperación.


Como ya he expresado en otras ocasiones, la Y vasca es un proyecto que beneficia no solamente al País Vasco, sino que se trata de un proyecto de carácter estratégico para el conjunto de la red. Con independencia de su utilización para unir las capitales vascas, como ya he dicho, a otras ciudades españolas a las que ya me he referido y no voy a repetir, quiero destacar tres actuaciones para las que la Y vasca constituye una pieza esencial. El eje Cantábrico-Mediterráneo, cuya integración en el Plan estratégico de infraestructuras ya anuncié hace pocos días. Esta nueva línea ferroviaria de alta velocidad y tráfico mixto de pasajeros y mercancías unirá las ciudades de Valencia y Vitoria, conectando así con la Y vasca que conecta con Bilbao y, por tanto, Cantábrico-Mediterráneo.


Tal y como he expresado en otras ocasiones, las infraestructuras constituyen para este Gobierno un instrumento para aumentar la competitividad de nuestra economía, de nuestro sistema productivo y también un instrumento de vertebración del territorio, con el objetivo claro de favorecer nuestra cohesión interna y contribuir

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al desarrollo de la zona menos favorecida. En definitiva, es un instrumento al servicio de la modernización del país y la calidad de vida de sus ciudadanos; en este caso, como estoy hablando del eje Cantábrico-Mediterráneo, dentro de todas las capitales de provincia que une me estoy refiriendo a Teruel, que era una capital de provincia que había quedado totalmente desconectada de la alta velocidad.


Desde este punto de vista la construcción de esta línea presenta tres grandes ventajas: se potencian las infraestructuras en algunas zonas desfavorecidas, como le he explicado, con un grave problema de despoblamiento; se centra, podríamos decir, Teruel dentro de un área importante de tráfico de mercancías y de operaciones logísticas en relación a las mercancías; se avanza en otro objetivo que ya he expresado públicamente en el mallado de la red, reduciendo la radialidad y completando esa excesiva radialidad con unas conexiones entre capitales de provincia, sin pasar, podríamos decir, por el centro; se actúa dentro de un planteamiento de grandes corredores, que es lo que creemos que hace avanzar y que hace que el ferrocarril tenga una competitividad frente a los otros medios de transporte que ahora no tiene.


Otra de las cuestiones que le quería resaltar son las conexiones con Francia, es la segunda actuación estratégica en la que participa la Y vasca y deriva de su pertenencia, como ya usted ha dicho, de la red transeuropea del transporte y la necesaria conexión con Francia. La consolidación del mercado interior europeo requiere resolver los puntos de estrangulamiento en la red transeuropea y aliviar la congestión que afecta a algunos tramos de dichas redes, como es el caso de las conexiones con Francia a través de la frontera de Irún. En la cumbre de Carcassone, el 3 de julio de 2003, se acordó la constitución de una agrupación europea de interés económico, participada por GIF y por su homóloga francesa, para la realización de los estudios de materialización y puesta en explotación de la conexión ferroviaria Vitoria-Dax, que sin embargo cuando hemos llegado al Gobierno no se había constituido. En la reunión que mantuve con el ministro francés el 3 de junio logramos relanzar esta agrupación, resolviendo cuestiones que estaban planteadas y a las cuales no se había llegado a un acuerdo. Estaba pendiente resolver dónde iba a estar la sede, resolvimos que en Francia; de quién iba a ser la presidencia, resolvimos que de España; cómo iba a ser la representación en los órganos de decisión, resolvimos que paritaria, y qué estudios se tenían que realizar, y vamos a hacer los estudios en ambas direcciones, ferrocarril convencional -y estoy hablando del transporte en Francia- y alta velocidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Le ruego vaya concluyendo.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Concluyo, señora presidenta, comentándole que también tiene una gran importancia estratégica la conexión con el Cantábrico. De todas maneras, señoría, el plan estratégico será el lugar, el instrumento y la forma en que vamos a trasladar todas estas cuestiones y todas las redes que pensamos para el futuro para nuestro país con una mayor concreción.


En conclusión, comentarle, señoría, que le damos especial importancia a la Y vasca, que va a ser una actuación esencial dentro de nuestras infraestructuras y tengo la certeza de que su ejecución mejorará sustancialmente la red de comunicación del País Vasco y, en consecuencia, del conjunto de España.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.


Tiene para su réplica la palabra el señor Beloki, que no el señor Erkoreka.


El señor BELOKI GUERRA: Señora ministra, creo que usted entenderá que no he quedado satisfecho, por decirlo de alguna forma, no porque usted no diga que tenga una buena voluntad, que yo no dudaba antes de venir aquí que me iba a expresar una magnífica voluntad, sino porque cuando uno lee declaraciones del año 1989 mucho más tajantes, pero mucho más tajantes que las suyas, y ve que dieciséis años después aquellas decisiones supuestamente tajantes no se han hecho, no se han concluido, no se ha avanzado nada, pues uno empieza a dudar de si tenemos que volver a dejar pasar otros dieciséis años para seguir avanzando. En cualquier caso, le aseguro, tal como le decía en mi primera intervención, que no he venido a hablar del pasado, he venido a hablarle del futuro. He venido buscando precisiones, detalles o informaciones. Buscamos compromisos, buscamos responsabilidades y lo buscamos en este Congreso, que es el campo de juego en el que jugamos, con las reglas del mismo, al menos los miembros de nuestro grupo. Por eso, nuestra intención es la de presentar una moción. Dadas las alturas a las que estamos lo haremos en el próximo periodo de sesiones.


Le aclaro, señora ministra, que era intención de mi grupo no presentarle ni siquiera esta interpelación en este periodo de sesiones, porque nuestro grupo estima como norma general que debe otorgarse a todo Gobierno, a todo ministro y a toda ministra un plazo de cien días para que vaya aclarándose, para que vaya precisando las cosas, para que en su caso vaya tomando decisiones, y creíamos que éste era uno de los campos en los que el Gobierno debía de disponer al menos de esos cien días, porque la herencia que recibía seguramente era la herencia que estamos todos observando. Pero hemos adelantado la presentación de esta interpelación por una razón básica, porque le hemos observado a usted, ministra, tomando decisiones, anunciando

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propósitos, que en algunos casos no compartimos o no sabemos si compartimos; le hemos observado tomando las decisiones sin una sola reunión con el Gobierno vasco, sin haber contrastado esas opiniones con quien sin embargo en estos dieciséis años ha estado comprometido. Usted ha ido tomando decisiones, que es su derecho, es su responsabilidad, pero sin que en ningún momento, que sepamos nosotros, haya tenido el mínimo contacto con el Gobierno vasco, que algo le podía haber dicho de lo que él estima. Y lo que es peor, le hemos visto actuar así al servicio, al menos por lo que a la difusión se refiere, de unos intereses partidarios.
Ha trabajado usted más los intereses partidarios que la colaboración interinstitucional. Nos referimos en concreto a que nos hemos ido enterando de sus propuestas a través de miembros de su partido con los que usted tiene perfecto derecho a comunicarse, pero creemos que la vía de los conseguidores no es una buena vía para la colaboración interinstitucional. Lo decimos por eso, porque creemos que no es una buena vía, y se lo ha dicho ya el Gobierno vasco, que incluso es la peor de las vías para iniciar un proceso de colaboración franca y transparente.


En cualquier caso, no le voy a discutir y no voy a ponerme a comentarle los pocos detalles que me ha dado sobre determinados tramos, etcétera.
Prefiero insistir en algo que estimo que es mucho más importante, en que efectivamente estamos ante una infraestructura de una enorme importancia para el País Vasco y, vuelvo a insistir, también para la España que quiere ir hacia Europa, que eso son las redes transeuropeas, que arrancaron tanto del ramal mediterráneo como del ramal atlántico siendo parte de un mismo proyecto. Y aquí he escuchado yo, con satisfacción para mis compañeros catalanes, hablar de fechas, de proyectos avanzados, algunos no debidamente avanzados, pero en nuestro caso seguimos sin poder dar una sola fecha. Le aseguro que también estamos convencidos de que no es un camino fácil. Creemos que hay un enorme problema, que es el de la financiación, entre otros. Pero en cualquier caso lo más importante, y es para lo que nosotros quisiéramos que sirviera esta interpelación, es andar por un camino distinto al recorrido hasta ahora, porque ése no nos ha llevado a ningún sitio. Un camino que sea para caminar, no para hablar, no para hacer más declaraciones, no para hacer más anuncios, sino para hacer más cosas. Un camino de colaboración institucional que respete competencias y en el que cada cual tenga que asumir las obligaciones que le corresponden, que deje fuera de la discusión y de la manipulación política temas de este calado y que ayude razonablemente a que en el más breve plazo el País Vasco y el Estado disponga en el País Vasco de una red ferroviaria de alta velocidad que conecte al Estado con Europa.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor Beloki.


Adelante, señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías, le pido disculpas al diputado. A partir de ahora no llamaré a nadie por su nombre, así no corro ningún riesgo de equivocarme.


Señoría, el Gobierno no se merece los comentarios que usted ha hecho. El esfuerzo que hemos hecho para dar una respuesta adecuada, coherente, racional y lógica e impulsar la Y vasca no se merece el planteamiento que usted ha hecho. (Aplausos.) Han tenido ustedes ocho años para reivindicar que se hiciera la Y vasca y ¿qué han conseguido? Porque ha estado tres años y medio parada con el informe de la declaración de impacto ambiental encima de la mesa y el Partido Popular no ha hecho nada. Y cuando venimos a decir que vamos a hacer lo que ustedes quieren, protestan. ¿En qué quedamos? ¿Cómo quiere usted que me reúna con el Gobierno vasco si he dicho que voy a hacer lo que el Gobierno vasco quiere? Bueno, no todo el Gobierno porque sabe usted que tienen problemas internos y que hay una parte del Gobierno que no está de acuerdo con el trazado de la Y vasca.
Realmente, me ha parecido que su planteamiento ha sido injusto e inadecuado porque lo único que hemos dicho es que vamos a darle coherencia, que vamos a impulsarlo, que vamos a recuperar el tiempo perdido y ni siquiera le hemos planteado problemas de financiación sino que ha sido usted el que los ha planteado. Ha dicho usted que ve difícil la financiación; yo no lo he dicho. Así que podía agradecer el esfuerzo de que con dificultades de financiación nos comprometemos. ¿Cuál va a ser el interés partidista al principio de la legislatura? Eso será lo que ha hecho Álvarez-Cascos poniendo la primera dovela. Por cierto, ha preguntado usted que cuándo iba a poner la primera dovela. La primera no; cuando ponga una las voy a poner todas, una detrás de otra. (Un señor diputado: Muy bien.-Aplausos.) Y no le voy a tomar el pelo a nadie.


Señoría, nosotros no llevamos ni cien días en el Gobierno y, por lo tanto, el compromiso que salió en los medios de comunicación y que iba a figurar en el Plan estratégico de infraestructuras de transportes fue como consecuencia de la desinformación que cundió en la sociedad vasca diciendo que habíamos parado el tren de alta velocidad de la Y vasca cuando no era cierto y solamente estábamos reordenando para no tomar decisiones disparatadas, como creo que le he intentado trasladar a usted.
Yo esperaba que usted me dijera que le parece muy bien que hagamos todo el tramo de 70 kilómetros, en vez de hacer 12, 15 ó 17. Yo esperaba que usted me lo dijera; francamente esperaba algún apoyo por su parte. Así que me he quedado absolutamente sorprendida porque no es la manera de conseguir que se impulse una infraestructura, aunque a pesar

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de ello, por supuesto, sin el menor género de dudas vamos a seguir impulsándola. Lo único que usted ha escuchado desde esta tribuna de mí y de mi Gobierno ha sido apoyar la Y vasca y además comprometernos. Ha dicho usted que no nos hemos comprometido con ninguna fecha. No es cierto. Igual que me he equivocado yo con su nombre, usted se ha equivocado con su afirmación porque he dicho que vamos a licitar el proyecto Bilbao-Vitoria antes de finales de año. Y si eso no es una fecha, dígame usted. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuándo vamos a terminar un proyecto que no se ha empezado? ¿Qué quiere? ¿Qué le engañe como lo han engañado los anteriores responsables del Gobierno? ¿Qué quiere usted, que me comprometa con una fecha sin saber ni siquiera cuál va a ser el proyecto? Le he dicho la única fecha con la que nos podemos comprometer, que es cuando vamos a sacar la licitación del proyecto, y usted lo sabe.
Así que, si de verdad entiende usted que es un proyecto bueno para el País Vasco, no lo deteriore con planteamientos que de alguna manera debilitan el proyecto sin necesidad.


Le he dicho hasta la fecha en la que nos vamos a reunir con el Gobierno vasco para empezar las negociaciones y saber qué están dispuestos a hacer ellos. Y según lo que ellos estén dispuestos a hacer será una fecha u otra. Según sea su grado de colaboración se determinará la fecha. La agilidad será mayor, como ha ocurrido con otros proyectos de otras comunidades autónomas donde hay una parte del proyecto que asume la comunidad autónoma. Por tanto, no querrá que yo predetermine cuál va a ser la salida de la reunión con el Gobierno vasco. Pero no es justo, señoría, que usted haya planteado las cosas en esos términos. Todas las concreciones que le he podido dar se las he dado, y son muchas, porque me he comprometido a hacer el proyecto en los términos que ustedes habían pactado antes. Eso es a lo que me he comprometido. Me he comprometido a reducir el retraso, a darle continuidad, a darle coherencia y a ponerlo en confrontación. Le he dicho que he ido a Francia, en menos de cien días, a defender Vitoria-Dax, que para ustedes, creo, es especialmente importante, porque es la conexión transpirenáica y el desbloqueo de Irún por carretera. Por lo tanto, yo creía que hoy solamente le estaba dando buenas noticias. Francamente, usted a mí no me las ha dado, porque no ha tenido la intervención que le correspondía a la importancia de la Y vasca.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Damos por concluido el orden del día de hoy y el primer período de sesiones de esta VIII Legislatura.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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