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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 51, de 24/11/2004
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 51
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 47
celebrada el miércoles, 24 de noviembre de 2004


ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 2414)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. (Número de expediente 172/000057.) ... (Página 2438)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y objetivos que va a defender el Gobierno en el proceso de negociación y establecimiento de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013. (Número de expediente 172/000059.) ... (Página 2443)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de autovías, en especial en relación con el tramo Medinaceli-Soria-Tudela. (Número de expediente 172/000060.) ... (Página 2450)

Página 2410


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Página

Preguntas ... (Página 2414)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿En qué medida mantiene el Gobierno su compromiso con los astilleros Izar? (Número de expediente 180/000397.) ... (Página 2414)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cree usted que contribuye a la confianza de los españoles los anuncios hechos por su Gobierno sobre reformas fiscales? (Número de expediente 180/000377.) ...
(Página 2415)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Considera la Vicepresidenta que la Nación es un concepto discutido y discutible? (Número de expediente 180/000378.) ... (Página 2416)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Puede informar de los términos de la propuesta que usted realizó al Primer Ministro de Malasia para que impulse con España la "alianza de civilizaciones"? (Número de expediente 180/000379.) ... (Página 2417)

Del Diputado don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Para cuándo tiene previsto el Gobierno hacer efectiva la incorporación de consejeros, en representación de las Comunidades Autónomas, en las delegaciones de España ante los organismos de la Unión Europea? (Número de expediente 180/000376.) ... (Página 2418)

De la Diputada doña Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la reciente celebración de la Cumbre Iberoamericana de Naciones? (Número de expediente 180/000386.) ... (Página 2419)

De la Diputada doña Fátima Aburto Baselga, en sustitución del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué repercusiones considera que tiene la muerte del Presidente Arafat en el Proceso de Paz de Oriente Próximo? (Número de expediente 80/000387.) ...
(Página 2420)

Del Diputado don Luis Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a la Disposición Final Séptima de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para adaptar el ordenamiento legal y el régimen de derechos y deberes de los militares al nuevo modelo de defensa nacional, incumplida desde el 31 de diciembre de 2002? (Número de expediente 180/000370.) ...
(Página 2421)

Página 2411


Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Cuál es el número de efectivos de las Fuerzas Armadas españolas que participan en misiones de paz fuera del territorio nacional? (Número de expediente 180/000391.) ... (Página 2422)

Del Diputado don José Luis Galache Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Considera el Gobierno compatibles los principios de aconfesionalidad y laicidad con la cooperación del Estado con las minorías religiosas existentes en España? (Número de expediente 180/000388.) ... (Página 2423)

De la Diputada doña Carmen Hermosín Bono, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuántos órganos judiciales se van a crear en el año 2005? (Número de expediente 180/000389.) ... (Página 2424)

Del Diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Existe alguna directriz desde el Gobierno encaminada a criminalizar los movimientos sociales? (Número de expediente 180/000374.) ... (Página 2425)

Del Diputado don Carlos González Serna, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las últimas detenciones efectuadas en el marco de la lucha antiterrorista? (Número de expediente 180/000390.) ... (Página 2426)

Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a

la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuáles van a ser los criterios para el nombramiento de los profesores de religión islámica? (Número de expediente 180/000382.) ... (Página 2427)

Del Diputado don Eugenio Nasarre Goicoechea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es la valoración que le merece la reciente sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha sobre el decreto de admisión de alumnos del Gobierno de dicha Comunidad Autónoma? (Número de expediente 180/000383.) ... (Página 2428)

Del Diputado don Luis Juan Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cuál es el incremento real experimentado por las becas? (Número de expediente 180/000396.) ... (Página 2429)

Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para que se respete, en el marco de sus competencias, la Ley de las Cortes Generales 2/1998, de 3 de marzo, así como la normativa legal vigente en materia de toponimia gallega, ante la moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de A Coruña, a iniciativa de su Alcalde, que las conculca? (Número de expediente 180/000371.) ...
(Página 2430)

De la Diputada doña M.ª Teresa de Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué opina la Sra. Ministra sobre las reiteradas manifestaciones de distintos colectivos respecto de sus decisiones políticas? (Número de expediente 180/000380.) ... (Página 2431)

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Del Diputado don Ángel Pintado Barbanoj, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué futuro ve la Ministra a la Red de Parques Nacionales después de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional? (Número de expediente 180/000381.) ... (Página 2432)

De la Diputada doña M.ª del Carmen Ortiz Rivas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál va a ser la nueva configuración del Consejo Asesor de Medio Ambiente con el nuevo impulso que plantea el Ministerio? (Número de expediente 180/000394.) ... (Página 2433)

De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cómo piensa el Ministerio de Medio Ambiente desarrollar los términos del acuerdo firmado recientemente con la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones conjuntas de sostenibilidad urbana? (Número de expediente 180/000395.) ... (Página 2434)

De la Diputada doña M.ª Dolores Puig Gasol, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué actuaciones concretas va a llevar a cabo el Gobierno en relación con el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Catalunya sobre supresión de pasos a nivel? (Número de expediente 180/000392.) ... (Página 2435)

Del Diputado don Salvador de la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿De qué nuevos medios tiene previsto dotarse el Ministerio de Fomento para hacer frente a las exigencias de seguridad en el ámbito marítimo? (Número de expediente 180/000393.) ... (Página 2436)

Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuándo considera el Gobierno que se van a cobrar en Euskadi los trabajos realizados por el desastre del "Prestige"? (Número de expediente 180/000375.) ... (Página 2437)

Interpelaciones urgentes ... (Página 2438)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores ... (Página 2438)

El señor Sánchez i Llibre explica, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), los motivos por los que su grupo ha presentado esta interpelación urgente sobre cuál tendría que ser la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. En primer lugar porque existe en su grupo una gran preocupación por la falta de medidas claras, solventes y contundentes para potenciar una política económica y social de apoyo a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores; en segundo lugar, porque durante el año 2004 se ha hablado mucho de macroeconomía, pero muy poco de microeconomía; en tercer lugar, porque las informaciones que hacen referencia a futuros planteamientos y cambios en las legislaciones fiscales en los próximos ejercicios, más que tranquilizar crean incertidumbre en los diferentes agentes económicos; en cuarto lugar, porque en diferentes sectores de la microempresa existe una gran preocupación y movilización ante los incrementos de los carburantes, y en quinto lugar porque sólo se han cristalizado algunos de los acuerdos a los que se llegó en la subcomisión dedicada a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor y al autónomo. Consideran en Convergència i Unió que era necesario plantear esta iniciativa parlamentaria para, entre todas las fuerzas políticas, definir un marco de actuación potente desde las vertientes fiscal, financiera, administrativa y laboral.


Contesta en nombre del Gobierno el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira), en nombre del Gobierno. Comparte con el interpelante la importancia de las pequeñas y medianas empresas, eje que considera fundamental en todo el proceso de competitividad

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y creación de empleo y que va a ser, evidentemente, una prioridad en la acción del Gobierno en estos años. Expone los puntos débiles de las pequeñas y medianas empresas en relación con Europa, como por ejemplo, un tamaño medio inferior, menor capacidad innovadora, menor grado de internacionalización, y plantea una serie de retos que considera que hay que acometer. A continuación hace un planteamiento general refiriéndose en concreto a dos puntos: primero, a lo que sucede en algunos sectores específicos como consecuencia del precio del gasóleo y, segundo, a lo que sucedió con la subcomisión de Economía y Hacienda en la Cámara y su informe sobre la pequeña y mediana empresa.


Replica el señor Sánchez i Llibre, y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios y objetivos que va a defender el Gobierno en el proceso de negociación y establecimiento de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013 ... (Página 2443)

El señor Arias Cañete, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, justifica la presentación de esta interpelación urgente en la doble dinámica de la Comisión Europea que tiene que velar por la consecución del objetivo global del interés de la Unión como un todo, y de los Estados nacionales que tienen que velar, en el Consejo, por la preservación del interés nacional y por la consecución de ventajas nacionales en ese camino común, y en las importantes magnitudes y consecuencias económicas en juego. Se refiere a la negociación que, a su juicio, debería hacer el Gobierno de España y critica las palabras del presidente del Gobierno en su visita a los Países Bajos el pasado 14 de julio cuando afirmó que necesitamos un presupuesto que debe estar situado en el límite o por encima del 1 por ciento del PIB de la Unión Europea.


Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). Considera que hoy no es el día para debatir de lo que han dicho los presidentes del Gobierno ahora o en el pasado sobre los fondos estructurales, y pasa a referirse a las perspectivas financieras, que llevan implícitas muchas otras cosas, como el reglamento general y los reglamentos de aplicación de los fondos estructurales y del fondos de cohesión, la decisión de recursos propios, las directrices comunitarias sobre los incentivos a la inversión privada de naturaleza regional. Para el Gobierno, añade, la negociación es un paquete completo y no habrá acuerdo sobre los límites de gasto y la estructura del presupuesto si no hay acuerdo sobre recursos propios.


Replica el señor Arias Cañete, y duplica el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda.


Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de autovías, en especial en relación con el tramo Medinaceli-Soria-Tudela ... (Página 2450)

La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la interpelación urgente de Nafarroa Bai, que hubieran deseado que se hubiera debatido hace unas semanas, con ocasión de la presentación de los presupuestos. Afirma que allí quedaban bastante bien dibujadas cuáles podían ser las líneas maestras del futuro plan de infraestructuras, sobre todo las previsiones para la Comunidad Foral de Navarra, y añade que los navarros salen algo mal parados, puesto que quedan prácticamente incomunicados con el exterior. Da las razones por las que a su juicio los navarros quedan absolutamente descolgados del plan de infraestructuras y pide explicaciones de por qué no se ha cumplido -o se ha cumplido muy poco- el acuerdo que se firmó con el anterior Gobierno relativo a los mínimos necesarios en materia viaria, ferroviaria y aeroportuaria para superar la desconexión de la comunidad foral con el eje Madrid-Irún, así como con el eje Cantábrico-Mediterráneo.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza). Está totalmente de acuerdo con la interpelación y afirma que no sólo se compromete a cumplir el acuerdo suscrito por el anterior Gobierno con Navarra, sino a ejecutarlo de verdad y mejorarlo. Y añade que están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Navarra para llegar a un convenio y mejorar los términos del mismo, que era más bien una declaración de voluntades. A continuación contesta a la pregunta genérica sobre la política de Gobierno en materia de autovías y en concreto en Navarra, y se reafirma en su intención de impulsar la construcción de la autovía Medinaceli-Soria-Tudela y de dotar a la Comunidad Foral de Navarra de las vías de acceso que necesita para su adecuado desarrollo en el ámbito de competencia del Ministerio de Fomento.


Replica la señora Barkos Berruezo, y duplica la señora ministra de Fomento.


Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ MEDIDA MANTIENE EL GOBIERNO SU COMPROMISO CON LOS ASTILLEROS DE IZAR? (Número de expediente 180/000397.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.


Puntos IV y V del orden del día: control del Gobierno. En primer lugar, preguntas al presidente del Gobierno. Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


Señor diputado.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, como usted sabe, la negociación entre los sindicatos y el Gobierno en relación con el futuro de Izar se ha interrumpido, por no decir que se ha roto y, sin embargo, dentro de lo que era el compromiso de Sestao o las ideas que usted hizo públicas en Sestao, la negociación era uno de los compromisos fundamentales, un acuerdo con los sindicatos en torno al futuro del sector naval. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para retomar la negociación en busca de ese acuerdo con los sindicatos que garantice el futuro del sector naval?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, agradezco y comprendo su preocupación y su interés por la situación y el futuro inmediato de los astilleros Izar y del sector naval público en nuestro país. No es la primera vez que me pregunta por esta cuestión y hoy le tengo que reiterar cuál es el compromiso del Gobierno. El compromiso es el mantenimiento de los centros de astilleros, el compromiso es el acuerdo con los sindicatos y el compromiso es que ningún trabajador quede abandonado a su suerte. Ese es el compromiso que hoy mantengo dentro de un proceso de negociación con los sindicatos que el Gobierno va a seguir instando y que desde luego espero que dé el resultado que ambas partes están buscando y deseando. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, me parece que era Napoleón el que cínicamente decía que la mejor forma de cumplir las promesas es no hacerlas. En este caso nosotros no le pedimos que no haga promesas, le pedimos que cumpla con sus compromisos, que haga honor a sus promesas. Y además de la promesa del inicio de la negociación, lo cierto es que la SEPI en estos momentos está negando otras promesas y otros compromisos.
El compromiso de negociación es cierto pero además existe un compromiso de viabilidad para los astilleros en su conjunto, para los astilleros civiles y para los astilleros militares, y por otra parte, existe el compromiso también de que se mantendrá la capacidad productiva para incorporar los astilleros a un futuro consorcio europeo. Pues bien, la SEPI, aprovechándose de una reunión técnica con la Comisión Europea, se ha desdicho de todos sus compromisos, del compromiso de negociación y de los compromisos de viabilidad del sector naval.


Señor presidente, quiero preguntarle si, por un lado, va el espíritu de Sestao y, por otro, va la letra de la SEPI. Lo cierto es que hasta estos momentos lo que prevalece es la letra de la SEPI, aunque sea contra los compromisos adquiridos con los sindicatos. Por eso, señor presidente, creo que la SEPI no se puede escudar en la Comisión Europea. La Comisión Europea no tiene competencias societarias ni tampoco para quitar el carácter de privado a las cajas de ahorros de nuestro país. Por lo tanto, hay una responsabilidad importante del Gobierno, por una parte, para retomar la negociación y, por otra, para defender ante la Unión Europea el futuro de nuestro sector naval en un futuro consorcio europeo. Ese compromiso le exigimos, señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Simplemente le tengo que decir una cosa, que el compromiso del Gobierno se tiene que evaluar en cuanto a su cumplimiento en el momento del resultado final de la situación y del plan de futuro que han de tener los astilleros públicos de Izar. Simplemente es cuestión de un poco de paciencia. Le ratifico que el Gobierno trabaja en varias direcciones al mismo tiempo: en primer lugar, en una negociación técnica y política con la Unión Europea, que tiene aspectos, como usted bien conoce, de complejidad; en segundo lugar, en la dirección de establecer un plan industrial alternativo que garantice al máximo la producción; en tercer lugar, en la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros públicos españoles, por cierto con resultados ya prácticos y que usted mismo y esta Cámara conocen, y en último lugar, en retomar las negociaciones con los sindicatos para que ese futuro sea fruto del acuerdo, que

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es el compromiso que he expresado ante la ciudadanía en esta Cámara y que hoy reitero sin ninguna duda, señor Llamazares.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED QUE CONTRIBUYEN A LA CONFIANZA DE LOS ESPAÑOLES LOS ANUNCIOS HECHOS POR SU GOBIERNO SOBRE REFORMAS FISCALES? (Número de expediente: 180/000377.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, lo que hoy espera la opinión pública de usted es una explicación sobre el lamentable espectáculo que en las últimas horas han dado el coronel Chávez y el señor Moratinos. Usted ayer y hoy se ha negado a responder a los periodistas. Yo le brindo la oportunidad de hacerlo en este momento, pero si usted no quiere, le formulo la pregunta que conoce, más en concreto, si cree usted que hay que suprimir las desgravaciones en los fondos de pensiones, tal y como anunció algún miembro cualificado de su Gobierno.


El señor PRESIDENTE: El señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, como usted conoce y también toda la Cámara, el Gobierno anunció en el debate de investidura que iba a realizar una reforma fiscal en el segundo año de legislatura. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Les ruego silencio. Al final de las intervenciones exclamen lo que quieran, pero durante el turno de preguntas, silencio.


Continúe, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Esa reforma fiscal tiene por objetivo tener en este país una fiscalidad más sencilla, más justa en el reparto de la carga tributaria, que favorezca la inversión productiva y que, desde luego, suponga una mejora global de lo que supone la carga... (Rumores.) Señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Continúe.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Sea una mejora de lo que supone sobre todo la carga fiscal a los trabajadores en nuestro país. Vamos a hacer ese proceso con un debate social amplio, como, por cierto, se han hecho las reformas fiscales anteriores, y en ese debate social amplio va a haber opiniones para conformar una propuesta fiscal última de esta Cámara que queremos que sea del máximo consenso social. En ese proceso habrá libertad de opiniones hasta llegar a la propuesta final.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Gracias, señor presidente.


Señor Rodríguez Zapatero, usted lo ha querido así, y espero que no haga una gracia después, cuando yo ya no pueda replicar. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor RAJOY BREY: Ustedes han anunciado, desmentido y dejado en estudio el aumento de la tributación de las plusvalías, la supresión de las desgravaciones por adquisición de vivienda y ahora nos hablan de la supresión de las desgravaciones de los fondos de pensiones, y lo hacen, como siempre, con la demagogia de los ricos. Yo le digo lo siguiente: señor presidente, esto perjudicaría a 7 millones de españoles que tienen fondos de pensiones, que ahorran para su jubilación, que no pueden disponer de los fondos y que no tienen otro atractivo que el de la desgravación. Ustedes juegan con la gente, con sus expectativas y con sus ahorros. Ustedes, y en concreto el señor Solbes, animaron en su día a los españoles a suscribir fondos de pensiones, como lo hace el Pacto de Toledo, como recomienda la Unión Europea y hacen todos los países con un mínimo de bienestar. Señor presidente, los fondos fomentan el ahorro a largo plazo -que yo creo que es bueno-, son también un agente económico de primer orden -que yo creo que es bueno-, y estos anuncios que ustedes hacen únicamente contribuyen a generar incertidumbre y desconfianza, a fomentar los movimientos especulativos a corto plazo y a favorecer eso que usted llama la cultura del ladrillo.


Señor presidente, en su debate de investidura le pregunté hasta la saciedad cuál era su posición sobre los impuestos y qué reforma fiscal pretendían hacer ustedes. Entonces, como usted muy bien sabe -y ahí está el "Diario de Sesiones"-, no obtuve ninguna respuesta. Le pido -para no generar más desconfianza e incertidumbre- que, al menos, se calle, ya que no presenta ninguna propuesta. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):

Gracias, señor presidente.


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Gracias, señor Rajoy. Le remito a lo que será la propuesta fiscal del segundo año de legislatura. Simplemente quiero decirle que los datos de confianza en la economía española son buenos en crecimiento (Rumores.), en evolución de empleo (Rumores.), en inversión en bienes de equipo y en ingresos fiscales del Estado. Son datos buenos de confianza.


No quiero defraudarle, ya que ha hecho alusión dos veces al debate que hemos tenido estas últimas horas. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Un señor diputado: ¡Cobarde!)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Les ruego que respeten los tiempos de palabra, porque si esto se convierte en un juego de protesta contra protesta, este turno pierde todo su interés político.


Guarden silencio y dejen a los intervinientes que se expliquen. Guarden silencio, por favor.


Señor presidente, continúe.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Veo que la exigencia de que me callara, hecha por el señor Rajoy, ha causado estragos rápidamente entre todo el Grupo Popular.
(Aplausos.-Rumores.)

Iba a decirle que estos días ha habido muchas críticas al Gobierno, muy duras hacia el ministro de Asuntos Exteriores -antes de que se explique en este Parlamento- y críticas por la Cumbre Iberoamericana. Pero, señor Rajoy, no nos molesta nada como nos trata el Grupo Parlamentario Popular después de ver como se tratan ustedes mismos como, por ejemplo, en Elche.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA LA VICEPRESIDENTA QUE LA NACIÓN ES UN CONCEPTO DISCUTIDO Y DISCUTIBLE? (Número de expediente 180/000378.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno, del diputado don Ángel Acebes. (Rumores.)

Silencio. Por favor, guarden silencio.


Señor diputado, adelante.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, después de la ocurrencia de tan pésimo gusto del presidente del Gobierno (Protestas.), ¿considera que la nación española es un concepto discutido y discutible?

El señor PRESIDENTE: Señorías, da igual de donde sea la bancada de la que venga el ruido, da exactamente igual. (Rumores.)

No se preocupe, señor diputado, que va a recuperar el tiempo íntegro.
(Rumores.) Por favor, rogaría que este turno que probablemente es de lo que más interés tiene en nuestro Parlamento, se atenga a las normas. Pido eso sólo. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¡Mira para allá!) Miro donde tengo que mirar cada vez. Da igual. (Rumores.)

Señor Acebes, tiene la palabra.


El señor ACEBES PANIAGUA: Repetiré, por si no se había oído con claridad, si tras la intervención de pésimo gusto del presidente del Gobierno, considera la vicepresidenta que la nación española es un concepto discutido y discutible.


El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Lecciones en gusto usted, señor Acebes, no nos las da. (Aplausos.) Señoría, todos los conceptos políticos son producto de la cultura, el lenguaje, la reflexión y la historia. Los de nuestra Constitución también lo son. No obstante, para el Gobierno su artículo 2 es muy claro, y le aseguro que su contenido no ha estado ni está en cuestión. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Es verdad, señoría, yo no soy un especialista en revistas de moda como usted. Esto se lo tengo que aclarar.
(Aplausos.-Rumores.) Aunque parezca mentira, esta es una afirmación del presidente del Gobierno... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor Acebes. Por favor... (El señor Cuesta Martínez: ¡Quítate la sotana!) No sé si son conscientes de la imagen que transmitimos fuera, que es lo que importa... (Rumores.) Por favor, guarden silencio. (Rumores.)

Continúe, señor diputado.


El señor ACEBES PANIAGUA: Decía que, aunque parezca mentira, esta es una afirmación del presidente del Gobierno en sede parlamentaria, concepto que hasta ahora sólo había sido discutido por independentistas y algún grupo nacionalista. Discutible, no por la Constitución, que lo dice clarísimo. Solo habla de una nación, la española. Señorías, no se puede entender que el señor Zapatero diga: soy el presidente del Gobierno de España pero dudo qué es España. ¿Se imaginan

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ustedes cuánto duraría el primer ministro francés que dijese tengo dudas sobre qué es Francia? (Rumores.) No tiene explicación, salvo que detrás de esto se encuentre un compromiso, un acuerdo clandestino para romper el modelo constitucional. La realidad es que seguramente, y por puro oportunismo político, el cambio semántico anticipa el cambio político. Y se ha dado el primer paso. Pues bien, desde el Partido Popular queremos que queden dos cosas muy claras. Primero, que para introducir en los estatutos de autonomía la denominación de nación a una comunidad autónoma es imprescindible un cambio constitucional, porque en este sentido es incompatible con la unidad de España. Segundo, que con nosotros no cuenten. Nos oponemos a este disparate y advertimos que sometiéndonos a este chalaneo indecoroso, como algunos de sus socios hicieron la semana pasada con las lenguas, están jugando con fuego. Ustedes ahora me descalificarán, nos insultarán como todos los días (Rumores.), nos llamarán golpistas o lo que toque, pero estoy seguro de que son mayoría, y no sólo votantes del Partido Socialista y del Partido Popular, los que no tienen duda de que su nación es España. Nos llamarán fundamentalistas, como hizo el señor Zapatero...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lo lamento, su tiempo terminó.


Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Señoría, el miércoles pasado, el presidente del Gobierno contestaba, efectivamente, a su portavoz en el Senado, muy interesado por el carácter simbólico de conceptos como nación y soberanía. No tengo inconveniente en repetirles hoy cosas que les hemos dicho muchísimas veces. Primero, el Gobierno considera plenamente vigentes los conceptos constitucionales.
Segundo, cree en la Constitución y apuesta por ella, como lo hizo hace 25 años, y en su modelo territorial, cosa que algunos de los que están sentados a su lado no lo pueden decir. (Aplausos.) El Gobierno cree en la España autonómica, una, diversa y plural. No hay tiempo para que le resuma la abundante y clara jurisprudencia constitucional sobre la estructura territorial del Estado. En todo caso, señor Acebes, la idea de nación, como usted sabe, viene, en sentido actual, de la Revolución Francesa, ¡y claro que se reflexiona sobre ella! Pero, reflexiones al margen, para nosotros, para este Gobierno, como para la mayoría, es la comunidad política que formamos todos los españoles en torno a la Constitución de 1978, y con arreglo a ella.


Esto es así a pesar de que usted, erre que erre, siga empeñándose en alimentar debates falsos, mientras su partido se le desangra cada día.
(Risas.-Rumores.) En todo caso, por si tiene interés en profundizar en los conceptos, permítame recomendarle alguna lectura, por si quiere retroceder más allá del siglo VIII, recientemente redescubierto por su presidente. Tal vez descubra algo interesante del concepto de nación en los Comentarios de la guerra de las Galias, por supuesto en la versión de Julio César. (Rumores.)

Yo no sé si usted sabe de moda, señor Acebes, pero le aseguro que usted debería modernizarse en sus ideas, en su manera de ser, en su comportamiento y en sus atuendos; en todo. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: Que nos mande la revista.)

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNANDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR DE LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA QUE USTED REALIZÓ AL PRIMER MINISTRO DE MALASIA PARA QUE IMPULSE CON ESPAÑA LA "ALIANZA DE CIVILIZACIONES"? (Número de expediente 180/000379.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera, del diputado don Eduardo Zaplana. (Rumores.)

Señor diputado. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Doy por ... (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, espere, espere. Silencio, silencio. Así no podemos continuar. (Rumores.) Así no se puede continuar una sesión de control, lo lamento. Si no hay un mínimo de respeto entre ustedes, así no se puede seguir, lo lamento. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Estoy diciendo algo elemental: respeto entre todos; ¡entre todos! Sólo digo eso, señor Aragonés. ¡Parece mentira!

Señor diputado, tiene usted la palabra.


Digo respeto entre todos, que es lo mínimo que puede decir un presidente: ¡respeto entre todos!

El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: ¿Tengo la palabra?

El señor PRESIDENTE: Sí, señor diputado.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Si tengo la palabra, la utilizo para dar por formulada la pregunta.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Zaplana.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, presidente.


Señorías, el Gobierno cree en las relaciones internacionales basadas en la cooperación, el respeto, la legalidad internacional y los derechos humanos. Esta es la política que estamos ejecutando.


En mi intervención en la Cumbre de Asia-Europa, expuse la propuesta de alianza de civilizaciones, formulada por el presidente del Gobierno ante Naciones Unidas. La propuesta fue, por cierto, muy bien acogida por los jefes de Estado allí reunidos, y específicamente por un país como Malasia, que, junto con España, consiguió su toma en consideración en la declaración final de la cumbre. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, en lugar de intentar que se olvide el ridículo que hizo el presidente del Gobierno en Naciones Unidas al proponer la alianza de civilizaciones, (Una señora diputada: ¿Cómo?) andan ustedes empeñados en colar cualquier referencia a ella en las declaraciones internacionales y buscando socios a la desesperada. De momento, han conseguido dos: el primero, efectivamente, Malasia, un país que se niega a firmar convenios internacionales a favor de la igualdad de la mujer y en el que la homosexualidad es delito castigado con cárcel. El segundo, el de Hugo Chávez, quien, además, no ha dudado en calificar la política -según él- de su compadre Zapatero de revolucionaria, al tiempo que acusa al Gobierno anterior de apoyar un golpe de Estado en Venezuela.


Usted sabe, señora vicepresidenta, que esta afirmación constituye una infamia gravísima e intolerable; mucho más, si la repite el ministro de Asuntos Exteriores de nuestra nación. Una acusación de este tipo, que atenta al honor del ex presidente del Gobierno (Rumores.) y deteriora gravemente la imagen de España, tiene que tener necesariamente consecuencias políticas. (Rumores.) Resulta vergonzoso que los máximos mandatarios implicados en este grave conflicto diplomático despachen el asunto, uno, cantando una canción, y el otro, como ha hecho esta tarde, mirando cobardemente hacia otro lado. En nombre del Grupo Parlamentario Popular le exijo, primero, una rectificación institucional del presidente del Gobierno en la que además se pidan disculpas; en segundo lugar, el envío de dichas declaraciones a todas nuestras embajadas y representaciones en el exterior, y le pido al Gobierno, señora vicepresidenta, el cese inmediato del señor Moratinos. (Rumores.) En siete meses ha demostrado no sólo su incapacidad para defender los intereses de España, sino también su indignidad para ocupar el cargo de jefe de la diplomacia española. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Lamento defraudarle, señor Zaplana. El Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores van a seguir trabajando como lo han hecho hasta ahora, especialmente el ministro de Asuntos Exteriores (Rumores.), para favorecer y consolidar un orden internacional más justo y para favorecer la seguridad, la concertación y la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Este Gobierno no cree, señor Zaplana, ni en la coacción ni en la fuerza, cosa que en algunos de los países que usted ha mencionado se han utilizado. Existen ya muchos foros y muchos niveles de diálogo con el fin de buscar la concertación, pero hay que dar nuevos pasos para convertirlos en acciones comunes.


La iniciativa lanzada en Naciones Unidas por el presidente del Gobierno, aunque a usted no le guste, ha sido acogida favorablemente por muchos países y en muchos foros, en el foro Asia-Europa y recientemente en la Cumbre Iberoamericana. Le aseguro que el Gobierno va a seguir trabajando para hacer realidad esta propuesta y constituir en el seno de Naciones Unidas un grupo de alto nivel que la convierta en acciones concretas.
Nuestro empeño, señorías, se apoya en la firme convicción de la fuerza del diálogo entre los pueblos; convicción que, por cierto, trata de evitar el nacimiento de un nuevo muro de incomprensión entre culturas tantas veces fomentado por quienes pronostican un enfrentamiento entre civilizaciones solo para ver hechos realidad sus propios prejuicios.
Señor Zaplana, siempre será mejor el diálogo en Malasia, en Hanoi, en Venezuela y en Elche, donde terminan a bofetadas, como los suyos.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JORDI XUCLÁ I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿PARA CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO HACER EFECTIVA LA INCORPORACIÓN DE CONSEJEROS, EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EN LAS DELEGACIONES DE ESPAÑA ANTE LOS ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000376.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores del diputado don Jordi Xuclá.


Adelante, señor diputado.


El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, una propuesta programática de mi grupo parlamentario desde la incorporación de España a la Unión Europea es la participación de las comunidades autónomas en representación del Estado ante el Consejo y la Comisión. Si el anterior Ejecutivo era insensible a este planteamiento, el actual Gobierno ha expresado predisposición, pero es hora de pasar a las concreciones, más allá del buen precedente del pasado lunes.


Señor ministro, ¿para cuándo tiene previsto el Gobierno hacer efectiva la incorporación de consejeros en representación de las comunidades autónomas en las delegaciones de España ante los organismos de la Unión Europea?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, como bien ha señalado, el pasado lunes fue un momento histórico porque fue la primera vez que un consejero de una comunidad autónoma, el consejero de Agricultura de Castilla y León, participó en un Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Se rompió un tabú, se inició una nueva etapa y el Gobierno, como se comprometió, va a hacer todo lo posible para concluir cuanto antes la participación de las comunidades autónomas tanto en el Consejo de Ministros como en la representación permanente de España en Bruselas. Estamos preparados para que las conversaciones que se celebrarán a comienzos del mes de diciembre puedan adoptar los criterios finales para que esa participación pueda ser consensuada por todas las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, su turno.


El señor XUCLÀ I COSTA: Gracias, señor presidente.


El Gobierno diseña y plantea esta representación, que mi grupo parlamentario valora positivamente, desde dos niveles: por una parte, a través de los consejeros autonómicos en las delegaciones ministeriales y, por otra parte, a través de tres representantes permanentes de las comunidades autónomas elegidos entre las propias comunidades autónomas a través del Carce, que se integrarán en la representación permanente de España ante la Unión Europea. Atendiendo a que este es un Estado pluricultural, plurilingüístico y plurinacional, atendiendo a que estos representantes tendrán una presencia permanente en Consejos comunitarios, como el Consejo de Cultura y como el Consejo de Educación, y recordando el carácter cultural y lingüísticamente plural del Estado español, ¿considera que las comunidades autónomas con lenguas propias distintas del castellano deben tener una voz permanente, rotativa entre los tres representantes?

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente. Gracias, señoría.


Esa es la voluntad del Gobierno. La voluntad del Gobierno es cerrar el marco jurídico-administrativo en la última reunión del Carce del 9 de diciembre. En ese marco, deseamos que las negociaciones que están teniendo lugar entre las distintas comunidades autónomas, que van avanzando de manera consensuada y positiva, recojan esa participación en la que se respete la diversidad lingüística y cultural, precisamente para recoger la pluralidad lingüística de España. Esperamos que dentro de ese consenso se fijen esos criterios con carácter rotativo, como ha señalado S.S., y que las comunidades autónomas logren un acuerdo que yo estoy seguro de que se va a conseguir a satisfacción de todas ellas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CELEBRACIÓN DE LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE NACIONES? (Número de expediente 180/000386.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Delia Blanco al señor ministro de Asuntos Exteriores.


Adelante, señora diputada.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.


Señor ministro, al margen de las consideraciones que el Partido Popular ha tenido a bien verter sobre la XIV cumbre Iberoamericana, y que no voy a entrar a calificar, la cumbre de Costa Rica ha sido un éxito. En primer lugar, la creación de una secretaría general permanente con sede en Madrid, con un secretario general con bastante fuerza política y que, por tanto, podrá hablar con una voz común en nombre de los 21 países que componen la comunidad iberoamericana. En segundo lugar, la convocatoria de una reunión al más alto nivel para canjear servicio de deuda externa por proyectos de cooperación, prioritariamente en el área educativa, aunque no solo ya que en el futuro se podrá ampliar a la sanidad y al fortalecimiento de las instituciones

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democráticas. Este punto es un paso adelante en términos de cómo se lleva a cabo la cooperación al desarrollo, los fines y los objetivos de la Agenda 2015 de lucha contra la pobreza. En tercer lugar, la alusión a la responsabilidad social de las empresas que invierten en Latinoamérica y la potenciación del acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, donde nuestro país, junto con Portugal, puede desarrollar un papel de impulso. En cuarto lugar, los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores han ofrecido un respaldo comprometido a la propuesta del presidente del Gobierno formalizada el pasado septiembre en Naciones Unidas sobre la alianza de civilizaciones, aunque no le guste al señor Zaplana. Además de todo esto hay que mencionar que, por primera vez, un grupo de parlamentarios ha acompañado a la delegación oficial a la cumbre, lo que puede determinar un primer paso para que en el futuro se pueda formalizar un foro de parlamentarios latinoamericanos, españoles y portugueses en el que los ciudadanos y la sociedad civil estén representados. La próxima cumbre, que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre de 2005 en Salamanca, podría significar un avance definitivo para la comunidad iberoamericana, como ha sido ya la cumbre de Costa Rica.


Desde mi grupo parlamentario, ¿qué valoración hace, señor ministro, de esta cumbre?

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Gracias, señoría. Como bien ha señalado, el Gobierno considera muy satisfactorio y positivo tanto el desarrollo como los resultados de la cumbre Iberoamericana de San José, por varias razones. Es verdad que no asistieron los 21 jefes de Estado y de Gobierno, es verdad que faltaron seis jefes de Estado y de Gobierno, de los cuales fueron representados dos por vicepresidentes de Gobierno y un antiguo presidente, como el presidente Aylwin, ex presidente de Chile, pero todos los demás estuvieron representados al más alto nivel. Pero, aparte de la presencia o no presencia, quiero subrayar que hubo un cambio de espíritu, una vuelta al espíritu inicial de las cumbres iberoamericanas de 1991 y 1992, y sobre todo decisiones cualitativamente muy importantes para el futuro de las cumbres iberoamericanas, entre ellas la aprobación de los estatutos de la cumbre Iberoamericana y, al mismo tiempo, el consenso para nombrar a un secretario general iberoamericano, que dará seguimiento y seguirá la evaluación y, por tanto, reflejará el impulso que quieren dar los jefes de Gobierno para que las cumbres recobren el dinamismo y el compromiso político que todos deseábamos. Pero, aparte de esta voluntad de reforzar y relanzar las cumbres iberoamericanas, hubo resultados concretos: se aprobó el compromiso español de organizar una conferencia para concretar programas de canje de deuda por inversión en educación; se aprobó también el compromiso de la cumbre de solicitar un tratamiento específico a los países de renta media para que no se le afectase la atribución de Fondos de Ayuda al Desarrollo; se aprobó, como ha señalado S.S., la iniciativa del presidente del Gobierno español a favor de la alianza de civilizaciones, y se aprobó también la voluntad de las cumbres de desarrollar una nueva versión y un nuevo dinamismo de todas ellas. Hay que resaltar la voluntad del Gobierno de asociar al Parlamento, y con ese espíritu, el Gobierno, con vistas a la cumbre de Salamanca, quiere crear un foro parlamentario, una asamblea parlamentaria de las cumbres en la que el Congreso de los Diputados y el Senado puedan participar. Todo está previsto para que la cumbre de Salamanca... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, ministro, lo lamento.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ REPERCUSIONES CONSIDERA QUE TIENE LA MUERTE DEL PRESIDENTE ARAFAT EN EL PROCESO DE PAZ DE ORIENTE PRÓXIMO? (Número de expediente 180/000387.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Madina. Le sustituye la señora Aburto. Adelante.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, presidente.


Señor ministro, este Gobierno del Partido Socialista y usted, su ministro de Exteriores, no han ahorrado ningún esfuerzo para conseguir la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos y la promoción del diálogo.
Estos esfuerzos seguramente van a rendir sus frutos, aunque al Partido Popular no le guste y haga todo lo posible por boicotear esto, incluso aunque tenga que pagar nuestro país por ello. Dentro de todos esos esfuerzos Oriente Próximo es el conflicto más antiguo que envenena nuestras relaciones en el Mediterráneo. La muerte del presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, Premio Nobel de la Paz, nos coloca en un momento que puede ser crucial en Oriente Próximo. Yasser Arafat, líder histórico y carismático, además de democráticamente elegido por su pueblo, consideraba que él era el único freno para la desesperanza y puede ser que tuviera razón. En su día protagonizó la paz de los valientes reconociendo al Estado de Israel. Pero en

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los últimos tres años de su vida no pudo ejercer otra acción que su autoridad moral, eso sí, unánimemente aceptada. Sin embargo, su liderazgo daba signos de agotamiento. Son muchas las preguntas que se plantean en la actualidad. Por ejemplo, ¿serán los palestinos capaces de llevar a cabo un proceso electoral válido? ¿Se lo permitirán? Simplemente, ¿en las actuales condiciones es posible? ¿Permitirán los israelíes la expresión de la voluntad de los palestinos, la respetarán?

Señor ministro, usted es una de las personas más autorizadas para opinar sobre las repercusiones de la muerte del presidente Arafat. Fue embajador de España en Israel y enviado especial de la Unión Europea en Oriente Próximo y su opinión ha sido siempre enormemente respetada en este y en todos los términos, por lo que estoy segura de que su opinión interesará mucho a esta Cámara y también a todo el mundo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente. Gracias, señoría.


Es cierto que la muerte del presidente Arafat ha sido una gran pérdida para el pueblo palestino. Era el símbolo, era el mito, era el padre de la nación palestina y en ese sentido los palestinos se sienten en cierta manera huérfanos, pero, como todo en política, estas situaciones también tienen su lado positivo, y es que se abre una nueva etapa, una etapa para el pueblo palestino, para el futuro liderazgo palestino, para sus relaciones con Israel y para la búsqueda de la paz en Oriente Próximo. Y es en esa perspectiva en la que el Gobierno español está trabajando dentro del marco de la Unión Europea. La prioridad esencial en estos momentos es reforzar la unidad palestina y el liderazgo palestino, y eso sólo puede pasar -siempre ha sido así desde el punto de vista europeo y desde luego desde el punto de vista de este Gobierno- a través de métodos y de sistemas democráticos, en definitiva, a través de elecciones. Por lo tanto, este Gobierno apoyará las elecciones presidenciales que han sido convocadas para el próximo 9 de enero, y en esas elecciones habrá observadores europeos y por lo tanto observadores españoles. En segundo lugar, el Gobierno de España junto a los demás miembros de la Unión Europea estamos trabajando en el plan presentado por el secretario general de la Unión Europea y alto representante, señor Solana, para garantizar la seguridad y reforzar el aparato de seguridad palestino. En ese sentido, España también contribuirá. Al mismo tiempo, participaremos en los esfuerzos de reconstrucción y en la ayuda económica y financiera para dar al pueblo palestino una nueva esperanza. Junto a ello, tenemos también que acoger satisfactoriamente la iniciativa del primer ministro Sharón de retirarse de Gaza, y por ello este ministro viajará, acompañado de miembros de esta Cámara, tanto a Israel, a los territorios palestinos, como a Egipto del 1 al 5 de diciembre, precisamente para involucrar y expresar lo que pueden aportar España y la Unión Europea en este conflicto que desearíamos concluyese felizmente. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON LUIS MARDONES SEVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO DAR CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, PARA ADAPTAR EL ORDENAMIENTO LEGAL Y EL RÉGIMEN DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS MILITARES AL NUEVO MODELO DE DEFENSA NACIONAL, INCUMPLIDA DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2002? (Número de expediente 180/000370.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Luis Mardones al señor ministro de Defensa.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro de Defensa, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a la disposición final séptima de la Ley 17/1999, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, para adaptar el ordenamiento legal y el régimen de derechos y deberes de los militares al nuevo modelo de defensa nacional, incumplida desde el 31 de diciembre del año 2002?

Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado, la respuesta es pronto, pero después de que entre en vigor la Ley de Defensa Nacional que el Gobierno aprobará como anteproyecto para remitir a la Cámara dentro de este mismo año. Lleva toda la razón S.S. en lo del cumplimiento de la ley que invoca: desde hace tres años aproximadamente se encuentra pendiente y hemos de darle cumplimiento. Su señoría se ha interesado en varias ocasiones y lleva toda la razón: tres años de retraso en ese cumplimiento.


El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, tiene usted mi reconocimiento por lo que acaba de decir, por el valor y la dignidad responsable de su Gobierno, porque un gobierno no puede hacer

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leyes e incumplirlas. Desde el año 1999 se lo vengo diciendo al Gobierno anterior. A su antecesor, al señor ministro de Defensa entonces, don Federico Trillo, le reiteré muchas veces que se trajera a la Cámara el proyecto de ley que regulara en el Plan de Defensa Nacional estas cuestiones. Yo le voy a apoyar, como mi grupo y espero que las distintas fuerzas de la Cámara, para que esto se lleve adelante. Usted ha señalado usted unos plazos y una prioridad, la Ley de la Defensa Nacional, y nosotros queremos que esos derechos y deberes de los militares se actualicen y se salgan incluso del cauce añejo de las Reales Ordenanzas.
Precisamente en el debate de hace unas semanas sobre las víctimas del accidente del Yakolev-42 tuvo usted un gesto que le honra como político, y yo lo secundo -está en el "Diario de Sesiones"-, cuando dijo que esos militares y sus familiares no tenían ni una organización ni unos sindicatos -yo estoy en contra de los sindicatos; defiendo las asociaciones militares- ni un órgano de expresión para defender sus derechos. El artículo 181 de las Reales Ordenanzas dice: los miembros de las Fuerzas Armadas, por los que tiene que velar el Estado, y el Estado hay que concretarlo en el Gobierno y en el Parlamento. El Gobierno y el Parlamento están obligados a velar por los intereses de esos profesionales. Usted tuvo un rasgo que incluso va en contradicción con las Reales Ordenanzas, con el artículo correspondiente que dice que el militar no está obligado a manifestar su matrimonio, pero sí que lo ha realizado. Ustedes han reconocido unos derechos en parejas de hecho en el Consejo de Ministros que honra a un sistema democrático.


Yo espero, señor ministro, y con esto quiero darle un plus de confianza y de esperanza, que vengan a la Cámara estas dos leyes y sobre todo la que va a regular los derechos y las obligaciones de los militares. Le pediría que se considerarse el derecho a las asociaciones, que bien ordenadas, bien reglamentadas, serán...


El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor Mardones, lo siento.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señor presidente, señor diputado, coincido plenamente con sus apreciaciones y reitero que se trata de un incumplimiento, como S.S. dice, de lo que una ley de 1999 impone y que no se ha llevado a cabo. Queremos que la redacción de esos derechos de militares en la ley responda al mandato de la Constitución y al espíritu que el Tribunal Constitucional ha marcado en diferentes sentencias, singularmente la que tanto invoca S.S. de 2001. Sin embargo, coincido también con S.S. en que en el pasado debate dije que los militares no tienen sindicato, y hoy, coincidiendo con S.S., añado que ni tienen ni tendrán. Y en eso estamos de acuerdo con los principales países aliados y cercanos a nuestra cultura.


Por último, quisiera decirle que es verdad que el ministro de Defensa y el ministerio, ante el colectivo militar, que no tiene partido político al que poder afiliarse o sindicato que defienda determinados pedimentos, tiene que adoptar una posición tuitiva especial sobre un colectivo en el que el silencio muchas veces se ha impuesto a modo de disciplina. Por tanto, resulta inaceptable que se carguen sobre el colectivo militar culpas que no son suyas o a veces culpas que son de otros estamentos.
Coincido plenamente con S.S. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS QUE PARTICIPAN EN MISIONES DE PAZ FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL? (Número de expediente 180/000391.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Defensa, de don Jesús Cuadrado. Adelante, señor diputado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, cuando se les pregunta a los españoles en una encuesta, por ejemplo la Fundación Marshall recientemente, para qué creen que se puede usar la fuerza militar, el 95 por ciento responde, por ejemplo, que para ayuda humanitaria, o el 80 por ciento para una operación de mantenimiento de la paz, incluso en un 70 por ciento, señor ministro, para acabar con un conflicto civil en otro país. Esos valores que animan a la sociedad española nos honran a todos y creo que conviene ponerlos de relieve.


El día 6 de octubre, señor ministro, decía usted en este mismo hemiciclo que hay un nuevo modo de entender las misiones en el exterior.
Efectivamente, le hago la pregunta sobre las misiones en el exterior porque al Grupo Parlamentario Socialista le interesa muy especialmente que esas misiones están amparadas con precisión en la legalidad internacional, que además tienen la transparencia añadida de haber sido debatidas y aprobadas por el conjunto de los grupos políticos en el Parlamento. Además, señor ministro, le interesa mucho al Grupo Socialista saber que los españoles conocen qué hay detrás de cada misión militar de las Fuerzas Armadas en el exterior; que cuando se hace llegar agua, medicamentos o alimentos a una zona en conflicto hay algo más que esos elementos: hay militares españoles que tienen que ir en un Hércules, que tienen que ir con un helicóptero, por ejemplo, con defensa militar para hacer eso posible. Y conviene que el conjunto de la sociedad española conozca esa realidad de las nuevas

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misiones en el exterior, sobre todo misiones de mantenimiento de la paz.


Señor ministro, conviene que el conjunto de la opinión pública sepa cómo se aprueba una misión española de las fuerzas militares en el exterior, con qué amparo de legalidad internacional, para qué fines concretos, qué mandato preciso se le da, no le vaya a ocurrir, como nos contaba aquel general polaco a quien mandaron a Irak a hacer regadíos y terminaron diciéndole que detuviera a un clérigo, señor ministro. Para eso ni un militar español, ni un militar polaco, ni ningún militar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, en el momento en que S.S. formula la pregunta hay 2.040 militares españoles en operaciones de mantenimiento de la paz, concretamente 778 en Kosovo, 527 en Bosnia, 506 en Afganistán, 200 en Haití, 12 oficiales de enlace y 17 observadores militares. Todas las misiones en las que España participa desde el pasado mes de abril, desde que hay un nuevo Gobierno, han sido aprobadas y conocidas por el Parlamento y todas ellas responden a solicitud o pedimento de Naciones Unidas, por tanto están respaldadas por la legalidad internacional.
Además, no hay ni un solo soldado fuera más de los que ha aprobado como número máximo el Gobierno de España, que son 2.600. Participamos además en la NRF5, de la que seremos líderes en el segundo semestre del año próximo, y en tres grupos de combate, dos constituidos y uno por constituir.


Por último, señoría, coincido plenamente con que la sociedad española conoce la misión de paz de los ejércitos de España. Sería bueno que nos pusiésemos en hora con la Constitución, especialmente aquellos que manifiestan, aunque sean minoría, que lo mejor que puede ocurrir con los ejércitos es que no existan. Pienso yo que sería bueno que no existieran ladrones y tiranos antes de que no haya ejércitos como el ejército democrático de España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS GALACHE CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO COMPATIBLES LOS PRINCIPIOS DE ACONFESIONALIDAD Y LAICIDAD CON LA COOPERACIÓN DEL ESTADO CON LAS MINORÍAS RELIGIOSAS EXISTENTES EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000388.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia, que formula don José Luis Galache.


El señor GALACHE CORTÉS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en la Constitución española ninguna religión tiene carácter estatal. Somos un Estado aconfesional, es decir, laico, en el entendimiento de que la aconfesionalidad es el contenido sustantivo de la laicidad. El artículo 16.1 de la Constitución garantiza en su párrafo primero el derecho a la libertad de culto y en su párrafo segundo una dimensión negativa en cuanto a la imposibilidad de declarar sobre ideología, religión o creencias, pero el párrafo tercero de la Constitución española, muy destacado por una jurisprudencia constitucional específica, cual es la Sentencia 177/1996, reiterada por otra, la 46/2001, básica en esta materia, manifiesta una actitud positiva respecto al ejercicio colectivo de la libertad religiosa en sus plurales manifestaciones consagrado en el artículo 16.3 de la Constitución, que, tras formular una declaración de neutralidad, considera el componente religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones, introduciendo de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que veda cualquier confusión entre fines religiosos y estatales, doctrina, entre otras -insisto, señor ministro-, de la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001.


Nos consta también, señorías, que no existe un derecho o una obligación constitucional de financiación de las comunidades religiosas, aun sin perjuicio de los restos del concordato en materia de la religión católica. Pero ello no puede traducirse -y de ahí viene la pregunta que le formulamos en este acto- en la inexistencia de cooperación con otras confesiones importantes que han adquirido un número decisivo en los últimos tiempos. No solo debe sostenerse esta cooperación, sino que el tiempo transcurrido desde 1978 hasta nuestros días impone una adecuación normativa para equiparlas y corregir los desequilibrios con las confesiones más pequeñas. Por tanto, señor ministro, queremos recabar su opinión sobre la compatibilización que debe potenciarse en este campo de cooperación, la laicidad positiva, sin menoscabo alguno para la consagración constitucional de la separación de las iglesias del Estado, la neutralidad de los poderes públicos respecto a convicciones religiosas de los ciudadanos y en coherencia inequívoca con la percepción positiva del laicismo, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de conciencia, religión y culto, así como la igualdad y no discriminación de los individuos por motivos ideológicos o religiosos.
En definitiva, señor ministro, es preciso...


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El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señor diputado. Lo siento.


Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, pregunta usted si es compatible la aconfesionalidad y laicidad del Estado con la cooperación con las confesiones. La respuesta es sí y la acaba de dar usted porque es que está en la Constitución. La acofensionalidad no significa ignorancia ni desprecio de la libertad ni del hecho religioso, sino, por el contrario, respeto. Además, el mandato de cooperación se encuentra recogido en el artículo 16 de la Constitución, está en las leyes que desarrollan la Constitución y está en las leyes que fueron validadas por este Parlamento para asumir los acuerdos que en su momento fueron negociados y firmados por el Gobierno con las confesiones minoritarias en España y una de cuyas traducciones más relevantes es la que se refiere precisamente a la importancia de la cooperación en materia educativa, social y cultural, que produce además integración del hecho y del pluralismo religioso en España. Eso no significa, no podría significar, ni discriminación negativa ni tampoco privilegio, por tanto, promoción. De modo que todas y cada una de esas manifestaciones tienen que sujetarse a la Constitución y eso debe quedar claro especialmente en el ámbito educativo. Efectivamente, el mandato de cooperación significa tender puentes para la integración del hecho religioso en el sistema educativo, pero afirmando claramente que ninguna religión, en la medida en que ninguna es confesional, y el Estado no es confesional, puede ser obligatoria en el sistema educativo. Desde luego, en ninguno de los contenidos que se viertan en esas enseñanzas pueden vulnerarse ni lesionarse ni la Constitución, ni sus valores, ni los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, a la cabeza de los cuales está, por supuesto, la radicalmente igual dignidad de todas las personas, hombres y mujeres en este país. Por tanto, déjeme que afirme que sí, que no solamente es compatible sino que además es necesario integrar ese respeto a la libertad religiosa, al hecho religioso y a su consecuencia, que es el pluralismo religioso, de una manera no discriminatoria, de una manera no privilegiada, y que de este modo estaremos cumpliendo exactamente lo que la Constitución espera de los poderes públicos. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN HERMOSÍN BONO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁNTOS ÓRGANOS JUDICIALES SE VAN A CREAR EN EL AÑO 2005? (Número de expediente 180/000389.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia, que formula doña Carmen Hermosín.


La señora HERMOSÍN BONO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el buen funcionamiento de la Administración de Justicia aparece como una de las prioridades del actual Gobierno. Así lo hemos podido constatar en los presupuestos que han pasado ya por esta Cámara y también en el programa electoral que el Partido Socialista llevó a las últimas elecciones, en el que se ponía de manifiesto que la justicia era un factor determinante en la calidad democrática de un país. Sin embargo, y a pesar de que en su día se hizo un gran esfuerzo que se plasmó en el pacto de Estado por la justicia, en los años de Gobierno de la derecha hubo un crecimiento muy restrictivo en general, no solamente en la creación de plazas sino también en todo el sector de la justicia. Por consiguiente, no han sido creadas las necesarias plazas de jueces, magistrados, por no hablar de fiscales, para desarrollar la planta judicial y hacer que la justicia funcione de una manera mucho más ágil sobre todo en los procesos civiles y penales. Además, las reformas legislativas y el incremento del volumen de litigios en nuestro país hacen imprescindible acometer también la reforma de la oficina judicial, aunque ya hay un proyecto que en breve tiempo seguramente podremos también conocer en esta Cámara.


La memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2004, recientemente publicada, reconoce que el número de asuntos ingresados ha presentado unos incrementos notablemente superiores a los de la población en los años 2000, 2001 y 2002, lo que se relaciona mal con las políticas restrictivas del Gobierno del Partido Popular en cuanto al número de jueces y al desarrollo de la planta judicial. Además, precisamente el año que viene entrará en vigor la Ley integral contra la violencia de género, que también crea juzgados específicos en esta materia. Por todo ello le pregunto: ¿Exactamente, señor ministro, cuántos órganos judiciales se van a crear en 2005?

El señor PRESIDENTE: Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, he tenido oportunidad de afirmar y ratificar en esta Cámara el compromiso del Ministerio de Justicia de apuntar tres objetivos en esta legislatura. El primero, fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial, lo que significa incremento de la inversión y de la planta, del número de órganos judiciales en disposición de responder a la demanda de justicia; el segundo, extender los derechos de ciudadanía, y el tercero, hacer del Ministerio de Justicia una referencia de seguridad, que es un derecho fundamental y un pilar en

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la lucha contra el crimen, especialmente contra la criminalidad organizada y el terrorismo. En el próximo año 2005 vamos a cumplir con una apuesta importante de crecimiento de la planta judicial, en número de 250 nuevas unidades judiciales y 135 de fiscalía, que encontrarán su acomodo presupuestario en el crecimiento de 90 millones de euros con el que vamos a encarar el próximo ejercicio. Además, queremos hacerlo dialogando y convocando a la cooperación activa a las comunidades autónomas, que tienen una importante participación en la definición y en la ejecución de este crecimiento de la planta.


En apenas siete meses, la conferencia sectorial en materia de justicia, que ha vivido etapas languidecientes, se ha reunido ya en dos ocasiones y las comunidades autónomas han sido convocadas para aportar su colaboración en la definición y en lo que será la puesta en marcha de este crecimiento de la planta, en el modo en que se distribuirán en el territorio nacional 170 nuevas unidades judiciales en el territorio de las comunidades autónomas que tienen asumidas competencias en materia de justicia y 80 nuevas unidades en el resto del territorio nacional.
Además, habrá un crecimiento de la inversión y un crecimiento del gasto corriente, y por supuesto también de las transferencias relativas a la protección de las víctimas de los delitos violentos, especialmente de las víctimas de la violencia de género; las confesiones minoritarias, también encuentran un acomodo específico en la próxima ley de presupuestos para 2005, lo mismo que la asistencia jurídica gratuita.


Con todo ello, además de con la implantación de la nueva oficina judicial, el acuerdo del nuevo modelo retributivo de funcionarios de la Administración de Justicia y la implantación de juicios rápidos civiles, esperamos contribuir de manera decisiva a la modernización tecnológica, organizativa y operativa del servicio público judicial y a la mejor satisfacción de las demandas de justicia de la ciudadanía. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿EXISTE ALGUNA DIRECTRIZ DESDE EL GOBIERNO ENCAMINADA A CRIMINALIZAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES? (Número de expediente 180/000374.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Joan Tardà.


Adelante, señor diputado.


El señor TARDÀ I COMA: (El señor diputado formula la pregunta en catalán.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señoría, si usted y yo nos referimos a lo mismo, la respuesta es no, y lo mismo respecto de movimientos sociales que propugnan y defienden la paz, la vida y los derechos humanos. Este Gobierno no sólo nunca va a criminalizar esos movimientos, sino que los apoyará con todo su entusiasmo y con toda su fuerza.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor TARDÀ I COMA: El nombramiento de Julia García-Valdecasas como delegada del Gobierno en Cataluña inauguró una etapa de represión contra los movimientos sociales. El instrumento de esta política restrictiva de libertades fue el Grupo 6 de la Brigada Provincial de Información. La lista de atentados es muy larga: desalojo manu militari del cine Princesa, asalto policial a la Universidad Autónoma de Barcelona, infiltración de policías emboscados en pañuelos independentistas, golpeando periodistas y mobiliario urbano durante la convocatoria contra el Banco Mundial, y un largo etcétera que se salda con más de 600 detenidos. Contra la impunidad de la brigada se pronunciaron más de 100 entidades ciudadanas catalanas e incluso algunos de sus miembros han sido objeto de procesos judiciales por tortura. Esta fue la serpiente que engendró el Partido Popular.


Nos resistimos a aceptar que un Gobierno socialista pudiera mantener unas directrices semejantes. Por ello, sólo nos queda pensar que aquella perversión ha tomado tal cuerpo que quizás -repito, quizás- les ha superado. Para muestra, un botón. Hace más de 50 días que dos jóvenes se encuentran en prisión acusados de cruzar un contenedor. Estos ciudadanos, y uno más de Cornellà de Llobregat, han denunciado vejación, tortura y amenazas de recibir un tiro entre ceja y ceja por miembros de la brigada, con la finalidad de que se autoinculparan. Más irregularidades: interrogatorios sin presencia de letrado o incluso la presentación a los detenidos de fotografías, como la que les muestro con el sello de la Jefatura de Policía, donde aparecen ciudadanos que nunca han entrado en una comisaría. Todo ello ha generado un movimiento de solidaridad, incluso la petición de libertad del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, presidida por un alcalde del PSC y presidente de la Diputación de Barcelona.


Señor ministro, le instamos a que investigue este proceder y le rogamos que intervenga en la causa de estos ciudadanos. No se podría admitir que, después de 8 años de estado de excepción permanente de los movimientos sociales catalanes, pudiera haber una mínima sombra de duda sobre la existencia de voluntad de criminalizar ideas y comportamientos. Esperamos de usted una urgente actuación y confiamos en usted.


Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, creo que ha citado a una delegada del Gobierno del anterior Gobierno. La responsabilidad política de este Gobierno empezó el 18 ó 19 de abril, si no recuerdo mal, que es cuando entramos en el mismo.
A partir de ahí respondemos políticamente que es de lo que se trata en esta Cámara. En punto a la responsabilidad política, tengo que decirle que las órdenes de prisión son competencia exclusiva de los jueces, según nuestro esquema constitucional, desde su independencia y desde su estatuto constitucional de imparcialidad.


En cuanto a la existencia de malos tratos en comisarías, no tengo ninguna constancia de ello. De lo que sí tengo constancia es de que nosotros tenemos un sistema de garantías, un sistema constitucional que se proyecta también en el sistema policial y en el judicial y que determina que cualquier eventualidad al respecto fuera inmediatamente detectada y, si se detectara, inmediatamente sancionada.


Volviendo al origen de su pregunta, nosotros no estamos por criminalizar nada, estamos por hacer que se cumpla escrupulosamente la Constitución y la legalidad democrática; en ese esquema, puede estar seguro de que nos encontraremos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, el diputado que formuló la pregunta, en opinión de esta Presidencia, ha introducido a una tercera persona en una clara alusión y se da la circunstancia de que además es miembro de esta Cámara. En consecuencia, señora Valdecasas, le rogaría que en turno de alusiones precisara su punto de vista acerca de las afirmaciones realizadas por del diputado señor Tardá.


La señora GARCÍA-VALDECASAS SALGADO: Gracias, presidente.


Me asombran las explicaciones del señor diputado porque ustedes han llevado todo a los tribunales y nada han ganado. En nada la justicia les ha dado la razón. La justicia ha aprobado siempre la actuación policial durante mi época de delegada del Gobierno en Cataluña. Sólo digo eso.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO, DON CARLOS GONZÁLEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS ÚLTIMAS DETENCIONES EFECTUADAS EN EL MARCO DE LA LUCHA ANTITERRORISTA? (Número de expediente 180/000390.)

El señor PRESIDENTE: Continúa el debate. Pregunta al señor ministro del Interior de don Carlos González Serna.


El señor GONZÁLEZ SERNA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señor Alonso, considero que en materia antiterrorista hay importantes motivos para la satisfacción. Lo digo con la debida moderación y prudencia, sin euforia y sin triunfalismo, pues soy perfectamente consciente, como sé que usted también lo es, de que ETA todavía conserva capacidad operativa, de que ETA hoy por hoy todavía tiene capacidad para matar. Soy consciente también de que, a pesar de los avances experimentados, hemos de continuar la lucha contra el terrorismo con la misma tenacidad y con la misma firmeza democrática con la que hemos trabajado hasta ahora, desde el marco jurídico del Pacto antiterrorista y desde el Estado de derecho. A pesar de esas cautelas, señor Alonso, estimo que nos encontramos en un punto, en un momento, en el que podemos y debemos hacer balance. Por ello, considero que hoy se puede decir que, en el último período, la lucha antiterrorista ha arrojado unos excelentes resultados para todos los demócratas. Son numerosos y contundentes los golpes que el Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha asestado a la banda terrorista. En cuestión de semanas, los demócratas hemos visto con satisfacción cómo caía la cúpula política, cómo era descabezado el aparato de reclutamiento y también hemos visto cómo se procedía a la incautación de un auténtico arsenal de explosivos.
Objetivamente, por tanto, cabe afirmar, señor ministro, que ETA se encuentra en una situación de notoria debilidad, debilidad que trae su causa en el asedio policial, en la presión judicial, en la cooperación internacional y muy especialmente -pongo especial énfasis al decirlo- en la posición de firmeza de las fuerzas democráticas y en la creciente e imparable deslegitimación social que padece la banda terrorista ETA.


Señor Alonso, éste es el diagnóstico del Grupo Parlamentario Socialista y, a la vista de él, quisiéramos que usted expusiera ante esta Cámara cuál es la valoración que hace el Gobierno del señor Zapatero de las últimas detenciones efectuadas en el marco de la lucha antiterrorista.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, efectivamente desde que estamos en el Gobierno y siguiendo una línea de hace años, hemos tenido éxitos importantes en la lucha antiterrorista. Recuerdo a bote pronto la neutralización en el sur de Francia, hace ya meses, del aparato de taldes. Recuerdo también la neutralización del comando Vizcaya, que

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se quería reconstituir, y las operaciones a las que usted se ha referido, la que hicimos en colaboración con Francia en el sur del país vecino, que culminó con la detención de Antza y Anboto, con la neutralización de una importante reserva de armas, de municiones, de explosivos, incautación de abundante documentación y también neutralización de la infraestructura: los zulos, las viviendas, etcétera. Entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre fueron detenidos como consecuencia de esa operación 11 presuntos miembros de la organización terrorista ETA en operaciones realizadas por la Policía, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, y el día 16 de noviembre saben que se hizo la operación en las tres provincias del País Vasco y en la Comunidad Foral Navarra, que permitió la detención de 20 personas por su vinculación, presunta siempre, con la banda terrorista en la medida en que formaban supuestamente parte del aparato de infraestructura y de captación de la banda terrorista. Por tanto, se le han dado duros golpes a ETA, tanto en sus comandos de ejecución directa, como en su aparato de infraestructura, en su aparato logístico, informativo, etcétera. Se ha incautado abundante documentación. La banda terrorista ETA está más debilitada de lo que estaba antes. Toda esa secuencia de operaciones nos merece a los miembros del Grupo Parlamentario Socialista, una valoración netamente positiva.
Ahora, quiero enfatizar en algo que usted acaba de decir, la valoración positiva en ningún caso nos va a hacer caer en el triunfalismo ni en la exacerbación. Vamos a tomar las cosas desde ese punto de vista, en su justa medida: seguir luchando contra el terrorismo desde la seriedad y desde la responsabilidad.


Finalmente, también quiero decirle dos cosas. La lucha contra el terrorismo es una cuestión de todos los demócratas y, por tanto, es también una cuestión, y esto también quiero dejarlo...(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo concluyó, lo lamento.


- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁLES VAN A SER LOS CRITERIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN ISLÁMICA? (Número de expediente 180/000382.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, recientemente, varios medios de comunicación nos han informado de que había criterios diferentes en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Justicia. Posteriormente, al parecer, ha habido una reunión de ambos ministerios con los representantes de las comunidades islámicas y parece ser que se ha impuesto el criterio de Justicia. Por todo ello le hacemos la siguiente pregunta: ¿Cuáles van a ser los criterios y garantías para el nombramiento de los profesores de religión islámica?

Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


El nombramiento de los profesores de religión islámica se ha atenido en el pasado, se atiene y se atendrá a lo dispuesto en las diversas normas que regulan las enseñanzas de religión, desde las más generales, contenidas en los artículos 16 y 27 de la Constitución, a las específicas como las que incluye la Ley 26/1992, sobre la enseñanza religiosa islámica.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora ministra, efectivamente, en el año 1992 se llegó a un acuerdo entre el Estado y la federación de comunidades musulmanas, que incluso vino a las Cortes Generales y el PP lo votó favorablemente. La pregunta es cuáles van a ser los criterios porque, señora ministra, conocerá usted la sura 4 del Corán -que no se la voy a relatar porque es larga-, su concepto peyorativo de la mujer y la falta de igualdad. Esto choca con nuestros principios constitucionales. Hay que tener mucho cuidado, señora ministra -y supongo que en la contestación nos lo explicará-, pues no siendo una cuestión prioritaria, aunque en tiempos del anterior Gobierno en Ceuta y Melilla había un número suficiente de alumnos -en el resto de España ha pedido la religión islámica aproximadamente el 0,8 por ciento-, la cuestión ha de abordarse con gran prudencia y sentido de la responsabilidad, sin ningún tipo de precipitación. Nos preocupa especialmente el profesorado que haya de impartir esta materia. Sabe usted que habido un imán condenado por sus declaraciones en la Costa del Sol; otro ha hecho unas declaraciones en Granada absolutamente en contra de los conceptos constitucionales. Por eso decimos que quien haya de impartir esta materia ha de cumplir unos claros requisitos de idoneidad, entre ellos ha de gozar de nacionalidad española, dominar la lengua castellana y utilizarla en las clases, poseer un título académico suficiente y que las clases se impartan con plena observancia de las normas y características del sistema escolar. Por encima de todo, es imprescindible garantizar que la enseñanza de la religión islámica se ha de realizar en congruencia con los principios que informan

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el sistema educativo español y la Constitución española.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Me alegra ver que S.S. está de acuerdo en que este Parlamento ha respaldado la diversidad de enseñanzas religiosas, que se corresponde con lo que establece nuestra Constitución y que las administraciones educativas tenemos que vigilar por que se cumpla de acuerdo con esa normativa que nos hemos dado.


Su señoría conoce que la designación de los profesores de las diversas religiones sigue siempre los procedimientos dispuestos en las leyes, que son prácticamente idénticos en todos los casos, y que supone que la correspondiente confesión religiosa determina quiénes son las personas idóneas para impartir estas enseñanzas; que las administraciones educativas vigilan, por supuesto, que los profesores tengan la titulación que se exige en ese nivel educativo y que todas las administraciones educativas en todas las enseñanzas de todas las religiones, y en las de las demás materias, debemos supervisar y garantizar que los contenidos son siempre conformes a los principios constitucionales. Esta es una tarea que todas las administraciones educativas tienen que cumplir referente a todas las materias, incluidas las enseñanzas religiosas.


Puedo añadir que la normativa actualmente en vigor para la selección de los profesores de educación -en este caso de religión islámica- es la misma que ha estado en vigor en los últimos tiempos, cuando se ha producido también un incremento en diversas comunidades autónomas del número de profesores de religión evangélica. Obviamente, también se cumplen por todas las administraciones las disposiciones que existen acerca de la selección de este profesorado. En definitiva, todas las administraciones cumplen con su obligación de vigilar la aplicación de la normativa en vigor que S.S. ha reconocido que este Parlamento respaldó.
(Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EUGENIO NASARRE GOICOECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE LE MERECE LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA-LA MANCHA SOBRE EL DECRETO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS DEL GOBIERNO DE DICHA COMUNIDAD AUTÓNOMA? (Número de expediente 180/000383.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia de don Eugenio Nasarre.


Adelante, señor diputado.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Gracias, señor presidente.


Le pregunto, señora ministra, cuál es la valoración que le merece la reciente sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha sobre el decreto de admisión de alumnos del Gobierno de dicha comunidad. Doy por sentado que la acata, como es natural, pero me gustaría saber cuál es su parecer en torno a sus contenidos, fundamentos, etcétera porque me parece de gran interés para la Cámara.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Ministerio de Educación y Ciencia, como todas las administraciones educativas, actúa efectivamente con total respeto a la legalidad, como S.S. sugería, y analiza con gran atención, como no puede ser menos, todas las sentencias relativas al sistema educativo.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora ministra, le he formulado la pregunta porque últimamente los gobiernos socialistas de diversas comunidades autónomas están recibiendo varapalos de diversos tribunales de justicia y siempre por el mismo motivo: recortes a la libertad de las familias para elegir centro docente. Sucedió en Asturias -disminución indebida de aulas-, ha sucedido en Cataluña y ahora en Castilla-La Mancha. Sabemos que también en Andalucía hay un profundo malestar de las familias por este motivo. Afortunadamente, en un Estado de derecho el papel de la jurisprudencia en la protección de derechos y libertades es fundamental.
Yo quiero recordar aquí que, en el caso que nos ocupa, el tribunal ha declarado que estamos en presencia de la vulneración de una libertad fundamental a la que la Constitución otorga la máxima protección jurídica. No estamos en presencia de una mera cuestión administrativa, lo que la sentencia establece claramente es que la creación de órganos administrativos para distribuir la admisión de los alumnos de aquellas familias que quieren ejercer la libertad de elección de centro es una interferencia ilegal y, sobre todo, inconstitucional. Afecta al contenido esencial de la libertad de enseñanza porque ese contenido exige una relación directa entre el centro educativo y la familia, relación que ha de comenzar precisamente en el momento de elegir el alumno el centro. No puede haber órganos administrativos que se interpongan en esta relación.
Un centro educativo, señora ministra, no es

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una estación de gasolina que forme parte de una red, es una institución con identidad propia, con carácter propio, y nuestra ley exige que el contenido de ese carácter propio debe ser puesto en conocimiento de las familias y que la elección de éstas comporta su aceptación.


Los tribunales le están diciendo que están emprendiendo un camino equivocado, señora ministra, recortando las libertades de las familias -por cierto, la palabra libertad no aparece ni una sola vez en el documento sobre la reforma-, que no va a resolver ni uno de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, los va a agravar. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo, lo lamento, señor Nasarre.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señor presidente.


Su señoría se refiere a dos cuestiones: una tiene que ver con el caso concreto que nos ocupa de la sentencia del Tribunal de Castilla-La Mancha y otra con el principio general de la libertad de elección de las familias. Vamos a intentar contestar a las dos partes.


En primer lugar con relación al decreto concreto de admisión en Castilla-La Mancha, S. S. sabrá que este decreto fue dictado cuando estaba todavía el anterior Gobierno del Partido Popular y que este Gobierno no encontró ilegalidad en las normas de admisión que estableció Castilla-La Mancha. En marzo y abril requirió a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha acerca de las normas referentes a la atención a alumnos inmigrantes, no encontrando ilegalidad en el resto del decreto.
De hecho, la sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha no encuentra ilegalidad en las normas de admisión, en los criterios establecidos por Castilla-La Mancha ni en su ponderación; lo indica expresamente, dice que no ha apreciado vulneración alguna del artículo 27, cosa que supongo que a S.S. le satisface, igual que a mí.


Con respecto al debate educativo y al importante derecho de elección ya hemos hablado en alguna otra ocasión. La libre elección de centro es un derecho que tienen las familias españolas, y así está recogido en nuestra legislación fundamentalmente desde que este Parlamento aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en 1985. Este derecho no está en discusión, lo que sí está en discusión en algunas ocasiones es la interpretación de que estemos en presencia de una libertad del centro para elegir a sus alumnos.


Ya que usted ha mencionado el respeto a las sentencias de los tribunales, recordemos lo que el Tribunal Supremo ha dicho en 1987 y 1994 al respecto: El derecho fundamental de crear y dirigir centros docentes no comprende el derecho de elección del alumnado, al menos cuando se trata de centros sostenidos con fondos públicos, si no se quiere...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra. Su turno ha terminado.


- DEL DIPUTADO DON LUIS JUAN TOMÁS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CUÁL ES EL INCREMENTO REAL EXPERIMENTADO POR LAS BECAS? (Número de expediente 180/000396.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Educación y Ciencia, de don Luis Juan Tomás García.


Adelante.


El señor TOMÁS GARCÍA: Señor presidente, señora ministra, la mejora de las competencias cognitivas y la promoción de las actitudes y valores para ser buenos ciudadanos tienen hoy la consideración de elementos esenciales de calidad del sistema educativo, pero la calidad, señorías, debe medirse también por el rasero de la equidad. Un sistema educativo caracterizado por la desigualdad o la discriminación no puede ser un sistema de buena calidad. Todo paso adelante hacia la equidad representa por sí mismo una mejora de la calidad de la educación.


Señora ministra, en el Grupo Parlamentario Socialista tenemos la certeza de que en España hemos dado bastantes pasos atrás en esta materia y que hemos retrocedido gravemente en este asunto, alejándonos de los niveles medios de la Unión Europea. Un ejemplo, en Málaga, circunscripción por la que soy diputado, se produjo un descenso drástico del número de becas universitarias. En el curso 1995-1996, se registró un cómputo de 11.332 becarios; en el curso 2003-2004, esta cifra se redujo a 6.603, una reducción de casi el 50 por ciento. Estos datos no son más que un claro exponente de las consecuencias que ha tenido la política educativa aplicada por el Partido Popular. Durante el mismo período, en toda España se redujo el porcentaje de becarios en otros niveles del sistema, con una reducción de más de 11 puntos en bachillerato.


Para corregir esta situación y progresar en la equidad, el Gobierno del que usted forma parte aprobó en mayo un crédito extraordinario para becas por valor de 36 millones de euros. Ahora, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado incorpora importantes partidas para conseguir un sistema de becas eficiente y solidario.


Señora ministra, ¿cuál es el incremento real experimentado por las becas? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señora ministra.


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La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Señoría, efectivamente, los presupuestos marcan prioridades y está claro que el proyecto de presupuestos para el año 2005 revela la prioridad que el Gobierno concede a una política expansiva de becas. En primer lugar, por su papel crucial en la garantía de la igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, para comenzar a compensar las caídas de los últimos años.
Por esta razón, el gasto total en becas y ayudas crece un 10,5 por cierto el próximo año, alcanzando los 903 millones de euros, más de 150.000 millones de pesetas. Detrás de este crecimiento se encuentran decisiones importantes, como el aumento del valor real de las ayudas en un 5 por ciento y la extensión de las becas y ayudas, especialmente las compensatorias, a estudiantes que antes no las recibían a pesar de tener un nivel de renta reducido. Las medidas tomadas por el Gobierno se corresponden con crecimientos indiscutibles del número de becarios, según las estadísticas oficiales. En la convocatoria general en universidades está previsto un crecimiento del 8 por ciento, en enseñanzas medias del 6 por ciento y en ayudas para libros del 7,6 por ciento, por no hablar del 26 por ciento en las becas de movilidad Séneca. Parte de las discusiones que se producen a veces sobre los números de becarios universitarios tiene que ver con la utilización de datos previstos en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular, que nunca se hicieron realidad. Por lo tanto, no podemos utilizar esos datos, que eran solamente teóricos y nunca llegaron a realizarse. En realidad, el porcentaje de becarios cayó en los últimos años en la convocatoria general -que, como usted sabe, es la más importante-, desde el 24,7 por ciento en 1995, al 13,5 por ciento en el curso 2002-2003, si hablamos de bachillerato, al igual que se producen caídas similares en formación profesional y en la universidad.


Esta es la realidad de la política de becas de los últimos años, que las nuevas decisiones del Gobierno y el presupuesto para el próximo año intentan compensar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA QUE SE RESPETE, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, LA LEY DE LAS CORTES GENERALES 2/1998, DE 3 DE MARZO, ASÍ COMO LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN MATERIA DE TOPONIMIA GALLEGA, ANTE LA MOCIÓN APROBADA EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA, A INICIATIVA DE SU ALCALDE, QUE LAS CONCULCA? (Número de expediente 180/000371.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas de don Francisco Rodríguez. Adelante, señor diputado.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señor ministro, en nombre de los que queremos vivir en un Estado de derecho, en nombre de los que respetamos y queremos que se respeten las leyes emanadas de este Parlamento y de los parlamentos autonómicos y las sentencias de los tribunales, en nombre de los que sabemos y aceptamos que las denominaciones de lugares de Galicia tienen una sola forma originaria, la forma gallega, y que esta es la legal administrativamente, al margen de la lengua que usemos, le planteo la siguiente pregunta: ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para que se respeten en el marco de sus competencias la Ley de las Cortes Generales 21/1998, de 3 de marzo, así como la normativa legal vigente en materia de toponimia gallega ante la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento de A Coruña, a iniciativa de su alcalde, que las conculca? Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidente.


Ninguna. Entre otras razones porque entendemos que la normativa legal vigente, de cuya competencia es responsable el Gobierno, no se ve conculcada por la moción a la que hace referencia su señoría.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor ministro, quiérese decir que en el ámbito de sus competencias ustedes van a respetar la ley. Eso es lo que me interesa que usted responda, no otras cuestiones. Después, a pesar de que ya es bastante decir su respuesta, porque la ley es taxativa y afecta a todos los ámbitos administrativos -y a usted le van a llegar documentos con una determinada formulación-, sabe que el Ministerio de Administraciones Públicas es el garante en el nivel general del Estado nada menos que de la denominación de todos los ayuntamientos que existen en el Estado.


Yo sólo le pregunto si ustedes, en el ámbito de sus competencias, van a respetar la ley. Diga sí o no. Es lo único que me interesa. No vigilar a los demás, sino si ustedes van a respetar la ley.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Sí, vamos a respetar la ley, la ley que autoriza a los ayuntamientos a denominarse como decida el pleno del Ayuntamiento. La ley que establece qué es la autonomía, en este caso la Xunta de Galicia, que, a través de un decreto, establece cómo se denominan los ayuntamientos, y la ley que

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establece que ese decreto de la Xunta se publica en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno simplemente tiene que tomar nota en el registro de entidades locales. Esa es la ley y esa es la ley que vamos a respetar.
(Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ OPINA LA SEÑORA MINISTRA SOBRE LAS REITERADAS MANIFESTACIONES DE DISTINTOS COLECTIVOS RESPECTO DE SUS DECISIONES POLÍTICAS? (Número de expediente 180/000380.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de doña María Teresa de Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿qué opina sobre las reiteradas manifestaciones de distintos colectivos respecto de sus decisiones políticas?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada.


El Gobierno y esta ministra respetamos las opiniones de todos los ciudadanos, sean coincidentes o discrepantes con la acción del Gobierno, usen las pancartas o no las usen. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora DE LARA CARBÓ: Señora ministra, usted sabe perfectamente que su explicación no responde a la realidad. Usted sabrá, señora ministra, a qué presiones responde -no desde luego al interés general de los españoles- su decisión de rebajar la cuota y la capacidad de embalse de la presa de Castrovido, en la provincia de Burgos. Una presa que está ya en construcción, y que cuenta por tanto con un proyecto aprobado y con una declaración de impacto ambiental positiva, y cuya finalidad es garantizar el riego y el abastecimiento de los habitantes de la zona, prevenir las inundaciones del río Arlanza y mantener el caudal ecológico.
Su decisión, contraria a todos los informes técnicos, que indican que, en caso de construir la presa de menor altura, la racionalidad técnica conduce a que deba ser replanteado el proyecto en su globalidad, empezando por su emplazamiento, es una prueba evidente de que objetivos muy distintos a la solución de los problemas del agua en España son los que priman en su actuación como ministra.


Afirmar, como usted hace, que un embalse al que se rebaja la cuota 11 metros garantiza los mismos servicios es un insulto a la inteligencia.
Cesar a una serie de técnicos y cargos públicos de su departamento por tener una opinión técnica de un proyecto distinta de la que la señora ministra deseaba nos parece intolerable. Que colectivos tan respetables como la Sociedad Española de Presas y Embalses, la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos o los técnicos de la Dirección General de Aguas del ministerio, coincidan en la gravedad de la situación provocada por su arbitrariedad, que refleja la falta de independencia a la que se ven sometidos los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente respecto a las confederaciones, nos parece la confirmación del diagnóstico que el Grupo Parlamentario Popular viene haciendo: sus decisiones, señora ministra, responden a la improvisación y a intereses que usted conocerá, pero no a los intereses generales de los españoles, en este caso, el de los municipios que se beneficiarían de la presa de Castrovido.


Usted se mueve, señora ministra, por la tónica general del Gobierno Zapatero, que no es más que un revisionismo revanchista y atolondrado de todo lo hecho por el Gobierno anterior. Empiecen ustedes a construir, señora ministra... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, señora De Lara.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señora diputada, he manifestado antes mi respeto ante la discrepancia y exijo el mismo respeto de su grupo parlamentario para opiniones tan solventes como las de la OCDE, que afirma en su último informe que la política del agua realizada por los gobiernos del Partido Popular es francamente insostenible.


Para variar esa política del agua y hacerlo de acuerdo con los criterios europeos, con una mayor racionalidad económica, con una mayor exigencia de sostenibilidad ambiental y atendiendo por supuesto a las necesidades reales de los ciudadanos en materia de cantidad y de calidad del agua, hay que tomar decisiones relevantes. Y toda decisión relevante, señora diputada, comporta cambios en la relación de poder entre los ciudadanos.
Siempre habrá colectivos que, ante una decisión importante, la entiendan y la compartan, y otros colectivos que no la compartan. Para su tranquilidad, le diré que todos los informes en los que se apoyan las decisiones del ministerio en materia de política de agua están avalados por ingenieros de caminos, ingenieros de caminos que no configuran un colectivo unánime, donde se entienda que hay sólo una solución técnica para cualquier tipo de problema. Evidentemente, hay que formular bien los problemas y el diagnóstico de las

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alternativas y a partir de ahí contar con la experiencia de los ingenieros de caminos, profesión absolutamente necesaria en un país al que le queda mucho por hacer; entre otras cosas, todo lo que ustedes no hicieron, y le voy a mencionar sólo la seguridad de nuestros embalses, seguridad que sin ninguna duda tiene que ser encomendada en primer lugar a los ingenieros de caminos de nuestro país, perfectamente capacitados, si se les dan las instrucciones precisas para que una cuestión como la seguridad pase a ser una verdadera prioridad.


Seguridad de las presas y prevención contra las avenidas, por supuesto. En eso es en lo que estamos trabajando, y le ruego que el mismo respeto que yo demuestro a las personas que no coincidan con mi opinión, dentro o fuera del ministerio, se lo tengan ustedes a todos aquellos expertos, miembros de la comunidad científica y organismos internacionales y europeos, que se pronunciaron de manera nítida contra la política del agua del Partido Popular. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL PINTADO BARBANOJ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ FUTURO VE LA MINISTRA A LA RED DE PARQUES NACIONALES DESPUÉS DE LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (Número de expediente 180/000381.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ángel Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señora ministra, ¿qué futuro ve a la red de parques nacionales después de la sentencia del Tribunal Constitucional?

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): El futuro de los parques nacionales dependerá de la responsabilidad que demuestren tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, cada una de ellas en el ámbito de competencias delimitado por esta sentencia del Tribunal Constitucional.


El señor PRESIDENTE: Señor Pintado.


El señor PINTADO BARBANOJ: Señora ministra, usted ha manifestado, tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, que agradecía la delimitación nítida que se hacía en el marco competencial en relación con la confusión que hasta la fecha existía en esta materia, confusión que cabría recordarle, señora ministra, que depende de la Ley 4/1989, del Partido Socialista, en la que creo que usted tuvo bastante que ver y que el Partido Popular, con el concurso de toda la Cámara, aprobó y subsanó estableciendo la cogestión.


Yo le quisiera preguntar hoy, señora ministra, por la preocupación que ha suscitado esta sentencia a la comunidad y a los grupos ecologistas, si comparte usted esas denuncias en cuanto a que el cumplimiento de esta sentencia augura que se perderán las señas de identidad de la red de parques nacionales y también si está de acuerdo con la valoración de estas mismas organizaciones ecologistas en cuanto a que puede suponer un golpe mortal a la red de parques. Varias comunidades autónomas han manifestado que no van a aceptar asumir la transferencia con un déficit económico y al mismo tiempo le anuncian que variarán el modelo de gestión. Nosotros consideramos desde el Partido Popular que usted no puede defraudarlas y que debe hacer una apuesta clara de apoyo que permita mantener esta red ejemplar. Nosotros ya le anunciamos la presentación de iniciativas en sede parlamentaria para apoyar a su Gobierno para que esas transferencias tengan la suficiente dotación económica y que en definitiva se guarde el espíritu que hasta ahora ha preservado a la red de parques.


Nosotros no cuestionamos la capacidad de las comunidades autónomas para la gestión de los parques y vamos más allá exigiéndoles un proceso de transferencia que se debe abrir ahora por la vía de la negociación, para que se puedan mantener las señas de identidad de estos parques, esas señas de identidad que no solamente lo son en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional en cuanto a la conservación de la biodiversidad, donde contamos con la declaración de algún parque como patrimonio de la humanidad, como es el caso de Ordesa y Monte Perdido, Doñana y Garajonay. Le queremos recordar, señora ministra, que esa transferencia no solamente es en dinero, sino también en personal y especialmente en el modelo de gestión. No dilapide usted, señora ministra, esta herencia por una inhibición que pudiera tirar por la borda muchos años de esfuerzo y, si usted ya tiene claro el ámbito competencial, nosotros le animamos a que ponga todos los medios para que la conservación y la preservación de la biodiversidad sigan siendo una verdad que permita a las próximas generaciones disfrutar de estos parajes.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señor presidente.


Señoría, le agradezco el apoyo que de antemano presta su grupo parlamentario a aquellas iniciativas que permitan que en el futuro se preserve la calidad y los valores que definen la red de parques nacionales de España. Como he dicho en mi primera respuesta, el futuro de esa red va a depender de la responsabilidad que ejerza el Gobierno de la nación y de la responsabilidad

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que ejerzan en la gestión las comunidades autónomas. Por lo que se refiere al Gobierno de la nación, en la medida en que la sentencia del Tribunal Constitucional establece claramente que corresponden al Gobierno de la nación los criterios básicos que definen un parque nacional a través de la aprobación del Plan director de parques nacionales, el ministerio está analizando las normas que en su caso sea preciso someter a esta Cámara para reforzar esos criterios básicos y por tanto el mantenimiento de su exigencia, como prevé la sentencia del Tribunal Constitucional.


Ha fracasado, por supuesto, un determinado modelo de cogestión, el que ustedes han llevado a cabo durante estos últimos años, y que tardó en ser definido tres años desde la anterior sentencia del Tribunal Constitucional. Hace apenas 10 días que el Gobierno de la nación conoce la sentencia del Tribunal Constitucional y espero que tardemos mucho menos tiempo en adoptar las iniciativas legislativas pertinentes para reforzar el papel que nos atribuye la Constitución y en concreto esta sentencia del Tribunal Constitucional. Espero que eso redundará sin ninguna duda en esa protección que reclaman esas organizaciones ecologistas, que me alegro que por una vez y sin que sirva de precedente les parezcan a ustedes una referencia positiva, puesto que no es precisamente lo que ha parecido darse en materia de participación pública en la gestión de los parques nacionales y en general en materia de política ambiental durante las dos legislaturas de Gobierno del Partido Popular. La opinión de las organizaciones ecologistas y de todos los expertos es una opinión a tener muy en consideración, e insisto en que cada una de las comunidades autónomas tendrá que demostrar ante su ciudadanía que van a gestionar bien los parques nacionales. Yo estoy segura de que pueden hacerlo, evidentemente con los procesos relativos a los medios humanos y materiales que correspondan en cada caso...(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo, ministra; lo lamento.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN ORTIZ RIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL VA A SER LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE CON EL NUEVO IMPULSO QUE PLANTEA EL MINISTERIO? (Número de expediente 180/000394.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña María del Carmen Ortiz.


Adelante.


La señora ORTIZ RIVAS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, desde el año 1994 en que se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente como órgano de consulta y participación en políticas medioambientales, este ha sufrido distintas modificaciones. Quizás en la última legislatura, con el Gobierno del Partido Popular, es cuando este órgano consultivo y de participación llegó a tener un funcionamiento más exiguo, restringiéndose la representación social, las dotaciones presupuestarias y, por ende, las propias convocatorias del mismo y su funcionamiento. Esto, señorías, no sólo lo digo yo sino que además se desprende claramente de la documentación consultada de la anterior legislatura. Así, en el año 2001, en la respuesta que da el Gobierno a un diputado de esta Cámara acerca de las reuniones celebradas por el Consejo desde abril de 2000 a septiembre de 2001 se le contesta que el último pleno convocado del Consejo de Medio Ambiente fue en enero del año 1998 y, además, que esta convocatoria no se pudo celebrar por falta de quórum.
Por supuesto, se le dice que el ministerio no tiene prevista ninguna reunión del citado Consejo a corto plazo.


Además, señorías, en el año 2002 el Ministerio de Medio Ambiente del Partido Popular decide reformar el Consejo y dotarlo de una nueva estructura de funcionamiento. Esta reforma se justifica en la propia memoria del Consejo diciendo que el Consejo tenía paralizadas sus funciones, cuestión que si bien era cierta solo sirvió para empeorar la situación. En la reforma que hace el Gobierno del Partido Popular se reduce a la mínima expresión la representación social. El Consejo se funcionariza y además no se incrementa su pretendido funcionamiento. Se celebran, desde su nueva reestructuración, solamente dos sesiones, la sesión constituyente y dos sesiones plenarias hasta el final de la legislatura.


Señora ministra, en los meses que llevamos de esta nueva legislatura, el Ministerio de Medio Ambiente ha convocado dos veces el Consejo asesor. En él se ha analizado la alternativa al trasvase del Ebro. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Querida diputada, ha terminado su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.


Gracias, señoría. Ha descrito usted la evolución procelosa de un órgano consultivo y de participación creado en la última legislatura socialista y anulado prácticamente por las dos legislaturas del Gobierno del Partido Popular. Ciertamente, este Gobierno considera preciso reforzar ese órgano y volver a darle un papel de acuerdo con una nueva norma de funcionamiento, norma que está en estos momentos ya en la comisión de subsecretarios y donde haremos algunos cambios importantes. Por supuesto, las organizaciones sociales y en particular las organizaciones ambientales recuperarán una presencia suficientemente significativa, que se corresponde con la importancia que estas organizaciones

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tienen en la defensa del Medio Ambiente en nuestro país.


De 15 miembros con voto que tendrá el Consejo asesor de Medio Ambiente, cinco representarán a las cinco principales organizaciones no gubernamentales en esta materia. En el Consejo asesor estarán también representados los dos sindicatos de nuestro país, las organizaciones empresariales, las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones de consumidores y los representantes del sector de la pesca. Todo ello son organizaciones sociales que deben ser las que expresen libremente su opinión de manera preceptiva ante los procesos de elaboración de leyes o de decretos, planes o programas con incidencia ambiental por parte de nuestro Gobierno. Habrá una consignación presupuestaria en el Ministerio de Medio Ambiente que permitirá la realización de aquellos trabajos de apoyo a las funciones del Consejo asesor de Medio Ambiente y se reducirá sustancialmente la presencia con voto de la Administración. Se había llegado, como en otros órganos supuestamente asesores, a un consejo en el que llegaba a tener casi más peso la Administración que la sociedad. La intención del Ministerio de Medio Ambiente es cambiar radicalmente esa situación, que sea un consejo que asesore a la Administración y no un consejo en el que la Administración sea la que tenga la última palabra. Ese es el diseño que está ya en la comisión de subsecretarios y esperamos poder iniciar el próximo año una nueva andadura en la vida de un consejo asesor que hoy día es exigible, incluso como parte del cumplimiento del convenio de Aarhus, que obliga a todos los países europeos a mejorar los cauces de participación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO PIENSA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO FIRMADO RECIENTEMENTE CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA ACTUACIONES CONJUNTAS DE SOSTENIBILIDAD URBANA? (Número de expediente 180/000395.)

El señor PRESIDENTE: Última pregunta a la ministra de Medio Ambiente. Doña Carmen Marón, adelante.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, presidente.


Señora ministra, como diputada y como municipalista, quiero felicitarla por el convenio firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias para impulsar el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y pueblos. Ello supone un compromiso claro del Gobierno y una sensibilidad especial de su ministerio con los ayuntamientos, que con frecuencia tienen que hacer frente en solitario a las demandas ciudadanas. Usted sabe que impulsar buenas prácticas ambientales requiere recursos económicos y recursos técnicos. Al final, los ayuntamientos, que en este campo tienen obligaciones limitadas, como recoger la basura, limpieza viaria y alcantarillado, hoy están comprometidos a mucho más. Están comprometidos a reciclar y tratar los residuos adecuadamente, a depurar sus aguas residuales para preservar nuestras costas y mares, a hacer frente a la contaminación acústica y a la contaminación atmosférica, preservar los espacios naturales, regenerar espacios contaminados, muchísimas competencias. Y, además, hay que decirlo, arrastrando el lastre de ocho años de Gobierno Popular, que han sido una auténtica sequía, ministra. Y aquí sí que necesitamos realmente un trasvase de recursos para reflotar las políticas de sostenibilidad tan maltrechas y mermadas en este tiempo. ¡Qué oportunidad han tenido para resolver todos los problemas que ahora dicen que tenemos presentes! Los ayuntamientos tienen que dar soluciones, articular planes de acción, agendas locales, concienciar y proyectar inversiones.


Necesitamos, señora ministra, que ayuntamientos y ciudadanos visualicen de una manera clara este convenio y por tanto yo le pregunto: ¿Cómo piensa desarrollar los términos de este acuerdo tan interesante, firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias para las actuaciones conjuntas en materia de sostenibilidad urbana? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada.


El Ministerio de Medio Ambiente efectivamente ha firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para cuyo apoyo se destinará el año que viene un millón de euros dentro del presupuesto de la Secretaria General para la prevención de la contaminación y del cambio climático. Queremos apoyar en particular a aquellos municipios que se comprometan en serio. Más allá de declaraciones que cualquiera es capaz de hacer, queremos premiar a aquellos que se comprometan de verdad con un plan de acciones concreto que incluya objetivos, por supuesto, en varios campos ligados a la sostenibilidad de la ciudad, pero que tengan como componente generalizada el esfuerzo por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades. Una verdadera red de ciudades por el clima exige objetivos cuantificados para cada uno de los términos municipales y exige decisiones en muchos ámbitos de la política municipal, en el ámbito del transporte, del urbanismo y de la

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edificación, por supuesto, en las ordenanzas municipales relativas al uso de la energía y al fomento de las energías renovables.


Todo ello esperamos tenerlo definido en las próximas semanas para los ayuntamientos, que pueden ser de muy distinta naturaleza; los criterios no serán tan rígidos como para que no puedan formar parte de este proceso, de mutuo acuerdo, ayuntamientos pequeños, medianos o grandes, ayuntamientos de áreas rurales, ayuntamientos de áreas metropolitanas o de áreas más desarrolladas. Por eso queremos que esos principios y esos criterios estén claros. Esos ayuntamientos por supuesto tendrán la asistencia técnica del Ministerio de Medio Ambiente para llevar a cabo de manera exitosa sus objetivos, para hacer una evaluación permanente de los mismos, para que los ciudadanos conozcan si su ayuntamiento mejora o empeora y para facilitar al máximo la participación ciudadana en el logro de estos objetivos. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORES PUIG GASOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES CONCRETAS VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL ACUERDO ALCANZADO CON LA GENERALITAT DE CATALUNYA SOBRE SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL? (Número de expediente 180/000392.)

El señor PRESIDENTE: A continuación, preguntas a la señora ministra de Fomento. De la diputada doña María Dolores Puig.


La señora PUIG GASOL: El Gobierno ha anunciado en esta legislatura que el ferrocarril va a sufrir un fuerte impulso y un tratamiento prioritario dentro del sistema del transporte nacional. El Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se modifica el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de pasos a nivel, desarrollado por una orden ministerial posterior, describe que los órganos administrativos competentes procederán, en los plazos que las disponibilidades presupuestarias permitan, a la supresión de los pasos a nivel existentes. Y una de las políticas importantes para el Grupo Socialista referente al transporte por ferrocarril y/o por carretera es dotar a estas infraestructuras de los máximos niveles de seguridad.


El Gobierno da un tratamiento prioritario, como no podría ser de otra manera, en sus actuaciones en materia de seguridad que afecta al funcionamiento general de los ferrocarriles, dado que, en un país moderno, el funcionamiento de las infraestructuras pasa por dar respuesta a los nuevos retos planteados, que son la seguridad, la sostenibilidad y la cohesión territorial. Estos conceptos están en los objetivos básicos de las políticas de infraestructura tanto del Ministerio de Fomento como de la Generalitat de Catalunya, figurando de forma destacada planes específicos para la mejora de la seguridad en el ferrocarril, especialmente los pasos a nivel que persisten en la red catalana. No obstante, hay que dejar claro que, para poner en marcha acciones que se refieren a soluciones que el ciudadano demanda, es necesario que haya un acuerdo entre las distintas administraciones públicas, creando fórmulas de participación como las diferentes administraciones en el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo.


El ferrocarril, señora ministra, es un modo más de transporte, pero es el que representa menos costes sociales y ambientales y tiene una mayor eficiencia energética. Por eso es muy importante que exista un acuerdo que mejore estas infraestructuras. Recientemente han firmado ustedes un acuerdo con la Generalitat y por eso le quiero preguntar: ¿Qué actuaciones concretas va a llevar a cabo el Gobierno en relación con el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Catalunya sobre supresión de pasos a nivel?

Gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señoría, la principal prioridad del Ministerio de Fomento, tal y como usted ha dicho, es la seguridad en el transporte, lo que he tenido ocasión de reiterar en otras ocasiones en esta Cámara. Cuando el Gobierno actual tomó posesión, existían en España 4.509 pasos a nivel; además, y esto es lo importante, en ellos se daba un grado de siniestralidad de cierta importancia que se estaba incrementando paulatinamente. Ante esta situación era necesario trabajar con rapidez, por lo que iniciamos actuaciones con carácter inmediato, suprimiendo los pasos a nivel en los casos en que era posible hacerlo y mejorando la seguridad en otros muchos casos, cuya supresión no era posible a corto plazo. Como consecuencia de esta agilización, hemos actuado en los siete primeros meses en un total de 221 pasos a nivel, mediante la supresión de 115 pasos y la mejora de la seguridad en otros 106. También, señorías, estamos elaborando un plan específico para la mejora de la seguridad y supresión de los pasos a nivel, el cual se encuentra en una fase muy avanzada de redacción y que será presentado a principios del año 2005. En este contexto, y en relación con Cataluña, al final del período de vigencia del plan habremos eliminado al menos 87 pasos a nivel, lo que representa más del 30 por ciento de los existentes en Cataluña cuando asumimos las responsabilidades de Gobierno. Le adelanto que estos datos no son de carácter definitivo, sino de carácter provisional, pues hasta

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que no se haya concluido el Plan de pasos a nivel no podremos cerrar las cifras. Se trata de una cifra extraordinariamente elevada si se tienen en cuenta las enormes dificultades de gestión de unas obras que siempre deben, como usted ha dicho, ser concertadas con las autoridades locales y están sometidas a una multitud de condicionantes, particularmente los que afectan a la población en el entorno del paso a nivel. Fruto de esta voluntad de concertación con los titulares de los caminos o carreteras y con las comunidades autónomas es el acuerdo que el otro día suscribí con el consejero de la Generalitat, concretamente el 15 de noviembre de 2004.
Llegamos al acuerdo de supresión de 24 pasos a nivel en la Comunidad Autónoma de Cataluña durante los próximos seis años. Este acuerdo permitirá un gran avance en la seguridad de los pasos a nivel en Cataluña, que complementará las actuaciones que ya hemos llevado a cabo, como he dicho, en estos últimos siete meses. Mediante el mismo hemos suprimido 10 pasos a nivel en Cataluña y hemos actuado en la mejora de otros 47. Somos conscientes del mucho trabajo que queda por hacer en materia de seguridad ferroviaria, que incluye no sólo actuaciones en pasos a nivel, sino también modernización y normalización de los sistemas de señalización y en la mejora de la red convencional. Por ello, los presupuestos han tenido un crecimiento en las dotaciones presupuestarias del 10,1 por ciento. Señorías, no duden de que continuaremos este esfuerzo inversor en la seguridad ferroviaria en los próximos ejercicios.


Gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON SALVADOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE FOMENTO: ¿DE QUÉ NUEVOS MEDIOS TIENE PREVISTO DOTARSE EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA HACER FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO MARÍTIMO? (Número de expediente 180/000393.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Fomento, de don Salvador de la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la relación de España con el mar es parte de nuestra historia y ha sido una de las formas de vida sobre las que se ha llevado a cabo nuestro desarrollo. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se ha puesto de manifiesto la inexistencia de una política de seguridad marítima en España porque los gobiernos del Partido Popular demostraron su insensibilidad, reduciendo los dispositivos de control de la navegación, de la prevención de siniestros y de la lucha contra la contaminación. El colofón de ese abandono, sin lugar a dudas, fue la catástrofe del Prestige, tan lamentable y que todos sufrimos enormemente hace dos años. Aquella catástrofe del Prestige puso de manifiesto que el Gobierno del Partido Popular no estaba preparado para atender estas situaciones; que los dispositivos de intervención no estaban coordinados; que los medios públicos disponibles se habían quedado obsoletos o estaban en manos privadas y, sobre todo, que no existió una autoridad política marítima capacitada para dirigir la crisis.


Señorías, situaciones como aquella y otros accidentes que se han producido con resultado de muertos y naufragios no son justificables ni sostenibles en un país con 7.500 kilómetros de costa, que ha sido una potencia marítima y que tiene muchas poblaciones que subsisten del turismo y de la pesca. La catástrofe del Prestige fue insostenible para Galicia, para la cornisa cantábrica y para toda España y puso de manifiesto la trascendencia que las cuestiones marítimas tienen para nuestra sociedad y para nuestra seguridad. No obstante, por ver algo positivo -que no lo hubo-, hay que decir que sirvió para acercar la mirada de los ciudadanos y las ciudadanas en las actividades que se realizan en la mar y en las condiciones en las que muchas veces se llevan a cabo esas labores.


España como país costero está obligada a desarrollar, señora ministra, una política de seguridad marítima seria, que reduzca el riesgo de la navegación, que la contaminación se aborde de manera correcta cuando sea menester y sobre todo con recursos públicos suficientes. Teniendo en cuenta que se cumplen dos años de la catástrofe del Prestige, le pregunto, ¿qué nuevos medios tiene previstos el Ministerio de Fomento para hacer frente a las exigencias de la seguridad en el ámbito marítimo?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señorías, cuando asumimos la responsabilidad del Gobierno, tal y como usted ha dicho, la situación existente en el ámbito de la seguridad marítima presentaba serias deficiencias y carencias múltiples que era preciso subsanar lo más rápidamente posible. Para resolver esta situación, y como quiera que la seguridad es nuestra principal prioridad, hemos tomado una serie de decisiones que se concretan en las siguientes. En primer lugar, elaborar un nuevo plan de salvamento marítimo 2006-2009 y la puesta en marcha de un plan puente, que contiene una serie de actuaciones para dotarnos de medios técnicos y humanos, que mejore la seguridad marítima a la mayor rapidez posible y complemente el vigente Plan nacional de salvamento, mientras entra en vigor el siguiente plan. Estas actuaciones, algunas de las cuales ya hemos concluido a lo largo de los últimos meses, se concretan en las siguientes: la puesta en funcionamiento, el día 1 de

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junio de 2004, del dispositivo de separación de tráfico marítimo de Fisterra; la adquisición de dos nuevas salvamares; la mayor dotación de tripulantes en las embarcaciones que prestan servicio en las áreas de mayor riesgo; la adquisición de una estación remota con sus equipos repetidores para la mejora del control del tráfico en el Estrecho; la modernización de los equipos en aquellos centros de control que tecnológicamente estaban más desfasados; la gestión ante la Agencia Marítima Europea, que ha dado como resultado la ubicación de un buque de lucha contra la contaminación frente a las costas de Galicia, que estará operativo a finales de 2005.


Además de las actuaciones ya concluidas que acabo de señalarles, hemos tomado las siguientes decisiones: mejorar la respuesta de los medios aéreos al reducir los tiempos de respuesta de los helicópteros mediante la permanencia continuada de sus tripulaciones las 24 horas del día en la base, a partir de comienzos del año 2005; ampliar la dotación de medios aéreos con la adquisición de tres nuevos helicópteros de salvamento para mejorar la cobertura y respuesta en operaciones de rescate cuyo coste asciende a 33 millones de euros y cuya entrega está prevista entre 2006 y 2007 -tengan en cuenta, señorías, que los helicópteros actuales son alquilados y tienen una antigüedad entre 25 y 35 años-; la adquisición de tres aviones de ala fija que estarán equipados con tecnología de vanguardia, cuyo coste es de 84 millones de euros y puntualizo que en España, para salvamento marítimo no hay ningún aparato de este tipo; incrementar los medios marítimos con cinco buques polivalentes; aumentaremos la flota de embarcaciones de salvamento salvamar; aumentaremos y mejoraremos las instalaciones en equipos en tierra de lucha contra la contaminación; ampliaremos los equipamientos electrónicos de seguimiento de tráfico marítimo e incrementaremos la formación e investigación de la... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora ministra, terminó el tiempo.


- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁNDO CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SE VAN A COBRAR EN EUSKADI LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL DESASTRE DEL PRESTIGE? (Número de expediente 180/000375.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del señor Txueka al señor vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda.


Adelante.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señor vicepresidente, recientemente se han cumplido dos años del desastre del Prestige y en estos dos años los pescadores de Galicia, de Asturias y de Cantabria cobraron sus trabajos; mejor o peor, pero los cobraron. Los pescadores vascos que recogieron el 65 por ciento del galipote en el mar no cobraron nada. El nuevo Gobierno socialista arbitró en junio partidas para dar respuesta al desaguisado que se estaba produciendo con los pescadores vascos, pero la vicepresidenta del Gobierno manifestaba el 13 de septiembre que ya se había pagado. Un diputado, yo, que habita y vive en el mismo pueblo que 500 de esos pescadores, constataba que no cobraban y que no habían cobrado. Aprovechando este cumpleaños, el día 18 le formulé la pregunta que constaba en el orden del día de hoy. El día 19, esos mismos pescadores me comunicaron que habían cobrado o estaban en trámite de cobrar. Por tanto, a cada uno lo suyo. Ahí va mi reconocimiento para decirles que, aunque con cierto retraso, han cumplido su obligación con los pescadores vascos y han pagado. Sin embargo, sigo preguntándome por qué han sido sólo los pescadores vascos los que fueron excluidos de los pagos por el Gobierno del Partido Popular. A usted no le corresponde la pregunta, pero yo se la hago.


Aclarado el pago de los pescadores, señor ministro, tengo que formularle una pregunta: ¿Para cuándo los cerca de 60 millones de euros que se adeudan por las labores realizadas tras la catástrofe del Prestige a las administraciones vascas, al Gobierno vasco, a las diputaciones y a los ayuntamientos? El resto de las administraciones, la gallega, la asturiana y la cántabra ya han cobrado; no sé si todo, pero casi todo. La vasca no ha cobrado nada. ¿Existe algún motivo para no cobrar? ¿Se ha hecho algo mal, señor ministro? Porque queremos creer que los tiempos de la desvergüenza política del señor Montoro, que llegó a manifestar en esta Cámara que no pensaba pagar a Ibarretxe...


El señor PRESIDENTE: Señor Txueka, procuren mirar la luz, porque eso les orienta, antes que oír mi ingrata llamada al orden.


El señor TXUEKA ISASI: ¿Para cuándo piensan pagar a la Administración vasca?

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.


Señor Txueka, no le puedo responder sobre las actuaciones del Partido Popular y en ese punto voy a ser poco esclarecedor. Por el contrario, voy a decirle lo que hemos hecho y lo que estamos intentando hacer.


Reclamaciones del País Vasco. Nuestra línea ha sido que el País Vasco en ese tema debe ser tratado como los

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demás y, por tanto, ninguna diferencia. Hay que distinguir entre reclamaciones presentadas por particulares y reclamaciones de entes territoriales y organismo. En cuanto a las particulares, cuando era estimación directa de los daños o estimación objetiva de acuerdo con un baremo en días trabajados, el tratamiento ha sido diferente. En estimación objetiva, mediante la firma de los oportunos convenios, se han efectuado ya pagos por un total de prácticamente 11 millones de euros, con ordenes de pago del ICO de fecha 25 de octubre y 15 de noviembre.
Reclamaciones de estimación directa, están pendientes de evaluación por los peritos, y por tanto pendientes de pago, pero se pagarán tan pronto como terminen estas evaluaciones. Reclamaciones de entes territoriales y organismos públicos. Ahí nos ha cogido un poco el toro por problemas administrativos. Están en la oficina del comisionado. Evidentemente el cambio de la oficina del comisionado por la creación del centro de lucha y prevención contra la contaminación, ha llevado este tema a la subsecretaría de Hacienda. En estos momentos el País Vasco tiene pendiente una primera lista de 45.700 millones euros, de 30 de diciembre de 2003; otra, de 51.500 millones que incluyen los anteriores, y una posterior de 3,5 millones de euros de gastos estimados de fecha 6 de febrero de 2004. En total, 55,5 millones de euros. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos elaborando los criterios de financiación de esas partidas, los que se refieren al País Vasco y a otros entes territoriales y organismos. Hay una serie de gastos que se han hecho, que corresponde a lo que se ha hecho en otros territorios y no ningún problema porque eso se pagará automáticamente. Existen algunos conceptos que son más discutibles y que tendremos que aclarar cuál es la naturaleza del gasto.


Es un puro problema de definición de ese criterio y de puesta en marcha.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó el tiempo, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL DE APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y A LOS EMPRENDEDORES. (Número de expediente 172/000057.)

El señor PRESIDENTE: Con esta pregunta termina la primera parte de la sesión de control de Gobierno e iniciamos el punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores.


Tiene la palabra por 12 minutos, el diputado señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señora y señores diputados, señor vicepresidente y ministro de Economía, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta interpelación urgente sobre cuál tendría que ser la política económica y social de apoyo a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores por varios motivos. En primer lugar, porque existe en nuestro grupo una notable preocupación porque durante el año 2004 -debo matizar que ha sido el año en el que se ha iniciado esta legislatura, que estamos finalizándolo, que hemos aprobado en el Congreso los presupuestos para el año 2005 y existen algunas iniciativas parlamentarias- no están planteadas medidas claras, solventes y contundentes para potenciar una política económica y social de apoyo a las pymes, a los autónomos y a los emprendedores.


En segundo lugar, porque durante estos dos periodos de sesiones en los que hemos trabajado a lo largo del año 2004 hemos hablado muchísimo de macroeconomía y hemos analizado las grandes cifras macroeconómicas, pero en ningún momento hemos afrontado con profundidad cuestiones específicas relativas a una sección tan importante desde la perspectiva económica como es la microeconomía, a la que en nuestro grupo parlamentario le da mucha importancia.


En tercer lugar, porque lo que nos ha llegado al grupo parlamentario de Convergència i Unió son informaciones económicas que hacen referencia a futuros planteamientos y cambios en las legislaciones fiscales en los próximos ejercicios que, más que tranquilizar presentando un marco estable, han generado un marco de incertidumbre en los diferentes agentes económicos.


En cuarto lugar, hemos presentado esta interpelación porque en diferentes sectores de la microempresa como pueden ser el pesquero, el ganadero, el agrícola y el del transporte, existe una gran preocupación ante aspectos que hacen referencia a los incrementos de los carburantes y de los gasóleos, que en este año les han conducido irremisiblemente a unas cuentas de explotación muy negativas en sus respectivos negocios.


En quinto y último lugar, porque en la legislatura pasada se creó una subcomisión dedicada a la pequeña y mediana empresa, al emprendedor y al autónomo, que dio como resultado unas resoluciones y unos acuerdos que representaban un paso positivo para este sector tan importante de la economía, pero al cabo de dos años sólo se ha cristalizado una parte muy pequeña de los mismos. Por lo tanto, no se han cumplido las expectativas y los compromisos que inicialmente se habían adquirido.


Convergència i Unió estima necesario plantear esta iniciativa parlamentaria para que, a través de la moción consecuencia de esta interpelación que veremos la semana próxima, seamos capaces entre todas las fuerzas políticas, lógicamente contando con el grupo parlamentario

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que da soporte al Gobierno, de definir un marco de actuación potente desde las vertientes fiscal, financiera, administrativa y laboral. Si este acuerdo fuera posible, seguramente estaríamos reforzando a un sector muy importante de la economía productiva como son las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores, que están deseosos de recibir buenas noticias pero que, desgraciadamente, desde nuestro punto de vista, solamente las reciben en las campañas electorales. Convergència i Unió ha traído a colación este problema siempre fuera de las campañas electorales. Para ello me remito al testimonio del "Diario de Sesiones". Hoy formulamos esta iniciativa parlamentaria ya que no deja de ser el primer año de esta legislatura del Gobierno en la que usted es vicepresidente.


Es una realidad, señor ministro, que el tejido del sector productivo de la economía española está configurado mayoritariamente por microempresas, por pequeñas y medianas empresas. Son, desde nuestro punto de vista, estos agentes sociales los principales generadores de empleo y son en buena parte responsables del dinamismo económico y social que ha mantenido la economía española en los últimos años. A pesar de ello, no siempre el marco económico, administrativo, fiscal, financiero y laboral que regula dichas actividades productivas en España y en Europa se ajusta prioritariamente a las necesidades de unas empresas que tienen unas estructuras administrativas y de apoyo muy reducidas. La globalización y la ampliación de la Unión Europea han acentuado la presión sobre este tejido productivo urgiendo la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar su competitividad y su productividad. Señor vicepresidente, planteamos esta iniciativa en este contexto político para alcanzar unos buenos resultados en la moción que, tal y como he dicho anteriormente, discutiremos la semana próxima en el Congreso de los Diputados.


Me gustaría darle algunas estadísticas que reflejan la importancia de lo que he comentado hasta estos momentos. Me remitiré al censo de todas las empresas españolas a 1 de enero de 2004. En ellas vemos unas cifras muy significativas. A 1 de enero del presente año, el número de empresas establecidas en España era de 2.942.583. Definiéndolas sobre la base de la recomendación europea de lo que es una pequeña empresa, una mediana empresa o una gran empresa, la clasificación sería la siguiente: de esas casi 2.900.000 microempresas definidas como tal, de acuerdo con la nomenclatura europea, entre 0 y 10 trabajadores, existen en España 2.765.000, que representan un 93,9 por ciento del total de las compañías españolas. De este 93,9 por ciento, entre 0 y 10 trabajadores más de la mitad, más del 50 por ciento, que son alrededor de 1.500.000 empresas, no tienen trabajadores, es decir, solamente constan del titular. De entre 10 y 49 trabajadores existen en España en estos momentos 151.000 empresas, que calificaríamos de pequeñas, que representan el 5,14 por ciento del total de las compañías españolas. De entre 50 y 249 trabajadores, que corresponderían a medianas empresas, existen en España 21.620, representando un 0,73 por ciento del total y como grandes empresas, de más de 200 trabajadores, existen solamente 3.706 y representan el 0,14 por ciento del total. De estos datos estadísticos me remitiría a dos a los que damos mucha importancia: el 99 por ciento de las empresas tienen entre cero y 50 trabajadores y son las que definiríamos, de acuerdo con la catalogación europea, como microempresas, pequeñas empresas. Este 99,04 por ciento da ocupación al 70 por ciento de la población activa española. Es un dato muy significativo. De ahí también la importancia de esta interpelación. A este colectivo tan importante de microempresas y pequeñas empresas hay que sumar el capital humano, la riqueza intelectual que pueden representar en el futuro esos jóvenes que en la actualidad no son empresarios pero que lo pueden ser el día de mañana. De aquí surgiría otra pregunta: ¿vale la pena, señor ministro, dar una gran oportunidad y generar un marco fiscal, laboral, administrativo y financiero suficiente para que podamos aprovechar ese potencial? La respuesta de nuestro grupo y creo que la suya será afirmativa, es necesario aprovechar este capital potencial tan importante de los emprendedores. A partir de aquí hay que hacer otro análisis: ¿cuál es el porcentaje de vocación empresarial de nuestros jóvenes cuando acaban los estudios universitarios y profesionales? Es el más bajo de la Unión Europea y no llega al 10 por ciento. A través de esta iniciativa parlamentaria es necesario abordar con serenidad y en profundidad las reformas que precisa este tejido productivo de pymes, emprendedores, autónomos, que necesariamente habrán de contemplar grandes dosis de modernidad, de innovación, de agilidad y de imaginación para poderles dar el marco adecuado y sacarles la máxima rentabilidad productiva y competitiva. En una palabra, señor vicepresidente, hay que darle la vuelta al calcetín, es necesario revolucionar el actual marco legislativo y establecer unas estructuras totalmente nuevas, tanto desde la óptica fiscal como administrativa, laboral y financiera para que este pilar de emprendedores, pequeños y medianos empresarios, autónomos y microempresas, puedan continuar siendo este pilar tan importante de la economía española.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor vicepresidente, su turno. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y

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HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, comparto con usted la importancia de las pequeñas y medianas empresas, eje fundamental en todo el proceso de competitividad y creación de empleo en nuestra economía, y evidentemente van a ser una prioridad en la acción del Gobierno en estos años. Soy consciente de las cifras que usted me ha dado, el 90 por ciento del tejido empresarial español -y así se desprende del último informe de la Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa- son las microempresas, que son las que crean más empleo. Es verdad que frente a lo que sucede en la Unión Europea tenemos algunos puntos débiles: tamaño medio inferior, menor capacidad innovadora, menor grado de internacionalización. Hemos planteado una serie de retos a los que hay que hacer frente.


Voy a hacer un planteamiento general, pero usted ha hecho referencia a dos puntos concretos que no querría dejar de comentar. Primero, lo que sucede en algunos sectores específicos como consecuencia del precio del gasóleo.
Hay dos referencias que tienen que ser muy claras y que no podemos separar. En primer lugar, el encarecimiento del input debe ser fundamentalmente soportado por su utilizador, de tal forma que no sea subvencionado por los demás. Ese es un punto fundamental de la traslación de costes. Esto no quiere decir que en algún caso concreto no se plantee la posibilidad, para hacer la transición más suave, de una cierta ayuda, y es verdad que esa transición tendrá que hacerse necesariamente en el contexto de la legislación comunitaria. El segundo punto que usted ha planteado es qué sucedió con la anterior subcomisión de Economía y Hacienda en la Cámara y su informe sobre pequeña y mediana empresa. Aquí se decidieron una serie de normas que en un 70 por ciento significan mejorar, reforzar, ampliar y que se han puesto más o menos en marcha.
Había otros temas también que ya se estaban discutiendo y que se han terminado, como la supresión del IAE para el 90 por ciento de las pymes y los autónomos, la promulgación de una nueva ley concursal, la creación del nuevo tipo de sociedad limitada; todo eso ya está en elaboración. Lo que nosotros nos hemos planteado es qué más cosas hay que hacer y qué se puede hacer durante este periodo. Me gustaría hacer alguna referencia sobre cuál es nuestro diagnóstico y en qué hemos trabajado durante este periodo.


En primer lugar, un punto que consideramos que es una debilidad fundamental de la situación española actual de la pequeña y mediana empresa es la falta de espíritu emprendedor. Necesitamos más empresas, más avanzadas, más innovadoras. Es verdad que eso significa -y estoy de acuerdo con usted- que el papel que jueguen los jóvenes en la pequeña y mediana empresa debe ser fundamental. Tenemos un proceso de modernización de esa actividad semejante al que hemos tenido en otros casos y hay que prestar especial atención a ese punto. La idea de esa insuficiencia de espíritu emprendedor no es un caso único en Europa; de hecho, el Consejo Europeo de Lisboa insiste en ese punto como fundamental para toda la Unión Europea y también la OCDE define, en su Carta de Bolonia sobre la pequeña y mediana empresa, la importancia de ese espíritu emprendedor.
Eso quiere decir promover cierto espíritu distinto que fomente la iniciativa y la creatividad y poner en marcha las cualificaciones necesarias para la formación de los empresarios en cuanto a creación y dirección de un determinado negocio, lo que afecta al sistema educativo y a la necesidad de la formación adecuada para ello. En línea con ese punto concreto el Gobierno ya anunció la semana pasada una medida: la reducción de las cotizaciones sociales de los jóvenes que creen nuevas empresas y contraten trabajadores, que pensamos que es importante. Esta medida formará parte del plan de fomento empresarial que el Gobierno pondrá en marcha en el año 2005 para renovar y modernizar el tejido empresarial español, pero en ese plan incluiremos otras medidas: el análisis de los incentivos fiscales empresariales para garantizar su efectividad y la facilitación del acceso a las pequeñas y medianas empresas a los mismos, así como, evidentemente, las medidas clásicas -que desgraciadamente siguen teniendo que estar ahí- de nuevas iniciativas para reducir los trámites administrativos que muchas veces tan pesados son para las pequeñas empresas. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ya está firmando convenios con distintas entidades para potenciar los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación telemática y también de la sociedad limitada nueva empresa, que es fundamental para avanzar en esta dirección.


Todos esos programas se van a encajar dentro del programa de creación y consolidación de empresa y se enmarcan también dentro de la iniciativa nueva empresa, promovida por la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria. Teniendo en cuenta que el actual plan de consolidación y competitividad de la pequeña y mediana empresa tiene una vigencia hasta el año 2006, tenemos que plantearnos ya qué hacer con el nuevo programa. Ese nuevo programa entrará en vigor en el año 2007, pero hay algunas medidas que ya se pueden poner en marcha y que se pueden avanzar, aunque se recojan en el mismo posteriormente. En primer lugar, el apoyo a los planes sectoriales, ya que las empresas pertenecientes a los mismos suelen arrojar mejores resultados y consiguen mayor productividad y competitividad que en otros casos. El objetivo, por lo tanto, no ha de ser solo el desarrollo económico-regional, sino también mejorar la capacidad de innovación. Una segunda idea es fomentar las relaciones entre centros, organismos y entidades públicas empresariales, tanto de la Administración central como de la Administración autonómica,

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para impulsar la transferencia de experiencias y conocimientos. En ese sentido, promocionaremos la cooperación de las agencias de desarrollo regional. En tercer lugar, creemos que también es importante examinar los patrones de cooperación entre pequeñas y medianas empresas y grandes empresas en lo referente a las cadenas de distribución y suministro de transferencia tecnológica. Finalmente, también consideramos que es importante impulsar la actualización de la capacidad directiva y la gestión de la innovación que muchas veces está en esas empresas intermedias, pero que no llega a la pequeña y mediana empresa.


Un tema que ha jugado un papel fundamental ha sido la línea de financiación Icopyme para favorecer la financiación en condiciones preferentes de la inversión en activos fijos productivos llevados a cabo por pequeñas y medianas empresas. Esta línea tiene una vigencia de 12 años y ha alcanzado un alto nivel de éxito. Entre los años 1993 y 2004 se han concedido más de 350.000 préstamos para financiar otras tantas inversiones por un volumen total superior a los 23.000 millones de euros, que han inducido, consecuentemente, a una inversión superior a los 47.000 millones de euros. Los puestos de trabajo que se han creado o se han mantenido como consecuencia de estas inversiones podemos calcularlos por encima del medio millón de personas. Todos estos antecedentes nos aconsejan mantener esta línea y, si es posible, reforzarla. Creemos que es una buena idea y ese es el punto sobre el que estamos reflexionando.


También hemos tenido en el Ley de Presupuestos Generales del Estado algunos elementos que pueden ser interesantes desde el punto de vista de la fiscalidad de la pequeña y mediana empresa: la modificación del artículo 108 del texto refundido de la Ley de Impuesto sobre Sociedades, que amplía la consideración de empresa de reducida dimensión a aquellas cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 8 millones de euros, en vez de los 6 millones de euros que existían anteriormente, o la modificación del artículo 114 del mismo texto, que establece que las empresas de reducida dimensión tributarán al 30 por ciento en la parte de base imponible que ahora es entre 0 y 120.000 euros y no entre 0 y 90.000 euros como existía anteriormente.


En relación con la política económica quiero anunciarle hoy la idea adicional vinculada al apoyo al trabajador autónomo, tema que sé que a S.S. y a su grupo le interesa especialmente. El Gobierno ha planteado diversas medidas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y de protección social y vamos a continuar, como es lógico, en esta dirección.
¿Qué se ha hecho hasta ahora? Acceso a la formación continua a los trabajadores autónomos; se han incorporado medidas de fomento, de autoempleo de jóvenes y de mujeres abaratando los costes de iniciativa de actividad mediante la bonificación de cuotas para jóvenes menores de 30 años y mujeres menores de 35; vamos a eliminar la restricción que viene aplicándose en los casos de que el autónomo contrata a familiares que colaboran en la actividad económica y no convive con ellos permitiendo que puedan beneficiarse de las medidas existentes de bonificación o contratación estable -una demanda muy sentida por autónomos, que hasta ahora no se había podido aceptar- y también potenciaremos la difusión y el fomento del autoempleo y la economía social, por lo que hemos presentado un importante incremento -alrededor del 30 por ciento- en las partidas destinadas a ese fin en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005. Siguiendo con esa idea, sabemos que el concepto de trabajador autónomo no está claro -hay referencias dispersas-. Se plantea su definición de forma diferente según que sea cuando se aplique a temas fiscales, a temas de Seguridad Social o a otros. Por ello creemos que sería de utilidad la aprobación de un estatuto del trabajador autónomo que contemplara aspectos como la definición clara de esta categoría, los derechos y obligaciones que conlleva, la determinación del nivel de prestaciones sociales, las formas de contratación de familiares o el trabajo autónomo a tiempo parcial, que también puede ser de un gran interés. Evidentemente este trabajo hay que hacerlo en cooperación con las organizaciones de los autónomos y se ha puesto ya en marcha un grupo de expertos con este objetivo. El grupo de expertos se constituyó en octubre y prevemos disponer de un informe del mismo en julio del año 2005 y, a partir de ese momento, elaboraremos las normas pertinentes. Tenemos que seguir también avanzando en un tema que es muy sensible para ustedes como es la equiparación entre el nivel de protección social de los trabajadores autónomos y de los trabajadores por cuenta ajena siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones y protección social y también lo establecido en la proposición de ley de esta Cámara.


Todos estos son elementos que, sin duda alguna, nos van a ayudar a mejorar la situación de los autónomos y a avanzar en la buena dirección. Por supuesto, señoría, vamos a continuar en contacto con organizaciones representativas, con el Consejo para el Fomento de la Economía Social y en el ámbito del CES, y cualquier debate en esta Cámara y cualquier propuesta de nuevas ideas y nuevas iniciativas que pueda ayudar a la buena dirección estamos dispuestos a discutirla para, si los márgenes presupuestarios y la coherencia con el sistema actual nos lo permiten, avanzar en esa dirección.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor vicepresidente.


En turno de réplica y durante cinco minutos, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


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Señoras y señores diputados, señor vicepresidente, es cierto y evidente que, durante estos dos periodos de sesiones, el Gobierno ha implementado una serie de actuaciones -las que usted nos ha comentado-, con las que estamos totalmente de acuerdo, incluso en alguna de ellas hemos sido corresponsables o agentes activos para su materialización, pero no es menos cierto que lo que nosotros pretendemos con nuestra iniciativa es revolucionar el sistema actual, darle la vuelta al calcetín, para que en estos próximos años, en esta nueva legislatura, podamos abordar una nueva legislación, un nuevo marco tributario, fiscal, financiero, laboral y administrativo, que cree más expectativas para los posibles emprendedores, para este 99 por ciento de las empresas españolas, que son pequeñas o micro, que dan ocupación al 60 por ciento de la población activa. Nos parece muy bien lo que se está haciendo, pero a nosotros nos gustaría ir muchísimo más allá y plantear una legislación similar a la que tienen algunos países de la Unión Europea. Por lo tanto, nuestra intención es darle la vuelta al calcetín y hacer una verdadera revolución en el campo de las microempresas y de los emprendedores.


Quisiera hacer una puntualización muy importante respecto a una cuestión que he señalado en mi intervención anterior y a la que usted me ha contestado: la posibilidad de la utilización de un gasóleo de uso profesional. Nosotros planteamos una iniciativa en la Comisión de Industria -aprobada con todos los votos de la misma, excepto los del grupo parlamentario que les da soporte- que no proponía otra cosa que lo que se está haciendo en algunos países de la Unión Europea como, por ejemplo, en Francia, donde hay una bonificación especial al gasóleo para usos agrícolas, pesqueros y del transporte profesional, que no va en contra de la normativa de la Unión Europea. Nosotros planteábamos que esto mismo pudiera aplicarse en España, porque entendemos que está dentro de las directivas comunitarias. Esto es lo que venimos reclamando insistentemente, a fin de reducir la conflictividad en este sector y de darles también alguna medida esperanzadora, como la que han dado algunos países vecinos de la Unión Europea.


La moción que nosotros presentaremos la próxima semana -que esperamos consensuar con el Grupo Parlamentario Socialista y con el resto de grupos parlamentarios de la Cámara- trata de una cuestión que yo calificaría de Estado, pues, en definitiva, este grupo tan importante de la economía productiva da ocupación al 60 por ciento de la población española y necesita la implicación de todas las formaciones políticas. Nuestra moción versará sobre matizaciones generales -sin entrar a puntualizar aspectos específicos-, dirigidas, en primer lugar, al ámbito fiscal.
Nosotros pensamos que es importante reducir la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas y de las microempresas -algo en lo que usted está de acuerdo, según algunas de sus declaraciones-, para homologarla a la del resto de países de la Unión Europea o, incluso, un poco por debajo, para no perder la competitividad. En cuanto al ámbito fiscal, pensamos que deberíamos revisar todos aquellos incentivos fiscales destinados a la inversión, a la internacionalización, al desarrollo de las investigación y de la innovación, así como a la formación de sus trabajadores.


Hay otro aspecto muy importante, en el que sería muy interesante ponernos de acuerdo, referido a todo lo que hace referencia a la definición de microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas. Pienso que si seguimos las recomendaciones de la Unión Europea -en las que todos estamos de acuerdo-, podríamos implementar medidas para no equivocarnos y no errar en todo aquello que hace referencia a este colectivo tan importante. En el ámbito laboral, señor vicepresidente, es necesario abordar la cuestión de las microempresas. Es cierto, tal como usted ha dicho, que se han mejorado notablemente algunas cuestiones en la Ley de presupuestos, pero son pequeños parches, buenos pero insuficientes para abordar el tema en su totalidad.


En esta moción vamos a plantear una cuestión específica orientada a los futuros emprendedores, que son el gran potencial imaginativo y de futuros empresarios que tiene la economía española. Estamos en unos porcentajes de vocaciones empresariales muy bajos. Desde la Administración tendríamos que poner las cosas más fáciles para que este potencial tan importante de futuros empresarios no se dirija a trabajar a la Administración, a los bancos, a las cajas, a ser funcionarios públicos o a trabajar por cuenta de otra persona. Si desde la Administración les ponemos las cosas fáciles y evitamos que la desaparición de las nuevas empresas sea del 85 por ciento en los seis primeros años, probablemente habrá más gente joven que quiera ser empresario el día de mañana.


En cuanto al tema de los trabajadores autónomos, como ya lo hemos discutido tantas veces, no me he referido a él, pero seguiremos insistiendo en la equiparación de sus derechos con los de los trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, presentaremos una serie de iniciativas parlamentarias destinadas a mejorar la financiación de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas, tema que todavía no está resuelto, si no es con el aval de la familia de los futuros emprendedores. Al mismo tiempo, presentaremos alternativas objetivamente muy serias orientadas a la internacionalización de nuestro tejido empresarial, sobre todo el tejido empresarial emprendedor de las pequeñas y medianas empresas.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Para dúplica, tiene la palabra el señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Sánchez i Llibre, estoy encantado de que usted opte por la revolución en este tema concreto, pero la revolución en estas cosas también cuesta dinero; por lo tanto, hay que saber cuál es el coste de la revolución y cuáles son las implicaciones de este tipo de decisiones. En cuanto a mejorar la legislación para adaptarla a los sistemas europeos, evidentemente, tomemos de ellos lo que podamos tomar que sea útil para nuestro caso. En cuanto al gasóleo profesional, hemos tenido ya ocasión de discutir en otro momento, pero me gustaría ser muy claro. Me he referido anteriormente al marco comunitario dentro del cual tenemos que tomar nuestras decisiones. Distingamos claramente lo que es el gasóleo pesquero y agrícola y lo que es otro gasóleo. El pesquero y agrícola están sometidos a normas específicas y prácticamente no existe armonización. Existe el compromiso de no rebajar la fiscalidad en esos casos para no modificar los precios relativos, pero cada uno tenemos la fiscalidad que hemos establecido. En el gasóleo para transporte por carretera tenemos unos mínimos de fiscalidad, que en el caso de nuestro país todavía no se han alcanzado, todavía estamos por debajo y estamos en el proceso de aproximación. Es cierto que la legislación comunitaria admite la posibilidad de un gasóleo profesional cuando, estando por encima de los mínimos, se utiliza el margen entre el mínimo y ese gasóleo para buscar un concepto de gasóleo intermedio. Es una idea que podemos debatir para ser aplicada en su día, pero que no se podrá hacer mientras no terminemos la armonización de los mínimos y tengamos incluso una fiscalidad por encima de esos mínimos que nos permita el margen de maniobra para el gasóleo profesional.


Usted se ha referido a una moción en la que plantea una serie de temas, que nosotros estamos dispuestos a analizar. Quiero hacerle, simplemente, tres comentarios muy rápidos. En el ámbito fiscal, es verdad que estamos hablando de empresas pequeñas, pero no hay que olvidar que se trata del noventa y tantos por ciento de las empresas. En consecuencia, la importancia de lo que suponen las ventajas fiscales es fundamental.


Revisión de incentivos. Estoy encantado de hacerlo, eso sí, me gustaría que la hiciéramos en términos técnicos; es decir, cuál es el impacto real de los incentivos sobre el objetivo perseguido. Tengo la sensación de que, muchas veces, estos incentivos responden más a prácticas del pasado y al mimetismo de lo que hacen otros que a la obtención de resultados eficientes. En todo caso, se puede hablar de ello.


La definición de las empresas. Hoy están definidas a efectos estadísticos.
La definición europea, cómo las definimos a efectos fiscales o para otro tipo de temas, tiene que ver más, lógicamente, con nuestra propia estructura social.


Ámbito laboral. Usted habla de pequeños parches. Yo creo que no han sido pequeños parches, sino que han sido medidas de cierta importancia las que se han puesto en marcha. Estoy de acuerdo en ampliar al máximo nuestra posibilidad de actuación en el impulso de empresas emprendedoras.


En cuanto a los autónomos, me gustaría introducir un matiz en su posición.
Yo estoy absolutamente de acuerdo en la igualación entre autónomos y trabajadores por cuenta ajena, siempre y cuando la contributividad de ambos sea la misma. Evidentemente, no se puede dar un tratamiento igual con contributividad distinta, dado que, en otro caso, ponemos en riesgo el propio sistema de Seguridad Social o estamos generando subvenciones cruzadas que otros trabajadores no tienen por qué pagar a los autónomos, porque no estarían justificadas.


Finalmente, en cuanto a la financiación de las pymes, como he dicho anteriormente, el sistema que tenemos en el marco del ICO creo que está funcionando bien, en colaboración con el sector privado. Creo que este es un campo magnífico donde también las comunidades autónomas que tienen especial competencia en este tema pueden desarrollar toda su imaginación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS QUE VA A DEFENDER EL GOBIERNO EN EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL PERÍODO 2007-2013. (Número de expediente 172/000059.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Entramos en la segunda interpelación, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los principios que va a defender el Gobierno en el proceso de negociación y establecimiento de las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013.


Para formular la interpelación, tiene la palabra, por tiempo de 12 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el diputado señor Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señorías, señor vicepresidente del Gobierno, las perspectivas financieras de la Unión Europea siempre han reflejado un proyecto político. El proyecto para el período 2007-2013 se basa en el incremento del crecimiento en Europa para conseguir una cohesión social reforzada en la línea de la estrategia de Lisboa y se dirige también a la consolidación de la quinta ampliación. En este proceso, la Comisión vela por la consecución del objetivo

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global del interés de la Unión como un todo, y los Estados nacionales tienen que velar, en el Consejo, por la preservación del interés nacional y, obviamente, por la consecución de ventajas nacionales en ese camino común. Esta doble dinámica, unida a las importantes magnitudes y consecuencias económicas en juego, justifica sobradamente la presentación de esta interpelación para conocer cuál sea la actitud y la estrategia de nuestro Gobierno en todo este proceso. Porque, señorías, conocemos el contenido de la comunicación de la Comisión sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada para el periodo 2007-2013.
Sabemos ya que el techo anual de recursos propios se quiere establecer en el 1,24 por ciento de la renta nacional bruta comunitaria, límite a todas luces insuficiente para España, máxime cuando la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo rebaja ese techo anual por lo menos al 1,21 por ciento. Sabemos que con esta propuesta perdemos el Fondo de Cohesión -12.000 millones de euros a precio del año 2004-. Sabemos que, por el proceso de convergencia natural, saldrán del Objetivo 1 Castilla y León, la Comunidad Valenciana y las islas Canarias, lo que supondrá una pérdida de aproximadamente dos tercios de sus recursos actuales, que se puede evaluar en 7.800 millones de euros; y que, por efecto estadístico, abandonarán el Objetivo 1, en todo caso, Asturias, Murcia, Ceuta y Melilla, con una pérdida de aproximadamente un tercio de sus recursos actuales, 1.360 millones de euros más de reducción de flujos comunitarios. Sabemos igualmente que en el mejor de los escenarios permanecerán en el Objetivo 1 Andalucía y Extremadura con toda seguridad y Galicia y Castilla-La Mancha con alguna probabilidad, pero en todo caso con pérdidas del 15 por ciento como mínimo, que pueden suponer otros 4.000 millones de euros adicionales. Sabemos que se reducen igualmente los fondos de los antiguos objetivos 2 y 3, de las iniciativas comunitarias que desaparecen y de las partidas de desarrollo rural y de pesca. Se puede hacer distintas aproximaciones, pero probablemente estaríamos hablando de más de 35.000 millones de euros por estos conceptos, a los que se une el incremento de la aportación española a un presupuesto comunitario, que además se incrementa enormemente en categorías con bajos retornos para España y que además tiene que financiar todos los gastos de la ampliación. Sabemos que en el próximo Consejo Europeo se debería adoptar un documento de principios y líneas generales sobre estos temas para tratar de concluir las negociaciones al final de la Presidencia de Luxemburgo en junio del año 2005. Sabemos que en esta negociación ya se han posicionado los países contribuyentes netos no admitiendo que el techo de recursos propios exceda del 1 por ciento de la renta nacional bruta comunitaria, lo que agravaría insoportablemente la situación española.


Somos plenamente conscientes del proceso de convergencia español que durante los últimos ocho años ha sido muy intenso, proceso que se verá además reflejado con toda su veracidad cuando el Instituto Nacional de Estadística aflore los datos de la revisión de la contabilidad nacional.
Es obvio que la situación española actual no se podrá mantener en el futuro, pero el cambio puede y debe ser gradual y lo que no puede ser es que de modo inmediato y a corto plazo España, de la noche a la mañana, se convierta en contribuyente neto por mor de una negociación mal planteada.


La ampliación va a suponer un coste neto de 200.000 millones de euros.
Según las estimaciones de nuestro grupo parlamentario, de dicho coste Alemania debería afrontar 45.000 millones, Francia 42.000 millones y España, sin ser la tercera economía más grande y desarrollada de la Unión, aportaría 39.000 millones de euros, probablemente más que Italia (34.000) o Reino Unido (16.000). Pero si comparamos el esfuerzo financiero que la ampliación supone para cada Estado de la Unión Europea en porcentajes sobre el PIB nacional, el esfuerzo español sería de un 0,61 por ciento, el francés de un 0,32 por ciento, el italiano de un 0,31 por ciento, el alemán de un 0,23 por ciento y el de Reino Unido de un 0,12 por ciento; es decir, que el esfuerzo presupuestario español duplicaría el de Francia, el de Italia y el de Alemania, triplicaría el de Holanda y quintuplicaría el de Reino Unido, países todos ellos que en términos de retornos comerciales son los grandes beneficiarios del proceso de la ampliación. Por tanto, no es aceptable de ninguna manera que España financie en gran medida el coste de la ampliación por el lado de los gastos, al recortarse para los Quince las políticas que más nos benefician directamente y, además, adicionalmente, por la vía de las aportaciones al presupuesto. España tiene que defender por tanto que los costes de la ampliación se repartan de manera equitativa y equilibrada entre los Estados miembros, porque nunca en la historia comunitaria cuando se han revisado las políticas comunitarias a fondo se ha hecho a costa de un país en particular; siempre se han buscado soluciones equilibradas. Cuando se produjo la ampliación de España y Portugal, para compensar a Francia, Italia y Grecia, se crearon los programas integrados mediterráneos; cuando se revisó la PAC (política agraria común) se establecieron unos rendimientos de cultivos herbáceos que contribuyeron a consolidar la posición de Francia como mayor perceptor de ayudas agrarias, equilibrando su saldo financiero; cuando Reino Unido tenía un desequilibrio en sus aportaciones a la Unión Europea se arbitró el cheque británico y Reino Unido sólo contribuía con un 13 por ciento al presupuesto comunitario, cuando representaba el 17 por ciento de la renta nacional bruta comunitaria; cuando se negociaron las perspectivas financieras 2000-2006, Irlanda, por convergencia real, perdía el Fondo de Cohesión y sin embargo, con imaginación, se arbitraron soluciones para permitir una salida gradual del mismo. Pero para ello hay que tener una posición negociadora firme y saberla defender. Los

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contribuyentes netos, para mantener los gastos dentro del límite del 1 por ciento del techo de recursos propios, atacan las políticas de cohesión a 15 y defienden un mecanismo de correcciones generalizado. Los nuevos Estados miembros pretenden beneficiarse al máximo de los fondos agrícolas y de cohesión eliminando el techo del 4 por ciento del producto interior bruto para absorber fondos de cohesión. Los países intermedios deberían tener como objetivo común mantener en lo posible la situación actual, incorporando cuantos mecanismos fuesen posibles para permitir una transición suave que evitara cambios abruptos en sus respectivos saldos netos y la gradual evolución de su situación financiera.


España, además, en este contexto tiene una situación muy peculiar por ser el mayor perceptor de fondos comunitarios de cohesión y por correr el riesgo de convertirse muy rápidamente en contribuyente neto. Y en este contexto, resultan para nuestro grupo muy preocupantes las afirmaciones que el presidente del Gobierno realizó en su visita a los Países Bajos el pasado 14 de julio, cuando afirmó, como se publicó en la prensa nacional, que necesitamos un presupuesto que debe estar situado en el límite o por encima del 1 por ciento del PIB de la Unión Europea. Afirmar lo que quieren los países contribuyentes netos, sumarse a la manifestación de los que quieren reducir el presupuesto comunitario es poner a España en posición peligrosa. Con afirmaciones como esta, el primer ministro holandés Balkenende estaría, desde luego, plenamente de acuerdo, pero a la posición negociadora española, nuestro presidente, fruto de su inexperiencia, fruto de su ignorancia o bien de su deseo permanente de agradar a terceros a cualquier coste, le ha metido un torpedo en la línea de flotación. Como de costumbre, a posteriori se rectifican las imprudencias, cuando los asesores ponen de manifiesto la barbaridad que suponen las manifestaciones del presidente del Gobierno, pero el daño queda hecho.


Nuestro grupo entiende, por tanto, que la propuesta inicial de la Comisión tiene que recibir no solo mejoras sustanciales sino específicas para nuestro país, para equilibrar la posición de España en las nuevas perspectivas financieras. Las soluciones pueden ser muy variadas y se pueden sugerir todo tipo de actuaciones: el establecimiento de un período transitorio para el Fondo de Cohesión; obtener recursos adicionales mediante la preasignación de fondos de la nueva categoría 1.a) de competitividad; la creación de un fondo específico de interés para España, o menores aportaciones españolas al presupuesto de la Unión Europea; el establecimiento de la elegibilidad automática de las regiones ultraperiféricas dentro de la categoría de regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, es decir, del objetivo de convergencia, antiguo Objetivo 1, con independencia de su nivel de renta para evitar que Canarias tenga pérdidas importantes de fondos que no llegan a ser compensadas por el instrumento RUP o de regiones ultraperiféricas; la elegibilidad automática para el objetivo de convergencia para Ceuta y Melilla; establecer en el 75 por ciento el porcentaje de ayudas sobre el nivel actual para las regiones que abandonen el Objetivo 1 por efecto estadístico y en el 45 por ciento por crecimiento natural; instrumentar mecanismos que permitan a Cantabria disfrutar de periodos transitorios adicionales; y mantener las intensidades actuales de ayuda para las regiones que permanezcan en los objetivos 1 y 2. Pero todo eso supone mejorar sustancialmente la envolvente financiera y las normas que regulan las perspectivas financieras.


La propuesta de la Comisión de un 1,24 por ciento como techo de recursos propios y el 0,46 por ciento destinado a cohesión son un mínimo indispensable sobre el que hay que mejorar la propuesta. Desde luego, habrá que mantener los techos de absorción en el 4 por ciento del PIB; habrá que incluir a Valencia, Baleares y Murcia como regiones elegibles para la cooperación transfronteriza y, sobre todo, habrá que pensar, señor vicepresidente, en mantener el actual mapa de ayudas regionales de forma que las regiones españolas puedan aplicar los actuales techos de ayudas a sus incentivos regionales para paliar el problema de deslocalización de inversiones.


Ciertamente, esto no es tarea fácil; no lo es. Ciertamente, la situación es complicada, es verdad. Pero no es menos cierto que nuestro país no ha agotado su proceso de convergencia, no es menos cierto que queda un largo camino que recorrer y no es menos cierto que la propuesta de la Comisión es radicalmente injusta para nuestro país. Por tanto, hará falta una solución ad hoc para España. Por todo ello y para todo ello nuestro grupo ofrece la máxima colaboración al Gobierno, tanto en esta Cámara como en el Parlamento Europeo y en el resto de las instituciones comunitarias, para que el resultado de las negociaciones sea el más fructífero y provechoso para nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Arias Cañete.


Para contestar la interpelación, tiene la palabra el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, por tiempo de 12 minutos.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


Señor Arias Cañete, hoy no es el día para debatir lo que los presidentes del Gobierno han dicho sobre los temas de fondos estructurales ahora o en el pasado. Yo creo que ese debate es mejor que lo dejemos para otro momento. Hoy vamos a debatir sobre las perspectivas financieras y usted sabe muy bien, y lo ha reflejado en su comentario final, que cuando hablamos de perspectivas financieras hablamos de muchas cosas, hablamos

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del reglamento general y de los reglamentos de aplicación de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, hablamos de la decisión de recursos propios y hablamos de las directrices comunitarias sobre los incentivos a la inversión privada de naturaleza regional. Para el Gobierno la negociación es un paquete completo y, evidentemente, no habrá acuerdo sobre los límites de gasto y la estructura del presupuesto si no hay acuerdo sobre recursos propios. Esta posición se ha manifestado ya en los foros comunitarios y de ella tienen conocimiento las comunidades autónomas, a las que se ha venido manteniendo informadas por parte del Gobierno, en la medida que la modificación del sistema actual de recursos procedentes del Gobierno también tiene un importante impacto sobre las mismas.


En el año en que se negociaron las anteriores perspectivas financieras había 23,7 millones de habitantes en España en regiones con una renta per cápita próxima al 75 por ciento del PIB de la Unión a 15. Hoy, hablando de la Unión a 15, esta cifra ha quedado reducida a 15 millones. El producto interior bruto per cápita del país ha pasado de estar próximo al 75 por ciento de la media comunitaria en 1987, al 87,6 por ciento de la media en el año 2004. España ha sido claramente un ejemplo de éxito en la política de cohesión, política que, por definición, se concibe con una vocación de transitoriedad y es su propio éxito el que determina que disminuya la elegibilidad como receptor de fondos. Pero además de eso hay cambios importantes que se han producido durante este periodo. En primer lugar, la ampliación de la Unión Europea a 25, que ha producido el efecto estadístico al que usted ha hecho referencia, pero también la situación económica de algunos de los principales países de la Unión contribuyentes netos y que es menos favorable en términos de crecimiento que lo que ha sido en otros países como el nuestro. Todo ello, lógicamente, condiciona todo este paquete y querría referirme a él, tal como lo concebimos, haciendo referencia a las perspectivas financieras propiamente dichas, a la política de cohesión, al programa específico a aquella parte de gastos dedicados a competitividad, crecimiento y empleo, al tema de los recursos propios y a las ayudas regionales.


Perspectivas financieras. Evidentemente, nuestra posición se desarrolla sobre la base de las propuestas de la Comisión. Yo estoy de acuerdo con usted en que no es enteramente satisfactoria y que plantea para nuestros países algunos desajustes inaceptables. ¿Posibilidad del 1,24 por ciento como tamaño del presupuesto? De acuerdo. Nos parece que es el mínimo aceptable en la medida en que ya se absorbe el Fondo de Desarrollo Regional que, lógicamente, implica un esfuerzo para España en la medida que el porcentaje de participación de España en dicho fondo es menor que la clave de reparto en el presupuesto comunitario. En la estructura del presupuesto, y es un punto que nos preocupa, la categoría del gasto denominada competitividad y crecimiento multiplica por tres su dotación.
Evidentemente, se va a destinar a temas muy interesantes en términos de estrategia de Lisboa, investigación y desarrollo, redes de transporte, programas de educación y desarrollo tecnológico, pero es cierto que son aquellos proyectos en los que nuestra participación hasta ahora ha sido más reducida. Aquí nos plantea un tema importante sobre cómo prepararnos para mejorar nuestra situación en la recepción de fondos por estos conceptos. Y luego están los dos grandes renglones clásicos de la financiación: la política agrícola y la de cohesión. En política agrícola es verdad que habrá una reducción, en términos reales, del 3 por ciento en los gastos previstos, tal como se acordó en Bruselas en el año 2002, y en cuanto a política de cohesión, es verdad que crece un 31 por ciento, pero también es cierto que ese crecimiento es relativamente modesto si tenemos en cuenta que antes eran 54 millones de personas las que estaban afectadas por esta política y ahora van a estarlo 123 millones.


Usted ha subrayado muy bien que frente a la propuesta de la Comisión se ha alzado hasta ahora un grupo de países contribuyentes netos liderados por Alemania y Francia, pero donde se encuentran también el Reino Unido, los Países Bajos y algún otro país nórdico, como Suecia, que dicen que no debemos transferir más del 1 por ciento de recursos a la política comunitaria y que la política de cohesión se debe concentrar casi exclusivamente en los nuevos Estados miembros. Por lo tanto, en cuanto a los límites de la negociación, salvo que surjan elementos nuevos, nos encontramos básicamente encajados en dos límites: 1,24 por ciento máximo frente al 1 por ciento mantenido por otros países en las aportaciones y luego, evidentemente, cómo se distribuyen esos recursos. En mi opinión, ese 1,24, como he dicho anteriormente, me preocupa menos, a pesar de que falte el Fondo de Desarrollo Regional, que la estructura del presupuesto, donde no se contempla para nada la situación española actual. El futuro del presupuesto será uno de los determinantes básicos del cambio de la posición financiera en España y será difícil que España dé su acuerdo si no se instrumentan algunas soluciones específicas que sitúen el resultado final de nuestra contribución dentro de los límites que pueden considerarse razonables.


Política de cohesión. El principio que guía la actuación del Gobierno es que la política de cohesión sigue siendo una política importante de la Unión. Está recogida en la Constitución y en los tratados y su significado como instrumento de solidaridad es clave como compensación al funcionamiento del mercado para conseguir su mayor homogeneidad y su mayor apertura, y debe hacerse más efectiva para aumentar su rentabilidad social. Por tanto, no queremos una política de cohesión reducida al mínimo testimonial. La Comisión ha propuesto una política de cohesión con tres objetivos: la convergencia, la competitividad regional y el empleo, y la cooperación interregional. El primer gran

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concepto es el de convergencia, y convergencia recibirá casi el 80 por ciento de los fondos, mientras que competitividad regional y empleo sólo el 17, y cooperación interregional el 4 por ciento. En convergencia se van a incluir las regiones con renta per cápita por debajo del 75 por ciento. Las regiones per cápita inferiores al 75 por ciento de los antiguos 15 Estados miembros, pero superiores al 75 por ciento de los 25, están en el tracto de efecto estadístico. Se incluye como parte de la convergencia el Fondo de Cohesión, que recibirán todos los Estados miembros con un producto nacional bruto per cápita inferior al 90 por ciento de la media comunitaria y del que España puede verse excluida si no cumple este criterio. Este es un punto de preocupación porque es evidente que no hay un sistema de facing out o un sistema transitorio de salida del sistema, aunque S.S. conoce muy bien el debate mantenido con algunos Estados miembros sobre si el Fondo de Cohesión debe ser aplicable también a los países de la unión monetaria o no y cuál es la naturaleza de dicho fondo. En estos momentos, en base a los mejores datos disponibles, es difícil, puesto que estamos hablando de datos que son variables. Bajo el umbral del 75 por ciento, quedarían en la Unión a 25, como usted ha señalado, Andalucía, Extremadura y posiblemente Galicia, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Evidentemente, esto dependerá enormemente de con qué datos trabajemos y, por supuesto, de la revisión a la que usted ha hecho referencia de nuestro PIB en el año 2005; revisión que en la medida en que también va a afectar a los restantes Estados miembros no sólo modifica nuestra posición relativa a la media, sino que modificará la propia media, con lo cual es muy difícil en este momento, cuando estamos en posiciones tan ajustadas, saber exactamente de qué estamos hablando.


Estamos de acuerdo con su análisis de que el efecto estadístico sobre la base de los datos actuales afectaría básicamente a Asturias y Murcia. Las regiones con un PIB per cápita inferior al 75 de la media de la Unión a 25 recibirán como media un 85 por ciento de lo que están recibiendo en el actual periodo. España ha defendido tradicionalmente que se otorgaran posiciones de salida generosas a las regiones afectadas por el efecto estadístico. La Comisión en su proyecto de reglamento de los fondos, actualmente en discusión, ha recurrido esta pretensión española, aunque con una generosidad que yo no dudaría en calificar de mejorable. Pero está ahí y como punto de partida se puede empezar a trabajar. La propuesta de la Comisión a estas regiones es que recibirán aproximadamente dos terceras partes de lo que recibieron el anterior periodo, realizándose la pérdida de fondos de una forma gradual.


En competitividad regional y empleo, como usted sabe muy bien, incluirá a todas aquellas regiones que salgan de manera natural de la posición por debajo del 75 por ciento cuando estamos hablando de la Comunidad a 15 y este sistema de facing out se incluye con un sistema de facing in para las regiones Objetivo 2. Estamos hablando de Castilla y León, de Valencia y de Canarias, que recibirán cifras del 40 por ciento de la ayuda que reciben actualmente, y las restantes del actual Objetivo 2, del 66 por ciento de la ayuda actual. Hay un pequeño matiz en el caso de Canarias por el tratamiento de región ultraperiférica, aunque posteriormente haré un comentario sobre este punto.


Posición del Gobierno. En relación con todo lo señalado, la posición del Gobierno es que España debe recibir una financiación equivalente a, en primer lugar, un periodo transitorio de salida del Fondo de Cohesión, en línea con la tradición comunitaria de ofrecer periodos transitorios cuando se producen cambios bruscos en la posición de los países; en segundo lugar, las regiones afectadas por efecto estadístico deben tener un tratamiento similar a las regiones de renta per cápita inferior al 75 por ciento; en tercer lugar, las regiones que han traspasado el umbral del 75 por ciento deberían recibir unos porcentajes de ayuda equivalente a los que han recibido regiones en situación similar en la programación 2000-2006; en cuarto lugar, la categoría competitividad regional y empleo, que está en el punto de mira de los países contribuyentes netos cuya supresión reclaman, debe mantenerse a pesar de todo y la consideramos fundamental para nosotros; en quinto lugar, España ha defendido también que se mejore el trato que se da a Canarias desde el Fondo especial para las regiones ultraperiféricas. Y yo creo que, por no alargarme mucho, uno de los puntos importantes también para nosotros sería conseguir que en los fondos que en estos momentos van a mejorar la competitividad y el empleo se dé un tratamiento especial a aquellas actividades de naturaleza tecnológica que sirvan para reducir la brecha tecnológica y no para ampliarla.


En cuanto a recursos propios, somos partidarios de la posición de la Comisión, pero somos contrarios a los sistemas de compensación, en la medida en que estos sistemas, sea el británico actual o cualquier otro, tienen un claro impacto negativo sobre nuestro país, que evidentemente no va a ser aceptable en la medida en que no se resuelva el problema del saldo neto español. El saldo neto sin duda alguna va a ser al final elemento fundamental del debate. Es cierto que en el momento actual hemos pasado de un saldo neto próximo a los 9.000 millones de euros en el año 2002 y que era el 1,2 por ciento del PIB, a saldos que en este momento ya están alrededor del 0,5 ó 0,6 por ciento del PIB. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con usted en que la aplicación del modelo comunitario trazaría una doble figura, en la cual se acelera la caída de recursos de ingresos comunitarios en España de forma muy importante a partir del año 2008, en términos de compromiso, aunque en términos de gasto se siga manteniendo una recepción de fondos relativamente importante. Usted sabe como yo que un compromiso bajo y una recepción de gasto de ejecución alta es pan para hoy y hambre

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para mañana y por tanto esa no puede ser una solución satisfactoria.
También creemos que es imprescindible contar con unos incentivos regionales a la inversión que respeten la coherencia con el nuevo sistema partiendo de la situación actual; dicho de otra forma, no podemos aplicar de forma automática el nuevo sistema y que aquellas regiones que salen del Objetivo 1 vean reducida su posibilidad de recepción de fondos nacionales por la política de transparencia en las ayudas públicas. En consecuencia, este es un punto fundamental.


Para resumir, diría que lo que España traslada a la Comisión Europea y al Consejo en nuestra negociación es que hay que aumentar los techos de ayuda en aquellas regiones con un PIB inferior al 75 por ciento comunitario, prioritariamente las que sean transfronterizas con Estados no miembros o las que pertenezcan a países con un PIB per cápita inferior; que las regiones que pierden su elegibilidad deben mantener una mayor capacidad de recursos que las que pierden por efecto estadístico; que también las que pierden por el crecimiento económico deben tener un sistema de facing out parecido al del pasado; que debe existir una bonificación de 10 puntos porcentuales en las regiones para handicap naturales y que debe buscarse un periodo transitorio para la salida a las zonas actuales del artículo 87.3.


Evidentemente, usted sabe como yo que la negociación es compleja, es difícil y que al final hay que basarla en algunas ideas muy claras. Si yo tuviese que resumir en dos ideas fundamentales qué es lo que pretendemos, posiblemente no me separaría mucho de algunas de las ideas que usted ha elaborado. Lo resumiría en dos conceptos: primero, España no debe pagar la ampliación en términos de PIB per cápita por encima de la media de la Unión; y segundo, España está dispuesta a hacer un esfuerzo financiero en solidaridad con la Unión, pero no puede aceptar una aplicación del sistema que no implique un gradualismo en cuanto a la recepción de fondos comunitarios. Esas son las posiciones fundamentales. Sobre esa base estamos trabajando y esperamos conseguir los resultados correctos en su momento, que no sabemos cuándo será.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor vicepresidente.


Para turno de réplica, tiene la palabra por cinco minutos el señor Arias Cañete.


El señor ARIAS CAÑETE: Señor presidente, señorías, me felicito porque el señor vicepresidente ha hecho un discurso muy distinto de los que hemos oído en las filas socialistas los últimos meses y sobre todo del del presidente del Gobierno. Hoy, el vicepresidente del Gobierno ha estado bastante claro. Es obvio que España, en términos de producto interior bruto, analizado su esfuerzo financiero, no puede hacer un esfuerzo que sea superior a la media comunitaria. En comparación con los países más desarrollados de la Unión Europea, siendo solidarios como tenemos que ser, no podemos ser el país que pague la ampliación o el país sobre cuyos hombros descanse el mayor esfuerzo para pagar la ampliación. Ahí estamos absolutamente de acuerdo. Dicho esto, todas las posibilidades están abiertas en una negociación muy compleja.


Yo creo que hay un tema en el que no podemos caer y en el no puede caer el Gobierno. Las políticas de incrementar la competitividad, las políticas de investigación y desarrollo, las políticas internas llamadas comunitarias, fuera de las políticas agrarias, tienen una tasa de participación muy baja. España, en el año 1997 participaba en un 6,34; en 2003, en un 6,42, que llegó a ser el 6,57 en el año 2002. Esas son las políticas que más se incrementan, donde está el esfuerzo verdadero de incremento presupuestario y donde hay trasvase de fondos. Si tenemos muy poca capacidad de absorción de los fondos de I+D+I a nivel del territorio español -cuando se ve le ejecución presupuestaria la absorción de fondos deja mucho que desear-, a nivel comunitario la experiencia española es muy negativa. No es fácil acceder a los proyectos comunitarios, no es fácil que haya demanda en las empresas españolas, por tanto, retornos por esa vía, habrá que estimularlos, pero es complejo. Por consiguiente, tenemos que seguir manteniendo y defendiendo las políticas de cohesión.
Una vez que las políticas agrarias están salvaguardadas por el acuerdo agrícola hasta el año 2013, las políticas de cohesión se convierten en el buque insignia de la defensa que tiene que hacer el Gobierno español, y aquí evidentemente me complace que en muchos puntos podamos tener coincidencias sustanciales.


Yo soy de los que creen que este Parlamento debería ser capaz de llegar a un compromiso entre todas las fuerzas políticas para aprobar una posición que inste al Gobierno a negociar sobre muchas de las bases en que hoy he visto que existe coincidencia, porque el señor vicepresidente ha dicho que el 1,24 es un mínimo sobre el que tenemos que trabajar, descarta totalmente el 1 por ciento de los países contribuyentes netos, pero que hay que mejorar sustancialmente esta propuesta; que a partir de ahí tenemos que conseguir que haya un reparto equilibrado de los esfuerzos de financiación de la ampliación; que podemos hablar de períodos transitorios en el Fondo de Cohesión y que esa batalla no hay que abandonarla, pese a lo que diga el Tratado, que además no está en vigor todavía porque no está ratificado, por lo menos el protocolo anejo. Si pese a todo esto podemos seguir defendiendo el Fondo de Cohesión, que además tiene la capacidad de vertebrar el territorio porque es el único fondo estatal que le permite al Gobierno hacer una política de cohesión territorial y se pierde totalmente fuera de sus valores, creo que tenemos que trazarnos un objetivo ambicioso de negociación y que esta Cámara diera al Gobierno un mensaje

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muy claro de lo que el Parlamento, todas las fuerzas políticas, no sólo el partido que apoya al Gobierno, quieren de nuestro Gobierno. Lo hacen muchas fuerzas políticas, lo hacen los daneses, lo hacen los países nórdicos, donde su Parlamento condiciona la negociación comunitaria.


No sería malo, y me dirijo fundamentalmente a los portavoces de todos los grupos parlamentarios, que hiciéramos un esfuerzo para consensuar una posición de este Parlamento que manifestara su insatisfacción por el punto de partida, que es manifiestamente mejorable, y la necesidad de que buscáramos puntos de encuentro para que nuestro Gobierno trabajara en una negociación. Y a partir de ahí, como le he dicho al señor vicepresidente y a esta Cámara, nuestro grupo, en el Parlamento Europeo, con sus diputados, trabajará en las comisiones de presupuestos de política regional para que podamos confluir en la misma dirección. Esta es una cuestión que no es baladí. En un contexto en que se va a incrementar la aportación nacional a los presupuestos comunitarios, en un contexto en que todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos para mejorar las infraestructuras españolas, el hecho de que exista una programación plurianual a nivel comunitario que ayuda a que exista una programación plurianual de inversiones tanto a nivel del Gobierno de la nación como de las estructuras autonómicas, es un tema muy positivo que tenemos que fomentar a fondo. Por eso nuestro grupo le quiere exigir al Gobierno dedicación a este tema e intensidad en el esfuerzo. Debo decirle, señor vicepresidente, que hasta la fecha, por los tantanes y los runrunes que nos llegan, por los rumores que existen en los pasillos de Bruselas, no estamos viendo que la intensidad del Gobierno español en la defensa de sus posiciones sea idéntica a la intensidad diplomática que están desplegando todos aquellos que quiere jibarizar el presupuesto comunitario. Creo que entramos en este momento en el período álgido; la Presidencia luxemburguesa es un buen momento; la Presidencia británica es más compleja porque los británicos tendrán otras ocupaciones y probablemente bajo Presidencia británica hablar del cheque no sea lo más adecuado y puede pasar el tiempo. Cuanto más tiempo pase, los períodos de referencia son más adelantados y pueden complicar la situación de regiones que salen y entran, o por estadística, o por efectos naturales.


En todo caso, existen algunos parámetros en los cuales podemos estar básicamente de acuerdo. Lo que le pedimos al Gobierno es que esto lo defienda de verdad, que renuncie a la foto, que renuncie a la sonrisa porque aquí no hay eje franco-alemán, aquí el eje franco-alemán lo tenemos enfrente. Estamos en la portería del lado contrario y el gol nos lo van a meter los franco-alemanes. Por tanto, aquí no hay ni sonrisas ni fotos ni aliados. Esta es una batalla que hay que hacerla desde la credibilidad, desde el argumento y desde la racionalidad, convenciendo a la Comisión y tratando de buscar una unanimidad, que es un arma de doble filo. Las perspectivas financieras se deciden por unanimidad, eso exige un consenso absoluto y eso exige una negociación muy complicada. Somos conscientes de las dificultades de la negociación, pero también somos conscientes de que este es uno de los temas donde el Gobierno tiene que tener ambición. No nos vale el modelo de negociación anteriores, como la agraria o la Constitución. Aquí el Gobierno tiene que fajarse.


Señor vicepresidente, conocemos su experiencia, conocemos que usted está al tanto de los temas. Esperemos que a la hora de la verdad el señor presidente del Gobierno opte por una línea dura y no por las líneas a las que nos tiene acostumbrados de permanente debilidad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Cañete.


Tiene la palabra, en su turno de réplica, el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, presidente.


Ya le he dicho que si tuviera que resumir en dos ideas fundamentales, la primera es pagar razonablemente, en términos de la ampliación, la parte que nos corresponda. De acuerdo con nuestros datos, y están muy claros, nosotros somos de los que más pagamos, estamos más o menos en un 0,30 de media y España está en un 0,47. Pero no es España el país que peor sale, los que peor salen son Portugal e Irlanda, lo cual no deja de ser sorprendente dentro de la propuesta de la Comisión. La segunda idea era la consecución de una progresividad, especialmente en créditos de compromiso. Ya sé que en el gran debate se nos va a vender que en créditos de pagos la situación dura hasta el año 2007-2008, pero usted y yo sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de estas cosas y que, por lo tanto, unos compromisos bajos en 2007 y 2008 al final generarán menores pagos en los años siguientes.


En cuando a la competitividad yo llevo la reflexión un paso más lejos.
Estoy de acuerdo en que no es de los temas que en estos momentos, si tuviéramos que analizar en aproximación estática, podríamos decir que somos de los mejor parados. Un 6,57 de retorno o un 7 por ciento, cuando nuestras aportaciones están siempre por encima del 8 por ciento, prácticamente en el 9 y pico, la verdad es que no es buena opción. Sin embargo, este debate tuvo lugar en la Comisión respecto a por qué apostamos. ¿Apostamos por la cohesión, que está muy bien en términos de solidaridad; apostamos por la agricultura, que está muy bien en términos de solidaridad, o ponemos más recursos para otras políticas que son mucho más ambiciosas en términos de mejora tecnológica y en términos de incremento de productividad en Europa? Al final se optó por esa fórmula.


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Por lo tanto, hay más recursos un poco para todos, también para nosotros.
En consecuencia, ahí tenemos un reto al que yo creo que hay que prestar especial importancia, y es apostar por ella a medio plazo, y yo creo que tenemos capacidad para hacerlo si hacemos las cosas bien. Y eso está en línea en gran medida con lo que pretendemos hacer en el ámbito presupuestario, aun a sabiendas de que algunos de los mensajes no han sido bien entendidos o no han sido bien digeridos por aquellos que lógicamente tienen que apostar por estos temas más a largo plazo.


La política de cohesión, sí. Pero también tenemos que ser coherentes con que la política de cohesión responda a ciertos parámetros y que esos parámetros, yo diría, para nuestro bien y para nuestro mal, han cambiado.
Para nuestro bien, en la medida en que nuestro nivel de riqueza ha cambiado en términos absolutos, ya no en términos relativos; para nuestro mal, en la medida en que esos términos de riqueza, evidentemente, implican la recepción de menores recursos. Pero era el objetivo que se pretendía. Lo que no podemos hacer es recibir recursos para alcanzar el nivel de riqueza medio y cuando hemos logrado el nivel de riqueza medio, decir que queremos seguir recibiendo los recursos porque, si no, no nos mantenemos. Yo creo que no es razonable.


Sobre el 1,24 he dicho exactamente lo que he dicho, y es que la propuesta de la Comisión del 1,24 evidentemente España debería considerarla como un mínimo. ¿Por qué? Porque incluye el FED, donde ya digo que hacemos un esfuerzo importante. Pero también he dicho, al decir todo lo que he dicho, que el pacto a 25 se situará entre el 1,24 y el 1 por ciento porque no veo otra fórmula de pacto. En la práctica, el pacto por encima del 1,24 por ciento no lo veo muy realista. La transitoriedad del Fondo de Cohesión es una de las ideas, está encima de la mesa. Usted conoce como yo las dificultades. Me he referido anteriormente a que para algunos países el Fondo de Cohesión debe excluir a los países que forman parte de la unión monetaria. En ese sentido, nosotros ya estamos gozando de una situación un poco excepcional en el sistema, y es verdad que en la superación del 90 por ciento sobre la práctica actual no existe ningún precedente de situación de periodos transitorios.


Tiempos. Estoy de acuerdo con usted en que lo óptimo sería avanzar en la Presidencia luxemburguesa. Después las cosas serán más complejas. La Presidencia inglesa, que es la siguiente, y la austríaca no son presidencias que puedan ser excesivamente sensibles a algunos de los planteamientos a los que he hecho referencia. En cuanto al eje franco-alemán, no es un problema de eje franco-alemán. En las posiciones más negativas para España puede usted encontrar mucha gente fuera del eje franco-alemán también.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE AUTOVÍAS, EN ESPECIAL EN RELACIÓN CON EL TRAMO MEDINACELI-SORIA-TUDELA. (Número de expediente 172/000060.)

El señor PRESIDENTE: Entramos ya en la última interpelación de la sesión de hoy, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en materia de autovías, en especial en relación con el tramo Medinaceli-Soria-Tudela. Para formular la interpelación tiene la palabra, por un tiempo de 12 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Uxue Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, señorías, señora ministra, pocas veces va a tener usted ocasión de asistir, como en esta, a la crónica de una interpelación anunciada, porque ciertamente esta diputada ha insistido una y mil veces en que esta interpelación fuera debatida en esta Cámara. Y lo cierto es que Nafarroa Bai, la coalición a la que represento, hubiera deseado haber podido debatir esta cuestión hace ya unas semanas, cuando el avance de lo que seguramente va a ser su próximo plan de infraestructuras -quizá nos avance hoy algo en Cámara- se sustanciaba con la presentación del proyecto de presupuestos que el Gobierno trajo a esta Cámara. En esos presupuestos queda bastante bien dibujado cuáles pueden ser las líneas maestras futuras y en los próximos años de ese plan que, según ha venido siendo anunciado ya por otros grupos de su Gobierno tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, usted nos va a presentar el próximo mes de diciembre, pero sobre todo cuáles son las previsiones contenidas para con la comunidad que yo represento, la Comunidad Foral de Navarra. Y la verdad es que en el dibujo de ese nuevo mapa de comunicaciones los ciudadanos navarros quedamos yo diría que algo más que mal parados, quedamos prácticamente incomunicados con el exterior, frente al tópico que habitualmente se representa, y lo voy a ilustrar con ejemplos.


En lo que a proyectos futuros respecta, quedamos absolutamente descolgados, y las razones son múltiples y afectan fundamentalmente a políticas internas en la Comunidad foral; quedamos absolutamente descolgados. Tenemos, en cualquier caso, en esta legislatura posibilidades de sumarnos y de coger el tren en lo que al nuevo mapa de redes ferroviarias de velocidad alta respecta. Pero no es esto lo que en estos momentos a esta diputada más le preocupa, sobre todo habida cuenta de que a día de hoy el Estado español es territorio que basa el transporte de personas y mercancías de

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momento por carretera de manera sustancial y cuantitativamente más importante. Lo cierto es que poco o nada se ha presupuestado en estos años pasados y mucho menos se ha ejecutado, sé que en esto estamos absolutamente de acuerdo, si me baso en cifras que usted ha traído aquí y auditadas por su ministerio, respecto a las cantidades descritas en anteriores legislaturas. Es cierto que ya se ha hablado de esta cuestión a la que voy a aludir ahora en esta Cámara hace bien pocos meses, creo recordar que fue en el mes de junio, pero no está de más recordar -a esta diputada le interesa especialmente- que el Gobierno central, en concreto el anterior Gobierno del Partido Popular, firmó en su día un acuerdo con el Gobierno de Navarra, por cierto un acuerdo con complacientes socios, debo decir, a la vista de los resultados, un acuerdo relativo a los mínimos necesarios en materia viaria, en materia ferroviaria y en materia aeroportuaria para superar la desconexión de la Comunidad foral con el eje Madrid-Irún así como con el eje Cantábrico-Mediterráneo. Una, yo diría, desconexión tan irracional en términos de articulación territorial como injusta para con el conjunto de la ciudadanía, de cualquier ciudadanía, pero en este caso estamos hablando de Navarra, que a día de hoy está muy mal comunicada con el resto de las comunidades del Estado, muy mal comunicada ya no con un Estado colindante, el Estado francés, sino, atendiendo a las singularidades y particularidades culturales, históricas y territoriales de Navarra, con la otra Navarra, con la baja Navarra, y, por supuesto, absolutamente alejada del mapa de las comunicaciones que hoy están construyendo las bases del desarrollo futuro. Y esta, señora ministra, es también una cuestión de justicia social, de equiparación y de superación en el futuro, está bien claro, de desigualdades.


Vuelvo al acuerdo por el que el Gobierno del Estado se comprometió en su día a paliar esta grave situación. De él hemos visto poco, muy poco o más bien casi nada. Según los datos aportados por usted misma en esta Cámara, de aquel acuerdo tan solo se ha cumplido un 2 por ciento en dos años.
Recuerdo muy bien la cifra, porque la verdad es que era para sorprender, y lo cierto es que nadie le ha contradicho hasta el momento, ni le ha contradicho aquel Gobierno del Partido Popular que firmó aquel acuerdo, ni sus socios en Navarra, el Gobierno de Miguel Sanz, cómplice, insisto en denunciar en esta Cámara, en este silencio en contra de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Comunidad Foral de Navarra.
Así las cosas, y según calculó usted misma aquel día, señora ministra -la verdad es que el cálculo no se lo pusieron nada difícil-, tiene usted 98 años para cumplir el acuerdo, a 1 por ciento por año. Como no podía ser de otra manera, yo le animo a que no sea así. Esté absolutamente convencida de que el grueso de los ciudadanos y de las ciudadanas de Navarra le animamos, pero le animan también sus compañeros socialistas en Navarra, y se lo voy a decir con un ejemplo porque yo creo que es mejor ejemplificar siempre las cosas. Recientemente, hace poco más de un mes, no mucho más, el parlamentario socialista de Navarra Juan José Lizarbe se refería a una de las obras fundamentales recogidas en este acuerdo de infraestructuras. Se refería en concreto a la autovía Medinaceli-Tudela en los siguientes términos: No es una carretera más. Es una cuestión trascendental para el futuro de Navarra. Y añadía el señor Lizarbe: Confío plenamente en la voluntad firme de mi partido y del Gobierno de la nación para incluir en el plan estratégico nuestra autovía, lo que garantizará política y presupuestariamente su rápida ejecución. Quiero entender, pero hay algo más que un ejercicio de voluntarismo, que en las palabras del señor Lizarbe hay algo más que voluntad, hay información, que esta diputada agradecería se haga pública aquí en sede parlamentaria, en torno a una vía de alta capacidad fundamental, tal y como vengo afirmando, para el desarrollo de la Comunidad foral. Pero no es además solo una cuestión de desarrollo económico y social, es también una cuestión de seguridad vial importante. Los tramos más peligrosos de las carreteras navarras -y este es un estudio bien documentado- se encuentran precisamente en el suroeste de la comunidad. Los siete puntos negros calificados como tales en estos momentos en todo el territorio navarro se encuentran justo en este cuadrante, y de estos siete puntos, cuatro en carreteras de titularidad estatal. En Navarra, en lo que va de año, las cifras -eso sí, menores a la media del Estado- siguen siendo en cualquier caso igualmente inaceptables: ha habido 59 muertes en carretera, dos de ellas han sido anoche, en accidentes de circulación.
Como digo, de ese montante de fallecimientos, cantidad siempre inaceptable, un alto porcentaje de ellos basados en la mala situación de las calzadas, los siete puntos negros de la Comunidad foral se encuentran detallados en el cuadrante suroeste de Navarra, cuatro de ellos en carreteras de titularidad estatal. Por tanto, es una cuestión de seguridad vial, es una cuestión de desarrollo económico y social, es una cuestión de justicia y equidad. En definitiva -y a esto quería llegar señora ministra-, son argumentos universales los que recomiendan el cumplimiento de un acuerdo que -estoy absolutamente de acuerdo, valga la redundancia, con usted- no obligan institucionalmente a su Ejecutivo, pero que tienen condicionantes serios para ser observados -y no dudo que va a ser así- por su ministerio, a pesar de que, como anteriormente afirmaba, en los presupuestos para 2005 tienen mínimo reflejo. En cualquier caso, como digo, los puntos de este acuerdo son objetivos más que claros y universales para ser observados por su ministerio y de una manera urgente -y a este punto quería llegar- la obra que he mencionado de la autovía Medinaceli-Tudela. Estamos hablando de un tramo de 150 kilómetros sin desdoblar, repito, 150 kilómetros sin desdoblar, entrados ya en el siglo XXI, en la que es

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la única vía de alta capacidad de comunicación de una capital de comunidad autónoma, en este caso de Navarra, con Madrid. Por cierto, digo autovía y no autopista porque parece evidente que además de cuestiones sociales, que a nadie se le esconden, esta es la única manera de llegar a una articulación territorial efectiva. Por cierto, señora ministra, es precisamente en este punto donde uno se encuentra con la verdadera dimensión caótica que el Estado español ha venido dando tradicionalmente como respuesta a este asunto; caótica respuesta del Estado español que el conjunto de los gobiernos han venido dando a los ciudadanos navarros respecto a este asunto durante muchos años. Revisando documentación me encontré con unas declaraciones de su antecesor en el cargo, el señor Álvarez-Cascos, quien refiriéndose a la autovía Medinaceli-Tudela -ese proyecto, como digo, tantas veces prometido a Navarra-, decía que no podía hablar de momento de autovía sino de autopista -y abro comillas para que así conste en el "Diario de Sesiones"-, por ser un proyecto heredado de la Administración socialista -cierro comillas-. En definitiva, el Partido Socialista también se lo prometió a Navarra en acciones de Gobierno, pero yo estoy absolutamente convencida de que al menos ahora nos vamos a encontrar la oportunidad de no permitir que sea esa la obra en herencia de unos gobiernos a otros. Yo confío en que, por la equidad con que deben sustentar los proyectos de su Gobierno, incluyan también en esta ocasión a Navarra en el mapa de las infraestructuras del Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora Barkos.


Para contestar la interpelación tiene la palabra la ministra de Fomento.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente, señorías, señora diputada, permítame que le agradezca el tono y el contenido de su intervención, con la que no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, la primera pregunta parlamentaria que se me formuló en el Congreso fue precisamente la de si pensábamos cumplir el acuerdo suscrito por el anterior Gobierno con Navarra. Y no solamente me comprometí a ejecutar el acuerdo sino también a hacerlo de verdad y utilicé el nivel de ejecución para poner de manifiesto cómo muchas veces las palabras se las lleva el viento, incluso cuando están escritas. El nivel de ejecución de ese acuerdo durante dos años con el que nos hemos encontrado ha sido del 2 por ciento, lo que significa un 1 por ciento anual. Lo trasladé hacia el futuro para poner de manifiesto la exigua ejecución que había experimentado, aun cuando había tenido una magnífica y espectacular presentación. Le informo, doña Uxue, de que nosotros no solamente vamos a cumplir ese acuerdo sino que nos proponemos mejorarlo. Por eso estamos manteniendo conversaciones con el Gobierno de Navarra para llevar este acuerdo a un convenio y mejorar los términos de ese acuerdo porque realmente era más una declaración de voluntades, como decía el propio texto del acuerdo. El texto escrito no engañaba a nadie; el engaño se produjo en la presentación del contenido de ese acuerdo porque había inconcreción en los plazos, no había presupuestación ni financiación alguna, todo estaba definido de una manera imprecisa y genérica y además preveía la realización de convenios específicos con Medio Ambiente que nunca se llevaron a efecto y también preveía los oportunos compromisos con el Gobierno francés, sin que tampoco se hiciera absolutamente nada.
Le informo de que hemos mantenido conversaciones con el Gobierno de Navarra, concretamente del secretario de Estado con el consejero de Obras Públicas el 16 de noviembre de este año, en las que se analizaron algunas de las actuaciones que podrían ser objeto de inclusión en el acuerdo, entre otras el eje Medinaceli-Soria-Tudela y la autovía Pamplona-Logroño y Pamplona-Jaca-Huesca. Esos eran los tres ejes que se analizaron y sobre los que acordamos que los técnicos siguieran trabajando para preparar los textos de un futuro acuerdo que nos permitiera abordar coordinadamente la ejecución de los distintos proyectos.


Conecto lo anterior con su pregunta genérica sobre cuál es la política del Gobierno en materia de autovías y en concreto en Navarra. En primer lugar y como prioridad, nos planteamos incrementar la seguridad del transporte.
Por ello nada más tomar posesión aplicamos un plan de choque de actuaciones en materia de seguridad vial que me comprometí a que saliera a licitación antes del final del verano. Y así ha sido porque entre julio y agosto se licitaron todas las obras. Este plan comprendía 106 actuaciones urgentes y tenía una dotación de 306 millones de euros, y para continuar con la prioridad de seguridad vial, en los Presupuestos Generales del Estado tenemos una dotación de 194 millones de euros, que supone un incremento de 26 millones de euros sobre el año anterior y en términos porcentuales del 15,3 por ciento. La segunda prioridad es la conservación y el mantenimiento del patrimonio de infraestructuras para disponer de los niveles de calidad que un país moderno y desarrollado requiere y también para incrementar la seguridad a través de la conservación y el mantenimiendo de nuestras infraestructuras. En el proyecto de presupuestos que hemos traído al Congreso y que se está debatiendo en el Senado este apartado tiene una dotación de casi 500 millones de euros, que representa un incremento del 7,6 por ciento.
Tendremos ocasión de analizar las cifras con posterioridad porque siempre tienen modificaciones. Además, en línea con lo que usted ha planteado, promovemos que los nuevos proyectos viarios vertebren el territorio, favorezcan nuestra cohesión territorial, contribuyan al desarrollo de las obras más desfavorecidas, contribuyan

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a las conexiones transfronterizas, tal y como usted ha planteado, aumenten la competitividad y, por tanto, la productividad, que da lugar a una mayor capacidad de competir a nuestra economía, y contribuyan, cómo no, al bienestar de los ciudadanos, dándoles acceso a los servicios públicos básicos -a la educación, a la sanidad- y además a su calidad de vida favoreciendo las relaciones cotidianas. Asimismo hemos propuesto dotar al país de una estructura mallada que corrija en materia viaria, que es de lo que estamos hablando en este caso, y en el resto la excesiva radialidad que todavía hoy existe, promoviendo una serie de ejes corredores transversales y longitudinales para que, de esta manera, conectemos mejor el territorio.


Para acometer los nuevos proyectos tenemos una dotación de 2.672,98 millones de euros, que supone un incremento de 530 millones de euros no solo en el presupuesto, sino también en el Plan extraordinario de carreteras, con un crecimiento porcentual del 25 por ciento. Esto da idea del paso que hemos dado hacia lo que usted ya ha avanzado, es decir, una planificación distinta de la política de infraestructuras anterior que ya venía recogida como pieza previa en los Presupuestos Generales del Estado. Por lo tanto, en el año 2005 vamos a tener en obra 1.850 kilómetros en la red viaria y 640 kilómetros serán de nueva licitación.
Además el proyecto de presupuestos prevé que en estudio o en proyecto estén 2.600 kilómetros adicionales.


El método de trabajo y los criterios que nos permitirán alcanzar los objetivos propuestos, como saben ustedes, son precisamente la planificación, el diálogo y la participación. La planificación va a suponer una coordinación de los modos de transporte entre las administraciones, de una nueva red viaria que complemente la anterior y que dé respuesta a las prioridades que le he dicho: seguridad, sostenibilidad, intermodalidad y accesibilidad. Asimismo ya le he avanzado que la política de infraestructuras va a ser fruto del diálogo y la participación entre las administraciones. El objetivo es trasladar todas aquellas ideas previas que tenemos para el diseño de la política, y que va a ser presentada en el PEIT, al convenio con las comunidades autónomas, con la participación de los ayuntamientos en casos en que tenga una lógica, como, por ejemplo, las infraestructuras a llevar a cabo en comunidades autónomas uniprovinciales en donde se solapan y se tienen que coordinar las competencias de unos y de otros. Esta coordinación, señora diputada, tiene que llevarse no solamente en términos de actuaciones sino también de sincronización en el tiempo, porque no se puede poner en servicio una infraestructura que presenta una diferencia temporal con las infraestructuras que son responsabilidad de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos de tal manera que hagan que no sea rentable esa inversión en ese momento. Por lo tanto, creo de un gran interés coordinar, también temporalmente, las acciones que son responsabilidad de otras comunidades autónomas. Por consiguiente, vamos a trasladar el consenso a convenios.


Todo esto que le he puesto de manifiesto de una forma breve pone también en evidencia las grandes diferencias de la política de infraestructuras del Gobierno socialista con la que el Partido Popular ha puesto en ejecución y de manifiesto en los últimos ocho años. El PP se ha caracterizado en política de infraestructuras durante su mandato por una inexistencia de planificación, por una dispersión y desconexión de las actuaciones y, por lo tanto, la ineficacia de las mismas. Además, se ha caracterizado por falta de transparencia en la realización de infraestructuras. Yo diría que había más voluntarismo que otra cosa y que han dejado una gran dificultad para poner en servicio tramos completos que den satisfacción al menos a parte del territorio, que es lo que nosotros vamos a tratar de hacer. El marcado carácter centralista y la incapacidad de ejecución durante los ocho años de Gobierno del PP, que no ha sido capaz de concluir ninguna de las actuaciones iniciadas precisamente por esa dispersión en la inversión, y la escasa atención a la seguridad y el mantenimiento, que es otra de nuestras prioridades, pone de manifiesto las diferencias entre una política y otra en relación con lo que usted ha planteado.


Termino afirmándole la clara voluntad del Gobierno de impulsar la construcción de la autovía Medinaceli-Soria-Tudela, por la que usted ha preguntado. Cuando llegamos al Gobierno en el mes de abril, todavía estaba en fase de estudio informativo y está pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entre los meses de junio y octubre de 2004 se adjudicó la redacción de los proyectos correspondientes a los tramos Almazán-Cubo de la Solana, 11,6 kilómetros de longitud, Cubo de la Solana-Los Rábanos, 9,5 kilómetros de longitud, y Los Rábanos-Soria, 7,5 kilómetros de longitud. En los próximos meses seguiremos impulsando su construcción. Por lo tanto, en el Plan extraordinario de carreteras para el año 2005 hemos incluido la licitación de las obras correspondientes a dos de estos tramos, entre Medinaceli y Soria, concretamente el de Cubo de la Solana-Los Rábanos, 9,5 kilómetros, y Los Rábanos-Soria, con 7,5 kilómetros.Por último, no dude S.S. que el Gobierno adoptará las decisiones necesarias para dotar a la Comunidad Foral de Navarra de las vías de acceso que necesita para su adecuado desarrollo en el ámbito de nuestra competencia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.


Señora Barkos, su turno de réplica.


La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, seré muy breve e intervendré desde el escaño.


Es evidente que el proyecto al que me he referido, en concreto la autovía Medinaceli-Tudela, es un proyecto

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-así lo hemos citado en la interpelación- prometido a los ciudadanos de Navarra, comprometido durante más de una legislatura y por parte de más de un Gobierno. Por eso preguntaba y vuelvo a preguntar en concreto a la señora ministra de Fomento si es intención de este Gobierno cumplir en esta legislatura con ese compromiso. Entiendo que sí por cuanto la señora ministra me dice que el acuerdo que tiene suscrito el Gobierno de Navarra con el anterior Gobierno va a pasar a ser convenio y afirma que son más los puntos que se van a incluir en el mismo. Me gustaría saber cuáles son esos puntos, cuándo prevé que podamos conocer la redacción de ese nuevo convenio y sobre todo con qué partida presupuestaria. Estas son las cuestiones concretas que querría conocer, señora ministra, respecto a este asunto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señora Barkos, por supuesto que es intención del Gobierno cumplir con los acuerdos, como le he manifestado. Esa intención se verá mediatizada, como es natural, por la situación en que se encuentra la obra actualmente. Yo no me comprometo en fecha hasta que no estén redactados los proyectos, porque es cuando se sabe el grado de dificultad de la obra, pero le voy a decir qué es lo que hemos hecho en cada una de las actuaciones y en qué situación nos las hemos encontrado. Podemos dividir la autovía en dos tramos: Medinaceli-Soria y Soria-Tudela. El de Medinaceli-Soria, con una longitud de casi 70 kilómetros y un presupuesto inicial de 233 millones de euros, estaba pendiente de una declaración de impacto ambiental cuando nosotros llegamos al Gobierno; había sido solicitada en julio de 2003 y en abril de 2004 todavía no estaba la declaración de impacto. No estaba redactado ningún proyecto, pero se habían licitado tres tramos que no estaban aún adjudicados; estoy hablando del tramo Medinaceli-Soria. Por lo tanto, los tramos Almazán-Cubo de la Solana, Cubo de la Solana-Los Rábanos y Los Rábanos-Soria no estaban adjudicados. ¿Qué se ha hecho desde abril a noviembre?

En primer lugar, se ha adjudicado la redacción de los proyectos que estaban licitados, que representan el 41 por ciento del total del trayecto Medinaceli-Soria. Las previsiones han sido que, al incluirlo en el Plan extraordinario de carreteras, para 2005 ya se incluye la licitación de las obras de dos tramos que equivalen al 24 por ciento de la longitud total: Cubo de la Solana-Los Rábanos, Los Rábanos-Soria. El tramo Soria-Tudela, en abril estaba también pendiente de DIA, solicitada posteriormente, concretamente en octubre de 2003. Este tramo lo tenía planteado el Partido Popular como autopista de peaje. En los subtramos particulares de la variante de Ágreda, que tiene una longitud de casi 9 kilómetros, cuando nosotros llegamos se había ejecutado un 2 por ciento, que era a lo que S.S. se refería, y ahora mismo hemos ejecutado el 5,46.
Aunque la ejecución es muy baja, en siete meses hemos casi duplicado la ejecución de ese tramo, concretamente hemos hecho un 3,46 por ciento de la variante de Ágreda, cuando nos encontramos el 2 por ciento. En cuanto a la previsión de finalización de este tramo, cuyas obras sí están empezadas -introduzco el matiz de que me voy a comprometer en la fecha cuando estén finalizados los proyectos, pero hasta que no se sepa qué tipo de proyectos son y cuál es el grado de dificultad, no me parece serio comprometerme-, está prevista para abril de 2007.


La variante de Soria forma parte de otro estudio informativo que también está pendiente de DIA. En cuanto a las previsiones que me plantea S.S. de qué es lo que vamos a llevar a cabo en este tramo, se van a tomar las decisiones de acuerdo con los criterios del PEIT, que se los avanzo. Para que se pueda construir una carretera como autopista, es decir, con peaje, tiene que haber una vía alternativa de alta capacidad. Puede hacerse una excepción en este caso si lo piden las administraciones afectadas; si no, no sería autopista, sino autovía. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora ministra.


Señoras y señores diputados, se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Muchas gracias.


Eran las ocho y cinco minutos de la tarde.

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