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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 66, de 02/02/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 66
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 61
celebrada el miércoles, 2 de febrero de 2005


ORDEN DEL DÍA: Preguntas ... (Página 3156)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado de poblaciones. (Número de expediente 172/000068.) ... (Página 3176)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual. (Número de expediente 172/000069.) ... (Página 3182)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. (Número de expediente 172/000070.) ... (Página 3188)

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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 3156)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno conceder alguna nueva licencia de televisión analógica en abierto de cobertura estatal con anterioridad al llamado apagón analógico? (Número de expediente 180/000483.) ... (Página 3156)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los contenidos que ha modificado el Gobierno de la campaña del referéndum de la Constitución Europea? (Número de expediente 180/000484.) ... (Página 3157)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué ha intervenido el Gobierno en varias operaciones empresariales incumpliendo su programa electoral? (Número de expediente 180/000495.) ... (Página 3158)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cree el Gobierno que las propuestas de los Sres. Ibarretxe y Maragall contribuyen a dar cumplimiento a lo planteado por el Presidente del Gobierno en el debate de investidura? (Número de expediente 180/000496.) ... (Página 3159)

De la Diputada doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Por qué no asistió el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a la manifestación convocada por la AVT el pasado 22 de enero? (Número de expediente 180/000497.) ... (Página 3160)

De la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Mantiene la Vicepresidenta sus declaraciones en las que afirma que los inmigrantes abandonados en la Península "están en una escala de repatriación"? (Número de expediente 180/000498.) ... (Página 3161)

Del Diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno español cumplir con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y con las resoluciones de la Junta Electoral Central respecto a la campaña informativa sobre la Constitución Europea? (Número de expediente 180/000503.) ... (Página 3162)

Del Diputado don Jorge Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Piensa el Gobierno pedir explicaciones y, en su caso, excusas, al Reino de Marruecos por las infamias vertidas contra el anterior Gobierno de España? (Número de expediente 180/000500.) ...
(Página 3162)

Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué

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motivos justificaron el viaje secreto del Ministro de Defensa a Venezuela el pasado 25 de enero? (Número de expediente 180/000501.) ... (Página 3163)

Del Diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Considera que el Presidente del Gobierno ha defendido como debía los intereses de las empresas españolas en su reciente viaje a Argentina? (Número de expediente 180/000502.) ... (Página 3164)

De la Diputada doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la elección del nuevo Presidente palestino tras la convocatoria electoral del pasado día 9 de enero? (Número de expediente 180/000485.) ...
(Página 3165)

Del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué balance hace el Gobierno de España de las recientes elecciones en Irak en la perspectiva del restablecimiento de la paz y seguridad en Oriente Próximo? (Número de expediente 180/000486.) ...
(Página 3166)

Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Piensa el Ministerio de Trabajo incrementar la cuantía de las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional hasta que adquieran una dimensión idéntica a éste? (Número de expediente 180/000482.) ... (Página 3167)

De la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene el Gobierno intención de revisar el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Local en relación a las licencias previstas para algunas Comunidades Autónomas como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra? (Número de expediente 180/000481.) ... (Página 3168)

De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué valoración hace el Ministro de Industria sobre su reciente visita a Latinoamérica? (Número de expediente 180/000488.) ... (Página 3169)

De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿En qué situación se encuentra el Museo de Dulcinea, en El Toboso, en este año en que se conmemora el IV Centenario de la publicación de El Quijote? (Número de expediente 180/000490.) ...
(Página 3170)

Del Diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Cuándo van a finalizar las obras del Museo Cervantino de Valladolid? (Número de expediente 180/000491.) ... (Página 3171)

De la Diputada doña Yolanda Casaus Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cómo valora el Gobierno la aprobación por la Comisión Europea del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión? (Número de expediente 180/000493.) ... (Página 3172)

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Del Diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Cuál ha sido el resultado de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada en Santander los días 27 y 28 de enero de 2005, en relación con los incendios forestales? (Número de expediente 180/000494.) ... (Página 3173)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Quién dió la orden de detención de dos militantes del Partido Popular el pasado 25 de enero? (Número de expediente 180/000499.) ... (Página 3174)

Del Diputado don José Luis Galache Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuál es el estado de las negociaciones para el traspaso de competencias en materia de Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas que todavía no las tienen asumidas? (Número de expediente 180/000487.) ...
(Página 3175)

Interpelaciones urgentes ... (Página 3176)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado de poblaciones ... (Página 3176)

El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, interpela al señor ministro de Justicia sobre las expropiaciones forzosas efectuadas por el Estado para la construcción de embalses que condenan a determinados pueblos a desaparecer o fuerzan la emigración de la mayor parte o de la totalidad de los vecinos. Considera que estas actuaciones vulneran el artículo 19 de la Constitución española que proclama que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Explica en qué consiste la libertad de residencia y presenta una iniciativa que, entiende, es de profunda renovación política, consistente en la derogación de todas aquellas normas, y en especial las relativas a la Ley de Expropiación Forzosa, que amparan la realización de proyectos u obras públicas que imponen la desaparición de núcleos habitados y niegan a los habitantes de dichos lugares su libertad de habitar en ellos.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia (López Aguilar). Agradece la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Mixto porque le brinda la ocasión de debatir sobre algunos aspectos que no por ajenos a la agenda política más apremiante dejan de tener importancia, porque se trata de un derecho fundamental como es el de la libre circulación y elección de residencia, garantizado en la Constitución en su artículo 19, porque se refiere a la expropiabilidad de la propiedad, reconocido también como derecho de rango constitucional en el artículo 33, y porque se refiere también a las garantías frente a la expropiación de la propiedad por las que deben velar los poderes públicos, sometiéndose al principio de legalidadon Explica estos aspectos y termina diciendo que no considera necesaria y urgente la modificación de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de que todas las leyes son susceptibles de modificación.


Replica el señor Labordeta Subías, y duplica el señor ministro de Justicia.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual ...
(Página 3182)

La señora Pigem i Palmés presenta en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) una interpelación sobre el régimen de permisos penitenciarios y la aplicación de las medidas de reinserción social de las personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual, porque estos hechos causan gran alarma social en el conjunto de la sociedad española. Explica algunos hechos ocurridos recientemente y considera llegado el momento de abrir un debate parlamentario para saber si desde el Gobierno se van a adoptar medidas y, en caso afirmativo, qué medidas se van a adoptar para

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combinar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las ciudadanas, con la resocialización de los condenados por delitos contra la libertad sexual, para combinar el mandato constitucional del artículo 25.2 de la Constitución, que ordena la orientación de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad hacia la reeducación y la reinserción social, con el derecho de la sociedad a ser protegida.


Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior (Alonso Suárez), que se muestra de acuerdo con casi todo lo expuesto por la interpelante, a la que agradece el tono y el contenido de su intervención. Pone de relieve la política prioritaria del Gobierno en cuanto a la violencia contra las mujeres, pero en el ámbito de la gestión penitenciaria afirma que se ha de tener en cuenta que en Cataluña, por ejemplo, la administración penitenciaria está transferida, por lo que sólo puede responder sobre los criterios de la administración penitenciaria del Estado. Muestra su voluntad de llegar a una reflexión conjunta sobre si se está siguiendo la línea adecuada y sobre cómo se puede profundizar en la mejora del tratamiento penitenciario de reclusos que a menudo son de especial peligrosidad. Por otra parte, afirma que el tratamiento penitenciario y los programas que tienden a rehabilitar y a reinsertar a los reclusos no sólo son un deber constitucional, sino también una medida práctica y da cuenta de una serie de programas de tratamiento para delincuentes sexuales en un número importante de establecimientos penitenciarios que se están llevando a cabo por Instituciones Penitenciarias. Termina su intervención diciendo que no hay que olvidar que hay que reinsertar, pero tampoco se debe olvidar que hay que tutelar la seguridad de la sociedad en la que vivimos, sobre todo en delitos especialmente traumáticos y repudiables que no pueden ser tolerados bajo ningún concepto.


Replica la señora Pigem i Palmés, y duplica el señor ministro del Interior.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte ... (Página 3188)

El señor Ayala Sánchez interpela en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la señora ministra de Fomento sobre el Plan estratégico de infraestructuras y transporte que se presentó en el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, que el 13 de enero se dio a conocer a los consejeros correspondientes de las comunidades y ciudades autónomas y que el lunes de la semana pasada se presentó a lo más granado del empresariado español en la CEOE, sin que el Congreso de los Diputados sepa todavía de que se trata. Recuerda que la señora ministra desde su primera intervención en este Congreso prometió que lo primero que iba a hacer era presentar su plan de infraestructuras en el Congreso, que se iba a debatir y a consensuar en el Congreso, que se iba a aprobar en el Congreso y que luego se aplicaría. Con esta interpelación su grupo pretende que la señora ministra hable en el Congreso del PEIT y hace una serie de preguntas sobre cuál es la razón de no haberlo presentado ya como prometió. Asimismo considera una exigencia de responsabilidad política que la señora ministra aclare en sede parlamentaria una serie de cuestiones del plan que entiende que debería haber explicado con anterioridad y exige su comparecencia ante la Comisión de Fomento.


Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza), que aclara que lo que ha presentado a los empresarios ha sido un documento de propuestas para debatir con los empresarios, con los sindicatos, con el foro de transportes o con las comunidades autónomas, pero no el Plan estratégico de infraestructuras y transporte, que era a lo que se había comprometido y lo sigue manteniendo porque es un compromiso electoral de su partido. Agradece la interpelación porque la permite pedirle al interpelante que se una a la búsqueda de un acuerdo en un plan que se diseña para el año 2020, porque sería bueno intentar llegar a un pacto de Estado en políticas de infraestructuras. Explica algunos aspectos del plan y asegura que en el constan las propuestas contenidas en el plan anterior del Partido Popular, pero aclara que en él se recogen exclusivamente competencias estatales, limitándose a coordinar con las corporaciones locales y con las comunidades autónomas las competencias transferidas en materia de infraestructuras y servicios de transporte.


Replica el señor Ayala Sánchez, y duplica la señora ministra de Fomento.


Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CONCEDER ALGUNA NUEVA LICENCIA DE TELEVISIÓN ANALÓGICA EN ABIERTO DE COBERTURA ESTATAL CON ANTERIORIDAD AL LLAMADO APAGÓN ANALÓGICO? (Número de expediente 180/000483.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Sesión de control al Gobierno. Preguntas al presidente del Gobierno. En primer lugar, del diputado señor Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, recientemente, antes de...
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Duran, no sabe usted cómo le comprendo. (Rumores.) Por favor, tomen asiento y guarden silencio, estamos en sesión. (Pausa.) Adelante, señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente del Gobierno, antes de Navidades, cayó en mis manos una revista técnica que decía lo siguiente.
La vía más adecuada, moderna y rigurosa para fomentar el pluralismo televisivo en España es a través del impulso decidido de la televisión digital terrestre, una tecnología que permite la emisión de al menos cuatro canales donde ahora hay uno analógico. Así se está haciendo en los principales países de Europa y España y no puede ni debe ser una excepción; dar una u dos licencias analógicas más pudiendo otorgar, en su lugar, ocho canales digitales más, es una opción de dudosa justificación política, social y tecnológica.


Coincidiendo con estas reflexiones, dudaba que realmente esto pudiera ser así. Le vi en una entrevista en Televisión Española -estuvo muy bien, por cierto- y cuando se le preguntó al respecto, a mi juicio, usted no dio una respuesta adecuada, por lo que comencé a preocuparme. He visto después un comunicado hecho público por todas las empresas del sector (Mediaset, Sogecable, Planeta, Vocento, Recoletos) que también tienen esa preocupación. Por ello, señor presidente, le pregunto si tiene previsto el Gobierno conceder alguna nueva licencia de televisión analógica en abierto, de cobertura estatal, con anterioridad al llamado apagón analógico.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente. Muchas gracias señor Durán, doblemente gracias por razones obvias. Espero que mi contestación le produzca la misma satisfacción que la entrevista en Televisión.


Conoce cuáles son mis compromisos al respecto y los objetivos que tiene el Gobierno, que es disponer en España del máximo nivel de libertad informativa y de pluralismo, entendiendo que esto fortalece la democracia y mejora la ciudadanía al facilitar el máximo posible de información. Por eso, el Gobierno, a través de un informe que conoció el Consejo de Ministros que tendrá su traducción, ha puesto en marcha diversas medidas con el objetivo de ampliar la pluralidad en relación con los medios privados de comunicación allí donde se encuentre espacio técnico correspondiente, se trate de televisión en sus distintas versiones o de cualquier otro medio de comunicación, y adelantar el proyecto de televisión digital anticipando el apagón analógico, abriendo con ello más posibilidades. En definitiva, más pluralidad, más información, más libertad, más democracia, más ciudadanía. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Que conste que el que estuviera bien no es que me produzca satisfacción; al contrario, me produce satisfacción cuando no está bien. (Rumores.)

Acaba de causarme una preocupación porque no ha contestado a mi pregunta.
Hay un sentimiento unánime, compartido por los sectores empresariales, por el sector televisivo en particular, por la industria tecnológica, por las fuerzas políticas, de que lo que corresponde en estos momentos es implantar la televisión digital terrestre. Todo el mundo sabe que el que se puedan conceder licencias en este sentido antes del apagón de la actual televisión analógica no hace más que entorpecerlo y retrasarlo.
Una apuesta seria y decisiva por la televisión terrestre digital es precisamente avanzar en el ámbito que usted más remarca, el de la pluralidad. Cuanta más televisión digital terrestre haya, más pluralidad habrá. Insisto, el que se pretenda, porque usted no me contesta a la pregunta, dar licencias nuevas a la televisión analógica lo que hace es entorpecer el desarrollo de la televisión digital. Sólo me quedaré tranquilo y sabré si el Gobierno...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Terminó su tiempo.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


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Comprendo su preocupación, es verdad que esta pregunta ya se me ha hecho también desde distintos medios de comunicación. Creo que la respuesta que acabo de dar es bastante evidente y razonable. Si hay más posibilidades técnicas puede haber más televisiones analógicas, aunque la decisión no está tomada y obviamente pasará por este Parlamento. En todo caso, vamos a adelantar el apagón analógico para que la pluralidad avance, tanto en lo analógico, si es posible, como en lo digital. Su grupo es partidario del más amplio nivel de libertad -se lo hemos oído-, del más amplio nivel de competencia y del más amplio nivel de pluralismo. Espero contar con su apoyo para más televisiones analógicas, si es que cabe y si se decide así en la Cámara, para adelantar el apagón analógico y que haya toda la televisión digital terrenal que pueda admitir este país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE HA MODIFICADO EL GOBIERNO DE LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000484.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno de don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Zapatero, mañana comienza la campaña del referéndum sobre el Tratado constitucional europeo. A estas alturas, los que piensan votar en ese referéndum son una absoluta minoría. ¿Por qué su Gobierno ha adoptado la alternativa de una campaña publicitaria de partido para llamar a votar? ¿Por qué mantienen en estos momentos, a pesar del dictamen de la Junta Electoral Central, esta campaña en lugares no solamente públicos sino también en ámbitos institucionales?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, yo no me atrevería a ponerme en el lugar de los ciudadanos o a decir lo que van a hacer, ellos serán los que decidan el grado de participación y su voluntad de opinar sobre la Constitución europea. En todo caso, lo que nos corresponde a los responsables políticos, que hemos apoyado todos la celebración de un referéndum, es animar a votar.


Le quiero precisar que la campaña que ha hecho el Gobierno, la campaña informativa del Gobierno, no tiene ningún contenido partidista. Además, creo sinceramente que las personas que han estado prestando su imagen para explicar el contenido de los artículos de la Constitución europea no habrían consentido asumir esa valoración. Ha habido distintos recursos a la Junta Electoral y ésta ha validado en lo esencial una campaña informativa del Gobierno, con una corrección relativa a un lema que tenía un soporte publicitario, concretamente Los primeros en Europa. Creo que es una campaña informativa útil y que desde luego servirá para estimular la participación y el conocimiento de la Constitución europea.


El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, no comparto su respuesta. En primer lugar, porque ya hay una previsión en las encuestas que apunta a una escasa participación en este próximo referéndum y esa posible escasa participación muestra las carencias de la convención y el escaso entusiasmo que suscita el Tratado constitucional europeo. Eso es así. En nuestra opinión, que no compartirá, es porque estamos ante una Constitución muy poco ambiciosa, que mantiene los desequilibrios democráticos, sociales y de política exterior de la Unión Europea.


Señor presidente, además de esa escasa participación y de ese escaso entusiasmo, la obsesión, en cierto punto elitista, del Gobierno por ser los primeros, por ser la liebre de la Constitución europea, puede terminar mal, puede terminar dejando a una buena parte de los ciudadanos en el camino. Hemos vuelto a Europa -lo dijo usted hace unos meses-, pero volver a Europa tan rápido para terminar siendo los primeros con Europa puede ser ir demasiado deprisa; ese hacer de liebre puede dejar en el camino a buena parte del censo en el próximo referéndum. En ese sentido, señor presidente, le emplazamos a que retome la campaña que en nuestra opinión es parcial. Esta campaña dice que los españoles ganan con la Constitución europea, y dice usted que no está promoviendo el sí. Hay que reconducir la campaña para llamar únicamente al voto, hay que informar de forma pluralista y hay que favorecer el debate real para que esa liebre no se convierta en un cuestionamiento al Gobierno en función de la abstención electoral. Su enemigo no es el no, señor presidente, su adversario es la abstención.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Llamazares, ni enemigo ni adversario, lo que vote cada ciudadano será un ejercicio libre, soberano y, si no acude a la urna, también; no me sentiré ni adversario ni enemigo de nadie que proponga el no o la abstención.


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Tenía entendido, señor Llamazares, que su fuerza política defendía el no; a tenor de su intervención de hoy, empiezo a tener la duda de si más bien defiende la abstención. Se lo digo con todo el respeto. Durante mucho tiempo hemos oído decir que faltaba información sobre el texto de la Constitución europea, que es un texto amplio, que es un texto novedoso y que, en efecto, su conocimiento requiere un tiempo. El Gobierno ha hecho el esfuerzo que entendía oportuno, se han repartido seis millones de ejemplares de la Constitución completa, está fomentando debates y trasladando la información. Creo que los ciudadanos tendrán la posibilidad de decidir libremente acudir o no acudir, votar sí o votar no. Para mí es una gran oportunidad para este país que el próximo día 20 haya un referéndum con amplia participación ciudadana y con un voto favorable al texto constitucional europeo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA INTERVENIDO EL GOBIERNO EN VARIAS OPERACIONES EMPRESARIALES INCUMPLIENDO SU PROGRAMA ELECTORAL? (Número de expediente 180/000495.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.


Los promotores de la operación BBVA se entrevistaron con el señor Sebastián y con el señor Solbes antes de darla a conocer, sin duda contactos casuales. El señor Solbes avala la operación, casualmente en vísperas del consejo de la constructora que debe adoptar el acuerdo de tomar la participación en el BBVA. La intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre un asunto que tiene lugar hace más de ocho años es sin duda casual. La propia Comisión no encuentra materia para investigar, ni administrativa ni penal, pero tras el cierre de la indagación en la Comisión, la Fiscalía Anticorrupción, también por casualidad, actúa, casualmente el mismo día que el BBVA presenta sus cuentas. Este cúmulo de casualidades ha llamado poderosamente la atención de la prensa internacional, que casualmente no cree en tantas casualidades encadenadas.


Señor presidente, ¿se propone el Gobierno seguir desafiando a la estadística con un rosario de nuevas casualidades o piensa que ya se ha causado suficiente daño a nuestra imagen internacional y sería mejor dejar tranquilas a las empresas y a sus accionistas decidir?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Me remito al texto concreto de la pregunta. El Gobierno no ha intervenido ni interviene ni intervendrá en la marcha de las empresas de este país.
(Risas.) Quiero decirle, señor Rajoy, ya que ha citado reuniones de quienes promovían una determinada iniciativa en el BBVA, que yo desde luego no me he reunido con ninguno de ellos. No sé si eso pasa también en los bancos de su grupo y sería bueno que la opinión pública conociera si eso se había producido antes de iniciar una operación. Le diré que, tanto el vicepresidente económico como los organismos Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, han actuado con plena autonomía. Ni el vicepresidente Solbes ni el Gobierno han promovido ni impedido ninguna acción que pueda tener lugar en el seno de una empresa privada, en este caso de una entidad financiera.(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.


El señor RAJOY BREY: Según usted, presidente, todo es una casualidad. Lo malo es que nadie lo entiende así, porque hay más casualidades, señor presidente. El grupo GEA -y no entro en quién está detrás- presenta una OPA sobre Aldeasa y ¡oh casualidad! a renglón seguido el Ministerio de Fomento anuncia públicamente una revisión de las condiciones de la concesión con Aldeasa. Señor presidente, se trata de asegurar la OPA ¿o no? El ministerio deja claro que de hecho es él quien fija los precios.
Perjudicados: accionistas y empleados.


Señor presidente, ¿por qué la Fiscalía, tan diligente en investigar algo que ocurrió hace nueve años, no investiga si se ha vulnerado el artículo 285 del Código Penal que tipifica el delito de maquinación para alterar el precio de las cosas? Pregunte a la señora ministra de Fomento, ella le puede informar muy bien de esto. En cualquier caso, le anuncio que esto continuará cuando tenga más de dos minutos y medio, señor presidente.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Ya veo que no quiere hablar de las reuniones que mantuvo el señor Del Rivero con miembros de su grupo, el Grupo Popular, o quizá con usted mismo; lo he leído en la prensa. De Aldeasa no se preocupe, esta Cámara tendrá toda la información desde sus orígenes: privatización, contratos con AENA y todo lo que ha sucedido y sucede ahora. (Rumores.)

Señor Rajoy, no sé cómo hablan ustedes de intervenir en las empresas de este país cuando en los primeros nueve meses de su Gobierno hubo cambios en Argentaria, en Repsol, en Telefónica, en Tabacalera, en Iberia, en Aldeasa y en Endesa, poniendo personas de su confianza

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(Protestas.-Aplausos.-El señor Atencia Robledo: Eran públicas.); personas que han permanecido al frente de esas empresas y que, desde luego, han estado en los consejos de administración, todas ellas personas de su círculo de confianza. Por favor, no quiero seguir haciendo comentarios sobre esto (Rumores.) ni me voy a referir a los amigos de pupitre y a sus andanzas. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LAS PROPUESTAS DE LOS SEÑORES IBARRETXE Y MARAGALL CONTRIBUYEN A DAR CUMPLIMIENTO A LO PLANTEADO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL DEBATE DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000496.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del Gobierno de don Eduardo Zaplana. (Rumores.)

Espere, señor diputado. Por favor, les ruego silencio.


El señor ZAPLAZA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Doy por reproducida la formulación de la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Señor Zaplana, en su discurso de investidura el presidente del Gobierno dejó muy claro que tienen cabida las reformas estatutarias, primero, que tengan un amplio consenso parlamentario, segundo, que sirvan a los intereses de los ciudadanos y, tercero, que respeten los límites de la Constitución. Esas reformas y sólo esas reformas van a contar con nuestro apoyo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ayer esta Cámara rechazó por abrumadora mayoría el denominado plan Ibarretxe, pero sabemos -y sabemos bien- que los planes para desmontar el modelo de convivencia diseñado por la Constitución no terminan con la votación de anoche; así se lo volvieron a decir ayer durante el debate los portavoces de grupos nacionalistas que sostienen y apoyan al Gobierno. Por otra parte, la intervención del señor presidente del Gobierno dio alas a las aspiraciones de estos grupos que hoy reconocen que eso fue así. Hablar, como se hizo ayer por el presidente del Gobierno, de que esto no es el final de un plan o de que ha llegado el tiempo de un acuerdo histórico o de que asistimos a un nuevo comienzo o resaltar, como se hizo varias veces, el respeto que merece una propuesta separatista apoyada por ETA no ayuda, señorías a frenar esas aspiraciones independentistas. No se trata de impedir mejoras que se pueden realizar, sino de evitar poner en marcha un movimiento que nadie sabe, señoría, dónde puede acabar. Ustedes intentan dar una falsa apariencia de control sobre un debate que conduce no se sabe dónde; intentan también, como estrategia, trasladar la imagen de un Partido Popular exagerado y alarmista, pero la sociedad española está preocupada, sobre todo después de contemplar ayer cómo el presidente del Gobierno está más pendiente de quedar bien con el lehendakari que de defender nuestras leyes y nuestras normas de convivencia. (Protestas.)

Señorías, cuando el señor Maragall pide coraje para cambiar el artículo 2 de la Constitución, habría que decirle que para cambiar la Constitución no es necesario coraje sino consenso y responsabilidad. De una vez por todas, deberían diferenciar claramente entre descentralización y centrifugación, como le ha recomendado algún compañero suyo. Señorías, quédense en tierra firme con la mayoría de los españoles y no se vayan mar adentro con minorías independentistas e insolidarias. Para no ahogarse sabe que cuentan con este grupo, con 148 diputados del Grupo Popular. (Rumores.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno. (Rumores.) Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad es que, señor Zaplana, si no le llego a ver ayer ahí sentado, diría que usted no estuvo ayer en este debate (Aplausos.) Quizá no lo siguió con mucha atención o se distrajo, es posible, porque en el debate de ayer, señor Zaplana, quedó muy clara la posición del Gobierno en relación con la propuesta que defendió aquí el señor lehendakari. Quedó claro también ayer que la firmeza no está reñida con el diálogo, quedó claro lo que está fuera de los límites de la Constitución, quedó claro que lo que separa, que lo que divide, que lo que fractura es rechazado; rechazado por los cauces institucionales, rechazado con argumentos, rechazado con debate, rechazado con diálogo, porque este Gobierno, señor Zaplana, sabe cuáles son sus responsabilidades y, como lo está demostrando, las ejerce.


Por lo que respecta al Estatuto de Cataluña le diré dos cosas, señor Zaplana. Sólo quiero recordarle, primero,

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que la reforma se está haciendo por los cauces reglamentarios; segundo, que en la reforma están participando todos los grupos políticos, incluso el suyo, pues el señor Piqué ha salido públicamente a explicar cuál es la posición. Estos son los cauces, señor Zaplana, sí, señor; desde el punto de vista de los contenidos, ciudadanos, ciudadanía y Constitución; desde el punto de vista de las formas, debate, diálogo, consenso. Así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo porque estamos convencidos de que ese es el instrumento institucional que establece la norma de convivencia de 1978 que todos nos dimos. Además, creo que esa es la fórmula que básicamente comparte el señor Rajoy. Señor Zaplana, quizá, usted debería hablar un poquito más con el señor Rajoy para ver de qué va esto.


Gracias. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONRESO, QUE FORMULA A LA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ NO ASISTIÓ EL ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA AVT EL PASADO 22 DE ENERO? (Número de expediente 180/000497.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Alicia Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Doy por reproducida la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, como usted bien sabe, la función del alto comisionado es trabajar para que las víctimas reciban todo el apoyo y la atención del Gobierno, como ha venido ocurriendo hasta ahora. En una comparecencia parlamentaria que ya ha solicitado, el mismo alto comisionado informará en breves días a SS.SS. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


El recientemente nombrado alto comisionado no asistió a esta manifestación alegando, señora vicepresidenta, razones perentorias. Dijo que al ser alto cargo o alto funcionario no podía asistir a esa manifestación, y añadió que sólo lo haría en aquellos supuestos en los que se produjeran atentados. El ministro Jordi Sevilla estaba allí; no sabemos quién tiene más altura política si el ministro Sevilla o el señor Peces-Barba. Las razones que alegó el señor Peces-Barba son realmente absurdas.


Señora vicepresidenta, ustedes crearon la figura del alto comisionado y nombraron unilateralmente al señor Peces-Barba; ahí empezaron sus errores, ahí empezaron sus problemas. No lo hicieron con consenso de todas las fuerzas políticas, ni de las asociaciones que defienden y representan a las víctimas del terrorismo. Es más, le diría, señora vicepresidenta, que ahí inició los agravios este Gobierno que se llama el Gobierno del talante. Que sepamos, el presidente del Gobierno solo llamó a una de las asociaciones de víctimas aprovechando el oportunismo político y no a la otra asociación de víctimas, a la que, parece ser, llamó el señor Pérez Rubalcaba. A no ser que las dos asociaciones sean iguales, entendemos que tenemos un presidente del Gobierno y un copresidente del Gobierno, más o menos en la línea de Andorra, como los copríncipes del Gobierno de Andorra. (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Continúe.


La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señora vicepresidenta, el señor Peces-Barba depende de la Presidencia del Gobierno porque ustedes crearon la figura del alto comisionado, depende de usted, tiene rango de secretario de Estado. ¿Ustedes le dijeron que fuera a esa manifestación, se lo dijo el presidente del Gobierno, se lo dijo usted o se lo dijo el señor Pérez Rubalcaba en funciones de copresidente? ¿Ustedes le instruyeron cuando decía día tras días que no iba a asistir a esa manifestación? Verdaderamente nos tienen que dar respuesta a esto, señora vicepresidenta.


La posición adoptada por el señor Peces-Barba ha sido inaceptable, ha sido incomprensible, no se comprende en la calle, la gente se sorprende de que la institución que tiene que dar apoyo a las víctimas no estuviera en esa manifestación en la que estábamos miles de ciudadanos de bien. Eso ha sido un gravísimo error. (Rumores.) Pero es que el señor Peces-Barba sigue con esos errores, sigue, además, utilizando de forma partidista las asociaciones. Nosotros queremos pedirle, señora vicepresidenta, como dice la Asociación de Víctimas, que no los utilicen y no los abandonen. No hay víctimas de primera ni víctimas de segunda. Esta es su responsabilidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

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Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, nuestra prioridad, que quedó fijada clara y terminantemente por el presidente del Gobierno, y se ha hecho en diversas ocasiones, es atender a las víctimas del terrorismo, quienes constituyen nuestra primera preocupación; entiendo que también la suya. Las víctimas del terrorismo y quienes las representan merecen todo el reconocimiento, el apoyo y la atención por parte del Gobierno, de todas las fuerzas parlamentarias y de la sociedad, y desde luego así lo van a tener. Y este Gobierno, señoría, les presta su apoyo con pleno respeto al pluralismo de sus posiciones y dándoles todo tipo de facilidades para que las puedan expresar.


Señoría, usted sabe que acordamos respetar, en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, que el sufrimiento de las víctimas ni puede ni debe convertirse en un recurso de la lucha contra el terrorismo entre partidos. Ese es el límite para este Gobierno y este Gobierno sigue firmemente comprometido, con toda su energía, en el cumplimiento de ese pacto que seguimos creyendo necesario y en vigor. No lo olvide, señora diputada, porque su contenido es el marco de la actividad política del terrorismo, porque no hay espacio en nuestro país ni para el terrorismo, ni para los violentos, ni para quienes sustentan ideológica o políticamente a los mismos. Ni la violencia, señorías, ni el terrorismo van a condicionar los principios y normas de nuestro sistema democrático, ni van a afectar a la solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles en ayuda de quienes han sufrido el terror. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE LA VICEPRESIDENTA SUS DECLARACIONES EN LAS QUE AFIRMA QUE LOS INMIGRANTES ABANDONADOS EN LA PENÍNSULA "ESTÁN EN UNA ESCALA DE REPATRIACIÓN"? (Número de expediente 180/000498.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Lourdes Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, ¿mantiene sus declaraciones en las que afirma que los inmigrantes abandonados en la Península están en una escala de repatriación?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Consejo de Ministros pasado aprobó un plan para atender a los inmigrantes desplazados de Canarias a la Península. La decisión forma parte de nuestros compromisos de abordar de manera legal, ordenada y rigurosa todas las cuestiones que afectan al tema de la inmigración.


El señor PRESIDENTE: Señora Méndez Monasterio.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.


Mi grupo quiere felicitar al Gobierno por sus rápidos reflejos en esta cuestión. El viernes, efectivamente, aprobaron un plan, pero una semana antes ni usted misma conocía la existencia de esos vuelos. La dispersión por toda la Península -y digo por toda, no solo por las comunidades gobernadas por el Partido Popular- la autorizó esta Cámara por un acuerdo de abril de 2002, pero nunca se había abandonado a los inmigrantes a su suerte como se hizo, en concreto, en el aeropuerto de San Javier, en Murcia. (Rumores.) No voy a ahondar en este tema, señorías, no voy a utilizar el trato a los inmigrantes como arma arrojadiza, pero sí le recuerdo, señora vicepresidenta, que un subsahariano tiene la misma dignidad que tiene usted y que tengo yo. (Rumores.)

Ahora, después de nueve meses, de manera improvisada y solo para salir al paso de las críticas, presentan un plan oportunista, redactado en dos días, que no es sino una declaración de intenciones, un plan donde no se concreta ni cómo ni cuándo, no tiene dotación económica, les transfieren el problema a las comunidades autónomas, porque, señora vicepresidenta, en lugar de evaluar al Gobierno anterior, dígale usted a las comunidades receptoras de inmigrantes, que están llegando al límite, con qué recursos cuentan, porque la financiación que se recoge en el plan es la del año 2004 -no sé si la vicepresidenta se ha dado cuenta-, es decir, es la financiación que nosotros habíamos presupuestado. Díganles ustedes a los ciudadanos españoles qué están haciendo para controlar la llegada de pateras, porque mucho acuerdo con Marruecos, pero el horror de las pateras sigue existiendo. Díganles también a los ciudadanos españoles si van a tener los mismos reflejos y van a hacer otro plan ante el gravísimo efecto llamada que está provocando el anuncio de su regularización masiva, 1.000 inmigrante ilegales entrando a diario en España, más del doble que hace unos meses. A las comunidades receptoras de inmigrantes, ante esta avalancha, les preocupa que el Gobierno garantice una protección social, que no está cubriendo, y un necesario control, que tampoco. A un ciudadano español, por

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ejemplo, de Murcia, no le preocupa tanto que su vecino sea subshariano, señora vicepresidenta, como que su Gobierno le haya negado el agua, que es la que va a proporcionar el progreso y bienestar necesario para poder seguir siendo tierra de acogida. (Rumores y protestas.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.


Señora vicepresidenta. Adelante.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor presidente.


Señora Méndez, el Gobierno ha demostrado ya su disposición en diversas ocasiones a tratar muchas de las complejas facetas que implica el problema de la inmigración en nuestro país de una manera responsable. Sí, señoría, responsable. Por eso en estos meses hemos aprobado el reglamento de extranjería; por eso en estos meses hemos aprobado un plan de traslado de los inmigrantes de Canarias a la Península, señoría, con una partida aprobada en los presupuestos debatidos en esta Cámara; por eso hemos mejorado nuestras relaciones con los países vecinos, con Marruecos, con Argelia; por eso estamos negociando en la Unión Europea; por eso estamos llegando a acuerdos con las comunidades autónomas, sea cual sea el signo político de las mismas, y por eso, desde la oposición, y ahora se lo reitero desde el Gobierno, les estamos proponiendo a ustedes la conveniencia, la necesidad de que este tema, que es complejo, se aborde a través de un gran pacto nacional de todas las fuerzas políticas.


Señora Méndez, no hay soluciones mágicas, no las hay, pero estoy segura de que compartirá usted conmigo que si somos capaces de partir de un mínimo común denominador común podemos llegar a acuerdos básicos imprescindibles para ser más eficaces en el tratamiento del tema de la inmigración. El éxito en este empeño ni es del Gobierno ni de un partido político, no; va a ser un éxito de la sociedad española y de todos, pero para eso tenemos que estar todos en disposición de dar respuestas complejas a un problema complejo.


Señoría, este asunto no es para lanzarse ni cifras ni reproches como armas arrojadizas -usted lo decía muy bien-; creo más bien que es para todo lo contrario. Tomo su palabra, es verdad, estamos hablando precisamente de seres humanos que viven en situaciones de extremada dureza, y todos tenemos muchas de esas imágenes en nuestra retina, señora Méndez; por eso no voy a utilizar ni las cifras ni los reproches, pero usted sabe que, puestos a hacer un balance, el saldo es negativo para usted y para sus gobiernos. (Un señor diputado: ¡Muy bien! - Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO ESPAÑOL CUMPLIR CON LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG) Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTO A LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA? (Número de expediente 180/000503.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joan Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: (El señor diputado formula su pregunta en catalán.)

El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, falta una parte de su pregunta.
(Rumores.)

El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, la verdad, no sé a qué se refiere. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. (Rumores.-Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JORGE MORAGAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿PIENSA EL GOBIERNO PEDIR EXPLICACIONES Y, EN SU CASO, EXCUSAS AL REINO DE MARRUECOS POR LAS INFAMIAS VERTIDAS CONTRA EL ANTERIOR GOBIERNO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000500.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Tiene la palabra don Jorge Moragas Sánchez.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, han transcurrido ya muchos días desde que el secretario general de mi partido emplazase e instase al Gobierno a que diese una respuesta razonable a las afirmaciones que profirió el jefe del Estado marroquí en contra de los gobiernos democráticos de España. Transcurrido ese plazo y ante la ausencia de respuesta del Gobierno, me permito trasladarle la pregunta que aparece formulada en el orden del día.


Gracias.


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El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores, su turno.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, imagino que se refiere a la entrevista que concedió Su Majestad el Rey de Marruecos a un periódico nacional en al víspera de la visita de Estado de Sus Majestades los Reyes a dicho país. Si recuerdo bien, en la entrevista el Rey de Marruecos se refirió al conflicto de Perejil y en ese contexto realizó sus afirmaciones. Puedo señalar a S.S. que, lógicamente, este asunto fue objeto de discusión y de intervención por mi parte en mis encuentros con las autoridades marroquíes durante el transcurso de la visita de Sus Majestades, en los que señalé que había que prestar el respeto debido a todo presidente del Gobierno español, pero también señalé que había que mirar hacia el futuro, que había que construir entre España y Marruecos unas relaciones lo más sólidas posibles y que precisamente teníamos que actuar juntos para construir un espacio de confianza mutua que permitiese una relación estable y permanente entre Marruecos y España.


El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, su turno.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, su silencio entonces y el galimatías verbal que nos acaba de trasladar, sinceramente, nos genera muchos problemas a los españoles y permítame que se lo explique. Esos problemas no son buenas noticias. El silencio -permítame que se lo recuerde- a veces en diplomacia significa aquiescencia. Por tanto, mi segunda pregunta sería: ¿es que usted secunda la versión de que los gendarmes marroquíes cuando tomaron Perejil estaban ahí para luchar contra la inmigración ilegal? ¿Usted secunda esta versión que nosotros consideramos ridícula y que insulta a la inteligencia de los españoles? Permítame que le diga, señor ministro, con todos los respetos, que su problema es que ya no sabe para quién trabaja. No sabe si trabaja para España, para Marruecos, si defiende el sector turístico, pesquero o vitivinícola de otros países o el español, como es su deber. Su problema, como digo, es que ya no sabe para quién trabaja (Una señora diputada: Para Bush, no.) y el problema más serio es que no lo saben los españoles y hoy no le voy a decir que se vaya, como lo hemos hecho en otras ocasiones, no le voy a pedir que dimita, le voy a pedir algo más sencillo, que aborde consigo mismo una reflexión y piense en los españoles; piense en los españoles, sea honesto consigo mismo, actúe en consecuencia y ahórrenos el terrible, doloroso e inútil esfuerzo de pedirle su dimisión cada día. Créame, señor ministro, que si actúa en consecuencia, muchos españoles brindarán, y le aseguro que no será con vino francés de Burdeos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Quisiera volver a la entrevista. Usted, en la pregunta, la calificó de infamia. Su compañero de partido y portavoz de Asuntos Exteriores, señor Arístegui, ha señalado que fueron unas declaraciones desafortunadas. En primer lugar, quisiera saber si es una infamia, si son declaraciones desafortunadas o cómo calificarían ustedes esa entrevista.
En cualquier caso, tengo las ideas muy claras, que son los compromisos y los principios de defender los intereses de España y de los españoles, y eso es lo que estoy haciendo y lo que está haciendo este Gobierno. Los intereses españoles son tener una sólida y vertebrada relación con Marruecos. Eso es algo que pide la ciudadanía española y que, por tanto, vamos a seguir defendiendo. Tenemos que mirar hacia el futuro. Era una visita de Estado de Sus Majestades -una visita de Estado- para la que se pidió precisamente que hubiese un acompañamiento parlamentario. Se pidió, pues, que fuera doña Ana Palacio -que, por cierto, fue elogiada por el monarca marroquí-, y ella no pudo asistir, rehusó la presencia. Pues bien, tenemos que construir el futuro juntos para tener una relación estable con Marruecos. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio.


- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ MOTIVOS JUSTIFICARON EL VIAJE SECRETO DEL MINISTRO DE DEFENSA A VENEZUELA EL PASADO 25 DE ENERO? (Número de expediente 180/000501.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Arístegui.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.


¿Puede usted explicar, por favor, señor Moratinos, por qué, en el momento de máxima tensión histórica entre Colombia y Venezuela, se produce y se justifica un viaje secreto del ministro de Defensa a este último país?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


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Señoría, ya el propio ministro de Defensa, señor Bono, ha solicitado comparecer a petición propia ante la Comisión de Defensa para explicar su viaje a Venezuela. No obstante, no voy a eludir la pregunta, aunque él dará los detalles de su viaje y de su visita, así como del resultado de sus encuentros en Venezuela.


Le diré que es normal entre países amigos como Venezuela y España que haya visitas de ministros de Defensa e intentos de firma de protocolos de cooperación en materia de seguridad, y eso es lo que ha hecho el ministro de Defensa en su viaje a Venezuela.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.


El momento político que vive Venezuela es extraordinariamente grave, ya lo hemos hablado esta mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores: criminalización de la oposición, un nuevo Código Penal que va a convertir a los opositores en terroristas y una ley mordaza que impide a los medios de comunicación criticar al Gobierno. Este momento creo que no es el más adecuado para que vaya un ministro del Gobierno de España. Pero si además tiene usted en cuenta que se produce la máxima tensión entre dos países -Venezuela y Colombia-, como muy pocas veces había ocurrido durante los últimos años, la visita de cualquier ministro es inoportuna y la del ministro de Defensa lo es especialmente, sobre todo cuando median rumores sobre venta de corbetas o fragatas.


Créame usted, han estado al borde de la guerra y han solucionado la crisis no gracias a ustedes, no gracias a la intervención de España, que tenía que haber dado ejemplo convirtiéndose en el aceite de la maquinaria de paz entre los dos países. Han superado la crisis a pesar de ustedes. Han superado la crisis a pesar de sus errores y de su inmensa metedura de pata: la imprudencia mayúscula de mandar a un ministro de Defensa en el momento de máxima tensión entre dos países. Esa es la realidad de su política exterior. Han construido y consolidado ustedes un eje extraño en política exterior: el eje Madrid-La Habana-Caracas; un eje en el que hay un presidente que dice usted de un Estado amigo -quizá sí, un Estado amigo que va a Porto Alegre a soltar unas arengas extraordinarias en contra de otro Estado amigo, quizás un poco más democrático, con una tradición más larga, desde luego-, un presidente que ha demostrado ser una y otra vez una persona, sí, elegida democráticamente, pero que no cree en la democracia que lo ha elegido. Lo que esto nos demuestra es que estamos instalados en una política exterior errática y de la radicalidad.
Yo le quiero pedir que vea usted sus errores y no vea en el Grupo Parlamentario Popular los fantasmas de la división que solo existen quizás entre el PSC y su partido. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Señoría, creo que las relaciones de España con Iberoamérica, con todos los países iberoamericanos, tienen que tener todas las dimensiones posibles, y más en momentos de dificultad. Es verdad que eran momentos de tensión entre Colombia y Venezuela. Lo puedo decir aquí, en el hemiciclo: participamos en la solución de este conflicto, de esta tensión. Hoy tendrá usted que reconocer, señor Arístegui, que hay relaciones. El día 3 habrá un encuentro entre el señor Chávez y el señor Uribe y el día 7 recibiremos en visita de Estado al presidente de Colombia, y tendremos las mejores relaciones con Colombia y con Venezuela. Esa es la fuerza y el capital que tiene la política exterior española, que tiene capacidad de diálogo, tiene capacidad de relación con Colombia en materia de defensa y en materia de seguridad, y también con Venezuela y con Chile.
Es normal, pues, que un ministro español de Defensa pueda tener y desarrollar un canal de diálogo y cooperación con países iberoamericanos.
Eso es lo que está haciendo el Gobierno, va a continuar haciéndolo y le puedo garantizar que tanto las autoridades colombianas como las venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los compromisos de este Gobierno. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO HA DEFENDIDO COMO DEBÍA LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN SU RECIENTE VIAJE A ARGENTINA? (Número de expediente 180/000502.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Delgado Arce.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿considera que el presidente del Gobierno ha defendido como debía los intereses de las empresas españolas en su reciente viaje a Argentina?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los intereses de las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.


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El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.


Como es conocido, señorías, la República de Argentina, con la que nos unen especiales vínculos humanos y afectivos, es un destino principal de las inversiones españolas. La presencia de nuestras empresas en sectores estratégicos vinculados a la prestación de servicios públicos como la energía, las telecomunicaciones, el suministro de agua y también en las infraestructuras y las finanzas ha sido decisiva para la modernización y mejora de la competitividad global de la economía argentina.


Señorías, algunas de estas importantes empresas españolas mantienen procesos arbitrales reclamatorios de la actualización de las tarifas de los servicios públicos frente al Estado argentino. En el ánimo, pues, de las empresas españolas estaba en que el viaje que realizaría el señor Rodríguez Zapatero sirviera para apoyar las justas y legítimas reclamaciones de nuestras empresas, así como para defender la seguridad jurídica y la estabilidad de nuestras inversiones, mas lo cierto, señor Moratinos, es que las expectativas no se han cumplido y que los resultados son muy negativos.


A instancias del propio Gobierno de España se suspendió una reunión previamente programada de los empresarios españoles con intereses en Argentina en la que deberían haber participado los mandatarios españoles y argentinos, siendo la causa principal evitarle al señor Kirchner el mal momento de tener que escuchar las quejas de nuestros empresarios. En la reunión de trabajo celebrada el día 25 en la Casa Rosada el presidente Zapatero se ofreció, con la mejor de sus sonrisas, al presidente argentino para mediar ante las empresas españolas para que retiraran sus demandas y al día siguiente, el miércoles 26 de enero, el presidente del Gobierno celebraba una reunión de trabajo con empresarios españoles y cumpliendo con el mandato que le había otorgado el señor Kirchner, trataba de convencer a las empresas españolas de la necesidad de que retirasen las demandas planteadas ante el organismo internacional de arbitraje del Banco Mundial. Por supuesto, el señor Sebastián, asesor de Presidencia, que estaba allí también, se encargaba de dar un ultimátum.
Mientras esto acontecía, señorías, el presidente argentino, en la inauguración de unas obras públicas en Buenos Aires, decía literalmente: Quiero agradecer al presidente de España porque ha decidido acompañarme con fuerza para que las empresas españolas retiren sus demandas; que vengan a trabajar y a invertir y que retiren esas reclamaciones.


Señor ministro, las empresas españolas no necesitan un mediador, necesitan un valedor que defienda los intereses de España con fuerza, que defienda la estabilidad y la seguridad jurídica de nuestros inversores. Usted, como responsable de la diplomacia española...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Delgado, terminó su tiempo.
(Aplausos.)

Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Acompañé al presidente del Gobierno en su gira por Brasil, Argentina y Chile y en las capitales de los tres países tuvimos ocasión de entrevistarnos, defender y preocuparnos de los intereses y de las inversiones españolas en dichos países. Le podría dar una respuesta muy sencilla y es que pregunten a los empresarios españoles después de esta gira. Estoy seguro que si hiciésemos un careo a tres, podrían escuchar la enorme satisfacción, el enorme agradecimiento y reconocimiento por el éxito de esta gira. Pero como estamos en un debate político, me voy a limitar a señalarle los resultados. Se ha referido a Argentina. En Argentina había una crisis institucional enorme antes de llegar el presidente Kirchner. Argentina está creciendo a un 8 por ciento, está pagando sin ayuda de un solo euro o dólar del mecanismo multilateral sus deudas y lógicamente está estableciendo una nueva relación, honesta, segura, productiva y de futuro con todas las empresas y en particular con las empresas españolas. La relación política que existe en estos momentos entre Argentina y España va a permitir garantizar plenamente la presencia y la continuidad de los inversores españoles en Argentina. Se ha aparcado la ley de servicios públicos que planteaba algunas inquietudes al empresario español y se ha facilitado el diálogo entre las autoridades argentinas y los empresarios españoles. Le puedo garantizar que todas las empresas importantes estratégicas españolas en Argentina están muy satisfechas, muy comprometidas y muy convencidas de que era la mejor manera de defender sus intereses. Tenemos una apuesta estratégica con Iberoamérica, pasa por la inversión española y este Gobierno con sus políticas es el mejor garante de que tengan éxito. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE PALESTINO TRAS LA CONVOCATORIA ELECTORAL DEL PASADO DÍA 9 DE ENERO? (Número de expediente 180/000485.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Fátima Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro, en primer lugar, quiero agradecerle que se quede hoy con nosotros durante todo el día desde por la mañana temprano en esta Cámara.


Señor ministro, el pasado 9 de enero tuvieron lugar las elecciones para la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Las previsiones no eran buenas, hubo dificultades en la campaña electoral, la movilidad de los candidatos estuvo restringida e incluso hubo algunas detenciones breves, los medios fueron escasos y no muy bien utilizados e incluso hubo encuestas nefastas sobre la confianza de la juventud palestina en la democracia y encima las organizaciones radicales llamaron a la abstención. Pero, como dice la misión europea de observadores, es muy difícil valorar unas elecciones llevadas a cabo en territorios ocupados.
Sin embargo, el esfuerzo de los palestinos fue enorme y pueden sentirse legítimamente orgullosos del resultado: consiguieron censar hasta un 71 por ciento del electorado en un tiempo récord, todo el material estuvo en su sitio a su hora, los equipos de los colegios electorales conocían perfectamente su misión y la llevaron a cabo de forma eficaz y con entusiasmo y, por último, los palestinos votaron con una participación notable y con muchísima ilusión, excepto en Jerusalén Este, donde las dificultades fueron notables. Por eso el Parlamento Europeo va a instar al Estado de Israel para que se respeten los derechos de los palestinos a votar como todos los demás.


Es de resaltar, como hacen varios observadores internacionales, la participación de las mujeres en estas elecciones, tanto en el proceso de votación como en la seguridad y en la marcha del proceso electoral. La victoria de Mahmud Abbas, con el 62,52 por ciento de los votos fue clara, según todas las misiones de observadores internacionales, incluida la misión catalana. Por último, el nuevo presidente ha comenzado a implantar la Hoja de Ruta, por lo que nos parece importante conocer la opinión del Gobierno sobre la situación creada tras las elecciones palestinas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincido con usted en valorar muy positivamente el desarrollo de las elecciones palestinas. Fueron las segundas en la historia del pueblo palestino y fueron aquellas que permitieron consolidar un sistema político, un esquema institucional, que fue aprobado e impulsado incluso por el anterior presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el propio presidente Arafat. Existían muchas incertidumbres y dudas por parte de la comunidad internacional. Yo no las tenía. La transición y la madurez política de los líderes palestinos demostraron que es un pueblo capaz de afrontar el futuro con profundas convicciones democráticas. Hubo un buen debate político, hubo una buena participación y hubo un resultado que refleja la voluntad de la mayoría del pueblo palestino. Se eligió al líder del movimiento Fatah, Mahmud Abbas, con un 62 por ciento, pero también permitió que un movimiento de carácter laico y liberal, como el del doctor Mustafa Barguti, pudiese obtener un 20 por ciento de los votos electorales. Todo ello muestra que la sociedad palestina está preparada para afrontar lo que va a ser su gran reto histórico: hacer la paz con sus vecinos israelíes y para ello debe contar con el apoyo de la comunidad internacional, de la Unión Europea y de España. En ese sentido, las informaciones que nos llegan son extremadamente positivas y esperanzadoras. Hay voluntad de renegociación y de negociación entre palestinos e israelíes, y la Unión Europea en el último Consejo de Asuntos Generales ha apoyado los esfuerzos de la comunidad internacional, de Estados Unidos y del cuarteto para poder aplicar cuanto antes la Hoja de Ruta. Por lo tanto, satisfacción por las elecciones presidenciales y preparación para las elecciones legislativas, que tendrán lugar el próximo mes de julio. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LAS RECIENTES ELECCIONES EN IRAK EN LA PERSPECTIVA DEL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ Y SEGURIDAD EN ORIENTE PRÓXIMO? (Número de expediente 180/000486.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Eduardo Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, quisiera señalarle que el Grupo Socialista, como bien sabe, ha apoyado y apoya las elecciones celebradas en Irak el pasado 30 de enero. Lo hacemos en línea con el Gobierno, con la propuesta de la Unión Europea y con la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sabemos que el Gobierno de España ha hecho una contribución y un esfuerzo material muy importante en el apoyo a la celebración de estas elecciones. Lo hace porque son un paso fundamental para la legitimación de unas nuevas autoridades surgidas de la práctica democrática y de las urnas del día 30. De la misma manera, mi grupo celebra la ayuda y la asistencia que tanto Naciones Unidas como la Unión Europea han prestado sobre un terreno

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caracterizado por enormes dificultades por la situación de violencia constante que se vive en la región. Hacemos todo esto, como decía, señor ministro, porque la legitimidad de las nuevas autoridades contribuirá a mejorar el grave problema de seguridad que tiene el país, fruto de una guerra ilegal, inmoral y, como muchas veces ya se ha dicho, injusta; una guerra, por cierto, apoyada -estos días nos hemos enterado definitivamente- en mentiras. Actualmente, hasta el propio presidente de los Estados Unidos ha reconocido que en Irak no había armas de destrucción masiva. Mi grupo, el Grupo Socialista, sigue esperando a que haga lo mismo el socio español de Bush en las Azores y reconozca que en Irak no había armas de destrucción masiva. Parece ser que las armas fueron definitivamente la excusa para una guerra a partir de la que incluso la CIA ha llegado a reconocer que Irak se ha convertido en uno de los principales centros de terrorismo islámico del mundo. En esas circunstancias, señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de las elecciones celebradas en Irak en la perspectiva del restablecimiento de la paz y la seguridad en Oriente Próximo?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Señoría, la valoración que hace el Gobierno de las elecciones de Irak es una valoración positiva. Hoy he tenido que responder a dos procesos electorales, el palestino y el iraquí. El Gobierno, la sociedad española y el mundo occidental deben valorar profundamente los procesos políticos, los procesos democráticos, los procesos en donde la voluntad popular se puede manifestar y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, hay que valorar el coraje, la valentía del pueblo iraquí que, a pesar de las dificultades de inseguridad, fue a votar, no sabemos en qué número pues todavía las cifras de participación no son rigurosas. En cualquier caso, hubo una voluntad clara de la mayoría de la población iraquí de consolidar un proceso político, proceso político que este Gobierno siempre apoyó. Lo apoyó, como bien señalaba S.S., con el voto en el Consejo de Seguridad aprobando la Resolución 1546. Si hoy podemos saludar las elecciones en Irak es precisamente porque también España facilitó el consenso y la aprobación de la Resolución 1546 y porque en esa misma resolución se abre el camino y se fija el calendario para que el pueblo iraquí vaya avanzando y consolidando sus cuotas de democratización. Habrá una Asamblea constituyente, habrá una nueva Constitución y habrá unas nuevas elecciones definitivas para consolidar este proceso de pacificación y estabilidad en Irak. En todo ese proceso el Gobierno español va a acompañar los esfuerzos políticos. En ese sentido, ya he anunciado esta mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores que el Gobierno español está explorando la posibilidad de formar a policía civil iraquí, así como a magistrados, jueces y funcionarios para consolidar el Estado de derecho. En todo lo que es política, en todo lo que es democracia, en todo lo que es Estado de derecho el pueblo iraquí puede contar con el apoyo firme del pueblo español y del Gobierno. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿PIENSA EL MINISTERIO DE TRABAJO INCREMENTAR LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES CONTRIBUTIVAS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL HASTA QUE ADQUIERAN UNA DIMENSIÓN IDÉNTICA A ÉSTE? (Número de expediente 180/000482.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo de don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿piensa que en este ejercicio presupuestario resulta razonable elevar las cuantías de las pensiones contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional hasta que estas alcancen esta cuantía?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señor Olabarría, como sabe S.S., el Gobierno sigue el camino del Pacto de Toledo, nuestros compromisos electorales y el compromiso que asumió aquí el presidente del Gobierno, de tal modo que vamos a incrementar de una forma muy importante las pensiones mínimas en esta legislatura hasta un 26 por ciento y destinaremos a ello 4000 millones de euros. Para cumplirlo hemos comenzado en el año 2005 presentando al Parlamento, y aprobándolo éste por unanimidad, la mayor subida de las pensiones mínimas en los últimos 15 años. Todas las pensiones mínimas suben muy por encima del IPC, entre 3 y 4,5 puntos. Por tanto, estamos haciendo un serio esfuerzo para mejorarlas. En el año 2005 se va a producir la mayor subida de las pensiones mínimas de los últimos 15 años para más de tres millones de pensionistas.


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


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Señor ministro, le agradezco su respuesta porque ustedes que constituyen un partido coordinado y homogéneo serán conscientes perfectamente, dentro de la armonía de sus actuaciones en unas y en otras instituciones, de que el Grupo Juntero alavés, las juntas generales del territorio de Álava, ha propuesto lo siguiente: que con cargo al presupuesto foral, en el territorio de Álava, se incremente, por las vías de las competencias que en materia de asistencia social asisten a la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cuantía de las pensiones contributivas hasta que alcancen el salario mínimo interprofesional. Esta es una pretensión un tanto extravagante, señor ministro, como usted sabrá porque produce las siguientes disfunciones. En primer lugar, configura una pensión prohibida por la Ley General de la Seguridad Social: que una pensión pueda tener en parte naturaleza contributiva y en parte naturaleza asistencial. Por otro lado, esto se produce con cargo al presupuesto de la Diputación Foral de Álava sin la correspondiente transferencia de la competencia en materia de Seguridad Social, sin la posibilidad de descontar del cupo la cuantía que el incremento de estas prestaciones suponen, con la correspondiente quiebra eventual que se puede producir en los presupuestos de la Diputación Foral de Álava en el territorio alavés. En definitiva, se acomete con cargo a organismos que no tienen competencia en materia de pensiones contributivas, porque es competencia exclusiva del Estado, mediante la atribución de un complemento de naturaleza existencial a la parte contributiva de las pensiones, un incremento que resulta absolutamente extravagante, absolutamente peligroso para la propia sostenibilidad del sistema público de pensiones y que además está propuesto por su propio grupo parlamentario. Me gustaría conocer, señor ministro, hasta qué punto usted convalida esta pretensión del Grupo Juntero socialista, esta propuesta de norma foral, que pretende nada menos que todas las cuantías que en el territorio de Álava de naturaleza contributiva sean inferiores al salario mínimo interprofesional se incrementen hasta adquirir una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional. Señor ministro, este es un problema conceptual, que usted conoce y es la respuesta que me gustaría conocer.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Olabarría, quiero aclarar que en estos momentos la pensión mínima para una persona mayor de 65 años con cónyuge a cargo está por encima del salario mínimo interprofesional. El Gobierno decidió, y esta Cámara aprobó por unanimidad, desvincular el salario mínimo interprofesional de otro tipo de prestaciones sociales porque debe ser el umbral mínimo de renta salarial, de lo contrario no podría crecer como necesita la sociedad española y como hemos comprometido hasta los 600 euros en el año 2008. También hemos decidido que tanto las pensiones mínimas como el salario mínimo van a crecer muy por encima de la inflación a lo largo de esta legislatura. Sin embargo, tengo que decirle que ambas siguen direcciones distintas, no están de forma vinculada.


Señor Olabarría, este Gobierno defiende pensiones dignas e iguales en todo el territorio nacional porque unidad, solidaridad e igualdad son los principios de nuestro sistema y sí cree que las comunidades autónomas, las instituciones forales en su caso, pueden mejorar la vida de los pensionistas, por ejemplo, suplementando las pensiones no contributivas, que como se sabe son menores que las contributivas, o mejorando los servicios públicos a todos los que tienen rentas bajas. Pero dar un suplemento distinto en cada lugar a las pensiones contributivas, entendemos que rompe la unidad y la igualdad. El Gobierno no comparte ese criterio. Además, no es necesario complementar estas pensiones porque este Gobierno va a hacer un serio esfuerzo a lo largo de esta legislatura para que la pensión mínima mejore y mucho, para que esté cerca del salario mínimo interprofesional o en algunas categorías, por encima.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE EL GOBIERNO INTENCIÓN DE REVISAR EL PLAN TÉCNICO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL EN RELACIÓN A LAS LICENCIAS PREVISTAS PARA ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA? (Número de expediente 180/000481.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, de la señora Barkos.


Señora diputada, adelante.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿tiene el Gobierno intención de revisar el Plan técnico nacional de la televisión digital local en relación con las licencias previstas para algunas comunidades, como la Foral de Navarra?

Gracias.


El señor PRESIDENTE: El señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


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Señoría, la revisión que usted plantea ya fue aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto el pasado 3 de diciembre, y no ha alterado las licencias previstas para la Comunidad Foral de Navarra, entre otras cuestiones porque no ha sido solicitado por esta comunidad. Precisamente el Gobierno revisó el Plan técnico nacional de la televisión digital local para atender las solicitudes razonables de varias comunidades autónomas dirigidas, entre otras cosas, a realizar ciertos ajustes en algunas demarcaciones contempladas en el plan inicial, y en este momento no hay previsiones de volver a revisar el plan. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a ejecutar la planificación ya aprobada y a la convocatoria y resolución de los concursos públicos para la adjudicación de las concesiones que han de realizar las comunidades autónomas.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, espero que esa no previsión no signifique sinceramente una puerta cerrada. Nos ha causado una sorpresa y le voy a decir por qué.
Efectivamente el Real Decreto de 12 de marzo de 2004, que ustedes heredaron, establecía cinco demarcaciones para Navarra, que se corresponden con las merindades. Esto pudiera parecer a priori un reparto que se corresponde con las necesidades del servicio a la sociedad, pero no es así. Para esta afirmación me baso en la moción del Pleno del Parlamento de Navarra de noviembre de 2004 -esta, por cierto sí, unitaria y unánime- en la que se instaba al Gobierno foral a realizar las gestiones necesarias ante el Ejecutivo central para la concesión de al menos dos demarcaciones más. De aquí mi sorpresa cuando dice que no se ha solicitado en absoluto por parte de las Administraciones forales ningún tipo de ampliación en este terreno; sorpresa absoluta, señor ministro.
Pensaba decir que no está en manos de esta diputada conocer el modo e intensidad en que se han realizado estas gestiones. Confírmeme usted que no se ha realizado ninguna. Lo que sí es cierto es que, como bien nos ha dicho, en el Real Decreto 2268, de 3 de diciembre, no se concede nada más a Navarra.


Señor Montilla, por si estamos a tiempo, quisiera darle a conocer algunos datos de lo que supone el actual reparto. Con esas cinco demarcaciones se va a quedar sin servicio el 83 por ciento de los municipios navarros y el 82 por ciento del territorio foral. Pero hay más, y este es el objeto fundamental de la pregunta, con el mapa actual de demarcaciones la totalidad de los municipios de la zona vascófona de Navarra queda sin opción al acceso del servicio de televisión total digital, el total. Las dos únicas televisiones que ahora emiten en euskera en la zona vascófona están condenadas a desaparecer. Y más todavía, señor ministro, así establecidas las demarcaciones, el plan condena a Navarra a no tener una sola televisión local que emita en euskera. Esto se escapa absolutamente a lo establecido en la legislación foral, en la estatal y en los compromisos internacionales, pero sobre todo es una cuestión de sensibilidad, señor Montilla. A la vista de los datos, yo insisto en la necesidad de ampliar las demarcaciones en la Comunidad Foral de Navarra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): La planificación de la televisión digital terrenal de ámbito local, como comentaba, acaba de ser modificada atendiendo a las solicitudes de las comunidades autónomas, y la de Navarra no planteaba ninguna alteración de las demarcaciones de que disponía. Como usted sabe también, el borrador inicial previo a la aprobación del plan en el mes de marzo, en el que solo figuraban dos demarcaciones en el caso de Navarra, después de la audiencia ofrecida a la comunidad autónoma se amplió a las cinco merindades que S.S. citaba. Por tanto, en este momento nos encontramos ya en fase de ejecución de la planificación. De hecho, Baleares y Madrid ya han convocado los concursos para la adjudicación de las concesiones de televisión digital local, y Baleares incluso ya lo ha resuelto. No parece que sea el momento de volver a acometer ninguna revisión. Otra cosa es que cuando se produzca el cese de las emisiones de televisión analógica, y una vez que haya mayor disponibilidad de frecuencias, se convoque nuevamente a las comunidades autónomas para que puedan presentar sus necesidades adicionales, si las tuvieran, de nuevas frecuencias para la televisión digital local. Pero para ello todavía queda tiempo.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO DE INDUSTRIA SOBRE SU RECIENTE VISITA A LATINOAMÉRICA? (Número de expediente 180/000488.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Arantza Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIABA: Gracias, señor presidente. El reciente viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin duda inducido por una cierta sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre todo, un componente fundamental que es la existencia de una importante presencia empresarial española en los tres países visitados. Debemos recordar que las inversiones españolas han sido muy

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importantes, sobre todo en la década de los noventa, coincidiendo con los procesos privatizadores y orientados fundamentalmente a los sectores de telecomunicaciones, energía y banca. De hecho, en Argentina, en los últimos 12 años, con los cerca de 40.000 millones de dólares invertidos por las empresas españolas, España se convierte en el segundo mayor inversor. Hay que recordar que son países que han tenido importantes problemas de inestabilidad económica, pero no debemos olvidar que son países que han crecido en su mayor parte por encima de un cinco por ciento de su producto interior bruto. Ahora estamos en una situación con una recuperada estabilidad política y económica. Son países que tienen posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta situación vuelve a convertirse en un objetivo prioritario para la inversión de las empresas españolas. Por eso, a este grupo parlamentario le gustaría conocer cuál es la valoración que hace el ministro de Industria del reciente viaje a Latinoamérica.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señora Mendizábal, efectivamente, la semana pasada tuve ocasión de acompañar al presidente del Gobierno, junto al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en la primera visita oficial que efectuaba a Brasil, Argentina y Chile. Brasil, como usted sabe, se encuentra ahora en un ciclo económico expansivo, con una gran estabilidad económica y política, con un crecimiento importante y con una inflación controlada.
Eso significa unas grandes oportunidades empresariales. Así lo constatamos en las reuniones que mantuvimos con empresarios españoles inversores, tanto en Brasilia, como en Sao Paulo. De las reuniones bilaterales con el Gobierno, constatamos el interés que ambos gobiernos compartimos por fomentar el intercambio empresarial. Prueba de ello ha sido la visita que esta misma semana nos ha realizado la ministra de Energía y Minas de Brasil que, entre otras actividades aquí en Madrid, se ha reunido con empresarios españoles para propiciar inversiones en Brasil, especialmente en el ámbito de la energía. Además, hemos alcanzado dos importantes acuerdos sobre turismo. El primero de ellos, un protocolo de colaboración en materia de estadísticas turísticas, promoción y marketing, formación, cooperación al desarrollo en materia turística, calidad y certificación. El segundo, es un acuerdo de cesión de tecnología turística, que permitirá la creación de un portal transaccional de turismo en Brasil. También tuvimos ocasión de analizar el estado de las negociaciones que se están produciendo entre la Unión Europea y Mercosur. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes que, como tal, defiende España.


El objeto de la visita a Argentina era, entre otras muchas cosas, conocer también la situación de las empresas españolas en este país, tras la crisis económica que ha sufrido, a la que se refería antes el ministro Moratinos. De ahí, la positiva reunión que mantuvimos con los principales inversores españoles en Argentina. Del mismo modo, en Chile hemos podido constatar que, además de las empresas de servicios, de la energía y las comunicaciones, se está produciendo en estos momentos un alto grado de implantación de pequeñas y medianas empresas españolas. Creo, señoría, que en el mundo globalizado tan importantes son las relaciones diplomáticas con otros gobiernos, como el contacto y la atención que hemos de prestar a las empresas españolas que han optado por invertir en el exterior, por lo que cabe valorar la visita como muy positiva.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE CULTURA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL MUSEO DE DULCINEA, EN EL TOBOSO, EN ESTE AÑO EN QUE SE CONMEMORA EL IV CENTENARIO DE LA PUBLICACIÓN DE EL QUIJOTE? (Número de expediente 180/000490.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Cultura de doña Clementina Díez de Baldeón.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente. Señora ministra, nos gustaría saber en qué situación se encuentra el Museo de Dulcinea, en El Toboso, en este IV centenario de la publicación de El Quijote.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, en el año del IV centenario de la publicación de la primera parte de El Quijote parte de las previsiones de este Gobierno en estos primeros meses de legislatura ha sido tener las instituciones que calculamos que se van a visitar más con una imagen prestigiosa de los pueblos, de los lugares y en este caso de las administraciones que las sostienen. Estamos hablando de un museo que es de titularidad estatal, de gestión transferida a la Comunidad de Castilla-La Mancha, situado en un pueblo de 2.500 habitantes que recibe casi 30.000 visitantes al año para ver la casa natal de Dulcinea. Por

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la situación que hemos encontrado prácticamente ha habido que cerrar, casi en su totalidad, el museo para poder realizar unas obras de rehabilitación en cubiertas, saneamientos, seguridad, conservación y en parte también del concepto museológico que allí se encuentra. En el mes de abril estará abierto nuevamente para poder rendir un servicio especial que este año tendrá que cumplir con el año de El Quijote. Calculamos una inversión de unos 400.000 euros y otros 400.000 euros en una segunda fase que dejaremos para el final del año y así no interrumpir la vida de esta institución, fruto de las imprevisiones con las que nos hemos encontrado, pero por sentido de la responsabilidad consideramos que estas instituciones deben estar siempre en buen estado, pero de manera específica este año por las razones que usted y yo conocemos.


El señor PRESIDENTE: Adelante, señora diputada.


La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, sin duda este magnífico momento en el que vivimos, de conmemoración de la más universal de nuestras novelas, es extraordinario para recordar al mundo que La Mancha existe y que es algo más que un escenario literario, que es un escenario real que merece la pena ser visitado. Por eso como manchega me congratulo enormemente de que se potencie, se mejore este museo tan significativo para la obra cervantina como es el de Dulcinea del Toboso. Cualquier persona que quiera conocer la realidad que inspiró la más universal de nuestras novelas debe acudir a esta casa, porque según la tradición fue la cuna de Ana Martínez Zarzo, que fue precisamente la famosa Dulcinea, la dulce Ana que inmortalizara Cervantes. Por eso, señora ministra, quiero agradecerle que usted haya impulsado las obras; unas obras que durante dos años, pese a estar presupuestadas, el Partido Popular no hizo. Ahora lamentablemente hemos empezado el IV centenario con el museo cerrado por la desidia del anterior Gobierno. Quiero felicitarla por haber hecho con gran celeridad y acierto estas obras que sin duda son importantes porque también están poniendo de manifiesto el buen entendimiento entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Usted ha dicho que efectivamente es el ministerio quien ejerce la titularidad del museo, pero que la gestión depende de la Junta, que va a hacer un nuevo proyecto museológico que sin duda va a ser importante porque muchos aspectos pedagógicos van a ser reforzados ya que se van a incluir, parece ser, salas nuevas para audiovisuales, con lo que va a ganar mucho y con ello todos los visitantes. También decía usted que unas 30.000 personas lo visitan. Después de este impulso se visitará todavía más; y si esto lo enmarcamos en un pueblo pequeño, de algo más de 2.000 habitantes, se entiende la importancia extraordinaria que tiene este museo para toda la zona, desde luego para el municipio de El Toboso que con este museo tendrá unas posibilidades culturales y económicas extraordinarias.


Por todo ello, señora ministra...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora diputada, ha terminado su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, como dijo Carlos Fuentes cuando hablamos del mundo hispanohablante, con 450 millones de personas en dos continentes, especialmente el continente americano y Europa, estamos hablando del territorio de La Mancha, efectivamente. Y aprovecho para darle una noticia. Será en El Toboso, un lugar pequeño pero significativo, donde hagamos un evento importante en el año de El Quijote precisamente para recordar el lado femenino de esa gran obra que se concentra en el personaje de Dulcinea, pero también en todos los valores universales que siendo El Quijote un varón, también tenía. Será en ese lugar donde muchas mujeres de este país recordaremos los valores universales del género femenino que la obra universal de Cervantes encierra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CUÁNDO VAN A FINALIZAR LAS OBRAS DEL MUSEO CERVANTINO DE VALLADOLID? (Número de expediente 180/000491.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Bedera Bravo.


El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, como usted conoce, Valladolid es una ciudad cervantina.
En ella vivió el escritor entre 1603 y 1606, como lo hicieron otros literatos que acompañan a la corte de Felipe III cuando llega allí: Góngora, Vélez de Guevara o el propio Quevedo, que curiosamente aunque parece matriculado en nuestra universidad, no consta que alcanzara grado alguno, aunque sí apareció ante el tribunal del rector por no pagar los honorarios a cierto médico.


La estancia de Cervantes en Valladolid fue breve pero muy intensa, como lo atestiguan las repetidas referencias a la capital en algunas de sus novelas más importantes, pero sobre todo porque en esta capital terminará la primera parte de su ingenioso hidalgo. En efecto, en Valladolid se leerá por primera vez la obra completa en la Navidad de 1604. Hay que recordar que el 20 de diciembre de ese mismo año se imprime en

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Valladolid la tasa oficial que permite la edición completa de El Quijote y su posterior puesta a la venta. Por un legajo descubierto en la Real Chancillería a finales del XVIII, donde se relata la conocida prisión de Cervantes y de su familia, conocemos la vivienda que ocupó en la calle del Rastro, precisamente vivienda que en la actualidad es la sede de su casa-museo, la Casa-Museo de Cervantes. Esta casa-museo ha pasado por numerosas vicisitudes, las más importantes tienen que ver con su incorporación a la titularidad estatal, mediante unos actos jurídicos entre los cuales, por ejemplo, está inmersa la propia figura de Alfonso XIII, cuando hace la donación en 1915 de algunos inmuebles, o la del presidente de la Sociedad Hispánica de Nueva York en 1918, hasta la del marqués de Vega-Inclán en 1942. La utilización de esta casa-museo y de sus fondos por la ciudadanía se remonta hasta 1916, cuando se inaugura en la planta baja la biblioteca popular cervantina, y después en 1948 se irá incorporando sucesivamente el museo, etcétera. En 1968, como usted conoce bien, 20 años después por tanto, este conjunto pasa a formar parte del patrimonio nacional de museos, estando en este momento adscrito a la Dirección General de Bellas Artes. Desde esta responsabilidad el ministerio ha acometido, en el marco de la conmemoración del IV centenario, importantes obras de reforma, y ello ante el descrédito tanto de la Administración autonómica como local. Señora ministra, como seña de identidad cultural de la ciudad, el Grupo Socialista y los ciudadanos de Valladolid en particular le preguntamos por la finalización de estas importantes obras.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.


Señoría, estamos ante un caso parecido. Para quienes la cultura y la política cultural puede ser, y de hecho lo es, política de efectos especiales, para nosotros pasa por el rigor de las instituciones, por la calidad del servicio público que prestamos desde las instituciones de la Administración general del Estado y por la calidad de las expectativas que los ciudadanos esperan precisamente con sus recursos y en los lugares que les pertenecen. Nos hemos encontrado en las mismas circunstancias, con un proyecto durmiendo, sin activaciones sabiendo, como se sabía porque lo sabían todos los españoles, que este año era el 400 aniversario de la edición de la primera parte de El Quijote. Pues muy bien, con las mismas nos hemos incorporado en una nueva legislatura, en un nuevo Gobierno y por sentido de la responsabilidad a pesar de tener que cerrarlo, lo hemos cerrado porque no estaba en las condiciones de prestigio que tiene que tener una institución cultural en este país en un año significativo como éste, no se puede tener abierta la casa de Cervantes en Valladolid en las condiciones en las que estaba, que usted debe conocer mejor que nadie. Con ese sentido de la responsabilidad se están haciendo obras por valor de casi 400.000 euros y terminarán probablemente antes del día 23 de abril, porque queremos que el día 23 de abril, día significativo como Día Internacional del Libro, la casa esté abierta a los visitantes de Valladolid que buscan precisamente el rastro de la vida de Cervantes en esa ciudad y queremos que la encuentren en las mejores condiciones posibles. Cuando se pregunta por la programación de El Quijote algunos esperan alharacas y fuegos de artificio, otros hemos pensado que había que poner en orden esto y después hacer todo lo que se pueda en otros términos mucho más fáciles para la política que usted ya conoce. (Aplausos.)

- DE LA DIPUTADA DOÑA YOLANDA CASAUS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA APROBACIÓN POR LA COMISIÓN EUROPEA DEL PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN? (Número de expediente 180/000493.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de doña Yolanda Casaus.


La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, España se adhirió al Protocolo de Kioto en el año 1997, lo cual implica la reducción al 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en un nivel mundial, además de su entrada en vigor en el año 2005. ¿Y qué hizo el Partido Popular, que fue el que adquirió el compromiso al firmar dicho protocolo? Dejarlo aparcado. No asumió su responsabilidad. Como siempre, se hace la foto pero no resuelve, ya que en marzo no se había comenzado a trabajar. El acuerdo estaba firmado pero no estaba la ley; incluso no se había hecho ni el borrador que se debía mandar a Europa el 31 de marzo sobre la ley de derechos de emisión. Con esto se demuestra que el Partido Popular no creía en Kioto, por eso no cumplió. Además fue España, junto a Italia, quienes intentaron cambiar este protocolo. El Partido Popular incluso lo pasó al Ministerio de Economía. Tan es así que en el año 1996, cuando el PP llegó al Gobierno, España se encontraba en un promedio de emisiones del 16 por ciento y cuando salió del Gobierno nos dejó en el 44 por ciento, siendo el acuerdo para España de un crecimiento en torno al 15 por ciento, en base al año 1990.


Al llegar el PSOE al Gobierno, con responsabilidad y coherencia política, ya que además era un compromiso electoral nuestro así como del propio presidente del Gobierno, quien lo manifestó en su debate de investidura,

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presentó en julio el real decreto-ley del Plan nacional de asignación de emisiones de CO2 y lo hizo coordinadamente entre los ministerios de Industria y de Medio Ambiente. Se contó también con la participación y el consenso de las organizaciones sindicales, empresariales y administraciones regionales. Se trabajó, como viene siendo habitual en este Gobierno, coordinadamente entre los ministerios y teniendo en cuenta a todos los sectores afectados. Se elaboró un plan nacional de asignación con la participación de todos y en él se estableció un plazo de presentación de alegaciones, que fueron tenidas en cuenta para redactar el plan definitivo que fue enviado a Europa.


Así pues, ¿cómo valora el Gobierno la aprobación por la Comisión Europea del Plan nacional de asignación de derechos de emisión?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada.


Estamos trabajando, efectivamente, para recuperar el tiempo perdido en lo relativo a la lucha contra el cambio climático. El Gobierno ya ha aprobado la asignación definitiva de derechos de emisión a casi 1.000 instalaciones, aquellas empresas que quedan dentro del marco de la directiva europea sobre comercio de emisiones. En la fase de alegaciones se ha atendido a aquellas cuestiones que estaban suficientemente justificadas, lo que ha significado un ligero reajuste en la asignación definitiva dentro de los límites ya aprobados por la Comisión Europea, a cuya aprobación se refería la señora diputada. En estos momentos España pertenece al conjunto de países europeos que ya pueden poner en marcha el comercio de emisiones. Hay otros países, como es el caso de Italia, de Grecia o de Chequia, que todavía no han recibido el visto bueno por parte de la Comisión Europea, y algunos, como es el caso del Reino Unido, que, a pesar de haber aprobado su plan nacional hace algunos meses, ha recibido rectificaciones importantes por parte de la Comisión Europea, que impiden que en ese país se ponga en marcha el mecanismo de comercio de emisiones.


Por lo que se refiere a España, las herramientas están preparadas. Estamos a falta de que la Comisión Europea dé el visto bueno al registro nacional, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y mientras tanto, en el trámite parlamentario del proyecto de ley que regula el comercio de emisiones en nuestro país que se sigue en el Senado, se han incorporado ya dos cuestiones fundamentales: una, la única cuestión que planteó la Comisión Europea para la aprobación del Plan nacional, que es la consideración de determinadas instalaciones de combustión de más de 20 megavatios que no han entrado en el primer reparto y lo harán a partir de este momento, lógicamente también con un proceso de información pública y de alegaciones; y dos, el texto que se debate en el Senado incorpora también el reciente reglamento comunitario sobre el funcionamiento del registro. Por tanto, seguimos avanzando en la dirección de cumplir nuestros compromisos.


Gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE, CELEBRADA EN SANTANDER LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2005, EN RELACIÓN CON LOS INCENDIOS FORESTALES? (Número de expediente 180/000494.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Sebastián Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Señora ministra, los incendios forestales constituyen uno de los más graves problemas que tiene la sociedad española actualmente. En la última década -me estoy refiriendo al periodo 1994-2003, y ya hay datos cerrados- se han quemado más de 1.400.000 hectáreas de superficie forestal. Es como si hubiésemos perdido siete veces el parque natural de Carzorla, Segura y Las Villas. Hago esta comparación con el parque natural más grande de este país para que la Cámara se dé cuenta de la magnitud del problema sobre el que estamos hablando. En esta década solamente se han perdido 147.000 hectáreas por año. Los socialistas consideramos que se pueden hacer más cosas, en la lucha contra los incendios forestales, de las que hizo el Partido Popular en sus ocho años de Gobierno. De nefasta se puede calificar su política; se caracterizó por un descenso de transferencias de los fondos a las comunidades autónomas y por el mal uso que hicieron las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir de los fondos europeos que iban destinados a que desarrollaran las comunidades autónomas su programa operativo. En vez de invertir en montes, el Partido Popular invirtió en zonas ajardinadas, en polideportivos y en auditorios. Asimismo, durante el periodo 2001-2003, el Gobierno del Partido Popular dejó de invertir más de 46 millones de euros en el programa presupuestario de lucha y defensa contra los incendios forestales. Todo esto ha sido corregido por el Gobierno socialista. Hay un nuevo talante de diálogo y de acuerdo con las comunidades autónomas, las confederaciones hidrográficas, en consenso con las comunidades autónomas, invierten los fondos europeos en espacios forestales y se ha incrementado considerablemente la

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partida presupuestaria de defensa contra los incendios forestales, el 8,6, para el año 2005.


Entendemos los socialistas que el problema actual no radica en la disposición de medios ni en la política de prevención y extinción, sino también en la falta de implicación de la sociedad en general y, en particular, del medio rural. Nos parece también a los socialistas que es necesario un mayor énfasis que el que puso el Partido Popular en la prevención y en la persecución del delito y de las infracciones administrativas. Nos consta que el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en conseguir un frente común de acción contra el fuego y en consensuar medidas de prevención y lucha contra incendios forestales con las comunidades autónomas. Ese ha sido el objeto de la conferencia sectorial que se celebró en Santander días pasados y por ello nos gustaría conocer a esta Cámara, y a mi grupo parlamentario en particular, el resultado en relación con las medidas propuestas de lucha contra los incendios forestales. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado.


Efectivamente, el pasado fin de semana, en la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, se aprobó por unanimidad un documento, que cuenta, por lo tanto, con el respaldo de todas las comunidades autónomas y, por supuesto, del Gobierno de la nación a través del Ministerio de Medio Ambiente, donde se reúne un conjunto de medidas que van desde las relativas a la implicación de la sociedad a la persecución contra el delito -en este caso, contra los incendios forestales- a los planes de prevención y también de lucha y de extinción de los incendios. Este documento va a ser remitido a todos los portavoces de la Cámara, entendiendo que recoge compromisos de todas las administraciones, de las autonómicas y de la nacional.


Quiero recordar que en particular en este documento se recoge el reconocimiento explícito de que el cambio de uso de suelo puede ser y es en gran medida una motivación para los incendios forestales. Una de las medidas acordadas por unanimidad es que todas las administraciones, las autonómicas y la estatal, revisarán las propias legislaciones en lo relativo a la prohibición de cambio de uso del suelo una vez objeto de incendio. En ese sentido, aparte de lo que haga cada una de las administraciones autonómicas, ya se ha anunciado por parte del Ministerio de Medio Ambiente el proceso de elaboración de una modificación de la Ley de Montes, que, entre otras cuestiones, incorporará medidas específicas sobre las fiscalías de delitos ecológicos, en coordinación con lo ya acordado por el Ministerio de Justicia, y también la prohibición de cambio de uso como mínimo durante un periodo de 30 años para aquellos terrenos forestales objeto de incendio. Creemos que el compromiso conjunto de todas las administraciones recogido en este documento es una magnífica base de partida para un desarrollo que debe implicar no solo a las administraciones competentes en materia ambiental -hay cuestiones, ya lo he señalado, relativas a justicia y a los medios de prevención y de persecución de los delitos-, sino también al ministerio y a las consejerías de Agricultura, en lo que tiene que ver con la implicación del mundo rural en la lucha y en la prevención de los incendios forestales. A partir de ese documento se hará un informe al Consejo de Ministros y por parte de la Administración central se desarrollarán aquellas medidas que aquí están previstas y yo espero idéntica respuesta e idéntico compromiso por parte de todas las comunidades autónomas que el pasado fin de semana aprobaron el conjunto de medidas incluidas en este documento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUIÉN DIO LA ORDEN DE DETENCIÓN DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR EL PASADO 25 DE ENERO? (Número de expediente 180/000499.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Ángel Jesús Acebes. Su turno, señor diputado.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el pasado día 25 se produjo un hecho muy grave para este grupo parlamentario y para la democracia: fueron detenidos dos militantes del Partido Popular por los presuntos delitos de amenazas y atentados contra el ministro de Defensa. Se trata de un hombre de 61 años, fontanero jubilado, y de una mujer, ama de casa y directiva de una asociación humanitaria en Las Rozas. Al parecer, sin más pruebas que una fotografía cuando estaban ejerciendo un derecho fundamental, manifestarse en apoyo a las víctimas del terrorismo.


Las preguntas que quiero hacerle, señor ministro, son muy concretas: ¿Se produjo la detención por orden judicial? En caso de que no fuera orden judicial, ¿dio usted, personalmente, alguna orden a la Policía o permitió que siguiesen su criterio profesional? Si no fue el juez ni fue usted, ¿quién dio la orden?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.


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Señor Acebes, como usted bien sabe, es la Policía, son los policías competentes para instruir y desarrollar el atestado quienes ordenan que se cite en comparecencia a los dos implicados para tomarles declaración.
Igualmente, esos policías ordenan que se les lean sus derechos y que se les asista de letrado. Por tanto, como ocurre siempre, es la Policía la que de modo exclusivo toma las decisiones que tenga que tomar en el marco del atestado policial. Ni el Ministro del Interior ni nadie de su estructura política toma ninguna decisión, dirige orden ni consigna al respecto, como usted bien sabe.


El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señoría, no dice usted la verdad a la Cámara. (Rumores.) O no la ha dicho ahora o mintió a un medio de comunicación. Usted dice que no ha dado ninguna orden, lo acaba de decir, consta en el "Diario de Sesiones", y el día 24, lunes, en un periódico de difusión nacional dice: He dado orden -en primera persona- a la Policía para que investigue y localice a quienes agredieron a Bono. Por tanto, o dio orden o no la dio.


Es evidente, señoría, que todo ha sido una pura arbitrariedad: la selección de los militantes del Partido Popular, su detención, la ausencia de pruebas o indicios racionales contra ellos, las represalias contra el funcionario que se negó a detenerlos, la manipulación de informes sobre previsiones de asistencia a la manifestación y el cese de la investigación en cuanto fueron exonerados los militantes del Partido Popular. Lo que nos ha quedado claro, señor ministro, es que la Policía ha demostrado que Bono no fue agredido físicamente, aunque él habló de golpe en las costillas y puñetazos, y que la Delegación del Gobierno dejó la manifestación sin cobertura adecuada, aunque hizo un comunicado escrito y público calificándoles de imputados. Los detenidos han sido víctimas, señoría, de un gravísimo atropello antidemocrático y no vamos a parar hasta conocer a los responsables de ese atropello para exigirles las responsabilidades que procedan. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias de nuevo, señor presidente.


Usted sabe o debiera saber, señor Acebes, que ni los ministros del Interior ni los delegados del Gobierno dan orden de detener a nadie. (Un señor diputado: Entonces, ¿por qué lo dices?) De todos modos y como veo que es grande su interés en conocer los hechos, le emplazo mañana en la Comisión de Interior, donde daré cumplida respuesta a sus demandas de información y a las de su grupo parlamentario. Allí le explicaré que la estructura política del Ministerio del Interior actúa con absoluto y escrupuloso respeto a la Constitución y a las leyes, exactamente igual que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Le explicaré también lo que dije, que no es lo que usted ha dicho que dije.
(Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. ¡Silencio!

- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS GALACHE CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁL ES EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES PARA EL TRASPASO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE TODAVÍA NO LAS TIENEN ASUMIDAS? (Número de expediente 180/000487.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos -es la última ya- con la pregunta de don José Luis Galache, dirigida al señor ministro de Justicia.


El señor GALACHE CORTÉS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, por parte del Gobierno se ha venido manifestando el propósito, en la medida en que ello sea posible y teniendo en cuenta la complejidad del proceso, de hacer un gran esfuerzo por intentar culminar durante la presente legislatura las transferencias competenciales en materia de justicia a las comunidades autónomas que aún no las han asumido. Reafirmar este compromiso en este momento significa o exige, a nuestro entender, conocer cuál es la realidad presente en esta sensible materia entre las administraciones intervinientes.


Entiende mi grupo parlamentario, y este diputado, que el impulso de las transferencias del servicio público de la justicia no sólo significa el cumplimiento de un mandato constitucional y el desarrollo estatutario respectivo, sino que en cierto sentido promueve la cercanía de las instituciones al justiciable, supone una práctica descentralización que genera eficacia y celeridad en la prestación de los servicios y permite una adecuación, una armonización y un mejor aprovechamiento de los recursos financieros disponibles a los fines de una mejora en la calidad del servicio público de la justicia y de la inmediatez en la prestación de los mencionados servicios. En definitiva, entiende este grupo que las transferencias de competencias en justicia a las comunidades autónomas refuerzan el Estado autonómico en sentido genérico.


En sus propios términos, señor ministro, reproduzco la cuestión que le he planteado, si bien me gustaría matizarle una triple consideración. En primer lugar, le solicitamos que nos indique qué comunidades autónomas se encuentran en proceso más avanzado de asunción

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de transferencias de competencias, contando ya con el instrumento técnico de las ponencias para el traspaso y posible culminación del mismo. En segundo lugar, qué previsiones existen con las comunidades restantes y qué grado de negociación hay o se vislumbra en el horizonte con ellas.
Por último, es muy interesante conocer si recientemente se ha reactivado con decisión y se encuentra en buena situación, en lo que denominaríamos hoy en bandeja de entrada, el proceso con alguna comunidad autónoma recientemente incorporada.


Eso es todo, señor ministro. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia, es su turno.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señoría, conoce bien que el artículo 149 de la Constitución, en su apartado 1, regla 5.ª, establece la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de Justicia. Pero los estatutos de autonomía, todos, sin excepción, después de las reformas que se acometieron a primeros de los años noventa, confieren a las comunidades autónomas importantes competencias en materia de lo que se ha denominado Administración judicial, es decir, medios personales no judiciales y medios materiales, por tanto, infraestructuras y herramientas informáticas al servicio de la justicia. Y es un problema objetivo que en estos momentos sólo ocho de las diecisiete comunidades autónomas hayan asumido de manera efectiva la competencia que sus estatutos de autonomía les establecen, de modo que nada menos que nueve todavía no las ejercen de manera efectiva.


El Gobierno ha objetivado este problema y lo ha situado en su agenda de prioridades, dentro de la estrategia dirigida a mejorar la capacidad de respuesta del sistema judicial en defensa de una más efectiva tutela judicial de los derechos de los ciudadanos. Por ello, hemos reactivado el proceso de negociación conducente al perfeccionamiento de esos traspasos, en la conciencia de que los traspasos en el Estado autonómico no se imponen, sino que se negocian y se acuerdan. Está en avanzada fase de negociación la transferencia de la competencia a las comunidades autónomas de Aragón y de Asturias; hemos restablecido el diálogo, que se estancó durante largos años, con las comunidades autónomas de Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Rioja; también hemos establecido el diálogo con Cantabria, para constituir grupos de trabajo que conducirán, a través de las ponencias técnicas, al acuerdo que esperamos conseguir en el curso de esta legislatura para materializar la transferencia efectiva de las competencias que les corresponden en función de su estatuto. Creemos que esto es crucial para superar la actual heterogeneidad que impide un diseño eficiente de la política en materia de justicia y su consiguiente ejecución, compartida por el Estado y por las comunidades autónomas. Todo ello redundará no solamente en el perfeccionamiento del Estado autonómico, sino en una más ágil y eficiente respuesta en defensa de los derechos fundamentales que requieren tutela judicial efectiva ante nuestra Administración de Justicia. (Aplausos.)

INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE PLANES DEL GOBIERNO PARA ACTUALIZAR LA VIGENTE LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, ESPECIALMENTE EN LAS CUESTIONES REFERIDAS A LOS PROCEDIMIENTOS, TODAVÍA VIGENTES, QUE DAN LUGAR AL TRASLADO DE POBLACIONES. (Número de expediente 172/000068.)

El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas al Gobierno, continúa la sesión de control con interpelaciones urgentes. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre planes del Gobierno para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan lugar al traslado de poblaciones.


Para formular la interpelación, por un tiempo de 12 minutos, tiene la palabra el señor Labordeta. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras, ocupa la Presidencia.)

El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el artículo 19 de la Constitución española proclama que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Importa en este momento detenerse en la libre elección de residencia. ¿Qué significa la libertad de residencia? De acuerdo con el alcance que ha dado a tal enunciado el Tribunal Constitucional, la libertad de residencia implica la libertad de habitar en un determinado lugar o, dicho de otro modo, el derecho subjetivo y personal a determinar libremente el lugar o lugares donde se desea residir transitoria o permanentemente. El Tribunal Constitucional ha remarcado que la libertad de elección de residencia que atribuye a los españoles el artículo 19 de la Constitución española comporta la obligación correlativa de los poderes públicos de no adoptar medidas que restrinjan u obstaculicen ese derecho fundamental. Esta limitación que el derecho constitucionalmente ha reconocido e impone a las intervenciones de los poderes públicos es la que de forma reiterada ha sido ignorada, como si dicho derecho constitucional no existiese o, mejor aún, como si tales intervenciones no guardasen relación alguna

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con el mismo, como certeramente apuntó el profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor.


¿Es posible ignorar que las expropiaciones efectuadas para las construcciones de embalses, cuando condenan a la desaparición a determinados pueblos o fuerzan la emigración de la mayor parte o de la totalidad de sus vecinos, no están suprimiendo la libertad de habitar en un determinado lugar de un conjunto de ciudadanos españoles? ¿Por qué los poderes públicos olvidan el respeto a dicho derecho que impone la Constitución y creen que ese derecho es susceptible de expropiación, como si la libertad de residencia se redujera exclusivamente a la propiedad de una casa o de unas huertas, de modo que ocupados tales bienes, a través de un procedimiento expropiatorio, pueda entenderse suprimido sin más el derecho fundamental de habitar en un lugar en el que unos ciudadanos españoles han nacido, viven y desean seguir viviendo?

En determinada sentencia del Tribunal Supremo, al referirse a una expropiación que afecta a la mayor parte o a la totalidad de las tierras y expropiaciones agrícolas, incluidas casas y anejos, de una determinada comarca, en ningún momento se alude a la vulneración de la libertad de residencia, limitándose dicho Tribunal a señalar que la indemnización o justiprecio no responde solo y estrictamente a la privación de los bienes, sino que cubre también los perjuicios correspondientes a la realidad de desarraigo producido por dicha expropiación a los titulares de dichos bienes. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero del año 1989. Dicho pronunciamiento judicial es una clara manifestación del olvido de la libertad fundamental de residencia del ciudadano, reduciendo a este a un mero propietario. La vigente Ley de Expropiación Forzosa, que data del año 1954, constituye una norma que, si en su día pudo suponer un avance en las garantías de los particulares, ya que no es posible hablar de ciudadanos en dichas fechas en España, hoy aparece claramente ajena a las exigencias que impone el Estado de derecho proclamado por la Constitución de 1978.


No es posible conciliar una ley en cuyo articulado se establece un procedimiento especial para expropiaciones que den lugar a traslado de poblaciones con una Constitución que consagra la libertad de los españoles para habitar en un determinado lugar. La Ley de Expropiaciones Forzosas declara en su artículo 1 que por expropiación forzosa se entenderá cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos. Ello quiere decir que cabe entender expropiables todos los bienes y derechos, reales y de crédito, que tengan un valor patrimonial y resulten enajenables. ¿Cabe conceder valor patrimonial a la libertad de habitar en un determinado lugar? ¿Son enajenables los derechos constitucionales de las personas, precisamente aquellos derechos que les confieren la condición de ciudadanos? ¿Es posible conservar la condición de ciudadano por aquellas personas que se ven privadas del ejercicio de sus derechos y libertades? Constituye un sangrante anacronismo de nuestro ordenamiento jurídico y de la acción de nuestros poderes públicos que en los inicios del siglo XXI, tras 25 años de Constitución democrática, todavía se provean proyectos cuya ejecución impone la privación de derechos fundamentales a una porción de la población. En la negación de la plenitud de la ciudadanía de los afectados por dichos proyectos va también la negación de nuestro sistema de libertades y de nuestra democracia.


La proclamación de derechos de libertad de residencia se contiene en el conjunto de textos de derechos humanos a los que remite el artículo 10.2 de nuestra Constitución. En concreto, dicha libertad queda recogida en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, derecho que reitera el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y que igualmente se incluye en el Protocolo adicional número 4 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de 1950. Todos los tratados citados se hallan ratificados por España y su vulneración supone una directa responsabilidad ante la comunidad internacional.


Por todo ello, promovemos una iniciativa de profunda renovación política consistente en la derogación de todas aquellas normas y en especial de los preceptos correspondientes de la Ley de Expropiación Forzosa que amparan la realización de proyectos u obras públicas que imponen la desaparición de núcleos habitados y niegan a los habitantes de dichos lugares su libertad de habitar allí. No es posible mantener por más tiempo la desconexión entre dichos proyectos y los derechos constitucionales de los afectados y ello puede lograrse por dos vías: la primera, mediante una valiente iniciativa política de los grupos parlamentarios, promoviendo la adaptación de las leyes a las exigencias constitucionales, demostrando una clara voluntad de profundización democrática; la segunda, sin duda la más probable, constituirá una larga y dolorosa batalla jurídica y política de los afectados por lograr el respeto de sus derechos, ganando al fin con su solo esfuerzo un triunfo para toda la sociedad y para las generaciones futuras e incorporando a nuestro sistema democrático un nuevo valor de exigencia y de respeto a la dignidad de las personas. Este planteamiento jurídico abre enormes capacidades de acción: amparo ante el Tribunal Constitucional y ante la Comisión y el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa, apelaciones al Defensor del Pueblo para que promueva la modificación de la Ley de Expropiación Forzosa, recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular que modifique la ley, etcétera.


Por todos estos motivos hemos presentado esta interpelación al Gobierno y la próxima semana procederemos al debate de la correspondiente moción.


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Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro y señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.


Continuamos con la contestación a la interpelación y para ello tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor diputado, agradezco que la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en la voz de su diputado de la Chunta Aragonesista, señor Labordeta, brinde a esta Cámara la ocasión de considerar algunos aspectos que no por ajenos a la agenda política más apremiante dejan de tener importancia y desde luego un encuadre constitucional digno de discusión en la medida en que afectan, primero, a un derecho fundamental que ha salido a colación en la intervención del diputado interpelante, el derecho fundamental a la libre circulación y elección de residencia, que la Constitución garantiza a todos los españoles en su artículo 19; segundo, a un instituto crucial del derecho administrativo, como es el de la expropiabilidad de la propiedad, reconocido también como derecho con rango constitucional en el artículo 33 y, tercero y naturalmente, a las garantías frente a la expropiación de la propiedad que se deben en un sistema constitucional que someta la actuación de los poderes públicos al principio de legalidad, de sujeción a la ley. Efectivamente, todos estos elementos los contiene el problema que la interpelación trae a esta Cámara. Déjeme que los encuadre por su orden, para que pueda ofrecerle el planteamiento del Gobierno. En primer lugar, la expropiación forzosa está regulada en una ley vigente en nuestro ordenamiento jurídico. Esta ley data de 1954 -lo sabemos todos- y, por tanto, se encuadra cronológicamente en el período político que todos conocemos como franquismo. Pero esto no quiere decir que dicha ley sea toda ella incompatible con la Constitución ni con las garantías que la misma establece. Es sabido que la Constitución no derogó por completo el ordenamiento jurídico que existía antes de su entrada en vigor; eso hubiera sido sencillamente absurdo y contrario a un principio estructural de todo Estado de derecho: el de seguridad jurídica. Lo que hizo la Constitución fue derogar todo aquello que en el ordenamiento jurídico resultara incompatible con ella, y sujetar a sí misma la interpretación de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por fin, de la vigencia y efectividad de la Constitución se encargó a su intérprete supremo, el Tribunal Constitucional, y, vinculado por su jurisprudencia, a todo el sistema judicial español, que ha ido conformando la aplicación y la interpretación de la legalidad a la Constitución desde el momento de su entrada en vigor.


Pues bien, esto es lo que ha sucedido -no podía ser de otro modo- con la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Esta ley es seguramente la última de las producidas en esa etapa que se quiso denominar tecnocrática y que configuró en la década de los cincuenta buena parte del derecho administrativo español de la segunda mitad del siglo XX que continúa en vigor. Hasta hace poco lo estuvo la Ley de Procedimiento Administrativo, hasta 1992; la originaria era de 1958. Todavía mayor vigencia tuvo la jurisdicción Contencioso-Administrativa regulada en 1956, hasta la entrada en vigor de la ley vigente, de 1998. Por fin, buena parte del derecho de la Función Pública cuajó en 1964, hasta su renovación por la Ley 30/1984, de Medidas de reforma de la Función Pública. Sin embargo, lo cierto es que todo ese paquete normativo mientras estuvo en vigor, mucho después de la Constitución, resultó adecuado a la misma como consecuencia de su sujeción interpretativa y aplicativa a ella, y de la garantía que ha venido acumulando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.


Este es, pues, el modo en que debemos leer la vigencia actual de la Ley de Expropiación Forzosa. Es evidente que la expropiación forzosa no es inconstitucional, tiene su propio encaje constitucional. Lo señala, para empezar, el artículo en el que la Constitución consagra el derecho de propiedad -el artículo 33-, que se encarga de afirmar que la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y de afirmar al mismo tiempo que la función social de estos derechos -a la propiedad privada y a la herencia- delimitará su contenido de acuerdo con las leyes; por tanto, también de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.
En el párrafo tercero añade expresamente que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. De modo que la Constitución, a la hora de establecer el derecho a la propiedad privada, está encajando la expropiabilidad forzosa por causa de interés social y de utilidad pública.


Por si lo dicho fuera poco, el artículo 149.1, en su regla 18.ª -cuando establece las competencias exclusivas del Estado-, confiere al legislador estatal competencia para regular la expropiación forzosa, además con carácter homogéneo en todo el Estado; es decir, independientemente de la distribución de competencias que habrá de efectuarse con el establecimiento del Estado de las autonomías, y de la asunción de competencias legislativas por parte de las comunidades autónomas. Así nos recuerda que el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la legislación de las comunidades autónomas, la legislación sobre expropiación forzosa, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las

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administraciones públicas junto a las bases del régimen jurídico de todas las administraciones públicas y de los funcionarios, será competencia del Estado. Tenemos por tanto que la expropiación forzosa es un instituto perfectamente acomodable al sistema constitucional. Usted aduce en su interpelación su compatibilidad respecto de un derecho fundamental muy precioso en nuestro sistema y en cualquiera que merezca ese nombre, que es el derecho fundamental a la libre circulación y a la elección de residencia, que efectivamente nuestra Constitución consagra en el artículo 19, pero es un punto firme en la lectura de la Constitución que no hay ningún derecho ilimitado, ni siquiera los fundamentales; todos están sujetos a su delimitación constitucional y a lo que establezcan las leyes, y así también en el artículo 19 y el derecho a la libre elección de residencia, donde se afirma que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia pero se afirma igualmente que ese derecho vendrá determinado en los términos que la ley establezca. Por tanto, se podrá comprender razonablemente que el derecho a la libre elección de residencia de todos los españoles no permite ni a todos los españoles ni a ninguno en particular establecer libremente su residencia en la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, sencillamente porque es un espacio natural protegido por la ley, de la misma forma que los españoles no pueden establecer libremente su residencia en el Palacio Real, porque es patrimonio nacional. Por tanto los españoles no pueden establecer libremente su residencia sino en los términos en que la legalidad prevé el ejercicio de ese derecho ciertamente fundamental.


En estas coordenadas es cierto que una ley cronológicamente franquista puede ser acomodable a la Constitución y por tanto tiene una vigencia que ha permanecido intocable hasta la fecha. Esto no predetermina que no podamos considerar la modificación, parcialmente o por completo, del régimen jurídico de la expropiación forzosa. Podemos hacerlo, no forma parte de las prioridades político- legislativas del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, no ha formado parte del compromiso de investidura del presidente, no forma parte del cuadro de prioridades del Ministerio de Justicia pero es legítimo que se pueda considerar. Por tanto, ese es un debate que puede abrirse en función de que el Parlamento y de su mano la opinión pública consideren apremiante o prioritario acometer esa modificación, pero habrá que identificar muy bien cuál es la ocasión y el motivo por el que se procederá a hacerlo y cuál deberá ser el objeto de esa hipotética iniciativa de reforma, porque en este punto es posible que no estemos de acuerdo con las argumentaciones que aparecen contenidas en la motivación de la interpelación traída a esta tribuna por el diputado señor Labordeta.


Una hipotética iniciativa de reforma puede ir acompañada de reformas sectoriales como la que afectaría a las valoraciones urbanísticas y en este sentido el Ministerio de Vivienda ha anticipado su propósito de elaborar un texto que afecte a las valoraciones urbanísticas en el caso de las expropiaciones para la construcción de grandes infraestructuras.
Este puede ser un punto en el que debamos debatir, pero déjeme recordarle que el núcleo central de la interpelación es el que pone en cuestión que resulte de recibo el procedimiento y el garantismo contemplado en la actual Ley de Expropiación Forzosa para producir la expropiación de la propiedad por razones de interés general en el caso de desplazamiento de núcleos poblacionales. A este respecto, lo primero que hay que afirmar es que si se suprimiese, como S.S. parece sugerir en su interpelación, el procedimiento para las expropiaciones que dan lugar al trazado de poblaciones, ello no impediría en ningún caso que esas expropiaciones pudiesen producirse de conformidad con la Constitución siempre que una obra pública diera lugar al efecto de hacer inhabitable un núcleo de población por ocupar las tierras que lo configuran o las que sirven de base al sustento de su población. Por tanto, lo que hace realmente la Ley de Expropiación Forzosa no es regular la determinación en abstracto de los fines del interés público o de la utilidad social que lo justifican, sino el procedimiento en términos de garantía, de modo que al efecto señalado, al ser inhabitable un núcleo de población por ocupar las tierras que lo configuran o las que le sirven de base al sustento de la población, un objeto específico de interés público o de utilidad social, es aquí donde tenemos que centrarnos, en las garantías que de no existir en la ley, sencillamente no existirían. La ley establece garantías que merecen ser salvaguardadas, valoradas y ponderadas positivamente. La expropiación de la totalidad de las tierras del municipio tiene por efecto que se perciba una mayor indemnización, porque la subsistencia de la población sobre la parte restante sería imposible. El derecho a ser instalados en una porción de terreno de características similares al territorio de la entidad afectada -dice la Ley de Expropiación Forzosa en sus artículos 88 al 96- es el que establece que se pueda constituir una nueva entidad local en sustitución de la desaparecida y la indemnización que especifica toda suerte de perjuicios sin dejarlos en la indefinición del procedimiento general incluye los del transporte, la reducción del patrimonio familiar, los jornales perdidos, etcétera. De manera que, en definitiva, la existencia de estas expropiaciones no depende de la regulación específica que establezca la Ley de Expropiación Forzosa, sino de los criterios de interés general y utilidad pública que determinan la decisión política. Y dada, en su caso, la decisión política, la existencia de la regulación especial es garantía procedimental de salvaguardia de los derechos involucrados, entre ellos, no solamente el derecho a la libre elección de residencia, sino evidentemente el derecho de propiedad que está afectado por el instituto expropiatorio.


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Además, tengo que señalar que existe también una consideración con la que seguro que S.S. simpatizará, relativa al respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas, en la medida en que la pretensión de prohibir en abstracto expropiaciones de núcleos poblacionales que tengan por finalidad compensar al ciudadano debidamente por razón del desarraigo que implique la realización de obras de interés general, compromete igualmente la posibilidad por parte de las comunidades autónomas de contribuir a la definición de esos fines de utilidad pública o de interés general en infraestructuras o en obras públicas en los que se vea afectado ese fin social y jurídicamente relevante.


Finalmente, la argumentación relativa a la afectación negativa del derecho fundamental a la libre elección de residencia no puede ser compartida en rigor a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como una buena razón para proceder a una modificación imperiosa o urgente de la Ley de Expropiación Forzosa, sencillamente porque de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más sólida sostenida en abundantes sentencias, todos los derechos tienen su delimitación en la propia Constitución y en las leyes que la desarrollan, y porque además no existe vulneración del derecho a la libertad de residencia constitucionalmente garantizada en el caso de que la expropiación se realice con justa causa, con todas las garantías, mediando indemnización o justiprecio, en definitiva, con una realización plenamente conforme a la ley.


En síntesis, por razones de proporcionalidad en relación con el fin perseguido, por razones de defensa del interés general que tiene su acomodo constitucional, por razones competenciales que distribuyen la tarea de la identificación de los fines de interés público de utilidad social entre el Gobierno de la nación y los de las comunidades autónomas, por tanto, de respeto al ámbito competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, y por la propia delimitación constitucional del derecho a la libre elección de residencia, no parece que sea absolutamente imperiosa o urgente la modificación de la Ley de Expropiación Forzosa. Sin perjuicio de ello, todas las leyes son susceptibles de modificación, no forma parte de los planes del Gobierno acometer esta reforma con carácter urgente en la medida en que la lectura constitucionalmente adecuada de la Ley de Expropiación Forzosa ha venido siendo asegurada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales vinculados a esta jurisprudencia. Creemos por ello que estamos en disposición de atender algún asunto específico sin necesidad de reconducirlo a una modificación de la Ley de Expropiación Forzosa. Y es seguro que algún asunto específico que le concierne, por el que tiene una preocupación perfectamente legítima, es el que ha motivado que usted traiga a esta tribuna una cuestión como la de la regulación de la expropiación forzosa, de manera que espero que en este turno de réplica nos aclare exactamente en qué consiste este objeto, que a mi juicio merece un tratamiento más singular que el de modificar esta ley, que, ciertamente modificable, no está pidiendo de manera imperiosa y urgente, de acuerdo con las razones que he expuesto, esa modificación.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Es el turno de réplica del señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. Perdone que le haya llamado antes presidente, pero no veo por detrás todavía.
(Risas.)

Muchas gracias, señor ministro, por la explicación. Lo que quiero decirle fundamentalmente es que hay una Ley de 1954, la Ley de Expropiación Forzosa, que afecta sobre todo a la región en la que yo vivo, Aragón, produciendo una serie de desajustes y actos absolutamente desfavorables.
Esa ley que todavía sigue vigente, a pesar de todos los impedimentos que le puedan poner los tribunales constitucionales, hizo algo tan terrible como lo que por ejemplo pasó en Jánovas en el año 1961. Le voy a leer algunos textos de lo que pasó en aquellos momentos de la expropiación, la cual sigue vigente, es decir, ese tipo de expropiación se puede seguir haciendo. Para esa época -esto lo cuenta Antonio Palacios, que es hijo de una casa del pueblo- había que hacer la declaración de las tierras para el catastro. Entonces fue cuando nos llamó el ingeniero del catastro, don Ricardo Abad, y nos reunió para dicha declaración, haciéndonos ver que si declarábamos las tierras como de segunda y tercera categoría, pagaríamos menos. Además, que si había que vender cobraríamos lo mismo. Por supuesto que hasta ese momento todos teníamos confianza y creíamos en él. Ese fue el primer error, pues en el año 1961 salió en el Boletín Oficial del Estado la construcción del pantano de Jánovas y ese mismo señor Abad vino al pueblo en 1962 a intimidarnos y a decirnos que teníamos que venderlas en nombre de Iberduero como tierras de tercera categoría. En efecto, el 28 de diciembre de 1961 se había publicado la larguísima relación de los afectados en un boletín oficial y en los días siguientes lo fue en la prensa aragonesa. Para esa fecha ya se había empezado a revolucionar el pueblo, las noticias eran amenazadoras, la obra de ejecución inminente, y la necesidad de dejar las casas y salir del pueblo un día u otro, más pronto o más tarde, irremediablemente. El personal de Iberduero, funcionarios del Estado que actuaban en su nombre, llevaban meses haciendo mediciones en las fincas y ofreciendo comprar tierras y edificios en Lavelilla y Lacort y sobre todo en Jánovas, que era el pueblo más grande y en muchos aspectos el principal de la zona.


Los primeros afectados directos, sin embargo, no iban a ser estos tres pueblos, sino los de La Solana de Burgasé. Esa declaración suponía la obligatoriedad de repoblar con árboles nada menos que 2.376 hectáreas

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de terreno más otras 825 de pastizales mejorados en los términos municipales de Fiscal, Burgasé, Albella, Boltaña y Fanlo, debido a que los arrastres y corrimientos que se producen en estos terrenos aportan materiales sólidos a los torrentes afluentes del río Ara en la zona ocupada por el embalse de Jánovas. Los obligados a efectuar la repoblación, además, eran los propios dueños de los terrenos. Era algo así como obligarles a cavar su propia tumba. Forzosamente y a sus expensas tenían que plantar árboles en los terrenos que dedicaban a pasto para sus ganados y, si se negaban, su única alternativa era la expropiación de las fincas o su venta directa al patrimonio forestal del Estado. Era una sentencia de muerte para 14 pueblos del valle de La Solana. Esa misma ley de expropiación produce el abandono de todo un pueblo que se llama La Garcipollera y exactamente por las mismas razones que se planteaban aquí, porque los arribes de esos pueblos arrastraban sobre el pantano, en este caso el pantano de Yesa. Curiosamente, el pantano de Jánovas no se hace y entonces la pregunta es: ¿A quién pedimos la responsabilidad con esa Ley de Expropiación de 1954? Nadie en este momento está aceptando el problema de la indemnización de la reinserción.
Las tierras siguen, es decir, se ha parado el pantano. Iberduero se lo ha pasado a Endesa, y Endesa no dice nada. ¿Las tierras son de los propietarios o no son de los propietarios? Es decir, la ley, que usted dice que es muy clara, está absolutamente confusa y confundida. Y lo mismo pasa con la presa de Val, en la zona del Moncayo. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia a favor de los propietarios y la Administración no la cumple. Señor ministro, aunque no sea un planteamiento muy importante para muchos ciudadanos españoles que han tenido que salir de sus pueblos, a veces se les ha obligado a marcharse de un sitio equivocadamente porque luego no se iba a utilizar como pantano, ustedes deberían posibilitar por lo menos una reinserción positiva. Usted ha dicho que no se pueden construir chalets en la Caldera de Taburiente. Señor ministro, no se fíe usted porque están intentando hacerlo en el glaciar del Aneto, quieren hacer también pistas de esquí y son capaces de construirle a usted chalets allí. Cualquier día llegará usted a La Palma y verá aquello lleno de chalets tipo mallorquín, blancos y maravillosos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Labordeta.


Señor ministro, su turno de réplica.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, me reconocerá usted que no hace falta ser un experto en naturaleza, como lo es usted, para temblar ante la perspectiva de ver la Caldera de Taburiente contaminada por chalets, ya sean mallorquines o de cualquier otro estilo. Sin embargo, le agradezco la explicación adicional que ha aportado la formulación de su interpelación. Poco puedo añadir en mi réplica porque efectivamente los casos que en la historia existen de expropiaciones poco fundadas en una determinación objetivada del interés público y seguramente no conformes a las categorías con que ahora nos movemos en el marco del Estado constitucional, los hemos padecido y los tenemos en la memoria. Tal como usted mismo ha puesto de manifiesto, tuvieron lugar en los años sesenta y setenta, pero es a finales de los años setenta, en 1978, cuando entra en vigor una Constitución que nos vincula de manera eficaz.


A partir de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de los tribunales, el marco jurídico es otro, las garantías son otras y por tanto las capacidades de reaccionar eficientemente frente a esos abusos, frente a los atropellos que puedan ser perpetrados por los poderes públicos en el ejercicio de expropiaciones arbitrarias, son muchísimo más eficaces, más seguras y dignas de confianza. Sin perjuicio de eso, es posible que merezca la pena abrir una reflexión sobre lo que pueda ser modificado en la Ley de Expropiación Forzosa. El Gobierno estará en disposición de participar de ese debate, de manera que estaremos atentos a la moción que usted presente como consecuencia de esta interpelación y estaremos atentos a la aportación y a la fijación de posición de los distintos grupos parlamentarios. No hay ninguna posición, como he dicho, dogmática ni cerrada a este respecto. Sin embargo sí creo que las garantías actuales para conformar la actuación expropiatoria de los poderes públicos son perfectamente dignas de confianza y sirven a un interés social. De otra forma la propiedad privada sería un límite irresistible a la decisión política de identificar un interés público, un interés social, que tutelado por la ley y con respeto a todas las garantías debidas a la Constitución, a las leyes que lo desarrollan, permitiesen el acometimiento de obras e infraestructuras no solo aconsejables sino necesarias en cualquier sociedad desarrollada.


Estoy seguro de que usted compartirá esa inspiración profundamente social que ha permitido delimitar constitucionalmente el derecho de propiedad de modo que no sea un derecho ilimitado ni un derecho que pueda ser invocado antisocialmente. Creo que estamos en disposición de afirmar que la Constitución hizo bien a la hora de incorporar el Instituto de la Expropiación Forzosa como una señal de identidad de lo que conocemos desde la segunda mitad del siglo XX como Estado social de derecho, un Estado que está en disposición de poner en marcha decisiones políticas o legislativas que remuevan barreras de desigualdad en la consecución de fines socialmente relevantes, con participación ciudadana, conforme a la ley y con todas las garantías, respetando los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.


Además, si hemos de acometer esa modificación, seguramente un capítulo en el que habrá que recalar será en el relativo a la distribución de competencias

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entre Estado y comunidades autónomas, los distintos niveles competenciales a la hora de identificar los intereses públicos tutelables por la ley y que, consiguientemente, puedan dar lugar a decisiones expropiatorias que tengan consecuencias sobre el derecho de propiedad con carácter genérico y sobre el desplazamiento o traslado de poblaciones o núcleos poblacionales con carácter más particular. En todo caso, creo que la protección medioambiental, también un bien constitucionalmente muy relevante, tiene que estar muy presente en la inspiración de la legislación de la expropiación forzosa. Estoy seguro de que usted convendrá también en esto con nosotros y de que, a la luz de lo que plantee como sugerencia en su moción consecuencia de interpelación, podremos fijar posición en lo que, como digo, no creo que constituya en estos momentos un apremio ni una prioridad legislativa con carácter absoluto, pero que resulta siempre posible discutir en un Parlamento en una ocasión que lo merezca, como puede haber sido esta interpelación presentada por su señoría.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA POLÍTICA PENITENCIARIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número de expediente 172/000069.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, la siguiente interpelación urgente es la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual.


Para formular dicha interpelación tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, buenas tardes. Como usted recordará, en el mes de octubre del año pasado fuimos testigos de la comisión de un delito atroz. Me refiero a los asesinatos de dos mujeres policías en Belviche, siendo el presunto culpable un interno de un centro penitenciario que estaba gozando en aquel momento de un permiso carcelario. Estos hechos, como usted también recordará, causaron una elevada alarma social, poniendo de manifiesto la preocupación del conjunto de la sociedad española por el régimen de permisos penitenciarios y la aplicación de las medidas de reinserción social de las personas condenadas por la comisión de delitos contra la libertad sexual.


Difícilmente se puede explicar, y más difícilmente todavía puede comprender la ciudadanía que una persona condenada en el año 1987 por violación y robo a quince años de prisión empiece en el año 1992 a obtener permisos para salir a la calle, en el transcurso de los cuales comete diversos robos y otra violación, y que con una nueva condena a 53 años de prisión, en el año 2002 se le conceda otro permiso, que aprovecha de nuevo para cometer una falta de amenazas, relacionada también con el mismo tema, y en el año 2004, con un nuevo permiso, comete presuntamente un doble asesinato y una posible violación. Un hecho terrible, pero ciertamente no era la primera vez que teníamos conocimiento de hechos delictivos cometidos por reclusos que se beneficiaban de permisos penitenciarios. Violaciones y asesinatos de tristísimo y terrible recuerdo, como los de la niña Olga Sangrador, o los de las niñas de Alcàsser, fueron cometidos, en el primer caso por un delincuente que disfrutaba de un permiso penitenciario, y en el segundo supuestamente por otro preso que disfrutaba también de un permiso carcelario estando preso por un delito de agresión sexual. Digo supuestamente porque, como todos sabemos, Antonio Anglés permanece hasta hoy en paradero desconocido. Estos y otros muchos hechos delictivos de esta naturaleza, ampliamente recogidos por los medios de comunicación en los últimos años, me permitirían realizar un largo y pormenorizado relato que no creo necesario porque estoy segura de que al menos en su aspecto estadístico están en la mente del señor ministro. Pero no quiero dejar de mencionar, como diputada de Convergencia i Unió por Barcelona que soy, que en Barcelona al menos cuatro violadores convictos han asaltado a mujeres en 2003-2004, y lo han hecho bien cuando disfrutaban de permisos penitenciarios, bien tras cumplir condenas, todo lo cual crea, como digo, una alarma social.


¿De qué datos disponemos? Los últimos datos que tenemos, al menos los que tiene Convergencia i Unió, sobre delincuencia, y que se refieren al periodo enero-junio del año 2004, nos dicen que la delincuencia en general había descendido un 2,58 por ciento respecto al mismo periodo de 2003, pero, por el contrario, los delitos contra la libertad sexual se habían incrementado en este mismo periodo un 7,36 por ciento. Por otra parte -y quiero trasladarle ya una primera cuestión-, creo que el Ministerio del Interior ha dado a conocer por nota de prensa los datos de criminalidad del año 2004, sin que se haga ninguna referencia específica a los datos de delitos sexuales. Le pregunto si el señor ministro está en disposición de facilitarnos estos datos. Por otro lado, y que sepamos, no existen estudios fiables sobre la reincidencia de los condenados por delitos sexuales, pero se llega a decir que un 42 por ciento de éstos reinciden durante el disfrute de permisos penitenciarios. Nos gustaría saber de qué datos dispone el

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ministerio y también si estos estudios son realmente fiables o si, por el contrario, no lo son.


En Convergencia i Unió, señor ministro, creemos que es el momento adecuado para, de manera serena y con la mayor objetividad posible, proceder a abrir un debate parlamentario, un debate como el que estamos realizando, para saber si el Gobierno va a adoptar medidas y, en caso afirmativo, qué medidas se van a adoptar para combinar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las ciudadanas, con la resocialización de los condenados por delitos contra la libertad sexual, para combinar, en definitiva, el mandado constitucional del artículo 25.2 de nuestra Carta Magna, que ordena la orientación de las penas privativas de libertad y de las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social, combinar, repito, estos indudables derechos con el derecho de la sociedad a ser protegida. Este es un debate que, como tampoco ignoramos, se está produciendo ya en muchos países de nuestro entorno, unos países que tienen una problemática parecida, países que están debatiendo, con mayor o menor profundidad, los métodos desarrollados para hacer frente a la rehabilitación de delincuentes sexuales ante la conmoción social que genera también en sus respectivas sociedades este tipo de delitos. Tales métodos van desde medidas muy taxativas de un país que no es de nuestro entorno como es Estados Unidos, donde se dan a conocer las identidades de estos delincuentes cuando salen de prisión, hasta los más avanzados sistemas de seguimiento y vigilancia por satélites a presos reincidentes o condenados por malos tratos y agresión sexual que se están adoptando en Gran Bretaña. En Estados Unidos, los Estados tienen un sistema muy estricto de registro y de notificación pública de los delincuentes sexuales cuando han salido de prisión. En algunos Estados se llega a practicar incluso, si el juez lo considera necesario, la castración química (medicación) de los reincidentes. En otros casos, tras haber cumplido la condena, están obligados a registrarse ante la oficina del sheriff del distrito de residencia, y se publica una lista con los nombres que se puede consultar por internet. En Arizona, este registro es incluso de por vida. En todo caso, en Estados Unidos los permisos carcelarios para los delincuentes sexuales son muy estrictos, muy reducidos, salvo algunos casos menos graves, como los de exhibicionismo.
En países más próximos, como Francia, desde 1998 la ley obliga a aplicar un seguimiento de los reincidentes sexuales que abandonan la prisión que incluye atención médica, y además todo condenado por este tipo de delitos está obligado a comunicar los cambios de domicilio. El Gobierno francés ha creado un fichero específico de delincuentes sexuales y ha ampliado las facultades de la policía para poder retener las huellas de los implicados en estos delitos, huellas y material biológico, aunque no estén formalmente condenados. Recientemente -los medios de comunicación también se han hecho eco-, en Francia se han debatido, se están debatiendo de hecho, nuevas medidas que les llevarán o no -pero se están debatiendo- a realizar terapias químicas voluntarias irreversibles a aquellos condenados por agresión sexual que no hayan respondido eficazmente a los tratamientos psicoterapéuticos o incluso combinando esta medicación con los tratamientos psicológicos. En Gran Bretaña, el Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto para seguir los movimientos de los violadores y otros delincuentes sexuales utilizando la tecnología GPS y también ha subcontratado a empresas de seguridad para que vigilen el seguimiento de los sujetos.


¿Qué pensamos en Convergència i Unió? El Grupo Parlamentario Catalán no cree en principio que debamos adoptar de forma radical o calcada alguno de los modelos que se siguen en estos países que le acabo de mencionar, porque entendemos que cualquiera de estas medidas hay que adaptarla a nuestra realidad y hay que incardinarlo en nuestro sistema constitucional. Pero sí creemos que se debe iniciar el debate sobre cómo queremos que sea nuestro sistema penitenciario y, por lo tanto, las medidas que le acabo de exponer nos parecía que eran ilustrativas para saber qué se hacía en los países de nuestro entorno.


Señor ministro, nosotros tenemos la seguridad de que la legislación en materia penitenciaria se aplica de la forma correcta y debida en las prisiones y que el que no actúa como debía es siempre el presunto asesino o el presunto violador. Creemos también que el sistema de permisos penitenciarios es una buena medida para la reinserción social de los penados y les ayuda en general a prepararse para su vida en libertad y además, en todo caso, llega un momento en que se ha cumplido la condena y se tiene que salir a la calle. Pero es realmente difícil creer que sea bueno un sistema penitenciario que permita situaciones como la que se produjo en el mes de octubre y con la que he comenzado mi exposición, y más difícil es que esto pueda ser comprendido por nuestra sociedad. Creo que en este sentido todos podemos coincidir, por ejemplo, en que no se puede tratar del mismo modo a todos los condenados por delitos de este tipo. Los permisos penitenciarios como medida de reinserción del recluso en la sociedad y para evitar como mínimo la desocialización son, como digo, muy positivos en la mayoría de los casos, pero su otorgamiento debe realizarse de forma totalmente personalizada para todos aquellos condenados por delitos contra la libertad sexual por la especial situación de los mismos. Pensamos en las prisiones, incluso después de cumplir la condena y también en la libertad condicional, porque, señor ministro, es evidente que la cárcel no cura.


Me gustaría que usted nos explicara qué es lo que piensa hacer el Gobierno al respecto, qué es lo que se está estudiando. Nosotros hemos tenido alguna noticia, por lo que ha aparecido en los medios de comunicación, en la que se dice, por ejemplo, que desde la Dirección

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General de Prisiones se está diseñando un plan para controlar los movimientos de los violadores mediante un sistema GPS. Nos gustaría que nos ampliara esta noticia, que nos explicara lo que hay al respecto, en el bien entendido de que, desde nuestro punto de vista, tal como está diseñado ahora, el GPS indica dónde está la persona, pero no dice lo que está haciendo. Por eso nos gustaría que nos ampliara esta noticia.


He dicho anteriormente, señor ministro, que la cárcel no cura. Esto es una obviedad y además la realidad se encarga de demostrárnoslo, pero además es lo que afirman especialistas en tratamientos de violencia, que indican, por ejemplo, que habría que proseguir la terapia de ayuda mucho más tiempo después de la salida de prisión y aplicar además un tratamiento específico para cada individuo, porque cada uno es un mundo y hay que hacer un estudio muy personalizado para descubrir cuáles son los mecanismos que desatan el ánimo de violar en cada uno de ellos. Nos gustaría saber si hay alguna previsión al respecto. También nos gustaría saber qué previsiones hay para superar el difícil problema de que las condiciones ambientales de las cárceles no son las del exterior y, por tanto, es difícil predecir cuál será el comportamiento que tendrá el delincuente cuando vuelva a estar en la calle. Es más, en las prisiones no suelen causar problemas porque dentro de la prisión no se enfrentan a estímulos que pongan en jaque sus mecanismos de control. ¿Qué previsión de medidas de control terapéutico en el exterior se están estudiando desde el ministerio? Parece ser que ahora únicamente hay programas intrapenitenciarios. ¿Hay alguna previsión, por ejemplo, de que antes del primer permiso en total libertad se puedan realizar una serie de salidas programadas acompañadas de funcionarios o educadores? Nos gustaría saber también si se ha valorado la posibilidad, una posibilidad prevista en otros ordenamientos y sugerida por algunos profesionales, de que cuando el violador presenta rasgos psicopáticos no debe disfrutar de permisos carcelarios y que incluso cuando haya cumplido la condena debiera contar con medidas de control policial. Es evidente que, de tener en consideración esta sugerencia que hace algún sector, esto debería preverse con modificaciones legales para integrar esto en la condena. Se ha hecho algo parecido respecto a la violencia de género y quisiera saber si se toma en cuenta esta posibilidad. Nos gustaría saber también si está previsto algún estudio sobre nuevas medidas como lo que he dicho antes de la castración química, la posibilidad de medicación voluntaria irreversible que se realiza ya en Dinamarca, Alemania y Suecia y se está estudiando en Francia, y también nos gustaría saber si se prevé la posibilidad de crear nuevos tipos de establecimientos a medio camino entre lo que sería una atención hospitalaria psiquiátrica y la cárcel, para que incluso de manera voluntaria se pudiera entrar después de la condena.


Por último, señor ministro, querría plantear una cuestión que se refiere a los menores. Recientemente, el ministro de Justicia se ha referido a la necesidad de modificar la Ley del Menor para adecuar las penas a la brutalidad y a la violencia de algunos delitos, y me estoy refiriendo al tema concreto que está estos días en los medios de comunicación del brutal asesinato de Sandra Palo. Le quiero recordar que la disposición adicional sexta de la reciente modificación del Código Penal que ha entrado en vigor el pasado mes de octubre ya prevé expresamente que el Gobierno procedería a impulsar medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos que, aunque cometidos por menores, revistan especial gravedad. Se dice también que a tal fin se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas e incluso la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios. Esta fue una disposición que obtuvo la aprobación de todas las fuerzas políticas de esta Cámara con excepción de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego y la abstención del PNV. Nos gustaría también saber si el Gobierno piensa impulsar la efectividad de esta disposición adicional de la ley que ha entrado recientemente en vigor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Pigem.


Es el turno del ministro del Interior para contestar a la interpelación y tiene para ello la palabra.


El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señora diputada, le agradezco el tono y el contenido de su intervención porque establecer debates reflexivos como el que usted ha puesto encima de la mesa siempre es bueno para todo el mundo, en este caso para las mujeres. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que usted ha dicho. Sabe S.S. que el Gobierno ha establecido entre sus prioridades políticas la de hacer frente al terrible fenómeno de la violencia contra las mujeres en todas sus vertientes; políticas, por lo tanto, de prevención de los delitos y políticas de seguridad que nos ayuden a perseguir con firmeza este tipo de delincuencia y a tratarla con eficacia. Tengo que decirle que en el ámbito de la Administración penitenciaria tenemos que tener muy en cuenta -me ha citado unos ejemplos de Cataluña- que en el ámbito de Cataluña, como usted sabe mejor que nadie, la gestión penitenciaria, las instituciones penitenciarias y la Administración penitenciaria están transferidas, por lo que yo solo puedo responder de los criterios de la Administración penitenciaria del Estado. En este ámbito tenemos que considerar la política penitenciaria que estamos desarrollando.


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El pesimismo en esta materia, a la luz de los casos que se vienen sucediendo, y la hasta ahora incapacidad de la sociedad y de las instituciones para erradicar el delito sexual nos tiene que llevar, desde mi punto de vista, no a la desesperanza o al desistimiento sino a reflexionar sobre si lo que estamos haciendo es suficiente, si estamos en la línea adecuada de trabajo y sobre cómo podemos profundizar en la mejora del tratamiento penitenciario de reclusos que a menudo son de especial peligrosidad. Queremos que esta sea una reflexión compartida, como decía; no es una materia que deba ser objeto de confrontación política ni coyuntural sino que es una cuestión en la que se empeñan valores superiores de nuestra convivencia en los que unos y otros creemos profundamente. Como usted ha destacado, efectivamente, la Constitución española dice que la pena privativa de libertad se debe orientar a la reinserción y rehabilitación social, pero además viene a decir que la pena tiene una finalidad evidente de retención y custodia efectiva en tutela de la seguridad de la sociedad. Todos esos fines de la pena se deben entender en interacción porque son fines que están relacionados los unos con los otros.


Por su parte, el tratamiento penitenciario y los programas que tienden a rehabilitar y a reinsertar a los reclusos no sólo son un deber constitucional, como S.S. muy bien sabe, sino también una medida práctica. La razón es evidente: tarde o temprano los delincuentes cumplen sus penas y quedan en libertad; si han sido rehabilitados no volverán a delinquir y habremos ganado netamente en seguridad ciudadana, pero si no han sido rehabilitados volverán a cometer delitos, con lo cual tendremos el problema encima de la mesa, corregido y seguramente aumentado. Es cierto que hay una gran desconfianza social en que los procesos de reeducación sean efectivos respecto a determinadas personas que han cometido ciertos delitos. Sin embargo, hemos comprobado de una manera reiterada en el tiempo que llevamos en el Gobierno, y yo personalmente antes de formar parte del Gobierno, que los índices de reincidencia en los delitos -también en los sexuales- se altera notablemente dependiendo de que exista o no un tratamiento adecuado del delincuente en sede penitenciaria. A la hora de redactar el reglamento penitenciario vigente, el legislador hizo una previsión específica respecto a la necesidad de que la Administración penitenciaria aborde tratamientos específicos que hagan frente a la problemática de ciertas poblaciones de reclusos, señalando específicamente los delitos contra la libertad sexual tanto por su significación numérica como por su peligrosidad objetiva.


En cumplimiento de estos preceptos, la directora general de Instituciones Penitenciarias ha llevado a cabo la implantación de estos programas de tratamiento para delincuentes sexuales en un número importante de establecimientos penitenciarios. De hecho, una de las primeras preocupaciones del actual equipo directivo de Instituciones Penitenciarias, encabezado por su directora general, ha sido impulsar y revisar los tratamientos en marcha. Actualmente se han iniciado los trabajos para que, al igual que se ha hecho con los agresores familiares, con los sujetos activos autores de delitos de violencia de género se desarrolle un programa de tratamiento en cerca de 20 establecimientos penitenciarios, incluidos los centros de inserción social, con vistas a su seguimiento en su proceso de reinserción. Este tratamiento es fundamentalmente de tipo psicológico. Lo dirigen los psicólogos penitenciarios y participan diferentes profesionales: educadores, trabajadores sociales, monitores y en ocasiones colaboradores externos.
Son tratamientos grupales de larga duración, de 18 a 24 meses. Una de las tareas que pretenden clarificar estos tratamientos es la diferenciación de perfiles de agresores sexuales al objeto de determinar los distintos grados de peligrosidad en cada uno de ellos y del riesgo de reincidencia, así como si existe un tipo de tratamiento que resulte más idóneo para unos o para otros delincuentes.


En nuestro país, señora diputada, como en otras muchas naciones, evidentemente, los agresores sexuales son encarcelados y reciben penas duras, y deben recibirlas, pero esta medida debería ser solo parte de la respuesta social más ambiciosa al problema, como usted misma acertadamente ha destacado. Hacemos mucho hincapié en esto porque queremos resaltar la importancia que tiene desarrollar una acción integral. Insisto en que el delincuente rehabilitado supone una ganancia neta en materia de seguridad, el delincuente no rehabilitado volverá a delinquir, con lo cual no habremos ganado nada. Por lo tanto, somos partidarios del tratamiento que permita la rehabilitación, pero también somos partidarios de extremar las medidas de control, y por ello la Administración penitenciaria tiene definida su estrategia dentro del marco legal de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del reglamento que la desarrolla. Aquí estamos hablando de muchas cosas: estamos hablando de centros donde los delincuentes sexuales, por razones de seguridad y por razones de tratamiento, deban estar separados, como permite el artículo 75 de ese reglamento; estamos hablando de perfilar los momentos de la clasificación de los reclusos -sabe que el artículo 102 del reglamento penitenciario autoriza a que se contemple la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo y, en particular, los delitos graves como aquellos que afectan a la libertad sexual de las personas. Por otra parte, la instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias contempla la posibilidad -y dice que se estudie seriamente- de incluir a los presos delincuentes sexuales especialmente peligrosos de un modo pleno y perfecto en el fichero de internos de seguimiento especial, el conocido FIES. Este fichero, como su propio nombre indica, conlleva un plus de control en todos aquellos aspectos y circunstancias que

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rodean al régimen penitenciario, así como al tratamiento aplicado a los reclusos. Por ejemplo, a la hora de conceder permisos de salida o de tercer grado se sigue un tratamiento de máxima cautela y, por lo tanto, de elevada restricción. En este sentido existe también una instrucción de la dirección general en la que se establecen una serie de posibles medidas de seguridad para adoptar en la concesión de permisos penitenciarios y que, en su caso, podrían considerarse necesarias también en el caso de delincuentes sexuales.


Usted se ha referido al control telemático y al control por GPS. Tal y como ahora lo desarrollamos, creemos que el control telemático podría ser una medida óptima para los delincuentes que denominamos como ocasionales y no patológicos; para los regulares y los reincidentes este control podría rebajar el riesgo de la reincidencia, pero éste continuaría siendo elevado. Estamos estudiando -ahora le diré algo al respecto- la aplicación del control por GPRS, que todavía no se ha aplicado en nuestro país, lo que va a permitir una localización permanente del sujeto como medida de cautela añadida a las que ya se adoptan y para estas personas condenadas por delitos de agresión sexual. Los presos pueden llegar a disfrutar en el tratamiento penitenciario de permisos penitenciarios, pero estos permisos tienen que ser muy controlados, y el control por GPRS sin duda va a mejorar el control ordinario, que ya es elevado y que ya se hace en estos momentos en el marco de las competencias de la Administración penitenciaria del Estado.


En el marco comparativo de las legislaciones vigentes en los países de nuestro entorno, se contemplan otras medidas de seguridad posdelictuales de carácter complementario a la pena, cuya finalidad es el seguimiento posterior del delincuente. Sería deseable desde mi punto de vista que este tipo de medidas se incluyeran de un modo mucho más preciso, mucho más depurado técnicamente, mucho mejor en la relectura que se haga de nuestro Código Penal en el futuro, algo a lo que ya se ha referido el ministro de Justicia, que será el competente políticamente para llevar a cabo dicha reforma. Otra de las medidas que se están planteando, no solo en algunos países sino también en el marco mismo de la Unión Europea y que nosotros estamos estudiando y contemplando ya muy seriamente, es la creación de un registro de delincuentes sexuales, como ya existe, por ejemplo, en Reino Unido, en Francia y actualmente lo tienen en debate en Bélgica. Creemos, señoría, que la adecuada evaluación y tipificación del agresor y su tratamiento es una medida adecuada, probablemente no suficiente, manteniendo la máxima cautela, insisto, a la hora de incrementar los márgenes de libertad del condenado. Pero la cautela no es, no puede ser constitucionalmente sinónimo de negativa, hay que combinar la prudencia con la confirmación experimental de que el riesgo de reincidencia es menor cuando el tratamiento es bueno y cuando el delincuente camina hacia la rehabilitación. Lo repito una vez más porque eso está empírica y estadísticamente demostrado.


Usted se ha referido -y ya voy acabando- a la necesidad de que sea la comunidad la que asuma a las personas liberadas después de cumplir sus condenas por la comisión de delitos de contenido sexual. Esa intervención comunitaria debe partir de los resultados indicadores de riesgo identificados durante la intervención penitenciaria; es decir, las diferentes administraciones públicas implicadas, los servicios sociales del Estado, de comunidades autónomas, los servicios asistenciales de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, deben partir de la información que les suministre Instituciones Penitenciarias y activar los recursos sociales con arreglo a la misma o, al menos, teniéndola en cuenta de un modo decisivo.


Señoría, hay que ser sensibles -lo somos, créame, como nadie, lo digo de corazón- al sentimiento de las víctimas cuando se produce una agresión sexual tan terrible como algunas de las que hemos vivido en los diferentes territorios de este país en los últimos tiempos. Hay que extremar las cautelas a la hora de conceder permisos, hay que establecer acuerdos con ayuntamientos y comunidades para mantener el control, el seguimiento de la evolución de estas personas, pero no hay que olvidar algo muy importante, lo repito una vez más: cualquier delincuente, éstos también, saldrán tarde o temprano a la calle porque cumplirán sus condenas; si salen rehabilitados, no volverán a delinquir; si no somos capaces de rehabilitarles mediante el tratamiento penitenciario oportuno, volverán a hacerlo y no habremos ganado nada. Ese es el espíritu con el que afrontamos el tratamiento penitenciario desde la Administración penitenciaria del Estado, desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.


Naturalmente, pondré a su disposición todos los datos que usted me ha pedido, todos los que obren en mi poder, en el plazo de tiempo más breve posible; mañana mismo creo que los tendrá a su disposición. No he podido tenerlos hoy porque no sabía que usted me los iba a pedir; en todo caso, están a su disposición.


Finalmente, quiero decirle, porque ha puesto énfasis en el tema del programa piloto de seguimiento del GPS, que efectivamente lo vamos a poner en marcha. Es un programa piloto de seguimiento de internos condenados por delitos sexuales, seguimiento por GPS, como le decía antes, como una medida cautelar añadida a las que ya se toman a la hora de controlar las salidas de estos internos: salida por razones judiciales, porque han cumplido sus condenas, porque quedan en libertad provisional porque así lo deciden los jueces, o salida por razones de tratamiento penitenciario, permisos penitenciarios de salida. Este sistema es pionero en España -que yo sepa, existe sólo un precedente en Reino Unido- y permite conocer la ubicación especial de estas personas las 24 horas del día mientras permanecen

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fuera del recinto penitenciario, efecto que no podía conseguirse con los medios telemáticos de los que disponíamos hasta ahora. Creemos también que esta medida tendrá un efecto refuerzo del tratamiento de estas personas, haciéndoles conscientes de que tendrán ese control añadido en su integración a la vida en libertad. El programa va a durar tres meses, se va a realizar en Madrid y está previsto que se aplique, para ver qué resultados ofrece, a una decena de internos. Una vez llevada a cabo esta experiencia, haremos la evaluación correspondiente y, si resulta exitosa a juicio de los equipos técnicos, se extenderá a todos los internos de estas características y a todas las comunidades autónomas. Para el seguimiento de este programa, se va a crear un centro de seguimiento que va a funcionar 24 horas al día, insisto, para el control añadido de estas personas.


En definitiva, la Administración penitenciaria dependiente del Gobierno del Estado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con la directora general a la cabeza, está haciendo un trabajo duro y serio para asegurar las finalidades constitucionales de la pena también en relación con este tipo de delincuentes. No olvidemos que hay que reinsertar, pero no olvidemos tampoco que hay que tutelar la seguridad de la sociedad en la que vivimos, sobre todo en delitos específica y especialmente traumáticos, específica y especialmente repudiables, que no pueden ser tolerados bajo ningún concepto.


Señora diputada, señora presidenta, señores diputados, muchas gracias.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.


Señora Pigem, es su turno de réplica y tiene para ello la palabra.


La señora PIGEM I PALMÈS: Gracias, señora presidenta, intentaré ser breve y compensar que en mi intervención inicial me he alargado con el permiso generoso de la señora presidenta.


Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones y también por la manifestación de que me va a dar los datos que le he solicitado que serán evidentemente bienvenidos. Quiero que sepa que desde Convergència i Unió compartimos con el Gobierno esta prioridad para hacer frente a la violencia de género, a la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Hemos apoyado, como no podía ser de otra manera, la Ley integral contra la violencia de género, circunscrita en ese caso al ámbito doméstico y evidentemente nos preocupa también la violencia que se ejerce contra las mujeres en un ámbito fuera del doméstico, como es el caso de los delitos contra la libertad sexual que estamos viendo ahora. Nos agrada haber presentado esta interpelación porque nos permite compartir con el señor ministro los datos que nos ha dado sobre las políticas que se están realizando y que la opinión pública conozca esas iniciativas que se están llevando a cabo respecto del tratamiento personalizado -me parece muy importante que lo haya subrayado el señor ministro- de los reclusos por este tipo de delitos, un tratamiento psicológico, una acción integral sumada a las medidas de control, los ficheros, etcétera. También está el control telemático; permítame que insista en el tema del GPS, porque nos indica siempre dónde está, pero no lo que está haciendo. Me permito la sugerencia de que al sistema del GPS se añada la imposición de determinado tipo de conductas. No sé si habrá que modificar específicamente la legislación vigente, pero si no se aúnan las dos indicaciones parece complicado descubrir qué está haciendo, aunque sepamos dónde está. También está el tema del registro de delincuentes sexuales, etcétera. No ha dicho nada sobre los menores y me gustaría que en su próxima intervención dijera algo al respecto.


En todo caso, comparto absolutamente su manifestación de que frente a este tipo de situaciones no puede caber la confrontación política. Hemos de ser todos capaces de aparcar nuestras discrepancias partidistas para trabajar en algo que realmente merece la pena, se trata de garantizar a la ciudadanía que somos capaces de combinar el mandato constitucional de resocialización con la seguridad de los ciudadanos, que también es un mandato constitucional, para lo que puede servir esta interpelación, a la que seguirá una moción que se presentará en el plazo correspondiente. El Gobierno puede aceptar que no solo por su propia iniciativa se tomen todas las medidas conducentes a dar la seguridad a la ciudadanía, que se van a adoptar todas las medidas oportunas para prevenir que estos casos no se sigan repitiendo, sino que va a ser bueno que un mandato salga de esta Cámara, algo que permita hacer visible a la ciudadanía que todos nos preocupamos por esta situación y, de esta manera, también el Gobierno ampare y sustente todas las actuaciones que se propongan, no porque lo necesite sino porque se refuerza su actuación con el mensaje que pueda salir de esta Cámara.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor ministro, su turno de réplica.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Desde aquí mismo, señora presidenta, si no tiene inconveniente.


Celebro de nuevo el tono que ha empleado también en su réplica y quiero poner el énfasis en que desde Instituciones Penitenciarias estamos haciendo un serio esfuerzo a la hora de determinar los criterios restrictivos o de cautela a aplicar en los diferentes beneficios penitenciarios de los que pueden llegar a disfrutar este tipo de reclusos. En particular, tenemos en cuenta, a la hora de tomar decisiones respecto a los mismos, la profesionalidad delictiva, es decir, la comisión anterior de

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delitos, la utilización de armas ilegales, cuándo los cometieron, la comisión de delitos en prisión, el inicio delictivo precoz -antes de los 18 años- o el mantenimiento, al menos durante dos años, de las conductas delictivas. Valoran los técnicos también la reincidencia, valorada, a su vez, en función de los antecedentes penales recogidos en sentencia, si el recluso ha quebrantado o no sentencia, si ha quebrantado su situación en ausencia de custodia, cuando sale de prisión, permisos, etcétera, así como la comisión de algún delito aprovechando este tipo de situación y, además, el hecho de haber sido clasificado en primer grado.


En el caso de las medidas de seguridad, la instrucción a la que me referí antes recoge un abanico de medidas que son de obligado cumplimiento para el interno durante el disfrute del permiso y abarcan una serie de cuestiones importantes, como control, mediante su presentación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en sus oficinas o dependencias, comisarías o cuarteles de la Guardia Civil; contactos telefónicos -al interno se le llama y se habla con él, se le vigila, se le controla- y acompañamiento por parte de un familiar que se responsabilice de su recogida y reingreso en el establecimiento, entre otras medidas que siempre son individualizadas. Además de esas medidas, vamos a poner en marcha el GPS, tal y como he dicho antes, como una medida de control extra, de control añadido que dificulte extraordinariamente cualquier eventual situación de peligro para cualquier eventual víctima de delitos de esta naturaleza. Repito, estamos haciendo un esfuerzo importante y estoy seguro de que vamos a seguir haciendo ese esfuerzo con la colaboración de todos ustedes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LAS DOTACIONES DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. (Número de expediente 172/000070.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos, señorías, con la última interpelación de esta tarde. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de ejecución y las dotaciones de créditos para el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.


Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, señoras y señores diputados, el día 23 de diciembre último, el Consejo de Ministros conoció el Plan estratégico de infraestructuras y transporte; el día 13 de enero, usted junto con su equipo, lo presentó a los consejeros correspondientes de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; el lunes pasado de esta misma semana, usted lo volvió a presentar a lo más granado del empresariado español en la CEOE. Y al Congreso de los Diputados, ¿cuándo? Si no fuera por esta interpelación del Partido Popular en el Congreso, no se habría oído hablar todavía del PEIT y, si no fuera porque yo lo traigo, esta Cámara todavía no lo habría ni visto. Esperamos oírla hablar del PEIT por lo menos hoy.


Señora ministra, desde su primera intervención en este Congreso, usted presumió y prometió que lo primero que iba a hacer era presentar su plan de infraestructuras al Congreso, que se iba a debatir y consensuar en el Congreso, que se iba a aprobar en el Congreso y que luego se aplicaría, pero de lo dicho, nada de nada. Usted ya ha presentado el PEIT a los consejeros, les ha dicho que es su plan, también les ha dicho que los llamaba para que lo conocieran, pero que ese era el plan que se iba a aplicar. Creo que incluso dijo textualmente: Si el plan fuera consensuado, se lo habría mandado a sus despachos, no hacía falta que nos hubiéramos reunido, les he convocado nada más que para que lo conozcan, para que sepan que este es el plan que se va a ejecutar.


Su primer incumplimiento, y no menos importante, es que ha sustraído a esta Cámara el previo conocimiento, y por ahora el debate, del PEIT y se lo ha presentado como definitivo a los empresarios. Este es el respeto que le merece la Cámara y este es el respeto a la palabra dada. ¿Le suena lo del respeto a la palabra dada? De cualquier forma, me gustaría saber cuál es la razón por la que no lo ha traído al Congreso. ¿Es que no le parece presentable? ¿Es consciente de que España pierde con su PEIT y no se atreve a traerlo? ¿Es que ha querido crear el caldo de cultivo con quienes no le pueden decir que no, los empresarios, para luego hablar aquí de adhesiones? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué les va a contar mañana o qué les van a contar en el foro de transporte que se va a celebrar en el Cedex?

Ha tenido que ser una interpelación urgente del Partido Popular la que le ha obligado a usted a venir a hablar por primera vez del PEIT en el Congreso, lo cual es incomprensible, señora ministra, porque debería haber sido suya la iniciativa. No lo entendemos; la iniciativa debería haber sido suya. Por lo visto esta mañana en la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Fomento, parece que su grupo tampoco tenía ninguna intención, ningún interés en que usted venga a explicarlo en sede parlamentaria. Después de insistirle casi todos los portavoces de los grupos, incluso de esos grupos que les apoyan a ustedes, al Partido Socialista, en el Gobierno de la nación, hemos arrancado a su portavoz

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que la última semana de marzo o la primera de abril, a lo mejor, sería el momento oportuno para que usted viniera a explicar, por primera vez, el PEIT.


La interpelamos porque entendemos que es importante e imprescindible que usted despeje desde ya algunas cuestiones, porque en ese documento -y esperamos que en algún momento se digne hacer, al menos, una jornada especial en la Comisión de Fomento para que lo podamos conocer en profundidad, si es que tiene profundidad- nada se dice de planificación temporal, nada se dice de territorialización de las inversiones y ni siquiera se dice qué parte, o si es toda, de la inversión presupuestada por el Ministerio de Fomento para 2005 se va a hacer a través del PEIT.
Además, usted está haciendo manifestaciones y declaraciones sobre lo que contiene y no contiene el PEIT que provocan confusión. Desde luego, o usted está equivocada o está equivocado este documento. Por ejemplo, y es un tema de suma sensibilidad, el PEIT no habla de AVE, sino de corredores de altas prestaciones. Sin embargo, usted ha dicho en múltiples ocasiones que es lo mismo, que el AVE no cambia. Si no cambia, ¿para qué le cambia el nombre? Lo hace porque cambia, naturalmente. Nada más hay que leer las páginas 88 y 89 del documento para comprobar que el AVE ha desaparecido en España y que, a partir de ahora, hay comunidades autónomas de primera y comunidades autónomas de segunda. Por si fuera poco, ante la visita, impuesta, del presidente de Extremadura, usted le dice que les devuelve el AVE que tenían y que el PEIT les quitaba. No está mal, pero todavía no la he oído decir una sola vez cuál es la velocidad de diseño de ese corredor, si los 350 o los 200-220 kilómetros por hora. Sería muy bueno que usted nos despejara la duda sobre las velocidades de diseño de esos corredores de altas prestaciones.


En su presentación ante el Consejo de Ministros, usted dijo en la nota que acompañaba al documento que el 40 por ciento de la financiación sería con cargo a fórmulas de financiación mixtas público-privadas. En las diapositivas que lo acompañaban se hablaba de colaboración público-privada y también del 40 por ciento. Por el contrario, en el documento PEIT se habla de financiación extrapresupuestaria del 40,5 por ciento y el día 31, es decir, el lunes de esta semana, a los empresarios les dijo que el 20 por ciento sería financiación privada, el 60 por ciento presupuestos del Estado y el 20 por ciento ingresos de los entes públicos dependientes del ministerio. ¿A qué nos atenemos? Porque no es lo mismo; o el documento no sabe lo que es financiación extrapresupuestaria, o la presentación ante el Consejo de Ministros ignora lo que es financiación mixta, o los empresarios -no creo- no entienden lo que es la financiación privada o, lo que es más probable, usted en cada foro ha dicho lo que le interesa.


Un tema internacional. Una nota de su ministerio con ocasión del viaje de los Reyes a Marruecos dice, y leo textualmente: Con esta ocasión, la ministra de Fomento ha comunicado a su homólogo marroquí que el proyecto de enlace fijo entre España y Marruecos por el estrecho de Gibraltar se ha incorporado al Plan estratégico de infraestructuras de transporte que ha presentado al Consejo de Ministros. Ambos ministros -sigue diciendo- han acordado presentar conjuntamente este importante proyecto hispano marroquí a la Comisión Europea solicitando financiación comunitaria para el mismo. Señora ministra, en el PEIT solo se dice, también textualmente: El PEIT contempla el impulso de los estudios y trabajos técnicos que vienen desarrollando España y Marruecos en relación con el proyecto del enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar. Continúa apostillando: Se trata, en cualquier caso, de una actuación a largo plazo cuya ejecución desborda el plazo temporal del PEI ¿Qué proyecto se ha incorporado al PEIT, si sólo hay estudios y trabajos? ¿Qué proyecto, si usted reconoce que no se puede abordar en el plazo temporal del PEIT? ¿Con qué proyecto -si no existe- va a pedir usted ayudas a Europa? ¿Para qué período temporal, si dice usted que lo desborda?

Como ve, el PEIT y usted están generando más dudas, inquietud e incertidumbre que lo contrario. Se supone que, con este documento, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero pretende ofrecer la alternativa -es decir, la respuesta socialista- al PIT 2007 del Partido Popular. Sin embargo, vemos que, desgraciadamente, es sólo una mala copia. ¿Cuál es la alternativa socialista en política de infraestructuras? Pues mire, se resume en una frase: el PEIT sólo es el deslizamiento de diez años y una pérdida de los niveles de calidad y competitividad de las redes ferroviarias previstas y diseñadas en el PIT del Partido Popular. Si le gusta más, el PEIT es como las soluciones habitacionales, pero con trenes eléctricos y coches teledirigidos. El PEIT son las soluciones viarias y ferroviarias habitacionales. Señora ministra, usted ha traído las soluciones viarias y ferroviarias habitacionales; no las ha traído al Congreso, sino a este documento del PEIT. Es decir, son la versión Fomento de las soluciones habitacionales.


Señora ministra, el PEIT no es más que una declaración voluntarista de intenciones para confundir al ciudadano. Además, para ponerlo en marcha, necesita nada más y nada menos que 14 planes y programas, que tendrán cuando acabe la legislatura y así habremos perdido cuatro años. Con el PEIT, el PSOE renuncia a la alta velocidad ferroviaria para España y también renuncia a las vías de gran capacidad. (Pausa.) Quiero que me escuche, señora ministra. Yo me callo; no tengo ningún inconveniente en callarme durante todo el tiempo que sea necesario, pero tengo interés en que usted me escuche. (Rumores.)

Como le decía, señora ministra, el PSOE renuncia a la alta velocidad ferroviaria para España y también renuncia a las vías de alta capacidad, que son las vertebradoras y cohesionadoras del territorio. Si lo llevan

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adelante, a partir de ahora habrá comunidades autónomas de primera y de segunda. La red se denominará de altas prestaciones, pero no tendrá las mismas para todas las comunidades autónomas. El PEIT parte de una confusión interesada de contenidos en cuanto a redes de carreteras y de ferrocarril. Cuando Europa tiene perfectamente definidos los conceptos técnicos y jurídicos, resulta que el PSOE se dedica a innovar por su cuenta. En cuanto al tren, el PEIT considera de altas prestaciones tres corredores diferentes; eso no está en ninguna legislación. Para ustedes, las altas prestaciones son un totum revolutum con varios tipos de actuaciones, tanto tramos de cierre destinados al tráfico mixto como líneas y tramos cuyo trazado se mejora para tráfico mixto, como líneas y tramos troncales para uso exclusivo de viajeros; todo eso es para ustedes altas prestaciones, un totum revolutum. Sin embargo, cuando se analizan los planos, parece que se aplican los mismos criterios en toda España.


En carreteras, el mismo talante, señora ministra. Diseñan y señalan en los planos como actuaciones interurbanas de altas prestaciones tanto las actuaciones en la red básica de altas prestaciones como las actuaciones de acondicionamiento. Es decir, que también se confunde al ciudadano, que está acostumbrado a ver las redes de alta capacidad. Ahora resulta que, si nos descuidamos, son de alta capacidad hasta los bacheos.


En cuanto a la inversión, más de lo mismo. Como le he dicho antes, no hay justificación ni territorialización. La señora ministra ha dicho en la CEOE que los presupuestos del Estado se incrementaban cada año partiendo de un crecimiento del PIB nominal del 6 por ciento para dotar al PEIT. Lo siento, señora ministra, no; rotundamente, no. Tomando por bueno el presupuesto de inversión de Fomento de 2005 -que por cierto, en sus cifras definitivas ya publicadas crece un 8,1 por ciento, lo que nosotros le dijimos en el debate presupuestario y que usted negó diciendo que era más del doble-, si hubiera el crecimiento que usted dice del 6 por ciento anual tendrían que invertir 338.014 millones de euros no los 241.000 millones porque cuentas sabemos hacer todos. Señora ministra, los números que usted presenta en este documento muestran un crecimiento del 1 por ciento, no del 6 por ciento, del 1 por ciento. Aclárese y aclárelo a todos los españoles.


Sé que me estoy pasando. Perdón, señora presidenta. (Rumores.-Un señor diputado: Eso siempre.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
Adelante, señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Sosiéguense. No se pongan nerviosos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Acabe, señor Ayala, por favor, que iba muy bien la tarde. Adelante.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta. Dejaré para la segunda intervención algunas de las cuestiones que quería plantear a la señora ministra. Simplemente le diré que no sabemos cuál es la territorialización, no sabemos cuál es la anualización, no sabemos cuál es la aplicación de fondos europeos, no sabemos qué pasa a partir de 2007, que es una fecha que se pone como elemento que quiebra la aplicación de este PEIT, no sabemos cuáles son las cantidades dedicadas a alta velocidad, a líneas mixtas, a convencional, a acondicionamientos, etcétera. Tampoco sabemos cuál es la justificación de sus pretensiones inversoras ni de sus soluciones financieras. Por tanto -y con esto concluyo- es una exigencia de responsabilidad política que usted aclare en sede parlamentaria todas estas cuestiones que entendemos que debía de habernos explicado con anterioridad. Por supuesto, le exigiremos que comparezca en la Comisión de Fomento para explicarnos un documento que usted había prometido que iba a explicar en sede parlamentaria desde el primer momento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.


Continuamos con el turno de contestación de la señora ministra de Fomento.
Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías, señor Ayala, le agradezco muchísimo su interpelación porque me permite venir aquí mucho antes de que se apruebe el PEIT, que era a lo que yo me había comprometido y lo que sigo manteniendo, por supuesto, porque es un compromiso electoral de mi partido que también se planteó en el debate de investidura y que yo expuse en mi comparecencia cuando expliqué lo que iba a hacer mi departamento. También le agradezco su interpelación porque me permite ofrecerle que se una usted a la búsqueda de un acuerdo sobre un plan que se diseña para el año 2020, que nos va a sobrevivir a muchos de nosotros políticamente hablando, y sería bueno que intentáramos llegar a un pacto de Estado en políticas de infraestructuras.


Cuando usted creía que no le estaba escuchando, me decía mi compañero que no se habían negado a que viniera al Parlamento, a la Comisión o al Pleno, a explicar lo que vamos a debatir porque lo que yo he presentado es un documento de propuestas. Me he atrevido a presentar no un documento definitivo para imponerlo sino un documento de propuestas para debatir con los empresarios -veo que está usted muy bien informado de lo que se habló en aquella reunión-, con los sindicatos, con el foro de transportes, que se celebrará mañana, o con las comunidades autónomas, que ya se ha celebrado. Es decir, hemos tenido el valor no solamente

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de presentar una planificación detallada de lo que vamos a hacer en política de infraestructuras en los próximos 15 años sino que hemos traído un documento previo para que sea debatido.


Yo le ofrezco que se una a ese diálogo, a ese debate para tratar de buscar un consenso, porque creo que es muy importante para nuestro país, para nuestro crecimiento económico, para la cohesión territorial, para el desarrollo en todos los aspectos, económico y social, y yo le ofrezco, si a usted le parece bien, que tratemos de llegar a un acuerdo. Va a ser muy fácil llegar a un acuerdo porque he incluido en el PEIT el documento -esto sí que es un documento- que ustedes llaman plan en su portada, pero que en la segunda página llaman programa -no plan- y después, cuando se fueron del Gobierno, lo llamaron catálogo. El señor Álvarez-Cascos me entregó este documento de catálogo de actuaciones. Este plan, programa, catálogo o como lo queramos llamar, señor Ayala, tiene 12 folios, incluido todo lo que iban a hacer en telecomunicaciones -dos folios- y cinco mapas. Lo pueden ustedes ver, aunque ustedes lo conocen porque lo habrán debatido. Le puedo asegurar que ese plan, ese magnífico plan que ustedes reivindican, está incluido íntegramente en las 160 páginas del documento que ustedes tienen, con letra chica, por delante y por detrás.
Su plan o lo que usted quiera, programa, folleto, catálogo, cualquier cosa, en cuanto a las carreteras incluye -estas son las cuentas- un folio, señor Ayala, medio folio, porque tiene muchos puntos y aparte. Eso es lo que nosotros hacíamos en los exámenes de la facultad cuando no teníamos nada que decir. (Aplausos.)

Yo le agradezco la interpelación porque me siento orgullosa de este trabajo, me siento orgullosa de las 160 páginas donde se recogen objetivos, prioridades, actuaciones, planes modales, referencias, criterios generales para los soterramientos, para las autopistas, para las variantes, para todo hay criterios generales sobre los que tenemos mucho que acordar, señor Ayala, porque la mayor parte de este plan tendrá que aplicarse en territorio donde están gobernando ustedes.


Señoría, tengo que decirle una cosa. Este plan, el plan del Partido Socialista para esta legislatura y para las dos siguientes es un plan que recoge exclusivamente competencias estatales. Hago tanto hincapié en esto porque en el PIT, cuando se hablaba de los kilómetros de carretera que iba a hacer el señor Álvarez-Cascos, se recogían también las carreteras que iban a hacer la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia. (El señor Ayala Sánchez hace gestos negativos.) Sí, señor Ayala, 500 kilómetros.
Como hoy vengo aquí para explicarles a ustedes qué hemos recogido en este documento, lo primero que les digo para que no quepa la menor duda es que solamente son competencias estatales; con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales tratamos de coordinar las competencias transferidas en materia de infraestructuras y servicios de transporte porque es básica la coordinación. Como usted ha dicho perfectamente, he puesto el plan en conocimiento del Consejo de Ministros porque la aprobación vendrá después de todo el periodo de debate. Usted no me ha traído a rastras, señor Ayala, yo estoy encantada de estar aquí interpelada por usted para hablar del Plan estratégico de infraestructuras y transporte. Vengo encantada porque además es una ocasión para decirle que el procedimiento es el siguiente. Primero, se elabora con la participación de las comunidades autónomas y de los empresarios. Hemos estado en contacto con todos para saber qué es lo que pensaban de las competencias del Gobierno central, cómo creían que teníamos que ejercer estas competencias, los estamos oyendo y no sé por qué le ha parecido a usted mal lo que dije a los consejeros de las comunidades autónomas. Este no es un plan de una comunidad autónoma ni yo le voy a decir a la comunidad autónoma lo que tiene que hacer para completar mi plan, el plan que propongo, sino que las oigo, me coordino, debato y hago un plan equilibrado, con criterios de equidad y de cohesión territorial, ni mucho para unos y poco para otros, ni viceversa. Por lo tanto, lo primero es elaborarlo con la participación de todos y después lo que hemos hecho ha sido llevarlo al Consejo de Ministros, presentarlo y esperar un período de tiempo para que los ministros lo estudien a nivel del Consejo de Ministros, pues había sido analizado y debatido a otro nivel. Eso fue el 23 de diciembre, como usted bien ha dicho, y después de las Navidades lo primero que hago es citar a todas las comunidades autónomas para presentarles un documento provisional, que por supuesto espero sea definitivo en su mayor parte, puesto que ha tenido cabida y ha sido escuchado todo el mundo, pero que es susceptible de mejoras y de observaciones. Lo hemos sometido a debate, esa es la valentía que hemos tenido y la confianza que tenemos en este plan. Luego lo vamos a analizar con todo lo que le he dicho a usted, lo llevaremos al Consejo de Ministros, que lo aprobará, y lo traeremos aquí para su debate y análisis, como todo lo que se debate a ese nivel. No tenga usted esa especie de resquemor y sobre todo no se apunte un tanto que francamente no es suyo, que es que el plan está aquí porque usted lo ha traído. El plan lo tienen todos los portavoces de la Comisión de Infraestructuras encima de su mesa. (El señor Ayala Sánchez: ¡De eso nada!) Sí, sí, vaya usted a su mesa y verá como lo tiene. (Risas.) Esto es como los Reyes Magos, señor Ayala. Vaya usted a su mesa y verá como lo tiene.
(Aplausos.) Le han llegado los Reyes Magos. Tiene usted el plan encima de la mesa. De todas maneras, verá usted... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Siga, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Estamos aquí en confianza, casi en familia, así que sosiéguense ustedes.


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Fíjese usted si no hay cutrerío en el sentido de repartir el plan que usted ha venido aquí con él en la mano y nos lo ha enseñado, cosa que le agradezco, porque me ha hecho propaganda del plan del Gobierno.
Muchísimas gracias por darle publicidad y, francamente, por seguir tan de cerca el plan, los comentarios, lo que se ha dicho en un sitio y en otro.
Yo he notado -se lo agradezco y le reconozco ese mérito- que usted ha estado interesado desde el principio en conocer el plan.


Quisiera despejarle algunas dudas. Altas prestaciones, señor Ayala. Le voy a confesar hasta un secreto. Cuando no se entendía lo que eran altas prestaciones yo les dije a los consejeros que no tenía ningún inconveniente en llamarlo alta velocidad. Igual que lo he denominado altas prestaciones, les dije a los consejeros de las comunidades autónomas que si eso significaba una mala interpretación, que estoy segura que habrá sido de buena fe por su parte, de que alta velocidad y altas prestaciones no son lo mismo y que además iba a haber comunidades autónomas de distintos niveles, modificaba el término y lo llamaba alta velocidad. Le estaba diciendo que le iba a confesar un secreto y es que también me he decidido por cambiarle el nombre porque por lo visto Álvarez-Cascos lo llamaba así, con lo cual, cuando me he enterado, he pensado que no era lo más afortunado, ya que él lo llamaba así para enmascarar lo que no era alta velocidad y yo lo he hecho para decir que es alta velocidad, más doble vía, más electrificación, más una serie de cosas, más posibilidad de tráfico mixto. Y en cuanto a eso que usted ha dicho, que no se sabe qué es la alta prestación, lo sabe la gente que entiende y como usted tiene que entender, porque es su responsabilidad, de entrada ya le digo que alta prestación significa más que la alta velocidad, porque la alta velocidad es cumplir una directiva, que es ir a 200 o a más de 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando el señor Cascos decía que iba a poner la alta velocidad en el Bobadilla-Granada y era única vía y sin electrificar, no se le podía decir que no, porque con que el tren corriera a más de 200 kilómetros por hora, ya era alta velocidad, pero, claro, era una alta velocidad del subdesarrollo, señor Ayala. O el eje atlántico de Galicia, de esa Galicia que ustedes tanto defienden de boquilla en infraestructuras, porque cuando tuvieron que diseñar lo que se iba a hacer en Galicia diseñaron una alta velocidad sin electrificar en el eje atlántico.. (Un señor diputado: ¡Mentira!) Mentira no, señor diputado. Haga uso de la palabra cuando le corresponda y mientras tanto respéteme. No estoy diciendo ninguna mentira. Verá usted cómo estamos contratando la electrificación, que no lo vamos a hacer dos veces; por lo tanto, si vamos a contratar la electrificación del eje atlántico, es la prueba del nueve de que ustedes no lo habían hecho.
(Aplausos.)

Usted me preguntaba por los plazos de finalización y de pronto se ha ido al estrecho de Gibraltar para decir que el PEIT no sirve. El plazo de finalización de todas las obras incluidas en el PEIT es el de 2020 y, por supuesto, en 2020 no va a estar construido el túnel del estrecho de Gibraltar. Sin embargo, es una obra tan importante y como queremos ser absolutamente honrados y respetuosos -cosas que alguno a lo mejor ni siquiera entiende- y el túnel del Estrecho no va a estar listo antes de 2020, no lo hemos incluido como una obra a terminar en 2020. Lo hemos incluido exactamente con los compromisos que tenemos -y me va usted a perdonar- a nivel internacional, de realizar los estudios; además, hemos llegado a un compromiso con Marruecos para ir de la mano a pedir financiación europea para una conexión que no es entre dos países, ni entre Europa y Marruecos, sino que es entre Europa y África, y, por tanto, entendemos que tiene que ser financiado con fondos europeos.
Además, si eso ayuda a que España y Marruecos se gasten menos y consigamos que el resto de los europeos aporten fondos en esa gran obra, no sé por qué le molesta a usted que hayamos llegado a ese compromiso.
Son compromisos internacionales que nosotros vamos a respetar. Seriedad, rigurosidad y profesionalidad todo eso es, señor Ayala, lo que hemos trasladado al plan que hemos presentado.


Si hablamos de temporalidad le voy a leer lo que viene en el PEIT y que no venía en el plan que ustedes tanto valoran. Como nosotros en el PEIT ponemos lo suyo, más dos huevos duros, no le puede parecer mal. Nosotros estamos diciendo el mismo trazado del AVE en el eje atlántico, pero ustedes no electrificaban y nosotros sí: pues tendrá que parecerle bien.
Respecto a la doble vía, ahora le diré dónde vamos a poner doble vía para que no quede la menor duda. Señor Ayala, yo le pido que a partir de ahora, en vez de tener la referencia del plan anterior, que francamente es muy malo y así ustedes no van a poder avanzar, ustedes miren para el futuro, se olvidan de lo que no hicieron, se montan en el carro nuestro y estamos todos tan contentos haciendo infraestructuras en condiciones.


¿Qué dice del plan la Intervención General de la Administración del Estado, que a partir de ahora llamaré IGAE? Pues dice que el Plan de infraestructuras 2000-2007 es un documento sin ningún rango normativo y que tan solo describe actuaciones con un coste globalmente estimado.
Asimismo dice que la incidencia y desviaciones económicas y temporales que se ponen de manifiesto en el informe son en buena medida consecuencia de las debilidades y carencias del proceso de planificación. Me estoy refiriendo al informe de la IGAE de 2003, no de 1977. La IGAE dice que el auditor, que es el interventor, no conoce ningún tipo de concreción de ese plan global, ni tampoco una actualización que permita conocer las actuaciones realizadas y sobre todo las actuaciones en marcha y a iniciar con la estimación de su coste y un horizonte temporal de ejecución que permita opinar sobre su factibilidad.


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Tengo cantidad de estas perlas, no se puede usted ni imaginar, como una guía de teléfonos.


Yo le ofrezco a usted que miremos hacia delante y hablemos del PEIT y si queremos compararlo, yo le voy a hacer algún tipo de comparación temporal. En la página 2 de este plan que se refiere a carreteras -porque en la portada dice 2000-2007, pasamos la página 1 que está en blanco y otra no dice nada y es entonces cuando se llega a carreteras-, en ese folio que le he enseñado, en su primer párrafo, ya no dice 2000-2007, sino que se irá hacia el umbral de 2010. Ni siquiera en 2010, señor Ayala, pensaba terminar el plan el señor Cascos: hacia el umbral de 2010.
Que me digan a mí qué tipo de concreción temporal es esa. Por lo tanto, no entiendo la crítica de que no se concretan en el plan las temporalidades. No hay ninguna fecha más, en ese plan no hay ninguna fecha más. Digo esto para que cuando me pregunten ustedes por las fechas en las que voy a hacer los tramos se acuerden que cuando ustedes planificaban no solamente no ponían fechas, sino que ponían umbrales de fechas. Por tanto, la flexibilidad de hacer o no hacer era efectivamente llamativa.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego vaya concluyendo, por favor, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señora presidenta.


Voy terminando. Espero en la réplica poder contestarle a lo que no haya podido ahora.


En cuanto a valoración económica, hay dos documentos, señor Ayala: este primero, este chiquitito, en donde aparecen 54.000 millones de euros, y después pasan dos meses y el señor Cascos, que no ha debatido este plan con nadie, aparece en el Congreso y lo presenta, y dice que son -así viene recogido en el "Diario de Sesiones"- 102.773 millones, o sea, que sin saber cómo pasamos de 54.000 en el papelito a 102.773: se ha multiplicado por dos. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Por consiguiente, concreción económica, señor Ayala, poca. Le voy a decir cuál es nuestra concreción temporal y económica. Primero, terminar todo en el horizonte de 2020 y después respetar todos los plazos a los que nos hemos comprometido desde el Plan Galicia, al acuerdo de Extremadura, al acuerdo en Castilla y León, todos aquellos que hemos ido cerrando y que son compromisos de legislatura y posterior a la legislatura, como es el Plan Galicia. Todos esos plazos los vamos a cumplir. La concreción económica la tiene usted por epígrafes o conceptos en las últimas páginas y podrá apreciar que son 241.392 millones de euros. Aquí tiene usted toda la concreción económica, y en los presupuestos y en los programas de legislatura irá viendo usted cómo se van concretando esas partidas presupuestarias.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Señor Ayala, es su turno de réplica. (Rumores.)

Solo quedan diez minutos de silencio, si les parece, y acabamos la interpelación.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora ministra, yo no le he dicho al principio de mi intervención que sabía que usted me iba a agradecer que yo le hiciera esta pregunta porque me parecía que esta vez no iba a utilizar esa muletilla tan fácil y tan zafia, ya que parece que cada vez que el Partido Popular le hace una pregunta usted lo agradece. La buena prueba es que pierde usted rápidamente los papeles, como los ha perdido hoy. También los perdió cuando me contestó lo mismo a por qué había renunciado al plan extraordinario de ferrocarriles en los presupuestos y dijo que no estaban todavía aprobados. Ya lo están y usted se ha tragado el plan extraordinario de ferrocarriles para contentar los votos de Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, ya sabía que usted me iba a contestar eso, pero lo que no me podía esperar es que usted iba a venir aquí a jugar de esta manera con la hipocresía y la falsedad y encima a pedir consenso. No es verdad que el Plan de infraestructuras y transportes 2000-2007 fuera ni un catálogo ni un programa ni la documentación que usted ha traído aquí. (Un señor diputado: Era un proyecto.) Cuando quiera hablamos del mismo, un plan serio, un plan con financiación, un plan con temporalidad, por mucho que usted diga, y desde luego un plan, señora ministra, que en abril de 2004 le dejó en marcha obras por valor de 30.618 millones de euros. Ese es el catálogo y el programa que usted hoy viene a criticar con poco respeto, sin reconocer la seriedad y burlándose de la eficacia y la planificación de las infraestructuras del Partido Popular, y viene a decir que nos ofrece consenso porque está todo incluido. ¡Ojalá! Ya quisiera usted haber incluido dentro del PEIT el Plan de infraestructuras y transportes del ministro Cascos, porque, diga usted lo que diga, España nunca prosperó tanto como con el Partido Popular, entre otras cosas porque el Partido Popular sí que cree en España, no la va a destrozar: nosotros creemos en la España con mayúsculas. Ahora bien, esa credibilidad no ha sido gratis, nos la hemos ganado a pulso. ¿Cómo? Invirtiendo. Muchas veces lo he dicho, las infraestructuras no hablan, pero son elocuentes, ahí están para comprobarlas.


Desde luego, yo no miro hacia atrás. Ha hecho usted hoy más referencias al plan de Cascos que yo. Yo sólo me he referido a su PEIT y usted para justificar su PEIT habla del plan de Cascos, lógico y natural, porque no puede hablar de otra cosa nada más que del plan de Cascos. Falta usted a la verdad cuando habla de la alta velocidad. La alta velocidad es un concepto y un diseño para unas velocidades. Usted todavía no ha explicado

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ese concepto y ese diseño. Usted habla de un concepto de altas prestaciones que no está definido ni en la legislación española ni en la legislación europea, y la alta velocidad sí está definida en la legislación española y en la legislación europea. Por tanto, señora ministra, con cuentos chinos y con catálogos o listas de teléfono o con rollitos de primavera, si quiere que se lo recuerde, no hace falta que venga a contarlo aquí. Ni el PEIT es un plan, ni establece un solo plazo, ni vincula un solo euro ni ninguna obra, ni analiza ni territorializa; al contrario, pone deberes a cuatro gobiernos, y ahora viene usted a decir que cómo va a poner deberes a cuatro gobiernos y que ofrece un consenso, pero despreciando la labor, en la que usted ha tenido que basarse para la que usted está ejecutando, de los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Pues, discúlpeme, pero eso corresponde más a la esquizofrenia parlamentaria que al ánimo de negociación, al ánimo de consenso que usted nos está pidiendo.


Nosotros sí creemos en la España solidaria y en la España vertebrada, la España en la que las infraestructuras sirven para eliminar diferencias y no para ampliarlas. Con su diseño de carreteras y con su diseño de ferrocarril, usted aumenta la diferencia entre unas comunidades y otras, usted no trata igual a todas las comunidades, y nosotros en eso no creemos. Desde luego, sus respuestas en nada satisfacen y la moción consecuencia de interpelación la tendremos que plantear. Confirmamos que durante estos meses la única obsesión del Gobierno del Partido Socialista es el revisionismo permanente a todo lo que ha hecho el Partido Popular (Un señor diputado: Si no ha hecho nada.), en contra de una obra que sirve a todos los españoles, que les hace cargarse todo aquello que lleva la etiqueta de hecho por el PP. Lo han hecho con el trasvase del Ebro, lo han hecho con la educación, lo han hecho con la justicia y ahora lo hacen con las infraestructuras. Ustedes sabrán adónde llevan a España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señora ministra, con su turno de dúplica.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.


Señor Ayala, no se enfade ni tampoco se sienta tan mal porque no haya entendido bien el chiste. El chiste que conté tenía mucha gracia.
Distinto es que usted se sintiera agraviado, pero no lo recuerde usted como si fuera una barbaridad. ¡Claro que me acuerdo de los rollitos de primavera y de los cerdos agridulces! Me acuerdo del chiste entero, que además es buenísimo. No me lo he inventado yo y tiene muchísima gracia.


Señor Ayala, no me tiene que llamar zafia, hipócrita, falsa, ni decir que tengo poco respeto o que me he burlado. Yo no me he burlado de nadie. Son 12 páginas. Dicho así, a usted le parece mal, pero eso es lo que hay.
Además, yo no lo he llamado programa. Cuatro veces en el mismo texto, en 12 páginas, el que escribe, que no sé quién ha sido, pero seguro que ha sido uno de ustedes, pone programa. Yo no lo he llamado catálogo. Me lo han dado ustedes, me lo dio el ministro. Eso fue lo que me dio cuando se fue. Esto es lo que hay y lo llama catálogo. Además, no lo he dicho el primer día, lo estoy diciendo cuando han pasado nueve meses. Le estoy diciendo: no insista usted. Usted insiste y yo le digo lo que hay. Pero no me tiene que insultar. De todas maneras no me he sentido insultada.
Zafia a mí me parece un insulto y falsa también. A lo mejor a usted le parece una cosa normal, pero a mí hipócrita, zafia y falsa me parecen insultos, pero dicho así, me da igual.


Tenga un poco más de sentido del humor, porque no nos vamos a cargar nada de lo que ha hecho bien el PP, lo vamos a conservar y mejorar. Es más, he dicho que voy a continuar todo lo que empezó el PP en materia de infraestructuras. Lo he dicho una y otra vez. Precisamente, si tengo un defecto, es que hablo demasiado claro. No se puede decir: es que no he entendido lo que ha dicho. No, le he dicho que vamos a meter todos los proyectos que ustedes pusieron. Ahora también le digo que los vamos a ver uno a uno. Por ejemplo, efectivamente le he dicho a usted que en la directiva y en el real decreto viene definido lo que es la alta velocidad, que es una velocidad por encima de los 200 kilómetros por hora. Tampoco hay que hacer una tesis doctoral para saber eso (Risas.); eso es lo que es. ¿Se puede hacer electrificado o no? A nadie se le ocurre pensar que a estas alturas del siglo se va a hacer una infraestructura, una nueva vía de tren sin electrificar, pero a ustedes sí: el eje atlántico y el Granada-Bobadilla. ¿Qué quieren ustedes que les diga? Vamos a ver, señor Ayala, ¡pero si no funcionan ni los teléfonos en el Madrid-Lleida! Los hemos puesto en funcionamiento después de pagar 30 millones de euros -se lo digo para que usted vaya sabiendo lo que nos cuestan todos los errores- y todavía no funcionan, por los túneles.
Tenemos que cambiar el chip, mirar un poquito al futuro y saber lo que es una España moderna.


En ningún momento he dicho que me voy a cargar nada de lo que haga el PP, porque mi racionalidad no me lo permite, mi lógica no me lo permite. Yo no sería capaz de decir eso en alto, es que no lo puedo ni pensar, señor Ayala. Pero las cosas que ustedes han hecho mal y encima las hemos heredado, como es el Madrid-Lleida, las tendremos que arreglar. ¿Qué quiere usted que diga? ¿Que no las hemos arreglado y que las dejaron ustedes bien, cuando llevamos no sé cuánto tiempo gastándonos dinero y no hay manera de rectificar los sucesivos errores que se han cometido con esa línea?

Ustedes tienen un problema y es que tienen dos símbolos: el AVE Madrid-Lleida, pero es que tienen al lado el de Sevilla, y qué le voy a decir a usted; también tienen el aeropuerto de Barajas, que se va a poner en

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servicio dos años después de que lo inauguraran, como si se pudiera llegar a algún sitio con ese aeropuerto que estaba en obras cuando ustedes lo inauguraron, que ha costado el doble, que han tardado dos años más. ¡Pero qué le voy a decir a usted, señor Ayala! Pero nunca me cargaré nada. A mí me dan coraje hasta las películas en las que se rompen cosas. No me pienso cargar nunca nada. Todo lo que miro es para construir, por eso me gusta tanto la responsabilidad que me han dado, que es hacer las cosas bien, señor Ayala.


Me remito, antes de tener que terminar, a lo que vamos a hacer en carreteras, a lo que vamos a hacer en ferrocarril, a lo que vamos a hacer, por ejemplo, en puertos. Cuando hablan del Plan Galicia, ¿por qué no dicen ustedes que en el Plan Galicia que ustedes aprobaron lo que venía no era la construcción del puerto sino el estudio de viabilidad? Lo que usted ha criticado de Gibraltar, pero en Galicia. Era el estudio de viabilidad, porque ni siquiera eran los análisis concretos que se están haciendo ahora del puerto, y se fueron y dejaron el puerto sin el estudio de viabilidad aprobado. ¿Por qué no dicen eso ustedes? Es rotundamente cierto y le remito a usted al acuerdo del Consejo de Ministros, a la resolución y a los papelillos que han ido distribuyendo ustedes sobre el Plan Galicia. Rotundamente cierto. La primera fecha que se pone en el Plan Galicia en este Congreso es cuando ya estaba gobernando el Partido Socialista, la primera fecha que se pone, la primera. ¡Me va a hablar ahora de lo que no han hecho! (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Vaya terminando, señora ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): ¿Tengo que terminar? (Risas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Pues entonces termino diciéndole, señor Ayala, que cuantitativa y cualitativamente hablando el plan que hemos traído, que hemos presentado -no en esta Cámara, porque no se presenta hasta que no lo apruebe el Consejo de Ministros- y que hemos abierto al debate es un plan que resuelve muchas de las cuestiones pendientes, que ayuda al equilibrio territorial y a la equidad, no solamente al acceso de las prestaciones económicas sino también de los servicios públicos, que trata al territorio con unos criterios de equilibrio y que además pone al país en la situación de modernidad que necesita para incrementar su capacidad de competir y para poner todos sus activos en valor.


Espero, señor Ayala, que a partir de esta presentación lo reconsideremos, cambiemos el tono de nuestros debates y que seamos capaces de buscar un sitio común para que España tenga las infraestructuras que le corresponden.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.


Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.


Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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