DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 66, de 02/02/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 66
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 61
celebrada el miércoles, 2 de febrero de 2005
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre planes del Gobierno
para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en
las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan
lugar al traslado de poblaciones. (Número de expediente 172/000068.)
... (Página 3176)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la
política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la
reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual. (Número
de expediente 172/000069.) ... (Página 3182)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los
plazos de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. (Número de expediente
172/000070.) ... (Página 3188)
Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Tiene previsto el Gobierno conceder alguna nueva licencia de
televisión analógica en abierto de cobertura estatal con anterioridad al
llamado apagón analógico? (Número de expediente 180/000483.) ... (Página 3156)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que
formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son los contenidos que ha
modificado el Gobierno de la campaña del referéndum de la Constitución
Europea? (Número de expediente 180/000484.) ... (Página 3157)
Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué ha
intervenido el Gobierno en varias operaciones empresariales incumpliendo
su programa electoral? (Número de expediente 180/000495.) ... (Página 3158)
Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cree el Gobierno que las
propuestas de los Sres. Ibarretxe y Maragall contribuyen a dar
cumplimiento a lo planteado por el Presidente del Gobierno en el debate
de investidura? (Número de expediente 180/000496.) ... (Página 3159)
De la Diputada doña Alicia Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Por qué no asistió el Alto
Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo a la manifestación
convocada por la AVT el pasado 22 de enero? (Número de expediente
180/000497.) ... (Página 3160)
De la Diputada doña Lourdes Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Mantiene la Vicepresidenta sus
declaraciones en las que afirma que los inmigrantes abandonados en la
Península "están en una escala de repatriación"? (Número de expediente
180/000498.) ... (Página 3161)
Del Diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC), que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del
Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno español
cumplir con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y con
las resoluciones de la Junta Electoral Central respecto a la campaña
informativa sobre la Constitución Europea? (Número de expediente
180/000503.) ... (Página 3162)
Del Diputado don Jorge Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Piensa el Gobierno pedir explicaciones y, en su caso,
excusas, al Reino de Marruecos por las infamias vertidas contra el
anterior Gobierno de España? (Número de expediente 180/000500.) ... (Página 3162)
Del Diputado don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué
motivos justificaron el viaje secreto del Ministro de Defensa a Venezuela
el pasado 25 de enero? (Número de expediente 180/000501.) ... (Página 3163)
Del Diputado don Celso Luis Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Considera que el Presidente del Gobierno ha defendido como
debía los intereses de las empresas españolas en su reciente viaje a
Argentina? (Número de expediente 180/000502.) ... (Página 3164)
De la Diputada doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno de
la elección del nuevo Presidente palestino tras la convocatoria electoral
del pasado día 9 de enero? (Número de expediente 180/000485.) ... (Página 3165)
Del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación: ¿Qué balance hace el Gobierno de España de las recientes
elecciones en Irak en la perspectiva del restablecimiento de la paz y
seguridad en Oriente Próximo? (Número de expediente 180/000486.) ... (Página 3166)
Del Diputado don Emilio Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales:
¿Piensa el Ministerio de Trabajo incrementar la cuantía de las pensiones
contributivas inferiores al salario mínimo interprofesional hasta que
adquieran una dimensión idéntica a éste? (Número de expediente
180/000482.) ... (Página 3167)
De la Diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene el
Gobierno intención de revisar el Plan Técnico Nacional de la Televisión
Digital Local en relación a las licencias previstas para algunas
Comunidades Autónomas como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra?
(Número de expediente 180/000481.) ... (Página 3168)
De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria,
Turismo y Comercio: ¿Qué valoración hace el Ministro de Industria sobre
su reciente visita a Latinoamérica? (Número de expediente 180/000488.)
... (Página 3169)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de
Cultura: ¿En qué situación se encuentra el Museo de Dulcinea, en El
Toboso, en este año en que se conmemora el IV Centenario de la
publicación de El Quijote? (Número de expediente 180/000490.) ... (Página 3170)
Del Diputado don Mario Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Cuándo van a
finalizar las obras del Museo Cervantino de Valladolid? (Número de
expediente 180/000491.) ... (Página 3171)
De la Diputada doña Yolanda Casaus Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio
Ambiente: ¿Cómo valora el Gobierno la aprobación por la Comisión Europea
del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión? (Número de
expediente 180/000493.) ... (Página 3172)
Del Diputado don Sebastián Quirós Pulgar, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio
Ambiente: ¿Cuál ha sido el resultado de la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, celebrada en Santander los días 27 y 28 de enero de 2005, en
relación con los incendios forestales? (Número de expediente 180/000494.)
... (Página 3173)
Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Quién
dió la orden de detención de dos militantes del Partido Popular el pasado
25 de enero? (Número de expediente 180/000499.) ... (Página 3174)
Del Diputado don José Luis Galache Cortés, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Cuál
es el estado de las negociaciones para el traspaso de competencias en
materia de Administración de Justicia a las Comunidades Autónomas que
todavía no las tienen asumidas? (Número de expediente 180/000487.) ... (Página 3175)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre planes del Gobierno
para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en
las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan
lugar al traslado de poblaciones ... (Página 3176)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, interpela al
señor ministro de Justicia sobre las expropiaciones forzosas efectuadas
por el Estado para la construcción de embalses que condenan a
determinados pueblos a desaparecer o fuerzan la emigración de la mayor
parte o de la totalidad de los vecinos. Considera que estas actuaciones
vulneran el artículo 19 de la Constitución española que proclama que los
españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular
por el territorio nacional. Explica en qué consiste la libertad de
residencia y presenta una iniciativa que, entiende, es de profunda
renovación política, consistente en la derogación de todas aquellas
normas, y en especial las relativas a la Ley de Expropiación Forzosa, que
amparan la realización de proyectos u obras públicas que imponen la
desaparición de núcleos habitados y niegan a los habitantes de dichos
lugares su libertad de habitar en ellos.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Justicia (López
Aguilar). Agradece la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto porque le brinda la ocasión de debatir sobre algunos aspectos que
no por ajenos a la agenda política más apremiante dejan de tener
importancia, porque se trata de un derecho fundamental como es el de la
libre circulación y elección de residencia, garantizado en la
Constitución en su artículo 19, porque se refiere a la expropiabilidad de
la propiedad, reconocido también como derecho de rango constitucional en
el artículo 33, y porque se refiere también a las garantías frente a la
expropiación de la propiedad por las que deben velar los poderes
públicos, sometiéndose al principio de legalidadon Explica estos aspectos
y termina diciendo que no considera necesaria y urgente la modificación
de la Ley de Expropiación Forzosa, sin perjuicio de que todas las leyes
son susceptibles de modificación.
Replica el señor Labordeta Subías, y duplica el señor ministro de
Justicia.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la
política penitenciaria que piensa adoptar el Gobierno frente a la
reincidencia en la comisión de delitos contra la libertad sexual ... (Página 3182)
La señora Pigem i Palmés presenta en nombre del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) una interpelación sobre el régimen de
permisos penitenciarios y la aplicación de las medidas de reinserción
social de las personas condenadas por la comisión de delitos contra la
libertad sexual, porque estos hechos causan gran alarma social en el
conjunto de la sociedad española. Explica algunos hechos ocurridos
recientemente y considera llegado el momento de abrir un debate
parlamentario para saber si desde el Gobierno se van a adoptar medidas y,
en caso afirmativo, qué medidas se van a adoptar para
combinar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de las ciudadanas,
con la resocialización de los condenados por delitos contra la libertad
sexual, para combinar el mandato constitucional del artículo 25.2 de la
Constitución, que ordena la orientación de las penas privativas de
libertad y de las medidas de seguridad hacia la reeducación y la
reinserción social, con el derecho de la sociedad a ser protegida.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior (Alonso
Suárez), que se muestra de acuerdo con casi todo lo expuesto por la
interpelante, a la que agradece el tono y el contenido de su
intervención. Pone de relieve la política prioritaria del Gobierno en
cuanto a la violencia contra las mujeres, pero en el ámbito de la gestión
penitenciaria afirma que se ha de tener en cuenta que en Cataluña, por
ejemplo, la administración penitenciaria está transferida, por lo que
sólo puede responder sobre los criterios de la administración
penitenciaria del Estado. Muestra su voluntad de llegar a una reflexión
conjunta sobre si se está siguiendo la línea adecuada y sobre cómo se
puede profundizar en la mejora del tratamiento penitenciario de reclusos
que a menudo son de especial peligrosidad. Por otra parte, afirma que el
tratamiento penitenciario y los programas que tienden a rehabilitar y a
reinsertar a los reclusos no sólo son un deber constitucional, sino
también una medida práctica y da cuenta de una serie de programas de
tratamiento para delincuentes sexuales en un número importante de
establecimientos penitenciarios que se están llevando a cabo por
Instituciones Penitenciarias. Termina su intervención diciendo que no hay
que olvidar que hay que reinsertar, pero tampoco se debe olvidar que hay
que tutelar la seguridad de la sociedad en la que vivimos, sobre todo en
delitos especialmente traumáticos y repudiables que no pueden ser
tolerados bajo ningún concepto.
Replica la señora Pigem i Palmés, y duplica el señor ministro del
Interior.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos
de ejecución y las dotaciones de crédito para el desarrollo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte ... (Página 3188)
El señor Ayala Sánchez interpela en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso a la señora ministra de Fomento sobre el Plan estratégico
de infraestructuras y transporte que se presentó en el Consejo de
Ministros el 23 de diciembre, que el 13 de enero se dio a conocer a los
consejeros correspondientes de las comunidades y ciudades autónomas y que
el lunes de la semana pasada se presentó a lo más granado del
empresariado español en la CEOE, sin que el Congreso de los Diputados
sepa todavía de que se trata. Recuerda que la señora ministra desde su
primera intervención en este Congreso prometió que lo primero que iba a
hacer era presentar su plan de infraestructuras en el Congreso, que se
iba a debatir y a consensuar en el Congreso, que se iba a aprobar en el
Congreso y que luego se aplicaría. Con esta interpelación su grupo
pretende que la señora ministra hable en el Congreso del PEIT y hace una
serie de preguntas sobre cuál es la razón de no haberlo presentado ya
como prometió. Asimismo considera una exigencia de responsabilidad
política que la señora ministra aclare en sede parlamentaria una serie de
cuestiones del plan que entiende que debería haber explicado con
anterioridad y exige su comparecencia ante la Comisión de Fomento.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Fomento (Álvarez
Arza), que aclara que lo que ha presentado a los empresarios ha sido un
documento de propuestas para debatir con los empresarios, con los
sindicatos, con el foro de transportes o con las comunidades autónomas,
pero no el Plan estratégico de infraestructuras y transporte, que era a
lo que se había comprometido y lo sigue manteniendo porque es un
compromiso electoral de su partido. Agradece la interpelación porque la
permite pedirle al interpelante que se una a la búsqueda de un acuerdo en
un plan que se diseña para el año 2020, porque sería bueno intentar
llegar a un pacto de Estado en políticas de infraestructuras. Explica
algunos aspectos del plan y asegura que en el constan las propuestas
contenidas en el plan anterior del Partido Popular, pero aclara que en él
se recogen exclusivamente competencias estatales, limitándose a coordinar
con las corporaciones locales y con las comunidades autónomas las
competencias transferidas en materia de infraestructuras y servicios de
transporte.
Replica el señor Ayala Sánchez, y duplica la señora ministra de Fomento.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO CONCEDER ALGUNA NUEVA LICENCIA DE TELEVISIÓN
ANALÓGICA EN ABIERTO DE COBERTURA ESTATAL CON ANTERIORIDAD AL LLAMADO
APAGÓN ANALÓGICO? (Número de expediente 180/000483.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Sesión de control al Gobierno. Preguntas al presidente del Gobierno. En
primer lugar, del diputado señor Duran i Lleida.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, recientemente, antes de...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señor Duran, no sabe usted cómo le
comprendo. (Rumores.) Por favor, tomen asiento y guarden silencio,
estamos en sesión. (Pausa.) Adelante, señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente del Gobierno, antes de
Navidades, cayó en mis manos una revista técnica que decía lo siguiente.
La vía más adecuada, moderna y rigurosa para fomentar el pluralismo
televisivo en España es a través del impulso decidido de la televisión
digital terrestre, una tecnología que permite la emisión de al menos
cuatro canales donde ahora hay uno analógico. Así se está haciendo en los
principales países de Europa y España y no puede ni debe ser una
excepción; dar una u dos licencias analógicas más pudiendo otorgar, en su
lugar, ocho canales digitales más, es una opción de dudosa justificación
política, social y tecnológica.
Coincidiendo con estas reflexiones, dudaba que realmente esto pudiera ser
así. Le vi en una entrevista en Televisión Española -estuvo muy bien, por
cierto- y cuando se le preguntó al respecto, a mi juicio, usted no dio
una respuesta adecuada, por lo que comencé a preocuparme. He visto
después un comunicado hecho público por todas las empresas del sector
(Mediaset, Sogecable, Planeta, Vocento, Recoletos) que también tienen esa
preocupación. Por ello, señor presidente, le pregunto si tiene previsto
el Gobierno conceder alguna nueva licencia de televisión analógica en
abierto, de cobertura estatal, con anterioridad al llamado apagón
analógico.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor
presidente. Muchas gracias señor Durán, doblemente gracias por razones
obvias. Espero que mi contestación le produzca la misma satisfacción que
la entrevista en Televisión.
Conoce cuáles son mis compromisos al respecto y los objetivos que tiene el
Gobierno, que es disponer en España del máximo nivel de libertad
informativa y de pluralismo, entendiendo que esto fortalece la democracia
y mejora la ciudadanía al facilitar el máximo posible de información. Por
eso, el Gobierno, a través de un informe que conoció el Consejo de
Ministros que tendrá su traducción, ha puesto en marcha diversas medidas
con el objetivo de ampliar la pluralidad en relación con los medios
privados de comunicación allí donde se encuentre espacio técnico
correspondiente, se trate de televisión en sus distintas versiones o de
cualquier otro medio de comunicación, y adelantar el proyecto de
televisión digital anticipando el apagón analógico, abriendo con ello más
posibilidades. En definitiva, más pluralidad, más información, más
libertad, más democracia, más ciudadanía. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Duran.
El señor DURAN I LLEIDA: Que conste que el que estuviera bien no es que me
produzca satisfacción; al contrario, me produce satisfacción cuando no
está bien. (Rumores.)
Acaba de causarme una preocupación porque no ha contestado a mi pregunta.
Hay un sentimiento unánime, compartido por los sectores empresariales,
por el sector televisivo en particular, por la industria tecnológica, por
las fuerzas políticas, de que lo que corresponde en estos momentos es
implantar la televisión digital terrestre. Todo el mundo sabe que el que
se puedan conceder licencias en este sentido antes del apagón de la
actual televisión analógica no hace más que entorpecerlo y retrasarlo.
Una apuesta seria y decisiva por la televisión terrestre digital es
precisamente avanzar en el ámbito que usted más remarca, el de la
pluralidad. Cuanta más televisión digital terrestre haya, más pluralidad
habrá. Insisto, el que se pretenda, porque usted no me contesta a la
pregunta, dar licencias nuevas a la televisión analógica lo que hace es
entorpecer el desarrollo de la televisión digital. Sólo me quedaré
tranquilo y sabré si el Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento. Terminó su tiempo.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor
presidente.
Comprendo su preocupación, es verdad que esta pregunta ya se me ha hecho
también desde distintos medios de comunicación. Creo que la respuesta que
acabo de dar es bastante evidente y razonable. Si hay más posibilidades
técnicas puede haber más televisiones analógicas, aunque la decisión no
está tomada y obviamente pasará por este Parlamento. En todo caso, vamos
a adelantar el apagón analógico para que la pluralidad avance, tanto en
lo analógico, si es posible, como en lo digital. Su grupo es partidario
del más amplio nivel de libertad -se lo hemos oído-, del más amplio nivel
de competencia y del más amplio nivel de pluralismo. Espero contar con su
apoyo para más televisiones analógicas, si es que cabe y si se decide así
en la Cámara, para adelantar el apagón analógico y que haya toda la
televisión digital terrenal que pueda admitir este país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE
FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS CONTENIDOS QUE
HA MODIFICADO EL GOBIERNO DE LA CAMPAÑA DEL REFERÉNDUM DE LA CONSTITUCIÓN
EUROPEA? (Número de expediente 180/000484.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno de don
Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Zapatero, mañana comienza la campaña del
referéndum sobre el Tratado constitucional europeo. A estas alturas, los
que piensan votar en ese referéndum son una absoluta minoría. ¿Por qué su
Gobierno ha adoptado la alternativa de una campaña publicitaria de
partido para llamar a votar? ¿Por qué mantienen en estos momentos, a
pesar del dictamen de la Junta Electoral Central, esta campaña en lugares
no solamente públicos sino también en ámbitos institucionales?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Señor Llamazares, yo no me atrevería a ponerme en el lugar de los
ciudadanos o a decir lo que van a hacer, ellos serán los que decidan el
grado de participación y su voluntad de opinar sobre la Constitución
europea. En todo caso, lo que nos corresponde a los responsables
políticos, que hemos apoyado todos la celebración de un referéndum, es
animar a votar.
Le quiero precisar que la campaña que ha hecho el Gobierno, la campaña
informativa del Gobierno, no tiene ningún contenido partidista. Además,
creo sinceramente que las personas que han estado prestando su imagen
para explicar el contenido de los artículos de la Constitución europea no
habrían consentido asumir esa valoración. Ha habido distintos recursos a
la Junta Electoral y ésta ha validado en lo esencial una campaña
informativa del Gobierno, con una corrección relativa a un lema que tenía
un soporte publicitario, concretamente Los primeros en Europa. Creo que
es una campaña informativa útil y que desde luego servirá para estimular
la participación y el conocimiento de la Constitución europea.
El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, no comparto su respuesta. En
primer lugar, porque ya hay una previsión en las encuestas que apunta a
una escasa participación en este próximo referéndum y esa posible escasa
participación muestra las carencias de la convención y el escaso
entusiasmo que suscita el Tratado constitucional europeo. Eso es así. En
nuestra opinión, que no compartirá, es porque estamos ante una
Constitución muy poco ambiciosa, que mantiene los desequilibrios
democráticos, sociales y de política exterior de la Unión Europea.
Señor presidente, además de esa escasa participación y de ese escaso
entusiasmo, la obsesión, en cierto punto elitista, del Gobierno por ser
los primeros, por ser la liebre de la Constitución europea, puede
terminar mal, puede terminar dejando a una buena parte de los ciudadanos
en el camino. Hemos vuelto a Europa -lo dijo usted hace unos meses-, pero
volver a Europa tan rápido para terminar siendo los primeros con Europa
puede ser ir demasiado deprisa; ese hacer de liebre puede dejar en el
camino a buena parte del censo en el próximo referéndum. En ese sentido,
señor presidente, le emplazamos a que retome la campaña que en nuestra
opinión es parcial. Esta campaña dice que los españoles ganan con la
Constitución europea, y dice usted que no está promoviendo el sí. Hay que
reconducir la campaña para llamar únicamente al voto, hay que informar de
forma pluralista y hay que favorecer el debate real para que esa liebre
no se convierta en un cuestionamiento al Gobierno en función de la
abstención electoral. Su enemigo no es el no, señor presidente, su
adversario es la abstención.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Llamazares,
ni enemigo ni adversario, lo que vote cada ciudadano será un ejercicio
libre, soberano y, si no acude a la urna, también; no me sentiré ni
adversario ni enemigo de nadie que proponga el no o la abstención.
Tenía entendido, señor Llamazares, que su fuerza política defendía el no;
a tenor de su intervención de hoy, empiezo a tener la duda de si más bien
defiende la abstención. Se lo digo con todo el respeto. Durante mucho
tiempo hemos oído decir que faltaba información sobre el texto de la
Constitución europea, que es un texto amplio, que es un texto novedoso y
que, en efecto, su conocimiento requiere un tiempo. El Gobierno ha hecho
el esfuerzo que entendía oportuno, se han repartido seis millones de
ejemplares de la Constitución completa, está fomentando debates y
trasladando la información. Creo que los ciudadanos tendrán la
posibilidad de decidir libremente acudir o no acudir, votar sí o votar
no. Para mí es una gran oportunidad para este país que el próximo día 20
haya un referéndum con amplia participación ciudadana y con un voto
favorable al texto constitucional europeo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA
INTERVENIDO EL GOBIERNO EN VARIAS OPERACIONES EMPRESARIALES INCUMPLIENDO
SU PROGRAMA ELECTORAL? (Número de expediente 180/000495.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.
El señor RAJOY BREY: Muchas gracias, señor presidente.
Los promotores de la operación BBVA se entrevistaron con el señor
Sebastián y con el señor Solbes antes de darla a conocer, sin duda
contactos casuales. El señor Solbes avala la operación, casualmente en
vísperas del consejo de la constructora que debe adoptar el acuerdo de
tomar la participación en el BBVA. La intervención de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores sobre un asunto que tiene lugar hace más
de ocho años es sin duda casual. La propia Comisión no encuentra materia
para investigar, ni administrativa ni penal, pero tras el cierre de la
indagación en la Comisión, la Fiscalía Anticorrupción, también por
casualidad, actúa, casualmente el mismo día que el BBVA presenta sus
cuentas. Este cúmulo de casualidades ha llamado poderosamente la atención
de la prensa internacional, que casualmente no cree en tantas
casualidades encadenadas.
Señor presidente, ¿se propone el Gobierno seguir desafiando a la
estadística con un rosario de nuevas casualidades o piensa que ya se ha
causado suficiente daño a nuestra imagen internacional y sería mejor
dejar tranquilas a las empresas y a sus accionistas decidir?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias,
señor presidente.
Me remito al texto concreto de la pregunta. El Gobierno no ha intervenido
ni interviene ni intervendrá en la marcha de las empresas de este país.
(Risas.) Quiero decirle, señor Rajoy, ya que ha citado reuniones de
quienes promovían una determinada iniciativa en el BBVA, que yo desde
luego no me he reunido con ninguno de ellos. No sé si eso pasa también en
los bancos de su grupo y sería bueno que la opinión pública conociera si
eso se había producido antes de iniciar una operación. Le diré que, tanto
el vicepresidente económico como los organismos Banco de España, Comisión
Nacional del Mercado de Valores, han actuado con plena autonomía. Ni el
vicepresidente Solbes ni el Gobierno han promovido ni impedido ninguna
acción que pueda tener lugar en el seno de una empresa privada, en este
caso de una entidad financiera.(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.
El señor RAJOY BREY: Según usted, presidente, todo es una casualidad. Lo
malo es que nadie lo entiende así, porque hay más casualidades, señor
presidente. El grupo GEA -y no entro en quién está detrás- presenta una
OPA sobre Aldeasa y ¡oh casualidad! a renglón seguido el Ministerio de
Fomento anuncia públicamente una revisión de las condiciones de la
concesión con Aldeasa. Señor presidente, se trata de asegurar la OPA ¿o
no? El ministerio deja claro que de hecho es él quien fija los precios.
Perjudicados: accionistas y empleados.
Señor presidente, ¿por qué la Fiscalía, tan diligente en investigar algo
que ocurrió hace nueve años, no investiga si se ha vulnerado el artículo
285 del Código Penal que tipifica el delito de maquinación para alterar
el precio de las cosas? Pregunte a la señora ministra de Fomento, ella le
puede informar muy bien de esto. En cualquier caso, le anuncio que esto
continuará cuando tenga más de dos minutos y medio, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Ya veo que no
quiere hablar de las reuniones que mantuvo el señor Del Rivero con
miembros de su grupo, el Grupo Popular, o quizá con usted mismo; lo he
leído en la prensa. De Aldeasa no se preocupe, esta Cámara tendrá toda la
información desde sus orígenes: privatización, contratos con AENA y todo
lo que ha sucedido y sucede ahora. (Rumores.)
Señor Rajoy, no sé cómo hablan ustedes de intervenir en las empresas de
este país cuando en los primeros nueve meses de su Gobierno hubo cambios
en Argentaria, en Repsol, en Telefónica, en Tabacalera, en Iberia, en
Aldeasa y en Endesa, poniendo personas de su confianza
(Protestas.-Aplausos.-El señor Atencia Robledo: Eran públicas.); personas
que han permanecido al frente de esas empresas y que, desde luego, han
estado en los consejos de administración, todas ellas personas de su
círculo de confianza. Por favor, no quiero seguir haciendo comentarios
sobre esto (Rumores.) ni me voy a referir a los amigos de pupitre y a sus
andanzas. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE
EL GOBIERNO QUE LAS PROPUESTAS DE LOS SEÑORES IBARRETXE Y MARAGALL
CONTRIBUYEN A DAR CUMPLIMIENTO A LO PLANTEADO POR EL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO EN EL DEBATE DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000496.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del
Gobierno de don Eduardo Zaplana. (Rumores.)
Espere, señor diputado. Por favor, les ruego silencio.
El señor ZAPLAZA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Doy por reproducida la formulación de la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor
presidente.
Señor Zaplana, en su discurso de investidura el presidente del Gobierno
dejó muy claro que tienen cabida las reformas estatutarias, primero, que
tengan un amplio consenso parlamentario, segundo, que sirvan a los
intereses de los ciudadanos y, tercero, que respeten los límites de la
Constitución. Esas reformas y sólo esas reformas van a contar con nuestro
apoyo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.
El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ayer esta Cámara rechazó por abrumadora mayoría el
denominado plan Ibarretxe, pero sabemos -y sabemos bien- que los planes
para desmontar el modelo de convivencia diseñado por la Constitución no
terminan con la votación de anoche; así se lo volvieron a decir ayer
durante el debate los portavoces de grupos nacionalistas que sostienen y
apoyan al Gobierno. Por otra parte, la intervención del señor presidente
del Gobierno dio alas a las aspiraciones de estos grupos que hoy
reconocen que eso fue así. Hablar, como se hizo ayer por el presidente
del Gobierno, de que esto no es el final de un plan o de que ha llegado
el tiempo de un acuerdo histórico o de que asistimos a un nuevo comienzo
o resaltar, como se hizo varias veces, el respeto que merece una
propuesta separatista apoyada por ETA no ayuda, señorías a frenar esas
aspiraciones independentistas. No se trata de impedir mejoras que se
pueden realizar, sino de evitar poner en marcha un movimiento que nadie
sabe, señoría, dónde puede acabar. Ustedes intentan dar una falsa
apariencia de control sobre un debate que conduce no se sabe dónde;
intentan también, como estrategia, trasladar la imagen de un Partido
Popular exagerado y alarmista, pero la sociedad española está preocupada,
sobre todo después de contemplar ayer cómo el presidente del Gobierno
está más pendiente de quedar bien con el lehendakari que de defender
nuestras leyes y nuestras normas de convivencia. (Protestas.)
Señorías, cuando el señor Maragall pide coraje para cambiar el artículo 2
de la Constitución, habría que decirle que para cambiar la Constitución
no es necesario coraje sino consenso y responsabilidad. De una vez por
todas, deberían diferenciar claramente entre descentralización y
centrifugación, como le ha recomendado algún compañero suyo. Señorías,
quédense en tierra firme con la mayoría de los españoles y no se vayan
mar adentro con minorías independentistas e insolidarias. Para no
ahogarse sabe que cuentan con este grupo, con 148 diputados del Grupo
Popular. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno. (Rumores.) Silencio,
por favor.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): La verdad es que,
señor Zaplana, si no le llego a ver ayer ahí sentado, diría que usted no
estuvo ayer en este debate (Aplausos.) Quizá no lo siguió con mucha
atención o se distrajo, es posible, porque en el debate de ayer, señor
Zaplana, quedó muy clara la posición del Gobierno en relación con la
propuesta que defendió aquí el señor lehendakari. Quedó claro también
ayer que la firmeza no está reñida con el diálogo, quedó claro lo que
está fuera de los límites de la Constitución, quedó claro que lo que
separa, que lo que divide, que lo que fractura es rechazado; rechazado
por los cauces institucionales, rechazado con argumentos, rechazado con
debate, rechazado con diálogo, porque este Gobierno, señor Zaplana, sabe
cuáles son sus responsabilidades y, como lo está demostrando, las
ejerce.
Por lo que respecta al Estatuto de Cataluña le diré dos cosas, señor
Zaplana. Sólo quiero recordarle, primero,
que la reforma se está haciendo por los cauces reglamentarios; segundo,
que en la reforma están participando todos los grupos políticos, incluso
el suyo, pues el señor Piqué ha salido públicamente a explicar cuál es la
posición. Estos son los cauces, señor Zaplana, sí, señor; desde el punto
de vista de los contenidos, ciudadanos, ciudadanía y Constitución; desde
el punto de vista de las formas, debate, diálogo, consenso. Así lo
estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo porque estamos
convencidos de que ese es el instrumento institucional que establece la
norma de convivencia de 1978 que todos nos dimos. Además, creo que esa es
la fórmula que básicamente comparte el señor Rajoy. Señor Zaplana, quizá,
usted debería hablar un poquito más con el señor Rajoy para ver de qué va
esto.
Gracias. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONRESO, QUE FORMULA A LA VICEPRESIDENTA
PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:
¿POR QUÉ NO ASISTIÓ EL ALTO COMISIONADO DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO A LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA AVT EL PASADO 22 DE ENERO?
(Número de expediente 180/000497.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Alicia Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Doy por reproducida la pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, como usted bien sabe, la función del alto comisionado es trabajar
para que las víctimas reciban todo el apoyo y la atención del Gobierno,
como ha venido ocurriendo hasta ahora. En una comparecencia parlamentaria
que ya ha solicitado, el mismo alto comisionado informará en breves días
a SS.SS. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
El recientemente nombrado alto comisionado no asistió a esta manifestación
alegando, señora vicepresidenta, razones perentorias. Dijo que al ser
alto cargo o alto funcionario no podía asistir a esa manifestación, y
añadió que sólo lo haría en aquellos supuestos en los que se produjeran
atentados. El ministro Jordi Sevilla estaba allí; no sabemos quién tiene
más altura política si el ministro Sevilla o el señor Peces-Barba. Las
razones que alegó el señor Peces-Barba son realmente absurdas.
Señora vicepresidenta, ustedes crearon la figura del alto comisionado y
nombraron unilateralmente al señor Peces-Barba; ahí empezaron sus
errores, ahí empezaron sus problemas. No lo hicieron con consenso de
todas las fuerzas políticas, ni de las asociaciones que defienden y
representan a las víctimas del terrorismo. Es más, le diría, señora
vicepresidenta, que ahí inició los agravios este Gobierno que se llama el
Gobierno del talante. Que sepamos, el presidente del Gobierno solo llamó
a una de las asociaciones de víctimas aprovechando el oportunismo
político y no a la otra asociación de víctimas, a la que, parece ser,
llamó el señor Pérez Rubalcaba. A no ser que las dos asociaciones sean
iguales, entendemos que tenemos un presidente del Gobierno y un
copresidente del Gobierno, más o menos en la línea de Andorra, como los
copríncipes del Gobierno de Andorra. (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Continúe.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señora vicepresidenta, el señor
Peces-Barba depende de la Presidencia del Gobierno porque ustedes crearon
la figura del alto comisionado, depende de usted, tiene rango de
secretario de Estado. ¿Ustedes le dijeron que fuera a esa manifestación,
se lo dijo el presidente del Gobierno, se lo dijo usted o se lo dijo el
señor Pérez Rubalcaba en funciones de copresidente? ¿Ustedes le
instruyeron cuando decía día tras días que no iba a asistir a esa
manifestación? Verdaderamente nos tienen que dar respuesta a esto, señora
vicepresidenta.
La posición adoptada por el señor Peces-Barba ha sido inaceptable, ha sido
incomprensible, no se comprende en la calle, la gente se sorprende de que
la institución que tiene que dar apoyo a las víctimas no estuviera en esa
manifestación en la que estábamos miles de ciudadanos de bien. Eso ha
sido un gravísimo error. (Rumores.) Pero es que el señor Peces-Barba
sigue con esos errores, sigue, además, utilizando de forma partidista las
asociaciones. Nosotros queremos pedirle, señora vicepresidenta, como dice
la Asociación de Víctimas, que no los utilicen y no los abandonen. No hay
víctimas de primera ni víctimas de segunda. Esta es su responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor
presidente.
Señoría, nuestra prioridad, que quedó fijada clara y terminantemente por
el presidente del Gobierno, y se ha hecho en diversas ocasiones, es
atender a las víctimas del terrorismo, quienes constituyen nuestra
primera preocupación; entiendo que también la suya. Las víctimas del
terrorismo y quienes las representan merecen todo el reconocimiento, el
apoyo y la atención por parte del Gobierno, de todas las fuerzas
parlamentarias y de la sociedad, y desde luego así lo van a tener. Y este
Gobierno, señoría, les presta su apoyo con pleno respeto al pluralismo de
sus posiciones y dándoles todo tipo de facilidades para que las puedan
expresar.
Señoría, usted sabe que acordamos respetar, en el Pacto por las libertades
y contra el terrorismo, que el sufrimiento de las víctimas ni puede ni
debe convertirse en un recurso de la lucha contra el terrorismo entre
partidos. Ese es el límite para este Gobierno y este Gobierno sigue
firmemente comprometido, con toda su energía, en el cumplimiento de ese
pacto que seguimos creyendo necesario y en vigor. No lo olvide, señora
diputada, porque su contenido es el marco de la actividad política del
terrorismo, porque no hay espacio en nuestro país ni para el terrorismo,
ni para los violentos, ni para quienes sustentan ideológica o
políticamente a los mismos. Ni la violencia, señorías, ni el terrorismo
van a condicionar los principios y normas de nuestro sistema democrático,
ni van a afectar a la solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas
españoles en ayuda de quienes han sufrido el terror. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA
DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO:
¿MANTIENE LA VICEPRESIDENTA SUS DECLARACIONES EN LAS QUE AFIRMA QUE LOS
INMIGRANTES ABANDONADOS EN LA PENÍNSULA "ESTÁN EN UNA ESCALA DE
REPATRIACIÓN"? (Número de expediente 180/000498.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Lourdes Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, ¿mantiene sus declaraciones en las que afirma que
los inmigrantes abandonados en la Península están en una escala de
repatriación?
El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor
presidente.
Señoría, el Consejo de Ministros pasado aprobó un plan para atender a los
inmigrantes desplazados de Canarias a la Península. La decisión forma
parte de nuestros compromisos de abordar de manera legal, ordenada y
rigurosa todas las cuestiones que afectan al tema de la inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo quiere felicitar al Gobierno por sus rápidos reflejos en esta
cuestión. El viernes, efectivamente, aprobaron un plan, pero una semana
antes ni usted misma conocía la existencia de esos vuelos. La dispersión
por toda la Península -y digo por toda, no solo por las comunidades
gobernadas por el Partido Popular- la autorizó esta Cámara por un acuerdo
de abril de 2002, pero nunca se había abandonado a los inmigrantes a su
suerte como se hizo, en concreto, en el aeropuerto de San Javier, en
Murcia. (Rumores.) No voy a ahondar en este tema, señorías, no voy a
utilizar el trato a los inmigrantes como arma arrojadiza, pero sí le
recuerdo, señora vicepresidenta, que un subsahariano tiene la misma
dignidad que tiene usted y que tengo yo. (Rumores.)
Ahora, después de nueve meses, de manera improvisada y solo para salir al
paso de las críticas, presentan un plan oportunista, redactado en dos
días, que no es sino una declaración de intenciones, un plan donde no se
concreta ni cómo ni cuándo, no tiene dotación económica, les transfieren
el problema a las comunidades autónomas, porque, señora vicepresidenta,
en lugar de evaluar al Gobierno anterior, dígale usted a las comunidades
receptoras de inmigrantes, que están llegando al límite, con qué recursos
cuentan, porque la financiación que se recoge en el plan es la del año
2004 -no sé si la vicepresidenta se ha dado cuenta-, es decir, es la
financiación que nosotros habíamos presupuestado. Díganles ustedes a los
ciudadanos españoles qué están haciendo para controlar la llegada de
pateras, porque mucho acuerdo con Marruecos, pero el horror de las
pateras sigue existiendo. Díganles también a los ciudadanos españoles si
van a tener los mismos reflejos y van a hacer otro plan ante el gravísimo
efecto llamada que está provocando el anuncio de su regularización
masiva, 1.000 inmigrante ilegales entrando a diario en España, más del
doble que hace unos meses. A las comunidades receptoras de inmigrantes,
ante esta avalancha, les preocupa que el Gobierno garantice una
protección social, que no está cubriendo, y un necesario control, que
tampoco. A un ciudadano español, por
ejemplo, de Murcia, no le preocupa tanto que su vecino sea subshariano,
señora vicepresidenta, como que su Gobierno le haya negado el agua, que
es la que va a proporcionar el progreso y bienestar necesario para poder
seguir siendo tierra de acogida. (Rumores y protestas.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señora vicepresidenta. Adelante.
La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Gracias, señor
presidente.
Señora Méndez, el Gobierno ha demostrado ya su disposición en diversas
ocasiones a tratar muchas de las complejas facetas que implica el
problema de la inmigración en nuestro país de una manera responsable. Sí,
señoría, responsable. Por eso en estos meses hemos aprobado el reglamento
de extranjería; por eso en estos meses hemos aprobado un plan de traslado
de los inmigrantes de Canarias a la Península, señoría, con una partida
aprobada en los presupuestos debatidos en esta Cámara; por eso hemos
mejorado nuestras relaciones con los países vecinos, con Marruecos, con
Argelia; por eso estamos negociando en la Unión Europea; por eso estamos
llegando a acuerdos con las comunidades autónomas, sea cual sea el signo
político de las mismas, y por eso, desde la oposición, y ahora se lo
reitero desde el Gobierno, les estamos proponiendo a ustedes la
conveniencia, la necesidad de que este tema, que es complejo, se aborde a
través de un gran pacto nacional de todas las fuerzas políticas.
Señora Méndez, no hay soluciones mágicas, no las hay, pero estoy segura de
que compartirá usted conmigo que si somos capaces de partir de un mínimo
común denominador común podemos llegar a acuerdos básicos imprescindibles
para ser más eficaces en el tratamiento del tema de la inmigración. El
éxito en este empeño ni es del Gobierno ni de un partido político, no; va
a ser un éxito de la sociedad española y de todos, pero para eso tenemos
que estar todos en disposición de dar respuestas complejas a un problema
complejo.
Señoría, este asunto no es para lanzarse ni cifras ni reproches como armas
arrojadizas -usted lo decía muy bien-; creo más bien que es para todo lo
contrario. Tomo su palabra, es verdad, estamos hablando precisamente de
seres humanos que viven en situaciones de extremada dureza, y todos
tenemos muchas de esas imágenes en nuestra retina, señora Méndez; por eso
no voy a utilizar ni las cifras ni los reproches, pero usted sabe que,
puestos a hacer un balance, el saldo es negativo para usted y para sus
gobiernos. (Un señor diputado: ¡Muy bien! - Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL
GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL
GOBIERNO ESPAÑOL CUMPLIR CON LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL
GENERAL (LOREG) Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL
RESPECTO A LA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA? (Número
de expediente 180/000503.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joan Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: (El señor diputado formula su pregunta en
catalán.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, falta una parte de su pregunta.
(Rumores.)
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, la verdad, no sé a qué se
refiere. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta. (Rumores.-Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON JORGE MORAGAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN: ¿PIENSA EL GOBIERNO PEDIR EXPLICACIONES Y, EN SU CASO,
EXCUSAS AL REINO DE MARRUECOS POR LAS INFAMIAS VERTIDAS CONTRA EL
ANTERIOR GOBIERNO DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/000500.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Tiene la palabra don Jorge Moragas Sánchez.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, han transcurrido ya muchos días
desde que el secretario general de mi partido emplazase e instase al
Gobierno a que diese una respuesta razonable a las afirmaciones que
profirió el jefe del Estado marroquí en contra de los gobiernos
democráticos de España. Transcurrido ese plazo y ante la ausencia de
respuesta del Gobierno, me permito trasladarle la pregunta que aparece
formulada en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores, su turno.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, imagino que se refiere a la entrevista que concedió Su Majestad
el Rey de Marruecos a un periódico nacional en al víspera de la visita de
Estado de Sus Majestades los Reyes a dicho país. Si recuerdo bien, en la
entrevista el Rey de Marruecos se refirió al conflicto de Perejil y en
ese contexto realizó sus afirmaciones. Puedo señalar a S.S. que,
lógicamente, este asunto fue objeto de discusión y de intervención por mi
parte en mis encuentros con las autoridades marroquíes durante el
transcurso de la visita de Sus Majestades, en los que señalé que había
que prestar el respeto debido a todo presidente del Gobierno español,
pero también señalé que había que mirar hacia el futuro, que había que
construir entre España y Marruecos unas relaciones lo más sólidas
posibles y que precisamente teníamos que actuar juntos para construir un
espacio de confianza mutua que permitiese una relación estable y
permanente entre Marruecos y España.
El señor PRESIDENTE: Señor Moragas, su turno.
El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señor ministro, su silencio entonces y el
galimatías verbal que nos acaba de trasladar, sinceramente, nos genera
muchos problemas a los españoles y permítame que se lo explique. Esos
problemas no son buenas noticias. El silencio -permítame que se lo
recuerde- a veces en diplomacia significa aquiescencia. Por tanto, mi
segunda pregunta sería: ¿es que usted secunda la versión de que los
gendarmes marroquíes cuando tomaron Perejil estaban ahí para luchar
contra la inmigración ilegal? ¿Usted secunda esta versión que nosotros
consideramos ridícula y que insulta a la inteligencia de los españoles?
Permítame que le diga, señor ministro, con todos los respetos, que su
problema es que ya no sabe para quién trabaja. No sabe si trabaja para
España, para Marruecos, si defiende el sector turístico, pesquero o
vitivinícola de otros países o el español, como es su deber. Su problema,
como digo, es que ya no sabe para quién trabaja (Una señora diputada:
Para Bush, no.) y el problema más serio es que no lo saben los españoles
y hoy no le voy a decir que se vaya, como lo hemos hecho en otras
ocasiones, no le voy a pedir que dimita, le voy a pedir algo más
sencillo, que aborde consigo mismo una reflexión y piense en los
españoles; piense en los españoles, sea honesto consigo mismo, actúe en
consecuencia y ahórrenos el terrible, doloroso e inútil esfuerzo de
pedirle su dimisión cada día. Créame, señor ministro, que si actúa en
consecuencia, muchos españoles brindarán, y le aseguro que no será con
vino francés de Burdeos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Quisiera volver a la entrevista. Usted, en la pregunta, la
calificó de infamia. Su compañero de partido y portavoz de Asuntos
Exteriores, señor Arístegui, ha señalado que fueron unas declaraciones
desafortunadas. En primer lugar, quisiera saber si es una infamia, si son
declaraciones desafortunadas o cómo calificarían ustedes esa entrevista.
En cualquier caso, tengo las ideas muy claras, que son los compromisos y
los principios de defender los intereses de España y de los españoles, y
eso es lo que estoy haciendo y lo que está haciendo este Gobierno. Los
intereses españoles son tener una sólida y vertebrada relación con
Marruecos. Eso es algo que pide la ciudadanía española y que, por tanto,
vamos a seguir defendiendo. Tenemos que mirar hacia el futuro. Era una
visita de Estado de Sus Majestades -una visita de Estado- para la que se
pidió precisamente que hubiese un acompañamiento parlamentario. Se pidió,
pues, que fuera doña Ana Palacio -que, por cierto, fue elogiada por el
monarca marroquí-, y ella no pudo asistir, rehusó la presencia. Pues
bien, tenemos que construir el futuro juntos para tener una relación
estable con Marruecos. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras
que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio.
- DEL DIPUTADO DON GUSTAVO MANUEL DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ MOTIVOS JUSTIFICARON EL VIAJE
SECRETO DEL MINISTRO DE DEFENSA A VENEZUELA EL PASADO 25 DE ENERO?
(Número de expediente 180/000501.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
¿Puede usted explicar, por favor, señor Moratinos, por qué, en el momento
de máxima tensión histórica entre Colombia y Venezuela, se produce y se
justifica un viaje secreto del ministro de Defensa a este último país?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, ya el propio ministro de Defensa, señor Bono, ha solicitado
comparecer a petición propia ante la Comisión de Defensa para explicar su
viaje a Venezuela. No obstante, no voy a eludir la pregunta, aunque él
dará los detalles de su viaje y de su visita, así como del resultado de
sus encuentros en Venezuela.
Le diré que es normal entre países amigos como Venezuela y España que haya
visitas de ministros de Defensa e intentos de firma de protocolos de
cooperación en materia de seguridad, y eso es lo que ha hecho el ministro
de Defensa en su viaje a Venezuela.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señor presidente.
El momento político que vive Venezuela es extraordinariamente grave, ya lo
hemos hablado esta mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores:
criminalización de la oposición, un nuevo Código Penal que va a convertir
a los opositores en terroristas y una ley mordaza que impide a los medios
de comunicación criticar al Gobierno. Este momento creo que no es el más
adecuado para que vaya un ministro del Gobierno de España. Pero si además
tiene usted en cuenta que se produce la máxima tensión entre dos países
-Venezuela y Colombia-, como muy pocas veces había ocurrido durante los
últimos años, la visita de cualquier ministro es inoportuna y la del
ministro de Defensa lo es especialmente, sobre todo cuando median rumores
sobre venta de corbetas o fragatas.
Créame usted, han estado al borde de la guerra y han solucionado la crisis
no gracias a ustedes, no gracias a la intervención de España, que tenía
que haber dado ejemplo convirtiéndose en el aceite de la maquinaria de
paz entre los dos países. Han superado la crisis a pesar de ustedes. Han
superado la crisis a pesar de sus errores y de su inmensa metedura de
pata: la imprudencia mayúscula de mandar a un ministro de Defensa en el
momento de máxima tensión entre dos países. Esa es la realidad de su
política exterior. Han construido y consolidado ustedes un eje extraño en
política exterior: el eje Madrid-La Habana-Caracas; un eje en el que hay
un presidente que dice usted de un Estado amigo -quizá sí, un Estado
amigo que va a Porto Alegre a soltar unas arengas extraordinarias en
contra de otro Estado amigo, quizás un poco más democrático, con una
tradición más larga, desde luego-, un presidente que ha demostrado ser
una y otra vez una persona, sí, elegida democráticamente, pero que no
cree en la democracia que lo ha elegido. Lo que esto nos demuestra es que
estamos instalados en una política exterior errática y de la radicalidad.
Yo le quiero pedir que vea usted sus errores y no vea en el Grupo
Parlamentario Popular los fantasmas de la división que solo existen
quizás entre el PSC y su partido. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, presidente.
Señoría, creo que las relaciones de España con Iberoamérica, con todos los
países iberoamericanos, tienen que tener todas las dimensiones posibles,
y más en momentos de dificultad. Es verdad que eran momentos de tensión
entre Colombia y Venezuela. Lo puedo decir aquí, en el hemiciclo:
participamos en la solución de este conflicto, de esta tensión. Hoy
tendrá usted que reconocer, señor Arístegui, que hay relaciones. El día 3
habrá un encuentro entre el señor Chávez y el señor Uribe y el día 7
recibiremos en visita de Estado al presidente de Colombia, y tendremos
las mejores relaciones con Colombia y con Venezuela. Esa es la fuerza y
el capital que tiene la política exterior española, que tiene capacidad
de diálogo, tiene capacidad de relación con Colombia en materia de
defensa y en materia de seguridad, y también con Venezuela y con Chile.
Es normal, pues, que un ministro español de Defensa pueda tener y
desarrollar un canal de diálogo y cooperación con países iberoamericanos.
Eso es lo que está haciendo el Gobierno, va a continuar haciéndolo y le
puedo garantizar que tanto las autoridades colombianas como las
venezolanas han apreciado las acciones, las actitudes y los compromisos
de este Gobierno. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON CELSO LUIS DELGADO ARCE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CONSIDERA QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO HA
DEFENDIDO COMO DEBÍA LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN SU
RECIENTE VIAJE A ARGENTINA? (Número de expediente 180/000502.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿considera que el presidente del Gobierno ha defendido
como debía los intereses de las empresas españolas en su reciente viaje a
Argentina?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, por supuesto que ha defendido espléndidamente los intereses de
las empresas y las inversiones españolas en Latinoamérica.
Como es conocido, señorías, la República de Argentina, con la que nos unen
especiales vínculos humanos y afectivos, es un destino principal de las
inversiones españolas. La presencia de nuestras empresas en sectores
estratégicos vinculados a la prestación de servicios públicos como la
energía, las telecomunicaciones, el suministro de agua y también en las
infraestructuras y las finanzas ha sido decisiva para la modernización y
mejora de la competitividad global de la economía argentina.
Señorías, algunas de estas importantes empresas españolas mantienen
procesos arbitrales reclamatorios de la actualización de las tarifas de
los servicios públicos frente al Estado argentino. En el ánimo, pues, de
las empresas españolas estaba en que el viaje que realizaría el señor
Rodríguez Zapatero sirviera para apoyar las justas y legítimas
reclamaciones de nuestras empresas, así como para defender la seguridad
jurídica y la estabilidad de nuestras inversiones, mas lo cierto, señor
Moratinos, es que las expectativas no se han cumplido y que los
resultados son muy negativos.
A instancias del propio Gobierno de España se suspendió una reunión
previamente programada de los empresarios españoles con intereses en
Argentina en la que deberían haber participado los mandatarios españoles
y argentinos, siendo la causa principal evitarle al señor Kirchner el mal
momento de tener que escuchar las quejas de nuestros empresarios. En la
reunión de trabajo celebrada el día 25 en la Casa Rosada el presidente
Zapatero se ofreció, con la mejor de sus sonrisas, al presidente
argentino para mediar ante las empresas españolas para que retiraran sus
demandas y al día siguiente, el miércoles 26 de enero, el presidente del
Gobierno celebraba una reunión de trabajo con empresarios españoles y
cumpliendo con el mandato que le había otorgado el señor Kirchner,
trataba de convencer a las empresas españolas de la necesidad de que
retirasen las demandas planteadas ante el organismo internacional de
arbitraje del Banco Mundial. Por supuesto, el señor Sebastián, asesor de
Presidencia, que estaba allí también, se encargaba de dar un ultimátum.
Mientras esto acontecía, señorías, el presidente argentino, en la
inauguración de unas obras públicas en Buenos Aires, decía literalmente:
Quiero agradecer al presidente de España porque ha decidido acompañarme
con fuerza para que las empresas españolas retiren sus demandas; que
vengan a trabajar y a invertir y que retiren esas reclamaciones.
Señor ministro, las empresas españolas no necesitan un mediador, necesitan
un valedor que defienda los intereses de España con fuerza, que defienda
la estabilidad y la seguridad jurídica de nuestros inversores. Usted,
como responsable de la diplomacia española...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Delgado, terminó su tiempo.
(Aplausos.)
Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Acompañé al presidente del Gobierno en su gira por Brasil, Argentina y
Chile y en las capitales de los tres países tuvimos ocasión de
entrevistarnos, defender y preocuparnos de los intereses y de las
inversiones españolas en dichos países. Le podría dar una respuesta muy
sencilla y es que pregunten a los empresarios españoles después de esta
gira. Estoy seguro que si hiciésemos un careo a tres, podrían escuchar la
enorme satisfacción, el enorme agradecimiento y reconocimiento por el
éxito de esta gira. Pero como estamos en un debate político, me voy a
limitar a señalarle los resultados. Se ha referido a Argentina. En
Argentina había una crisis institucional enorme antes de llegar el
presidente Kirchner. Argentina está creciendo a un 8 por ciento, está
pagando sin ayuda de un solo euro o dólar del mecanismo multilateral sus
deudas y lógicamente está estableciendo una nueva relación, honesta,
segura, productiva y de futuro con todas las empresas y en particular con
las empresas españolas. La relación política que existe en estos momentos
entre Argentina y España va a permitir garantizar plenamente la presencia
y la continuidad de los inversores españoles en Argentina. Se ha aparcado
la ley de servicios públicos que planteaba algunas inquietudes al
empresario español y se ha facilitado el diálogo entre las autoridades
argentinas y los empresarios españoles. Le puedo garantizar que todas las
empresas importantes estratégicas españolas en Argentina están muy
satisfechas, muy comprometidas y muy convencidas de que era la mejor
manera de defender sus intereses. Tenemos una apuesta estratégica con
Iberoamérica, pasa por la inversión española y este Gobierno con sus
políticas es el mejor garante de que tengan éxito. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ROSARIO FÁTIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE
LA ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE PALESTINO TRAS LA CONVOCATORIA ELECTORAL
DEL PASADO DÍA 9 DE ENERO? (Número de expediente 180/000485.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Fátima Aburto.
La señora ABURTO BASELGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en primer lugar, quiero agradecerle que se quede hoy con
nosotros durante todo el día desde por la mañana temprano en esta Cámara.
Señor ministro, el pasado 9 de enero tuvieron lugar las elecciones para la
Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. Las previsiones no eran
buenas, hubo dificultades en la campaña electoral, la movilidad de los
candidatos estuvo restringida e incluso hubo algunas detenciones breves,
los medios fueron escasos y no muy bien utilizados e incluso hubo
encuestas nefastas sobre la confianza de la juventud palestina en la
democracia y encima las organizaciones radicales llamaron a la
abstención. Pero, como dice la misión europea de observadores, es muy
difícil valorar unas elecciones llevadas a cabo en territorios ocupados.
Sin embargo, el esfuerzo de los palestinos fue enorme y pueden sentirse
legítimamente orgullosos del resultado: consiguieron censar hasta un 71
por ciento del electorado en un tiempo récord, todo el material estuvo en
su sitio a su hora, los equipos de los colegios electorales conocían
perfectamente su misión y la llevaron a cabo de forma eficaz y con
entusiasmo y, por último, los palestinos votaron con una participación
notable y con muchísima ilusión, excepto en Jerusalén Este, donde las
dificultades fueron notables. Por eso el Parlamento Europeo va a instar
al Estado de Israel para que se respeten los derechos de los palestinos a
votar como todos los demás.
Es de resaltar, como hacen varios observadores internacionales, la
participación de las mujeres en estas elecciones, tanto en el proceso de
votación como en la seguridad y en la marcha del proceso electoral. La
victoria de Mahmud Abbas, con el 62,52 por ciento de los votos fue clara,
según todas las misiones de observadores internacionales, incluida la
misión catalana. Por último, el nuevo presidente ha comenzado a implantar
la Hoja de Ruta, por lo que nos parece importante conocer la opinión del
Gobierno sobre la situación creada tras las elecciones palestinas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, coincido con usted en valorar muy positivamente el desarrollo de
las elecciones palestinas. Fueron las segundas en la historia del pueblo
palestino y fueron aquellas que permitieron consolidar un sistema
político, un esquema institucional, que fue aprobado e impulsado incluso
por el anterior presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el propio
presidente Arafat. Existían muchas incertidumbres y dudas por parte de la
comunidad internacional. Yo no las tenía. La transición y la madurez
política de los líderes palestinos demostraron que es un pueblo capaz de
afrontar el futuro con profundas convicciones democráticas. Hubo un buen
debate político, hubo una buena participación y hubo un resultado que
refleja la voluntad de la mayoría del pueblo palestino. Se eligió al
líder del movimiento Fatah, Mahmud Abbas, con un 62 por ciento, pero
también permitió que un movimiento de carácter laico y liberal, como el
del doctor Mustafa Barguti, pudiese obtener un 20 por ciento de los votos
electorales. Todo ello muestra que la sociedad palestina está preparada
para afrontar lo que va a ser su gran reto histórico: hacer la paz con
sus vecinos israelíes y para ello debe contar con el apoyo de la
comunidad internacional, de la Unión Europea y de España. En ese sentido,
las informaciones que nos llegan son extremadamente positivas y
esperanzadoras. Hay voluntad de renegociación y de negociación entre
palestinos e israelíes, y la Unión Europea en el último Consejo de
Asuntos Generales ha apoyado los esfuerzos de la comunidad internacional,
de Estados Unidos y del cuarteto para poder aplicar cuanto antes la Hoja
de Ruta. Por lo tanto, satisfacción por las elecciones presidenciales y
preparación para las elecciones legislativas, que tendrán lugar el
próximo mes de julio. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE ESPAÑA DE
LAS RECIENTES ELECCIONES EN IRAK EN LA PERSPECTIVA DEL RESTABLECIMIENTO
DE LA PAZ Y SEGURIDAD EN ORIENTE PRÓXIMO? (Número de expediente
180/000486.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Eduardo Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quisiera señalarle que el Grupo Socialista, como bien
sabe, ha apoyado y apoya las elecciones celebradas en Irak el pasado 30
de enero. Lo hacemos en línea con el Gobierno, con la propuesta de la
Unión Europea y con la Resolución 1546 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Sabemos que el Gobierno de España ha hecho una
contribución y un esfuerzo material muy importante en el apoyo a la
celebración de estas elecciones. Lo hace porque son un paso fundamental
para la legitimación de unas nuevas autoridades surgidas de la práctica
democrática y de las urnas del día 30. De la misma manera, mi grupo
celebra la ayuda y la asistencia que tanto Naciones Unidas como la Unión
Europea han prestado sobre un terreno
caracterizado por enormes dificultades por la situación de violencia
constante que se vive en la región. Hacemos todo esto, como decía, señor
ministro, porque la legitimidad de las nuevas autoridades contribuirá a
mejorar el grave problema de seguridad que tiene el país, fruto de una
guerra ilegal, inmoral y, como muchas veces ya se ha dicho, injusta; una
guerra, por cierto, apoyada -estos días nos hemos enterado
definitivamente- en mentiras. Actualmente, hasta el propio presidente de
los Estados Unidos ha reconocido que en Irak no había armas de
destrucción masiva. Mi grupo, el Grupo Socialista, sigue esperando a que
haga lo mismo el socio español de Bush en las Azores y reconozca que en
Irak no había armas de destrucción masiva. Parece ser que las armas
fueron definitivamente la excusa para una guerra a partir de la que
incluso la CIA ha llegado a reconocer que Irak se ha convertido en uno de
los principales centros de terrorismo islámico del mundo. En esas
circunstancias, señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de las
elecciones celebradas en Irak en la perspectiva del restablecimiento de
la paz y la seguridad en Oriente Próximo?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Asuntos Exteriores.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos
Cuyaubé): Gracias, señor presidente.
Señoría, la valoración que hace el Gobierno de las elecciones de Irak es
una valoración positiva. Hoy he tenido que responder a dos procesos
electorales, el palestino y el iraquí. El Gobierno, la sociedad española
y el mundo occidental deben valorar profundamente los procesos políticos,
los procesos democráticos, los procesos en donde la voluntad popular se
puede manifestar y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, hay
que valorar el coraje, la valentía del pueblo iraquí que, a pesar de las
dificultades de inseguridad, fue a votar, no sabemos en qué número pues
todavía las cifras de participación no son rigurosas. En cualquier caso,
hubo una voluntad clara de la mayoría de la población iraquí de
consolidar un proceso político, proceso político que este Gobierno
siempre apoyó. Lo apoyó, como bien señalaba S.S., con el voto en el
Consejo de Seguridad aprobando la Resolución 1546. Si hoy podemos saludar
las elecciones en Irak es precisamente porque también España facilitó el
consenso y la aprobación de la Resolución 1546 y porque en esa misma
resolución se abre el camino y se fija el calendario para que el pueblo
iraquí vaya avanzando y consolidando sus cuotas de democratización. Habrá
una Asamblea constituyente, habrá una nueva Constitución y habrá unas
nuevas elecciones definitivas para consolidar este proceso de
pacificación y estabilidad en Irak. En todo ese proceso el Gobierno
español va a acompañar los esfuerzos políticos. En ese sentido, ya he
anunciado esta mañana en la Comisión de Asuntos Exteriores que el
Gobierno español está explorando la posibilidad de formar a policía civil
iraquí, así como a magistrados, jueces y funcionarios para consolidar el
Estado de derecho. En todo lo que es política, en todo lo que es
democracia, en todo lo que es Estado de derecho el pueblo iraquí puede
contar con el apoyo firme del pueblo español y del Gobierno. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON EMILIO OLABARRÍA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:
¿PIENSA EL MINISTERIO DE TRABAJO INCREMENTAR LA CUANTÍA DE LAS PENSIONES
CONTRIBUTIVAS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL HASTA QUE
ADQUIERAN UNA DIMENSIÓN IDÉNTICA A ÉSTE? (Número de expediente
180/000482.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Trabajo de don Emilio
Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿piensa que en este ejercicio presupuestario resulta
razonable elevar las cuantías de las pensiones contributivas inferiores
al salario mínimo interprofesional hasta que estas alcancen esta
cuantía?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, como sabe S.S., el Gobierno sigue el camino del Pacto de
Toledo, nuestros compromisos electorales y el compromiso que asumió aquí
el presidente del Gobierno, de tal modo que vamos a incrementar de una
forma muy importante las pensiones mínimas en esta legislatura hasta un
26 por ciento y destinaremos a ello 4000 millones de euros. Para
cumplirlo hemos comenzado en el año 2005 presentando al Parlamento, y
aprobándolo éste por unanimidad, la mayor subida de las pensiones mínimas
en los últimos 15 años. Todas las pensiones mínimas suben muy por encima
del IPC, entre 3 y 4,5 puntos. Por tanto, estamos haciendo un serio
esfuerzo para mejorarlas. En el año 2005 se va a producir la mayor subida
de las pensiones mínimas de los últimos 15 años para más de tres millones
de pensionistas.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, le agradezco su respuesta porque ustedes que constituyen
un partido coordinado y homogéneo serán conscientes perfectamente, dentro
de la armonía de sus actuaciones en unas y en otras instituciones, de que
el Grupo Juntero alavés, las juntas generales del territorio de Álava, ha
propuesto lo siguiente: que con cargo al presupuesto foral, en el
territorio de Álava, se incremente, por las vías de las competencias que
en materia de asistencia social asisten a la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la cuantía de las pensiones contributivas hasta que alcancen el
salario mínimo interprofesional. Esta es una pretensión un tanto
extravagante, señor ministro, como usted sabrá porque produce las
siguientes disfunciones. En primer lugar, configura una pensión prohibida
por la Ley General de la Seguridad Social: que una pensión pueda tener en
parte naturaleza contributiva y en parte naturaleza asistencial. Por otro
lado, esto se produce con cargo al presupuesto de la Diputación Foral de
Álava sin la correspondiente transferencia de la competencia en materia
de Seguridad Social, sin la posibilidad de descontar del cupo la cuantía
que el incremento de estas prestaciones suponen, con la correspondiente
quiebra eventual que se puede producir en los presupuestos de la
Diputación Foral de Álava en el territorio alavés. En definitiva, se
acomete con cargo a organismos que no tienen competencia en materia de
pensiones contributivas, porque es competencia exclusiva del Estado,
mediante la atribución de un complemento de naturaleza existencial a la
parte contributiva de las pensiones, un incremento que resulta
absolutamente extravagante, absolutamente peligroso para la propia
sostenibilidad del sistema público de pensiones y que además está
propuesto por su propio grupo parlamentario. Me gustaría conocer, señor
ministro, hasta qué punto usted convalida esta pretensión del Grupo
Juntero socialista, esta propuesta de norma foral, que pretende nada
menos que todas las cuantías que en el territorio de Álava de naturaleza
contributiva sean inferiores al salario mínimo interprofesional se
incrementen hasta adquirir una cuantía equivalente al salario mínimo
interprofesional. Señor ministro, este es un problema conceptual, que
usted conoce y es la respuesta que me gustaría conocer.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán):
Muchas gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, quiero aclarar que en estos momentos la pensión mínima
para una persona mayor de 65 años con cónyuge a cargo está por encima del
salario mínimo interprofesional. El Gobierno decidió, y esta Cámara
aprobó por unanimidad, desvincular el salario mínimo interprofesional de
otro tipo de prestaciones sociales porque debe ser el umbral mínimo de
renta salarial, de lo contrario no podría crecer como necesita la
sociedad española y como hemos comprometido hasta los 600 euros en el año
2008. También hemos decidido que tanto las pensiones mínimas como el
salario mínimo van a crecer muy por encima de la inflación a lo largo de
esta legislatura. Sin embargo, tengo que decirle que ambas siguen
direcciones distintas, no están de forma vinculada.
Señor Olabarría, este Gobierno defiende pensiones dignas e iguales en todo
el territorio nacional porque unidad, solidaridad e igualdad son los
principios de nuestro sistema y sí cree que las comunidades autónomas,
las instituciones forales en su caso, pueden mejorar la vida de los
pensionistas, por ejemplo, suplementando las pensiones no contributivas,
que como se sabe son menores que las contributivas, o mejorando los
servicios públicos a todos los que tienen rentas bajas. Pero dar un
suplemento distinto en cada lugar a las pensiones contributivas,
entendemos que rompe la unidad y la igualdad. El Gobierno no comparte ese
criterio. Además, no es necesario complementar estas pensiones porque
este Gobierno va a hacer un serio esfuerzo a lo largo de esta legislatura
para que la pensión mínima mejore y mucho, para que esté cerca del
salario mínimo interprofesional o en algunas categorías, por encima.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE EL
GOBIERNO INTENCIÓN DE REVISAR EL PLAN TÉCNICO DE LA TELEVISIÓN DIGITAL
LOCAL EN RELACIÓN A LAS LICENCIAS PREVISTAS PARA ALGUNAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS COMO ES EL CASO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA? (Número de
expediente 180/000481.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y
Comercio, de la señora Barkos.
Señora diputada, adelante.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿tiene el Gobierno intención de revisar el Plan técnico
nacional de la televisión digital local en relación con las licencias
previstas para algunas comunidades, como la Foral de Navarra?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señoría, la revisión que usted plantea ya fue aprobada por el Gobierno
mediante Real Decreto el pasado 3 de diciembre, y no ha alterado las
licencias previstas para la Comunidad Foral de Navarra, entre otras
cuestiones porque no ha sido solicitado por esta comunidad. Precisamente
el Gobierno revisó el Plan técnico nacional de la televisión digital
local para atender las solicitudes razonables de varias comunidades
autónomas dirigidas, entre otras cosas, a realizar ciertos ajustes en
algunas demarcaciones contempladas en el plan inicial, y en este momento
no hay previsiones de volver a revisar el plan. Todos nuestros esfuerzos
deben dirigirse a ejecutar la planificación ya aprobada y a la
convocatoria y resolución de los concursos públicos para la adjudicación
de las concesiones que han de realizar las comunidades autónomas.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, espero que esa no previsión no signifique sinceramente una
puerta cerrada. Nos ha causado una sorpresa y le voy a decir por qué.
Efectivamente el Real Decreto de 12 de marzo de 2004, que ustedes
heredaron, establecía cinco demarcaciones para Navarra, que se
corresponden con las merindades. Esto pudiera parecer a priori un reparto
que se corresponde con las necesidades del servicio a la sociedad, pero
no es así. Para esta afirmación me baso en la moción del Pleno del
Parlamento de Navarra de noviembre de 2004 -esta, por cierto sí, unitaria
y unánime- en la que se instaba al Gobierno foral a realizar las
gestiones necesarias ante el Ejecutivo central para la concesión de al
menos dos demarcaciones más. De aquí mi sorpresa cuando dice que no se ha
solicitado en absoluto por parte de las Administraciones forales ningún
tipo de ampliación en este terreno; sorpresa absoluta, señor ministro.
Pensaba decir que no está en manos de esta diputada conocer el modo e
intensidad en que se han realizado estas gestiones. Confírmeme usted que
no se ha realizado ninguna. Lo que sí es cierto es que, como bien nos ha
dicho, en el Real Decreto 2268, de 3 de diciembre, no se concede nada más
a Navarra.
Señor Montilla, por si estamos a tiempo, quisiera darle a conocer algunos
datos de lo que supone el actual reparto. Con esas cinco demarcaciones se
va a quedar sin servicio el 83 por ciento de los municipios navarros y el
82 por ciento del territorio foral. Pero hay más, y este es el objeto
fundamental de la pregunta, con el mapa actual de demarcaciones la
totalidad de los municipios de la zona vascófona de Navarra queda sin
opción al acceso del servicio de televisión total digital, el total. Las
dos únicas televisiones que ahora emiten en euskera en la zona vascófona
están condenadas a desaparecer. Y más todavía, señor ministro, así
establecidas las demarcaciones, el plan condena a Navarra a no tener una
sola televisión local que emita en euskera. Esto se escapa absolutamente
a lo establecido en la legislación foral, en la estatal y en los
compromisos internacionales, pero sobre todo es una cuestión de
sensibilidad, señor Montilla. A la vista de los datos, yo insisto en la
necesidad de ampliar las demarcaciones en la Comunidad Foral de Navarra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): La
planificación de la televisión digital terrenal de ámbito local, como
comentaba, acaba de ser modificada atendiendo a las solicitudes de las
comunidades autónomas, y la de Navarra no planteaba ninguna alteración de
las demarcaciones de que disponía. Como usted sabe también, el borrador
inicial previo a la aprobación del plan en el mes de marzo, en el que
solo figuraban dos demarcaciones en el caso de Navarra, después de la
audiencia ofrecida a la comunidad autónoma se amplió a las cinco
merindades que S.S. citaba. Por tanto, en este momento nos encontramos ya
en fase de ejecución de la planificación. De hecho, Baleares y Madrid ya
han convocado los concursos para la adjudicación de las concesiones de
televisión digital local, y Baleares incluso ya lo ha resuelto. No parece
que sea el momento de volver a acometer ninguna revisión. Otra cosa es
que cuando se produzca el cese de las emisiones de televisión analógica,
y una vez que haya mayor disponibilidad de frecuencias, se convoque
nuevamente a las comunidades autónomas para que puedan presentar sus
necesidades adicionales, si las tuvieran, de nuevas frecuencias para la
televisión digital local. Pero para ello todavía queda tiempo.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTRO DE
INDUSTRIA SOBRE SU RECIENTE VISITA A LATINOAMÉRICA? (Número de expediente
180/000488.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Arantza Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIABA: Gracias, señor presidente. El reciente
viaje del presidente del Gobierno a Latinoamérica, sin duda inducido por
una cierta sintonía política con Lula, Lagos y Kischner, ha tenido, sobre
todo, un componente fundamental que es la existencia de una importante
presencia empresarial española en los tres países visitados. Debemos
recordar que las inversiones españolas han sido muy
importantes, sobre todo en la década de los noventa, coincidiendo con los
procesos privatizadores y orientados fundamentalmente a los sectores de
telecomunicaciones, energía y banca. De hecho, en Argentina, en los
últimos 12 años, con los cerca de 40.000 millones de dólares invertidos
por las empresas españolas, España se convierte en el segundo mayor
inversor. Hay que recordar que son países que han tenido importantes
problemas de inestabilidad económica, pero no debemos olvidar que son
países que han crecido en su mayor parte por encima de un cinco por
ciento de su producto interior bruto. Ahora estamos en una situación con
una recuperada estabilidad política y económica. Son países que tienen
posibilidades de crecimientos muy altos, y Latinoamérica en esta
situación vuelve a convertirse en un objetivo prioritario para la
inversión de las empresas españolas. Por eso, a este grupo parlamentario
le gustaría conocer cuál es la valoración que hace el ministro de
Industria del reciente viaje a Latinoamérica.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera):
Gracias, señor presidente.
Señora Mendizábal, efectivamente, la semana pasada tuve ocasión de
acompañar al presidente del Gobierno, junto al ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación, en la primera visita oficial que efectuaba a
Brasil, Argentina y Chile. Brasil, como usted sabe, se encuentra ahora en
un ciclo económico expansivo, con una gran estabilidad económica y
política, con un crecimiento importante y con una inflación controlada.
Eso significa unas grandes oportunidades empresariales. Así lo
constatamos en las reuniones que mantuvimos con empresarios españoles
inversores, tanto en Brasilia, como en Sao Paulo. De las reuniones
bilaterales con el Gobierno, constatamos el interés que ambos gobiernos
compartimos por fomentar el intercambio empresarial. Prueba de ello ha
sido la visita que esta misma semana nos ha realizado la ministra de
Energía y Minas de Brasil que, entre otras actividades aquí en Madrid, se
ha reunido con empresarios españoles para propiciar inversiones en
Brasil, especialmente en el ámbito de la energía. Además, hemos alcanzado
dos importantes acuerdos sobre turismo. El primero de ellos, un protocolo
de colaboración en materia de estadísticas turísticas, promoción y
marketing, formación, cooperación al desarrollo en materia turística,
calidad y certificación. El segundo, es un acuerdo de cesión de
tecnología turística, que permitirá la creación de un portal
transaccional de turismo en Brasil. También tuvimos ocasión de analizar
el estado de las negociaciones que se están produciendo entre la Unión
Europea y Mercosur. Esperamos que pronto se pueda llegar a un acuerdo
beneficioso para ambas partes que, como tal, defiende España.
El objeto de la visita a Argentina era, entre otras muchas cosas, conocer
también la situación de las empresas españolas en este país, tras la
crisis económica que ha sufrido, a la que se refería antes el ministro
Moratinos. De ahí, la positiva reunión que mantuvimos con los principales
inversores españoles en Argentina. Del mismo modo, en Chile hemos podido
constatar que, además de las empresas de servicios, de la energía y las
comunicaciones, se está produciendo en estos momentos un alto grado de
implantación de pequeñas y medianas empresas españolas. Creo, señoría,
que en el mundo globalizado tan importantes son las relaciones
diplomáticas con otros gobiernos, como el contacto y la atención que
hemos de prestar a las empresas españolas que han optado por invertir en
el exterior, por lo que cabe valorar la visita como muy positiva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE
CULTURA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL MUSEO DE DULCINEA, EN EL
TOBOSO, EN ESTE AÑO EN QUE SE CONMEMORA EL IV CENTENARIO DE LA
PUBLICACIÓN DE EL QUIJOTE? (Número de expediente 180/000490.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Cultura de doña
Clementina Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente. Señora
ministra, nos gustaría saber en qué situación se encuentra el Museo de
Dulcinea, en El Toboso, en este IV centenario de la publicación de El
Quijote.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, en el año del IV centenario de la publicación de la primera parte
de El Quijote parte de las previsiones de este Gobierno en estos primeros
meses de legislatura ha sido tener las instituciones que calculamos que
se van a visitar más con una imagen prestigiosa de los pueblos, de los
lugares y en este caso de las administraciones que las sostienen. Estamos
hablando de un museo que es de titularidad estatal, de gestión
transferida a la Comunidad de Castilla-La Mancha, situado en un pueblo de
2.500 habitantes que recibe casi 30.000 visitantes al año para ver la
casa natal de Dulcinea. Por
la situación que hemos encontrado prácticamente ha habido que cerrar, casi
en su totalidad, el museo para poder realizar unas obras de
rehabilitación en cubiertas, saneamientos, seguridad, conservación y en
parte también del concepto museológico que allí se encuentra. En el mes
de abril estará abierto nuevamente para poder rendir un servicio especial
que este año tendrá que cumplir con el año de El Quijote. Calculamos una
inversión de unos 400.000 euros y otros 400.000 euros en una segunda fase
que dejaremos para el final del año y así no interrumpir la vida de esta
institución, fruto de las imprevisiones con las que nos hemos encontrado,
pero por sentido de la responsabilidad consideramos que estas
instituciones deben estar siempre en buen estado, pero de manera
específica este año por las razones que usted y yo conocemos.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora diputada.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, sin duda este magnífico momento en el que vivimos, de
conmemoración de la más universal de nuestras novelas, es extraordinario
para recordar al mundo que La Mancha existe y que es algo más que un
escenario literario, que es un escenario real que merece la pena ser
visitado. Por eso como manchega me congratulo enormemente de que se
potencie, se mejore este museo tan significativo para la obra cervantina
como es el de Dulcinea del Toboso. Cualquier persona que quiera conocer
la realidad que inspiró la más universal de nuestras novelas debe acudir
a esta casa, porque según la tradición fue la cuna de Ana Martínez Zarzo,
que fue precisamente la famosa Dulcinea, la dulce Ana que inmortalizara
Cervantes. Por eso, señora ministra, quiero agradecerle que usted haya
impulsado las obras; unas obras que durante dos años, pese a estar
presupuestadas, el Partido Popular no hizo. Ahora lamentablemente hemos
empezado el IV centenario con el museo cerrado por la desidia del
anterior Gobierno. Quiero felicitarla por haber hecho con gran celeridad
y acierto estas obras que sin duda son importantes porque también están
poniendo de manifiesto el buen entendimiento entre el Ministerio de
Cultura y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Usted ha dicho
que efectivamente es el ministerio quien ejerce la titularidad del museo,
pero que la gestión depende de la Junta, que va a hacer un nuevo proyecto
museológico que sin duda va a ser importante porque muchos aspectos
pedagógicos van a ser reforzados ya que se van a incluir, parece ser,
salas nuevas para audiovisuales, con lo que va a ganar mucho y con ello
todos los visitantes. También decía usted que unas 30.000 personas lo
visitan. Después de este impulso se visitará todavía más; y si esto lo
enmarcamos en un pueblo pequeño, de algo más de 2.000 habitantes, se
entiende la importancia extraordinaria que tiene este museo para toda la
zona, desde luego para el municipio de El Toboso que con este museo
tendrá unas posibilidades culturales y económicas extraordinarias.
Por todo ello, señora ministra...
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora diputada, ha terminado su tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, como dijo Carlos Fuentes cuando hablamos del mundo
hispanohablante, con 450 millones de personas en dos continentes,
especialmente el continente americano y Europa, estamos hablando del
territorio de La Mancha, efectivamente. Y aprovecho para darle una
noticia. Será en El Toboso, un lugar pequeño pero significativo, donde
hagamos un evento importante en el año de El Quijote precisamente para
recordar el lado femenino de esa gran obra que se concentra en el
personaje de Dulcinea, pero también en todos los valores universales que
siendo El Quijote un varón, también tenía. Será en ese lugar donde muchas
mujeres de este país recordaremos los valores universales del género
femenino que la obra universal de Cervantes encierra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MARIO BEDERA BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿CUÁNDO VAN A
FINALIZAR LAS OBRAS DEL MUSEO CERVANTINO DE VALLADOLID? (Número de
expediente 180/000491.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado señor Bedera Bravo.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, como usted conoce, Valladolid es una ciudad cervantina.
En ella vivió el escritor entre 1603 y 1606, como lo hicieron otros
literatos que acompañan a la corte de Felipe III cuando llega allí:
Góngora, Vélez de Guevara o el propio Quevedo, que curiosamente aunque
parece matriculado en nuestra universidad, no consta que alcanzara grado
alguno, aunque sí apareció ante el tribunal del rector por no pagar los
honorarios a cierto médico.
La estancia de Cervantes en Valladolid fue breve pero muy intensa, como lo
atestiguan las repetidas referencias a la capital en algunas de sus
novelas más importantes, pero sobre todo porque en esta capital terminará
la primera parte de su ingenioso hidalgo. En efecto, en Valladolid se
leerá por primera vez la obra completa en la Navidad de 1604. Hay que
recordar que el 20 de diciembre de ese mismo año se imprime en
Valladolid la tasa oficial que permite la edición completa de El Quijote y
su posterior puesta a la venta. Por un legajo descubierto en la Real
Chancillería a finales del XVIII, donde se relata la conocida prisión de
Cervantes y de su familia, conocemos la vivienda que ocupó en la calle
del Rastro, precisamente vivienda que en la actualidad es la sede de su
casa-museo, la Casa-Museo de Cervantes. Esta casa-museo ha pasado por
numerosas vicisitudes, las más importantes tienen que ver con su
incorporación a la titularidad estatal, mediante unos actos jurídicos
entre los cuales, por ejemplo, está inmersa la propia figura de Alfonso
XIII, cuando hace la donación en 1915 de algunos inmuebles, o la del
presidente de la Sociedad Hispánica de Nueva York en 1918, hasta la del
marqués de Vega-Inclán en 1942. La utilización de esta casa-museo y de
sus fondos por la ciudadanía se remonta hasta 1916, cuando se inaugura en
la planta baja la biblioteca popular cervantina, y después en 1948 se irá
incorporando sucesivamente el museo, etcétera. En 1968, como usted conoce
bien, 20 años después por tanto, este conjunto pasa a formar parte del
patrimonio nacional de museos, estando en este momento adscrito a la
Dirección General de Bellas Artes. Desde esta responsabilidad el
ministerio ha acometido, en el marco de la conmemoración del IV
centenario, importantes obras de reforma, y ello ante el descrédito tanto
de la Administración autonómica como local. Señora ministra, como seña de
identidad cultural de la ciudad, el Grupo Socialista y los ciudadanos de
Valladolid en particular le preguntamos por la finalización de estas
importantes obras.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señor presidente.
Señoría, estamos ante un caso parecido. Para quienes la cultura y la
política cultural puede ser, y de hecho lo es, política de efectos
especiales, para nosotros pasa por el rigor de las instituciones, por la
calidad del servicio público que prestamos desde las instituciones de la
Administración general del Estado y por la calidad de las expectativas
que los ciudadanos esperan precisamente con sus recursos y en los lugares
que les pertenecen. Nos hemos encontrado en las mismas circunstancias,
con un proyecto durmiendo, sin activaciones sabiendo, como se sabía
porque lo sabían todos los españoles, que este año era el 400 aniversario
de la edición de la primera parte de El Quijote. Pues muy bien, con las
mismas nos hemos incorporado en una nueva legislatura, en un nuevo
Gobierno y por sentido de la responsabilidad a pesar de tener que
cerrarlo, lo hemos cerrado porque no estaba en las condiciones de
prestigio que tiene que tener una institución cultural en este país en un
año significativo como éste, no se puede tener abierta la casa de
Cervantes en Valladolid en las condiciones en las que estaba, que usted
debe conocer mejor que nadie. Con ese sentido de la responsabilidad se
están haciendo obras por valor de casi 400.000 euros y terminarán
probablemente antes del día 23 de abril, porque queremos que el día 23 de
abril, día significativo como Día Internacional del Libro, la casa esté
abierta a los visitantes de Valladolid que buscan precisamente el rastro
de la vida de Cervantes en esa ciudad y queremos que la encuentren en las
mejores condiciones posibles. Cuando se pregunta por la programación de
El Quijote algunos esperan alharacas y fuegos de artificio, otros hemos
pensado que había que poner en orden esto y después hacer todo lo que se
pueda en otros términos mucho más fáciles para la política que usted ya
conoce. (Aplausos.)
- DE LA DIPUTADA DOÑA YOLANDA CASAUS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE:
¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA APROBACIÓN POR LA COMISIÓN EUROPEA DEL PLAN
NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN? (Número de expediente
180/000493.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Medio Ambiente de
doña Yolanda Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, España se adhirió al Protocolo de Kioto en el año 1997,
lo cual implica la reducción al 50 por ciento de las emisiones de gases
de efecto invernadero en un nivel mundial, además de su entrada en vigor
en el año 2005. ¿Y qué hizo el Partido Popular, que fue el que adquirió
el compromiso al firmar dicho protocolo? Dejarlo aparcado. No asumió su
responsabilidad. Como siempre, se hace la foto pero no resuelve, ya que
en marzo no se había comenzado a trabajar. El acuerdo estaba firmado pero
no estaba la ley; incluso no se había hecho ni el borrador que se debía
mandar a Europa el 31 de marzo sobre la ley de derechos de emisión. Con
esto se demuestra que el Partido Popular no creía en Kioto, por eso no
cumplió. Además fue España, junto a Italia, quienes intentaron cambiar
este protocolo. El Partido Popular incluso lo pasó al Ministerio de
Economía. Tan es así que en el año 1996, cuando el PP llegó al Gobierno,
España se encontraba en un promedio de emisiones del 16 por ciento y
cuando salió del Gobierno nos dejó en el 44 por ciento, siendo el acuerdo
para España de un crecimiento en torno al 15 por ciento, en base al año
1990.
Al llegar el PSOE al Gobierno, con responsabilidad y coherencia política,
ya que además era un compromiso electoral nuestro así como del propio
presidente del Gobierno, quien lo manifestó en su debate de investidura,
presentó en julio el real decreto-ley del Plan nacional de asignación de
emisiones de CO2 y lo hizo coordinadamente entre los ministerios de
Industria y de Medio Ambiente. Se contó también con la participación y el
consenso de las organizaciones sindicales, empresariales y
administraciones regionales. Se trabajó, como viene siendo habitual en
este Gobierno, coordinadamente entre los ministerios y teniendo en cuenta
a todos los sectores afectados. Se elaboró un plan nacional de asignación
con la participación de todos y en él se estableció un plazo de
presentación de alegaciones, que fueron tenidas en cuenta para redactar
el plan definitivo que fue enviado a Europa.
Así pues, ¿cómo valora el Gobierno la aprobación por la Comisión Europea
del Plan nacional de asignación de derechos de emisión?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada.
Estamos trabajando, efectivamente, para recuperar el tiempo perdido en lo
relativo a la lucha contra el cambio climático. El Gobierno ya ha
aprobado la asignación definitiva de derechos de emisión a casi 1.000
instalaciones, aquellas empresas que quedan dentro del marco de la
directiva europea sobre comercio de emisiones. En la fase de alegaciones
se ha atendido a aquellas cuestiones que estaban suficientemente
justificadas, lo que ha significado un ligero reajuste en la asignación
definitiva dentro de los límites ya aprobados por la Comisión Europea, a
cuya aprobación se refería la señora diputada. En estos momentos España
pertenece al conjunto de países europeos que ya pueden poner en marcha el
comercio de emisiones. Hay otros países, como es el caso de Italia, de
Grecia o de Chequia, que todavía no han recibido el visto bueno por parte
de la Comisión Europea, y algunos, como es el caso del Reino Unido, que,
a pesar de haber aprobado su plan nacional hace algunos meses, ha
recibido rectificaciones importantes por parte de la Comisión Europea,
que impiden que en ese país se ponga en marcha el mecanismo de comercio
de emisiones.
Por lo que se refiere a España, las herramientas están preparadas. Estamos
a falta de que la Comisión Europea dé el visto bueno al registro
nacional, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y mientras tanto,
en el trámite parlamentario del proyecto de ley que regula el comercio de
emisiones en nuestro país que se sigue en el Senado, se han incorporado
ya dos cuestiones fundamentales: una, la única cuestión que planteó la
Comisión Europea para la aprobación del Plan nacional, que es la
consideración de determinadas instalaciones de combustión de más de 20
megavatios que no han entrado en el primer reparto y lo harán a partir de
este momento, lógicamente también con un proceso de información pública y
de alegaciones; y dos, el texto que se debate en el Senado incorpora
también el reciente reglamento comunitario sobre el funcionamiento del
registro. Por tanto, seguimos avanzando en la dirección de cumplir
nuestros compromisos.
Gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON SEBASTIÁN QUIRÓS PULGAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO
AMBIENTE: ¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO
AMBIENTE, CELEBRADA EN SANTANDER LOS DÍAS 27 Y 28 DE ENERO DE 2005, EN
RELACIÓN CON LOS INCENDIOS FORESTALES? (Número de expediente
180/000494.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Sebastián Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señora ministra, los incendios forestales
constituyen uno de los más graves problemas que tiene la sociedad
española actualmente. En la última década -me estoy refiriendo al periodo
1994-2003, y ya hay datos cerrados- se han quemado más de 1.400.000
hectáreas de superficie forestal. Es como si hubiésemos perdido siete
veces el parque natural de Carzorla, Segura y Las Villas. Hago esta
comparación con el parque natural más grande de este país para que la
Cámara se dé cuenta de la magnitud del problema sobre el que estamos
hablando. En esta década solamente se han perdido 147.000 hectáreas por
año. Los socialistas consideramos que se pueden hacer más cosas, en la
lucha contra los incendios forestales, de las que hizo el Partido Popular
en sus ocho años de Gobierno. De nefasta se puede calificar su política;
se caracterizó por un descenso de transferencias de los fondos a las
comunidades autónomas y por el mal uso que hicieron las confederaciones
hidrográficas del Guadalquivir de los fondos europeos que iban destinados
a que desarrollaran las comunidades autónomas su programa operativo. En
vez de invertir en montes, el Partido Popular invirtió en zonas
ajardinadas, en polideportivos y en auditorios. Asimismo, durante el
periodo 2001-2003, el Gobierno del Partido Popular dejó de invertir más
de 46 millones de euros en el programa presupuestario de lucha y defensa
contra los incendios forestales. Todo esto ha sido corregido por el
Gobierno socialista. Hay un nuevo talante de diálogo y de acuerdo con las
comunidades autónomas, las confederaciones hidrográficas, en consenso con
las comunidades autónomas, invierten los fondos europeos en espacios
forestales y se ha incrementado considerablemente la
partida presupuestaria de defensa contra los incendios forestales, el 8,6,
para el año 2005.
Entendemos los socialistas que el problema actual no radica en la
disposición de medios ni en la política de prevención y extinción, sino
también en la falta de implicación de la sociedad en general y, en
particular, del medio rural. Nos parece también a los socialistas que es
necesario un mayor énfasis que el que puso el Partido Popular en la
prevención y en la persecución del delito y de las infracciones
administrativas. Nos consta que el Ministerio de Medio Ambiente está
trabajando en conseguir un frente común de acción contra el fuego y en
consensuar medidas de prevención y lucha contra incendios forestales con
las comunidades autónomas. Ese ha sido el objeto de la conferencia
sectorial que se celebró en Santander días pasados y por ello nos
gustaría conocer a esta Cámara, y a mi grupo parlamentario en particular,
el resultado en relación con las medidas propuestas de lucha contra los
incendios forestales. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Terminó su tiempo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado.
Efectivamente, el pasado fin de semana, en la Conferencia sectorial de
Medio Ambiente, se aprobó por unanimidad un documento, que cuenta, por lo
tanto, con el respaldo de todas las comunidades autónomas y, por
supuesto, del Gobierno de la nación a través del Ministerio de Medio
Ambiente, donde se reúne un conjunto de medidas que van desde las
relativas a la implicación de la sociedad a la persecución contra el
delito -en este caso, contra los incendios forestales- a los planes de
prevención y también de lucha y de extinción de los incendios. Este
documento va a ser remitido a todos los portavoces de la Cámara,
entendiendo que recoge compromisos de todas las administraciones, de las
autonómicas y de la nacional.
Quiero recordar que en particular en este documento se recoge el
reconocimiento explícito de que el cambio de uso de suelo puede ser y es
en gran medida una motivación para los incendios forestales. Una de las
medidas acordadas por unanimidad es que todas las administraciones, las
autonómicas y la estatal, revisarán las propias legislaciones en lo
relativo a la prohibición de cambio de uso del suelo una vez objeto de
incendio. En ese sentido, aparte de lo que haga cada una de las
administraciones autonómicas, ya se ha anunciado por parte del Ministerio
de Medio Ambiente el proceso de elaboración de una modificación de la Ley
de Montes, que, entre otras cuestiones, incorporará medidas específicas
sobre las fiscalías de delitos ecológicos, en coordinación con lo ya
acordado por el Ministerio de Justicia, y también la prohibición de
cambio de uso como mínimo durante un periodo de 30 años para aquellos
terrenos forestales objeto de incendio. Creemos que el compromiso
conjunto de todas las administraciones recogido en este documento es una
magnífica base de partida para un desarrollo que debe implicar no solo a
las administraciones competentes en materia ambiental -hay cuestiones, ya
lo he señalado, relativas a justicia y a los medios de prevención y de
persecución de los delitos-, sino también al ministerio y a las
consejerías de Agricultura, en lo que tiene que ver con la implicación
del mundo rural en la lucha y en la prevención de los incendios
forestales. A partir de ese documento se hará un informe al Consejo de
Ministros y por parte de la Administración central se desarrollarán
aquellas medidas que aquí están previstas y yo espero idéntica respuesta
e idéntico compromiso por parte de todas las comunidades autónomas que el
pasado fin de semana aprobaron el conjunto de medidas incluidas en este
documento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:
¿QUIÉN DIO LA ORDEN DE DETENCIÓN DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR EL
PASADO 25 DE ENERO? (Número de expediente 180/000499.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro del Interior de don Ángel
Jesús Acebes. Su turno, señor diputado.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el pasado día 25 se produjo un hecho muy grave para este
grupo parlamentario y para la democracia: fueron detenidos dos militantes
del Partido Popular por los presuntos delitos de amenazas y atentados
contra el ministro de Defensa. Se trata de un hombre de 61 años,
fontanero jubilado, y de una mujer, ama de casa y directiva de una
asociación humanitaria en Las Rozas. Al parecer, sin más pruebas que una
fotografía cuando estaban ejerciendo un derecho fundamental, manifestarse
en apoyo a las víctimas del terrorismo.
Las preguntas que quiero hacerle, señor ministro, son muy concretas: ¿Se
produjo la detención por orden judicial? En caso de que no fuera orden
judicial, ¿dio usted, personalmente, alguna orden a la Policía o permitió
que siguiesen su criterio profesional? Si no fue el juez ni fue usted,
¿quién dio la orden?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor
presidente.
Señor Acebes, como usted bien sabe, es la Policía, son los policías
competentes para instruir y desarrollar el atestado quienes ordenan que
se cite en comparecencia a los dos implicados para tomarles declaración.
Igualmente, esos policías ordenan que se les lean sus derechos y que se
les asista de letrado. Por tanto, como ocurre siempre, es la Policía la
que de modo exclusivo toma las decisiones que tenga que tomar en el marco
del atestado policial. Ni el Ministro del Interior ni nadie de su
estructura política toma ninguna decisión, dirige orden ni consigna al
respecto, como usted bien sabe.
El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.
El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.
Señoría, no dice usted la verdad a la Cámara. (Rumores.) O no la ha dicho
ahora o mintió a un medio de comunicación. Usted dice que no ha dado
ninguna orden, lo acaba de decir, consta en el "Diario de Sesiones", y el
día 24, lunes, en un periódico de difusión nacional dice: He dado orden
-en primera persona- a la Policía para que investigue y localice a
quienes agredieron a Bono. Por tanto, o dio orden o no la dio.
Es evidente, señoría, que todo ha sido una pura arbitrariedad: la
selección de los militantes del Partido Popular, su detención, la
ausencia de pruebas o indicios racionales contra ellos, las represalias
contra el funcionario que se negó a detenerlos, la manipulación de
informes sobre previsiones de asistencia a la manifestación y el cese de
la investigación en cuanto fueron exonerados los militantes del Partido
Popular. Lo que nos ha quedado claro, señor ministro, es que la Policía
ha demostrado que Bono no fue agredido físicamente, aunque él habló de
golpe en las costillas y puñetazos, y que la Delegación del Gobierno dejó
la manifestación sin cobertura adecuada, aunque hizo un comunicado
escrito y público calificándoles de imputados. Los detenidos han sido
víctimas, señoría, de un gravísimo atropello antidemocrático y no vamos a
parar hasta conocer a los responsables de ese atropello para exigirles
las responsabilidades que procedan. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias de nuevo,
señor presidente.
Usted sabe o debiera saber, señor Acebes, que ni los ministros del
Interior ni los delegados del Gobierno dan orden de detener a nadie. (Un
señor diputado: Entonces, ¿por qué lo dices?) De todos modos y como veo
que es grande su interés en conocer los hechos, le emplazo mañana en la
Comisión de Interior, donde daré cumplida respuesta a sus demandas de
información y a las de su grupo parlamentario. Allí le explicaré que la
estructura política del Ministerio del Interior actúa con absoluto y
escrupuloso respeto a la Constitución y a las leyes, exactamente igual
que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Le explicaré también
lo que dije, que no es lo que usted ha dicho que dije.
(Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. ¡Silencio!
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS GALACHE CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁL
ES EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES PARA EL TRASPASO DE COMPETENCIAS EN
MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE
TODAVÍA NO LAS TIENEN ASUMIDAS? (Número de expediente 180/000487.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos -es la última ya- con la pregunta de don
José Luis Galache, dirigida al señor ministro de Justicia.
El señor GALACHE CORTÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, por parte del Gobierno se ha venido manifestando el
propósito, en la medida en que ello sea posible y teniendo en cuenta la
complejidad del proceso, de hacer un gran esfuerzo por intentar culminar
durante la presente legislatura las transferencias competenciales en
materia de justicia a las comunidades autónomas que aún no las han
asumido. Reafirmar este compromiso en este momento significa o exige, a
nuestro entender, conocer cuál es la realidad presente en esta sensible
materia entre las administraciones intervinientes.
Entiende mi grupo parlamentario, y este diputado, que el impulso de las
transferencias del servicio público de la justicia no sólo significa el
cumplimiento de un mandato constitucional y el desarrollo estatutario
respectivo, sino que en cierto sentido promueve la cercanía de las
instituciones al justiciable, supone una práctica descentralización que
genera eficacia y celeridad en la prestación de los servicios y permite
una adecuación, una armonización y un mejor aprovechamiento de los
recursos financieros disponibles a los fines de una mejora en la calidad
del servicio público de la justicia y de la inmediatez en la prestación
de los mencionados servicios. En definitiva, entiende este grupo que las
transferencias de competencias en justicia a las comunidades autónomas
refuerzan el Estado autonómico en sentido genérico.
En sus propios términos, señor ministro, reproduzco la cuestión que le he
planteado, si bien me gustaría matizarle una triple consideración. En
primer lugar, le solicitamos que nos indique qué comunidades autónomas se
encuentran en proceso más avanzado de asunción
de transferencias de competencias, contando ya con el instrumento técnico
de las ponencias para el traspaso y posible culminación del mismo. En
segundo lugar, qué previsiones existen con las comunidades restantes y
qué grado de negociación hay o se vislumbra en el horizonte con ellas.
Por último, es muy interesante conocer si recientemente se ha reactivado
con decisión y se encuentra en buena situación, en lo que denominaríamos
hoy en bandeja de entrada, el proceso con alguna comunidad autónoma
recientemente incorporada.
Eso es todo, señor ministro. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia, es su turno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Señoría, conoce bien que el artículo 149 de la Constitución, en su
apartado 1, regla 5.ª, establece la competencia exclusiva del Estado
sobre la Administración de Justicia. Pero los estatutos de autonomía,
todos, sin excepción, después de las reformas que se acometieron a
primeros de los años noventa, confieren a las comunidades autónomas
importantes competencias en materia de lo que se ha denominado
Administración judicial, es decir, medios personales no judiciales y
medios materiales, por tanto, infraestructuras y herramientas
informáticas al servicio de la justicia. Y es un problema objetivo que en
estos momentos sólo ocho de las diecisiete comunidades autónomas hayan
asumido de manera efectiva la competencia que sus estatutos de autonomía
les establecen, de modo que nada menos que nueve todavía no las ejercen
de manera efectiva.
El Gobierno ha objetivado este problema y lo ha situado en su agenda de
prioridades, dentro de la estrategia dirigida a mejorar la capacidad de
respuesta del sistema judicial en defensa de una más efectiva tutela
judicial de los derechos de los ciudadanos. Por ello, hemos reactivado el
proceso de negociación conducente al perfeccionamiento de esos traspasos,
en la conciencia de que los traspasos en el Estado autonómico no se
imponen, sino que se negocian y se acuerdan. Está en avanzada fase de
negociación la transferencia de la competencia a las comunidades
autónomas de Aragón y de Asturias; hemos restablecido el diálogo, que se
estancó durante largos años, con las comunidades autónomas de Baleares,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Rioja; también
hemos establecido el diálogo con Cantabria, para constituir grupos de
trabajo que conducirán, a través de las ponencias técnicas, al acuerdo
que esperamos conseguir en el curso de esta legislatura para materializar
la transferencia efectiva de las competencias que les corresponden en
función de su estatuto. Creemos que esto es crucial para superar la
actual heterogeneidad que impide un diseño eficiente de la política en
materia de justicia y su consiguiente ejecución, compartida por el Estado
y por las comunidades autónomas. Todo ello redundará no solamente en el
perfeccionamiento del Estado autonómico, sino en una más ágil y eficiente
respuesta en defensa de los derechos fundamentales que requieren tutela
judicial efectiva ante nuestra Administración de Justicia. (Aplausos.)
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE PLANES DEL
GOBIERNO PARA ACTUALIZAR LA VIGENTE LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA,
ESPECIALMENTE EN LAS CUESTIONES REFERIDAS A LOS PROCEDIMIENTOS, TODAVÍA
VIGENTES, QUE DAN LUGAR AL TRASLADO DE POBLACIONES. (Número de expediente
172/000068.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el turno de preguntas al Gobierno, continúa
la sesión de control con interpelaciones urgentes. Interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre planes del Gobierno
para actualizar la vigente Ley de Expropiación Forzosa, especialmente en
las cuestiones referidas a los procedimientos, todavía vigentes, que dan
lugar al traslado de poblaciones.
Para formular la interpelación, por un tiempo de 12 minutos, tiene la
palabra el señor Labordeta. (La señora vicepresidenta, Chacón Piqueras,
ocupa la Presidencia.)
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el artículo 19 de la Constitución española proclama que
los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a
circular por el territorio nacional. Importa en este momento detenerse en
la libre elección de residencia. ¿Qué significa la libertad de
residencia? De acuerdo con el alcance que ha dado a tal enunciado el
Tribunal Constitucional, la libertad de residencia implica la libertad de
habitar en un determinado lugar o, dicho de otro modo, el derecho
subjetivo y personal a determinar libremente el lugar o lugares donde se
desea residir transitoria o permanentemente. El Tribunal Constitucional
ha remarcado que la libertad de elección de residencia que atribuye a los
españoles el artículo 19 de la Constitución española comporta la
obligación correlativa de los poderes públicos de no adoptar medidas que
restrinjan u obstaculicen ese derecho fundamental. Esta limitación que el
derecho constitucionalmente ha reconocido e impone a las intervenciones
de los poderes públicos es la que de forma reiterada ha sido ignorada,
como si dicho derecho constitucional no existiese o, mejor aún, como si
tales intervenciones no guardasen relación alguna
con el mismo, como certeramente apuntó el profesor Juan Alfonso Santamaría
Pastor.
¿Es posible ignorar que las expropiaciones efectuadas para las
construcciones de embalses, cuando condenan a la desaparición a
determinados pueblos o fuerzan la emigración de la mayor parte o de la
totalidad de sus vecinos, no están suprimiendo la libertad de habitar en
un determinado lugar de un conjunto de ciudadanos españoles? ¿Por qué los
poderes públicos olvidan el respeto a dicho derecho que impone la
Constitución y creen que ese derecho es susceptible de expropiación, como
si la libertad de residencia se redujera exclusivamente a la propiedad de
una casa o de unas huertas, de modo que ocupados tales bienes, a través
de un procedimiento expropiatorio, pueda entenderse suprimido sin más el
derecho fundamental de habitar en un lugar en el que unos ciudadanos
españoles han nacido, viven y desean seguir viviendo?
En determinada sentencia del Tribunal Supremo, al referirse a una
expropiación que afecta a la mayor parte o a la totalidad de las tierras
y expropiaciones agrícolas, incluidas casas y anejos, de una determinada
comarca, en ningún momento se alude a la vulneración de la libertad de
residencia, limitándose dicho Tribunal a señalar que la indemnización o
justiprecio no responde solo y estrictamente a la privación de los
bienes, sino que cubre también los perjuicios correspondientes a la
realidad de desarraigo producido por dicha expropiación a los titulares
de dichos bienes. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero del año
1989. Dicho pronunciamiento judicial es una clara manifestación del
olvido de la libertad fundamental de residencia del ciudadano, reduciendo
a este a un mero propietario. La vigente Ley de Expropiación Forzosa, que
data del año 1954, constituye una norma que, si en su día pudo suponer un
avance en las garantías de los particulares, ya que no es posible hablar
de ciudadanos en dichas fechas en España, hoy aparece claramente ajena a
las exigencias que impone el Estado de derecho proclamado por la
Constitución de 1978.
No es posible conciliar una ley en cuyo articulado se establece un
procedimiento especial para expropiaciones que den lugar a traslado de
poblaciones con una Constitución que consagra la libertad de los
españoles para habitar en un determinado lugar. La Ley de Expropiaciones
Forzosas declara en su artículo 1 que por expropiación forzosa se
entenderá cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o
de derechos o intereses patrimoniales legítimos. Ello quiere decir que
cabe entender expropiables todos los bienes y derechos, reales y de
crédito, que tengan un valor patrimonial y resulten enajenables. ¿Cabe
conceder valor patrimonial a la libertad de habitar en un determinado
lugar? ¿Son enajenables los derechos constitucionales de las personas,
precisamente aquellos derechos que les confieren la condición de
ciudadanos? ¿Es posible conservar la condición de ciudadano por aquellas
personas que se ven privadas del ejercicio de sus derechos y libertades?
Constituye un sangrante anacronismo de nuestro ordenamiento jurídico y de
la acción de nuestros poderes públicos que en los inicios del siglo XXI,
tras 25 años de Constitución democrática, todavía se provean proyectos
cuya ejecución impone la privación de derechos fundamentales a una
porción de la población. En la negación de la plenitud de la ciudadanía
de los afectados por dichos proyectos va también la negación de nuestro
sistema de libertades y de nuestra democracia.
La proclamación de derechos de libertad de residencia se contiene en el
conjunto de textos de derechos humanos a los que remite el artículo 10.2
de nuestra Constitución. En concreto, dicha libertad queda recogida en el
artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
derecho que reitera el artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1966 y que igualmente se incluye en el Protocolo
adicional número 4 al Convenio europeo para la protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales de 1950. Todos los tratados citados se
hallan ratificados por España y su vulneración supone una directa
responsabilidad ante la comunidad internacional.
Por todo ello, promovemos una iniciativa de profunda renovación política
consistente en la derogación de todas aquellas normas y en especial de
los preceptos correspondientes de la Ley de Expropiación Forzosa que
amparan la realización de proyectos u obras públicas que imponen la
desaparición de núcleos habitados y niegan a los habitantes de dichos
lugares su libertad de habitar allí. No es posible mantener por más
tiempo la desconexión entre dichos proyectos y los derechos
constitucionales de los afectados y ello puede lograrse por dos vías: la
primera, mediante una valiente iniciativa política de los grupos
parlamentarios, promoviendo la adaptación de las leyes a las exigencias
constitucionales, demostrando una clara voluntad de profundización
democrática; la segunda, sin duda la más probable, constituirá una larga
y dolorosa batalla jurídica y política de los afectados por lograr el
respeto de sus derechos, ganando al fin con su solo esfuerzo un triunfo
para toda la sociedad y para las generaciones futuras e incorporando a
nuestro sistema democrático un nuevo valor de exigencia y de respeto a la
dignidad de las personas. Este planteamiento jurídico abre enormes
capacidades de acción: amparo ante el Tribunal Constitucional y ante la
Comisión y el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
apelaciones al Defensor del Pueblo para que promueva la modificación de
la Ley de Expropiación Forzosa, recogida de firmas para una iniciativa
legislativa popular que modifique la ley, etcétera.
Por todos estos motivos hemos presentado esta interpelación al Gobierno y
la próxima semana procederemos al debate de la correspondiente moción.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro y señoras y
señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Labordeta.
Continuamos con la contestación a la interpelación y para ello tiene la
palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, señor diputado, agradezco que la interpelación presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto, en la voz de su diputado de la Chunta
Aragonesista, señor Labordeta, brinde a esta Cámara la ocasión de
considerar algunos aspectos que no por ajenos a la agenda política más
apremiante dejan de tener importancia y desde luego un encuadre
constitucional digno de discusión en la medida en que afectan, primero, a
un derecho fundamental que ha salido a colación en la intervención del
diputado interpelante, el derecho fundamental a la libre circulación y
elección de residencia, que la Constitución garantiza a todos los
españoles en su artículo 19; segundo, a un instituto crucial del derecho
administrativo, como es el de la expropiabilidad de la propiedad,
reconocido también como derecho con rango constitucional en el artículo
33 y, tercero y naturalmente, a las garantías frente a la expropiación de
la propiedad que se deben en un sistema constitucional que someta la
actuación de los poderes públicos al principio de legalidad, de sujeción
a la ley. Efectivamente, todos estos elementos los contiene el problema
que la interpelación trae a esta Cámara. Déjeme que los encuadre por su
orden, para que pueda ofrecerle el planteamiento del Gobierno. En primer
lugar, la expropiación forzosa está regulada en una ley vigente en
nuestro ordenamiento jurídico. Esta ley data de 1954 -lo sabemos todos-
y, por tanto, se encuadra cronológicamente en el período político que
todos conocemos como franquismo. Pero esto no quiere decir que dicha ley
sea toda ella incompatible con la Constitución ni con las garantías que
la misma establece. Es sabido que la Constitución no derogó por completo
el ordenamiento jurídico que existía antes de su entrada en vigor; eso
hubiera sido sencillamente absurdo y contrario a un principio estructural
de todo Estado de derecho: el de seguridad jurídica. Lo que hizo la
Constitución fue derogar todo aquello que en el ordenamiento jurídico
resultara incompatible con ella, y sujetar a sí misma la interpretación
de todas las normas del ordenamiento jurídico. Por fin, de la vigencia y
efectividad de la Constitución se encargó a su intérprete supremo, el
Tribunal Constitucional, y, vinculado por su jurisprudencia, a todo el
sistema judicial español, que ha ido conformando la aplicación y la
interpretación de la legalidad a la Constitución desde el momento de su
entrada en vigor.
Pues bien, esto es lo que ha sucedido -no podía ser de otro modo- con la
Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Esta ley es seguramente la última
de las producidas en esa etapa que se quiso denominar tecnocrática y que
configuró en la década de los cincuenta buena parte del derecho
administrativo español de la segunda mitad del siglo XX que continúa en
vigor. Hasta hace poco lo estuvo la Ley de Procedimiento Administrativo,
hasta 1992; la originaria era de 1958. Todavía mayor vigencia tuvo la
jurisdicción Contencioso-Administrativa regulada en 1956, hasta la
entrada en vigor de la ley vigente, de 1998. Por fin, buena parte del
derecho de la Función Pública cuajó en 1964, hasta su renovación por la
Ley 30/1984, de Medidas de reforma de la Función Pública. Sin embargo, lo
cierto es que todo ese paquete normativo mientras estuvo en vigor, mucho
después de la Constitución, resultó adecuado a la misma como consecuencia
de su sujeción interpretativa y aplicativa a ella, y de la garantía que
ha venido acumulando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Este es, pues, el modo en que debemos leer la vigencia actual de la Ley de
Expropiación Forzosa. Es evidente que la expropiación forzosa no es
inconstitucional, tiene su propio encaje constitucional. Lo señala, para
empezar, el artículo en el que la Constitución consagra el derecho de
propiedad -el artículo 33-, que se encarga de afirmar que la Constitución
reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y de afirmar
al mismo tiempo que la función social de estos derechos -a la propiedad
privada y a la herencia- delimitará su contenido de acuerdo con las
leyes; por tanto, también de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa.
En el párrafo tercero añade expresamente que nadie podrá ser privado de
sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de
conformidad con lo dispuesto por las leyes. De modo que la Constitución,
a la hora de establecer el derecho a la propiedad privada, está encajando
la expropiabilidad forzosa por causa de interés social y de utilidad
pública.
Por si lo dicho fuera poco, el artículo 149.1, en su regla 18.ª -cuando
establece las competencias exclusivas del Estado-, confiere al legislador
estatal competencia para regular la expropiación forzosa, además con
carácter homogéneo en todo el Estado; es decir, independientemente de la
distribución de competencias que habrá de efectuarse con el
establecimiento del Estado de las autonomías, y de la asunción de
competencias legislativas por parte de las comunidades autónomas. Así nos
recuerda que el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las
especialidades derivadas de la legislación de las comunidades autónomas,
la legislación sobre expropiación forzosa, la legislación básica sobre
contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad
de todas las
administraciones públicas junto a las bases del régimen jurídico de todas
las administraciones públicas y de los funcionarios, será competencia del
Estado. Tenemos por tanto que la expropiación forzosa es un instituto
perfectamente acomodable al sistema constitucional. Usted aduce en su
interpelación su compatibilidad respecto de un derecho fundamental muy
precioso en nuestro sistema y en cualquiera que merezca ese nombre, que
es el derecho fundamental a la libre circulación y a la elección de
residencia, que efectivamente nuestra Constitución consagra en el
artículo 19, pero es un punto firme en la lectura de la Constitución que
no hay ningún derecho ilimitado, ni siquiera los fundamentales; todos
están sujetos a su delimitación constitucional y a lo que establezcan las
leyes, y así también en el artículo 19 y el derecho a la libre elección
de residencia, donde se afirma que los españoles tienen derecho a elegir
libremente su residencia pero se afirma igualmente que ese derecho vendrá
determinado en los términos que la ley establezca. Por tanto, se podrá
comprender razonablemente que el derecho a la libre elección de
residencia de todos los españoles no permite ni a todos los españoles ni
a ninguno en particular establecer libremente su residencia en la Caldera
de Taburiente, en la isla de La Palma, sencillamente porque es un espacio
natural protegido por la ley, de la misma forma que los españoles no
pueden establecer libremente su residencia en el Palacio Real, porque es
patrimonio nacional. Por tanto los españoles no pueden establecer
libremente su residencia sino en los términos en que la legalidad prevé
el ejercicio de ese derecho ciertamente fundamental.
En estas coordenadas es cierto que una ley cronológicamente franquista
puede ser acomodable a la Constitución y por tanto tiene una vigencia que
ha permanecido intocable hasta la fecha. Esto no predetermina que no
podamos considerar la modificación, parcialmente o por completo, del
régimen jurídico de la expropiación forzosa. Podemos hacerlo, no forma
parte de las prioridades político- legislativas del Gobierno que preside
José Luis Rodríguez Zapatero, no ha formado parte del compromiso de
investidura del presidente, no forma parte del cuadro de prioridades del
Ministerio de Justicia pero es legítimo que se pueda considerar. Por
tanto, ese es un debate que puede abrirse en función de que el Parlamento
y de su mano la opinión pública consideren apremiante o prioritario
acometer esa modificación, pero habrá que identificar muy bien cuál es la
ocasión y el motivo por el que se procederá a hacerlo y cuál deberá ser
el objeto de esa hipotética iniciativa de reforma, porque en este punto
es posible que no estemos de acuerdo con las argumentaciones que aparecen
contenidas en la motivación de la interpelación traída a esta tribuna por
el diputado señor Labordeta.
Una hipotética iniciativa de reforma puede ir acompañada de reformas
sectoriales como la que afectaría a las valoraciones urbanísticas y en
este sentido el Ministerio de Vivienda ha anticipado su propósito de
elaborar un texto que afecte a las valoraciones urbanísticas en el caso
de las expropiaciones para la construcción de grandes infraestructuras.
Este puede ser un punto en el que debamos debatir, pero déjeme recordarle
que el núcleo central de la interpelación es el que pone en cuestión que
resulte de recibo el procedimiento y el garantismo contemplado en la
actual Ley de Expropiación Forzosa para producir la expropiación de la
propiedad por razones de interés general en el caso de desplazamiento de
núcleos poblacionales. A este respecto, lo primero que hay que afirmar es
que si se suprimiese, como S.S. parece sugerir en su interpelación, el
procedimiento para las expropiaciones que dan lugar al trazado de
poblaciones, ello no impediría en ningún caso que esas expropiaciones
pudiesen producirse de conformidad con la Constitución siempre que una
obra pública diera lugar al efecto de hacer inhabitable un núcleo de
población por ocupar las tierras que lo configuran o las que sirven de
base al sustento de su población. Por tanto, lo que hace realmente la Ley
de Expropiación Forzosa no es regular la determinación en abstracto de
los fines del interés público o de la utilidad social que lo justifican,
sino el procedimiento en términos de garantía, de modo que al efecto
señalado, al ser inhabitable un núcleo de población por ocupar las
tierras que lo configuran o las que le sirven de base al sustento de la
población, un objeto específico de interés público o de utilidad social,
es aquí donde tenemos que centrarnos, en las garantías que de no existir
en la ley, sencillamente no existirían. La ley establece garantías que
merecen ser salvaguardadas, valoradas y ponderadas positivamente. La
expropiación de la totalidad de las tierras del municipio tiene por
efecto que se perciba una mayor indemnización, porque la subsistencia de
la población sobre la parte restante sería imposible. El derecho a ser
instalados en una porción de terreno de características similares al
territorio de la entidad afectada -dice la Ley de Expropiación Forzosa en
sus artículos 88 al 96- es el que establece que se pueda constituir una
nueva entidad local en sustitución de la desaparecida y la indemnización
que especifica toda suerte de perjuicios sin dejarlos en la indefinición
del procedimiento general incluye los del transporte, la reducción del
patrimonio familiar, los jornales perdidos, etcétera. De manera que, en
definitiva, la existencia de estas expropiaciones no depende de la
regulación específica que establezca la Ley de Expropiación Forzosa, sino
de los criterios de interés general y utilidad pública que determinan la
decisión política. Y dada, en su caso, la decisión política, la
existencia de la regulación especial es garantía procedimental de
salvaguardia de los derechos involucrados, entre ellos, no solamente el
derecho a la libre elección de residencia, sino evidentemente el derecho
de propiedad que está afectado por el instituto expropiatorio.
Además, tengo que señalar que existe también una consideración con la que
seguro que S.S. simpatizará, relativa al respeto al ámbito competencial
de las comunidades autónomas, en la medida en que la pretensión de
prohibir en abstracto expropiaciones de núcleos poblacionales que tengan
por finalidad compensar al ciudadano debidamente por razón del desarraigo
que implique la realización de obras de interés general, compromete
igualmente la posibilidad por parte de las comunidades autónomas de
contribuir a la definición de esos fines de utilidad pública o de interés
general en infraestructuras o en obras públicas en los que se vea
afectado ese fin social y jurídicamente relevante.
Finalmente, la argumentación relativa a la afectación negativa del derecho
fundamental a la libre elección de residencia no puede ser compartida en
rigor a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como una
buena razón para proceder a una modificación imperiosa o urgente de la
Ley de Expropiación Forzosa, sencillamente porque de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional más sólida sostenida en abundantes
sentencias, todos los derechos tienen su delimitación en la propia
Constitución y en las leyes que la desarrollan, y porque además no existe
vulneración del derecho a la libertad de residencia constitucionalmente
garantizada en el caso de que la expropiación se realice con justa causa,
con todas las garantías, mediando indemnización o justiprecio, en
definitiva, con una realización plenamente conforme a la ley.
En síntesis, por razones de proporcionalidad en relación con el fin
perseguido, por razones de defensa del interés general que tiene su
acomodo constitucional, por razones competenciales que distribuyen la
tarea de la identificación de los fines de interés público de utilidad
social entre el Gobierno de la nación y los de las comunidades autónomas,
por tanto, de respeto al ámbito competencial entre el Estado y las
comunidades autónomas, y por la propia delimitación constitucional del
derecho a la libre elección de residencia, no parece que sea
absolutamente imperiosa o urgente la modificación de la Ley de
Expropiación Forzosa. Sin perjuicio de ello, todas las leyes son
susceptibles de modificación, no forma parte de los planes del Gobierno
acometer esta reforma con carácter urgente en la medida en que la lectura
constitucionalmente adecuada de la Ley de Expropiación Forzosa ha venido
siendo asegurada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de
los tribunales vinculados a esta jurisprudencia. Creemos por ello que
estamos en disposición de atender algún asunto específico sin necesidad
de reconducirlo a una modificación de la Ley de Expropiación Forzosa. Y
es seguro que algún asunto específico que le concierne, por el que tiene
una preocupación perfectamente legítima, es el que ha motivado que usted
traiga a esta tribuna una cuestión como la de la regulación de la
expropiación forzosa, de manera que espero que en este turno de réplica
nos aclare exactamente en qué consiste este objeto, que a mi juicio
merece un tratamiento más singular que el de modificar esta ley, que,
ciertamente modificable, no está pidiendo de manera imperiosa y urgente,
de acuerdo con las razones que he expuesto, esa modificación.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
ministro.
Es el turno de réplica del señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta. Perdone que
le haya llamado antes presidente, pero no veo por detrás todavía.
(Risas.)
Muchas gracias, señor ministro, por la explicación. Lo que quiero decirle
fundamentalmente es que hay una Ley de 1954, la Ley de Expropiación
Forzosa, que afecta sobre todo a la región en la que yo vivo, Aragón,
produciendo una serie de desajustes y actos absolutamente desfavorables.
Esa ley que todavía sigue vigente, a pesar de todos los impedimentos que
le puedan poner los tribunales constitucionales, hizo algo tan terrible
como lo que por ejemplo pasó en Jánovas en el año 1961. Le voy a leer
algunos textos de lo que pasó en aquellos momentos de la expropiación, la
cual sigue vigente, es decir, ese tipo de expropiación se puede seguir
haciendo. Para esa época -esto lo cuenta Antonio Palacios, que es hijo de
una casa del pueblo- había que hacer la declaración de las tierras para
el catastro. Entonces fue cuando nos llamó el ingeniero del catastro, don
Ricardo Abad, y nos reunió para dicha declaración, haciéndonos ver que si
declarábamos las tierras como de segunda y tercera categoría, pagaríamos
menos. Además, que si había que vender cobraríamos lo mismo. Por supuesto
que hasta ese momento todos teníamos confianza y creíamos en él. Ese fue
el primer error, pues en el año 1961 salió en el Boletín Oficial del
Estado la construcción del pantano de Jánovas y ese mismo señor Abad vino
al pueblo en 1962 a intimidarnos y a decirnos que teníamos que venderlas
en nombre de Iberduero como tierras de tercera categoría. En efecto, el
28 de diciembre de 1961 se había publicado la larguísima relación de los
afectados en un boletín oficial y en los días siguientes lo fue en la
prensa aragonesa. Para esa fecha ya se había empezado a revolucionar el
pueblo, las noticias eran amenazadoras, la obra de ejecución inminente, y
la necesidad de dejar las casas y salir del pueblo un día u otro, más
pronto o más tarde, irremediablemente. El personal de Iberduero,
funcionarios del Estado que actuaban en su nombre, llevaban meses
haciendo mediciones en las fincas y ofreciendo comprar tierras y
edificios en Lavelilla y Lacort y sobre todo en Jánovas, que era el
pueblo más grande y en muchos aspectos el principal de la zona.
Los primeros afectados directos, sin embargo, no iban a ser estos tres
pueblos, sino los de La Solana de Burgasé. Esa declaración suponía la
obligatoriedad de repoblar con árboles nada menos que 2.376 hectáreas
de terreno más otras 825 de pastizales mejorados en los términos
municipales de Fiscal, Burgasé, Albella, Boltaña y Fanlo, debido a que
los arrastres y corrimientos que se producen en estos terrenos aportan
materiales sólidos a los torrentes afluentes del río Ara en la zona
ocupada por el embalse de Jánovas. Los obligados a efectuar la
repoblación, además, eran los propios dueños de los terrenos. Era algo
así como obligarles a cavar su propia tumba. Forzosamente y a sus
expensas tenían que plantar árboles en los terrenos que dedicaban a pasto
para sus ganados y, si se negaban, su única alternativa era la
expropiación de las fincas o su venta directa al patrimonio forestal del
Estado. Era una sentencia de muerte para 14 pueblos del valle de La
Solana. Esa misma ley de expropiación produce el abandono de todo un
pueblo que se llama La Garcipollera y exactamente por las mismas razones
que se planteaban aquí, porque los arribes de esos pueblos arrastraban
sobre el pantano, en este caso el pantano de Yesa. Curiosamente, el
pantano de Jánovas no se hace y entonces la pregunta es: ¿A quién pedimos
la responsabilidad con esa Ley de Expropiación de 1954? Nadie en este
momento está aceptando el problema de la indemnización de la reinserción.
Las tierras siguen, es decir, se ha parado el pantano. Iberduero se lo ha
pasado a Endesa, y Endesa no dice nada. ¿Las tierras son de los
propietarios o no son de los propietarios? Es decir, la ley, que usted
dice que es muy clara, está absolutamente confusa y confundida. Y lo
mismo pasa con la presa de Val, en la zona del Moncayo. El Tribunal
Supremo ha dictado una sentencia a favor de los propietarios y la
Administración no la cumple. Señor ministro, aunque no sea un
planteamiento muy importante para muchos ciudadanos españoles que han
tenido que salir de sus pueblos, a veces se les ha obligado a marcharse
de un sitio equivocadamente porque luego no se iba a utilizar como
pantano, ustedes deberían posibilitar por lo menos una reinserción
positiva. Usted ha dicho que no se pueden construir chalets en la Caldera
de Taburiente. Señor ministro, no se fíe usted porque están intentando
hacerlo en el glaciar del Aneto, quieren hacer también pistas de esquí y
son capaces de construirle a usted chalets allí. Cualquier día llegará
usted a La Palma y verá aquello lleno de chalets tipo mallorquín, blancos
y maravillosos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
Labordeta.
Señor ministro, su turno de réplica.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, me
reconocerá usted que no hace falta ser un experto en naturaleza, como lo
es usted, para temblar ante la perspectiva de ver la Caldera de
Taburiente contaminada por chalets, ya sean mallorquines o de cualquier
otro estilo. Sin embargo, le agradezco la explicación adicional que ha
aportado la formulación de su interpelación. Poco puedo añadir en mi
réplica porque efectivamente los casos que en la historia existen de
expropiaciones poco fundadas en una determinación objetivada del interés
público y seguramente no conformes a las categorías con que ahora nos
movemos en el marco del Estado constitucional, los hemos padecido y los
tenemos en la memoria. Tal como usted mismo ha puesto de manifiesto,
tuvieron lugar en los años sesenta y setenta, pero es a finales de los
años setenta, en 1978, cuando entra en vigor una Constitución que nos
vincula de manera eficaz.
A partir de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y de los tribunales, el marco jurídico es otro, las
garantías son otras y por tanto las capacidades de reaccionar
eficientemente frente a esos abusos, frente a los atropellos que puedan
ser perpetrados por los poderes públicos en el ejercicio de
expropiaciones arbitrarias, son muchísimo más eficaces, más seguras y
dignas de confianza. Sin perjuicio de eso, es posible que merezca la pena
abrir una reflexión sobre lo que pueda ser modificado en la Ley de
Expropiación Forzosa. El Gobierno estará en disposición de participar de
ese debate, de manera que estaremos atentos a la moción que usted
presente como consecuencia de esta interpelación y estaremos atentos a la
aportación y a la fijación de posición de los distintos grupos
parlamentarios. No hay ninguna posición, como he dicho, dogmática ni
cerrada a este respecto. Sin embargo sí creo que las garantías actuales
para conformar la actuación expropiatoria de los poderes públicos son
perfectamente dignas de confianza y sirven a un interés social. De otra
forma la propiedad privada sería un límite irresistible a la decisión
política de identificar un interés público, un interés social, que
tutelado por la ley y con respeto a todas las garantías debidas a la
Constitución, a las leyes que lo desarrollan, permitiesen el
acometimiento de obras e infraestructuras no solo aconsejables sino
necesarias en cualquier sociedad desarrollada.
Estoy seguro de que usted compartirá esa inspiración profundamente social
que ha permitido delimitar constitucionalmente el derecho de propiedad de
modo que no sea un derecho ilimitado ni un derecho que pueda ser invocado
antisocialmente. Creo que estamos en disposición de afirmar que la
Constitución hizo bien a la hora de incorporar el Instituto de la
Expropiación Forzosa como una señal de identidad de lo que conocemos
desde la segunda mitad del siglo XX como Estado social de derecho, un
Estado que está en disposición de poner en marcha decisiones políticas o
legislativas que remuevan barreras de desigualdad en la consecución de
fines socialmente relevantes, con participación ciudadana, conforme a la
ley y con todas las garantías, respetando los derechos fundamentales de
toda la ciudadanía.
Además, si hemos de acometer esa modificación, seguramente un capítulo en
el que habrá que recalar será en el relativo a la distribución de
competencias
entre Estado y comunidades autónomas, los distintos niveles competenciales
a la hora de identificar los intereses públicos tutelables por la ley y
que, consiguientemente, puedan dar lugar a decisiones expropiatorias que
tengan consecuencias sobre el derecho de propiedad con carácter genérico
y sobre el desplazamiento o traslado de poblaciones o núcleos
poblacionales con carácter más particular. En todo caso, creo que la
protección medioambiental, también un bien constitucionalmente muy
relevante, tiene que estar muy presente en la inspiración de la
legislación de la expropiación forzosa. Estoy seguro de que usted
convendrá también en esto con nosotros y de que, a la luz de lo que
plantee como sugerencia en su moción consecuencia de interpelación,
podremos fijar posición en lo que, como digo, no creo que constituya en
estos momentos un apremio ni una prioridad legislativa con carácter
absoluto, pero que resulta siempre posible discutir en un Parlamento en
una ocasión que lo merezca, como puede haber sido esta interpelación
presentada por su señoría.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor
ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA
POLÍTICA PENITENCIARIA QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO FRENTE A LA
REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. (Número
de expediente 172/000069.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Señorías, la siguiente
interpelación urgente es la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), relativa a la política penitenciaria que piensa adoptar el
Gobierno frente a la reincidencia en la comisión de delitos contra la
libertad sexual.
Para formular dicha interpelación tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, buenas tardes. Como usted recordará, en el mes de octubre
del año pasado fuimos testigos de la comisión de un delito atroz. Me
refiero a los asesinatos de dos mujeres policías en Belviche, siendo el
presunto culpable un interno de un centro penitenciario que estaba
gozando en aquel momento de un permiso carcelario. Estos hechos, como
usted también recordará, causaron una elevada alarma social, poniendo de
manifiesto la preocupación del conjunto de la sociedad española por el
régimen de permisos penitenciarios y la aplicación de las medidas de
reinserción social de las personas condenadas por la comisión de delitos
contra la libertad sexual.
Difícilmente se puede explicar, y más difícilmente todavía puede
comprender la ciudadanía que una persona condenada en el año 1987 por
violación y robo a quince años de prisión empiece en el año 1992 a
obtener permisos para salir a la calle, en el transcurso de los cuales
comete diversos robos y otra violación, y que con una nueva condena a 53
años de prisión, en el año 2002 se le conceda otro permiso, que
aprovecha de nuevo para cometer una falta de amenazas, relacionada
también con el mismo tema, y en el año 2004, con un nuevo permiso, comete
presuntamente un doble asesinato y una posible violación. Un hecho
terrible, pero ciertamente no era la primera vez que teníamos
conocimiento de hechos delictivos cometidos por reclusos que se
beneficiaban de permisos penitenciarios. Violaciones y asesinatos de
tristísimo y terrible recuerdo, como los de la niña Olga Sangrador, o los
de las niñas de Alcàsser, fueron cometidos, en el primer caso por un
delincuente que disfrutaba de un permiso penitenciario, y en el segundo
supuestamente por otro preso que disfrutaba también de un permiso
carcelario estando preso por un delito de agresión sexual. Digo
supuestamente porque, como todos sabemos, Antonio Anglés permanece hasta
hoy en paradero desconocido. Estos y otros muchos hechos delictivos de
esta naturaleza, ampliamente recogidos por los medios de comunicación en
los últimos años, me permitirían realizar un largo y pormenorizado relato
que no creo necesario porque estoy segura de que al menos en su aspecto
estadístico están en la mente del señor ministro. Pero no quiero dejar de
mencionar, como diputada de Convergencia i Unió por Barcelona que soy,
que en Barcelona al menos cuatro violadores convictos han asaltado a
mujeres en 2003-2004, y lo han hecho bien cuando disfrutaban de permisos
penitenciarios, bien tras cumplir condenas, todo lo cual crea, como digo,
una alarma social.
¿De qué datos disponemos? Los últimos datos que tenemos, al menos los que
tiene Convergencia i Unió, sobre delincuencia, y que se refieren al
periodo enero-junio del año 2004, nos dicen que la delincuencia en
general había descendido un 2,58 por ciento respecto al mismo periodo de
2003, pero, por el contrario, los delitos contra la libertad sexual se
habían incrementado en este mismo periodo un 7,36 por ciento. Por otra
parte -y quiero trasladarle ya una primera cuestión-, creo que el
Ministerio del Interior ha dado a conocer por nota de prensa los datos de
criminalidad del año 2004, sin que se haga ninguna referencia específica
a los datos de delitos sexuales. Le pregunto si el señor ministro está en
disposición de facilitarnos estos datos. Por otro lado, y que sepamos, no
existen estudios fiables sobre la reincidencia de los condenados por
delitos sexuales, pero se llega a decir que un 42 por ciento de éstos
reinciden durante el disfrute de permisos penitenciarios. Nos gustaría
saber de qué datos dispone el
ministerio y también si estos estudios son realmente fiables o si, por el
contrario, no lo son.
En Convergencia i Unió, señor ministro, creemos que es el momento adecuado
para, de manera serena y con la mayor objetividad posible, proceder a
abrir un debate parlamentario, un debate como el que estamos realizando,
para saber si el Gobierno va a adoptar medidas y, en caso afirmativo, qué
medidas se van a adoptar para combinar la seguridad de los ciudadanos,
especialmente de las ciudadanas, con la resocialización de los condenados
por delitos contra la libertad sexual, para combinar, en definitiva, el
mandado constitucional del artículo 25.2 de nuestra Carta Magna, que
ordena la orientación de las penas privativas de libertad y de las
medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social, combinar,
repito, estos indudables derechos con el derecho de la sociedad a ser
protegida. Este es un debate que, como tampoco ignoramos, se está
produciendo ya en muchos países de nuestro entorno, unos países que
tienen una problemática parecida, países que están debatiendo, con mayor
o menor profundidad, los métodos desarrollados para hacer frente a la
rehabilitación de delincuentes sexuales ante la conmoción social que
genera también en sus respectivas sociedades este tipo de delitos. Tales
métodos van desde medidas muy taxativas de un país que no es de nuestro
entorno como es Estados Unidos, donde se dan a conocer las identidades de
estos delincuentes cuando salen de prisión, hasta los más avanzados
sistemas de seguimiento y vigilancia por satélites a presos reincidentes
o condenados por malos tratos y agresión sexual que se están adoptando en
Gran Bretaña. En Estados Unidos, los Estados tienen un sistema muy
estricto de registro y de notificación pública de los delincuentes
sexuales cuando han salido de prisión. En algunos Estados se llega a
practicar incluso, si el juez lo considera necesario, la castración
química (medicación) de los reincidentes. En otros casos, tras haber
cumplido la condena, están obligados a registrarse ante la oficina del
sheriff del distrito de residencia, y se publica una lista con los
nombres que se puede consultar por internet. En Arizona, este registro es
incluso de por vida. En todo caso, en Estados Unidos los permisos
carcelarios para los delincuentes sexuales son muy estrictos, muy
reducidos, salvo algunos casos menos graves, como los de exhibicionismo.
En países más próximos, como Francia, desde 1998 la ley obliga a aplicar
un seguimiento de los reincidentes sexuales que abandonan la prisión que
incluye atención médica, y además todo condenado por este tipo de delitos
está obligado a comunicar los cambios de domicilio. El Gobierno francés
ha creado un fichero específico de delincuentes sexuales y ha ampliado
las facultades de la policía para poder retener las huellas de los
implicados en estos delitos, huellas y material biológico, aunque no
estén formalmente condenados. Recientemente -los medios de comunicación
también se han hecho eco-, en Francia se han debatido, se están
debatiendo de hecho, nuevas medidas que les llevarán o no -pero se están
debatiendo- a realizar terapias químicas voluntarias irreversibles a
aquellos condenados por agresión sexual que no hayan respondido
eficazmente a los tratamientos psicoterapéuticos o incluso combinando
esta medicación con los tratamientos psicológicos. En Gran Bretaña, el
Gobierno ha puesto en marcha un programa piloto para seguir los
movimientos de los violadores y otros delincuentes sexuales utilizando la
tecnología GPS y también ha subcontratado a empresas de seguridad para
que vigilen el seguimiento de los sujetos.
¿Qué pensamos en Convergència i Unió? El Grupo Parlamentario Catalán no
cree en principio que debamos adoptar de forma radical o calcada alguno
de los modelos que se siguen en estos países que le acabo de mencionar,
porque entendemos que cualquiera de estas medidas hay que adaptarla a
nuestra realidad y hay que incardinarlo en nuestro sistema
constitucional. Pero sí creemos que se debe iniciar el debate sobre cómo
queremos que sea nuestro sistema penitenciario y, por lo tanto, las
medidas que le acabo de exponer nos parecía que eran ilustrativas para
saber qué se hacía en los países de nuestro entorno.
Señor ministro, nosotros tenemos la seguridad de que la legislación en
materia penitenciaria se aplica de la forma correcta y debida en las
prisiones y que el que no actúa como debía es siempre el presunto asesino
o el presunto violador. Creemos también que el sistema de permisos
penitenciarios es una buena medida para la reinserción social de los
penados y les ayuda en general a prepararse para su vida en libertad y
además, en todo caso, llega un momento en que se ha cumplido la condena y
se tiene que salir a la calle. Pero es realmente difícil creer que sea
bueno un sistema penitenciario que permita situaciones como la que se
produjo en el mes de octubre y con la que he comenzado mi exposición, y
más difícil es que esto pueda ser comprendido por nuestra sociedad. Creo
que en este sentido todos podemos coincidir, por ejemplo, en que no se
puede tratar del mismo modo a todos los condenados por delitos de este
tipo. Los permisos penitenciarios como medida de reinserción del recluso
en la sociedad y para evitar como mínimo la desocialización son, como
digo, muy positivos en la mayoría de los casos, pero su otorgamiento debe
realizarse de forma totalmente personalizada para todos aquellos
condenados por delitos contra la libertad sexual por la especial
situación de los mismos. Pensamos en las prisiones, incluso después de
cumplir la condena y también en la libertad condicional, porque, señor
ministro, es evidente que la cárcel no cura.
Me gustaría que usted nos explicara qué es lo que piensa hacer el Gobierno
al respecto, qué es lo que se está estudiando. Nosotros hemos tenido
alguna noticia, por lo que ha aparecido en los medios de comunicación, en
la que se dice, por ejemplo, que desde la Dirección
General de Prisiones se está diseñando un plan para controlar los
movimientos de los violadores mediante un sistema GPS. Nos gustaría que
nos ampliara esta noticia, que nos explicara lo que hay al respecto, en
el bien entendido de que, desde nuestro punto de vista, tal como está
diseñado ahora, el GPS indica dónde está la persona, pero no dice lo que
está haciendo. Por eso nos gustaría que nos ampliara esta noticia.
He dicho anteriormente, señor ministro, que la cárcel no cura. Esto es una
obviedad y además la realidad se encarga de demostrárnoslo, pero además
es lo que afirman especialistas en tratamientos de violencia, que
indican, por ejemplo, que habría que proseguir la terapia de ayuda mucho
más tiempo después de la salida de prisión y aplicar además un
tratamiento específico para cada individuo, porque cada uno es un mundo y
hay que hacer un estudio muy personalizado para descubrir cuáles son los
mecanismos que desatan el ánimo de violar en cada uno de ellos. Nos
gustaría saber si hay alguna previsión al respecto. También nos gustaría
saber qué previsiones hay para superar el difícil problema de que las
condiciones ambientales de las cárceles no son las del exterior y, por
tanto, es difícil predecir cuál será el comportamiento que tendrá el
delincuente cuando vuelva a estar en la calle. Es más, en las prisiones
no suelen causar problemas porque dentro de la prisión no se enfrentan a
estímulos que pongan en jaque sus mecanismos de control. ¿Qué previsión
de medidas de control terapéutico en el exterior se están estudiando
desde el ministerio? Parece ser que ahora únicamente hay programas
intrapenitenciarios. ¿Hay alguna previsión, por ejemplo, de que antes del
primer permiso en total libertad se puedan realizar una serie de salidas
programadas acompañadas de funcionarios o educadores? Nos gustaría saber
también si se ha valorado la posibilidad, una posibilidad prevista en
otros ordenamientos y sugerida por algunos profesionales, de que cuando
el violador presenta rasgos psicopáticos no debe disfrutar de permisos
carcelarios y que incluso cuando haya cumplido la condena debiera contar
con medidas de control policial. Es evidente que, de tener en
consideración esta sugerencia que hace algún sector, esto debería
preverse con modificaciones legales para integrar esto en la condena. Se
ha hecho algo parecido respecto a la violencia de género y quisiera saber
si se toma en cuenta esta posibilidad. Nos gustaría saber también si está
previsto algún estudio sobre nuevas medidas como lo que he dicho antes de
la castración química, la posibilidad de medicación voluntaria
irreversible que se realiza ya en Dinamarca, Alemania y Suecia y se está
estudiando en Francia, y también nos gustaría saber si se prevé la
posibilidad de crear nuevos tipos de establecimientos a medio camino
entre lo que sería una atención hospitalaria psiquiátrica y la cárcel,
para que incluso de manera voluntaria se pudiera entrar después de la
condena.
Por último, señor ministro, querría plantear una cuestión que se refiere a
los menores. Recientemente, el ministro de Justicia se ha referido a la
necesidad de modificar la Ley del Menor para adecuar las penas a la
brutalidad y a la violencia de algunos delitos, y me estoy refiriendo al
tema concreto que está estos días en los medios de comunicación del
brutal asesinato de Sandra Palo. Le quiero recordar que la disposición
adicional sexta de la reciente modificación del Código Penal que ha
entrado en vigor el pasado mes de octubre ya prevé expresamente que el
Gobierno procedería a impulsar medidas orientadas a sancionar con más
firmeza y eficacia los hechos delictivos que, aunque cometidos por
menores, revistan especial gravedad. Se dice también que a tal fin se
establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su
cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad
impuestas e incluso la posibilidad de su cumplimiento a partir de la
mayoría de edad en centros penitenciarios. Esta fue una disposición que
obtuvo la aprobación de todas las fuerzas políticas de esta Cámara con
excepción de Izquierda Unida, Bloque Nacionalista Galego y la abstención
del PNV. Nos gustaría también saber si el Gobierno piensa impulsar la
efectividad de esta disposición adicional de la ley que ha entrado
recientemente en vigor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
Pigem.
Es el turno del ministro del Interior para contestar a la interpelación y
tiene para ello la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora
presidenta.
Señora diputada, le agradezco el tono y el contenido de su intervención
porque establecer debates reflexivos como el que usted ha puesto encima
de la mesa siempre es bueno para todo el mundo, en este caso para las
mujeres. Estoy muy de acuerdo con casi todo lo que usted ha dicho. Sabe
S.S. que el Gobierno ha establecido entre sus prioridades políticas la de
hacer frente al terrible fenómeno de la violencia contra las mujeres en
todas sus vertientes; políticas, por lo tanto, de prevención de los
delitos y políticas de seguridad que nos ayuden a perseguir con firmeza
este tipo de delincuencia y a tratarla con eficacia. Tengo que decirle
que en el ámbito de la Administración penitenciaria tenemos que tener muy
en cuenta -me ha citado unos ejemplos de Cataluña- que en el ámbito de
Cataluña, como usted sabe mejor que nadie, la gestión penitenciaria, las
instituciones penitenciarias y la Administración penitenciaria están
transferidas, por lo que yo solo puedo responder de los criterios de la
Administración penitenciaria del Estado. En este ámbito tenemos que
considerar la política penitenciaria que estamos desarrollando.
El pesimismo en esta materia, a la luz de los casos que se vienen
sucediendo, y la hasta ahora incapacidad de la sociedad y de las
instituciones para erradicar el delito sexual nos tiene que llevar, desde
mi punto de vista, no a la desesperanza o al desistimiento sino a
reflexionar sobre si lo que estamos haciendo es suficiente, si estamos en
la línea adecuada de trabajo y sobre cómo podemos profundizar en la
mejora del tratamiento penitenciario de reclusos que a menudo son de
especial peligrosidad. Queremos que esta sea una reflexión compartida,
como decía; no es una materia que deba ser objeto de confrontación
política ni coyuntural sino que es una cuestión en la que se empeñan
valores superiores de nuestra convivencia en los que unos y otros creemos
profundamente. Como usted ha destacado, efectivamente, la Constitución
española dice que la pena privativa de libertad se debe orientar a la
reinserción y rehabilitación social, pero además viene a decir que la
pena tiene una finalidad evidente de retención y custodia efectiva en
tutela de la seguridad de la sociedad. Todos esos fines de la pena se
deben entender en interacción porque son fines que están relacionados los
unos con los otros.
Por su parte, el tratamiento penitenciario y los programas que tienden a
rehabilitar y a reinsertar a los reclusos no sólo son un deber
constitucional, como S.S. muy bien sabe, sino también una medida
práctica. La razón es evidente: tarde o temprano los delincuentes cumplen
sus penas y quedan en libertad; si han sido rehabilitados no volverán a
delinquir y habremos ganado netamente en seguridad ciudadana, pero si no
han sido rehabilitados volverán a cometer delitos, con lo cual tendremos
el problema encima de la mesa, corregido y seguramente aumentado. Es
cierto que hay una gran desconfianza social en que los procesos de
reeducación sean efectivos respecto a determinadas personas que han
cometido ciertos delitos. Sin embargo, hemos comprobado de una manera
reiterada en el tiempo que llevamos en el Gobierno, y yo personalmente
antes de formar parte del Gobierno, que los índices de reincidencia en
los delitos -también en los sexuales- se altera notablemente dependiendo
de que exista o no un tratamiento adecuado del delincuente en sede
penitenciaria. A la hora de redactar el reglamento penitenciario vigente,
el legislador hizo una previsión específica respecto a la necesidad de
que la Administración penitenciaria aborde tratamientos específicos que
hagan frente a la problemática de ciertas poblaciones de reclusos,
señalando específicamente los delitos contra la libertad sexual tanto por
su significación numérica como por su peligrosidad objetiva.
En cumplimiento de estos preceptos, la directora general de Instituciones
Penitenciarias ha llevado a cabo la implantación de estos programas de
tratamiento para delincuentes sexuales en un número importante de
establecimientos penitenciarios. De hecho, una de las primeras
preocupaciones del actual equipo directivo de Instituciones
Penitenciarias, encabezado por su directora general, ha sido impulsar y
revisar los tratamientos en marcha. Actualmente se han iniciado los
trabajos para que, al igual que se ha hecho con los agresores familiares,
con los sujetos activos autores de delitos de violencia de género se
desarrolle un programa de tratamiento en cerca de 20 establecimientos
penitenciarios, incluidos los centros de inserción social, con vistas a
su seguimiento en su proceso de reinserción. Este tratamiento es
fundamentalmente de tipo psicológico. Lo dirigen los psicólogos
penitenciarios y participan diferentes profesionales: educadores,
trabajadores sociales, monitores y en ocasiones colaboradores externos.
Son tratamientos grupales de larga duración, de 18 a 24 meses. Una de las
tareas que pretenden clarificar estos tratamientos es la diferenciación
de perfiles de agresores sexuales al objeto de determinar los distintos
grados de peligrosidad en cada uno de ellos y del riesgo de reincidencia,
así como si existe un tipo de tratamiento que resulte más idóneo para
unos o para otros delincuentes.
En nuestro país, señora diputada, como en otras muchas naciones,
evidentemente, los agresores sexuales son encarcelados y reciben penas
duras, y deben recibirlas, pero esta medida debería ser solo parte de la
respuesta social más ambiciosa al problema, como usted misma
acertadamente ha destacado. Hacemos mucho hincapié en esto porque
queremos resaltar la importancia que tiene desarrollar una acción
integral. Insisto en que el delincuente rehabilitado supone una ganancia
neta en materia de seguridad, el delincuente no rehabilitado volverá a
delinquir, con lo cual no habremos ganado nada. Por lo tanto, somos
partidarios del tratamiento que permita la rehabilitación, pero también
somos partidarios de extremar las medidas de control, y por ello la
Administración penitenciaria tiene definida su estrategia dentro del
marco legal de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del reglamento que
la desarrolla. Aquí estamos hablando de muchas cosas: estamos hablando de
centros donde los delincuentes sexuales, por razones de seguridad y por
razones de tratamiento, deban estar separados, como permite el artículo
75 de ese reglamento; estamos hablando de perfilar los momentos de la
clasificación de los reclusos -sabe que el artículo 102 del reglamento
penitenciario autoriza a que se contemple la naturaleza de los delitos
cometidos a lo largo de su historial delictivo y, en particular, los
delitos graves como aquellos que afectan a la libertad sexual de las
personas. Por otra parte, la instrucción de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias contempla la posibilidad -y dice que se
estudie seriamente- de incluir a los presos delincuentes sexuales
especialmente peligrosos de un modo pleno y perfecto en el fichero de
internos de seguimiento especial, el conocido FIES. Este fichero, como su
propio nombre indica, conlleva un plus de control en todos aquellos
aspectos y circunstancias que
rodean al régimen penitenciario, así como al tratamiento aplicado a los
reclusos. Por ejemplo, a la hora de conceder permisos de salida o de
tercer grado se sigue un tratamiento de máxima cautela y, por lo tanto,
de elevada restricción. En este sentido existe también una instrucción de
la dirección general en la que se establecen una serie de posibles
medidas de seguridad para adoptar en la concesión de permisos
penitenciarios y que, en su caso, podrían considerarse necesarias también
en el caso de delincuentes sexuales.
Usted se ha referido al control telemático y al control por GPS. Tal y
como ahora lo desarrollamos, creemos que el control telemático podría ser
una medida óptima para los delincuentes que denominamos como ocasionales
y no patológicos; para los regulares y los reincidentes este control
podría rebajar el riesgo de la reincidencia, pero éste continuaría siendo
elevado. Estamos estudiando -ahora le diré algo al respecto- la
aplicación del control por GPRS, que todavía no se ha aplicado en nuestro
país, lo que va a permitir una localización permanente del sujeto como
medida de cautela añadida a las que ya se adoptan y para estas personas
condenadas por delitos de agresión sexual. Los presos pueden llegar a
disfrutar en el tratamiento penitenciario de permisos penitenciarios,
pero estos permisos tienen que ser muy controlados, y el control por GPRS
sin duda va a mejorar el control ordinario, que ya es elevado y que ya se
hace en estos momentos en el marco de las competencias de la
Administración penitenciaria del Estado.
En el marco comparativo de las legislaciones vigentes en los países de
nuestro entorno, se contemplan otras medidas de seguridad posdelictuales
de carácter complementario a la pena, cuya finalidad es el seguimiento
posterior del delincuente. Sería deseable desde mi punto de vista que
este tipo de medidas se incluyeran de un modo mucho más preciso, mucho
más depurado técnicamente, mucho mejor en la relectura que se haga de
nuestro Código Penal en el futuro, algo a lo que ya se ha referido el
ministro de Justicia, que será el competente políticamente para llevar a
cabo dicha reforma. Otra de las medidas que se están planteando, no solo
en algunos países sino también en el marco mismo de la Unión Europea y
que nosotros estamos estudiando y contemplando ya muy seriamente, es la
creación de un registro de delincuentes sexuales, como ya existe, por
ejemplo, en Reino Unido, en Francia y actualmente lo tienen en debate en
Bélgica. Creemos, señoría, que la adecuada evaluación y tipificación del
agresor y su tratamiento es una medida adecuada, probablemente no
suficiente, manteniendo la máxima cautela, insisto, a la hora de
incrementar los márgenes de libertad del condenado. Pero la cautela no
es, no puede ser constitucionalmente sinónimo de negativa, hay que
combinar la prudencia con la confirmación experimental de que el riesgo
de reincidencia es menor cuando el tratamiento es bueno y cuando el
delincuente camina hacia la rehabilitación. Lo repito una vez más porque
eso está empírica y estadísticamente demostrado.
Usted se ha referido -y ya voy acabando- a la necesidad de que sea la
comunidad la que asuma a las personas liberadas después de cumplir sus
condenas por la comisión de delitos de contenido sexual. Esa intervención
comunitaria debe partir de los resultados indicadores de riesgo
identificados durante la intervención penitenciaria; es decir, las
diferentes administraciones públicas implicadas, los servicios sociales
del Estado, de comunidades autónomas, los servicios asistenciales de las
corporaciones locales, de los ayuntamientos, deben partir de la
información que les suministre Instituciones Penitenciarias y activar los
recursos sociales con arreglo a la misma o, al menos, teniéndola en
cuenta de un modo decisivo.
Señoría, hay que ser sensibles -lo somos, créame, como nadie, lo digo de
corazón- al sentimiento de las víctimas cuando se produce una agresión
sexual tan terrible como algunas de las que hemos vivido en los
diferentes territorios de este país en los últimos tiempos. Hay que
extremar las cautelas a la hora de conceder permisos, hay que establecer
acuerdos con ayuntamientos y comunidades para mantener el control, el
seguimiento de la evolución de estas personas, pero no hay que olvidar
algo muy importante, lo repito una vez más: cualquier delincuente, éstos
también, saldrán tarde o temprano a la calle porque cumplirán sus
condenas; si salen rehabilitados, no volverán a delinquir; si no somos
capaces de rehabilitarles mediante el tratamiento penitenciario oportuno,
volverán a hacerlo y no habremos ganado nada. Ese es el espíritu con el
que afrontamos el tratamiento penitenciario desde la Administración
penitenciaria del Estado, desde la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
Naturalmente, pondré a su disposición todos los datos que usted me ha
pedido, todos los que obren en mi poder, en el plazo de tiempo más breve
posible; mañana mismo creo que los tendrá a su disposición. No he podido
tenerlos hoy porque no sabía que usted me los iba a pedir; en todo caso,
están a su disposición.
Finalmente, quiero decirle, porque ha puesto énfasis en el tema del
programa piloto de seguimiento del GPS, que efectivamente lo vamos a
poner en marcha. Es un programa piloto de seguimiento de internos
condenados por delitos sexuales, seguimiento por GPS, como le decía
antes, como una medida cautelar añadida a las que ya se toman a la hora
de controlar las salidas de estos internos: salida por razones
judiciales, porque han cumplido sus condenas, porque quedan en libertad
provisional porque así lo deciden los jueces, o salida por razones de
tratamiento penitenciario, permisos penitenciarios de salida. Este
sistema es pionero en España -que yo sepa, existe sólo un precedente en
Reino Unido- y permite conocer la ubicación especial de estas personas
las 24 horas del día mientras permanecen
fuera del recinto penitenciario, efecto que no podía conseguirse con los
medios telemáticos de los que disponíamos hasta ahora. Creemos también
que esta medida tendrá un efecto refuerzo del tratamiento de estas
personas, haciéndoles conscientes de que tendrán ese control añadido en
su integración a la vida en libertad. El programa va a durar tres meses,
se va a realizar en Madrid y está previsto que se aplique, para ver qué
resultados ofrece, a una decena de internos. Una vez llevada a cabo esta
experiencia, haremos la evaluación correspondiente y, si resulta exitosa
a juicio de los equipos técnicos, se extenderá a todos los internos de
estas características y a todas las comunidades autónomas. Para el
seguimiento de este programa, se va a crear un centro de seguimiento que
va a funcionar 24 horas al día, insisto, para el control añadido de estas
personas.
En definitiva, la Administración penitenciaria dependiente del Gobierno
del Estado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, con la
directora general a la cabeza, está haciendo un trabajo duro y serio para
asegurar las finalidades constitucionales de la pena también en relación
con este tipo de delincuentes. No olvidemos que hay que reinsertar, pero
no olvidemos tampoco que hay que tutelar la seguridad de la sociedad en
la que vivimos, sobre todo en delitos específica y especialmente
traumáticos, específica y especialmente repudiables, que no pueden ser
tolerados bajo ningún concepto.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor
ministro.
Señora Pigem, es su turno de réplica y tiene para ello la palabra.
La señora PIGEM I PALMÈS: Gracias, señora presidenta, intentaré ser breve
y compensar que en mi intervención inicial me he alargado con el permiso
generoso de la señora presidenta.
Muchas gracias, señor ministro, por sus explicaciones y también por la
manifestación de que me va a dar los datos que le he solicitado que serán
evidentemente bienvenidos. Quiero que sepa que desde Convergència i Unió
compartimos con el Gobierno esta prioridad para hacer frente a la
violencia de género, a la violencia que se ejerce contra las mujeres.
Hemos apoyado, como no podía ser de otra manera, la Ley integral contra
la violencia de género, circunscrita en ese caso al ámbito doméstico y
evidentemente nos preocupa también la violencia que se ejerce contra las
mujeres en un ámbito fuera del doméstico, como es el caso de los delitos
contra la libertad sexual que estamos viendo ahora. Nos agrada haber
presentado esta interpelación porque nos permite compartir con el señor
ministro los datos que nos ha dado sobre las políticas que se están
realizando y que la opinión pública conozca esas iniciativas que se están
llevando a cabo respecto del tratamiento personalizado -me parece muy
importante que lo haya subrayado el señor ministro- de los reclusos por
este tipo de delitos, un tratamiento psicológico, una acción integral
sumada a las medidas de control, los ficheros, etcétera. También está el
control telemático; permítame que insista en el tema del GPS, porque nos
indica siempre dónde está, pero no lo que está haciendo. Me permito la
sugerencia de que al sistema del GPS se añada la imposición de
determinado tipo de conductas. No sé si habrá que modificar
específicamente la legislación vigente, pero si no se aúnan las dos
indicaciones parece complicado descubrir qué está haciendo, aunque
sepamos dónde está. También está el tema del registro de delincuentes
sexuales, etcétera. No ha dicho nada sobre los menores y me gustaría que
en su próxima intervención dijera algo al respecto.
En todo caso, comparto absolutamente su manifestación de que frente a este
tipo de situaciones no puede caber la confrontación política. Hemos de
ser todos capaces de aparcar nuestras discrepancias partidistas para
trabajar en algo que realmente merece la pena, se trata de garantizar a
la ciudadanía que somos capaces de combinar el mandato constitucional de
resocialización con la seguridad de los ciudadanos, que también es un
mandato constitucional, para lo que puede servir esta interpelación, a la
que seguirá una moción que se presentará en el plazo correspondiente. El
Gobierno puede aceptar que no solo por su propia iniciativa se tomen
todas las medidas conducentes a dar la seguridad a la ciudadanía, que se
van a adoptar todas las medidas oportunas para prevenir que estos casos
no se sigan repitiendo, sino que va a ser bueno que un mandato salga de
esta Cámara, algo que permita hacer visible a la ciudadanía que todos nos
preocupamos por esta situación y, de esta manera, también el Gobierno
ampare y sustente todas las actuaciones que se propongan, no porque lo
necesite sino porque se refuerza su actuación con el mensaje que pueda
salir de esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor ministro, su turno de
réplica.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Desde aquí mismo, señora
presidenta, si no tiene inconveniente.
Celebro de nuevo el tono que ha empleado también en su réplica y quiero
poner el énfasis en que desde Instituciones Penitenciarias estamos
haciendo un serio esfuerzo a la hora de determinar los criterios
restrictivos o de cautela a aplicar en los diferentes beneficios
penitenciarios de los que pueden llegar a disfrutar este tipo de
reclusos. En particular, tenemos en cuenta, a la hora de tomar decisiones
respecto a los mismos, la profesionalidad delictiva, es decir, la
comisión anterior de
delitos, la utilización de armas ilegales, cuándo los cometieron, la
comisión de delitos en prisión, el inicio delictivo precoz -antes de los
18 años- o el mantenimiento, al menos durante dos años, de las conductas
delictivas. Valoran los técnicos también la reincidencia, valorada, a su
vez, en función de los antecedentes penales recogidos en sentencia, si el
recluso ha quebrantado o no sentencia, si ha quebrantado su situación en
ausencia de custodia, cuando sale de prisión, permisos, etcétera, así
como la comisión de algún delito aprovechando este tipo de situación y,
además, el hecho de haber sido clasificado en primer grado.
En el caso de las medidas de seguridad, la instrucción a la que me referí
antes recoge un abanico de medidas que son de obligado cumplimiento para
el interno durante el disfrute del permiso y abarcan una serie de
cuestiones importantes, como control, mediante su presentación ante las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en sus oficinas o
dependencias, comisarías o cuarteles de la Guardia Civil; contactos
telefónicos -al interno se le llama y se habla con él, se le vigila, se
le controla- y acompañamiento por parte de un familiar que se
responsabilice de su recogida y reingreso en el establecimiento, entre
otras medidas que siempre son individualizadas. Además de esas medidas,
vamos a poner en marcha el GPS, tal y como he dicho antes, como una
medida de control extra, de control añadido que dificulte
extraordinariamente cualquier eventual situación de peligro para
cualquier eventual víctima de delitos de esta naturaleza. Repito, estamos
haciendo un esfuerzo importante y estoy seguro de que vamos a seguir
haciendo ese esfuerzo con la colaboración de todos ustedes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, EN RELACIÓN CON LOS
PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LAS DOTACIONES DE CRÉDITO PARA EL DESARROLLO DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE. (Número de expediente
172/000070.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos, señorías, con la
última interpelación de esta tarde. Interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con los plazos de
ejecución y las dotaciones de créditos para el desarrollo del Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transporte.
Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señoras y señores diputados, el día 23 de diciembre
último, el Consejo de Ministros conoció el Plan estratégico de
infraestructuras y transporte; el día 13 de enero, usted junto con su
equipo, lo presentó a los consejeros correspondientes de las comunidades
autónomas y ciudades autónomas; el lunes pasado de esta misma semana,
usted lo volvió a presentar a lo más granado del empresariado español en
la CEOE. Y al Congreso de los Diputados, ¿cuándo? Si no fuera por esta
interpelación del Partido Popular en el Congreso, no se habría oído
hablar todavía del PEIT y, si no fuera porque yo lo traigo, esta Cámara
todavía no lo habría ni visto. Esperamos oírla hablar del PEIT por lo
menos hoy.
Señora ministra, desde su primera intervención en este Congreso, usted
presumió y prometió que lo primero que iba a hacer era presentar su plan
de infraestructuras al Congreso, que se iba a debatir y consensuar en el
Congreso, que se iba a aprobar en el Congreso y que luego se aplicaría,
pero de lo dicho, nada de nada. Usted ya ha presentado el PEIT a los
consejeros, les ha dicho que es su plan, también les ha dicho que los
llamaba para que lo conocieran, pero que ese era el plan que se iba a
aplicar. Creo que incluso dijo textualmente: Si el plan fuera
consensuado, se lo habría mandado a sus despachos, no hacía falta que nos
hubiéramos reunido, les he convocado nada más que para que lo conozcan,
para que sepan que este es el plan que se va a ejecutar.
Su primer incumplimiento, y no menos importante, es que ha sustraído a
esta Cámara el previo conocimiento, y por ahora el debate, del PEIT y se
lo ha presentado como definitivo a los empresarios. Este es el respeto
que le merece la Cámara y este es el respeto a la palabra dada. ¿Le suena
lo del respeto a la palabra dada? De cualquier forma, me gustaría saber
cuál es la razón por la que no lo ha traído al Congreso. ¿Es que no le
parece presentable? ¿Es consciente de que España pierde con su PEIT y no
se atreve a traerlo? ¿Es que ha querido crear el caldo de cultivo con
quienes no le pueden decir que no, los empresarios, para luego hablar
aquí de adhesiones? ¿Qué dicen los sindicatos? ¿Qué les va a contar
mañana o qué les van a contar en el foro de transporte que se va a
celebrar en el Cedex?
Ha tenido que ser una interpelación urgente del Partido Popular la que le
ha obligado a usted a venir a hablar por primera vez del PEIT en el
Congreso, lo cual es incomprensible, señora ministra, porque debería
haber sido suya la iniciativa. No lo entendemos; la iniciativa debería
haber sido suya. Por lo visto esta mañana en la reunión de Mesa y
portavoces de la Comisión de Fomento, parece que su grupo tampoco tenía
ninguna intención, ningún interés en que usted venga a explicarlo en sede
parlamentaria. Después de insistirle casi todos los portavoces de los
grupos, incluso de esos grupos que les apoyan a ustedes, al Partido
Socialista, en el Gobierno de la nación, hemos arrancado a su portavoz
que la última semana de marzo o la primera de abril, a lo mejor, sería el
momento oportuno para que usted viniera a explicar, por primera vez, el
PEIT.
La interpelamos porque entendemos que es importante e imprescindible que
usted despeje desde ya algunas cuestiones, porque en ese documento -y
esperamos que en algún momento se digne hacer, al menos, una jornada
especial en la Comisión de Fomento para que lo podamos conocer en
profundidad, si es que tiene profundidad- nada se dice de planificación
temporal, nada se dice de territorialización de las inversiones y ni
siquiera se dice qué parte, o si es toda, de la inversión presupuestada
por el Ministerio de Fomento para 2005 se va a hacer a través del PEIT.
Además, usted está haciendo manifestaciones y declaraciones sobre lo que
contiene y no contiene el PEIT que provocan confusión. Desde luego, o
usted está equivocada o está equivocado este documento. Por ejemplo, y es
un tema de suma sensibilidad, el PEIT no habla de AVE, sino de corredores
de altas prestaciones. Sin embargo, usted ha dicho en múltiples ocasiones
que es lo mismo, que el AVE no cambia. Si no cambia, ¿para qué le cambia
el nombre? Lo hace porque cambia, naturalmente. Nada más hay que leer las
páginas 88 y 89 del documento para comprobar que el AVE ha desaparecido
en España y que, a partir de ahora, hay comunidades autónomas de primera
y comunidades autónomas de segunda. Por si fuera poco, ante la visita,
impuesta, del presidente de Extremadura, usted le dice que les devuelve
el AVE que tenían y que el PEIT les quitaba. No está mal, pero todavía no
la he oído decir una sola vez cuál es la velocidad de diseño de ese
corredor, si los 350 o los 200-220 kilómetros por hora. Sería muy bueno
que usted nos despejara la duda sobre las velocidades de diseño de esos
corredores de altas prestaciones.
En su presentación ante el Consejo de Ministros, usted dijo en la nota que
acompañaba al documento que el 40 por ciento de la financiación sería con
cargo a fórmulas de financiación mixtas público-privadas. En las
diapositivas que lo acompañaban se hablaba de colaboración
público-privada y también del 40 por ciento. Por el contrario, en el
documento PEIT se habla de financiación extrapresupuestaria del 40,5 por
ciento y el día 31, es decir, el lunes de esta semana, a los empresarios
les dijo que el 20 por ciento sería financiación privada, el 60 por
ciento presupuestos del Estado y el 20 por ciento ingresos de los entes
públicos dependientes del ministerio. ¿A qué nos atenemos? Porque no es
lo mismo; o el documento no sabe lo que es financiación
extrapresupuestaria, o la presentación ante el Consejo de Ministros
ignora lo que es financiación mixta, o los empresarios -no creo- no
entienden lo que es la financiación privada o, lo que es más probable,
usted en cada foro ha dicho lo que le interesa.
Un tema internacional. Una nota de su ministerio con ocasión del viaje de
los Reyes a Marruecos dice, y leo textualmente: Con esta ocasión, la
ministra de Fomento ha comunicado a su homólogo marroquí que el proyecto
de enlace fijo entre España y Marruecos por el estrecho de Gibraltar se
ha incorporado al Plan estratégico de infraestructuras de transporte que
ha presentado al Consejo de Ministros. Ambos ministros -sigue diciendo-
han acordado presentar conjuntamente este importante proyecto hispano
marroquí a la Comisión Europea solicitando financiación comunitaria para
el mismo. Señora ministra, en el PEIT solo se dice, también textualmente:
El PEIT contempla el impulso de los estudios y trabajos técnicos que
vienen desarrollando España y Marruecos en relación con el proyecto del
enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar. Continúa apostillando: Se
trata, en cualquier caso, de una actuación a largo plazo cuya ejecución
desborda el plazo temporal del PEI ¿Qué proyecto se ha incorporado al
PEIT, si sólo hay estudios y trabajos? ¿Qué proyecto, si usted reconoce
que no se puede abordar en el plazo temporal del PEIT? ¿Con qué proyecto
-si no existe- va a pedir usted ayudas a Europa? ¿Para qué período
temporal, si dice usted que lo desborda?
Como ve, el PEIT y usted están generando más dudas, inquietud e
incertidumbre que lo contrario. Se supone que, con este documento, el
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero pretende ofrecer la alternativa
-es decir, la respuesta socialista- al PIT 2007 del Partido Popular. Sin
embargo, vemos que, desgraciadamente, es sólo una mala copia. ¿Cuál es la
alternativa socialista en política de infraestructuras? Pues mire, se
resume en una frase: el PEIT sólo es el deslizamiento de diez años y una
pérdida de los niveles de calidad y competitividad de las redes
ferroviarias previstas y diseñadas en el PIT del Partido Popular. Si le
gusta más, el PEIT es como las soluciones habitacionales, pero con trenes
eléctricos y coches teledirigidos. El PEIT son las soluciones viarias y
ferroviarias habitacionales. Señora ministra, usted ha traído las
soluciones viarias y ferroviarias habitacionales; no las ha traído al
Congreso, sino a este documento del PEIT. Es decir, son la versión
Fomento de las soluciones habitacionales.
Señora ministra, el PEIT no es más que una declaración voluntarista de
intenciones para confundir al ciudadano. Además, para ponerlo en marcha,
necesita nada más y nada menos que 14 planes y programas, que tendrán
cuando acabe la legislatura y así habremos perdido cuatro años. Con el
PEIT, el PSOE renuncia a la alta velocidad ferroviaria para España y
también renuncia a las vías de gran capacidad. (Pausa.) Quiero que me
escuche, señora ministra. Yo me callo; no tengo ningún inconveniente en
callarme durante todo el tiempo que sea necesario, pero tengo interés en
que usted me escuche. (Rumores.)
Como le decía, señora ministra, el PSOE renuncia a la alta velocidad
ferroviaria para España y también renuncia a las vías de alta capacidad,
que son las vertebradoras y cohesionadoras del territorio. Si lo llevan
adelante, a partir de ahora habrá comunidades autónomas de primera y de
segunda. La red se denominará de altas prestaciones, pero no tendrá las
mismas para todas las comunidades autónomas. El PEIT parte de una
confusión interesada de contenidos en cuanto a redes de carreteras y de
ferrocarril. Cuando Europa tiene perfectamente definidos los conceptos
técnicos y jurídicos, resulta que el PSOE se dedica a innovar por su
cuenta. En cuanto al tren, el PEIT considera de altas prestaciones tres
corredores diferentes; eso no está en ninguna legislación. Para ustedes,
las altas prestaciones son un totum revolutum con varios tipos de
actuaciones, tanto tramos de cierre destinados al tráfico mixto como
líneas y tramos cuyo trazado se mejora para tráfico mixto, como líneas y
tramos troncales para uso exclusivo de viajeros; todo eso es para ustedes
altas prestaciones, un totum revolutum. Sin embargo, cuando se analizan
los planos, parece que se aplican los mismos criterios en toda España.
En carreteras, el mismo talante, señora ministra. Diseñan y señalan en los
planos como actuaciones interurbanas de altas prestaciones tanto las
actuaciones en la red básica de altas prestaciones como las actuaciones
de acondicionamiento. Es decir, que también se confunde al ciudadano, que
está acostumbrado a ver las redes de alta capacidad. Ahora resulta que,
si nos descuidamos, son de alta capacidad hasta los bacheos.
En cuanto a la inversión, más de lo mismo. Como le he dicho antes, no hay
justificación ni territorialización. La señora ministra ha dicho en la
CEOE que los presupuestos del Estado se incrementaban cada año partiendo
de un crecimiento del PIB nominal del 6 por ciento para dotar al PEIT. Lo
siento, señora ministra, no; rotundamente, no. Tomando por bueno el
presupuesto de inversión de Fomento de 2005 -que por cierto, en sus
cifras definitivas ya publicadas crece un 8,1 por ciento, lo que nosotros
le dijimos en el debate presupuestario y que usted negó diciendo que era
más del doble-, si hubiera el crecimiento que usted dice del 6 por ciento
anual tendrían que invertir 338.014 millones de euros no los 241.000
millones porque cuentas sabemos hacer todos. Señora ministra, los números
que usted presenta en este documento muestran un crecimiento del 1 por
ciento, no del 6 por ciento, del 1 por ciento. Aclárese y aclárelo a
todos los españoles.
Sé que me estoy pasando. Perdón, señora presidenta. (Rumores.-Un señor
diputado: Eso siempre.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio, por favor.
Adelante, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Sosiéguense. No se pongan nerviosos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Acabe, señor Ayala, por
favor, que iba muy bien la tarde. Adelante.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señora presidenta. Dejaré para la segunda
intervención algunas de las cuestiones que quería plantear a la señora
ministra. Simplemente le diré que no sabemos cuál es la
territorialización, no sabemos cuál es la anualización, no sabemos cuál
es la aplicación de fondos europeos, no sabemos qué pasa a partir de
2007, que es una fecha que se pone como elemento que quiebra la
aplicación de este PEIT, no sabemos cuáles son las cantidades dedicadas a
alta velocidad, a líneas mixtas, a convencional, a acondicionamientos,
etcétera. Tampoco sabemos cuál es la justificación de sus pretensiones
inversoras ni de sus soluciones financieras. Por tanto -y con esto
concluyo- es una exigencia de responsabilidad política que usted aclare
en sede parlamentaria todas estas cuestiones que entendemos que debía de
habernos explicado con anterioridad. Por supuesto, le exigiremos que
comparezca en la Comisión de Fomento para explicarnos un documento que
usted había prometido que iba a explicar en sede parlamentaria desde el
primer momento.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ayala.
Continuamos con el turno de contestación de la señora ministra de Fomento.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señora presidenta, señorías,
señor Ayala, le agradezco muchísimo su interpelación porque me permite
venir aquí mucho antes de que se apruebe el PEIT, que era a lo que yo me
había comprometido y lo que sigo manteniendo, por supuesto, porque es un
compromiso electoral de mi partido que también se planteó en el debate de
investidura y que yo expuse en mi comparecencia cuando expliqué lo que
iba a hacer mi departamento. También le agradezco su interpelación porque
me permite ofrecerle que se una usted a la búsqueda de un acuerdo sobre
un plan que se diseña para el año 2020, que nos va a sobrevivir a muchos
de nosotros políticamente hablando, y sería bueno que intentáramos llegar
a un pacto de Estado en políticas de infraestructuras.
Cuando usted creía que no le estaba escuchando, me decía mi compañero que
no se habían negado a que viniera al Parlamento, a la Comisión o al
Pleno, a explicar lo que vamos a debatir porque lo que yo he presentado
es un documento de propuestas. Me he atrevido a presentar no un documento
definitivo para imponerlo sino un documento de propuestas para debatir
con los empresarios -veo que está usted muy bien informado de lo que se
habló en aquella reunión-, con los sindicatos, con el foro de
transportes, que se celebrará mañana, o con las comunidades autónomas,
que ya se ha celebrado. Es decir, hemos tenido el valor no solamente
de presentar una planificación detallada de lo que vamos a hacer en
política de infraestructuras en los próximos 15 años sino que hemos
traído un documento previo para que sea debatido.
Yo le ofrezco que se una a ese diálogo, a ese debate para tratar de buscar
un consenso, porque creo que es muy importante para nuestro país, para
nuestro crecimiento económico, para la cohesión territorial, para el
desarrollo en todos los aspectos, económico y social, y yo le ofrezco, si
a usted le parece bien, que tratemos de llegar a un acuerdo. Va a ser muy
fácil llegar a un acuerdo porque he incluido en el PEIT el documento
-esto sí que es un documento- que ustedes llaman plan en su portada, pero
que en la segunda página llaman programa -no plan- y después, cuando se
fueron del Gobierno, lo llamaron catálogo. El señor Álvarez-Cascos me
entregó este documento de catálogo de actuaciones. Este plan, programa,
catálogo o como lo queramos llamar, señor Ayala, tiene 12 folios,
incluido todo lo que iban a hacer en telecomunicaciones -dos folios- y
cinco mapas. Lo pueden ustedes ver, aunque ustedes lo conocen porque lo
habrán debatido. Le puedo asegurar que ese plan, ese magnífico plan que
ustedes reivindican, está incluido íntegramente en las 160 páginas del
documento que ustedes tienen, con letra chica, por delante y por detrás.
Su plan o lo que usted quiera, programa, folleto, catálogo, cualquier
cosa, en cuanto a las carreteras incluye -estas son las cuentas- un
folio, señor Ayala, medio folio, porque tiene muchos puntos y aparte. Eso
es lo que nosotros hacíamos en los exámenes de la facultad cuando no
teníamos nada que decir. (Aplausos.)
Yo le agradezco la interpelación porque me siento orgullosa de este
trabajo, me siento orgullosa de las 160 páginas donde se recogen
objetivos, prioridades, actuaciones, planes modales, referencias,
criterios generales para los soterramientos, para las autopistas, para
las variantes, para todo hay criterios generales sobre los que tenemos
mucho que acordar, señor Ayala, porque la mayor parte de este plan tendrá
que aplicarse en territorio donde están gobernando ustedes.
Señoría, tengo que decirle una cosa. Este plan, el plan del Partido
Socialista para esta legislatura y para las dos siguientes es un plan que
recoge exclusivamente competencias estatales. Hago tanto hincapié en esto
porque en el PIT, cuando se hablaba de los kilómetros de carretera que
iba a hacer el señor Álvarez-Cascos, se recogían también las carreteras
que iban a hacer la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia. (El señor
Ayala Sánchez hace gestos negativos.) Sí, señor Ayala, 500 kilómetros.
Como hoy vengo aquí para explicarles a ustedes qué hemos recogido en este
documento, lo primero que les digo para que no quepa la menor duda es que
solamente son competencias estatales; con las comunidades autónomas y con
las corporaciones locales tratamos de coordinar las competencias
transferidas en materia de infraestructuras y servicios de transporte
porque es básica la coordinación. Como usted ha dicho perfectamente, he
puesto el plan en conocimiento del Consejo de Ministros porque la
aprobación vendrá después de todo el periodo de debate. Usted no me ha
traído a rastras, señor Ayala, yo estoy encantada de estar aquí
interpelada por usted para hablar del Plan estratégico de
infraestructuras y transporte. Vengo encantada porque además es una
ocasión para decirle que el procedimiento es el siguiente. Primero, se
elabora con la participación de las comunidades autónomas y de los
empresarios. Hemos estado en contacto con todos para saber qué es lo que
pensaban de las competencias del Gobierno central, cómo creían que
teníamos que ejercer estas competencias, los estamos oyendo y no sé por
qué le ha parecido a usted mal lo que dije a los consejeros de las
comunidades autónomas. Este no es un plan de una comunidad autónoma ni yo
le voy a decir a la comunidad autónoma lo que tiene que hacer para
completar mi plan, el plan que propongo, sino que las oigo, me coordino,
debato y hago un plan equilibrado, con criterios de equidad y de cohesión
territorial, ni mucho para unos y poco para otros, ni viceversa. Por lo
tanto, lo primero es elaborarlo con la participación de todos y después
lo que hemos hecho ha sido llevarlo al Consejo de Ministros, presentarlo
y esperar un período de tiempo para que los ministros lo estudien a nivel
del Consejo de Ministros, pues había sido analizado y debatido a otro
nivel. Eso fue el 23 de diciembre, como usted bien ha dicho, y después de
las Navidades lo primero que hago es citar a todas las comunidades
autónomas para presentarles un documento provisional, que por supuesto
espero sea definitivo en su mayor parte, puesto que ha tenido cabida y ha
sido escuchado todo el mundo, pero que es susceptible de mejoras y de
observaciones. Lo hemos sometido a debate, esa es la valentía que hemos
tenido y la confianza que tenemos en este plan. Luego lo vamos a analizar
con todo lo que le he dicho a usted, lo llevaremos al Consejo de
Ministros, que lo aprobará, y lo traeremos aquí para su debate y
análisis, como todo lo que se debate a ese nivel. No tenga usted esa
especie de resquemor y sobre todo no se apunte un tanto que francamente
no es suyo, que es que el plan está aquí porque usted lo ha traído. El
plan lo tienen todos los portavoces de la Comisión de Infraestructuras
encima de su mesa. (El señor Ayala Sánchez: ¡De eso nada!) Sí, sí, vaya
usted a su mesa y verá como lo tiene. (Risas.) Esto es como los Reyes
Magos, señor Ayala. Vaya usted a su mesa y verá como lo tiene.
(Aplausos.) Le han llegado los Reyes Magos. Tiene usted el plan encima de
la mesa. De todas maneras, verá usted... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Siga, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Estamos aquí en confianza,
casi en familia, así que sosiéguense ustedes.
Fíjese usted si no hay cutrerío en el sentido de repartir el plan que
usted ha venido aquí con él en la mano y nos lo ha enseñado, cosa que le
agradezco, porque me ha hecho propaganda del plan del Gobierno.
Muchísimas gracias por darle publicidad y, francamente, por seguir tan de
cerca el plan, los comentarios, lo que se ha dicho en un sitio y en otro.
Yo he notado -se lo agradezco y le reconozco ese mérito- que usted ha
estado interesado desde el principio en conocer el plan.
Quisiera despejarle algunas dudas. Altas prestaciones, señor Ayala. Le voy
a confesar hasta un secreto. Cuando no se entendía lo que eran altas
prestaciones yo les dije a los consejeros que no tenía ningún
inconveniente en llamarlo alta velocidad. Igual que lo he denominado
altas prestaciones, les dije a los consejeros de las comunidades
autónomas que si eso significaba una mala interpretación, que estoy
segura que habrá sido de buena fe por su parte, de que alta velocidad y
altas prestaciones no son lo mismo y que además iba a haber comunidades
autónomas de distintos niveles, modificaba el término y lo llamaba alta
velocidad. Le estaba diciendo que le iba a confesar un secreto y es que
también me he decidido por cambiarle el nombre porque por lo visto
Álvarez-Cascos lo llamaba así, con lo cual, cuando me he enterado, he
pensado que no era lo más afortunado, ya que él lo llamaba así para
enmascarar lo que no era alta velocidad y yo lo he hecho para decir que
es alta velocidad, más doble vía, más electrificación, más una serie de
cosas, más posibilidad de tráfico mixto. Y en cuanto a eso que usted ha
dicho, que no se sabe qué es la alta prestación, lo sabe la gente que
entiende y como usted tiene que entender, porque es su responsabilidad,
de entrada ya le digo que alta prestación significa más que la alta
velocidad, porque la alta velocidad es cumplir una directiva, que es ir a
200 o a más de 200 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando el señor
Cascos decía que iba a poner la alta velocidad en el Bobadilla-Granada y
era única vía y sin electrificar, no se le podía decir que no, porque con
que el tren corriera a más de 200 kilómetros por hora, ya era alta
velocidad, pero, claro, era una alta velocidad del subdesarrollo, señor
Ayala. O el eje atlántico de Galicia, de esa Galicia que ustedes tanto
defienden de boquilla en infraestructuras, porque cuando tuvieron que
diseñar lo que se iba a hacer en Galicia diseñaron una alta velocidad sin
electrificar en el eje atlántico.. (Un señor diputado: ¡Mentira!) Mentira
no, señor diputado. Haga uso de la palabra cuando le corresponda y
mientras tanto respéteme. No estoy diciendo ninguna mentira. Verá usted
cómo estamos contratando la electrificación, que no lo vamos a hacer dos
veces; por lo tanto, si vamos a contratar la electrificación del eje
atlántico, es la prueba del nueve de que ustedes no lo habían hecho.
(Aplausos.)
Usted me preguntaba por los plazos de finalización y de pronto se ha ido
al estrecho de Gibraltar para decir que el PEIT no sirve. El plazo de
finalización de todas las obras incluidas en el PEIT es el de 2020 y, por
supuesto, en 2020 no va a estar construido el túnel del estrecho de
Gibraltar. Sin embargo, es una obra tan importante y como queremos ser
absolutamente honrados y respetuosos -cosas que alguno a lo mejor ni
siquiera entiende- y el túnel del Estrecho no va a estar listo antes de
2020, no lo hemos incluido como una obra a terminar en 2020. Lo hemos
incluido exactamente con los compromisos que tenemos -y me va usted a
perdonar- a nivel internacional, de realizar los estudios; además, hemos
llegado a un compromiso con Marruecos para ir de la mano a pedir
financiación europea para una conexión que no es entre dos países, ni
entre Europa y Marruecos, sino que es entre Europa y África, y, por
tanto, entendemos que tiene que ser financiado con fondos europeos.
Además, si eso ayuda a que España y Marruecos se gasten menos y
consigamos que el resto de los europeos aporten fondos en esa gran obra,
no sé por qué le molesta a usted que hayamos llegado a ese compromiso.
Son compromisos internacionales que nosotros vamos a respetar. Seriedad,
rigurosidad y profesionalidad todo eso es, señor Ayala, lo que hemos
trasladado al plan que hemos presentado.
Si hablamos de temporalidad le voy a leer lo que viene en el PEIT y que no
venía en el plan que ustedes tanto valoran. Como nosotros en el PEIT
ponemos lo suyo, más dos huevos duros, no le puede parecer mal. Nosotros
estamos diciendo el mismo trazado del AVE en el eje atlántico, pero
ustedes no electrificaban y nosotros sí: pues tendrá que parecerle bien.
Respecto a la doble vía, ahora le diré dónde vamos a poner doble vía para
que no quede la menor duda. Señor Ayala, yo le pido que a partir de
ahora, en vez de tener la referencia del plan anterior, que francamente
es muy malo y así ustedes no van a poder avanzar, ustedes miren para el
futuro, se olvidan de lo que no hicieron, se montan en el carro nuestro y
estamos todos tan contentos haciendo infraestructuras en condiciones.
¿Qué dice del plan la Intervención General de la Administración del
Estado, que a partir de ahora llamaré IGAE? Pues dice que el Plan de
infraestructuras 2000-2007 es un documento sin ningún rango normativo y
que tan solo describe actuaciones con un coste globalmente estimado.
Asimismo dice que la incidencia y desviaciones económicas y temporales
que se ponen de manifiesto en el informe son en buena medida consecuencia
de las debilidades y carencias del proceso de planificación. Me estoy
refiriendo al informe de la IGAE de 2003, no de 1977. La IGAE dice que el
auditor, que es el interventor, no conoce ningún tipo de concreción de
ese plan global, ni tampoco una actualización que permita conocer las
actuaciones realizadas y sobre todo las actuaciones en marcha y a iniciar
con la estimación de su coste y un horizonte temporal de ejecución que
permita opinar sobre su factibilidad.
Tengo cantidad de estas perlas, no se puede usted ni imaginar, como una
guía de teléfonos.
Yo le ofrezco a usted que miremos hacia delante y hablemos del PEIT y si
queremos compararlo, yo le voy a hacer algún tipo de comparación
temporal. En la página 2 de este plan que se refiere a carreteras -porque
en la portada dice 2000-2007, pasamos la página 1 que está en blanco y
otra no dice nada y es entonces cuando se llega a carreteras-, en ese
folio que le he enseñado, en su primer párrafo, ya no dice 2000-2007,
sino que se irá hacia el umbral de 2010. Ni siquiera en 2010, señor
Ayala, pensaba terminar el plan el señor Cascos: hacia el umbral de 2010.
Que me digan a mí qué tipo de concreción temporal es esa. Por lo tanto,
no entiendo la crítica de que no se concretan en el plan las
temporalidades. No hay ninguna fecha más, en ese plan no hay ninguna
fecha más. Digo esto para que cuando me pregunten ustedes por las fechas
en las que voy a hacer los tramos se acuerden que cuando ustedes
planificaban no solamente no ponían fechas, sino que ponían umbrales de
fechas. Por tanto, la flexibilidad de hacer o no hacer era efectivamente
llamativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Le ruego vaya concluyendo,
por favor, señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señora
presidenta.
Voy terminando. Espero en la réplica poder contestarle a lo que no haya
podido ahora.
En cuanto a valoración económica, hay dos documentos, señor Ayala: este
primero, este chiquitito, en donde aparecen 54.000 millones de euros, y
después pasan dos meses y el señor Cascos, que no ha debatido este plan
con nadie, aparece en el Congreso y lo presenta, y dice que son -así
viene recogido en el "Diario de Sesiones"- 102.773 millones, o sea, que
sin saber cómo pasamos de 54.000 en el papelito a 102.773: se ha
multiplicado por dos. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Por
consiguiente, concreción económica, señor Ayala, poca. Le voy a decir
cuál es nuestra concreción temporal y económica. Primero, terminar todo
en el horizonte de 2020 y después respetar todos los plazos a los que nos
hemos comprometido desde el Plan Galicia, al acuerdo de Extremadura, al
acuerdo en Castilla y León, todos aquellos que hemos ido cerrando y que
son compromisos de legislatura y posterior a la legislatura, como es el
Plan Galicia. Todos esos plazos los vamos a cumplir. La concreción
económica la tiene usted por epígrafes o conceptos en las últimas páginas
y podrá apreciar que son 241.392 millones de euros. Aquí tiene usted toda
la concreción económica, y en los presupuestos y en los programas de
legislatura irá viendo usted cómo se van concretando esas partidas
presupuestarias.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora
ministra.
Señor Ayala, es su turno de réplica. (Rumores.)
Solo quedan diez minutos de silencio, si les parece, y acabamos la
interpelación.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, yo no le he dicho al principio de mi intervención que
sabía que usted me iba a agradecer que yo le hiciera esta pregunta porque
me parecía que esta vez no iba a utilizar esa muletilla tan fácil y tan
zafia, ya que parece que cada vez que el Partido Popular le hace una
pregunta usted lo agradece. La buena prueba es que pierde usted
rápidamente los papeles, como los ha perdido hoy. También los perdió
cuando me contestó lo mismo a por qué había renunciado al plan
extraordinario de ferrocarriles en los presupuestos y dijo que no estaban
todavía aprobados. Ya lo están y usted se ha tragado el plan
extraordinario de ferrocarriles para contentar los votos de Esquerra
Republicana de Catalunya. Por tanto, ya sabía que usted me iba a
contestar eso, pero lo que no me podía esperar es que usted iba a venir
aquí a jugar de esta manera con la hipocresía y la falsedad y encima a
pedir consenso. No es verdad que el Plan de infraestructuras y
transportes 2000-2007 fuera ni un catálogo ni un programa ni la
documentación que usted ha traído aquí. (Un señor diputado: Era un
proyecto.) Cuando quiera hablamos del mismo, un plan serio, un plan con
financiación, un plan con temporalidad, por mucho que usted diga, y desde
luego un plan, señora ministra, que en abril de 2004 le dejó en marcha
obras por valor de 30.618 millones de euros. Ese es el catálogo y el
programa que usted hoy viene a criticar con poco respeto, sin reconocer
la seriedad y burlándose de la eficacia y la planificación de las
infraestructuras del Partido Popular, y viene a decir que nos ofrece
consenso porque está todo incluido. ¡Ojalá! Ya quisiera usted haber
incluido dentro del PEIT el Plan de infraestructuras y transportes del
ministro Cascos, porque, diga usted lo que diga, España nunca prosperó
tanto como con el Partido Popular, entre otras cosas porque el Partido
Popular sí que cree en España, no la va a destrozar: nosotros creemos en
la España con mayúsculas. Ahora bien, esa credibilidad no ha sido gratis,
nos la hemos ganado a pulso. ¿Cómo? Invirtiendo. Muchas veces lo he
dicho, las infraestructuras no hablan, pero son elocuentes, ahí están
para comprobarlas.
Desde luego, yo no miro hacia atrás. Ha hecho usted hoy más referencias al
plan de Cascos que yo. Yo sólo me he referido a su PEIT y usted para
justificar su PEIT habla del plan de Cascos, lógico y natural, porque no
puede hablar de otra cosa nada más que del plan de Cascos. Falta usted a
la verdad cuando habla de la alta velocidad. La alta velocidad es un
concepto y un diseño para unas velocidades. Usted todavía no ha
explicado
ese concepto y ese diseño. Usted habla de un concepto de altas
prestaciones que no está definido ni en la legislación española ni en la
legislación europea, y la alta velocidad sí está definida en la
legislación española y en la legislación europea. Por tanto, señora
ministra, con cuentos chinos y con catálogos o listas de teléfono o con
rollitos de primavera, si quiere que se lo recuerde, no hace falta que
venga a contarlo aquí. Ni el PEIT es un plan, ni establece un solo plazo,
ni vincula un solo euro ni ninguna obra, ni analiza ni territorializa; al
contrario, pone deberes a cuatro gobiernos, y ahora viene usted a decir
que cómo va a poner deberes a cuatro gobiernos y que ofrece un consenso,
pero despreciando la labor, en la que usted ha tenido que basarse para la
que usted está ejecutando, de los ocho años de Gobierno del Partido
Popular. Pues, discúlpeme, pero eso corresponde más a la esquizofrenia
parlamentaria que al ánimo de negociación, al ánimo de consenso que usted
nos está pidiendo.
Nosotros sí creemos en la España solidaria y en la España vertebrada, la
España en la que las infraestructuras sirven para eliminar diferencias y
no para ampliarlas. Con su diseño de carreteras y con su diseño de
ferrocarril, usted aumenta la diferencia entre unas comunidades y otras,
usted no trata igual a todas las comunidades, y nosotros en eso no
creemos. Desde luego, sus respuestas en nada satisfacen y la moción
consecuencia de interpelación la tendremos que plantear. Confirmamos que
durante estos meses la única obsesión del Gobierno del Partido Socialista
es el revisionismo permanente a todo lo que ha hecho el Partido Popular
(Un señor diputado: Si no ha hecho nada.), en contra de una obra que
sirve a todos los españoles, que les hace cargarse todo aquello que lleva
la etiqueta de hecho por el PP. Lo han hecho con el trasvase del Ebro, lo
han hecho con la educación, lo han hecho con la justicia y ahora lo hacen
con las infraestructuras. Ustedes sabrán adónde llevan a España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señora
ministra, con su turno de dúplica.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señora presidenta.
Señor Ayala, no se enfade ni tampoco se sienta tan mal porque no haya
entendido bien el chiste. El chiste que conté tenía mucha gracia.
Distinto es que usted se sintiera agraviado, pero no lo recuerde usted
como si fuera una barbaridad. ¡Claro que me acuerdo de los rollitos de
primavera y de los cerdos agridulces! Me acuerdo del chiste entero, que
además es buenísimo. No me lo he inventado yo y tiene muchísima gracia.
Señor Ayala, no me tiene que llamar zafia, hipócrita, falsa, ni decir que
tengo poco respeto o que me he burlado. Yo no me he burlado de nadie. Son
12 páginas. Dicho así, a usted le parece mal, pero eso es lo que hay.
Además, yo no lo he llamado programa. Cuatro veces en el mismo texto, en
12 páginas, el que escribe, que no sé quién ha sido, pero seguro que ha
sido uno de ustedes, pone programa. Yo no lo he llamado catálogo. Me lo
han dado ustedes, me lo dio el ministro. Eso fue lo que me dio cuando se
fue. Esto es lo que hay y lo llama catálogo. Además, no lo he dicho el
primer día, lo estoy diciendo cuando han pasado nueve meses. Le estoy
diciendo: no insista usted. Usted insiste y yo le digo lo que hay. Pero
no me tiene que insultar. De todas maneras no me he sentido insultada.
Zafia a mí me parece un insulto y falsa también. A lo mejor a usted le
parece una cosa normal, pero a mí hipócrita, zafia y falsa me parecen
insultos, pero dicho así, me da igual.
Tenga un poco más de sentido del humor, porque no nos vamos a cargar nada
de lo que ha hecho bien el PP, lo vamos a conservar y mejorar. Es más, he
dicho que voy a continuar todo lo que empezó el PP en materia de
infraestructuras. Lo he dicho una y otra vez. Precisamente, si tengo un
defecto, es que hablo demasiado claro. No se puede decir: es que no he
entendido lo que ha dicho. No, le he dicho que vamos a meter todos los
proyectos que ustedes pusieron. Ahora también le digo que los vamos a ver
uno a uno. Por ejemplo, efectivamente le he dicho a usted que en la
directiva y en el real decreto viene definido lo que es la alta
velocidad, que es una velocidad por encima de los 200 kilómetros por
hora. Tampoco hay que hacer una tesis doctoral para saber eso (Risas.);
eso es lo que es. ¿Se puede hacer electrificado o no? A nadie se le
ocurre pensar que a estas alturas del siglo se va a hacer una
infraestructura, una nueva vía de tren sin electrificar, pero a ustedes
sí: el eje atlántico y el Granada-Bobadilla. ¿Qué quieren ustedes que les
diga? Vamos a ver, señor Ayala, ¡pero si no funcionan ni los teléfonos en
el Madrid-Lleida! Los hemos puesto en funcionamiento después de pagar 30
millones de euros -se lo digo para que usted vaya sabiendo lo que nos
cuestan todos los errores- y todavía no funcionan, por los túneles.
Tenemos que cambiar el chip, mirar un poquito al futuro y saber lo que es
una España moderna.
En ningún momento he dicho que me voy a cargar nada de lo que haga el PP,
porque mi racionalidad no me lo permite, mi lógica no me lo permite. Yo
no sería capaz de decir eso en alto, es que no lo puedo ni pensar, señor
Ayala. Pero las cosas que ustedes han hecho mal y encima las hemos
heredado, como es el Madrid-Lleida, las tendremos que arreglar. ¿Qué
quiere usted que diga? ¿Que no las hemos arreglado y que las dejaron
ustedes bien, cuando llevamos no sé cuánto tiempo gastándonos dinero y no
hay manera de rectificar los sucesivos errores que se han cometido con
esa línea?
Ustedes tienen un problema y es que tienen dos símbolos: el AVE
Madrid-Lleida, pero es que tienen al lado el de Sevilla, y qué le voy a
decir a usted; también tienen el aeropuerto de Barajas, que se va a poner
en
servicio dos años después de que lo inauguraran, como si se pudiera llegar
a algún sitio con ese aeropuerto que estaba en obras cuando ustedes lo
inauguraron, que ha costado el doble, que han tardado dos años más. ¡Pero
qué le voy a decir a usted, señor Ayala! Pero nunca me cargaré nada. A mí
me dan coraje hasta las películas en las que se rompen cosas. No me
pienso cargar nunca nada. Todo lo que miro es para construir, por eso me
gusta tanto la responsabilidad que me han dado, que es hacer las cosas
bien, señor Ayala.
Me remito, antes de tener que terminar, a lo que vamos a hacer en
carreteras, a lo que vamos a hacer en ferrocarril, a lo que vamos a
hacer, por ejemplo, en puertos. Cuando hablan del Plan Galicia, ¿por qué
no dicen ustedes que en el Plan Galicia que ustedes aprobaron lo que
venía no era la construcción del puerto sino el estudio de viabilidad? Lo
que usted ha criticado de Gibraltar, pero en Galicia. Era el estudio de
viabilidad, porque ni siquiera eran los análisis concretos que se están
haciendo ahora del puerto, y se fueron y dejaron el puerto sin el estudio
de viabilidad aprobado. ¿Por qué no dicen eso ustedes? Es rotundamente
cierto y le remito a usted al acuerdo del Consejo de Ministros, a la
resolución y a los papelillos que han ido distribuyendo ustedes sobre el
Plan Galicia. Rotundamente cierto. La primera fecha que se pone en el
Plan Galicia en este Congreso es cuando ya estaba gobernando el Partido
Socialista, la primera fecha que se pone, la primera. ¡Me va a hablar
ahora de lo que no han hecho! (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Vaya terminando, señora
ministra, por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): ¿Tengo que terminar?
(Risas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Por favor.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Pues entonces termino
diciéndole, señor Ayala, que cuantitativa y cualitativamente hablando el
plan que hemos traído, que hemos presentado -no en esta Cámara, porque no
se presenta hasta que no lo apruebe el Consejo de Ministros- y que hemos
abierto al debate es un plan que resuelve muchas de las cuestiones
pendientes, que ayuda al equilibrio territorial y a la equidad, no
solamente al acceso de las prestaciones económicas sino también de los
servicios públicos, que trata al territorio con unos criterios de
equilibrio y que además pone al país en la situación de modernidad que
necesita para incrementar su capacidad de competir y para poner todos sus
activos en valor.
Espero, señor Ayala, que a partir de esta presentación lo reconsideremos,
cambiemos el tono de nuestros debates y que seamos capaces de buscar un
sitio común para que España tenga las infraestructuras que le
corresponden.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señora
ministra.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
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