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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 76, de 15/03/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 76
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 71
celebrada el martes, 15 de marzo de 2005


ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 22-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000008.) ... (Página 3639)

- Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 61-1, de 23 de abril de 2004. (Número de expediente 122/000050.) ... (Página 3648)

Modificación del orden del día ... (Página 3658)

Proposiciones no de Ley: ...


- Del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la financiación sanitaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 156, de 18 de febrero de 2005. (Número de expediente 162/000267.) ... (Página 3659)

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- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de sistemas de seguridad en la flota pesquera. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, número 103, de 15 de noviembre de 2004. (Número de expediente 162/000198.) ... (Página 3671)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre medidas para combatir la piratería en el sector audiovisual. (Número de expediente 173/000056.) ... (Página 3679)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los ejes que configurarán la reforma del mercado de trabajo. (Número de expediente 173/000057.) ... (Página 3686)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la catástrofe del barrio del Carmel, de Barcelona. (Número de expediente 173/000058.) ... (Página 3691)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 3639)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia ... (Página 3639)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta que el objetivo es la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. No es la primera vez que su grupo presenta una iniciativa en este sentido, y pide que se dé cumplimiento a los compromisos aprobados en el Pleno el uno de junio pasado, con ocasión de una proposición no de ley presentada por su grupo.
Anuncia que si del debate sale un acuerdo firme del grupo mayoritario de que se cumplirán los compromisos aprobados en esa proposición no de ley su grupo no tendría ningún inconveniente en retirar la actual proposición de ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Jáuregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


El señor Jané i Guasch retira en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la proposición de ley presentada, a la espera de firmar todos los grupos la nueva proposición de ley antes del 30 de junio, como ha propuesto el señor Jáuregui.


El señor Atencia Robledo pide que se retiren del "Diario de Sesiones" las expresiones que considera injuriosas para el presidente de la Xunta de Galicia, pronunciadas por el señor Tardá i Coma en su intervención.


La Presidencia da por retirada la proposición de ley y, en relación con la petición del señor Atencia, manifiesta que velará para que el texto del "Diario de Sesiones" sea lo más correcto posible.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular ... (Página 3648)

El señor Llamazares Trigo, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta esta proposición de ley que pretende modernizar y actualizar la participación semidirecta en la vida política española, toda vez que esta cuestión está siendo actualizada en el ámbito de los Estados miembros de la

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Unión Europea y porque considera que es un mecanismo de revitalización de la democracia a nivel internacional.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC); las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Aranda Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Modificación del orden del día ... (Página 3658)

La Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios y conforme al artículo 68 del Reglamento, propone a la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 32, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), pase a debatirse antes del punto 31, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de Proposiciones de Ley. (Votaciones.) ... (Página 3658)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia ... (Página 3658)

La proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se retira por acuerdo unánime de la Cámara, ya que se procederá al envío de una proposición no de ley que será firmada por todos los grupos parlamentarios.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular ... (Página 3658)

Sometida a votación la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, se aprueba por 178 votos a favor, seis en contra y 124 abstenciones.


Proposiciones no de Ley ... (Página 3659)

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la financiación sanitaria ... (Página 3659)

La señora Pozuelo Meño presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, con el objetivo de dar a conocer y debatir en la Cámara el proceso iniciado por el Gobierno para abordar y dar una solución adecuada a los problemas de la financiación del Sistema Nacional de Saludon Manifiesta que la financiación de la sanidad es una parte más del modelo de financiación autonómica, según la Ley de 21 de diciembre de 2001 que aprobó esta Cámara, estando en el Gobierno el Partido Popular, pero añade que se hace necesaria la presentación de esta proposición no de ley porque las cosas no han funcionado bien, y pasa a analizar brevemente el porqué.


En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley intervienen el señor Labordeta Subías y la señora Fernández Dávila, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guinart Solá, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora García Suárez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; y los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Pozuelo Meño.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de sistemas de seguridad en la flota pesquera ... (Página 3671)

Presenta la proposición no de ley el señor García Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, porque, según afirma, después de casi un

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año de Gobierno socialista no se han visto resultados positivos ni un trabajo con objetivos bien definidos de cara a mejorar las condiciones de seguridad de la gente de la mar, de los pescadores. Expone una serie de datos sobre la siniestralidad del sector y asegura que el número de muertes en la pesca gallega en el año 2004 experimentó un incremento del 57,1 por ciento. Su propuesta pretende instar al Gobierno a poner en marcha una serie muy concreta de medidas encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, tanto de los buques de pesca como de los propios marineros, y anuncia que se ha distribuido un texto transaccional en el que se recogen las enmiendas presentadas por los grupos Mixto y Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la financiación sanitaria, se aprueba por 168 votos a favor, 142 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación, en sus propios términos, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la implantación de sistemas de seguridad en la flota pesquera, se rechaza por 144 votos a favor, 160 en contra y nueve abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 3679)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Barkos), sobre medidas para combatir la piratería en el sector audiovisual ... (Página 3679)

La señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta la moción que tiene su origen en la interpelación defendida la semana pasada por Nafarroa-Bai en la búsqueda de una salida a uno de los grandes retos que tiene la creación artística y cultural, que es hacer frente a la piratería artística y a la piratería digital. Tras referirse a las enmiendas presentadas dice que se trata de una moción que no solo pretende remarcar la importancia de hacer frente al fenómeno global, sino que también pretende subrayar la necesidad de que el futuro plan proteja con diferentes medidas la diversidad cultural del Estado.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Lasalle Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Louro Goyanes, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Vilajoana Rovira, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los ejes que configurarán la reforma del mercado de trabajo ... (Página 3686)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se refiere al debate de la semana pasada con el ministro de Trabajo en el que se llegó a la necesidad de abordar en esta Cámara la preocupación de muchas familias españolas con personas en paro o con empleo precario, pero también de lanzar un mensaje de tranquilidad a las empresas en el sentido de liderar la mejora de la productividad a través de la introducción de la flexibilidad interna y externa que estas empresas necesitan para ser competitivas. Por eso, dice, presentan esta moción que marca las grandes líneas por las que debe discurrir el diálogo social, iniciado justamente el lunes, y pasa a explicar el contenido de la moción.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Membrado Giner, del Grupo Parlamentario Socialista; Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Pérez Martínez, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Campuzano i Canadès.


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Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la catástrofe del barrio del Carmel, de Barcelona ... (Página 3691)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Fernández Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se refiere a la catástrofe ocurrida en el barrio del Carmel hace 50 días, que produjo una crisis política de consecuencias imprevisibles, donde cerca de 1.100 personas perdieron su domicilio habitual o han sido desplazadas y se queja de que desde el Congreso de los Diputados no se haya hecho nada, a pesar de que algunos grupos parlamentarios lo han intentado.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Beloki Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercos i Boixassa, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y Fernández González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Díaz.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre medidas para combatir la piratería en el sector audiovisual, en los términos de la enmienda transaccional presentada, se aprueba por 308 votos a favor y tres en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los ejes que configurarán la reforma del mercado de trabajo, en sus propios términos, se rechaza por 150 votos a favor y 163 en contra.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la política del Gobierno en relación con la catástrofe del barrio del Carmel de Barcelona, con las enmiendas de adición de Convergència i Unió, se rechaza por 142 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones.


Se suspende la sesión a las once y quince minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE LUCHA POR LAS LIBERTADES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. (Número de expediente 122/000008.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión número 71 del Pleno, cuyo primer punto del orden del día se refiere a la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia.


Para la defensa de la proposición de ley tiene la palabra el señor Jordi Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) articula hoy ante el Pleno de la Cámara una proposición de ley importante porque persigue la reparación moral y el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.
Señorías, no es la tarde de hoy la primera vez en que este debate tiene lugar ante el Pleno de la Cámara. Tuvimos otro prácticamente igual el pasado 8 de abril de 2003, en la anterior legislatura, cuando el representante de nuestro grupo, el diputado Manel Silva, defendía ante esta Cámara una proposición de ley similar a la que hoy presenta Convergència i Unió, que no obtuvo los votos de quien tenía la mayoría absoluta en la Cámara, el Grupo Popular. Cierto es que antes de aquel debate del mes de abril de 2003 se había aprobado por unanimidad en esta Cámara, en Comisión, una proposición no de ley que instaba a todos los grupos parlamentarios y a todos los poderes públicos a esta reparación moral; una importante proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre del año 2002, pero que todavía hoy no ha tenido su desarrollo legislativo. En esta legislatura hemos reabierto el debate sin la unanimidad necesaria y hemos conseguido aprobar en el Pleno, con un amplio consenso de muchos grupos -no estábamos todos-, una proposición no de ley el pasado 1 de junio que tenía unos compromisos.


Mi grupo hoy no hubiera presentado esta proposición de ley ante el Pleno si los compromisos de aquella proposición no de ley -que no eran de Convergència i Unió, sino de siete grupos parlamentarios de esta Cámara- se hubiesen cumplido. ¿Por qué la hemos mantenido? El portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, aquí presente, ha sido el primero hoy en querer este debate porque sabemos que en estos

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momentos el Gobierno no cumple el compromiso que habíamos acordado todos los que votamos afirmativamente la proposición no de ley el pasado 1 de junio. ¿Qué decía esa proposición no de ley y por qué razón este debate sigue hoy abierto y Convergència i Unió se ve en la obligación de plantearlo ante el Pleno? Porque si repasamos esa proposición no de ley aprobada el pasado 1 de junio, además de reafirmar el compromiso unánime de la pasada legislatura aprobado el 20 de noviembre de 2002, obliga al Gobierno a presentar un estudio detallado de las ayudas que merecen las personas que fueron víctimas por la defensa de los derechos fundamentales en una época en la que esos derechos no estaban reconocidos. Hay una reparación moral pendiente, hay una reparación económica pendiente y hay un informe pendiente, que el Gobierno debía remitir a esta Cámara antes de finalizar el año 2004. ¿Dónde está ese informe? No hemos tenido constancia de que haya tenido entrada en el registro de la Cámara, ni justificación alguna de por qué no se ha presentado el informe, y debía haberse presentado antes de finalizar el año 2004. Estamos ya en marzo del año 2005, pero el informe no se ha presentado. Los posibles beneficiarios -personas que han sufrido y quieren esa reparación moral- nos exigen a todos los diputados la aplicación de aquello que se acordó el pasado 1 de junio. Pronto se va a cumplir un año de ese acuerdo y queda pendiente la remisión de ese informe jurídico que debe poner negro sobre blanco las posibles ayudas económicas y morales que van implícitas en la proposición no de ley aprobada.


Un segundo aspecto. Se decía en la proposición no de ley que el Gobierno tenía la obligación de presentar un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por la Constitución. Este proyecto de ley tiene que establecer -lo dice el texto acordado- ayudas económicas; no puede ser una simple restitución moral, van implícitas ayudas económicas. De ahí que el texto que hoy presenta Convergència i Unió contenga ayudas económicas para plasmar la solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y por la transición a la democracia. Señorías, tenemos una asignatura pendiente que cumplir.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sabe que el calendario que tiene marcado el Gobierno, y con él el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista, no encaja bien con la toma en consideración de esta proposición de ley. Sabemos que el calendario interno del Gobierno quiere cumplir lo que aquella proposición no de ley establecía. Así lo quiere creer el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Para todos los que formamos este Parlamento sería difícil de explicar a la sociedad que esta proposición de ley no saliera hoy con un voto favorable de la Cámara. La explicación del rechazo de esta iniciativa sería difícil para todos aquellos que votaran en contra y, especialmente, para el Grupo Parlamentario Socialista, porque me consta que siempre ha estado al lado de los grupos que hemos venido defendiendo la restitución moral y económica que precisan las personas que han luchado y padecido mucho en una etapa por suerte superada al día de hoy. Hoy nos encontramos en una etapa donde la reconciliación ha sido posible, pero esa reconciliación -como decía nuestro portavoz Manel Silva en el año 2003- nunca debe tener como precio llegar al olvido. No queremos el olvido, no podemos ni debemos permitirnos el olvido.


El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy al Pleno de la Cámara un tema simbólico, pero moralmente importante y con repercusión económica. Debemos recordar el compromiso y Convergència i Unió no quiere que este asunto salga derrotado de la Cámara. Sabiendo que nuestro grupo siempre ha buscado acuerdos en positivo y que no quiere sacar de los debates una derrota parlamentaria sino un hecho palpable, un compromiso, se dirige hoy al grupo mayoritario de la Cámara, al Grupo Parlamentario Socialista, y a su portavoz en este debate, el señor Jáuregui, que ha defendido tantas y tantas veces los mismos principios que incorpora nuestra proposición de ley, pues coincidimos en este aspecto. Las personas que hemos vivido de cerca este problema compartimos esta proposición de ley. Podremos discrepar en algún punto del articulado, pero estoy seguro de que, al final, la voluntad de los grupos de esta Cámara irá en la misma dirección, porque sabemos bien lo que esta proposición de ley comporta y, por este motivo, sabemos que no nos podemos permitir un rechazo de la misma. Por tanto, mi grupo les pide un compromiso solemne y tasado en el Pleno. ¿Qué compromiso les pedimos? Señor Jáuregui, le pedimos que se comprometa en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, grupo mayoritario de la Cámara y grupo que tiene la responsabilidad de Gobierno, a ofrecer el texto articulado que venía implícito en la proposición no de ley del pasado 1 de junio, para que antes de que finalice el actual periodo de sesiones -por tanto, antes del próximo 30 de junio- todos los grupos tengamos el texto articulado y el estudio que el Gobierno debiera haber remitido a la Cámara antes del 31 de diciembre de 2004. Es decir, que tengamos un estudio, un texto articulado y un compromiso que podamos aceptar, el compromiso de no tramitar hoy esta proposición de ley, presentada unilateralmente por un grupo parlamentario, por Convergència i Unió -que la ha planteado hoy en el Pleno porque el compromiso de aquel 1 de junio no se está cumpliendo- y buscar el valor simbólico de presentar una proposición de ley firmada por todos los grupos de la Cámara sin excepción, un texto que no sea de Convergència i Unió, ni del Grupo Socialista, ni del Grupo de Esquerra Republicana, ni del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.


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Convergència i Unió ofrece la búsqueda de un acuerdo a través de un texto que podamos firmar todos. De esta forma, cuando aprobemos esa ley, porque tenemos el compromiso moral de sacarla adelante en esta legislatura, podremos afirmar entre todos que el origen de esa ley fue una proposición de ley firmada por todos los grupos que queremos ver restituidas moral y económicamente a las personas que directamente padecieron la represión de la dictadura franquista.


Esta es la propuesta que hace hoy Convergència i Unió. Buscamos el compromiso de tener, en primer lugar, el estudio del Gobierno antes de que acabe el periodo de sesiones, para que todos los grupos lo podamos compartir y, en segundo lugar, el texto del proyecto de ley del Gobierno, que tenía el compromiso de presentarlo antes del 1 de junio, para ofrecerlo a todos los grupos de la Cámara antes del 30 de junio, para que todos podamos firmar una proposición de ley conjunta. Si esto es así, si de este debate no sale una derrota parlamentaria sino un compromiso firme del grupo mayoritario de que se cumplirán estos compromisos, mi grupo no tendría ningún inconveniente en no someter a votación nuestra proposición de ley hoy para someter en breve, en cumplimiento de ese compromiso, una proposición de ley similar, firmada por todos y con las aportaciones que cada grupo pueda hacer a partir del texto que nos ofrezca el Gobierno. No queremos salir hoy con una derrota parlamentaria. Nos importaría la derrota parlamentaria, nos importaría que los dos grupos mayoritarios no votasen esta proposición de ley si al final no existe ese compromiso, pero si existe preferimos dar a los posibles beneficiarios, que son quienes componen la sociedad democrática que está observando hoy este Parlamento, un compromiso positivo y decirles que vamos a tener la ley, la vamos a tramitar antes de que finalice el actual periodo de sesiones y va a ir con la firma de todos aquellos grupos que la compartimos y que la queremos impulsar. Si existe ese compromiso, mi grupo parlamentario renunciaría a su presentación y votación y cedería ante un texto que todos los grupos apoyaran para tener sin demoras esa importante ley que, lamentablemente -termino como empecé-, no es el primer día que debatimos en esta Cámara. Esperemos que el próximo debate no sea sobre un texto presentado de forma unilateral por un grupo, esperamos que sea sobre una propuesta de todos, que nos una y que tienda a no hacer nunca una plasmación del olvido. La reconciliación, sí; el olvido, jamás.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


¿Algún grupo parlamentario desea ejercer su derecho al turno en contra? (Pausa.) Si no es así, pasamos al turno de fijación de posiciones.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tienen la palabra el señor Rodríguez y, a continuación, el señor Labordeta.


Señor Rodríguez, adelante.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Debemos exaltar la lucha por la democracia durante la etapa del franquismo, recuperar la memoria histórica y lo que significaron tantos años de represión, que muchas veces condujeron a muerte. Lo tenemos que hacer nuevamente, a pesar de que en el Pleno del día 1 de junio de 2004, en un debate desde nuestro punto de vista importante y memorable, se llegó a un punto común de reconocimiento y solidaridad con las víctimas del franquismo a raíz de iniciativas del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna y del Bloque Nacionalista Galego, que fueron retiradas para aprobar un texto que figuró como de la práctica inmensa mayoría de la Cámara a excepción de un grupo parlamentario. Entonces basamos las argumentaciones en un acuerdo unánime del 20 de noviembre de la Comisión Constitucional del año 2003, es decir, cuando gobernaba el Partido Popular donde hubo un primer intento de aproximación a tratar con normalidad este tema. Ese mismo día se acordó hacer un estudio de carácter general para sistematizar toda la legislación que había al respecto, definir el estado de la cuestión y saber cómo teníamos que reparar moral, social y económicamente a las víctimas. Se acordó elaborar un informe que tenía que ser remitido a este Congreso de los Diputados antes de acabar el año 2004 para poder ser debatido en la Comisión correspondiente y aprobado en Pleno. Desgraciadamente no se hizo así, como tampoco se remitió un proyecto de ley por parte del Gobierno para la concesión de las ayudas económicas a las víctimas personales o a sus familiares por una sola vez y durante el período que va del año 1968 a 1977. Como esto no fue así, es lógico que aparezca ahora esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros no vamos a discutir y aceptaremos cualquier acuerdo para que se fije un nuevo calendario y el Gobierno cumpla lo que acordamos en el Parlamento.


Como Bloque Nacionalista Galego, al tiempo que reconocemos la oportunidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Gobierno a la hora de tratar temas tabú hasta esta legislatura, queremos advertir de que es una mala práctica la tendencia recurrente a los gestos o a la propaganda que no se concluye en efectos de carácter práctico. En una palabra, no podemos actuar en función de la coyuntura sino de algo sistematizado, que asumimos como un problema que hay que resolver. En la medida que el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta aboguen por esta solución contarán con nuestro apoyo, al igual que va a contar la posición que tome el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta.


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El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Sean mis palabras para apoyar esta propuesta. Nunca diremos lo bienvenida que es nuevamente en el Congreso, después del debate de 1 de junio del año pasado, esta proposición de ley de solidaridad con esas víctimas aparentemente desconocidas de la historia reciente de España. Gente que caía en Ferrol, en Vitoria o en Almería asesinada en esos momentos tremendos en que el franquismo iba como un dinosaurio dando coletazos a derecha y a izquierda. Creemos que con todas esas víctimas existe un compromiso moral, ético y económico.


La proposición de ley que trae aquí Convergència i Unió es francamente buena y beneficiosa. Ahora bien, si esta proposición de ley es votada con el compromiso de alcanzar un texto entre Convergència i Unió y Partido Socialista que pueda ser votado y apoyado por toda la Cámara, nosotros apoyaremos la decisión que adopte Convergència i Unió. Nuestro grupo sigue apoyando esa iniciativa porque en este momento tiene que salir adelante. Ya es hora de que muchas de estas historias que están ocultas salgan a la calle con una responsabilidad y con una correspondencia de las gentes que tenemos que agradecer aquella lucha, a veces anónima, a veces perdida, en la geografía española, pero que fueron importantes para desestabilizar un régimen que venía cayéndose por su propia corrupción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Labordeta.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


En nombre de Coalición Canaria, queremos adherirnos a lo planteado por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané. No le faltará nuestro apoyo para que esta proposición de ley no salga derrotada ante la Cámara si se sometiera a votación. Como el señor Jané se ha referido fundamentalmente al grupo mayoritario, al señor Jáuregui, quedamos a la espera de su decisión final y de la resolución que adopte el grupo proponente. En todo caso, queremos dejar constancia de que compartimos el fondo de lo que aquí se ha planteado, es decir, el resarcimiento a las víctimas de la represión dictatorial y el reconocimiento de los antecedentes históricos de la lucha por las libertades democráticas en España. En esa línea mostramos nuestra posición a favor de esta iniciativa. Si todos los grupos parlamentarios la tenemos que suscribir en un futuro inmediato, la firma del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no estará ausente de ese documento de reivindicación democrática y parlamentaria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Mardones.


Grupo de Izquierda Verde. Señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Está claro que este no es un debate nuevo, son muchas las ocasiones en las que la solidaridad, el resarcimiento moral y económico a las víctimas del franquismo ha formado parte de la agenda y del debate en el Congreso de los Diputados; de hecho -ustedes lo saben mejor que yo-, en legislaturas anteriores se trató el tema. La resolución de 26 de noviembre de 2002 de la Comisión Constitucional ponía fin a una etapa e inauguraba un nuevo periodo en el que todas las instituciones públicas quedaban emplazadas a apoyar las iniciativas que se formulasen por los interesados o por sus familiares. Si bien ese fue el sentido de la resolución de la Comisión Constitucional, poco tiempo después, en el 25 aniversario de la Constitución, nos encontramos con que a las víctimas del franquismo se les quedaba un sabor amargo en su boca al no poder conmemorar en el Pleno de esta Cámara lo que había sido la lucha contra el franquismo. También es cierto que en ésa y en legislaturas anteriores hemos tenido ejemplos de micropolítica en la que no se daba una buena respuesta a las víctimas del franquismo. Les voy a poner un ejemplo que afecta a gente cercana.
Víctimas del franquismo que han recibido indemnizaciones de la Generalitat de Cataluña y que, pese a que las indemnizaciones son pequeñas y sin duda no compensan lo que han sufrido, han tenido que tributar por ellas al IRPF. Así lo quiso el Gobierno anterior y por el momento no se ha solventado. En los últimos años, el Defensor del Pueblo también viene haciendo llamamientos reiterados a los poderes públicos para que no den por finalizada la tarea de compensar a los damnificados.
Lo que está claro es que todo ello, lo que ha pasado, lo que hemos debatido en este Pleno y lo que debatimos hoy, lo hacemos en un marco incomparable, en el marco del 30 aniversario de la muerte del dictador, y con una mayoría parlamentaria con la que muchas de las víctimas del franquismo empezaron a respirar viendo las grandes expectativas que se abrían en esta nueva etapa.


Es cierto -lo decía el señor Jáuregui en el último debate que tuvimos aquí- que ha habido zonas oscuras de nuestro pasado que no se han explicado o reconocido lo suficiente. El mismo Semprún decía que habíamos confundido perdón con olvido. Nuestro grupo cree que el olvido, de forma demasiado frecuente, se ha transformado en abandono y en una cierta indiferencia hacia aquellos que se jugaron la vida por restablecer las bases de la democracia. En este contexto, debatimos esta proposición de ley -como decía el señor Jané- después de la discusión que tuvimos en este Pleno; una proposición de ley, por otro lado, registrada

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el 23 de abril de 2004, antes de la discusión que tuvimos en Pleno. Hay que decir que la proposición no de ley y la enmienda que se pactó, en este caso con el Grupo Socialista, y a la que dimos apoyo la práctica mayoría de los grupos, exceptuando el Grupo Popular, era trascendente.
Había un primer compromiso, en palabras y en boca del portavoz socialista, que suponía la sistematización de todas las indemnizaciones y las disposiciones legales que han afectado a las víctimas. Es, por tanto, este un compromiso fundamental, tan o más importante que la ley, ya que trata precisamente de sistematizar y de ver hasta dónde no se ha llegado.
El segundo compromiso, que a este informe que tenía que llegar antes de fin de año se le sumase una ley de características similares a la que nos plantea hoy el Grupo de Convergència i Unió. Y el tercer compromiso, el acceso a los archivos. Por todo ello, nuestro grupo quiere decir que la proposición de ley tiene un sentido de oportunidad, que es precisamente que hablemos de un tema del que hemos hablado muchas veces, pero que nunca es suficiente; que hablemos de un tema del que hemos hablado muchas veces, pero que a día de hoy aún no está solventado; que hablemos de un tema del que hemos hablado muchas veces, pero que lleva meses de retraso en el compromiso que acordamos el conjunto de grupos parlamentarios.


Digamos que la oportunidad que se nos ofrece hoy es que el partido sea de ida y vuelta. Como la mayoría parlamentaria dijo de forma muy clara que ese partido lo iba a ganar y lo iba a ganar la democracia, como la mayoría parlamentaria dijo de forma clarísima que mandataba al Gobierno a que presentase un informe sobre las indemnizaciones, a que se presentase un proyecto de ley, a que los archivos fuesen de acceso público, lo que está claro es que hoy tenemos la oportunidad de rematar el resultado del partido de la primera vuelta. Y si en el partido de la primera vuelta ganó la democracia, nuestro grupo cree que hoy es oportuno que en nuestro partido de segunda vuelta vuelva a ganar la democracia. La fórmula, que podría ser acuerdo -seguro que será acuerdo-, que planteaba el señor Jané era presentar una proposición de ley, firmada por todos los grupos parlamentarios, sabiendo que además esta es una demanda del conjunto de fuerzas políticas en la que todos o casi todos llevamos trabajando muchísimos años, y nuestro grupo cree que es una buena solución. Esta proposición de ley -y el señor Jané lo sabe- es muy similar a la que redactaron en su día Convergència i Unió, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Socialista en la legislatura pasada. Nuestro grupo ha trabajado muchos años sobre este tema, así como el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo de Esquerra Republicana, los componentes del Mixto, todos los que apoyamos la proposición no de ley que discutimos en esta misma legislatura.


Por tanto, nuestro grupo entiende que tuvimos la oportunidad de ganar el partido de ida, lo ganamos con la proposición no de ley, y tenemos la oportunidad de ganar el partido de vuelta, que lo podemos ganar hoy. El compromiso precisamente está en que el Grupo Socialista asuma lo que le plantea el señor Jané, porque es positivo, porque llevamos meses de retraso, y esta proposición de ley nos viene de perlas para decirle al Gobierno -si me permite la expresión coloquial- que se ponga las pilas y cumpla el compromiso que asumió ante esta Cámara para que en el mes de junio tengamos una proposición de ley del conjunto de fuerzas políticas, porque hoy para resarcir moral y económicamente a las víctimas es importante que la paternidad de la propuesta sea de todos los grupos parlamentarios. Y creo que hoy podemos decir que esta propuesta -la recuperación de la memoria histórica- es paternidad del conjunto de fuerzas políticas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Grupo Parlamentario Vasco, señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, muy brevemente, porque voy a reiterar básicamente lo que ya han expresado otros portavoces parlamentarios, pero creemos que es importante que conste en el "Diario de Sesiones".


Como bien conoce la Cámara, nuestro grupo ha presentado durante varias legislaturas -unas cuantas de ellas con muy poco éxito- iniciativas encaminadas a la reparación de las injusticias provocadas durante la época de la dictadura y en tiempo de la transición. Con el acuerdo de junio de 2004 se dio un paso importante para poder proceder a aquellas reparaciones. Desgraciadamente no tenemos el informe, un estudio de carácter general que sistematizaría los derechos que en todas las comunidades autónomas han ido generándose legislativamente, que sería un cuadro más que conveniente para impulsar nuevas iniciativas, y tampoco ha llegado el prometido proyecto de ley que repararía las situaciones, tanto de la dictadura como de la transición; si no me equivoco, eso decía la proposición no de ley aprobada el 6 de octubre de 1977. En cualquier caso, nosotros íbamos a votar a favor de la propuesta de Convergència i Unió porque creemos que es importante por memoria, porque ayuda a recordar a las nuevas generaciones que no conocieron esa época qué es lo que sucedió, y por justicia, porque es necesario hacer frente a esto ya que hay algunos casos sangrantes de personas cuyos familiares fueron asesinados incluso en años como 1976, estando al mando de las FOP -las Fuerzas de Orden Público- personas que han seguido ocupando puestos de responsabilidad en la democracia. Creemos que es más que necesario un reconocimiento, levantando este inri a través de todas estas décadas de democracia, a las personas que ayudaron a traer el Estado de derecho y sin cuya ayuda, superando temores y amenazas sobre sus personas y sus familias, no

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hubiera sido posible la democracia. En cualquier caso, si el Grupo Socialista responde afirmativamente al emplazamiento realizado por el portavoz de Convergència i Unió, todos habremos dado un paso adelante.
Puede ser perfectamente una solución y entenderíamos la retirada de esta iniciativa.


Por último, señor presidente, permítame que, muy brevemente, llame la atención sobre el hecho de que, por primera vez desde que soy miembro del Congreso de los Diputados, he comenzado mi intervención, y así la voy a acabar, sin hablar en euskera. Quiero que sea tomado como una muestra de buena voluntad para ese periodo de reflexión que parece necesario. Yo respeto esa decisión y espero que en ese periodo de reflexión el Grupo Socialista...


El señor PRESIDENTE: Señor Esteban, la llamo a la cuestión. Se está usted dirigiendo a la Presidencia respecto a algo que no tiene nada que ver con el orden del día. Le llamo a usted a la cuestión.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, no me estoy dirigiendo a usted.


El señor PRESIDENTE: Le llamo a la cuestión por segunda vez.


El señor ESTEBAN BRAVO: Vale.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Estamos discutiendo un proyecto de ley, haga las consideraciones que considere, la Cámara es libre, pero usted se está refiriendo a unas reflexiones de la Presidencia. Todos nos hemos entendido. Este presidente es muy respetuoso con todos los diputados; les ruego que sean ustedes respetuosos con la Presidencia. Todo está bien, siempre y cuando se respete al presidente, el Reglamento y otras cosas más.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Francisco Granados, ejecutado por la dictadura.
Joaquín Delgado, ejecutado por la dictadura. Julián Grimau, ejecutado por la dictadura. Salvador Puig Antich, ejecutado por la dictadura. Quico Sabater Llopart, asesinado por la dictadura. Pere Valverde, ejecutado por la dictadura. Numen Mestre, ejecutado por la dictadura. Joaquim Puig Puiddemunt, ejecutado por la dictadura. Ángel Carrero Sancho, ejecutado por la dictadura. Juan Fernández Ayala, Juanín, guerrillero asesinado por la dictadura. José Castro Veiga, guerrillero asesinado por la dictadura.
Mari Luz Nájera, estudiante asesinada por la dictadura. Javier Benavides, abogado laboralista asesinado por la ultraderecha. Ángel Rodríguez Leal, abogado laboralista asesinado por la ultraderecha. Enrique Valdevira, abogado asesinado por la ultraderecha. Serafín Holgado, abogado laboralista asesinado por la ultraderecha. Josep Fortuny Torrens, alcalde republicano fusilado en el Camp de la Bóta. Lluís Serra Gilibert, alcalde republicano fusilado en el Camp de la Bóta. Frederic Xifre Masferrer, alcalde republicano fusilado en el Camp de la Bóta. Celesti Boada Salvado, alcalde republicano fusilado en al Camp de la Bóta. Javier Sauquillo, abogado asesinado por la ultraderecha en Atocha. Arturo Ruiz, estudiante muerto por la dictadura. Miquel Guitó y Jaume Guitó, guerrilleros muertos por la Ley de fugas. Ramón Vila Capdevila Caracremada, guerrillero asesinado por la dictadura. Josep Lluís Facerias, guerrillero asesinado por la dictadura. Agustín Rueda, preso político asesinado en Carabanchel. Juan Paredes Manot, condenado a muerte por la dictadura. Ángel Otaegui Echevarri, condenado a muerte por la dictadura. José Humberto Baena, condenado a muerte por la dictadura.
Ramón García Sanz, condenado a muerte por la dictadura. Xosé Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por la dictadura. Benigno Andrade 'Foucellas', guerrilleiro galego muerto a garrote vil. Marcos Ana, encarcelado durante largos años. Miquel Núñez, encarcelado durante largos años. Jordi Carbonell, presidio y torturas. Joaquim Boix, presidio y torturas. María Salvo Iborra, presidio y torturas. Amador Rei, trabajador asesinado por la dictadura por manifestarse. Daniel Niebla, trabajador asesinado por la dictadura por manifestarse. Aniano Jiménez, asesinado por fuerzas fascistas en Montejurra. Ricardo García, asesinado por fuerzas fascistas en Montejurra. Josep Teixido i Vila, presidio y tortura. Normi Mentxaca, asesinada por la ultraderecha. Francisco Téllez Luna, obrero torturado por la dictadura. Manuel Fernández Márquez, obrero asesinado por la dictadura. Enrique Ruano, estudiante asesinado por la dictadura. Pedro María Martínez, obrero asesinado por la dictadura, siendo ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne. Francisco Aznar, obrero asesinado por la dictadura, siendo ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne.
Romualdo Barroso, obrero asesinado por la dictadura, siendo ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne. José Luis Castillo, obrero asesinado por la dictadura, siendo ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne. Bienvenido Perea, obrero asesinado por la dictadura, siendo ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne. Teófilo del Valle, asesinado por la dictadura al salir de una asamblea obrera. Juan Gabriel Rodrigo, asesinado por la dictadura al salir de una asamblea obrera. Vicente Antón Ferrero, asesinado por la dictadura en una manifestación. Javier Verdejo, estudiante asesinado por la dictadura.
Jesús María Zabala, asesinado por la dictadura. José Manuel Iglesias, asesinado en el transcurso de una movilización obrera. Arturo Ruiz, asesinado en el transcurso de una movilización obrera. José Luis Aristizábal, asesinado por la dictadura por manifestarse. Carles Gustau Frechen, asesinado por la dictadura por manifestarse. Miquel Grau, asesinado por la ultraderecha. Jesús Fernández, asesinado

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por la dictadura. Elvira Parcelo, asesinada por la dictadura. Gustau Muñoz, asesinado por la dictadura. José Luis Escribano, asesinado por la dictadura. Carlos González Martínez, asesinado por la ultraderecha. Ángel Almazán, asesinado por la dictadura.


Por la dignidad de todas estas personas, que pagaron, junto con otros miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, con la vida o con toda clase sufrimientos su compromiso a favor de la libertad y en contra de la dictadura fascista; por la dignidad de sus descendientes y por nuestra propia dignidad, vamos a dar nuestro sí a la proposición de ley que hoy se nos presenta. No obstante, emplazamos a los grupos parlamentarios y al Gobierno a presentar un proyecto de ley, si es el caso y se acuerda aquí esta tarde, para que se haga justicia de una vez. Desde luego, nuestro grupo parlamentario trabajará para presentar todas las enmiendas posibles y necesarias para que se alcance una ley justa tanto en lo que respecta al ámbito temporal como en cuanto a la necesidad de restituir el honor y restañar los perjuicios morales y económicos de las víctimas de la lucha contra el fascismo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señor presidente.


Señorías, yo no haré el juicio de intolerancia, de falta de respeto histórico y de falta de reconciliación y de concordia que acabo de oír.
Voy a darlo por no producido porque el espíritu que a este grupo parlamentario le ocupa y le anima cuando aborda este debate como cuando ha abordado otros debates en esta Cámara ha sido muy distinto al que acabamos de oír.


Es evidente, como ha dicho el señor Jané y sin duda lo dirá después el señor Jáuregui, que esta proposición de ley que se somete a nuestra consideración va a reproducir en parte el debate que mantuvimos el pasado día 1 de junio con ocasión de tres iniciativas de impulso al Gobierno. En aquel momento, en el que también tuve el honor de intervenir en nombre del Grupo Popular, recordé, como hemos hecho en otras ocasiones, el espíritu que nos animaba al tratar aquellas iniciativas, que es el mismo que nos anima en el día de hoy y que no es otro que el espíritu de concordia, el espíritu de reconciliación y el espíritu de consenso con el que abordamos entre todos la transición política y el posterior pacto constitucional. Afrontamos el debate concreto de la iniciativa que acaba de defender el señor Jané en nombre de Convergència i Unió con ese mismo espíritu constructivo y responsable y asimismo coherente con lo que ha sido la posición de este grupo en esta Cámara, siempre con esa voluntad de consenso y de concordia. Esa voluntad de consenso y de concordia ha presidido y ha iluminado las decisiones que en relación con la terrible y dolorosa guerra fratricida de 1936 y del régimen posterior ha animado los debates parlamentarios y las decisiones que han adoptado distintos gobiernos de diferente color, ya sea la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista, el Partido Popular o en este momento las que pueda adoptar el Partido Socialista. Y lo hacemos con esa misma voluntad con la que hace más de 25 años decidimos integrar a todos los españoles, víctimas o no de un bando o de otro o de ninguno, en nuestra Constitución y en nuestra democracia.


Como hemos tenido oportunidad de recordar en otros debates, las disposiciones adoptadas desde la recuperación de las libertades en nuestro país, desde aquella Ley de Amnistía de octubre de 1977 hasta otras disposiciones (la más relevante llega en el año 1990 con la Ley de Presupuestos de ese año) están animadas de ese espíritu de concordia y de reconciliación que inspiró toda la transición política. En las Cortes Generales, de forma especial en las dos últimas legislaturas, con mayoría por cierto del Partido Popular, se han aprobado numerosas resoluciones donde expresamente se hacía un reconocimiento público y se hacía la necesaria rehabilitación, aunque fuera moral y política, de las víctimas, y entre ellas sin duda la más relevante -se ha hablado de ella y se seguirá hablando- es la del día 20 de noviembre del año 2002 en la Comisión Constitucional de este Congreso, donde de forma solemne y a propuesta del Grupo Popular, con el consenso de los demás grupos y actuando como actor principal el señor Guerra, alcanzamos un gran acuerdo político que representó el cierre de todas las cuestiones que estaban pendientes de solucionarse o de tratarse en ese momento en la Cámara.


En aquella resolución de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, además de hacer una serie de reconocimientos políticos muy relevantes a las víctimas, todo ello desde la integración, desde el consenso, desde la normalidad de una democracia consolidada y desde nuestros 25 años de Constitución, se hacían una serie de mandatos al Gobierno y una serie de reconocimientos de carácter político. Aquella resolución del año 2002 significó un punto de encuentro de todas las fuerzas políticas parlamentarias desde aquel día y para siempre, acordando sacar del debate político, en el sentido de la confrontación política, la guerra civil y sus secuelas con ese mismo espíritu que había animado la transición política. Creo que con esa resolución prestamos un buen servicio a la sociedad española.


Se produjo sin duda un cierre político, pero al margen de él -y lo dije el pasado mes de junio- hay cuestiones que en aquella resolución habían quedado resueltas por sí mismas, otras sobre las que había un mandato al Gobierno y otra que se matizó el pasado mes de junio en el sentido de que había que hacer estudios, por decisión e impulso del actual Gobierno. Por eso, precisamente por eso, el Grupo Parlamentario Popular en el debate de 1 de junio de 2004 presentó

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enmiendas a las tres iniciativas que se debatían. Nosotros quisimos que se produjera entonces un consenso sobre esa iniciativa, sobre la iniciativa que se debatía y, como he dicho, presentamos enmiendas muy parecidas en muchos extremos a la que finalmente se aprobó. Pero, sin duda, señorías, como ustedes recordarán, la intransigencia o la falta de sensibilidad de algunos -a lo mejor alguien quería a toda costa excluirnos- impidió que se alcanzase aquel consenso, aquel acuerdo que nosotros anhelábamos, consenso que, por cierto, había sido posible con mayoría del Partido Popular pero no fue posible en otra situación. Solo pedimos entonces que se matizase uno de los cuatro puntos que tenía la propuesta y la verdad es que, como demuestra el "Diario de Sesiones", lo intentamos hasta el momento final de la votación. No queríamos que se pudiese dar a entender que en la decisión política hubo represión. Estábamos dispuestos a votar tres puntos y nosotros simplemente queríamos hacer un matiz, pero los autores de la iniciativa no dejaron siquiera al enmendante, el Grupo Socialista, en honor a la verdad, que pudiera buscar una fórmula de acercamiento a nuestro grupo.


Señorías, señor presidente, hago esta introducción para centrar el debate que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En el texto finalmente sometido a votación como consecuencia de la enmienda del Grupo Socialista se instaba al Gobierno a dos cosas fundamentales: en primer lugar, un estudio sobre las indemnizaciones que pudieran corresponder a las víctimas de la guerra civil, de la dictadura, etcétera; y, en segundo lugar, un mandato al Gobierno para que trajera un proyecto de ley sobre esta misma materia que ha propuesto el señor Jané, incluso con el mismo título. El Gobierno tenía un mandato parlamentario para traerlo antes del 31 de diciembre. Es verdad que estos mandatos expiraban el 31 de diciembre y no han sido cumplidos por el Gobierno y, por tanto, cabría y cabe el reproche correspondiente porque los mandatos parlamentarios están para ser cumplidos y el Gobierno no los ha cumplido en este extremo.


Nosotros, de todas formas, entendemos que las cuestiones que se sometieron a consideración del Gobierno no eran simples y precisaban tiempo. Lo hemos sostenido antes, cuando proponíamos el debate de estas iniciativas sobre estas materias y que se le trasladara al Gobierno para hacer informes, y a veces nos lo han impedido algunos grupos, algunas de SS.SS., y lo seguimos pensando ahora, por pura coherencia. Es probable que necesite más tiempo; es cierto que el Grupo de Convergència i Unió ya tiene registrada esta iniciativa -estaba registrada antes de aquel debate de las proposiciones no de ley- y ahora de forma unilateral -sin que eso sea un término peyorativo- ha traído esta iniciativa a la Cámara.
Nosotros pensábamos antes y ahora que lo natural, por su complejidad, en este tipo de cuestiones es que cuando se discutan en la Cámara se pueda hacer con todos los elementos y es evidente que el Gobierno es el que puede traer los estudios adecuados a la Cámara para su discusión. Si se va a abordar una reforma legislativa o una disposición legislativa, también debemos tener todos los elementos, y bien puede abordarse como una propuesta del Gobierno previamente consensuada con los grupos, o ser fruto de una proposición de ley suscrita por todos los grupos parlamentarios.


Por tanto, este grupo parlamentario, que no tendría ningún inconveniente en votar la iniciativa que el Grupo de Convergència i Unió ha sometido a la consideración de la Cámara, entiende que puede ser una buena solución la que el señor Jané ha planteado y no tengo ninguna duda de que el Grupo Socialista lo va a entender. Por consiguiente, nos parece que en vez de plantear una iniciativa unilateral sería bueno que hubiese una iniciativa de todos los grupos. Es oportuno que el Gobierno traiga cuanto antes los informes y los estudios a la Cámara, que se los debe, y es oportuno que cualquier norma, ya sea la Ley de solidaridad con las víctimas, sea fruto del más amplio consenso parlamentario. Nosotros siempre estuvimos por este consenso, lo tratamos el pasado mes de junio, no respaldamos formalmente con nuestro voto el mandato expreso al Gobierno pero nos sentimos vinculados porque quisimos votarlo, lo que pasa es que no se nos permitió. Pedimos votación separada pero no lo permitía el Reglamento y, en cualquier caso, no nos sentimos excluidos de la iniciativa. Por todo ello, corresponde que el Gobierno cumpla sus compromisos, los mandatos parlamentarios y que, a la vista de esos informes, los grupos parlamentarios podamos aprobar una propuesta de ley y que todos de acuerdo traigamos al registro de esta Cámara.


Señor presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, la proposición que nos presenta Convergència i Unió es ya reiterada en esta Cámara desde hace mucho tiempo. Quiero recordar que el origen de esta proposición reside en aquella otra que adoptamos a través de una proposición de ley para compensar a las víctimas del terrorismo. La Ley de víctimas del terrorismo del año 1999 abrió la expectativa de compensar a las víctimas que también creíamos podrían ser objeto de aplicación de esa ley, a las víctimas del franquismo. Resultó que no era posible, como puede deducirse del hecho de que a las víctimas del franquismo no les causó daño el terrorismo sino la policía o los cuerpos represivos en su día. De manera que surgió en toda la Cámara una angustia, cabe decirlo así, por la injusticia de que la ley que compensaba a las víctimas del terrorismo del año 1999 no podía aplicarse a las víctimas del franquismo y nos quedaba ahí uno de los colectivos de nuestra memoria histórica más reciente, el de las personas que, en el ejercicio

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de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución, sufrieron daños por la represión franquista, que no estaban siendo objeto de ningún tipo de tratamiento compensatorio. Pues bien, yo quiero recordar que, por ejemplo, el Grupo Vasco, a través de Margarita Uría, y más tarde Izquierda Unida presentaron proposiciones con la idea de reformar la Ley de víctimas del terrorismo y poder asegurar esta compensación que no fue posible porque la modificación de esa ley tampoco era razonable para afectar a este colectivo.


Todos los grupos acordamos en esencia, y este es el origen de la cuestión que hoy debatimos, que teníamos que hacer una ley específica para compensar a las víctimas de la dictadura. Cabría incluir también a las víctimas de la transición, periodo 1968-1977, en el cual personas que reivindicando derechos o ejerciéndolos, como el de la manifestación o el de la huelga, eran represaliadas por el régimen franquista, sufrieron daños físicos o la pérdida de su vida, y no habían sido nunca reconocidas por el sistema democrático en nuestro país ni desde luego compensadas económicamente. Repito que los antecedentes se sitúan en el año 2001, con la propuesta del PNV; en el año 2002, con la de Izquierda Unida; en el año 2003, con la de todos los grupos de la Cámara, excepto el PP, y en el año 2004 también se ha citado una proposición no de ley que consensuamos y en la que modestamente algo tuve que ver en la redacción de un texto que da lugar a esta proposición de hoy. Como ustedes saben, este texto comprometía al Gobierno, primero, a elaborar un informe para sistematizar las ayudas que las víctimas de la postguerra y del franquismo en general habían recibido y las zonas oscuras o los espacios sin compensación que todavía quedaban pendientes, y en el punto número 2 se mandataba al Gobierno para que remitiera al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de solidaridad con las víctimas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales, tal como antes les explicaba.


Yo tengo que reconocer aquí, señorías, señor Jané y señores diputados que han intervenido en nombre de sus respectivos grupos, que efectivamente el Gobierno no ha cumplido. Quiero explicarles lo que probablemente no han tenido ustedes oportunidad de conocer, como ni siquiera yo mismo, y es que, atendiendo al contenido de la proposición no de ley antes mencionada aprobada el 1 de junio, a primeros de septiembre el Gobierno, a través de una resolución del Consejo de Ministros, creó una comisión interministerial. Pues bien, ustedes deben saber que esa comisión se ha reunido 38 veces, que no es una cosa frecuente en la mecánica administrativa; es decir, está trabajando muy seriamente y muy intensamente. Ha pedido 625 informes a organismos públicos -ayuntamientos, archivos, bibliotecas y entidades privadas- porque hay una acumulación de información que se va generando conforme vamos escarbando en esta zona, no voy a decir oscura, sino en esta memoria que hemos tapado, quizás precipitadamente, de nuestra postguerra. Es tanta la información, son tantos los grupos que están queriendo hablar con la comisión interministerial que deben ustedes saber que, entre otras cosas, hay 750 documentos con sus libros, con sus informes, con ensayos que se aportan constantemente para analizar problemas con las fosas, con los archivos, con los fusilados, con los consejos de guerra, con los reconocimientos y homenajes a cuerpos internacionales. En fin, hay una pléyade de asuntos pendientes.


Todo esto se lo digo, señorías, porque ustedes merecen una explicación del Gobierno que tengo el honor de representar como grupo que le apoya, para que sepan que el retraso en el trabajo de la comisión no es por indolencia, sino porque hay tal exceso de actividad en la comisión interministerial que no les ha permitido cumplimentar el informe que prometieron para el 31 de diciembre del año pasado en esa fecha. Esta es la razón que les explico. En ese contexto, la proposición de CiU nos coge en un marco de cierta inoportunidad. Claro que sí, señor Jané, es propósito del Gobierno, y desde luego de este grupo, cumplir su compromiso, apoyar esta iniciativa. Lo diré con toda la solemnidad que haga falta, pero ciertamente esta propuesta que CiU presenta en parte es unilateral porque es de parte, porque protagoniza una iniciativa que es de todos, que todos habíamos acordado consensuadamente que hiciera el Gobierno, con su memoria económica, con la definición jurídica del objeto de la ley, con sus cálculos de compatibilidades, en qué casos es posible cobrar una compensación, en cuáles no. Este informe, esta ley, este trabajo que tiene que hacer el Gobierno de pronto se ve interrumpido por una proposición de ley que en parte queda anacrónica y, en parte, con todo el respeto se lo digo, es unilateral. Por eso, mi grupo se encuentra ante una situación angustiosa, ya que a la propuesta que usted hace, que inclusive fue aprobada en la legislatura anterior por mi grupo cuando apoyamos el mismo texto en abril de 2003, no puede ahora decir que no; sin embargo, al decir que sí y sumarnos a un texto que, insisto, es unilateral -y por eso en parte injusto-, es de parte y, sobre todo, anacrónico sobre la base documental que hay en el Gobierno, es por lo que no oculto decir que mi grupo ha pedido al señor Jané que considere la conveniencia de retirar esta proposición de ley y esperar a que el Gobierno pueda cumplir su compromiso con la Cámara, sobre la base de que el PSOE, el Partido Socialista, está de acuerdo con esta petición y que nosotros no vamos a olvidar a estas víctimas, que quede claro.


Le comentaré una cuestión incluso del ámbito personal. Hace muy pocos días, me reuní, señor Jané, señorías, con los padres, con los parientes y con los amigos de los seis muertos el 3 de marzo en Vitoria. Fue probablemente el caso más brutal, aunque no sé si caben comparaciones de ese gradiente en lo que fue la represión franquista. Como digo, estuve reunido con los padres, con los hermanos y con los amigos de los seis muertos el 3 de marzo del año 1976. Ellos siguen queriendo

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la verdad. Yo siempre les insisto en que no cabe la investigación penal sobre esos hechos, pues la Ley de Amnistía no permite la vuelta atrás en la investigación penal, pero siempre les prometo que las Cortes Generales -no voy a decir el PSOE- van a aprobar una ley que les compense por lo que esa gente dio por lo que tenemos ahora, por la democracia. Lo decía Alcaraz en la intervención de abril del año 2003. La gente que murió en la defensa de la huelga o de la manifestación es la que hizo posible las libertades, el derecho de manifestación que luego reconoció nuestra Constitución. El PSOE no los va a olvidar, nosotros vamos a hacer una ley para compensarles, créanme; ahora bien, tenemos que hacerla entre todos y con arreglo al trámite que teníamos previsto.


Quiero terminar respondiendo al emplazamiento que me ha hecho el señor Jané y agradeciéndole su disponibilidad para que alcancemos verbalmente un acuerdo que ahora quiero establecer formalmente. Efectivamente, en nombre del grupo que apoya al Gobierno, quiero anunciarles que el Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados, como se estableció en la resolución parlamentaria de 1 de junio de 2004, su informe sobre el estado de la cuestión, el punto número dos de nuestra proposición de ley.
También presentará un anteproyecto de ley que regule esta cuestión de la compensación a las víctimas del franquismo siguiendo el mandato parlamentario que se suscribió en aquel acuerdo. Con la perspectiva de que esta es una cuestión que nos atañe a todos, que tiene que respirar el consenso y el espíritu de la superación de aquella vieja herida por parte de todos los grupos políticos, que en gran parte presidió la transición española y que querríamos seguir viendo presente hoy también en estas materias, mi grupo se compromete a que, si hay acuerdo de todos los grupos, este texto pueda ser transformado en una proposición de ley y pueda ser tramitada como tal con la firma de todos los grupos parlamentarios. Eso se hará antes del 30 de junio de este año, es decir, antes de que finalice el período de sesiones en el que estamos. Además me congratulo de que todos los grupos, incluido el PP, se sumen a esta disposición y espero, por tanto, si todo camina como acabo de señalar, que a partir del otoño de este mismo año podamos negociar las consecuencias del informe y el propio anteproyecto o proposición de ley para que, ojalá que en enero del año 2006, en España haya una ley que compense a las víctimas de la dictadura.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jáuregui.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.


Agradezco las intervenciones que se han producido en el hemiciclo porque esta tarde, de cara a quienes sufrieron directamente el franquismo, se respira unanimidad en esta Cámara, y esto es positivo. Mi grupo no tiene ninguna intención de colgarse una medalla unilateral, ninguna, pero no quería renunciar al debate para buscar un compromiso que nos una a todos y que todos podamos firmar esa proposición de ley. Agradezco especialmente el compromiso, anunciado por el señor Jáuregui en nombre del grupo mayoritario, de que antes del 30 de junio tendremos el informe, que debía haber presentado el Gobierno antes del 31 de diciembre, y tendremos un texto articulado que podremos firmar todos, porque Convergència i Unió no quiere que sea su texto, quiere un texto que esta Cámara debe a la sociedad para que no caigamos en ese olvido. Por tanto, retiramos la proposición de ley a la espera de firmar todos juntos la nueva proposición de ley antes del 30 de junio.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.


Reacciones muy breves de los grupos parlamentarios ante el anuncio de la retirada de la proposición de ley porque hay un compromiso compartido por toda la Cámara para rehacer un texto, esta vez firmado por todos.


Señor Atencia, adelante.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Señor presidente, en cualquier caso le había pedido la palabra para una cuestión de orden, pero aprovecharé para decir que lo que ha planteado el señor Jané está en el espíritu de lo que quiso votar este grupo el 1 de junio, y que la propuesta del señor Jáuregui nos parece coherente con la forma en la que hay que abordar este tipo de cuestiones.


Señor presidente, quería plantearle -por un olvido solo atribuible a mi persona- que fueran retiradas del "Diario de Sesiones" las expresiones injuriosas que ha hecho en su intervención el señor Tardá al presidente de la Xunta de Galicia en su condición de miembro del Gobierno de la Corona.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)

Se procede, para que así conste en el "Diario de Sesiones", a la retirada de la proposición de ley presentada por Convergència i Unió en aras a un consenso que se plasmará en un texto -si he entendido bien- que será firmado por todos los grupos parlamentarios.


En lo que concierne a la petición del señor Atencia, la presidencia velará para que el texto del "Diario de Sesiones" sea lo más correcto posible.


Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. (Número de expediente 122/000050.)

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El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es otra proposición de ley, esta de Izquierda Unida, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Se trata de la modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo.


Para la defensa de la proposición, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para presentar una proposición de ley de modificación de la Ley 3/1984, relativa a la autorización de iniciativa legislativa popular. Esta propuesta, al cabo ya de una experiencia larga en relación con la iniciativa legislativa popular, pretende modernizar, actualizar este mecanismo de participación semidirecta en la vida política española. Pretende hacerlo toda vez que esta cuestión está siendo actualizada en el ámbito de los Estados miembros y también de la Unión Europea, pues no hay que olvidar que uno de los elementos fundamentales del texto constitucional europeo que se decía favorecía la democracia participativa era el relativo a un modo sui géneris de iniciativa legislativa popular; digo sui géneris porque no es tal iniciativa legislativa. Por otra parte, hay que reconocer que es importante la actualización de la iniciativa legislativa popular, la mejora de los mecanismos de participación semidirecta y directa de los ciudadanos en la política, porque significa también un mecanismo de revitalización de la democracia a nivel internacional. Hoy podemos decir que Rousseau viene en ayuda de Montesquieu, pues Montesquieu está siendo diluido, la separación de poderes, los derechos fundamentales. A medida que aumenta la extensión de la democracia disminuye su intensidad.
Vicente Verdú lo ha dicho en diversas ocasiones. En este caso, la democracia participativa puede ser un mecanismo de revitalización de la democracia, que no niega a Montesquieu, que no niega la división de poderes ni la democracia representativa, pero que sí sirve para la revitalización de ambos. Quizás la forma democrática necesite una revitalización en el marco de la globalización, en el marco de la internacionalización de la economía, de las comunicaciones, de la política; estos mecanismos de democracia participativa merecen ser repensados, al igual que los mecanismos de nuestra democracia representativa merecen ser ampliados y revitalizados.


Señorías, esta iniciativa tiene una larga memoria. Decía en un principio la importancia que tiene el reflejo en el texto constitucional europeo de la iniciativa legislativa popular, pero hay que reconocer que ha llegado tarde la iniciativa legislativa popular al ámbito constitucional europeo.
Aunque ustedes no lo crean, la iniciativa legislativa popular data prácticamente de principios de siglo, de la Constitución de Weismar, la Constitución posterior a la Primera Guerra Mundial, y estas iniciativas legislativas populares han vivido tiempos mejores. Podemos decir que han vivido un tiempo inicial, en el que se pretendía que fueran mecanismos revitalizantes de la democracia representativa, han vivido luego un tiempo languideciente en el conjunto de los Estados miembros y podemos decir que, en algunos en particular, han vivido un tiempo de beligerancia, de confrontación y a veces de separación entre los mecanismos de democracia representativa y los mecanismos de democracia semidirecta o participativa, entre los cuales se encuentra la iniciativa legislativa popular.


Quiero recordar en esta intervención nuestros propios antecedentes, el antecedente del artículo 66 de la Constitución republicana del año 1931, en la que se reconocían dos tipos de iniciativa legislativa popular: la iniciativa legislativa popular propiamente dicha, pero también el veto popular vía referéndum, conectado directamente con lo que podríamos denominar los referendums revocatorios y legislativos que estaban contemplados en aquella Constitución del año 1931. Entonces se consideraba vitalizante, importante, la participación directa o semidirecta de los ciudadanos en la vida política. (El señor vicepresidente, Vilajoana Rovira, ocupa la Presidencia.)

¿Qué ha ocurrido en la Constitución de 1978 y en la ley que pretendemos reformar? La impresión que nosotros sacamos de la lectura de la Constitución y de algunas declaraciones de los constituyentes, como Jordi Solé Tura, es que en la Constitución de 1978 hay un cierto escepticismo, hay una cierta desconfianza hacia los mecanismos de democracia participativa o de democracia semidirecta, lo que significa una visión restrictiva en relación con la Constitución republicana. Ya no nos encontramos con dos mecanismos de iniciativa legislativa popular; en la Constitución de 1978 ésta queda reducida a una iniciativa legislativa popular muy restringida y, por otra parte, tampoco nos encontramos ante un doble mecanismo de referéndum sino ante un referéndum básicamente consultivo, aparte del referéndum autonómico y del constitucional. ¿Qué ha ocurrido entre esas dos constituciones para que se produzcan estos resabios y estas reticencias hacia los mecanismos de democracia semidirecta? En nuestra opinión, no ha sido solamente consecuencia de una difícil transición política sino también de la voluntad de los constituyentes de basar la nueva constitución en la preeminencia de los partidos políticos, es decir, de fortalecer a los partidos políticos como pilar básico de la democracia española, ante la evidencia de décadas sin libertad política en nuestro país. Quizá esa obsesión -obsesión legítima- de los constituyentes llevó a tener reticencias con respecto a la participación directa o semidirecta; a ello hace referencia Jordi Solé Tura en una valoración crítica de la elaboración constitucional diciendo que temía que estos mecanismos se convirtiesen en un arma de los sectores más reaccionarios de nuestro país para poner piedras en las ruedas del proceso constituyente

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y para obstaculizar el desarrollo de nuevas instituciones democráticas.
Quizás esta sea una de las razones fundamentales que explique la reticencia ante la iniciativa legislativa popular o ante el mecanismo de referéndum en nuestro país.


Como consecuencia de ello, la Constitución española contempla una iniciativa legislativa popular absolutamente restringida; iniciativa puramente legislativa, limitada porque no procederá en materias propias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional ni sobre el recurso de gracia, y muy exigente con quien toma la decisión de promover una iniciativa legislativa, tan exigente que la Constitución de 1978 pide 500.000 firmas, mientras que la Constitución europea de hoy pide un millón de firmas en el conjunto de la Unión Europea; un millón de firmas en el conjunto de la Unión Europea frente a medio millón en un solo Estado para promover la iniciativa legislativa popular. Lo mismo ocurre con el referéndum, que termina siendo un referéndum no legislativo y no revocatorio; un referéndum puramente plebiscitario. La explicación está en lo que comenté con anterioridad con respecto a las reticencias en relación con la democracia participativa o con la participación de los poderes fácticos en los mecanismos de democracia participativa.


Esta restricción de la iniciativa legislativa popular no pareció suficiente al legislador de la Ley 3/1984. La Ley 3/1984 restringe aún más -podemos decir que revisa a la baja, de manera radical incluso- el contenido del artículo 87.3 de la Constitución Española relativo a la iniciativa legislativa popular, de tal manera que, al final, los mecanismos de restricción son mucho mayores que los que existían en el propio texto constitucional. Podemos deducir que en el año 1984 los recelos con respecto a la democracia participativa o semidirecta han aumentado. La explicación puede deberse a recientes acontecimientos como el golpe del 23-F, pero quizás también pueda deberse al malentendido de una aparente contradicción entre la democracia representativa y la democracia semidirecta o la democracia participativa. En definitiva, señorías, el preámbulo que justifica la Ley 3/1984 -preámbulo que no existe en ninguna otra ley, al menos que yo haya conocido en los últimos años- dice lo siguiente sobre lo que va a legislar: La regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge asimismo las limitaciones propias de este instituto, derivadas de la enseñanza histórica, que demuestra la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de fácil cauce a la manipulación democrática o incluso para intentar legitimar, con un supuesto consenso popular, lo que no es en sustancia sino la antidemocrática imposición de la voluntad de una minoría. Todo esto se dice al legislar sobre la iniciativa legislativa popular. Yo diría que en aquel momento el legislador legislaba para restringir la iniciativa legislativa popular, para revisar el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular.


Por si no fuera suficiente con la exposición de motivos, podemos ver el contenido de la ley que nosotros queremos modificar. Nuestra propuesta es modesta porque modifica solamente algunas cuestiones esenciales, pero bien podría cambiarse la práctica totalidad de la ley, sin menospreciar en absoluto la voluntad de desarrollar la iniciativa legislativa popular.
Yo aquí recordaría una anécdota que existe sobre Hegel, el padre de la dialéctica. En su lecho de muerte, era consolado por sus amigos, que le decían: quedará tu obra y quedarán tus discípulos para extender esa obra.
Él decía: lo malo de mi obra es que tengo pocos discípulos y el que me ha entendido me ha entendido mal. Pues, bien, en este caso lo malo del artículo 87.3 de la Constitución es que sus reticencias con respecto a la democracia directa se convierten en una abierta hostilidad en la ley 3/1984, de tal manera que los elementos restrictivos que entonces dificultaban la iniciativa legislativa popular en este caso la convierten en una dificultad mucho mayor. Esta ley excluye materias para la iniciativa legislativa popular más allá de la ley orgánica, más allá de lo que había dicho antes con respecto a la política exterior o con respecto a la ley tributaria, excluye materias mucho más allá del artículo 87.3 de la Constitución, va más allá de la limitación de la Constitución, es decir, es una ley que revisa la Constitución. Además realiza una serie de exámenes a los promotores de la iniciativa legislativa popular; podemos decir que es una oposición restringida.


En primer lugar, considera que la iniciativa tiene que tener unidad sustantiva. ¿Qué dirían ustedes si una iniciativa legal de un grupo parlamentario fuese rechazada en la Mesa por carecer de unidad sustantiva? Dirían que la Mesa se está atribuyendo papeles que no le corresponden, que deberían tener lugar en el ámbito del debate político.
Pues bien, en esta ley se exige unidad sustantiva a aquellos que promuevan iniciativas legislativas populares. En segundo lugar, se exige al que promueva la iniciativa legislativa popular, en función de esta unidad sustantiva, el examen de admisibilidad, es decir, la Mesa se convierte en un tribunal para examinar la admisibilidad o inadmisibilidad de una iniciativa legislativa popular. Dirán ustedes: la Mesa no lo ha hecho. Sí, sí, la Mesa lo ha hecho y de forma contundente: de una treintena de iniciativas, una buena parte de ellas ha sido rechazada como inadmisible en el marco de la Constitución y en el marco de la ley que revisa la Constitución Española. Por tanto, el examen de inadmisibilidad ha sido un examen muy duro para los que han promovido iniciativas legislativas populares. No solamente hay un examen, hay una reválida, la reválida de la incompatibilidad, de tal manera que la iniciativa legislativa popular es incompatible con proposiciones de similar orientación en el Congreso de los Diputados, no solamente con proposiciones de ley, sino con proposiciones no de ley que en esos momentos se tramiten en el Congreso de los Diputados; es decir,

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nada más fácil que utilizar estos mecanismos para dificultar las iniciativas legislativas, populares. Por si no fuera suficiente, no bastan las barreras físicas, sino que también hay barreras económicas, en primer lugar, de economía de tiempo: se establece un límite de 6 meses.
Este límite no lo tenemos los proponentes de esta Cámara en relación con las iniciativas legislativas, pues tenemos la posibilidad de ampliar los mecanismos de enmienda. Sin embargo, al promotor de la iniciativa legislativa popular se le pone un límite de 6 meses, sabiendo la dificultad de recoger medio millón de firmas para autentificarlas y trasladarlas al Congreso de los Diputados. Si finalmente consigue superar todas estas pruebas, no se le paga. Es decir, promueve una iniciativa legislativa popular, logra que tenga 500.000 firmas, aprueba el examen de admisibilidad, aprueba la reválida en el seno del Congreso de los Diputados y, finalmente, puede ocurrir que ni siquiera se le paguen los costes de la iniciativa legislativa popular. La tramitación legislativa deja mucho que desear y, en la totalidad de los casos, ha supuesto el rechazo de la iniciativa en el trámite de la toma en consideración. Es decir, hemos logrado lo que no queríamos: el enfrentamiento entre la democracia participativa y la democracia representativa.


Señorías, esta iniciativa pretende modificar los aspectos que significan una clara discriminación a la iniciativa popular en materia legislativa, para dar un mayor brío a la iniciativa popular en estas materias y, sobre todo y lo más importante, acercar la democracia participativa a la democracia representativa, que no se vean ambas como mecanismos hostiles y beligerantes, sino que la democracia representativa vivifique y fortalezca a la democracia participativa y viceversa. Esa es la iniciativa de nuestro grupo parlamentario. Esperamos de los grupos parlamentarios de la Cámara que apoyen esta iniciativa, independientemente de que haya contenidos que no se encuentren recogidos en esta iniciativa legal. Estamos convencidos de que esta es una fórmula de actualización de leyes que salieron poco tiempo después del texto constitucional y que requieren hoy una actualización en el marco de la legislación de nuestro país, pero también en el marco de la legislación internacional.


Como diría Elías Díaz, no es necesario únicamente cumplir la Constitución revitalizando la división de poderes, los derechos y las libertades, sino que también es importante que haya mecanismos de participación, que no niegan la representación, sino que vivifican y actualizan la representación democrática.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señor Llamazares.


¿Algún grupo parlamentario quiere utilizar su turno en contra respecto a esta proposición no de ley? (Pausa.)

Entraríamos en la fijación de posición de los grupos parlamentarios.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora María Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Pedimos la palabra para fijar nuestra posición sobre la toma en consideración de una propuesta presentada por el señor Llamazares, que compartimos, sobre todo los argumentos que acaba de exponer en su defensa pues, más que dar la posibilidad de instar una propuesta legislativa popular en el Parlamento, que se legisle en este Congreso según esta figura legislativa popular, la Ley 3/1984 es un elemento disuasorio. Para comprobar lo que decimos cuando defendemos que es disuasoria, basta observar la ausencia de este tipo de iniciativas en las Cortes Generales, cuando la iniciativa legislativa popular es necesaria para fortalecer la democracia y el interés del ciudadano por que la salud de la misma esté en las mejores condiciones posible. Vamos a votar a favor de esta propuesta porque pensamos que no solamente puede conseguir una mejora que facilite que se traigan a esta Cámara propuestas legislativas populares, sino que también puede propiciar el debate respecto al fortalecimiento de la democracia, como decía anteriormente el señor Llamazares.


No hay que olvidar la importancia de que los ciudadanos y las ciudadanas tengan interés en participar, y no hay mejor participación que aquella que hace posible que se elija a los diputados y diputadas o a cualquier otra representación institucional de las que existen en el Estado, pero una de las que mayor interés puede tener es aquella en la que los ciudadanos pueden participar directamente, como es el caso de la iniciativa legislativa popular. En ese sentido, recuerdo que en estos momentos hay alguna iniciativa presentada por algún grupo parlamentario ante la imposibilidad de conseguir las 500.000 firmas que se estiman imprescindibles y de cumplir todas las demás condiciones que la ley considera necesarias, como ha explicado el señor Llamazares. Todo esto lleva a que por una mínima diferencia estas iniciativas no se puedan tramitar y nos perdamos la oportunidad de que ciudadanos interesados por mejorar legislativamente sus derechos puedan exponer sus propuestas ante esta Cámara.


Creemos que es necesario reforzar la democracia y el interés de los ciudadanos por defenderla y pensamos que algo que decía Michels hace muchos años, desde una visión crítica y autocrítica -aunque la autocrítica no es un valor de todos los pensamientos políticos-, puede ser acertado, que es precisamente que la esencia misma de la democracia, cuando esta se ejerce única y exclusivamente de manera representativa o delegada, puede desvirtuarse, y puede desvirtuarse por algo que Michels definía como la metamorfosis de los políticos -en este momento tendríamos que decir metamorfosis de los políticos y de las políticas-. Por tanto, aquellos que creemos firmemente en la democracia y creemos

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que la democracia tiene que ser fortalecida por la ciudadanía entendemos que a la ciudadanía hay que crearle unos cauces que les faciliten la participación directa que constitucionalmente se le reconoce. Estoy de acuerdo con lo que decía el señor Llamazares respecto a que esto podía significar una necesidad de modificación de la Constitución. Eso no es más que recordar lo que otros ya dijeron con antelación, y es que una generación no puede obligar a otra a vivir de acuerdo con lo que una generación pasada constituyó. Por tanto, todas las constituciones tienen que tener la posibilidad de ser modificadas. Así se recoge en todas las constituciones del mundo y en la Constitución española también se hace.


Vamos, pues, a apoyar esta iniciativa. Para la democracia sería positivo que se admitiera a trámite, para que posteriormente la discusión volviera a este Pleno y pudiéramos participar en el debate correspondiente a través de la presentación de enmiendas. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la acertada idea de traer esta propuesta a la Cámara.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.


Es evidente, en opinión de nuestro grupo, y lo hemos manifestado así en otras iniciativas que se han tramitado ante esta Cámara, que los mecanismos de democracia directa y semidirecta que aparecen en el texto constitucional, y cuyo desarrollo posterior está condicionado a la aprobación de leyes orgánicas, fueron desarrollados precisamente en esos primeros años de experiencia democrática desde una actitud defensiva que señala gran parte de la doctrina. Una actitud defensiva de la propia institución, de los legisladores, por determinados miedos a la práctica de esas instituciones democráticas que pudieran suplantar, en su opinión, a los partidos políticos como máxima expresión de la opinión pública y que pudieran generar situaciones que no fueran controlables o no fueran esperadas en un principio. La doctrina es amplia. Pérez Sola, García Martínez, Fernández Ferrero, solo por citar algunos de los que han escrito sobre la iniciativa legislativa popular, hablan de esta cierta racanería a la hora de regular la iniciativa legislativa popular y otras leyes de aquella época como la ley de distintas modalidades de referéndum, etcétera. Ese miedo del legislador se puede apreciar incluso en la exposición de motivos de la Ley 3/1984, cuando dice que la regulación constitucional de la iniciativa legislativa popular recoge asimismo las limitaciones propias del instituto derivadas de las enseñanzas históricas que demuestran la facilidad con que el recurso al pronunciamiento popular directo puede servir de fácil cauce para manipulaciones demagógicas, o la insistencia una y otra vez acerca del papel de los partidos políticos, por ejemplo, respetando al máximo -esto se aprueba- el papel institucional de los partidos políticos como órganos de manifestación de la voluntad popular e instrumentos fundamentales de la participación política.


Nuestro grupo, en el momento de discusión de este proyecto de ley, ya presentó una serie de enmiendas, la mayoría de las cuales no fueron admitidas, pero que creemos que hoy en día todavía siguen teniendo una vigencia crucial. Por eso entendemos que el texto presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es oportuno, interesante y necesario e incluso que los puntos que toca se quedan cortos para la reforma que verdaderamente debería afrontar esta Cámara y el Senado en su caso. Por ejemplo, por señalar algunas de las razones que nos llevarían a impulsar esta reforma, en el texto se exige, según la ley orgánica, que el texto presentado y sometido en la iniciativa legislativa popular sea articulado. Esto obliga a un mayor esfuerzo, a un esfuerzo, si lo miramos desde una perspectiva del derecho comparado, carente de sentido, puesto que hay modelos, como por ejemplo el helvético, en los que la formulación genérica de los objetivos y de las líneas principales de la reforma es suficiente para que sea sometida la iniciativa legislativa popular. ¿Por qué se exige además más requisitos que, por ejemplo, a las proposiciones de ley que puedan ser elevadas desde esta Cámara o desde parlamentos de las comunidades autónomas? Porque en el caso de la iniciativa legislativa popular se exige la presentación de un documento en el que se argumenten las razones que aconsejen la adopción de esa medida, lo que parece que es incrementar los formalismos y poner trabas a la iniciativa que en principio, a nuestro modo de ver, debería ser tratada con igualdad al resto de los sujetos activos.


Para nosotros, las causas de inadmisión, a partir sobre todo de la tercera causa que aparece en la ley, son cuestionables en su totalidad. Por ejemplo, que tengan que ser materias carentes de homogeneidad entre sí.
Esta unidad de criterio, esta homogeneidad, ¿cómo se pondera? Al final es la Mesa la que hace esa ponderación. ¿En qué criterios se basa? ¿Por qué se solicita en el caso de la iniciativa legislativa popular y por qué no en el caso de una proposición de ley o de un proyecto de ley? Es evidente que hay leyes que han regulado diversas materias, conexas quizás en algunos de sus puntos, otras veces ni siquiera conexas entre ellos, pero técnicamente, en principio, tampoco tendría por qué haber ningún problema. ¿Por qué tiene que ser un obstáculo para la tramitación en la Cámara que ya haya en trámite otra iniciativa, proposición o proyecto que trate la misma materia? Si el Grupo Socialista, por ejemplo, presenta una proposición de ley sobre determinada materia, no hay nada que impida que el Grupo Vasco, Esquerra, el Partido Popular o cualquier otro grupo

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pueda presentar otra proposición sobre la misma materia y ambas sean tramitables. Nosotros entendemos que en todo caso el debate se enriquecería; además, incluso puede que las iniciativas tengan un sentido y un objetivo diferente y, por lo tanto, sea bueno discutirlas en paralelo en la Cámara. De hecho, lo que puede hacer esta previsión, en caso de un gobierno malintencionado, es impedir el desarrollo de la iniciativa legislativa popular con la mera presentación de un proyecto de ley ante la Cámara que luego se tramitará más rápidamente o no, y además vaya usted a saber en qué sentido se plantea por parte del Gobierno; puede ser perfectamente que en contra de los objetivos perseguidos en la iniciativa legislativa popular.


Lo que nos parece aún más inaceptable es que la existencia de una proposición no de ley aprobada por la Cámara sobre la misma materia impida la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Las proposiciones no de ley no tienen un valor normativo y no vemos por qué tienen que excluir una tramitación de contenido legislativo. Y aunque la proposición no de ley tuviera ese valor normativo, ¿por qué no va a cambiar la opinión de la Cámara y pueda tomar otra decisión en una materia sobre la que ya ha opinado anteriormente a través de esa PNL?

Otra de las carencias que vemos en la ley es que falta un precepto que explicite la inclusión inmediata en el orden del día de una iniciativa legislativa popular que haya reunido el suficiente número de firmas.
Hemos visto que ha habido iniciativas que han caducado simplemente porque la Mesa o el órgano correspondiente de la Cámara no ha decidido incluirlas en el orden del día, y han estado durmiendo el sueño de los justos.


Tampoco entendemos que tenga que someterse al trámite de toma en consideración por parte de la Cámara, ya que se supone que ese trámite ha debido ser hecho en el enjuiciamiento de admisión por parte de la Mesa.
Por otro lado, entendemos que si la proposición ha sido presentada por un mínimo de 500.000 ciudadanos pero a iniciativa de una comisión promotora, lo lógico sería que así como las iniciativas de parlamentos autónomos son defendidas en el trámite de toma en consideración en la Cámara por una delegación de parlamentarios de esas cámaras autonómicas, si hubiera un trámite de toma en consideración (he dicho antes que lo pongo en cuestión, pero si lo hubiera, como sucede ahora en la regulación de la Ley orgánica del año 1984), esa comisión promotora también pudiera enviar una delegación o al menos una persona para que pudiera presentar y defender ante la Cámara esa proposición en el trámite de toma en consideración.


Entendemos que es también una carencia que no se pueda retirar la propuesta por parte de la comisión promotora si en el trámite de estudio de la Cámara alguna enmienda desvirtuara el objetivo de la iniciativa. No tendría sentido que saliera algo completamente diferente o contrario, incluso, a lo que se ha promovido por parte de la ciudadanía. También nos parece un defecto técnico que no se hable de la caducidad de la iniciativa en el caso de que la legislatura se agote, de que llegue a su término, y sí se hable en el caso de la disolución anticipada de las Cámaras diciendo que entonces no habrá caducidad de la iniciativa.


Por último, quiero señalar que de las algo más de 25 iniciativas tramitadas, no podemos decir -y es lógico viendo las trabas que se les impone a través de la ley orgánica- que haya tenido mucho éxito este instituto, puesto que, si no nos equivocamos, solo una de estas iniciativas se ha llegado a convertir en ley después del paso por las dos Cámaras. En consecuencia, ya es hora de levantar miedos ante estos institutos de democracia directa y semidirecta, uno de ellos la iniciativa legislativa popular. Es hora de que se dé cauce a la ciudadanía no solo a través de las elecciones a las que se presentan los partidos políticos o las asociaciones de electores, sino que también se les dé cauce directo en la legislación y, por lo tanto, se pueda legislar de una manera más abierta, sin miedo, y que este solo sea un primer paso de manera que otros instrumentos de democracia participativa sean modificados en un sentido de mayor apertura.


Nada más. Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor diputado.


Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor Presidente, señorías, no cabe duda de que el fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía es una buena inversión para mejorar el diseño de la política al igual que un elemento fundamental de la vida democrática. Ello proporciona al legislador nuevas fuentes, información e ideas relevantes para la toma de decisiones.
Asimismo, y no menos importante, contribuye a desarrollar la confianza del público en el Ejecutivo y en el Legislativo, elevando la calidad de la democracia y el fortalecimiento de la capacidad cívica de intervención. Dichos esfuerzos pueden contribuir a fortalecer la democracia representativa, en la cual los parlamentos jugamos un papel crucial. Al dar pasos concretos en este sentido, deberíamos garantizar los mecanismos necesarios para la integración de las propuestas de la ciudadanía en los procesos de elaboración de las políticas de gobierno.
Las medidas de información, consulta y participación activa en el diseño de políticas con un perfil deficiente e inadecuado pueden minar las relaciones entre las Cámaras y la ciudadanía. La voluntad de participación activa por parte de los movimientos cívicos puede generar un efecto opuesto al pretendido si los ciudadanos y ciudadanas sospechan que sus esfuerzos en presentar propuestas y participar activamente son ignorados

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y no tienen impacto alguno sobre las decisiones que tomamos.


La ciudadanía de algunos países, como el Estado español, tiene el derecho de proponer nueva legislación o nuevas políticas basadas en leyes o en la iniciativa legislativa popular, como la que se pretende modificar, o en referéndums iniciados por los ciudadanos y ciudadanas. La Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular capacita a la ciudadanía del Estado español a participar de una manera directa en la vida pública, al tiempo que procura mantener el equilibrio armónico entre el respeto a los y las representantes legítimas de la voluntad popular y la adopción de mecanismos que garanticen el ejercicio efectivo de este tipo de iniciativa legislativa. Pero las cautelas expresadas por el legislador estatal al regular esta materia, que se fundaban en un dudoso crédito democrático de algunas experiencias plebiscitarias tardo franquistas y en la necesidad de consolidar el sistema de partidos como pilar básico de la democracia representativa, son las que caracterizaron la regulación específica estatal y en nuestro caso la catalana. Es por este motivo por el que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, en el Parlament de Catalunya, propuso en 1999 la modificación de la Ley 2/1995, de Iniciativa Legislativa Popular del Parlament de Catalunya, en el sentido en que hoy nos proponen modificar la ley estatal, y es que el extremado rigor y cautela, deudor de las nefastas experiencias del pasado y comprensible años después, requiere hoy en día una lectura innovadora que hicimos en el Parlament de Catalunya que revigorice la vía de la iniciativa legislativa popular, que hasta el momento es prácticamente testimonial.


El tratamiento devaluado de los instrumentos de participación directa o semidirecta en la propia Constitución ha sufrido nuevas limitaciones en su desarrollo posterior, de tal manera que la regulación de la iniciativa legislativa popular parece destinada a limitar innecesariamente su alcance y convertirse, por otra parte, en un instrumento de garantía de los partidos políticos en lugar de favorecer las condiciones para el ejercicio de esta manifestación del derecho fundamental de participación.
El alcance de la iniciativa siempre estará condicionado por los trámites de admisión y toma en consideración, de ahí que nos parezcan innecesarias tantas precauciones o limitaciones. En este sentido, nos parece injustificado que en el trámite de admisión de la iniciativa constituya una causa de inadmisibilidad que la proposición presentada a las Cortes como iniciativa legislativa popular coincida con la preexistencia en el Congreso o en el Senado de algún proyecto de ley o alguna proposición de ley que verse sobre el mismo objeto y que esté en trámite de enmiendas o la preexistencia de una mera proposición no de ley sobre el mismo objeto aprobada en alguna de las Cámaras. No nos parece justificado puesto que el artículo 89.1 de la Constitución prescribe que la tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Por ello, no parece fácil advertir el verdadero propósito de la exclusión que hace la Ley Orgánica Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, como no sea la pretensión de preservar a toda costa la autonomía de las Cámaras legislativas. Sin embargo, la incidencia de la formulación de una iniciativa legislativa popular en la organización interna del trabajo de las Cámaras estatales o en la prioridad de la tramitación de los proyectos de ley difícilmente puede quedar afectada por la presentación de una iniciativa legislativa popular. La presentación de una iniciativa legislativa popular supone más bien un factor de enriquecimiento del debate y de la discusión parlamentaria, incluso la pluralidad de iniciativas procedentes de diferentes sujetos legitimados activamente para hacerlo, lejos de producir innecesarias yuxtaposiciones, puede llegar a mejorar sustancialmente el resultado final del texto normativo en cuestión.


Por otra parte, aplaudimos la iniciativa de la proposición de ley que nos presenta el Grupo de Izquierda Unida en cuanto a que representa la utilización de las diferentes lenguas oficiales del Estado español en los pliegos utilizados para la recogida de firmas, puesto que recoge los derechos lingüísticos de la ciudadanía y puede ser un claro reflejo del plurilingüismo del Estado.


Respecto al hecho que contempla la actual ley orgánica sobre la lectura en el Pleno del documento presentado por la comisión promotora, en el que se detallan las razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la proposición de ley, nos parece un tratamiento injusto, diferenciado del tratamiento que, por ejemplo, se utiliza para la tramitación de las iniciativas legislativas autonómicas ante las Cortes Generales. Y nos parece injusto porque ninguno de los trámites de la iniciativa legislativa popular exige la presencia en sede parlamentaria de los promotores o promotoras de la iniciativa. Esta posibilidad apuntada en la proposición de ley que se nos presenta es la defendida por la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, que posibilita, para la defensa de la proposición de ley en el trámite de toma en consideración ante el Pleno de las Cortes, la designación de un miembro de la comisión promotora.


También valoramos positivamente la posibilidad de solicitar por la comisión promotora la retirada de la proposición de ley durante su tramitación, tal y como contempla la Ley aragonesa 7/1984, en su artículo 12.3, por entender que alguna enmienda aprobada o introducida en la proposición podría, en su caso, desvirtuar el objetivo de la iniciativa presentada. Finalmente, consideramos que las nuevas tecnologías de información y comunicación son una herramienta poderosa, por lo que debemos realizar todos los esfuerzos necesarios para ponerlas en línea con la ciudadanía.


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Por todo lo expuesto, nos parece conveniente reformar el régimen jurídico de la iniciativa legislativa popular con la finalidad de salvar algunas omisiones o dificultades que ya hemos señalado, como lo han hecho también otros intervinientes, de manera que se dote de más funcionalidad a este proceso y que se contribuya a aligerar el rigor y las extremas cautelas que se contienen en ella.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Gracias, señor diputado.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra doña Mercè Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.


Convergència i Unió valora positivamente la iniciativa que trae hoy a debate Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds porque, más allá de su literalidad, nos invita, tal como ha hecho el proponente, a reflexionar sobre la naturaleza y finalidad de la iniciativa legislativa popular y sobre si tal naturaleza y finalidad se recoge adecuadamente en la regulación vigente, o si, por el contrario -tesis que sostiene y pretende remediar la iniciativa-, la regulación actual exige unos requisitos que la hacen prácticamente inviable, una buena muestra del recelo del legislador de la época y también de la necesidad de fortalecer la incipiente democracia y los partidos políticos.


Sin más preámbulo, les diré que vamos a dar nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición, que quiere ser un paso adelante en la profundización del ejercicio de la soberanía popular, un objetivo que Convergència i Unió comparte. Este ejercicio, tal como prevé la Constitución, se ha ido consolidando básica y principalmente, como se ha señalado aquí, por medio del sufragio, de la elección democrática de los y los representantes libremente elegidos en sufragio universal libre y directo en elecciones periódicas. No obstante, el derecho de sufragio no agota en nuestra arquitectura constitucional las posibilidades de participación ciudadana, sino que se prevé también que dicha participación, que indudablemente es una pieza clave en el funcionamiento de nuestro sistema democrático, se pueda igualmente ejercer por medio de referéndums y de la iniciativa legislativa popular, que es el tema de la proposición cuya toma en consideración debatimos hoy.


Coincidimos con afirmaciones que aquí han hecho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y básicamente coincidimos con el diagnóstico de que la regulación actual de la iniciativa legislativa popular hace extremadamente dificultoso, disuasorio se podría decir, a la ciudadanía su articulación, fundamentalmente por el altísimo y desproporcionado número de firmas exigido y también por el excesivo rigor y formalismo de la formulación. Todos los grupos políticos hemos recibido a asociaciones o a grupos de ciudadanos que tienen un interés concreto en articular una iniciativa legislativa popular y que nos explican las múltiples vicisitudes que han tenido que sortear para recoger las firmas, cumplir todos los requisitos formales, y que finalmente no han podido hacerlo, o si finalmente, y después de todas estas penalidades, han podido articularla, ha tenido un nulo impulso de tramitación. Y esto, como todos ustedes conocen, no es una afirmación retórica sino constatación de la realidad. Basta recordar -y creo que ya lo ha hecho alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, yendo a la historia de estas Cortes, que desde el inicio de la democracia se han presentado 47 iniciativas legislativas populares, que es un número más bien escaso, y además solo se ha convertido en ley una de ellas, una proposición de ley sobre reclamación de deudas comunitarias en la VI Legislatura. ¿Y por qué fue? Pues porque después de su toma en consideración quedó subsumida en otras proposiciones de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el nuestro, el de Convergència i Unió, dando como resultado la Ley 8/1999, de 6 de abril, que reformó la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.


Estamos, pues, de acuerdo con esta proposición y vamos a votar a favor de su toma en consideración. En cuanto a su contenido, hay aspectos en los que estamos de acuerdo y otros en los que discrepamos, pero en conjunto nuestra opinión es favorable. Coincidimos, como no podría ser de otra manera de acuerdo con nuestro ideario político, con todos aquellos extremos que pretenden acomodar la legislación vigente sobre la materia al carácter plurilingüístico del Estado. No se puede seguir ignorando, en ninguna materia ni ámbito, que nuestro Estado es plurilingüe y que la ciudadanía ha de poder articular su participación en la res publica en su lengua propia siempre y también cuando la vehicula a través de la iniciativa legislativa popular. Coincidimos también, tal como se apunta en la exposición de motivos, en que la nueva sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías pueden jugar un importante papel en la iniciativa legislativa popular. La firma electrónica con toda la seguridad jurídica hoy es ya una realidad, y en cambio nada de esto se contempla en una normativa del año 1984. Estamos también absolutamente de acuerdo en que un representante de la Comisión promotora defienda la iniciativa delante del plenario, tal como se apunta en el texto de la iniciativa que estamos debatiendo.


Expresados estos puntos de acuerdo también hemos de manifestar que tenemos algunas dudas en relación con la propuesta, pero no representan un obstáculo que no pueda subsanarse o mejorarse en el trámite parlamentario. A diferencia de alguno de los portavoces que ha hablado con anterioridad, creemos que uno de los puntos más controvertidos es la participación en el proceso de tramitación parlamentaria. Estamos de acuerdo en que es cierto que a veces se produce un desajuste que supone la total desnaturalización que puede sufrir

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una iniciativa legislativa popular durante su tramitación parlamentaria, de manera que puede incluso acabar no teniendo nada que ver con la petición inicial, pero la duda es si la Comisión promotora tiene legitimidad suficiente para apreciar la alteración de la naturaleza de la iniciativa, subrogándose de esta manera en un papel de interpretación del conjunto de los ciudadanos que la han firmado. Así pues tendremos que reflexionar y exponemos este punto de escepticismo.


Hay otro tema que se apunta en la exposición de motivos y sobre el que lógicamente no entra el articulado porque requiere una modificación constitucional, que es la reducción del número de firmas acreditadas que se exigen para su admisión. Como se ha dicho hoy aquí, todos conocemos que actualmente la ley establece como requisito la recogida de 500.000 firmas autentificadas. Este número es realmente desproporcionado, sobre todo si se considera que a la luz de lo dispuesto en el Tratado que aprueba la Constitución de la Unión Europea el número de ciudadanos que se exige en toda la Unión Europea para adoptar la iniciativa, que no es exactamente lo mismo (sui géneris, ha dicho el señor Llamazares), es el de un millón de personas. Parece poco proporcional que una ley estatal reclame la firma de 500.000 ciudadanos y ciudadanas y en la Unión Europea sea posible formular iniciativas con un millón de firmas. Tendremos que revisar la proporción que se pide en el Estado español.


Finalmente, ya que hablamos de modificación constitucional, tendríamos que considerar y debatir (quizá la toma en consideración de esta iniciativa sea un buen motivo para hacerlo) otro instrumento de canalización de la voluntad de la ciudadanía a la que también ha aludido el proponente, que son los referendums. En la actualidad la Constitución se limita a permitir los referendums consultivos y los vinculantes de reforma constitucional y estatutaria. Hay otros sistemas políticos donde también se reconoce constitucionalmente la figura de los referendums vinculantes derogatorios, que son una manifestación democrática muy viva en países de nuestro entorno político. Quizá sea la hora de preguntarnos si el constituyente autolimitó excesivamente el papel de la consulta popular y también la hora de preguntarnos por la necesidad después de 26 años de reformar este instrumento.


Con estas consideraciones y reiterando nuestro voto positivo finalizo mi intervención.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Por el Grupo Popular, señora Matador.


La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo de Izquierda Unida trae a debate esta tarde una proposición de ley que plantea una reforma de la Ley 3/1984, de 24 de marzo, que regula la iniciativa legislativa popular, y en la exposición de motivos plantea para un momento posterior la reforma de la Constitución en el artículo 87.3. Esto pone de manifiesto una vez más la forma de actuar de su grupo parlamentario, la estrategia que tienen ustedes marcada de traernos todas las semanas una propuesta de reforma de la Constitución, y hoy le ha tocado a la iniciativa legislativa popular.
Hablan en la exposición de motivos de la alergia (leo textualmente) a la concurrencia de la iniciativa legislativa popular como el terreno de actuación de los grupos parlamentarios, y por ello quieren facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos directamente en virtud del artículo 23.1 de la Constitución. Nuestra Constitución, señorías, es muy pródiga en preceptos alusivos a la participación. El artículo 9.2 habla de cuatro tipos de participación: en la vida política, cultural, económica y social; artículo que además obliga a los poderes públicos no solo a respetar dicha participación, sino también a facilitarla removiendo obstáculos y promoviendo condiciones idóneas para ello. En el artículo 23 se recogen las dos formas de participación clásica, directa y representativa. Es la ubicación de este artículo 23 en el texto constitucional la que caracteriza a la participación política como un derecho fundamental, como un derecho público subjetivo tutelado de forma más amplia; sin embargo, nuestra Constitución se decanta sin duda alguna por la participación representativa, quedando limitadas en el texto constitucional las modalidades de participación directa o semidirecta como el referéndum o la iniciativa legislativa popular. Este criterio está en línea con el constitucionalismo europeo de los últimos años.


Ustedes eliminan el requisito de admisibilidad, de no estar en trámite un proyecto de ley del Gobierno o una proposición de ley de un grupo parlamentario y en su día promueven la modificación del artículo 87.3 para reducir la cifra de 500.000 a 200.000 firmas acreditadas. Aquí se ha hecho referencia a la Constitución europea cuando habla del principio sui géneris de democracia participativa, y el párrafo 4 del artículo I.47 contiene como novedad el reconocimiento del derecho de iniciativa legal a los ciudadanos y habla de un millón de ciudadanos procedentes de un número significativo de Estados miembros, pero este derecho (nadie lo ha dicho aquí) está matizado por la necesidad de que los ciudadanos dirijan su iniciativa a la Comisión a fin de que sea ésta en última instancia quien decida, todo ello para salvaguardar su monopolio. Por tanto, aquí también se sustenta en un principio de democracia representativa por encima de la democracia directa o semidirecta. Creemos al igual que los constituyentes que es razonable el número de 500.000 firmas autentificadas y su regulación en los artículos 7 a 11 de la Ley orgánica que regula la iniciativa legislativa popular. Ello constituye una garantía frente a manipulaciones, evitando así hacer un uso arbitrario de la voluntad de los electores firmantes de la propuesta. Los constituyentes establecieron

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este número de firmas, que es inferior al 15 por ciento del censo electoral que establecía la Constitución de 1931 (ya aludió antes a ello el señor Llamazares), ya que en estos momentos España tiene 43 millones de habitantes un 1 por ciento serían unas 430.000 firmas, y nuestro ordenamiento constitucional recoge la cifra de 500.000. ¿Por qué tienen que ser 200.000? Nosotros, como he dicho, creemos que esta cifra de 500.000 firmas es razonable y no creemos, como ustedes señalan en su exposición de motivos, que se vaya a desincentivar la iniciativa legislativa popular y que la participación de los ciudadanos por esta vía en los asuntos públicos se convierta en la columna vertebral del cuerpo democrático español, según dicen literalmente. En la actualidad también tenemos un caso, aunque no se trata de una iniciativa legislativa popular. Hay 3 millones de firmas autentificadas reivindicando una serie de cuestiones legítimas para esos ciudadanos y ciudadanas signatarios; como digo, no va por la vía de la iniciativa legislativa popular y sin embargo por parte del actual Gobierno se ha obviado. Por tanto, si bien mi grupo está de acuerdo en que se garantice y se promueva al máximo la iniciativa legislativa popular reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución y regulada por la Ley 3/1984, no creemos en absoluto que esté penalizada en nuestro ordenamiento jurídico y no queremos tampoco que se vea menoscabado el artículo 23.1 de la Constitución; todo lo contrario, el pluralismo político que consagra la Constitución española como valor fundamental, el protagonismo de los grupos minoritarios, todos los pasos que se iniciaron en la legislatura pasada para que el Parlamento fuese el centro de la vida política y que se está siguiendo en la actualidad, cumplen con este principio de democracia representativa del artículo 23.1. Valga como ejemplo los intereses de sus representados.
Izquierda Unida es una formación que cuenta con cinco diputados en este Parlamento y sus sensibilidades se debaten todos los días en este Parlamento y se complementan al mismo tiempo con la iniciativa legislativa popular.


Para finalizar diremos que este no es el procedimiento al que ustedes últimamente nos tienen acostumbrados para solicitar una modificación de la Constitución. Creemos que esto requeriría de un debate más serio, más sosegado y en el que se alcanzara un amplio consenso. Por ello, vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Vilajoana Rovira): Muchas gracias, señora diputada.


Para la fijación de posición, por el Grupo Socialista, el señor Aranda.


El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para la toma en consideración es de esas que da pie a abrir un debate clásico sobre la democracia y sus formas de expresión. Yo creo que ya en la intervención del proponente ha empezado a verse así. Es un debate que se presta mucho a la teorización que, por cierto, tanto nos gusta a los que somos universitarios de profesión y que espero no moleste en estos tiempos en los que la reflexión doctrinal parece que no está bien vista por algunos; sin embargo, el debate sobre el fortalecimiento democrático siempre ha sido de una gran transcendencia política y en sociedades adormecidas democráticamente tiene un especial interés. En su presentación desde esta tribuna el proponente ha hecho referencia a algunos autores, por ejemplo, al compañero, colega y también universitario Elías Díaz y a una obra que fue clave en el proceso constitucional o preconstitucional Estado de derecho y sociedad democrática. También me ha alegrado escuchar del señor Llamazares su referencia a la Constitución europea; es una muestra más en este momento de la potencialidad y del valor de la Constitución europea.


Señorías, como seguro que muchos de ustedes saben, la iniciativa legislativa popular es una institución (ya se ha dicho aquí) de democracia semidirecta que, como algunos autores han apuntado, por ejemplo, el profesor Pizzorusso en Italia, también se puede denominar de democracia participativa. Es una institución que se incorpora como un instrumento, como un medio en los sistemas representativos para hacer más efectiva y más intensa la democracia. Bien es cierto que no han faltado (todo hay que decirlo) voces que han considerado a esta institución como poco eficaz e incluso inútil. Desde luego, desde que el marqués de Condorcet propuso esta iniciativa (con una idea que no es exactamente la iniciativa legislativa popular sino la iniciativa popular, que era otra cosa, en las Cartas de un burgués de Newhaven y que se hizo efectiva en la Constitución girondina de 1793 como un manera para intermediar entre la idea de democracia directa que defendía Rousseau y la idea de democracia representativa que defendía Locke o Montesquieu) ha transcurrido mucho tiempo, ha habido muchas experiencias y ha habido muchos claroscuros respecto de la iniciativa legislativa popular. En cualquier caso está bien claro que la iniciativa legislativa popular es una pieza que sirve para el fortalecimiento del Estado democrático y que, por tanto, sirve para que los ciudadanos participen en la vida política.
Por supuesto, la aplicación de la iniciativa legislativa popular plantea problemas técnicos y plantea problemas políticos. A lo largo de la década de los setenta, por la experiencia de esta institución en países de nuestro entorno jurídico y constitucional, hemos tenido la oportunidad de verlo. Creo, señorías, que las democracias occidentales, a pesar de estas reservas sobre la iniciativa legislativa popular, y en particular en estos tiempos complejos e incluso yo diría que contradictorios,

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necesitan que miremos a los ciudadanos, necesitan que se dé la palabra al pueblo y que abramos las puertas de las instituciones para favorecer la participación y el afianzamiento de la democracia; fortalecer instituciones como la iniciativa legislativa popular puede ser una buena vía. Hagámoslo desde la generosidad democrática y desde la lealtad constitucional para que podamos transmitir un mensaje adecuado a los ciudadanos: las instituciones son de todos, son parte de la comunidad, y por lo tanto participen de ellas.


El Grupo Socialista, como pueden ustedes deducir de mis palabras, va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo va a hacer por todo lo dicho anteriormente y porque con la Constitución en la mano y respetando el campo de juego que establece creemos que con la iniciativa legislativa popular prevista en el artículo 87.3 se puede mejorar y se puede fortalecer la participación de los ciudadanos, pero además lo vamos a hacer en coherencia con nuestro programa electoral, en el que nos comprometimos con los ciudadanos para poner en marcha cuantas iniciativas sirviesen para regenerar la vida democrática en nuestro país y para hacer la vida política más participativa. Como les decía, creemos que esta institución puede ser una buena vía. Lo vamos a hacer y pedimos a los grupos de esta Cámara que se haga también desde la lealtad constitucional. La Carta Magna reconoce no solo ciertos instrumentos de participación directa de los ciudadanos en el ámbito judicial, la iniciativa legislativa popular, el referéndum, sino que también impone a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sean reales y efectivas, y además establece que se deben remover los obstáculos que impidan o dificulten su plena participación en esa vida política. En esta línea el artículo 23, como todos ustedes saben, establece que los ciudadanos participan de los asuntos públicos directamente o mediante representantes. Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional en más de una ocasión, el artículo 87.3 de la Constitución española, cuando regula la iniciativa legislativa popular, lo que está haciendo es establecer la extensión del derecho de participación ciudadana, fijando una serie de requisitos para que se pueda ejercer: por un lado, 500.000 firmas acreditadas y, por otro, la reserva de ley orgánica y la limitación de determinadas materias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señoras y señores diputados, es cierto que la iniciativa legislativa popular que está prevista en la Ley de 1984 no ha cumplido estos mandatos constitucionales. De las 34 iniciativas legislativas populares que se han tramitado, solo ocho han llegado a la tramitación parlamentaria y de ellas solo una ha llegado a transformarse en ley, pero también es cierto (hay que decirlo todo) que la iniciativa legislativa popular de 1984 y el artículo 87.3 es hijo de sus circunstancias, y es verdad que en el momento de la elaboración de la Constitución y de esta ley había una urgencia por la consolidación de la democracia en nuestro país. En estos momentos creemos que es posible trabajar dentro del marco constitucional para fortalecer la institución de la iniciativa legislativa popular. Por ello, como decía, para concluir, mi grupo va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo va a hacer con la reserva de que en el trámite legislativo presentaremos las enmiendas correspondientes que desde nuestro punto de vista puedan enriquecer y mejorar esta proposición de ley y además puedan corregir aquellas cuestiones que pueden perjudicar o afectar al ámbito constitucional de la institución.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: En primer lugar, propuesta de modificación del orden del día conforme al artículo 68 del Reglamento la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 32, correspondiente a la interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la necesidad de mejorar la financiación local, pase a debatirse antes del punto 31, relativo a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los profesores vascos discriminados por razones lingüísticas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIONES.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DE LA LUCHA POR LAS LIBERTADES Y LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. (Número de expediente 122/000008.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 3/1984, DE 26 DE MARZO, REGULADORA DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR. (Número de expediente 122/000050.)

El señor PRESIDENTE: Votaciones. Se procederá solo a la votación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa

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legislativa popular, por haberse retirado la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia, por acuerdo unánime de la Cámara, ya que se procederá al envío de una proposición que será firmada por todos los grupos parlamentarios. Que conste así en el "Diario de Sesiones".


Votación de la proposición de ley relativa a la modificación de la Ley orgánica reguladora de la iniciativa legislativa popular.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 178; en contra, seis; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN SANITARIA. (Número de expediente 162/000267.)

El señor PRESIDENTE: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
En primer lugar se debatirá la del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la financiación sanitaria. (Rumores.) Señorías, por favor, la sesión continúa. (Continúan los rumores.) Por favor, señorías, quienes deseen abandonar el hemiciclo háganlo discretamente y en silencio.


Adelante, señora diputada.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de ley para dar a conocer y debatir en esta Cámara el proceso iniciado por el Gobierno para abordar y dar una solución adecuada a los problemas de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Saben que en diciembre de 2001 el Congreso aprobó la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas del nuevo sistema de financiación sanitaria, acordado por todas las comunidades autónomas; un nuevo sistema que nacía con una voluntad de permanencia y que incorporaba algunas novedades importantes, como la integración de la financiación de los servicios sanitarios dentro de la financiación general de las comunidades autónomas. Por lo tanto, cuando se habla de financiación sanitaria y de cómo reformarla hablamos del sistema de financiación autonómica general y de su reforma. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.) En este sentido, la norma es suficientemente clara: el órgano competente para debatir, acordar y reformar es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo digo ante la confusa y absurda reclamación que plantea a través de su enmienda el Grupo Popular, en la que piden sustituir las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que el debate y los acuerdos sobre financiación sanitaria tengan lugar en otro ámbito: el del Consejo interterritorial de Salud. Nunca, señorías, en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, el Consejo interterritorial de Salud debatió sobre la financiación sanitaria y nadie reclamó allí este debate por una simple razón: este asunto no está dentro de las competencias del Consejo interterritorial de Salud. La Ley de cohesión y calidad de la sanidad habla del establecimiento de criterios para garantizar la suficiencia financiera y el carácter equitativo y de superación de las desigualdades y estableció en su disposición segunda la creación de una comisión interministerial para analizar todas las propuestas que supongan un aumento del gasto, elevando esas peticiones al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que tome las medidas y decisiones que permitan garantizar el equilibrio financiero del sistema. Hablar de suficiencia financiera es hablar de gastos y de recursos, de naturaleza del gasto y de cuantía y de procedencia de esos recursos. No hay duda de que el órgano competente para analizar y acordar esas medidas que doten de recursos financieros al Sistema Nacional de Salud es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero curiosamente los representantes del Partido Popular no quieren hablar de gasto, solo de financiación, provocando así un debate estéril, en términos de confrontación política, sin base ni argumento, con una actitud irresponsable de boicot al mejor instrumento de coordinación y cohesión del Sistema Nacional de Salud.
Sinceramente, creo que se han metido en un lío y que no saben muy bien cómo salir de él. Si lo que quieren ahora es cambiar las reglas del juego, háganlo con todas las consecuencias y presenten una reforma legislativa para quitar funciones y competencias al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé si su grupo parlamentario estaría de acuerdo con esto, pero podrían ustedes intentarlo, a ver si tienen alguna suerte.


Señorías, si la financiación de la sanidad es una parte más del modelo general de financiación autonómica fue por una decisión del Gobierno del Partido Popular. Así se propuso en la Ley de 21 de diciembre de 2001, de financiación autonómica, y así lo aprobó esta Cámara. La razón de que hoy tengamos este debate es debido a que las cosas no han funcionado bien o no han funcionado como estaban inicialmente previstas y voy a analizar brevemente por qué. El sistema de financiación establecía unos mecanismos de revisión, asignaciones de nivelación para equilibrar las diferencias entre regiones por el crecimiento excesivo de población y estableció dos fondos específicos en relación con la financiación sanitaria: el Fondo de Cohesión sanitaria y el Fondo destinado a los programas de ahorro por incapacidad temporal. Pero estas previsiones y estos instrumentos resultaron pronto insuficientes e ineficaces. Insuficientes para hacer frente al gasto real y a su crecimiento e ineficaces porque

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los fondos de compensación y de solidaridad entre comunidades previstos fueron claramente mal diseñados para dar una respuesta a los problemas reales con los que se encontraba cada comunidad autónoma.


Hay que tener en cuenta, además, que la decisión de incorporar la financiación sanitaria al sistema de financiación autonómica de las comunidades se hizo coincidir con la transferencia de los servicios de salud a diez comunidades autónomas que todavía pertenecían al llamado territorio Insalud. Sin duda, hacer coincidir de manera precipitada y forzada estas dos grandes decisiones políticas no fue muy acertado y prueba de ello es la situación en la que hoy nos encontramos. En los años precedentes a la realización de estas transferencias estas diez comunidades autónomas sufrieron un abandono por parte del Gobierno del Partido Popular en inversiones, recursos humanos, dotaciones técnicas, etcétera, de manera que la situación de partida de estas comunidades al iniciarse la nueva financiación presentó grandes diferencias con otras en la dotación de medios de todo tipo: infraestructura, atención primaria y hospitalaria, desigualdades en la prestación de servicios, en la cobertura de programas asistenciales, en la dotación de camas por habitantes, etcétera. Estas desigualdades y asimetrías han significado una herencia mal calculada, no afrontada y que está suponiendo un serio problema para los gobiernos autónomos, que han tenido que abordar una importante transformación y reforma de sus servicios transferidos.


El actual modelo de financiación sanitaria no estuvo bien diseñado y no tuvo en cuenta la realidad que ya entonces existía en nuestro país en cuanto a los cambios de población: la inmigración, el envejecimiento o los movimientos de desplazados nacionales o extranjeros. No partía de un buen sistema de información sobre el gasto real de cada comunidad, no conocía el origen de ese gasto y no tuvo en cuenta los factores, comunes y específicos, relevantes para conocer el crecimiento y la posible evolución del gasto sanitario. Por eso, señorías, existe una coincidencia entre todas las comunidades autónomas en la idea de que es necesario reformar este modelo de financiación y de que los recursos actualmente disponibles para atender las nuevas demandas sanitarias y la nueva realidad social de nuestro país resultan en estos momentos insuficientes.
Existe también la evidencia, en la propia Administración, entre los agentes sociales y entre los expertos, de que el problema no es solo una falta de recursos, sino de cómo se están aplicando estos recursos disponibles para obtener la mayor eficacia y eficiencia en el servicio que se presta. No estamos hablando solamente de reducir los déficit económicos que reclama cada una de las comunidades autónomas, sino de ver a qué obedecen esos déficit, de plantear cuál es la razón de fondo del origen de los gastos y su evolución futura para abordar con seriedad una solución entre todos.


Todos los consejeros de Sanidad y todos los presidentes autonómicos han reclamado por eso esta reforma en lo que afecta a la financiación sanitaria y es uno de los primeros problemas que abordó el Gobierno de la nación. Lo ha hecho en los mismos términos jurídicos, políticos y legales acordados en esta Cámara en diciembre del año 2001 y contando con el consenso de todos los gobiernos autonómicos. Se ha dado un paso más, se ha elevado al más alto rango político el debate y el futuro acuerdo sobre financiación del Sistema Nacional de Salud, llevándolo a la primera Conferencia de presidentes, celebrada el pasado 28 de octubre. El informe allí presentado y los acuerdos alcanzados entre todos los presidentes han marcado los objetivos, el método y el calendario de trabajo a seguir. La Conferencia de presidentes acordó la creación de dos comisiones de trabajo; una sobre población, dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y otra, coordinada por la Intervención General del Estado, destinada a analizar el gasto, su composición, su origen, los déficit declarados o reclamados por las comunidades autónomas y en la que participan de manera activa el Ministerio de Sanidad y Consumo y todas las comunidades autónomas a través de los representantes que han tenido a bien nombrar. En cualquier caso, la ministra de Sanidad informó el pasado día 2 de marzo, en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, del desarrollo de los trabajos que hasta el momento han tenido lugar en este grupo de trabajo.


Se trata, sin duda, señorías, de aprovechar esta gran oportunidad política para analizar conjuntamente entre todos los responsables y competentes en los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud cuál es la realidad de ese gasto, afrontar de la manera más certera posible las necesidades del futuro Sistema Nacional de Salud y determinar qué recursos son necesarios y cuál debe ser la procedencia para su financiación. Los trabajos de estas comisiones, en las que reitero que participan activamente todos los gobiernos autonómicos a través de los representantes que ellos han designado, serán elevados al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que presentará sus conclusiones a la próxima conferencia de presidentes, que se celebrará previsiblemente antes del verano. Existe el compromiso de que los acuerdos que allí se alcancen tendrán que trasladarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006 y a las leyes que se vean afectadas para su reforma.


La enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Mixto desde mi punto de vista viene a reiterar el objeto y el contenido de los trabajos que en este momento se están realizando, atendiendo muy especialmente a los problemas de población que preocupan a la señora Fernández Davila, representante del Grupo Mixto, y que incorpora en su enmienda. No tengo ninguna duda de que tanto estas cuestiones como las relativas a la cuantía de los recursos, su procedencia y su distribución fiscal estarán incorporadas en la propuesta que se eleve a la conferencia de presidentes, porque así está acordado desde el primer momento. Este es,

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señorías, el método, la forma y el calendario acordado entre todos los presidentes, un compromiso que requiere del esfuerzo, de la cooperación y de la lealtad institucional entre todos los partidos políticos y entre todos los gobiernos. Esto es lo que hoy reclamamos a esta Cámara, la misma lealtad y cooperación que obtuvo el Gobierno del Partido Popular cuando en el año 2001 se acordó el sistema de financiación autonómica que incorporaba la financiación de la sanidad. Los socialistas fuimos responsables y coherentes entonces y lo somos ahora al proponer la reforma del sistema, basándonos en los mismos instrumentos legales, jurídicos y políticos, que ustedes utilizaron en aquel momento.


Señorías, esta reforma debe abordarse desde un principio incuestionable, que es la validez y el valor reconocido por todos los ciudadanos a nuestro Sistema Nacional de Salud, un sistema de servicio universal basado en el aseguramiento único y público. Además, hay que incorporar un nuevo concepto al debate: el Sistema Nacional de Salud no es solamente un sector que demanda de manera insaciable recursos públicos. La sanidad es hoy en España y en todo el mundo uno de los primeros motores de crecimiento económico, de creación de empleo y, lo que es más importante, ante nuestro futuro, ante el futuro de nuestro país, uno de los primeros sectores de investigación.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Señora Pozuelo, vaya concluyendo, por favor.


La señora POZUELO MEÑO: Concluyo enseguida, señor presidente.


Decía que es uno de los sectores de investigación, de innovación y de desarrollo tecnológico. Por lo tanto, así tendrá que ser considerada dentro del análisis y de las previsiones que requieren dinamizar y hacer más competitiva y más productiva la economía española.


Ya termino, señor presidente. El objetivo de esta proposición no de ley es dar cumplimiento a un mandato social y dotar de cohesión y equidad al Sistema Nacional de Salud -creo que en esto estaremos todos de acuerdo-, dándole la estabilidad y la suficiencia financiera que necesita. La tarea no es fácil, pero es posible si contamos para ello con el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas, un acuerdo que todos ustedes han reclamado y en todo el territorio nacional, con el que se ha comprometido el presidente del Gobierno y para el que hoy reclamamos el apoyo total de esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Pozuelo.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, repartiendo su tiempo con la señora Fernández Davila, tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, la nueva situación del Sistema Nacional de Salud dista mucho de parecerse a la de hace 4 años, tras la culminación en diciembre de 2001 del proceso de descentralización sanitaria, con la transferencia de la gestión de los servicios sanitarios a las 10 comunidades autónomas que todavía no la poseían, incrementando el papel autonómico tanto en la organización como en la gestión de los servicios sanitarios y reduciendo el del Estado central. Sin embargo, en territorios como el aragonés las transferencias fueron, a juicio de Chunta Aragonesista, claramente insuficientes. Un espacio tan amplio y con una población muy envejecida necesitaba de más recursos públicos para tener un sistema sanitario de calidad. De este modo, las deficiencias en las distintas prestaciones de este servicio ya las estamos notando todos los usuarios de la sanidad pública. Es más, existe una cuestión derivada de este proceso de transferencias que ha llevado al propio Gobierno de Aragón a presentar el 20 de mayo de 2004 un recurso ante la Sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Concretamente, la reclamación se realiza contra la inactividad del Consejo de Ministros ante la deuda de 29,33 millones de euros reclamados desde la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente a determinados gastos sanitarios pendientes de abono por parte del Estado.
Sumando, nos encontramos con un total de 29 millones de euros, lo que significa una auténtica rémora económica para la gestión diaria del sistema público aragonés. Todavía no se ha resuelto satisfactoriamente esta cuestión y creemos que es mejor resolver las disputas políticas en los órganos políticos, mediante el diálogo y el acuerdo, sin tener que esperar a resoluciones judiciales. Por eso, queremos que el espíritu de esta PNL sea una vía de solución para este problema enquistado en Aragón y repetido en otros territorios.


Nosotros, por todo lo anteriormente expuesto, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Labordeta, por su esfuerzo de concisión.


La señora Fenández Davila tiene la palabra.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde el comienzo de esta legislatura, además de todo el trabajo que se hizo en la anterior, nuestro grupo ha venido planteando en diferentes ocasiones, como en las comparecencias de la ministra de Sanidad o en el debate presupuestario, la necesidad de revisar la financiación sanitaria desde el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que consideramos que existe una insuficiencia financiera que se plasma

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inevitablemente en deficiencias en los servicios sanitarios. La insuficiencia sanitaria es una insuficiencia general en todo el Estado español, pero, como gallega, quiero exponer la insuficiencia financiera en la sanidad de mi país, porque, además de lo que representan los acuerdos del año 2002, arrastramos desde el mismo momento de las transferencias lo que definimos como una deuda histórica, debido a la mala negociación que se hizo en el traspaso de las competencias sanitarias, que dio como resultado unos acuerdos que son considerados negativos para Galicia por el Bloque Nacionalista Galego y también por otros grupos políticos, muy concretamente el Partido Socialista.
Negativos para gestionar la sanidad de acuerdo con las necesidades que la realidad de Galicia plantea.


Decíamos antes que la insuficiencia sanitaria abarca todo el Estado y, como dato irrefutable, podemos decir que, según las últimas cifras de la OCDE, España tiene el gasto sanitario más bajo de la Unión Europea -y estoy hablando de los Quince y no de los Veinticinco actuales-, después de Grecia y Portugal: 845 dólares, frente a los 1.580 de la media de la Unión Europea. La cifra está en dólares y no en euros, porque es un estudio que abarca la financiación de la sanidad más allá de la propia Unión Europea. Este hecho hace que consideremos interesante la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, no solo por la propuesta que se hace, sino por la necesidad de debatir respecto a esa realidad financiera sanitaria, gracias a ese debate o a los acuerdos que pueda suscitar, superar las insuficiencias y poder resolver y afrontar las deficiencias que en este momento existen. Las listas de espera, por ejemplo, están sin resolver en cualquier comunidad autónoma, si bien tengo que decir que en mi país consideramos las listas como la gran lacra de la sanidad pública, a pesar de los grandes intentos de camuflarlas a través de diferentes subterfugios. Tengo que decir que yo misma, como paciente, soy testigo clave de estos subterfugios que tratan de que no se visualice lo que es evidente, aunque no se puede evitar que la realidad se imponga. Otro dato importante es el tiempo dedicado a los pacientes.
Nuestra sanidad mejoró con el nuevo sistema de atención primaria, sin duda, pero, como no se busquen soluciones al límite del tiempo de atención a los pacientes que en este momento existe, muy poca diferencia va a haber entre el sistema nuevo y el viejo de atención primaria. Y este, evidentemente, es un problema que solo se puede resolver mejorando la financiación de la sanidad.


Presentamos enmiendas a la propuesta socialista porque, si bien consideramos necesario que desde la corresponsabilidad institucional los diferentes gobiernos autónomos negocien con el Gobierno central y lleguen a unos acuerdos que apoyen la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, también nos parece que esto no será posible si no se tienen en cuenta, además de lo común, las diferentes realidades o características que, como las que nosotros exponemos de Galicia, requieren una consideración que tiene que traducirse en una mejora sustancial de la financiación. Por tanto, entendemos que es necesario afrontar en ese debate interinstitucional entre el Gobierno central y los gobiernos autonómicos asuntos como el aumento de los recursos destinados a la financiación de las competencias sanitarias mediante el aumento de la aportación estatal, la ampliación de la cesta de tributos cedidos y el incremento de los porcentajes de cesión en aquellas comunidades con mayores necesidades de financiación.


La revisión de la restricción inicial del bloque de competencias de gestión de los servicios sanitarios de la Seguridad Social es para nosotros otra cuestión que necesita modificación, así como las ponderaciones de las variables de reparto del fondo general, de forma que se incremente la ponderación de la variable en población mayor de 65 años y que se incluya la dispersión territorial entre las variables de reparto de dicho fondo general. Asimismo necesita modificación la revisión de los criterios reguladores de las asignaciones de nivelación establecidos en el artículo 67 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, incorporando otros criterios adicionales al de población protegida; también la incorporación de los fondos necesarios para garantizar la provisión de asistencia sanitaria básica a los residentes ausentes en aquellos países cuyos sistemas públicos no garanticen la cobertura universal y niveles suficientes de calidad asistencial. No hace mucho, en este Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia, tuvimos muchos y diferentes debates precisamente sobre las deficiencias de atención sanitaria que muchos ciudadanos gallegos y por lo tanto ciudadanos del Estado español tenían en los países donde residían y donde un día emigraron. Nos parece importante, por último, asegurar la suficiencia dinámica de la financiación sanitaria, ampliando el período de garantía de evolución de los recursos asignados a los servicios sanitarios, conforme a la evolución del PIB nominal a precios de mercado al menos por un período de cinco años; en estos momentos está en tres años y pensamos que es completamente insuficiente.


Encontramos, señora Pozuelo, importante la iniciativa que usted presenta, pero pensamos que, además de la responsabilidad institucional de todos los presidentes autonómicos, debe haber también un compromiso -y creemos que es posible que el Grupo Parlamentario Socialista así lo reconozca esta tarde- y una responsabilidad del Gobierno central para afrontar lo que en definitiva sería la mejora de la financiación de la sanidad pública y por tanto contar con la debida suficiencia para resolver los problemas a los que yo me refería anteriormente. No compartimos aquellas posturas que desde otras instituciones pueda haber -y que las hay en estos momentos- en el sentido de no asumir

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la responsabilidad de defender los intereses de los países o comunidades autónomas que en este momento deben estar negociando con el Gobierno central para poder llegar a esos acuerdos. Otra cosa -y supongo que tendremos tiempo para debatirlo- es que no podamos compartir al final del debate las conclusiones o los acuerdos a los que se pueda llegar, pero en principio consideramos que lo que nosotros acabamos de comentar, con otras posiciones que otros grupos tengan en esta Cámara, son aspectos fundamentales para este debate, si queremos realmente que todas las partes queden satisfechas con los acuerdos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora Fernández Davila.


Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mingo.


El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, presidente.


Venimos hoy a hablar en el Congreso de los Diputados de un tema apasionante, la financiación sanitaria, y la señora Pozuelo, que es la portavoz del grupo autor de la iniciativa, ha dedicado más tiempo a criticar la gestión del Gobierno anterior, a descalificar al Grupo Parlamentario Popular en relación con la supuesta ilegalidad de nuestra enmienda o a acusarnos de deslealtad.


El Grupo Parlamentario Popular ha hecho una propuesta muy concreta en su enmienda, y es una propuesta que incide extraordinariamente en la legalidad, porque, señorías, estamos en el año 2005, no en el año 1995.
La financiación sanitaria tiene un marco legal perfectamente definido en dos leyes: la ley que se ha mencionado de financiación del año 2001, que marcó la transferencia de la responsabilidad de la financiación a las comunidades autónomas y otorgó aspectos de extraordinaria importancia en el ámbito de la sanidad, como fue la garantía para los tres años siguientes, 2002, 2003 y 2004, de un crecimiento del gasto sanitario a nivel del PIB; o marcó el fondo de suficiencia para garantía de aquellas comunidades autónomas que no pudieran ver crecer sus tributos adecuadamente; o marcó la definición, en un momento determinado, de valorar el incremento de la población de determinadas comunidades porque ya se veía venir el incremento de la población desde el año 1999, que estaba marcado por la incidencia de ese fenómeno que es la inmigración.
Esa ley tiene un órgano determinado, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por supuesto, señora Pozuelo, en nuestra propuesta no decimos nada en contra. ¿Cómo vamos a decir que es algo ilegal? Pero un año y medio más tarde, esta Cámara aprobó por unanimidad un proyecto de ley, que fue luego ley, que es la Ley de cohesión y calidad, donde todos juntos dimos al ámbito sanitario, al Consejo Interterritorial de Salud, un nuevo concepto de responsabilidad en la financiación sanitaria.
Porque, señorías, no estamos hablando de financiación de las comunidades autónomas, estamos hablando de financiación de la sanidad.


¿Qué hicimos en este Congreso de los Diputados? Dimos competencia al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en dos apartados, en sus funciones correspondientes, las letras n) y ñ). Estas propuestas se hicieron a partir de su grupo, señora Pozuelo, y, se lo reconocí en su momento como se lo reconozco ahora, llegamos a acuerdos. Fíjese en lo que dicen literalmente. La letra n) dice: El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud emitirá recomendaciones sobre criterios generales sobre financiación pública de medicamentos y productos sanitarios. Y la letra ñ) dice: Fijará el establecimiento de criterios y mecanismos en orden a garantizar en todo momento la suficiencia financiera del sistema y el carácter equitativo y de superación de las desigualdades. Es más. Todos acordamos dar mayor capacidad de decisión al Consejo Interterritorial y al Gobierno, al Ministerio de Sanidad, para que defendiera frente al Ministerio de Economía la cualidad y la importancia de la sanidad, y regulamos que el fondo de cohesión no estuviera solo dedicado a los desplazados y a los residentes extranjeros; marcábamos ahí el capítulo de los planes integrales de salud y que se evitaran las desigualdades, además de los centros de referencia y del uso tutelado de nuevas tecnologías.


Todo este modelo, que no es el de 2001 solo, que es también de 2002 y de 2003, ha tenido una enorme influencia en las comunidades autónomas, que han incrementado en estos tres años, todas ellas, cada año, su gasto sanitario en los presupuestos correspondientes por encima del PIB nominal; todas ellas, los tres años. El incremento del gasto sanitario en estos años ha sido de extraordinaria cuantía y ustedes conocen, porque tienen los datos de las comunidades autónomas, que en estos ocho años el incremento del gasto sanitario se ha duplicado por persona y año, y que en este momento la incidencia del porcentaje del gasto sanitario en relación con los presupuestos de las distintas comunidades autónomas se acerca al 40 por ciento. ¿Es verdad que existen tensiones en relación con la financiación sanitaria? Es evidente, porque a los criterios clásicos que todos entendemos, como el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías o el incremento del gasto farmacéutico, se añaden otros factores, que están perfectamente identificados. El primero de ellos es el enorme incremento de la población, tres millones de personas desde el año 1999.


El segundo factor, no menos despreciable, es que nos dimos una cartera de servicios que hay que desarrollar y que no solo dice qué servicios se tienen que prestar a los ciudadanos, sino cómo se hacen, cuál es su accesibilidad, cuál es su nivel de calidad y cuánto tiempo se tarda en dar esos servicios a los ciudadanos. Y un tercer aspecto no desdeñable que estoy seguro que ustedes comparten conmigo: que cuando una sociedad es más

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rica y tiene mejores niveles de salud, porque el Estado y las comunidades autónomas se lo otorgan a los ciudadanos, demandan más salud. Hoy tenemos enfermos crónicos que antes se morían. Ustedes conocen perfectamente cuál es la patología del cáncer. Muchos oncólogos dicen que ojalá cronifiquemos al enfermo. Claro que una demanda de mayor calidad de vida, de mayor salud, va a incrementar más demandas y más necesidades económicas en la sanidad. ¿Cuál es la propuesta que traen ustedes hoy? ¿Qué propuesta concreta? ¿Existe alguna propuesta concreta hoy, señora Pozuelo? De verdad, no la veo. Porque el vicepresidente económico ha dicho en un momento determinado que la financiación sanitaria va a ir en virtud de la renta de los ciudadanos y en otro momento que sean las comunidades autónomas las que tengan que incorporar más impuestos para pagar el gasto sanitario. ¿Hacemos caso a la consejera socialista de Cataluña que dice que hay que poner un euro por visita médica? ¿Hacemos caso a la ministra de Sanidad, que es la que tenía que estar liderando este proceso, que echo de menos, como lee dicho en varias ocasiones a la señora ministra de Sanidad, que al principio criticaba el modelo en el que estamos, luego lo aceptaba, pero nunca va a venir a debatir al Parlamento y al Consejo Interterritorial sobre el sistema de financiación? Señorías, de verdad, no es porque lo diga la ley, que ya sería bastante, sino por sentido común, ¿cómo se puede excluir al órgano máximo de representación del Sistema Nacional de Salud, que es el que entiende sobre la morbi-mortalidad de sus territorios, sobre cuál es la gestión clínica necesaria del día a día? ¿Qué piden los ciudadanos a los señores que son los responsables de garantizar la asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas? ¿Qué nos trae el Gobierno? Nos trae una propuesta y estamos encantados de que el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas se reúnan, pero que se reúnan también en los órganos que las leyes marcan. Ustedes podían haber hecho otra cosa.


Les voy a dar tres detalles. Hemos aprobado los presupuestos para el 2005.
Ustedes llevan en el Gobierno once meses y dicen que lo están haciendo muy bien. Yo les doy sobre este asunto tres detalles. Primero, en el modelo financiero que tenemos el ministerio de Economía y Hacienda podía haber dado a las comunidades autónomas algún dinero en relación con la revisión del modelo que permite la ley en virtud de la población, o podían haberlo incorporado a los Presupuestos Generales del Estado, como dice su programa electoral y el nuestro, motivo por el cual presentamos una enmienda que ustedes rechazaron sobre la cartera de servicios o el tiempo de espera de los pacientes quirúrgicos. No lo hicieron. Pero es más, en los presupuestos podían haber incrementado el Fondo de Cohesión pues lo permite la ley. En su programa electoral dijeron que tenían que incrementar un punto en relación con el producto interior bruto, pero en vez de incrementar el Fondo de Cohesión, lo disminuyeron en 10 millones de euros.


Por último -voy terminando-, si resulta que en una faceta tan importante como es la repercusión en el gasto farmacéutico suspenden los precios de referencia y el gasto que tienen que pagar las comunidades autónomas por las medicinas, que se había incrementado el año pasado un 7 por ciento, en los meses de enero y febrero está alcanzando las cifras que otrora tuvieron ustedes: 17 por ciento en febrero del gasto en medicamentos. Ese es dinero que hay que pagar en medicamentos, pero que no hay que pagar en asistencia sanitaria.


Señorías, les hemos ofrecido un pacto de Estado. Lo vuelvo a hacer hoy aquí y repito, señora Pozuelo, que nuestra propuesta es leal y legal. Nos dimos un sistema de financiación compartido por todos que permite un desarrollo. Hagámoslo. Traigan una propuesta porque son Gobierno y llévenla al Consejo Interterritorial, al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a cuantos órganos entiendan dentro de la Administración General del Estado. Pactemos esa propuesta. Debatámosla en los órganos donde tiene que ser debatida, donde es lógico y natural que se debata y donde es legal que se debata, y demos mayores recursos a las comunidades autónomas para que tengamos la mejor cartera de servicios posible, podamos hacer frente a las necesidades de la población e incrementemos la calidad sanitaria que debemos a todos los ciudadanos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Mingo.


Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guinart.


El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.


Señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a la parte dispositiva de la proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la financiación sanitaria. En la enmienda, destaca la palabra urge, de premura, de perentoriedad, de necesidad inmediata.
Aún estamos frotándonos los ojos ante la incredulidad que nos ha ocasionado la proposición no de ley presentada por el grupo que apoya al Gobierno. Hoy hace justamente un año que la mayoría de los dirigentes del Grupo Socialista estaba todavía saliendo de su sorpresa por haber ganado, contra casi todos los pronósticos, las elecciones generales. El sueño irreal, imaginativo, el ideal utópico se había convertido en realidad y la realidad está ahí y es tozuda. Un año después, el Grupo Socialista presenta en esta Cámara una iniciativa sobre la financiación sanitaria que se nos antoja más bien una acción preventiva, una maniobra de distracción para evitar que el resto de los grupos parlamentarios caigamos en tromba sobre lo que consideramos

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un incumplimiento flagrante de los compromisos del Partido Socialista y del Gobierno: el de abordar de forma rotunda y efectiva, de una vez por todas, una de las cuestiones más cruciales y trascendentes de nuestro modelo de Estado y de sociedad, como es la financiación de la sanidad, competencia -y no es una observación baladí- transferida a las comunidades autónomas, que ven con impotencia cómo irremediablemente sus finanzas están totalmente hipotecadas y transfiguradas por el crónico déficit de la financiación de los servicios de salud.


Todos los programas electorales, y especialmente el del Partido Socialista, que es el que ahora nos ocupa, se comprometían a resolver de manera concluyente y con equilibrio financiero, buscando la sostenibilidad del sistema y sin menoscabo de la calidad, sino al contrario, procurando su incremento progresivo, la financiación de la sanidad. En la misma línea se ha pronunciado de forma específica el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Nos preguntamos, ¿cuánto se ha avanzado en este ámbito al cabo de un año de legislatura? Bien poco, una simple PNL del Grupo Socialista proponiendo que el Congreso se manifieste apoyando el proceso iniciado, etcétera; una declaración del todo difuminada, ligera, superficial, no comprometedora, light; de ahí nuestra perplejidad. Todo ello planteado en su exposición de motivos en una frase que no tiene desperdicio, refiriéndose a la conferencia de presidentes de 28 de octubre, del tenor de que el presidente presentó un informe que -y cito textualmente- incorporaba una serie de propuestas de actuación que posibilitarían realizar un estudio de la situación, etcétera. Sin duda, una frase apta para ser incorporada literalmente por un cantautor irónico a la letra de una de sus canciones protesta y de sátira sobre la habilidad de los políticos en marear la perdiz.


Señorías, la financiación de la sanidad no admite más demoras ni dilaciones. A estas alturas, las declaraciones de intenciones y las buenas voluntades ya deberían haber prescrito. Es el momento de la acción, el momento de las decisiones. Somos conscientes de que la financiación de la sanidad no puede desligarse del modelo sanitario.
Tenemos, y queremos, una atención sanitaria de calidad; mejorable sin duda, pero de calidad. Esto, lógicamente, tiene su coste, y hay que asumirlo sin dejar de revisar reiterativamente el modelo, para hacerlo sostenible. La realidad es tozuda, y hay que afrontarla: el gasto sanitario ha crecido durante los últimos años tres puntos por encima del gasto público y por año. Ya es hora de coger el toro por los cuernos y encarar con decisión este problema en su doble vertiente: la financiación y la revisión del modelo, de modo que, siendo de calidad progresiva, sea viable económicamente; que sea sostenible, tomando prestado el concepto del medio ambiente. Esta clase de urgencia no se desprende del contenido de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Se manifiesta apoyo, propuestas, estudios, análisis, pero no se urge esta tarea. Sin establecer imperativos y plazos, no vamos a ninguna parte.
Parece una excusa de mal pagador, como diríamos en Cataluña.


Nuestro grupo ya ha manifestado en ocasiones anteriores la necesidad imperiosa de abordar la cuestión de forma intensa y constante, reconociendo su complejidad, juntamente con la de impulsar otras políticas dentro del mismo ámbito sanitario, como una política farmacéutica equilibrada que incluya el estímulo del I+D del sector o una política creciente del consumo de genéricos, así como la necesidad de revisión de la cartera de servicios médicos para dar cobertura a algunos que actualmente están poco cubiertos, como la salud dental. Convergència i Unió propuso ya al comienzo de esta legislatura, y lo mantiene; un gran pacto de Estado para la financiación de la sanidad que no se produce y que el Gobierno aplaza a 2006. La Conferencia interterritorial de consejeros de Sanidad padece de parálisis, y aplazar la solución hasta la próxima reunión de presidentes autonómicos es una frivolidad, porque pueden ser miles las circunstancias que compliquen y/o retrasen su celebración. Necesitamos respuestas inmediatas, integrales y globales. No podemos permitirnos el escapismo, el sucedáneo, el paño caliente o el parche y la falta de coordinación, permitiendo un nuevo recargo del precio de la gasolina o los carburantes, o la propuesta de un euro por receta; propuesta absolutamente regresiva del Gobierno de Cataluña e impropia de un Gobierno socialista.


Les ha faltado lealtad institucional a las comunidades autónomas, sí; pero tal vez haya faltado también -y sobre todo- liderazgo político del ministerio para afrontar la situación. En definitiva, nuestro grupo entiende que la proposición no de ley que discutimos no es más que un ejercicio gratuito, un espectáculo de pirotecnia parlamentaria, que no persigue otro objetivo que el de ganar tiempo por no haber hecho los deberes en su momento y dentro de unos márgenes razonables que creemos haber respetado con generosidad. Por todo ello, nuestro grupo ha presentado una enmienda por la que se urge al Gobierno -insistimos en la premura, pero sin irreflexión o improvisación- a que presente propuestas claras para mejorar la financiación sanitaria de acuerdo con las comunidades autónomas, estableciendo un calendario de medidas que permitan reducir los déficit existentes, desde el presente ejercicio de 2005 y con el horizonte máximo de la actual legislatura. Entendemos necesario este medio plazo, dado el retraso que arrastra el tema y el consiguiente volumen acumulado de déficit, cuyo abordaje no puede demorarse más. Así, proponemos su resolución durante tres años, por simple ejercicio de realismo. De no aceptarse la enmienda presentada, nuestro grupo se pronunciará en contra de la proposición no de ley, puesto que su aprobación no aporta nada nuevo. Ni siquiera es un balón de oxígeno para el Gobierno; es solo un espaldarazo a la dilación del Ejecutivo para trabajar en esta

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materia. Es de esperar, no obstante, que la misma seguirá su cansina dinámica, entre reuniones varias, estudios, análisis y bases para plataformas y propuestas para resolver el problema, con independencia del pronunciamiento de esta Cámara, a menos que el texto final sea más imperativo o vinculante.


En definitiva, o se asume la urgencia de los problemas de financiación de la sanidad o no vale la pena engañarnos aceptando paliativos y bálsamos que no aportan nada. El riesgo de colapso de las finanzas de algunas comunidades autónomas, que lógicamente querrán mantener su nivel de calidad asistencial seguirá creciendo de forma imparable, y la responsabilidad de afrontar este riesgo le corresponde básicamente al Gobierno. Esperamos, pues, las explicaciones del grupo autor de la proposición, para tomar nuestra decisión final.


Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Guinart.


Entramos en el turno de fijación de posiciones. En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Seré breve, no sin poner énfasis en la realidad del problema que se nos presenta, la financiación del gasto sanitario en el Sistema Nacional de Salud. En la pasada legislatura, a través de la entonces diputada de Coalición Canaria, doña María del Mar Julios, cuando se discutió aquí antes de su envío al Senado el proyecto de ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, nuestro grupo se abstuvo en aquella votación porque aunque entendía que era una magnífica ley, no se daban las garantías suficientes para la financiación del gasto sanitario en Canarias ya que el déficit sanitario en la Comunidad Autónoma de Canarias viene en aumento al no haberse introducido en el cálculo la asistencia sanitaria a la que tiene derecho y acceso todo el turismo que nos llega del área de la Unión Europea con convenios de reciprocidad en la asistencia sanitaria. En una población de unos 1.900.000 ciudadanos censados y empadronados en Canarias se sitúa una población de cerca de once millones y medio de turistas entre los que proceden del territorio peninsular (unos dos millones) y los nueve millones y medio largos de turistas procedentes de la Unión Europea que tienen acceso al Servicio Nacional de Salud. Ahí se pueden empezar a explicar los déficit que ocurren en el sistema sanitario.


El problema es grave y preocupante. Todo lo que se ha dicho aquí lo podemos recoger y asumir, pero se trata de buscar soluciones. Nosotros no vamos a votar en contra de ninguna solución que se proponga, preferimos a veces la observación desde la abstención para no interrumpir ningún pronunciamiento, en este caso la iniciativa que trae como proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista en la representación que le corresponde con la política del Gobierno en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Se ha introducido la figura de la conferencia de presidentes como órgano decisorio para ver qué solución se le da al reparto de compensaciones y dedicación para paliar el déficit sanitario y los instrumentos económicos, financieros o fiscales. Comparto una gran parte de la crítica que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho.
Estos fueron los argumentos que mi compañera María del Mar Julios, hoy consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, esgrimió para justificar nuestra abstención en la votación ya que no veíamos una garantía.
Preocupación y carencia de garantías que se siguen presentando en el momento actual. Si hay una proposición no de ley que trata de instrumentalizar un procedimiento hasta llegar a la conferencia de presidentes a través del pronunciamiento de decir tanto dinero hay y que eso lo diga a través de los datos que el ministerio de Economía y Hacienda pueda aportar cuando se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúna lo más urgentemente posible ante un tema singular y propio como es la financiación de la sanidad porque este asunto no puede esperar ya que se genera un aumento del gasto acumulado que, como han dicho aquí algunos portavoces, puede producir en determinadas comunidades autónomas un colapso. No hay medios y no se va a obligar a la comunidad autónoma, como bien han señalado el portavoz de Convergència i Unió y otros portavoces, a hacer un recargo en el impuesto sobre el combustible. ¿Cómo se financia todo un sistema unitario que tiene estas prestaciones? Nosotros pedimos un trámite de urgencia.
Daremos nuestro apoyo a toda solución que lo vertebre y lo articule si se quiere poner como puerta final de las decisiones la conferencia de presidentes pero que antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera diga qué recursos hay a disposición de las comunidades autónomas para financiar la puesta en práctica de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.


El tema es de una urgencia y de una perentoriedad extraordinaria y evidente. Si aquí se busca una vía con esta proposición no de ley, posiblemente como se ha dicho muy ligera y muy light, nosotros no nos vamos a oponer a que se busque una solución para que nadie diga que no ha habido voluntad de nuestro grupo que ha puesto siempre encima de la mesa de negociación el déficit sanitario verdaderamente preocupante que hay en la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a las incidencias de asistencia sanitaria por el crecimiento demográfico, por el aumento del número de gente que nos viene desde fuera y que se traduce no solamente en la asistencia, sino en las listas de espera que se generan de los propios ciudadanos del Archipiélago que son los que pagan las consecuencias de la afluencia de otras poblaciones exteriores por la llegada del turismo.


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Nosotros decimos que también se defina el Ministerio de Sanidad a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que es un escenario donde se pueden discutir determinadas cuestiones. Pero si se centra el problema en qué recursos financieros tiene la Administración General del Estado, es decir, el Ministerio de Economía y Hacienda, que se reúna cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los representantes de la Administración central y de las comunidades autónomas y se diga dónde está la solución económico-financiera del problema que, desde luego, yo diría -valga el símil- tiene un carácter de auténtica urgencia sanitaria; o se opera al enfermo ya o la viabilidad del sistema y de la criatura tiene muy difícil solución porque lo iremos agravando.


Como digo, señor presidente, no nos oponemos a ninguna iniciativa ni votaremos en contra, pero asumiendo el contenido de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, actívese su influencia sobre el Gobierno para que esto tenga solución.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias a usted, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, qué duda cabe de que la salud es el elemento de la vida de todas las personas que genera más interés, más motivación y más preocupación por parte de todos los ciudadanos. En el conjunto de las políticas públicas es la que es vivida como más prioritaria por toda la ciudadanía, y debería ser también el centro de prioridad política para los gobiernos y para los grupos políticos, sean del color que sean. Ahora bien, la concepción de la sanidad, así dicho en abstracto, no está exenta de un diferente posicionamiento político, de modelos diversos y, por tanto, de una manera diferente de entender el cómo y de qué forma se ha de desarrollar esa sanidad; cómo y cuánto servicio de salud y de bienestar social ha de proporcionar un Estado, cómo y de qué manera se ha de financiar y cómo se puede racionalizar más y con mejor calidad la sanidad pública. En este sentido, nadie puede cuestionar que nuestro sistema de salud pública promueve la equidad y la cohesión social y que este factor es valorado muy positivamente por el conjunto de la población. Esta valoración va acompañada de un interés y una preocupación constante -que ha ido a más en los últimos tiempos- por mejorar la calidad y la eficiencia de todo el sistema de salud que disfrutamos. En este aspecto es donde hemos de introducir, desde nuestro punto de vista, dos cuestiones: la primera, la mejora de la financiación, pero analizando también los costes, los gastos y, por tanto, la reforma de ese sistema de financiación; por otro lado, tan importante como lo anterior, la mejora de la eficiencia que pasa por la corresponsabilidad de todos los agentes que intervienen.


Hemos de decir que la responsabilidad principal, desde nuestro punto de vista, recae en esencia en los gobiernos estatal y autonómico, los cuales han de ser capaces de transformar las necesidades y los problemas en soluciones y en oportunidades para avanzar. No puedo evitar dejar constancia aquí de que aquellas autonomías que asumieron antes las competencias en sanidad son también las que han acumulado un mayor déficit presupuestario, como es el caso de Andalucía, de Galicia o de Cataluña, que es la que conozco más profundamente.


La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Socialista tendrá nuestra aprobación, como no podía ser de otra manera.
La tendrá no por la novedad que plantea, que no es novedosa porque todos sabemos cuál es el problema -aunque no por no ser novedosa no es importante, que lo es-, sino porque todos la vamos a apoyar, y todo lo que se haga para avanzar en la revisión de la financiación sanitaria en el marco autonómico tendrá nuestro soporte parlamentario.


Señorías, nuestro grupo quiere dejar constancia de algunas reflexiones. En primer lugar, reclamamos que el Gobierno se comprometa de verdad a solucionar todos los errores cometidos en el proceso de transferencias de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas aprobado en el año 2001, y en el que nuestro grupo parlamentario no participó por no estar globalmente de acuerdo. Esta reforma debe estar plenamente consensuada con las comunidades autónomas, con los grupos parlamentarios y las organizaciones sociales más representativas. En la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud propusimos que el Fondo de Cohesión sirviera para homogeneizar los diversos servicios autonómicos de salud y garantizar su estabilidad presupuestaria. Nuestro grupo propugna -siempre lo ha hecho- una sanidad descentralizada y defiende la cohesión e integración en el Servicio Nacional de Salud en función de mecanismos de consenso y coordinación. Opinamos que en atención sanitaria, como en casi cualquier otra atención dirigida a las personas, es bueno y necesario que la decisión esté lo más descentralizada posible, tal y como recomienda la OMS y para ello defendemos mayor capacidad de decisión en política sanitaria para las comunidades autónomas. Se han de considerar los numerosos desequilibrios presupuestarios entre las comunidades autónomas tras ese proceso de transferencias y tener en cuenta la necesidad de financiar las diferencias en infraestructuras entre las distintas comunidades, valorando que la política de prestación farmacéutica establecida por el anterior Gobierno central se demostró incapaz de controlar el gasto farmacéutico, que es una de las causas más importantes de la desviación presupuestaria sanitaria.


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Estamos convencidos de la necesidad de volver a negociar la financiación autonómica, especialmente la sanitaria, para asegurar una suficiencia financiera e incluir mecanismos de cohesión y coordinación en las políticas públicas que aseguren los niveles razonablemente homogéneos de financiación y prestaciones en todas las comunidades autónomas. Hay que apostar claramente por la cohesión y la vertebración del sistema sanitario público evitando situaciones como las que se están produciendo en algunas comunidades autónomas, que están en proceso de descapitalizar el sistema sanitario público favoreciendo su deterioro mediante políticas presupuestarias insuficientes y optando por modelos privatizadores.


En líneas generales, la financiación aprobada en el año 2001 se basa en la afectación específica de un porcentaje sobre la recaudación del IVA y de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, alcohol y tabaco. Desde entonces la financiación sanitaria se sustenta sobre impuestos del consumo con la consecuente falta de equidad y coherencia, pues al realizarse con impuestos indirectos no se produce progresividad en la recaudación y ésta no guarda relación con las necesidades del sistema sanitario ni con la necesaria solidaridad interterritorial. La negociación fijó la población para el cálculo del reparto en el año 1999 suponiendo eso un agravio comparativo para algunas comunidades, pues desde esa fecha algunas han tenido un importante crecimiento demográfico, como, por ejemplo, Cataluña, Madrid o Valencia. Con posterioridad a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en el año 2003, se ampliaban las finalidades de este fondo señalando explícitamente que debería facilitar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y corregir las desigualdades entre las comunidades autónomas. Sin embargo, la cantidad presupuestada para este fondo en el año 2004 -y una vez más hacemos hincapié en las veces que aprobamos leyes que después no tienen un reflejo presupuestario coherente- hizo absolutamente inviable que se haya podido utilizar más allá de la compensación de deudas por pacientes desplazados. La buena o mala negociación de las transferencias sanitarias por parte de las comunidades autónomas produjo una importante diferencia entre ellas. Así, los recursos asignados en euros por habitante y año significaron en el año 2002 una diferencia de 280,73 euros entre la comunidad que más recibía, que en este caso era La Rioja, con 996,57 euros, y la que obtuvo menor financiación, que fue Madrid, con 715,84 euros. Otro hecho a tener en cuenta es que este sistema de financiación sanitaria establece un acuerdo de mínimos que asegura unos impuestos afectados a la sanidad y un crecimiento mínimo del presupuesto sanitario, pero, si bien las comunidades autónomas pueden aumentar estos presupuestos con cargo a sus propios fondos, obviamente esto lo han de hacer detrayéndolo de otras partidas presupuestarias o a través del endeudamiento.


Señorías, para resumir, como consideraciones más importantes mencionadas hay que decir que el aumento medio de 134 euros por habitante y año en estos tres años, de 2002 a 2004, fue cuando realmente hubo un 16,61 por ciento de crecimiento, lo que indica un importante esfuerzo para incrementar los presupuestos sanitarios por parte de las comunidades autónomas. Se da, por tanto, un desigual crecimiento entre esas comunidades autónomas y el importante crecimiento demográfico de ciertas comunidades, como las anteriormente mencionadas, ha agravado enormemente esta situación. De los mismos datos parece deducirse otra tendencia, que es el recorte de gastos sociales y el desmantelamiento o la intención del anterior Gobierno de desmantelar parte de lo que ha sido el Estado del bienestar social. El último informe de 2003 señala que en España se ha producido en los últimos 10 años un retroceso del gasto sanitario tanto en el porcentaje del PIB como en el porcentaje sobre el gasto sanitario total, lo que implica que los ciudadanos pagan cada vez más una parte del gasto sanitario. España, señorías, como todos sabemos, dedica el 5,9 por ciento del PIB a gasto público en sanidad frente al 7,4 por ciento de la Unión Europea, de los antiguos Quince países. También se está produciendo una gran distancia entre distintas comunidades autónomas, como ya he dicho, y todo esto parece apuntar claramente a una enorme necesidad de avanzar en el proceso que en estos momentos quiere reafirmar el Grupo Socialista con su proposición no de ley para la regulación de un nuevo sistema de financiación. Por todo ello, votaremos favorablemente esta PNL para una vez más reiterar el apoyo al proceso iniciado en el marco de la Conferencia de presidentes, en la línea de impulsar un acuerdo que asegure y garantice la calidad del servicio nacional de salud y su sostenibilidad, todo ello de acuerdo con las comunidades autónomas y cumpliendo -esperamos- con el calendario que está marcado para elevar las propuestas a la Conferencia de presidentes y poder plasmar un acuerdo presupuestario para el año 2006.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora García Suárez.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu Uriarte tiene la palabra.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.


La proposición no de ley relativa a la financiación sanitaria presentada por el Grupo Socialista, si me permiten que se lo diga con todo el cariño, produce cierto sonrojo. Es una proposición de las denominadas proposiciones pelota, animando al Gobierno a que haga lo que ya está haciendo con mayor o menor fortuna por impulso de la Conferencia de presidentes. Sinceramente, creo que hay muchos otros temas de mayor interés para el conjunto de los ciudadanos que podrían ser debatidos hoy aquí, en el

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Congreso. Esta proposición, pues, tan innecesaria como inocua, no aporta casi nada a la cuestión de fondo, cual es la financiación adicional que previsiblemente se derivará del denominado déficit sanitario por insuficiencia del sistema de financiación aprobado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre; sin embargo, no será nuestro grupo parlamentario quien se oponga a esta proposición no de ley. Pero quisiera recordarles una serie de cuestiones que para nosotros son relevantes y que habrán de tenerse en cuenta cuando avance el proceso. En el texto de la proposición no de ley el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al proceso iniciado en el marco de la Conferencia de presidentes en relación con la financiación sanitaria e insta al Gobierno de la nación y a los gobiernos de las comunidades autónomas a, desde la corresponsabilidad institucional y en el seno del órgano competente en materia de sistema de financiación, impulsar un acuerdo que apoye la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Este es el texto íntegro de su proposición no de ley, en el que se habla del seno del órgano competente, pero en la motivación de dicha proposición se habla del Consejo de Política Fiscal y Financiera.


Por si hay un equívoco, quisiera aclarar que el órgano competente en materia de sistema de financiación, cuando se habla de la Comunidad Autónoma de Euskadi, es la Comisión Mixta de Concierto. Por tanto, si de este proceso se deriva alguna variación en la financiación sanitaria habrá de reunirse al efecto la Comisión Mixta de Concierto, que como digo es el órgano competente en la materia cuando se refiera al Gobierno vasco; al igual que Navarra habrá de resolver esta cuestión de manera bilateral. Como antecedentes quisiera recordarle al Grupo Parlamentario Socialista que el Gobierno vasco está a la espera de cobrar 52 millones de euros correspondientes a la ampliación del Insalud en el período 1997-2001, comprometidos ya por su Gobierno. Esperamos resolver esta cuestión cuanto antes, al igual que resolveremos la de la financiación sanitaria adicional que se derive de la estimación del déficit sanitario generado por el actual sistema de financiación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Puigcercós tiene la palabra.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, este va a ser seguramente uno de los debates más importantes de esta legislatura, tenía que realizarse a lo largo de este curso parlamentario, no solo para acometer una reforma de la financiación de la sanidad en el marco de las comunidades autónomas, sino también necesariamente para reducir -por no decir acabar- la deuda que han contraído algunas comunidades autónomas, fruto del sistema de financiación 2001-2002 al incluirse la financiación de la sanidad en la financiación general de las comunidades autónomas. La deuda es un problema grave. Nos consta que por parte del Ministerio de Economía y Hacienda se está buscando una fórmula a partir de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera y de la reunión de presidentes autonómicos que se celebró hace poco, pero seguramente es el problema más acuciante, porque desde 2002 hasta hoy ha habido cambios estructurales importantes en algunas comunidades autónomas. Nosotros consideramos que a esta proposición no de ley se pueden aportar algunas propuestas -aunque no hemos introducido enmiendas, somos conscientes de que este va a ser un debate largo y tranquilo- necesarias para buscar soluciones que mejoren la sanidad para todos, sobre todo si tenemos en cuenta que la media del gasto público en el Estado español es del 5,4 por ciento del producto interior bruto y que aún estamos lejos del 6,3 por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta también que el gasto público per cápita en España es de 905,7 euros y curiosamente la media europea es de 1.675 euros, vemos que estamos lejos del gasto público en euros per cápita en inversión y en gasto sanitario. Si esto lo llevamos a las comunidades autónomas, por ejemplo en el caso de Cataluña, que desde el principio ha tenido transferidas las competencias exclusivas en materia de sanidad, esta inversión baja a un 4,7 por ciento del producto interior bruto y, en cambio, se da la paradoja de que es superior a la media española en 925,8 euros. Esta paradoja es fruto de la complejidad del sistema sanitario catalán. Seguramente la Comunidad de Madrid tenga una situación parecida, que es lo que el portavoz del Partido Popular ha detallado aquí como la elasticidad de la demanda en términos económicos: a mayor sofistificación de un sistema, mayor sofistificación de una sociedad y mayor demanda de servicios sanitarios.
Este es un hecho que impide aplicar los mismos parámetros a todas las comunidades autónomas. Y no queremos decir con esto que tenga que haber diferencias. Nosotros creemos que tiene que haber unos mínimos de igualdad y de equidad para todas las comunidades autónomas, pero es verdad que hay modelos sanitarios más sofisticados. Así se ha estipulado siempre en los estudios económicos que se han hecho.


Hay cambios que hay que tener en cuenta y que queremos explicar. En primer lugar, el concepto de población. Cualquier nuevo modelo de financiación que haya que abordar para las comunidades autónomas en materia de sanidad es evidente que tendrá que tener presente la última ola migratoria en el mecanismo de liquidación. Asimismo, se tiene que tener en cuenta la población actual, ya que los censos y los padrones que se están aplicando son ya antiguos. Hay que modernizar y poner al día la tarjeta sanitaria individual y tener claro el incremento de población que se ha producido en algunas comunidades autónomas, porque esto distorsiona y acrecienta la deuda.


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En segundo lugar, el incremento y la mejora de la redistribución del Fondo de Cohesión sanitario. Consideramos que hay que mejorar la dotación del Fondo de Cohesión, que pretende garantizar la atención sanitaria a los desplazados de cualquier punto del Estado. Conocemos las discrepancias del Gobierno catalán con el anterior Gobierno, pero también con éste, pues no cuadra cómo se está dotando este fondo y los desplazados que están siendo atendidos hoy en Cataluña. Este Fondo de Cohesión tiene que estar mejor dotado para cualquier tipo de atención sanitaria y calculando todos los servicios que se ofrezcan. La facturación a extranjeros seguramente mejoraría mucho si la compensación con el extranjero se hiciera para cada comunidad autónoma. Este es un tema que también habrá que abordar y resolver en la próxima reforma. Igualmente, habría que incluir en el Fondo de Cohesión sanitaria las cotizaciones de los Estados extranjeros a la Seguridad Social española para la cobertura de residentes temporales en el Estado. Creemos, asimismo, que las políticas sanitarias de la Administración del Estado, a partir del Fondo de Cohesión, tendrían que valorar los costes reales que se aplican en cada comunidad autónoma.


En tercer lugar, la Seguridad Social tiene que asumir el gasto que dejan de aportar los que pasan a ser pensionistas por el 40 por ciento del coste de las recetas farmacéuticas. El espíritu del Pacto de Toledo es separar el gasto sanitario de la Seguridad Social. Creemos que la exención del copago del 40 por ciento de los pensionistas es una forma de complemento de pensiones encubierto y hay que clarificar por qué las comunidades autónomas están asumiendo hoy este gasto.


En cuarto lugar, consideramos que sería importante la exención a los centros de la red sanitaria de la utilización pública de impuestos como el IBI y el IAE. Vamos a estudiar la paradoja, pero es evidente. Los centros escolares hoy no pagan IBI y tendríamos que plantearnos si los centros sanitarios de la red pública tienen que pagarlo. Incluso lo podríamos extender al impuesto de actividades económicas. Hay que tener en cuenta que hay una reforma en marcha de las haciendas locales. No vamos ahora a perjudicar a los ayuntamientos, que ya salieron suficientemente perjudicados con la desaparición de un tramo importante del IAE. Hay que acometer reformas estructurales y tenemos que plantearnos la necesidad de si la red sanitaria pública, repito, tiene que seguir pagando el IBI cuando no lo hacen los centros educativos o, por ejemplo, las instalaciones militares.


En quinto lugar, somos conscientes de que hay que buscar fórmulas para la devolución del IVA que están soportando los centros sanitarios públicos.
Es así como se hacen las exportaciones, porque el IVA que está soportando la Administración pública acaba repercutiendo también en el gasto sanitario del sector público.


En sexto lugar, hay que tener en cuenta también que hay diferentes inflaciones en distintos territorios: los efectos de precios relativos, como dirían los economistas, en cuanto a los diferenciales de la evolución del índice de precios al consumo. Por ejemplo, el poder adquisitivo del euro no es el mismo en diferentes comunidades autónomas.
Según datos de 2002, el diferencial entre Cataluña y la media del Estado es de 0,3 puntos, lo cual incrementa el gasto sanitario en algunas comunidades autónomas que tienen, repito, un diferencial importante de inflación.


Finalmente, haré alguna reflexión sobre el ámbito -como decíamos antes- de la excelencia de algún modelo sanitario. La mayor sofisticación, tener centros de referencia y tener elementos claros de investigación, implica más gasto. Es evidente que hay que valorar la excelencia sanitaria que puedan tener algunas comunidades autónomas, no para acrecentar la diferencia sino para valorar realmente los servicios que están ofreciendo no solo a los ciudadanos de esa comunidad autónoma, sino incluso de todo el Estado. Consideramos que hay medidas que se pueden tomar, que hace falta una reflexión. Es difícil votar que no a la proposición no de ley que hoy se nos presenta porque es un catálogo de buenas intenciones y nosotros estamos a favor de ellas, pero queremos dejar constancia desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que tanto buscar una fórmula para mejorar la financiación de la sanidad como para acabar con la deuda requiere un poco más de empeño y de concreción en los debates que a partir de este momento podamos tener en esta Cámara.


Votaremos favorablemente esta proposición no de ley porque repito que difícilmente podríamos votar que no, pero consideramos que no deja de ser un brindis a las buenas sintonías y a las buenas relaciones, pero sin concretar. Ya avanzamos que el Grupo de Esquerra Republicana presentará en esta línea una propuesta clara para incluir en el debate algunos de los aspectos que hoy hemos detallado en esta exposición, como la necesidad de buscar mecanismos para mejorar el gasto sanitario y la atención a los ciudadanos, siempre teniendo en cuenta que la gestión es mejorable. Podemos implementar sistemas de gestión mucho más rentables que puedan dedicar recursos, por ejemplo, a la atención sociosanitaria que se va incrementando durante estos años, a la salud mental, a la investigación, a la mejora de las condiciones de trabajo o a la inversión en recursos humanos. Estas son las prioridades por las que debe decantarse paulatinamente el gasto sanitario, no por el mantenimiento del sistema y no precisamente con un modelo de alto coste farmacéutico y de gastos de administración. Hay que reducir el gasto de administración y el coste farmacéutico, y hay que destinar buena parte del gasto sanitario -repito- a la atención sociosanitaria, -que es el gran reto para los próximos años debido al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas-, a la salud mental, a la salud pública, a la inversión en infraestructuras sanitarias, a la investigación y, evidentemente, a la

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mejora de los recursos humanos. Es un debate necesario que hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha aportado y que contará con nuestro voto favorable, aunque creemos que esto acaba de empezar y que requiere mucha más concreción.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Puigcercós.


A los efectos de fijar la posición del grupo, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido defendidas, la señora Pozuelo tiene la palabra.


La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.


No vamos a aceptar las enmiendas presentadas: ni las del Grupo Popular ni las del Grupo de Convergència por las razones que he expresado, ni las del Grupo Mixto porque, como he explicado en mi intervención, creo que las preocupaciones de este grupo están recogidas en el contenido de los grupos de trabajo que se están desarrollando y en ese sentido el compromiso que planteaba su portavoz está suficientemente claro en contenido y en calendario preciso de aquí al inicio del verano.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): ¿Nos confirma la señora Fernández Davila, si no nos abandona, que efectivamente se ha producido esa incorporación?

La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señora Fernández Davila.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA FLOTA PESQUERA. (Número de expediente 162/000198.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Pasamos al punto cuarto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la implantación de sistemas de seguridad en la flota pesquera.


Para su defensa el señor García Díez tiene la palabra.


El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.


Hoy debatimos esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular porque este Gobierno cumplirá pronto un año desde su constitución y en todo este tiempo no hemos visto resultados positivos ni un trabajo con objetivos bien definidos de cara a mejorar las condiciones de seguridad de nuestros pescadores, de nuestras gentes de la mar, más bien lo contrario, señorías. Les voy a exponer algunos datos. El número de muertes en la pesca gallega en el año 2004 experimentó un incremento del 57,1 por ciento. Esta siniestralidad representa un crecimiento de 20 puntos por encima de los demás sectores, incluido el de la construcción, en Galicia.
Al poco tiempo de comenzar la actual legislatura recordarán conmigo, señorías, aquel pesquero denominado O Bahía que naufragaba y con él perdían la vida diez marineros, diez pescadores. Poco tiempo después, en el mes de agosto, al otro lado de España, en las costas del mar de Alborán, en la provincia de Almería, un pesquero denominado Enrique El Morico también naufragaba y perdía la vida su patrón, pero, afortunadamente, se salvaron cinco miembros de la tripulación. Más tarde, en noviembre, el hundimiento del pesquero Nuevo Pilín, con base en Santoña, en el mar Cantábrico, con cinco víctimas, y el 22 de febrero, hace muy pocos días, asistíamos -entre ellos el que les habla- con emoción y con estupor al rescate de seis cadáveres, a los que hay que sumar dos desaparecidos, al día de hoy todavía buscados -todos formaban parte de la tripulación- por el hundimiento a 20 millas de Ribadeo, en la costa de Lugo, del pesquero Siempre Casina que tenía su base en el puerto lucense de Burela. He dejado de nombrar la desaparición de marineros que, en pequeñas embarcaciones, se ganan con esfuerzo y con riesgo diariamente su salario y tienen en la mar su modo de vida, pero en estos meses también han sido varios los que la perdieron por similares circunstancias. Con este cúmulo de muertes en la mar se rompió durante este último año una tendencia que parecía desmitificar el grave peligro de esta profesión en la mar porque durante los años 2003 y 2004 las cifras iban decreciendo. Además, si nos fijamos en el número de heridos graves durante el último año, se han registrado 113, la cifra más elevada de todo el decenio en Galicia. Finalmente, por terminar con esta macabra estadística, añadiremos el dato de 2.072 personas lesionadas en accidentes marítimos en el último año. A todo esto, la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesquera -Aetinape- nos ha dicho recientemente que en otros países, como los bañados por los mares del Norte o Báltico, que tienen condiciones climatológicas mucho más adversas que las que pueda haber en nuestras costas, se registran índices de siniestralidad muy inferiores a los que yo acabo de poner de manifiesto.
Muchas muertes, señorías, y todas estas personas fueron enterradas o dadas por desaparecidas sin recibir medallas sobre sus féretros ni visitas ni compañía de los más altos representantes del Estado. Como he dicho hace un momento, a otros marineros se les sigue buscando al día de hoy.


Todo este grave panorama, unido a la sensibilidad y al trabajo que se realizó en los últimos años por parte de los gobiernos del Partido Popular a favor de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad en el mar, nos movieron a presentar esta iniciativa durante el mes de

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octubre pasado y de la cual el Gobierno y todas SS.SS. tuvieron conocimiento oficial desde los primeros días de noviembre del año 2004.
En aquel momento todavía no habían ocurrido los dos últimos naufragios que he citado, por tanto, espero que nadie diga aquí que estamos presentando una proposición no de ley de forma oportunista o a rebufo de tristes acontecimientos, aunque lo fuera, y sería igualmente legítimo, pero recuerdo que esta proposición no de ley se presentó hace ya más de cuatro meses. Por entonces -me refiero a los meses de mayo y junio pasado-, en las correspondientes comparecencias de nuestra ministra de Agricultura y de su secretario general de Pesca ante la Comisión de Agricultura se nos mostraba la inquietud por la seguridad en la flota pesquera y creo recordar que se dijo que se estaba trabajando en la extensión del sistema de localización de buques por satélite, que se arbitrarían medidas, que se estaban mejorando las condiciones de trabajo de los marineros, etcétera. Sin embargo, señorías, a día de hoy, 15 de marzo de 2005, diez meses después de esas declaraciones, aquellas palabras se quedaron en eso, en palabras.


Durante el periodo de Gobierno del Partido Popular, la seguridad a bordo fue una constante, plasmándose en importantes actuaciones, aunque solo citaré dos: desde un apoyo decidido a renovar la flota, defendiendo como prioritario el eje renovación y modernización dentro de los programas de aplicación del IFOP -que, como ustedes saben, se trata del instrumento financiero de ayudas a la pesca, que está a punto de extinguirse-, hasta haber conseguido un cambio de criterio a nivel europeo para que los espacios cerrados de los que se dispusiera en las embarcaciones, de cara a obtener una mayor seguridad, no se contabilizaran como incrementos de arqueo en los registros de la flota de cada país. Entiendo que fueron dos logros importantes que sientan un precedente que puede venir muy bien ahora en las negociaciones del nuevo reglamento de fondos para la pesca.
Como verán, frente a un trabajo serio y con resultados, en el nuevo periodo de Gobierno socialista no hemos visto continuidad a esta labor, sino más bien lo contrario. Yo creo que ha llegado el momento de hacer una reflexión profunda en el tema de la seguridad marítima y de tomar decisiones, sobre todo de tomar decisiones, porque entendemos que las palabras ya han sido suficientes.


Nuestra propuesta, señorías, pretende instar al Gobierno a poner en marcha una serie muy concreta de medidas encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad, tanto de los buques de pesca como de los propios marineros.
No tiene ningún sentido que a día de hoy, con los avances tecnológicos que ya se están aplicando en la construcción de embarcaciones de salvamento, en las plataformas de extracción de petróleo o en los ensayos a modo de experiencias piloto, que están dando resultados positivos, no se pueda aplicar toda esa tecnología ni aprovechar toda esa experiencia para los buques de pesca con determinadas características. Las medidas que proponemos van destinadas, en primer lugar, a las embarcaciones de pesca y a todos los trabajadores de la mar, con independencia del tamaño del buque en que realice su función. Son un conjunto de medidas a las que cabría añadir probablemente otras muchas, como la formación, la concienciación y sensibilización en el uso de los mecanismos de seguridad y asistentes, asesoramiento técnico, materia de prevención, etcétera.
Como ya les he dicho, señorías, este es el primer paso.


Según datos del registro de la Secretaría General de Pesca Marítima, a 31 de diciembre de 2004, en España teníamos 11.754 barcos con una eslora inferior a los 15 metros y la tripulación que corresponde a estos buques sería en torno a 28.000 marineros. A esto habría que añadir todos aquellos buques que no están registrados -llamémosles alegales, ilegales o como se les quiera llamar-, más 5.000 embarcaciones con estas características, con otros 9.000 tripulantes. Nosotros hemos consultado con técnicos y expertos y estamos en condiciones de afirmar que, mediante un diseño adecuado, las nuevas construcciones en los barcos de las dimensiones que he apuntado pueden conseguir perfectamente su insumergibilidad. Lo que les digo está contrastado y es factible sin incrementar sensiblemente los costes de construcción en los astilleros.
Según una información contrastada con dos o tres astilleros que se dedican a este tipo de fabricación, en ninguno de ellos el presupuesto de este tipo de barcos superaba el 10 por ciento de su coste inicial adaptándolo a estas medidas que lo harían insumergible.


Por lo tanto, si existe voluntad y capacidad de negociación, este Gobierno, igual que lo consiguió el anterior, puede ahora -precisamente ahora que se está negociando el nuevo reglamento de ayudas para la pesca, que tendrá una vigencia desde el 2007 al 2013- conseguir, al amparo del criterio de seguridad, que dichos fondos puedan destinarse a financiar la construcción de buques de pesca que cumplan las características aquí apuntadas y, por lo tanto, no cargar sobre los marineros o sobre los patrones el coste de estas inversiones. Lo mismo ocurriría con las modificaciones en los barcos ya existentes.


Señorías, como probablemente ya conocen por el texto de la proposición no de ley, las medidas que proponemos también afectan directamente a la seguridad de los marineros, y digo directamente porque en este caso no van ligadas ni al tamaño del barco ni a las características constructivas del mismo. Se trata de aprovechar otras experiencias recientes en campos distintos y trasladarlas al medio marino. Si diferentes comunidades autónomas de otros países de la Unión han desarrollado mecanismos electrónicos tipo emisor-receptor para localizar a personas o para activar una señal de alarma, pensamos que la Administración General del Estado debe utilizar la incorporación de estos medios con las

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correspondientes adaptaciones al medio marino, de manera que presten una inmejorable ayuda a la hora de localizar a un hombre que cae al agua con dificultades de visibilidad grande. Hoy día están al alcance de la mano estos emisores que se activan con la caída a la mar de un tripulante y permiten una localización rápida de un marinero. Algunos de estos mecanismos u otros de similares funciones ya están siendo utilizados a modo de prueba en pesqueros de Escocia, en otros puertos de Inglaterra y aquí, en España, es la Xunta de Galicia la que lo está haciendo a modo de recomendación. Como quiera que este tipo de propuestas no puede ser sine die, en nuestra proposición no de ley instamos a adecuar esta normativa nacional para que, en el plazo de un año, sea obligatoria la disposición a bordo y el uso de los equipos de localización individual de los trabajadores que trabajen en barcos con bandera nacional.


Finalmente, entre los puntos que contiene la proposición no de ley figura la propuesta de incorporar, en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, la disposición obligatoria de equipos de localización individual. Existen experiencias en otros países, hay dispositivos patentados hace siete años que están a la espera de la autorización del Ministerio de Fomento -me refiero al denominado sistema Kafloat- sustitución de las actuales radiobalizas por cajas con GPS, aplicar experiencias llevadas a cabo por la Xunta de Galicia a las que me he referido o aplicar sistemas estabilizadores diseñados por el Colegio de Ingenieros Navales de Galicia que evitan que los barcos se escoren.
Como verán, señorías, solo es cuestión de voluntad política. No se puede ser más ineficaz pues, teniendo todos los elementos disponibles para aumentar la seguridad en todos lo aspectos, no se ha hecho nada en este último año.


Señorías, voy a terminar, y quiero hacerlo con cierta gravedad, pero sin ninguna demagogia. Tantas víctimas a las que me he referido, tantos marineros muertos o desaparecidos para siempre en la mar no pueden dejar indiferente a esta Cámara. No caeré -lo digo con toda claridad- en el error de imputar ningún tipo de desgracia a ningún responsable político, ni a ningún partido, ni a ningún gobierno, aun a sabiendas de que si el que les habla, que pertenece al Grupo Popular, perteneciera al grupo del Gobierno no tiene claro si no sería señalado con algún dedo acusador hacia nuestras filas, pero nosotros no lo vamos a hacer. Tampoco repetiré hoy aquí las quejas y denuncias del sector por los retrasos que se han producido en la localización de los pesqueros y en la llegada de los equipos de rescate, en la actuación en los casos a los que me he referido. Si cogen la hemeroteca de todos ellos, verán que solo hay quejas del sector por estas cuestiones, lo cual no quita para que exijamos desde nuestro grupo algo más que declaraciones de buenas intenciones, de buena voluntad, a los responsables ministeriales, que no dudamos que la tienen. No queremos más marineros muertos, ni tampoco queremos presenciar -y yo las he presenciado- escenas de instrumentalización del dolor. No más fotos, señorías, con los cadáveres delante.


En la última sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta del Gobierno, en una de sus contestaciones, dijo aquí el miércoles de la semana pasada: La primera preocupación de este Gobierno son los ciudadanos. En contestación a la siguiente pregunta dijo: El único interés de este Gobierno es el de los ciudadanos. Pues bien, como estoy seguro de que el Gobierno considera a los marineros como ciudadanos y, como habrán comprobado, señorías, en la última tragedia de Burela lo son de distintas razas, de distintos pueblos y de distintas creencias, pero sobre todo son el mejor ejemplo de convivencia desarrollado para esa comarca gallega, deben dejar atrás el tiempo de las palabras y comenzar el tiempo de las decisiones; decisiones que vayan encaminadas a evitar más tristes acontecimientos. Hoy, ahora, dentro de pocos minutos, tendremos la oportunidad de aprobar una iniciativa que va en esa dirección y que, además de realista, es ejecutable a corto y medio plazo.


Señorías -termino ya, señor presidente-, la comunidad marinera espera de nosotros soluciones a estos graves problemas. La mar no debe ser noticia solo cuando las tragedias se ceban en los marineros, en este hemiciclo no solamente debemos hablar de la mar cuando ocurren estas tragedias, cuando se recortan las capturas o cuando se limitan las artes. Hoy, si queremos, la pesca puede ser una buena noticia en esta Cámara porque podemos hacer algo positivo. Nuestro grupo ha tratado de recoger las enmiendas...


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Por favor, señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Treinta segundos, señor presidente, para anunciarles, aunque ya lo conocen todos los portavoces y lo conoce la Mesa, que hemos tratado de mejorar nuestra propia proposición no de ley con un texto que se ha distribuido a la Mesa y a los portavoces, en el que se recogen las enmiendas presentadas por los dos únicos grupos que las han presentado, el Grupo Mixto, a través del señor Rodríguez, y el Grupo Socialista. En aras a mejorar y a enriquecer nuestra iniciativa, hemos incorporado aspectos recogidos en las dos enmiendas presentadas.
Pensamos que con esta nueva redacción, que a modo de transaccional les ofrecemos por si tienen a bien aceptarla, mejoramos esta propuesta. Como les decía hace un momento por recuerdo a estos marineros, y sobre todo a los que todavía no han aparecido, el Grupo Popular les pide el apoyo a esta iniciativa.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor García Díez.


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Para la defensa de su enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, existe la tendencia a creer que muchos de los problemas que acontecen de siniestros en el mar pueden ser superados con algún tipo de mejoras de carácter técnico, por tanto, que estas mejoras de carácter técnico, que están aún por experimentar, son la panacea de la situación. No vamos a negar que cualquier avance de carácter tecnológico tenga una importancia fundamental, pero llama la atención que, aun sin aplicar las medidas que están experimentadas y que forman parte del corpus legal internacional, haya una tendencia a dar saltos en el vacío.


Decimos esto porque nosotros compartimos la buena voluntad de la iniciativa del Partido Popular en cuanto a pensar que un sistema Kafloat que fue presentado hace dos años en Huelva, por cierto en aguas muy tranquilas, pueda ser una solución y una panacea. No vamos a negar la necesidad de estudiar efectivamente la potencialidad y la virtualidad de este sistema, y en este aspecto nada tenemos en contra de los tres primeros puntos de la iniciativa del Partido Popular. Sin embargo, debemos tener en cuenta que, de ser apropiados, son objetivos a largo plazo y, por tanto, serían totalmente eficaces en un horizonte temporal bastante alejado. Dense cuenta ustedes de que solamente en Galicia habría que hacer la transformación de 8.000 barcos de pesca. No hay ningún barco que sin gobierno se pueda mantener frente a temporales e incluso no hay ningún barco que sin gobierno no pueda acabar ardiendo.


Nosotros pensamos que es necesario fijarnos en el aquí y ahora y en otros parámetros. Estamos convencidos de que uno de los elementos que falla fundamentalmente es el buen uso del sistema mundial de socorro. Deben de recordar ustedes que estamos en un contexto donde, desde 1974, incluso antes, hubo una serie de acuerdos y de convenios internacionales que llevaron a compromisos a los Estados que los firmaron para apoyar y ayudar por parte de los barcos con cualquier pabellón a cualquier tipo de barco en apuros, naufragios, por tanto a las personas que podían ser víctimas. Esto se conoce con el nombre de ayuda a la navegación. Incluso en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del mar en 1962 se establecía, en concreto en su artículo 98, que todo Estado exigirá al capitán de un buque que enarbole su pabellón que, siempre que pueda hacerlo sin grave peligro para el buque, su tripulación o sus pasajeros preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar, se dirija a la mayor velocidad posible a prestar auxilio a las personas que están en peligro en cuanto sepa que necesitan socorro y siempre que tenga posibilidad razonable de hacerlo; en caso de abordaje preste auxilio al otro buque, a su tripulación y pasajeros y, cuando sea posible, comunicar al otro buque el nombre del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo en que hará escala. Así sucesivamente. Pues bien, da la casualidad de que en el último accidente que hemos padecido no se pudo hacer un buen uso de este convenio o de este acuerdo internacional porque los barcos en todo caso recibieron la señal de ayuda muy tardíamente.


El Convenio Solas, que fue elaborado en el año 1974, recibió una serie de enmiendas en 1988, que consistieron en innovaciones tecnológicas conocidas como sistema mundial de socorro, operativas todas ellas, teóricamente, desde febrero de 1999. Pues bien, en la práctica, no son operativas muchas veces en el caso del Estado español. Había dos elementos técnicos fundamentales, uno el de los transpondedores de radar y el otro el de portátiles de VHF, que son precisamente los que necesitan ser instalados. Es urgente la instalación de estos sistemas y de métodos de SMS para poder buscar y rescatar a náufragos. Es más, ya en los últimos momentos del Gobierno del Partido Popular, el Gobierno estaba pensando en aplicar el uso de chalecos salvavidas con radiobaliza personal, así como la utilización de aparatos radiotelefónicos bidireccionales para embarcaciones de supervivencia. Hagamos esto y además unifiquemos los criterios para las balsas de supervivencia y dotemos a todos los pesqueros, sean mayores o menores de 24 metros de eslora, de esa instalación de transpondedores de radar y de equipos bidireccionales de VHF.


Hoy en día -y por eso pensamos que el Partido Popular no tiene que plantear los puntos 4.º, 5.º y 6.º como virtualidad sino como realidad-, existen radiobalizas personales cuyas señales pueden ser perfectamente detectadas a dos millas por barcos que tengan radiogoniómetro, a 10 millas por helicópteros y a 70 millas por aviones Sar. Además, habría que colocar las radiobalizas y utilizar los trajes de supervivencia, tal como anunció el señor López en la Comisión de Fomento de esta Cámara, en junio del año 2002. Por lo tanto, no hay mucho que inventar, sino mucho que practicar.


El naufragio del pesquero Sempre casina ofrece datos muy curiosos de este punto de vista, y el más curioso es el lamentable retraso en emitir el prescriptivo May Day Relay tras la activación de la radiobaliza, que es lo que podía haber hecho que todos los barcos próximos acudieran inmediatamente al lugar del siniestro. El Bahía, el Morico, el Pilín, el Sempre casina, todos presentan las mismas dudas. No decimos que no fuera a haber náufragos aun actuando bien, pero es que están las sospechas y las sombras de las dudas sobre la hora de actuar del Centro nacional de coordinación de salvamento marítimo, sobre los retrasos, sobre las llamadas a teléfonos de cofradías, es decir, un dislate que no demuestra que se hubiera podido haber obviado las muertes, pero sí se podía haber obviado la sospecha de que las cuestiones no funcionan bien.


Señorías, estamos aún en el debate que tuvimos en este Parlamento en junio, a raíz del naufragio del Bahía

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en el mismo lugar. Hay que aplicar las mociones que se aprueban en el Congreso de los Diputados, éste es el principal problema que tenemos, además de que estos temas siguen siendo muy distantes de todos los gobiernos que ha habido hasta ahora en el Estado español, sin excepción; no es de éste, de todos. Yo tengo que decir esto en aras a una mínima objetividad. Seguimos con una Administración atomizada en sus responsabilidades, con una falta de coordinación pavorosa, que se ve incluso siguiendo los datos que da el propio Centro nacional de salvamento marítimo. Uno no entiende nada. Llaman a Bilbao y no funciona, después llaman A Coruña, después llaman a Fisterre, pasa el tiempo.
Realmente yo creo que sí se podría subsanar la falta de coordinación, la falta de inspección, la aplicación rigurosa de todo esto que está aprobado, señores, y que el propio Gobierno dice que lo va a aplicar, pero no se acaba de generalizar. También -por qué no decirlo- hay precarización, cada vez más aguda, en el mundo del mar y hay falta de inspección.


En fin, todo es alabable y pienso que esta iniciativa lo es, al margen de las circunstancias en que se produzca -nosotros eso nunca lo miramos-, pero sería de rigor que las cosas que se aprueban se ejecuten. Pienso que éste es el mejor modelo de seriedad que podemos ofertar a los afectados y a nosotros mismos. Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda, el señor Díaz Díaz tiene la palabra.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, tengo que empezar respondiendo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, en mi opinión, comenzó su intervención de manera bastante equivocada. Nos parece -y perdonen la expresión, que no me gusta usar- mezquino imputar un incremento del 57 por ciento de las víctimas a un Gobierno que lleva nueve meses en el poder, nos parece mezquino porque ese incremento se debe a cuatro accidentes. Nosotros podíamos decir: señores, se trata de accidentes de cuatro barcos que se produjeron con una reglamentación aprobada por el anterior Gobierno. Podíamos haber sacado de ahí una conclusión, pero no sacamos ninguna. El anterior Gobierno nada tiene que ver con los accidentes, como nada tiene que ver este Gobierno con los accidentes. Podíamos también decir que la reglamentación que existe hoy sobre salvamento es la misma que dejó el anterior Gobierno y, en consecuencia, algo tendrá que ver el anterior Gobierno con esta tragedia.
Hay que decir también que los medios de salvamento son los mismos que, por cierto, son inferiores a los recibidos del Gobierno socialista en el año 1986. (Aplausos.) No se puede jugar con los muertos y pasárselos de unos a otros, nos parece que existe un problema y hay que resolverlo. Es un problema que sigan produciéndose accidentes con muertos en el mar en el siglo XXI, a pesar de los avances técnicos y de todo tipo. Parece que el problema es difícil porque queda demostrado que los avances son insuficientes, pero que sea difícil no significa que no requiera una solución urgente. Requiere una solución urgente porque, como decía el proponente, y en eso coincidimos con él, se trata de vidas humanas. En los últimos quince años, solamente en Galicia, por seguir el ejemplo, contabilizamos 300 muertos en el mar, 300 trabajadores que dejaron la vida en el mar.


Ante esto, ¿qué se hace? Todos los gobiernos hasta ahora intentaron hacerlo lo mejor posible, pero está claro que no acertamos porque el problema sigue ahí. El próximo viernes, el Consejo de Ministros va a aprobar un acuerdo marco de actuación conjunta de los ministerios de Fomento y Agricultura y Pesca, que tiene por finalidad abordar de forma conjunta -nunca se abordó conjuntamente este problema, siempre lo hizo Fomento- los problemas de pesca. El Ministerio de Agricultura y Pesca tendría mucho que decir porque el diseño de un barco depende de la utilización que se le dé, de las artes que vaya a utilizar, etcétera. Hay una actuación conjunta de dos ministerios para tratar de forma global todos los temas relacionados con el trabajo y la seguridad en el mar. El Grupo Socialista, se felicita de que, por vez primera, un gobierno afronte globalmente el estudio y las soluciones al problema. Al tiempo que felicitamos al Gobierno por esta iniciativa, le pedimos que, sin demora, comience a trabajar en el tema para que pronto podamos tener propuestas.


Entrando en el análisis de la proposición, hay que decir que aparentemente es bienintencionada y milagrosa, tanto como aquella otra de la solidificación del fuel del Prestige. Nos proponen transformar los barcos pesqueros de menos de 15 metros en insumergibles y autoadrizantes como solución mágica para terminar con los accidentes en el mar, pero, igual que en el caso de la solidificación de fuel se olvidaron de hacer el experimento casero de poner una botella en el frigorífico para ver si se solidificaba, aquí se olvidaron de la viabilidad técnica, económica y legal de la propuesta. (Aplausos.)

Es cierto que, fuera de la introducción, la propuesta fue defendida en tono constructivo, pero tengo que decirle, señor García Díez, que es impropia de un partido que hasta hace menos de un año estuvo gobernando este país y es poco ético tramitarla en estos momentos. Señorías, hay dos desaparecidos del último naufragio y no es propio de un grupo responsable ofrecer en estos momentos una solución mágica que lo habría evitado.
Recuerden que gobernaron hasta hace un año. Esta propuesta era tan viable hace un año o dos como hoy. ¿Por qué no la materializaron? ¿Descubrieron ahora el océano Atlántico? Es poco serio para un grupo que aspira a ser alternativa.


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Señorías, es posible hacer barcos insumergibles, pero no está contrastado que estos barcos, hoy por hoy, sean idóneos para la pesca. Los barcos insumergibles son una vieja aspiración que necesita de mayor estudio e investigación. ¿Dónde está experimentado el modelo? Coincidirán conmigo en que es un tema que requiere más estudio y experimentación antes de convertirlo en programa de gobierno. También aquí hace falta investigación, mucha investigación y experimentación. Respecto a que sean autoadrizantes, se requiere lo mismo: experimentación y operatividad.


Señores del Grupo Popular, ¿calcularon el coste de su propuesta? Ustedes saben que las medidas que contempla su proposición no de ley afectan a embarcaciones de menos de 15 metros, inicialmente afectan, como usted bien decía, a unas 12.000 embarcaciones; 12.000 embarcaciones de aquellos armadores o propietarios que tienen menor poder adquisitivo en este país, en los distintos territorios de este país. ¿Quién va a financiar el mayor coste que tendrán estas embarcaciones? ¿El Gobierno? ¿El sector? Ustedes no dan respuesta a este tema, ustedes piden al Gobierno que, en aras de una mayor seguridad, aún no contrastada, imponga al sector pesquero con menos poder adquisitivo una renovación total de sus barcos para hacerlos insumergibles y autoadrizantes, todo ello sin saber si estos barcos, aún no diseñados, van a ser operativos para la pesca y si el coste de la operación va a ser amortizable. ¿No les parece mucho pedir? Ustedes pueden proponer ocurrencias, pero el Gobierno tiene que hacer propuestas viables técnica, económica y socialmente, propuestas contrastadas y consensuadas con los afectados; esta es la diferencia entre ustedes y nosotros. ¿Con quién negociaron su propuesta? Con unos técnicos. ¿La negociaron con el sector? ¿La negociaron con los astilleros? ¿La negociaron con los sindicatos, que tendrán mucho que decir en el tema de la seguridad? Con nadie. Las ocurrencias no se negocian.


Es muy fácil decir que todos los buques que se construyan sean insumergibles porque en principio es algo sentido y deseado por todos, pero los que tenemos responsabilidades no podemos movernos por voluntarismos. Es necesario investigar y experimentar para conseguir que esos barcos lleguen a ser una realidad, y podamos tener barcos seguros, eficientes para la pesca y con costes asequibles. Señorías del PP, esta investigación, que debería ser el soporte de su propuesta, no existe, ¿ o sí? ¿Dónde está? En ninguna parte. Su propuesta -reconózcalo- es hoy por hoy un brindis al sol; por cierto, con muy poca sensibilidad, repito.
Siguiendo con los despropósitos, se nos pide que, sobre la base de una propuesta sin experimentar, demandemos al Gobierno la modificación de la legislación europea; una legislación, por cierto, que aprobaron ustedes cuando estaban en el Gobierno, ¿o no?

Señoras y señores diputados, como les decía al comienzo, el Consejo de Ministros aprobará el viernes un acuerdo marco de actuación conjunta de los ministerios de Fomento y Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar estos problemas. Con este fin, se creará una comisión mixta encargada de realizar estudios y propuestas. Creemos sinceramente que el Gobierno merece un margen de confianza para afrontar globalmente el problema. El tema que estamos tratando es serio, señorías, aunque la propuesta que ha originado el debate no lo sea. Por ello y por respeto a esta Cámara, creíamos que debía haber una resolución positiva, que dijera a la sociedad que estamos tratando de resolver el problema. El Grupo Parlamentario Socialista, haciendo una lectura positiva de la propuesta del Partido Popular y como una aportación más a la solución de un problema que nos preocupa a todos, presentó una enmienda de sustitución que recoge de forma matizada lo fundamental de la propuesta del Partido Popular, y esperábamos que fuera aceptada. El Partido Popular nos ha contestado con otra enmienda de transacción en la que vuelve a hacer hincapié en que los barcos fueran insumergibles y autoadrizantes; por nuestra parte, no lo descartamos, pero después de un estudio.


Nuestra enmienda trata de analizar las posibilidades técnicas y económicas de la construcción de embarcaciones de pesca insumergibles y autoadrizantes. Trata también de la localización modificando las radiobalizas, trata de las radiobalizas individuales y también de los chalecos salvavidas, con el conocimiento de que en estos asuntos no hay nada cerrado y de que la tecnología existente debe ser mejorada y adaptada. Las radiobalizas individuales tienen que servir no para localizar cadáveres, sino que, conjuntamente con una vestimenta adecuada, deben servir para salvar personas, fin último de la política de salvamento que defendemos todos. Eso requiere de ajustes que contemplamos prudentemente.


Como el Gobierno está haciendo un trabajo...


El señor VICEPRESIDENTE TERCERO (Cisneros Laborda): Señor Díaz, debe concluir.


El señor DÍAZ DÍAZ: Termino.


Pensamos que el Gobierno está haciendo un trabajo serio encaminado a resolver este problema, y el Grupo Parlamentario Socialista no puede prestarse, en aras de falsos consensos, a respaldar propuestas que no sirven para solucionar el problema y pueden generar confusión. Por eso decimos que no a la transacción y confiamos en que dé resultados el trabajo de la comisión mixta que se creará el viernes, de modo que la próxima vez que discutamos en esta Cámara lo hagamos sobre propuestas concretas que nos permitan avanzar.


Señor presidente, muchas gracias por su benevolencia. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Díaz.


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¿El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida desea intervenir? (Pausa.) Gracias, señor Pérez. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Muchas gracias, señor presidente.


El Grupo Popular nos presenta una proposición no de ley mínimamente bien intencionada, por lo que es de agradecer y hay que decirlo. Cuando plantea en la exposición de motivos que el Gobierno del Partido Popular logró obtener un cambio de criterio en Europa para que los espacios cerrados que se dispusieran para obtener una mayor seguridad no se contabilizaran como incremento de arqueo en el registro de la flota de cada país, queda un etcétera, y yo le quiero añadir que esto ocurre solo en la modernización, no en los nuevos barcos porque, como usted sabrá, los espacios cerrados de seguridad sí computan como arqueo en las nuevas embarcaciones.


Entraré en los dos aspectos fundamentales que creemos que tiene esta proposición no de ley. Primero, respecto a la solicitud y conclusión de que los barcos menores de 15 metros sean insumergibles y autodeslizantes, voy a hacer unas consideraciones. Coincidimos en que se están produciendo graves accidentes, demasiados, y que se están produciendo fundamentalmente por la falta de estabilidad de los barcos, pero de barcos de hasta 21 metros. No sé por qué se paran en los 15 metros cuando la realidad nos está planteando que es esa tipología de barcos, fundamentalmente en los últimos años, los que están produciendo ese tipo de actuación. Por tanto, a nuestro juicio, lo lógico y lo razonable sería que se extendiera en su caso esta obligación hasta los barcos de 21 metros.


Alguna iniciativa del Gobierno del Partido Popular, dicho con todo el respeto, sí creemos que propicia una falta de estabilidad en los barcos, como cuando legisló que el aumento de cubierta no computara como arqueo.
La inestabilidad de un barco se la da fundamentalmente el aumento del volumen de cubierta, no tanto el aumento del fondo de barco, que es la capacidad de pesca. Uno también es testigo de la opinión que compañeros de distintos barcos tenían sobre un barco que operaba precisamente en el puerto del que yo provengo, que es Getaria, un barco gallego que a su vuelta a Galicia se hundió. La opinión técnica de ese barco expresada por profesionales de esta flota que opera en Getaria era totalmente negativa.
Se sabía que ese barco era de una inestabilidad tremenda. Nosotros creemos que en este tipo de barcos la insumergibilidad está razonablemente más ligada al doble fondo que al doble casco. La casuística pesquera es muy específica de la problemática de la pesca y por tanto creemos que hay que aplicarla pensando en la realidad y la capacidad de esos barcos para pescar, porque si no, se va a legislar sobre otra cuestión o sobre otro subsector que no es la pesca. La consecuencia final es quién lo paga y cómo se paga, porque un ejercicio de buena voluntad como es la proposición no de ley del Grupo Popular conlleva un ejercicio de voluntad real de financiación y de ayuda. No está el sector pesquero para financiaciones extra, usted lo sabe y nosotros también; por lo tanto, este, en su caso, tiene que ser un proyecto que tiene que contar con un plazo de ejecución pero también con un programa de financiación específico y de subvenciones concretas. Lo demás son brindis al sol, y esa es la impresión que uno saca de esta proposición no de ley.


Respecto a las radiobalizas individuales estoy completamente de acuerdo, pero, seamos realistas, es muy difícil su aplicación y concreción en un año. Lo digo como portavoz de mi grupo que ya en la legislatura anterior presentó iniciativas en este sentido -por cierto, gobernaba el Partido Popular y no se nos hizo ni caso; ustedes tienen las actas para leerlo- y también desde la tranquilidad de que desde el año 2001 está en marcha dicho programa en la flota vasca, financiado y aprobado por el Gobierno vasco. Por todo ello, coincidimos en la necesidad de una acción concreta y específica en esta materia por parte del Gobierno del Estado y pedimos que nos traigan de una vez un decreto-ley a esta Cámara que propicie y regule la seguridad y mejor estabilidad, vuelvo a incidir, de barcos de hasta 21 metros. Solicitamos eficacia y prontitud a la comisión mixta que, según nos ha indicado el portavoz del Grupo Socialista, se supone que se va a crear este viernes entre Fomento y Agricultura y Pesca. Por esta razón y porque creemos que existen demasiados matices para resolverlos a través de enmiendas parciales en esta proposición, que consideramos bien intencionada pero escasa, para resolverlos a través de enmiendas parciales, que no hemos presentado por dicha razón, es por lo que nos vamos a abstener en esta votación y deseamos sinceramente poder debatir detenedamente una legislación seria. y aunque si se hubiera aplicado, tal y como ha dicho el portavoz del BNG, lo que ya teníamos, hubiésemos avanzado muchísimo, esperamos por lo menos una legislación seria y de inmediata aplicación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Txueka.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Ramón Torres.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señor presidente.


La verdad es que, oídas las intervenciones de los portavoces que me han precedido, estaremos todos de acuerdo en que es indispensable empezar a tomar medidas que ayuden en el salvamento marítimo. No contribuye demasiado el intento de buscar a qué Gobierno imputamos, si al actual o al anterior, que eso no se haya llevado a cabo hasta ahora. Creo que esto no ayuda

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demasiado y tenemos que buscar que estas medidas vayan hacia adelante lo antes posible.


Refiriéndome a la iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Popular -y con brevedad porque ya lo han comentado varios portavoces-, la verdad es que aparecen dos medidas para ayudar en el salvamento marítimo: una es la de mejoras técnicas y la otra la de mejoras personales o de búsqueda en caso de la situación de hombre al agua. En esta segunda, y como bien ha explicado el señor Rodríguez, creo que no es necesario investigar, buscar o innovar técnicas que lleven a cabo este sistema porque, como bien ha comentado el señor Rodríguez, ya hay sistemas con los que se puede avanzar y que sería necesario que se pusieran en funcionamiento lo antes posible. Creo que de esta tarde y de esta iniciativa es positivo el compromiso que ha adoptado el grupo que da soporte al Gobierno de que se tiene que poner en funcionamiento este convenio o esta comisión mixta para buscar las medidas necesarias para ayudar en el salvamento marítimo.
Este compromiso tiene que llegar lo antes posible y las medidas se deben tomar rápidamente. También creemos que las medidas técnicas que nos proponía el Grupo Popular, sin intentar desmerecer su buena intención, no eran más que investigaciones que se han llevado en otro tipo de buques y que tendríamos que investigar a su vez y probar para ver si en buques de pesca estas medidas también son lo positivas que han sido en otro tipo de embarcaciones.


Tras todo lo expuesto y teniendo en cuenta el compromiso, como decía, del grupo que sustenta al Gobierno para que estas medidas se impulsen lo antes posible, nuestro grupo, viendo la buena intención pero también haciendo hincapié en las faltas que presenta la iniciativa, se va a abstener en su votación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Ramón.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado i Gili.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente.


El portavoz de Esquerra Republicana ha empezado como yo quería hacerlo, lo cual quiere decir que esta opinión debe ser compartida por su grupo, por el mío y quizá por algún otro, desafortunadamente, minoritario. Hay un periódico deportivo en Cataluña en el que los lunes, cuando acaban los partidos de fútbol del fin de semana, hay un apartado que dice: Me ha gustado, no me ha gustado. Y a veces dice: Me ha gustado el árbitro, no me ha gustado la afición, me ha gustado este equipo o no me ha gustado tal actuación. Pues bien, déjenme que haga un símil deportivo, aunque el tema no es para ello, pero no me ha gustado en absoluto que se hablara de muertos. Míos no, tuyos sí. El portavoz de Esquerra lo ha dicho. Creo que es un tema compartido. No me ha gustado: En un año no han hecho nada o hasta hace un año no han hecho nada. Yo creo que esto ya empieza a ser muy reiterativo. Es políticamente normal que los dos grupos mayoritarios se vayan pasando uno a otro culpabilidades, pero en temas como este, en los que hablamos de familias afectadas, de muertos, de angustia, es realmente triste que, aunque de puntillas, se hable sobre si estos muertos son tuyos o míos, se hable de si este Gobierno ha hecho o no ha hecho. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Yo me quedaría con el fondo de la propuesta. El fondo de la propuesta nos parece bien y Convergència i Unió votará a favor. Quizá la forma no sea la mejor; por tanto, ¿cuál sería nuestra petición? Pues que en un tema no político, en un tema técnico, en un tema en el cual yo no sé si el PP ha hecho o no ha hecho en el pasado o si el PSOE está haciendo o no está haciendo, yo me quedaría con el fondo. El fondo es una propuesta válida y, por qué no, una transacción presentada por el Grupo Socialista, porque sería bueno que los dos grupos mayoritarios que pueden hacer posible una solución en esta línea se sentaran y de una vez por todas llegaran a acuerdos en temas de este tipo. Porque hoy no hablamos de política, hablamos de aspectos que afectan a la vida de las personas.


El portavoz socialista ha dicho que en 15 años ha habido 300 muertos, y yo digo que en 5 ha habido 89. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de dar seguridad a las embarcaciones. Ha preguntado el portavoz socialista quién pagará esto. No lo sé, probablemente de la misma manera que se pagan otros aspectos de mejora en el sector. ¿Quién paga IZAR, quién paga las reestructuraciones o quién ha pagado las reducciones de flotas? La Unión Europea, el Gobierno, créditos blandos, subvenciones, ayudas, todo aquello que de alguna forma pueda servir para que quizá por fases las nuevas embarcaciones salgan ya corregidas, para que poco a poco las nuevas embarcaciones salgan con sistemas que eviten el hundimiento o que permitan la inmediata localización.


El señor Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, ha hablado de un tema muchísimo más sencillo. Ha dicho: Puesto que hay acuerdos aprobados y propuestas gubernamentales que no se han llevado a cabo, llevémoslas a cabo. Hoy, de este debate parlamentario debería salir una mesa de seguridad en la pesca en la cual se sentara el sector -pescadores, empresarios, sindicatos, técnicos, Administración- o incluso deberíamos favorecer lo que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco, es decir, que llegue de una vez el decreto-ley. (Rumores.) Señorías, aparte del ruido, que no me oigo ni yo mismo, quisiera hacer una propuesta en la que de alguna forma se pueda aprobar no sé si la del Grupo Popular con la transacción socialista, pero una propuesta en la cual estos 29.000 marineros vean que aquí no se pasan culpas, que aquí no se achacan errores sino que se buscan soluciones. Haberlas haylas. Hay

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que seguir profundizando, avanzar en lo que ya se ha aprobado...
(Continúan los rumores.) Señor presidente, no me debe oír ni usted mismo.


El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, si lo prefiere, como le quedan cinco minutos, terminará su intervención cuando todo el mundo esté sentado.


El señor MALDONADO I GILI: Muy bien. Hago un breve receso y sigo.


El señor PRESIDENTE: Si le parece, le daré la palabra cuando todo el mundo esté sentado. (Rumores.)

Señorías, por favor, tomen asiento y guarden silencio para permitir al señor Maldonado concluir su intervención.


Adelante, señor diputado. (Continúan los rumores.)

¡Silencio, por favor!

Concluya, por favor.


El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor presidente. Procuraré acabar para poder seguir con el ruido colectivo.


Tan solo quiero reiterar el voto afirmativo de Convergència i Unió a la propuesta del Grupo Popular y manifestar que sería bueno un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios con la transacción que ha presentado el grupo que apoya al Gobierno. Hoy, estos 29.000 marineros, estos 29.000 pescadores y sus familias quisieran que de este hemiciclo saliera una propuesta técnica, que no política, que pueda iniciar un camino no fácil técnica, económica y legalmente, pero que permita de alguna forma mejorar las embarcaciones y evitar el hundimiento y los problemas de búsqueda de cuerpos de marineros, pues hoy en día hay dos personas que después de semanas y semanas no han sido localizadas. Quiero reiterar, señorías, que no podemos seguir con explicaciones como las que ha dado el Bloque Nacionalista Galego respecto a que acuerdos de hace cuatro o cinco años mínimo, técnicamente fáciles, no sean orquestados. Si esto no es posible, ¿cómo vamos a promocionar nuevas embarcaciones que no se hundan, que no se sumerjan?, ¿cómo vamos a instalar tecnología punta para localizar embarcaciones? Por tanto, voluntad política del Gobierno, voluntad política de los técnicos que estudian sobre la base de lo que el Gobierno les propone. Señorías, que esta propuesta de hoy no caiga en saco roto y que de alguna forma podamos iniciar una mejora de una flota que hasta ahora, después de muchos y muchos años, desde el punto de vista técnico ha avanzado muy poco.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Maldonado.


Vamos a votar. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, relativa a la financiación sanitaria, que se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 168; en contra, 142; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implantación de sistemas de seguridad en la flota pesquera. Se ha presentado una enmienda transaccional a la proposición no de ley. ¿Algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.)

Señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, considerando que la transacción genera confusión, nos oponemos a su tramitación.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Por tanto, se vota la proposición no de ley en sus términos iniciales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 144; en contra, 160; abstenciones, nueve.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA PIRATERÍA EN EL SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 173/000056.)

El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre medidas para combatir la piratería en el sector audiovisual.


Para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Barkos.


Adelante, señora diputada.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, la moción que presento hoy tiene su origen en la interpelación defendida la semana pasada por Nafarroa-Bai en la búsqueda de una salida a uno de los grandes retos que tiene la creación artística y cultural

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en dos de sus principales vías, que son la defensa de la creación musical y la defensa de la creación audiovisual en su lucha frente a la piratería artística y a la piratería digital. (Rumores.) La titular del Departamento de Cultura, la ministra doña Carmen Calvo, confirmó en esta Cámara el pasado miércoles la existencia de un plan inminente, que por cierto ya había anunciado de una manera notablemente somera a principios del pasado mes de febrero en Barcelona, y sobre todo detalló...
(Continúan los rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora Barkos, un momento, por favor.


Señorías, guarden silencio. Algún día les tocará intervenir a ustedes en la tribuna y solo se acuerdan de lo molesta que es esta situación cuando les toca intervenir. Intenten mantener una especie de equilibrio para que oigan por lo menos al diputado o a la diputada que está en el uso de la palabra.


Muchas gracias.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Decía que el pasado miércoles la ministra detallaba la presentación somera que había realizado unas semanas antes en Barcelona de este plan, inminente al parecer, que será aprobado próximamente por el Consejo de Ministros para hacer frente a esta doble piratería, la física y la digital. En cualquier caso, ha pasado ya mes y medio desde aquel anuncio y lo cierto es que no terminamos de conocer en detalle o al menos con una cierta profundidad un plan de esta envergadura, que va a afectar, según palabras de la ministra el pasado miércoles, a 11 ministerios del Gobierno. En cualquier caso, es a su departamento al que le corresponde liderar esta batalla en la protección de los autores más desfavorecidos por diversas causas -luego entraremos en ellas-, pero sí queremos confiar en que este plan sea una apuesta decidida y también definitiva en el inicio de un camino que una vez más deja al conjunto del Estado español al borde de los peores datos en el conjunto de Europa. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso nos proponía a primera hora de la tarde de hoy una enmienda de sustitución que parecía, y sinceramente así lo he creído, una declaración de intenciones. Creo que al final no será así, pero en cualquier caso lo que nos proponían concretamente era elaborar un plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual.
Como digo, nos había parecido en un primer momento una declaración de intenciones y espero -a lo largo de esta sesión lo veremos- que no sea así, entre otras cosas, porque esto que ustedes nos proponían al principio de la jornada es exactamente lo que nos venía a proponer el pasado miércoles la ministra de Cultura. Nosotros, sinceramente, les queríamos animar a que vayamos un poco más allá. En definitiva, a que desde el Legislativo, por qué no, completemos lo que el anuncio del Ejecutivo apunta ya -y esto sí he de decirlo- como una carencia.


Quiero recordar que en su intervención el pasado miércoles la titular del Ministerio de Cultura no detalló una sola medida, ni una sola -y le pedimos además en la réplica una concreción respecto a este asunto- para proteger a los autores noveles, unos de los más desfavorecidos por la piratería, y a los autores, a los creadores que centran su actividad en catalán, en euskera o en gallego. Y todo eso a pesar de que compartimos todos -y yo creo que no me equivoco si afirmo esto- una constatación tan sencilla como la siguiente: si la producción en castellano se ve claramente mucho más perjudicada por la piratería física o digital que las grandes producciones del mercado de habla inglesa -esta es una constatación que todos compartimos-, esa misma correlación se produce exactamente entre quienes crean en euskera, en catalán o en gallego respecto al mercado, lógicamente mucho más potente, de habla castellana.
Y es precisamente por eso por lo que queremos centrar nuestra moción en ese vacío más que previsible por parte del plan anunciado por el Gobierno, casi, casi anunciado. Una moción que busca por lo tanto la defensa de los autores más afectados por la piratería, que no son, insisto, otros que los autores noveles por un lado y aquellos que optan por la creación en euskera, catalán o gallego, por las lenguas cooficiales del Estado. Y la defensa no solo de los autores sino también, porque nos preocupa y mucho por cierto, de los más jóvenes. Porque ellos son los principales usuarios de internet, porque ellos son, atendiendo lógicamente a criterios generacionales, los de una economía más escasa y sobre todo porque ellos son uno de los grupos más interesantes de consumo cultural en el futuro. Hay que conciliar, por lo tanto, los intereses de unos (de autores) y de otros (de los más jóvenes). Y este es el objeto del punto 4 de la moción. Las campañas realizadas hasta el momento se limitan a censurar la piratería, y lo cierto es que estas campañas no funcionan, porque no se trata tanto de censurar como de alertar sobre la incidencia directa de estas prácticas en una pésima salud cultural y en alertar, en definitiva, sobre la responsabilidad de quienes practican como usuarios la piratería, en el daño directo a los contenidos que están buscando en internet.


Pero volviendo a la defensa de los autores más dañados por estas prácticas de piraterías, son las propuestas concretas de esta moción para preservar sus derechos e impulsar su actividad los puntos 1 y 2 de la moción que presentamos y que se refieren al establecimiento de un fondo y de un plan que vengan en ayuda de una de las principales herramientas de la difusión, de su labor cultural, que no es otra que la promoción, actualmente sin asistencia por parte de ayudas culturales, en lo que se refiere a promoción musical y audiovisual. Pero es que además esta medida vendría de alguna manera a suplir la incapacidad claramente documentada a estas alturas

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del Ejecutivo de contravenir el establecimiento de un 16 por ciento del IVA sobre el gravamen final del producto musical y audiovisual. Rebajado el coste de la promoción, no hay ninguna razón para no rebajar el precio final del CD o del DVD, y esto es lo que viene contenido en el punto 1 de la moción. El punto 2, como decía, establece los objetivos principales de esa política, que no son sino impulsar y vigorizar los segmentos más desfavorecidos del sector por estas prácticas que son los más débiles en términos de tamaño de mercado, como señalábamos anteriormente.


Con respecto a la moción que nos presentaba el Grupo Popular voy a empezar por el final, por las dos enmiendas de adición. Lo hemos comentado en los puntos 7 y 8. En principio no las aceptamos porque de alguna manera contravienen el espíritu mismo de la introducción de la moción que presentamos. Difícilmente podemos aceptar las líneas marcadas en la anterior legislatura; sí evidentemente como base sobre la que trabajar, pero no cuando en la moción subrayamos expresamente que estamos a la espera de conocer el plan del Gobierno y especialmente alguno de sus puntos. Con respecto a la enmienda de sustitución del punto 5 coincidimos perfectamente con algunos de los puntos que señala el Grupo Popular como, por ejemplo, la intervención de las entidades locales y la intervención del sector, pero no estamos de acuerdo respecto a la autorregulación a la hora de establecer unas cuotas para proteger el mercado propio.


A la espera de posibles posicionamientos, esta es la propuesta de Nafarroa Bai para hacer frente a uno de los retos más serios en el ámbito de la creación cultural, como es el embate derivado de la práctica de la piratería; una moción que pretende remarcar la importancia no solo de hacer frente al fenómeno global, sino que también pretende subrayar la necesidad de que el futuro plan proteja con diferentes medidas la diversidad cultural del Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


A continuación, para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Popular el señor Lasalle.


El señor LASALLE RUIZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Popular alaba la moción planteada por la diputada Uxue Barkos. Consideramos que es oportuna porque estamos ante la misma realidad que se planteaba la semana pasada, es decir estamos ante una preocupación que está planteando el sector audiovisual; una preocupación compleja en la que evidentemente están en juego intereses de mercado pero también intereses morales, intereses sociales e intereses de autor que deben ser protegidos frente a la acción tecnológica que daña la débil posición de los autores y los creadores. Por tanto, la presentación de esta moción nos parece completamente oportuna, como nos lo pareció la presentación de la interpelación la semana pasada.


Además de parecernos oportuna nos parece adecuada porque está presionando al Gobierno, y en este asunto hay que presionar al Gobierno. No nos podemos permitir que el Gobierno se duerma en los laureles. Hay que ejercer de una manera equilibrada, sensata y coherente una presión que esté a la altura de la complejidad del fenómeno que tenemos y sobre todo de los intereses en juego. Aquí el tiempo pasa y pasa muy rápido. Esto es como en la paradoja de Zenón de Elea sobre Aquiles y la tortuga. Hemos de ser lo suficientemente hábiles como para que no nos coja el tiempo. ¿Por qué? Porque se están dañando intereses muy importantes debido a la gran capacidad de acción de los mecanismos tecnológicos que están en juego.
Han pasado diez meses desde que se formó este Gobierno. Hay un interés y una preocupación en el sector y existe una tradición de acción legislativa; este Gobierno no se encuentra sin unos mecanismos legislativos o sin que existe ningún tipo de soporte o cobertura, sino que hay una acción legislativa detrás. Ha habido una Comisión interministerial que ha trabajando desde el año 2000 que ha sacado adelante reformas en el Código Penal y una reforma del la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir se han desarrollado acciones legislativas concretas, y ha habido una subcomisión delegada en esta sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, que ha hecho posible algo muy importante, que es fijar un cuaderno de bitácora, un horizonte de acción con los escollos concretos que debemos evitar y salvar mediante acciones normativas. Por tanto, el Gobierno aquí tiene una acción detrás, un horizonte definido, y lo único que hace falta es impulso gubernativo.
Por eso nos parece muy oportuna la acción que aquí se está planteando por usted ahora y también la semana pasada.


Para ir al detalle, ¿por qué esas enmiendas que nosotros hemos presentado? La primera: no nos parece un obstáculo el término autorregulación, pero podemos encontrar un acuerdo al respecto. Aquí de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo o que se pongan de acuerdo los interesados y que intervengan las administraciones y las instituciones públicas que puedan evidentemente tutelar los intereses en juego. Por tanto, en principio, de lo que se trata es de que la sociedad digital, que sería un trasunto de la sociedad civil trasvasada al ámbito de alguna manera del mercado audiovisual, encuentre mecanismos operativos que hagan viable la acción de colaboración. Punto número uno, que es lo que tratamos de plantear con la idea de autorregulación; no es nada nuevo, es lo que se está haciendo en los países de nuestro entorno normativo. En segundo lugar, ¿por qué los puntos 7 y 8? De alguna manera es un reconocimiento a la labor que ha hecho la propia subcomisión; se ha estado trabajando, hay un informe y hace falta aceptar el cuaderno de bitácora que nos ha ofrecido evidentemente la subcomisión.


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¿Por qué? Porque en el seno de esa subcomisión se ha elaborado un trabajo consensuado, en el que han participado los partidos políticos representados en esta Cámara y han estado todos los sectores interesados en la materia, es decir se ha tratado de modo transversal de aunar las preocupaciones que existían en la materia y se han planteado medidas legislativas coherentes y acordes con lo que de alguna manera tenemos entre manos. Por tanto, estas son las motivaciones que están detrás de esto. En cualquier caso, enhorabuena por la presentación de la interpelación la semana pasada, enhorabuena por esta moción y ojalá que podamos de alguna manera consensuar lo antes posible entre todos un mecanismo de acción que permita seguir presionando al Gobierno y que ese plan se traduzca realmente en la atención de un problema muy grave, que en estos momentos está dañando los intereses de un sector que representa el 5 por ciento del PIB, aparte de los derechos morales que están en juego.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Lassalle.


Grupo Socialista, señor Louro.


El señor LOURO GOYANES: Señor presidente, señorías, hago uso de la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en torno a la moción presentada por el Grupo Mixto en relación con la piratería y el sector audiovisual.


En el pasado Pleno, señorías, desarrollamos aquí un importante debate, un debate muy clarificador por parte de la ministra de Cultura, que nos anunció que el ministerio tiene en este momento prácticamente elaborado un plan que pretende neutralizar los efectos de la piratería en el sector audiovisual. Ciertamente tenemos un serio problema que es necesario resolver y al que buscarle soluciones. Señorías, es preciso evitar la copia ilegal de los productos audiovisuales, los ya popularmente llamados CD, los llamados DVD y las descargas en internet. Es necesario también evitar su comercio ilegal. Este problema, señorías, nos preocupa a todos; es una preocupación compartida por todos los grupos, es una preocupación del conjunto de la sociedad y, cómo no, es una preocupación del Gobierno de España y particularmente del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura con su ministra a la cabeza lleva meses trabajando con rigor y con seriedad, conectando con expertos y con el sector para la elaboración de este plan. Es conocida por todos la situación del sector. El sector, de grandes dimensiones económicas, emergente, en pleno desarrollo, tuvo una caída del 30 por ciento de las ventas desde el año 2001. En este momento las ventas se sitúan aproximadamente en 64 millones de copias legales y 17 millones de copias ilegales; prácticamente más de un tercio de lo que se vende en el mercado de CD y DVD son copias ilegales. Además España tiene el mayor índice de piratería audiovisual de la Unión Europea y nos podríamos preguntar por qué. La respuesta es posiblemente sencilla: porque es un magnífico negocio para las mafias y grupos organizados asentados en España, especializados en la fabricación y venta de copias ilegales de los CD y DVD. En definitiva, señorías, este es un negocio altamente rentable. Señorías, no podemos dejar de considerar que dentro de la piratería digital en España en estos momentos se estima que hay en torno a 200 millones de descargas de canciones de Internet y 20 millones de películas. Por lo tanto, esta es una nueva forma de piratería que no es fácil de neutralizar. Se trata de un problema dífícil, que no tiene fácil solución, pero es preciso actuar y afrontar el problema. Por lo tanto, es preciso decidir un plan de actuación.


Felizmente a día de hoy podemos decir que el Gobierno de España ha trabajado en los últimos meses en este asunto y que el Ministerio de Cultura va a presentar un plan en las próximas semanas. Sabemos que es un plan complejo y difícil, que requiere un tratamiento transversal que implique a distintos ministerios y al conjunto de la sociedad. La pasada semana escuchábamos en esta Cámara a la ministra de Cultura anunciando la presentación de este plan, indicándonos que en las próximas 3 ó 4 semanas sería trasladado al Consejo de Ministros para su consideración y posterior aprobación. Señorías, este plan es fruto de un estudio profundo y también de un amplio diálogo con los sectores implicados, como no podía ser de otra manera si queremos que este sea un plan eficaz.


La moción presentada por Nafarroa Bai, del Grupo Mixto, hace aportaciones importantes que el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente.
Por eso nosotros hemos presentado una enmienda que estamos dispuestos a negociar y a transaccionar. El plan que nosotros entendemos que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros debe responder a seis ejes de trabajo, como es la acción coordinada de las distintas administraciones públicas y del sector privado, el desarrollo de medidas de carácter preventivo, campañas de sensibilización social a través de los distintos ministerios y muy particularmente del Ministerio de Cultura (por cierto, es necesario desarrollar una acción legislativa que controle la actividad ilegal) y, por supuesto, atención y respeto a la diversidad cultural y a los creadores y autores como principales protagonistas del desarrollo cultural. Señorías, la ministra nos adelantó los ejes del plan, que nos tranquilizan y nos satisfacen; por lo tanto en el plazo de 3 ó 4 semanas podremos sentirnos felices, cuando el Consejo de Ministros apruebe el plan presentado por el Ministerio de Cultura. Respecto a la moción decía que es una aportación importante, pero debo hacer algunas consideraciones, porque los distintos puntos son de alguna manera programas que está desarrollando el Ministerio de Cultura. En todo caso, como este es un problema que afecta a todo el espacio cultural, que afecta a un sector económico muy importante, el Grupo

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Socialista entiende que sería bueno que el conjunto de esta Cámara llamara la atención al conjunto de la sociedad para que todos reaccionáramos positivamente para acabar con este tráfico ilegal.


Señor presidente, termino proponiendo al Grupo Mixto, a Nafarroa Bai, que dialoguemos y que hablemos a partir de su documento y del nuestro y, cómo no, del documento de enmiendas presentado por el Grupo Popular. Es nuestra intención llegar a un acuerdo, porque entendemos que la llamada de esta Cámara repercutirá positivamente en el conjunto de la sociedad española.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Louro.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Desde Izquierda Unida reconocemos que no tenemos buenas experiencias en estos debates sobre la llamada piratería. Evidentemente la defensa de los derechos de autor a su remuneración y al respeto a su creatividad pueden abordarse desde muchas perspectivas. Lamentablemente cada vez que en esa defensa hemos transitado caminos distintos al pensamiento único en esta materia nos hemos llevado un disgusto. Este es quizás un buen momento para reiterar, aun a costa de que recibamos cartas que nos acusen de defender mantas y sobresaltos, que la criminalización generalizada de las prácticas de internet, las acciones de policía o la búsqueda compulsiva de recursos compensadores no es un recurso que ataje estas prácticas. En este sentido tenemos que volver a repetir que no debe permitirse, y se está permitiendo, la imposición de un canon, en este caso el canon compensatorio por copia privada en soportes digitales por acuerdo privado entre partes, porque este pacto colisiona con los derechos del consumidor y los del usuario de tales soportes, y en cualquier caso debería ser el Estado quien lo estableciera e impusiera en caso de ser necesario, cosa que nosotros dudamos y que niegan las partes implicadas. Necesitamos una urgente trasposición de la directiva europea que garantice los derechos de autor al tiempo que se establezcan medidas que impidan posibles situaciones de abusos e imposiciones unilaterales que en definitiva crean conflictos sociales indeseados, pues la defensa de los legítimos e irrenunciables derechos de autor no debe justificar otras acciones injustas.


Agradecemos por ello la reflexión que sugieren la interpelación y la moción subsiguiente, que atiende a medidas de promoción, a medidas de apoyo cultural e investigación tecnológica que sin duda están en la buena dirección. El hecho de que (la verdad, no con mucha sutileza) se exonere a las comunidades autónomas de contribuir a esta política no empaña dos cuestiones que sí son ciertas: que estos sectores son afectados por la piratería y que el consumo cultural debe ser propiciado mediante intervenciones que mejoren la estructura de costes y precios, tal y como señalaba la diputada de Nafarroa Bai. En nuestro fuero interno sabemos que no solo es la piratería la que cierra tiendas en la Gran Vía de Madrid o en otras calles de nuestro país; sabemos que desde las presiones especulativas del urbanismo hasta la incapacidad de enfrentarse a nuevos mercados y soportes forman parte del nuevo drama de la creación, producción y venta cultural. Muchas veces para defender compulsivamente estos derechos se convierte en lucro privado lo que es disfrute personal de la cultura que pertenece a todos. De afirmarse esta tendencia con carácter general, estaríamos anulando la mejor promesa que nos han traído las nuevas tecnologías. Sería injusto, aunque se nos dirá igualmente, afirmar que esta reflexión es una llamada a la piratería. Debo decirles que al hacer esta consideración no pensamos solo en la música o en el cine, también pensamos en otros recursos formativos, educativos y culturales de ocio científicos y habilidades creativas a las que mucha gente está cediendo y que se verán limitados con una acepción tan amplia de la piratería como la que se está imponiendo. Señorías, todos los navegantes no son piratas. Son las mafias, es cierto, pero además de beneficiarse por sus ilegales negocios también el débil apoyo público a la cultura es un verdadero enemigo de la creación y no los consumidores, por más que debamos ser educados en el respeto a los derechos de los creadores. Esperamos que el plan del Gobierno recoja el sentido de la moción y genere el máximo debate y consenso entre todos los sectores implicados. En cualquier caso y por todo ello nuestro voto será favorable a la moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


Hemos de reconocer que la presente iniciativa nos plantea grandes dudas y contradicciones. Pensamos que la solución va más allá de una legislación o actuación represiva y que es necesario un diálogo entre muchas partes, porque una solución parcial del problema, si bien satisfaría la industria audiovisual que acapara el mercado, no plantea en toda su dimensión el problema de fondo que se basa en el precio de acceso a la cultura y en el derecho al libre intercambio de información y bienes entre las personas.
La práctica conocida como piratería incluye básicamente dos vertientes: por un lado, la venta de productos no legales en los top manta y, por otro, el intercambio de canciones en MP3 a través de internet. Respecto a la venta de productos no autorizados en los conocidos top manta hay que señalar que es plenamente ilegal. Hay quien apunta

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pública o privadamente que la solución es en este caso bien sencilla, la represión. La represión policial, ¿a quién? Me pregunto: ¿A los compradores? ¿Vamos a multar o a encarcelar a una persona, nuestra vecina o nuestro amigo, por comprar un CD que le guste a un precio que considere asequible? ¿Debe ser la represión la vía para concienciar del supuesto daño que causan o debe ser la sensibilización social sobre el tema? ¿Vamos entonces a reprimir a los vendedores del top manta cuando, como según afirma el propio Miguel Ríos, son víctimas de las mafias y ganan menos de 20 céntimos por CD vendido, mientras que deben responder ante las redes si le requisan la mercancía las Fuerzas de Seguridad del Estado? Sería más fácil ir contra los vendedores que contra los consumidores o las mafias, pero ¿qué vías de integración les vamos a dar a esas personas en nuestra sociedad. ¿Qué medidas se van a tomar contra las mafias que los explotan? Estas medidas requieren un debate más amplio que la simple represión para no crear problemas de otro calado que pueden ser más graves.


Respecto al intercambio de canciones por internet en formato MP3 la actual legislación establece el derecho al intercambio de copias o a la realización de copias para consumo privado, siempre que estas no se hagan con ánimo de lucro. Hoy por hoy, a pesar de que algunas veces a las personas que lo hacen se les trate prácticamente como delincuentes desde algunos sectores, no es ilegal; tanto es así que basándose en esa consideración y para mantener los derechos de los autores se gravan con cánones a los formatos en que se pueden realizar esas copias. De hecho que yo recuerde mis amigos siempre me habían dejado sus discos para que me los grabara y yo siempre había dejado los míos a mis amigos para que se los grabaran ellos. Cuando no tienes dinero lo haces así o no escuchas música y si no escuchas música, más allá de quedar vetado el derecho de acceso a la cultura, no te haces fan de ningún grupo, ni compras sus discos, ni vas a sus conciertos cuando tienes dinero, cosas que sí que se van en perjuicio tanto de la producción musical como de los ingresos de los autores, porque aunque la industria discográfica se escuda tras las pérdidas que supone la venta de copias prohibidas para los autores lo cierto es que estos solo reciben el 4 por ciento del precio final del producto. En este sentido y dado que los autores obtienen la mayoría de los beneficios de sus conciertos hay algunos que prefieren su difusión aunque sea mediante el top manta o el formato MP3 como manera de competir con la capacidad publicitaria de las grandes multinacionales. Así hay diferentes grupos que se han mostrado públicamente a favor del Napster y del intercambio de canciones en formato MP3. Desde este punto de vista creemos que es importante una acción paralela de readaptación de la industria audiovisual a las nuevas tecnologías. Algunos ya lo han hecho; quienes no lo han hecho son las cinco grandes multinacionales que controlan más del 80 por ciento del mercado y que en los últimos tiempos han iniciado una política de fusiones, que son las que básicamente están reduciendo el volumen de profesionales del sector.


Las reducciones de plantilla se deben más a las estrategias comerciales de las grandes empresas que a la supuesta desleal competencia de la venta de copias no autorizadas. Es un ejemplo el caso de Madrid Rock, donde los trabajadores denuncian que las ventas no han bajado ostensiblemente desde que se produce la competencia desleal, que se mantiene la viabilidad económica y los beneficios, pero tras la excusa de la piratería se esconden los intereses inmobiliarios. En este sentido y sin negar que la llamada piratería causa daños económicos a las empresas hay que señalar, por un lado, que más que pérdidas lo que se produce es una disminución de los beneficios y, por otro, que el cálculo sobre las pérdidas que tienen la industria audiovisual y los autores se hace suponiendo que cada una de las ventas de los productos no autorizados se producirían igualmente con las copias legales y al precio de venta de estas. Este punto está puesto en duda por un estudio de David Ugarte, profesor de economía de las organizaciones de la Universidad Carlos III. Por ello apostamos por un diálogo amplio y encarando el problema de fondo. ¿Por qué hay gente que prefiere comprar las copias no legales antes que las legales? ¿Cuál es el margen de beneficio que tienen los autores por su trabajo? En este sentido encontramos una serie de medidas favorables para incentivar la producción y la difusión artística, entre las cuales hay que destacar que el Estado español debe mantenerse fuerte y defender en la Unión Europea la posibilidad de reducir el IVA de los bienes culturales, para reducir así el precio final del producto.


Yendo ya al contenido de la moción que presenta Nafarroa Bai, hay que señalar que valoramos positivamente algunos de sus puntos, sobre todo los referentes a la creación de un fondo y un plan para la creación musical y audiovisual, y en particular que este mantenga una especial sensibilidad tanto para los autores noveles como para aquellas producciones realizadas en las diferentes lenguas cooficiales del Estado diferentes a la castellana, en el camino de la realización de un Estado plurilingüístico y en cumplimiento del artículo constitucional que establece que las lenguas son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Consideramos que esta protección se ejemplifica en medidas como la potenciación por parte del Estado de la producción audiovisual en cada una de las lenguas propias de las diferentes comunidades nacionales.
Precisamente cuando el propio sector audiovisual se ha visto impotente ante la hegemonización de la lengua y la cultura anglófana en la producción audiovisual y la permisividad del libre mercado, hasta el punto de que los sectores del Estado han pedido protección, se hace aún más evidente la protección de las lenguas y culturas minoritarias del Estado. No solo aspiramos

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a poder hablar catalán, gallego o euskera en esta Cámara (que también lo queremos, como bien saben), sino que aspiramos a poder escuchar música o ver películas en nuestra lengua. Los derechos no dependen del número de personas que vayan a hacer uso de ellos ni de intereses económicos, sino que dependen de un derecho inalienable de las personas y de los pueblos, al margen de que sean mayoritarios o minoritarios.


En ese sentido solo con talante es imposible avanzar y por eso instamos al grupo mayoritario de esta Cámara a que actúe en concordancia con las palabras expresadas por el presidente del Gobierno, tanto en la Asamblea Nacional francesa como ayer en la celebración del primer aniversario de la llegada al poder del Partido Socialista.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.


Grupo Parlamentario Catalán CIU. Señor Vilajoana.


El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos ante un debate que parece importante, que fue muy bien planteado como interpelación la semana anterior por la diputada de Nafarroa Bai, y le avanzo que me siento absolutamente cómodo con las propuestas que hace en su moción.


Se ha abordado este debate desde distintos puntos de vista por los diferentes grupos parlamentarios y es cierto, en primer lugar, que la ministra manifestó la voluntad de tener un plan en marcha muy en breve; es cierto también (se dijo en el momento de la interpelación y se ha dicho hoy) que la piratería es un problema serio que afecta especialmente a nuestro país, y también es cierto que solo con medidas policiales y represoras no tendremos la solución.


Los datos son espectaculares. Se han incrementado un 791 por ciento las actuaciones policiales de represión a la piratería, con más de 4.400 intervenciones, 4.000 personas detenidas, 435.000 películas intervenidas, 2.044 grabadoras y 32.000 copias de videojuegos. Y esta no es la única solución. Entiendo que lo que plantea la diputada señora Barkos es muy claro. En primer lugar, una campaña, no de represión, sino de sensibilización. Tenemos que explicárselo a los ciudadanos y ciudadanas de este país, como lo hicimos en una época con el tema de los impuestos.
Este era un país en el que no pagar impuestos formaba parte de la habilidad y de la inteligencia de los ciudadanos. Les convencimos de que esta era una actitud insolidaria y no de buenos ciudadanos, y lo hemos conseguido. Hay todavía fraude fiscal, pero España, en los últimos veinticinco años, ha cambiado radicalmente en este aspecto y en estos momentos un evasor fiscal es una persona sin premio social.


Es posible hacer lo mismo en este terreno, como decía muy bien antes la señora diputada, hemos de convencer de lo que significa piratear música.
Estamos perjudicando la creación, estamos perjudicando a los autores, estamos poniendo dificultades a esta creación tan difícil, hecha en lenguas digamos no mayoritarias. Si no ayudamos a estos creadores, se genera una desmoralización y una imposibilidad de seguir creando y de seguir manteniendo unas culturas plurales que hacen más rico el país donde vivimos. Sus propuestas son muy claras y muy concretas y repito que tendrán nuestro apoyo. Un fondo para la promoción de la creación musical y audiovisual, un régimen fiscal adecuado, un fondo que permita que en este país se haga cine. Esto lo hemos conseguido; el problema es que estamos ayudando a directores y productores a hacer la película, pero, cuando está hecha, queda un problema importantísimo, que es promocionarla, conseguir copias y distribuirla. Y aquí nos perdemos, con excepciones que confirman la regla. El gran esfuerzo lo hemos de hacer en la promoción, tanto en el cine como en la música. Es importantísimo que esta promoción ayude a la bajada de los costes, porque con ello haremos que la oferta pirata y la legal se acerquen. Es necesario asimismo un plan claro de promoción de esta creación musical y audiovisual en todas las lenguas de este país, que permita a estos creadores que sigan teniendo incentivos para que sigan creando en sus lenguas. Repito que cada vez que perdemos un creador, perdemos una oportunidad de demostrar que la riqueza cultural pasa por esta diversidad.


Hay otro punto que me parece muy importante. La tecnología ha de ayudarnos a superar este tema. Es posible establecer sistemas tecnológicos que protejan esta propiedad intelectual de los creadores. Otro aspecto estratégicamente muy importante es implementar estas tecnologías.
Finalmente, hay otro aspecto que me parece muy positivo: la promoción, tanto interior como exterior. La diputada, en el punto 5, plantea la colaboración de los medios de comunicación y el establecimiento de una cosa que da un cierto miedo, pero que tengo que decir que en Cataluña se ha hecho y que funciona. Hay cuotas musicales. Y no pasa nada; lo hacen las públicas y las privadas, y repito que no pasa nada. Lo está haciendo Francia desde hace muchos años, está estableciendo cuotas del 40 por ciento. En Cataluña estamos en el 25 por ciento. Cuesta, puede haber reparos, puede haber dificultades, pero es posible y es otro elemento determinante. En este momento estamos en un debate muy importante sobre qué debe hacer la televisión pública en este país. Ha de hacer muchas cosas, pero una cosa es muy clara: la televisión y la radio pública de este país ha de fomentar la difusión de la creación musical y del cine que se hace en este país. No tiene sentido que en España se hagan 130 películas y que tengan una gran dificultad para estrenarse en sala; pero es que tienen también dificultad para difundirse en las televisiones públicas. Entiendo que una función clara que deben hacer los medios públicos en España es fomentar la difusión del cine, apoyando su

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distribución en sala y apoyando su distribución y su exhibición en las pantallas. Estos son los grandes retos en un nivel interior; además, hay que fomentar la promoción exterior.


Señora diputada, tendrá soporte. Me parecen seis iniciativas absolutamente razonables, que no resolverán el problema, pero que lo atacan, considerando toda la amplitud y toda la dificultad que tiene. Enhorabuena por su propuesta, que, repito, tendrá nuestro soporte.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vilajoana.


Corresponde a la señora Barkos ahora señalar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas por otros grupos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, supongo que tendremos tiempo de poder consensuar con los dos grupos proponentes de enmiendas la posibilidad de una transaccional. Decidiríamos antes de la votación.


El señor PRESIDENTE: Pero que llegue antes de la votación, porque créame que a veces a la Presidencia le llegan los papeles volando segundos antes de votar y así es muy difícil organizar las votaciones.


La señora BARKOS BERRUEZO: Perfectamente, presidente.


El señor PRESIDENTE: Por favor, envíenla por escrito.


La señora BARKOS BERRUEZO: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LOS EJES QUE CONFIGURARÁN LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO. (Número de expediente 173/000057.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los ejes que configurarán la reforma del mercado de trabajo.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


En el debate del pasado miércoles con el ministro de Trabajo, el ministro y este diputado que interpelaba coincidíamos en que era necesario abordar en esta Cámara la preocupación de muchísimas de las familias españolas, esas familias con personas paradas, esas familias con jóvenes con empleo precario, esas familias con incertidumbre de cara a su futuro respecto al mantenimiento de su puesto de trabajo. Pensábamos también que era necesario lanzar un mensaje de tranquilidad al mundo empresarial, a las empresas, sobre la apuesta que en esta legislatura íbamos a hacer para liderar la mejora de la productividad de nuestro sistema de empresas a través de la introducción de la flexibilidad interna y externa que necesitan para ser competitivas. Entendíamos asimismo que el conjunto de la sociedad estaba reclamando una política de reforma del mercado de trabajo que garantizase la continuidad en la creación de empleo, la continuidad de la disminución de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, en la convicción de que la cohesión y el bienestar social de una sociedad tan solo se garantizan con la existencia de empleo.
Anunciábamos, y así lo hemos hecho, que íbamos a traer a esta Cámara una moción suficientemente amplia, respetuosa y rigurosa con el proceso de diálogo social que se iniciaba justo este lunes, una moción en la que fuese posible que esta Cámara se pusiese de acuerdo en las grandes líneas, en las grandes cuestiones que se debían abordar en este proceso, una moción que fuese compatible con el diálogo social, que respetase el papel de unos y otros respetando el papel de los agentes sociales, pero respetando también el papel que tiene esta Cámara como expresión de la soberanía popular. Así hemos presentado una moción amplia, genérica, que marca las grandes líneas por las que debe discurrir ese diálogo social y que por tanto refuerza ese proceso que está en marcha.


Hay un primer bloque de afirmaciones, de actuaciones que se deben producir en una determinada dirección, sin concretar con precisión las medidas que se vayan a aplicar, siguiendo las siguientes líneas maestras: fomento del empleo y de la contratación indefinida, revisión del actual sistema de bonificaciones, desarrollo de la legislación existente en el marco europeo para combatir el abuso de la temporalidad, necesidad de aumentar las oportunidades de empleo y de facilitar la movilidad laboral reforzando las políticas de formación continua y teniendo en cuenta la obligación de cumplir la correspondiente sentencia del Tribunal Constitucional, apoyo al desarrollo del Convenio 181 de la Organización Internacional del Trabajo para fomentar una mayor participación del sector privado en la mediación y en la inserción laboral y hacer que la negociación colectiva sea un buen instrumento para resolver las situaciones de regulación de empleo en momentos de crisis. Hay otro bloque, que se refiere a la conciliación de la vida familiar y laboral, que pone especial énfasis en la necesidad de fomentar la contratación a tiempo parcial incrementando al mismo tiempo los servicios que las empresas pueden facilitar a sus trabajadores por medio de la negociación colectiva.


La moción era coherente con el debate que habíamos sostenido con el ministro y con la fotografía que hacía el grupo de expertos en estos temas. Además, la moción fue fruto del diálogo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) había sostenido con el Gobierno antes, durante y después de la interpelación.


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El texto que mi grupo somete hoy a la consideración de esta Cámara es el texto que acordó en su totalidad con el Gobierno el pasado jueves, que responde a nuestra convicción -que ya expresamos en el debate- de que hay que actuar con lealtad en esta materia. En la interpelación y en esta moción Convergència i Unió no ha llevado a cabo ninguna actuación que no conociera el Gobierno de España previamente; antes, durante y después del debate, dialogamos con el Gobierno, como digo. Hasta el lunes por la tarde, estábamos convencidos de que la moción contaría con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista; así se desprendía de la conversación que mantuvimos con el portavoz de dicho grupo. Sin embargo, hoy, de manera sorprendente, nos encontramos con una enmienda, avalada por otros dos grupos. Mi grupo entiende perfectamente que esos dos grupos apoyen la enmienda, porque no habíamos dialogado con ellos; lo sorprendente es que el Grupo Parlamentario Socialista presente una enmienda que entra en absoluta contradicción con lo que habíamos venido hablando con el Gobierno hasta el mismo lunes.


Es evidente que no podemos aceptar esa enmienda, no podemos ir contra nuestros actos, no podemos ir contra lo que hablamos con el Gobierno durante toda la semana pasada. Nos parece que hay un problema grave de descoordinación entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno, nos parece que el Gobierno y el Grupo Socialista no hablan, lo que permitiría que alcanzásemos hoy un acuerdo en esta materia. Nos parece que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene las ideas claras que le permitan acometer la reforma profunda que necesita nuestro mercado de trabajo. Hoy, el Grupo Parlamentario Socialista lanza un mensaje negativo a la sociedad: es incapaz de gestionar en sede parlamentaria un acuerdo que refuerce los acuerdos sociales en materia de reforma laboral. Es un mal mensaje para las empresas, para los trabajadores y para las familias.
Espero que en ocasiones sucesivas lo hagan mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


El objeto de la enmienda que ha formulado mi grupo y que paso a fundamentar parte de la idoneidad de la iniciativa de Convergència i Unió y trata de mejorarla. La moción sobre los ejes que configuran la reforma del mercado laboral tiene por nuestra parte cuatro puntos que pensamos que pueden contribuir a enriquecer la propuesta que formula a la Cámara en el día de hoy Convergència i Unió. La primera cuestión se refiere a cuándo se regulan las ayudas, las oportunidades de empleo y la mejora de la calidad del empleo referida al colectivo de desempleados. Nos ha parecido oportuno ampliar el ámbito de aplicación que se formula en la moción a aquellos colectivos de parados de larga duración y mayores de 45 años que se ven en muchas ocasiones con enormes problemas para su inserción laboral y para acabar sus carreras cotizantes y por tanto los derechos pasivos de jubilación que en su momento puedan tener.


Nos parece que está bien y que es imprescindible el apoyo a los discapacitados, a las mujeres y a los jóvenes, pero también se deben incluir estos dos colectivos que acabo de mencionar. En segundo término, hemos querido dejar todavía más claro, aunque el proponente lo ha expresado en la tribuna con total claridad, que la moción se refiere a mandatar al Gobierno que lleve al seno del diálogo social y ponga encima de la mesa una serie de propuestas que a nosotros nos parece necesario que se debatan y a ser posible que se acuerden. Nosotros hablamos de que se sometan a la consideración y en su caso al consenso con los interlocutores sociales; pretendemos no poner un corsé pero sí que el Gobierno lleve allí cuestiones que puedan ser dialogadas y acordadas.
Desde esa perspectiva, hemos pretendido enriquecer la propuesta en el sentido de llevar más adelante -esta es la tercera cuestión- planteamientos para su debate y que se llegue hasta donde se estime oportuno la cuestión relativa a los costes extintivos de la contratación y su eventual equilibrio o convergencia como posible medida -no estamos prejuzgando- que limite la temporalidad o que la reduzca, como estamos todos deseando. Nos parecía pertinente, y así lo hemos dicho en nuestra enmienda, que haya un seguimiento específico y que en su caso se planteen reformas legales para el nicho donde está creciendo la temporalidad en nuestro mercado laboral, que es ni más ni menos que en las administraciones públicas. Habrá que actuar de una forma concreta y determinada en este foco de temporalidad que son las propias administraciones públicas, según los informes, fundamentalmente las locales y autonómicas. Nos parece que este es un tema que no se puede rechazar.


En cuarto lugar, nos parecía oportuno que se estableciera un nuevo apartado, numerado igualmente como cuarto, por el cual, aparte de los hechos concretos que la moción plantea y que el Gobierno debe plantear en la mesa del diálogo social, el Gobierno adopte medidas macroeconómicas en orden al incremento de la competitividad, que es un elemento sustancial e indispensable para la creación de empleo y para la mejora y obtención de mayores calidades en el mismo. Nos parece que hay que fomentar el asociacionismo empresarial, que hay que promover la internacionalización de nuestras empresas, que hay que actuar con dotaciones presupuestarias que avalen todo esto, que hay que generar marcos fiscales competitivos y que hay que seguir con los procesos desregulatorios. Sé que en esta materia el Gobierno ha anunciado muchas cosas, pero hoy mismo un periódico nos lo recuerda y dice: Bruselas exige a

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España la liberalización urgente de los mercados del gas y de la luz; si en dos meses Madrid no adopta medidas, puede llevarse a nuestro Gobierno al Tribunal de Justicia Europeo. Nos parece que la iniciativa de Convergència i Unió es idónea, pero creemos que sería mucho más rica y que no perturbaría ni perjudicaría en absoluto el respeto que el señor Campuzano pedía para las competencias y funciones del diálogo social pero también para las responsabilidades y competencias de los grupos en la Cámara y de los partidos políticos como tales. Con ello enriquecemos y mejoramos de forma importante un texto que de otro modo puede quedar en la órbita de declaraciones de principios y nos parece que tenemos la oportunidad de que se avance un poco más. En todo caso, si el grupo proponente acepta nuestra enmienda, estaremos muy agradecidos y consideraremos que hemos avanzado. Si no, por las razones que he expuesto, no quedará mejorado el texto pero tampoco nos vamos oponer.


En cuanto a lo que ha expuesto el señor Campuzano, nosotros desconocíamos el iter negociador que ha mantenido con el Gobierno y evidentemente entendemos la oposición que ha manifestado, su enfado, entre comillas, y su oposición a ese mal discurrir, pero no tenemos nada más que decir que cuando hemos pactado con Convergència i Unió desde el Gobierno o desde el grupo al que represento, cuando este diputado, en las competencias que ha ostentado, ha dado su palabra -el señor Campuzano lo sabe y el resto de los grupos de la Cámara también-, la ha cumplido.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiroz.


A continuación existe un bloque de enmiendas que han sido firmadas por tres grupos. En primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.


El señor MEMBRADO GINER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta hoy una moción sobre los ejes que deben configurar la reforma del mercado de trabajo. Al margen de que hay elementos en esa moción que nos parece que se pueden asumir perfectamente, sí me gustaría hacer algunas consideraciones sobre lo planteado y también sobre varias apreciaciones contenidas en la propia moción que nos llevan a anunciar nuestro rechazo a la misma. En primer lugar debo decirle, señoría, que la reforma del mercado de trabajo es prioritaria para el Gobierno, así consta en su campaña electoral y en su programa electoral, donde marcada y claramente se decía que era necesario hacer una reforma del mercado de trabajo con un cambio en la ordenación jurídica y en el proceso de contratación. Pero hay más. Además de ser un planteamiento del programa electoral, en el discurso de investidura del presidente Rodríguez Zapatero se planteó este tema como un tema fundamental de la política del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de la política del Gobierno. En la comparecencia del ministro Caldera el 18 de mayo también se presentó esta cuestión como un elemento vital de cara a los meses siguientes. El compromiso del ministro en hacer un libro blanco sobre los temas relacionados con el mercado de trabajo se ha cumplido a 31 de enero. Por tanto, señor Campuzano, esta es una cuestión que está dentro de las prioridades del Gobierno, que está comprometido con ella motu proprio y no es necesario instarle sistemáticamente a ello.
Es una cuestión, además, que el Gobierno tiene la idea clara de que tiene que ir evolucionando conforme a los compromisos y a sus prioridades. Esto es fruto del convencimiento del compromiso que tiene con el conjunto de la sociedad y nunca del oportunismo del momento. Es un compromiso claro de este Gobierno porque hay una idea clara en este Gobierno: que es preciso reformar el mercado de trabajo, pero es preciso reformarlo dentro del diálogo social y con el acuerdo de las partes.


Señoría, ayer se constituyó la mesa donde se tiene que negociar por parte de los agentes económicos y sociales y el Gobierno la reforma posible del mercado de trabajo y ayer mismo se avanzó sustancialmente en trazar una línea de trabajo que para nosotros es fundamental. Ayer, señoría, se debatía esto en la mesa y de ahí que deba felicitarle por su oportunidad de presentar hoy esto aquí. Pero, es más, usted sabe también que si queremos que la mesa del diálogo social evolucione positivamente, llegue a acuerdos, trabaje los temas, no es bueno manosearla sistemáticamente y mucho menos manosearla desde aquí y desde los medios de comunicación, porque la patrimonialización de esos acuerdos, la patrimonialización de esos diálogos es imposible que la sustente en solitario ni el Gobierno ni ninguna fuerza política. Si hay acuerdos, señoría, serán acuerdos del conjunto de las fuerzas sociales, de las fuerzas políticas y del Gobierno. Si hay desacuerdo, desgraciadamente, sabemos que será responsabilidad -ustedes se la achacarán- seguramente del Gobierno. Vamos a dejar que las cosas sigan su ritmo, vamos a dejar que las cosas vayan por su cauce, porque en estos momentos hay un hecho que está claro: la reforma del mercado de trabajo que se puede enfocar este año es sustancialmente distinta de la de etapas anteriores. No tenemos la presión de la elevada tasa de desocupación, no tenemos en estos momentos una necesidad inmediata de resolver un problema de empleabilidad y sin embargo tenemos que el Estatuto de los Trabajadores lleva 25 años aplicándose y practicándose con innumerables reformas. Con ese bagaje podemos hacer una reforma del mercado laboral que tenga perspectivas de futuro y que se enmarque dentro de lo que es el actual marco de la sociedad competitiva, globalizada, con nuevos factores y con nuevos integrantes del mercado de trabajo. Para hacer eso necesitamos el consenso de las partes fundamentales, que son los trabajadores y los empresarios, y por eso a nosotros nos parece más importante en este momento el continente de la moción que usted presenta que su contenido.
El problema de rechazo a su moción,

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señor Campuzano, no está determinado por lo que dice la misma; es por el oportunismo que traslada a este Parlamento y al conjunto de la sociedad.
El oportunismo es bueno para un día, pero puede ser malo para el futuro y el oportunismo de su moción tiene elementos negativos desde el momento en que traslada a los medios de comunicación imágenes que pueden torpedear el diálogo social.


Señor Campuzano, este titular no beneficia el diálogo social, este titular perjudica el diálogo social, porque indudablemente el Gobierno no ha pactado con CiU las bases de la nueva reforma laboral, el Gobierno tiene que pactar las bases de la nueva reforma laboral con todos los grupos parlamentarios, con las fuerzas políticas y con las fuerzas económicas del país, no con usted, lo tendrá que hacer con todos. Nosotros consideramos que esta moción es inadecuada, es improcedente y es inoportuna. Por eso la rechazamos. Hemos presentado una alternativa, una enmienda en la cual definimos por dónde deben ir elementos tan claros como sustanciales, reformas escasísimas del mercado de trabajo, pero sobre todo que tiene un objetivo: avalar a los negociadores, avalarnos, para que vayan avanzando y que nos den algún día la buena noticia de que hay un acuerdo sobre la reforma del mercado de trabajo pactado por todas las partes y que indudablemente responde a los intereses del conjunto de la sociedad. Esta es la razón. Aquí no hay discrepancias entre el partido que sustenta al Gobierno, entre el grupo parlamentario y el Gobierno. No.
Esos son argumentos zafios que no hacen en estos momentos nada, que no sirven para construir, esas son justificaciones vanas que usted utiliza para argumentar las bases sobre las cuales está montando su propia moción. No. El Gobierno y el grupo parlamentario están perfectamente en sintonía y cohesionados con este planteamiento. Lo fundamental es que el Gobierno siga avanzando en la mesa de negociación, que se perturbe lo menos posible y que sobre todo dentro de muy poco nos puedan traer una propuesta de modificación del mercado de trabajo a esta Cámara que podamos apoyar todos. Para eso hay que perder oportunismo y hay que ganar en sinceridad. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Membrado.


Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.


El señor TARDÁ I COMA: Señor presidente, para el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el contenido de la interpelación presentada por el diputado de Convergència i Unió, Carles Campuzano, se enmarca dentro de los parámetros compartidos con la mayoría de grupos parlamentarios de esta Cámara respecto a las necesarias actuaciones en el ámbito de las relaciones de mercado laborales. De igual manera, coincidimos básicamente con el ministro Caldera tanto por lo que tuvo a bien manifestar en la sesión del pasado miércoles como en los parámetros de actuación de su ministerio. Ciertamente, nos hallamos comprometidos todos en la resolución de un reto de gran calado: reformar el mercado de trabajo y modernizarlo todavía más con soluciones que atiendan directamente a las necesidades de focalizar la creación de empleo, con especial interés en el ámbito de las mujeres y los jóvenes y paralelamente mejorar su calidad, conseguir empleo estable que debe llevar aparejado el incrementar las políticas de formación y atajar la creciente temporalidad en el empleo. Si bien en términos generales la moción de Convergència i Unió podría merecer nuestro voto afirmativo, optamos por mantener la coherencia ya manifestada en otras ocasiones de supeditar nuestro posicionamiento a la evolución de los trabajos de la mesa del diálogo social. De hecho, durante la interpelación nos sorprendió que el ministro no hiciera mención a esta variable, que es la opción que creíamos ilustraba y guiaba la actuación del grupo mayoritario de la Cámara y, en consecuencia, del Gobierno. Es más, durante el transcurso de la interpelación diputado y ministro, ministro y diputado, el uno y el otro no dejaron de alabarse y de calificarse recíprocamente de muy interesantes sus planteamientos y propuestas. Por ello no acabamos de entender algunas noticias aparecidas en los medios de comunicación de ayer mismo, que anunciaban a toda plana que Gobierno y Convergència i Unió habían acordado los límites y alcance de la reforma laboral.
Desconcierto, máxime si hubiera responsabilidades del Grupo Socialista en la información si tenemos en cuenta que creíamos que el criterio del Grupo Socialista respondía a la tesitura de facilitar el trabajo de la mesa del diálogo social de búsqueda de consenso por parte de los agentes sociales iniciado este lunes pasado.


Nuestra posición, pues, sigue siendo la misma que ya defendimos en otra ocasión en que retiramos una proposición que afectaba al Estatuto de los Trabajadores para no anticiparnos a los resultados de una negociación tan importante como es la del diálogo social, todo ello con la finalidad de alcanzar el objetivo ya mencionado: garantizar un crecimiento económico equilibrado y permanente fundamentado en la mejora de la competitividad de las empresas y el incremento de la producción, alejándolo de una posible incompatibilidad con el incremento de la protección social. Es evidente que debemos hacer más atractivo el empleo estable, el contrato indefinido y menos atractivo el contrato temporal, abusivo, que no responde a la causalidad de esta figura jurídica.


Déjenme apuntar algunos temas que no salieron en la intervención de uno y de otro, que considero que deben estar encima de la mesa y en nuestra predisposición. Primero, priorizar las políticas específicas para los colectivos de trabajadores que por razones de edad tienen dificultades de inserción laboral. Segundo, intensificar la idea de que flexibilidad nunca debe ser antagónico a seguridad. Tercero, voluntad de imprimir a las políticas de superación de los riesgos laborales medidas que vayan más allá de las estrictamente normativas.


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De hecho, hace tan solo pocos días tratábamos con el ministro Caldera en la Comisión de Trabajo y demandábamos una absoluta complicidad entre las administraciones en el ámbito de la fiscalización y la acción preventiva de los cuerpos técnicos. Cuarto, ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional referidas a la formación continua. Quinto, abandonar las ideas que desconocen que la negociación colectiva se da en un marco desconcentrado, puesto que en el Estado no existe un solo mercado de trabajo. A nadie se le escapa que en esto también el Estado español es multiforme. En aras de la coherencia perseguida, optamos por esperar los resultados de la mesa del diálogo social. Entendemos que es una buena medida y, en consecuencia, presentamos un texto alternativo de sustitución, suscrito por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por nosotros mismos, en el que de forma muy genérica se aboga por alcanzar un aumento del empleo, así como un incremento de su calidad y la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo con el objetivo de alcanzar el máximo de complicidades con todas las fuerzas políticas, con el Gobierno y con los agentes sociales. A estos últimos se les insta a ser exigentes en su trabajo, porque es una demanda de la sociedad y de esta Cámara.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.


A continuación en el mismo bloque de enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Pérez.


El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, todas las medidas que sobre el mercado de trabajo se han aplicado en el pasado, sin considerar a los agentes sociales, han cosechado un rotundo fracaso y han incorporado una conflictividad en el mercado de trabajo en España que evidentemente no era necesaria. En nuestra opinión, la reforma del mercado de trabajo español debe abordarse en el marco del diálogo social y esto no excluye ni otros debates ni otras instancias, pero sí establece una referencia central para el proceso.


Para Izquierda Unida este proceso de diálogo social debe considerar tres temas centrales: la reforma del mercado de trabajo, el sistema de pensiones y la política de atención a las personas en situación de dependencia. Los datos del empleo en el mes pasado no parecen alentadores. El desempleo se reduce de forma cada vez más lenta, otros meses de febrero de años anteriores ha descendido hasta el triple de lo que lo hizo este año; se concentra, especialmente, en las mujeres y el empleo sigue siendo de mala calidad. La reducción del desempleo se ha producido especialmente en el sector de la construcción, disminuyendo hasta un 63 por ciento, lo que induce a creer dos cosas: que el modelo productivo no cambia y que aumenta el riesgo de incremento del paro en un plazo medio, dadas las características de inestabilidad del sector. Pero si hay algo importante que merece reseñarse una vez más es que el modelo de bajos salarios y de baja productividad ha dejado de dar frutos relevantes y muestra agotamiento. Los problemas reales del mercado de trabajo son las bajas tasas de actividad y las altas tasas de paro, que son las responsables a su vez de la baja calidad del empleo, de la temporalidad, de la siniestralidad y de la baja productividad. El paro afecta especialmente a las mujeres y a los jóvenes. En comparación con la Europa de los Quince, mientras los hombres españoles tienen la misma tasa de actividad y de empleo que los europeos, las mujeres españolas tienen una tasa de actividad inferior en 7 puntos; más de la mitad de los contratados tienen menos de 30 años y del total del empleo temporal, el 63 por ciento se sitúa en la Administración pública y en el sector de la construcción. Evidentemente predicar con el ejemplo es una frase hecha que, en esta ocasión, viene al dedillo. Otro foco de empleo temporal con más de 4 millones de nuevos trabajadores, la mayoría procedentes de la inmigración, trabajan en la hostelería y en el sector servicios. En cuanto al empleo a tiempo parcial lo realizan fundamentalmente mujeres y su uso es escaso, pues solo se utiliza en un 8 por ciento de los contratos.


Señorías, aumentar la productividad requiere más inversión productiva.
Ante esta situación del mercado de trabajo en la que el 40 por ciento del incremento de la ocupación se ha concentrado en la construcción, empleo doméstico y servicios, consideramos que se necesitan medidas que actúen sobre la globalidad en relación con el mercado de trabajo y no solo en lo puntual. El conjunto de medidas que se pongan en marcha tendrá que actuar sobre la diversidad del mercado de trabajo y no basta hablar de reformar el Estatuto de los Trabajadores ni de abaratar el despido. La moción de Convergència i Unió plantea medidas conocidas, algunas perfectamente asumibles, pero hay un fondo conocido que no es nuevo, que no es original y que, desde luego, no ha sido exitoso. Para nosotros -no le miento, señor Campuzano- es de continente y de contenido. Para nosotros, insistir en el margen de ajuste de las plantillas, planteándolo como si fuera un beneficio por igual para trabajadores y empresarios o en la intervención privada en la intermediación laboral, son cuestiones que nos han traído a esta situación del mercado laboral, entre otras. La flexibilidad y la desregulación no son políticas que hayan producido ni estabilidad ni calidad en el empleo ni productividad, sino más bien todo lo contrario. Y en este caso los datos no admiten dosis de libre interpretación.


Señorías, la moción insiste en fórmulas gastadas, que son responsables de la situación actual. Nos intranquiliza esa no oposición del partido que sustenta al Gobierno cuando manifiesta en esta tribuna que no tiene grandes problemas de contenido con su propuesta. Por todo ello, nuestro voto no podía ser favorable. No renunciamos a impulsar el diálogo con propuestas,

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pero intentaremos no insistir en lo fracasado. De ahí la transaccional, que da un compás de espera y que cuando menos no empeora las cosas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez.


Señor Campuzano, usted determinará si acepta o rechaza.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo, valorando positivamente la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Popular, no la puede aceptar.
Queremos evidenciar ante la Cámara que el texto que se va a votar por parte del Grupo Parlamentario Socialista para ser rechazado es el que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acordó con el Gobierno.
Quien contradice sus posiciones iniciales no somos nosotros sino otros.
Por consiguiente, para permitir...


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, no reabra el debate porque si no me veré obligado a dar la palabra a quien está contradiciendo. Dígame si acepta o no e ilumínelo con algunas palabras, pero no reabra el debate.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: No podemos aceptar esa enmienda del Partido Popular, aunque lo podríamos hacer en otras condiciones, y evidentemente nos es imposible aceptar la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de grupos enmendantes.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CATÁSTROFE DEL BARRIO DEL CARMEL DE BARCELONA. (Número de expediente 173/000058.)

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7, moción relativa a la política del Gobierno en relación con la catástrofe del barrio del Carmel de Barcelona, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, han transcurrido 50 días desde que una catástrofe en el barrio del Carmel de Barcelona produjo, como estamos viendo, una crisis política de consecuencias imprevisibles y, lo que es más importante y grave, que más de mil personas, hoy ya cerca de 1.100, perdieran su domicilio habitual o no pudieran seguir viviendo en sus hogares y que lleven 50 días desplazados de su vivienda habitual. Una convulsión económica y social en ese barrio perfectamente entendible, que ha llevado a que la actividad económica y comercial, en general, se haya visto notablemente deteriorada y que la catástrofe del barrio del Carmel esté en primera línea y en portada de los medios de comunicación a lo largo de todos estos días. Las fuerzas políticas y las instituciones -tanto en Barcelona, como en Cataluña y aquí- hemos actuado en el ámbito de nuestras respectivas responsabilidades y competencias, pero, señorías, no creo que el Congreso de los Diputados pueda sentirse orgulloso, a juzgar por lo que ha aprobado, porque no ha aprobado nada. No será porque algunos grupos parlamentarios no lo hayamos intentado -y hoy lo volvemos a intentar-, pero lo cierto es que alguna competencia tendrá el Gobierno de España cuando el presidente del Gobierno visitó el barrio de El Carmel -que no la zona afectada- el pasado 9 de febrero. Teniendo el Congreso de los Diputados por misión controlar e impulsar la acción del Gobierno y siendo así que el propio Gobierno ha reconocido que allí se ha producido una situación catastrófica, este Congreso de los Diputados no ha aprobado nada. Como se ha dicho muchas veces -opinión que, lógicamente, el Grupo Popular comparte-, lo que es especialmente importante para una parte del territorio nacional lo es para el conjunto del Estado y habiéndose visto efectivamente aplicado el principio de la solidaridad interterritorial y de la solidaridad personal de una manera muy especial -porque hay un grupo de ciudadanos, de compatriotas que están pasándolo muy mal-, este Congreso de los Diputados, repito, no ha aprobado nada.


Hoy los grupos parlamentarios y los diputados que el pasado día 22 de febrero consideraron que no había que aprobar esas medidas contempladas en una proposición no de ley tienen la ocasión de rectificar. El tiempo transcurrido desde aquel día ha dado la razón a los 155 diputados de este Pleno que apoyamos aquella proposición no de ley porque desde entonces se han producido dos iniciativas políticas en el ámbito del Gobierno y del Parlamento de Cataluña que han venido a confirmar la bondad de las iniciativas que nosotros planteamos aquí el 22 de febrero. Una, en el ámbito del Gobierno: la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 28 de febrero pasado -es decir, seis días después del debate que mantuvimos aquí- de una orden del Ministerio del Interior que establece unas ayudas y subvenciones directas a personas para compensarles por los daños y para cubrir las necesidades derivadas de una situación que esa orden califica de emergencia, catástrofe o calamidad pública. Si estamos en presencia de una situación que el propio Gobierno en la orden del Ministerio del Interior califica de calamidad pública, emergencia o catástrofe, parece razonable que el Congreso de los Diputados algo apruebe, además de debatir.


Reitero que la primera petición que nosotros planteábamos entonces y que hoy volvemos a reiterar es que se declare zona catastrófica al barrio de El Carmel, como

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definición jurídica a partir de la cual se pueden implementar con eficacia una serie de medidas que defendimos entonces y reiteramos hoy. Esa es la segunda novedad producida desde el 22 de febrero, la petición por unanimidad del Parlamento de Cataluña de esa declaración. Tengo aquí la resolución del Parlamento de Cataluña de 25 de febrero pasado -es decir, tres días después del debate mantenido aquí- en la que literalmente pide cosas que nosotros habíamos pedido tres días antes. Podrán ver ustedes esa resolución aprobada por unanimidad de la Cámara autonómica catalana, traducida literalmente del catalán, en la moción que hoy les planteamos para su consideración. Entre las peticiones está que se negocie con el Gobierno del Estado y con entidades financieras una moratoria de intereses y amortizaciones de créditos para todas las hipotecas vinculadas a los vecinos de El Carmel afectados. Esto lo pide literalmente el Parlamento de Cataluña. Se lo habíamos pedido nosotros el día 22 y lo reiteramos hoy otra vez. Reclama el Parlamento de Cataluña que se negocie con el Gobierno del Estado la obtención de recursos complementarios a las medidas adoptadas por el Gobierno de Cataluña de paliación de los daños ocasionados por el accidente de las obras de la línea 5 de metro en el barrio de El Carmel. Pide el Parlamento de Cataluña -y lo pedíamos nosotros antes que el Parlamento de Cataluña y hoy lo volvemos a reiterar para que si, lo desean, tengan ustedes ocasión de rectificar- al Gobierno del Estado la adopción de medidas de carácter fiscal y laboral, que no sean competencia de la Generalitat de Catalunya, destinadas a los afectados por los efectos del derrumbamiento del túnel como, por ejemplo, considerar exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas las ayudas concedidas -como las concedidas por el Ministerio del Interior- y las que se concederán en el futuro, así como establecer condiciones especiales para los expedientes de regulación de empleo que se puedan tramitar como consecuencia de los efectos derivados del derrumbe. Así sucesivamente: iniciar de manera urgente conversaciones con el Gobierno del Estado para que incorpore... Todo esto lo pedía el Parlamento de Cataluña el pasado día 25, no voy a decir que copiando lo que nosotros tres días antes habíamos hecho; en todo caso, me felicito de que coincidiéramos. Insisto en que sería muy difícilmente justificable que las mismas fuerzas políticas del tripartito que apoyan al Gobierno de España y que tienen mayoría en el Parlamento de Cataluña, que a través de este último han pedido al Gobierno de la Generalitat que consiga esto del Gobierno del Estado, no digan que sí ahora a lo que el Parlamento de Cataluña ha solicitado. Por otra parte, permitamos que el Congreso de los Diputados manifieste no solo con palabras sino también con hechos, con resoluciones, nuestra solidaridad con los afectados del barrio del Carmel de Cataluña e incluso, si me lo permiten, la solidaridad institucional.
El Parlamento de Cataluña ha pedido al Gobierno de la Generalitat que plantee estas iniciativas. Nosotros en lógica correspondencia, en el ámbito de nuestras competencias, recogemos el guante y le decimos al Gobierno de España que adopte estas medidas también. Señorías, es lo mínimo que se puede pedir cuando han transcurrido, como les decía al comienzo de mi intervención, 50 días, que en principio pueden ser muchos más -se habla de meses-, y no quiero ni pensar que en la historia política de lo que está pasando lo único que quede es esa polémica del 3 por ciento, una comisión de investigación, y no queden medidas concretas adoptadas en el Parlamento, en el ámbito de las competencias que el Estado tiene atribuidas en el sentido del artículo 149 de la Constitución, para hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial, de solidaridad institucional y de solidaridad personal.


Como Grupo Popular -y con esto concluyo, señor presidente- habremos hecho frente a nuestras responsabilidades y a nuestras obligaciones. Estoy seguro de que muchos diputados y varios grupos parlamentarios que están presentes en esta Cámara van a reiterar su voto afirmativo del pasado día 22. Yo espero que los diputados del tripartito catalán -los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Socialista- no pasen a la historia como grupos parlamentarios que, por encima de la solidaridad debida en cualquier caso a los vecinos y afectados del Carmel, e inclusive la solidaridad al Parlamento de Cataluña y al Gobierno de la Generalitat en su petición al Gobierno del Estado y a esta Cámara, hayan antepuesto algunas mezquindades o miserias que yo no querría que fueran las que afloraran en esta ocasión. Si ustedes rectifican -rectificar es de sabios-, no solo no se lo vamos a reprochar, sino todo lo contrario, pero tengan la seguridad de que si las solidaridades nacionalistas priman por encima de las necesidades de los afectados, se lo reprocharemos y lo que es más importante, la opinión pública catalana de manera especial.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Entramos en el turno de la defensa de las enmiendas. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy este Pleno del Congreso quizá va a perder la oportunidad de aprobar un paquete de medidas del Congreso de los Diputados a favor del barrio del Carmel de la ciudad de Barcelona, de la capital de Cataluña.


El pasado 22 de febrero el portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, defendió la primera proposición no de ley dirigida a encontrar medidas en positivo. En ese debate nuestro grupo aceptó todas las enmiendas que se le presentaban pues se requería un mensaje en positivo, que esta Cámara, sin intentar herir a nadie ni hacer del drama del Carmel un instrumento para criticar a un gobierno o a otro -yo tampoco lo

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haré hoy, no voy a ser crítico en mi exposición hacia la actuación de las administraciones públicas-, tiene que dar un mandato con medidas en positivo. Así lo propuso el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el pasado 22 de febrero. ¿Qué salió de aquel debate? Finalmente, no salió ninguna medida aprobada por la mayoría de esta Cámara.


El Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy otro paquete de medidas con las que podemos estar más o menos de acuerdo, aunque mi grupo tiene serias dudas de que alguna de ellas pueda ser operativa, como es el caso de la creación de un comisionado. Más allá del contenido puntual de las propuestas que podamos enmendar, necesitamos aprobar una propuesta desde el Congreso de los Diputados para el barrio del Carmel, que nosotros ya defendimos el 22 de febrero. Las próximas semanas no habrá Pleno en esta Cámara y habrá pasado más de un mes y medio desde la primera propuesta sin que este Congreso de los Diputados se haya pronunciado a favor de una propuesta articulada de medidas para una situación muy conflictiva que afecta a muchos vecinos que han visto afectado su derecho fundamental a la vivienda. Teniendo en cuenta que el derecho fundamental a la vivienda se ha visto afectado de forma dramática, intentamos buscar medidas en positivo.


¿Cuál es la postura hoy de Convergència i Unió? Es un planteamiento de adición. Nuestra enmienda no quiere censurar ninguna medidas en concreto, sino añadir instrumentos que el texto de la moción presentada hoy por el Grupo Parlamentario Popular no incluye inicialmente. ¿Cuáles son esas medidas que incluimos nosotros, que podemos discutir y que pido se contrasten en la Cámara? Nosotros pedimos una atención especial a las prestaciones por desempleo. Como consecuencia del derrumbamiento del barrio del Carmel va a haber un paro estructural y algunas familias van a ver afectados sus puestos de trabajo. Respecto a los expedientes de regulación que tengan su causa inmediata en el hundimiento del túnel del Carmel de Barcelona -cuantos menos mejor-, nosotros pedimos que la autoridad laboral autorice que el tiempo que estas personas perciban las prestaciones por desempleo no se compute a efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos y que se autorice la percepción de las prestaciones por desempleo, aun cuando carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a las mismas. Por lo tanto, pedimos un trato flexible para favorecer esas prestaciones por desempleo, si estas tuvieran como causa el hundimiento del túnel del Carmel.


Existen otros dos apartados más de nuestra enmienda, que ya habíamos incorporado en nuestra proposición no de ley el pasado 22 de febrero, en la que introducimos aspectos importantes en el pago de hipotecas, en cuanto es una excepción y modificación de la legislación hipotecaria, porque pueden darse problemas concretos que requieran de una solución general. Esta Cámara podría amparar esa solución general.


Termino, señorías, como empecé. No ha habido en mi intervención a crítica alguna a la actuación de ninguna administración pública. No es el momento de criticar, sino de proponer medidas en positivo. Cierto es que, tras un intenso debate, en la última sesión del Parlament de Cataluña se aprobaron medidas en positivo y una serie de propuestas de resolución, algunas de ellas como las que hoy propone mi grupo como enmienda de adición. En congruencia con el mandato que el Parlament de Cataluña nos dio de impulsar medidas en positivo, hoy sería oportuno encontrar un mínimo común denominador en este Pleno que permitiera, tras varios días de conflicto en el Carmel, una moción aprobada por el Pleno. Si no es así, y esto se aprobara en un Pleno posterior, estaremos ya muy lejos de la fecha fatídica del hundimiento de aquel túnel que tantos problemas ha generado a tantas familias.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


¿Turno de fijación de posiciones? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente. Madrid, 10 de marzo de 2005, el Grupo Popular, en una moción consecuencia de interpelación, nos presenta el texto que hoy defendía el señor Fernández Díaz. En la moción del 20 de febrero, el Grupo Popular planteaba una enmienda parecida a lo que presenta hoy y a una proposición no de ley que en esos mismos días presentaba, una enmienda y una proposición no de ley casi idénticas a la moción presentada en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, una postura parecidísima también a la que en su día defendió en el Parlament de Catalunya. Lo cierto es que esto lo han hecho a lo largo de los días, con un intervalo de casi un mes, y algunos dirían que es un ejemplo de coherencia. Yo, más que de coherencia hablaría de que el Partido Popular se ha quedado atrapado en el tiempo. Me recuerda aquella película en la que el actor principal se despertaba, apagaba el despertador y empezaba el día. Al día siguiente, pese a estar en el mismo momento, empezaba a hacer algo distinto, y el tercer día, por supuesto, se salía del guión.
Lo que es insólito es que hoy, a estas alturas, habiendo habido respuesta de las administraciones; habiendo dado el ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya, conjuntamente con el Estado y recurriendo a la Unión Europea, una respuesta como la han dado; habiendo aprobado el Parlament de Catalunya resoluciones como las ha aprobado; habiéndose creado una Comisión de investigación como se ha creado en el Parlament de Catalunya -hay que recordar que cuando algunos estábamos en la oposición, las demandas de comisiones de investigación simplemente caían en saco roto, mientras que hoy grupos que están en el Gobierno lo que hacen es asumir la Comisión de investigación y crearla-, lo que es no

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coherente, sino insólito es continuar pidiendo absolutamente lo mismo como si nada hubiese pasado. La verdad es que a mí me sorprende. Ustedes hablan a veces del partido de los 10 millones de votantes y de la experiencia, sin duda alguna, de Gobierno. La verdad es que con diez millones de votantes y con tanta experiencia de Gobierno, después de tantos días, es increíble que ustedes continúen con lo mismo.


¿Cómo explicar, ante tanta experiencia, que ustedes estén planteando lo mismo? Si ante tantas evidencias ustedes plantean lo mismo es porque seguramente creen que pueden sacar algún rédito. La semana pasada, sin ir más lejos, el portavoz del Grupo Popular decía: Un barrio humilde se hunde; desconociendo por completo la dimensión del drama, desconociendo por completo las dimensiones del problema, desconociendo de forma absoluta el barrio del Carmel y desconociendo por supuesto la respuesta económica, de compromiso económico, de las diferentes administraciones afectadas. Lo cierto es que la moción del Grupo Popular está trufada de iniciativas que ya se están llevando a cabo y de propuestas a las que hoy, desde Cataluña, se está diciendo que no.


Hablan ustedes de zona catastrófica. Pues bien, hoy el ayuntamiento y la Generalitat dicen que no a la zona catastrófica, porque no obedece a causas naturales, como ustedes bien saben, sino a otros motivos. Lo que dicen es que se opta por el área extraordinaria de rehabilitación integral del Carmel y entornos, porque se opta por conseguir recursos de la Administración central del Estado, de la Unión Europea y del compromiso de Generalitat y el ayuntamiento. Ustedes hablan de medidas que se están llevando ya a cabo, medidas de ayuda para las personas afectadas, para las que han perdido su vivienda y para las que van a volver a su casa; medidas en los recibos del IBI; medidas en el pago de hipotecas; medidas en recibos del agua, de la luz y del teléfono; medidas de transporte escolar para aquellos niños que se tienen que trasladar; medidas de correspondencia; medidas de servicio de orientación jurídica para el Colegio de Abogados de Barcelona; medidas de apoyo psicológico; medidas que se multiplican y que se han aprobado en resolución del Parlament de Catalunya. Y la verdad es que nuestro grupo no va a darle precisamente palmaditas en la espalda al Parlament, porque el Parlament lo ha hecho, lo está haciendo y va a continuar haciéndolo. No me quiero extender porque motivos sobran, pero voy a acabar con una frase. Alguien decía: Porque hoy tenemos todos en esta Cámara una gran responsabilidad y es -hasta ahora no lo hemos cumplido- estar a la altura de las circunstancias, que quiere decir evitar hacer partidismo frecuentemente barato y evitar actuar por cálculos electoralistas oportunistas. En una situación como ésta, tenemos que estar a la altura de aquello que nos exigen los ciudadanos y ello quiere decir estar a la altura del rigor, de la serenidad, de la transparencia y evitar determinados espectáculos.
Josep Piqué. Pleno del Carmel en el Parlament de Catalunya.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrera.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Beloki.


El señor BELOKI GUERRRA: Gracias, señor presidente.


Señorías, el pasado día 22 de febrero, tal como ha recordado su representante, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó aquí una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas urgentes de apoyo a los afectados por el hundimiento del túnel del metro en el barrio del Carmel de Barcelona. Nosotros apoyamos aquella proposición no de ley. Mañana hará una semana que el propio Grupo de Convergència i Unió presentaba una pregunta y sobre todo hará una semana que el Grupo Popular presentaba -si no recuerdo mal- ocho preguntas al Gobierno sobre el mismo tema y además este grupo, el Grupo Popular, remataba la jornada parlamentaria presentando una interpelación urgente de la que trae causa la moción que hoy debatimos. Primera consideración de mi grupo ante estos hechos en orden a fijar nuestra posición. Los vecinos barceloneses del Carmel no tendrán queja, podría pensarse, del número de iniciativas políticas que han suscitado los graves hechos ocurridos con sus casas y sus haciendas, por suerte no con sus vidas, entre otros lugares en esta Cámara. Podría pensarse que debieran tener todo menos queja porque ha sido toda una acumulación de iniciativas. La segunda consideración de mi grupo la formulo a modo de pregunta. ¿Y si tuvieran queja justamente de lo contrario, es decir, de una excesiva acumulación de iniciativas? Señorías, el aniversario del 11-M nos ha enseñado, entre otras cosas, que los afectados y las víctimas pueden tener queja de una excesiva acumulación de iniciativas. Todos hemos escuchado a las víctimas un tanto molestas y desde luego nada identificadas con una cierta proliferación de actos y de iniciativas que ellas entendían podían ser más o menos útiles desde la perspectiva de sus promotores, pero escasamente más allá de su buena voluntad, que siempre se presume de verdad para las propias víctimas. Esto nos ha enseñado también el aniversario del 11-M, al menos a mi grupo. Mi grupo tiene la sensación de que algo de esto pudiera estar ocurriendo esta vez con las víctimas del Carmel o de que puede haber cuando menos un riesgo de que ocurra. No sé si la acumulación daña por sí misma, sé que sirve para poco, pero lo cierto es que puede resultar una auténtica sobrecarga innecesaria y perfectamente prescindible y que desde luego clarifica muy poco. Constituye a menudo un elemento más de confusión que de claridad, de despiste más que de orientación precisa y de perderse por el camino que de llegar a ninguna meta.


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Mi grupo manifestó ya con ocasión de la PNL presentada por CiU los criterios con los que a su entender debían abordarse hechos como los del Carmel, criterios establecidos desde diversos puntos de vista. A la hora de fijar nuestra posición, volveré a aquellos criterios. Decía entonces y digo hoy que el debate principal y las medidas que han de tomarse para hacer frente a los hechos ocurridos en el barrio del Carmel de Barcelona disponen de un escenario propio, principal, que debe ser el protagonista indiscutible, que es el escenario formado por las instituciones propias de Cataluña, es el Parlament de Catalunya, es la Generalitat de Catalunya, es el Ayuntamiento de Barcelona y son todas las instituciones catalanas. Al resto de las instituciones, incluida esta Cámara, corresponde actuar, a nuestro entender, de forma colaboradora, de forma solidaria, que no caritativa, nunca bajo un paraguas que pretende ser protector, tampoco con el objetivo de marcar presencia y siempre desde el más estricto respeto interinstitucional. Ese y no otro, decíamos entonces y decimos ahora, debe ser el marco de reflexión y de actuación también de esta Cámara. Al conjunto de las instituciones, y de forma especial a este Parlamento, nos gustaría que los hechos del Carmel le animaran, porque en esa dirección le apelan, a nuestro entender, a debatir, como decíamos entonces y volvemos a decir hoy, sobre la estructura, la configuración y la gestión político-administrativa más idóneas, más eficaces y más eficientes a la hora de hacer frente a situaciones como la que han generado desgracias tales como las del Carmel.


A nosotros nos gustaría, dicho en resumen, una configuración por la que quedara definitivamente claro que es a la Administración catalana, y no a otra, a quien corresponde hacer frente a estas situaciones y que la Administración catalana dispusiera por ello de los medios legales, jurídicos, administrativos, competenciales y económicos que le dieran capacidad de hacerlo. Eso nos gustaría, dijimos entonces y decimos ahora, porque, además de que pueda ser una determinada visión política de las cosas, es la forma más eficaz y más eficiente de hacer frente a situaciones como estas. Nada de esto observamos en la moción presentada por el Grupo Popular, no es esta la filosofía en la que se han asentado, no es su esquema, y para muestra vale el botón del punto 2, donde se crea un comisionado. A nuestro entender, si a algo responde es a una filosofía exactamente contraria a la que nosotros defendemos.


A decir verdad, tampoco estamos seguros de que la gestión que se esté llevando a cabo responda a nuestra forma de ver las cosas. Pongo por caso la gestión de las ayudas que ya han sido establecidas por el Gobierno central y la forma en que se está llevando a cabo. Todo el mundo dice, repetidas veces, que se están haciendo las cosas en coordinación con la Administración catalana o con las distintas administraciones catalanas, y no lo negaremos, aunque no tenemos constancia de ello ni nos sobra fe para creer estas cosas. Porque observamos que, a la hora de la gestión de las mismas, estamos todavía muy lejos de eso que se predica con la misma facilidad con la que después no se practica, que es la famosa Administración única. ¿Qué mejor ocasión que esta, que una de estas, para aplicar esta famosa y tan predicada por todo el mundo Administración única? Pues no, señor. Es el delegado del Gobierno central en la Comunidad de Cataluña quien gestiona las medidas de la Administración central, quien envía unas cartas personales, etcétera. Escuchamos repetidas veces que todo esto se hace en perfecta coordinación. Así se afirma, exactamente igual como se viene afirmando una y otra vez -y termino, señor presidente-, la perfecta coordinación policial que dicen que existe. Se afirma tantas veces como, al día siguiente de esas afirmaciones, se anuncia una nueva iniciativa para mejorar esa coordinación. Y así nos van las cosas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Beloki.


Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señoras diputadas, señores diputados, esta moción subsiguiente a la interpelación del Grupo Popular entra en la fase de un debate agotado, y explicaremos por qué. Las medidas que se están tomando en este momento -y puede ser oportuno para esta Cámara informar de cuál es el último momento- indican que algunos aspectos están mejorando. Es verdad que en estos momentos la situación es grave para más de 1.100 vecinos del barrio del Carmel, que lleva a que un número importante de estas personas aún estén viviendo en hoteles. Esta es una situación grave, no deseable para nadie. Desde la Administración se está trabajando con la hipótesis de que en tres meses los afectados podrán dejar el hotel, una situación nada agradable. Estamos hablando de 1.112 personas afectadas que están cobrando diariamente las dietas que se han habilitado para su manutención; se ha creado un anticipo de indemnización a todas las personas afectadas, que también están cobrándolo; que los 47 comerciantes -uno de los sectores afectados- que han tenido que cerrar su negocio también están cobrando su anticipo cada mes, y estamos entrando en una segunda fase en la que también se está negociando con los comerciantes que han visto mermado su negocio por la situación en que se encuentra el barrio, un anticipo que supone la mitad de lo que cobran los comerciantes que han tenido que cerrar su negocio. Estamos hablando de 34 familias que han perdido la casa, con las que se ha llegado a un acuerdo final de indemnización, con lo cual hay una parte, que podía ser problemática, con la que se ha llegado a un acuerdo. También estamos trabajando en otras direcciones, por ejemplo, el Gobierno catalán está negociando las hipotecas y el suministro básico de luz, gas, agua y teléfono.


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Ha habido también ejemplos positivos, porque a veces se puede tener la sensación de que todo ha sido una negligencia permanente. El día que sucedió el trágico accidente se hundía una parte de un edificio como consecuencia de las obras del túnel de maniobras de la línea 5 del Metro, y en 24 horas una escuela de primaria que estaba en el perímetro afectado fue desalojada y tuvo aulas alternativas. Cuando alguien pedía la dimisión de un sinfín de consejeros del Gobierno catalán, nunca, curiosamente, se hablaba del de Educación. No me extraña, porque en 24 horas fue desalojada una escuela y tuvo aulas alternativas. Además, todos los alumnos que han tenido que ser ubicados en hoteles o en casas de familiares han tenido también un transporte escolar permanente, diario, para poder asistir puntualmente a la escuela. La asistencia permanente consiste también en una oficina de bienestar y familia, abierta un número de horas importante cada día para atender a los vecinos afectados. La Administración catalana, el Gobierno catalán, los departamentos afectados, de política territorial, de bienestar y familia, y de comercio, han puesto todos los medios posibles. Todo es mejorable, pero se está trabajando de forma incansable para solucionar el problema.


Las medidas que ha tomado el Parlamento de Cataluña, las negociaciones que han llevado a cabo el Gobierno catalán y el ayuntamiento para solucionar los aspectos que se resaltaban en la moción del Grupo Popular se están llevando a la práctica. Pero nosotros no podemos dejar pasar las formas, que son educadas, hay que reconocer el gesto. Pero hay aspectos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, no podemos pasar por alto que se nos hable de un comisionado. A mí, y que no se me entienda mal, me parece que la figura del alto comisionado responde más a un modelo colonial que a la situación de la Administración única que se pedía y se exigía antes en esta tribuna por el Grupo Vasco. Y lo digo sinceramente, ha habido competencias asumidas por el Ayuntamiento de Barcelona, competencias asumidas por el Gobierno catalán y se nos habla de un comisionado. Esto ya da el tono, la forma y la voluntad clara que tenía el Grupo Popular cuando ha traído aquí esta moción. Y lo digo sinceramente, porque cuando se habla de solidaridad interterritorial, cuando se habla de solidaridad nacional ya nos gustaría, señores del Grupo Popular, que esta solidaridad también se empleara cuando hablamos de financiación de las comunidades autónomas, cuando hablamos de deuda sanitaria, cuando hablamos de infraestructuras, o también cuando hablamos de asociaciones como la del municipio de Sallent o del municipio de Balsareny, donde han tenido durante los últimos ocho años situaciones críticas, afectando a centenares de viviendas, y el Gobierno anterior fue incapaz de mover ficha; ahí no estaba la solidaridad, señor Fernández Díaz, ni en Sallent ni en Balsareny. El anterior Gobierno español fue incapaz, pese a las reiteraciones de estos ayuntamientos afectados.


Creo que, aunque legítimo, hay una dosis de oportunismo. La sensación de este debate sobre el Carmel es que, en Cataluña, las instituciones catalanas quieren instrumentos y recursos, lo que no quieren es un mal concepto de caridad. Además, se lo digo porque, en una intervención, el señor Fernández Díaz dijo que no se puede intentar reformar España cuando no se saben construir túneles. Es verdad, tiene razón, pero, fíjese, a los que mandaron durante ocho años, al señor Álvarez-Cascos, construyendo el trayecto del AVE en el municipio de Montblanc, se les derrumbaron tres veces los tres túneles que afectan Montblanc-La Riba. ¿Sabe cuánto costó la reparación de estos derrumbamientos? Fíjese, 84 millones de euros, y no dimitió el señor Álvarez-Cascos, ni don Benigno Blanco, ni Manolo Niño, que era la cadena de mando, de prelación. Ochenta y cuatro millones de euros. No puede hablar ligeramente de saber construir túneles o no quien ha hecho un tren de alta velocidad que no llega ni a la velocidad deseada. Se lo digo sinceramente, señor Fernández Díaz, puedo entender su acción política en este caso, puedo entender su interés por que su partido se posicione en este tema, lo que no podemos asumir, lo que no estamos dispuestos a entender es este concepto de intentar demostrar que alguna administración, como la catalana, no funciona; intentar demostrar que se necesita del papel del padre Estado para solucionar los problemas.
Alguna vez se reflexionó, y en alguna reflexión en el entorno del drama del Prestige, que fue gravísimo, que tuvo consecuencias internacionales, que requirió de muchos recursos de la Administración pública para solucionarlo, alguien dijo: imagínense ustedes qué hubiera pasado si el drama del Prestige hubiera tenido lugar en Cataluña o en Euskadi. Lo que hubiera pasado es que habría habido un proceso crítico de satanización de la Administración catalana o vasca con el argumento de que las comunidades autónomas no pueden tener tantas competencias porque no saben administrarlas. Este halo, esta sensación la he tenido demasiados días en este debate; la sensación de que el Grupo Popular quería ir más allá del drama del Carmel, el Carmel como pretexto para denunciar lo que ellos consideran que son demasiadas competencias y demasiado poder para la Administración catalana.


Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fernández.


El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Ciertamente, cuando uno lee las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular respecto a los hechos del barrio del Carmel es fácil caer en la tentación de creer que la preocupación por el futuro de los ciudadanos de este barrio barcelonés es lo que da sentido

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a las mismas; sin embargo, señorías, este pensamiento no resiste un minuto de intervención de cualquier representante del Partido Popular en esta Cámara, y hoy no ha sido una excepción. Usted, señor Fernández Díaz, ha empezado su intervención de forma ponderada, pero, al final de la misma, deja meridianamente claro que a ustedes les preocupa más su futuro, el futuro de su partido, que el futuro de los vecinos del barrio del Carmel.


Quiere que hablemos de realidades, y no de palabras; pues hablemos de realidades. Vale la pena recordar que la seguridad de los vecinos ha sido desde el primer momento el objetivo principal de la actuación de las diferentes administraciones. Durante los 45 días que han transcurrido desde la aparición del socavón, 915 empleado públicos y profesionales han estado al servicio de los 1.057 vecinos desalojados. Las 34 familias que se han quedado sin vivienda han llegado a un acuerdo con la Administración autonómica, por el cual recibirán un piso nuevo en el mismo barrio, cuyo valor habrá de superar en 30.000 euros la tasación de la que hasta ahora había sido su vivienda. Además, recibirán 70.000 euros por el contenido de su piso y 30.000 más por persona por daños morales, a los que se deberán añadir otros 10.000 por persona a partir del segundo miembro de cada unidad familiar.


Hasta el 1 de marzo, el Gobierno de la Generalitat había hecho efectivos 841.000 euros en concepto de dietas y adelantos de indemnizaciones a los vecinos y comerciantes del barrio del Carmel. El Gobierno de España, por su parte, reaccionó, como es sabido, de manera inmediata, acordando el 11 de febrero pasado un paquete de actuaciones concretas en las que se materializa el apoyo del Estado a los afectados del Carmel. Se han puesto en marcha las actuaciones necesarias para el acceso a las indemnizaciones recogidas en la Orden 439/2005, de 14 de febrero, por la que se modifica la Orden de 18 de marzo de 1993. Se ha remitido una carta y una guía a los afectados, para que puedan solicitar las indemnizaciones acordadas, todas ellas -cabe recordar- compatibles con las compensaciones que procedan de otras administraciones públicas. Respecto a las viviendas habituales, 10.000 euros por su destrucción total; 50 por ciento de los daños estructurales, con un límite de 6.000 euros; 50 por ciento de los daños no estructurales, con un límite de 3.000 euros, y 1.500 euros por destrucción o daños en enseres de primera necesidad. En el caso de titulares de establecimientos mercantiles, la ayuda prevista es de 10.000 euros. Desde el jueves pasado, se están tramitando las solicitudes de esas indemnizaciones en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña y en las oficinas municipales del Espai Jove Boca Nord, en el barrio del Carmel.


El Gobierno ha acordado ampliar en 16 millones de euros el vigente convenio de colaboración entre el Ministerio de la Vivienda y el Gobierno de la Generalitat sobre remodelación de barrios, así como poner en marcha una línea de crédito subvencionada por medio del Instituto de Crédito Oficial, a la que se podrán acoger tanto las familias como las administraciones. Además, en estrecha colaboración con el Gobierno de la Generalitat, ha iniciado gestiones en la Unión Europea para concretar las ayudas a las que es posible acogerse en el marco comunitario. Finalmente, la Tesorería General de la Seguridad Social ha ampliado el plazo reglamentario de presentación de documentos de alta y baja de trabajadores, así como el de presentación de documentos de cotización y de ingreso de cuotas de la Seguridad Social a las empresas afectadas por el hundimiento y desalojo de inmuebles en el barrio del Carmel, así como a las afectadas por el incendio del edificio Windsor de Madrid.


A la vista de estas realidades, es evidente que el contenido de la moción del Grupo Parlamentario Popular pierde buena parte de su sentido, al insistir en instar al Gobierno a que realice una serie de actuaciones que ya está realizando. Esta pérdida de sentido puede únicamente tener como respuesta coherente el voto negativo a la moción. Además, el Grupo Parlamentario Popular no se ha tomado siquiera la molestia de actualizar sus propuestas. Tan sólo un ejemplo: se reitera la pretensión de declarar zona catastrófica al barrio del Carmel, incluso después de que el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona se haya posicionado en contra, acordando que el barrio se declare -tal como ha dicho el diputado Joan Herrera- área especial de rehabilitación integral; acuerdo que ha adoptado también, por cierto, el Parlament de Catalunya. ¿Simple desconocimiento, o es que ahora el Gobierno debe declarar una zona catastrófica en un municipio, en contra de la voluntad del Ayuntamiento?

Se insiste en que el Gobierno negocie con las entidades financieras para conseguir una moratoria de intereses y amortización de crédito para las hipotecas vinculadas a los vecinos afectados, cuando el Parlament aprobó el 25 de febrero que fuera el Gobierno de Cataluña el que tomara la iniciativa en este terreno; resolución que, por cierto, incluía que el mismo Gobierno catalán impulsara la solicitud de medidas fiscales y laborales que se reiteran, copian y repiten en la presente moción, con una finalidad que se hace difícil de entender, sinceramente; y no seré yo quien hable aquí de intenciones mezquinas. (Rumores.) Pero donde se riza el rizo es, sin duda alguna, en la propuesta de creación de un comisionado. Fíjense, el señor Rajoy, el pasado 21 de febrero, afirmó textualmente: La figura del alto comisionado para las Víctimas del Terrorismo siempre nos pareció inútil. (El señor Padilla Carballada: ¿Y qué tiene que ver eso?) Se refería a la institución. Para el insulto a quien hoy ocupa esa responsabilidad, delegó en un senador necesitado de méritos que hoy se ha visto obligado a rectificar. (Aplausos.) Ahora resulta que el Grupo Popular, cuyo líder no ve la utilidad de un comisionado en un tema del calado del apoyo a las víctimas del terrorismo, asunto en el que el Gobierno tiene una directa y especial responsabilidad,

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pretende que se cree uno para una cuestión en la que las competencias sustanciales para resolverlo están en el ámbito autonómico y local. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Que el Partido Popular esté instalado en el despiste permanente no es razón suficiente para que pretenda despistar al conjunto del país.


En definitiva, señorías, la moción que hoy presenta el Partido Popular no viene sino a confirmar que el Gobierno de España, en la crisis del Carmel, ha ido más allá de sus competencias para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y para que se recupere cuanto antes la normalidad en el barrio. Frente a un Gobierno que tomó como primera decisión dar la cara, dialogar con los vecinos y trabajar desde la solidaridad y la colaboración con el barrio, el ayuntamiento y el Gobierno de la Generalitat, el Partido Popular insiste en sembrar la confusión en los diferentes ámbitos competenciales que existen en nuestro Estado de las autonomías, que por otra parte tan fervientemente dicen defender. (Rumores.) Para el Grupo Socialista y para el Gobierno, la crisis del Carmel es un reto al que respondemos no solamente como responsables políticos sino también como ciudadanos que compartimos una misma sociedad. Para el Grupo Popular, el Carmel no pasa de ser un elemento más, ni siquiera el más relevante, de una desnortada estrategia de acoso y derribo que ha alcanzado el paroxismo con la presentación en el Parlament de Catalunya de una moción de censura instrumental para no ser votada. (Aplausos.) Al final, señores del Partido Popular, no lo duden, los ciudadanos seguirán poniendo a cada cual en su sitio.


Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz, su posición acerca de las enmiendas.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Aceptamos las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Vamos a votar las tres mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


Primera votación, moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Barkos, sobre medidas para combatir la piratería en el sector audiovisual. Se ha presentado una enmienda transaccional, ¿algún grupo parlamentario se opone a su tramitación? (Pausa.)

Si no es el caso, votamos la moción en los términos de la enmienda transaccional.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 308; en contra, tres.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.


Votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre los ejes que configurarán la reforma del mercado de trabajo, que será votada en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 150; en contra, 163.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votación de la moción del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la política del Gobierno en relación con la catástrofe del bario del Carmel de Barcelona, con las enmiendas de adición de Convergència i Unió.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 142; en contra, 169; abstenciones, dos.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión, que se reanudará mañana.


Eran las once y quince minutos de la noche.

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