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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 86, de 27/04/2005
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 86
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 81
celebrada el miércoles, 27 de abril de 2005


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 4210)

Interpelaciones urgentes: ...


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre las comunicaciones viarias transfronterizas con Francia por el Pirineo aragonés. (Número de expediente 172/000093.) ... (Página 4237)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre la política general del Gobierno en relación con las torturas y malos tratos en los centros de detención. (Número de expediente 172/000094.) ... (Página 4241)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno clarifique las operaciones de venta de armas en marcha. (Número de expediente 172/000095.) ... (Página 4246)

Página 4206


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas ... (Página 4210)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno para atender la problemática específica que tienen los españoles residentes en Venezuela, que el Presidente del Gobierno pudo conocer de primera mano tras los encuentros mantenidos con distintos colectivos y asociaciones en su reciente visita a ese país? (Número de expediente 180/000659.) ... (Página 4210)

Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuándo y cómo va a cumplir su promesa de restituir al Gobierno Vasco la documentación que le fue incautada durante la guerra civil y actualmente depositada en el Archivo General de Salamanca? (Número de expediente 180/000661.) ... (Página 4211)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué está haciendo el Gobierno para impedir que el Partido Comunista de las Tierras Vascas acceda al Parlamento Vasco? (Número de expediente 180/000686.) ...
(Página 4212)

Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Piensa el Gobierno modificar el Real Decreto-Ley 4/2004, de 2 de julio, por el que se adoptan medidas relacionadas con las daños ocasionados por el Prestige, en cuanto a inadecuación de sus plazos e insuficiencia de la partida presupuestaria contemplada en relación con el número de

afectados, entre otras deficiencias? (Número de expediente 180/000660.) ... (Página 4213)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cuándo piensa el Gobierno comenzar a dialogar con el principal partido de la oposición sobre las cuestiones más importantes para el interés general? (Número de expediente 180/000666.) ... (Página 4214)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿A qué atribuye el Gobierno que la confianza de los españoles en el Sr. Rodríguez Zapatero haya caído dieciséis puntos en el primer año de Gobierno, al igual que la del conjunto del Ejecutivo? (Número de expediente 180/000667.) ... (Página 4215)

Del Diputado don Carmelo López Villena, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cómo cree que afecta a España el nuevo impulso dado a la transparencia presupuestaria por el Consejo Europeo en la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? (Número de expediente 180/000647.) ... (Página 4217)

Del Diputado don Josep Sánchez i llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno en aras a propiciar un rápido cumplimiento de la Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia contra las elevadas comisiones pagadas por los comerciantes en los cobros efectuados mediante tarjetas de crédito? (Número de expediente 180/000664.) ... (Página 4218)

Página 4207


De la Diputada doña Encarnación Niño Rico, en sustitución de la Diputada doña María José Porteiro García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: ¿Qué pasos está tomando el Gobierno para desarrollar las relaciones con la Administración de los Estados Unidos? (Número de expediente 180/000675.) ... (Página 4219)

De la Diputada doña María José Porteiro García, en sustitución de la Diputada doña Encarnación Niño Rico, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con la Conferencia de Examen que se va a celebrar coincidiendo con el 25 aniversario del Tratado de no proliferación? (Número de expediente 180/000676.) ... (Página 4220)

Del Diputado don Jesús Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Qué valoración hace el Gobierno del paso de un ejército de leva obligatoria a un ejército profesional? (Número de expediente 180/000677.) ... (Página 4221)

Del Diputado don Francisco Xavier Carro Garrote, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Defensa: ¿Está realizando el Ministerio de Defensa alguna gestión con respecto al Hospital Naval de Ferrol para, a través de un convenio con el SERGAS, integrarlo en el área sanitaria de Ferrol? (Número de expediente 180/000678.) ... (Página 4222)

De la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Educación y Ciencia: ¿Cómo está impulsando el Gobierno la cooperación entre empresas y centros de

investigación públicos en investigación y desarrollo tecnológicos? (Número de expediente 180/000681.) ... (Página 4223)

Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Ha determinado definitivamente el Gobierno los requisitos que los Ayuntamientos deben aplicar para el nuevo proceso de regularización mediante el denominado empadronamiento por omisión? (Número de expediente 180/000670.) ... (Página 4224)

Del Diputado don José Ignacio Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo sus compromisos en materia de dependencia? (Número de expediente 180/000671.) ... (Página 4225)

Del Diputado don Manuel Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué entiende el Ejecutivo como "Código para el Buen Gobierno"? (Número de expediente 180/000668.) ... (Página 4226)

De la Diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué medidas ha puesto en marcha el Ministerio de Administraciones Públicas para fomentar la presencia de la mujer en el empleo público? (Número de expediente 180/000683.) ... (Página 4227)

Del Diputado don Jorge Moragas Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Cultura: ¿Respalda el Gobierno el anuncio realizado por el Presidente de la Generalidad de Cataluña de solicitar el ingreso de esa Comunidad Autónoma

Página 4208


en la Organización Internacional de la Francofonía? (Número de expediente 180/000669.) ... (Página 4228)

De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué medidas está impulsando el Gobierno para una mayor eficacia en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Norte? (Número de expediente 180/000684.) ... (Página 4230)

De la Diputada doña Juana Serna Masiá, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno en relación al actual ciclo hidrológico? (Número de expediente 180/000685.) ... (Página 4230)

Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo valora el Ministro del Interior su viaje a los Estados Unidos de América? (Número de expediente 180/000679.) ... (Página 4231)

Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro del Interior: ¿Cómo valora el Gobierno el Acuerdo firmado con los representantes de la Policía? (Número de expediente 180/000680.) ... (Página 4232)

Del Diputado don Joan Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr.
Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Va el Gobierno a respetar el Pacte del Tinell, conforme al cual cualquier decisión sobre la conveniencia o no de establecer una nueva línea de interconexión eléctrica con Francia se supedita

a lo que determine el Plan de Energía de Cataluña? (Número de expediente 180/000662.) ... (Página 4234)

Del Diputado don Jordi Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Tiene acuerdos el Gobierno español con el Gobierno francés para instalar líneas interfronterizas de Muy Alta Tensión? (Número de expediente 180/000663.) ... (Página 4235)

De la Diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para proteger los derechos de los usuarios de redes de telecomunicaciones? (Número de expediente 180/000682.) ... (Página 4236)

Interpelaciones urgentes ... (Página 4237)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre las comunicaciones viarias transfronterizas con Francia por el Pirineo aragonés ... (Página 4237)

Presenta la interpelación urgente el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Reconoce la reiteración de sus iniciativas en cuanto a la paralización del trasvase de las aguas del Ebro y al desarrollo de las infraestructuras de todo el territorio como la que hoy presentan, que trata de abrir lo que él llama ese murallón hermoso y enorme que son los Pirineos que nos separan de Francia. Se refiere a una proposición no de ley presentada conjuntamente por los grupos Popular, Socialista y de Izquierda Unida en el año 2000 pidiendo la reapertura del Canfranc, proposición que obtuvo 302 votos afirmativos. Sin embargo las cosas siguen como estaban hace un montón de años y piden a la señora ministra de Fomento que se reabra el Canfranc para que los Pirineos dejen de ser esa frontera que anula el desarrollo de los territorios históricamente unidos como son el Béarn y Aragón.


Página 4209


Contesta la señora ministra de Fomento (Álvarez Arza), en nombre del Gobierno. Coincide con el planteamiento del señor Labordeta de que es necesaria una mayor permeabilidad en los Pirineos, pero opina que ésta no sólo es necesaria para los territorios próximos a Francia, sino también para todo el país. Explica los acuerdos a los que se ha ido llegando con el país vecino y, en contra de lo que dice el interpelante, no duda de su cumplimiento, pero marca una diferencia entre el interés de la anterior administración y ésta, que ha tenido ya cuatro reuniones con el ministro francés de Fomento. También se refiere a las obras del túnel de Somport y afirma que el Gobierno está defendiendo la apertura ferroviaria de Canfranc y que en el PEIT se ha tratado de que una planificación a quince años incluya todas aquellas opciones, acordadas o que se puedan ir acordando como conexión transpirenaica, siempre en el bien entendido de que una de las prioridades de esta planificación son las conexiones con otros países europeos, tanto con Portugal como con Francia.


Replica el señor Labordeta Subías, y duplica la señora ministra de Fomento.


Del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), sobre la política general del Gobierno en relación con las torturas y malos tratos en los centros de detención ... (Página 4241)

Expone la interpelación urgente el señor Cerdà Argent, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (ERC), y la formula consciente de que es un tema complicado, pero que es necesario asumir con toda su dimensión trágica. Pregunta por las condenas a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y a miembros de la Guardia Civil por lesiones y malos tratos en el ejercicio de sus funciones. Asimismo se refiere a la actuación en los centros penitenciarios y a las muertes que se han producido en ellos como consecuencia de torturas, a las torturas denunciadas por 15 independentistas catalanes que fueron detenidos en el verano de 1992, bajo la acusación de pertenecer a Terra Lliure, y a las denuncias por torturas y malos tratos interpuestas por los trabajadores del diario Egunkaria, así como a las torturas denunciadas habitualmente por los presos y presas abertzales y del movimiento independentista catalán y gallego. Reivindican en esta interpelación acabar con las muertes, las torturas y los malos tratos o inhumanos en las cárceles, comisarias y cuarteles del Estado español y piden al Gobierno que tome medidas efectivas.


El señor ministro del Interior (Alonso Suárez) contesta en nombre del Gobierno. En la interpelación, dice, existen dos vertientes claras que afectan a la gestión del departamento de Interior: una, a los centros de detención y custodia que dependen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, otra, la relativa a los centros penitenciarios para la prisión preventiva o el cumplimiento de las condenas, que dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, haciendo la salvedad de que el Estado tiene competencias en todo el territorio nacional, a excepción de Cataluña donde están transferidas. Contesta a las preguntas y acusaciones formuladas y, finalmente, aclara tres cosas al interpelante: en primer lugar, que en España se vive en un sistema democrático, que no solo declara los derechos fundamentales en su Constitución sino que además los garantiza por la práctica del Ejecutivo, por el desarrollo de las leyes que hace el Legislativo y por la garantía judicial última que otorga; en segundo lugar, que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias desempeñan sus funciones con absoluto respeto a las leyes y a los procedimiento del sistema democrático; y en tercer lugar, que cuando hay alguna excepción, el sistema constitucional y legal investiga y depura responsabilidades tanto en el ámbito Ejecutivo como en el de las responsabilidades judiciales y tanto en la esfera administrativa como en la esfera eventualmente penal.


Replica el señor Cerdà Argent, y duplica el señor ministro del Interior.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que el Gobierno clarifique las operaciones de venta de armas en marcha ... (Página 4246)

Presenta la interpelación urgente el señor Fernández de Mesa Díaz del Río, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Pregunta en concreto por el tipo de armamento que se va a vender con las patrulleras o con el material militar a Venezuela, porque de todas las comparecencias que ha habido en el Congreso y en el Senado sobre el tema no se ha podido sacar nada en claro. Muestra su preocupación por la venta de armas a Venezuela y por las repercusiones que pueda tener en las relaciones con Colombia y con los demás países de la región andina, así como con Estados Unidos y afirma que, en contra de lo que ha dicho el señor ministro de Defensa en cuanto a que se habían cumplido rigurosamente los ocho criterios del código de conducta para la venta de armamento en la Unión Europea, no ha sido así ni en el segundo criterio ni en el cuarto, que son los derechos del hombre y la preservación de la paz y la estabilidad regionales.


Página 4210


Contesta el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio (Montilla Aguilera), en nombre del Gobierno. Aclara en primer lugar que el Gobierno no vende armas, en todo caso, puede apoyar o facilitar los acuerdos de compraventa negociados por las empresas del sector de defensa, lo que en definitiva significa apoyar a las empresas españolas de este sector, apoyo que, por otra parte, no es distinto al que brinda al conjunto de las empresas españolas de todos los sectores industriales. A continuación explica al señor diputado las operaciones de venta de armas en marcha y pone de relieve el hecho de que España no es ni mucho menos uno de los principales países exportadores en el comercio internacional de armas y que sus ventas varían de manera significativa de año en año, dependiendo de los contratos alcanzados por las empresas del sector. Asimismo incide en el hecho de que las exportaciones españolas de material de defensa se centran mayoritariamente en el conjunto de países de la Unión Europea.


Replica el señor Fernández de Mesa y Díaz del Río, y duplica el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


Se suspende la sesión a las siete y cincuenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS.


- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA QUE TIENEN LOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN VENEZUELA, QUE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO PUDO CONOCER DE PRIMERA MANO TRAS LOS ENCUENTROS MANTENIDOS CON DISTINTOS COLECTIVOS Y ASOCIACIONES EN SU RECIENTE VISITA A ESE PAÍS? (Número de expediente 180/000659.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto IV del orden del día: control al Gobierno. Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, en su reciente visita a Venezuela ha tenido la oportunidad de contactar de primera mano con la representación de los españoles que en estos momentos viven en ese país, por cierto una representación muy amplia en la que la colonia más numerosa es la canaria. Nos consta que en esos contactos tuvo usted la oportunidad de conocer de primera mano cuáles eran sus problemas, que fundamentalmente son derivados de la situación de un país desestructurado desde el punto de vista sociosanitario y, por tanto, con problemas desde el punto de vista de las prestaciones económicas, sociales, asistenciales, sanitarias, así como algún otro problema importante, aunque a nosotros nos pueda parecer menor, como es la homologación de los carnés de conducir para aquellos que regresan a España. Después de conocer la realidad de nuestros compatriotas en Venezuela, señor presidente, ¿qué medidas piensa impulsar el Gobierno para ayudar a atender la problemática específica que tienen en ese país?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señor presidente.


Señor Rivero, conforme a los compromisos que el Gobierno ha adquirido, una de las preocupaciones esenciales es la situación de los españoles en el exterior, especialmente en Latinoamérica. Por ello, como conoce, mi Gobierno trabaja en un estatuto de los españoles en el mundo que se va a presentar a esta Cámara en este año. En efecto, como usted acaba de referir, en mi reciente visita a Venezuela, en concreto en Caracas, tuve una reunión con la colectividad española en dicho país que integra 126.000 personas. De aquella reunión, de aquel encuentro, escuchando las peticiones y analizando la situación, extrajimos diversas conclusiones que le paso a referir y que se han convertido en actuaciones inmediatas del Gobierno.


En primer lugar, hay una demanda de asistencia sanitaria, y por ello próximamente el ministro de Trabajo va a viajar a Venezuela. Como conocerá S.S., hemos abordado también la situación que vivían muchos españoles en Argentina con un convenio que ha mejorado y ha permitido la asistencia sanitaria a 25.000 españoles en Argentina. En segundo lugar, vamos a incrementar los medios humanos y materiales para hacer más rápida la atención a los españoles en Venezuela con una nueva oficina consular en aquel país. De igual manera, y conforme a las reivindicaciones y a las peticiones de los españoles, el Gobierno ha procedido inmediatamente a solucionar todo el proceso de validación de homologación de los carnés de conducir de las personas que retornan. En ese sentido, le tengo que informar que está muy próximo a concluirse el canje de notas entra España y Venezuela para la validación de estos permisos en ambos países.


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Sólo queda pendiente para proceder al canje de notas que la parte venezolana comunique cuál será la autoridad competente de aquel país para certificar que el permiso de conducir que se presenta para validación es auténtico. Esas son las respuestas que hemos dado en una política de preocupación que mi Gobierno quiere mantener de forma permanente sobre la situación de los españoles en el mundo, especialmente en Latinoamérica.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rivero, su turno.


El señor RIVERO BAUTE: Nos congratulamos del trabajo que en estos momentos ha emprendido el Gobierno y la continuidad que se da a un esfuerzo que seguirá siendo también de las distintas comunidades autónomas que tienen ciudadanos en Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela. Es una magnífica noticia que pronto se va a tener la convalidación de los carnés de conducir, así como la de la visita del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Es necesario, a través de la Sociedad Española de Beneficencia o a través de cualquier otro mecanismo, ampliar la cobertura sanitaria a una colonia en estos momentos envejecida y donde un alto porcentaje de la misma ha pasado por una situación preocupante. Independientemente, retomar el acuerdo adoptado en su momento por el Pleno del Congreso de crear una segunda oficina consular en un país tan extenso como Venezuela, donde la atención que demandan nuestros compatriotas les impide viajar a Caracas, nos parece un acierto del Gobierno y nos congratulamos. De la misma manera, hay que trabajar para que en ese estatuto de los ciudadanos del mundo se pueda regular y se respete el derecho democrático a participar en las elecciones tanto locales como generales en España.


Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO Y CÓMO VA A CUMPLIR SU PROMESA DE RESTITUIR AL GOBIERNO VASCO LA DOCUMENTACIÓN QUE LE FUE INCAUTADA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y ACTUALMENTE DEPOSITADA EN EL ARCHIVO GENERAL DE SALAMANCA? (Número de expediente 180/000661.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josu Iñaki Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, quisiera comenzar la formulación de mi pregunta dejando constancia clara de que este diputado y el grupo parlamentario al que pertenece muestran su satisfacción por el hecho de que el Gobierno haya remitido a la Cámara un proyecto de ley que contempla la restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos y efectos incautados durante la guerra civil que se encontraban depositados en el Archivo de Salamanca. Es un acto -así lo consideramos nosotros- de justicia histórica que no por tardío, que lo es, carece del efecto reparador que todos esperábamos de él. El Grupo Parlamentario Vasco le apoyará sin ningún género de dudas, pero la remisión de este proyecto a la Cámara me obliga de inmediato a formularle una pregunta: ¿Qué hay de lo mío, señor presidente? ¿Y qué es lo mío? Inmediatamente después de aprobada la proposición no de ley de 18 de mayo del año pasado, de la que trae causa este proyecto de ley, le pregunté en una sesión de control idéntica a esta por las intenciones que abrigaba el Gobierno que usted preside en relación con la restitución a las instituciones vascas de la documentación similar generada en el País Vasco y en parte por el propio Gobierno vasco. Usted en aquella sesión me decía -y reproduzco literalmente lo que figura en el "Diario de Sesiones" del 2 de junio del año pasado- que lo que vale para Cataluña es válido, obviamente, para las aspiraciones de las instituciones vascas. Repito, lo que vale para Cataluña es válido, obviamente, para las reivindicaciones de las instituciones vascas. "Diario de Sesiones" de 2 de junio. Por tanto, le formulo la pregunta que figura en el orden del día.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias por su pregunta señor Erkoreka. Quiero recordar brevemente que el Gobierno ha aprobado recientemente y ha remitido a la Cámara un proyecto de ley para restituir a la Generalitat de Catalunya y a las personas naturales y jurídicas de carácter privado legitimadas para ello los documentos que les fueron incautados durante la guerra civil, consecuencia de una sublevación militar, y que como es conocido dieron lugar fundamentalmente a la persecución de muchas personas. Este proyecto responde estrictamente a una proposición no de ley aprobada en esta Cámara que instaba al Gobierno a emprender un proceso de diálogo con el fin de dar una solución satisfactoria. El Gobierno encargó a un comité de expertos de composición multidisciplinar y de carácter independiente que estudiase en profundidad la cuestión y emitiese una opinión basada fundamentalmente en razones técnicas. Así se reflejó en el dictamen y, en atención a las consideraciones que en él se expresaban, el Gobierno ha aprobado el proyecto que he referido, sin que por el momento haya habido ninguna otra cuestión. Por tanto, hemos

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actuado, con el informe de los expertos, cumpliendo la voluntad política de esta Cámara.


Le tengo que recordar exactamente lo que fue su pregunta y mi contestación en ese acto. Afirmé textualmente que el Gobierno se compromete a hacer efectivo el acuerdo que se alcance, con las premisas que le he anunciado, y ello es válido -es una precisión- obviamente para las aspiraciones de las instituciones vascas. Le quiero recordar lo que usted formuló en aquella pregunta: qué referencia hacía que afectara a los vascos, a la ciudadanía vasca, a las instituciones vascas. Si se repasa el contenido de la reclamación se puede entender perfectamente incluido en este proyecto de ley, al contemplar la posibilidad de que las personas naturales o jurídicas reclamen esos documentos, lo que representaba la aspiración que usted planteó aquí. El proyecto de ley es el que es, cumple el acuerdo de la Cámara y, desde luego, responde al contenido, a la naturaleza y al alcance del informe de los expertos para garantizar la restitución, la unidad del archivo y la presencia en Salamanca del centro documental sobre la memoria de la guerra civil. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Erkoreka, su turno.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.


No he acabado de entender el sentido del vericueto formal que acaba de formular. En cualquier caso, le recuerdo que en el Archivo de Salamanca, como usted bien sabe, obran abundantes fondos documentales del País Vasco, fondos heterogéneos de diferente naturaleza -algunos privados, otros públicos-, algunos procedentes del propio Gobierno vasco que, como usted bien sabe, después de que las tropas nacionales ocuparan Bilbao fijó su sede en Barcelona. Por tanto, los mismos esbirros del dictador que se llevaron de Barcelona a Salamanca la documentación que ahora se restituye a la Generalitat se llevaron también los documentos vascos. Así pues, lo que le pido es tratamiento idéntico para situaciones idénticas.
Esta es mi reivindicación. Espero que como el señor Maragall pueda decir que cumple su palabra. Él lo ha dicho recientemente porque ha cumplido la palabra que usted le dio. Espero que en mi caso...


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Erkoreka. Terminó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE EL PARTIDO COMUNISTA DE LAS TIERRAS VASCAS ACCEDA AL PARLAMENTO VASCO? (Número de expediente 180/000686.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente, el miércoles pasado le pregunté por este asunto y hoy vuelvo a hacerlo por dos razones: primero, porque es un tema capital parar la democracia española, para la lucha contra el terrorismo y para reafirmar que en España la ley se cumple como corresponde a un Estado de derecho; y en segundo lugar, porque los acontecimientos de estos días hacen más evidente aún, si es que es posible, que el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Batasuna son lo mismo, un instrumento integrado en el complejo ETA, a cuyos fines sirve.
Señor presidente, ¿qué hace usted? Quiero decirle una cosa: si no hace nada, usted será el responsable de lo que haga a lo largo de los próximos cuatro años en el Parlamento el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, reitera hoy la pregunta que hizo la semana pasada. Llevamos varios días aportando argumentos tanto de viva voz como por carta sobre lo que ha sido la posición del Gobierno en atención a los informes del Servicio Jurídico del Estado coincidentes con la Fiscalía General del Estado. Le ofrezco hoy un dato más que habla por sí solo. El Partido Popular no impugnó en el proceso de presentación de las candidaturas a las elecciones vascas las del Partido Comunista de las Tierras Vascas, pero sí impugnó la candidatura del Partido Socialista en la provincia de Álava. Es un dato que en mi opinión habla por sí solo.
(Protestas.-Aplausos.)

Vayamos al fondo de su pregunta. Señor Rajoy, el fondo de su pregunta es la lucha antiterrorista. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):

Permítame que al respecto le recuerde lo que firmaron su partido y el mío el 12 de diciembre de 2000: Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Punto 1: El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. (Rumores.) Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral las políticas para acabar con el terrorismo.


Señor Rajoy, cumplí el pacto en la oposición y lo cumpliré en el Gobierno.
(Rumores.) Por tanto, únicamente me resta apelarle a la coherencia, a la responsabilidad, a lo que ha sido el pacto y a lo que hemos

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hecho unos y otros en cumplimiento de ese pacto. (Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.


El señor RAJOY BREY: Señor presidente del Gobierno, el problema es que usted no cumple el pacto antiterrorista (Rumores.), y usted no me puede obligar a mí a que le apoye en base al pacto antiterrorista si usted no lo cumple. Hoy hay más evidencias que nunca, señor presidente, porque confesión de parte, juicio resuelto. ¿Ha visto usted ya lo que ha dicho Batasuna sobre cuál ha sido su participación y sobre cuál ha sido su resultado en estas elecciones? Un éxito, en su opinión. Señor presidente, lo siento mucho pero usted ya no engaña a nadie, y yo quiero saber por qué actúa usted en contra de todas las evidencias que hay.


Señor presidente, la ley está por encima de la conveniencia, del cálculo electoral y de cualquier cosa que le esté pasando a usted por la cabeza o que usted esté haciendo. Y yo le pido que coloque la ley por encima de cualesquiera otras consideraciones, deseos o actuaciones que tenga en marcha porque, señor presidente del Gobierno, está en juego la lucha contra el terrorismo. Este no es un tema menor. No me diga que impugnamos la candidatura del Partido Socialista en Ávala. El Partido Socialista, por fortuna, no está en la Ley de Partidos, y ésta corresponde ponerla en marcha a la Abogacía del Estado, al fiscal general del Estado y, por tanto, al Gobierno que usted preside. En suma, le corresponde a usted, señor presidente del Gobierno, que es lo que no está haciendo en este momento. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero):

Señor presidente, solo quiero decir que voy a seguir cumpliendo el pacto y no voy a confrontarme políticamente por la lucha antiterrorista, como lamentablemente están haciendo ustedes. (Aplausos.-Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO MODIFICARL EL REAL DECRETO-LEY 4/2004, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PRESTIGE EN CUANTO A INADECUACIÓN DE SUS PLAZOS E INSUFICIENCIA DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA CONTEMPLADA EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE AFECTADOS, ENTRE OTRAS DEFICIENCIAS? (Número de expediente 180/000660.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia del diputado don Francisco Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, conoce que el Bloque Nacionalista Galego dio su apoyo al Real Decreto-ley 4/2004, pero haciendo mucho hincapié en que tenía serias deficiencias en cuanto a su carácter puntual y urgente, a su falta de precisión y sobre todo a su dotación económica escasa. Ahora los afectados, en concreto los que viven de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura, ponen en evidencia que tres millones de euros son insuficientes como ayudas para paliar las consecuencias del impacto de la catástrofe en las capturas. Además, consideran que estas ayudas para el año 2004, de carácter puntual, deberían prorrogarse los años que durase el impacto en las pesquerías, y hablan también de que están excluidos trabajadores por cuenta ajena, lo cual es muy grave en el sector de la pesca y del marisqueo. Por eso le preguntamos si el Gobierno está dispuesto a modificar estas insuficiencias o deficiencias para poder responder con corrección a las demandas del sector.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, creemos que no es necesario, que existen instrumentos suficientes para hacer frente a los daños y para atender las necesidades de los afectados.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Hay más de 20.000 reclamaciones y tres millones de euros. Si se parte del hecho contundente de que las capturas en el año 2004 han padecido serios retrocesos y, según todos los documentos, en el primer trimestre también, sería bueno que cara al futuro el Gobierno asumiese que va a tener que completar con partidas, bien en los Presupuestos Generales del Estado, bien a través de decretos-leyes (es mejor que sea a través de los Presupuestos Generales del Estado), todo el periodo en que se van a producir, conforme al criterio que hay en relación con las catástrofes de este tipo, disminuciones de capturas. Si no se actúa de esta forma, tendremos que pensar que el Gobierno se rige solamente por actuaciones de carácter puntual, más guiadas por la apariencia que por impulsar al sector pesquero en unas circunstancias adversas que no fueron provocadas

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desde dentro del mismo sector. Señora vicepresidenta, la sensibilidad del Gobierno en este aspecto no debería ser simple y puramente pensar que estamos ante una cuestión coyuntural, sino aceptar que va a haber varios años en que tendremos que hacer frente a estas deficiencias. Por tanto, les insto a que no se actúe...


El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor Rodríguez, su tiempo terminó.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, el Gobierno está absolutamente comprometido en reparar los daños del Prestige, y buena prueba de ello es que hemos puesto fondos donde no los había, donde no había gestión hemos gestionado y donde solo había silencio hemos abierto el diálogo y, gracias a todo ello, la situación hoy es muy diferente a la que nos encontramos. Hoy hemos pagado prácticamente el cien por cien de lo evaluado por estimación objetiva, hemos analizado más del 80 por ciento de los expedientes y la próxima semana comenzamos el pago de lo evaluado por estimación directa. Hemos abordado los pagos a los ayuntamientos y comunidades autónomas; hay acuerdo con la Comunidad de Euskadi y con Asturias, y mañana esperamos llegar a un acuerdo con Galicia. Además, el Gobierno ha sido solidario con las instituciones gallegas. A pesar de no tener competencias, estamos sufragando los gastos de retirada de residuos con dinero de los Presupuestos Generales del Estado -24 millones de euros-, lo mismo que las playas -18 millones de euros-. También el Gobierno se ha ocupado de lo que usted se refería, las pérdidas de productividad, destinando tres millones de euros a los afectados. Se han recibido, efectivamente, 20.000 solicitudes de indemnizaciones que estamos analizando para ver la forma en que podemos atenderlas, cosa que vamos a hacer a pesar de que la Xunta niega que se hayan producido pérdidas y de que este Gobierno no tenga competencias en esta materia.


En fin, señoría, este es un tema suficientemente importante como para que huyamos todos de la demagogia. Es terrible que aún hoy tengamos que seguir afrontando las tragedias individuales y colectivas que ha generado esta catástrofe y que para afrontarlas hayamos gastado ya más de 942 millones de euros, mucho dinero para costear la imprevisión de otros.
Tenga S.S. la tranquilidad de que el Gobierno seguirá haciendo frente a los daños causados. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO COMENZAR A DIALOGAR CON EL PRINCIPAL PARTIDO DE LA OPOSICIÓN SOBRE LAS CUESTIONES MÁS IMPORTANTES PARA EL INTERÉS GENERAL? (Número de expediente 180/000666.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Ángel Acebes Paniagua.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, la pregunta de hoy es sobre el diálogo. Es evidente que no han querido dialogar en educación ni en emigración ni en justicia, pero hoy la prioridad de todos los ciudadanos, como desde hace mucho tiempo en España, es la lucha contra el terrorismo, y aquí tampoco han querido dialogar a tiempo. Seis veces les hemos pedido reunirnos para oírles y también para que nos escuchen, y seis veces se han negado. En este mundo, al revés de la publicidad de Zapatero, al final resulta que los desleales somos nosotros, cuando la lealtad es cumplir el pacto y no incumplirlo. Mientras tanto, dirigentes de su partido hablan de acuerdos transversales con todos, Otegi dice que hay contactos oficiosos con el Partido Socialista, y en esta misma semana un periódico y una revista nacional publicaban con todo detalle este lunes, cito textualmente: Desde hace meses los dirigentes socialistas vascos Francisco Egea, ex consejero de Trabajo, Jesús Eguiguren, presidente del Partido Socialista en Euskadi y José Antonio Pastor, líder de los socialistas vizcaínos, mantienen contactos con una troika de Batasuna formada por Arnaldo Otegi, Rafa Díaz Usabiaga y Fernando Barrena para considerar la posibilidad de abrir un proceso de paz en Euskadi al margen del PNV. Según la misma fuente, las citas han tenido lugar en el caserío Txillarre de Elgoibar.


Señoría, ya que el Gobierno dirige la política antiterrorista, ¿son ciertas estas informaciones? ¿Están relacionadas con permitir que Batasuna esté en el Parlamento vasco? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, este es el Gobierno del diálogo, y lo estamos acreditando día a día. Si ustedes no dialogan es porque no quieren. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


Señor Acebes, su turno.


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El señor ACEBES PANIAGUA: Señoría, le he preguntado con quién están dialogando. La pregunta es muy fácil y concreta, y seguro que le interesa a todos los parlamentarios, incluidos los de su grupo, y al conjunto de los ciudadanos. Lo que nos preocupa es el discurso, el discurso del presidente del Gobierno cuando está hablando de mesas de acuerdo, de asumir riesgos y de aprovechar cualquier resquicio y nuevos escenarios de diálogo; todo menos lo que ahora toca, que es hablar solo de la derrota policial del terrorismo y de la desaparición de la banda. Señoría, cualquier otra oportunidad que se les dé será aprovechada por ETA para sobrevivir. No se equivoquen. Sigue habiendo dos estrategias: la de ETA, la negociación, y la del Estado de derecho y el Pacto antiterrorista, que es la derrota incondicional. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Puesto que le interesa saber lo del diálogo, señoría, le diré que este Gobierno dialoga con todos: partidos, comunidades autónomas -incluso las suyas-, sindicatos, empresarios, sectores sociales ... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor, porque es imposible hacer así la sesión de control.


Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señor Acebes, temo que usted confunde diálogo con imposición. Para dialogar hay que estar dispuestos a oír, a escuchar, hay que ser capaz de ponerse en el lugar del otro; pero, como todo, lo que no se practica -y ustedes no lo han practicado- hay que aprenderlo. Usted confunde diálogo con monólogo; como diría Unamuno, monólogos entrecortados. (Rumores.) Le aportaré dos datos muy reveladores. En tan solo un año el presidente Zapatero ha hablado con el señor Rajoy en más ocasiones de las que lo hizo el señor Aznar en ocho años. En menos de doce meses, el presidente del Gobierno... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. (Un señor diputado: ¡Es que no contesta!)

Ruego a las bancadas -y lo he dicho ya decenas de veces- que dejen tanto a quien pregunta como a quien contesta la posibilidad de expresarse con tranquilidad, y que solamente al final de las distintas intervenciones eventualmente se manifiesten los acuerdos y desacuerdos. Así nos podremos entender. No se puede estar permanentemente interrumpiendo a un orador porque la respuesta de la otra bancada, cuando venga el siguiente orador, será crear el mismo problema. (Rumores.) Esto pasa porque el presidente ve lo que ocurre en todo el hemiciclo. (Rumores.) Perfectamente ve lo que ocurre en todo el hemiciclo y es sistemáticamente la misma situación en todos los lados. Por tanto, dejen intervenir a la vicepresidenta y luego, si no están de acuerdo, digan lo que les parezca bien, pero al final.
(Rumores.)

Señora vicepresidenta, continúe, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): En 12 meses el presidente se ha visto con todos los presidentes de las comunidades autónomas, se ha reunido con la I Conferencia de Presidentes de este país y se ha hecho más por el diálogo en un año de lo que ustedes fueron capaces de hacer en ocho. Con ustedes también hemos hablado, señor Acebes, y estamos dispuestos a continuar haciéndolo porque creemos que el diálogo es el instrumento de la convivencia, pero el diálogo debe ser abierto, no puede estar sujeto a esos condicionantes previos a los que ustedes son tan aficionados. Hablaremos si..., nos reuniremos si..., decidiremos si... Métase en la cabeza, señor Acebes, que no hay diálogo posible cuando se quiere imponer de manera unilateral al otro hasta los interlocutores, como usted ha querido hacer en diversas ocasiones. Sí, señoría, este es el Gobierno del diálogo y de la responsabilidad. Se lo dije ayer y se lo repito hoy, señor Acebes. Dejen ya de intentar hacer con todo, absolutamente con todo, apología de sus propios intereses partidarios. (Rumores.) Olvídense de tanta declaración tan altisonante como hueca y vacía y dejen de utilizar partidariamente la lucha contra el terrorismo. (Rumores.) Olvídense, señor Acebes, y de una vez por todas arrimen el hombro, como hemos hecho los demócratas, en la lucha contra el terror. (Aplausos.-Rumores.)

- DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿A QUÉ ATRIBUYE EL GOBIERNO QUE LA CONFIANZA DE LOS ESPAÑOLES EN EL SEÑOR RODRÍGUEZ ZAPATERO HAYA CAÍDO DIECISÉIS PUNTOS EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO, AL IGUAL QUE LA DEL CONJUNTO DEL EJECUTIVO? (Número de expediente 180/000667.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana.


Adelante.


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El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, señora vicepresidenta, la semana pasada hemos conocido una encuesta del CIS que ponía de manifiesto que la valoración del presidente del Gobierno en un solo año había bajado 18 puntos. Yo sé que S.S., como es habitual, se irá por las ramas e intentará eludir la pregunta, que es muy concreta. En un solo año nunca en la historia un presidente del Gobierno había perdido 18 puntos de notoriedad. Eso no se ha dado nunca, pero si le es incómoda mi pregunta no me importará que no me responda si a cambio responde a la del señor Acebes, que ha dejado sin contestar. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Le contestaré, señor Zaplana, a lo que me pregunta. Este Gobierno está satisfecho de la confianza que le otorgan los ciudadanos. (Aplausos.-Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora vicepresidenta, se pueden hacer todas las sesiones de control que se quiera pero si al final usted opta por no contestar a ninguna de las preguntas que se formulan podríamos estar aquí horas y horas sin conseguir absolutamente nada. Los demócratas lo primero que aprendieron es a debatir, es a discutir, es a poner ideas encima de la mesa y mantener posiciones, y S.S. no ha contestado desde hace varias sesiones de control a una sola pregunta de las que se le han formulado. (Aplausos.)

Señoría, yo le voy a dar mi opinión sobre la pérdida de popularidad del señor presidente del Gobierno que, insisto, nunca se había producido en nuestra reciente historia democrática. Nunca un presidente del Gobierno había perdido 18 puntos de popularidad en un solo año y yo creo que es porque los ciudadanos españoles y también miles de votantes socialistas perciben en estos momentos que detrás de determinados gestos lo que hay es un Gobierno tremendamente radical. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Oh!) El presidente del Gobierno, señoría, más que laico, que no se sabe si lo será, es anticatólico; más que europeísta, que no sé si lo será, es antiamericano y, por cierto, el europeísmo que profesa no le da muy buenos resultados; que se recrea permanentemente en el pasado y no se dedica a construir un futuro constructivo. Señoría, en un año ha defraudado ya a muchos españoles y los españoles lo que quieren no es revisar el pasado, sino mirar al futuro, y sobre todo quieren que haya un Gobierno y un presidente que les diga la verdad y que no les engañe como les está engañando en la lucha antiterrorista. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno, por favor.
(Rumores.) Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): No confunda, señor Zaplana, que no le contesto con que no le gusta lo que le contesto. Señor Zaplana, el único afán de este Gobierno es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y así lo venimos haciendo. Le diré que podemos estar razonablemente satisfechos con la valoración que los ciudadanos hacen de nuestra acción política, cuando el 65 por ciento está a favor del giro de nuestra política exterior; el 85 por ciento cree que hay que permitir trabajar en España a los inmigrantes; el 70 por ciento cree que homosexuales y heterosexuales tienen que tener los mismos derechos; cuando ha mejorado sensiblemente el porcentaje de ciudadanos que valoran bien la situación política y económica del país; más de la mitad aprueban la lucha contra la violencia de género y una abrumadora mayoría cree que la religión no debe ser obligatoria y no debe computar en la escuela. ¿Y sabe por qué es así? Porque este es un Gobierno que con su presidente a la cabeza da seguridad, tranquilidad, fiabilidad, confianza y esperanza.
(Rumores.) Le diré que sin autocomplacencia estoy bastante satisfecha del apoyo al Gobierno.


El presidente Zapatero, que tan nervioso les pone -yo lo comprendo-, es el que más apoyo ha tenido en toda la democracia en este país. (Rumores.) Y le digo como es percibido. Se lo leo literalmente: Como el más eficaz, el más honesto (Rumores.), el más sincero, el más flexible, con más autoridad y hasta le diré, el más simpático. (Risas.-Rumores.) Comparado, ¿sabe usted con quién? Comparado con el señor Rajoy, que, por cierto...
(Continúan los rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Ahí duele.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Les ruego silencio, por favor.


Señor Trillo, le llamo al orden. (Protestas.-Rumores.) Señor Trillo, le llamo al orden por segunda vez. Usted debería dar ejemplo. (Continúan los rumores.) Usted debería dar ejemplo.


Señor Trillo, siéntese y respete a este presidente. Siéntese. Le ruego que se siente.


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Señora vicepresidenta, continúe. (Continúan los rumores.)

Parece mentira la situación que se está generando en este hemiciclo. Si esto continúa así, suspenderé la sesión. (Varios señores diputados: ¡Pues suspéndela!-Protestas.-El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

Señor Zaplana, en el turno de control no existen cuestiones de orden.
(Varios señores diputados: ¡Cómo que no!) No. Dejen ustedes terminar a la señora vicepresidenta, deje usted terminar a la señora vicepresidenta, respeten ustedes al presidente y terminen con esta actitud que tanto daño le hace al Parlamento. (Aplausos.)

Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Yo comprendo, señorías, que todas estas cosas les pongan nerviosos, porque es verdad.
Ese es el presidente del Gobierno que tenemos comparado, además, ¿sabe con quién? Con su líder que de siete asuntos en tres, más de la mitad, suspende.


Señor Zaplana, no le voy a seguir dando datos. No le quiero abrumar con datos, ¿sabe por qué? Porque si no se va a deprimir (Rumores.) y yo no quiero que usted se deprima, pues los datos son para que se coja usted una depresión monumental. Ya tiene usted bastante con lo que tiene encima como para que le dé los datos de cómo está... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora vicepresidenta, el tiempo ha concluido. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)

Dígame, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señor presidente, el artículo 72 del Reglamento establece que "En cualquier estado del debate, un diputado podrá pedir la observancia del Reglamento." Quiero decir a S.S., al señor presidente de la Cámara, que es la segunda ocasión en sesiones de control que ha llamado al orden a un diputado de mi grupo. Le ha llamado al orden dos veces seguidas, sin que haya sucedido entre la primera llamada y la segunda ningún hecho que haya provocado que tenga que ser reincidente en la llamada al orden. (Rumores.) Y le pido al señor presidente de la Cámara que dirija los debates con observancia del Reglamento y que no amedrante a los diputados de mi grupo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, señorías, los debates los dirige el presidente. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Pero dirígelos bien!) Es responsabilidad del presidente constatar cuándo se produce o no la necesidad de una llamada al orden e incluso si es necesario una segunda cuando el diputado que la recibe persiste en su actitud, sea quien sea.
(Rumores.) No me costaría ningún trabajo -cuando he tenido que corregir lo he corregido, y es público y notorio- demostrar de una manera clara y fehaciente cómo se molesta y cómo se impide que se puedan desarrollar normalmente las sesiones de esta Cámara. No me costaría ningún trabajo, ninguno, pero no lo voy a hacer, porque a mí me aburre solemnemente desde un punto de vista personal, intelectual y político estar en esta situación (Rumores.-Un señor diputado: ¡Y a nosotros!) y esto no se puede reproducir porque no solo hace daño a todos como colectivo, hace daño al Parlamento, eso es lo que me preocupa.


Continúa la sesión. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON CARMELO LÓPEZ VILLENA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO CREE QUE AFECTA A ESPAÑA EL NUEVO IMPULSO DADO A LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA POR EL CONSEJO EUROPEO EN LA REFORMA DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO? (Número de expediente 180/000647.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, del diputado don Carmelo López Villena.


El señor LÓPEZ VILLENA: Gracias, señor presidente.


Señor vicepresidente segundo y ministro de Economía, los Presupuestos Generales del Estado para 2005 tuvieron como novedad la eliminación de la ley de acompañamiento, medida que refuerza la transparencia y el control democrático del Parlamento sobre la iniciativa legislativa del Ejecutivo.
Este compromiso del Gobierno con la transparencia ha sido alabado por numerosos organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, que el pasado mes de febrero ensalzaba las medidas adoptadas y preconizaba las iniciativas previstas. Desgraciadamente, no todos los países europeos han profesado el mismo compromiso con la transparencia que el Gobierno socialista de España, haciendo que el aparente cumplimiento del PEC fuese en algunos casos solo un espejismo.
Tal y como informó el señor presidente del Gobierno el día 6 del presente mes en esta Cámara, en el Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo pasado fue reformado el PEC, otorgando un mayor peso a la transparencia de las cuentas públicas en los diferentes Estados miembros. Mi grupo cree oportuno resaltar las medidas aprobadas por el Consejo Europeo sobre la presentación de los programas de estabilidad o de convergencia y debate

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de los dictámenes del propio Consejo al respecto en los parlamentos nacionales. En el contexto de la alerta temprana de déficit excesivos, el Grupo Socialista acoge muy favorablemente esta iniciativa en tanto en cuanto fomenta la prevención a través del envío directo de avisos preventivos a los parlamentos nacionales, así como del fomento del control y la presión mutua. Asimismo, el Consejo Europeo instó a los países miembros a que faciliten estadísticas fiables y puntuales necesarias para la adecuada evaluación de las cuentas públicas. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) En esta cuestión permítanme felicitar al Gobierno por los sustanciales avances realizados, anticipándose a la senda marcada por el Consejo Europeo, tales como la publicación puntual y sin demora de la balanza comercial y el paro registrado, realizados por gobiernos anteriores sin fecha explícita.


Por todo ello, y dado el interés de mi grupo en fomentar la estabilidad presupuestaria y la transparencia fortalecedora de la eficacia y eficiencia en la gestión pública y de extraordinaria incidencia en una positiva evolución de la economía, nos gustaría conocer cómo cree que afecta a España el nuevo impulso dado a la transparencia presupuestaria por el Consejo Europeo en la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor López Villena.


Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, nuestra valoración tiene que ser claramente positiva. Lo que decide el Consejo Europeo los días 22 y 23 de marzo es reforzar el Pacto de Estabilidad y hacerlo más adaptable a las circunstancias económicas de cada país miembro, pero es cierto que para que la valoración de esas circunstancias se produzca sobre la base de los mismos parámetros se toman una serie de decisiones que nos permitan avanzar en la transparencia. Hay más supervisión multilateral, se mejora el análisis de la evolución de las políticas y de las cuentas presupuestarias de cada país y, en definitiva, se intenta avanzar en un mejor conocimiento de los datos en cada uno de los casos.


En ese sentido, la línea del nuevo PEC va totalmente en la misma dirección que nuestro Gobierno ha puesto en marcha desde que tomamos posesión.
Podemos hablar de que la reforma del PEC, Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no hace en este sentido mas que respaldar ese compromiso de transparencia y la calidad del marco regulatorio, elementos clave para que podamos analizar de forma homogénea la situación existente en cada país. Y por eso hemos apoyado también ideas que nos parecen fundamentales como, por ejemplo, que las previsiones económicas para llevar a cabo los cálculos presupuestarios sean realistas y prudentes y se basen sobre las propias previsiones de la Comisión. Para el año 2005 ya intentamos mejorar nuestra información y transparencia presupuestaria y pensamos continuar en la misma línea en el futuro.


Querría hacer dos comentarios adicionales que pueden ser interesantes. En la disposición adicional quincuagésimo sexta de la Ley de Presupuestos para el año 2005 está previsto que el anteproyecto de presupuestos se acompañe de un nuevo anexo conteniendo las inversiones previstas por el sector público empresarial desagregado por proyectos, provincias y comunidades autónomas y también que las memorias explicativas de los programas de gasto aporten información sobre los tiempos y financiación futura. Con esto evitaremos el desconocimiento de esas obligaciones que se adoptan hoy y que tienen impacto el día de mañana. Sobre esos ejes estamos trabajando y son los ejes que nos ha recomendado el Fondo Monetario Internacional. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN ARAS DE PROPICIAR UN RÁPIDO CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA CONTRA LAS ELEVADAS COMISIONES PAGADAS POR LOS COMERCIANTES EN LOS COBROS EFECTUADOS MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO? (Número de expediente 180/000664.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): La pregunta es del diputado don Josep Sánchez i Llibre, de Convergència i Unió.


Adelante, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que se rebajen las comisiones sobre las tarjetas de crédito que se aplican a los comerciantes?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Adelante, señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señora presidenta.


Conviene aclarar algunos conceptos importantes para saber de qué estamos hablando. Su señoría se refiere a las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia adoptadas el pasado 11 de abril, que no se refieren a las comisiones pagadas por los comerciantes por los cobros efectuados por tarjetas de crédito, sino a las tasas de intercambio, es decir, el pago que tienen que realizar los dueños de las tarjetas a los bancos adquirentes, como juega el sistema. Es lo que se denomina las tasas de intercambio frente a las tasas de descuento. Es cierto que las tasas de intercambio tendrán un impacto sobre la tasa de descuento. Y en cuanto a la tasa de intercambio, la idea es que están fijadas en un pacto entre los utilizadores, los bancos, y los propietarios de las tarjetas.
Por ese solo hecho infringirían el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia que impide este tipo de pactos acordados entre todos los operadores del sector. Sin embargo, dado que facilita y hace más eficiente el sistema informático se puede autorizar este tipo de operaciones siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, que son las condiciones que ha impuesto el Tribunal de Defensa de la Competencia.
Sobre esa base se han analizado dos tipos de actuaciones. Por una parte, resolver las solicitudes de dos redes específicas que solicitan autorización para la fijación de las tasas de intercambio. Estoy hablando del sistema 4B y de Servired. Al mismo tiempo, se revoca el acuerdo de Euro 6000 por considerar que no cumple los requisitos necesarios para ser autorizado. La denegación de la solicitud del sistema 4B y de Servired admite una complementacion de la información y un cumplimiento de las condiciones hasta el día 15 de julio del año 2005. Si se presentan estos requisitos antes de esa fecha se aceptarán, lógicamente, de acuerdo con los requisitos planteados por el Tribunal de Defensa de la Competencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor vicepresidente; lo siento, se acabó su tiempo. (Aplausos.)

Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor vicepresidente, estoy totalmente de acuerdo en que la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia está basada única y exclusivamente sobre las tasas de intercambio, pero no es menos cierto que, si existe una rebaja de las tasas de intercambio, automáticamente se rebajarán las comisiones de las tarjetas de crédito. Nuestro grupo siempre ha estado muy preocupado por esta cuestión y ha propiciado en el Parlamento multitud de iniciativas parlamentarias. Solamente quisiéramos manifestarle que en estos momentos las comisiones de las tarjetas de crédito que existen en España son un 200 por ciento más elevadas que las que existen en la media de la Unión Europea. Estos datos, señor vicepresidente, los he recogido de los informes que ha enviado su ministerio a las diferentes cámaras de comercio y a las diferentes organizaciones patronales en los que hemos podido observar que las tasas de intercambio o las comisiones de las tarjetas de crédito que se aplican en la Unión Europea son muchísimo más bajas que las que se aplican en España. Concretamente, la media de la Unión Europea es del 1 por ciento y la media de España, según estos datos de su ministerio, es alrededor del 3 por ciento. Lo que quiere decir que hay tarjetas de crédito que aplican más del 3 por ciento de comisión, lo que para muchísimos comercios puede resultar ruinoso en su cuenta de explotación. Por tanto, desde nuestro grupo instamos al Gobierno para que cuando acabe este proceso de equiparación de datos se tomen medidas urgentes para que se proceda a una rebaja efectiva de las comisiones de las tarjetas de crédito a todos los comerciantes de nuestro país.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ENCARNACIÓN NIÑO RICO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA MARÍA JOSÉ PORTEIRO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ PASOS ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO PARA DESARROLLAR LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS? (Número de expediente 180/000675.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


En primer lugar, la pregunta formulada por la diputada doña Encarnación Niño Rico.


Adelante.


La señora NIÑO RICO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, en cumplimiento de nuestros compromisos con los ciudadanos y con el refrendo de esta Cámara, la decisión soberana del Gobierno socialista de retirar las tropas de Irak supuso en su momento un punto de desencuentro con la Administración norteamericana. A pesar de ese tan traído y llevado desencuentro, la importancia de las relaciones entre dos países con igual legitimidad en su capacidad de gestión y con numerosos intereses en común ha hecho posible que España y Estados Unidos hayan entrado en una

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nueva etapa, una etapa distinta a la que nos tenía acostumbrados el anterior Gobierno del Partido Popular, una etapa no de sumisión sino de lealtad mutua y colaboración. En definitiva, una forma más igualitaria desde la que ambos Estados defienden sus intereses propios y que no es nueva. De hecho, ya en los años ochenta, con un Gobierno socialista al frente de nuestra política exterior, se trabajó intensamente para dar impulso a los procesos de transición en Centroamérica o para poner en marcha la Agenda Transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos.


Señor ministro, los frutos de su trabajo y los de su equipo se van haciendo notar y aunque pudiera parecer que España es un país pequeño en comparación con Estados Unidos, sin duda alguna somos una potencia referente en Latinoamérica. Así, ya conocemos cómo en el ámbito de la cooperación ambos Estados han iniciado juntos una intensa labor para alcanzar objetivos comunes de asentamiento de libertades públicas y de desarrollo democrático en países de Iberoamérica, al igual que se está apostando por incrementar los flujos inversores entre los dos países en el futuro. Se están acordando, pues, medidas desde ambas administraciones para reforzar nuestras relaciones en el ámbito educativo, cultural, económico o de seguridad, pero desde su responsabilidad en el Ejecutivo español nos gustaría conocer qué pasos está dando el Gobierno para desarrollar las relaciones con la Administración de los Estados Unidos.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Niño.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidenta, gracias, señoría.


Tiene razón señalando que la retirada de las tropas de Irak supuso una cierta decepción por parte de la Administración norteamericana, pero desde el primer momento el Gobierno deseó establecer relaciones basadas en el diálogo y en el respeto mutuo y desde ese día hemos ido trabajando para tener unas relaciones de aliados con Estados Unidos. Dentro de ese espíritu, mi última visita a Washington se inscribe en un normal desarrollo de las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de la visita era triple. En primer lugar, ordenar la secuencia de lo que deben ser unas buenas relaciones bilaterales y establecer un calendario de contactos en los distintos campos de cooperación bilaterales. El segundo objetivo era exponer las prioridades de la política exterior española y compartir con Estados Unidos áreas de concertación y trabajo en común. Y en tercer lugar el objetivo era impulsar una presencia importante del mundo hispano en Estados Unidos. La visita se desarrolló de manera positiva e intensa. Tuve la oportunidad no solamente de mantener una reunión con la secretaria de Estado, Condolezza Rice, sino también de entrevistarme con los principales actores del Senado y el Congreso de los Estados Unidos, así como con los principales actores del mundo hispano.
Puedo señalar que en el ámbito bilateral las relaciones se están desarrollando de manera normal y positiva, tanto en el campo económico y comercial como en el campo de la lucha contra el terrorismo, en el campo educativo, investigación y ciencia y en otros muchos.


En materia de política exterior el Gobierno de Estados Unidos apreció el esfuerzo de España en la lucha contra el terrorismo en Afganistán, en la estabilización de Haití y hemos quedado en concertar nuestras políticas en Iberoamérica. Las últimas consultas que hemos hecho en relación con Ecuador muestran que esta concertación está dando sus frutos. Por lo tanto, para concluir, señoría, las relaciones van por buen camino, tenemos un buen diálogo, basado en el respeto mutuo y en la voluntad de construir juntos un mundo mejor. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ PORTEIRO GARCÍA, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ENCARNACIÓN NIÑO RICO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: ¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CONFERENCIA DE EXAMEN QUE SE VA A CELEBRAR COINCIDIENDO CON EL 25 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN? (Número de expediente 180/000676.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Porteiro García.


Adelante.


La señora PORTEIRO GARCÍA: Parece que 2005 es un año proclive para recordar la historia reciente de la humanidad, porque en este año se conmemora el sexagésimo aniversario de la II Guerra Mundial y también de la fundación de las Naciones Unidas, seis décadas durante las cuales el desarme nuclear ha estado presente en la agenda de la mayoría de las naciones que aún conservan vivo el trágico recuerdo de Hiroshima o Nagasaki. Pero también es 2005 el año en que se conmemora el trigésimo aniversario del Tratado de No Proliferación de armas nucleares y en este sentido el próximo mes de mayo, en Nueva York, se va a celebrar la séptima conferencia de revisión de este Tratado, tal y como se viene haciendo cada cinco años desde su firma en 1970. Cuando se firmó el Tratado, efectivamente, estábamos en plena guerra fría y los países firmantes,

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las potencias nucleares, se comprometieron a deshacerse del arsenal nuclear y a trabajar para que otros países no llegasen a poseerlo. Hoy son ya 188 los países que han firmado el Tratado.


En la revisión del año 2000 se acordó seguir 13 pasos prácticos para avanzar hacia el desarme nuclear, tal y como se recoge en el artículo 6 del Tratado. Parece necesario en estos momentos un esfuerzo renovado de los países firmantes para conseguir este objetivo, porque estamos en un nuevo escenario. Y si bien es cierto que el Tratado ha sido muy beneficioso durante los 30 años de vigencia para la paz mundial, tampoco podemos ignorar que en los últimos años se ciernen sobre la paz y la seguridad mundial nuevas amenazas. En este mismo sentido coinciden recomendaciones como las del grupo de alto nivel de Naciones Unidas sobre las amenazas y los desafíos del cambio, que fueron dadas a conocer en diciembre del año pasado y en las cuales se le otorga al desarme y a la no proliferación de armas nucleares un papel crucial para la seguridad colectiva. También parece relevante la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU, que precisamente mañana cumplirá un año de vigencia, para la adopción de un protocolo adicional que garantice los derechos legítimos de los Estados al uso pacífico de la energía nuclear.


Señor ministro, ante la inminencia de la celebración de la conferencia a la que hacíamos referencia, parece necesario conocer cuál va a ser la posición del Gobierno español en este momento. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Porteiro.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.


La posición de España en la próxima conferencia de revisión del Tratado de no proliferación nuclear, que se celebrará en Nueva York el próximo mes de mayo, se articula en estrecha relación con la posición de la Unión Europea. Si bien es cierto que hay algunas diferencias en la valoración de determinados aspectos del régimen establecido por el Tratado de no proliferación, existen muchas cuestiones en las que prevalece el consenso y en las que los miembros de la Unión Europea compartimos puntos de vista de cara a la revisión de este importante tratado. Así se refleja en la posición común adoptada en el último CAGRE, Consejo de Asuntos Generales, del pasado 26 de abril de este año. Hay algunos planteamientos esenciales. En primer lugar, la importancia de mantener el TNP en su integridad y la necesidad de adoptar medidas en caso de incumplimiento, siempre dentro del respeto al derecho internacional y a lo que denominamos el multilateralismo eficaz. En segundo lugar, un firme apoyo al seguimiento de ciertos procesos de Naciones Unidas, como la Resolución 1540 o instrumentos como el Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares abierto a la firma en el año 1997 y algunos aspectos más técnicos, como la propuesta de abrir negociaciones sobre la limitación de fabricación de material fisible. Por otro lado, sin perjuicio de documentos y manifestaciones que realice la Unión Europea, la posición española hará una intervención en el debate general y presentará al menos dos documentos en los que se expondrán posiciones nacionales, uno a título nacional y otro junto a Bélgica y Holanda. En estos informes España expresará un especial apoyo al seguimiento de las llamadas 13 medidas para el desarme conforme al documento final de la Conferencia de revisión del año 2000, en la misma línea de otros países como Bélgica, Canadá, Japón y Holanda. Además, España quiere aprovechar la ocasión que proporciona esta conferencia para poner de relieve algunas inquietudes especiales. En primer lugar, haremos referencia a la problemática de la proliferación en el marco de los actores no estatales con especial hincapié y mención del terrorismo y el tráfico ilícito de tecnologías sensibles. En segundo lugar, plantearemos la urgencia de proponer soluciones multilaterales en materia de transportes, de control de armamentos y cooperación técnica.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro. Se acabó su tiempo. (Aplausos.)

- DEL DIPUTADO DON JESÚS CUADRADO BAUSELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE DEFENSA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL PASO DE UN EJÉRCITO DE LEVA OBLIGATORIA A UN EJÉRCITO PROFESIONAL? (Número de expediente 180/000677.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Defensa. En primer lugar, pregunta del señor Cuadro.


Adelante, señor Cuadrado.


El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, los datos de evolución de la profesionalización de las Fuerzas Armadas en España son contundentes. Quienes diseñaron este modelo y lo aplicaron habían calculado 120.000 soldados de nuestras Fuerzas Armadas y consiguieron 70.000. No será exagerado llegar a la conclusión de que estamos ante el fracaso de un modelo. Lo cierto -por eso le formulo la pregunta, señor ministro- es que para el buen funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas es necesario rectificar la tendencia en la evolución de su modelo profesional. Se han tomado medidas durante este último

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año -y ha habido resultados- como la de aumentar de una manera extraordinaria, en 1.500 plazas, el número de soldados permanentes, 340 plazas de oferta pública especial o aumentar el número de extranjeros en nuestras Fuerzas Armadas hasta el 7 por ciento. Son muchas medidas laborales y sociales, pero en mi opinión, señor ministro, no estamos ante pequeños detalles sino ante el fallo de un modelo. Lo que falla es el disco duro y, por tanto, habrá que modificar la evolución de ese modelo.
Estamos ante una situación en la que se produce una temporalidad muy alta, una tasa de permanencia muy baja, una rotación muy alta, más de 11.000 cada año, y eso no es sostenible en un modelo profesional de Fuerzas Armadas. No es cuestión, como hacían quienes diseñaron este modelo, de proponer muchas cifras: 130.000, tal presupuesto, tal porcentaje de producto interior bruto, 170.000, 140.000... Como diría Sancho Panza, sofisterías, que no nos llevan a la solución del problema.


Señor ministro, le formulo la misma pregunta que un diputado del Grupo Popular hace varios meses, cuando apenas acababa usted de tomar posesión del ministerio, quien le preguntaba entonces qué políticas va a aplicar para alcanzar el número suficiente de efectivos en los tres ejércitos.
Fíjese, señor ministro, que se lo preguntaban quienes habían diseñado el modelo y lo habían aplicado. Por tanto, yo le pregunto: ¿Qué políticas va a aplicar el Gobierno para rectificar esta tendencia?

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cuadrado.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señora presidenta, señor diputado, lleva razón S.S. y muy probablemente haya que cambiar el disco duro y el ordenador.


Como es sabido, el 31 de diciembre del año 2001 se suprimió el servicio militar obligatorio y se dijo que se hacía a coste cero, pensando que se podrían compensar los salarios con la reducción de los efectivos. Como bien sabe S.S., se fijaron los efectivos de tropa y marinería en 120.000 y estamos en torno a los 70.000; el error es casi del 50 por ciento. Lo que hemos hecho hasta el momento, cambiando disquetes, no es suficiente.
Hay que cambiar el disco duro. Tenemos que traer una ley de tropa y marinería que permita cubrir las necesidades y consolidar plenamente la transformación. Pero eso no puede hacerse a coste cero. No era cierta la promesa de que se hacía a coste cero. Tenemos que prolongar la permanencia de los soldados y de los marineros en los ejércitos hasta unos 20 años. Cuando se vayan tenemos que darles una pensión o una compensación con la que puedan vivir, con la posibilidad de ser reclamados en el futuro; tenemos que proporcionarles salidas en la Guardia Civil, en la policía y propiciar que los años servidos en los ejércitos les sirvan también para acceder a la Administración si queremos tener Fuerzas Armadas. Finalmente, hace falta dinero, porque, señor diputado, mientras un brigada del Ejército, con 21 años de servicio, cobre menos que un policía autonómico recién ingresado vamos por mal camino, aunque cambiemos de disco.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO XAVIER CARRO GARROTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE DEFENSA ALGUNA GESTIÓN CON RESPECTO AL HOSPITAL NAVAL DE FERROL PARA, A TRAVÉS DE UN CONVENIO CON EL SERGAS, INTEGRARLO EN EL ÁREA SANITARIA DE FERROL? (Número de expediente 180/000678.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la siguiente pregunta, del diputado don Francisco Xavier Carro.


El señor CARRO GARROTE: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro de Defensa, el Hospital Básico de la Defensa de Ferrol es una instalación moderna y eficaz. Entre sus principales dotaciones, como usted sabrá, destacan cuatro quirófanos, una cámara hiperbárica, cinco laboratorios, una UCI con diez camas, un helipuerto, etcétera. En la actualidad están en uso 59 camas, aunque con una plantilla y recursos adecuados se podría alcanzar una capacidad de 230. Se encuentra ubicado al lado del Hospital Arquitecto Marcide, configurando así un complejo hospitalario que debería ser utilizado conjuntamente por varias razones: primero, porque es una necesidad objetiva de los ciudadanos de la comarca de Ferrol; segundo, porque lo indica así la propia Ley de Sanidad, que habla de la utilización integrada de todos los recursos públicos y, tercero, porque en el marco de un convenio con el Sergas se podría completar y optimizar la actual plantilla.


Señor ministro, concluyó la legislatura anterior con gobiernos de España y de Galicia del Partido Popular y ha quedado bien clara la incapacidad y la falta de voluntad política del Partido Popular para resolver este problema. Preguntaba ayer una diputada del Partido Popular: ¿dónde están los diputados gallegos del Partido Socialista? Estamos aquí con usted, señor ministro, y con este Gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos y para resolver en este caso el problema de la sanidad de Ferrolterra. El actual Gobierno escucha a los ciudadanos. Es un Gobierno que se compromete

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con la solución de sus problemas y que cumple con su palabra. Un estilo de Gobierno, un talante, que los gallegos desean y que será una realidad también en Galicia después del cambio que protagonizará Emilio Pérez Touriño el 19 de junio. (Risas.)

Señor ministro, los gallegos, los ferrolanos en este caso, estamos hartos de que la Xunta de Galicia oculte su nefasta gestión y acuse al Ministerio de Defensa de impedir el convenio. Hay que decir a los ciudadanos la verdad, y la verdad no es otra que el señor Fraga no ha querido invertir en mejorar la sanidad pública y después de las próximas elecciones ya no tendrá oportunidad de persistir.


Por todo ello, le pregunto: ¿Señor ministro, está realizando el Ministerio de Defensa alguna gestión respecto al Hospital Básico de la Defensa, antiguo Hospital Naval de Ferrol para, a través de un convenio con el Sergas, integrarlo en el área sanitaria de Ferrol? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Carro.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Bono Martínez): Señora presidenta, señor diputado, el Ministerio de Defensa ha ofrecido a todas las comunidades autónomas los hospitales militares. Tanto es así que comunidades como Madrid y Valencia ya han firmado esos convenios. El de Ferrol también se ha ofrecido y desde septiembre de 2004 el convenio está dispuesto para ser firmado. En enero de 2005 el subsecretario se dirigió al conselleiro de Sanidad reiterándole la oferta. El 31 de enero de este año el señor conselleiro visitó el hospital y, por cierto, pudo escribir en el libro de honor que le satisfacía visitar y conocer aquel magnífico centro sanitario. Sin embargo, el día 10 de febrero el conselleiro se dirigió al ministerio diciendo que debíamos solicitar la acreditación de calidad, que él había dicho que era magnífica. En fin, son palabras; palabras si no fuera porque dos días antes se nos comunicó que se había iniciado dicha auditoría de acreditación. Desde el día 4 de abril de 2005 tenemos en nuestro poder el certificado de acreditación y desde hace unos meses el convenio. ¿Qué falta, señor diputado? S.S. ha dicho algunas cosas que faltan quizás en el ámbito de las elecciones. Me remito a mi ministerio.
Por nuestra parte, no hay problema alguno. A mi modo de ver falta agilidad, sobra burocracia y quizás la convocatoria electoral haga que, no sé si la agilidad o la burocracia, pero, sin duda, las prisas se pondrán a la orden del día.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MONTSERRAT PALMA I MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: ¿CÓMO ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO LA COOPERACIÓN ENTRE EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN PÚBLICOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOS? (Número de expediente 180/000681.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Ciencia. La pregunta se la formula la señora Palma.


Adelante, señora Palma.


La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, existe un acuerdo generalizado sobre la importancia de invertir en investigación, en desarrollo tecnológico y en innovación.
Evidentemente, mirar hacia el futuro en el siglo XXI es fomentar la investigación y el desarrollo, generar conocimientos científicos y técnicos y propiciar su transferencia al sector productivo para su conversión en nuevos productos, procesos o servicios a través de la innovación empresarial. Este objetivo forma parte de la agenda política europea, de una forma clara y nítida y afortunadamente desde hace un año también forma parte de la agenda política española de una forma clara y nítida. El Gobierno, y en especial su presidente, ha manifestado desde el mismo inicio de su mandato -hace ahora un año- su compromiso en adoptar las medidas necesarias para promover el gran salto cualitativo que nuestro país necesita para mejorar los resultados en I+D+I y es evidente que este gran salto cualitativo no pude hacerse sin contar con las empresas. Se trata de consolidar y mejorar nuestro sistema de ciencia y tecnología para ponerlo al servicio de la sociedad, compromiso claramente expresado en el programa del Partido Socialista.


Ha dicho el presidente hace pocos días que 2006 será el año para la prioridad en I+D. Cumplimos los compromisos en el primer año de Gobierno, lo cual no era fácil a la vista del desastre heredado del Partido Popular. Los recursos se han puesto a disposición del sistema a través de un aumento del 25 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado.
Sabemos que se han impulsado todo tipo de medidas de diversa índole desde el departamento que usted dirige y se ha hecho a través del diálogo, de la cooperación y la colaboración entre los diversos agentes que conforman el sistema de ciencia, tecnología e innovación, especialmente entre administraciones, universidades y organismos públicos de investigación y el sector privado y empresarial. Para profundizar en los planes del Gobierno respecto a esta gran tarea le preguntamos, señora ministra, ¿cómo está impulsando el Gobierno la cooperación entre empresas y centros públicos de investigación y desarrollo tecnológico?

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La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Palma.


Señora ministra, su turno.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (Sansegundo Gómez de Cadiñanos): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el Gobierno apuesta decididamente por el desarrollo tecnológico como fundamento del desarrollo económico del país sobre bases sólidas y estables. Los distintos departamentos del Gobierno realizan acciones complementarias coordinadas por la Cicyt. En particular, es objetivo fundamental de la política tecnológica del Ministerio de Educación y Ciencia la cooperación de las empresas con las universidades y los organismos públicos de investigación. Para ello hemos puesto en marcha un auténtico plan de choque compuesto de acciones nuevas y enérgicas para fomentar la creación de un sistema ciencia, tecnología, empresa. El pasado 13 de abril se ha publicado la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D liderados por empresas y en los que han de participar organismos públicos de investigación o universidades. En la selección de estos proyectos, junto a la evaluación del contenido tecnológico de las propuestas, se va a tener en cuenta el compromiso inversor asumido por las empresas. Apostamos decididamente, con más de 125 millones de euros, por proyectos singulares de carácter estratégico en la generación de tecnología, con una dimensión significativa y con una importante capacidad de arrastre en los sectores productivos. Hemos diseñado un programa de redes y plataformas tecnológicas que contribuirá a coordinar inversiones regionales, nacionales y europeas tanto públicas como privadas. Creemos que este programa potenciará la participación de nuestros centros de I+D+I y las empresas -las pymes especialmente- en las plataformas europeas de los próximos años. Apostamos también por el impulso a los parques científicos y tecnológicos cuyo programa de promoción supera este año los 150 millones de euros con importantes novedades, como el hecho de que las sociedades promotoras no tengan que garantizar con su patrimonio la solvencia de los proyectos que se presentan. En definitiva, buscamos la excelencia en la ciencia y en la tecnología como vías para impulsar nuestro desarrollo y la mejora del nivel de vida de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señora ministra.


-DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿HA DETERMINADO DEFINITIVAMENTE EL GOBIERNO LOS REQUISITOS QUE LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN APLICAR PARA EL NUEVO PROCESO DE REGULARIZACIÓN MEDIANTE EL DENOMINADO EMPADRONAMIENTO POR OMISIÓN? (Número de expediente 180/000670.)

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la que le dirige el diputado don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señora presidenta.


Le formulo la pregunta en los términos formulados en el orden del día, señor ministro.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Hernando.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Señor Hernando, no se ha abierto un nuevo proceso de normalización para los inmigrantes que están en España. El único proceso que está en vigor es el que se abrió el 7 de febrero pasado después de un acuerdo con empresarios y sindicatos para legalizar el trabajo sumergido en España.
Como usted sabe, los requisitos son muy simples: estar en España antes del 7 de agosto; carecer de antecedentes penales y tener un contrato de trabajo real; es decir, que lo que va a cualificar el proceso es el contrato de trabajo y el alta en Seguridad Social, y esos requisitos siguen siendo los mismos.


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor ministro, por su contestación, pero la realidad es que el 14 de abril sí se decidió improvisar un nuevo proceso de regularización acuciado por dos problemas que usted tiene en la actualidad: que no se van a alcanzar las 800.000 personas anunciadas en un principio y porque ahora hay muchos más inmigrantes ilegales que hace un año. Para ello no le ha importado modificar por resolución el carácter excepcional del empadronamiento por omisión generalizándolo para intentar cumplir los requisitos del reglamento, pero viendo que el empadronamiento solo puede tener efectos jurídicos desde que se solicita y carece de efectos retroactivos conforme a lo dispuesto en resoluciones del Consejo de empadronamiento y de la propia FEMP, por lo que cualquier regularización que usted pretenda ahora incumpliría el reglamento y la Orden 1718 dictada por usted mismo, salvo que quieran utilizar el typex.


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No contento con esto, señor ministro, tres días después de la primera resolución, enviaron a los ayuntamientos otras aclaraciones y, más tarde, nuevas aclaraciones a las aclaraciones con criterios distintos, estableciendo como mérito incluso tener una orden de expulsión de nuestro país y creando una tremenda confusión en seguridad jurídica en los ayuntamientos, que han visto colapsados sus servicios por culpa de sus cambios, de su incompetencia e improvisación. Miles de inmigrantes en Almería y en muchas provincias de España han tenido que formar colas interminables, colas a las que según la señora Rumí debemos acostumbrarnos en lo que al parecer va a ser un nuevo signo progresista de su Gobierno. Pero la realidad es dura. Mientras usted se vanagloriaba y celebraba aquí la semana pasada el éxito de su ocurrencia, las mafias volvían a hacer su agosto gracias a usted. ¿Sabe cuánto se paga por una propuesta de contrato? ¿Sabe cuánto se paga por documentación falsa? ¿Por tarjetas sanitarias de otros? ¿Por la aceptación para ser incluido en un domicilio? De eso es de lo que usted se tiene que enterar. Su negligencia e improvisación, alterando de forma unilateral la política de inmigración de la Unión, ha convertido a España en el centro de operaciones de las mafias que trafican con inmigrantes. Usted es su ministro favorito.
Mientras, muchas personas que ven en esas mafias una oportunidad, acaban cayendo en sus redes, con las graves consecuencias sociales que eso tiene y va a tener en el futuro y de las cuales usted es el responsable. No me diga, señor ministro, que ha regularizado a 400.000 personas.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Hernando. Lo siento, se acabó su tiempo.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): El Grupo Parlamentario Popular debería esperar al final del proceso para evaluar el número de personas que salen de la ilegalidad y acceden a la legalidad. Ya sabemos que al Partido Popular no le gusta que los trabajadores tengan derechos. Eso es lo que parece presumir su comportamiento, porque ustedes prefieren que los inmigrantes trabajen ilegalmente. (Rumores.) Así lo hicieron en el pasado. No; eso se va a acabar. De acuerdo con los empresarios españoles y con los sindicatos, hemos acordado legalizar el trabajo sumergido para dotar de derechos a esas personas y de garantías a sus empleadores. Hemos establecido requisitos inéditos. ¿Qué autoridad moral tienen ustedes para hablar en estos términos, cuando el señor Rajoy concedió medio millón de regularizaciones solo con un billete de autobús? ¿Qué autoridad moral cuando ahora se exige el alta en Seguridad Social y el empleo? Por cierto, si usted conoce cómo se pagan esos contratos, por favor, denúncielo a las Fuerzas de Seguridad, porque yo no conozco ningún caso.
Ni la inspección de trabajo, ni la policía. Si usted sabe que hay personas o mafias que están ofreciendo empleos irregulares, denúncielo.
Le diré algo más, no sirve de nada, porque la autorización se concede con el empleo y con el alta en la Seguridad Social. La autorización se renueva después de un año, si se mantiene el alta en la Seguridad Social, es decir, si son empleos regulares. Eso es lo que les molesta, señorías, que estemos aflorando una parte importantísima de la economía sumergida en España. Pues así va a ser. Sean un poco prudentes, porque ustedes no supieron enfocar el fenómeno. Ahora lo están haciendo empresarios, sindicatos y este Gobierno y va a servir para legalizar el empleo sumergido en España. Empleo sí, con protección social. Eso es lo que ustedes no hacían. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESTÁ CUMPLIENDO SUS COMPROMISOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA? (Número de expediente 180/000671.)

La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): La siguiente pregunta la realiza el diputado don José Ignacio Echániz.


Adelante, señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿considera el Gobierno que está cumpliendo sus compromisos en materia de dependencia? Y de una forma más concreta, señor Caldera, ¿sigue manteniendo que la ley que debe remitir en unas semanas a este Parlamento debe tener el carácter de básica y reconocer un derecho subjetivo?

Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA(Chacón i Piqueras): Gracias, señor Echániz. Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señora presidenta.


Sin duda que el Gobierno va a cumplir sus compromisos conforme al discurso de investidura del presidente del Gobierno en el que manifestó la sensibilidad de este Gobierno ante la creciente preocupación de los españoles por tener un sistema capaz de ofrecer mayor

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y mejor atención a las personas que precisan de atención. Ayer mismo este Parlamento aprobó -bien es cierto que con la abstención de su grupo, debía tener poco interés- una moción según la cual se establece un calendario de diálogo y desarrollo de la ley reguladora del sistema de atención a las personas dependientes, que por supuesto va a ser ley y va a reconocer ese derecho a todos los españoles. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


Señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Gracias, señora presidenta.


El señor Rodríguez Zapatero lleva un año llenándose la boca, diciendo que el 2005 iba a ser el año de la dependencia. Señor Caldera, yo le pido que le diga al presidente del Gobierno, en nombre de diez millones de españoles, que este no va a ser el año de la dependencia por culpa de su departamento; que S.S. va a incumplir la promesa del presidente de traer a esta Cámara la ley de la dependencia en el mes de junio; que S.S. no ha incorporado los mil millones de euros comprometidos por el señor Rodríguez Zapatero a los Presupuestos Generales del Estado para la dependencia; que ha incumplido esa promesa; que tampoco la va a cumplir el año próximo porque cuando se apruebe la ley -si se aprueba- ya se habrá cerrado el proceso presupuestario en esta Cámara de 2006 y no habrá podido incorporar los nuevos derechos. Dígale que no ha comparecido ni una sola vez en un año en la Comisión del Pacto de Toledo ni para hablar de pensiones ni para hablar de dependencia ni para hablar absolutamente de nada. Dígale que al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del talante no le gusta el Parlamento. Dígale, señor Caldera, que usted no ha adoptado en este año una sola medida para esos 3 millones de españoles y de sus familias que lo necesitan y que lo están esperando.
Dígale que tiene problemas con los señores Solbes y Fernández Ordóñez que le toman por el pito del sereno. Dígale al presidente del Gobierno, señor Caldera, que el 40 por ciento de las quejas en materia social al Defensor del Pueblo son de personas con dependencia y que el año 2050 España va a ser el país más envejecido de toda Europa. Dígale que las administraciones, las comunidades y los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular son pioneras en dependencia y que si hoy todavía gobernara en España el Partido Popular todas estas cuestiones que S.S. es incapaz de poner en marcha hace mucho tiempo serían una realidad.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Echániz.


Adelante, señor minstro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Por desgracia para los españoles y para S.S., estamos en el mes de abril, ayer el Parlamento tomó una decisión y verá cómo el proyecto de ley entra en esta Cámara este año. Entretanto hemos hecho muchas cosas, hemos iniciado el diálogo social sobre la dependencia y hemos elaborado un libro blanco que fue presentado a este Parlamento. ¿Cómo dice usted esas cosas? Por primera vez hay en este país un fondo para la dependencia que no existía con el Gobierno del Partido Popular. ¿Es que olvida S.S. que esta Cámara dotó en los presupuestos del Estado de este año de un fondo de 50 millones de euros para iniciar la acción de la dependencia?

Le diré algo más, señor Echániz. A ustedes ni se les esperaba ni estaban invitados en este proceso. Ustedes gobernaron y no hicieron nada por la dependencia y en España va a haber una ley de la dependencia porque ganó las elecciones el Partido Socialista y porque la izquierda en este Parlamento ayer lo acordó; por eso va a haber dependencia. (Aplausos.) Su partido y su Gobierno no se preocuparon de ello, solo figuraba en el programa electoral del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de las organizaciones de izquierdas; no figuraba entre sus acciones. En consecuencia, no exija aquello que no estaba dispuesto a hacer. En todo caso, como el programa de la dependencia y la ley pasarán por este Parlamento tendrán oportunidad de expresarse. Yo le garantizo -lo verá en su momento- que habrá ley, que la ley estará consensuada en el diálogo social, con las comunidades autonomas y regulará el derecho de los españoles dependientes a tener una asistencia para sus necesidades. Eso lo verá usted y muy pronto. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON MANUEL ATENCIA ROBLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS: ¿QUÉ ENTIENDE EL EJECUTIVO COMO "CÓDIGO PARA EL BUEN GOBIERNO"? (Número de expediente 180/000668.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas al ministro de Administraciones Públicas. En primer lugar, la que realiza el diputado don Manuel Atencia.


Adelante, señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Señora presidenta, señor ministro, ¿que entiende el Gobierno como codigo para el buen gobierno del Gobierno?

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Atencia.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.


Lo entiende como el conjunto de normas éticas por el que se rigen los altos cargos.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor ministro.


Señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: En la presentación del código del buen Gobierno se habla de compromiso del Ejecutivo por una nueva ética de Gobierno.
Quiero preguntarle, señor ministro: ¿Es acorde con esa nueva ética de gobierno la utilización por parte de la esposa del presidente del Gobierno de una piscina de la Guardia Civil para ser instruida en submarinismo por miembros de seguridad de la Moncloa? Es acorde con esa nueva ética del Gobierno utilizar un helicoptero para ir a casa los fines de semana o para llevar una medicina a una ministra porque le ha picado un insecto?. ¿Es acorde con esa nueva ética de Gobierno utilizar a guardias civiles para servir café a una ministra? ¿Es acorde con esa nueva ética del Gobierno hacer 444 viajes en avión, gratis total, por parte de un actual miembro del Gobierno? ¿Contempla la nueva ética de gobierno los comportamientos que tantas veces se han dado en mi tierra, Andalucía, por parte de los socialistas y que no dejan de repetirse? ¿Es acorde, señor ministro, con esa nueva ética el clientelismo, la influencia y los pelotazos urbanísticos? ¿Es acorde con esa ética de gobierno la recalificación en Sanlúcar la Mayor, Sevilla, de una parcela destinada a viviendas sociales para que los sobrinos del antiguo presidente, señor González, la dediquen a otras cosas? ¿Es acorde con los comportamientos denunciados de la familia del presidente de la Diputación de Cádiz esa nueva ética del Gobierno? Señor ministro, ¿es acorde con esa nueva ética del Gobierno lo que está pasando en el Ayuntamiento de Sevilla con la trama de corrupción que se ha descubierto? Por cierto, señor ministro, usted sabrá que el Gobierno socialista de Sevilla ha pagado facturas por obras no realizadas y ha pagado una misma factura más de una vez, de momento hay denunciadas 28, están acreditadas dos facturas falsas pagadas por un concejal o un miembro de su partido por obras públicas que no se han realizado. Nosotros lo denunciamos, Chaves como siempre mira para otro lado. Ahora actúa la fiscalía, cinco personas acusadas, tres de ellos miembros del PSOE y, ¿ustedes qué van a hacer? Con todo esto, señor ministro, comprendo que ustedes necesiten un código de buen gobierno y una nueva ética de gobierno porque la sombra alargada de la corrupción les acompaña y sigue aflorando por donde quiera que gobiernan. (Aplausos.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Gracias, señor Atencia.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta.


Señoría, la verdad es que las sesiones de control al Gobierno, son eso, de control al Gobierno, pero a veces también sirven para pulsar la temperatura de la oposición, y ustedes tienen un calentón peligroso.
Tienen un calentón que les está llevando a pasos acelerados a aquella Alianza Popular gritona, pero absolutamente siempre en la minoría, en la oposición y sin representar nunca una alternativa para este país.
(Aplausos.) ¿De verdad quiere que hablemos de esas cosas? (El señor Fernández Marugán: ¡Que no cambien, que no cambien!) Yo me comprometo, si su grupo quiere, a comparecer en la Comisión de Administraciones Públicas o en la que usted quiera para que hablemos de los comportamientos de unos gobiernos y de otros, pero le pido que consulte primero a los ex altos cargos del Gobierno del Partido Popular si quiere que comparezcamos, por ejemplo, para explicar por qué en febrero de 2004 el secretario de Estado de Hacienda se gastó casi seis millones de pesetas en cortinas y visillos. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) Si quiere que abramos ese melón lo abrimos, si esa es toda la preocupación que su partido tiene yo estoy dispuesto a hacerlo. Creo que sería bueno, insisto, que usted consultara con sus mayores, consultara con quienes han tenido responsabilidad de gobierno, con quienes han adoptado decisiones de obras en sus despachos, en sus oficinas, en sus viviendas oficiales. (El señor Fernández Marugán: La bicicleta.)

Ustedes están preocupados por la bronca permanente, por el conflicto permanente, por utilizar hasta el terrorismo para intentar desgastar al Gobierno. Nosotros vamos a seguir gobernando, vamos a seguir tomando decisiones que beneficien a la inmensa mayoría de españoles. No me vale el relativismo moral de que solo es bueno si lo hacen los suyos y malo si lo hacen los demás. Eso lo ha condenado el Papa, lleven cuidado no les acaben excomulgando. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ MEDIDAS HA PUESTO EN MARCHA EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES

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PÚBLICAS PARA FOMENTAR LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL EMPLEO PÚBLICO? (Número de expediente 180/000683.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): La siguiente pregunta la realiza la diputada del Grupo Socialista doña Ana María Fuentes.


Adelante, señora Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, nos consta que los socialistas vamos a seguir luchando por que cada vez se viva mejor en este país. El Gobierno Socialista ha hecho de la lucha por la igualdad entre los géneros, de la lucha, en definitiva, por la defensa de los derechos de la mujer su principal bandera. De hecho, podemos poner de relieve que la primera ley que se trajo a esta Cámara fue la Ley integral contra la violencia de género, que además era la primera ley de esas características que se aprobaba en nuestro país. La composición de su Gobierno -y hoy le vemos muy bien acompañado por Carmen Calvo y por la ministra de Medio Ambiente- fue paritaria, la primera vez que España tuvo un Gobierno con igual número de hombres y mujeres. Se ha estudiado y se está trabajando en el Libro Blanco de la Dependencia y, en definitiva, hemos dado muestras sobradas de que nosotros nos preocupamos por las mujeres, de que la defensa de la igualdad de los derechos de las mujeres es para nosotros un punto prioritario. Esos son ejemplos que demuestran las diferencias con el Partido Popular, un partido que no quiso aprobar en esta Cámara una ley integral contra la violencia de género y que tampoco tomó medidas para que las mujeres se beneficiaran en lo que a empleo se refiere. De hecho, trajeron a esta Cámara la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que lo único que consiguió, y yo lo he vivido como mujer, es que estuviésemos en peores condiciones en el mercado de trabajo, y eso lo decían los empresarios, no lo decíamos los socialistas.


El pasado mes de marzo, una vez más, el Gobierno socialista puso en marcha un plan de choque, un plan con fondos y que afectaba a todos los ministerios y, entre ellos, al Ministerio de Administraciones Públicas.
Me parece importantísima la labor que va a desarrollar el Ministerio de Administraciones Públicas. De hecho, usted y su ministerio pondrán en marcha un plan que mejorará el acceso al empleo público; pondrán en marcha un plan de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar; en definitiva, usted apuesta por la promoción de las mujeres porque cada vez son más las mujeres que acceden al empleo público, pero todavía existen muchas diferencias entre los puestos que ocupan, dentro de la Administración, hombres y mujeres. Por todo ello, le pregunto, señor ministro, ¿qué medidas ha puesto en marcha su ministerio para fomentar la presencia...? (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fuentes, se acabó su tiempo.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señoría, en nombre de las aproximadamente 230.000 mujeres de la Función pública que sí estarán interesadas en esta pregunta y no en otras que a veces se hacen en estas sesiones de control.


Este es un gobierno claramente comprometido con adoptar las medidas que permitan reconocer un hecho, como es que al menos la mitad de la población son mujeres, afortunadamente. Si juntos convivimos, juntos tenemos que decidir, juntos tenemos que gobernar, juntos tenemos que tomar todas las decisiones a todos los niveles. Eso hoy no es así todavía. En la propia Administración tenemos un gobierno paritario por decisión política del presidente del Gobierno, que demostró que se podía hacer y se podía hacer con muy buenos resultados. En el conjunto de la Administración General del Estado son ya más mujeres que hombres, pero no está previsto el sistema para favorecer el acceso de las mujeres a los niveles directivos de la Administración. Todos sabemos que es una carrera de obstáculos y que hace falta mucho esfuerzo y mucho ánimo por parte de cualquier persona, pero en el caso de las mujeres especialmente, para atreverse a subir esa escalera de dificultades. Es voluntad de este Gobierno facilitar, remover los obstáculos, tomar medidas de discriminación positiva que faciliten la promoción de la mujer en la Función pública, puestos reservados especialmente para los cursos de formación de directivos, medidas eficaces que permitan conciliar la vida profesional y la vida laboral. Es necesario que nos comprometamos, con decisiones asumidas voluntariamente pero desde la más firme convicción en defensa de la igualdad de los derechos de hombres y mujeres, en remover todos aquellos obstáculos que hoy todavía dificultan que mujeres valiosísimas estén en los sitios que merecen por su mérito y capacidad.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JORGE MORAGAS SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA: ¿RESPALDA EL GOBIERNO EL ANUNCIO REALIZADO POR EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA DE SOLICITAR EL INGRESO DE ESA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA FRANCOFONÍA? (Número de expediente 180/000669.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Cultura.


La primera pregunta la dirige el señor Moragas. Adelante, señor Moragas.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Lo cierto es que la pregunta que yo pretendía hacer iba dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y así figura en el orden del día, pero parece que el Gobierno ha decidido que no debata con el señor Moratinos. La verdad es que no alcanzo a entender por qué esconden al ministro Moratinos. En todo caso, estoy encantado de debatir con la señora ministra porque, además, como viaja mucho, seguramente se sabrá bien el tema.


El Partido Popular y mi grupo están inquietos y preocupados por la reiterada violación que se está haciendo del principio de unidad de acción exterior del Estado. Son muchos e inquietantes los precedentes que tenemos. Le recuerdo cuando el señor Maragall visitó Marruecos y, después de ver al rey Mohamed VI, desveló el plan secreto del señor Zapatero para solucionar el conflicto de Marruecos o, posteriormente, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, al que usted conoce muy bien, y también presidente del Partido Socialista Obrero Español, se desplazó a Cuba y, tras entrevistarse con Fidel Castro, declaró que estaba fascinado -Chaves dixit- por la arrebatadora personalidad del dictador cubano, y anunció a continuación una visita del jefe del Estado a la isla, que posteriormente tuvo que ser desmentida. Son muchos los errores que se están produciendo en este sentido. El último ha sido, sin duda, lo que en Cataluña llamamos una maragallada, es decir, cuando el presidente de la Generalitat anunció en París, el día 20 de abril, después de ver al ministro de Asuntos de Exteriores francés, que Cataluña iba a ingresar en la Organización Internacional de la Francofonía. Por tanto, le planteo la pregunta que figura en el orden del día, señora ministra.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Moragas.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el ministro Moratinos no está escondido, hace unos minutos que estaba aquí. Va a permitirle usted a este Gobierno -porque así consta en las normas- que sea el que decida en cada caso quién de sus miembros contesta a la oposición. Así que menos faltar a la autonomía y a las decisiones políticas del Gobiernos, le guste a usted o no.


Señoría, que el Gobierno de la nación sepa, ningún presidente de ninguna comunidad autónoma, incluido el presidente de la Generalitat, ha pedido el ingreso formal de una comunidad autónoma en la Organización Internacional de la Francofonía. Así que no sé de qué me esta preguntado.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


Adelante, señor Moragas.


El señor MORAGAS SÁNCHEZ: Señora ministra, no sé si lee los periódicos -tengo aquí varios ejemplares-, pero el señor Maragall declaró en París que Cataluña iba solicitar el ingreso en la Organización Internacional de la Francofonía. Si se estudia los papeles, cosa que le recomiendo cuando hablamos de política exterior y el Gobierno decide que sea usted quien conteste, verá que la carta fundacional de esa organización, en su artículo 11, establece que los miembros o invitados especiales de esa organización, que sería la condición que se podría atribuir a Cataluña en el caso de que así se considerase, solamente podrán incorporarse si hay un acuerdo previo del Estado al que pertenece, en este caso España.
Señora ministra, creo que una vez más esto obedece al relativismo...


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Ha acabado su tiempo. Muchas gracias, señor Moragas.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora vicepresidenta.


Señoría, siga usted faltando, porque ese es su modelo de hacer política.
Yo me leo todos los papeles, como es mi obligación, y le voy a decir una cosa. El presidente de la Generalitat manifestó su preocupación por el desconocimiento de los niños catalanes del francés, que es una cultura cercana a la catalana y, por cierto, también a la española, y usted lo sabe muy bien. Esto es absolutamente legítimo en su comunidad autónoma y en cualquier otra, porque el Consejo de Europa está indicando como objetivo para los niños de la Unión Europea que, además de hablar su lengua materna, conozcan una o dos lenguas extranjeras. Es más, en el anteproyecto de ley orgánica de educación este Gobierno plantea que los niños españoles, incluidos los niños catalanes, conozcan dos lenguas extranjeras, entre las cuales perfectamente puede estar el francés como preocupación del Gobierno de Cataluña. Cuando se presente la petición de la entrada en la Organización Internacional de la Francofonía, si ocurre algún día, no se preocupe usted porque este Gobierno, que conoce sus competencias en materia de política exterior, las ejercerá escrupulosamente, como dice la Constitución, pero ustedes dejen de hacer oposición confundiendo y con la bronca, porque van a conseguir que el Pisuerga pase por Cádiz, y eso va a ser una mentira sistemática que ustedes quieren cambiar por una verdad permanentemente.


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No confundan las opiniones del presidente de la Generalitat, respeten, porque este Gobierno no se pronuncia sobre rumores ni sobre opiniones de los presidentes autonómicos. Por una razón muy simple, señoría, porque este Gobierno está cómodo con las autonomías, habla con ellas y las respeta, y pide el mismo respeto para el Gobierno de la nación. Dejen de confundir, por favor, sistemáticamente con cualquier cosa que ocurra en el debate público. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO PARA UNA MAYOR EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE? (Número de expediente 180/000684.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. En primer lugar, la pregunta que le dirige la diputada señora Carmen Marón.


Adelante, señora Marón.


La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora vicepresidenta.


Señora ministra, fíjese qué coincidencia, el día 25 de abril del año 2001, hoy es día 27 de abril, se debatía en la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara una iniciativa que defendía la diputada que les habla, en la que instaba al Gobierno a la creación de un nuevo organismo de cuenca denominado Cuenca Hidrográfica del Miño, que comprendiera las cuencas del Miño, Sil y Liña. El Grupo Parlamentario Popular, en aquel momento con mayoría absoluta en el Gobierno, votó en contra de aquella iniciativa.
Han pasado tres largos años de Gobierno popular y uno de Gobierno socialista. Recientemente, el debate se reabrió nuevamente en el Senado, y precisamente usted, señora ministra, en nombre del Gobierno, muestra su receptividad ante esta situación. Es notorio que más del 80 por ciento de las cuencas de estos ríos está en Galicia; el aprovechamiento hidráulico, la producción de energía eléctrica, la pesca, el transporte fluvial, etcétera, que sin causar perjuicio a la cuenca norte hacen que la proximidad de la gestión de los recursos y cuencas beneficie expresamente a Galicia. Por tanto, señora ministra, parece que vamos por buen camino.
Quiero aplaudir su disposición a la creación de una nueva confederación con sede en Galicia, resaltando el diálogo institucional, el talante, el buen hacer y su capacidad resolutiva rescatando de algún cajón del Ministerio de Medio Ambiente posiblemente algo que el Gobierno del Partido Popular no tuvo capacidad de afrontar.


Señora ministra, ¿cómo va a repercutir esta medida en Galicia, cómo va a beneficiar a las ciudadanas y ciudadanos gallegos?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Marón, muchísimas gracias.


Señora ministra. Adelante.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto segregar de la Confederación Hidrográfica del Norte un nuevo organismo de cuenca que será el responsable de la gestión de los ríos Miño, Sil y Liña, ríos que no solo transcurren por el territorio de Galicia sino en parte por la Comunidad Autónoma de Castilla y León y también tienen un tramo internacional. Esas características hacen que se deba de mantener dentro de la gestión estatal, en la figura de las confederaciones hidrográficas, la gestión de dichos ríos al no corresponder la transferencia de los mismos a la Comunidad Autónoma de Galicia. Ya en estos momentos la planificación hidrológica en la Cuenca del Norte obligatoriamente se divide en tres tramos distintos. La planificación de lo que se denomina Cuenca Norte I es precisamente la que se refiere a los ríos que son objeto de su pregunta porque la Confederación Hidrográfica del Norte no responde a las mismas características que el resto de las confederaciones, no responde a una única cuenca y por tanto cara al futuro inmediato en la delimitación acorde con la directiva europea tenemos que recomponer nuestros organismos de cuenca dando prioridad al criterio de delimitación geográfica por cuencas naturales. Ello servirá para acercar más a los ciudadanos, en este caso de Galicia, la gestión del agua, creando organismos de cuenca donde habrá una mayor participación de las administraciones territoriales porque es necesaria la máxima corresponsabilidad de las distintas administraciones para una buena gestión del agua, y por supuesto abriendo al máximo a la participación ciudadana una política en la que es fundamental esa asunción de responsabilidades por parte de todos los ciudadanos. En estos momentos ya intentamos que la Confederación Hidrográfica del Norte esté muy próxima a los gallegos en lo que se refiere a las cuatro sedes que tenemos en ese territorio y a los 80 funcionarios que realizan su trabajo en el territorio de Galicia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JUANA SERNA MASÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO

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SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ACTUAL CICLO HIDROLÓGICO? (Número de expediente 180/000685.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pregunta de la señora Juana Serna. Adelante, señora Serna.


La señora SERNA MASÍA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, hace unos días leía en la prensa que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar decía textualmente: el plan para prevenir las riadas me lo he encontrado lleno de polvo. Se mostraba realmente preocupado y yo pensaba qué suerte tenía porque debe de ser de los pocos cargos del Gobierno que han llegado a su ministerio y se ha encontrado con un plan hecho por el anterior Gobierno del Partido Popular. Debemos suponer que usted, señora ministra, también se habrá encontrado con los planes contra la sequía de España en sus cajones. Digo esto porque el Gobierno del Partido Popular estaba mandatado por dos normas de obligado cumplimiento a la elaboración de esos planes de sequía; uno, la Directiva europea de 23 de octubre de 2000 -hace casi cuatro años- que exigía que todos los países elaboraran planes contra las inundaciones y contra la sequía, y la otra, curiosamente, el artículo 27 del Plan Hidrológico Nacional que obligaba a nuestro país -se obligaba a sí mismo- a hacer planes específicos, planes especiales, planes de emergencia contra la sequía.


Señora ministra, teniendo en cuenta que en España, desde hace 50 años, ha habido tres graves sequías y que entre la segunda y la tercera solamente han transcurrido ocho años ello hace que se den unas condiciones que nos invitan a plantearle la siguiente pregunta. Hace ya 10 años que finalizó la última sequía, luego estamos cerca ya, acabó en 1995 y, por otro lado, este año hidrológico ha tenido, como usted bien sabe, nada menos que una disminución de lluvias del 50 por ciento en relación con años anteriores.
Supongo que eso es una enorme preocupación para usted y desde luego, los ciudadanos están preocupados, están viendo las orejas al lobo y querrían saber -nuestro grupo así se lo pregunta- dos cuestiones: Si de verdad estamos iniciando una sequía hidrológica y, si fuese así, qué medidas piensa adoptar el Gobierno para paliar sus graves deficiencias.


Acabo diciéndole, señora ministra, que debe ser una cosa muy fácil para usted porque, como suponemos, ha tenido la enorme suerte de encontrarse con los planes contra la sequía hechos por el anterior Gobierno.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Serna.


Adelante, señora ministra.


La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Muchas gracias, presidenta.


Señoría, lamentablemente, los planes de sequía previstos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y que debían estar terminados en julio del año 2003 no estaban elaborados cuando este Gobierno inició la legislatura.
Por eso estamos haciéndolos ahora. Este Gobierno se ha puesto a trabajar como en otras cuestiones relativas al agua, más allá de la retórica, con hechos concretos. Así, antes del verano tendremos ya los protocolos de actuación en materia de prevención y gestión de sequía que permitirán disponer de los indicadores meteorológicos que hagan posible la selección de las actuaciones más eficientes en cada momento. Además de ello, estamos recuperando ya infraestructuras que se pusieron en marcha, actuaciones que se desarrollaron en el anterior ciclo de sequía y que han sido abandonadas durante estos años. Toca a este Gobierno rehabilitar obras que en su día supusieron gasto público, que han sido abandonadas y que ahora cuesta un dinero adicional ponerlas en funcionamiento. Además, el Gobierno ha aprobado ya un conjunto de obras de emergencia y también otro conjunto de obras de reconocida urgencia. En el primer caso, obras de emergencia, por más de 115 millones de euros, que afectan a la Región de Murcia, concretamente a regadíos en la comarca de Lorca y a una planta de desalación en San Pedro del Pinatar, y en Ceuta y en Melilla para poder superar la dramática situación de carencia de agua que sufren esas dos ciudades autónomas. Asimismo, hemos declarado como obras de urgencia conexiones entre las plantas de desalación y el sistema de la mancomunidad de canales del Taibilla en la región de Murcia. Todo ello permitirá, en primer lugar, que este próximo verano no haya problemas de abastecimiento de agua potable ni siquiera en aquellos puntos de nuestra geografía donde los resultados de una clara escasez de lluvias desde el otoño hacen que nos encontremos en una situación más preocupante. Por supuesto, tendremos a punto las medidas de gestión que permitirán reducir al mínimo los efectos de una eventual sequía hidrológica. De momento, lo que tenemos son malos resultados del otoño, pero un mapa muy diferente de unas cuencas a otras que hace que aparezcan algunos puntos más delicados frente a los que ya tenemos... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra, se acabó su tiempo.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL

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INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL MINISTRO DEL INTERIOR SU VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA? (Número de expediente 180/000679.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con las preguntas que se dirigen al ministro del Interior.


En primer lugar, pregunta que le dirige el diputado don Ángel Martínez Sanjuán.


Adelante.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


La política internacional ha sido uno de los ejes de la política del Gobierno Socialista en este primer año. Dos datos: 33 viajes del presidente al exterior y 26 encuentros con jefes de Estado y de Gobierno.
Eso sí, la foto con los pies encima de la mesa de Bush no la tenemos.


Uno de los temas fundamentales ha sido la apuesta por la paz, la cooperación y la lucha contra el terrorismo internacional, máxime después de la cumbre de Madrid, recientemente celebrada, y la cooperación con todos los países y sobre todo también con los Estados Unidos de América, con un país que sufrió el 11-S como nosotros sufrimos el 11 de marzo, un atentado terrorista fruto del terrorismo islamista. Me imagino que en esta cooperación y colaboración con los Estados Unidos se enmarca su reciente visita a los Estados Unidos de Norteamérica, que he seguido por los medios de comunicación. Un viaje, por lo que he visto, de altísimo nivel por los temas tratados y las reuniones realizadas y también -por qué no decirlo- por las fotos que se ha sacado con el secretario de Estado de seguridad, con el fiscal González, con la directora de la DEA y con el director del FBI. Sin embargo, señor ministro, sus viajes y su trabajo no le importan al Partido Popular y eso que dicen estar tan preocupados, por lo que he oído esta tarde al señor Acebes y al señor Rajoy, con la política antiterrorista. Solo les preocupa y les interesa el ruido, el panfleto, la ruedita de prensa de la portavoz adjunta, acusándole, señor ministro del Interior, de escapista y, mientras usted suscribía acuerdos con el Gobierno norteamericano, con la Administración norteamericana, el Partido Popular en esta casa le acusaba de no venir al Parlamento. Al Partido Popular no le interesan ni sus viajes ni su trabajo ni los resultados de las reuniones que usted tiene con la Administración norteamericana, pero a nosotros y a los ciudadanos sí y por eso le pregunto qué consecuencias para la política de seguridad de todos tiene su reciente viaje a los Estados Unidos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Martínez Sanjuán.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.


Señor diputado, el viaje se hace, por decirlo de algún modo, desde la soberanía, desde el respeto y desde la buena fe que presiden las relaciones entre ambos países. Lo que están haciendo los norteamericanos es desarrollar una nueva estructura de seguridad que nos interesaba conocer por razones obvias, como nos interesaba profundizar en las ya buenas relaciones políticas que hay entre los dos países en la materia que yo dirijo, en las cuestiones relativas a la seguridad del Estado. Las entrevistas se hicieron, efectivamente, al máximo nivel político con el fiscal general, con el secretario de Seguridad Nacional, con los directores de la CIA y del FBI, con la directora de la Agencia Norteamericana contra la Droga, la DEA, y con congresistas y con algún senador que presidían los comités de Inteligencia y Seguridad Nacional del Congreso y del Senado.


Los acuerdos a los que se llegaron son interesantes para la Policía y la Guardia Civil española, por lo tanto para la estructura española de seguridad y entiendo que también para la norteamericana. Acordamos, por destacar los puntos más importantes, la constitución de grupos de expertos para mejorar la respuesta ante amenazas terroristas, enfocada fundamentalmente a mejoras desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de intercambio de la información. Acordamos continuar con encuentros anuales para seguir mejorando esas relaciones. Acordamos con el director del FBI un grupo especializado en financiación del terrorismo entre ambos países, que pondrá énfasis no solo en el terrorismo internacional, sino también en los terrorismos de jurisdicción nacional, el de ETA por lo que a nosotros respecta. Acordamos un programa de colaboración estable entre su centro antiterrorista y el que hemos desarrollado aquí. Van a trabajar juntos para hacer un buen análisis estratégico de cómo está la cuestión, análisis en el que participará también la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, la CIA.


En materia de lucha contra el narcotráfico, también hemos constituido un grupo policial de expertos y hemos acordado que España se sume al centro conjunto de operaciones interagencias que tienen los norteamericanos con base en Miami (Florida), para controlar el tráfico de drogas por vía marítima, algo en lo que, evidentemente, España está también muy interesada. Por lo tanto, entiendo que el viaje ha sido bueno, positivo, yo traigo una buena impresión, y sobre todo creo que me traigo razonables resultados de colaboración.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE

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FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL ACUERDO FIRMADO CON LOS REPRESENTANTES DE LA POLICÍA? (Número de expediente 180/000680.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): La siguiente pregunta la realiza el diputado don Álvaro Cuesta.


Adelante, señor Cuesta.


El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señor ministro, desde hace muchos años -recuerdo intervenciones mías y de otros portavoces en este Congreso-, desde 1996, el objetivo de lograr la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas ha sido una constante de nuestras reivindicaciones y de nuestros planteamientos. El pasado día 5 de abril de este año el Ministerio del Interior ha suscrito un acuerdo en materia de retribuciones con las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía que implicará destinar 2.500 euros anuales por policía en los presupuestos generales en los próximos años. Según las organizaciones sindicales de la policía y en concreto el Sindicato Unificado de Policía, que estos días desarrolla su congreso en León, se trata de un buen acuerdo y se recorta la diferencia existente con las policías autonómicas, de tal manera que en el año 2008 la diferencia salarial se habrá recortado aproximadamente un 60 por ciento. Han quedado superados tiempos de ostracismo y sobre todo de injusticia históricos. Con este acuerdo, la segunda actividad ha salido del ostracismo. Se incrementan los niveles de complemento de destino, con la consiguiente repercusión en el incremento de las pagas extraordinarias, se cambia a efectos administrativos a la escala de subinspección y básica a los grupos B y C de la Función pública y se consolida el 50 por ciento de la productividad de dirección por objetivos como un derecho salarial. Sé, señor ministro, que la Guardia Civil va a verse también beneficiada en esta línea de equiparación, puesto que es de justicia, sobre todo si tenemos en cuenta su gran dedicación y el sacrificio de la Guardia Civil.


Este acuerdo contribuye, señor ministro, a dignificar una función del Estado de derecho, la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen una tarea promocional y sobre todo de protección de libertades, de garantías y de la seguridad ciudadana. La seguridad pública es una clarísima prioridad para nosotros, y las muy importantes reformas que se están emprendiendo sobre el modelo policial se van a ver impulsadas con este acuerdo porque es una garantía también de participación de los profesionales en el futuro diseño de ese cambio, y yo quisiera conocer la valoración que hace de este acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Cuesta, muchas gracias.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señora presidenta.


Gracias, señor Cuesta. Al principio de la legislatura nos comprometimos a llevar a cabo un diálogo con todos los sindicatos de la policía y lo hemos cumplido. El pasado 5 de abril el Ministerio del Interior firmó lo que es, efectivamente, un importante acuerdo social con todos los sindicatos policiales, no solo con alguno o algunos, sino con todos. Es un acuerdo que podría calificar de histórico en la medida en que reúne, como digo, en la misma mesa a todos los sindicatos de la policía. El objetivo principal es ir equiparando, por una razón de justicia y también de conveniencia, los salarios de nuestra Policía y de la Guardia Civil a los que cobran otras fuerzas o cuerpos de seguridad que actúan en el Estado. No podemos abordar, evidentemente, en un solo ejercicio un desfase salarial que se ha producido a lo largo de años y años, pero progresivamente vamos a ir reduciendo esa diferencia, insisto, por una razón de justicia y por una razón de conveniencia, porque nos interesa que los policías del Estado y la Guardia Civil estén bien pagados. Así, nos hemos comprometido a aportar cada año un porcentaje de la masa total de las retribuciones del personal en activo de la Dirección General de la Policía que alcanza el 2 por ciento este año y el 3,26 por ciento el año próximo, 3,16 por ciento en 2007 y 2,10 por ciento en 2008. El proceso se va a desarrollar a través de las correspondientes mejoras retributivas que se irán concretando en acuerdos específicos cada año. Por lo tanto, esto da un marco óptimo para conseguir progresivamente esta equiparación salarial. Se lleva a cabo también en ese acuerdo una reordenación del complemento de productividad, cuestión que preocupaba mucho a los policías, y además vamos a tramitar las propuestas necesarias para atribuir efectos administrativos -actualmente solo tiene reconocidos efectos económicos- a la reclasificación de las escalas de subinspección y básica en los grupos de clasificación B y C de la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de la Función pública.


Una última cosa, señor diputado. Efectivamente, mi decisión personal, que tomé hace ya muchos meses cuando entré en el Gobierno, fue que todo acuerdo que se lleve a cabo con la Policía, por decisión personal del ministro del Interior, se extenderá, teniendo en cuenta su estructura retributiva, en los mismos términos a la Guardia Civil por la misma razón de justicia y por la misma razón de conveniencia.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


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- DEL DIPUTADO DON JOAN HERRERA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿VA EL GOBIERNO A RESPETAR EL PACTE DEL TINELL, CONFORME AL CUAL CUALQUIER DECISIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA O NO DE ESTABLECER UNA NUEVA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN ELÉCRICA CON FRANCIA SE SUPEDITA A LO QUE DETERMINE EL PLAN DE ENERGÍA DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/000662.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos las preguntas de control con las que se dirigen al Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Comenzamos con la pregunta que le dirige el señor Herrera Torres.


Adelante, señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Señora presidenta, doy por formulada la pregunta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, en respuesta a su pregunta le digo que el Gobierno va a cumplir con sus compromisos y con sus obligaciones, que son garantizar el suministro eléctrico al conjunto del territorio, mejorar la calidad del mismo y hacerlo compatible con el respeto al medio ambiente, todo ello desde el diálogo, la lealtad institucional y el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, esperando idéntico comportamiento por parte de las mismas.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro.


Señor Herrera, adelante.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, usted sabe que sus decisiones afectan a Cataluña y sabe también que en el pacto del Tinell, que usted conoce bien ya que fue uno de sus mullidores, si me permite la expresión, se dice muy claramente que se evitarán las construcciones de líneas de alta tensión hasta que se haya finalizado el Plan de Energía de Cataluña. Por supuesto que cabe la posibilidad de líneas necesarias para la implantación del transporte ferroviario, pero usted sabe que una línea de muy alta tensión no es necesaria; no lo digo yo, lo dice la RTE francesa. Usted dice que es necesaria la conexión con Europa; pues bien, discutámoslo, no hay problema, pero digamos con qué condiciones y con qué potencia. Usted teme precisamente el apagón del suministro en las comarcas gerundenses; pues hablemos de ello, pero hablando del modelo descentralizado y de la inversión de la red básica, cuyo mal estado precisamente es el causante de los abundantes cortes en el suministro eléctrico, y en el que haya una gestión de la demanda, es decir, estrategia de ahorro y eficiencia, en el que haya una creciente participación de renovables y en el que haya producción propia, porque dicen -yo también lo creo así- que es mucho más eficiente que simplemente la importación. Si después de todo ello tenemos que hablar de líneas, discutámoslo, pero no lo hagamos al revés. Nosotros consideramos que empezar hablando de la infraestructura eléctrica necesaria sin hablar antes de las estrategias a adoptar es empezar la casa por el tejado. Lo digo porque esta no es una demanda nueva. Nuestro grupo planteaba en diciembre del año pasado una proposición no de ley en el mismo sentido en que lo estamos planteando hoy. ¿Cuál es nuestra preocupación? Nuestra preocupación es que hoy necesitamos un marco de encuentro para que posturas distintas, pero que pueden ser complementarias, lleguen a producir un acuerdo. Este punto de encuentro no es posible, señor Montilla, si Reesa decide si se tira por la vía del medio. El acuerdo se debe dar entre todos, pero especialmente entre socios y entre aquellos que además en Cataluña somos cogobernantes. Por todo ello, lo que le pido es lo que decía hoy mismo el señor Nadal: se va a decidir sobre el Plan Energético de Cataluña; esperemos pues, no hay prisa, porque esperando y acordando se puede llegar a soluciones mucho mejores que por la vía de los hechos.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Herrera.


Señor ministro, adelante.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Por supuesto, señoría, podemos y debemos hablar de todo eso que usted plantea y de algunas cosas más. El documento de planificación de la red de transporte vigente considera que la infraestructura de interconexión con Francia es necesaria para conseguir una adecuada estructura de la red de transporte peninsular, tanto desde el punto de vista de la coherencia general de la red y, por tanto, de nuestro sistema eléctrico como de la atención a los problemas territoriales específicos de la zona de ubicación de la infraestructura que usted mencionaba. Así, señoría, se reforzaría el mallado en la zona noroeste peninsular, facilitando la atención de la demanda de la zona, que es deficitaria en generación, como usted sabe. Esta atención de demanda se hace más crítica en la zona

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centro-noroeste de Girona, obteniéndose, coordinadamente con un desarrollo adecuado de la red de distribución, la factibilidad de la consiguiente mejora del suministro de energía eléctrica a las adecuadas condiciones de fiabilidad, calidad y seguridad. Esta infraestructura, señoría, es crucial para facilitar la alimentación del AVE en el tramo Barcelona-frontera francesa, de acuerdo con las necesidades especificadas por GIF: alimentación bifásica y no continua desde un sistema trifásico que requiere, como usted sabe, una infraestructura alimentada desde dos extremos apoyados ambos por un fuerte mallado para que no se produzcan desequilibrios. Como le comentaba, también es fundamental para mejorar la alimentación eléctrica de Girona y de las comarcas adyacentes -que es muy débil- y para asegurar un suministro de seguridad, de fiabilidad y de calidad. Actualmente el suministro eléctrico de Girona para el transporte depende únicamente de una línea de 220 kilovoltios. El fallo de esta infraestructura produciría, sin lugar a dudas, un corte del suministro en la zona. Por último, esta infraestructura permitiría facilitar un mejor aprovechamiento de las conexiones internacionales de nuestro sistema con el sistema eléctrico europeo, acercándose a las recomendaciones de la UCP en cuanto al acondicionamiento de las capacidades internacionales.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro. Lo siento, se acabó su turno.


- DEL DIPUTADO DON JORDI RAMÓN TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿TIENE ACUERDOS EL GOBIERNO ESPAÑOL CON EL GOBIERNO FRANCÉS PARA INSTALAR LÍNEAS INTERFRONTERIZAS DE MUY ALTA TENSIÓN? (Número de expediente 180/000663.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con la pregunta que dirige al ministro de Industria el señor Ramón Torres.


Adelante, señor Ramón.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿tiene acuerdos el Gobierno español con el Gobierno francés para instalar líneas interfronterizas de muy alta tensión?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.


Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, desde el año 2001 no existe ningún nuevo acuerdo firmado entre los gobiernos francés y español para instalar líneas de alta tensión entre ambos países, aunque hay que decir que estamos trabajando para poder alcanzar otros acuerdos en breve.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor ministro.


Señor Ramón, adelante.


El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, mi grupo cree que el Estado no debería realizar una política de hechos consumados. Sería incomprensible que se llegara a acuerdos entre el Gobierno español y el Gobierno francés sin antes haber decidido aspectos fundamentales del modelo energético que tenemos que diseñar y consensuar entre todos. Le recuerdo, como le decía también el señor Herrera, que en el pacto del Tinell se prevé que se establecerán mecanismos que eviten la construcción de líneas de alta tensión hasta que no se haya finalizado el Plan Energético de Cataluña. Como usted sabe, el citado plan muestra carencias en propuestas de gestión de la demanda y medidas de eficacia en implantación de energías renovables y en las propuestas de desnuclearización. Como usted también sabe, una nueva formalización de este plan debería suponer un diseño más descentralizado en la producción de la energía y por tanto se podría poner en cuestión la necesidad de una línea interfronteriza de muy alta tensión como la que se plantea en la planificación del desarrollo de las redes del transporte eléctrico 2002-2011, en la línea Bescano-Figueres-Baixas. Nuestro grupo, señor ministro, no entendería tampoco ninguna decisión en este ámbito si no se tienen en cuenta ni se consensúan soluciones con las administraciones del territorio y la sociedad civil. Son ya muchas las instituciones que se han puesto en contra: ayuntamientos, Diputación de Girona y plataformas ciudadanas entre otras. Sería también inconcebible que en el próximo encuentro franco-español, previsto para el día 23 de mayo, se decidieran cuestiones relativas a las líneas de alta tensión sin haber antes publicado, discutido y enmendado ampliamente el futuro Libro Blanco de la electricidad, un libro que, como sabe el señor ministro, deberá incluir en su redacción el diseño de la red de transporte, adecuando la oferta y la eficacia de la red.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ramón.


Su turno, señor ministro.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, el único acuerdo que existe con el Gobierno francés es el que se firmó en la cumbre de Perpiñán en octubre del año 2001 para llevar la capacidad total de las interconexiones eléctricas a los 2.800 megavatios a corto plato y a los 4.000 a medio plazo, y que se reafirmó en la cumbre celebrada en Zaragoza el pasado día 7 de diciembre. En una primera fase, se habría de realizar una interconexión que permitiera alcanzar una capacidad de intercambio comercial de 2.600-2.800 megavatios, para después reforzar la línea que une Baixas con Vic, línea que se transformaría en doble circuito. Este es el único acuerdo que hay, si bien es cierto que en las últimas cumbres bilaterales se han realizado declaraciones políticas al más alto nivel que tienen, como usted sabe, un gran valor como compromiso político pero carecen de valor jurídico. Estas declaraciones sirven de impulso y de directriz a los trabajos técnicos con los que alcanzaremos nuestros compromisos, que en todo caso, insisto, deberían materializarse -y en ello estamos trabajando- en un acuerdo entre las administraciones y los operadores de las redes eléctricas de los dos países. Aquí, este Gobierno no actuará imponiendo ni haciendo nada por decreto, tal y como se ha dicho. Tampoco permitiremos que otros nos impongan de manera unilateral sus decisiones. Pero, señorías, las interconexiones son importantes para la seguridad y la calidad del suministro que todos perseguimos. Y en esta línea se están reforzando igualmente las conexiones con Portugal. En diciembre pasado se inauguró la interconexión Balboa-Alqueva, así como en un periodo razonable de tiempo esperamos que sea realidad el proyecto que permitirá ampliar nuestra capacidad de intercambio eléctrico con Marruecos. Nuestro país no puede ser una isla energética ni en lo referente a la energía eléctrica ni tampoco en lo que hace referencia al suministro de gas, respecto al cual, como SS.SS. saben, también estamos trabajando en otros proyectos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ TOMANDO EL GOBIERNO PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES? (Número de expediente 180/000682.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a la última pregunta, que le dirige la diputada doña Lourdes Muñoz.


Adelante.


La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Gracias, presidenta.


Señor ministro, uno de los compromisos del Gobierno en materia de telecomunicaciones es reforzar la protección y defensa de los usuarios, que hasta ahora han venido sintiéndose indefensos ante determinadas prácticas abusivas de los operadores, fruto de la política de telecomunicaciones practicada por el Gobierno Popular, en la que los usuarios fueron los grandes olvidados. Para nuestro proyecto es fundamental la protección de los derechos de la ciudadanía, y aplicando este principio a la política de telecomunicaciones hablaríamos de protección de los usuarios en las tecnologías de la información y la comunicación. Queremos garantizar los derechos de los usuarios frente a las operadoras. Este fue ya un compromiso que usted mismo indicó al hacer su primera comparecencia en el Congreso en abril de 2004. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio está adoptando importantes medidas dirigidas a reforzar los derechos y las garantías de los usuarios de telecomunicaciones y mejorar la atención de los mismos, como es la puesta en marcha de la Oficina de atención al usuario de las telecomunicaciones, con un call center y con una web desde el 25 de abril, donde además de dar información se asume la resolución de reclamaciones o el refuerzo de las actuaciones inspectoras, sobre todo para los servicios de información telefónica, los llamados 118 o los servicios de tarificación adicional.


Respecto a las operadoras de telecomunicaciones, son diversos los problemas y reclamaciones de los usuarios, como que no siempre hay atención a los usuarios, que existen problemas de los abonados al intentar finalizar un contrato con una operadora o quejas respecto a la falta de facturación o especificación de los servicios de tarificación.
El Grupo Socialista tiene como prioridad reforzar la protección y la defensa de los usuarios; por eso aplaudimos que se haya aprobado el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de la comunicación electrónica y el servicio universal así como la protección de los usuarios el pasado 15 de abril en Consejo de Ministros. Para que explique cuáles son los beneficios que comporta este reglamento para los usuarios, quería preguntarle qué medidas está fomentando el Gobierno para proteger los derechos de los usuarios de redes de telecomunicaciones.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora Muñoz.


Señor ministro, adelante.


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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señora presidenta.


Señoría, como usted ha señalado, uno de los compromisos del Gobierno es el reforzamiento de la protección y la defensa de los usuarios, que hasta ahora se han venido sintiendo indefensos ante determinadas prácticas abusivas de las operadoras. Desde el inicio de la legislatura hemos estado trabajando para resolver ese problema, incluso hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara algunas iniciativas adoptadas sobre ello. En este sentido, la actuación más reciente ha sido la aprobación el pasado 15 de abril del reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios. Con él se ha reforzado la protección de los derechos y las garantías de los usuarios de las telecomunicaciones, en particular en cuanto a la atención al usuario, el contenido de los contratos, su rescisión, las obligaciones de calidad y fiabilidad en la contratación y la facturación detallada y el derecho de desconexión. Se establece, entre otras medidas, que los operadores de telecomunicaciones deberán disponer de un servicio de atención al cliente para quejas y reclamaciones. Los contratos tendrán más contenido, garantizándose así una mayor información para el usuario desde el inicio del servicio. Al contrario de lo que viene sucediendo en muchas ocasiones -grandes dificultades para cambiar de operador o cancelar contrato-, el usuario podrá rescindir el contrato avisando con tan solo quince días de antelación y con mayores garantías de cumplimiento de la orden. Respecto a la calidad, los operadores deberán publicar la información detallada, comparable, pertinente y actualizada sobre ésta, y el cumplimiento de los parámetros de calidad dará derecho a una compensación o indemnización al usuario. Más información significa más garantías, por eso los usuarios tendrán también derecho a la facturación detallada e incluso a que se les facture de manera independiente el servicio telefónico del servicio de tarificación adicional. En desarrollo de este reglamento próximamente regularemos de manera detallada no solo la calidad del servicio telefónico fijo sino también de la telefonía móvil y del acceso a internet, igual que regularemos específicamente la prestación de los servicios de tarificación adicional que utiliza la telefonía móvil. Estas medias evidencian, señoría, la voluntad decidida de este Gobierno para resolver los problemas de indefensión que vienen padeciendo los usuarios de las... (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro. Lo siento, se acabó el tiempo.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE LAS COMUNICACIONES VIARIAS TRANSFRONTERIZAS CON FRANCIA POR EL PIRINEO ARAGONÉS. (Número de expediente 172/000093.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, acabadas las preguntas, con el Punto V del orden del día, referente a las interpelaciones urgentes. En primer lugar, la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Labordeta, sobre las comunicaciones viarias transfronterizas con Francia por el Pirineo aragonés.


Para formular la interpelación tiene la palabra el señor Labordeta. (El señor vicepresidente, Cisneros Laborda, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Cuando desee, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, para algunos o para muchos de los parlamentarios de esta Cámara apareceremos como gente reiterativa cuyas peticiones, en los cinco años que estamos aquí, han girado sobre dos temas que para nuestro pequeño país, que es Aragón, resultan importantísimos: uno era parar el trasvase de las aguas del Ebro, que hemos detenido por tercera vez, y el otro, al lado del desarrollo de las infraestructuras de todo el territorio, abrir de una vez y para siempre ese murallón hermoso y enorme que nos separa de Francia y cuyo paso nos gustaría que no confirmara aquella vieja sentencia de que Europa termina en los Pirineos.


En este intento de abrirnos a Europa, quizá la mejor muestra es la portentosa obra de ferrocarril internacional del Canfranc. En ese proyecto, Aragón, junto al Estado, puso sus mejores esperanzas y esfuerzos e hizo una obra gigantesca para transformar un valle, el de los Arañones, que era un cúmulo de enormes aludes, en unas laderas cubiertas de bosque defendidas por una ingente sucesión de muros de contención. Se desvió el río, se atravesaron ocho kilómetros de montaña para abrir el túnel internacional y se levantó una de las más hermosas estaciones modernistas de un país que se creía a pies juntillas su futuro. Ese futuro venía de un pasado de grandes dificultades para romper el aislamiento, hasta tal punto que algunas comarcas como las del valle de Gistaín, debido a sus dificultades de conexión con el sur de la región, se llegaron a declarar partícipes de la Comuna parisina de 1870, se creían que eran franceses. Túneles y más túneles conectaron la zona axial con las tierras del sur, desde Ansó, el valle más occidental, hasta los que se abren hacia el valle de Benasque. De esa necesidad surgieron

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todos los proyectos y siguen en marcha y en pie todas las esperanzas.


Señora ministra, el 20 de junio de 2000, pocas fechas después de constituirse la VII Legislatura, tres diputados aragoneses de los distintos partidos representados en el Pleno, el señor Acín, por el Grupo Popular, el señor Morlán, por el Grupo Socialista, cuyo discurso me gustaría que no cayese en el olvido, y un servidor, con el apoyo de la señora Urán, de Izquierda Unida, presentamos conjuntamente una proposición no de ley para reabrir el tema de la reapertura del Canfranc.
El diputado señor Acín hizo una excelente explicación histórica de ese ferrocarril; el señor Morlán remarcaba que esta proposición era un intento de apoyo al Gobierno del señor Aznar para sus negociaciones con el Gobierno francés y añadía que era partidario de un transporte bimodal -ferrocarril y carretera- por esta vía para que el medio ambiente no se viese deteriorado. Personalmente remarqué que el 23 de mayo de ese mismo año el Gobierno francés presentó una posición clara por la reapertura del Canfranc, una proposición de ley que obtuvo, de 304 votos emitidos, 302 afirmativos y dos negativos. Todo parecía indicar que el sueño podía hacerse realidad, pero no. En una interpelación al ministro señor Álvarez-Cascos le volví a señalar la desilusión y de nuevo la desesperanza. En esa fecha, 5 de marzo, le indicaba que la vía hasta Sagunto presentaba un 70 por ciento en mal estado. Había permanecido cortada la línea durante 14 días por un descarrilamiento en la localidad de Villanúa. También le denunciaba cómo el túnel carretero de 8 kilómetros y de un coste de 300 millones de euros se permitía el lujo de estar 10 días cerrado sin ningún tipo de información, cierre que por cierto este año se ha vuelto a repetir por la aparición de un enorme socavón en la zona francesa. Esta interpelación terminaba recordando al señor ministro que, tras la reunión hispano-francesa en Santander, nos había asegurado que se había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Fomento francés para resolver el problema del Canfranc. El señor Álvarez-Cascos se dedicó a marchante de cuadros y de todo aquello no queda nada, acaso el recuerdo de un pequeño rifirrafe con algunos miembros de las bancadas populares.


Señora ministra, hemos estado durante años reclamando la apertura del Canfranc y estuvimos en contra del enorme derroche que suponía, nunca supimos por qué, perforar ocho kilómetros de montaña para evitar el Somport, cuando con ese dinero, 250 millones de euros, se podía haber puesto en funcionamiento el túnel ferroviario y, como indicaba el señor Morlán, utilizarlo como elemento doble, ya que en las plataformas podían superar el puerto los camiones, como se hace en otros países de Europa.
Pero las cosas están casi como estaban hace ya un buen montón de años, hasta tal punto que las Cortes de Aragón, con una proposición no de ley, el 31 de marzo de este año, piden al Gobierno aragonés que solicite a su ministerio, en primer lugar, la priorización de actuaciones comprendidas en el Plan de infraestructuras de 2000-2007 y que ya figura en el documento de PEIT o cuentan con asignación presupuestaria priorizando la reapertura del Canfranc-Oloron. Por cierto, noticias aparecidas en la prensa local de Zaragoza denuncian que el señor Gandil, director del gabinete del ministro galo de Obras Públicas, tira por la borda de manera bastante vergonzosa los compromisos del presidente señor Chirac en su reunión con el presidente señor Iglesias en Zaragoza, adquiriendo compromisos que ahora se devalúan de modo increíble. Creo, señora ministra, que ahí hay un nuevo hueso duro que roer y que hay que recordar al señor Gandil que nosotros también sabemos cerrar pasos fronterizos si se ponen por montera los compromisos adquiridos. En segundo lugar, y siguiendo con lo relativo a Aragón, plantean la conexión entre la proyectadas autovías de Huesca-Lleida con la de Lleida-Valle de Arán entre Basbastro-Benabarre, conformando el eje Zaragoza-Huesca-Toulouse.
Se pide la creación de un túnel de baja cota por un paso del Pirineo aragonés que el señor Patrick Gandil ya niega en esas mismas declaraciones de modo increíble y planteando razones de poderes fácticos que uno creía ya superados. Ayer, antes de leer las declaraciones de la Administración francesa, me parecía excesivo el empeño que algunos aragoneses veníamos mostrando por estas nuevas y viejas vías de comunicación. Sin embargo, para nosotros, que tenemos largas relaciones históricas y comerciales con los valles del otro lado de los Pirineos, se convierte ahora en una dura lucha quizá, pero esperamos que al final consigamos el empeño frente a motivaciones economicistas que quieren seguir manteniendo la región del Béarn en una situación económica deficitaria y excusar con ello las ayudas y beneficios que un territorio como este cree tener derecho a recibir.


Señora ministra, las importantes exportaciones de las industrias agrícolas, metalúrgicas y manofactureras de Aragón salen del centro y del sur de este territorio por pasos fronterizos colmatados y saturados de tráfico. El cierre temporal del túnel del Somport ha producido una pérdida para muchas industrias aragonesas de 600.000 euros diarios, con lo que se demuestra que las afirmaciones del señor Gandil carecen de razones económicas y se desvían hacia otros tipos de razones posiblemente menos confesables. Señora ministra, tiene ante sí un nuevo y complicado reto, tras del cual sabe que nos tendrá a todos como un solo hombre o mujer en defensa de nuestros intereses, que son también intereses del Estado. Lo necesitamos para que los sueños de un pequeño país castigado por el olvido centenario se hagan realidad frente a los hiperrealismos de los tecnócratas y, al igual que los Alpes se han abierto para unir Italia, Suiza y Francia, los Pirineos dejen de ser esa frontera que anula el

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desarrollo de dos territorios históricamente unidos como son el Béarn y Aragón.


Nada más. Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor Labordeta.


Para responder a la interpelación tiene la palabra la señora ministra de Fomento.


Cuando guste, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, yo coincido con su planteamiento de la necesidad de una mayor permeabilidad en los Pirineos. Seguramente los que están más próximos a los Pirineos todavía sienten más esta necesidad, pero la permeabilidad de los Pirineos no es solamente una cuestión de los territorios próximos a Francia sino que es una necesidad que tiene todo nuestro país. De ahí la importancia de los acuerdos a los que se ha ido llegando sucesivamente con el país vecino, Francia, y la necesidad -y coincido con usted, lo único es que yo no pongo en duda que sea así- de que se cumplan los acuerdos que vamos alcanzando en sucesivas cumbres. Efectivamente, la cumbre de Zaragoza se celebró en Aragón para reforzar y fortalecer aún más el compromiso de ambos gobiernos de establecer más y mejores vías alternativas a las existentes, por la cogestión que se produce en el tráfico viario, y además fortalecer e impulsar todo el tráfico ferroviario como consecuencia de que parece que solamente la conexión viaria sea una alternativa para dar respuesta a la necesidad de tráfico de pasajeros y de mercancías.


Solamente quiero trasladarle, señoría, que durante el año pasado yo he mantenido con mi homólogo francés cuatro reuniones y le recuerdo que el señor Cascos en el primer año de legislatura solamente tuvo una. Por tanto, se marca una gran diferencia entre el interés y la forma de establecer esta conexión con Francia y de -si me permite que se lo diga- convencer a nuestros vecinos de la necesidad mutua de que se establezcan estas conexiones que estamos defendiendo desde hace mucho tiempo. La cumbre de Zaragoza terminó con éxito por cuanto se llegó a acuerdos que fueron reconocidos por todos aquellos que están preocupados por esta cuestión, y le comunico que ya hay preparada una nueva cumbre para mayo con Francia para establecer nuevos acuerdos o bien para hacer un seguimiento de los antiguos. En el PEIT, tal y como usted plantea, efectivamente se han establecido una serie de conexiones que creemos que están en línea con los objetivos que usted ha planteado y con las necesidades de nuevas conexiones ferroviarias y viarias. Este invierno, que ha sido de nevadas copiosas, ha empeorado la situación de la conexión con Francia y habido dos comunicaciones a través de los túneles de Bielsa y Portalé, que han tenido que establecerse como alternativa al paso por Somport por un socavón que apareció en la parte francesa. Quizás en el momento en que S.S. plantea esta interpelación estamos todavía bajo los efectos de que el socavón de la parte francesa de Somport no ha sido reparado y ya le informo, aunque imagino que habrá tenido conocimiento de la situación, que conseguimos que se estableciera un calendario por la parte francesa, que era la que tenía que repararlo, y se han comprometido a tenerlo reparado antes del verano, en junio concretamente. A través de los sucesivos contactos y negociaciones conseguimos que se adelantara un mes esta conexión por Somport, de la que es responsable la parte española, el Gobierno central y, por tanto, el Ministerio de Fomento. La opción que ahora se está utilizando son los túneles de Bielsa y Portalé, de responsabilidad de la comunidad autónoma, que son alternativas provisionales hasta que se conecte definitivamente la parte española con la francesa por el túnel de Somport. Las cuatro galerías que tenían que construirse por la parte española para que las mercancías peligrosas pasaran por el túnel ya están dispuestas para entrar en servicio, faltan las tres francesas, que se han comprometido que para octubre de 2005 estarán terminadas; previamente estamos elaborando la normativa que permite el tráfico de mercancías peligrosas, que tiene que ser elaborada y aceptada por ambas partes, es decir, por Francia y España, y como continuación de las tres galerías que tienen que estar terminadas por parte francesa, se pondría en servicio el túnel de Somport y todos sus accesos para el tráfico normal, no para mercancías peligrosas, y además se incluirían las mercancías peligrosas. Con esto creo que se da un salto cualitativo importante a la conexión viaria por el Pirineo central.


Me ha planteado usted también el problema del túnel de Canfranc. El túnel de Canfranc está cerrado, según me informan, desde 1970 y nosotros en las sucesivas reuniones que tenemos con Francia estamos defendiendo su reapertura. Si tiene interés, en mi segunda intervención le podría señalar todas las medidas que se han ido tomando con los accesos que llegan a Somport. Creo que con mi primera respuesta puede ser suficiente la información que le he dado sobre Somport. Estamos defendiendo la apertura ferroviaria de Canfranc y en el PEIT hemos tratado de que una planificación a quince años incluya todas aquellas opciones, acordadas o no, pero que se pueden ir acordando como conexión transpirenaica, siempre en el bien entendido de que una de las prioridades de esta planificación son las conexiones con otros países europeos, tanto con Portugal como con Francia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora ministra.


Dispone de su turno de réplica el señor Labordeta.


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El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora ministra.


En principio nos ha dado usted unas explicaciones muy claras. Yo siempre sigo con la duda de que el Canfranc ferroviario no se va a abrir, porque creo que se ha perdido el tiempo y a Francia no le ha interesado en absoluto, pero ojalá con esas negociaciones que van a tener ustedes con el ministerio francés consigamos un día ver aparecer otra vez por el túnel de Canfranc y que lleguen a la estación, desde el lado francés, los viejos ferrocarriles que traían las mercancías y los viajeros desde Francia.


Nos ha hablado usted de Portalé y de Bielsa. Uno es puerto y otro túnel, y aunque son de carreteras autonómicas, sí que deberían ustedes forzar a los franceses a que al otro lado de la frontera intentaran hacer unas carreteras mejores, porque las salidas son realmente increíbles. La salida de Portalé supone casi salir a un vacío y la de Bielsa es también jugarse la vida, que es un poco lo mismo que pasa con la salida del Somport, que uno se mete en el túnel más moderno y más seguro de Europa, porque se hizo precisamente cuando tuvieron lugar los desastrosos accidentes de los túneles en Suiza, y cuando uno llega a la parte francesa se vuelve a encontrar con una carretera casi de los años cincuenta y sería conveniente que los franceses tomaran esto en serio para que las relaciones fueran mejores. Hay que ver cuando pasan los grandes camiones cargados de alfalfa por las estrechas calles de los pueblos del Pirineo francés, del Béarn, que la mayoría de ellos a veces se llevan por delante los balcones. Sería conveniente que el ministerio francés de Obras Públicas tomara esta decisión.


Me gustaría preguntarle una cosa, porque esta mañana me he quedado muy asombrado. Me refiero a las declaraciones del señor Gandil, jefe del gabinete del Ministerio francés de Obras Públicas, un señor que niega absolutamente todo lo que usted nos ha dicho. Sale una noticia en el periódico El Heraldo de Aragón de todo lo que hizo el señor Chirac en Zaragoza, que nos vendió un mundo maravilloso que íbamos a tener a partir de las relaciones con el presidente don Marcelino Iglesias. Pues bien, este hombre ha venido a echarnos un jarro de agua enorme. No sé si es un interés partidista para echar un jarro de agua fría al presidente del Gobierno aragonés, pero me gustaría que nos dijera ahora, si tiene la información, hasta qué punto la posición del señor Gandil es radical, de negar el pan y el agua al Béarn y, por tanto, a todo el Pirineo. Ellos siempre hablan de la defensa del medio ambiente. Nosotros estamos por la defensa del medio ambiente, pero vemos cómo se hizo, por ejemplo, la autovía de Leizarán, y allí se defendió el medio ambiente. Vemos también cómo en Suiza, Italia y Francia, para las relaciones de esos países, los Alpes se atraviesan y no se rompe el medio ambiente. Ellos se quejan de que los aragoneses nos hemos cargado el medio ambiente en nuestra zona y tienen miedo a que nos carguemos el otro lado. Usted nos ha dado un poco de esperanza. Tenemos confianza en usted, tenemos confianza en el señor Morlán, porque conoce muy bien este problema y ha estado con nosotros en las bancadas defendiendo duramente estas ideas. Lo único que le pido es que no se haga usted marchante de cuadros.


Muchas gracias, señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Labordeta.
Señora ministra, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, coincido con lo que ha planteado. Es del máximo interés conseguir estas conexiones transpirenaicas. Nuestro máximo interés es convencer al país vecino de la utilidad de esta conexión y hacerlo con la habilidad suficiente para mantener una línea continua de contactos con ellos e intentar reconducir todas las situaciones que se nos vayan planteando. No le puedo dar información sobre lo que ha dicho el jefe de gabinete del ministro francés porque no lo sé. No sería oportuno que yo comentara el posicionamiento de un jefe de gabinete. Estoy segura de que tiene mucha más fuerza lo que acuerdan dos presidentes de Gobierno que lo que pueda decir el jefe de gabinete de un ministro, aun cuando coincido con usted que en muchas ocasiones se puede estar utilizando como un globo sonda para ver cuál es el posicionamiento del otro país o por cualquier otro motivo en el que yo, si me permite, no voy entrar. Lo mejor que tenemos para esas conexiones transpirenaicas es el acuerdo de dos gobiernos, de dos presidentes de Gobierno, que aparecen en documentos, y mientras no los modifiquen ellos, tendremos que luchar no solo para que se mantengan, sino para que se avance en este sentido.


Se refería S.S. al túnel de Canfranc. Efectivamente, se cerró en 1970.
Hemos defendido su reapertura. Los franceses dicen que desde el punto de vista económico no es viable por los tráficos. Les hemos propuesto, y así lo hemos acordado, hacer una nueva evaluación económica, que ya hemos hecho, más acorde con una metodología que lleve al convencimiento de la utilidad de esa conexión, y, por tanto, los resultados de esta evaluación son más favorables a la toma de decisiones por parte del Gobierno francés. Estos estudios han sido presentados a la parte francesa en la última reunión del grupo de trabajo para la travesía central del Pirineo, que tuvo lugar el pasado 16 de marzo en París, y en este momento se encuentra en fase de análisis por parte de los técnicos franceses. Verá usted que nuestra posición es la de darles argumentos para convencerlos de una decisión que no puede ser tomada unilateral sino bilateralmente.
Asimismo, señor Labordeta, en la reunión que mantuve con el ministro francés de Equipamiento y Transportes en la cumbre de Zaragoza el 7 de diciembre

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del año pasado, acordamos proponer la participación de las distintas entidades territoriales en el seguimiento del proyecto de reapertura de la línea, en una perspectiva de cooperación interregional que tenga más en cuenta el interés europeo de este proyecto.


La inexistencia de infraestructuras transpirenaicas de transporte alternativas a los pasos litorales provoca auténticos cuellos de botella que representan cada vez más una amenaza sobre las posibilidades de desarrollo de España. Creemos que la solución a este problema pasa por la existencia de un tercer corredor en el centro de la cordillera pirenaica a partir de la construcción de un túnel ferroviario de baja cota que permita un sistema de transporte sostenible. Así lo han considerado las autoridades comunitarias y el proyecto se ha incluido dentro de la revisión de las redes transeuropeas de transporte y cuenta con una financiación hasta del 20 por ciento. En la cumbre de Zaragoza el 7 de diciembre acordamos incorporar esta conexión a las planificaciones estratégicas de ambos países y nosotros ya lo hemos hecho en el PEIT.
Vamos a impulsar los estudios sobre esta nueva conexión y para ello el grupo de trabajo ferroviario realizará la evaluación de los flujos de transporte a través del Pirineo y un estudio detallado del encaje funcional del nuevo enlace en las redes ferroviarias de ambos países para acometer la definición de los posibles corredores. En la última reunión del grupo el 16 de marzo pasado en París ya se acordó la metodología del trabajo y las hipótesis básicas de partida. Quiero señalar que en esta reunión manifesté expresamente a mi homólogo francés el interés de España de que este punto de conexión partiera de Zaragoza. Dicho esto, señoría, es un trabajo difícil el que tenemos por delante para la permeabilidad de los Pirineos, pero también le puedo asegurar que no hemos cejado en el intento de conseguir una permeabilidad acorde con nuestras necesidades y nuestro nivel de desarrollo, y le digo, señor Labordeta, que no solamente es un interés por Aragón y por las zonas limítrofes al Pirineo, sino que es de nuestro país, porque la misma necesidad existe de trasladar los productos gallegos a Francia pasando por los Pirineos que de trasladar los productos extremeños o aragoneses. Tenga el convencimiento de que estamos trabajando, además de por Aragón, para solucionar un cuello de botella del transporte de pasajeros y mercancías que tiene nuestro país en relación con el resto de Europa.


Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señora ministra.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN. (Número de expediente 172/000094.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Siguiente punto del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana sobre la política general del Gobierno en relación con las torturas y malos tratos en los centros de detención. Para exponer esta interpelación tiene la palabra el señor Cerdà.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor ministro, soy consciente de que es un tema complicado, pero no por eso se debe dejar de abordar, y desde la perspectiva de asumir con toda su dimensión trágica el problema formulamos esta interpelación.


Señorías, según la respuesta a una pregunta escrita y formulada por este diputado, el Gobierno español reconoce que en los últimos cuatro años 49 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la Policía Nacional, han sido condenados por lesiones y malos tratos en el ejercicio de sus funciones. Por el mismo motivo, fueron incoados 43 expedientes en los últimos cuatro años a la Policía Nacional. ¿Cuántos funcionarios fueron absueltos de estos 43 expedientes? Once. ¿Y cuántos expedientes fueron sobreseídos? Doce. Pero, repito, hubo 49 condenas a la Policía Nacional por lesiones y malos tratos en el ejercicio de sus funciones, lo que implica, y esto es lo grave a nuestro entender, que como mínimo hay 49 personas con nombres y apellidos, con familias e hijos muchas de ellas, que fueron torturadas y maltratadas por un cuerpo estatal de policía dependiente del Gobierno español.


En el caso de la Guardia Civil 833 miembros de la misma han sido denunciados en los últimos cuatro años por lesiones y malos tratos, de los cuales 35 han sido condenados. En concreto, 32 miembros de la Guardia Civil han sido condenados por lesiones y tres de ellos por malos tratos, todos en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuántos miembros de la Guardia Civil han sido absueltos por lesiones y malos tratos? Nada más y nada menos que 627. ¿Cuántos procedimientos judiciales sobre guardias civiles han sido archivados o sobreseídos por presuntas lesiones, malos tratos u homicidios en el ejercicio de sus funciones? 203. No deja de ser, como mínimo, extraño que 830 casos de denuncias por torturas cometidas por la Guardia Civil hayan sido absueltos, archivados o sobreseídos. Tampoco deja de extrañar que únicamente se hayan incoado, según el Gobierno español, 29 expedientes administrativos. Estos datos muestran claramente que como mínimo ha habido 35 personas, según sentencia firme, que han sido lesionadas o maltratadas, en definitiva, torturadas por la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones, a las que se suman las 39 torturadas, también según sentencia firme, por la Policía Nacional, también en el ejercicio de sus funciones.


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Pasamos a los centros penitenciarios. Basándonos también en los datos facilitados por el propio Gobierno en contestación a una pregunta que yo mismo formulé, el Estado español ha tenido 49 sentencias condenatorias a consecuencia de su actuación negligente en los centros penitenciarios en los últimos cuatro años. Según sentencia firme de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, 49 personas han sufrido la actuación negligente del Estado español en los centros penitenciarios. El Estado ha satisfecho cuatro millones y medio de euros por muertes de presos y presas a consecuencia de su actuación negligente en los centros penitenciarios.
Incluye esta actuación negligente la práctica de torturas que ha provocado la muerte de reclusos y reclusas, cuyas personas allegadas se han atrevido a denunciar.


Para finalizar con los datos oficiales, nos responde de nuevo el Gobierno español a otra pregunta escrita que el 0,04 por mil de las personas reclusas han fallecido en los centros penitenciarios accidentalmente y que el 0,02 por mil de las personas reclusas han muerto de forma violenta. No se tiene por qué concluir que se reconozca oficialmente que estas muertes que se dicen accidentales y violentas tengan que ser consecuencia de torturas en los centros penitenciarios, pero, según los informes de las organizaciones y organismos que hacen un estricto seguimiento de los casos de torturas en prisiones, se han producido muertes en los centros penitenciarios a consecuencia de torturas.


En el ámbito judicial no puedo dejar de hacer referencia a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condena al Estado español por no haber investigado las torturas denunciadas por quince independendistas catalanes que fueron detenidos en el verano de 1992 en la denominada operación Garzón, bajo la acusación de pertenecer o colaborar con Terra Lliure. El Tribunal de Estrasburgo ha reconocido que las autoridades judiciales españolas rechazaron una y otra vez todas las peticiones y propuestas de investigación de las torturas que sufrieron nuestros compatriotas detenidos en 1992. Aplaudimos esta sentencia, cómo no, que se convierte en una motivación más para interpelar al Gobierno sobre la necesidad de iniciar acciones que eviten las torturas al amparo del Estado. Tampoco vamos a dejar de hacer referencia, dentro del ámbito de las torturas consecuencias de detenciones por motivos políticos, a las denuncias por torturas y malos tratos interpuestas por los trabajadores del diario Egunkaria, así como a las torturas denunciadas habitualmente por los presos y presas abertzales y del movimiento independendista catalán y gallego.


Amnistía Internacional también ha dejado patente en diferentes informes la perpetuación de la tortura en el Estado español. En su informe "España, acabar con la doble injusticia. Víctimas de tortura y malos tratos sin reparación", analiza nada más y nada menos que 450 sentencias dictadas por los tribunales españoles que olvidan la reparación a las víctimas y favorecen -y esto es lo más grave- la impunidad de los agresores. Por otra parte, en su informe de 2004 Amnistía Internacional condena el incremento de las torturas en el Estado fundamentalmente contra las personas inmigrantes a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, que aumenta de cinco a doce días el período permitido del régimen de incomunicación.
Dicho aumento nos parece un exceso.


La Coordinadora de solidaridad con las personas presas, formada por más de una veintena de colectivos que trabajan en la defensa de los derechos humanos, nos ha trasladado a todos los grupos parlamentarios una propuesta política y social contra las torturas y los malos tratos. La propuesta política y social que realiza la coordinadora, de la cual nos hacemos eco, ha sido fruto de una reflexión y de un debate interno, y en ella se recogen pormenorizadamente no solo las demandas planteadas históricamente por la coordinadora, sino también las propuestas y trabajos de otros grupos y coordinadoras estatales y de los países catalanes, como la Coordinadora para la prevención de la tortura, el Observatorio del sistema penal y los derechos humanos, de Barcelona, la Comisión de denuncia de Galicia, y otros tantos colectivos.


Acabar con las muertes, las torturas y los malos tratos o los tratos inhumanos en las cárceles, comisarías y cuarteles del Estado español es una reivindicación que deberíamos hacer cada uno de los aquí presentes.
Por ello, en esta interpelación reivindicamos del Gobierno español acciones efectivas contra las torturas y los malos tratos producidos en los centros de detención, como lo son las prisiones y las comisarías. En este sentido es en el que recordamos los numerosos informes presentados por diferentes organizaciones y colectivos y las denuncias de torturas y malos tratos en diferentes centros penitenciarios y de detención.


Cabe citar también la preocupación mostrada en el último informe emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU, que señala la existencia de estas prácticas en el interior de las instituciones penitenciarias y la constatación de esta situación en el informe del relator especial para la Tortura de Naciones Unidas y las visitas e informes del Comité para la prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Queremos recordar una vez más los últimos informes de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, que destacan una inquietud semejante.


Negar la realidad y mirar hacia otro lado no es bueno en ningún sentido.
Por ello, hemos interpelado al Gobierno español sobre la necesidad de adoptar acciones efectivas e inmediatas contra las torturas y los malos tratos en los centros de detención. Debemos, por tanto, iniciar la propuesta des acciones genéricas contra la tortura y los malos tratos en los

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centros de detención y a favor, efectivamente, de los derechos humanos.


En primer lugar, tenemos constancia de que en el Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2004 se autorizó la firma del Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Desde Esquerra Republicana interpelamos al Gobierno sobre el inicio de los trámites para la ratificación de ese protocolo facultativo y las medidas oportunas para su puesta en funcionamiento con la mayor brevedad posible. El protocolo, tal y como explicamos en la exposición de motivos de la interpelación, constituye un avance dentro del sistema de Naciones Unidas para los derechos humanos e incorpora dos novedades que suponen importantes avances respecto a los mecanismos de control y seguimiento previstos en la Convención de 1984. Por otra parte, se establece un sistema irrestricto de visitas sin previo aviso a cualquiera de las instituciones penitenciarias o centros de detención de los Estados parte, permitiendo que las condiciones y procedimientos de detención sean examinados y que se emitan recomendaciones sobre los mismos para que puedan ser mejorados con la mayor celeridad posible. Por otro lado, los Estados se comprometen a crear o mantener en sus respectivos ámbitos los denominados mecanismos estatales de prevención para los que el protocolo señala determinadas atribuciones y facilidades mínimas.


En segundo lugar, apuntamos hacia el reconocimiento y apoyo del proyecto de investigación denominado Privación de libertad y derechos humanos, en el marco del proyecto europeo Challenge, auspiciado por el Observatorio del sistema penal y los derechos humanos, de la Universidad de Barcelona.


En tercer lugar, podemos afirmar sin faltar a la verdad que la potestad coercitiva que otorga el artículo 41.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria -Ley 1/1979, de 26 de septiembre- ha venido sirviendo de coartada perfecta para justificar oficialmente casos de tortura y malos tratos, demostrando con ello la ineficacia de los vigentes controles garantizadores de derechos y la aplicación por sistema de la ley del silencio. También queremos hacer mención del uso y el abuso de los medios de control basados en el aislamiento severo.


La aplicación de estas medidas, que afectan de forma extrema a la dignidad de las personas presas, ha sido respaldada políticamente en las sucesivas legislaturas mediante la regulación contra legem de circulares, entre otras la Instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, dictada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, sobre refundición de circulares en materia de régimen y seguridad, que supuso la creación normativa de áreas de impunidad, con la consiguiente renuncia expresa del Estado al mandato constitucional del artículo 25 de la Constitución española, de rehabilitación de la persona condenada.


Entendemos que el Estado español debe intervenir como parte en presencia de indicios de malos tratos y torturas en centros de internamiento, mediante la investigación y persecución de oficio por parte de las fiscalías y juzgados de cada denuncia, noticia o indicio de casos de tortura y velar para que, ante estas denuncias, se inicien inmediatamente, sin perjuicio de su suspensión a la espera del resultado de la acción penal, procedimientos disciplinarios contra los presuntos o presuntas responsables.


El Estado español debe reconocer oficialmente la existencia de torturas en las prisiones y otros centros de detención, la práctica de torturas y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como establecer medidas reparadoras a emplear con las víctimas de torturas en los centros de detención. Entendemos necesario el establecimiento de medidas cautelares y preventivas en los casos de detención incomunicada.
Interpelamos al Gobierno sobre la posibilidad de establecer las medidas que permitan un control de la situación de aislamiento, así como abolir el régimen de vida FIES y todos los aislamientos o incomunicaciones prolongadas, prohibiendo regulaciones ilegales que modifican y crean estatus limitadores de derechos. El Gobierno español debería, en esta línea, ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional, fruto de la demanda interpuesta por la Coordinadora de solidaridad con las personas presas contra las circulares FIES.


Finalmente, señor presidente, como respaldo a los instrumentos garantizadores contra la impunidad, interpelamos también al Gobierno sobre la necesidad de adoptar las correspondientes reformas legales que adecuen el ordenamiento jurídico a la verdadera realidad de las comisarías y las cárceles y que supongan una herramienta legal en manos de quien sufre en verdad la imposición inhumana de las normas, como la correcta tipificación del artículo 174 del Código Penal, para completar su total adecuación al artículo 1 de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Ley General Penitenciaria, en materia de prisión preventiva e incomunicación, y la reforma de la normativa en materia de menores y extranjería con el objeto de que en los procesos de expulsión se respeten las prescripciones de la Convención contra la Tortura.


Aunque no sea de forma sistemática, la tortura aún se practica en el Estado español. Su erradicación no permite ambigüedades. La construcción de una sociedad democrática difícilmente puede resurgir si se vulneran los derechos humanos más fundamentales. No nos gustaría tener que denunciar una falta de voluntad política de erradicar la práctica de la tortura y los malos tratos. Queremos manifestar nuestro compromiso en la lucha por la erradicación de la tortura y el respeto a los derechos humanos como derechos fundamentales, e instamos al Gobierno español a que se sume a este compromiso y cuente con nuestro apoyo, y seguro que

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también podrá contar con el de otros grupos parlamentarios para erradicar esta lacra miserable.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Cerdà.


Para responder a la interpelación tiene la palabra el señor ministro del Interior.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señoría, en relación con la interpelación que hoy formula su grupo, existen dos vertientes claras en lo que afecta a la gestión del departamento de Interior que dirijo. Una es la que se refiere a los centros de detención y custodia que dependen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la otra, la relativa a los centros penitenciarios que para la prisión preventiva o el cumplimiento de las condenas dependen de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Aquí, como siempre, hago la salvedad de que el Estado tiene competencias en todo el territorio nacional, a excepción de Cataluña, donde están transferidas.


En lo relativo a los centros de detención bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corresponde a un organismo específico, a la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, la comprobación, inspección y evaluación del desarrollo de los servicios, así como de las actuaciones realizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el cumplimiento de sus funciones, siendo este último cometido el que ha sido desarrollado desde mi llegada al Ministerio del Interior. Es objetivo prioritario de esta inspección velar por el estricto cumplimiento de los derechos humanos en la tarea que cotidianamente hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prestando una especial atención a que la actuación de sus miembros se ajuste a criterios de integridad y dignidad y que impidan cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. Con el fin de que se puedan llevar a cabo de forma efectiva estas funciones, se están realizando todas las gestiones necesarias para dotar a esta subdirección de los medios materiales y humanos que necesita. Ya hemos llevado a la comisión ejecutiva del grupo interministerial de retribuciones, la Cegir, el correspondiente expediente de creación de los cuerpos de trabajo.


Con relación a los detenidos, la inspección dedica particularísima atención a que se vele por la vida e integridad física de las personas detenidas o que se encuentren bajo custodia, respetando su honor y dignidad. Asimismo, cuando las circunstancias lo demandan, se llevan a cabo inspecciones incidentales concretas al amparo de la normativa vigente. Concretamente en 2005 -por remitirme a ese dato- se han realizado inspecciones incidentales concretas, aparte de las que se hacen de modo sistemático, por hechos relacionados con la presunta conculcación de derechos humanos en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía y Madrid, una en la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, tres en la Comandancia de Sevilla, una en la Comisaría de Policía de Algeciras y una en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Debo resaltar que la inspección de personal y servicios de seguridad viene manteniendo contactos y una relación muy fluida y estrecha con la institución del Defensor del Pueblo y con las diferentes organizaciones que sin duda desde puntos de vista legítimos se dedican al reconocimiento y defensa de los derechos humanos.


En cuanto a la segunda vertiente, la que hace referencia a los centros penitenciarios, debo recordarle que nuestra legislación penitenciaria es progresista, muy buena técnicamente, del año 1979, que se hizo con un fuerte consenso y que incide en un principio claro: prohibe cualquier actividad que sea contraria a los derechos humanos y que comporte malos tratos y torturas en los centros dependientes de Instituciones Penitenciarias. La legislación penitenciaria, como no puede ser de otro modo -eso tendrá que comprenderlo-, prevé la aplicación de medios coercitivos o medios de fuerza en diferentes supuestos excepcionales, según contempla la propia Ley orgánica en su artículo 45 y el reglamento que la desarrolla. Desde la Dirección General de Instituciones Penitenciarias se es especialmente riguroso en el control de todas estas actuaciones y en la vigilancia de que se adecuan a criterios de proporcionalidad. Estas actuaciones son inevitables en un espacio donde a menudo se reproducen conflictos inevitables, como es la prisión.
Únicamente se pueden utilizar esos medios coercitivos en casos puntuales y urgentes y solo durante el periodo de tiempo estrictamente necesario para que se restablezca la normalidad, siempre que no haya otro mecanismo menos gravoso para restablecer la normalidad regimental alterada y guardando en todo momento un criterio de proporcionalidad adecuado a la respuesta que exige la situación excepcional. Es absolutamente necesaria la autorización de los medios para poder utilizarlos, salvo, como es lógico, cuando sea urgente e imprescindible y no pueda demorarse la medida, pero en uno y otro caso -y aquí la garantía última- la comunicación al juez de vigilancia penitenciaria se hace lo más rápidamente posible. La utilización inadecuada de los medios coercitivos que no se ajusten a las previsiones legales es perseguida y sancionada, incluso la reacción disciplinaria se complementa, si es necesario, con la remisión a la Fiscalía cuando los hechos en los que incurre un funcionario pudieran ser constitutivos de infracción penal. Para ello, esos supuestos siempre se ponen en conocimiento del ministerio fiscal.
Además, desde la inspección penitenciaria se actúa con toda diligencia ante cualquier denuncia por malos tratos. Igualmente, ante la denuncia

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de un interno relativa a presuntos malos tratos se actúa determinando la correspondiente investigación interna. Una medida importante al respecto es la aprobación el 9 de marzo de 2005 del protocolo de actuación para la realización de cacheos con desnudo integral a los internos. Como afecta a un derecho fundamental como es la intimidad, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que es una doctrina segura -supongo que estaremos de acuerdo-, se ha de aplicar en situaciones excepcionales, asegurando siempre las medidas limitadoras necesarias para conseguir el fin protegido, además de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquel a quien se le impone.


Señoría, tengo que decirle claramente que el Ministerio del Interior y toda la estructura orgánica que de él depende practica y va a seguir practicando una política de tolerancia cero ante cualquier conculcación de los derechos humanos, un principio básico que inspira la actuación de este Gobierno, no le quepa la más mínima duda. Buena muestra de ello es que hace tan solo unos días desde el ministerio competente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, se firmó el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura durante su visita a la sede de Naciones Unidas, un protocolo que junto con el resto de instrumentos normativos internacionales de los que España forma parte sin duda alguna nos sitúa a la cabeza y en la franja de los países que más y mejor respetan normativamente -y luego defenderé que también en la práctica- los derechos humanos. Otro signo evidente de que la prioridad de España en la lucha contra la tortura y los malos tratos es clarísima es que el Gobierno ha multiplicado en el 2004 su contribución al Fondo voluntario para las víctimas de la tortura. España es ahora el tercer donante mundial a ese fondo, todo ello en el marco de un esfuerzo ingente de aumento de nuestra presencia y contribución personal, material y monetaria al sistema universal de protección y promoción de los derechos humanos que se ha visto reflejado también en 2004 por el aumento de la contribución de España a la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. España es el noveno Estado contribuyente a ese fondo de la Alta Comisionada entre todos los Estados pertenecientes a la ONU. El protocolo al que me refiero incorpora dos novedades fundamentales respecto a la Convención de 1984. Introduce un sistema ilimitado de visitas sin previo aviso (y está claro por qué España acepta este sistema ilimitado de visitas, porque desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos no tiene nada que ocultar) a cualquiera de las instituciones penitenciarias o centros de detención de Estados partes. La segunda novedad es que los Estados se comprometen a crear o mantener en sus respectivos ámbitos nacionales los denominados mecanismos nacionales de prevención para los que el protocolo señala determinadas atribuciones y facilidades mínimas. Por todo lo anterior, quiero dejar clara la voluntad -de la que no sé si usted dudaba en algún momento-, la rotundísima voluntad política del Gobierno de seguir en la vanguardia en el respeto a los derechos humanos.


Usted se ha referido a una serie de cuestiones más puntuales a las que desde la realidad de los hechos tengo que darle respuesta. No se puede sugerir que las circulares que se emiten desde Instituciones Penitenciarias son circulares contra legem. Todas ellas han sido filtradas judicialmente, o las más decisivas al menos. Más concretamente la Instrucción 21/1996 a la que usted aludía se recurre ante la Audiencia Nacional, pero fue confirmada por este tribunal en todos sus extremos, excepto en una declaración de nulidad de pleno derecho que hace referencia solo a la regulación de las visitas de convivencia que contempla el reglamento penitenciario. Por su parte, el fichero de internos de régimen especial es legítimo, útil y necesario para la seguridad del Estado. Es un fichero que se limita a almacenar datos relativos a la situación penal, procesal y penitenciaria de internos afectados, usualmente internos especialmente peligrosos como su propio nombre indica. Es un instrumento al que ningún país de la comunidad democrática internacional ha renunciado ni va a renunciar nunca. Por tanto, es un instrumento que bien manejado, como se hace, resulta absolutamente legítimo y además conveniente. Tengo que darle un dato muy claro. Hemos repasado las estadísticas penitenciarias y puedo decirle que en estos momentos no existe ningún interno perteneciente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o al cuerpo de Instituciones Penitenciarias que se halle cumpliendo condena por delitos de tortura o contra la integridad física o moral en general.


Finalmente, déjeme que le diga tres cosas muy claras. En España vivimos por fortuna en un sistema democrático -de eso creo que no cabe ninguna duda-, un sistema que no solo declara derechos fundamentales en su Constitución, sino que además los garantiza por la práctica del Ejecutivo, por el desarrollo de las leyes que hace el Legislativo y desde luego que otorga la garantía judicial última. En segundo lugar, tengo que decirle que la inmensa mayoría de los funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias desempeñan sus funciones con absoluto respeto a las leyes y a los procedimientos de este sistema democrático. Y en tercer lugar, cuando hay alguna excepción, nuestro sistema constitucional y legal investiga y depura responsabilidades tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el de las responsabilidades judiciales y tanto en la esfera administrativa como en la eventualmente penal. Usted mismo ha dado un dado que me resulta revelador. Ha hablado de cifras, como 49 en la Policía, 32 en la Guardia Civil. Estamos hablando de un colectivo de 130.000 personas que realiza todos los años cientos de miles de actuaciones coercitivas legítimas. Con ello quiero enfatizar que la

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calidad de nuestro sistema está contrastada, es buena, aunque todo es mejorable en esta vida y, por supuesto, vamos a tratar de mejorar todo aquello en lo que por excepción no se actúe convenientemente, pero la regla general -generalísima, diría yo- es que aquí se respetan los derechos humanos. No creo que podamos tener ningún tipo de duda con respecto a los discursos y a las categorías abstractas a la vista de la realidad de todos los días.


Señor presidente, señoras y señores diputados, muchas gracias.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Muchas gracias, señor ministro.


Para formular su réplica, el señor Cerdà tiene la palabra.


El señor CERDÀ ARGENT: Señor ministro, no he venido hoy a buscar culpables en esta intervención. Llega un momento en que nos da igual los culpables, pero lo que no nos da igual son los problemas. Y no nos sirve que se diga que solo son treinta y tantos o cuarenta y tantos, con un solo caso que se dé tenemos un problema en el sistema democrático. En un sistema democrático que arrastra esta lacra desde hace muchos años, así como seguramente malformaciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me parece que es deber de todos no salir a la defensiva diciendo que se respetan los derechos humanos, sino que hay que hacer todos los esfuerzos posibles -que no tengo ninguna duda que este Gobierno tiene intención de hacer- para que no haya ni un solo caso en nuestras comisarías. Ya he dicho que no tengo ninguna duda en cuanto a la actuación del ministro y del Gobierno en lo que debe ser un respeto escrupuloso a los derechos humanos. En este sentido, ya he propuesto y propondré en la moción pertinente toda una serie de medidas legales para que el cumplimiento de los derechos humanos tenga la observancia y todas las garantías que conlleva que estos malos tratos y estas torturas no se produzcan en el Estado español. No he venido -se lo vuelvo a decir- a buscar culpables, sino a intentar buscar con el Gobierno y con todos los grupos que sean sensibles al tema soluciones a problemas que nos parece que son endémicos y que dan francamente vergüenza a cualquiera que lea los informes que anualmente salen de las diferentes organizaciones al respecto. Cada año volvemos a tener los informes tanto de Amnistía Internacional como de la Coordinadora de personas presas y de otros organismos defensores de los derechos humanos en los que se vuelve a señalar al Estado español en este mismo sentido. Por tanto, ya presentaremos en la moción toda una serie de medidas, de carácter legal algunas y de carácter penitenciario otras, para que haya los controles pertinentes y estas actuaciones denigrantes para la democracia y para todos los ciudadanos no se produzcan en nuestro sistema judicial ni penitenciario.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Cerdà.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias de nuevo, señor presidente. Señor diputado, gracias también a usted.


Hay una cosa en la que estamos de acuerdo -yo mismo lo he dicho desde la tribuna- y es que frente a cualquier comportamiento tan gravemente antijurídico que comprometa a los derechos humanos la tolerancia deber ser cero. En eso está empeñado y de eso está firmemente convencido el Gobierno. Por tanto, tiene usted razón en que un solo caso es inadmisible -no tengo la más mínima duda al respecto-, pero quiero hablarle de la magnitud del país y de la calidad de nuestro sistema legal y judicial.
Con las cifras a las que he hecho referencia y con el análisis de cuál es ese sistema legal y judicial queda claro que España es un país que puede presumir de estar en la franja más alta, en la mejor franja desde el punto de vista del respeto a los derechos y a las libertades de las personas. Por cierto, una tarea en la que muchos -estoy seguro de que usted también- llevamos muchísimos años empeñados, tantos como seguramente hemos transitado de democracia. Los informes internacionales hay que verlos en su contexto, es decir, hay que verlos comparativamente.
Todo es mejorable, como digo, pero los informes internacionales no son malos por lo que se refiere a la posición de España en el contexto internacional. De todas maneras insisto en que todo es mejorable en esta vida y que, partiendo de una situación buena desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos en las comisarías, en los cuarteles y en las cárceles, todo lo que se pueda mejorar vamos a tratar de mejorarlo y, desde luego, cualquier iniciativa que sea razonable bienvenida sea.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO CLARIFIQUE LAS OPERACIONES DE VENTA DE ARMAS EN MARCHA. (Número de expediente 172/000095.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Entramos en el último punto del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno clarifique las operaciones de venta de armas en marcha. Para explayar la interpelación tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.


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El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, nosotros entendemos que la venta de armas a Venezuela, identificada rápidamente por todos los medios de comunicación como uno de los pedidos militares más importantes en la historia de la industria española, no puede resumirse con una afirmación como la que hizo el presidente del Gobierno en la que niega la naturaleza ofensiva del material militar que se vende por parte de España. Durante este último mes han pasado el ministro de Defensa por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el ministro de Asuntos Exteriores por la Comisión de Defensa del Senado, el Secretario de Estado de Turismo y Comercio por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y lo que más nos ha preocupado de toda la información que han suministrado durante estos días es que no ha habido ni una sola concreción técnica del pedido militar. Hasta este momento parece que son inexistentes o parece que no se quiere concretar en modo alguno cuáles son los armamentos que se van a vender con las patrulleras o con el material militar a Venezuela en concreto. No se puede negar que en este momento existen unas tensiones en los países vecinos importantes, no solo por la grave crisis vivida entre estas naciones, Venezuela y Colombia, durante estos últimos años, muy recientemente. También habrá que decir que en estos momentos nos encontramos con todo tipo de declaraciones en los medios de comunicación en los que desde el Ministerio de Defensa se dice que es un hecho innegable que el equipamiento militar venezolano profundice en el desbalance militar en la región andina y no existe una clara justificación para la compra de cierto tipo de armas de alcance estratégico en una región que ha liderado la limitación en los gastos militares para la defensa externa, tal y como está en la Carta Andina para la paz y la seguridad. Hablan de violación de la Carta Andina firmada y el propio ministro Jorge Alberto Uribe Echevarría admite que la compra de armas por parte de Venezuela tendrá efectos sobre el equilibrio militar con Colombia y los demás países de la región andina. El Congreso de los Estados Unidos ha manifestado al ministro de Asuntos Exteriores español la falta de entendimiento por parte de los norteamericanos de las acciones en materia de política exterior que lleva a cabo España tanto con Cuba como con Venezuela y, sin querer entrar en modo alguno en lo que es la política exterior del Gobierno español, si se encuentra más cómodo con socios como Venezuela, Cuba y Estados Unidos, si quiere o no recomponer sus relaciones y normalizarlas con Estados Unidos, nosotros entendemos que esto no ayuda en modo alguno a esa recomposición de esas relaciones entre España y Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que existe una gran preocupación sobre el momento elegido y sobre todo con la venta no solo del material militar que hace España, sino incluso con alguno que se ha denunciado de la venta a Rusia de cerca de cien mil fusiles AK47, de los cuales hay más que sospechas de que una buena parte hayan ido a parar a las FARC.


El Grupo Parlamentario Popular presenta esta interpelación porque decía el señor ministro de Defensa que se habían cumplido rigurosamente los ocho criterios del código de conducta para la venta de armamentos en la Unión Europea y nosotros entendemos, independientemente de lo que el Gobierno entienda -y yo creo que es tan respetable nuestra postura como la que pueda tener el Gobierno a este respecto-, que no se cumple el segundo criterio porque no se respetan los derechos del hombre; y se acaba de aprobar una ley mordaza en Venezuela y en revistas internacionales se habla de que no se están respetando los derechos humanos. Entendemos que el cuarto criterio de la preservación de la paz y de la estabilidad regionales no es el camino que ha elegido Venezuela en este momento.
Baste recoger las declaraciones que ha hecho el presidente Chávez asegurando que las armas compradas buscan preparar al país para enfrentar amenazas externas o internas, o la ruptura de negociaciones que ha hecho el Gobierno de Venezuela tras 35 años de alianza militar con Estados Unidos, y un largo etcétera de declaraciones que a nosotros nos hace pensar que no se busca en modo alguno la preservación de la paz y de la estabilidad regionales en este momento y con estas compras. También entendemos que el sexto criterio referente a la actitud del Estado receptor de las armas respecto al terrorismo no está garantizado.
Nosotros creemos que se podrá etiquetar a las FARC de la forma que ustedes quieran, incluso como guerrilla, pero lo que dicen en alguna de sus páginas es realmente preocupante porque, según publicaba una edición digital de Cuba Nuestra, a las fuerzas que ya tienen habría que sumar las sanguinarias Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, unas FARC cuyos nexos con el régimen chavista quedaron expuestos por el escándalo armado en el caso de Granada. El séptimo criterio, señor ministro, que entendemos que es uno de los cuatro que no se cumplen, establece que no haya riesgo de desviación de los equipos vendidos. Por mucha confianza que se pueda tener en este momento, nosotros entendemos que el presidente Chávez en modo alguno avala que pueda haber o no garantías de que este armamento que nosotros vamos a vender vaya a tener asegurado su uso de cara al futuro. Desde luego, como mínimo tenemos dudas de que lo que se ha dicho desde el Gobierno español para justificar la venta de este material sean realmente las pretensiones últimas del Gobierno venezolano.


Señor ministro de Industria, en las comparecencias que han realizado durante estos días tanto el ministro de Exteriores en el Senado, como el ministro de Defensa en el Congreso o el secretario de Estado de Turismo y Comercio, refiriéndose a ventas anteriores del Gobierno del Partido Popular realizadas a este país o a

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otros países, hay una cosa que está bien clara y que quiero puntualizar esta tarde aquí en esta tribuna, y es que en las ventas a las que se ha referido concretamente el ministro de Defensa, el Gobierno español no realiza la venta, la realizan unas empresas privadas que no aparecen citadas en el informe de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso -Jimddu-, no se conocen los nombres. También es cierto que el Ministerio de Defensa español no hace de intermediario por ninguna de esas empresas para la venta de ese material que se realiza a Venezuela.
Hay una cosa que también está bien clara, que la Jimddu aprueba la venta de ese material. En este caso pasa todo lo contrario. Quien hace de intermediario, quien trata de presentar la venta de material militar a Venezuela es el ministro de Defensa, y no está mal, porque está defendiendo a la industria pública de construcción naval española. No nos vamos a negar eso. El Gobierno del Partido Popular también lo hizo, precisamente con éxito, y hoy se están construyendo las cinco fragatas noruegas en Navantia-Ferrol, que son precisamente las que han tenido un apoyo importante del ministerio de Defensa anterior. Pero también lo hicieron ustedes con algunos de esos países a los que según el ministro de Defensa se había vendido material. Recuerdo perfectamente la venta de material que se había realizado como consecuencia del desguace de los destructores FRAM, que se habían comprado a España en los años setenta, o, por ejemplo, la venta de un portaaviones, el Chakri Naruebet, que se había realizado con apoyo del Gobierno socialista español al Gobierno tailandés. No hay ninguna pega en que el Ministerio de Defensa haga ningún tipo de gestión para tratar de vender la industria española, sobre todo la industria de defensa, en el campo internacional. Lo que ya no tenemos tan claro es que se haya elegido en este momento el cliente más adecuado. Si eso fuera poco, y no estamos en contra -se lo reitero- de que se haga, hay una cosa cierta y es que la Jimddu en este caso no se ha pronunciado, señor ministro. En el caso anterior del Gobierno del Partido Popular, la venta de ese material de empresas privadas en las que el Gobierno no ha tenido ninguna participación tiene el visto bueno y preceptivo de la Junta interministerial. En este caso concreto, las gestiones realizadas por el presidente del Gobierno y por el ministro de Defensa, que son muy respetables, en defensa de la industria pública de la construcción naval española no han tenido en este momento ninguna consulta ni siquiera han pasado a través de la Junta interministerial.
Nosotros les decimos desde aquí que esperamos que ese informe preceptivo de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso sea una realidad en el momento en que se concreten esos protocolos firmados entre el ministro de Defensa español y el ministro de Defensa venezolano.


En todo caso, señor ministro de Industria, no quiero enfocar esto desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ni siquiera desde el punto de vista del comercio exterior de los buques militares, pero quiero referirme al objeto de esta interpelación que hoy presentamos, y es la preocupación que tiene el Grupo Parlamentario Popular de qué armamento van a montar en esas patrulleras, ese material militar que ustedes van a vender. Es la única cuestión que preocupa en este momento. Ustedes han dicho que van a ser buques defensivos y el señor Chávez ha dicho que no van a llevar ni un cañoncito y, por lo que sabemos hasta este momento, señor ministro, las patrulleras de bajura, lo que se equipara en España a patrulleras de altura, lo que son equiparadas a las corbetas de la clase descubierta de la serie F-30, van armadas hasta los dientes, y los patrulleros de bajura, aquellos que tuvieron que intervenir de una manera muy eficaz -recuerdo- en Canadá cuando la guerra del fletán con el apresamiento del Estai, iban armadas con sus cañones correspondientes.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular expresa con toda sinceridad su preocupación en este caso concreto. A pesar de todas las comparecencias que ha realizado el Gobierno, aún no ha explicado con claridad qué armamento van a montar en ese material de defensa. Por lo tanto, lo único que pretendemos es que a través de cualquier representante del Gobierno se nos explique este extremo, y recuerdo que habíamos pedido la comparecencia conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, que no hemos conseguido, a diferencia de lo que había ocurrido en otras ocasiones con el Gobierno del Partido Popular y también con gobiernos anteriores del Partido Socialista. Esperamos que aunque no sea una cuestión meramente del ministro de Industria pueda contestar en nombre del Gobierno y pueda aclarar a esta Cámara qué tipo de armamento es el que vamos a vender asociado al material militar que en esos protocolos han firmado el ministro de Defensa y el Gobierno venezolano.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor diputado.


Para responder la interpelación, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Turismo y Comercio.


El señor MININSTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, antes de nada, y dada la relevancia que está adquiriendo este asunto en las últimas semanas, creo que es importante aclarar que el Gobierno no vende armas. El Gobierno, en todo caso, puede apoyar o facilitar los acuerdos de compraventa negociados por las empresas del sector de defensa, lo que en definitiva significa apoyar a las empresas españolas de este sector. Este apoyo no es distinto al que el Gobierno brinda al conjunto de las empresas españolas de todos los sectores industriales, pero aún está más justificado cuando

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se trata de empresas públicas, como es el caso de Navantia, o de empresas participadas con capital público, aunque sea minoritario, como es el caso de EADS-CASA. Por tanto, señoría, el Gobierno no vende armas, apoya la industria, y con ello apoya la creación de riqueza y de empleo en España, y bien lo reclaman algunos sectores, bien me lo reclamaron recientemente en la visita al Ferrol tanto los sindicatos como los alcaldes de la zona.


Entrando en las cuestiones que usted plantea, debe quedar claro que son las empresas del sector de defensa las que promueven y negocian directamente las ventas de estos productos y la adjudicación de los contratos. La responsabilidad del Gobierno es únicamente autorizar en su caso la exportación. Por tanto, la Administración tiene conocimiento efectivo de las posibles ventas de armas solo en el momento en que las empresas presentan las solicitudes de licencia de exportación derivadas de estas operaciones. Sin embargo, es cierto que el Gobierno en ocasiones puede negociar y firmar protocolos o acuerdos con otros gobiernos, como es el reciente caso de Venezuela, que después dan lugar a la adquisición por parte de este país de una serie de equipos, en el marco de los cuales se producen luego las operaciones empresariales. En estos casos estamos en condiciones de trasladar a SS.SS. toda la información que sea precisa acerca del contenido de tales acuerdos. De hecho, el Gobierno yo creo que ha dado suficiente cuenta de los mismos. A pesar de ello, ustedes piden hoy que se clarifiquen de nuevo las operaciones de venta de armas en marcha y, aunque entendemos que ya se han dado suficientes explicaciones, vamos a tratar de cumplir con su petición.


Para empezar, es necesario resaltar que España no es ni mucho menos uno de los principales países exportadores en el comercio internacional de armas y que sus ventas varían de manera significativa de año en año, dependiendo de los contratos alcanzados por las empresas del sector. Aun siendo esto así, en los últimos años los flujos de exportación e importación han tenido un carácter más estable como consecuencia de la entrada de varias empresas españolas, como SS.SS. saben, en programas de cooperación conjunta en el ámbito militar, como son los relativos al Eurofighter, el avión de transporte militar A-400M y el carro de combate Leopard. Esta tendencia se ha consolidado en las cifras de exportación de los años 2003 y 2004 y cabe esperar que se mantenga en años futuros, debido a que dentro del programa Eurofighter ya durante el año 2001 dio comienzo la entrega del ala derecha de este avión, fabricado en España, y que en el año 2006 se materializarán los prim eros envíos derivados, como S.S. citaba, del contrato de venta de las cinco fragatas F-85 a la Marina noruega. Es importante incidir también, y muy especialmente, en el hecho de que las exportaciones españolas de material de defensa se centran muy mayoritariamente en el conjunto de países de la Unión Europea. Estos destinos supusieron un 79,6 por ciento del total de las exportaciones en el año 2004. Si nos referimos a los países OTAN, el porcentaje en el mismo año fue del 81 por ciento. El total exportado en el año 2004 ascendió a 405,9 millones de euros, absorbiendo los países pertenecientes a la Unión Europea y a la OTAN 330,1 millones de euros. Las exportaciones realizadas en el año 2004 a países de fuera del ámbito de la Unión Europea y de la OTAN se limitaron a 76 millones de euros, estando repartidas, además, entre 17 países. Por tanto, puede afirmarse que se está produciendo en los últimos años una creciente concentración de las exportaciones españolas en la Unión Europea y en la OTAN. Así, del 34 por ciento representado por los países de la Unión Europea en el año 2000, se ha pasado a cerca del 80 por ciento en el año 2004. Pero al margen del conjunto de países que componen la Unión Europea y la OTAN no hay ningún destino entre los restantes países que destaque por la regularidad de sus compras. Las exportaciones de estos países fluctúan de año en año dependiendo de contratos puntuales de cierta importancia que puedan conseguir las empresas españolas.


En lo referente a las exportaciones a Venezuela, es fundamental señalar que, si bien se han autorizado cada año desde 1996 licencias de exportación de armamento a este país, nunca ha sido tampoco un destino excesivamente significativo para España. En el viaje efectuado a Venezuela por el presidente del Gobierno los días 29 y 30 de marzo se firmó un protocolo entre los ministerios de Defensa de ambos países consistente en la venta de cuatro patrulleras oceánicas para la vigilancia de la zona económica exclusiva y otros cuatro buques de vigilancia del litoral destinados a los servicios de guardacostas. Además de estos buques, se acordó el suministro de 10 aviones de transporte medio C2-95 y dos aviones CN-235 para la vigilancia marítima. De acuerdo con la información suministrada por las empresas españolas, ninguno de estos productos estará equipado con armamento y cabe recordar, además, señoría, que Venezuela no está sometida a embargo alguno en la exportación de material de defensa. Las autoridades españolas de control de las exportaciones de material de defensa, representadas, como su señoría citaba, por la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, la Jimddu, y la Secretaría General de Comercio Exterior, estudiarían y estudiarán, llegado el caso, las solicitudes de licencia de exportación correspondientes a estas operaciones -será en ese momento- y para ello se debe dar la condición de que los equipos estén sometidos a control de exportación y clasificados como material de defensa en la legislación española, que su señoría seguro que conoce. Si se cumplen estos requisitos, dicho órgano interministerial aplicaría, antes de informar acerca de las exportaciones, los ocho criterios del código de conducta de la Unión Europea sobre exportación de armamento aprobado el 8 de junio de 1998. Y en este caso

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concreto, dos de los criterios que se habían tenido en cuenta con un mayor grado de detalle serían el segundo, el respeto a los derechos humanos en el país de destino final y el cuarto, el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales.


Aprovecho esta ocasión para informar a sus señorías que en el seno de la Jimddu se lleva a cabo un análisis, además caso por caso, de estas operaciones. Se exigen estrictos documentos de control de no reexportación o uso diferente y se examina el cumplimiento de los ocho criterios contenidos en el mencionado código de conducta. Además, se estudian las denegaciones decididas por el resto de países comunitarios en aplicación del código, si las hubiera. De esta manera, se puede afirmar que la Jimddu no ha autorizado operación alguna que hubiese sido rechazada por otro país de la Unión Europea en virtud de la aplicación de los citados criterios.


Por lo que respecta a las operaciones de venta que pudieran derivarse del viaje del presidente del Gobierno a Colombia, les puedo informar que han proseguido las conversaciones para la posible firma en el futuro de diversos acuerdos de suministros de cuatro patrulleras de vigilancia costera, la donación de tres aviones C-212 y de distinto material para la lucha contra el terrorismo, así como la formación de pilotos de helicópteros. Colombia tampoco está sometida a embargo alguno en la exportación de material de defensa, si bien durante el año 2001 en que estuvieron abiertas las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC la Jimddu adoptó, como seguro conoce su señoría, la decisión de no exportar material letal a dicho país. Estos contratos de adquisición, tanto en el caso de Venezuela como en el de Colombia, permiten alcanzar un adecuado intercambio de información entre los dos países en este ámbito y el desarrollo de acuerdos tecnológicos industriales de indudable importancia e interés para las empresas españolas, unas empresas cuya actividad industrial todos defendemos, máxime cuando buscamos una mayor carga de trabajo para Navantia o cuando diversas comunidades autónomas están tratando de albergar la factoría que deberá fabricar los helicópteros Tigre. Incluso su propio partido presentó una moción en el Pleno de la Diputación Provincial de A Coruña reclamando para Izar-Ferrol la construcción de los cuatro buques patrulleros de vigilancia costera encargados por el Gobierno de Venezuela.


En conclusión, señoría, el Gobierno no vende armas, sino que autoriza la exportación cuando las operaciones cumplen con los reglamentos y la normativa de la que nos hemos dotado. Es cierto que el Gobierno ha impulsado en el caso de Venezuela la compra por este país de varios buques patrulleros y aviones de transporte, fabricados y vendidos entre otros -en el futuro, por supuesto- por EADS, CASA y Navantia, cuya carga de trabajo seguro que SS.SS. también defienden. Los criterios seguidos para el impulso de este tipo de operaciones, igual que para la ulterior aprobación de las exportaciones, si llegaran a producirse, son los mismos ahora que en los años anteriores, años en los que también se han producido autorizaciones de exportación de material de defensa no solo a Venezuela y a Colombia, sino a otros muchos países, seguramente cumpliendo también con el código de conducta y con la normativa aplicable.


Por tanto, señoría -y finalizo-, creo que debemos tratar este tema con sensatez, porque puede ser delicado. La información es pública, las estadísticas están ahí, se envían cada año al Congreso, incluso se publican revistas monográficas explicativas de estas operaciones, que además están publicadas en la red. Por tanto, no creo que sea buen camino crear alarmismo por un acuerdo que, dadas las garantías de las que nos hemos dotado, no tiene por qué suponer sino beneficios para la industria española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.


Señor Fernández de Mesa, dispone de cinco minutos.


El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Gracias, señor presidente, señorías. Gracias, señor ministro, por su intervención y por sus explicaciones.


Yo también creo que el Gobierno no vende armas, pero ni este ni los anteriores, repito, ni este ni los anteriores. No se puede decir quién ha tenido responsabilidades en la venta de empresas privadas sin ninguna intermediación por parte del Gobierno, cuando quien ha autorizado definitivamente ha sido la Jimddu, y generar una sombra de duda con medias verdades achacando a que el Gobierno anterior ha vendido algún tipo de armas. Ni este -que yo le creo a usted-, ni los otros tampoco.


También quiero decirle -como le he expresado ya en mi primera intervención- que el Partido Popular apoya, porque también lo ha hecho, las industrias españolas de la defensa, en este caso concreto a la industria Navantia. Usted se refería a varios proyectos que se han apoyado: el EFA, el Leopard, las F-85, los Scorpène. ¡Qué nos va a contar, si son proyectos de los gobiernos del Partido Popular, si son los únicos que están en este momento en marcha! Ya lo sabemos, y afortunadamente han salido adelante, pero no nos olvidemos de que el contrato más importante que ha habido es el de las fragatas noruegas, las F-85, que montan un sistema de combate norteamericano. Usted sabe exactamente igual que yo, señor ministro de Industria, que para que ninguna plataforma española pueda montar en este momento un sistema de combate norteamericano tienen que cumplirse una serie de requisitos que están basados en el acuerdo firmado entre Bath Iron Works, Lockeed Martin y las plataformas de la antigua Empresa

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Nacional Bazán. Esa es la realidad. De manera que sabemos perfectamente lo que ha hecho el Gobierno anterior y sabemos lo que está haciendo este y no lo estamos cuestionando en cuanto a ese tema. Estamos cuestionando si es el momento adecuado para hacer una venta concreta de material militar de defensa a la República de Venezuela y si en este momento tenemos todas las garantías de que la Jimddu, ese organismo que se ha creado precisamente para controlar la exportación de armamento, va a emitir algún tipo de informe, porque hasta este momento, como decía el secretario de Estado de Turismo y Comercio, ni siquiera se le ha preguntado. Decía usted -y yo me alegro de que por lo menos lo explique aquí- que este acuerdo pasará por la Jimddu y que allí se verá si se cumplen o no los ocho criterios de la Unión Europea para la venta de armamento a los que yo me refería. En la Comisión de Defensa, hace pocos días, había quien afirmaba rotundamente -el señor Bono- que se cumplían los ocho criterios. Yo me alegro que por lo menos aquí usted nos diga que veremos si la Jimddu reconoce que esos criterios están en regla, se cumplen y se puede hacer la exportación.


Señor ministro, en Ferrol le han pedido seguramente -y yo soy ferrolano- que haya carga de trabajo para los astilleros, de lo que no estoy tan seguro es de que le hayan dicho: Encargue usted barcos a Venezuela para hacerlos aquí. Seguro. Igual que esa moción de la Diputación Provincial de A Coruña que yo tengo aquí -y a la que ha aludido ya el ministro de Defensa en su comparecencia en el Congreso- no dice: Gobierno encarguen ustedes en Venezuela unos barquitos para que los hagamos en Ferrol. No ha dicho eso el Partido Popular; el Partido Popular ha dicho: Ya que han firmado un protocolo de construcción de barcos y ya que Ferrol ha sufrido el mayor recorte de personal que ha habido con la reconversión naval en el tema de Navantia, que sea Navantia-Ferrol la que construya los patrulleros que se vayan a construir. Eso es lo único que le han dicho.
No le hemos dicho que haga usted ningún tipo de contrato con Venezuela para que se haga en Ferrol. Habiendo un contrato, constrúyanse aquí, que es bien distinto y, además, eso lo ha apoyado también el Partido Socialista en Ferrol y A Coruña. Lo que piden territorialmente en cada una de las circunscripciones es que haya la mayor carga de trabajo posible para sus empresas y sus industrias. De manera que no tratemos de ridiculizar una propuesta realizada y formulada en la Diputación Provincial de A Coruña.


Por último, señor ministro -y termino-, de lo nuestro nada. Es decir, de la interpelación de qué armamento van a llevar esos barcos no sabemos absolutamente nada. Yo simplemente quiero recordarle que las fragatas, las antiguas corbetas de la clase descubierta, las F-30, llevan un poco de armamento que se traduce en: un lanzador de misiles con una capacidad de hasta 24 misiles; un lanzador de cohetes con una capacidad de hasta 24 cohetes; dos montajes triples para lanzamiento de torpedos; un cañón doble de 76 y 62 milímetros a proa; lanzador de misiles Sea Sparrow antisubmarino; torpedos; lanza Bofors, que son cargas de profundidad; misiles superficie-superficie Harpoon. En fin, van bien armados. Además, las patrulleras, las de vigilancia costera, las de bajura, llevan cañones de 76 milímetros y ametralladoras de 20 milímetros. La única pregunta y el único objeto de esta interpelación que nosotros hacemos al Gobierno, precisamente atendiendo las especiales circunstancias de este momento y de las relaciones que existen con esos países en este momento, es si van a ir armados o no estos barcos que pretendemos vender a Venezuela. Es la única pregunta que se formula. Sin querer entrar en política internacional, sin querer entrar en la política del Ministerio de Industria de quién construye o quién no construye -ojalá toda la carga de trabajo que haya se pudiera hacer en Ferrol-, ni vamos a entrar en la política del Ministerio de Defensa. Simplemente en este caso concreto lo que nosotros queremos saber es qué armamento van a llevar esas patrulleras, que no vendemos, pero sí que se ha firmado un protocolo entre los ministros de Defensa español y el venezolano. En el momento en el que ustedes nos aclaren eso nos daremos por convencidos, nos daremos por satisfechos, porque hasta el momento nadie genera alarmismo más que el ocultismo del propio Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor Fernández de Mesa.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, insisto en que el Gobierno no es quien vende sino quien autoriza la exportación. En este sentido, insisto también que en España existen suficientes garantías para la autorización de la exportación de material de defensa y de doble uso. Porque en la Jimddu se analizan una a una las operaciones; se exigen documentos de control; de no reexportación; no uso diferente; se analiza el cumplimiento de los ocho criterios del código de conducta, y se estudian también las denegaciones decididas por otros países comunitarios. Todo esto se hace ahora igual que se ha venido haciendo en los últimos años, no hay ninguna novedad. Cuando el acuerdo firmado por los gobiernos de España y Venezuela se materialice en una operación de venta de material de defensa y doble uso, las empresas que fabriquen este material -y esté detallado la composición de cada uno de sus elementos- deberán solicitar la oportuna licencia de exportación, señoría, y entonces es cuando la Jimddu las analiza. En ese momento la secretaría y la Jimddu estudiarán estas solicitudes, aplicarán

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los códigos de conducta aprobados por la Unión Europea en junio de 1998 y no le quepa ninguna duda que estudiaremos con el mayor detenimiento el cumplimiento del respeto a los derechos humanos -repito- y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.


Esto es lo que está haciendo este Gobierno, aparte por supuesto de procurar carga de trabajo a Navantia y a otras empresas del sector del transporte militar. La semana pasada, sin ir más lejos, el Senado brasileño dio luz verde finalmente a la adquisición de 12 aviones de transporte militar que se fabricarán en España, entre cuatro a cinco millones de horas de trabajo, una buena noticia también para nuestra industria. Esto es a lo que se dedica el Gobierno, porque es su obligación, pero repito que hay las absolutas garantías. Cuando el pedido sea firme, cuando esté detallado el tipo de barco, será el momento en el que se solicite la licencia y la Jimddu la analice y aplique los criterios, y de todo eso, señorías, ustedes saben que tendrán cumplida información. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Cisneros Laborda): Gracias, señor ministro.


Señorías, buenas noches. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.

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