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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 08/02/2006
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 147
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 136
celebrada el miércoles, 8 de febrero de 2006


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas ... (Página 7384)

Interpelaciones urgentes:

-Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández Davila), sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche. (Número de expediente 172/000151.) ... (Página 7406)

-Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (Número de expediente 172/000152.) ... (Página 7411)

-Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución. (Número de expediente 172/000153.) ... (Página 7416)

Página 7380


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Preguntas. ... (Página 7384)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas de impulso piensa adoptar el Gobierno para culminar con éxito el diálogo social? (Número de expediente 180/001055.) ... (Página 7384)

Del Diputado don Mariano Rajoy Brey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Puede explicar el Presidente del Gobierno a esta Cámara el acuerdo al que ha llegado con distintas formaciones políticas sobre el contenido del Estatuto de Cataluña? (Número de expediente 180/001056.) ... (Página 7385)

Del Diputado don Joan Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Considera el Presidente del Gobierno que el "Estatut de la Moncloa", pactado entre PSOE y CiU, proporciona un incremento de financiación suficiente para garantizar las cotas mínimas del estado de bienestar en Cataluña? (Número de expediente 180/001065.) ... (Página 7386)

Del Diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para reducir la inflación y su correspondiente impacto sobre el ciudadano? (Número de expediente 180/001075.) ... (Página 7387)

Del Diputado don Ángel Jesús Acebes Paniagua, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora el Gobierno el relevo forzado del Fiscal Fungariño? (Número de expediente 180/001057.) ...
(Página 7388)

Del Diputado don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia: ¿Mantiene el Gobierno que la persecución lingüística en Cataluña es una cuestión de "casos aislados"? (Número de expediente 180/001058.) ... (Página 7389)

Del Diputado don Vicente Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿En qué medidas ha tenido en cuenta el Gobierno las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia en relación con la OPA en el sector energético? (Número de expediente 180/001061.) ... (Página 7390)

Del Diputado don Fernando Vicente Castelló Boronat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Podría explicar el Sr. Ministro en qué medida beneficia a los consumidores la OPA en el sector energético? (Número de expediente 180/001062.) ... (Página 7391)

De la Diputada doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor Ministro de Justicia: ¿Entre las anunciadas reformas en materia de justicia, contempla el Gobierno alguna modificación sobre la gestión de la cuenta de depósitos judiciales? (Número de expediente 180/001054.) ... (Página 7392)

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Del Diputado don Jorge Fernández Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Piensa el Gobierno defender los derechos de los ciudadanos que se sientan discriminados por la obligatoriedad de conocer el catalán? (Número de expediente 180/001059.) ... (Página 7393)

Del Diputado don José Luis Galache Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Justicia: ¿Qué opinión le merece al Gobierno la valoración de los ciudadanos sobre el Servicio de la Justicia? (Número de expediente 180/001067.) ... (Página 7394)

De la Diputada doña María Isabel Fuentes González, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Cómo destina el Gobierno los recursos a la investigación en materia de drogas? (Número de expediente 180/001074.) ... (Página 7395)

Del Diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que formula a la Sra. Ministra de Fomento: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno español después del reconocimiento público de una deuda de más de 105 millones de euros y una pérdida de fondos de casi 70 millones de euros por parte de la autoridad portuaria de Las Palmas y que pone en entredicho la estabilidad financiera de Puertos de Las Palmas? (Número de expediente 180/001052.) ... (Página 7396)

Del Diputado don Andrés José Ayala Sánchez, en sustitución del Diputado don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora Ministra de Fomento: ¿Cómo valora la Ministra la puesta en marcha de la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas? (Número de expediente 180/001076.) ... (Página 7397)

De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cómo valora el Gobierno el resultado electoral de los comicios legislativos celebrados en Palestina el pasado 25 de enero? (Número de expediente 180/001053.) ... (Página 7399)

Del Diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cuáles son las perspectivas del Gobierno en las relaciones con Bolivia tras la elección como Presidente de Evo Morales? (Número de expediente 180/001066.) ... (Página 7400)

De la Diputada doña María Dolors Nadal i Aymerich, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Podría explicar el señor Ministro de donde salen los 20.000 millones de euros que, según el propio Ministro, "invertirá el Estado en Cataluña con el Estatuto"? (Número de expediente 180/001060.) ...
(Página 7401)

De la Diputada doña Rosa Delia Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno respecto a las tecnologías relacionadas con materiales compuestos en la industria aeroespacial? (Número de expediente 180/001069.) ... (Página 7402)

De la Diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al Sr. Ministro de Industria, Turismo y Comercio: ¿Qué valoración hace el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las perspectivas de negocio turístico generadas en FITUR 2006 (Feria Internacional de Turismo)? (Número de expediente 180/001070.) ... (Página 7403)

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De la Diputada doña Esperança Farrera Granja, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula a la Sra. Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación: ¿Qué repercusión tendrá la aplicación del artículo 69 del Reglamento Comunitario del Sector Bovino, de acuerdo con los criterios actuales? (Número de expediente 180/001071.) ... (Página 7404)

De la Diputada doña Pilar Unzalu Pérez de Eulate, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que formula al señor Ministro de Administraciones Públicas: ¿Qué objetivos persigue el "Plan Concilia" presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas? (Número de expediente 180/001072.) ... (Página 7405)

Interpelaciones urgentes. ... (Página 7406)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila), sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche ...
(Página 7406)

Presenta la interpelación urgente la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto. Señala que la disparidad de precios existente en el sector lácteo está provocando agravios comparativos e importantes desequilibrios en el propio sector, ya que mientras los productores acumulan pérdidas y ven mermados sus ingresos económicos de manera considerable, la industria láctea incrementa sus beneficios de igual modo que se incrementan los precios de venta de la leche en la cesta de la compra, sin que los consumidores noten la bajada de precios de la leche en origen. Estas diferencias en los precios, causa del gran malestar existente entre los propios productores, no están originadas en modo alguno por la caída de la leche, sino que es consecuencia directa de la distribución de la cuota y del control que la industria ejerce sobre la producción, un control que le permite imponer el precio al productor sin que éste pueda hacer nada para mejorar la oferta a pesar de que el precio final en el mercado sea mucho mayor. Por todas estas razones, su grupo desea conocer la disposición del Gobierno para llevar a cabo gestiones que faciliten acuerdos entre los productores, la industria láctea y los distribuidores comerciales, con el fin de impedir que el sector primario sea el gran sacrificado. El sector está reclamando estas medidas, porque económicamente las necesita, igual que lo reclama la dignidad de los productores.


Contesta la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (Espinosa Mangana), en nombre del Gobierno. Manifiesta que el Gobierno sigue con atención los problemas que se están produciendo entre los productores y la industria láctea, pero el precio al que la industria paga la leche al productor se enmarca en el ámbito del contrato privado resultante del acuerdo entre ambas partes. Recuerda que la Administración del Estado no es competente para intervenir en la fijación de los precios o en un posible acuerdo entre las dos partes contratantes, en este caso el sector productor y la industria. No obstante, desde su ministerio se apuesta por impulsar y apoyar a las organizaciones interprofesionales, pues son el foro más efectivo para la adopción de decisiones y para la resolución de los problemas que puedan surgir en un sector determinado. Finaliza señalando que la interprofesional es la salida para el problema concreto que plantea la interpelación.


Replica la señora Fernández Davila y duplica la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado sobre la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña ... (Página 7411)

El señor Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, señala que presenta la interpelación por considerarla un acto de justicia con la sociedad catalana, pues esta iniciativa evidencia algo tan simple, tan de sentido común pero tan importante como la pluralidad, la diversidad y las visiones diferentes que sobre cualquier aspecto, por importante que sea, pueden producirse en el seno de una misma colectividad. La posición de su grupo respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña es una aportación más al enriquecimiento en la pluralidad y en la diversidad de Cataluña y supone una concepción tan legítima y válida como cualquier otra, respecto a cómo debemos hacer frente a los muchos proyectos, a los muchos retos y oportunidades

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que plantea el futuro, tanto para Cataluña como para España. La propia configuración política existente hoy en Cataluña pone mucho más en valor los planteamientos no nacionalistas, que representan una parte importante del bagaje ideológico de su partido. Finaliza señalando que todo lo expuesto corresponde a la preocupación política, y también desde la preocupación como ciudadano catalán no nacionalista que ve como el Partido Socialista, con una amplia base no nacionalista en Cataluña, se ha convertido en el abanderado de un proyecto de Estatuto que bajo la apariencia del incremento de los derechos colectivos de Cataluña recorta las libertades individuales de sus ciudadanos, y que bajo la apariencia de un cambio de estructura en el marco legal básico catalán pone en cuestión toda la arquitectura constitucional responsable de un progreso en España y Cataluña.


Contesta el señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura), en nombre del Gobierno. Señala que escuchando al interpelante se llega a la convicción de que viven en un país distinto al que vivimos el resto de los ciudadanos. Pone de manifiesto que España va a estar mucho mejor unida después de la tramitación del Estatuto de Cataluña y nuestra democracia va a estar mucho más fuerte porque han funcionado los procedimientos. Entiende que esto fortalece al Gobierno y debilita a la oposición, por lo que cree que a la oposición no le apetece ni le gusta apoyar un proyecto que hace que España esté más unida y nuestra democracia más fuerte. El Gobierno quiere mejorar la estructura territorial de nuestro país. Finaliza señalando que a la derecha española se le ha atragantado Cataluña siempre, y los ciudadanos catalanes lo saben, lo notan, y lo dicen en las urnas.


Replica el señor Ricomá de Castellarnau y duplica el señor ministro de Administraciones Públicas.


Del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución ... (Página 7416)

La señora García Suárez plantea en la interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que la prostitución debería ser una práctica innecesaria, inexistente, y no debería haber personas que encontraran solución a sus problemas y necesidades sexuales mediante la compra de estos servicios.
La sociedad debería ser libre e igualitaria, las relaciones deberían basarse en otros valores y hay que dar muchísima más importancia a la sexualidad de la que se le da en la actualidad, pues es uno de los problemas por el que nos encontramos como nos encontramos. En el Estado español la prostitución no está oficialmente regulada ni ilegalizada. Es una actividad lícita y por tanto no existe intervención del Estado cuando es voluntaria. El delito es la explotación sexual, la trata de seres humanos, por lo que piensa que se requiere una revisión del Código Penal y un mayor endurecimiento de las penas. La prostitución, sin ser delito, tiene un vacío legal. Finaliza señalando que su grupo no va a reponsabilizar al Gobierno, pues es un problema que tiene muchas raíces, que viene de lejos y que se ha podido agravar, como en otros países, por diferentes motivos, pero pide que se sea riguroso, que nadie esconda la cabeza bajo el ala y que tampoco lo haga el Gobierno. Reclama un análisis y una valoración con serenidad.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Gobierno. Agradece a la señora interpelante la aproximación sensible que ha tenido a este fenómeno que es muy complejo y que sin duda puede ser abordado desde múltiples perspectivas, porque en él se entremezclan cuestiones muy variadas, morales, jurídicas e ideológicas difícil de deslindar. Para el Gobierno tiene una prioridad absoluta la lucha contra toda forma de explotación, incluida la sexual. Los ministerios de Interior, Justicia y trabajo están ultimando un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños y dará soluciones a cuestiones como la situación en relación con el tráfico internacional de seres humanos; planteará objetivos desde la perspectiva policial; llevará a cabo actuaciones de prevención y sensibilización; educación y formación; asistencia y protección a las víctimas y evaluación de los recursos necesarios para la ejecución de estas acciones. Finaliza resaltando que la eficacia de la acción policial en esta línea ha sido muy alta, habiéndose desarticulado más de 400 redes organizadas relacionadas con el tráfico de personas y más de 150 relacionadas directamente con el tráfico de mujeres con fines de explotación social.


Replica la señora García Suárez y duplica el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTAS:

-DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE IMPULSO PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CULMINAR CON ÉXITO EL DIÁLOGO SOCIAL? (Número de expediente 180/001055.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto V del orden del día: control al Gobierno. Preguntas. En primer lugar, al señor presidente del Gobierno del diputado don Gaspar Llamazares Trigo.


Señor diputado.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, en la sesión de investidura se comprometió usted a acabar con la escandalosa situación de la precariedad en el empleo. Sin embargo, llevamos más de 11 meses de negociaciones en el ámbito social y no se producen acuerdos. En ese sentido y ante la congelación de la negociación sobre todo en relación con la calidad del empleo, ¿piensa asumir personalmente el liderazgo del diálogo social?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Llamazares.


Comparto con usted que uno de los objetivos más evidentes que tiene nuestro mercado laboral junto con la creación de empleo, que como bien sabe lleva un ritmo muy positivo, supone erradicar la temporalidad injustificada, es decir, lo que representa la precariedad. Para ello, el mejor método y el mejor camino es un gran acuerdo social entre empresarios, sindicatos y el Gobierno. En ello se está trabajando, negociando desde hace muchos meses como usted ha recordado. El Gobierno ha puesto todo su empeño en impulsar, en alentar y en facilitar ese acuerdo, y tengo la convicción de que llegaremos a él. En las últimas semanas se han producido avances positivos. También tengo la convicción de que usted comparte que ese es el camino y el método, que los agentes sociales, empresarios y sindicatos tienen una palabra decisiva y que no es nada conveniente que el Gobierno actúe sin su acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Llamazares, su turno.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Siento decirle, señor presidente, que en esta materia, en lo que tiene que ver con la política económica y laboral, su relación con la izquierda social y con nosotros, la izquierda política, no es preferente sino que es cada vez más fría y distante. (Varios señores diputados: ¡Oh, oh!)

Señor presidente, no solamente no se reduce la precariedad en el empleo, sino que esta ha aumentado a lo largo de los últimos meses. Hemos coincidido con ustedes, en la oposición, en rechazar un modelo económico basado en la precariedad y en los bajos costes fiscales y ambientales.
Por el contrario, hemos coincidido también, en la investidura, en mejorar la calidad del empleo, porque estábamos convencidos de que no solo afectaba al modelo económico, sino que afectaba profundamente al modelo social. Afectaba al futuro de la juventud, afectaba a la igualdad de género, afectaba a la integración de la inmigración y afectaba también a la dignidad de todos, la dignidad con un empleo que no provoque tanta accidentalidad laboral. Sin embargo, estamos viendo cómo el Gobierno, lejos de defender la calidad del empleo en la mesa de negociación, defiende cada vez más el abaratamiento de costes y la flexibilización del despido. Esa es la posición mayoritaria hoy mismo expresada por el vicepresidente del Gobierno. Lo que pedimos y exigimos del Gobierno es que retome el compromiso con la calidad del empleo, que en la mesa de negociación sea activo para que se llegue a un acuerdo, para que se descongele la situación y que, por otra parte, el Gobierno logre que, al final de esta legislatura, la democracia entre también en las empresas.


En definitiva, señor presidente, al igual queen otras materias, le solicitamos, le exigimos que asuma personalmente el liderazgo de un compromiso fuerte en materia social y laboral.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias.


Le repito que el objetivo es compartido, y usted no me ha refutado que el camino sea el adecuado. Le puedo asegurar que el Gobierno busca un acuerdo con el fin esencial de convertir la precariedad en estabilidad (Varios señores diputados: ¡Oh, oh!), y para ello, como usted puede comprender fácilmente, hay que unir los intereses legítimos de empresarios y de sindicatos. Estamos trabajando para ello. Le repito que creo que se conseguirá el objetivo y, a partir de ahí, haremos valoraciones, pero le quiero recordar que en el proceso de diálogo social en menos de dos años se ha llegado a doce acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Nunca -ni en los últimos 25 años- en un periodo tan breve ha habido tantos acuerdos (Un señor diputado: ¡Muy bien!) en materia de dependencia, de subida de pensiones, de salario mínimo interprofesional, ayer de formación, dentro de muy poco en materia de igualdad,

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y espero que también en materia de protección social y de mercado laboral, y será un éxito debido a la política de avanzar social y laboralmente, con el diálogo entre empresarios, sindicatos y Gobierno, mirando los intereses especialmente de los más débiles y de los trabajadores que tienen una situación de precariedad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DEL DIPUTADO DON MARIANO RAJOY BREY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A ESTA CÁMARA EL ACUERDO AL QUE HA LLEGADO CON DISTINTAS FORMACIONES POLÍTICAS SOBRE EL CONTENIDO DEL ESTATUTO DE CATALUÑA? (Número de expediente 180/001056.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Mariano Rajoy. (Rumores.)

El señor RAJOY BREY: Muchas gracias.


Señor Rodríguez Zapatero, en septiembre de 2005 usted y el señor Mas nos dijeron que habían llegado a un acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña.
Cuatro meses después, en enero de 2006, usted y el señor Mas nos dijeron que habían llegado a otro acuerdo sobre el Estatuto de Cataluña. No voy a entrar en la evidente falta de seriedad que esto supone o en lo que tiene de burla para la gente, pero sí debo preguntarle a qué acuerdo llegaron, porque lo único que sabemos es lo que dice la página web de Convergència i Unió -que no sé qué valor tendrá- o lo que dice la página web de un diario nacional que ustedes nos entregaron en una reunión celebrada hace algunas fechas entre los portavoces. También sabemos que el señor Mas ha dicho que lograremos nuestros objetivos por saltos o por etapas. Como usted nos habló de un acuerdo que quería que fuera estable para al menos una generación, nos gustaría saber si, como nos dijo, llegó de verdad a un acuerdo y si ese acuerdo es estable para una generación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor Rajoy, le agradezco la pregunta, aparte de lo que tenga más o menos de original. Sí le quiero decir que me extraña que no conozca el acuerdo o que se interese por su contenido, acuerdo al que han llegado Convergència i Unió, Iniciativa por Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña con la mayoría del Grupo Socialista, con la mayoría de esta Cámara, porque desde el primer instante han estado calificándolo y descalificándolo. (Rumores.-Aplausos.) Me sorprende cómo pueden calificar o descalificar algo que dicen no conocer en sus contenidos. (Aplausos.)

Más allá de eso, le diré que el acuerdo cumple los objetivos planteados de impulso autonómico y de reforma estatutaria para esta legislatura, para Cataluña y para otras comunidades autónomas, fundados en un aumento de competencias para mejorar la gestión de los servicios públicos ante los ciudadanos, fundados en la modernización de lo que ha de ser la reforma del modelo de financiación que incorpore mayor responsabilidad para las comunidades autónomas y, por tanto, mayores posibilidades en función de su gestión, y que mantenga la solidaridad como elemento clave del sistema de financiación. (Rumores.) Además, el acuerdo innova fórmulas de relación bilateral, en este caso entre la Generalitat y el Estado, que irán en beneficio de la gestión de las competencias de una y otra administración, porque avanzaremos en el fomento de la cooperación. Y, por supuesto, en toda la tramitación parlamentaria va a producirse con el debate, en el que espero que todos participen constructivamente, como es su estilo habitual (Risas.), lo que representa la búsqueda de un amplio consenso para el Estatuto de Cataluña y para todos los estatutos que en esta legislatura o en la que venga se puedan tramitar. Ese es el deseo del Gobierno, y me gustaría que, al menos en alguna ocasión, fuera el deseo también de su grupo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rajoy, su turno.


El señor RAJOY BREY: Señor Rodríguez Zapatero, le voy a decir lo que yo sé. Usted y el señor Mas han pactado dos veces, han pactado dos cosas distintas, no nos lo han contado, hoy tampoco nos lo han contado, y lo único que sabemos es lo que dicen dos páginas web contradictorias. Voy a ponerle un ejemplo que ha ocurrido en el día de ayer y que es realmente revelador de lo que está sucediendo en España en estos momentos. Ustedes dos han llegado a un acuerdo -nos lo han dicho así- sobre la financiación de las autonomías. El señor Homs, de Convergència i Unió, ha dicho que esto supone para Cataluña, en un año, 5.128 millones de euros; el señor Maragall, 3.000; la página web de Convergència i Unió, 4.310; el señor Duran, que no se sabe; y ayer el señor Solbes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo único que dijo fue que ese acuerdo a él no lo vincula porque ese es un acuerdo entre partidos y él no tiene la culpa de que el secretario general del PSOE viva en la Moncloa; (Aplausos.) y el señor Sevilla dijo que el acuerdo de financiación nada tenía que ver con lo que había acordado usted con el señor Mas. Señor Rodríguez Zapatero, ¿a quién creemos? ¿A usted, a Convergència i Unió, a las páginas web o al señor Solbes? (Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso: ¡A ti, a ti¡) Yo lo tengo claro: a usted no le creo, hace mucho tiempo que perdí la confianza en usted -otros podrán comprobarlo a lo largo de las próximas fechas-, lo que sí le digo es que lo que está usted haciendo en esta cuestión y en lo relativo a ETA

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es una vergüenza de la que espero que se arrepienta pronto.
(Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡Hala!)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Fíjese, señor Rajoy, yo no he perdido la confianza en usted (Rumores.), porque la confianza es la base del respeto en democracia y yo le tengo a usted mucho respeto porque le han votado 10 millones de ciudadanos y al Partido Socialista, 11 millones. (Aplausos.)

Usted fue conocedor y artífice de un modelo nuevo de financiación en el...
(Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Oh!, ¡oh!)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor presidente, el tiempo ha concluido.


-DEL DIPUTADO DON JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE EL "ESTATUT DE LA MONCLOA", PACTADO ENTRE PSOE I CIU, PROPORCIONA UN INCREMENTO DE FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA GARANTIZAR LAS COTAS MÍNIMAS DEL ESTADO DE BIENESTAR EN CATALUÑA? (Número de expediente 180/001065.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joan Puigcercós. Adelante, señor diputado.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno... (Rumores.)

Señor presidente del Gobierno... (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: De la nación.)

¿Puedo empezar otra vez, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Empiece otra vez.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


¿Considera el presidente del Gobierno que el acuerdo que se materializó en la Moncloa sobre el Estatuto catalán, y concretamente en el aspecto de la financiación, va a ser una buena solución al problema que tienen los sectores más débiles hoy en Cataluña?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Como bien sabe el señor Puigcercós, este país ha sido capaz de construir un Estado de bienestar con importantes prestaciones sociales que, afortunadamente, tienen solo un horizonte: mejorar, y que vienen mejorando de manera muy intensa y para todos los ciudadanos de este país en estos dos últimos años con la acción del Gobierno (Rumores.) y con el apoyo parlamentario que la acción del Gobierno recibe en todo el territorio. Pero, por darle un ejemplo en lo que afecta a la comunidad autónoma por la que usted se interesa, que es Cataluña, le diré que el Estado de bienestar no solo ha mantenido su financiación, sino que ha mejorado, por ejemplo, con 550 millones de euros más la financiación adicional a la sanidad que impulsó este Gobierno; por ejemplo, con 270.000 pensionistas de pensión mínima en Cataluña que han tenido una subida del doble de la media de las pensiones; por ejemplo, con los 67 millones de euros que Cataluña ha recibido para la integración social de inmigrantes en materia educativa y en materia de políticas sociales; o, por ejemplo, con el aumento como consecuencia del nuevo plan de viviendas en Cataluña, que ha pasado de 392 a 858 millones de euros. Estamos mejorando el Estado de bienestar en todo el país y en Cataluña, y el objetivo de la reforma del modelo de financiación será, sin duda, que las comunidades autónomas dispongan de los recursos suficientes para garantizar y mejorar el Estado de bienestar, en Cataluña y en España.
Estoy convencido de que a usted también lo motiva que eso sea así en todo el territorio (Protestas.) y en todas las comunidades autónomas, que sea bajo un principio de solidaridad, porque eso corresponde a una fuerza progresista como la que usted representa.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.


Al hilo de lo que decía el señor Llamazares, no tenga ninguna duda de que iremos empujando hacia la izquierda y empujando hacia la solidaridad.
Pensiones y fondo de inmigración, acuérdese de que esa fue una propuesta de nuestro grupo parlamentario. Pero la realidad es que en Cataluña se ha llevado a cabo un trabajo de más de dos años para elaborar un Estatuto que tenía una esencia y una columna vertebral, que era la financiación.
Esta financiación, en buena parte, tenía que subsanar el déficit fiscal que acarrea Cataluña; déficit fiscal que pesa sobre los sectores más débiles de la sociedad catalana: los Zapatero y también los Rodríguez de Cataluña, que hoy en día tienen problemas para encontrar una guardería pública; los profesores de la escuela pública de Cataluña, que tienen problemas para asumir el alud de nueva población de origen inmigrante; las listas de espera de los hospitales catalanes, sin parangón en otras comunidades. Creemos sinceramente que esta propuesta no lo soluciona. En nuestra opinión,

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esta es una propuesta que es más de lo mismo. Lo decía el señor Piqué, y están fuera de lugar algunas de las propuestas o reacciones del Partido Popular. En febrero del año pasado, el señor Piqué presentó un modelo que superaba con creces el modelo actual pactado. Esto responde perfectamente a una estrategia de desgaste del Partido Popular, pero saben que no tienen ninguna razón. Así lo decía el señor Rodríguez Ibarra, que estaba satisfecho porque el modelo no solucionaba los problemas que en este caso parecía que planteaba el Parlamento de Cataluña. Es más de lo mismo.
Nosotros vamos a seguir trabajando en la ponencia, en la Comisión y en el Senado con un sentido consultivo y positivo para llegar a un acuerdo.
Cataluña debe mejorar la financiación en el Estatuto para disminuir el déficit fiscal y para garantizar la igualdad de oportunidades para todos pero, en nuestra opinión, la realidad -las cifras son elocuentes- es que hay sectores de trabajadores y trabajadoras de Cataluña -con independencia de su idioma o de dónde hayan nacido, son catalanes, porque la catalanidad es un derecho y así lo reconocemos nosotros como partido de izquierdas y catalán- que no están bien tratados. Por eso motivo, repito, vamos a trabajar para que este Estatuto y su financiación mejoren las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de Cataluña.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Puigcercós. A estas alturas tenemos la experiencia suficiente para saber que la evolución de todas las reformas en la financiación autonómica han tendido a dos factores, uno de ellos ha sido la mejora de la financiación de las comunidades autónomas, y esa mejora está en función en buena medida de la propia capacidad de crecimiento de la comunidad autónoma y de los factores que en la reforma se han ido introduciendo. Usted sabe que el Gobierno, y la mayoría que lo sustenta, piensa que hay factores nuevos como la inmigración que deben ser un importante referente en esa reforma de la financiación. Este grupo siempre estará...(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señor presidente, su tiempo ha concluido.


-DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA REDUCIR LA INFLACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE IMPACTO SOBRE EL CIUDADANO? (Número de expediente 180/001075.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida.


El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.


Fíese de mí, señor Rajoy, hoy no se puede conocer en qué medida y en qué cantidad va a beneficiar o a perjudicar a Cataluña el sistema de financiación. (Varios señores diputados: ¡Ah¡) ¡Ah, no! Usted y yo tenemos experiencia de otros acuerdos...


El señor PRESIDENTE: Señor Duran, estamos en turno de control al Gobierno, no de debate entre dos grupos parlamentarios. (Aplausos.) Por tanto, le ruego que no introduzca esta variable que no está contemplada en esta sesión específica. (Rumores.)

El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, si me lo permite, ya que he sido citado expresamente por el señor Rajoy, me gustaría hacer referencia a esa cita, e inmediatamente pasaré a formular la pregunta al presidente del Gobierno. Me gustaría que me dejase acabar mi reflexión al señor Rajoy, que fue el que me aludió en su intervención.


El señor PRESIDENTE: Preferiría que se ejerciera el turno de control al Gobierno. Gracias, señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, tenga usted la tranquilidad ya que en otras ocasiones este grupo parlamentario ha negociado con otras fuerzas políticas de esta Cámara acuerdos de financiación; lo hemos hecho bilateralmente sin que el partido de la oposición lo conociera. Y como siempre -también con ellos-, incrementamos la cesta de impuestos y nunca se supo realmente qué le correspondería a Cataluña, y lo que le correspondió a Cataluña le correspondió al resto de las comunidades autónomas. (Aplausos.-Los señores Zaplana Hernández-Soro y Rajoy Brey piden la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. No, no hay cuestión de orden.
Señor Duran, concluya, por favor.


El señor DURAN I LLEIDA: Señor presidente, consciente de que hemos expresado públicamente tanto el señor Mas como yo que este es el Estatuto para nuestra generación, quisiera formularle una pregunta convencido de que el Estatuto tiene su cauce constitucional en la Comisión Constitucional. Nos preocupa la inflación por dos razones: porque afecta a la competitividad de nuestras empresas y porque afecta al poder adquisitivo de los ciudadanos. Hemos cerrado el año con el 3,7 cuando la previsión era del 2 por ciento, tenemos la inflación más alta de Europa -solo nos sobrepasan dos países de los recientemente incorporados-, y eso afecta -insisto- a la competitividad de nuestras empresas y a la capacidad

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adquisitiva de cantidad de millones de trabajadores que no tienen cláusulas de revisión, de cantidad de trabajadores que no tienen convenio, de dos millones y medio de trabajadores autónomos. ¿Qué piensa hacer el Gobierno cuando, además, ustedes suben las tarifas de electricidad, de gas o de butano para contener los efectos negativos ante la ciudadanía y ante la economía productiva de nuestro país en materia de inflación? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señor presidente, su turno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Duran, el Gobierno comparte con su grupo la preocupación por el repunte de la inflación que se ha producido en los últimos meses, de manera muy singular en el mes de enero. Es verdad que es el único elemento del cuadro macro que presenta aspectos preocupantes en tanto en cuanto tenemos un crecimiento del 3,5 en 2005, tenemos una creación de empleo que ha estado cerca del millón de puestos de trabajo en 2005 y, por primera vez en la historia, tenemos un superávit fiscal en 2005 de más de un 1 por ciento del PIB, superávit y rigor fiscal que sin duda alguna ha de dar frutos a medio plazo para el control de la inflación.
Como usted sabe muy bien, en 2005 el precio del petróleo ha aumentado un 40 por ciento, y conoce tan bien como nosotros la dependencia energética que nuestro país tiene. Usted sabe también que ha habido factores relacionados que han afectado a la agricultura y que han provocado un impacto evidente en determinados precios de los alimentos, aun así le puedo anunciar, señor Duran i Lleida, que el Gobierno está estudiando nuevas medidas, como la que ayer hacía pública el Ministro de Industria, para favorecer más liberalización en el sector energético (Rumores.) y que tienen que ver con distintos aspectos que el Gobierno irá acordando y anunciando en las próximas semanas. Pero más allá de eso, el Gobierno tiene estimaciones en función de las cuales la inflación irá moderándose a lo largo del año (Rumores.) e irá mejorando de manera sustancial.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Duran.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Recuerdo que expresiones parecidas a que se moderaría las utilizó también el vicepresidente económico en la presentación de los Presupuestos de 2005, no de 2006, y no solamente no se moderaron sino que se incrementaron. Yo ruego al presidente del Gobierno que acometan una reforma fiscal que realmente pueda implicar una rebaja en la carga fiscal respecto de nuestras empresas y que no incrementen los precios del agua, ni del gas, ni de la electricidad, ni de servicios básicos. Ustedes pueden fomentar un IVA reducido para estos productos básicos y, al mismo tiempo, pueden crear un gasóleo profesional que sea más barato para el sector del transporte, para el sector de la agricultura y para el sector de la pesca que pueda repercutir positivamente en la ciudadanía.


El señor PRESIDENTE. Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.


Le acabo de anunciar que el vicepresidente económico está estudiando diversas medidas para hacer frente al repunte de la inflación; algunas de ellas pueden ir en la línea de lo que usted ha apuntado anteriormente, pero creo que es de justicia reconocer, incluso por las previsiones que pudo haber para el año 2005 en la presentación de los Presupuestos para el ejercicio pasado, cómo ha sido la evolución del precio del petróleo, que eso sí que no era previsible. Aun así, compartimos con usted la preocupación y, por supuesto, el Gobierno va a adoptar en las próximas semanas distintas iniciativas para la mejora de la inflación y de los precios en nuestro país y no perjudicar la competitividad y el crecimiento de la economía española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


-DEL DIPUTADO DON ÁNGEL JESÚS ACEBES PANIAGUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RELEVO FORZADO DEL FISCAL FUNGAIRIÑO? (Número de expediente 180/001057.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora vicepresidenta primera del diputado don Ángel Jesús Acebes. Adelante.


El señor ACEBES PANIAGUA: Gracias.


¿Cómo valora el Gobierno el relevo forzado del fiscal Fungairiño?

El señor PRESIDENTE: Señora vicepresidenta, su turno.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Como un acto de normalidad democrática desde la autonomía del fiscal. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Acebes.


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El señor ACEBES PANIAGUA: Señora vicepresidenta, hizo usted un papelón al secundar la farsa montada por el fiscal general del Estado para encubrir el relevo del fiscal Fungairiño. Ustedes han disfrazado como funcionamiento normal de la Fiscalía lo que es una depuración en toda regla para que la justicia no estorbe en sus planes con Batasuna y con ETA. Ahora les molestan los fiscales que buscan todas las posibilidades legales para perseguir a los terroristas; les molestan las víctimas, a las que el presidente del Gobierno desprecia no asistiendo a su próximo Congreso.


¿No se dan cuenta de la indignación de los ciudadanos por la claudicación? ¿No se dan cuenta del escándalo en la opinión pública por el hecho de que los terroristas se burlen del Estado de derecho pidiendo una amnistía, como ha pedido ayer Batasuna, que premie a los peores terroristas mientras ustedes apartan a uno de los pilares de la lucha por la libertad? ¿No se dan cuenta de la indecencia de que los terroristas se burlen impunemente de las víctimas hasta en su propia casa, como con Pilar Elías o, como decía ayer una madre víctima: van a salir y ni siquiera nos han pedido perdón?; ¿cuántas veces, antes del año 1996, les pedimos el cumplimiento íntegro de las penas y no nos hicieron caso? La verdadera paz, señorías, no llegará nunca cuando dependa de la cesión diaria a los terroristas, sino de su derrota definitiva.


La cuestión del mundo frente a todos los terrorismo es si cedemos o no cedemos en la defensa de la libertad y de los valores democráticos. Ya sabemos la respuesta del presidente de nuestro Gobierno: desgraciadamente es ceder. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, es capaz usted de hacer interpretaciones enrevesadas y, lo que es peor, falsas, y lo hace con tanto aplomo como descaro. Quizá muchos no recuerden que usted fue ministro de Justicia, y resulta escandaloso que, habiéndolo sido, ignore que la Fiscalía goza de plena autonomía y que todos los fiscales han elegido sus equipos con esa autonomía, incluido el señor Cardenal, don Jesús, que nombró al señor Fungairiño teniendo en contra a todo el Consejo Fiscal con cero votos. (Rumores.) Por tanto, deje de manipular, señor Acebes.


El que usted, de manera tan impúdica como ignominiosa, diga que ahora se está aplicando la ley de forma contraria al Pacto Antiterrorista es intolerable. La ley se ha aplicado siempre igual, el mismo rigor han aplicado los jueces con gobiernos socialistas. (El señor Acebes Paniagua pronuncia palabras que no se perciben.) -sí lo ha dicho- o con gobiernos conservadores. ¿O es que ha olvidado usted que durante los gobiernos del señor Aznar se excarcelaron a 64 etarras, con penas superiores a 30 y a 20 años? (Aplausos.) Y le diré más, de los 64, 49 lo hicieron cuando era usted ministro de Justicia y de Interior. (Aplausos.) Deje ya de manipular el terrorismo, señor Acebes. La ley y el Pacto Antiterrorista que propugnó este presidente del Gobierno se cumplen como ustedes no están cumpliendo. Cuando ustedes gobernaban se aplicaba la ley igual que hoy. Es más, le reto a que demuestre con datos que no es así, y mientras tanto le exijo rigor y responsabilidad, porque no es tolerable que puedan seguir falseando la realidad de manera tan grave, no es tolerable que puedan seguir manipulando materias tan sensibles y que promueven tantos sentimientos. Y le voy a decir que como además de intolerable es falso, más pronto que tarde, señor Acebes, la careta de su falsedad y de su mentira revelará la verdad, (Rumores.) la verdad que tienen derecho a conocer todos los ciudadanos y es que este Gobierno ha sido, es y será implacable con los terroristas. (Rumores.) Y, desde luego,...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo terminó. Gracias.


-DEL DIPUTADO DON EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿MANTIENE EL GOBIERNO QUE LA PERSECUCIÓN LINGÜÍSTICA EN CATALUÑA ES UNA CUESTIÓN DE "CASOS AISLADOS"? (Número de expediente 180/001058.)

El señor PRESIDENTE: Continuamos. Pregunta del diputado don Eduardo Zaplana. Adelante. (Rumores.)

Silencio, por favor.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere, señor Zaplana.


Por favor, les pido silencio. Gracias.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, en la pregunta que ha formulado hace un momento el presidente de mi partido al presidente del Gobierno le ha dado unos datos ciertos y objetivos sobre lo que se vierte en la página web de Convèrgencia i Unió, lo que ha declarado el señor Homs o el Maragall o lo que han declarado otros dirigentes políticos, que es claramente contradictorio. (Rumores.) En ningún caso le ha preguntado al señor Duran, que también lo ha citado simplemente para poner de relieve lo que había dicho. (El señor Duran i Lleida: ¡Cómo me doras! ¡Cómo me doras!) Había dicho que no podía

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calcularse en estos momentos exactamente. Y es cierto que él no lo puede calcular porque no estuvo en la reunión del pacto, por eso no se le formula la pregunta a él. (Rumores.-Risas.) Él solamente estuvo en la reunión de la foto para compensar su enfado y por eso la pregunta ha ido dirigida al presidente del Gobierno porque no se le puede hacer al señor Mas. Dicho eso, señora vicepresidenta, doy por reproducida la pregunta.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Le contesto a lo que le interesa: en Cataluña está plenamente garantizada la libertad lingüística. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Zaplana.


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Pues debe hablar señora vicepresidenta, con todo respeto, con el conseller en cap de la Generalitat que ha dicho que la elección de lenguas no se puede dejar en manos de las personas, sino de los poderes públicos y eso es en lo que ustedes, el Gobierno y el Grupo Socialista, coinciden con sus socios, al menos en estos cinco minutos, de Esquerra Republicana de Catalunya. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Por eso el señor presidente del Gobierno habla de casos aislados, porque coincide con esa política. Para él casos aislados son que un padre no pueda escolarizar a sus hijos en castellano, (Rumores.) que las empresas o comercios que son sancionados por rotular en castellano sus productos se tengan que conformar, que los profesores que no hablan catalán sean espiados y se pida a sus alumnos que los delaten (Rumores.), o que algunos tengan que ver privada su privacidad en sus historiales médicos porque la policía lingüística quiere saber si el personal sanitario usa el catalán. Mire, señora vicepresidenta, el Estado de derecho está para defender a todos, sean muchos o pocos, mayorías o minorías. Dejen por un momento de defender, como hacen torticeramente, el derecho de reunión de los terroristas (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Hala!), dejen de comprender los ataques a los islamistas y empleen su tiempo en defender la libertad de los ciudadanos vivan donde vivan.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Su turno, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Señoría, quiero dejar claro a todos los ciudadanos que ni en Cataluña ni en España hay persecución de ningún tipo. (Rumores.-Risas.) Vivimos en un país libre.
Además le voy a decir que el Estatuto garantiza a todas las personas el derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y usted lo sabe perfectamente. (Rumores.) Señoría, sabe perfectamente que en Cataluña no hay un problema lingüístico, que las cosas son más normales de lo que usted le quiere hacer creer al resto de España. No es verdad. En Cataluña, igual que en Galicia y en Euskadi, las personas tienen la suerte de tener dos lenguas y pueden utilizar la que quieran. Todos los ciudadanos que residen en Cataluña tienen el derecho de expresarse en la lengua que libremente elijan para ello y todas las administraciones públicas tienen la obligación de facilitar el uso de cualquiera de las que elijan.


Usted sabe que el nuevo Estatuto de Cataluña no introduce ninguna novedad que implique un trato desigual. Lo sabe, señor Zaplana. Lo mismo que sabe que el régimen del Estatuto no cambia para nada el régimen lingüístico preexistente en la Constitución, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en las leyes del Parlamento de Cataluña. Usted lo sabe.
Si hay alguna persecución en este país, ¿sabe cuál es? (Varios señores diputados: ¿Cuál?) La persecución a la que ustedes someten al señor Piqué cada vez que dice que el Estatuto catalán está bien. (Aplausos.)

-DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿EN QUÉ MEDIDAS HA TENIDO EN CUENTA EL GOBIERNO LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN RELACIÓN CON LA OPA EN EL SECTOR ENERGÉTICO? (Número de expediente 180/001061.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor vicepresidente segundo del Gobierno de don Vicente Martínez-Pujalte. (Rumores.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor vicepresidente, ¿no le produjeron a usted un cierto bochorno las condiciones que han puesto desde el Gobierno para que se pueda producir la OPA? Los mercados internacionales están estupefactos. Parece que las condiciones no las ha puesto el Gobierno, parece que las ha hecho la empresa opante, participando activamente Intermoney. Señor vicepresidente, usted ha perdido parte de su prestigio internacional...(Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Respondo a su pregunta en la que nos planteaba si hemos tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia respecto a la OPA en el sector energético. Hemos tomado en cuenta lo que ha dicho la Comisión Nacional de la Energía, lo que establece el Tribunal de Defensa de la Competencia y, por supuesto, lo que establece el Tribunal Supremo.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor ministro, usted lo debe haber tenido en cuenta para hacer justo lo contrario. El Tribunal de Defensa de la Competencia le dijo que esta operación restringía grave e irreversiblemente la competencia. Ustedes han actuado beneficiando a una empresa y perjudicando a millones de consumidores. Ustedes además han abierto un proceso que se va a dirimir en los tribunales, y eso es malo para el sector energético. Detrás de esta operación estaba el Gobierno y ha estado desde el principio favoreciendo a una empresa y, por ende, al tripartito catalán, y perjudicando a los consumidores españoles. Son sorprendentes -y usted no se quiere referir a ello- las manifestaciones del ministro de Industria de ayer... (Palabras retiradas del "Diario de Sesiones", de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.) Señor ministro, usted hace tiempo, cuando era ministro de Economía, favoreció a una empresa y perjudicó a la Hacienda pública. Hoy está perjudicando a millones de consumidores, favoreciendo a la misma empresa. (El señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, Montilla Aguilera, pide la palabra.)

Gracias. (Aplausos.-Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, en las sesiones de control no hay nunca cuestiones de orden hasta que termina el turno de preguntas. Esa es una regla mantenida en esta legislatura y en todas las legislaturas. En consecuencia, dejen al presidente ordenar el debate y al final de la sesión, como se ha hecho siempre, eventualmente el presidente concederá una cuestión de orden.


Señor vicepresidente, recupere su turno.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

Señor Martínez-Pujalte, usted nos tiene acostumbrados a ir muy lejos en sus afirmaciones, normalmente no constatadas con la realidad, sobre todo la última a la que ha hecho referencia -sabe perfectamente que hubo una Comisión de investigación en este Congreso, de la que no salió el resultado que ustedes pretendían obtener-, pero hoy usted se ha mejorado.
Nunca le he oído decir tantas tonterías en tan corto espacio de tiempo.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) A partir de ahí, vayamos al problema de fondo. El problema de fondo es que las decisiones se toman, evidentemente, por el Consejo de Ministros, de acuerdo, como le he dicho, con las doctrinas del Tribunal Constitucional. En un caso de su partido, el caso Sogecable -acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de noviembre del año 2002 por la concentración Sogecable-Vía Digital-, decía el Tribunal Supremo que, ante un cierto margen de discrecionalidad para elegir entre varias soluciones posibles conforme al principio de proporcionalidad, el Gobierno debe elegir aquella que considere más adecuada a la consecución de los objetivos propuestos. Compartimos los objetivos planteados por la CNE, compartimos en gran medida los objetivos del Tribunal de Defensa de la Competencia y, evidentemente, nos hemos separado en los instrumentos que hemos utilizado, instrumentos que están muy bien equilibrados y que dan como resultado una empresa menor en todos los sectores de actividad. Y por si usted no lo recuerda -es conveniente que lo haga-, le interesa saber que ustedes se separaron en sus decisiones en seis casos de prohibición del Tribunal de Defensa de la Competencia. Se los recito: El caso Mahou-San Miguel, el caso Solvay Ibérica, el caso Heineken, el caso Logista, el caso Sara Lee y la Sociedad General de Cablevisión. En todas esas se separaron ustedes.
(Aplausos.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: El tiempo ha concluido.


-DEL DIPUTADO DON FERNANDO VICENTE CASTELLÓ BORONAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿PODRÍA EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO EN QUÉ MEDIDA BENEFICIA A LOS CONSUMIDORES LA OPA EN EL SECTOR ENERGÉTICO? (Número de expediente 180/001062.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Fernando Vicente Castelló.


Adelante.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.


¿Podría explicar el Gobierno en qué medida beneficia a los consumidores la OPA en el sector energético?

El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señoría.


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El Gobierno con su decisión se ha limitado a lo que tiene que hacer en una operación de este tipo, que es controlar que la operación de concentración no varíe la situación de los consumidores. Esta es su obligación, impedir que los cambios estructurales en el sector energético mantengan el mismo nivel de competencia anteriormente existente. El Gobierno no puede ni debe a través de una operación específica -es doctrina también del Supremo- modificar las condiciones del sector, que en otro caso indudablemente podría vulnerarse en la medida en que cambiamos la situación regulatoria, tema no aceptado por el Tribunal Supremo. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Castelló.


El señor CASTELLÓ BORONAT: Gracias, señor presidente.


La dirección del Gobierno no debe tener mucha confianza en el señor Montilla, a quien iba dirigida la pregunta, porque es usted el que ha contestado a la cuestión sobre en qué medida beneficia a los consumidores la OPA en el sector energético. En cualquier caso, señor Solbes, como viene siendo habitual -el Gobierno del señor Zapatero nos tiene acostumbrados a ello-, su discurso y su propaganda van por un lado y la realidad y los hechos van por otro. Se viene demostrando que por encima de los intereses generales de la defensa de la competencia, de los intereses de los consumidores, los domésticos, de los de las empresas, de los intereses de nuestra economía, de fomentar la competitividad, están los intereses de unos pocos, los de sus amigos, los del PSC, los del tripartito, los del señor Montilla y los del señor Rodríguez Zapatero, que en este caso le ha dejado usted al pie de los caballos. Sin duda, lo han dejado al margen y claramente desautorizado en sus competencias de política económica y de defensa de la competencia. Es una estrategia que venimos viendo desde hace tiempo, concebida para no tomar decisiones de calado en el sector energético. Llevamos dos años de parálisis y de incompetencia gubernamental con un claro perjuicio para todos, para las empresas y para los consumidores. Todo ello a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de esos intereses generales, porque, señor Solbes, ¿puede usted explicar como defensa de los intereses generales y de no modificar la situación de mercado, que amplios sectores económicos de nuestro país, sectores productivos, estén seriamente preocupados porque su Gobierno ha hecho que peligre el suministro de gas o ha hecho que su precio haga que muchas de las empresas puedan tener dificultades de futuro o que los consumidores españoles, gracias a su Gobierno, gracias a facilitar esta operación política, hayan pagado un sobrecoste, precisamente a Gas Natural, durante el año 2005, de más de 150 millones de euros, es decir, más de 25.000 millones de las antiguas pesetas? ¿A quién ha beneficiado eso? Para colmo, ayer el señor Montilla anuncia futuras reformas en los sectores del gas y de la electricidad. ¡Qué casualidad! Casi dos años después de estar en el Gobierno, después de que su Gobierno autorizara la OPA y también después de que la empresa opante anunciara que asumía las benévolas condiciones gubernamentales. Están ustedes preparando, señor Solbes, un diseño del mercado energético a la medida de los intereses del resultado de la OPA y de sus amigos. A eso no se le puede llamar...


El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido, lo lamento.


Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


No sé dónde está su preocupación y su contradicción entre que yo he quedado al margen de la OPA y, sin embargo, parece que le moleste que venga a explicarle la OPA, que, por otra parte, es a quién corresponde explicársela. Si ustedes quieren que en algún momento hablemos de favores del pasado en el sector energético, hablamos encantados. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!) Si quieren ustedes que en algún momento hablemos del déficit pendiente en el sector eléctrico, hablamos también encantados; no tenemos ningún problema. (Rumores.) Sin embargo, hoy vamos a hablar solo de las ventajas concedidas a los consumidores en el sector energético. La creación de un nuevo operador eléctrico o el refuerzo de los ya presentes es, sin duda alguna, un elemento adicional de la competencia. El impulso de Gas Natural al mercado mayorista como consecuencia del programa de liberación de tres bmc o bcm en este período es, sin duda, positivo. La creación o refuerzo de los competidores de Gas Natural en los mercados de gas con la enajenación de más de millón y medio de puntos de las redes actuales, sin duda alguna, algo tiene que ver con la competencia y evidentemente con los consumidores. Por supuesto, la creación de mecanismos para favorecer el cambio de suministrador va a coadyuvar a potenciar también la competencia en comercialización. Podría seguir dándole otros datos, pero me temo que no le interesan a usted absolutamente nada. Por tanto, considero que no vale la pena perder más tiempo con esta historia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿ENTRE LAS ANUNCIADAS REFORMAS EN MATERIA DE JUSTICIA, CONTEMPLA EL GOBIERNO ALGUNA MODIFICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA CUENTA DE DEPÓSITOS JUDICIALES? (Número de expediente 180/001054.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia, de la diputada doña Margarita Uría.


Adelante.


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La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en los afanes del Gobierno por adaptar la justicia al Estado plural, ¿contemplan ustedes algo sobre los depósitos judiciales?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, cordialmente le comento que su pregunta se refiere seguramente al traspaso del rendimiento de las cuentas y depósitos de consignación, no a las propias cuentas que, como se sabe, están confiadas en su gestión a los secretarios judiciales y que, en todo caso, no han sido contempladas en ninguno de los decretos de traspaso que hasta el momento se han suscrito entre el Gobierno y las comunidades autónomas que han asumido competencias en materia de justicia. Pero este Gobierno y el Ministerio de Justicia se han manifestado más de una vez dispuestos a dialogar y a varias bandas, también lógicamente dentro del Gobierno, con el Ministerio de Hacienda, toda vez que las cuentas están residenciadas en la Dirección General del Tesoro, para reconsiderar la gestión de los rendimientos de las cuentas de consignación. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, no me engañe. Esta batería ha sido objeto de petición y discusión numerosas veces, tanto con el Gobierno como en esta Cámara. El real decreto que regula los depósitos judiciales -por eso yo los he denominado así- establece que forman parte del servicio de la Administración de Justicia. Por tanto, residenciados en el Ministerio de Justicia y perfectamente incluibles dentro de las cláusulas subrogatorias que permiten que se consideren competencia transferida a las comunidades autónomas. Por otra parte, ustedes tampoco han cumplido con el compromiso que asumieron de evitar la conflictividad con las comunidades autónomas. Tienen dos litigios pendientes sobre esta materia, uno con Andalucía y otro con la comunidad catalana, del año 1997 y del año 1999, y ninguno ha sido objeto de retirada por parte del Gobierno. Sé que en el debate del Estatuto de Cataluña se ha hablado de esta materia y, curiosamente, mientras que el texto que salió del Parlament hablaba de la gestión de los depósitos judiciales, lo que ahora está acordado, según se dice o según la versión que tenemos quienes solo accedemos a los medios de comunicación, es la participación en los réditos de estas cuentas. Yo creo, como le he querido acreditar, señor ministro, que forman parte del servicio de la Administración de Justicia y que por tanto es dinero perfectamente asumible por las comunidades autónomas, no los rendimientos sino la gestión de esas cuentas. Señor ministro, sé que es un dinero muy apetecible, pero también lo es para las comunidades autónomas, y conforme a la distribución competencial hoy vigente creo que les pertenece a las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señora diputada, no la engaño a condición de que tampoco me engañe usted a mí y de que ninguno de los dos engañemos a esta Cámara ni al "Diario de Sesiones". No está entre los compromisos del Gobierno traspasar la gestión de los rendimientos de las cuentas de consignación, sin embargo este Gobierno sí está dispuesto a hablar con las comunidades autónomas en el seno de la conferencia sectorial con respecto a la situación. La situación se describe como sigue. En primer lugar, ninguno de los decretos de traspaso ha contemplado expresamente este capítulo de las cuentas de consignación a las comunidades autónomas. Sí está pendiente de resolución por el Tribunal Constitucional un conjunto de procesos constitucionales, de la anterior legislatura, por cierto, todos anteriores a esta responsabilidad en el Gobierno de este ministro de Justicia: conflicto de competencias contra Cataluña y contra Andalucía, tres recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias interpuestos por el Gobierno anterior. A la espera de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, le recuerdo que la Constitución en su artículo 149.1.6ª establece que la legislación procesal es competencia exclusiva del Estado, y es aquí donde cabe incardinar la gestión, por el momento, de las cuentas de consignación.
Aún así, estamos dispuestos a hablar con las comunidades autónomas, estamos dispuestos a establecer, a la vista de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional y, sobre todo, si lo dice pronto, cuál puede ser la nueva solución que podamos instrumentar y estamos dispuestos por tanto a llegar a un acuerdo que incremente la suficiencia financiera...


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su tiempo ha concluido.


-DEL DIPUTADO DON JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿PIENSA EL GOBIERNO DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS QUE SE SIENTAN DISCRIMINADOS POR LA OBLIGATORIEDAD DE CONOCER EL CATALÁN? (Número de expediente 180/001059.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Jorge Fernández Díaz.


El señor FERNÁNDEZ DÍAZ: Señor ministro, mi partido defiende claramente el bilingüismo, reconocido

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de manera expresa en la Constitución y en el Estatuto de Cataluña, que responde a la realidad social de Cataluña donde prácticamente la mitad de la población tiene como lengua materna el catalán y la otra mitad, como yo mismo, el castellano; el catalán como lengua propia y específica de Cataluña y el castellano como lengua no impropia ni ajena sino como lengua común con el resto de los españoles, las dos cooficiales. Por tanto, el marco jurídico está claro. Ni el catalán ni el castellano tienen problemas, señor ministro, son dos lenguas potentes y vivas, y gracias a Dios gozan de muy buena salud. Hasta ahora tampoco había problema de convivencia lingüística en Cataluña. ¿Dónde está el problema? El problema está en la política lingüística que últimamente está desarrollando el Gobierno tripartito de la Generalitat de Cataluña. Ahí está el problema. Eso es lo que está provocando crispación y lo que está provocando denuncias ante el Defensor del Pueblo, denuncias ante los tribunales de justicia y denuncias ante la Administración de la Generalitat. Estoy seguro, señor ministro, aunque no me lo pueda reconocer, que íntimamente le produce un cierto bochorno que existan oficinas de garantías lingüísticas en donde, respondiendo a una queja de supuestas delaciones anónimas por parte de los ciudadanos, se respondía desde la Administración de la Generalitat diciendo: Denuncias anónimas, no; en los impresos que hay en las oficinas de garantías lingüísticas la primera casilla es para poner el nombre y la identificación del ciudadano que formula la denuncia. Estoy seguro que a usted le da vergüenza, como me la da a mí, que en la Administración de la Generalitat de Cataluña exista la figura del coordinador lingüístico de interculturalidad y cohesión social. Cuando llegamos a estos niveles en materia de política lingüística es que las cosas no van bien. No van bien e irán peor, por eso formulamos la pregunta que consta en el orden del día, si se sigue considerando la lengua como un instrumento al servicio de la construcción nacional de Cataluña por parte de algunos partidos. Cuando desde el Gobierno de la Generalitat se considera que la lengua catalana debe servir a un proyecto de construcción nacional, estamos en el límite de subordinar los derechos y libertades de los ciudadanos a los derechos míticos de eventuales naciones o territorios, y a usted, como ministro de Justicia del Gobierno de España, le corresponde velar para que ni uno solo, ni uno solo de los derechos de uno solo de los ciudadanos de Cataluña sea infringido por parte de la política lingüística que...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo ha concluido. Lo lamento.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor diputado, el Gobierno responde de su gestión en el control parlamentario. Usted ha hecho consideraciones sobre la política lingüística de una comunidad autónoma que tiene su propio ámbito de responsabilidad política y, consiguientemente, también su control parlamentario. Pero usted ha formulado la pregunta que figura en el orden del día, si el Gobierno está dispuesto a velar por los derechos de los ciudadanos que se sientan discriminados ante la política lingüística. Le respondo que el Gobierno respeta y protege los derechos de todos los ciudadanos, en todas las comunidades autónomas, independientemente del color del Gobierno en plaza y, desde luego, lo hace tanto en Cataluña, como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana y en Navarra, donde también hay cooficialidad lingüística, como en Euskadi, como en Galicia, en todas partes, y lo hace precisamente porque es un mandato de la Constitución, como usted ha recordado, que deriva del artículo 3 y que reconoce que los ciudadanos tienen derecho a hacer valer ante los poderes públicos y los servicios públicos que realizan sus derechos fundamentales, además del castellano, la lengua cooficial. El Gobierno vela en todas partes, en todos los territorios y en todo momento para que no existan discriminaciones ni por esa consideración ni por ninguna otra. Por tanto, está dispuesto a trabajar contra todas las formas de discriminación. Pero déjeme que le diga que la política lingüística de la Comunidad Autónoma catalana está regida por una ley del Parlamento de Cataluña que nadie ha impugnado ante el Tribunal Constitucional, que ustedes validaron con su voto y no impugnaron ante el Tribunal Constitucional y que está funcionando con normalidad. Y allí donde se produzcan abusos, afortunadamente, existen garantías en nuestro orden constitucional de convivencia, para empezar, ante los tribunales -derechos fundamentales que pueden ser invocados y son invocados con normalidad todos los días-, pero también ante los poderes públicos y, por supuesto, ante los órganos de garantía, como, en su caso, el Ombudsman, en Cataluña el Sindic de Greuges o el Defensor del Pueblo.


Por tanto, quiero lanzar aquí un mensaje de seguridad y de tranquilidad, en aras de la calidad de la convivencia regida por la Constitución y por los estatutos de autonomía, en garantía de los derechos y libertades que la Constitución establece y, por supuesto, también quiero revalidar el compromiso del Gobierno de trabajar contra todas las formas de discriminación, incluidas las lingüísticas, de todos los ciudadanos, no solamente de los que se sientan discriminados, sino sobre todo de los que lo sean efectivamente, aquí, como en Cataluña, como en Baleares, como en la Comunidad Valenciana, como en todas partes. (Aplausos.)

-DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS GALACHE CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE AL GOBIERNO LA VALORACIÓN DE LOS CIUDADANOS SOBRE EL SERVICIO DE LA JUSTICIA? (Número de expediente 180/001067.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don José Luis Galache.


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El señor GALACHE CORTÉS: Gracias, señor presidente. Con su venia.


Señor ministro de Justicia, como le consta, el funcionamiento del servicio público de la justicia preocupa a los ciudadanos, a pesar de los esfuerzos que este Gobierno está desplegando en aras de la modernización y actualización de sus mecanismos, tanto en cuanto a medios como a innovaciones legislativas. Recientes sondeos publicitados por los medios de comunicación -así el CIS, enero de 2006- y con amplia resonancia pública, dirigidos a conocer el estado de opinión sobre el tema concreto de la actividad jurisdiccional y de las relaciones de los ciudadanos con la justicia y sus agentes, así como con instituciones básicas, han arrojado datos tan llamativos y preocupantes o tan peculiares que ni a los agentes sociales, ni a los operadores jurídicos, ni a la propia ciudadanía en general han dejado indiferentes. Por ejemplo, en relación con la confianza en la Administración de justicia, la mitad de los encuestados -56,3 por ciento- dice que tienen poca o ninguna confianza respecto al funcionamiento de los tribunales y casi un 40 por ciento -el 37,8- dice que funcionan mal; en cuanto a la lentitud y a las dilaciones, un 80 por ciento considera que la justicia es tan lenta que más vale evitar pleitos, y en cuanto -y esto es trascendental, señor ministro- a la valoración sobre la confianza en órganos de la Administración de justicia, el panorama es mucho más desolador. El 47,3 por ciento de los encuestados manifiesta una total desconfianza con las funciones, con las competencias y con lo que hace en este momento el denominado Consejo General del Poder Judicial. Por estas consideraciones, puede concluirse que este órgano de gobierno de la judicatura en España desatiende sus obligaciones y, a mi juicio, no está ejerciendo con plenitud sus funciones legales y reglamentarias. Hay datos extremadamente preocupantes ya mencionados y parece que el Consejo hace oídos sordos a estas quejas de los ciudadanos. El Consejo tiene que actuar por el buen funcionamiento del servicio público de la justicia; tiene que atender las quejas que se le realizan, y no tiene que desentenderse del funcionamiento cotidiano de la Administración de Justicia. Sin embargo, se dedica a informar iniciativas legislativas sin que exista exigencia legal, a bloquear acuerdos e incluso a hacer manifestaciones totalmente llamativas e inesperadas de preclaros representantes del Consejo. Por ello, le inquiero sobre la opinión que le merece al Gobierno la valoración de los ciudadanos sobre el servicio público de la justicia.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, señorías, subyace tras su pregunta una preocupación que expresan los ciudadanos en relación con la calidad del servicio público de la justicia en nuestro país. Este Gobierno la hace suya, es la mía, porque los males de la justicia sin duda ninguna tienen que ser la primera prioridad de la política de justicia del Gobierno de la nación. La ciudadanía detecta, efectivamente, lentitud, ineficiencia, incertidumbre, inseguridad respecto a la respuesta y a fin de cuentas desigualdad ante la ley, y lo señalan con claridad. Más de un 80 por ciento de los ciudadanos piensa que la justicia es desigualitaria en nuestro país y, por tanto, se vale mejor ante la justicia quien puede disponer de más medios para su defensa y para litigar. Toda la política del Ministerio de Justicia está dirigida precisamente a mejorar la agilidad y la capacidad de rendimiento del sistema judicial y consiguientemente la confianza de los ciudadanos ante la Administración de Justicia. Desde el punto de vista cuantitativo, nuestras inversiones, nuestros presupuestos y el crecimiento de la planta tienen esa dirección: mejorar la capacidad de respuesta. Y desde el punto de vista cualitativo, nuestras reformas legislativas, como la implantación de la oficina judicial y la informatización masiva de la Administración de Justicia tienen exactamente la misma dirección. Pero recuerdo que este Gobierno está haciendo su parte del trabajo y confía en que en la justicia todo el mundo haga la parte que le toca. Usted ha mencionado al Consejo General del Poder Judicial, que desempeña también un papel muy importante en la recuperación del crédito de la justicia.
Hará muy bien en concentrarse en la parte de responsabilidad que le toca, como las comunidades autónomas, como los propios cuerpos de funcionarios y, desde luego, los cuerpos de servidores de la justicia, jueces y fiscales. Reclamo para ellos también un voto de confianza. Veo con mucha preocupación cómo estos días puede estar poniéndose en cuestión la confianza que pueda merecer nada menos que todo el ministerio público, los miembros y los representantes del ministerio fiscal ante la Administración de Justicia y el conjunto de la judicatura, encabezada en el orden penal por la Sala segunda del Tribunal Supremo, en su lucha contra la criminalidad que más nos preocupa y más nos ha preocupado desde que establecimos la democracia: la criminalidad terrorista. Reclamo para todos los miembros del ministerio fiscal y para quienes dan la cara en la lucha contra el terrorismo toda la confianza que merecen. Reclamo ese mismo concurso por parte de todos los poderes públicos involucrados, incluidos desde luego los que ejercen su responsabilidad en la representación de la ciudadanía, ante la ciudadanía, en esta Cámara, en este Congreso de los Diputados, tanto en el Gobierno como en la oposición. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL FUENTES GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CÓMO DESTINA EL GOBIERNO LOS RECURSOS A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE DROGAS? (Número de expediente 180/001074.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Sanidad y Consumo de doña María Isabel Fuentes.


Adelante.


La señora FUENTES GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, durante mucho tiempo la drogodependencia ha sido un tema tabú, un problema difícil de reconocer por un Gobierno que prefería ocultar o cerrar los ojos a un fenómeno que afectaba y afecta a muchos jóvenes. Puede que en parte esa actitud, poco madura y errónea, tenga algo que ver en el hecho de que actualmente haya aumentado tanto el número de jóvenes que consumen droga, sobre todo y desgraciadamente ha aumentado el consumo a edades más tempranas y junto a ello ha disminuido la percepción del riesgo. Cuando este Gobierno llegó hace casi dos años tuvo que hacer un importante cambio en la estrategia del plan de acción porque no se habían cumplido ni la mitad de los objetivos planteados en este, y es obvio, por como este Gobierno está actuando, que el tema de la drogodependencia es sumamente importante en su política. Buena prueba de ello es el apoyo y el fenómeno del Instituto Nacional de Investigación y Formación sobre Droga, un órgano de ámbito estatal que coordina, simplifica y racionaliza las distintas políticas que se desarrollan en nuestro país, porque es totalmente necesario que las políticas y acciones que se desarrollen ante el fenómeno de las drogas y las dependencias se fundamenten con rigor científico y desde una perspectiva de salud pública. Partiendo de que la investigación es la base de nuestros conocimientos para comprender mejor el fenómeno de las drogas, consumo y estrategia de prevención, le pregunto, señora ministra: ¿Cómo destina el Gobierno los recursos a la investigación en materia de drogas?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, adelante.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Salgado Méndez): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, en términos generales conocer y hablar de la existencia de un problema y de sus consecuencias es imprescindible si se quiere actuar con eficacia para solucionarlo. Por eso, la mejora del conocimiento es uno de los ejes del Plan de acción sobre drogas y la investigación sobre drogodependencias es uno de los elementos esenciales para potenciar la investigación básica y clínica en relación con las sustancias de mayor consumo, la investigación social sobre la percepción que de las drogas y de los consumos tienen los adictos, sus familias y los sectores sociales, y también para potenciar la investigación en el campo de las humanidades, la epidemiológica y la investigación de nuevos programas y de herramientas metodológicas. Por eso, el Ministerio de Sanidad y Consumo impulsa la investigación en drogodependencias por tres vías. En primer lugar, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que tramita y gestiona ayudas económicas para proyectos de investigación que desarrollan entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro. Ese presupuesto ascendió durante los años 2004 y 2005 a 1.900.000 euros. Se han financiado 35 nuevos proyectos y 38 de ejercicios anteriores. Son proyectos que se han centrado en la investigación básica, clínica y epidemiológica sobre las drogodependencias, sobre cocaína, éxtasis y cannabis, así como en investigaciones evaluativas de los programas sobre drogas en el campo de la prevención, de la reducción de daños, de la reinserción y proyectos de investigación social referidos al consumo de drogas particularmente en jóvenes y adolescentes. Por otra parte, el Fondo de Investigaciones Sanitarias ha financiado con un presupuesto de 1.100.000 euros 24 proyectos básicos, en su mayoría dedicados al estudio de conductas adictivas y a los efectos clínicos de las distintas sustancias. En este sentido, el Carlos III ha financiado una red temática de trastornos adictivos, investigación básica, clínica y epidemiológica -ese es su nombre- en la que han participado 152 investigadores, 22 grupos de investigación y 7 comunidades autónomas, con un presupuesto de 1.650.000 euros. Asimismo, quiero anunciarle la próxima aparición de dos estudios financiados por mi departamento: Adicción a la cocaína, neurología clínica, diagnóstico y tratamiento, y un estudio sobre los daños en la salud que produce el cannabis, particularmente...
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo terminó.


-DEL DIPUTADO DON ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ESPAÑOL DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE UNA DEUDA DE MÁS DE 105 MILLONES DE EUROS Y UNA PÉRDIDA DE FONDOS DE CASI 70 MILLONES DE EUROS POR PARTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS Y QUE PONE EN ENTREDICHO LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE PUERTOS DE LAS PALMAS? (Número de expediente 180/001052.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Román Rodríguez a la señora ministra de Fomento.


Adelante.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señora ministra, usted conoce como yo que la Autoridad Portuaria de Las Palmas en los últimos tres años ha gestionado de manera indebida esa importante institución que está vinculada al desarrollo de la comunidad canaria. Ha habido mala gestión, despilfarro, anulación de procedimientos

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administrativos por parte del Consejo de Estado y, lo más relevante, una deuda al parecer superior a 140 millones de euros, así como la pérdida de decenas de millones de euros de fondos europeos. La salud financiera de Puertos de Las Palmas está claramente comprometida. Conozco perfectamente dónde se sitúan las responsabilidades de esa mala gestión, pero también sé que el ministerio que usted dirige ostenta la responsabilidad del control y del seguimiento de estas instituciones. Conocemos, porque se ha anunciado por su ministerio, la existencia de una auditoría sobre la situación financiera de Puertos de Las Palmas y un posible plan de saneamiento para sacar a esta institución de la grave situación. Por ello, señora ministra, porque interesa a la opinión pública canaria, le pregunto en qué estado o situación se encuentra la auditoría, en qué situación se encuentra ese plan de saneamiento y qué responsabilidades se pueden derivar de esa mala gestión que compromete el futuro del funcionamiento de tan importante agente económico.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Gracias, señor presidente.


Señoría, las cuentas del ejercicio 2003 fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, pero fueron informadas por la IGAE con observaciones sobre el endeudamiento. Las cuentas del ejercicio 2004 también fueron informadas por la IGAE provisionalmente con opinión desfavorable, por lo que no fueron presentadas al consejo de administración por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria.
Enviadas nuevas cuentas por este a la IGAE, fueron también informadas con observaciones relevantes. El ex presidente, señor Arnáiz, no presentó dichas cuentas para su aprobación al consejo y posteriormente fue cesado por el Gobierno de Canarias. El consejo de administración, a propuesta de su actual presidente, aprobó por unanimidad las cuentas de 2004, que incorporaban las objeciones presentadas por la IGAE e incluyen un endeudamiento de 129,1 millones de euros. De tal manera que para el ejercicio 2005 se ha encargado, para conocer la situación real de las cuentas, una auditoría además del informe que haga la IGAE. Esa auditoría se está realizando y cuando se concluya se iniciarán las conversaciones para acordar con Puertos del Estado una operación de saneamiento.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Le decía, señora ministra, que conozco perfectamente dónde se sitúan las responsabilidades de la mala gestión de Puertos de Las Palmas en los últimos años que compromete el futuro de las inversiones y yo diría que el funcionamiento cotidiano de esta institución. Le decía que después de ese plan de saneamiento se tendrán que derivar responsabilidades, porque no parece razonable que se haya despilfarrado el dinero público de esa institución en los últimos años y se comprometa el buen funcionamiento de una institución muy relevante porque es un agente económico esencial en la estructura productiva de nuestra comunidad y que no pase nada. Lo que le pregunto con claridad es: Además de que cuando se tenga la auditoría esta se publicite y así los ciudadanos conozcamos las consecuencias de la misma, si se detectaran responsabilidades personales por negligencia, por mala gestión o por las circunstancias que se deriven de ese análisis, bien del anterior presidente o del consejo de administración, ¿qué hará su ministerio?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señora ministra, por favor.


La señora MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, indudablemente si se detectan irregularidades las mandaremos al fiscal, tal y como ya hemos mandado una actuación anterior de la misma Autoridad Portuaria. Usted bien sabe que hemos utilizado todos los medios legales para reconducir la lamentable gestión que el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, recientemente cesado, llevó a cabo bajo su responsabilidad, entre ellos que Puertos del Estado no aceptó los datos de cierre de 2004 y presentó, de acuerdo con el informe de la IGAE, un plan de inversiones al no poder tampoco aceptar el plan de empresa que había propuesto la Autoridad Portuaria. El ministerio aplicó el artículo 36.3 de la Ley 48/2003 y aprobó un plan de empresa ajustado a la situación económico-financiera de la Autoridad Portuaria. Como le decía, el secretario general de Transportes, en reposición de la legalidad, previo requerimiento a la Autoridad Portuaria y con el informe favorable del Consejo de Estado, dictó las revisiones de oficio siguientes: la nulidad de pleno derecho del acto del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que aprobó el pliego de bases del concurso restringido para el desarrollo de la actuación puerto-ciudad en Las Palmas de Gran Canaria; declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo del consejo... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, el tiempo concluyó.


-DEL DIPUTADO DON ANDRÉS JOSÉ AYALA SÁNCHEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY Y BLANC, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CÓMO VALORA LA SEÑORA MINISTRA LA PUESTA EN MARCHA DE LA TERMINAL 4 DEL AEROPUERTO DE BARAJAS? (Número de expediente 180/001076.)

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El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada por el diputado don Andrés Ayala.
Adelante.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Señora ministra, cuando llegó usted al ministerio todo estaba preparado y programado para poner en servicio la T-4 el 18 de febrero de 2005 (Rumores.), y el día 3 de marzo de ese año, en este documento, usted dijo que se pondría en marcha el 29 de enero de 2006, es decir, un año más tarde. Usted se ha gastado 31 millones de euros más en la transición de la T-4 y entre ellos 12 millones de euros en figurantes y equipajes para ensayar el funcionamiento. Todo debería haber funcionado como un reloj porque para eso usted se pasó allí la noche antes. Señora ministra, sin excusas ni pretextos, ¿cómo valora la puesta en servicio de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas? (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señor presidente.


Señoría, permítame que le sonría, porque lo que pasa es que estaba inaugurado sin estar terminado (Varios señores diputados: Ahí, ahí. Sí, sí.-Aplausos.) y estaba hecho como una operación de propaganda política.
Me pasé la noche en el aeropuerto -porque tal como lo dice usted parece que estaba haciendo otra cosa- trabajando, cosa que no estaban haciendo algunos de los ministros que me han antecedido en la responsabilidad cuando han ocurrido hechos calamitosos y desastrosos en nuestro país, porque estaban cazando o cualquiera sabe qué estaban haciendo.
(Aplausos.-Protestas.) Cuando ustedes se fueron del Gobierno no estaba nada terminado, no estaba nada puesto a punto (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.), no se podía prestar el servicio al ciudadano, y lo que hemos hecho ha sido trabajar para que así sea.
Señorías, independientemente de todo -de su confrontación política, de su estrategia, de los gritos, de toda la parafernalia que ustedes llevan diariamente-, permítame que le diga que, efectivamente, no estoy satisfecha con la puesta en marcha de la terminal 4 (Varios señores diputados: ¡Ah!) porque ha habido algunos desajustes, algunas disfunciones, algunas deficiencias, y como soy la máxima responsable de esa instalación, no puedo estar satisfecha y no puedo estar de espaldas a lo que quieren los ciudadanos, como han hecho ustedes sistemáticamente.
(Una señora diputada: Ahí, ahí.-Varios señores diputados. Muy bien.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Ayala.


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, yo le había pedido que me hablara usted aquí del domingo, no que se remontara a los godos, que es lo que le gusta (Rumores.) y lo que acostumbra hacer. Desde luego la única verdad es que usted ha perdido un año, se ha gastado más del 50 por ciento de lo previsto y ha sido un fiasco. Hemos pasado de ser referentes en el funcionamiento de hub a hacer el más espantoso de los ridículos, y me parece normal que al menos esté usted preocupada porque haber dicho que todo estaba previsto y que eran normales los fallos es un despropósito. Entiendo que no es normal que los baños no tuvieran agua; no debe ser normal que los cajeros no tuvieran dinero; no debe ser normal que los teléfonos estuvieran precintados; no debe ser normal que deprisa y corriendo hubiera que duplicar los autobuses por desconocer el número de usuarios; no debe ser normal que el SATE pierda más maletas de las que reparta y no debe ser normal tampoco que los pasajeros fueran andando por la plataforma y no hubiera ni una sola señal de salida. No debe ser normal que la Guardia Civil retenga a los pasajeros nacionales como si vinieran fuera de la Unión Europea; no debe ser normal que, ante el fracaso de los fingers, no estuviera ensayada la recogida de pasajeros con autobuses; no debe ser normal que los folletos explicativos tan manejables como este se les entregara a los pasajeros al abandonar la terminal y no cuando se subían al avión. No debe ser normal que las chaquetas verde manzana fueran un ejército sin cabeza y que no supieran qué hacer, eso sí, usted echa la culpa a los trabajadores y a los curiosos. ¿Es normal que usted dimita ante la inutilidad manifiesta? (Varios señores diputados: Sí, sí, sí.-Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, su tiempo ha concluido.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Álvarez Arza): Señoría, lamento muchísimo que usted compare su partido con los godos y al Gobierno que ha presidido un miembro de su partido con esa etapa de la historia de España con la que a lo mejor ustedes se sienten muy identificados. (El señor Ayala Sánchez: Conteste.) Realizamos tres auditorías que hicimos públicas para saber la situación de las cuentas que ustedes dejaban. Dejaron endeudado al aeropuerto por el doble de lo que habían presupuestado. También es verdad, señoría, que en la ceremonia de presentación del aeropuerto al público dos miembros muy conocidos de su partido olvidaron que el que había adjudicado todos los contratos no era Cascos, sino Arias Salgado.
¡Pobre Arias Salgado, que fue absolutamente borrado de la historia del Partido Popular como responsable de alguna de las actuaciones que, por cierto, hemos hecho entre todos! Ninguna apertura de una terminal aeroportuaria es perfecta. En ningún país del mundo que ha experimentado la apertura de un aeropuerto tan importante se ha producido queja alguna.
No puede haber una apertura perfecta. Un miembro del Partido Popular, el concejal de Turismo del ayuntamiento... (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su tiempo terminó.


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-DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RESULTADO ELECTORAL DE LOS COMICIOS LEGISLATIVOS CELEBRADOS EN PALESTINA EL PASADO 25 DE ENERO? (Número de expediente 180/001053.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de doña Begoña Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, la situación política de Oriente Medio tiene una gran trascendencia para el mundo en el que vivimos, y solo hace falta observar con gran preocupación los sucesos de estos días. Por ello, además de hablar de cosas que nos son más cercanas, que es nuestra obligación, también debemos analizar en esta Cámara, cosa que hacemos y que debemos seguir haciendo, con gran detenimiento los sucesos de estos días y también las situaciones políticas que se producen en especial en esa zona. Mi pregunta es más concreta y se refiere a los resultados electorales de las elecciones en Palestina el 25 de enero. Todos los analistas y políticos coinciden unánimemente en que ha habido unas elecciones impecables y que la participación ha llegado casi al 80 por ciento. Entre esos políticos estaba una delegación de esta Cámara en una misión de observación electoral que creo poder valorar con enorme interés, y recibimos una asistencia importantísima de su ministerio, que debo agradecer sinceramente. Todas estas razones me llevan a hacer a su Gobierno y a usted una pregunta: ¿Cómo valoran ustedes, antes y ahora -con los sucesos ocurridos- esas elecciones y su resultado, es decir, que el movimiento musulmán de Hamás haya tenido una mayoría absoluta impactante para todos?

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, presidente.


Gracias, señoría. Debo comenzar agradeciendo a la misión de observación electoral, compuesta por S.S. y otros miembros de este Congreso de los Diputados, la participación, la vigilancia y observación de unos comicios electorales muy importantes, yo diría que incluso históricos, para el futuro de toda la región y, lógicamente, para el futuro de Palestina.
Debo señalar, como ustedes mismos suscribieron en su documento, que las elecciones se desarrollaron con plena normalidad, fueron libres, hubo gran participación, transparencia y todas las garantías democráticas, y que el pueblo palestino, en el uso de sus derechos, optó por la vía de darle la mayoría absoluta al grupo Reforma y Cambio, denominado Hamás, y que a partir de esos resultados se ha producido una situación política muy importante y muy significativa para el futuro de toda la región. Me alegra que me haga la pregunta, señoría, porque, como bien señalaba al introducirla, estos resultados legislativos en Palestina pueden tener efectos no solamente en el conflicto israelo-palestino, en el conflicto israelo-árabe, sino también en la estabilidad y seguridad de toda la región y, por tanto, también en los intereses vitales de nuestro país. No podemos ocultar que se ha producido un resultado que cambia plenamente los parámetros que la comunidad internacional estaba acostumbrada a abordar y que a partir de ahora tenemos un nuevo escenario político en Palestina y, por tanto, un nuevo escenario político en Oriente Medio. Hay que respetar los resultados, como han hecho el Gobierno español y también la Unión Europea y el Cuarteto, pero asimismo hay que pedir a la nueva formación política en el momento que forme Gobierno que cumpla con sus obligaciones internacionales, que cumpla con la aceptación de los acuerdos firmados y que renuncie a la violencia e inicie su nueva trayectoria reconociendo a Israel y con el esfuerzo político que toda nueva formación política debe hacer para llevar la paz y la seguridad a Oriente Medio. Ese es el deseo y la valoración que hace el Gobierno.
(Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Doña Begoña.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, comparto con usted las reflexiones que ha realizado. Es verdad que es un momento crucial, y yo creo que en la Unión Europea deberíamos ser prudentes, constructivos y sobre todo colaborar para poner fin a ese conflicto sobre la base de tres principios: uno, la democracia; dos, la política y la no violencia y, tres, el reconocimiento de dos pueblos, dos Estados que tienen que convivir pacíficamente. Y estos principios hay que aplicarlos por igual a todos: a Hamás, para que utilice la política y no la violencia, y a Israel, para que no haya muertes selectivas, destrucción de viviendas o el muro indignante que ahoga a los ciudadanos palestinos. Hay que ser prudentes, constructivos, colaborar. Creo que los palestinos reflejaron muy bien lo que quieren, y hay que respetar su voluntad y afrontar la nueva situación. Colaboraremos con ustedes.


Muchas gracias. (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Moratinos Cuyaubé, pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: No queda tiempo, señor ministro. Lo lamento.


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-DEL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS DEL GOBIERNO EN LAS RELACIONES CON BOLIVIA TRAS LA ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE EVO MORALES? (Número de expediente 180/001066.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Eduardo Madina.


El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, como sabe, en el nuevo escenario político que se está abriendo en América Latina Bolivia ocupa uno de sus capítulos más recientes. La elección de Evo Morales como presidente del Gobierno de ese país demuestra, en primer lugar, la consolidación de los sistemas democráticos en la región, que incluso permite que grupos tradicionalmente excluidos puedan llegar a ganar elecciones dentro de ellos. Por tanto, mi grupo percibe que, como le digo, allí se está abriendo un nuevo escenario político y, al ser Latinoamérica una zona de actuación preferencial y prioritaria de la acción exterior de España, se abre una etapa de oportunidades tanto para Bolivia como para nuestro país. Por poner un ejemplo, diré que Bolivia tiene consideración de país prioritario en el Plan Director de la Cooperación Española y también en el Plan Anual de la Cooperación Internacional en los dos últimos años. En el último PACI ocupa un lugar preferente en recepción de fondos de ayuda oficial al desarrollo, siendo el tercero en recepción de fondos y el cuarto en número de proyectos ejecutados por la cooperación internacional al desarrollo de España. Por tanto, señor ministro, este es un tiempo de oportunidades derivado del nuevo escenario político que ya se ha abierto en Bolivia. En este contexto, mi grupo le anima a que trabajemos juntos en diferentes campos. En primer lugar, en el reforzamiento de la presencia de su Gobierno en el territorio de ese país. En segundo lugar, en el reforzamiento de la acción de la política de cooperación internacional española hacia Bolivia. En tercer lugar, en la consolidación del proceso de internacionalización de la empresa española, que ha mostrado ya su voluntad para permanecer en el país. En el ámbito multilateral, en el reforzamiento de los compromisos de España con la comunidad de naciones iberoamericanas, derivada de los objetivos y de los compromisos de la cumbre de Salamanca celebrada en el año 2005. También en la voluntad de la Unión Europea de reforzar las relaciones con América Latina y el Caribe en la próxima reunión a celebrar en Viena en el año 2006. Asimismo, el reforzamiento de los esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos del Milenio en el marco de las Naciones Unidas. Por todo ello y en ese contexto de oportunidad, señor ministro, quisiera preguntarle cuáles son las perspectivas que tiene su Gobierno en las relaciones con Bolivia a partir de la elección de Evo Morales.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Su turno, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Moratinos Cuyaubé): Gracias, señor presidente.


Gracias, señoría. De nuevo mi primera referencia será a las elecciones en Bolivia, que transcurrieron con plena normalidad y que dieron como resultado una amplia mayoría a favor del partido liderado por Evo Morales. Como bien señala S.S., era la primera vez que un político indigenista ganaba las elecciones, y las ganaba en primera vuelta con una gran mayoría, ya que casi un 60 por ciento de los bolivianos votaron por el proyecto del Movimiento Asociativo Socialista (MAS) y decidieron, lógicamente, vertebrar mejor la sociedad boliviana. A partir de ahí, también la misión electoral española, que estuvo presente en los comicios, valoró muy positivamente el desarrollo de libertad y de garantías jurídicas del proyecto electoral. En ese mismo sentido, puedo decir que a partir de ese momento, incluso antes de ser nombrado presidente, el presidente electo Evo Morales visitó España, tuvo contactos con el presidente del Gobierno, con Su Majestad el Rey y conmigo mismo, y pudimos comprobar que su proyecto político era ampliamente compartido por lo que se refiere al buen nivel de relaciones bilaterales entre Bolivia y España.


Son distintas las áreas en las que España puede contribuir al desarrollo político, económico y social de Bolivia. En el campo de la gobernabilidad, Bolivia se enfrenta a un proceso constituyente, a un proceso de descentralización autonómica, y en esta cuestión hemos brindado el apoyo, la experiencia y el conocimiento que tiene España en estos temas. Se ha aceptado de manera muy satisfactoria la ayuda que pueden otorgar el Gobierno y la Administración española sobre esta cuestión y también en los temas de cohesión social y de creación de empleo. En ese sentido, el proyecto de conversión de deuda por inversión y proyectos educativos y sociales, con una conversión de deuda de 100 millones de euros, también facilitará que la cohesión social, económica y educativa se pueda alcanzar en Bolivia. Por último, en cuanto a los temas económicos, es verdad que hay grandes intereses e inversiones españolas en Bolivia, pero el diálogo entre las empresas y las autoridades bolivianas va por buen camino, y por tanto esperamos seguir trabajando, apoyando y vertebrando Bolivia, así como seguir vertebrando también unas relaciones muy fructíferas entre Bolivia y España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DOLORS NADAL I AYMERICH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿PODRÍA EXPLICAR EL SEÑOR MINISTRO DE DÓNDE SALEN LOS 20.000 MILLONES DE EUROS QUE, SEGÚN EL PROPIO MINISTRO, "INVERTIRÁ EL ESTADO EN CATALUÑA CON EL ESTATUTO"? (Número de expediente 180/001060.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Turismo y Comercio de doña María Dolors Nadal.


La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, usted sabe que en todas las comunidades autónomas, incluso en aquellas que no tienen lengua propia y no están en un proceso de construcción nacional, se sabe sumar y restar. Por lo tanto, ¿podría explicarnos, ya que no quieren hacerlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de dónde van a salir esos 20.000 millones de euros adicionales que, según usted, va a recibir Cataluña con la aprobación del nuevo Estatut?

El señor PRESIDENTE: Señor ministro, su turno, por favor.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, en cuanto a la estimación de más de 20.000 millones de euros que el Estado puede invertir en Cataluña en los próximos 7 años, estos saldrán por supuesto de los Presupuestos Generales del Estado y además lo harán siguiendo las recomendaciones de su grupo parlamentario, que ha votado en el Senado no hace mucho una moción que dice textualmente: El Senado expresa su convicción de la existencia de un grave déficit de las infraestructuras viarias dependientes de la Administración General del Estado en Cataluña, causadas por muchos años de bajos niveles de inversión pública y por políticas discriminatorias.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora NADAL I AYMERICH: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ustedes ayer se negaron a decirnos de dónde salían esos 20.000 millones de euros adicionales -insisto- en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ahora se niega a decirnos cómo suma y cómo resta usted. Nosotros creemos que usted dice la verdad y que esto de los 20.000 millones no tiene truco y por lo tanto usted nos tiene que decir de dónde van a salir. Usted nos tiene que decir si van a subir los impuestos de todos los españoles para hacer esta aportación adicional y qué capítulos de inversiones del Estado se van a ver reducidos por esta aportación; nos tiene que decir qué comunidades autónomas perderán aportaciones a cambio de esta, y sobre todo nos tiene que decir qué repercusión va a tener este compromiso en el principio de solidaridad que garantiza la Constitución.


Señor ministro, yo soy catalana, como todos ustedes saben, y les aseguro que estoy encantada con estos 20.000 millones de euros adicionales que en 7 años va a recibir Cataluña, pero yo no puedo ser indiferente, usted quizá sí. Yo no puedo ser indiferente ante lo que usted no dice, señor ministro. Usted no dice cómo se va a garantizar un aumento de inversiones en el resto de comunidades autónomas para evitar que se generen situaciones en las que haya españoles de primera y españoles de segunda.
Voy a obviar que el señor Zapatero ha negociado un cambio de modelo de Estado, un cambio en el modelo de financiación, un cambio en la solidaridad, de espaldas a este Congreso, de espaldas a los ciudadanos, de espaldas al principal partido de la oposición, incluso de espaldas al presidente de la Generalitat y de espaldas a usted, que ni siquiera fue invitado al Pacto de la Moncloa. (Rumores.) Obvio todo esto, señor ministro, pero díganos cómo suma y cómo resta, díganoslo, haga el favor.
Ustedes han puesto el interés particular por encima del interés.
Díganos...


El señor PRESIDENTE: Ha terminado su tiempo, lo lamento. (Rumores.)

Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, lea bien y con detenimiento los diarios, ya que basándose en ellos formula esta pregunta, porque los 20.000 millones adicionales en ningún caso figuran en mi boca ni en las afirmaciones que recogía el diario.


Lo único que se pretende con este acuerdo alcanzado, que esperamos que pueda recoger el Estatuto de Autonomía, es dar respuesta a una realidad constatable y es que el Estado ha invertido relativamente poco en Cataluña en los últimos años. Entre 1997 y 2004, con el Gobierno del PP, el Estado invirtió en Cataluña, como media, un 12,5 por ciento del total de la inversión o, lo que es lo mismo, un 35 por ciento menos respecto del peso de la economía catalana en el conjunto de España. El actual Gobierno ha empezado a adoptar medidas para paliar este déficit y ha elevado sustancialmente la inversión, pero aún así está muy por debajo del peso económico que le correspondería en relación con su PIB. Con el acuerdo alcanzado se trata de consolidar un camino ya emprendido, realizando un esfuerzo que va a tener un carácter transitorio. Porque el acuerdo no establece ninguna discriminación positiva permanente a favor de

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Cataluña, la formula es transitoria para unos años, y responde a una necesidad económica evidente; solo supone un refuerzo, por la vía del compromiso, de la voluntad ya manifestada por este Gobierno de paliar los déficits inversores del Estado en Cataluña, pero también en otras comunidades autónomas y provincias. Insisto, señoría, el Estado mantiene en Cataluña un déficit inversor que ha sido reconocido unánimemente por todas las fuerzas políticas y también por las fuerzas económicas, incluido el Partido Popular. Pregúntele usted al señor Piqué, que lo sabe bien. Le leo el titular de un diario: Piqué reclama que la inversión pública para Cataluña se sitúe en el 19 por ciento.


Sorprende realmente, señoría, que hagan determinadas preguntas cuando en realidad tendrían ustedes que sentirse muy satisfechos, si quieren ser coherentes, en este caso con las manifestaciones que realiza su presidente, el presidente del Partido Popular en Cataluña, y con lo que ha manifestado en el Parlament de Cataluña en reiteradas ocasiones.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON MATERIALES COMPUESTOS EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL? (Número de expediente 180/001069.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Rosa Delia Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.


Señor ministro, la pregunta que le dirijo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista se refiere a las medidas que está adoptando el Gobierno respecto a las tecnologías relacionadas con materiales compuestos en la industria aeroespacial. Y le dirigimos esta pregunta porque conocemos el compromiso firme de este Gobierno en I+D+i y en los sectores de alto contenido tecnológico. El Gobierno ha situado la productividad en el centro de su programa económico y pretende apoyarse en determinados sectores industriales, intensivos en tecnología, para difundir al tejido empresarial español en su conjunto los beneficios de la actividad investigadora y tecnológica. Este compromiso ha hecho que crezca en los Presupuestos Generales del Estado el I+D+i un 25 por ciento. Además, señor ministro, en concreto va a ser en la Comunidad de Madrid y en el municipio de Getafe donde se va a crear un centro de investigación sobre materiales compuestos, que tendrá forma de fundación sin ánimo de lucro.


Le felicito, señor ministro, por esta iniciativa, pero querría añadir brevemente que a su vez el Gobierno regional de Madrid, y lamento muchísimo decirlo, con su presidenta al frente, doña Esperanza Aguirre, ha disminuido sus presupuestos en inversión y en I+D. Esta misma presidenta del Partido Popular, y vuelvo a lamentarlo, porque no debería ser así en ningún caso, prioriza su política de confrontación del Partido Popular contra el Gobierno central en lugar de priorizar los intereses de los madrileños. De cualquier manera, señor ministro, creo que es una magnífica iniciativa que se ubique en Getafe, un municipio del sur, potente, es una magnífica noticia, y estoy segura de que, a pesar de la señora Aguirre, va a mejorar el crecimiento en renta de todos los madrileños y de su tejido empresarial.


Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente este Gobierno está apostando de manera decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación, y por los sectores de alto contenido tecnológico. Como ya es conocido, España ostenta actualmente el liderazgo tecnológico en materiales compuestos, que es uno de los pilares de nuestro sector aeroespacial. Pues bien, el Gobierno ha venido trabajando en los últimos meses para la creación en nuestro país de un centro de investigación sobre materiales compuestos, que nos permitirá, entre otras cosas, cimentar este liderazgo. En este centro, que, tal y como usted ha dicho, tendrá jurídicamente forma de fundación sin ánimo de lucro, participarán al 50 por ciento la empresa EADS y el Estado, representados a partes iguales por el Ministerio de Industria y la Comunidad de Madrid, que ha prestado su apoyo a la creación de esta fundación. La Fundación para la investigación, desarrollo y aplicaciones de los materiales compuestos se ubicará en Getafe, como usted ha señalado, y su gestión correrá a cargo de un director general de nacionalidad española. El objetivo de esta fundación es permitir desarrollos nuevos en los ámbitos de los materiales compuestos para consolidar a España como uno de los pilares líderes en esta tecnología, imprescindible en varias de nuestras industrias estratégicas.


La fundación se orientará hacia el sector de la aeronáutica y el espacio, pero además también dará cabida a desarrollos en otros ámbitos industriales, como la automoción. La fundación seguirá, además, una filosofía de, podríamos decir, perímetro abierto, pudiendo ser utilizada asimismo por empresas no pertenecientes al consorcio EADS. Creemos que la constitución de la fundación será fundamental para aumentar la participación española en los proyectos del consorcio EADS, aumentando la proyección industrial y tecnológica de

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nuestro país, hecho que resultará sumamente provechoso para el conjunto del tejido industrial español.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE NEGOCIO TURÍSTICO GENERADAS EN FITUR 2006 (FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO)? (Número de expediente 180/001070.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Ana María Fuentes.


La señora FUENTES PACHECO: Señor ministro, como usted bien sabe, en los últimos años se ha producido por fin un nuevo relance en la política turística de este país. El turismo no en vano supone el 11 por ciento del producto interior bruto, supone además casi el 12 por ciento del empleo que se genera en este país y ello ha hecho que los socialistas de una forma definitiva se den cuenta de la importancia que tiene en su economía, que lo hagan un eje central de nuestra política económica, frente a lo que nos encontramos en los últimos años del Partido Popular, cuando había un estancamiento en los resultados turísticos, tanto en ingresos como en volumen de turistas que nos visitaban; también en lo que consumían los turistas en nuestro país.


La Organización Mundial del Turismo ha hecho una buena valoración del turismo en general y de la estrategia política que se está siguiendo por España y esto evidentemente se mide en todos los mercados. Vemos cómo los mercados tradicionales, podemos hablar de Alemania o del mercado francés, han tenido un avance importante y al mismo tiempo estamos invadiendo y siendo pioneros en nuevos destinos y haciendo de lanzadera de punta en nuevos destinos. Evidentemente, para ello estamos utilizando una estrategia correcta, la estrategia que ha diseñado su ministerio, una estrategia que ha pasado de tener índices negativos a tener índices positivos en un sector, como decía antes, estratégico. Dentro de esa estrategia, su ministerio, y en concreto la Secretaría General de Turismo, ha hecho una modificación en las actuaciones que estamos haciendo en la feria más importante que tenemos en España, como es Fitur, que además es la segunda feria del mundo y que tiene un gran valor en Centroamérica. Hemos hecho que en Fitur se trabaje con profesionales y que no se haga autopromoción por parte del ministerio, hemos hecho que se duplique el trabajo de las organizaciones a todos los niveles, que haya colaboración entre todos los niveles, y que Turespaña sea un centro de negocio, un centro donde se gestionen negocios turísticos.


Señor ministro, por todo lo anterior le pregunto: ¿qué valoración hace el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las perspectivas de negocio que han generado en Fitur?

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Señoría, no sería al Gobierno, sino a Ifema, que es la que gestiona la feria, a la que le corresponde realizar más estrictamente una valoración de Fitur como tal. Sin embargo, sí que quisiera decir que Fitur ha sido, tal y como usted señalaba, un excelente marco en el que resaltar las excelentes cifras alcanzadas por la industria turística el pasado año, siendo una prueba de que el sector goza de buena salud. Un año más, España ha consolidado su liderazgo mundial y supera las cifras de años anteriores, con un crecimiento del 6 por ciento y un nuevo máximo histórico en llegadas internacionales, más de 55 millones. Se han producido crecimientos muy destacados, más del 7 por ciento, fuera de los meses de temporada alta, manteniendo la tendencia a la desestacionalización iniciada ya en el año 2004.


Los resultados muestran además que, lejos de presentar síntomas de agotamiento, nuestra oferta turística interesa a nuevos turistas de nuestros mercados tradicionales emisores, que, además de mantener su fortaleza, siguen siendo muy dinámicos y registran crecimientos significativos y excelentes resultados. El mercado francés, por ejemplo, crece en torno al 13 por ciento y se confirma también la recuperación del mercado alemán. En cuanto a los mercados lejanos, mantenemos las llegadas de turistas de Estados Unidos e incrementamos las procedentes de otros países de los continentes americanos y asiáticos. Y en lo que se refiere a nuestro país, todas las comunidades tradicionalmente turísticas presentan además un fuerte dinamismo. Quisiera mencionar también especialmente los máximos históricos registrados en comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Cantabria o Castilla-La Mancha, con crecimientos que superan el 30 por ciento; o Castilla y León, La Rioja y Navarra, con más del 12 por ciento. Son unos resultados que han permitido dar cumplimiento a uno de los objetivos rectores de la formulación de las políticas turísticas del ministerio: la diversificación y la deslocalización de nuestra oferta.


En cuanto al gasto realizado por los turistas que nos visitan, el pasado año ascendió a algo más de 46.000 millones de euros, un 4,3 por ciento más que el año anterior. Las pernoctaciones hoteleras también se incrementaron a lo largo del año en el 4,6 por ciento, frente a las no hoteleras, que se redujeron un 0,9 por ciento, señoría. Los resultados indican que las estrategias puestas en marcha por el Gobierno se dirigen en la dirección

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correcta, si bien debemos seguir trabajando para continuar siendo un país líder en el turismo mundial.


Muchas gracias. (Aplausos.)

-DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA FARRERA GRANJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: ¿QUÉ REPERCUSIÓN TENDRÁ LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO COMUNITARIO DEL SECTOR BOVINO, DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS ACTUALES? (Número de expediente 180/001071.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, de doña Esperança Farrera.


La señora FARRERA GRANJA: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, la política agraria común tiene como objetivo ofrecer a los agricultores un nivel de vida razonable y a los consumidores alimentos de calidad a precios justos. La manera de alcanzar estos objetivos ha cambiado a lo largo de los años; la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente son conceptos clave. El campo agrario necesita adaptarse a las nuevas realidades de la política agraria y a las exigencias de los consumidores y de la sociedad. Esta adaptación tiene que hacerse partiendo de las características específicas de la situación de las explotaciones y aprovechando ampliamente las oportunidades que las nuevas políticas europeas nos permitan en los próximos años. El Reglamento comunitario europeo 1782/2003 establece disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agraria común y en él se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. El artículo 69 del mencionado reglamento establece la aplicación facultativa para tipos específicos de actividades agrarias y la calidad de producción. Se recoge en este artículo que los Estados miembros podrán retener hasta un 10 por ciento de los componentes del pago único para destinarlo a tipos específicos de actividades agrarias.


En diciembre de 2004, la ministra manifestó en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación que España tenía previsto aplicar este artículo con la finalidad de apoyar las actividades agrarias específicas que por sus especiales características demandaban su adopción. Dando cumplimiento a ese compromiso, el pasado 30 de diciembre de 2005 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1618/2005, sobre aplicación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería en todo el territorio nacional, que tiene por objeto establecer la normativa básica aplicable a los diferentes regímenes de ayuda comunitarios. Este real decreto recoge en el título III el régimen de pagos por aplicación del artículo 69 del reglamento comunitario antes mencionado.


Señora ministra, ¿qué repercusión tendrá la aplicación del artículo 69 del reglamento comunitario del sector bovino, de acuerdo con los criterios actuales? Le formulo esta pregunta después de la polémica suscitada a raíz de la aplicación del artículo 69 y una vez constatada la voluntad de la ministra de mejorar en todo lo posible las ayudas dirigidas a las exportaciones agrícolas.


Gracias, señora ministra. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora ministra.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Gracias, señor presidente.


Señora Farrera, en primer lugar quiero subrayar que el texto aprobado en el Consejo de Ministros fue producto del diálogo y del acuerdo con las comunidades autónomas y que las modalidades adoptadas fueron las fórmulas que más consenso alcanzaron también con el sector afectado. Además, se ha cumplido con el compromiso de que el real decreto se publicase con tiempo suficiente para que los agricultores españoles supieran qué ayudas PAC podrían solicitar en 2006.


Centrándome en su pregunta concreta, voy a diferenciar entre la aplicación para el vacuno de carne y la aplicación para el sector lácteo. Para el primero de estos sectores se han desarrollado dos medidas diferenciadas: una, el apoyo a las explotaciones de vacas nodrizas en régimen extensivo.
Con ello se persigue promover el mantenimiento de la actividad, ligado a un aprovechamiento racional de la tierra y de equilibrio con el medio que contribuirá a la sostenibilidad de agrosistemas especialmente sensibles y a apoyar la conservación del patrimonio genético de nuestra cabaña ganadera. Además, estas explotaciones se sitúan generalmente en zonas de montaña y desfavorecidas, con riesgo de despoblamiento, por lo que se posibilita la fijación de población rural en zonas donde las alternativas económicas son escasas o inexistentes, sin olvidarnos de que el mantenimiento del censo de vacas nodrizas es estratégico para el subsector de cebo. La otra medida pretende impulsar la mejora de la calidad y la comercialización de la carne de vacuno a través de un pago adicional a los productores que se acojan a un sistema de carne reconocido. Pasando al sector lácteo, les diré que se persigue incentivar la calidad de leche cruda y fomentar la aplicación voluntaria por parte del ganadero de prácticas correctas de higiene. De este modo se proporcionarán garantías adicionales a los consumidores, garantías que favorecerán los objetivos señalados tanto para la carne de vacuno como para el sector lácteo.


Solo me queda añadir que hemos optado por una aplicación que tuviese en cuenta el interés general, aunando con equilibrio los intereses entre todas las regiones afectadas y posibilitando una ayuda específica

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para aquellas actividades que más lo precisaban y de la que serán beneficiados la mayor parte de los ganaderos que mantengan su actividad productiva.


Gracias.


-DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR UNZALU PÉREZ DE EULATE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL PLAN CONCILIA PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS? (Número de expediente 180/001072.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Administraciones Públicas, de la diputada doña Pilar Unzalu.


La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Gracias, señor presidente.


Frente a la agitación y a la propaganda de algunos para tergiversar la realidad, el Gobierno socialista viene demostrando en la práctica su compromiso de cómo avanzar en derechos, en políticas de igualdad y en mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas. La cumbre de Lisboa puso de manifiesto la necesidad de una organización de los tiempos de trabajo que no desaliente la prolongación de la vida activa, consienta la formación permanente y haga posible la conciliación de la vida profesional con la personal. Le felicito por la especial sensibilidad que viene teniendo el Gobierno en estos temas, especialmente usted, tanto en lo personal como en su papel de responsable de la mayor empresa del país, la Administración pública, que está sabiendo estar a la altura de los asuntos que preocupan y afectan a los trabajadores, sirviendo a su vez de modelo para el sector privado. Las encuestas nos dicen que 88 de cada 100 ciudadanos concede mucha o bastante importancia a tener un horario flexible y casi la mitad de los ciudadanos querrían disfrutar de más tiempo libre. También la mitad de los ciudadanos tienen dificultades para compaginar su jornada laboral con la realización de tareas domésticas, un tercio tiene problemas para compaginar su trabajo con el cuidado de los hijos y un 13 por ciento además para ocuparse de otras personas de la familia. Casi un 50 por ciento de las españolas piensan que se tienen menos hijos de los que se desean por motivos laborales. El 4 de marzo de 2005 el Gobierno aprobó un plan para la igualdad de género en la Administración del Estado, en el que se dedicaba un apartado a la conciliación de la vida laboral y familiar. En sede parlamentaria se nos anunció que se pondría en marcha el más novedoso plan de conciliación que se haya firmado en España y en diciembre se hacía público un conjunto de medidas.


Por todo lo anteriormente dicho le pregunto, señor ministro: ¿En qué consiste y qué objetivos persigue el Plan Concilia presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas? (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señoría.


Efectivamente, he tenido el placer en nombre del Gobierno de poner en marcha el conjunto de medidas más avanzado y más novedoso de la historia de España no solo para mejorar las condiciones de trabajo de un colectivo importante de trabajadores de nuestro país, como son los empleados públicos, sino también para ayudar a hacer compatibles dos derechos que no siempre resulta fácil compaginar, el derecho al trabajo, al trabajo que uno quiera tener y hasta donde uno quiera llegar, y el derecho a la vida, a la vida familiar, a la vida personal que se quiera tener. Esa contradicción entre esos dos derechos golpea fundamentalmente a las mujeres. Digámoslo claro, es así. Normalmente es la mujer la que en algún momento de su carrera tiene que tomar una decisión, no tan trágica como La decisión de Sophie, la novela, pero sí una decisión entre ser lo que quiera ser profesionalmente y ser lo que quiera ser personalmente.
Nosotros estamos para ayudar a los ciudadanos, para mejorar las condiciones de vida del trabajador y para que las libertades individuales crezcan y florezcan en nuestro país y una medida ha sido el Plan Concilia, en el que mejoramos las condiciones en las que se puede hacer compatible la vida laboral con la vida familiar; se incrementa de 6 hasta 12 años la edad de los hijos menores, que dan derecho a determinadas reducciones en los horarios laborales, sin perder por ello derechos; se incrementa la posibilidad del permiso de maternidad acumulando los actuales permisos de lactancia; se introduce por primera vez en la legislación española el derecho de paternidad, simultáneo con el permiso de maternidad y, en general, se flexibiliza el horario de trabajo, para que sea posible ser lo que uno quiera ser en el trabajo y ser lo que uno o una quiera ser en la vida.


Merece la pena y el Gobierno, a través de la ley de igualdad, lo está generalizando a todos los trabajadores. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señorías, tengo que dirigirme a ustedes porque comprenderán que la ordenación del turno de control del Gobierno es un bloque en el que no es posible conceder cuestiones de orden ni tampoco alusiones; si así se hiciera, esta sesión de control se haría inviable, ya que habría la tentación permanente de solicitar cuestiones de orden o alusiones entre ustedes. El criterio de la Presidencia no es nuevo, tengo aquí los diarios de sesiones y así se viene aplicando. Dicho esto, para que de esta situación no se derive un precedente y a partir de ahora en el turno de control se aleguen, por un lado y otro, cuestiones de orden, solo es al final cuando eventualmente

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se podrían plantear. Esto es lo que he venido manteniendo y creo que es razonable por el bien de ustedes y el bien de la Cámara.


Revisada el acta y actuando de una manera serena, se ha producido efectivamente por parte de un señor diputado, don Vicente Martínez-Pujalte, la acusación a dos ministros de al menos dos tipos penales que vienen recogidos en los artículos 284, 285, 404, 428, 439 y 441 del Código Penal. (Rumores.) Guarden silencio, por favor. Me estoy refiriendo a la acusación de estar maquinando para alterar el precio de las cosas y además amenazando a accionistas. Podemos resolver esto de una manera inteligente. En primer lugar, apelo al artículo 103 del Reglamento, en el sentido de que, si se quiere arreglar de una manera inteligente, el presidente solicitará al diputado u orador que retire las palabras proferidas y ordenará que no consten en el "Diario de Sesiones".
Preferiría resolverlo de esa manera y le ruego en ese caso, señor Martínez-Pujalte, que retire sus afirmaciones realizadas en el turno de control. Le pido una respuesta -insisto-, para arreglarlo de una manera inteligente.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, puedo asegurar que en mi ánimo no estaba ni ofender ni usar disquisiciones jurídicas.
(Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Estaba hablando en términos políticos y le digo...


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me voy a explicar, señor presidente.


Lo que digo ahora mismo aquí es que, como en mi ánimo no estaba usar términos jurídicos, ninguno, figure en el "Diario de Sesiones" que en opinión de mi grupo -retire si quiere lo de maquinar para alterar el precio de las cosas- el ministro estaba actuando impropiamente en su cargo intentando variar el valor de las acciones. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

El señor PRESIDENTE: Doy por resuelta la primera parte del incidente y le agradezco, señor Martínez-Pujalte, su respuesta, porque creo que no es bueno, siendo la primera semana -por eso se lo agradezco-, empezar con este tipo de situaciones que luego pueden crear problemas de futuro.


La segunda parte del incidente es que, como les he dicho, para organizar un turno de control tiene que ordenarse de tal manera que quien efectivamente hubiera podido ser aludido pueda efectivamente defenderse al final. En ese sentido, señor ministro de Industria, si usted lo desea puede responder en un turno de alusiones.


El señor MININISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Montilla Aguilera): Gracias, señor presidente.


Yo lamento el incidente. Evidentemente no solicitaba la palabra por una cuestión de orden, sino por alusiones, y no menores. El señor Pujalte no está efectuando una legítima crítica política, sino que me está imputando un delito -hacer de broker y maquinar para alterar el precio de las cosas lo es-, y los delitos el señor Pujalte sabe muy bien dónde se tienen que denunciar. Evidentemente, a ello le animo si quiere ser coherente con lo dicho. Por supuesto, le pediría, señor presidente, copia del "Diario de Sesiones" en lo que a este tema se refiere. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor, presidente, pido la palabra por alusiones.


El señor PRESIDENTE: El incidente está zanjado. Continúa la sesión.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No.


El señor PRESIDENTE: Sí, sí, señor Pujalte, le aseguro que el incidente el presidente lo declara zanjado y continúa el orden del día.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Tengo derecho a réplica por alusiones.


El señor PRESIDENTE: No. El turno de alusiones no admite réplica, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: ¿Ah, no?

El señor PRESIDENTE: No, y no necesito demostrarle por qué. Continúan las interpelaciones y le ruego que seamos lo más sosegados que podamos al objeto de hacer posible la convivencia entre nosotros.


INTERPELACIONES URGENTES:

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO DESTINADAS A GARANTIZAR A LOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DEL SECTOR LÁCTEO UN PRECIO MÍNIMO POR LA LECHE. (Número de expediente 172/000151.)

El señor PRESIDENTE: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila, sobre medidas previstas por el Gobierno destinadas a garantizar a los productores y productoras del sector lácteo un precio mínimo por la leche. Para formular la

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interpelación tiene la palabra por tiempo de 12 minutos doña Olaia Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora ministra, presentamos esta interpelación al Gobierno relacionada con el precio de la leche en origen, es decir, con el precio que se paga a los productores lácteos, porque es uno de los problemas que más gravemente está afectando al sector agrario en todo el territorio del Estado, pero de manera especial en nuestro país, Galicia, por las razones que intentaremos explicar a lo largo de nuestra intervención.


La disparidad de precios existente en el sector lácteo está provocando agravios comparativos e importantes desequilibrios en el propio sector, ya que mientras los productores acumulan pérdidas y ven mermados sus ingresos económicos de manera considerable, la industria láctea incrementa sus beneficios de igual modo que se incrementan los precios de venta de la leche en la cesta de la compra sin que los consumidores notemos la bajada de precios de la leche en origen. Estas diferencias en los precios, causa del gran malestar existente entre los propios productores, no están originadas en modo alguno por la caída de la leche, sino que es consecuencia directa de la distribución de la cuota y del control que la industria ejerce sobre la producción, un control que le permite imponer el precio al productor sin que este pueda hacer nada para mejorar la oferta a pesar de que el precio final en el mercado sea mucho mayor. Resulta que un productor en cuestión solamente puede vender la leche a la empresa que tiene asignada y no puede cambiar o negociar con otras unas mejores condiciones. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.)

En una reciente respuesta por escrito a esta diputada el Gobierno afirmaba que el precio de la leche viene definido fundamentalmente por la relación entre la oferta y la demanda. En la línea de lo que acabamos de decir, esta afirmación no sería exacta porque el productor está condicionado a la oferta de precio que le impone la industria, que es la intermediaria, puesto que el productor no tiene influencia ni capacidad de decisión sobre el precio de venta de un cartón de leche en el supermercado. En cambio, la industria, como es lógico, se rige por criterios mercantilistas cuando decide el precio final que va a pagar el consumidor, y para ello obvia absolutamente, hace total abstracción del precio de la leche en origen. Incluso se da la paradoja de que cuanto más pequeña es la explotación, menor es el precio que se le ofrece. Esta circunstancia, señora ministra, nos hace sospechar que la actual dinámica de los precios de la leche en toda la cadena productiva y de mercado muy bien podría tener por objetivo el cierre de explotaciones agrarias, cuando menos de aquellas de determinadas dimensiones.


La preocupación por el precio de la leche es muestra de nuestro interés por un producto de primera necesidad que debería contar con un determinado amparo, con una protección de las administraciones, pero al mismo tiempo es el reflejo de nuestra seria inquietud por el futuro de un sector de la agricultura que sufrió importantes recortes debido a la aplicación de la política agraria común. Es necesario recordar que han cerrado y continúan cerrando miles de explotaciones agrarias, con la consiguiente desaparición de miles de puestos de trabajo que, como en el caso de Galicia, nunca fueron absorbidos por el sector industrial o de servicios, sino que pasaron a engrosar las listas de paro.


Pongo sobre la mesa las cifras que atestiguan la crisis que vive la agricultura y, concretamente, el sector lácteo. En el periodo 2002-2003, había 44.934 explotaciones agrarias en todo el Estado, 4.035 menos que en el periodo anterior 2001-2002. De estas 4.035 menos, más de la mitad de ellas, un 57,4 por ciento, pertenecen a explotaciones gallegas que cerraron en esos dos años. De 2002 a 2003, desaparecieron 2.340 explotaciones agrícolas en Galicia; por eso decía al inicio de esta intervención que esta cuestión afectaba fundamentalmente a nuestro país.
Creo que son datos suficientemente reveladores y alarmantes como para tenerlos muy presentes.


Señora ministra, no estamos ante un problema menor, puesto que su trascendencia es palpable, como acabamos de poner de manifiesto. Estamos debatiendo sobre un producto básico en la cadena alimenticia y desde luego no es mi intención abrir una discusión aquí y ahora sobre las reglas de libre mercado, que por otra parte comprobamos que no es tan libre. Como dirían en mi tierra: haberlas, haylas. El mercado tiene sus reglas y sus imposiciones que se reflejan en acuerdos como los que se recogen en la PAC o en la OCM, donde se descuida sin ningún tipo de decoro a los sectores primarios, por cierto, imprescindibles en toda economía. Somos perfectamente conscientes de que es necesario enmarcar este problema en el ámbito europeo, pero también sabemos que otros Estados europeos como el francés, por ejemplo, ponen en práctica políticas que permiten generar una mínima estabilidad en los precios de la leche, si bien no olvidamos que es imprescindible llegar a acuerdos para conseguir una estabilidad de los precios, para garantizar un precio mínimo, tanto a nivel del Estado como de la Unión Europea, que tenga por meta permitir la viabilidad del sector e impedir que se asfixie, para que pueda disponer de un futuro.


Estas son las razones, señora ministra, por las que queremos conocer la posición y, por tanto, la disposición del Gobierno a realizar esfuerzos, a llevar a cabo gestiones para facilitar acuerdos entre los productores, la industria láctea y los distribuidores comerciales, con el fin de impedir que el sector primario sea el gran sacrificado. Quisiéramos conocer la disposición del Gobierno para trasladar y plantear este problema ante la Unión Europea, su ánimo para llegar a acuerdos entre los distintos

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Estados de la Unión respecto a la estabilidad de los precios y a la necesidad de establecer un precio mínimo de la leche en su origen. El sector está pidiendo a gritos estas medidas, porque económicamente lo necesita, igual que lo reclama la dignidad de los productores. Esta es la razón, señora ministra, por la que hoy la interpelamos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Fernández.


Continuamos con la contestación de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación a esta interpelación del Grupo Mixto, de la señora Fernández. Adelante, señora ministra, cuando quiera.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Fernández Davila, el Gobierno sigue con atención las cuestiones que sobre el precio de la leche se están produciendo entre los productores y la industria láctea, pero -y usted lo sabe- el precio al que la industria paga la leche al productor se enmarca en el contrato privado resultante del acuerdo entre ambas partes. Sabe usted también que la Administración del Estado no es competente para intervenir en la fijación de los precios o en un posible acuerdo entre las dos partes contratantes, en este caso concreto el sector productor y la industria. No obstante, desde el Ministerio de Agricultura hemos apostado por impulsar y apoyar a las organizaciones interprofesionales. Creemos que son el foro más efectivo para la adopción de decisiones y para la resolución de los problemas que puedan surgir en un sector determinado. Este es el caso de la interprofesional del sector lácteo que está constituida desde 1997 y que fue reconocida oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 2000 como organización interprofesional agroalimentaria de ámbito estatal para la representación, gestión, defensa y fomento de la producción, la transformación y comercialización de leche y los productos lácteos. Esta interprofesional está integrada por las organizaciones agrarias, la confederación de cooperativas y la federación nacional de industrias lácteas de España. Durante el último año y medio el funcionamiento ordinario de Inlac, que así se llama la interprofesional, se ha visto afectada por los problemas internos surgidos a la hora de proceder a la renovación de la presidencia. En consecuencia, se produjo la casi total paralización de las actividades.
Recientemente se ha conseguido alcanzar un acuerdo para el nombramiento de un nuevo presidente, así como un cambio de estatutos que facilitará la adopción de acuerdos. Se prevé, por tanto, un nuevo impulso y revitalización de sus actividades. Por ello, consideramos que tanto por su objeto como por su composición es el instrumento más adecuado para tratar cualquier situación relativa al sector lácteo. Lo que no es viable, porque no corresponde a las potestades de la Administración pública, es interferir en un organismo de carácter privado. La Administración del Estado lo que sí puede y ha hecho es impulsar y apoyar a las interprofesionales. Este es, pues, el marco en que debemos movernos. Hay que apostar por que la interprofesional sea el marco a través del cual se dé respuesta a los nuevos retos a los que se debe enfrentar el sector.


Sería interesante y sin duda beneficioso que fuese el conjunto del sector el que alcanzara acuerdos o contratos de precio base según determinadas condiciones y calidades, lo que podría suponer contar con un marco de precios estables y reducir la incertidumbre. También debemos tener presente que el Tribunal de Defensa de la Competencia no permite acuerdos, recomendaciones o decisiones colectivas que consistan en la fijación de precios, como así ha dictaminado en varias ocasiones, pero sí se podrían establecer referencias que guiaran unos precios válidos para el productor y la industria. El Gobierno -vuelvo a repetir- no puede intervenir de manera directa en un contrato privado entre partes, pero sí facilitar instrumentos para mejorar la posición negociadora del sector productor. En este sentido, usted sabe que hemos hecho un gran esfuerzo por fomentar la posición negociadora del productor y su rentabilidad.


En cuanto a la disminución del número de explotaciones en toda España -y en concreto usted hacía referencia a Galicia- le recordaré que el año pasado, con el Plan de reestructuración del sector lácteo, hemos posibilitado la redimensión de las explotaciones dotándolas en muchos casos de la cuota que necesitaban para producir de manera rentable, lo que se tradujo en un mejor cumplimiento del sistema de cuotas y un buen precio de la leche. Desde luego, estas explotaciones pequeñas a las que usted hacía mención tienen que ir por esa vía de adquirir una dimensión que al menos nos lleve a la media de la Unión Europea, de la cual distamos todavía bastante, tanto si estamos hablando de la antigua Unión a 15, como de la actual Unión a 25. Pero también, para tratar de ayudar al sector, hemos desarrollado un mayor control sobre el régimen de la tasa láctea, que ha repercutido en el mantenimiento de los precios de la leche en origen. Además, se está materializando una nueva legislación en materia de calidad de la leche que permitirá en un futuro muy próximo una mayor transparencia, de forma que el método de determinación del precio de la leche en las relaciones comerciales entre el productor y la industria sea conocido por las dos partes.


Lo he anunciado en diversas ocasiones, pero quiero aprovechar para decirle que estamos elaborando un nuevo plan de reestructuración para el año actual que será perfeccionado de acuerdo con las necesidades que manifesté al sector productor y a las comunidades autónomas, que será una continuación del que tuvimos el año pasado para tratar de ayudar a la viabilidad del sector. Otro de los instrumentos que van a mejorar la rentabilidad de los ganaderos es la aplicación del artículo 69 en el sector lácteo, ya que se instrumenta una ayuda adicional

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dirigida a aquellos que permanezcan en el sector con el objeto de fomentar la calidad de la leche cruda. Por tanto, señora diputada, no se puede decir que el Gobierno no haya realizado un gran esfuerzo para favorecer el futuro de los productores de leche, sino más bien al contrario; se ha realizado una apuesta muy fuerte por instrumentar todas aquellas medidas que permitan su viabilidad. Distinto es que se nos solicite la adopción de medidas que son contrarias a la legalidad vigente o la instrumentación de otros mecanismos que no son competencia del Gobierno. Coincidirá usted conmigo en que eso no es viable.


Para finalizar quisiera añadir que es cierto que muchas comunidades autónomas se están reuniendo con el sector y con la industria láctea para mediar en el conflicto actual entre las partes. Desde el ministerio saludamos estas iniciativas, ya que las situaciones de unas comunidades y otras son diversas y plurales y es en ese ámbito de la Administración autonómica donde puede ser factible mediar para encontrar alguna solución, acuerdo o vías de entendimiento en un territorio concreto. Es lógico que las administraciones autonómicas se reúnan con el sector y con las industrias de su territorio. Vivimos en un país descentralizado en el que la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas obliga también a implicarse en la solución de conflictos que las afecten.


El Ministerio de Agricultura en el marco de sus obligaciones ha puesto en funcionamiento todas las medidas que he descrito y que tienen como finalidad favorecer la rentabilidad del sector. En este sentido, el mayor cumplimiento del régimen de cuotas, la transparencia de las relaciones comerciales y la reestructuración de las explotaciones son los mecanismos que el Gobierno ha puesto en marcha para favorecer que nuestro sector lácteo tenga los instrumentos que le permitan enfrentarse a los nuevos retos de la agricultura y la ganadería en Europa. Además, es sobradamente conocido que en el Ministerio de Agricultura se tienen contactos permanentes tanto con el sector como con la industria. Nos comprometemos a mantener esas vías de diálogo, pero siempre en el ámbito de nuestras competencias, así como en el respeto de la normativa vigente, y emplazamos a ambas partes a que en el marco de la interprofesional se debata la situación y se apueste por lograr puntos de encuentro que permitan dar una solución lo más estable posible.


En cuanto a algún otro tema que S.S. ha mencionado en su intervención, no coincido con usted -permítame que discrepe- en cuanto a la postura de la entrada de España en la Unión Europea y la repercusión en nuestro sector agrario y en este caso en el ganadero. Creo que tendríamos que hacer una revisión del dinero que ha llegado hasta ahora y que ha permitido que nuestra agricultura y nuestra ganadería puedan estar compitiendo hoy en los mercados más exigentes, no solamente europeos, sino también en otros países, cosa impensable hace muchos años. Por supuesto que es un esfuerzo del sector, de todos los agricultores y de todos los ganaderos, pero no hubiera sido posible solamente con su esfuerzo seguir adelante si no hubieran recibido estas ayudas de la Unión Europea, ayudas que seguirán existiendo, ya que, por lo menos, lo que tenemos garantizado hoy es que sean hasta el año 2013. Insisto, la Unión Europea no ha hecho más que ayudarnos y en ningún caso ha tratado de perjudicar al sector y mucho menos al lácteo. Reitero que la interprofesional es la salida para el problema concreto que usted plantea en esta interpelación.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.


Señora Fernández, tiene usted de nuevo la palabra para ejercer su turno de réplica en esta interpelación.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, gracias por toda la información que nos acaba de dar.
Reconocemos que hay algunas novedades en cuanto a la información enviada por escrito, que no dejamos de reconocer como positivas en un problema tan serio y tan grave para el sector como es el precio de la leche en origen. Efectivamente, ustedes aprobaron el Plan de reestructuración del sector lácteo y no dudamos además de las buenas intenciones cuando lo elaboraron. No ponemos en cuestión que las medidas incluidas en el mismo tengan como objetivo paliar la continua sangría que padece el sector, sobre todo las que hacen referencia a la reasignación de cuota, destinadas a corregir las consecuencias que un mercado desordenado y poco transparente había producido en la estructura de la distribución de cuota entre las explotaciones, tal y como el mismo ministerio subraya y usted hoy misma acaba de exponer. Pero permítame, señora ministra, que le manifieste mi resquemor y mi escepticismo ante el grado de eficacia de estas medidas, porque de continuar esta senda de falta de entendimiento entre los productores y la industria, de continuar esta situación de imposición de política de precios -según la definición de los propios ganaderos-, es más que dudoso que se pueda lograr el cambio generacional que ustedes plantean en dicho plan y el asentamiento de jóvenes en el sector rural que usted también ha anunciado en diferentes ocasiones.


Somos conscientes y conocedores de la creación de la interprofesional que usted acaba de mencionar. Desconocíamos con exactitud toda la información que usted nos acaba de exponer sobre los problemas internos de esta interprofesional del lácteo o mesa del sector. Desde luego, nos parece fundamental que se reúna, que se dialogue, que se negocie, pero también que se llegue a acuerdos en estas reuniones. Pensamos que el ministerio sí tiene cosas que hacer y cosas que decir, independientemente de que no forme parte de esta mesa. Es más, el ministerio debería formar parte de esta mesa porque si bien no es quien tiene que decidir los precios, sí puede y desde nuestro punto de vista debe intervenir de tal

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manera que las diferentes partes -que tienen distintos intereses en la cuestión de los precios- puedan llegar a un acuerdo. Usted sabe que en la interprofesional francesa sí participa el Gobierno y sí hace esfuerzos para que a partir de ese instrumento de diálogo se pueda crear una mínima estabilidad de precios en el sector lácteo en Francia. Nosotros esperamos que se pueda llegar a un acuerdo con el debate, no solamente hoy aquí sino con el que se está dando en el sector, en las organizaciones profesionales, cada uno en su territorio, en su comunidad autónoma, y las distintas reuniones que tengan tanto el sector industrial como las organizaciones profesionales y el Gobierno.


Le decía en mi intervención, señora ministra, que el tema había que ubicarlo en el ámbito europeo, porque la cuestión de la competencia de precios en el sector lácteo excede en estos momentos, por las políticas europeas, del propio Estado español. La necesidad de un precio mínimo en origen es una reclamación y una reivindicación que están solicitando todos los agricultores y todos los ganaderos de la Unión Europea. Es una necesidad a la que la Unión Europea debería dar una respuesta. Nosotros le planteamos que desde su ministerio, desde el Gobierno de España se debería llevar este debate a la Unión Europea para llegar a un acuerdo en esta cuestión.


Señora ministra, solo le quiero decir algo que evidentemente usted ya sabe y que es un clamor del sector, cual es la necesidad de una intervención de la Administración para llegar a acuerdos en el precio de la leche. Se precisa de una mano que introduzca la racionalidad al evidente caos de precios que se vive en el sector lácteo. Creemos que es hora de que el Gobierno haga su aparición de forma decidida en este grave problema y comience a realizar gestiones tendentes a equilibrar la balanza de los precios entre los productores. No es cuestión de decir que no tenemos competencia para decidir el precio; es cuestión de dialogar, negociar y, de alguna manera, orientar, y esto, señora ministra, no es ninguna ilegalidad. Negociar y dialogar nunca es ilegal.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias a usted, señora Fernández.


Finalizamos con el turno de réplica de la señora ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.


La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Espinosa Mangana): Señora diputada, yo he dicho en mi primera intervención que, efectivamente, el Gobierno está dispuesto a hablar y a dialogar y usted ha oído también que lo hemos estado intentando hacer cuando Inlac tenía problemas internos, que no hemos hecho públicos por respeto a la organización interprofesional. El camino que tenemos que seguir desde el Gobierno es poner en marcha mecanismos necesarios para lograr un sector fuerte, viable y rentable, y desde luego nuestro compromiso viene avalado con todas las medidas que hemos elaborado desde la llegada al Gobierno hasta la fecha y seguiremos trabajando en ello. Hay otro tema del que yo no he hablado en mi primera intervención pero que va a favorecer al sector. A partir del 1 de abril entrará en funcionamiento el nuevo régimen de pago único, que abre un escenario totalmente diferente del que tenemos ahora.


En cuanto a otro de los temas que usted plantea, creo que estamos fuera del ámbito de esta interpelación. Usted sabe perfectamente que las interprofesionales tienen una ley que las regula, que además establece la participación que deben tener los actores -desde el productor hasta la industria final-, y no figura la Administración, ningún órgano del Gobierno. Como consecuencia, tendríamos que hablar del cambio de una ley que todavía está en vigor; sin cambiarla sería imposible poner en práctica la iniciativa que usted traslada a esta Cámara, aun reconociendo que a lo mejor en otros países ha tenido una determinada efectividad.
Estoy dispuesta a trasladar también este tema a la conferencia sectorial, donde se reúnen todas las comunidades autónomas, y a los sectores para que podamos empezar a trabajar, pero, insisto, estaríamos hablando de un cambio normativo y, por ello, no podríamos aplicarlo en estos momentos.
Podemos trasladar a la Unión Europea la problemática de los precios que está viviendo España en el sector lácteo, pero desde luego no vamos a trasladar una petición cuando en nuestro país no es posible y usted lo conoce perfectamente. Yo no quiero hacer referencia, por supuesto, a ninguna sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia ni quiero reincidir sobre lo que le transmití en mi primera intervención.


Quiero decir aquí que por determinadas partes del sector están apareciendo en los medios de comunicación -insisto, son publicaciones en medios de comunicación- denuncias sobre las prácticas de colisión de algún país comunitario en el caso concreto de la leche y que están influyendo en el precio español. En caso de que eso fuera así y de que se tengan pruebas fehacientes, animo a que se denuncie ante los organismos competentes.
Creo que se debe denunciar ese tipo de prácticas, pero siempre que sean demostrables. Este sería el único instrumento adicional que yo le puedo aportar ahora aquí. Yo creo que la interprofesional llegará a un acuerdo en pro del sector, porque, querámoslo o no, tenemos que reconocer que toda la cadena se necesita, que las industrias no pueden vivir sin los productores y desde luego los productores no tendrían ningún sentido si no existieran las industrias. Tienen ahí el reto y el Gobierno y nuestro ministerio echaremos una mano si es necesario.


He tratado de aportar información adicional, por si S.S. quiere hacer uso de ella en caso de que pueda demostrar que los hechos que aparecen en los medios de comunicación son ciertos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL ACUERDO ALCANZADO SOBRE LA PROPUESTA DE NUEVO ESTATUTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. (Número de expediente 172/000152.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Sustanciada esta interpelación, pasamos a la siguiente: interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acuerdo alcanzado en relación con la propuesta de nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma de Cataluña.


Tiene la palabra para formular dicha interpelación el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, señorías, la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de esta interpelación es, en primer lugar, un acto de justicia de la sociedad catalana, pues con lo que esta iniciativa representa evidenciamos algo tan simple, tan de sentido común pero tan importante como la pluralidad, la diversidad y las visiones diferentes que sobre cualquier aspecto, por importante que sea, pueden producirse en el seno de una misma colectividad, obviamente también en Cataluña.
Nuestro posicionamiento respecto al proyecto de reforma del Estatut de Autonomía de Cataluña es una aportación más al enriquecimiento en la pluralidad y en la diversidad de Cataluña y supone una concepción tan legítima y tan válida como cualquier otra -para nosotros, obviamente, la que más- sobre cómo debemos hacer frente a los muchos proyectos, a los muchos retos y oportunidades que plantea el futuro, tanto para Cataluña como para España.


Voy a ir más lejos. La configuración política existente hoy en día en Cataluña pone mucho más en valor los planteamientos no nacionalistas, que representan una parte importante del bagaje ideológico del Partido Popular. La generalización del discurso nacionalista como lo normal, lo coherente, lo lógico en Cataluña, y el sometimiento a dicho discurso del Partido Socialista Obrero Español, con el señor Rodríguez Zapatero al frente, hace más necesaria que nunca la amplitud de miras y la firme defensa de que Cataluña no es diferente a cualquier otra sociedad; de que sus pautas de progreso no están enraizadas en exclusiva en las tesis nacionalistas; de que no se puede limitar la capacidad de maniobra de la ciudadanía para ponerla al servicio de un proyecto colectivo; en definitiva, de que no es admisible que el poder político desconfíe de las capacidades y de la iniciativa de la sociedad a la que sirve. Los catalanes no podemos estar pendientes permanentemente de certificar nuestra condición, porque en aras del principio fundamental de la libertad individual, no queremos que permanentemente se nos diga lo que debemos hacer para ser buenos catalanes, no queremos que permanentemente se nos insinúe cómo debemos pensar para ser buenos catalanes, como tampoco queremos que nos impongan un manual de estilo para acreditar nuestra condición de catalanidad, condición que, por cierto, llevamos todos asociada por nuestro sentido de pertenencia. Dejemos, por tanto, que cada uno la manifieste en función de la intensidad de sus sentimientos y abramos espacios de convivencia en los que quepan todas las sensibilidades, en los que nadie pueda sentirse excluido y en los que sea el conjunto de la ciudadanía quien vaya cimentando una sociedad que avance bajo las pautas del progreso y del bienestar.


Señorías, la asunción de una idea, de un concepto para Cataluña, sea el que sea, no implica ser mejores o peores catalanes, no implica en ningún caso querer más o menos a Cataluña y, por tanto, no presupone ningún sentimiento de mayor o menor intensidad emocional hacia Cataluña. Tener una determinada concepción de Cataluña lo único que representa es la convicción en una idea, en un determinado camino para hacer de Cataluña una sociedad con más posibilidades, más próspera, en la que los ciudadanos pueda tener mayor bienestar para sentirse libres. El Grupo Parlamentario Popular, con convicción, con franqueza y con sinceridad quiere decirle que lo que han estado haciendo hasta ahora con la tramitación del proyecto de Estatut no va por buen camino, ni el tipo de tramitación que han elegido para traer el debate a esta Cámara ni la negociación ocultista, excluyente y surrealista que han practicado mientras el texto pasaba del Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados ni, mucho menos, los contenidos finales de dicho texto, ya sea el que aprobó el Parlament de Cataluña ya sea, en lo que conocemos, el que acordaron en privado el señor Zapatero y el señor Mas. Nada de esto va en la línea positiva; nada de esto va en la línea de la construcción; nada de esto va en la línea de establecer esas bases sólidas que necesita la sociedad catalana para avanzar; nada de esto, señor ministro, va en la línea de preservar aquel instrumento de consenso y de eficacia, como ha demostrado ser para Cataluña y para España la Constitución.


No voy a reiterar los argumentos que ya expresó mi grupo parlamentario -lo hizo el señor Rajoy en el debate de toma en consideración del proyecto de Estatut-, argumentos secundados por múltiples y solventes informes que dejaban muy claro que el texto remitido por el Parlament de Cataluña suponía una clara modificación de la Constitución y, por tanto, que debía haber sido otro, y no el utilizado, el mecanismo escogido para su consideración. Señorías, no nos importa repetirlo, el barniz que tiene, que apunta, que señala el pacto actual entre el señor Mas y el señor Rodríguez Zapatero tiene como resultado un diseño confederal del modelo de Estado, que puede ser políticamente correcto y defendible, pero que no es asumible por el espíritu de la

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Constitución del año 1978. Mala entrada de esta iniciativa en la Cámara, a la que le ha seguido un proceso de ninguneo y de desconsideración hacia lo más sagrado que encierra el concepto de parlamentarismo, la transparencia y el debate. Transparencia y debate público que sí hubo sobre un texto, el del Parlament de Cataluña, que parece ser que no será; y falta total de transparencia y debate privado entre dos personas para llegar a un acuerdo sobre un texto que sí va a ser, pero que nadie, a excepción de sus dos promotores, conoce con el mínimo detalle exigible para poder seguir una tramitación lógica en esta Cámara. En medio de todo ello, el triste espectáculo que supone ver cómo el Congreso discutía sobre un redactado imposible, mientras entre bambalinas el presidente del Gobierno y el líder de la oposición pactaban con criterios partidistas y de estrategia electoral otro texto que llegará blindado y, por tanto, sin posibilidad de modificación en el siguiente foro de debate público que representa la Comisión Constitucional que se constituyó el pasado lunes.
Como señalaba, entre todo eso, mofa a este Congreso, mofa al parlamentarismo, desconsideración hacia la representación de la ciudadanía y todo un espectáculo surrealista que no ha conseguido sino sembrar la confusión en uno de los pilares sobre los que se ha construido nuestro bien más preciado, nuestra democracia: el modelo de Estado, el modelo territorial y el pacto constitucional.


Señor ministro, los políticos responsables debemos saber en todo momento cuál es el alcance de nuestro proyecto y dónde están las líneas rojas de nuestra actuación. Ustedes han cruzado esas líneas rojas. Ustedes han cruzado la línea roja porque han priorizado la necesidad que tienen de apoyos presentes y futuros para permanecer en el Gobierno por encima del mantenimiento de acuerdos con el principal partido de la oposición que, les recuerdo, representa casi a la mitad de los españoles en cuestiones básicas, de primer orden y de máximo interés que nos afectan a todos.
Ustedes han cruzado las líneas rojas porque han preferido promover, hasta el extremo de implicarse personal y directamente el señor Zapatero, un proceso de reforma estatutaria con formaciones políticas que no asumen de forma prioritaria, clara ni directa la compatibilización de las ideas de Cataluña y de España; han preferido esto a mantener el pulso firme sobre aquellas reglas de juego que se han demostrado, desde el restablecimiento de la democracia, las más eficaces para favorecer el progreso y el bienestar en España y en consecuencia en Cataluña. Han cruzado esas líneas rojas porque han picado en el anzuelo de los nacionalistas, ciñiendo los debates a criterios territoriales, dejando en segundo término a las personas y renunciando al principal criterio de gestión política que establece que son las personas, los ciudadanos, los que deben ser el centro de su acción, imposibilitándose para aplicar los principios de solidaridad tan necesarios para conseguir un país donde derechos y deberes afecten por igual al conjunto de los ciudadanos al margen de cual sea su origen o residencia.


Señor ministro, la reforma del Estatut no puede conllevar el diseño de un nuevo modelo de Estado por lógica constitucional y por sentido común de saber que el que tenemos funciona perfectamente; no puede definir un nuevo modelo de sociedad porque los actuales criterios económicos, sociales y de libertades sientan las mejores bases para que esta sociedad pueda evolucionar en su máxima potencialidad; ni tampoco, faltaría más, puede ser el reflejo de un determinado posicionamiento político porque, como he señalado al principio de mi intervención, la pluralidad es garantía irrenunciable del progreso. Todo lo contrario, el Estatut, como norma básica que es junto con la Constitución, debe representar el marco de convivencia que facilite en cada momento la aplicación de las políticas de aquellos partidos que puedan ir configurando las mayorías de gobierno para afrontar retos y proyectos que el paso del tiempo vaya planteando. El Estatut debe dibujar un amplio espacio en el que todos nos sintamos cómodos y en el que todos quepamos. Señor ministro, por culpa de la debilidad de su Gobierno, de sus amplias tragaderas y del empeño tan inexplicable como irresponsable del presidente del Gobierno, eso no sucede. Y no sucede porque, al margen de cual sea el redactado final del texto, el debate estatutario ya ha dibujado su perfil, ya ha dibujado con trazo grueso y firme el vector director que va a marcar dicha reforma, que no es otro, lamentablemente, que el cuestionamiento constitucional al que ya me he referido y el intervencionismo político al que haré mención seguidamente. Intervencionismo político desde una doble óptica, desde la óptica nacionalista, priorizando el proyecto de construcción nacional por encima de cualquier otro aspecto y supeditando la ciudadanía a ese proyecto, y desde la óptica de una izquierda trasnochada que siembra el texto con un contenido que no cree en la libertad de mercado, que no cree en la iniciativa de mercado, que no cree, en definitiva, que el poder político nunca ha de estar por encima de la iniciativa libre de los ciudadanos; intervencionismo del proyecto de Estatut que se aleja de aquello que caracteriza a los catalanes: su capacidad de iniciativa y su espíritu emprendedor. ¿De veras cree usted que vale la pena renunciar al consenso constitucional, al acuerdo de la gran mayoría de los españoles, a las fórmulas que han hecho de España y de Cataluña modelos y referentes por su capacidad de generar progreso? ¿De verdad considera que ceñir el ámbito convivencial en Cataluña únicamente a las aspiraciones de quien se sienta nacionalista va en favor de todos los catalanes? ¿Considera un acto propio de quien como ustedes tienen responsabilidades de Gobierno eliminar el criterio de solidaridad entre los distintos territorios y no avanzar en la consecución de la igualdad en derechos y deberes para sus ciudadanos?

Señor ministro, se lo digo desde la preocupación política y también desde la preocupación como ciudadano catalán y no nacionalista que ve como su partido, el Partido Socialista Obrero Español, con una amplia base no nacionalista en Cataluña, se ha convertido en el

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abanderado de un proyecto de Estatut que bajo la apariencia del incremento de los derechos colectivos de Cataluña, recorta las libertades individuales de sus ciudadanos, y que bajo la apariencia de un cambio de estructura en el marco legal básico catalán, pone en cuestión toda la arquitectura constitucional responsable de un progreso en España y en Cataluña que aunque lo hubiéramos soñado jamás lo hubiéramos imaginado cuando en el año 1978, de forma unánime, se firmó la Constitución española.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ricomá.


Para la contestación a esta interpelación tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor diputado.


La verdad es que escuchándole a usted hoy aquí uno sale con la convicción de que viven en un país distinto al del resto de los ciudadanos. En este momento España va a estar mucho mejor unida, después de la tramitación del Estatuto de Cataluña y nuestra democracia va a estar mucho más fuerte porque han funcionado los procedimientos. Yo entiendo que esto fortalece al Gobierno y debilita a la oposición y a ustedes no les gusta ni les apetece apoyar un proyecto que hace que España esté más unida y nuestra democracia más fuerte. Si para eso tienen que recurrir a las argucias a las que están recurriendo, creo que están yendo demasiado lejos.


En los últimos días líderes destacados de su grupo parlamentario han hablado con las siguientes aportaciones sobre lo que representa el Estatuto de Autonomía de Cataluña: Es una catástrofe; es una tropelía; es una pesadilla; deja de hacer financieramente viable a España; abre el camino a ETA. ¿Seguimos?: Es una voladura interna de nuestro sistema fiscal y presupuestario. ¿De verdad lo piensan? ¿Lo piensan como cuando se abstuvieron la vez anterior cuando en esta Cámara se debatió el Estatuto de Cataluña? ¿Lo piensan como cuando se abstuvieron en el título VIII porque iba a llevar a la ruptura de España? ¿Lo piensan como cuando se abstuvieron al concepto de nacionalidad? Bueno, se abstuvieron no; dejaron libertad de voto porque no todo el Grupo de Coalición Popular estaba en la misma posición y también entonces, como ahora, tuvieron problemas y divisiones internos.


Este Gobierno quiso y quiere mejorar la estructura territorial de nuestro país. Propuso fórmulas para que funcionaran los mecanismos de cooperación y de coordinación, y ustedes dijeron que no. El presidente del Gobierno propuso una reforma del Senado para que la articulación de los territorios de la España constitucional y autonómica funcionara mejor, y ustedes dijeron que no. El presidente del Gobierno ha convocado dos conferencias de presidentes por primera vez en la historia de nuestra democracia porque entendemos que es bueno que haya lugares de encuentro y de diálogo entre los presidentes autonómicos, y ustedes van arrastras a cada una de ellas amenazando con que no van hasta la noche antes. El presidente del Gobierno y el Gobierno han intentado arreglar un problema que afecta a todas las comunidades autónomas, como es el de la falta de financiación de la sanidad y la necesidad de cambiar el modelo de financiación, y ustedes dicen que no. Ustedes están instalados en el no a todo y en el no permanente, con un problema adicional: que en este caso han empezado con un no al Estatuto de Cataluña y se están quedando pura y simplemente con un no a Cataluña y a los catalanes. (Aplausos.)

Señoría, este Gobierno se encontró con dos decisiones cuando nos hicimos cargo del Gobierno de España después de las elecciones: con una decisión tomada por el Gobierno vasco de presentar el llamado plan Ibarretxe, y con otra decisión tomada libremente por el Parlamento de Cataluña que consistía en elaborar un nuevo Estatuto. Son decisiones que se adoptaron en la legislatura pasada. Muchos pensamos que se adoptaron como reacción a la política del Gobierno anterior. (Rumores.) Nosotros decidimos gestionarlo con dos principios básicos: confianza en la democracia y confianza en los españoles. SS.SS. desconfían sistemáticamente de la democracia y de los españoles. Hablan mucho de la unidad de España, pero la quieren conseguir enfrentando a los españoles, enfrentando a unos con otros. Son de esos patriotas que quieren mucho a España y muy poco a los españoles. De esos son ustedes. (Aplausos.)

Nosotros dijimos no al plan Ibarretxe porque no reunía ninguno de los dos requisitos que el presidente del Gobierno expuso ante esta Cámara para aceptar a trámite las reformas estatutarias: ni tenía un amplio consenso ni respetaba la Constitución, porque su primer artículo cuestionaba el principio de la soberanía que reside en el pueblo español y que consta en nuestra Constitución. Dijimos que no contundente y democráticamente y dijimos que sí a la tramitación del Estatuto de Cataluña porque vino respaldado por el 90 por ciento de los parlamentarios de Cataluña y porque entendíamos que no cuestionaba ninguno de los principios esenciales de nuestra Constitución. Planteaba una ordenación distinta de las competencias y una manera diferente de financiarlas, como se ha hecho en el Estado autonómico en los últimos 25 años. Dijimos: hay que debatir esto porque detrás de este Estatuto hay una parte muy importante de la sociedad catalana, hay una parte muy importante de gente que en Cataluña piensa que algo no funciona bien, que algo tiene que cambiarse y porque merece la pena hacer el esfuerzo de consenso, de escuchar, de tener en cuenta las razones de quienes piensan, aunque no sea como piensa este Gobierno. Dijimos: que funcione la democracia y admitamos a trámite el Estatuto de Cataluña. A la vez dijimos: no es nuestro Estatuto, no estamos de acuerdo con todo lo que en él figura, no es el Estatuto del Gobierno de España; es el Estatuto que

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se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña. Manifestamos que haríamos las enmiendas, las modificaciones, que intentaríamos pactar y consensuar todas aquellas mejoras que hicieran compatible los deseos y las necesidades del Parlamento de Cataluña con los deseos y las necesidades de la mayoría de los ciudadanos representados en esta Cámara. Es lo que hemos hecho y también les sabe mal. Yo entiendo que, como pensaban que hacer eso era como hacerle la permanente a un puercoespín, aunque luego se han empeñado en hacerle la permanente presentando muchísimas enmiendas, les sepa mal que hayamos sido capaces de conseguir hacer un buen Estatuto de Autonomía para Cataluña, un buen Estatuto de Autonomía de Cataluña para toda España. Entiendo que a ustedes les haya sentado mal eso porque, de nuevo, es una medida que fortalece la unidad de España, fortalece nuestra democracia, fortalece al Gobierno y debilita a la oposición. (Aplausos.) Pero de ahí a los extremos a los que SS.SS. están llegando, me parece ciertamente peligroso.


Nos acusan de oscurantismo y de ocultismo y ayer mismo se puso en marcha la ponencia en la que se están discutiendo estos asuntos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que esto se discuta fuera del Parlamento? (Risas.) ¿Nos vamos al Majestic? ¿Lo pactamos en el hotel Majestic? (Varios señores diputados: ¡Sí!.) ¿Lo pactamos allí? Se va a discutir donde se tiene que discutir: en el Congreso. Se va a discutir siguiendo los procedimientos de la Constitución, siguiendo los procedimientos reglamentarios de este Congreso de los Diputados. Entiendo que ustedes, no teniendo mayoría ni al parecer flexibilidad suficiente para negociar con nadie en esta Cámara, estén incómodos, pero ahí les ha llevado su mala cabeza. ¡Qué quiere que les diga! Haber adoptado otra actitud y otro posicionamiento.
(Aplausos.) No hay más desconsideración hacia los españoles y hacia la ciudadanía española que negar que aquí reside la soberanía popular, poner en cuestión que es en esta Cámara donde reside la soberanía del pueblo español. Eso es lo que ustedes están haciendo promoviendo una engañosa e irresponsable campaña de recogida de firmas camino de no se sabe dónde.
(Aplausos.) Ustedes están cuestionando este Parlamento, están cuestionando la democracia, están cuestionando la Constitución, están cuestionando que aquí es donde se toman las decisiones, porque aquí es donde reside la soberanía nacional. (El señor Mancha Cadenas: ¡De momento!) Mientras dure la democracia, no tenga S.S. ninguna duda de que aquí residirá la soberanía española y mientras el Gobierno socialista siga siendo Gobierno aquí residirá la soberanía y nos opondremos a este y a todos los referendos ilegales que se quieran proponer en nuestro país, como hemos hecho hasta ahora.


Tienen la oportunidad de no cometer los errores que cometió ya su fuerza política la vez anterior en la que se trató en esta Cámara el Estatuto de Cataluña. Se lo digo en frase del señor Fraga: "La historia nos juzgará a todos por lo que hagamos con relación a este título" -se refería al Título VIII de la Constitución-. Por cierto, fue un título que ustedes no votaron y no lo votaron porque nos llevaría -frase textual- "a la destrucción pura y simple del Estado". Eso es lo que ustedes dijeron entonces. Dijeron que era un planteamiento lleno de riesgos para la unidad nacional con la adopción del término nacionalidades -no digo naciones, sino nacionalidades-. Entonces les parecía que esto era poner en riesgo la nación española. Ahora dicen: Por favor, que me quede como estoy, porque el riesgo está situado en otro sitio. Ni había riesgo entonces ni hay riesgo ahora.


A ustedes se les ha atragantado Cataluña siempre. A la derecha española se le ha atragantado Cataluña siempre. (Aplausos.) ¿Saben dónde está el problema? El problema está en que los ciudadanos catalanes lo saben, lo notan y se lo dicen en las urnas. (Un señor diputado: ¡Los charnegos!)

Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor ministro de Administraciones Públicas.


Abrimos el turno de réplica de esta intervención. Para ello tiene la palabra el señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, de lo que los ciudadanos catalanes estamos cansados es de que ustedes constantemente nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sentir, pensar y decir para que nos puedan otorgar la condición de catalanidad. De eso estamos cansados los ciudadanos de Cataluña.
(Aplausos.) Dice S.S. que nos hemos alejado de la realidad. ¿Quiere que le recuerde en qué circunstancias se encuentran ustedes actualmente desde que el presidente del Gobierno, señor Rodríguez Zapatero, puso en marcha el baile y su compromiso de sacar adelante el Estatuto de Autonomía de Cataluña? Se encuentran intentando mantener aquellos equilibrios que les permitan continuar con responsabilidades de Gobierno tanto en Cataluña como aquí, en el Gobierno de España. Esto, obviamente, les mantiene lo suficientemente distraídos como para que quienes se hayan alejado de la realidad, quienes no tienen la sensibilidad suficiente de lo que está ocurriendo y de lo que está percibiendo la ciudadanía sean ustedes. Les pongo un ejemplo. Fíjense si se han alejado de la realidad que ni siquiera conocen -porque hoy tampoco el presidente del Gobierno ha sido capaz de decirlo- cuál es el contenido del Estatuto de Autonomía en razón del acuerdo que tuvieron Mas y Rodríguez Zapatero. No lo saben todavía.
Fíjense si se han alejado de la realidad que no se han dado cuenta de que el único convidado de piedra ha sido el Congreso de los Diputados, que es donde debe tramitarse legislativamente esta iniciativa, siendo una de las más importantes, porque el pacto se ha establecido en una conversación privada de café entre dos personas que son el señor Rodríguez Zapatero y el señor Mas. Fíjese si no se han

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enterado ustedes de lo que está pasando, y sobre todo fíjese usted, señor Sevilla, si no se ha enterado de lo que está pasando, que hasta el propio presidente del Gobierno lo ha marginado como ministro que es de Administraciones Públicas del mismo debate de las reformas estatutarias.
Fíjese si no se enteran de lo que sucede que, en un tema de una aceptación tan importante para su gabinete, usted, que es el máximo exponente, que es el ministro, ha quedado totalmente apartado de esta discusión. Y usted nos pide a nosotros que nos pongamos con los pies en el suelo y que asumamos la realidad y, además, nos pide ahora que nos adhiramos a ese contrato privado del que desconocemos su principal contenido, cuando ustedes mismos, no hace mucho tiempo, nos excluyeron absolutamente de todo firmando y promoviendo el pacto del Tinell, que marginaba al Partido Popular de cualquier tipo de acuerdo que tuvieran (Aplausos.), incluso en aquellas cuestiones tan importantes y que han servido -la historia de la democracia reciente en España así lo demuestra- para mantener solventes y firmes los principios que hacen avanzar un Estado. Incluso nos han querido marginar -lo están ustedes demostrando, obviamente- en los debates de la reforma estatutaria y en todo lo que tiene que ver con el Pacto antiterrorista.


Señor ministro, ¿por qué le preocupa tanto el referéndum? ¿Por qué le preocupa que un partido político sondee la pura esencia de la democracia, que es pedir la opinión al pueblo sobre cómo ve determinadas actuaciones? ¿Por qué le preocupa tanto? ¿Por qué tienen tanto miedo a que el ciudadano español pueda pronunciarse en unas urnas? ¿Por qué les da miedo esto, señores del Grupo Socialista, señor ministro? Ustedes siempre se hacen valedores de los valores democráticos, pero cuando esos valores son defendidos por una formación que no es la suya los critican y los censuran. Este no es precisamente un comportamiento ejemplarizante de lo que debe ser el apoyo y la fortaleza de la democracia. ¿Qué nos creemos, señor ministro? Nos creemos lo que vemos. ¿Y qué vemos? Que la Constitución es el elemento más útil que hemos tenido para conseguir esas cuotas de progreso y de bienestar, que han sido tomadas como modelo en el resto de Europa a lo largo de 25 años. Y fíjese usted si nos lo creemos, fíjese usted cuál es nuestro grado de compromiso que, de los siete ponentes de la Constitución, cuatro -le puedo recordar los nombres- eran del Partido Popular. ¿No quiere usted que nosotros estemos comprometidos con la Constitución? (Aplausos.) Cuatro de siete. ¿No es ese nuestro proyecto?

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Debe terminar, señor Ricomá, por favor.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Acabo, señora presidenta.


La lástima, señor ministro, es que ustedes están perdiendo la oportunidad de conseguir que sigamos avanzando por las líneas del progreso, por las líneas del bienestar, y lo más triste es que ustedes se están desviando de este camino, porque únicamente les importa poder mantener acuerdos de Gobierno aquí, en este Congreso de los Diputados, y allí, en el Parlament de Catalunya. Mala priorización, mal ejemplo y sin ningún tipo de dudas malas consecuencias para España y Cataluña.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Ricomá.


Finalizamos la interpelación con la réplica del señor ministro de Administraciones Públicas, que está desde ahora en el uso de la palabra.


Adelante, señor ministro. (Rumores.)

Silencio.


Adelante.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Gracias, señora presidenta.


Tengo que reconocerle, señor diputado, que cuando estaba escuchando sus razones en favor del referendo me ha recordado al señor Ibarretxe.
(Aplausos.) Usted ha empezado diciendo que los ciudadanos de Cataluña están hartos de que les digan qué tienen que hacer. ¿Pero esto no era al revés? ¿No eran los catalanes los que decían al resto del Gobierno qué tenía que hacer y cómo tenía que gobernar? ¿De qué va esto? Esta es la confusión en la que viven ustedes, me parece a mí. De lo que se trata es de hacer un juego de suma positiva en el que no crezcan unos a costa de otros, sino que crezcamos todos a la vez.


Ustedes dicen que a nosotros lo único que nos importa es gobernar, mandar, apoyarnos en lo que haga falta para eso, y a ustedes ¿qué les importa? Porque España, no; los españoles, tampoco; a ustedes lo único que les importa es desgastar a este Gobierno como sea, utilizando lo que sea, sea el Estatuto, sea la lucha antiterrorista o sea lo que sea. Eso dice bastante poco respecto de su compromiso -insisto- con la democracia y con la Constitución. Ustedes insisten en no conocer el acuerdo. Yo sí que lo conozco, entre otras cosas porque ni he estado marginado del proceso de negociación ni me he sentido apartado de él. ¿Saben quién sí que ha sido marginado? El señor Piqué. Al señor Piqué sí que lo han marginado ustedes del proceso de negociación sobre el Estatuto de Cataluña. (Aplausos.) A lo mejor otro gallo nos habría cantado si a él le hubieran dejado llevar este asunto. (Rumores.)

Tenemos que intentar introducir racionalidad en el debate. Es la obligación de los gobernantes y, desde luego, es la obligación, la voluntad y el deseo de este Gobierno. Ustedes están a tiempo, porque esto está empezando a debatirse ahora en el Congreso, en la Cámara, en la ponencia, en la Comisión Constitucional. ¿Tan poca confianza tienen en ustedes mismos y en el

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funcionamiento de la democracia? (Rumores.) ¿Tanto abusaron ustedes cuando tenían la mayoría absoluta que consideran que ahora los demás vamos a hacer lo mismo? Les aseguro que no. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Silencio.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Les aseguro que nada nos gustaría más que el ustedes se sumaran al pacto, que ustedes se sumaran al consenso, que defendieran aquí, por ejemplo, lo que defendía el Partido Popular de Cataluña en las propuestas de financiación al manifestar que era necesario crear una Agencia Tributaria de Cataluña que podría consorciarse con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. ¿Lo siguen defendiendo? Entonces podremos llegar a un acuerdo sobre este punto. O que sigan defendiendo aquí lo que defendió el señor Piqué en Cataluña de que el déficit fiscal no tiene que resolverse a través de la financiación de la Generalitat sino a través de las inversiones del Estado. ¿Lo siguen defendiendo? Pues nosotros también.
Por tanto, podremos llegar a un acuerdo sobre esto. ¿Están ahora de acuerdo en que Cataluña es una nacionalidad, como queda recogido en el artículo 2 de la Constitución? Nosotros también. Ahí tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre eso. ¿Están ustedes o no convencidos de que merece la pena hacer un esfuerzo -por Cataluña y por España- por alcanzar un acuerdo? Vayan con la predisposición de alcanzar un acuerdo. No vayan insultando, descalificando y marginando al resto del mundo, porque si no, ¿saben lo que les pasará? Pues lo que les pasa ahora, que dentro de 25 años estarán ustedes defendiendo frenéticamente este Estatuto como ahora están defendiendo frenéticamente el Estatuto que hace 25 años se abstuvieron de votar. Por favor, aprendan de la historia.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.


-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS PARA HACER FRENTE AL PROBLEMA DE LA PROSTITUCIÓN. (Número de expediente 172/000153.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la última interpelación del orden del día, que es la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para hacer frente al problema de la prostitución.


Para formular esta interpelación tiene la palabra doña María Carme García Suárez. (Pausa.)

Cuando quiera, señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.


Diputados, diputadas, señor ministro, doce minutos son minutos, pero seguramente van a ser pocos para debatir un problema y una situación tan compleja como lo es la prostitución. Doy por hecho que se entenderá que no pueda detenerme de manera extensiva en todos los aspectos jurídicos o legales, incluso en los comparativos con la legislación de otros países.
No hay tiempo, y doy por hecho que se entiende el porqué, ya que lo importante es ir a la raíz, a lo que preocupa más a nuestra sociedad.


Seguro que todos coincidimos en que el debate está en la calle, en los medios de comunicación, y en que es de una máxima actualidad. Hoy mismo lo hemos podido ver en la prensa escrita. Debemos traer este debate al Congreso, y debe hacerse de manera urgente y serena, buscando un amplio consenso. Es un problema social y ningún grupo social, asociativo o político, puede atribuirse la verdad absoluta sobre su origen ni sobre las causas que lo generan, y mucho menos sobre la solución más oportuna y eficaz. Eso lo debemos decidir colectivamente toda la sociedad y sin duda los grupos políticos representamos al conjunto de la sociedad.


Señor ministro, la prostitución debería ser una práctica innecesaria, inexistente, no debería haber personas -fundamentalmente hombres, debemos decirlo-, que encontraran solución a sus problemas y a sus necesidades sexuales mediante la compra de estos servicios. La sociedad debería ser verdaderamente libre e igualitaria y, por tanto, las relaciones deberían basarse en otros valores, dando muchísima más importancia a la sexualidad de la que se le da en la actualidad, porque es uno de los problemas por los que nos encontramos como nos encontramos. Seguro que esta es una máxima que tanto personal como colectivamente deseamos.


Dicho esto, señor ministro, pregunto: ¿y, ahora, qué? Porque hay otras máximas, todos las tenemos -en justicia, en derechos humanos, en equidad social-, pero para conseguir que se cumplan no partimos de la idea de que no existen, al contrario, partimos de la idea del reconocimiento de que existen esos problemas, de que existe la pobreza, de que existe la injusticia, de que existen los abusos, la enfermedad y la dependencia.
Partimos del reconocimiento de que existen y de que queremos cambiar esa situación, y solamente hay una manera de cambiar esa situación y esos problemas: mirando al problema cara a cara, de frente, y ponernos del lado de las personas que más lo sufren y más lo padecen.


En el Estado español, la prostitución no está oficialmente regulada ni ilegalizada, todos lo sabemos. Es una actividad lícita, por tanto, no existe intervención del Estado cuando esta es voluntaria. El delito en nuestro

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ordenamiento jurídico es el del proxenetismo -todos y todas lo conocemos-, regulado en los artículos 187 y 188 del Código Penal. El delito, por por consiguiente, es la explotación sexual, la trata de seres humanos, y le adelanto, señor ministro, que pensamos que en este sentido se requiere una revisión del Código Penal y un mayor endurecimiento de las penas. La prostitución, sin ser delito, tiene un vacío legal que hace invisibles, para lo bueno, a las personas que la ejercen, pero vulnerables en una sociedad que no quiere reconocer su existencia.


Se deduce, pues, de mi intervención que queremos dejar claro que hay una prioridad, y que no se nos confunda ni se nos manipule. El tráfico de personas, de mujeres, de niños y niñas es una prioridad, y las mafias que controlan la industria del sexo es otra prioridad, y seguramente estos dos fenómenos tienen en estos momentos unas consecuencias en el retroceso de los derechos humanos de una enorme trascendencia en nuestra sociedad.
En estos momentos están conviviendo con nosotros personas que esclavizan a mujeres, a niñas y a niños, obligándolos a prostituirse, y una sociedad que se considera democrática y valedora de los derechos humanos más fundamentales no puede dormir tranquila mientras estas cosas están pasando.


Señor ministro, soy consciente de que esta parte del todo es la más grave, pero también estoy segura de que es, entre comillas, la más sencilla en cuanto a la posibilidad de ponernos o no de acuerdo. Seguro que aquí nos ponemos todos de acuerdo. Pero hay otros peros.


Para nosotros y para muchos sectores de la sociedad hay una evidencia, señor ministro: si solo vemos esta parte estamos escondiendo la cabeza bajo el ala. Y lo entendemos así, porque pensamos que el ejercicio voluntario de la prostitución también existe. A nosotros no nos toca juzgar a estas personas, lo que nos toca es entender las razones y garantizar sus derechos humanos, sociales y laborales. Desde nuestro punto de vista, su actividad es como mínimo tan voluntaria como la voluntariedad que pueden tener muchas personas de hacer trabajos durísimos, precarios y sin reconocimiento de ningún tipo. Estas personas tampoco son voluntarias. Entonces, ¿por qué cuestionamos tanto la voluntariedad de las mujeres que están ejerciendo la prostitución? (El señor vicepresidente, Gil Lázaro, ocupa la Presidencia.) Esta falta de reconocimiento de su existencia hace que, como ya he dicho, sean invisibles. De hecho, el propio Ministerio del Interior así nos lo ha certificado, precisamente esta semana, en respuesta a una pregunta que realizamos hace más de siete meses. No existe información sobre mujeres que presten servicios sexuales a cambio de dinero y que no hayan cometido delito, solamente hay información cuando han cometido delitos. La información se refiere, por tanto, a grupos o personas, organizados o no, que se dedican a obligar a mujeres a ejercer la prostitución. Fíjense, los datos que tenemos nos dicen que hay más de 700.000 hombres, entre 18 y 50 años, que en el año 2003 urtilizaron los servicios de una mujer.
Ellos existen; ellos practican la compra de servicios sexuales; ellos tienen su vida, sus derechos, sus familias, su prestigio. Ellas no existen, no cuentan a nivel estadístico, pues no hay manera de tener cifras fiables ni oficiales porque no las queremos ver ni reconocer.


Nosotros proponemos un debate urgente y sereno en el que todos estemos dispuestos a escuchar todas las voces que tengan algo que decir respecto a los derechos humanos, sociales y laborales de las mujeres que ejercen la prostitución. Quiero dejar constancia, para que quede claro -si no, esta interpelación sería un poco ligth y no queremos jugar a esto-, de que la opinión de Iniciativa per Catalunya es la defensa de esos derechos y, por tanto, la necesidad de regular su actividad, dándoles a ellas el control real de su propio cuerpo y permitiéndoles el ejercicio libre de esa actividad, con todos los derechos y deberes que conlleva. Esta es nuestra opinión, señor ministro, lo sabemos. Pero hay más, muchas más, a favor y en contra. Lo que queremos es debatirlas, aportar y recoger a la vez todo aquello que pueda servir, en definitiva, para tomar alguna decisión, que creemos que es urgente tomar.


Hay muchas preguntas que debemos responder mucho antes de juzgar, que es lo que está pasando, y saber el porqué hay mujeres que dicen que ellas están ejerciendo la prostitución voluntariamente. No es que lo plantee yo, es que lo plantean ellas y también se ha de escuchar. Debemos responder, por ejemplo, a si estamos haciendo todo lo necesario para actuar de manera eficaz, tanto a nivel nacional como internacional, contra lo que antes hemos señalado como una prioridad: los proxenetas y las mafias que viven del contrabando de personas. Esto no afectaría tanto a la actividad -entre comillas- lícita que nuestro ordenamiento plantea, sino a la ilícita, pero es una pregunta que debemos hacernos. También debemos preguntarnos por qué tenemos tantos vecinos, amigos y familiares, tantos hombres en nuestra sociedad -porque están a nuestro alrededor, no bajan del planeta Marte, forman parte de nuestra sociedad- que recurren a la prostitución. ¿Qué está fallando en nuestra sociedad? También debemos preguntarnos si son mejores aquellos que van a buscar esos servicios a través del turismo sexual, tranquilizando sus conciencias porque lo hacen en otro país. También debemos preguntarnos qué planes de inserción laboral tiene el Gobierno para atender la demanda de un nuevo trabajo de aquellas mujeres que deseen abandonar la prostitución y pasar a realizar una actividad laboral que les permita hacer frente a sus necesidades.
Debemos preguntarnos también qué campañas de información sexual y de revalorización de la sexualidad está programando el Gobierno para contrarrestar la desinformación sexual a la que tienen acceso los jóvenes a través de la industria del porno, por ejemplo. ¿Qué piensa también el Gobierno de la economía sumergida y del dinero negro incontrolado, un mínimo, parece ser, de 1.800 millones de euros anuales que mueve la llamada industria del sexo y la prostitución? Supongo que todos nos deberíamos preguntar dónde van estos ingresos. La respuesta es bastante clara al menos en un

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sentido: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución, por supuesto, se llevan tan solo las migajas de estos ingresos. ¿A quién beneficia, por tanto, de una manera tan extraordinaria la invisibilidad de la prostitución?

Señor ministro, nosotros no vamos a pedir ni ahora ni en nuestra moción milagros al Gobierno. Ni vamos tampoco a responsabilizar al Gobierno, en principio, de manera directa de un problema que, evidentemente, tiene muchas raíces, que viene de lejos y que se ha podido agravar, como se ha agravado también en otros países por diferentes motivos. Nosotros no vamos a hacer demagogia con este tema, todo lo contrario. También vamos a pedir que se sea riguroso, que no escondamos la cabeza bajo el ala y que tampoco lo haga el Gobierno. Asumamos que la prostitución tiene diferentes enfoques y análisis y, además, no hay que confundir en estos momentos -que se está confundiendo muchísimo- las dos partes más negras de la prostitución. Deberíamos hacer un análisis y una valoración globales con serenidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García Suárez.


Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora diputada, agradezco la sensible aproximación que ha tenido a este fenómeno que, como usted sabe, es muy complejo y que sin duda puede ser abordado desde múltiples perspectivas, porque en él se entremezclan cuestiones muy variadas: morales, jurídicas, ideológicas, que es difícil deslindar. No hay, además, en cuanto a tal, un título competencial en materia de prostitución, sino que las competencias en esta materia tienen que ver más bien con cuestiones colaterales a ella.
Así, por ejemplo, si contemplamos el hecho de la prostitución desde la perspectiva penal -como usted ha señalado- la competencia es de la Administración General del Estado, del Ministerio de Justicia; lo mismo sucede respecto a asuntos de carácter policial, fundamentalmente acciones contra el tráfico de personas con fines de explotación sexual, en los que es competente también la Administración General del Estado, el Ministerio del Interior; y también en relación con los temas de inmigración, en los que es competente el ministerio del que soy titular, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este ministerio tiene, por lo demás, una competencia residual en materia de fomento del empleo o en la coordinación de políticas de servicios sociales y de inclusión social.


Hay después una serie de competencias, señorías, que ejercen las comunidades autónomas, y ello sucede en lo relativo a servicios sociales que van destinados a paliar la situación de las personas que ejercen la prostitución como políticas de inclusión social, sanitarias, de orden público, o incluso en la ordenación de la actividad económica de las comunidades autónomas en lo atinente a salas, locales donde se ejercen este tipo de actividades. También las corporaciones locales tienen competencia en materias relativas a servicios sociales y de orden público de la respectiva corporación. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona ha ejercido estas iniciativas al considerar un ilícito administrativo el ejercicio de la prostitución en la vía pública. Ello hace que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan actuar en la dirección política que entiendan más conveniente, a la vez que limita la capacidad de intervención del Estado en este ámbito. Prueba de la complejidad a la que me estoy refiriendo es el debate abierto en los países de nuestro entorno. Sabe usted que países como Holanda o Alemania han optado por regularizar el ejercicio de la prostitución, Holanda desde el año 2000. Hay otros países, como Suecia, que tras años de permisión han adoptado una perspectiva de penalización de la compra de los servicios sexuales y despenalización de la venta -si es que puede decirse así- de estos mismos servicios. Y todos estos modelos, señorías, todos ellos, tienen ventajas e inconvenientes, por lo que es evidente que es preciso reflexionar políticamente.


Por tanto, la falta de sintonía de los debates sobre cómo afrontar la problemática de la prostitución es también -y como le decía antes- una constante histórica. Como sabe usted muy bien, hay diversas posiciones: las que van desde la total abolición por considerar que toda forma de prostitución es una explotación del cuerpo humano, hasta quienes defienden su reglamentación. Dentro de esta última corriente hay dos: la reglamentista, en la que se plantea que la prostitución debe ser ejercida fuera de las calles y controlarse administrativamente a las personas que se dedican a ella, o regulacionista, que plantea que la prostitución es una actividad laboral que como tal debe deparar a quien la ejerce los mismos derechos laborales y la misma protección social que tienen los demás trabajadores. Señora diputada, esto muestra una vez más la complejidad del asunto y la dificultad de abordarlo desde una sola perspectiva.


Sin embargo, hay algunos datos que pueden sernos útiles en este debate.
Primero, la mayoría de las mujeres -porque la mayoría de las personas que ejercen prostitución son mujeres- están en situación de exclusión económica y social. La mayoría de las que se dedican en España a este ejercicio son inmigrantes; en su mayor parte traficadas, no voluntarias, y en situación irregular. Hay coincidencia en que la gran mayoría de las personas dedicadas a la prostitución lo hacen, por tanto, de modo forzado, aunque también existe una minoría que lo ejerce de modo voluntario. Por último, se estima que el negocio de la prostitución mueve muchos millones de euros al año y que se trata, además, de un mercado muy estructurado

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y prácticamente monopolizado por las organizaciones de proxenetismo.


A la vista de estos datos cabe concluir que en aquellos casos en que el ejercicio de la prostitución se realiza de modo forzado ello supone la más absoluta falta de libertad, la negación de los derechos fundamentales del ser humano y una indignidad con respecto a la libertad de las personas. Por ello, en estos casos de prostitución forzada, todos los poderes públicos hemos de actuar con contundencia y firmeza para erradicarlos de nuestra sociedad -también lo ha dicho usted, y en eso estamos totalmente de acuerdo-, y eso es justamente lo que está intentando hacer este Gobierno: actuar con contundencia y firmeza para eliminar los supuestos en que se fuerza a una persona a ejercer la prostitución. Con ese fin hemos adoptado ya una política de carácter integral que combina dos tipos de medidas: asistencia y protección a las personas que ejercen la prostitución y educación y sensibilización dirigidas a toda la sociedad, lo cual tiene como fin potenciar modelos educativos basados en el respeto y en la igualdad.


Le detallaré algunas medidas. Empiezo por las que atajan la situación más cruda y vil, que es el tráfico de mujeres, niñas, niños y adolescentes con vistas a su prostitución. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Perdón, señor ministro.


Por favor, les ruego que guarden silencio.


Muchas gracias.


Continúe señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señoría, para nosotros tiene una prioridad absoluta la lucha contra toda forma de explotación, incluida la explotación sexual. Así, le anuncio que el Ministerio del Interior, en colaboración con el de Justicia y el de Trabajo, está ultimando un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres, niñas y niños. El diseño inicial de los contenidos de este plan dará soluciones a las siguientes cuestiones: a la situación en relación con el tráfico internacional de seres humanos; objetivos del plan desde la perspectiva policial; actuaciones de prevención y sensibilización; educación y formación; asistencia y protección a las víctimas; y evaluación de los recursos necesarios para la ejecución de dichas acciones.


En esta línea tengo que decir que la eficacia de la acción policial ha sido muy alta en el último año. Hemos desarticulado más de 400 redes organizadas relacionadas con el tráfico de personas y más de 150 relacionadas directamente con el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Ya en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Observatorio de la Infancia aprobó el 14 de diciembre de 2005 el II Plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y adolescencia 2006-2009, que pone en marcha una red de trabajo más precisa y coordinada para combatir la explotación sexual de los niños. Este plan contempla los siguientes objetivos: conocimiento de la realidad sobre la explotación sexual de la infancia y la adolescencia en España y la articulación de mecanismos de detección y denuncia; sensibilización, movilización social y prevención de situaciones de explotación sexual de menores; establecimiento de un marco legislativo idóneo para combatir la explotación sexual de menores tanto en el nivel nacional como en el internacional; protección de niños y adolescentes que sufren explotación sexual y el tratamiento de los agresores, así como el fortalecimiento de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que intervienen en la lucha contra la explotación sexual y en su protección.


En segundo término, quiero reseñar las medidas que guardan relación con la inmigración. Señoría, usted sabe que en esta materia fuimos de algún modo pioneros, pues en la modificación que llevamos a efecto en la Ley de Extranjería, así como en su reglamento, nos adelantamos al espíritu de la Directiva del Consejo de la Unión Europea, de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de trata de seres humanos. Como saben, nuestra legislación prevé la posibilidad de que las extranjeras y extranjeros en situación irregular que hayan sido objeto de explotación en la prostitución puedan quedar exentos de responsabilidad administrativa y no ser expulsados de nuestro país si denuncian a los autores de dicho tráfico o cooperan con las autoridades competentes en materia de extranjería. Además de ello, les facilitamos, a su elección, el retorno a su país de procedencia o la estancia y residencia en España, así como la autorización de trabajo y el acceso a medidas para su integración social.


Por otra parte, también como S.S. sabe, estamos a punto de culminar la elaboración del plan de integración de los inmigrantes, que contiene un catálogo de medidas dirigidas a paliar la situación de explotación sexual que sufren muchos de ellos y que, como dije antes, son la mayoría de las personas que ejercen esta actividad. Entre estas medidas están las acciones para la información, atención y asesoramiento integral de mujeres inmigrantes prostituidas y mujeres víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual; creación de itinerarios de integración sociolaboral; diseño de acciones de sensibilización contra el tráfico de mujeres; formación y sensibilización específica de los profesionales que trabajan con mujeres víctimas de la explotación sexual y la elaboración de materiales para la difusión de la legislación aplicable en esta materia. También quiero anunciarle -usted lo solicitaba- que en este ámbito de la lucha contra la exclusión sociolaboral de estas personas estamos ya estudiando y diseñando la posibilidad de incorporar a las personas que abandonen la prostitución entre los colectivos beneficiarios del programa de renta activa de inserción y de los programas

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de formación para el empleo. Espero que en poco tiempo podamos tenerlo diseñado.


Finalmente, señoría, debo destacar en este campo el trabajo diario, permanente y persistente del Instituto de la Mujer, que durante 2005 ha subvencionado 19 programas de 12 entidades distintas que en todo caso tienen como destinatarias a las mujeres víctimas de explotación sexual.
Centros de acogida, pisos de estancias breves y de mujeres en libertad condicional, formación para la mediación social o creación de itinerarios para la integración sociolaboral de las prostitutas son solo algunos ejemplos de este trabajo al que se han dedicado ya casi 2 millones de euros. Antes de terminar quiero subrayar que para mi Gobierno -y estoy seguro que para la sociedad española y para todos los grupos políticos que aquí tomamos asiento- es prioritario y esencial luchar contra las causas que obligan a muchas personas a prostituirse porque ello va contra la dignidad humana y atenta contra los derechos fundamentales de la persona y desde luego atenta también contra los derechos colectivos de una sociedad como la española que creo sinceramente que quiere erradicar esas prácticas, las de aquellas personas que se ven obligadas a prostituirse, a vender su cuerpo, algo que, repito, la sociedad española no comparte. Por eso, el Gobierno utilizará todos los instrumentos que estén en su mano para combatir ese fenómeno.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señor ministro.


En turno de réplica, tiene la palabra la señora García Suárez.


La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, usted ha hecho una exposición en la línea que me esperaba y lamento -es una opinión personal- que haya continuado un poco con aquello que he comentado antes de esconder la cabeza bajo el ala.


Coincido plenamente -seguramente coincide la mayoría de la sociedad- en las prioridades, yo se las he adelantado. Usted nos ha explicado una serie de medidas que estaré encantada de conocer con más profundidad en el debate que proponemos desde nuestro grupo parlamentario, que será la base de la moción que presentaremos la semana próxima; ese debate será el lugar y el momento apropiado para valorar todas esas medidas. Es un tema tan complejo, señor ministro, que incluso -y seguramente cualquiera de las diputadas o diputados que ahora me están escuchando también lo pueden pensar- una regulación, del tipo que fuera, también podría acarrear otros problemas. Es posible, lo acepto, por eso planteo el debate, pero estoy convencida de que, por ejemplo, otras medidas planteadas desde el enfoque de inmigración también pueden ser contraproducentes o lesivas para las mujeres de este país. Por tanto, es un tema sumamente delicado que hace falta medir y valorar con toda tranquilidad y serenidad.


Señor ministro, nos ha hablado de unas cifras que son las únicas que existen, son las cifras relativas al paquete de la ilegalidad. Yo no he sido capaz ni el propio Ministerio del Interior tampoco ni ninguna otra fuente -porque lo he intentado en múltiples ocasiones- de encontrar otras cifras de mujeres que se prostituyan y que no estén desde el punto de vista del control policial en situación de ilegalidad. Yo entiendo que usted con su respuesta me está diciendo que este porcentaje de mujeres -el que sea- existe. Es que no lo sabemos: ¿el 5 por ciento, el 10 por ciento, el 20 por ciento, o el 30 por ciento? No lo sabemos. Señor ministro, lo realmente preocupante es que no sepamos de qué estamos hablando, que no sepamos las cifras, las situaciones ni las condiciones en que están todas estas mujeres, que no existen en el ámbito estadístico ni en ningún otro. Yo no sé de qué manera tenemos que resolver esta situación, pero creo que tenemos que hablar sin problemas de esta situación, que tenemos que dejar el tabú de la prostitución y cogerla por donde se ha de coger, por su realidad, mirarla cara a cara y escuchar a todos los sectores que pueden hablar. Señor ministro, ¿sabe lo que más me preocupa y en el fondo me decepciona colectivamente como responsabilidad pública? Que las ONG, grupos de ayuda, Cáritas estén atendiendo a estos sectores, porque existen; no son visibles porque no los queremos ver ni reconocer, pero existen, resulta que tienen problemas, a veces tienen dificultades tanto personales como familiares que alguien tiene que resolver y atender. Por tanto, alguien está atendiendo a un colectivo que en muchas ocasiones tiene verdaderos problemas; en otras, si no los tiene, quizás no tiene la posibilidad de salir con cierta tranquilidad del lugar donde está; incluso aunque no quiera salir, tarde o temprano va a tener problemas, lo sabemos -pensiones, seguridad, dependencia cuando sean mayores-, y resulta que no sabemos ni de qué estamos hablando. Por tanto, su intervención me satisface en una parte, en la parte que le he dicho que es la prioritaria desde el punto de vista de los derechos humanos más básicos, pero, señor ministro, nuestra propuesta es que hablemos de eso, pero que abordemos el fenómeno de la prostitución en toda su dimensión.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Gil Lázaro): Muchas gracias, señora García Suárez.


Finalmente, para cerrar el debate, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Gracias, señor presidente.


Señora García, estoy convencido de que los grupos parlamentarios atenderán con mucho interés lo que S.S. pueda plantear en su moción, que seguro que nos ayudará a abordar este fenómeno. Desde luego, mi Gobierno no ignora la problemática derivada del ejercicio de la prostitución, en absoluto, ni el debate que estos momentos

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tenemos en la sociedad española sobre la misma. Sin embargo, le he explicado que el reparto de competencias limita mucho la intervención de la Administración General del Estado y permite, como ya le dije antes, que comunidades autónomas y corporaciones locales adopten las iniciativas que crean más oportunas, incluida la de atajar los efectos nocivos de la prostitución mediante la correspondiente regulación. Nosotros, por nuestra parte, creemos que hay que combatir con absoluta contundencia y firmeza las formas de prostitución forzada, que son, por ello mismo, formas de explotación.


Decía usted que no hay datos concretos y es verdad, pero sí tenemos aproximaciones muy claras de que el mayor número de personas, particularmente mujeres, que ejercen la prostitución, son personas inmigrantes en situación irregular y, además, que ellas mismas declaran haber sido forzadas al ejercicio de esta particular esclavitud que repugna a la condición humana. Por eso, esta debe ser la prioridad, como usted ha compartido conmigo. Debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que la trata de seres humanos, particularmente repulsiva cuando se trata de niños y niñas, pueda acabarse y, desde luego, vaya a acabarse en nuestro país. Para que ello sea posible, además de una actuación contundente de las fuerzas de seguridad, que en el último año han tenido un importante éxito, precisamos medidas de intervención social y, tiene usted razón, no las tenemos. Precisamos crear nuevos itinerarios para la participación de las mujeres que quieran abandonar el ejercicio de la prostitución y tendremos también que estudiar su situación administrativa para la posible percepción de la renta activa de inserción; es decir, una ayuda económica que, junto con itinerarios de inserción profesional, les permitan abandonar ese mundo y estructurar su futuro de otro modo. Esas son las competencias que tengo atribuidas directamente y en las cuales creo que podemos trabajar con intensidad, exactamente igual que a través del Plan de integración de inmigrantes, donde, como usted sabe, también gracias a la cooperación de su grupo parlamentario, disponemos de unos recursos importantes que antes no teníamos. Este año tenemos un Plan de integración con 180 millones de euros, que nos va a permitir abrir algunas líneas de actuación para la aplicación de los principios establecidos en la ley y en el reglamento a efectos, repito, de combatir el ejercicio forzoso de la prostitución y, al mismo tiempo, contamos con el papel que viene desempeñando continuamente el Instituto de la Mujer, que diseña y apoya políticas que supongan una mejora de las condiciones de vida de las personas que se prostituyen y que las puedan conducir a salir de esa situación.


Por tanto, señoría, actuamos políticamente con claridad y con contundencia, queremos erradicar esos tráficos y, por supuesto, estamos plenamente dispuestos a estudiar las propuestas que S.S. pueda formular -no le corresponde hacerlo al Gobierno, sino a los grupos parlamentarios-, en la inteligencia de que en todo caso supondrá un avance en la lucha contra esta lacra.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Finalizado el debate, se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.


Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

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