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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 229, de 06/02/2007
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2007 VIII Legislatura Núm. 229
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ
Sesión plenaria núm. 211
celebrada el martes, 6 de febrero de 2007


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

-Real Decreto-Ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla. ("BOE" núm. 312, de 30 de diciembre de 2006.) (Número de expediente 130/000038.) ...
(Página 11585)

-Real Decreto-Ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley 2/2000, de 23 de junio. ("BOE" núm. 312, de 30 de diciembre de 2006.) (Número de expediente 130/000039.) ... (Página 11585)

-Real Decreto-Ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el Programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. ("BOE" núm. 312, de 30 de diciembre de 2006.) (Número de expediente 130/000040.) ... (Página 11586)

Página 11584


Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía:

-Del Parlamento de Canarias, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 261-1, de 22 de septiembre de 2006. (Número de expediente 127/000007.) ... (Página 11597)

Modificación del orden del día ... (Página 11636)

Debate de totalidad de Propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía.
(Votación.) ... (Página 11636)

SUMARIO

Se abre la sesión a las once de la mañana.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 11585)

Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla ... (Página 11585)

Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio ...
(Página 11585)

Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente ... (Página 11586)

El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira) expone ante la Cámara las razones que han impulsado al Gobierno a la presentación en el día de hoy de la convalidación de los tres reales decretos-leyes publicados el día 29 de diciembre de 2006. Confía en el apoyo de la Cámara para su convalidación.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla y Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Salom Coll y los señores Matos Mascareño y Arias Cañete, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla, se aprueba por 279 votos a favor.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 107 votos a favor y 171 en contra.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, se aprueba por 281 votos a favor.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 106 votos a favor y 174 en contra.


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, se

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aprueba por 177 votos a favor, 103 en contra y una abstención.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 104 votos a favor, 173 en contra y cuatro abstenciones.


Se suspende la sesión a las doce y veinticinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a la una de la tarde.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía ... (Página 11597)

Del Parlamento de Canarias, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ... (Página 11597)

Los representantes del Parlamento de Canarias, señores González Hernández, Alemán Santana y la señora Déniz de León, defienden ante el Congreso de los Diputados, por petición expresa del Parlamento de Canarias, la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.


Se suspende la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


Contesta la señora vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Fernández de la Vega Sanz), en nombre del Gobierno.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Roldós Caballero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Rodríguez Sánchez, y las señoras Lasagabaster Olazábal y Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.


Cierra el turno de fijación de posiciones el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.


En turno de réplica intervienen la señora Roldós Caballero y los señores Rivero Baute y López Garrido.


Modificación del orden del día ... (Página 11636)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden de debate de los debates de totalidad de iniciativas legislativas en el sentido de debatir como último punto del orden del día el punto 33 relativo al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, lo que se aprueba por asentimiento.


Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de Autonomía.
(Votación.) ... (Página 11636)

Del Parlamento de Canarias, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ... (Página 11636)

Sometida a votación de totalidad la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se aprueba por 176 votos a favor y 126 en contra.


Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


Se abre la sesión a las once la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


-REAL DECRETO-LEY 11/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CUANTÍAS DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DEL PERSONAL EN ACTIVO DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS Y EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 130/000038.)

-REAL DECRETO LEY 12/2006, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 19/1994, DE 6 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y EL REAL DECRETO-LEY 2/2000, DE 23 DE JUNIO. (Número de expediente 130/000039.)

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-REAL DECRETO-LEY 13/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA PREVER PARA LA MODERNIZACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 130/000040.)

El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión correspondiente al martes, 6 de febrero de 2007.


Primer punto del orden del día: Convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. Tiene la palabra el señor vicepresidente.


Hago saber a la Cámara que la presentación será conjunta por parte del Gobierno y que las intervenciones de los grupos serán también conjuntas, excepto la del Grupo Popular, que tendrá una pluralidad de intervinientes.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, presento hoy para su convalidación tres reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno y publicados en los últimos días de diciembre del pasado año. Como conocen SS.SS., son, en primer lugar, el Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla. En segundo lugar, el Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio. Y en tercer lugar, el Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. Voy a hacer un comentario rápido sobre cada uno de ellos.


El primero, el Real Decreto-ley 11/2006, está dirigido a actualizar la indemnización por residencia del personal del sector público estatal en Baleares, Ceuta y Melilla. La indemnización por residencia es una retribución complementaria de carácter compensatorio no retributivo, derivadas las características especiales, esencialmente geográficas, de determinados territorios. Las últimas revisiones de los importes de la indemnización en estas zonas se han acordado en el año 2003-2004 para Ceuta y Melilla y en 2005 para Baleares. Los análisis realizados sobre las circunstancias que concurren en los puestos de trabajo radicados en Baleares, Ceuta y Melilla ponen de manifiesto que subsiste la necesidad de primar mediante un estímulo de carácter económico la provisión de dichos puestos de trabajo para hacer más atractiva su cobertura, mantener un mayor grado de ocupación y compensar mejor la distancia de dichos territorios. Esta circunstancia y la existencia de habilitación legal, han hecho necesario que el Gobierno dictara este decreto-ley, al amparo de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución española, para poder abordar la actualización de las citadas cuantías. Por último, como establece el propio real decreto-ley, la distribución de estas cuantías será objeto de negociación con las organizaciones sindicales hasta el importe máximo autorizado en el mismo. Este límite supone un incremento medio de las cuantías de un 5 por ciento sobre las vigentes en el año 2006.


En segundo lugar, el Real Decreto-ley 12/2006 tiene por objeto modificar la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que regula diversos incentivos fiscales aplicables tanto a la imposición directa como a la indirecta, vinculados a las desventajas estructurales derivadas de la ultraperiferia. De acuerdo con el derecho comunitario, algunas de estas previsiones tienen la consideración de ayudas de Estado, por lo que su regulación debe ser conforme a la normativa comunitaria en esta materia. Las nuevas directrices de la Unión Europea sobre ayudas de Estado con finalidad regional han modificado la política comunitaria de ayudas. La aprobación conforme a las mismas del mapa de ayudas para España, era un requisito necesario para poder aprobar la nueva regulación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que tenía su vigencia limitada hasta el 31 de diciembre del año 2006, de acuerdo con las decisiones comunitarias que originalmente la habían autorizado.
Por otra parte, la experiencia adquirida y la valoración de los resultados obtenidos durante el periodo de aplicación de los incentivos fiscales han permitido analizar su funcionamiento y plantear las medidas necesarias para incrementar su eficacia.


Pasando a analizar las medidas que se han recogido en el real decreto-ley, comenzaré por referirme a las que se han adoptado para ajustar nuestra regulación al derecho comunitario. En el caso de la imposición indirecta, se limitan los beneficios fiscales a las adquisiciones que tengan la consideración de inversión inicial, de acuerdo con las nuevas directrices de ayudas regionales. En segundo lugar, en la regulación de la reserva para inversiones se diferencian los distintos tipos de inversión en que se puede materializar la reserva de acuerdo con las normas comunitarias: inversiones iniciales e inversiones de funcionamiento. Merece destacarse la posibilidad de que la reserva para inversiones en Canarias pueda materializarse en la suscripción de acciones o participaciones emitidas por las entidades de la Zona Especial de Canarias. Asimismo, se amplía el ámbito de materialización de la reserva a los costes salariales derivados de la creación de puestos de trabajo relacionados de forma directa con las inversiones iniciales. Se establecen diversas obligaciones de información sobre las dotaciones y las inversiones, así como de comunicación entre los interesados de las inversiones en

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las que se materializa la reserva. En tercer lugar, los incentivos se restringen a los activos que tengan la consideración de nuevos, salvo que el adquirente tenga la consideración de empresa de reducida dimensión, de acuerdo con las normas del impuesto sobre sociedades. En cuarto lugar, se recogen las previsiones para hacer efectivas las normas comunitarias sobre acumulación de ayudas sobre las limitaciones en los sectores del transporte agrícola y forestal y sobre el control de las ayudas que puedan destinarse a financiar grandes proyectos de inversión. Asimismo, se ha regulado el mecanismo legal de remisión de información a la Comisión Europea por parte de la Administración española.


Como medidas dirigidas a mejorar la capacidad de estos incentivos para contribuir al crecimiento y al desarrollo económico canario, así como para evitar determinadas fórmulas de elusión fiscal, pueden destacarse las siguientes. En primer lugar, cuando se trata de una inversión en adquisición de suelo, las ventajas se destinan a los supuestos de promoción de vivienda protegida destinada al alquiler, de actividades industriales y de procesos de rehabilitación de establecimientos turísticos en zonas en declive. En segundo lugar, el momento en que se produce la materialización de la reserva para inversiones será el de la entrada en funcionamiento del activo. Y, finalmente, en tercer lugar, se establece la obligación de presentar un plan de inversiones, se fija el plazo para imputar inversiones anticipadas a la reserva en cuatro años y se regula un régimen sancionador específico.


En cuanto a las novedades introducidas en la regulación de la Zona Especial de Canarias, pueden destacarse las siguientes. En primer lugar, la ampliación de su plazo de vigencia, que alcanzará hasta el 31 de diciembre de 2019 para las entidades que se inscriban en su registro oficial hasta el 31 de diciembre de 2013. En segundo lugar, la mejora de los requisitos de inversión y empleo con respecto a las entidades que se instalen en las islas no capitalinas del Archipiélago, el volumen de inversión mínimo pasa de 100.000 a 50.000 euros, se hace más fácil, y el requisito de creación de empleo pasa de 5 a 3 puestos de trabajo. En tercer lugar, se simplifican los tipos impositivos aplicables a las entidades de la Zona Especial de Canarias en el impuesto sobre sociedades, fijándose un tipo impositivo único del 4 por ciento para las operaciones ubicadas en su ámbito. La cuarta medida es la incorporación de nuevas actividades a la lista de sectores beneficiados por este régimen, como los servicios de mantenimiento en el sector aeronáutico, la reparación de motores de aeronaves y la generación de energías renovables. Por último, se incluyen diversas mejoras en los procesos administrativos para la gestión de la Zona Especial de Canarias.


Para esta modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias se ha utilizado la figura del real decreto-ley, ya que ha sido necesario obtener la declaración de compatibilidad de las medidas propuestas con el derecho comunitario y la notificación oficial de la Comisión, que no se produjo hasta el 21 de diciembre del pasado año. Por razones de continuidad y de eficacia del régimen, era necesario que la vigencia de la norma comenzase el 1 de enero de 2007 y que el conjunto de los sujetos pasivos afectados pudiera conocer antes de dicha fecha el marco jurídico tributario aplicable. Por tanto, fue necesario promulgar antes de que finalizase el ejercicio 2006 las pertinentes modificaciones al articulado de la Ley 19/1994 y al anexo de actividades contenidos en el Real Decreto-ley 2/2000. En consecuencia, a juicio del Gobierno concurre el presupuesto habilitante que el artículo 86 de la Constitución exige para la utilización del real decreto-ley en este caso.


Paso al Real Decreto-ley 13/2006, último decreto que hoy les presento, que remite a un programa que ha cumplido sus objetivos y a la necesidad de adaptarlo a unas circunstancias distintas de las que determinaron su inicio en el año 1997. Como conocen SS.SS., el programa Prever se dirige a la modernización del parque de vehículos automóviles, al incremento de la seguridad vial y a la defensa y protección del medio ambiente. Se ha basado en la aplicación de beneficios fiscales, siempre que el comprador hubiera dado de baja para desguace un vehículo equivalente de una antigüedad determinada. Estos beneficios consisten en deducciones de la cuota del impuesto especial sobre determinados medios de transporte para los casos de matriculación de un turismo nuevo y en deducciones en la cuota en el impuesto del vendedor de vehículos industriales ligeros, nuevos o seminuevos, o turismos seminuevos, correlativas a la bonificación comercial otorgada al comprador. El programa ha cumplido sus objetivos. Desde 1997 hasta finales del año 2005 se habían dado de baja para desguace, amparándose en los incentivos del programa, casi 2,9 millones de vehículos, de los cuales más del 91 por ciento eran turismos.
La Ley de acompañamiento del año 2000 estableció que el programa finalizaría el 1 de enero del año 2004. Posteriormente la Ley de acompañamiento del año 2003 lo prorrogó hasta el 1 de enero de 2007.
Llegada esta fecha, el análisis del sector contempla la previsión de que en un futuro próximo se lleve a cabo una reestructuración, desde la perspectiva medioambiental, de la fiscalidad que incida sobre los medios de transporte. Este hecho aconseja mantener la vigencia del programa Prever durante el año 2007, pero limitada a un contenido básico. Por ello, en primer lugar, no se aplica a las matriculaciones de turismos nuevos de cilindrada igual o superior a 2.500 centímetros cúbicos, dado el carácter menos respetuoso con el medio ambiente que los mismos tienen en función de sus emisiones. En segundo lugar, el mismo criterio es válido para los vehículos usados, que también se excluyen. En tercer lugar, se ha dejado de aplicar asimismo la deducción extraordinaria suplementaria denominada Prever gasolina, introducida por la citada Ley 14/2000. Esta se estableció como una medida de apoyo específica a la renovación de vehículos que solo podían utilizar gasolina con plomo como carburante. Habiendo desaparecido las circunstancias

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que motivaron su adopción, su mantenimiento hoy día carece de justificación.


En cuanto a la necesidad de recurrir a la figura jurídica del real decreto-ley, debe destacarse que las medidas tributarias que se han adoptado están sometidas al principio de reserva de ley. El prolongado periodo de tiempo derivado de una tramitación parlamentaria ordinaria que discurre entre el conocimiento público de la regulación y su entrada en vigor podría haber distorsionado decisiones de compra de los medios de transporte afectados y en la misma medida haber afectado negativamente al mercado. Adicionalmente debe tenerse en cuenta lo que ya he mencionado.
Se trata de un programa que finalizaba el 1 de enero de 2007, por lo que la entrada en vigor de esta norma, antes de esa fecha, era necesaria para evitar una discontinuidad no deseable en el tratamiento fiscal de los vehículos afectados.


Señorías, estos son los tres reales decretos leyes que hoy se someten para su convalidación a esta Cámara. Confío en que con su apoyo este sea el resultado final de la votación.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.


Turno de los grupos parlamentarios. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias? (Pausa.) Entiendo que los portavoces de este grupo comparten su turno. Saben SS.SS. que el tiempo de que disponen es de 10 minutos, porque a la una empieza el debate sobre el Estatuto canario.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo con brevedad para luego ceder la palabra a mi compañero de grupo, don Román. Respecto a la fijación de posiciones, nuestro voto va a ser favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 11/2006, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público en activo en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es una tradición que ya existía en Canarias, que fue pionera en este beneficio, para lograr que los funcionarios públicos, sobre todo los de las islas periféricas, tuvieran un incentivo ante las dificultades en la cobertura de vacantes. Nos pareció lógico y solidario que lo que los funcionarios públicos en activo vienen percibiendo desde hace muchos años en el archipiélago canario se extendiera a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla.


Respecto al Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, que establece nuevas medidas sobre el programa Prever, nos parece adecuada la sistemática seguida. Era necesaria una modificación de la ley original, la Ley 14/2000, que hizo ya una introducción sobre esta materia en cuanto a un impuesto especial que se basa en beneficios fiscales. Se había dado como plazo de finalización el 1 de enero del corriente año 2007 y ahora hay que hacer una modificación escalonada, como ha dicho el señor vicepresidente del Gobierno, que se explicita en estas medidas tributarias que tienen carácter de principio de reserva, para que finiquite el proceso el 1 de enero del próximo año. Señorías, señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno, nuestro grupo votará favorablemente la convalidación de ambos decretos-leyes cuya defensa me ha correspondido realizar en nombre de Coalición Canaria.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.


Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, la entrada en vigor del real decreto-ley cuya convalidación se somete hoy a la Cámara es una excelente noticia para la sociedad canaria porque responde al elemento histórico más relevante de nuestra singularidad económica y fiscal, que se ha ido adaptando con los tiempos, especialmente en los últimos veinte años con la incorporación de Canarias a la Unión Europea. Es de agradecer el nivel de cooperación que han tenido los gobiernos de Canarias y del Estado español para sacar adelante este importante texto legal porque es un gran instrumento para el desarrollo económico de la Comunidad canaria. Estamos ante una reforma que consigue socializar los beneficios fiscales de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Se introducen mejoras sensibles que evitan elementos perversos que se habían generado en la práctica de este potente instrumento fiscal. Más de siete mil millones de euros de beneficio, de ahorro fiscal, se inyectan a la economía canaria, cuatro veces por encima de todos los recursos presupuestarios que vamos a captar en el mismo periodo 2007-2013 de fondos comunitarios. No hay instrumento más transformador ni más potente para la economía canaria que los incentivos fiscales que se someten hoy a la convalidación del Congreso de los Diputados, después de que el Gobierno se viera obligado, por razones de plazo, a hacerlo a través del real decreto-ley.


Quiero destacar tres aspectos claramente positivos. Primero, el vincular los recursos de la reserva a financiar salarios ligados a la inversión inicial. Que este recurso fiscal tan potente se vincule al mecanismo más redistribuidor de la riqueza, como es la generación de empleo, nos parece un hecho muy positivo. Asimismo, es fundamental establecer límites al uso perverso del suelo, que había tenido hasta ahora este instrumento fiscal.
Si el suelo es vital para el continente, para un Archipiélago como el nuestro con una amplísima presión demográfica, es el recurso natural más estratégico y no se puede utilizar de manera especulativa. Las restricciones que

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se incorporan al uso del suelo son tremendamente positivas porque se asocian a la vivienda de promoción pública, a las actividades industriales y a las actividades turísticas cuando estén vinculadas a las políticas de desarrollo sostenible que han ido decidiéndose en el Parlamento de Canarias. Por lo que se refiere a la Zona Especial canaria, estimamos favorable la amplitud de su vigencia hasta el año 2019, así como la flexibilización tanto de inversiones como de empleo de las empresas que se instalen en las llamadas islas menos pobladas, para facilitar la competitividad de estos territorios. A pesar de la polémica que se ha generado, son buenos los mecanismos de control y de seguimiento que sobre este instrumento fiscal deben hacer las administraciones públicas. Me refiero a esa memoria, a esa propuesta inicial, de manera que quede claro que este ahorro fiscal no está destinado a que las empresas crezcan en abstracto sino a generar productividad, crecimiento económico y empleo. En nuestra opinión, ese mecanismo de control es también positivo.


Estos elementos justifican plenamente algo que comentaba al principio: una socialización de los beneficios fiscales de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Pero, señor ministro, hay algunas cuestiones que hay que someter a evaluación para mejorar en el futuro. La economía canaria tiene una estructura productiva, que usted conoce perfectamente, vinculada al sector servicios, concretamente al sector turístico, y por tanto muy poco diversificada. Este potente instrumento fiscal debería contribuir a diversificar la economía y ahí creo que hemos sido poco ambiciosos. Digo esto en el sentido siguiente. En nuestra comunidad hay actividades económicas sensibles como el sector primario o el sector industrial, en las que debería favorecerse la capitalización de manera prioritaria, pero también hay sectores estratégicos, como la energía, el transporte, la investigación y el desarrollo y, de manera especial, la rehabilitación y renovación de la antigua planta hotelera, que en nuestro caso representa más del 20 por ciento de las camas instaladas en estos momentos en Canarias. Sin embargo, no hay una diferenciación clara de los potentes instrumentos fiscales para favorecer a los sectores sensibles de la estructura productiva del Archipiélago y a los sectores estratégicos que siempre se han identificado. Quizás se ha perdido la oportunidad de establecer mecanismos ponderados en función de la inversión objeto de aplicación de esos incentivos fiscales.


Señor ministro, reconocemos el trabajo realizado, las mejoras incorporadas y estos elementos enormemente positivos vinculados a la generación de empleo, a la limitación del suelo, a los mecanismos de control y al futuro de la Zona Especial de Canarias. Pero seguimos insistiendo en que hemos sido poco ambiciosos al no orientar de manera adecuada estos incentivos fiscales hacia la diversificación, para hacer que el sector turístico sea más competitivo y, en definitiva, mejore su oferta de alojamiento, recuperando la planta antigua frente al crecimiento de la planta nueva. Esta no discriminación puede hacer que vuelva a ocurrir lo que pasó en el periodo anterior, que más del 50 por ciento de los recursos se destinaron a actividades inmobiliarias, lo cual no es necesariamente bueno. Creo que ha faltado ambición y precisión para dirigir los incentivos hacia aquellas actividades productivas que consideramos más estratégicas. Señor ministro, insisto en que el avance de nuestro Régimen Económico y Fiscal con este real decreto-ley es sustancial y satisfactorio. Cierto es que una parte sustancial de lo establecido va a tener que precisarse en la reglamentación. Ahí le pediría, dado que hay muchas remisiones al reglamento, rapidez y claridad para evitar los litigios que ya se anuncian en la interpretación de este incentivo fiscal. Por último, el ministerio y el Gobierno de la Comunidad canaria deberían buscar un mecanismo de evaluación del impacto económico que este potente instrumento fiscal puede generar en la economía canaria, para que al final del periodo sepamos con mayor precisión que en este último qué capacidad o qué vínculo se puede dar a los instrumentos fiscales del REF en relación con el crecimiento económico, con la generación de empleo, con la diversificación económica y con la modernización del sector turístico, sector clave en la estructura productiva de nuestra comunidad.


Finalizo reiterando nuestro apoyo a la convalidación de este real decreto-ley, como no podía ser de otra manera, y le insto al señor ministro a que el proceso de reglamentación se haga de forma rápida y clara y se busque un mecanismo de evaluación del impacto económico de estos potentes instrumentos fiscales que los canarios hemos ido conquistando a lo largo de siglos y que con la adecuada adaptación a los nuevos tiempos siguen siendo vitales para el progreso, para el bienestar y para el desarrollo de nuestra comunidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario respaldará globalmente estos tres reales decretos, no porque pensemos que son una solución sino porque su actualización es necesaria, a pesar de que mantenemos ciertas reservas de fondo hacia algunos mecanismos de indemnización y de rebajas fiscales.


En cuanto a la indemnización por residencia, que es una retribución complementaria de carácter compensatorio para los funcionarios públicos, que se fundamenta básicamente en las especiales características geográficas de lejanía y de aislamiento de algunos territorios, consideramos lógico que se adopten medidas que le permitan a la Administración del Estado favorecer la permanencia de los citados empleados públicos. La actualización de la cuantía de las indemnizaciones es, en nuestra opinión,

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positiva, pero existen algunas cuestiones pendientes, que podríamos denominar de convergencia y de igualdad, que queremos exponer. Desde el año 2000 las cuantías que reciben Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y Valle de Arán, han aumentado un 2 por ciento anual. Sin embargo, hay algunas excepciones de tal forma que se ha incrementado el abanico de esas diferencias entre los distintos territorios. Por esta razón, en septiembre de 2004 el nuevo Gobierno del Partido Socialista inició negociaciones entre los sindicatos y la Administración, tras el incumplimiento de gobiernos anteriores respecto a Baleares. En febrero de 2005 se aprobó una proposición no de ley de nuestro grupo, acordada con el Grupo Socialista, sobre la equiparación de la indemnización por residencia en Baleares y en Canarias. A pesar de que hubo un acuerdo entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos, hemos de reconocer que este acuerdo que permitió destinar a Baleares 1,6 billones de euros no se ha cumplido. No se ha cumplido en el 2005 ni tampoco en 2006, cuando se interrumpieron las negociaciones. Todo parece indicar que se está muy lejos de la equiparación de las cantidades máximas que para Baleares estipula incluso este real decreto-ley.
Señorías, desde nuestro punto de vista, lo más razonable sería convalidar este real decreto-ley, pero al mismo tiempo decirle al Gobierno que las cuantías destinadas a Baleares no cumplen todavía la acordada equiparación tomando como referencia el complemento que reciben las islas Canarias. No pretendemos una equiparación automática, pero sí un acercamiento o convergencia de esas subvenciones entre las Islas Baleares, las islas Canarias y Ceuta y Melilla. Debemos considerar también las circunstancias propias de Baleares que son diferenciales y no queremos contribuir a un agravio comparativo. Por último, vamos a seguir insistiendo en esta materia y tenemos diversas iniciativas relacionadas con la disposición transitoria de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que trata de la indemnización por residencia en Melilla. Nuestra voluntad no es la de seguir abriendo el abanico entre los territorios ni entre los ciudadanos, sino, por el contrario, la de avanzar en la igualdad territorial en el seno de las sociedades, de los grupos sociales. Al realizarse en Melilla el pago de esta indemnización por grupos de trabajadores públicos por la cantidad exigua del 25 por ciento del sueldo base a los trabajadores privados, sin bonificación alguna a los jubilados por seguir en su tierra, en nuestra opinión se agrandan las diferencias económicas entre estos sectores sociales en la sociedad melillense y se produce una menor igualdad social. Nos proponemos que el Gobierno cree una comisión de estudio para valorar la posibilidad de que el concepto indemnizatorio por residencia en Melilla y en otras zonas sea más igualitario y uniforme para todos los melillenses.
Hemos de tener en cuenta que el coste es igual para un obrero que para un alto funcionario, por lo que deberíamos atender a la condición de residencia y no como hasta ahora a la categoría profesional. Vamos a defender este criterio. Por todo ello apoyaremos el real decreto citado, pero mostramos algunas reservas que desarrollaremos en el futuro.


En relación al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, vamos a apoyar este régimen que se basa fundamentalmente en mejoras fiscales, en rebajas fiscales y en la Zona Especial canaria que, en nuestra opinión, se trata fundamentalmente de un plan que conlleva un equilibrio territorial para una zona ultraperiférica. Nuestro grupo parlamentario va a respaldar esta iniciativa, aunque nos preguntamos si hay datos por parte del Gobierno -nosotros creemos que hay datos contradictorios- respecto a la influencia que estos mecanismos subvencionadores tienen sobre la dinámica económica en Canarias o en otras comunidades autónomas. Nosotros preferiríamos que esto se canalizase a través de la inversión pública, de la inversión directa -que según estudios comparados es mucho más eficaz-, que a través de estos mecanismos de incentivos fiscales o de zonas económicas especiales. En todo caso, respaldaremos la actualización que se recoge en esta iniciativa, pero nos gustaría que en algún momento nos parásemos a valorar si este tipo de medidas son más eficaces o no que otras medidas de inversión directa que pueda realizar el Estado. En este sentido, algunas de las modificaciones que propone el Gobierno, por ejemplo, las modificaciones que se dan en algunas materias fiscales, la flexibilización de requisitos de inversión en relación con nuevas actividades, etcétera, apuntan también hacia esa reflexión que creemos necesaria.


Respecto al programa Prever, termino diciendo que estamos de acuerdo con lo que prácticamente supone la desaparición definitiva del mismo y con un mecanismo transitorio. Ahora bien, lo que más nos preocupa sobre dicho mecanismo transitorio es si el Gobierno va a cumplir las orientaciones de los Presupuestos Generales del Estado, que le mandatan a la puesta en marcha de una fiscalidad verde o ecológica en nuestro país. Estamos convencidos de que algunas cuestiones relativas al programa Prever deben interrumpirse de manera inmediata como plantea el propio real decreto, por ejemplo, la deducción extraordinaria conocida como el Prever-gasolina, algo totalmente inútil en estos momentos. Asimismo estamos convencidos de que en otras materias hay que ir reduciendo ese mecanismo transitorio, con la excepción de la cilindrada igual o superior a 2.500 centímetros cúbicos o a determinados vehículos industriales, medidas que creemos adecuadas, pero lo prioritario es la previsión de que en un futuro próximo se lleve a cabo una reestructuración desde la perspectiva medioambiental de la fiscalidad que incide sobre los medios de transporte y aconseja mantener su vigencia durante 2007 pero limitada a un contenido básico. Consideramos fundamental la enmienda de nuestro grupo incorporada a los Presupuestos Generales del Estado para 2007 que explicita que a lo largo del presente ejercicio presupuestario se han de incorporar a través de reformas normativas elementos de fiscalidad verde utilizando figuras actuales o creando figuras nuevas. Ahí está el reto fundamental y

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en nuestra opinión este real decreto únicamente es una medida de carácter transitorio, que vamos a respaldar, pero exigiremos al Gobierno que adopte las medidas de fondo que tienen que ver con la fiscalidad ecológica.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llama-zares.


¿Grupo Vasco? (Pausa.) No. Gracias. Esquerra. Señor Puig.


El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señor presidente.


El Gobierno propone la convalidación de tres reales decretos cuyos contenidos merecen la consideración de nuestro grupo parlamentario.
Nosotros vamos a votar a favor de su convalidación; no obstante, queremos comentar que la fórmula del real decreto mediante la que se nos proponen algunas de estas reformas está prevista, según establece el artículo 86 de la Constitución, para casos de extraordinaria y urgente necesidad, algo que en la presente ocasión no entendemos del todo justificado.
Obviamente es acertado que dichas medidas hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero del presente año, pero es más cierto que las materias que tratan los mismos, todas ellas de índole económica y cuya necesidad de reforma no ha sido sobrevenida sino que era conocida por todos, podrían haberse introducido perfectamente en los Presupuestos Generales del Estado, lo cual hubiese permitido una discusión más amplia y la introducción de enmiendas en el trámite parlamentario si hubiese sido de interés por parte de los grupos, y no la del recurso de última hora, deprisa y corriendo, como parece que ha hecho el Gobierno con los reales decretos. La fórmula utilizada, pues, junto con otras actuaciones que últimamente está realizando el Gobierno, da la sensación de cierta improvisación o de falta de previsión. Entendemos que no es la mejor forma de tramitar algunos de estos reales decretos.


Dicho lo anterior, votaremos a favor de la convalidación de los tres reales decretos que nos ocupan. El primero prevé una habilitación al Gobierno a fin de que, mediante decreto, proceda a la actualización de las indemnizaciones para el personal del sector público estatal residente en las Islas Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla para adaptarlas a la realidad actual, cuyo objetivo obviamente compartimos y ya había sido objeto de enmienda por parte de nuestro grupo en los Presupuestos Generales del Estado; enmienda que afectaba concretamente al sector público de las Islas Baleares, que sigue estando en inferioridad respecto al sector público de otros territorios.


En segundo lugar se nos propone la introducción y modificación de incentivos fiscales comprendidos en el Régimen Económico y Fiscal canario, que como bien sabemos es un régimen especial y diferenciado del resto del Estado. Toda vez que se cumplen los requisitos previstos en este caso para el otorgamiento o modificación de los incentivos, tales como la autorización de la Comisión Europea, nuestro grupo va a votarlo favorablemente.


Por último, en el tercer real decreto se nos propone convalidar una prórroga parcial del programa Prever para la modernización de determinados vehículos, que finalizaba el pasado 1 de enero. La prórroga de un año tiene el objetivo de servir de transición hasta que el Gobierno defina los criterios de reestructuración de un nuevo programa Prever en el que incidan y tengan un peso específico los criterios medioambientales y de sostenibilidad. Por ello y debido al impacto de este trámite, que entendemos positivo, nuestro voto va a ser favorable, pero emplazamos al Gobierno a que adopte el compromiso, basado en criterios medioambientales y ecológicos, de, cuanto antes, definir los criterios de reestructuración del plan, a fin de que en un futuro muy próximo se pueda incentivar y se produzca una renovación del parque automovilístico asentado en criterios de defensa del medio ambiente y de la sostenibilidad ambiental.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.


CiU. Señor Sánchez i Llibre, por favor.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes. En cuanto al Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla, nuestro grupo lo va a votar favorablemente, así como lo vamos a hacer respecto del Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio. Nuestro grupo también va a votar favorablemente el Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente. Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, este último real decreto es el que ha motivado más dudas respecto a la posición de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en cuanto a si lo teníamos que votar favorablemente, porque también planeaba sobre nuestra posición la posibilidad de pedir su tramitación como proyecto de ley. Esta es una cuestión basada en los razonamientos que nuestro grupo va a plantear y nos gustaría saber cuál es la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que es el que da soporte al Gobierno.


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En este real decreto, por el que se establecen medidas urgentes sobre la prórroga del programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente, el Gobierno justifica la desaparición del citado programa sobre la base de que superado el impacto inicial, la permanencia de los beneficios fiscales que en él se contemplan tiene poca incidencia en la decisión final de los compradores. También, y así se recoge en la exposición de motivos, explica la exclusión de los vehículos con una cilindrada igual o superior a 2,5 litros por el carácter menos respetuoso con el medio ambiente que presentan tanto por sus emisiones como por sus pautas de utilización. Las reacciones que ha suscitado la aprobación de este real decreto por parte del Consejo de Ministros prácticamente han ido en la misma dirección. Todas las asociaciones referidas al sector del automóvil, como Anfac, Anicam, Faconauto y Ganvam, plantean que dichas medidas no potencian el objetivo principal del plan, que es la eliminación de los vehículos de más de diez años, ya que son los que más contaminan; al mismo tiempo plantean que los vehículos nuevos son más eficientes en las emisiones y consumos de CO2 .
Anicam considera que la decisión del Gobierno es un error porque propiciará el envejecimiento del parque automovilístico y ralentizará las ventas de un mercado muy adulterado por las automatriculaciones y la fuerte presión que ejercen las marcas. En este sentido, esta asociación propone un mayor control de las emisiones en las ITV, que en su opinión deberían ser liberalizadas para mejorar su efectividad real. En otros aspectos, hay asociaciones que estiman que dicha prórroga del programa Prever hasta finales del año 2007 establece una clara discriminación positiva hacia una marcas por considerar que favorece a unos fabricantes y perjudica a otros.


En opinión del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, la presentación de este real decreto-ley podría obedecer a un trámite demasiado rápido, sin posibilidad de una tramitación parlamentaria en la que todos los grupos de esta Cámara pudieran incidir en aquellas cuestiones o motivaciones que fueran relevantes desde todas las perspectivas del sector, tanto de fabricantes y de distribuidores como de usuarios, y hubiera sido preferible que dicha tramitación la hubiésemos planteado en los Presupuestos Generales del Estado o con una ley ad hoc. A pesar de que la exposición de motivos de este real decreto-ley también habla de la posibilidad de una futura modificación de la fiscalidad sobre vehículos por parte del Gobierno, nos gustaría saber por dónde van a ir los objetivos o cuáles van a ser los elementos más relevantes con los que el Gobierno va a plantear dicha modificación. Desde Convergència i Unió pensamos sinceramente que en esta futura fiscalidad, en esta futura legislación que el Gobierno enviará en breve a esta Cámara, podríamos resolver algunos de los planteamientos de las diferentes asociaciones de cara a la fiscalidad de los nuevos vehículos en un futuro inminente. Es cierto que difícilmente podríamos resolver todos los aspectos negativos que nos presentan todas las asociaciones, pero en la futura tramitación de esta legislación sobre la fiscalidad de los vehículos podríamos recoger todos aquellos aspectos más relevantes que están motivando diferentes declaraciones de todos los sectores industriales, tanto de la fabricación o de la distribución como de los usuarios, a fin de consensuar una legislación fiscal que fuera no solo del agrado de todos los grupos parlamentarios, sino en la dirección que nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió siempre ha planteado, es decir en la dirección de todas aquellas iniciativas que se aprobaron en la Comisión de Seguridad Vial, en la sesión de 22 de diciembre del pasado año, contenidas en una proposición de ley que recogía aspectos que hicieran posible nuevos mecanismos o nuevos planteamientos de medidas encaminadas a promover la renovación de la flota de vehículos. En este sentido también se aprobó un punto que iba en la dirección de poder mantener el programa Prever más allá del año 2008 e incorporar todos aquellos aspectos que hicieran posible contemplar un programa Prever para todos los vehículos de más de seis toneladas. Nosotros quisiéramos plantear la posibilidad de que fuera aplicable a los vehículos de uso doméstico y a los de transporte de personas y mercancías, así como la mejora de la adecuación de los vehículos a las demandas medioambientales y al mismo tiempo poder conectar todas estas medidas con la potenciación del uso de energías alternativas en el sector automovilístico, como podrían ser todas aquellas cuestiones que hacen referencia a los biocarburantes y a los motores híbridos. Son aspectos relevantes que hoy motivan una preocupación nosotros entendemos que importante dentro del sector del automóvil y dentro del sector de la protección del medio ambiente, y ya que no ha sido posible incorporarlos en este real decreto, dado que probablemente no va a ser posible tramitarlo como proyecto de ley porque quizás aplazaría su aplicación, nos gustaría saber cuál es la posición del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno sobre la base de estos razonamientos. Nosotros entendemos que sería muy positivo que en la futura fiscalidad sobre los vehículos de automoción pudiéramos recoger estas diferentes sensibilidades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, en primer lugar, la señora Salom, luego el señor Matos y por último el señor Arias.


La señora SALOM COLL: Muchas gracias.


El trámite de convalidación del real decreto que nos ocupa, sobre las indemnizaciones por residencia a los funcionarios en Ceuta, Melilla y Baleares, demuestra que este es un Gobierno en cierta manera despistado y sectario, más preocupado muchas veces por organizar

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líos que por afrontar los problemas reales de nuestro país y por gestionar los intereses de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios de la Administración. Esto que hoy vemos aquí lo tenían que haber contemplado en los Presupuestos Generales del Estado, y ahí nada de nada. Ustedes han venido deprisa y corriendo, el 29 de diciembre, con un real decreto para afrontarlo. En el debate presupuestario nosotros planteamos distintas enmiendas en este sentido y desgraciadamente su grupo y el resto de los grupos de la Cámara no aceptaron las enmiendas que incrementaban las indemnizaciones a los funcionarios. Pedíamos entonces en una enmienda la equiparación de la indemnización por residencia entre los funcionarios de las Islas Baleares y los de las islas Canarias y desgraciadamente la mayoría de esta Cámara nos dijo que no.


La compensación que se ha venido realizando por parte de los gobiernos año a año es necesaria y de justicia, porque permite a Ceuta, Melilla, Canarias y a las Islas Baleares paliar un poco los mayores costos respecto al resto del Estado a la hora de atraer a funcionarios para el ejercicio de su actividad y que estos no se vean penalizados por las circunstancias que rodean vivir fuera de la Península. Evidentemente, esto supone unos mayores costes, unas desventajas, unos sobrecostes por vivir lejos del territorio peninsular y eso no se compensa con un incremento de un 5 por ciento, que nosotros calificamos de ridículo, escaso y pobre. Nos ha llamado la atención, señor ministro, que se haya dejado fuera de este real decreto a Canarias. Nos ha extrañado que habiendo un ministro canario no haya hecho prevalecer su fuerza para que se incluyera que los funcionarios que viven en Canarias tengan las indemnizaciones correspondientes. Esto supone un olvido lamentable y además pone de manifiesto la nula voluntad por parte del Gobierno de buscar una solución integral para la problemática de los funcionarios desplazados que les equipare en todos los sentidos, lo que haría que se ocuparan todas las plazas y no que haya tantas vacantes como las que tenemos ahora. Hemos planteado desde el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley en este sentido que demuestra cuál es el punto de vista de nuestro grupo, y la actual convalidación del real decreto queda muy por debajo del objetivo que nos hemos marcado en el Grupo Parlamentario Popular, que es la equiparación de todos los funcionarios.
El real decreto habla de actualización y mucho nos tememos que se trata de un pequeñísimo incremento. Esto no es actualización ni es nada; es un pequeño incremento muy lejos de las pretensiones y exigencias de los funcionarios afectados. En Melilla, en los últimos tres años, estas cantidades han quedado congeladas y ustedes pretenden actualizarlas con un pequeño incremento del 5 por ciento. Señor Solbes, su propuesta, la que trae hoy aquí, no hará más atractivo que determinados funcionarios escojan su puesto de trabajo en los territorios que están fuera de la Península. Por tanto, es necesario incorporar a Canarias dentro de la mesa general de negociación de la Administración y que se haga una revisión global de las indemnizaciones que reciben los funcionarios.
También nos ha sorprendido que mientras el real decreto establece que la cantidad de subida será fijada por la mesa general de negociación, en su memoria y a través de una nota de agencias hemos visto que este incremento será del 5 por ciento. ¿Es esa una posición cerrada por parte del Gobierno? ¿En qué posición queda la mesa general de negociación?

Para finalizar, señor ministro, distintos colectivos de funcionarios nos han hecho llegar que sus pretensiones distan mucho de lo que usted en este momento ha anunciado. Mi grupo apoya esa demanda de los funcionarios y por eso le damos un sí crítico a esta convalidación, un sí crítico porque hablamos de cantidades que son escasas, rácanas y que encima dejan fuera a las islas Canarias. En cualquier caso vamos a pedir que la tramitación se haga como proyecto de ley para así poder incorporar desde el Grupo Parlamentario Popular una serie de enmiendas que consideramos necesarias y justas para todos aquellos funcionarios que trabajan fuera de la Península, en Canarias, en Ceuta, en Melilla y en las Islas Baleares, porque las compensaciones tienen que ser muchísimo mayores a las cantidades propuestas por ustedes.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.


Señor Matos, por favor.


El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor ministro, en las dos últimas décadas el archipiélago canario ha vivido una de las transformaciones políticas, económicas y sociales más espectaculares de toda su historia. Si a mediados de la década de los ochenta nuestro producto interior bruto no llegaba al 65 por ciento de la media de la Europa de los Quince, hoy alcanza el 90 por ciento de la Europa de los Veinticinco; y si la tasa de paro vivía instalada en cifras por encima del 20 por ciento -en 1993 llegó al 28 por ciento-, hoy es del 11 por ciento y además ese brutal descenso del paro se ha hecho con un crecimiento de la población de más de 500.000 nuevos ciudadanos canarios. Sin duda ese espectacular crecimiento económico y social se debe al esfuerzo de todos los canarios, pero también sin duda a dos normas que han sido fundamentales, el Estatuto de Autonomía de Canarias y nuestro Régimen Económico y Fiscal, y la casualidad ha querido que esas dos normas se debatan hoy en el mismo día aquí en las Cortes Generales.


Nuestro grupo votó que no al texto del Estatuto de Autonomía de Canarias que viene hoy a las Cortes Generales porque lo considerábamos una reforma innecesaria, ya se había reformado en 1996 y además no refleja el concepto de España y de Canarias que tenemos en el Grupo Parlamentario Popular y que hasta esta legislatura compartíamos con el Partido Socialista. Sin embargo, nuestro grupo parlamentario va a votar que sí a la

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reforma del Régimen Económico y Fiscal, de la Ley 19/1994, y del Real-Decreto 2/2000, de 23 de junio, y lo hacemos porque es una reforma absolutamente necesaria, pues prorroga hasta el año 2013 los incentivos a la inversión y la reserva para inversiones en Canarias y hasta 2019 la Zona Especial Canaria, tres poderosísimos instrumentos cuya aplicación vencía el pasado 31 de diciembre, es decir que si no se aprueba este real decreto-ley simplemente no hay REF. Este es el único beneficio, y desde luego no menor, de esta reforma, su prórroga, es decir su continuidad, porque lamentamos decirle, señor ministro, que este texto no nos convence y por ello solicitamos también su tramitación como proyecto de ley con el fin de corregir las carencias, las limitaciones y las ambigüedades que refleja el texto.


El texto que se trae a esta Cámara y que se publicó el día 30 de diciembre es el de un Gobierno que, sorprendentemente, no ha querido conseguir una norma más clara y contundente. Y decimos que no ha querido y no que no ha sabido o que no ha podido porque el Gobierno socialista ya ha cuestionado en esta legislatura que Canarias tenga unos instrumentos fiscales propios y diferenciados; lo hizo con la resolución que se aprobó en 2005 con motivo de la comunicación del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación, en la cual se instaba al Gobierno a seguir negociando estas tres figuras -la reserva para inversiones y los incentivos a la inversión, así como la ZEC- en pleno proceso europeo de armonización fiscal, y como sabe el señor ministro, la armonización fiscal es el arma más destructiva que se puede utilizar contra el REF y nos extraña porque sé que el señor ministro conoce nuestro Régimen Económico y Fiscal perfectamente.


¿Qué necesitamos corregir de este real decreto? Necesitamos corregir el excesivo reglamentarismo y las cautelas propias de quien no cree en estos instrumentos. Este texto va a necesitar de continuas consultas e interpretaciones en muchísimos aspectos ante la Agencia Tributaria.
También hay que corregir el hecho de que se excluya de los beneficios del artículo 25 a sociedades civiles y actividades profesionales que sí se recogen en el artículo 27 y no entendemos esta diferencia de tratamiento; hay que corregir que no se haya aprovechado para dar mayores ventajas respecto a la adquisición de vivienda sobre todo a los menores de 35 años; hay que corregir los mayores requisitos que se imponen a las pymes respecto a las reservas para inversiones en Canarias, así como que se imponen en este texto mayores restricciones que las que imponen las directrices que regulan las ayudas del Estado entre 2007 y 2013, y también el trato diferenciado que se establece en la Zona Especial Canaria para los dos categorías de sociedades, tanto las que se hayan incorporado antes del 31 de diciembre de 2006 como las que lo hagan posteriormente. Por lo tanto, decimos sí a este real decreto-ley, pero también sí a que se tramite por la Cámara como proyecto de ley para corregir las deficiencias y carencias que tiene.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señor Arias, por favor.


El señor ARIAS CAÑETE: Gracias, señor presidente.


Desde que el programa Prever entró en vigor en 1997 hasta diciembre de 2006 se han registrado más de 3 millones de operaciones en turismos y casi 300.000 en vehículos comerciales. Por lo tanto, el funcionamiento del programa hay que valorarlo positivamente, máxime cuando el coste para la Hacienda pública no llega al 6 por ciento de los ingresos que obtiene por razón del IVA en la adquisición de vehículos y el impuesto especial de determinados medios de transporte. Sin embargo, la antigüedad del parque automovilístico español sigue siendo un problema importante, con una media de 8,7 años de antigüedad, que solo es superada por Grecia en el marco de la Unión Europea a 15, lo cual tiene consecuencias negativas tanto en términos medioambientales como de seguridad vial. El sector de la automoción había realizado un serio trabajo con el Ministerio de Industria durante los quince meses anteriores a la aprobación del decreto-ley presentando propuestas para la mejora del funcionamiento del programa, pero sorprendentemente y dando un giro fundamental a las conversaciones, el 29 de diciembre pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 13/2006 en el que, en primer lugar, se ignora la totalidad de las propuestas elaboradas por el sector -lo cual es una muestra de talante dialogante muy peculiar-, se limita la vigencia del programa Prever a un año desapareciendo -definitivamente, se dice- el 1 de enero de 2008 y se limita dicho programa a vehículos nuevos de cilindrada inferior a 2.500 centímetros cúbicos que sustituyan a otros de más de diez años de antigüedad.


¿Qué consecuencias puede tener este real decreto-ley? Con carácter genérico podemos afirmar que puede empeorar drásticamente el balance fiscal, que hasta 2006 era positivo, de los ingresos adicionales propiciados por el programa Prever; que va a agudizar la caída de ventas de vehículos reduciendo incidentalmente los ingresos de las comunidades autónomas por impuesto de matriculación; que como consecuencia de la reducción del incentivo fiscal de 721 a 480,81 euros, se ampliará el ciclo de vida útil de los vehículos más viejos, especialmente de aquellos que se encuentran en manos de la población inmigrante, y que empeorará la calidad medioambiental y la seguridad del parque al mantenerse en circulación vehículos más viejos, más inseguros y cuyas emisiones contaminan más. Hay que tener en cuenta que los vehículos nuevos y los seminuevos de menos de cinco años consumen y emiten un 80 por ciento menos de CO2 que los de más de diez años. También aumentará el abandono de vehículos en vías públicas urbanas e interurbanas y en descampados, con las graves consecuencias medioambientales. Pero, y esto es lo más preocupante, las modificaciones que introduce el real decreto-ley, en una lógica de seguridad vial y en una lógica de mejora medioambiental, carecen de todo fundamento; la exclusión

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de los turismos de más de 2.500 centímetros cúbicos carece de racionalidad porque cualquier turismo nuevo, independientemente de su cilindrada, contamina menos que un vehículo de más de diez años, por lo que parecería lógico que cualquier medida de este tipo basara sus incentivos en las características del vehículo viejo y no del vehículo nuevo. La exclusión de la posibilidad de reemplazar un coche usado que se da de baja por otro también usado con una antigüedad menor es otro craso error. Hay muchos compradores potenciales que no pueden cambiar su coche usado por uno nuevo, pero que pueden acceder a otro usado más moderno, lo cual permite rejuvenecer el parque de forma escalonada. Piénsese que solo las empresas de alquiler de vehículos sacan al mercado cerca de 200.000 coches al año, con una antigüedad inferior al año, y son coches que están en unas condiciones de seguridad y medioambientales francamente buenas.
Finalmente, la eliminación del incentivo de 720,80 euros viene a recortar las ayudas ya de por sí algo escasas, y además esta cantidad suponía un incentivo adicional para eliminar vehículos que no pueden utilizar gasolina sin plomo, es decir, aquellos con características técnicas particularmente obsoletas en relación con la tecnología actual mucho más respetuosa con el medio ambiente, y es verdad que hay muchos vehículos que siguen usando gasolina con plomo.


Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de la ratificación de este decreto ley y pedirá su tramitación como proyecto de ley a los efectos de que puedan introducirse las enmiendas necesarias para que el programa Prever siga cumpliendo sus objetivos de disminuir la antigüedad de nuestro parque automovilístico, de mejorar su seguridad y de disminuir sus emisiones contaminantes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Llamamos a votación. Perdón, señor Torres. (Risas.) Miraba al señor vicepresidente que, con su calma habitual, me señalaba que el Gobierno no iba a intervenir más. Discúlpeme.


Señor Torres.


El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señor presidente.


Señorías, traemos a convalidación tres reales decretos que han sido defendidos por los diferentes grupos parlamentarios y que necesariamente voy a tener que abordar con extrema brevedad. En primer lugar, el Real Decreto-ley 11, sobre las cuantías de indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla, como SS.SS.
conocen, se refiere a una retribución complementaria de carácter compensatorio y no retributivo. Se trata de resarcir a los empleados públicos de los gastos en que incurren por la distancia de estos territorios, lo que ya ha sido abordado en diferentes decretos y leyes de presupuestos. Pensamos que ha sido acertado y, según el real decreto, estas cuantías serán objeto de negociación con las organizaciones sindicales hasta unos importes máximos autorizados, que van a suponer aproximadamente un incremento del 5 por ciento sobre las vigentes en el año 2006. Nos causa sorpresa escuchar la posición del Grupo Popular reclamando unos incrementos superiores cuando durante su etapa de Gobierno estos incrementos no llegaron siquiera al nivel de inflación mínimo, es decir, estuvieron por debajo del nivel de inflación, del orden del 2 por ciento y del 4 por ciento. Nosotros hemos hecho un real decreto donde ponemos la primera piedra para que estos incentivos alcancen el nivel adecuado.


En segundo lugar, quisiera referirme al Real Decreto-ley 12, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, y aprovecho para saludar la presencia de parlamentarios canarios y del presidente de la zona especial canaria. Nos encontramos ante un decreto que desarrolla unos incentivos fiscales de la imposición indirecta y directa vinculada a la situación ultraperiférica de Canarias. Vale la pena recordar, señorías, que nos encontramos en un momento estratégico para las islas: dejan de ser Objetivo 1 no por efecto estadístico, sino por el crecimiento de su nivel de renta, y el peligro, como acecha a otras regiones de España, era no conseguir unos fondos de transición o permanentes que les continuara inyectando desarrollo y bienestar. A pesar de las voces agoreras, a pesar de los temores, a pesar de las reiteradas descalificaciones de que el Gobierno socialista de Zapatero dejaría en la cuneta a las islas, hemos comprobado que el resultado ha sido todo lo contrario. En estos momentos nos encontramos con una realidad que desmiente todas estas posiciones pesimistas. El Gobierno socialista ha tenido la máxima ambición desde el primer momento. Tenemos que recordar que el propio Parlamento canario aprobó una resolución que le había llegado del Gobierno canario y que el Gobierno no solo ha defendido, sino que ha ampliado notablemente ante la Unión Europea. Señorías, se ha conseguido el máximo nivel de ayudas posible en estos momentos; se han introducido mecanismos novedosos potentísimos, como las ayudas al funcionamiento, que ni serán temporales ni serán decrecientes. Por tanto, se pone a disposición de la sociedad canaria, de todo el tejido empresarial, de sus emprendedores, unos mecanismos que no tiene ningún otro territorio de España, ni siquiera de Europa. Estamos ante los mecanismos fiscales de ayudas de Estado más potentes de la Unión Europea.
Por tanto, los mecanismos regulados, que podemos enumerar brevemente, afectan no solo a las inversiones iniciales, sino también a las de funcionamiento. Se conectan entre sí la RIC -la reserva de inversión canaria- con la propia Zona Especial de Canarias, de tal manera que se potencian conjuntamente; permite la materialización de la reserva también en costes salariales, y las medidas de elusión fiscal, que me ha parecido entender que han sido criticadas, son medidas para que estos incentivos cumplan su verdadera finalidad, no tienen otro motivo. El hecho de que la inversión en suelo se limite a las actividades económicas,

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se limite a la construcción de viviendas de protección oficial o se limite a las instalaciones hoteleras que necesitan modernización está entroncado con las auténticas necesidades que tienen estos momentos las islas Canarias y, por tanto, en absoluto tiene que ver con limitaciones a la actividad, sino, antes al contrario, con una estrategia muy clara de progreso. Por otra parte, las novedades que se introducen en la Zona Especial de Canarias van a permitir mejorar requisitos de inversión y empleo en estas aplicaciones de la reserva, sobre todo para las islas no capitalinas, simplificar el impuesto sobre sociedades e incorporar nuevas actividades, como la actividad de mantenimiento y reparación aeronáutica o la generación de nuevas energías.


Quisiera acabar este punto diciendo que sorprende cómo puede aprobarse en el Parlamento canario con expresiones de felicidad, porque tienen motivos y, sin embargo, en estos momentos en el Parlamento de España se siembren dudas sobre la potencia y sobre el éxito que ha tenido el Gobierno socialista negociando con Europa. (Aplausos.) Hasta el propio Grupo Parlamentario Popular felicitó al Gobierno canario y al Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, como dijo el Grupo canario, estamos de enhorabuena y por primera vez podemos decir que lo que hemos pedido, lo hemos conseguido completamente y, de hecho -permítanme añadir-, hemos conseguido mucho más de lo que habíamos pedido.


Por otra parte, para finalizar con el tercer real decreto, se ha aprobado la prórroga del programa Prever para la modernización del parque de vehículos, que ha venido desarrollando beneficios fiscales aplicables fundamentalmente a la matriculación de un vehículo automóvil de turismo nuevo cuando se daba de baja otro con una determinada antigüedad. Desde su puesta en marcha, los vehículos acogidos al programa Prever han sido numerosos, desde 1997 hasta 2005 casi tres millones de vehículos, lo que representa una incidencia en torno al 17 por ciento de las matriculaciones, pero no podemos perder de vista que tenía una tendencia descendente, de tal modo que en 2005 tan solo era el 15 por ciento el número de vehículos que se veía afectado. Esta tendencia parece evidenciar que el programa de matriculaciones de vehículos nuevos tenía, poco a poco, agotados sus planteamientos iniciales en cuanto a la renovación del parque automovilístico. Un dato que ha dado el Grupo Popular y que no es cierto es que el porcentaje de vehículos con más de diez años de antigüedad en España sea peor que la media comunitaria. En España representa el 33 por ciento, prácticamente el mismo que la media comunitaria. Parece, pues, que superado el impacto del programa Prever, esa permanencia estructural de beneficios fiscales va restando una eficacia incentivadora. Quiero recordarles, señorías, que en la propia práctica comercial del mercado del automóvil, cuando vamos a comprar, se oferta a los compradores un precio global por vehículo matriculado.
Recuerden, comprende impuestos, tasas y gastos accesorios a la matriculación, lo que incide en que no haya percepción individualizada de la ayuda que está dando el Estado. Por lo tanto, el programa Prever prorrogado se limita a un contenido básico, como se ha señalado; no se aplica a matriculaciones de turismos superiores a 2.500 centímetros cúbicos, se excluyen los vehículos usados y se limita a algunos vehículos usados ligeros. Queda claro -en este sentido quiero contestar a la insistencia del Grupo Convergencia i Unió-, que esta prórroga es una medida transitoria, puesto que, llegada esta fecha, el análisis del sector contempla la previsión de que en un futuro próximo se lleve a cabo una reestructuración, desde la perspectiva medioambiental, de la fiscalidad que incide sobre los medios de transporte. Tenemos que tener en cuenta que hay una mesa del transporte, que se está analizando si los coeficientes de amortización son los adecuados o no y si se corresponden con la vida útil del vehículo o no. No podemos, en una prórroga del programa Prever, reformar algo que afecta a un conjunto de impuestos, fundamentalmente al impuesto sobre sociedades, por lo tanto, tenemos que dejar para más adelante un análisis global de la fiscalidad del sector.
En cualquier caso, esta prórroga no está por sí misma, sino que estaba prevista en la época del Grupo Popular y lo único que hace es tener en cuenta la realidad del mercado. Por eso solicito en nombre de mi grupo que se convalide el real decreto y no se tramite como proyecto de ley.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.


Votación de la convalidación o derogación de los siguientes reales decretos-leyes. Primera votación: Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autoriza la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.) El Grupo Popular. En consecuencia, vamos a proceder a la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 107; en contra, 171.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Segunda votación: Real Decreto-ley 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley 19/1994,

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de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.


El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite el real decreto-ley como proyecto de ley? (Pausa.) El Grupo Popular lo desea.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 106; en contra, 174.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley.


Tercera votación: Real Decreto-ley 13/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes en relación con el programa Prever para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 177; en contra, 103; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


¿Algún grupo parlamentario desea que se tramite como proyecto de ley? (Pausa.) El Grupo Popular. Procedemos a la votación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 104; en contra, 173; abstenciones, cuatro.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley convalidado.


Se suspende la sesión hasta las trece horas.


Gracias.


Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a la una de la tarde.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.


-DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. (Número de expediente 127/000007.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Punto II del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de Autonomía. Propuesta del Parlamento de Canarias de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Antes de comenzar el debate propiamente dicho, quiero saludar a los dignos representantes tanto del Parlamento como del Gobierno canario y agradecerles su presencia aquí. Sean bienvenidos. Espero que encuentren este debate de gran utilidad e interés, como imagino que será. Muchas gracias y bienvenidos al Congreso de los Diputados.


El formato del debate, que ha sido aprobado por la Junta de Portavoces, será el siguiente. Turno de cuarenta minutos, a repartir entre los tres representantes de la delegación del Parlamento proponente. Se suspenderá la sesión después de su intervención y comenzaremos, como es habitual, a las dieciséis horas.


Para la presentación de la propuesta por la delegación del Parlamento proponente, tiene la palabra en primer lugar don José Miguel González Hernández. Adelante, por favor.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (González Hernández): Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Parlamento de Canarias comisionado por Coalición Canaria, grupo parlamentario nacionalista que tiene la máxima representación, casi el 40 por ciento de los diputados elegidos por el pueblo canario. Lo hago con orgullo y con esperanza. Con orgullo, porque me ha cabido el honor de ser uno de los tres diputados que defienden un texto donde se encierran las demandas de nuestros conciudadanos, tal y como fue acordado por una amplia mayoría de sus legítimos representantes, y con esperanza, porque pienso que seremos capaces de convencerles de la bondad de nuestro texto, plenamente constitucional, para conseguir su apoyo. Confío en su sensibilidad, comprensión y entendimiento de la realidad de nuestro archipiélago y en que los canarios no vayamos a encontrarnos una vez más en la historia ante un intento de modificar sustancialmente nuestras demandas, en un frustrante proceso de homogenización que esta Cámara en meses recientes no ha considerado aplicable a otras comunidades autónomas cuya posición geoestratégica no tiene parangón con la nuestra. Porque, señorías, hablamos de la Canarias real, no de la mítica tierra de los atlantes, más allá de las Columnas de Hércules, ni del jardín de las Hespérides; sino de un archipiélago atlántico en el mar de Canarias, cercano al continente africano, lugar de referencia para los navegantes de la

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antigüedad, con nuestro Teide, muchas veces coronado por la nieve, como su faro y su guía; encrucijada en las empresas de navegación que marcan el comienzo de la historia moderna; fruto codiciado por dos pueblos ibéricos, cuyo conflicto exigió la intervención del papado romano para su resolución, cerrado no sin dificultades en el Tratado de Tordesillas. Son unas islas con escasos recursos naturales que, con dureza, han condicionado la vida de sus habitantes, pero situadas en un emplazamiento estratégico para las empresas del descubrimiento y colonización de nuevos mundos y hoy en día lugar de cruce de la mayor parte de las rutas de comercio con América del Sur y el sudeste de Asia, y en vías de serlo con la cercana a África. Nunca ha sido fácil la vida de los canarios, en particular porque nuestras especiales dificultades no han sido atendidas por los poderes centrales del Estado. No siempre ha sido así, es justo reconocerlo. Ya en 1487 una Real Cédula de los Reyes Católicos otorgaba un régimen de franquicia a las islas Canarias. Ahí se ensayaron algunas instituciones, apoyadas o utilizadas posteriormente en la empresa americana, que atribuían decisiones político-administrativas a órganos territoriales alejados de la España continental, tales como el Adelantado de Castilla o los cabildos representantes de su población. Hitos importantes a lo largo de la historia en la conformación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, fuera de la disposición que está -como ustedes saben- protegida por la disposición adicional tercera de la Constitución, fueron el Real Decreto de Puerto Franco de 1852, la Ley de 1900 y las leyes 30/1972, de 22 de julio, y 20/1991, de 7 de junio, que configuran lo que hoy es el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Pero, señorías, esas no fueron concesiones graciosas de un poder central, sino muchas veces fruto de una lucha del pueblo canario por su autogobierno dentro del Estado. A título de ejemplo -hay muchos más-, recordaré cómo el enfrentamiento y la desobediencia civil lograron anular la aplicación en Canarias del arancel general para la monarquía en 1851. No creo, pese a algunas manifestaciones que se han producido recientemente, que nos vayamos a encontrar en circunstancias similares a las que se refería hace más de 175 años Francisco María de León, secretario que fue de la Diputación Provincial, a ese intento de homogeneización con las palabras siguientes: Con el arancel sumíase a las islas en un insondable precipicio, queriendo nivelar a Canarias con las otras provincias de la monarquía. Este error funesto, o más bien esta manía, esta consecuencia de la ignorancia del Gobierno de nuestras cosas, esta consecuencia de considerar las islas como un país puramente distinto de la Península. Mil veces -decía este hombre- hemos tenido y mil veces tendremos la necesidad de referirnos a lo que ha sido siempre para nosotros una fuente fecunda de males insufribles. Esperemos, señorías, que no sea ahora el caso.


La instauración de la monarquía, la Constitución española en su título VIII, nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, junto con la Ley Orgánica 11/1982, de transferencias complementarias a Canarias, aprobada en la misma fecha, en lo que fue un acto claro de buena voluntad para el pueblo canario, han permitido una cuota importante de autogobierno, pero el tiempo no ha pasado en vano. La madurez de la sociedad española y un mundo cambiante en proceso de globalización hace que algunos de sus contenidos adolezcan de cierta obsolescencia, y de ahí la necesidad de adaptación a la realidad actual, ya que son insuficientes para hacer frente a los desafíos de hoy. La solución de problemas en los que hace veinte años ni siquiera se pensaba exige medidas tomadas en las islas por una administración más cercana al ciudadano, aplicando el principio comunitario de subsidiariedad, pero sin olvidar los de eficacia y eficiencia. Esto es lo que pretende por encima de todo esta propuesta de reforma de nuestro Estatuto plenamente constitucional, para cuya toma en consideración espero darán su voto favorable.


Señores diputados, no creo que tengan duda alguna sobre cuál es la idea que como nacionalistas tenemos de Canarias en esta España plurinacional, rica y variada, pero, en aras del consenso, nuestra propuesta define a Canarias como archipiélago atlántico, una nacionalidad cuya autonomía viene reconocida en el artículo 2 de la Constitución. Puede parecer una obviedad geográfica decir que somos un archipiélago, pero me remito al María Moliner. Seguro que se van a sorprender: Un archipiélago es una porción de mar poblada de islas. No creo que nadie dude de la existencia geográfica del archipiélago canario, pero hasta la fecha eso no se ha reconocido en lo político. El ámbito territorial de Canarias tiene que incluir -así lo proponemos- las siete islas mayores, así como el resto de los territorios insulares y el mar que las conecta, y, como es obvio, todas las competencias de soberanía española en áreas circundantes solo pueden existir en el ámbito territorial canario sin perjuicio de la distribución competencial para ejercitarlas. Queremos enfatizar el carácter atlántico de nuestro archipiélago, cercano a la costa de África, avanzadilla de Europa hacia el sur, centro logístico y de cooperación internacional, para el que el derecho primario europeo, el artículo 299.2 del Tratado de la Unión, establece condiciones que modulan la aplicación de las políticas comunitarias como contrapartida a su carácter de ultraperificidad derivada de limitaciones estructurales ¿No les parece razonable, señorías, que pidamos un trato similar al Estado español, que es el que nos da ya Europa en su conjunto? Ese es el propósito del artículo 2 de nuestra propuesta.


Voy a pasar por alto muchos artículos de las disposiciones generales y del título I, de la organización de la comunidad autónoma, para referirme de pasada al titulo II, del Poder Judicial y de la Administración de Justicia, para comentarles que nada contiene que no tenga alguno de los estatutos ya aprobados en esta Cámara. Del análisis y pormenorización de las competencias solo indicaré

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que abarcan 62 artículos de los 165 de nuestra propuesta. Hemos optado por un modelo extensivo, en el que se pormenoriza el contenido de cada una de ellas, porque, señores diputados y diputadas, estimamos que cuanto más precisa sea la ley orgánica, menos problemas será necesario someter posteriormente al Tribunal Constitucional. No ponemos en cuestión el papel trascendental del Tribunal Constitucional, pero coincidirán conmigo que muchas veces la negociación puede resolver algunos problemas sin necesidad de acudir a su intervención. De ahí la regulación que hacemos en el artículo 127 de la comisión bilateral de cooperación. Creemos que la colaboración entre administraciones, bajo el principio de la lealtad interinstitucional, es el recto camino para avanzar en esta España tan diversa. Muchas veces la singularidad de nuestras islas plantea problemas cuyo ámbito no puede ser solo el multilateral para el debate. Estoy convencido de que mis compañeros que me seguirán en la presentación incidirán en algunos puntos que yo he pasado por alto. Sin embargo, no puedo obviar el artículo 126, que se refiere a la asunción, en el marco del artículo 150.2 de la Constitución, de facultades competencia del Estado.


Señores diputados, dediqué la primera parte de mi intervención a intentar convencerles de las singularidades de un archipiélago y de cómo a lo largo de los últimos 500 años un Estado comprensivo, aunque desgraciadamente no siempre, ha ido permitiendo en Canarias un régimen muy diferente al común, no como un privilegio, sino como respuesta de una necesidad derivada de la insularidad alejada y de la fragmentación característica de todos los archipiélagos. Como ya decía en 1821 José Murphy, diputado a Cortes, con motivo del conflicto arancelario, a las islas no puede aplicárseles las mismas reglas ni el mismo régimen administrativo que a la España europea y trasatlántica sin que resulten efectos muy contrarios a los que en la legislatura nacional se propone.
Los tiempos cambian, pero las condiciones estructurales no, estas desafían al poder humano. Seguimos teniendo necesidades singulares que requieren también respuestas singulares. El Estatuto en vigor nos otorga plena competencia en el transporte marítimo entre islas, pero estamos en el siglo XXI y ahora son las comunicaciones aéreas las más importantes.
Pero en cuanto al tráfico de pasajeros entre las islas, ¿no es racional que la comunidad ejerza también las competencias del transporte aéreo entre las islas? ¿No es razonable también que participemos en un modelo consorcial con el Estado en la gestión de los puertos y aeropuertos, que son las entradas y salidas en nuestras islas? ¿Cómo puede separarse la regulación de las actividades a desarrollar en nuestras costas y playas -señores diputados, somos islas, no lo olviden, y el mar nos envuelve por todos lados- de la competencia sobre el litoral, que ya es competencia exclusiva de la comunidad autónoma? ¿No comprenden que el control de la sanidad exterior de un archipiélago en medio del Atlántico, tanto en lo que se refiere a la protección de las personas como la de nuestros cultivos semitropicales, nuestra flora y fauna, endémicas, poco tiene que ver con la sanidad continental y que si Canarias tiene competencias en medio ambiente, agricultura y sanidad, debe asumir las competencias en sanidad exterior?

Señorías, la Ley de reforma de nuestro REF, ese que está protegido por la disposición adicional tercera de la Constitución, creó dos impuestos especiales: el IGIC y el AIEM. Son impuestos aplicados exclusivamente en Canarias, los reglamenta y gestiona la comunidad autónoma y los recursos que generan son recursos tributarios exclusivos de las administraciones territoriales. ¿No les parece que, siendo este el caso, deben transferirse a la comunidad autónoma las facultades normativas sobre esas especialidades económicas y fiscales? Señores diputados, de ahí el artículo 126 que defendemos en el marco del 152 de la Constitución.


Quiero finalizar, señorías, con un comentario que dirijo a todos, pero especialmente a los representantes de los partidos nacionalistas. ¿No les parece lícito y razonable que pidamos que en nuestro fuero tradicional canario que está protegido por la Constitución, nuestro REF, no pueda modificarse sin el consentimiento expreso y por amplia mayoría del Parlamento de Canarias? Ese es el sentido y justificación del artículo 132 del título IV en nuestra propuesta. Señores diputados, en nombre del Parlamento de Canarias, y en particular de Coalición Canaria, les pido su comprensión y especial sensibilidad con este trozo de España y su voto favorable a la toma en consideración de nuestra propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Hernández.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Alemán Santana): Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para apoyar en nombre del Parlamento de Canarias y del Grupo Parlamentario Socialista Canario en dicho Parlamento la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en Canarias.


Señorías, la propuesta que hoy examinamos emana de la Constitución, porque en ella está previsto. Reconocer la diferencia como parte de nosotros mismos, admitir que la unidad del Estado no significa uniformidad y que el centralismo político no es la solución al debate territorial, sino una parte del problema, son convicciones compartidas que tuvieron traducción política y jurídica en la Constitución de 1978 y que se encuentran en los cimientos mismos del llamado Estado de las Autonomías. Canarias no viene hoy aquí a plantear nada que no le dé su propia situación geográfica: la frontera más al sur de Europa; la España más próxima al África atlántica; un archipiélago cuyos habitantes pueden ver la isla de enfrente y sus casas, pero cuyas islas están separadas por

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aguas internacionales entre ellas. No somos, pues, las islas afortunadas de los cuentos; somos un pueblo cuya fortuna es el trabajo y el esfuerzo, antes inmigrante y hoy solidario con los inmigrantes; un pueblo que quiere dar más que recibir, cómodo, sin lugar a dudas, en una España plural.


Canarias es una comunidad española con profunda raigambre autonomista y, precisamente por eso, con profundo sentido del Estado. La idea de un estatuto regional canario comenzó a recibir formulaciones serias en los primeros años del pasado siglo. La última manifestación pública hacia el estatuto regional se produce en el año 1936, poco antes del estallido de la Guerra Civil, y a comienzos de los años setenta se recupera con el Estatuto del IUDE. Hasta 1978, con la Constitución, las circunstancias hicieron poco menos que imposible que este término se manejara en Canarias, no solamente por la situación de dictadura, sino porque siempre ha sido más difícil para los que estamos más lejos hablar de descentralización. Mucho se ha avanzado en Canarias desde el inicio de la década de los ochenta, momento de la aprobación del actual Estatuto de Autonomía, pero el desarrollo armónico y autosostenido del archipiélago no resultará de la mera aplicación del contenido del Estatuto de Autonomía. El Estatuto es solo un instrumento, pero no es un bien en sí mismo ni puede sustituir la acción de un buen Gobierno. Canarias está ahora en un nuevo milenio y se puede colocar en este inicio de siglo en el sitio que le permita avanzar en su organización social y económica hacia cotas de pobreza y bienestar sin parangón, y este es justamente el papel que debe jugar el nuevo Estatuto. Por eso, este es un día importante -una fecha trascendental, una fecha para recordar-, es el día de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía. Este Estatuto que hoy presentamos supone, sin ninguna duda, un salto cualitativo en el desarrollo de la autonomía en las islas. Es una reforma que tiene muy poco que ver con las pequeñas reformas que se hicieron en 1996. Reclamamos competencias no porque otros las tengan, sino porque la experiencia nos dice quién las puede ejercer mejor, pero también las reclamamos para que el Gobierno de la comunidad responda de ellas. Se trata de responder de lo que se gestiona y no de pedir más como respuesta a la no gestión. Este Estatuto pudo llegar a esta Cámara antes si en Canarias algunos no hubieran estado más pendientes de cómo se cerraba el Estatuto de Cataluña que de cómo debíamos cerrar el propio.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Esta reforma, señorías, representa más autonomía política, más autogobierno para nuestra tierra, más competencias adaptadas a la singularidad de Canarias; representa el reconocimiento de la ultraperificidad, ya recogido en el Tratado de Ámsterdam. Significa el reforzamiento de nuestro régimen económico y fiscal, la delimitación de las aguas interinsulares, el afianzamiento de nuestra organización política y administrativa. Esta reforma se completa con algunos elementos que también hay que reseñar, por ejemplo, la posibilidad que tiene el Gobierno de dictar decretos-leyes en determinadas circunstancias, como las catástrofes públicas; la posibilidad de que el presidente del Gobierno pueda disolver la Cámara si no hay estabilidad y la propia reforma de Estatuto que en el futuro iría por la vía del referéndum. Al alcanzar el techo máximo estatutario hemos completado las competencias con una propuesta que hicimos y que consistía en aumentar las mismas en las islas a través de una ley orgánica de transferencias complementarias -una Lotraco-, como hicimos en el año 1982. ¿Para qué?, se preguntarán sus señorías. Para que las competencias que son exclusivas del Estado puedan transferirse o delegarse a esta comunidad autónoma. No por capricho, porque somos la única comunidad autónoma que está planteando esto, y lo hacemos porque somos distintos, porque vivimos en un archipiélago, porque somos ultraperiféricos y porque necesitamos que determinadas competencias que son exclusivas del Estado sean gestionadas por Canarias. Por ejemplo, la gestión de los puertos y de los aeropuertos de interés general. No creo que exista en España una comunidad autónoma que a las 9 de la noche quede incomunicada por tierra y por mar -por supuesto, el mar tampoco permite los trenes ni las autopistas-, y eso nos hace, sin lugar a dudas, diferentes.


Hemos tenido, además, una gran preocupación por preservar la autonomía de los cabildos, de tal manera que se han incorporado al Estatuto las competencias de los mismos, cosa que nunca había sucedido. Hemos garantizado a los cabildos los recursos de las islas y hemos reforzado las funciones de la Comisión General de Cabildos. Incorporamos a esta reforma la iniciativa legislativa de los ayuntamientos, la creación del consejo municipal de Canarias y la asunción de un conjunto de competencias muy importante a favor de los mismos.


Un consenso total entre las fuerzas políticas parlamentarias canarias hubiera sido deseable, pero no ha sido posible porque el Partido Popular, simplemente, no ha querido el acuerdo. El Partido Popular de Canarias se ha opuesto a esta reforma con argumentos respetables pero, desde nuestro punto de vista, sin fundamento alguno. Porque esta reforma tuvo el apoyo del Partido Popular justo hasta su salida del Gobierno de Canarias; a partir de ahí, salida del Gobierno y que todo se volviera inconstitucional, fue todo uno. No renunciamos a su integración, la deseamos, en un acuerdo más amplio. Es mejor un Estatuto de todos que de la mayoría. Quizá sea esta Cámara el marco adecuado, pero también tengo que decir con solemnidad una cosa: un buen acuerdo no vale un mal Estatuto para Canarias.


Para nosotros, esta reforma estatutaria debía vincular un nuevo sistema electoral. Creo que el acuerdo sobre el sistema electoral es un acuerdo satisfactorio y equilibrado. Consigna la circunscripción electoral autonómica y rebaja las barreras -esa injusticia del sistema electoral canario- en más del 50 por ciento. Ahora bien, si el Estatuto de Autonomía sufre enmiendas sustanciales en esta Cámara, el Grupo Socialista no se resigna a

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enmendar también la reforma electoral para darle mayor solidez y mayor agilidad.


Señorías, tenemos confianza en el Estado de derecho, tenemos confianza en las instituciones, por eso respetamos la autonomía y las competencias que tiene el Congreso y que tiene el Senado, pero también señalamos que confiamos plenamente en el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales porque es nuestro grupo y porque es el grupo que cree en la España plural. (Aplausos.) Este será, señorías, para nosotros un Estatuto que, sin ninguna duda, tiene que ser un instrumento de convivencia, que pondremos al servicio de una sociedad joven y madura, europea, que mira a África y a América, solidaria, moderna. Desde la aprobación de la Constitución nuestra vida colectiva mejora cada día. Ese progreso lo debemos, por encima de todo, a nuestra decisión de vivir en democracia, en una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres y solidarios -así son nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas en Canarias-, que reclaman leyes justas y sabias, gobernantes que trabajen para unir al país, y no existe manera más eficaz de unir a un país que evitar la descalificación y aplicar siempre la voluntad de entendimiento. Eso es lo que queremos para Canarias y eso es lo que queremos, desde Canarias, para toda España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Alemán.


Tiene la palabra doña María Isabel Déniz de León.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CANARIAS (Déniz de León): Gracias, señor presidente.


Señorías, señor presidente del Gobierno de Canarias y compañeros diputados, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, grupo parlamentario nacionalista, para manifestar nuestro apoyo a la reforma del Estatuto que hoy se pretende tomar en consideración.


Canarias, señorías, se encuentra ante un reto histórico. La consideración y posterior aprobación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias supone un paso crucial e histórico en el devenir del Archipiélago, pues va a dar lugar a una importante transformación de las condiciones en las que se desenvuelve la vida política, social y económica de las islas. Señorías, una reforma estatutaria nos permite adaptar la norma jurídica de máximo nivel a las nuevas demandas sociales del archipiélago canario, y dicha reforma sirve para que los ciudadanos de Canarias se sientan identificados con sus leyes desde el punto de vista orgánico, estructural, competencial y financiero. De esta manera, señorías, estamos garantizando el éxito de la convivencia social y democrática.


En efecto, la propuesta del nuevo Estatuto de Autonomía supone un paso importante no solo para alcanzar mayores cuotas de autogobierno, sino también, y lo que es más importante, en la adecuación del mismo a las singularidades canarias: nuestro hecho diferencial, nuestra condición de archipiélago atlántico y de región ultraperiférica. En este sentido, señorías, podemos afirmar que la atención que el constituyente prestó en su día a las singularidades canarias fue escasa y deficiente; de hecho, en aquellos momentos este hecho diferencial no fue transmitido con la suficiente solidez no solo para obtener un mayor grado de reconocimiento en la Constitución, sino tampoco para obtener un grado de autonomía plena como lo obtuvieron otras comunidades. Así, en el Estatuto de Autonomía de Canarias del año 1982, que nos permitió acceder a la autonomía a través del procedimiento previsto en los artículos 143 y 146 de la Constitución española, Canarias se queda fuera de las comunidades históricas, y tampoco en el Estatuto del año 1996 supieron reflexionar en toda su dimensión, riqueza e intensidad sobre el hecho diferencial canario; cierto que algo se avanzó en este último. Siempre, señorías, Canarias ha tenido vocación de defender sus singularidades. Primero, en 1812, al comienzo de las Cortes gaditanas, el Archipiélago demandará respeto a sus tradiciones; segundo, en 1931, cuando se debate la Constitución republicana un sector de diputados canarios, avalados por representantes de la sociedad civil y económica de las islas, solicita que Canarias se incorpore como una de las regiones autónomas del Estado. Se concreta en el año 1936 un proyecto estatutario; sin embargo, no pudo ser aprobado en la asamblea convocada para el 18 de julio de 1936, y esta vez la historia y la vocación autonomista de la sociedad canaria fueron frustradas por la dictadura. Por todo ello, señorías, después de perder y malograr ocasiones anteriores para contar con unos parámetros constitucionales más acordes con nuestras características, el Parlamento de Canarias, como representante soberano del pueblo canario, ha perfilado a través no solo de la propuesta del Estatuto sino también de la propuesta de Ley orgánica de transferencias que se deberá aprobar en este Congreso, un nuevo régimen competencial y autonómico que va a posibilitar, aunque no de forma plena por razones políticas, el ejercicio real del grado de autogobierno que las singularidades canarias reclaman.


En este sentido, el Parlamento de Canarias ha hecho su trabajo y es ahora obligación y responsabilidad de estas Cortes Generales tomarlo en consideración, aprobar el Estatuto y, a continuación, esa Ley de transferencias que complementen nuestro techo competencial, que va a posibilitar que se recojan las necesidades que las singularidades canarias exigen de manera ineludible. Ahora bien, señorías, el Estatuto de Autonomía de Canarias no puede ser homogéneo e idéntico a estatutos de otras comunidades autónomas, y ello porque Canarias es un territorio diferente de la España continental; no puede ser igual aunque otros se empeñen. Canarias es un archipiélago atlántico situado entre tres continentes y a 115 kilómetros del continente africano; se encuentra a 1.010 kilómetros de la costa europea más cercana, que es España, y de los catorce territorios archipielágicos de la

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Unión Europea es el segundo más alejado. Señorías, la realidad de ser archipiélago atlántico y ultraperiférico hace que las islas Canarias tengan una identidad singular basada en sus circunstancias históricas, culturales y geográficas, circunstancias que define el hecho diferencial canario reconocido de forma clara y rotunda en los tratados de la Unión Europea; hecho diferencial que significa reconocer la ultraperiferia y la lejanía, la insularidad, la escasez de recursos naturales, la reducida superficie del Archipiélago, las especiales condiciones climáticas, su dependencia económica de un número reducido de productos y, entre otras cosas, la fragilidad de sus ecosistemas, factores todos ellos cuya persistencia y combinación han perjudicado y perjudican gravemente el desarrollo de la comunidad y, sobre todo, establecen desigualdades notables entre nuestro pueblo y el resto de los españoles y europeos. Por tanto, tales circunstancias deben servir de guía y patrón a la hora de regular las condiciones en las que se va a desenvolver la vida política, económica y social, tanto en las relaciones entre las islas como en las relaciones con el resto de España y de Europa, singularidades cuya existencia justifica que mantengamos y desarrollemos una identidad propia dentro de las nacionalidades españolas. El artículo 64.2 de nuestra reforma del Estatuto lo dice claramente. Si no se usa esta guía y este patrón dice que si las Cortes Generales, durante su tramitación, modificaran sustancialmente la propuesta de reforma del Estatuto, se devolverá al Parlamento de Canarias para que seamos los canarios, con la explicación motivada, los que decidamos cuál es el Estatuto que queremos.
Es hora de que este Parlamento español reconozca y ampare el único hecho diferencial reconocido por la Unión Europea y de esta forma obligue al Gobierno a ejercer sus poderes de forma diferenciada al resto de comunidades autónomas. En este sentido, la propuesta de Estatuto de Autonomía que hoy se toma en consideración en las Cortes Generales supone un paso pequeño pero necesario, dentro del largo recorrido que todavía nos queda, para que la realidad canaria sea reconocida en un texto jurídico que va a guiar la vida de los canarios en los próximos veinte años. Esta propuesta de Estatuto, así como la propuesta de ley orgánica de transferencias, tiene como finalidad tratar de evitar que Canarias sea tratada como una comunidad de segunda, tal y como aconteció en tiempos pretéritos.


Señor presidente, señorías, en esta propuesta de Estatuto se introducen muchas novedades -nombraré algunas-, y no solo aquellas que obligan a la comunidad autónoma y al Gobierno a hacer políticas diferenciadas, reconociendo en este caso la doble insularidad. También se trata -y lo ha nombrado el portavoz del PSOE- el sistema electoral y se consigue el hecho histórico de bajar los topes electorales al 50 por ciento para propiciar la pluralidad política dentro del Archipiélago y mantener la circunscripción insular. En cuanto a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias -el tema más importante-, se ha sido exquisito con la interpretación de la doctrina del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al título VIII de la Constitución española, así que se buscó la alternativa de asumir más competencias a través de una ley de transferencias que se propuso y se tramitó en paralelo en el Parlamento de Canarias, con el compromiso político de que se propusiera y se tramitara en paralelo en este Congreso para alcanzar nuestro techo competencial. Hay un compromiso político para que se aprobaran simultáneamente. Tenemos el precedente del Estatuto del año 1982, y con algunas diferencias se aprobaron tanto el Estatuto de aquel momento como la ley orgánica simultáneamente. En este sentido, lo que se propone en la propuesta de reforma del actual Estatuto en el artículo 53 con respecto a asumir competencias de puertos, aeropuertos, residencia, trabajo de extranjeros no comunitarios, zona marítimo-terrestre, espacio radioeléctrico, telecomunicaciones, facultades normativas sobre las especificidades económicas canarias, etcétera, no deja de ser un mero compromiso político sin ninguna trascendencia jurídica. Por tanto, señorías, el compromiso político de declaración de intenciones que se recoge en el artículo 53 queda materializado jurídicamente en esa ley de transferencias a la Comunidad Autónoma de Canarias, posibilidad que se contempla en el artículo 150.2 de la Constitución española. Nuestro deseo como nacionalistas es que todas esas competencias formaran parte del texto de la reforma del Estatuto, porque entendemos que se deben transferir a Canarias aquellas materias que sean útiles para el desarrollo de sus estructuras políticas, económicas y sociales. No ha sido posible. Optamos por esta fórmula que espero que finalmente tenga luz verde.


Señorías, especial consideración debemos otorgar al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En efecto, debemos recordar que es la propia Constitución española, en su disposición adicional tercera, la que reconoce la especificidad del modelo financiero canario, diferenciándolo y excepcionándolo del sistema de financiación común. Dicho régimen no constituye en modo alguno un privilegio de las islas Canarias frente al resto del territorio español; al contrario, tiene como fin minimizar las desventajas socioeconómicas del Archipiélago, hecho que obliga, entre otras cosas, a un tratamiento tributario más favorable. En definitiva, el contenido y la excepcionalidad del REF con respecto al sistema de financiación común es algo que corresponde concretar al Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias en el Estatuto de Autonomía. Así pues, independientemente de que la propuesta tal cual está redactada sea o no modificada, lo que está claro es que cualquier propuesta en torno al REF deberá estar marcada por la simetría respecto al modelo común y, en consecuencia, por el carácter bilateral de la misma a la hora de definir la delimitación competencial. Dicho esto, la propuesta de Estatuto y la necesaria propuesta de ley de transferencias proponen cambios en la distribución competencial entre el Estado y la comunidad autónoma por lo que respecta a los tributos del REF. Por un lado, asunción por parte de la comunidad autónoma de competencias normativas -ya se ha hecho para otras

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comunidades- e igualmente introduce cambios en lo que respecta a la garantía procedimental del REF, que se traduce en el informe favorable, preceptivo y vinculante del Parlamento de Canarias en aquellos casos en los que se quiera modificar los tributos del REF.


Por último, señorías, Canarias necesita de un nuevo marco jurídico que nos permita afrontar los retos del futuro. Como nacionalistas estamos dispuestos a aceptar el Estatuto que hoy se toma en consideración junto con la futura ley de transferencias, pero sabiendo que es una propuesta de mínimos no estamos dispuestos a que una vez más se humille a los canarios presentándonos un resultado más descafeinado. Señor presidente, señorías, en Canarias queremos seguir siendo archipiélago del Estado, queremos seguir siendo archipiélago atlántico, queremos seguir siendo Europa. Todo dependerá de lo que salga en este Estatuto.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted.


Damos por concluida la presentación de la propuesta de reforma del Estatuto canario.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Muchas gracias.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Seguimos con el punto II del orden del día: Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Corresponde en esta sesión la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios, salvo que la señora vicepresidenta desee intervenir. (Asentimiento.) Cuando concluya, pues. la intervención de la señora vicepresidenta, se iniciará el turno de fijación de posiciones de los grupos.


Adelante, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Fernández de la Vega Sanz): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, he de comenzar mi intervención con una calurosa bienvenida a los parlamentarios representantes del Parlamento de Canarias que han venido aquí a efectuar la defensa de la propuesta del Estatuto, al Gobierno de Canarias y a todas las autoridades canarias que nos acompañan en el hemiciclo.


Estoy convencida de que el camino recorrido para traer a las Cortes esta reforma rendirá el preciado fruto del diálogo, que es el mejor aglutinante para mantener y reforzar la cohesión entre los diversos pueblos de España. Hoy nos corresponde debatir sobre la propuesta de reforma estatutaria que nos remite el Parlamento canario. Toca hablar del presente y del futuro de las islas Canarias, y así lo haremos, pero, señorías, permítanme que comience mi intervención recordando que esta es la séptima propuesta de reforma estatutaria que debatimos en la actual legislatura, y aún habremos de tomar en consideración, al menos, otras dos. Los canarios se suman así al camino abierto por valencianos, catalanes, andaluces, baleares y aragoneses. Ya nadie puede dudar de que la reforma de los estatutos es un acto de normalidad constitucional y política. El impulso reformador es, a estas alturas, tan contumaz que ha de causar sonrojo en aquellos agoreros que nos anunciaron la desmembración de España, el fin del Estado y otras muchas plagas. La consistencia y el consenso habido en torno a las reformas, la lección de madurez democrática ofrecida por los españoles y el escrupuloso respeto a los procedimientos constitucionalmente establecidos han finiquitado, al menos en este tema, el gusto por la profecía apocalíptica.


El Gobierno nunca temió al futuro. Confiaba y confía en la Constitución y en el Estado de las Autonomías. La Constitución, me lo han oído decir en todas mis intervenciones, reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones. Las comunidades autónomas no son un mal menor, ni un remedio transitorio y disgregador de España, como algunos se empeñan en sugerir de forma tan alarmista como permanente. Muy al contrario, las comunidades autónomas son una magnífica expresión de la España democrática por la que tantos hemos luchado. Y es la propia Constitución la que dispone, como garantía del derecho a la autonomía, que sean las comunidades autónomas las competentes para instar la reforma de los estatutos.


La Constitución, por mucho que algunos prefieran otra cosa, no espera que la autonomía política de las comunidades autónomas alcance un punto ciego ajeno al curso del tiempo. No. La Constitución nunca ha querido cosa tal, porque es una norma viva, una norma nacida para ser transitada. El texto constitucional asume con absoluta normalidad la posibilidad del cambio, de la mejora y la adaptación dentro, claro está, del absoluto respeto a los procedimientos y a los límites sustantivos que el mismo establece.
Por eso, reformar los estatutos es vivir la Constitución y es seguir avanzando, todos juntos, en la consolidación de una España mejor, de una España orgullosa de su pluralidad, que confía en sí misma y que no se adormece en la retórica cansina de nostalgias pasadas.


Señorías, las comunidades autónomas, como hoy lo hace la de las islas Canarias, nos han demostrado que abordan con responsabilidad y lealtad constitucional la necesidad sentida por sus ciudadanos de acondicionar su estructura institucional y ampliar el espacio de sus competencias, con el propósito de actuar con renovada eficacia sobre los cambios habidos en las condiciones sociales, económicas y políticas. Una necesidad ciertamente intensa en la comunidad canaria que, tal y como recuerda el preámbulo de la propuesta, experimenta

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transformaciones muy singulares vinculadas a su posición geográfica y a su condición de punto de encuentro entre la Unión Europea, el continente africano y América.


Las instituciones de las islas Canarias, al elevar ante estas Cortes Generales una propuesta de reforma de su Estatuto de Autonomía, han expresado su leal compromiso con el modelo territorial de Estado diseñado en la Constitución y han puesto de relieve su convicción sobre el progreso y bienestar social que ese modelo ha comportado para los ciudadanos y ciudadanas que viven en Canarias. Una vez más, debatiremos un texto aprobado con el consenso exigido en el Parlamento de origen y que no confronta con la Constitución. En tal caso, lo anormal, lo excepcional sería rechazar de plano y sin contemplaciones ese arrollador impulso democrático que ha cristalizado en la propuesta de reforma. No dudo por ello mismo que estas Cortes Generales sabrán valorar el esfuerzo llevado a cabo en la comunidad canaria y que trabajarán por acrecentar los apoyos políticos iniciales. Estoy convencida de ello. Como en otras ocasiones, los grupos parlamentarios de las Cortes Generales desarrollarán con rigor su tarea y, respetando la arquitectura y la sustancia de la propuesta, no cejarán hasta alcanzar el más amplio consenso entre todos ellos. Seguramente, el requisito constitucional de un acuerdo amplio en sede de Cortes Generales nos obligará a matizar algunas redacciones, a transar sobre determinados artículos. Esto no puede sorprender ni ha de suscitar duda alguna sobre nuestro respeto a la iniciativa canaria. Ha ocurrido así con todas las proposiciones que hemos discutido, con todas, y es que a estas Cortes les corresponde la leal tarea de integrar la norma institucional básica de Canarias en el marco del conjunto del ordenamiento. Se conseguirá así que el nuevo Estatuto reúna el acuerdo del Parlamento canario y de la soberanía de todos los españoles.


Con su sola presentación en esta Cámara, el nuevo Estatuto ya nos habla de una España más canaria y de unas islas Canarias más comprometidas con España, pero el Gobierno tiene razones concretas, basadas en el texto de la propuesta, para mostrar su criterio favorable a su tramitación parlamentaria. La reforma iniciada en la instituciones canarias ahonda con sus particularidades propias en la senda marcada anteriormente por otras comunidades autónomas, lo que refleja que, dentro de la diversidad, las ambiciones de autogobierno perseguían, tal como el Gobierno advirtió, objetivos compartidos. Así, el Parlamento canario propone la derogación del Estatuto todavía vigente y la formulación completa de un nuevo texto.
No se nos puede escapar la fuerza simbólica de este acto jurídico-político. Con la estipulación de un nuevo Estatuto el pueblo canario expresa sin solución de continuidad su capacidad para renovar su ordenamiento jurídico a partir de los jalones que han marcado los más de veinte años de autonomía.


Al igual que en anteriores reformas, la propuesta canaria sienta con claridad las bases de la legitimidad política de su autogobierno. Nos habla de instituciones democráticas, de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario del que emanan sus poderes, del desarrollo equilibrado de las islas y de un orden internacional justo.
Canarias quiere ser una comunidad que, comprometida con el principio democrático, aspira a la solidaridad y a la justicia, defendiendo su modo de ser colectivo dentro del marco constitucional y estatutario. Canarias reivindica su identidad y el nuevo Estatuto permitirá el reconocimiento de sus singularidades, de todo aquello que por hacer a los canarios distintos los hace, a la par, tan nuestros. En este sentido, es de advertir que la presente propuesta de reforma haya prescindido de un elenco de derechos estatutarios. En el ejercicio legítimo de su derecho al autogobierno, las instituciones canarias han preferido incorporar a su nuevo Estatuto un listado muy extenso y ambicioso de objetivos y principios rectores, contenidos en los artículos 7 a 12, que encauzan y orientan la acción de los poderes públicos de la comunidad autónoma. El Gobierno celebra y apoya esta decisión, como también apoyó en su momento la fórmula presentada por aquellas otras comunidades que decidieron incorporar a sus estatutos un catálogo de derechos de ciudadanía vinculados al ejercicio del autogobierno. Los canarios han debatido esta cuestión y se han inclinado por la fórmula que estiman más conveniente para la defensa de sus objetivos de autogobierno y, desde luego, el Gobierno respeta su voluntad. En todo caso, la adecuada respuesta a los retos que plantea ese amplio y, repito, ambicioso listado de objetivos y principios rectores requiere, sin duda, de un poder público eficaz y responsable que además, en el caso canario, sea capaz de integrar adecuadamente las diversas sensibilidades insulares.


La propuesta de Estatuto dispone de un sistema de gobierno parlamentario que está sustentado por el rodaje de más de veinte años de ejercicio de la autonomía política. Por eso no puede sorprender que ahora se consolide el sistema de alternancia de la sede institucional de la Presidencia o que se regule con mayor detalle la participación de los cabildos insulares en el Parlamento. Sin embargo, sí hemos de hacer notar las novedades que suponen la incorporación de los decretos-leyes y los decretos legislativos, regulados en los artículos 24 y 25 e incorporados al sistema de fuentes de la comunidad autónoma o, desde una perspectiva institucional, la disolución presidencial del parlamento o la oportuna regulación estatutaria de aquellas instituciones que en el devenir del Estado autonómico han ido cobrando una relevancia significativa como el Diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas o el Consejo Económico y Social.


De todos es conocido que el Gobierno apoya con determinación la configuración de una Administración de Justicia más acorde con nuestro modelo territorial. Es un reto necesario al que también se suma la Comunidad Autónoma canaria. Así lo confirma la propuesta de reforma al explicitar las funciones de los tribunales

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superiores de Justicia en cuanto que culminan la organización judicial del Estado en el territorio de la comunidad o al disponer de la creación de un consejo de Justicia de Canarias y al recoger las competencias de la comunidad sobre la gestión de los medios materiales y personales en el ámbito de la justicia.


La propuesta canaria, como han hecho sin excepción las anteriores reformas estatutarias, contiene una precisa delimitación competencial. Como SS.SS.
saben, el Gobierno nunca consideró contrario a la Constitución que los estatutos recogiesen una tipología que, de modo natural, ya venía siendo utilizada por la jurisprudencia constitucional y por la doctrina científica. Antes bien, siempre entendió que su plasmación normativa aportaría claridad al ejercicio de las competencias y, por tanto, ayudaría a disminuir la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, el Gobierno entiende que el complemento necesario de un correcto ejercicio de competencias solo puede ser la articulación de mecanismos de cooperación que faciliten el diálogo y el encuentro. Por ello, celebramos la previsión de una comisión bilateral y la atención a los problemas específicos de la política europea y de la acción exterior, tan relevantes para una comunidad autónoma como la canaria. Porque, señorías, más allá de los objetivos compartidos con las otras reformas, la sola lectura de la propuesta canaria nos invita a deliberar sobre dos de sus rasgos más singulares: la insularidad y la ultraperiferia, ambos presentes con rotunda claridad en el artículo 2 de la reforma.


La insularidad, como no podía ser de otra manera, es un eje vertebrador que atraviesa el conjunto de la propuesta. Está presente en los objetivos enumerados en el artículo 7.3, que apelan a la consecución de la cohesión territorial o a la doble insularidad que afecta a las islas no capitalinas. Condiciona inequívocamente la organización de sus instituciones políticas, como refleja esencialmente el régimen electoral y su organización territorial que, siguiendo las trazas del antiguo Estatuto, dedica una sección entera al tratamiento jurídico de todas las islas y de sus instituciones.


El carácter ultraperiférico tiene en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias su gran piedra de toque. Los constituyentes fueron conscientes de ello y así lo reflejaron en la disposición adicional tercera que sirve de referente normativo al artículo 46 del Estatuto todavía hoy vigente.
Ese carácter ultraperiférico de las islas Canarias es, además, como bien refleja la propuesta, una realidad que, cuando menos, reviste tres dimensiones estrechamente vinculadas entre sí: de un lado, la incidencia del mercado único europeo; de otro, la correcta integración económica de Canarias en el resto de España y, en último lugar, la necesidad de propiciar la cohesión económica en el propio archipiélago canario.


La insularidad y la ultraperiferia son aspectos propios de Canarias que van a exigir de esta Cámara un esfuerzo para encontrar el justo punto de equilibrio entre la diversidad y la igualdad. La igualdad, en esa dimensión dinámica que la une a la solidaridad, exige que seamos capaces de dotar a la Comunidad Autónoma canaria de los instrumentos jurídicos y financieros necesarios para ahuyentar cualquier atisbo de perjuicio derivado de su geografía. La distancia nunca puede ser causa de discriminación entre españoles. Por eso estoy plenamente segura de que seremos capaces de ofrecer entre todos una respuesta adecuada a las justas pretensiones de los ciudadanos de Canarias.


Señorías, el Gobierno es favorable a la toma en consideración de la propuesta elaborada por el Parlamento canario. De este modo devolveremos al pueblo canario parte de la responsabilidad y lealtad que ellos nos han brindado con su iniciativa. No me cansaré de repetirlo: las comunidades autónomas también son Estado. Es pues el momento de asumir nuestra parte de responsabilidad y de buscar todos juntos, pensando en Canarias y en España, el texto que mejor responda a los intereses de los ciudadanos.
Hace no tanto tiempo el poeta García Cabrera escribía: "Un día habrá una isla que no sea silencio amordazado... Solo no estoy. Están conmigo siempre horizontes y manos de esperanzas..." (De las Islas en que vivo).
Señorías, los horizontes y manos de esperanzas hallaron su comienzo con la Constitución de 1978 y el Estatuto de 1982.Ahora es nuestra tarea y nuestra responsabilidad dar continuidad a esa voz, preparándonos para un presente que es futuro en un horizonte de globalización en el que vivir la Constitución requiere estar con Canarias para ser más España.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Comenzamos la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Roldós.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Señor presidente, señores comisionados del Parlamento de Canarias, señor presidente del Gobierno de Canarias, señor presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, señor vicepresidente del Parlamento de Canarias, otras autoridades, señoras y señores diputados, hoy debatimos la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la reforma estatutaria con menor apoyo parlamentario y social que jamás ha conocido la democracia.


Como ustedes saben, el Partido Popular no llevaba en su programa electoral la reforma del Estatuto ni tampoco la del modelo de Estado porque entendíamos que esta no era una de las prioridades, entendíamos que los ciudadanos tienen otras prioridades como la inmigración, el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda o la seguridad, y así nos lo manifiestan los ciudadanos. A pesar de ello, demostrando sentido de Estado ante el temerario camino iniciado por el señor Rodríguez Zapatero, nuestro presidente, señor Rajoy, le ofreció un pacto de Estado para acordar las principales reformas,

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como siempre se había hecho y que había aportado estabilidad y prosperidad a nuestro país. Sin embargo, el señor Zapatero, con gran irresponsabilidad, rechazó este pacto y se rompieron los consensos básicos establecidos en 1978, con un cambio unilateral de las reglas del juego.


Con el pretexto de esta reforma estatutaria estamos una vez más ante el empecinado empeño de alterar la estructura de la nación, con cambios que nadie reclama, que nadie sabe a qué responden y que a nadie le mejoran la vida. Nos traen un texto que no es mejor que el vigente, que no apoyan los canarios y que no responde a las necesidades de Canarias. La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias no era algo necesario, ni mucho menos demandado ni pedido ni solicitado por los canarios, no era del interés de los ciudadanos, sino del interés solamente de algunos políticos. Nos traen un proyecto que concierne a todos los canarios y resulta que no cuenta más que con el apoyo del 60 por ciento del Parlamento de Canarias, nos proponen sustituir un estatuto que era de todos -el del consenso y el de la unanimidad porque contó con el apoyo de los 60 diputados del Parlamento de Canarias-, por otro que solo han votado 36, por otro que nadie ha reclamado y que deja fuera a una parte importantísima de Canarias.


Si el Partido Socialista fuera coherente, siguiendo las palabras del propio señor Zapatero, rechazaría este Estatuto como rechazó en su día el Plan Ibarretxe por falta de representatividad. El pacto suscrito entre Coalición Canaria y el Partido Socialista ha convertido el instrumento que debería articular la unidad de todos los canarios en una fuente de discordia, peor aún, en un fracaso. Ha habido una voluntad clara y decidida de impedir el consenso empeñándose en elaborar un Estatuto excluyente y partidista. Señorías, los estatutos, como nuestra Constitución, no pueden ser de derechas ni de izquierdas, ni siquiera nacionalsocialistas o socialnacionalistas como éste, deben ser de todos y para todos. Ustedes han convertido el Estatuto en un instrumento más en contra del adversario político. El Partido Popular de Canarias ha actuado desde la responsabilidad, con lealtad y con clara voluntad de mejorar el autogobierno de Canarias, participando en la ponencia en el Parlamento de Canarias, pero siempre, siempre, en el marco de la Constitución española, es decir, respetando los ámbitos competenciales establecidos en la Constitución y sin predeterminar desde el Estatuto la configuración de la legalidad vigente o de las actuaciones y funciones del Estado. Señorías, el Partido Popular de Canarias desea sobre todo que en Canarias se haga bien todo aquello que se hace mal que, por cierto, hoy es mucho, porque ni el mejor Estatuto del mundo puede compensar un mal gobierno. Señorías, la vida de los canarios se mejora procurando desde el Gobierno otro tipo de cosas: disminuyendo el fracaso escolar o las listas de espera sanitarias. (Rumores.) Sí, señorías, ese fracaso escolar que es el más alto de todo el Estado español o esas listas de espera sanitarias que son las más largas de todo el Estado español. La vida de los canarios se mejora facilitando el acceso a una vivienda digna, ocupándose de las personas que tienen dificultades para llegar a final de mes, porque son muchas las familias canarias con dificultades para llegar a final de mes.
La vida de los canarios se mejora ocupándose del número creciente de personas con desempleo en Canarias u ocupándose de la creciente inseguridad que se vive en Canarias. Eso es ocuparse de las cosas que preocupan a los canarios.


El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de este texto de reforma del Estatuto que ha sido pactado entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Va a votar que no por muchas razones, fundamentalmente por las siguientes: en primer lugar, porque incluye un preámbulo que es simplemente un disparate. Señorías, les recomiendo la lectura del preámbulo apócrifo de este Estatuto, una verdadera antología del disparate porque tergiversa y manipula la historia de Canarias con altísimas dosis de demagogia y chocando frontalmente con la verdadera realidad histórica de Canarias. No es de extrañar que su autor -creo que un destacado socialista- quiera permanecer en el anonimato. Como tenemos pocos problemas con los miles de africanos que quieren venir a Canarias en cayuco jugándose la vida, en este prólogo se recuerda el origen protohistórico de la población norteafricana de las islas, quizá con la intención de dar un recado a las mafias que trafican con personas diciéndoles que esta es su tierra y que los que llevamos aquí más de quinientos años estamos poco menos que de interinos. Lo que somos los canarios, dice este preámbulo, es por un acuerdo o un pacto entre nuestros antepasados africanos y la Corona de Castilla. (Risas.) Sí, señorías, un pacto dicen. Algunos han olvidado la historia de Canarias, la verdadera historia de Canarias; algunos han olvidado la historia de la conquista y de la incorporación a la Corona de Castilla porque la historia verdadera dice que solo tres años después de la incorporación a la Corona, en 1487, los Reyes Católicos dictaron una provisión de veinte años de duración en base a la cual se dio una franquicia fiscal y mercantil con el objetivo de incrementar la población de las islas. Al final de esa provisión de 20 años, en 1507 fue doña Juana de Castilla la que dijo para siempre jamás. Este y no otro es el auténtico origen de nuestro Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Señorías, traen como ejemplo a este preámbulo la Constitución de 1931, aquella que indignó a Menéndez Pidal porque no contenía la palabra nación; sin embargo -¡Qué curioso!-, no invoca otros textos constitucionales históricos como la Constitución de 1876, la que más ha durado -50 años-, o la Constitución de 1812, que fue una constitución para la libertad en todos los aspectos.
Me van a permitir que les lea una cita literaria. Dice así -y abro comillas-: "Si se falsean los hechos, si se bucea en el pasado más o menos remoto, no se hace historia, se busca simplemente, revestidos con el armiño de la historia y de la ciencia, encontrar coartada para juicios predeterminados sobre el presente" -cierro

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comillas-. ¿Saben ustedes de quién son estas palabras? Del señor Rodríguez Zapatero la semana pasada en el acto de presentación del número cien de la revista La aventura de la historia. Más le valiera aplicarse el cuento. Señorías, esto del preámbulo no es un asunto menor, ya que los preámbulos de rango constitucional, aunque no tengan aplicabilidad directa, sí tienen efectos jurídicos porque contienen expresiones que son claves para interpretar los objetivos, las pretensiones y los valores del articulado.


En segundo lugar -un motivo importante también-, esta reforma de Estatuto incluye aspectos claramente inconstitucionales. Utiliza el artículo 150 de la Constitución para atribuirse competencias exclusivas del Estado como son la inmigración, las telecomunicaciones, el domino público marítimo terrestre, el comercio exterior, la sanidad exterior, etcétera, estableciéndose transferencias a la carta y contribuyendo al Estado residual en una clara vulneración del texto constitucional español. En el artículo segundo, auténtico hilo conductor de toda esta reforma estatutaria, se pretende decir al Estado desde una comunidad autónoma lo que debe hacer, se impone el blindaje de competencias, se limita la capacidad del Estado para dictar legislación básica, establece una bilateralidad con el Estado que no está tampoco prevista en la Constitución, establece un modelo de Poder Judicial y de participación en la Unión Europea igual que la del Estatuto catalán; la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en los asuntos estatales y europeos se realiza en la propuesta de reforma de una forma unilateral, exigente y cuasi confederal. El caso es que se inspiran en los errores del Estatuto catalán; han copiado un sinfín de artículos del mismo y los han introducido mediante enmiendas, eso sí, de última hora, fotocopiando incluso sus argumentos. Ustedes continúan el proceso de debilitamiento del Estado y el cambio del régimen constitucional de 1978, lo que dificultará el ejercicio de las funciones de la administración de un Estado moderno. Los socialistas canarios aceptan de antemano que el texto necesita correcciones y confían en que el Congreso las lleve a cabo en una auténtica confesión de incapacidad con un comportamiento pueril y electoralista de: nosotros a pedir porque ya lo recortarán en Madrid, demostrando una vez más que sus propios compañeros socialistas aquí o son más listos que ustedes o es que ni siquiera los consideran. Lo que ha quedado patente es que el Partido Socialista tiene una posición diferente en Canarias que en Madrid, porque fueron los socialistas canarios los que propusieron que las competencias exclusivas del Estado, las que están contenidas en el artículo 149 de nuestra Constitución, se transfirieran o delegaran a Canarias a través de una Lotraca, de una ley orgánica de transferencias complementarias a Canarias; y pactaron con Coalición Canaria la tramitación conjunta con la reforma estatutaria, pero ahora sus compañeros de aquí, de Madrid, los socialistas en el Congreso, les han dicho que no, sintiéndose Coalición Canaria traicionada y engañada, a pesar de que nosotros, el Partido Popular, ya les habíamos advertido de los habituales incumplimientos de los socialistas. La postura del Partido Popular ha sido coherente con su rechazo en Canarias a esta reforma estatutaria y a la Lotraca, que es un disparate, que supera los límites constitucionales al otorgar a Canarias competencias exclusivas del Estado.


En tercer lugar, señorías, nuestro rechazo se fundamenta en que esta reforma estatutaria supone la mayor agresión que nunca se ha dado en toda su historia a los cabildos insulares, tutelando su actividad económica, financiera y presupuestaria. El texto va en contra de la propia naturaleza de los cabildos insulares, que son administraciones locales territoriales, que son órganos de gobierno de administración y de representación con bastante más historia que la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Introducen preceptos que debilitan la autonomía local. La comunidad autónoma pretende tutelar todo tipo de actividad de los cabildos, dando la espalda a lo expresado por unanimidad por la Federación Canaria de Islas, expresando la poca voluntad de descentralizar a favor de las administraciones más singulares de Canarias y más cercanas a los ciudadanos, que son los cabildos y los ayuntamientos. Está claro que el Partido Socialista balear confía más en los consejos insulares que el Partido Socialista canario en los cabildos, y así lo hemos podido comprobar en la reciente reforma del Estatuto de las Islas Baleares que ha pasado por esta Cámara. En cuarto lugar, señorías, nuestro rechazo se fundamenta en que este texto, no el inicial que tenía la mitad de artículos, viene sin el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, y, pese a las advertencias del Grupo Parlamentario Popular, Coalición Canaria y el Partido Socialista han impedido con sus votos que el Consejo Consultivo de Canarias informara y se pronunciara, ya que en su primer informe había advertido inconstitucionalidades que siguen vigentes en el texto actual. Por último, nuestro grupo parlamentario se opone al texto porque profundiza en la llamada trampa electoral. No avanza en la necesaria modificación del sistema electoral canario, por tanto no se avanza en la calidad democrática. Persiste en otorgar más importancia al reparto territorial de los escaños que al reparto según la población. Se mantiene la discriminación y la injusticia del voto de unos canarios con relación al voto de otros canarios hasta en una proporción de veinte a uno, de tal manera que el 18 por ciento de los canarios decide la composición de la mitad de la Cámara regional y el 82 por ciento de los votantes decide la otra mitad. Aquí los datos están muy claros, señorías. En las elecciones autonómicas del año 2003 Coalición Canaria obtuvo en toda Canarias 297.000 votos, un 32,5 por ciento y 23 escaños. La segunda fuerza política fue el Partido Popular, con 15.000 votos menos que Coalición Canaria, con el 31 por ciento de los votos, 17 escaños; es decir- con un 1,5 por ciento menos seis diputados menos. La tercera fuerza política, el Partido Socialista, con el 25 por ciento de los votos de los canarios, con un 6 por ciento menos

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que el Partido Popular, el mismo número de diputados que el Partido Popular, pese a tener 50.000 votos menos. Está claro a quién beneficia este sistema electoral: a Coalición Canaria sí, pero al Partido Socialista también. Respecto a este asunto, voy a contarles la actuación de los socialistas canarios.


La actuación de los socialistas canarios ha sido la siguiente. En marzo del año 2005 abandonan solemnemente la ponencia del Estatuto de Canarias, alegando como motivo que no se abordaba la reforma electoral. Después vuelven a la ponencia, poniendo como condición la reforma electoral. Es más, decían -ahí están las hemerotecas- que no apoyarían el Estatuto si no se introducía una lista regional que pudiera disminuir la desproporción y la injusticia que había en el sistema electoral. Incluso decían que la supervivencia política de Coalición Canaria durante todos estos años se debía fundamentalmente al sistema electoral que impera en Canarias. Pues bien, ahora el Partido Socialista, que apoya esta reforma de Estatuto, reforma de Estatuto que por supuesto no incluye la famosa lista regional, es una muestra más de la incoherencia y de la inconsistencia de los socialistas canarios. ¿Pero qué interés iba a tener el Partido Socialista en Canarias por introducir mayor equilibrio electoral, mayor calidad democrática en un sistema en el que, teniendo 50.000 votos menos que el Partido Popular, sin embargo obtiene el mismo número de escaños? En definitiva, señorías, nos han traído un texto que no responde a los intereses de los canarios, que carece de representatividad, que hace una supresión expresa de la referencia a la unidad de la nación española. Debe ser que algunos se avergüenzan de pertenecer a España. Se suprime, como decía, la expresa referencia a la unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, un texto que va en contra de la Constitución española, un texto que tergiversa la historia de Canarias, un texto que introduce más intervencionismo en la vida de los canarios, un texto que supone un retroceso todavía mayor de los cabildos insulares, un texto que está deliberadamente mal hecho para dejar las manos libres al señor Rodríguez Zapatero en su proyecto confederal. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, tal y como está hoy el proyecto de reforma de Estatuto, no puede apoyar su toma en consideración; que pueda apoyarlo en su día dependerá de ustedes. Para contar con nuestro apoyo, deberá reconstruirse el consenso y el acuerdo en el marco de la Constitución española. Ustedes tienen la palabra y la oportunidad de elaborar un Estatuto entre todos y para todos, un Estatuto enriquecedor y duradero.


Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Roldós.


Convergència i Unió. Señor Xuclà, es su turno. Adelante, señor Xuclà.


El señor xuclà i costa: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor presidente de las islas Canarias, autoridades de las islas Canarias, vaya por delante la salutación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que -lo anuncio al inicio de mi intervención- votará favorablemente a la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Estatuto de Canarias que propone el Parlamento canario.
Convergència i Unió votará favorablemente esta propuesta de reforma, en primer lugar, por respeto al Parlamento canario, porque el Parlamento canario en forma, en tiempo y en el cumplimiento de las mayorías parlamentarias requeridas -por cierto, son mayorías reforzadas- nos plantea ante estas Cortes Generales este proyecto de reforma del Estatuto, que, como muy bien saben SS.SS., tiene naturaleza, por una parte, de ley orgánica, pero que evidentemente es algo más que una ley orgánica en tanto en cuanto es un texto pactado entre el Parlamento canario y las Cortes Generales. Daremos nuestro voto favorable por respeto a la propuesta del Parlamento de Canarias, como respeto pedimos en su momento en el debate de toma en consideración para la propuesta de reforma que planteó el Parlamento de Cataluña y que fue aprobado el 30 de septiembre del año 2005. Aunque sea dicho de paso, quiero aprovechar esta intervención para recordar que el programa político del nacionalismo catalán y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el horizonte de nuestra ambición de autogobierno continúa siendo aquel texto que se aprobó el 30 de septiembre de 2005 y que fue sometido a consideración de estas Cortes Generales. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) Siempre hemos votado a favor de la toma en consideración de las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía. También de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, del que hace muy pocos días, el 2 de febrero, se cumplían dos años de su debate de toma en consideración. Nosotros somos partidarios siempre de la discusión, del debate y del arreglo entre las partes y nunca de dar un portazo a una propuesta de actualización del marco del Estado de las autonomías.


Señorías, a estas alturas de legislatura queda bien claro que las distintas propuestas de reforma que se están tramitando en esta legislatura no son un capricho de una u otra comunidad autónoma, sino que se enmarcan en un proceso de actualización del desarrollo del Estado de las autonomías, después de más de veinticinco años de impulso del Estado de las autonomías, después de casi 30 años -en el mes de junio celebraremos este aniversario- de las primeras elecciones de las Cortes constituyentes y después de la aprobación de los estatutos, bien sean los que se aprobaron en el año 1979, bien sean los que se aprobaron en el año 1982; suponen una actualización, una puesta al día, nuevas respuestas a nuevas demandas y a nuevas realidades que requieren nuevas regulaciones de los estatutos. Además, señorías, señores comisionados del Parlamento de Canarias, afortunadamente

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en estas Cortes Generales en el ámbito del debate autonómico y de los estatutos las cosas han cambiado bastante en el último año. Justo hace un año se estaba discutiendo en la Comisión Constitucional otro Estatuto de Autonomía, y hago referencia al Estatuto de Autonomía de Cataluña. En aquel momento, señorías, señores comisionados, algunos decían que España se rompía; hoy hemos escuchado también hace solo unos minutos con la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias que España se rompe. Pero desde hace un año hasta el momento actual, el de la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Canarias, afortunadamente algunas cosas han cambiado. Eso tendría que invitar al grupo que se opone, al grupo que ya ha anunciado que votará en contra de esta toma en consideración, a reflexionar, a recapacitar y a reconsiderar su voto. Durante este año esta Cámara ha tramitado la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que supone un punto de inflexión extraordinario en la posición del primer partido de la oposición respecto a esta segunda ola de reformas estatutarias y respecto a lo sustantivo de los estatutos.
Durante este año hemos tramitado también en este Congreso de los Diputados el Estatuto de las Illes Balears y estamos a punto de afrontar -hoy termina el plazo de presentación de enmiendas- la tramitación del Estatuto de Aragón. Señores comisionados, señores representantes del Gobierno y del Parlamento de Canarias, si en esta intervención en nombre de mi grupo parlamentario hago hoy esta referencia a procesos estatutarios que no son propiamente el de Canarias, les ruego que no lo tomen como una falta de cortesía ante la propuesta del Parlamento canario. Simplemente desde el respeto y la consideración a la propuesta del Parlamento canario quiero recordar a SS.SS. que, con vistas al día 18 de febrero, día del referéndum de ratificación del Estatuto de Andalucía, en estos momentos, en estos días de campaña para el referéndum de Andalucía, el Partido Popular está pidiendo el voto favorable a un Estatuto -al que nosotros también le dimos el voto favorable- en el que hay catorce artículos con identidad de criterio -para decirlo suave- respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero con una diferencia muy importante. Son catorce artículos sobre los cuales ha presentado recurso de inconstitucionalidad en lo referente al Estatuto de Cataluña y pide el voto a favor cuando hace referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía. A estos catorce artículos que tienen identidad y literalidad les podríamos añadir hasta sesenta y siete artículos en los cuales hay puntos de conexión y de identidad con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta reflexión es bastante seria cuando les digo que la aprobación por estas Cortes, con el apoyo del Partido Popular, del Estatuto de Autonomía de Andalucía supuso un punto de inflexión, una rectificación en toda regla de la posición del primer partido de la oposición.


Hoy nos parece singularmente chocante que la portavoz del Grupo Popular continúe con el discurso no del mes de febrero del año 2007, sino con el de hace un año, el del mes de febrero del año 2006, cuando estábamos discutiendo la reforma de otros estatutos de autonomía. Algunos partidos tardaron algunos años en aceptar el consenso constitucional e incorporarse a él al cien por cien. Sin ir más lejos, señorías, ustedes saben perfectamente que algún partido político presentó reservas al título VIII de la Constitución española hasta el año 1987. No estamos hablando, señorías, de años, sino de cambios en cuestión de meses.
Precisamente, cuando hace un momento alguien decía que lo que importa a los ciudadanos de Canarias es la inmigración y no la reforma de su Estatuto de Autonomía, autogobierno es progreso; autogobierno es y debe ser mejor autogobierno al servicio de los ciudadanos. Señorías, autogobierno es y debe ser un instrumento al servicio de la mejor distribución competencial del Estado de las autonomías, que es un Estado compuesto. Precisamente para mejorar las condiciones de vida, el buen gobierno y la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos, también de los ciudadanos de Canarias, nos parece oportuna esta propuesta de reforma que nos plantea el Parlamento de las islas Canarias. Es un Estatuto que se enmarca desde el respeto al principio de autonomía, por tanto en el respeto a la libre propuesta de cada uno de los parlamentos; un Estatuto que se inscribe claramente en lo que decía la nueva ola de estatutos: un Estatuto que reconoce derechos y deberes. Por cierto, en estos momentos, a esta altura de la legislatura ya son distintos los grupos parlamentarios que reconocen que, además de los derechos fundamentales de matriz constitucional, puede haber y hay -se han votado en estas Cortes Generales- derechos y deberes de carácter estatuyente, y donde también hay una opción por una organización territorial que reconoce, recoge y da respuesta al hecho de la insularidad y también al marco de autogobierno de las distintas islas Canarias. Es un Estatuto que recoge la tradición de estas nuevas reformas estatutarias: tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas con nuevas competencias. Supongo que lo que es bueno y lo que se ha votado favorablemente en Cataluña, en Andalucía, en Baleares y muy probablemente en Aragón también sea bueno para las islas Canarias, donde se incorpora el Consejo de Justicia de Canarias y donde se incorpora también -lo celebramos- algo que supone superar un gran debate que hubo en esta Cámara hace un año sobre tipología competencial. Señorías, para no aburrirles no quiero traer a esta tribuna algunas intervenciones de algunos parlamentarios sobre la imposibilidad de que existan competencias exclusivas en el actual diseño constitucional. Esta propuesta de reforma de Estatuto contempla en los artículos 64, 65 y 66 las tipologías competenciales, el reconocimiento y el blindaje de las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas del reparto competencial del Estatuto de Canarias. Esto es una cláusula absolutamente indispensable para salvaguardar algunas competencias exclusivas que en su momento se otorgan a las comunidades autónomas, y que con el paso del tiempo alguna legislación aprobada

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en esta legislatura, incluso después de la aprobación de estatutos de autonomía, a los cuales he hecho referencia, continúa con la mentalidad de no respetarlas. Es un Estatuto que también recoge otros aspectos importantes, como el régimen financiero y tributario singular propio de las islas Canarias, que reconoce la insularidad y un tratamiento económico singular para una realidad singular, como es la insularidad.
Además, este Estatuto reconoce el carácter ultraperiférico de las islas Canarias. Señorías, si el Tratado constitucional europeo, aprobado por los distintos Estados miembros y a falta de ratificación de algunos de ellos -en estos momentos solo dieciocho Estados miembros lo han ratificado, pero lo han firmado los jefes de Estado o de Gobierno de todos ellos-, reconoce este carácter ultraperiférico de las islas Canarias es más que razonable que también se incorpore en esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Algunos autores que han estudiado esta materia, como por ejemplo la profesora Eva Weu y tantos otros especialistas en materia de insularidad, reconocen y ponen como ejemplo precisamente el sistema de las islas Canarias. Es un Estatuto que articula las relaciones de la comunidad autónoma con la Unión Europea, como hace el Estatuto de Autonomía de Baleares, aprobado en el mes de diciembre, o algunos otros estatutos de autonomía. Es un Estatuto de Autonomía que propone algunas competencias sobre inmigración en su artículo 111. Solo puedo expresar que desde un grupo parlamentario de ámbito catalán, como es el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), desde una comunidad autónoma como Cataluña con un número muy importante de inmigración extracomunitaria, podemos comprender perfectamente y expresar una especial empatía ante su reclamación de las competencias en materia de inmigración para dar respuesta a realidades concretas, porque más allá de las responsabilidad en materia de inmigración que corresponden al Estado la llegada de la inmigración extracomunitaria regular e irregular al final repercute directamente en el sistema sanitario y en el sistema educativo, que sí que está gestionado por las comunidades autónomas.


Quisiera hacer otra consideración, señorías. Se ha dicho por la diputada que me ha precedido en el uso de la palabra que estábamos ante un mandato inconstitucional, cuando en el artículo 126 de esta propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, bajo el epígrafe de competencias transferidas del Estado, el Parlamento de Canarias pide a las Cortes Generales que active una previsión constitucional, como es la del artículo 150 de la Constitución y, concretamente, la del artículo 150.2.
Señorías, es imposible -otra cosa es la voluntad y el ánimo políticos- absolutamente que este Estatuto de Autonomía adolezca eventualmente de inconstitucionalidad, interpelando a las Cortes Generales a que active el mecanismo del artículo 150.2 para el traspaso de la gestión de algunas competencias. Competencias que, tarde o temprano, desde la racionalidad y desde el sentido común, terminarán siendo gestionadas por parte de las comunidades autónomas. No les puedo expresar más que simpatía y empatía cuando el Parlamento de las Islas Canarias pide la gestión de puertos y aeropuertos de interés general del Estado, de residencia y trabajo de extranjeros no comunitarios -en el artículo 111 referido a la inmigración-, de la zona marítimo terrestre, costas y playas -por cierto en estas Cortes Generales hay un proyecto de modificación del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria referido precisamente a este título competencial que lleva muchos meses absolutamente parado en la Comisión Constitucional-, y tantos otros aspectos: prestación de los servicios asistenciales correspondientes a la sanidad exterior en el ámbito territorial de Canarias, transporte aéreo interinsular, facultades normativas sobre las especialidades económicas y fiscales de Canarias.
Señorías, respuestas singulares a hechos singulares. Y en la Constitución española si algo queda claro es que hay cristalizados cuatro hechos diferenciales: lengua, cultura, foralidad e insularidad, con lo cual a nosotros nos parece también totalmente constitucional este mandato, esta propuesta a las Cortes Generales del artículo 126, y como pueden suponer nos parece completamente inapropiado que se tache de inconstitucional la activación de un mecanismo previsto en el propio texto de la Carta Magna.


Voy finalizando, señorías, haciendo referencia al preámbulo, también desde el respeto y desde la distancia. Resulta curioso que un grupo parlamentario dedique tanto y tanto tiempo a enmendar desde la tribuna el preámbulo más que el articulado del texto que, como decía, nos parece que está absolutamente en la línea de esta ola de reformas estatutarias que estamos viviendo, discutiendo y votando durante esta legislatura. Para este grupo parlamentario el preámbulo también tiene un alto valor político y un alto valor que informa normativamente al texto articulado.
Sus señorías saben perfectamente que el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce -y así ha sido votado por parte de estas Cortes Generales- a Cataluña como nación, y ustedes pueden comprender perfectamente el valor que este grupo parlamentario le da al preámbulo; el valor y el respeto. Serán seguramente ustedes los canarios los que van a discutir algunos aspectos del preámbulo, pero que Canarias ha sido la primera sociedad criolla del Atlántico creo que es un hecho; un hecho ante el cual ustedes tienen que sentirse orgullosos, incluso quienes lo impugnan y a quienes les parece mal. Es un hecho que representa autoafirmación de su propia identidad. En definitiva, nuestro apoyo y nuestra sintonía de fondo con lo que representa este preámbulo.


Finalmente, señorías, más allá del anuncio del voto favorable de este grupo parlamentario, estamos convencidos -y no nos podemos mover en ninguna otra hipótesis- de que aquellos grupos parlamentarios que votaron favorablemente esta propuesta de reforma del Estatuto en el Parlamento de las Islas Canarias lo votarán también favorablemente en estas Cortes Generales. No

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solo la toma en consideración sino el respeto a la integridad del texto propuesto por el Parlamento de las Islas Canarias. Estamos convencidos de que los distintos actores políticos de las islas así lo harán, que lo hará Coalición Canaria; pero suponemos también -no podemos trabajar con ninguna otra hipótesis- que el Partido Socialista respetará al cien por cien aquello que propone el Parlamento de las Islas Canarias. Un Estatuto que desde el punto de vista político nos parece un avance, un evidente avance en el ámbito de la profundización del autogobierno al que tanto Coalición Canaria como el Partido Socialista como otros grupos del Parlamento de Canarias han dado su apoyo. No me queda más que expresar nuestro voto favorable y que la actitud de este grupo parlamentario durante toda la tramitación será la de intentar el máximo respeto al texto tal como ha llegado la propuesta del Parlamento de las Islas Canarias.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Xuclà.


Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra en su nombre el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Bienvenidos, señores representantes del Parlamento nacional canario al Parlamento del Estado español y permítanme una consideración previa.
Esquerra Republicana denuncia el nuevo paso dado en la ofensiva en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña que representa la recusación del magistrado Pérez Tremps; ofensiva de acoso contra la voluntad del pueblo de Cataluña protagonizada por el búnker judicial al servicio de la derecha española, a las órdenes del Partido Popular. (El señor Ayala Sánchez: Estatuto canario. Al tema. Estatuto canario.)

Señora diputada y señores diputados del Parlamento canario, sepan ustedes que la reforma del Estatuto de Autonomía que ustedes aprobaron el pasado mes de septiembre va a recibir el apoyo de nuestro grupo parlamentario, representante del republicanismo catalán. Sabemos de su empeño a lo largo de dos años de trabajos parlamentarios que desembocaron en una aprobación que no contó con el apoyo del Partido Popular; ello no nos sorprende. En Cataluña somos plenamente conscientes de que buena parte de las razones y de las causas del vuelo gallináceo del Partido Socialista respecto a las reformas estatutarias se halla en la irresponsabilidad y la demagogia de la derecha nacionalista española. El Partido Popular moviliza a parte de la ciudadanía española utilizando y alimentando un substrato ideológico, desgraciadamente muy consolidado en una buena parte de la ciudadanía española, que convierte a catalanes y vascos, por lo general, en enemigos de su libertad y de su bienestar, y desgraciadamente hace mella en la opinión pública española y, por ende, entre el electorado socialista, así como, evidentemente, en aquellos dirigentes del PSOE -hay unos cuantos, ciertamente- que comparten con el Partido Popular dosis de nacionalismo español rampante.


Sin duda, se trataba de movilizar a la España más reaccionaria y uniformista, despertar la catalanofobia latente en el imaginario de millones de españoles, conseguir hacer dudar a parte del electorado y de la opinión pública española votante del Partido Socialista para acumular argumentos en contra de los proyectos estatutarios que requerían un mayor compromiso modernizador y reequilibrador entre los poderes centrales y los autonómicos en el actual Estado español al consagrarse a través del proyecto de Estatuto de Cataluña, aprobado en el Parlamento de Barcelona; una nueva dialéctica entre los poderes centrales y autonómicos basada en la preeminencia de la bilateralidad. Pero ya nada puede sorprendernos de la demagogia del Partido Popular, que ha llegado a impugnar un total de 129 preceptos del Estatuto catalán cuando 52 de estos tienen equivalente en el Estatuto andaluz; de hecho, catorce artículos del Estatuto de Cataluña, contra los que el Partido Popular ha recurrido, constan con idéntica redacción en el Estatuto de Andalucía que apoyaron en esta misma Cámara hace pocos meses y para el cual piden el voto afirmativo en el referéndum convocado para el próximo día 18.


Todas las propuestas de reforma estatutaria que han sido remitidas por los distintos parlamentos, con independencia de la distinta vía constitucional por la cual se hubiese accedido a la autonomía, en su caso el artículo 143 de la Constitución española, por razones no ajenas -y deseo recordarlo- al auge del independentismo canario y el riesgo que entrañaba en aquellos primeros años de posfranquismo para los diseñadores de la transición política la celebración de un referéndum, han contado con nuestro apoyo para su trámite y debate. Razones basadas en nuestra concepción republicana y de compromiso a favor de la radicalidad democrática así lo exigen. Coherencia que otros, aun cuando pretendan publicitar lo contrario, no pueden blandir. Partido Socialista y Partido Popular, Partido Popular y Partido Socialista, tanto monta, monta tanto en múltiples coyunturas cuando se trata de competir en el campo del nacionalismo español en un comportamiento, a nuestro entender, retrógrado, que ya denunciamos en su momento, rechazaron los unos y los otros la propuesta del nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento nacional vasco, el llamado Plan Ibarretxe, es decir, una propuesta legitimada por los representantes de la soberanía vasca de modificación e intensificación del autogobierno.


Ustedes, sin embargo, señorías representantes del Parlamento canario, van a recibir un trato distinto, un trato basado en el respeto democrático.
Ustedes van a ver culminadas -y nosotros nos comprometemos a contribuir a ello- en este momento histórico sus aspiraciones. Otros, repito, en este Estado español rico, culto e incardinado en la Europa núcleo del primer mundo, ni

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tan siquiera pudieron debatirlo por vergüenza de un Gobierno de izquierdas que pretende ostentar la bandera de la modernidad.


Para Esquerra Republicana de Catalunya, a excepción de los textos estatutarios que afectan a los territorios de los Països Catalans o del dominio lingüístico de la lengua catalana, los proyectos de modificación de los textos estatutarios no comportan reservas en cuanto a su apoyo en términos generales. Nos comprometemos, en consecuencia, a favor de su texto y por ello nuestro posicionamiento y acción se orientará en su defensa. Lo cual, dicho lo dicho sobre el Partido Popular y atendiendo a las contradicciones en el seno del Partido Socialista manifestadas en esta misma Cámara en debates anteriores sobre otros estatutos ya aprobados, permítanme que les diga que no es poco. No es poco, entiendo, que puedan contar con nosotros y que lo puedan hacer sin condicionamientos, sin reservas, sin hipotecas tacticistas, simplemente porque son ustedes quienes deben tener reconocido el derecho a decidir su futuro, al margen de cual sea el techo competencial que ambicionen.


Entiendo que nuestro posicionamiento no debería parecerles baladí, aun cuando proceda de un grupo parlamentario minoritario. Al contrario.
Porque ustedes hoy presentan un texto que garantizan como plenamente constitucional, según palabras ratificadas por el presidente del Gobierno, ciertamente con más elegancia que la mostrada en su día por el señor Guerra con su celebración del cepillado del Estatut; el presidente del Gobierno, como decía, calificó el resultado del trabajo parlamentario, refiriéndose al texto canario final, con la frase: limpio como una patena. Nosotros afirmamos que el texto aprobado en Barcelona el día 30 de septiembre del pasado año también era constitucional y, en cambio, fue combatido por el PSOE y traicionado por el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, que había comprometido su palabra públicamente de respetar el texto aprobado en el Parlament de Catalunya.


Ateniéndonos a los precedentes deberían, creo yo, valorar nuestro humilde compromiso para con el Parlamento nacional canario. Es más, deben saber que en otras hipotéticas circunstancias o escenarios en los que el desencuentro entre sus objetivos inmediatos y los preeminentes en la correlación de fuerzas en esta Cámara, es decir, que fueran otros, el republicanismo catalán optaría siempre por la voz y la voluntad del Parlamento nacional canario. Dicho con otras palabras: en la lectura profunda de las legitimidades, que no de las legalidades, que por supuesto, acatamos, para Esquerra Republicana la verdadera soberanía del pueblo canario se halla en sus instituciones, no en las españolas, y nosotros actuamos en consecuencia. Nos comprometemos, pues, a colaborar en la defensa de su nuevo Estatuto, evitando que el Partido Popular, en consonancia con su oposición desaforada, consiga laminarlo, e instando a la vez al Partido Socialista a mantener su coherencia. Para muestra, un botón. Esquerra defendió la tramitación de forma paralela al debate estatutario del proyecto de ley orgánica de transferencias para Canarias, porque esta fue la voluntad manifiesta de la mayoría parlamentaria en Canarias, la misma mayoría que aprobó el proyecto de nuevo Estatuto. No obstante, el Partido Socialista, el de aquí, dice que no, aun cuando el de allí dijo que sí. Deseamos que este hecho no augure mayores incoherencias. Los independentistas catalanes conocemos estas deslealtades. El presidente Zapatero pactó de espaldas al Parlamento de Cataluña la reforma estatutaria e intentó incluso que en Cataluña no se pudiera revalidar el actual gobierno de izquierdas. Es más, dudamos de su interés en la potenciación del nuevo gobierno catalanista y de izquierdas, el Govern d´Entesa. Más bien parece interesado en sembrarlo de tensiones, tal como se ha evidenciado con los decretos que despliega la Ley orgánica de educación, trabajada, debatida y aprobada por Esquerra Republicana, pero desplegada desde la prepotencia y la deslealtad, cosa mucho más dolorosa, incumpliendo el Estatut aprobado por el Partido Socialista al obviar la necesidad de regular las bases, y solo las bases, de la competencia compartida por ley y no a través de decretos. Al hilo de lo anterior, y ateniéndonos al texto, queremos destacar la definición de los tres tipos de competencia: las referidas de carácter exclusivo, las de carácter compartido y las estrictamente ejecutivas que, recogiendo la doctrina de la elaboración del Estatut de Cataluña vigente, pretenden superar las indefiniciones anteriores. Se reserva para las competencias ejecutivas la potestad reglamentaria de la comunidad canaria. Se progresa, pues, de forma sustancial en cuanto a las exclusivas, en tanto en cuanto se blinda la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva de forma íntegra, explicitándose que corresponde únicamente a la comunidad autónoma su ejercicio. De igual manera, conviene destacar que en el ámbito de la competencia compartida se incluyan las mismas facultades, aun dentro del marco de las bases fijadas por el Estado, como mínimo, común normativo en normas con rango de ley.
Evidentemente, se trata de una maduración, de un incremento de la capacidad de autogobierno. En segundo lugar, destacamos como realidad progresiva los avances en las capacidades de las instituciones, tanto respecto al Parlamento (iniciativa legislativa, disolución de la cámara, sistema electoral, etcétera), como el mismo gobierno. Modificaciones todas ellas que afectan, sin duda, a una comunidad nacional del Estado que, más allá de las especificidades de su historia, presenta un hecho diferencial singular por razones geopolíticas y que exigirá una voluntad política por parte de los gobiernos españoles de respeto y lealtad a las leyes, a fin y efecto de poderlo rentabilizar en los próximos años en beneficio del progreso social y económico del archipiélago canario y del conjunto de su ciudadanía. Insistimos, pues, en la necesidad de superar la asignatura pendiente de las deslealtades de los gobiernos españoles, secuestrados ideológicamente de dinámicas históricas centralistas, que dificultan el despliegue de las leyes estatales que actúan orientadas

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hacia la descentralización autonómica. Incluso en los tiempos actuales podemos hallar múltiples ejemplos. Dentro de pocos días la Generalitat de Catalunya deberá presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la invasión competencial, a raíz del despliegue de la Ley Orgánica de Educación, ante una trasgresión del mismo concepto de competencia compartida introducida en el Estatuto -en el nuestro, en el de Cataluña- y también contenida en el que hoy se nos propone.


Nos hallamos, pues, instalados en un escenario en el que, en caso de que el Partido Socialista no llevase a cabo un verdadero esfuerzo para reeducarse obviando y superando sus veleidades centralistas a rebufo de la presión del Partido Popular, se incrementará la generación de conflictos, tensiones y dificultades; prácticas todas ellas que deberían haber quedado aparejadas a la etapa histórica anterior, es decir, a la del Estado autonómico de primera generación, pero que en los momentos actuales deberían quedar superadas. Pero, al parecer, puede que esta no sea la prioridad de este Gobierno. Transcurridos pocos meses desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña -y ello debería preocuparles a ustedes, representantes canarios ante un texto mimético al catalán-, ya son diversos los proyectos de ley del Gobierno que han obligado a este grupo parlamentario a presentar enmiendas a la totalidad por razones competenciales. La última, la llamada Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, lo cual nos podría situar en un escenario de presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad.


Ciertamente, nos hallamos ante una modificación de calado del Estatuto de Canarias; una reforma que alcanza un añadido de cien artículos a los 65 del actual, que se reafirma en el Estado social y democrático de derecho, en la medida en que en el título relativo a los derechos, deberes y principios rectores se atiende a la igualdad de género y a la introducción de una serie de derechos y principios rectores de marcado carácter social en virtud de los cuales los poderes públicos, aun cuando no se prevean garantías, aspiran a la satisfacción de las necesidades de vivienda, educación, sanidad, justicia, empleo, asistencia a las personas más desfavorecidas -la juventud, los inmigrantes retornados, etcétera-, llegando incluso al reconocimiento del derecho a una asistencia social y a una renta garantizada de ciudadanía. Esto les honra. Se traza lo que deberá ser el Estado social en la sociedad canaria en los próximos años; en definitiva, su hoja de ruta para la conformación de una sociedad canaria cohesionada que deberá fundamentarse en una mejora de su financiación mediante el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal especial y el mantenimiento de un diferencial fiscal favorable a Canarias respecto al resto del Estado y de la Unión Europea, la creación de la agencia tributaria, así como las asignaciones complementarias del Estado para compensar los sobrecostos derivados de la condición ultraperiférica y el déficit en la prestación de los servicios públicos básicos.


Quisiera llamar la atención sobre el título de competencias, concretamente el artículo 126, que se adentra en el uso del artículo 150.2 de la Constitución española para la asunción de materias reservadas al Estado por el artículo 149 de la misma para las competencias de inmigración, gestión de puertos y aeropuertos de interés general, zona marítima terrestre, etcétera. De igual forma, en el artículo 68.3 se establece una competencia residual a favor de la comunidad autónoma. Nos mantendremos alertas en el debate. Sin duda, este es un aspecto en el que se debería avanzar. Todo ello, evidentemente, no es ajeno a la pretensión razonable de debatir conjuntamente Estatuto y Lotraca a fin de garantizar la transferencia o delegación de competencias estatales; en definitiva, dar contenido real al nuevo Estatuto. Saludamos la asunción de mayores singularidades por parte del Estado español en cuanto a Canarias. La misma denominación de archipiélago, el reconocimiento de la condición ultraperiférica de su país y la propuesta de incorporación del término nacionalidad evidencian un avance en el inevitable reconocimiento de la diversidad nacional del Estado. Es evidente que la incorporación de estas variables reclaman una articulación asimétrica, moderna y funcional del Estado. Y celebramos la labor de los nacionalistas canarios por haber forzado al Partido Socialista a no caer en la antigualla de otras redacciones ya votadas en otros Estatutos sobre la unidad de la nación española o aquellas, que sin duda llegarán, con el retornelo de la indisolubilidad; apelativos que, por supuesto, no legitimamos ni legitimaremos con el voto y que no reflejan otra cosa que un complejo, una debilidad y un nacionalismo reaccionario. Ustedes, en cambio, optan estrictamente -en un ejercicio de modernidad- por lo dispuesto en la Constitución española y el Estatuto como bases constitutivas de su condición de comunidad autónoma en la geografía atlántica.


Esquerra Republicana de Catalunya compromete de nuevo hoy en esta Cámara la solidaridad y el apoyo del independentismo catalán a las aspiraciones nacionales del pueblo canario traducidas hoy aquí en el texto que se nos presenta. No les quepa ninguna duda de que si en un futuro el pueblo canario pasa por una nueva modificación estatutaria o planteara al Estado una nueva fórmula de articulación, encontrarían en Esquerra Republicana de Catalunya apoyo y solidaridad, en la medida en que declaramos consustancial a la esencia de los pueblos y naciones el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación, en definitiva, el derecho a decidir su futuro.


Sin duda, todo ello no hubiese sido posible sin la voluntad del pueblo canario ante las vicisitudes de una historia plagada de oprobios, producto en épocas ya pretéritas del colonialismo, de la dejación de la Administración española o de los regímenes totalitarios y militaristas padecidos a lo largo del siglo XX. Por ello, desde el republicanismo catalán queremos homenajear a todos los patriotas canarios que supieron construir un pensamiento democrático, moderno y progresista respecto de las libertades públicas y nacionales. Dicho

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pensamiento político y los testimonios colectivos sin duda actuaron como referente de cohesión nacional del pueblo canario en la lucha a favor de sus libertades. Desde Secundino Delgado Rodríguez, encarcelado en las cárceles españolas bajo el régimen monárquico; pasando por Juan García el Corredera, resistente ante la sublevación fascista del General Franco, que había impedido una pronta redacción de un Estatuto de Autonomía republicano que ya había iniciado su andadura, y que fue ejecutado a garrote vil en 1959; o Antonio Cubillo, fundador en 1964 del Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, catalizador del independentismo canario y de su internacionalización, víctima de un atentado imputado a los servicios policiales españoles, en definitiva, al terrorismo de Estado. Ciertamente, son personalidades ideológicas bien distintas; no obstante, todas ellas son símbolos de compromisos, actitudes y voluntades compartidas por ciudadanas y ciudadanos canarios que en cada uno de los distintos momentos históricos asumieron el compromiso de las libertades canarias. No es casual que esas tres figuras emblemáticas -Secundino Delgado, Juan García Suárez el Corredera y Antonio Cubillo- fuesen reprimidas por el mismo Estado: el Estado español.


Tal como anuncié en el inicio de mi intervención, Esquerra Republicana de Catalunya defenderá el texto que ustedes nos traen a debate porque estamos comprometidos con una sola idea: Canarias deberá ser hoy y en el futuro lo que libremente decidan los canarios, porque solo a ellos les corresponde el derecho a decidir su futuro.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tardà.


Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Vasco y, en este caso, será el señor Esteban el que en su nombre tome la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, representantes institucionales de Canarias, la modificación o la aprobación de un estatuto de autonomía no es un asunto sencillo ni baladí, es un asunto en el que hay que intentar que no decida la víscera a la hora de tomar decisiones sobre el sentido del voto y el posicionamiento ante un estatuto, sino una ponderación amplia de la situación y sobre todo de los principios políticos en los que cada uno de los grupos parlamentarios se han ido posicionando, en este caso en materia autonómica, durante muchas legislaturas, aunque tengo que confesar que a este diputado tentaciones por parte de esa víscera desde luego no le han faltado, porque uno tiene todavía muy fresco -hace poco se cumplieron dos años- que uno de los partidos que apoya este nuevo texto, como es el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, negó el derecho a debatir la reforma del Estatuto vasco para posibilitar llegar a un acuerdo en esta Cámara y que el otro grupo -dejo aparte al Grupo Mixto- que sustenta la modificación de este Estatuto, por boca del señor Rivero, manifestó en aquella sesión lo siguiente -lo voy a leer literalmente-: Por lo anteriormente expuesto, señora presidenta -era la vicepresidenta, señora Chacón, quien debía estar en esos momentos presidiendo la sesión-, y termino, razones de tipo legal, como aquellas a las que hacía referencia de normalidad democrática, de entendimiento, de consenso en el País Vasco, y razones de tipo político nos llevan hoy a votar no a esta iniciativa que llega a la Cámara a través del Parlamento vasco. Y uno dice pues vamos a enumerar los argumentos. Razones de tipo legal. Yo personalmente no las tengo, pero sí hay gente que tiene bastantes dudas sobre la legalidad de algunos artículos. Razones de entendimiento o de consenso. Hay un grupo importante en la Cámara que no apoya el texto estatutario y curiosamente el texto del Estatuto actual fija la mayoría absoluta, como el Estatuto de Gernika, como el Estatuto vasco, como mayoría para promover una reforma. Han sido 36 votos de 60 votos. Legal, justo y, a mi modo de ver, suficiente. Pero lo que es suficiente en un caso, parece que en este caso no lo es. Y razones de tipo político. A uno le puede sublevar la injusticia de la desigualdad en el tratamiento de unos y otros, y, por razones de tipo de político y por la falta de seriedad, podríamos rechazar esta proposición. Si unimos a esto que algún grupo catalán o ambos podrían tener también un poco de víscera encendida por cosas que se han ido diciendo, como, por ejemplo, que la reforma del Estatuto canario no cuesta dinero pero la reforma del Estatuto catalán sí y que las competencias que se piden tampoco suponen un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, como si en el caso de otros estatutos lo fueran, podríamos vernos en el caso de que los votos del Partido Popular más los votos de las minorías nacionalistas hicieran decaer este trámite, circunstancia que se pudo haber producido también en el Estatuto de Autonomía Andalucía. Pero no va a ser así, va a ir adelante porque, a pesar de que la víscera nos podría pedir alguna otra cosa, en el fondo tampoco nos la pide, porque lo que creemos y en lo que creemos es en lo que hemos defendido siempre, que debe darse oportunidad a hablar, a dialogar y a llegar a un acuerdo en esta Cámara y que la voluntad manifestada por los representantes, en este caso del pueblo canario, no puede ser parada sin más, sin dar pie a que puedan explicarse y a que pueda debatirse o explorarse la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, votaremos a favor de esta toma en consideración y, de esta manera, el nuevo Estatuto de Canarias podrá debatirse y podrá, un día, aprobarse, porque -no se desesperen- el Partido Popular cambiará su voto. Ahora van a votar que no, pero como ya vimos en el Estatuto de Andalucía, al final se irá arreglando el tema, se irán negociando unas cosas y otras, quito aquí y pongo allá y yo estoy convencido de que en el siguiente trámite ante este Pleno el Partido

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Popular habrá modificado ya su voto. Eso sí, desengáñense los representantes del Parlamento de Canarias si piensan que con la modificación de la letra del Estatuto de Autonomía van a conseguir que este se cumpla absolutamente. Pues no, vayan quitándose esa idea de encima porque ustedes van a poder modificar algunas cosas, pero eso no quiere decir que del pacto político que se haya podido obtener en esta Cámara vaya a salir después un desarrollo de ese texto acorde con el mismo. Mucho texto estatutario, competencias blindadas y exclusivas, pero, por poner un ejemplo, aunque tenemos más respecto a otras leyes, tenemos hace muy poco tiempo el desarrollo reglamentario, como antes se ha mencionado por parte de Esquerra -ya saben ustedes aquello de hagan ustedes las leyes que yo haré el reglamento-, de la Ley de Educación, pero está también la Ley de Dependencia, que incumple absolutamente el reparto competencial establecido desde hace mucho tiempo en el Estado de las autonomías; mucho texto, blindaje y, al final, a esta Cámara se le olvida el pacto, tiene memoria frágil. O, si alguna vez tienen un conflicto en los tribunales, les cambiarán y si la Sala quizá puede fallar a favor de las posiciones de Canarias, igual lo pasan al Pleno, donde haya una mayoría diferente, o les quitarán algún magistrado, porque curiosamente la justicia en este país es muy previsible, pero no porque el texto del ordenamiento jurídico sea muy claro, específico, objetivo y no haya dudas sobre ello, sino porque, desgraciadamente, aquí, antes de que se resuelva un pleito ya se sabe, salvo en algunas honrosas excepciones, cuál va a ser el posicionamiento de cada uno de los jueces.
Desengáñense también sobre dar cumplimiento al artículo 125 que plantean en la modificación del texto, la participación en la designación de representantes en organismos estatales, o sea participación para designar miembros de órganos de dirección como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y otras instituciones financieras -se habla del Tribunal de Cuentas, del Consejo Económico y Social, la Agencia Estatal, etcétera-, que luego se derivan al desarrollo de la legislación del Estado. Desengáñense, porque les dicen que sí, que sí, que van a poder participar porque en su Estatuto lo tienen, pero no van a poder participar y si no al tiempo. Aquí, sencillamente, uno tiene la sensación -lo dije en otro debate con motivo de otro Estatuto- de que se sigue construyendo el triciclo con cuatro ruedas, de que no se sabe muy bien qué se pretende con el desarrollo estatutario y de que esto va a impulsos que muchas veces -y no lo estoy diciendo en el caso de Canarias, que tiene una especificidad muy singular y muy especial- no se sabe de dónde provienen y que van incluso en un sentido diferente o contrario a lo que el mismo grupo parlamentario en Madrid o el mismo partido en Madrid defiende. Da la sensación de que se quiere ganar tiempo: Sí, sí, ustedes van a poder tener esto y van a poder tener lo otro, si ha aparecido en el Estatuto catalán esto, ¿cómo no lo van a tener ustedes? Ganar tiempo pero, no les quepa duda, me temo que la voluntad a la hora de cumplimentar todo esto es muy limitada por no decir inexistente. Desde luego, llaman la atención varias cosas en el texto articulado de este Estatuto, dentro de un prolijo articulado y no menos prolijo prólogo.
Hago un pequeño paréntesis respecto al prólogo. La verdad es que me ha sorprendido la intervención de la representante del Partido Popular porque de la lectura del texto no deduzco que pueda haber en el futuro posibles reivindicaciones norteafricanas sobre el territorio de Canarias y me parece que los únicos que lo ven son el diario La Razón y la señora Roldós. Yo no deduzco eso del texto, pero, les voy a ser sincero -por hacer un pequeño apunte-, sí que me sorprendió cuando lo leí que se diga que la población protohistórica no conoció la obra civilizadora de Roma ni ninguna otra influencia civilizadora externa hasta mediados del siglo XIV. No sé si el vocablo "civilizadora" es el más apropiado porque a guanches y a otros grupos indígenas más que la civilización lo que les llegó es la extinción y desaparición de sus culturas en muchos casos.
Hecho este pequeño apunte -desde luego, no comparto el temor que tiene la señora Roldós y no veo por ninguna parte peligro alguno en este texto-, lo que es cierto es que en el articulado llama la atención el artículo 2 porque llama al Estado a modular sus políticas en relación a Canarias debido a una serie de circunstancias que se subrayan, como la ubicación geográfica de las islas, los handicaps económicos que esto puede comportar y su situación especial, reconocida por las propias instancias europeas. No nos parece mal. Algunos podrían pensar que esto es inconstitucional. Es razonable que quizá alguno pueda argumentar eso, pero a nosotros nos parece -y lo hemos defendido así siempre, no con este Estatuto, sino con otros también- que el parámetro de constitucionalidad no lo fija -y esto lo deja muy claro la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- únicamente el texto de la Constitución, sino el denominado bloque de constitucionalidad, que está directamente ordenado a esta, y el bloque de constitucionalidad está formado por los Estatutos de autonomía. Por lo tanto, en el caso de Canarias, que este, a una con la Constitución -evidentemente no puede ir algo que rompa taxativamente con lo que dice la Constitución-, module, explique, interprete con relación a Canarias si así lo ha querido la voluntad del legislador canario y del legislador estatal, nos parece perfectamente constitucional, forma parte del bloque de constitucionalidad y este artículo 2 también debería ser parámetro a la hora de interpretar futuros pleitos o diferencias constitucionales. En ese sentido no tenemos problemas, pero es verdad que es un artículo llamativo y que en otros casos cuando se dicen cosas de estas se pone el grito en el cielo. También ustedes mencionan la adicional tercera, que hace una referencia explícita a Canarias, pero en el caso vasco cuando se hace una adicional primera todo el mundo pone el grito en el cielo: ¡Ya están aquí con las especialidades! Las especialidades existen y las circunstancias son diferentes y existen. Por lo tanto, nuestra posición respecto a ese artículo 2 es perfectamente favorable. Ello pone de relieve también una serie de referencias, de trabajos y de investigaciones sobre los costes de la insularidad, la ultraperiferia, de muchos profesores, como Garau Taberner, de la Universidad de Baleares; de Ramos Real, de la Universidad de La Laguna; de la profesora Eva Weu, de la Universidad de Taipei, etcétera. Llama también la atención el reforzamiento y la importancia que se pretende dar a la Comisión bilateral, que se contempla en el artículo 127 pero que tiene referencias en muchos otros artículos a lo largo del texto estatutario. Nos parece también lógico y normal, y nosotros hemos defendido esta bilateralidad en otros casos. Lo que no entendemos es que algunos grupos que ven perfectamente tramitable y apoyable este 127 en el caso de Canarias, sientan, sin embargo, sudores fríos y les entren no sé qué temores cuando las coordenadas geográficas son diferentes. Y es una Comisión bilateral que hace funciones, de las que solo voy a citar algunas, que son importantes. Hay una influencia incluso en las políticas europeas, en la formación de la voluntad de la posición del Estado en las políticas europeas cuando Canarias está afectada, ahí la Comisión bilateral tiene que tomar parte; el conocimiento de propuestas para el ejercicio de competencias en el ámbito del ejercicio de facultades de competencia estatal, pero luego con una mención específica incluso en materia de comercio exterior con África, lo que nos parece correcto, pero que no deja de ser llamativo. Se van dando pasos y espero que si cristalizan verdaderamente en el texto y luego son respetados rompan con determinados tabúes existentes en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Señoras y señores diputados, representantes institucionales de Canarias, la modificación o la aprobación de un estatuto de autonomía no es un asunto sencillo ni baladí, es un asunto en el que hay que intentar que no decida la víscera a la hora de tomar decisiones sobre el sentido del voto y el posicionamiento ante un estatuto, sino una ponderación amplia de la situación y sobre todo de los principios políticos en los que cada uno de los grupos parlamentarios se han ido posicionando, en este caso en materia autonómica, durante muchas legislaturas, aunque tengo que confesar que a este diputado tentaciones por parte de esa víscera desde luego no le han faltado, porque uno tiene todavía muy fresco -hace poco se cumplieron dos años- que uno de los partidos que apoya este nuevo texto, como es el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, negó el derecho a debatir la reforma del Estatuto vasco para posibilitar llegar a un acuerdo en esta Cámara y que el otro grupo -dejo aparte al Grupo Mixto- que sustenta la modificación de este Estatuto, por boca del señor Rivero, manifestó en aquella sesión lo siguiente -lo voy a leer literalmente-: Por lo anteriormente expuesto, señora presidenta -era la vicepresidenta, señora Chacón, quien debía estar en esos momentos presidiendo la sesión-, y termino, razones de tipo legal, como aquellas a las que hacía referencia de normalidad democrática, de entendimiento, de consenso en el País Vasco, y razones de tipo político nos llevan hoy a votar no a esta iniciativa que llega a la Cámara a través del Parlamento vasco. Y uno dice pues vamos a enumerar los argumentos. Razones de tipo legal. Yo personalmente no las tengo, pero sí hay gente que tiene bastantes dudas sobre la legalidad de algunos artículos. Razones de entendimiento o de consenso. Hay un grupo importante en la Cámara que no apoya el texto estatutario y curiosamente el texto del Estatuto actual fija la mayoría absoluta, como el Estatuto de Gernika, como el Estatuto vasco, como mayoría para promover una reforma. Han sido 36 votos de 60 votos. Legal, justo y, a mi modo de ver, suficiente. Pero lo que es suficiente en un caso, parece que en este caso no lo es. Y razones de tipo político. A uno le puede sublevar la injusticia de la desigualdad en el tratamiento de unos y otros, y, por razones de tipo de político y por la falta de seriedad, podríamos rechazar esta proposición. Si unimos a esto que algún grupo catalán o ambos podrían tener también un poco de víscera encendida por cosas que se han ido diciendo, como, por ejemplo, que la reforma del Estatuto canario no cuesta dinero pero la reforma del Estatuto catalán sí y que las competencias que se piden tampoco suponen un agravio comparativo con otras comunidades autónomas, como si en el caso de otros estatutos lo fueran, podríamos vernos en el caso de que los votos del Partido Popular más los votos de las minorías nacionalistas hicieran decaer este trámite, circunstancia que se pudo haber producido también en el Estatuto de Autonomía Andalucía. Pero no va a ser así, va a ir adelante porque, a pesar de que la víscera nos podría pedir alguna otra cosa, en el fondo tampoco nos la pide, porque lo que creemos y en lo que creemos es en lo que hemos defendido siempre, que debe darse oportunidad a hablar, a dialogar y a llegar a un acuerdo en esta Cámara y que la voluntad manifestada por los representantes, en este caso del pueblo canario, no puede ser parada sin más, sin dar pie a que puedan explicarse y a que pueda debatirse o explorarse la posibilidad de llegar a un acuerdo. Por tanto, votaremos a favor de esta toma en consideración y, de esta manera, el nuevo Estatuto de Canarias podrá debatirse y podrá, un día, aprobarse, porque -no se desesperen- el Partido Popular cambiará su voto. Ahora van a votar que no, pero como ya vimos en el Estatuto de Andalucía, al final se irá arreglando el tema, se irán negociando unas cosas y otras, quito aquí y pongo allá y yo estoy convencido de que en el siguiente trámite ante este Pleno el Partido Popular habrá modificado ya su voto. Eso sí, desengáñense los representantes del Parlamento de Canarias si piensan que con la modificación de la letra del Estatuto de Autonomía van a conseguir que este se cumpla absolutamente. Pues no, vayan quitándose esa idea de encima porque ustedes van a poder modificar algunas cosas, pero eso no quiere decir que del pacto político que se haya podido obtener en esta Cámara vaya a salir después un desarrollo de ese texto acorde con el mismo. Mucho texto estatutario, competencias blindadas y exclusivas, pero, por poner un ejemplo, aunque tenemos más respecto a otras leyes, tenemos hace muy poco tiempo el desarrollo reglamentario, como antes se ha mencionado por parte de Esquerra -ya saben ustedes aquello de hagan ustedes las leyes que yo haré el reglamento-, de la Ley de Educación, pero está también la Ley de Dependencia, que incumple absolutamente el reparto competencial establecido desde hace mucho tiempo en el Estado de las autonomías; mucho texto, blindaje y, al final, a esta Cámara se le olvida el pacto, tiene memoria frágil. O, si alguna vez tienen un conflicto en los tribunales, les cambiarán y si la Sala quizá puede fallar a favor de las posiciones de Canarias, igual lo pasan al Pleno, donde haya una mayoría diferente, o les quitarán algún magistrado, porque curiosamente la justicia en este país es muy previsible, pero no porque el texto del ordenamiento jurídico sea muy claro, específico, objetivo y no haya dudas sobre ello, sino porque, desgraciadamente, aquí, antes de que se resuelva un pleito ya se sabe, salvo en algunas honrosas excepciones, cuál va a ser el posicionamiento de cada uno de los jueces. Desengáñense también sobre dar cumplimiento al artículo 125 que plantean en la modificación del texto, la participación en la designación de representantes en organismos estatales, o sea participación para designar miembros de órganos de dirección como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y otras instituciones financieras -se habla del Tribunal de Cuentas, del Consejo Económico y Social, la Agencia Estatal, etcétera-, que luego se derivan al desarrollo de la legislación del Estado. Desengáñense, porque les dicen que sí, que sí, que van a poder participar porque en su Estatuto lo tienen, pero no van a poder participar y si no al tiempo. Aquí, sencillamente, uno tiene la sensación -lo dije en otro debate con motivo de otro Estatuto- de que se sigue construyendo el triciclo con cuatro ruedas, de que no se sabe muy bien qué se pretende con el desarrollo estatutario y de que esto va a impulsos que muchas veces -y no lo estoy diciendo en el caso de Canarias, que tiene una especificidad muy singular y muy especial- no se sabe de dónde provienen y que van incluso en un sentido diferente o contrario a lo que el mismo grupo parlamentario en Madrid o el mismo partido en Madrid defiende. Da la sensación de que se quiere ganar tiempo: Sí, sí, ustedes van a poder tener esto y van a poder tener lo otro, si ha aparecido en el Estatuto catalán esto, ¿cómo no lo van a tener ustedes? Ganar tiempo pero, no les quepa duda, me temo que la voluntad a la hora de cumplimentar todo esto es muy limitada por no decir inexistente. Desde luego, llaman la atención varias cosas en el texto articulado de este Estatuto, dentro de un prolijo articulado y no menos prolijo prólogo. Hago un pequeño paréntesis respecto al prólogo. La verdad es que me ha sorprendido la intervención de la representante del Partido Popular porque de la lectura del texto no deduzco que pueda haber en el futuro posibles reivindicaciones norteafricanas sobre el territorio de Canarias y me parece que los únicos que lo ven son el diario La Razón y la señora Roldós. Yo no deduzco eso del texto, pero, les voy a ser sincero -por hacer un pequeño apunte-, sí que me sorprendió cuando lo leí que se diga que la población protohistórica no conoció la obra civilizadora de Roma ni ninguna otra influencia civilizadora externa hasta mediados del siglo XIV. No sé si el vocablo "civilizadora" es el más apropiado porque a guanches y a otros grupos indígenas más que la civilización lo que les llegó es la extinción y desaparición de sus culturas en muchos casos. Hecho este pequeño apunte -desde luego, no comparto el temor que tiene la señora Roldós y no veo por ninguna parte peligro alguno en este texto-, lo que es cierto es que en el articulado llama la atención el artículo 2 porque llama al Estado a modular sus políticas en relación a Canarias debido a una serie de circunstancias que se subrayan, como la ubicación geográfica de las islas, los handicaps económicos que esto puede comportar y su situación especial, reconocida por las propias instancias europeas. No nos parece mal. Algunos podrían pensar que esto es inconstitucional. Es razonable que quizá alguno pueda argumentar eso, pero a nosotros nos parece -y lo hemos defendido así siempre, no con este Estatuto, sino con otros también- que el parámetro de constitucionalidad no lo fija -y esto lo deja muy claro la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- únicamente el texto de la Constitución, sino el denominado bloque de constitucionalidad, que está directamente ordenado a esta, y el bloque de constitucionalidad está formado por los Estatutos de autonomía. Por lo tanto, en el caso de Canarias, que este, a una con la Constitución -evidentemente no puede ir algo que rompa taxativamente con lo que dice la Constitución-, module, explique, interprete con relación a Canarias si así lo ha querido la voluntad del legislador canario y del legislador estatal, nos parece perfectamente constitucional, forma parte del bloque de constitucionalidad y este artículo 2 también debería ser parámetro a la hora de interpretar futuros pleitos o diferencias constitucionales. En ese sentido no tenemos problemas, pero es verdad que es un artículo llamativo y que en otros casos cuando se dicen cosas de estas se pone el grito en el cielo. También ustedes mencionan la adicional tercera, que hace una referencia explícita a Canarias, pero en el caso vasco cuando se hace una adicional primera todo el mundo pone el grito en el cielo: ¡Ya están aquí con las especialidades! Las especialidades existen y las circunstancias son diferentes y existen. Por lo tanto, nuestra posición respecto a ese artículo 2 es perfectamente favorable. Ello pone de relieve también una serie de referencias, de trabajos y de investigaciones sobre los costes de la insularidad, la ultraperiferia, de muchos profesores, como Garau Taberner, de la Universidad de Baleares; de Ramos Real, de la Universidad de La Laguna; de la profesora Eva Weu, de la Universidad de Taipei, etcétera. Llama también la atención el reforzamiento y la importancia que se pretende dar a la Comisión bilateral, que se contempla en el artículo 127 pero que tiene referencias en muchos otros artículos a lo largo del texto estatutario. Nos parece también lógico y normal, y nosotros hemos defendido esta bilateralidad en otros casos. Lo que no entendemos es que algunos grupos que ven perfectamente tramitable y apoyable este 127 en el caso de Canarias, sientan, sin embargo, sudores fríos y les entren no sé qué temores cuando las coordenadas geográficas son diferentes. Y es una Comisión bilateral que hace funciones, de las que solo voy a citar algunas, que son importantes. Hay una influencia incluso en las políticas europeas, en la formación de la voluntad de la posición del Estado en las políticas europeas cuando Canarias está afectada, ahí la Comisión bilateral tiene que tomar parte; el conocimiento de propuestas para el ejercicio de competencias en el ámbito del ejercicio de facultades de competencia estatal, pero luego con una mención específica incluso en materia de comercio exterior con África, lo que nos parece correcto, pero que no deja de ser llamativo. Se van dando pasos y espero que si cristalizan verdaderamente en el texto y luego son respetados rompan con determinados tabúes existentes en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

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respecto a ese artículo 2 es perfectamente favorable. Ello pone de relieve también una serie de referencias, de trabajos y de investigaciones sobre los costes de la insularidad, la ultraperiferia, de muchos profesores, como Garau Taberner, de la Universidad de Baleares; de Ramos Real, de la Universidad de La Laguna; de la profesora Eva Weu, de la Universidad de Taipei, etcétera. Llama también la atención el reforzamiento y la importancia que se pretende dar a la Comisión bilateral, que se contempla en el artículo 127 pero que tiene referencias en muchos otros artículos a lo largo del texto estatutario. Nos parece también lógico y normal, y nosotros hemos defendido esta bilateralidad en otros casos. Lo que no entendemos es que algunos grupos que ven perfectamente tramitable y apoyable este 127 en el caso de Canarias, sientan, sin embargo, sudores fríos y les entren no sé qué temores cuando las coordenadas geográficas son diferentes. Y es una Comisión bilateral que hace funciones, de las que solo voy a citar algunas, que son importantes. Hay una influencia incluso en las políticas europeas, en la formación de la voluntad de la posición del Estado en las políticas europeas cuando Canarias está afectada, ahí la Comisión bilateral tiene que tomar parte; el conocimiento de propuestas para el ejercicio de competencias en el ámbito del ejercicio de facultades de competencia estatal, pero luego con una mención específica incluso en materia de comercio exterior con África, lo que nos parece correcto, pero que no deja de ser llamativo. Se van dando pasos y espero que si cristalizan verdaderamente en el texto y luego son respetados rompan con determinados tabúes existentes en esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

Hay otros temas que no son nuevos -en este caso a uno le da un poco la sensación de que es un corta y pega del Estatuto catalán, pero es un tema bastante lógico-, como la gestión de los fondos europeos, artículos 64 a 76 relativos a la tipología competencial al estilo del Estatuto catalán; una Lotraca a la que estamos acostumbrados porque el Estatuto de Canarias ha ido siempre acompañado de este fenómeno jurídico, pero con unas competencias ambiciosas. Curiosamente hay una pequeña diferencia, no grande, entre el 126 del Estatuto y lo que es el texto de la Lotraca en sí. Son competencias -lo han subrayado antes representantes de Cataluña, especialmente el señor Xuclà- sobre las que se ha hablado mucho en esta Cámara: la gestión de puertos y aeropuertos, residencia y trabajo de extranjeros y temas tabú, como la zona marítimo-terrestre, playas, espacio radioeléctrico, etcétera. Sobre estas cosas se ha hablado; en algunos casos se han rechazado, pero, insisto, nos parece interesante que se plantee este debate y que se puedan romper tabúes. Por supuesto, tendrán nuestro apoyo, aunque a algunos -no sé si en esta ocasión, en anteriores así fue- le supongan motivo de escándalo todas estas propuestas.


En definitiva, el Grupo Vasco va a facilitar la tramitación de esta iniciativa, como siempre hemos defendido en el caso de los planteamientos de cualquier Parlamento autonómico y de cualquiera legitimado para hacerlo así ante esta Cámara, porque abrir el debate, explorar las posibilidades de acercamiento es siempre interesante y, además, se ha comprobado -se comprobará en el Estatuto canario también- que el consenso aumentará. Se comprobó en el Estatuto andaluz; desgraciadamente no se dio una oportunidad para que se comprobara si eso sería así en el Estatuto vasco. Desde luego, por parte del Grupo Vasco la voluntad del Parlamento canario no va a encontrar ninguna pega ni ninguna oposición en forma de enmiendas, etcétera.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra el señor Herrera.


El señor HERRERA TORRES: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, representantes y autoridades de Canarias, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quería darles la bienvenida, felicitarles por el trabajo y anunciar ya de partida nuestro apoyo a la tramitación del Estatuto. Lo que nos proponen es una propuesta equiparable a la de los estatutos que han precedido al Estatuto canario. De hecho, en muchos aspectos es una propuesta equiparable a la del Estatuto catalán, a la del Estatuto andaluz, al Estatuto valenciano y a otros estatutos que se han tratado en esta Cámara. Ustedes hablan de un modelo socioeconómico e institucional propio, de una vocación histórica como eslabón entre Europa, América y África y, por tanto, del papel que ha jugado Canarias históricamente, pero también del papel que tiene que desarrollar. Hablan de esa identidad singular que, sin lugar a dudas, tienen como canarios; establecen derechos, en este caso sin establecer garantías; incluyen principios rectores; hablan de un Tribunal Superior de Justicia que culmina la organización judicial en la comunidad autónoma; del Consejo de Justicia de Canarias; de la Comisión bilateral -igual que en Cataluña y en Andalucía-; hablan de los convenios de Estado; hablan, en definitiva, de lo que se ha planteado en otros estatutos. Hablan de formar parte de las delegaciones españolas y, por la vía de la Lotraca y del artículo 150.2, plantean competencias que son legítimas y necesarias para abordar los retos que tiene hoy la sociedad canaria. Hasta aquí no hay novedad alguna porque, desde nuestro punto de vista, lo que ustedes hacen es traducir desde la perspectiva canaria los instrumentos necesarios para abordar los retos que tiene hoy la sociedad canaria. Por eso, nosotros vamos a apoyarlo.


Es verdad que introducen -el portavoz del Partido Nacionalista Vasco así lo decía- elementos nuevos: el artículo 2, que habla de la lejanía, de la insularidad y la ultraperiferia y de ese Estado que deberá modular la relación con Canarias es, sin lugar a dudas, un artículo

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absolutamente nuevo, no tiene parangón alguno con los estatutos que hemos visto hasta el momento. Son artículos que obedecen precisamente a una realidad singular, distinta, por parte de Canarias; elementos de innovación, pero interesantes a su vez. Mi grupo parlamentario cree además que están en el marco de la Constitución. La Constitución la interpreta el bloque constitucional y, como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, los estatutos también son bloque constitucional.
Estas Cortes, pues, deben abordar ese elemento de singularidad que se concreta en el artículo 2, pero también en los elementos de bilateralidad. Por eso vamos a abordar el debate desde la serenidad.


Quiero decirles que nos preocupa que hoy, no sabemos si por la manifestación o por la recusación en el Constitucional, se hagan intervenciones que nada tienen que ver con lo que ha sido la actitud del Partido Popular, por ejemplo, en el Estatuto andaluz. Tienen algo que ver con la intervención inicial del Partido Popular en el Estatuto andaluz, pero nada que ver con la intervención de salida del Partido Popular en el Estatuto andaluz. Es más, incluso desde una perspectiva democrática hay propuestas que se pueden criticar, pero nunca desde una perspectiva democrática se puede tildar una propuesta, en este caso del Parlamento canario, de nacionalsocialista o de socialnacionalista. Modestamente, creo que unas palabras así en cualquier otro Parlamento se tendrían que retirar, pero en este Parlamento y en esta democracia últimamente estamos acostumbrados a casi todo. (Aplausos.) Lamentablemente, cabe que se diga que una propuesta es nacionalsocialista o socialnacionalista y el Parlamento y la democracia discurren sin más. En definitiva, es un elemento de alerta para nuestra salud democrática.


Tras manifestar que vamos a apoyar la propuesta, quiero hacer tres salvedades sobre tres elementos que, a partir de lo que nos ha llegado, nos preocupan de este Estatuto y que modestamente, desde lo que representamos, nos gustaría contribuir a poder superar. Si en algo ha fallado este Estatuto -así nos lo han transmitido diferentes sectores sociales desde Canarias- seguramente ha sido en una falta de participación en su elaboración, un proceso al que la sociedad civil, que en Canarias es rica y muy activa, podría haber contribuido más. Esta crítica la hacen organizaciones ecologistas, pero también sectores de la patronal e incluso centrales sindicales. En definitiva, viene de un amplio espectro de la sociedad civil de Canarias, una sociedad que destaca por su fuerte movilización en torno a proyectos. Podrán estar ustedes de acuerdo o no, pero es evidente que, por ejemplo, las movilizaciones en Tenerife en relación con el puerto de Granadilla, con más de 80.000 personas, suponen un relevante índice de movilización y representan una sociedad civil que podría haber participado algo más.
Estos elementos de crítica son compatibles con la necesidad de iniciar un proceso y sabemos que muchas veces la sociedad no percibe como tal esa necesidad. Yo soy catalán, conozco los problemas que existen en Cercanías en el área de Barcelona y sé la importancia que tiene que desde Cataluña eso se pueda gestionar, pero, pese a ello y a que mucha gente lo padece cada día, muchas veces no se asocia un déficit en la gestión, en este caso de Cercanías, con la falta de competencias. Así, pues, sabemos que muchas veces la ciudadanía no percibe la necesidad de reformar un Estatuto, pero es responsabilidad política de los parlamentos liderar precisamente esa reforma. En cualquier caso, si algo ha fallado en este proceso -lo decimos partiendo de lo que nos trasladan- es esa necesidad de implicar más a la sociedad civil, una sociedad civil, como les decía, que en Canarias ha sido ejemplar y que ha sido capaz de impulsar cinco iniciativas legislativas populares -se dice pronto-, que, lamentablemente, quedaron desfiguradas a su paso por el Parlamento. Por tanto, este es el primer elemento que queremos destacar y nos gustaría que en este trámite parlamentario, escuchando a los grupos parlamentarios, con todos ellos y, por supuesto, con el liderazgo de la parte canaria, pudiésemos corregir aquellos elementos que no se han incorporado en el Estatuto.


Fruto precisamente de ese déficit, el 30 de noviembre de 2005 un representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción en Canarias hacía la siguiente crítica ante la sede del Parlamento canario. Él decía que para los ecologistas, desde el punto de vista medioambiental, las limitaciones de la propuesta eran enormes, a pesar de haber introducido aspectos nuevos, y establecía que la inclusión de un apartado específico con referencias al medio ambiente en los principios rectores -aspecto que ya se ha incorporado- podía ir mucho más allá de lo que se había ido, de lo que finalmente se ha ido en la redacción del Estatuto. Nosotros entendemos que hoy responde a las necesidades de la sociedad canaria incorporar en los principios rectores los criterios de sostenibilidad, pero también el principio de precaución y las políticas activas contra la especulación urbanística, debiendo estar estas presentes en todos aquellos aspectos relacionados con la actividad política y económica.
Seguramente hoy la sociedad canaria exige que este compromiso con la precaución y las políticas activas contra la especulación urbanística estén en los principios rectores. ¿Es o no razonable? ¿Forma parte o no de la exigencia de la ciudadanía canaria el hecho de que incorporemos hoy este elemento, que no está incorporado, entre los principios rectores? Nosotros entendemos que sí y consideramos, como defendía el representante de Ben Magec-Ecologistas en Acción, que la defensa del medio ambiente de Canarias basada en dichos criterios, en esos principios y en esas políticas activas es algo que afecta a las generaciones del presente, pero también a las generaciones del futuro. De ahí que señalara él -y señalamos nosotros también- que el interés general no puede estar por encima de la defensa del medio ambiente y ustedes saben que el interés general lo han introducido, por ejemplo, en relación con elementos de la política de infraestructuras. En definitiva, ese interés general debe ir también

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asociado a los elementos de defensa del medio ambiente. Pues bien, estos son elementos que han venido de la sociedad civil de Canarias y que no se han incorporado lo suficiente en el texto y nosotros entendemos que es razonable que se incorporen ahora, en el trámite parlamentario. Es razonable y la peculiaridad y el debate que existe hoy en la sociedad canaria así lo exigen. Nosotros vamos a votar a favor, pero lo haremos para influir positivamente en este Estatuto, para que mejore y para que incorpore esas demandas que el Parlamento canario no incorporó. Por eso, desde el punto de vista medioambiental entendemos que los criterios de sostenibilidad, el principio de precaución y las políticas activas contra la especulación urbanística deberían incorporarse. Debemos introducir en los principios rectores criterios que vayan más allá de lo que se ha incorporado en el texto respecto a la protección del medio ambiente, del paisaje, de la fauna, de la flora, y es cierto que en parte se han incorporado. Cuando Ecologistas en Acción hacía esa crítica en 2005 no se habían incorporado aún, posteriormente se ha hecho en parte, pero todavía queda terreno por recorrer. Es más, la sociedad canaria exige, por lo que nos ha llegado a nuestro grupo parlamentario, que estos elementos se incorporen.


De la misma manera, nosotros entendemos que en materia de derechos aún hay terreno que recorrer. Esto se ha incorporado en parte, pero más reducido que en el Estatuto andaluz y que en el Estatuto catalán -esos estatutos que son tan malos, pero que el Grupo Popular va a apoyar en el caso del Estatuto andaluz- y aún hay terreno que recorrer. Al igual que hay derechos que se han incorporado en el Estatuto andaluz y en el Estatuto catalán asociados a las competencias propias de la comunidad autónoma, estos derechos, con el liderazgo del Parlamento canario, se podrían incorporar. Además, es bueno que exista un sistema de garantías, como se recoge en otros estatutos que han pasado por aquí. Nosotros, Izquierda Unida-Iniciativa Verds creemos que este debería ser un elemento a incorporar precisamente por la singularidad de la sociedad canaria, por las agresiones a los derechos de los ciudadanos y a la protección del medio ambiente que existe en Canarias, como en otras partes del territorio, y porque entendemos que sería muy positivo que esos derechos fuesen asociados a garantías que existen en otros estatutos para que no queden en papel mojado, para que, en definitiva, la incorporación de esos derechos por parte del Estatuto canario sea un elemento a mejorar.
También entendemos que, desde el punto de vista democrático, en la concreción en materia de iniciativas legislativas populares -un elemento que la sociedad canaria y el dinamismo de la sociedad civil en Canarias ha utilizado y que se ha visto ajustado de forma reiterada por una cierta tergiversación que se ha producido después en el Parlamento, según nos explican precisamente estos actores sociales- el Estatuto canario podría ir más allá, tal como esos mismos actores sociales les han hecho llegar a ustedes en el Parlamento canario. Pueden contar con nosotros para desarrollar todo lo que se refiere a este desarrollo democrático, en este caso en lo que se refiere a las iniciativas legislativas populares.


Por último, tengo que decir que hay un elemento que falla -en este caso coincido con el Partido Popular-, en coherencia con lo que hemos dicho en el Estatuto valenciano o en coherencia con lo que decimos que pasa en esta Cámara, y lo que falla es el sistema electoral. Entendemos el criterio de territorialidad y compartimos el criterio de insularidad. Es más, entendemos que precisamente en una realidad como la de Canarias, igual que pasa en Baleares, el criterio de insularidad debe tenerse presente, claro que sí, por supuesto que sí. Pero no entendemos una desproporción tan abismal, en la que entre la representación de una isla y la de otra pueda haber una diferencia de 1 a 20. La desproporción es salvaje. Nosotros entendemos que existiendo una propuesta como existía en el Parlamento canario, existiendo una condición como la que ponía el Partido Socialista de Canarias y existiendo un debate como existe en Canarias, sería razonable que el Parlamento canario hiciese una propuesta como la que se establecía, que combina insularidad con representación del conjunto de las islas. Nosotros entendemos que esa propuesta reconoce la territorialidad, pero no esa diferencia abismal que fractura principios democráticos muy elementales como el de una persona, un voto. Lo digo por coherencia, porque dijimos lo mismo en el Estatuto valenciano, en el que se establecía una cláusula con un límite -hay que recordarlo- en el que se excluía a parte de la sociedad valenciana que iba a votar. La barrera del 5 por ciento en el Estatuto valenciano ha excluido durante décadas, durante toda la democracia, a parte de la sociedad valenciana. Por eso nosotros decimos con todas las de la ley y con toda la coherencia que es un déficit que existe en el Estatuto de Canarias. Es más, yo represento en esta Cámara a un grupo parlamentario pequeño, ustedes lo saben: cinco diputados. Representamos los votos de dos formaciones políticas, de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya Verds. Representamos algo más de 1.200.000 votos y tenemos muchos menos diputados que grupos parlamentarios con menos votos. No nos quejamos, pero decimos que es un elemento que hay que reformar. Curiosamente, la portavoz del Grupo Popular criticaba esta desproporción, y hay que recordar que el Partido Popular ha vetado una comisión que aborde esa disfunción en esta Cámara, que también funciona en definitiva con una representación que afecta y perjudica exclusivamente a un grupo parlamentario, que es el nuestro. La solución no tiene que ir en detrimento de los grupos nacionalistas, claro que no, pero tiene que haber una solución sencilla, simplemente planteando otro modelo electoral que no haga que tengamos un sistema proporcional solo para 10, 11 ó 12 circunscripciones. Por eso nosotros decimos que en el Estatuto canario hay que hacer una propuesta razonable que combine territorialidad e insularidad, pero que no perpetúe un elemento de tanta desproporción como una representación que va de 1 a 20 en función de la isla en la que se vota. Ese es

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el tercer elemento de crítica que queríamos plantear. Por tanto, nosotros entendemos que hay un déficit de participación, que hay un déficit en los elementos medioambientales y que hay un déficit en la perspectiva democrática en lo que se refiere a la iniciativa legislativa popular y al sistema electoral. Les ofrecemos modestamente nuestra participación, nuestra contribución para intentar mejorar estos elementos, entendiendo que existe un liderazgo del Parlamento. La legitimidad sobre si un estatuto tiene que tirar adelante o no la da la democracia y esta reside en los parlamentos. El Parlamento de Canarias viene a presentarnos su propuesta y, por tanto, desde esa legitimidad y esa autoridad que tiene, vamos a contribuir a mejorar el Estatuto.


Este es un Estatuto sobre el que vamos a trabajar. Hoy vamos a contribuir con nuestro voto y vamos a desearles suerte. Que ustedes tengan suerte dependerá de si el Partido Popular se incorpora o no a este Estatuto.
Saben ustedes del carácter casi mágico del Partido Popular. Cuando se incorpora a los estatutos, son perfectamente constitucionales, pero cuando no se incorpora, prepárense porque pueden llevar al Constitucional casi todos sus artículos. Si el Partido Popular no se suma, quizá no tendrán esa suerte sino que tendrán recurso ante el Constitucional, incluso la recusación de algún magistrado si es que ha opinado, por ejemplo, sobre las aguas interterritoriales. Si el Partido Popular no se suma, tienen recusación garantizada. Les deseo suerte para que el Partido Popular se sume. Si el Partido Popular se suma será como lo de don algodón, pero con la Constitución. Si el Partido Popular se suma, seguro que el Estatuto es constitucional, aunque los artículos sean idénticos a los del Estatuto de Cataluña. Se lo digo por la experiencia acumulada de solo una legislatura, pero experiencia acumulada. He estado en la ponencia del Estatuto catalán y en cambio no he estado en la del Estatuto andaluz, pero lo he leído y he visto que había un montón de artículos -catorce artículos del Estatuto andaluz- que eran idénticos a los del Estatuto catalán, pero no un poco sino clavados: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; composición del Consejo de Justicia de Cataluña; oposiciones y concursos; oficina judicial; justicia gratuita; demarcación; consultas populares; servicio meteorológico; transportes... Podría seguir. Han presentado recurso ante el Constitucional en el Estatuto catalán pero se han olvidado en el Estatuto andaluz. ¿Será porque piden el sí en el referéndum? Creo que sí. He continuado leyendo y he visto un montón de artículos en el Estatuto andaluz que no eran idénticos, pero casi. Se sabe que en Andalucía se redacta de forma distinta que en Cataluña, pero son prácticamente idénticos: derecho a vivir con dignidad el proceso de la muerte; derecho a recibir formación religiosa y moral y laicidad en la enseñanza pública; funciones de la Sindicatura de Cuentas; Tribunal Superior de Justicia; Fiscal; Consejo de Justicia, etcétera. Después he visto otros artículos que no eran idénticos pero que en sus contenidos se parecían mucho: catorce, en un principio, veintiocho casi idénticos y diecinueve con una redacción formalmente diferente pero con un fondo normativo muy parecido. Ante esta experiencia en la que una propuesta fragmenta España en función de si el Partido Popular no se suma o sí se suma, solo les puedo desear suerte y sobre todo que tengan esa gracia, esa generosidad de un Partido Popular don algodón que si se suma la propuesta es constitucional y si no se suma es inconstitucional y recusan al magistrado que haya hablado de las aguas interterritoriales en Canarias. Por eso les aconsejaría que leyeran la primera intervención del representante del Partido Popular en el Estatuto de Andalucía a ver si consiguen que en la última no hablen de ese Estatuto nacionalsocialista sino de un estatuto fantástico y que se ajusta a la Constitución, porque así, con la autoridad de un estatuto más que se parezca al catalán o al andaluz, o que nosotros, los de Cataluña, nos parezcamos a los suyos -es igual-, a lo mejor así conseguimos lo que sería de sentido común: que en España es posible avanzar hacia un Estado con más autonomía que responda a las necesidades de la ciudadanía y que avance hacia lo federal y que al final los del Partido Popular no hagan descalificaciones y se sumen por la vía de los hechos a los estatutos catalán, andaluz, canario, balear, aragonés, a todos los que estamos haciendo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Herrera.


Señor Rivero, Coalición Canaria. Su turno, por favor.


El señor RIVERO BAUTE: Señor presidente, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a esta Cámara a la amplia delegación canaria que hoy nos acompaña, encabezada por el presidente del Gobierno de Canarias, don Adán Martín, impulsor inicial de la reforma del Estatuto de Autonomía que hoy, después del acuerdo del Parlamento de Canarias, se somete a debate para su admisión a trámite.


Sin duda alguna estamos en un momento histórico en el Estado español. Un momento en el que está abierto un proceso después del compromiso adquirido por el actual Gobierno de reformar los estatutos de autonomía para ajustar sus competencias a las necesidades de todos y cada uno de los territorios del Estado español, de eso que se ha llamado la España asimétrica, el Estado plural, después de la rica experiencia vivida en España a lo largo de estos veinticinco años y de los beneficios que ha dado a la ciudadanía la descentralización del Estado. Estamos debatiendo hoy no de un Estatuto normal, estamos en ese marco histórico en el que probablemente no volvamos a debatir de reforma de estatutos de autonomía hasta los próximos 40 o 50 años; estamos hablando del autogobierno del territorio más alejado del Estado español, de un territorio geográficamente situado en África, donde viven ciudadanos europeos con cultura y

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vocación europea y que pertenece al Estado español. Una mínima reflexión sobre lo que estamos hablando nos llevaría a la conclusión de que todos los estatutos son temas de Estado, pero el tema de Canarias es sin duda ninguna un tema de Estado. Y ante un asunto de extraordinaria relevancia para el Estado y una parte de su territorio, los canarios, la amplia representación canaria que nos acompaña, los representantes del Parlamento de Canarias tienen que estar viendo con sorpresa, con tristeza, el poco interés que concita el Estatuto de Canarias, el poco interés que concita Canarias. Aquí está: la ausencia del presidente del Gobierno de España y del Gobierno, salvo el ministro de Justicia, que nos acompaña; la ausencia del líder de la oposición... esta es la sensibilidad de los dos grandes partidos del Estado español respecto a su territorio más alejado, respecto a Canarias.


En este preámbulo también quisiera dejar claro para que se recoja en el "Diario de Sesiones" nuestro rechazo a la actitud del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista al impedir en la Junta de Portavoces celebrada hace escasamente unos días que hoy se discutiera el acuerdo, el legítimo acuerdo del Parlamento de Canarias de debatir junto al cuerpo del Estatuto una ley orgánica de transferencias. Porque el Estatuto de Canarias hay que verlo globalmente; si debatimos el Estatuto de Canarias sin la ley orgánica de transferencias estamos debatiendo un Estatuto mutilado. Y no hay razones de tipo legal ni de tipo formal para impedir ese debate hoy, hay razones exclusivamente de tipo político. Por eso hoy es una oportunidad magnífica para que el Gobierno diga aquí -tiene un representante cualificado- si es una cuestión de tipo metodológico. Si lo que se cuestiona de Canarias es que hay una ley orgánica de transferencias para fortalecer el autogobierno de Canarias exclusivamente en aquellas materias que tienen que ver con la lejanía y la insularidad, ¿es un tema metodológico o de contenidos? Porque si es un tema metodológico lo podemos resolver; hay vías para resolver el asunto, la necesidad que Canarias tiene de mejorar su autogobierno. Por cierto, la metodología que se sigue en la propuesta que formula el Parlamento de Canarias es a instancias del Partido Socialista Canario, después de haber consultado con Madrid. Saben que la posición del Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias era la de introducir las competencias que tienen que ver con la lejanía y la insularidad en el cuerpo del Estatuto; aceptamos la sugerencia del Partido Socialista Canario para tramitar, paralela y conjuntamente, una ley orgánica de transferencias. Por tanto, es muy importante que hoy se clarifique aquí si lo que se cuestiona es la metodología o el contenido, porque no estamos hablando de cosas baladíes, estamos hablando de cosas muy importantes; es que si la ley orgánica de transferencias es una cuestión que tiene que ver con el contenido o con la metodología, es muy importante. Si la ley orgánica de transferencias entra por el turno de una propuesta de una comunidad autónoma este debate tendrá que tener lugar con otro gobierno -no sé si del mismo signo o de signo contrario, no lo sabemos, los ciudadanos lo dirán en su momento- dentro de tres, cuatro o cinco años. Hay veintiocho iniciativas de parlamentos autonómicos. No estamos hablando de una cuestión de segundo orden, es esencial saber si se está dispuesto o no a introducir en el cuerpo de Estatuto aquellas cuestiones en las que estemos de acuerdo.


Quiero agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios nacionalistas en la Junta de Portavoces porque creo que ha sido muy importante. Numéricamente nos sumamos para que hoy se respetara el acuerdo del Parlamento de Canarias y haber podido debatir hoy aquí conjuntamente el Estatuto y la ley orgánica de transferencias. Esquerra Republicana, Convergència i Unió, PNV y Grupo Mixto apoyaron la posición defendida por el Parlamento de Canarias, no por el Grupo de Coalición Canaria sino por el Parlamento de Canarias. Defendieron el respeto a la decisión del Parlamento de Canarias. La pregunta es: ¿existe voluntad política por parte del Gobierno para que Canarias, en un momento histórico en el que hay una serie de desafíos y de retos que lo hacen necesario, por su situación geográfica, fortalezca y potencie su autogobierno? El Gobierno y el Partido Socialista tienen la palabra, porque con el Partido Popular me temo que no podemos contar después del discurso que viene manteniendo el Partido Popular de defensa de la España uniforme, sin respeto a las singularidades y después de la demagogia que ha esgrimido desde esta tribuna la representante del Partido Popular sobre algunas cuestiones del Estatuto de Canarias. Entiendo que la señora portavoz del Partido Popular tiene hoy el corazón dividido, porque si no, es difícil entender cómo el Partido Popular dice en aquellas comunidades en las que gobierna, en Valencia, en Baleares, que los estatutos de autonomía son instrumentos útiles para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en Canarias no. La parte del corazón que la identifica con la España peninsular le dice que sea comprensiva con Baleares y con Valencia, pero no ha entendido la realidad canaria, no ha entendido la singularidad canaria, la necesidad de una tierra diferente como es el archipiélago canario.


Señorías, la democracia y la descentralización del Estado a favor del Estado autonómico ha sido la clave, junto con la democracia, del progreso social y económico que ha experimentado el conjunto del Estado, todas sus comunidades autónomas, a lo largo de estos veinticinco años. Qué duda cabe de que la descentralización del Estado ha ayudado más al progreso, a los avances de aquellos territorios que estaban más alejados de los centros de decisión, como es el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la que la descentralización ha sido muy positiva. Además, hay que tener en cuenta que en Canarias, creo que inteligentemente, se han tomado decisiones de descentralizar además el poder autonómico a favor de los cabildos. Queda una tercera descentralización de los cabildos y de la comunidad

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autónoma en favor de los ayuntamientos, pero haber acercado la Administración las decisiones a los ciudadanos está ayudando en los avances sociales, económicos y en la mejora de la calidad de vida de la gente que vive en Canarias. Por tanto, ante un reto histórico como del que estábamos hablando de potenciar la descentralización, de potenciar el autogobierno, estamos hablando de cosas muy importantes para los ciudadanos ya que estamos hablando de la posibilidad de seguir en la senda del progreso social y económico, sobre todo cuando estamos ante nuevos retos y desafíos, y luego me referiré a ellos. Por eso hoy el Grupo de Coalición Canaria espera la colaboración del resto de las fuerzas políticas que forman parte de este Parlamento para apoyar la admisión a trámite de este Estatuto y posteriormente su tramitación parlamentaria con la mejor de las disposiciones que mantiene el Grupo de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias para, sin desvirtuar la esencia de la propuesta, poder mejorar el texto.


Decía antes que Canarias debe ser un tema de Estado y que por tanto tenemos que valorar con responsabilidad qué instrumentos competenciales ayudan a reforzar el papel de Canarias en España y el papel que tiene que jugar Canarias en Europa, en la región africana donde nos encontramos, en la conexión americana que hemos sido y somos y en el mundo. Estamos ante nuevos retos, nuevos desafíos, y es muy importante que en esa situación trabajemos para colocar bien a Canarias. Basta con dibujar mentalmente dónde está Canarias. Algunos discursos de los que he oído aquí me llevan a decir que no se entiende a Canarias, no se entiende la pluralidad del Estado. Si situamos en un mapa a Canarias la encontramos a mil kilómetros de la frontera sur continental europea más cercana, Cádiz, y a apenas cien kilómetros de la costa africana; veremos que somos frontera con América, que estamos a treinta horas en barco de Cádiz y a apenas dos horas del puerto de Tarfaya, o, si ustedes quieren, que estamos a la misma distancia de Berlín, de Viena, de Bruselas que de Nueva York. Esta es la situación real de Canarias, que no tiene otras posibilidades de conectarse entre sí y con el exterior que el barco o el avión, que no existen carreteras, no existen ferrocarriles. ¡Qué sencillo y simple, pero qué importante para darnos cuenta del Estatuto que estamos planteando! Estamos hablando del autogobierno de unas islas, de un archipiélago que se encuentra en el océano Atlántico. ¿Es que alguien discute, como he escuchado, que Canarias es un archipiélago atlántico? ¿Qué es entonces? ¿Es que alguien puede discutir algo de lo que es el eje central de la reforma del Estatuto de Canarias? ¿Dónde la colocamos? En el archipiélago atlántico, donde geográficamente está situado más cerca de África y donde tenemos unos ciudadanos y ciudadanas con clara vocación de cultura europea y española. Esa situación geográfica de Canarias es la que ha posibilitado algo muy importante y muy trascendental y que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, y es que la Unión Europea le haya otorgado un estatuto político especial. Y es curioso que es el único territorio del Estado español que tiene un estatus especial en el seno de la Unión Europea. Ese estatus especial obliga a la Unión Europea a modular todas la políticas legislativas y económicas en razón de las necesidades de lo que es un territorio diferente. Para darnos cuenta de lo que estamos hablando, es el mismo estatus que la Unión Europea otorga a Madeira y a Azores, más próximas a nosotros, pero que también otorga a la isla de Reunión, a Martinica, a Guadalupe y a la Guayana Francesa. Es decir, estamos hablando de un territorio, el canario, que en el proyecto de Constitución europea se sitúa, para poder encajar aquellas cuestiones de obligado cumplimiento en la Constitución europea, en medio de la Europa uniforme de los Veinticinco, y ahora de los Veiontisiete, y los territorios de ultramar que en otro tiempo fueron colonias y que ahora son países independientes.
La Unión Europea sabiamente coloca a Canarias en medio, junto a los otros seis territorios a los que antes hacía referencia. La consecución de ese estatus especial para el archipiélago canario es un mérito, en primer lugar, de la sociedad canaria en general, de las fuerzas políticas e instituciones canarias, del Gobierno de España, mejor dicho, de los gobiernos de España, de los del Partido Popular y de los del Partido Socialista, y del apoyo en esta Cámara de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria. La propuesta que se hace hoy aquí de Estatuto para Canarias es eso, lo que significa es eso: estatus especial de la Unión Europea, reconocimiento específico de las singularidades de un territorio europeo. Lo que trasladamos es el mismo eje argumental para que Canarias obtenga las competencias para poder hacer frente a los nuevos retos, a los nuevos desafíos. A través de su Estatuto, Canarias plantea el reconocimiento a sus singularidades, plantea la actualización de sus competencias para responder mejor a los nuevos retos. A través de su Estatuto, Canarias plantea que España le reconozca lo mismo que le reconoce Europa, como no puede ser de otra manera. ¿O es que en España vamos a poner objeciones a Canarias sobre un estatus que le reconoce la Unión Europea?

Las relaciones de Canarias con el Estado a lo largo de la historia se han desarrollado a través del entendimiento, el diálogo, el consenso y el pacto. Así ha sido para superar momentos difíciles, momentos históricos a lo largo de una larga relación. En el siglo XV, con motivo de la adhesión de Canarias a la corona de Castilla, a Canarias se le reconoció una fiscalidad especial y un sistema monetario diferenciado que perduró hasta el siglo XVIII. A continuación, la voluntad uniformadora del liberalismo en la primera parte del siglo XIX produjo importantes problemas en las relaciones de Canarias y el Estado, que se superaron con el decreto de 1852 de Bravo Murillo. A continuación se produjo un hecho importante: la pérdida para España de Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Vino después otro momento de reflexión muy interesante entre Canarias y el Estado: se actualizaron las medidas del decreto de 1852 para buscar un

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espacio en el que Canarias pudiera estar bien encajada y siguiera avanzando. Pero, es más, en 1972, como respuesta a movimientos independentistas que se habían producido en Canarias, como respuesta al hambre, a la miseria y a la emigración, se aprueba la única ley de la dictadura a favor de una comunidad autónoma, perdón, en aquellos momentos no era comunidad autónoma sino territorio de Canarias: el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En 1986, con motivo de la adhesión a la Unión Europea, Canarias accede de una forma diferenciada. En 1992, en Maastricht se produce el reconocimiento político a la ultraperiferia. En 1997 pasamos a ser parte del derecho primario europeo, con la aprobación de las regiones ultraperiféricas en el Tratado de Amsterdam. Y en 2004 se incluye en el proyecto de Constitución europea esa especificidad canaria.


Pues bien, señoras y señores diputados, estamos ante otro momento importante de la historia. Estamos ante uno de esos momentos que hemos vivido -alguno de ellos los he relatado antes- donde es muy importante la inteligencia política, la responsabilidad, la sensatez para resolver adecuadamente y vía el entendimiento y la lealtad institucional que siempre han presidido esas relaciones, el nuevo Estatuto de Canarias.
Desde luego, por parte del Grupo de Coalición Canaria, por parte de una parte importante de la sociedad canaria -por no decir de toda la sociedad canaria, porque a veces las representaciones políticas de los partidos no conectan con lo que piensa la sociedad canaria- la disposición es al entendimiento con el Estado, no a la confrontación. Ese entendimiento entre Canarias y el Estado a lo largo de nuestra historia le ha venido bien a Canarias, pero también le ha venido bien a España. Esa prudencia, esa sensatez y esa voluntad de acuerdo le ha venido bien a las dos partes. Esperamos que sigamos entendiéndonos y avanzando en una senda común.


Decía antes que estamos ante nuevos retos, nuevas circunstancias, pero, ¿no es un hecho evidente la globalización? ¿No es un hecho evidente que estamos en un proceso de construcción del proyecto europeo? ¿No es un hecho evidente que estamos en la era de la sociedad del conocimiento? ¿No es un hecho evidente que es necesario el control del mar para evitar la contaminación del mismo y para evitar el tráfico ilegal de personas o de drogas? ¿No es una realidad que en estos momentos, dada la situación geográfica de Canarias, estamos ante un continente donde viven más de 800 millones de personas, un continente en explosión en todos los sentidos y que ofrece oportunidades y problemas que tenemos que evaluar, buscando nuevas normas e instrumentos para avanzar, aprovechar las oportunidades y afrontar los problemas? En resumen, es necesario reforzar el autogobierno de una comunidad autónoma española que tiene que afrontar nuevos retos desde su posición de territorio ultraperiférico y archipiélago oceánico con respecto a Europa; archipiélago costero con respecto a África; centro de la Macaronesia, entre Azores, Madeira y Cabo Verde, y que es una plataforma de España y de Europa hacia África, por lo que debe jugar un papel importante en las relaciones económicas, sociales, culturales, y políticas. La propuesta aprobada por el Parlamento de Canarias responde a esos retos. Esa es la virtud de la propuesta que ha elaborado el Parlamento de Canarias. Está pensada para responder a esa nueva situación que tiene Canarias. Voy a referirme solamente a tres de los grandes apartados de la reforma que hoy debatimos y que viene del Parlamento de Canarias: algo básico como es el reconocimiento de las singularidades canarias -eje fundamental de la reforma-; el reforzamiento del papel de la isla y de los municipios, de los cabildos y de los ayuntamientos; y lo que es muy importante, la potenciación de ese órgano de coordinación entre Canarias y el Estado a través de la Comisión bilateral, lo que nos parece básico para seguir avanzando desde el diálogo y el entendimiento.


Por lo que respecta al reconocimiento de las singularidades canarias, ¿es razonable que en nuestro Archipiélago tengamos aguas internacionales entre las islas, que a partir de las doce millas en Canarias -por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria- estemos en aguas internacionales? ¿Es que no somos una comunidad autónoma? ¿Somos un archipiélago o somos islas aisladas? El mar forma parte de la comunidad autónoma y lo que se está planteando en el Estatuto de Autonomía es la delimitación del mar canario. ¿Es tan complicado que el mar que queda encerrado entre las líneas de base recta que recogen los puntos más salientes entre las islas sea el mar canario? ¡Qué cosa más compleja! Qué difícil y qué oposición frontal hemos tenido siempre de los gobiernos aquí, dependiendo del signo político que tuviera. Cuando gobernaba el Partido Socialista hasta el año 1995 el Partido Socialista se oponía al reconocimiento del mar canario y nos apoyaba el Partido Popular. Mientras gobernó el Partido Popular nos apoyaba el Partido Socialista y se oponía el Partido Popular. Hoy gobierna el Partido Socialista y esperamos que haya llegado el momento de la madurez. Ya hemos pasado por las dos situaciones y ahora deben entender unos y otros que el mar que está entre las islas es el mar español, el mar de Canarias; no puede ser de otra manera. Que a partir de ahí está el mar territorial y la zona económica especial, no se puede discutir. ¿Cómo vamos a discutir eso? Sobre todo porque hemos hecho un esfuerzo muy importante -y lo sabe el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que espero que sea sensible a este planteamiento-, hemos trabajado mucho con los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y hay informes de personajes de una categoría en el conocimiento del derecho del mar como el señor Lacleta, que nos han dado las pautas de cómo podemos definir el mar canario sin ningún tipo de problema. Espero que estemos en ese momento y que no haya objeciones a un asunto que esperamos que no tenga ningún tipo de impedimento. Porque, señorías, Canarias no son siete realidades políticas distintas. Somos un solo pueblo, el pueblo canario, que se asienta sobre siete u ocho islas, porque son ocho

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las que están pobladas, contando la Graciosa. El mar es el elemento que nos separa, pero también es el hilo conductor, el elemento que nos une.
Por lo tanto, en estos momentos no podemos discutir la definición del mar de Canarias ya que es además una definición perfectamente encajable y respetuosa con el derecho internacional del mar. Otros territorios ultraperiféricos, como Azores, han delimitado sus aguas sin ningún tipo de problema, con los mismos planteamientos que se están haciendo en estos momentos desde Canarias. El reconocimiento a la ultraperiferia es otra de las razones de la singularidad. ¿Qué quiere decir el reconocimiento a la ultraperiferia de Canarias? ¿Hay alguien que no entienda, incluso el Partido Popular, a pesar de tener como primer objetivo la bronca con el Gobierno, que la ultraperiferia lo que quiere decir es que como Canarias está lejos, cuando se legisla, las ayudas económicas son con arreglo a lo que requiere un territorio que es diferente? ¿No entienden eso? Porque esa es la otra singularidad. La del mar espero que la entiendan y esta también, porque es lo que reconoce la Unión Europea y ustedes lo han apoyado para que la Unión Europea nos reconociera esa especificidad.
Estas son las claves de la reforma del Estatuto, no hay mucho más. ¿Es que el Partido Popular cuestiona que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias hay que respetarlo y que no se puede modificar unilateralmente aquí, en el Parlamento español, sin un informe previo y vinculante de una mayoría cualificada del Parlamento de Canarias? ¿O es que a un derecho histórico que tenemos los canarios desde la adhesión a la Corona de Castilla hoy no le vamos a dar la seguridad? ¿Es que cuestionan eso? Entonces estamos de acuerdo. Ya tenemos tres cosas en las que estamos de acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. No sé quién decía antes, me parece que el señor Herrera: Convenzan al Partido Popular. Yo creo que están convencidos porque estas tres cuestiones son básicas. En la cuarta también estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo y es, desde el punto de vista de las singularidades, el régimen competencial específico para el Archipiélago. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en lo que está en el cuerpo del Estatuto hemos hecho lo que ha hecho el Partido Popular en Andalucía, exactamente lo mismo, no hemos hecho nada diferente. Y ahí se han incorporado competencias que tienen que ver con la justicia, con la inmigración o con la participación en las instancias del Estado. La otra parte, en el cuerpo del Estatuto, lo que hace es precisar y concretar algunas competencias que ya tenía el Estatuto de Canarias. Les damos más concreción para evitar que se puedan producir dudas en su interpretación. Luego nos queda la otra parte, las singularidades, que son aquellas que desde la propuesta del Parlamento de Canarias vienen a través de una ley orgánica de transferencias que teníamos que haber debatido hoy conjuntamente, pero que el sentido común, la sensatez, la responsabilidad dice, como estoy convencido que luego voy a escuchar al señor López Garrido decir, que buscaremos una fórmula alternativa, será la enmienda en el cuerpo del Estatuto, una disposición adicional, porque no creo que el Gobierno vaya a presentar una proposición de ley, pero fórmulas hay. Porque ¿vamos a discutir que Canarias pueda tener competencias que en este momento son competencias exclusivas del Estado? Pero hay fórmulas de entendimiento con las comunidades autónomas -en este caso, con una singular- en aquellas competencias que solo tienen que ver con la lejanía y la insularidad; busquemos la fórmula o digamos en las que no estamos de acuerdo. ¿No es razonable que Canarias, por donde está, tenga la gestión o la cogestión, en fórmulas que se pacten, de sus puertos y de sus aeropuertos? ¿O es que vamos a discutir que Canarias, con la situación geográfica que tiene, tenga competencias en inmigración? Sabemos los problemas que estamos viviendo. Se nos dice que no nos implicamos. Pues lo que quiere Canarias es implicarse. Dennos la posibilidad de equivocarnos a los canarios.
Queremos competencias en inmigración, es lo que planteamos. ¿Es un pecado que Canarias, por la situación geográfica que tiene, quiera tener relaciones comerciales con su entorno geográfico? ¿Eso va a ser malo para España o para Europa, o será bueno para todos? Qué decir de la sanidad exterior, a la que antes hacía referencia, o de las fórmulas para gestionar sus costas, o de las facultades normativas sobre el REF. Que los canarios tengamos la posibilidad de decidir y de ser corresponsables de las decisiones que tomemos. Por tanto, tenemos que trabajar conjuntamente en competencias que tienen que ver con la lejanía y la insularidad para buscar fórmulas. Si no es la Ley orgánica de transferencias, habrá fórmulas para dotar al Estatuto de Canarias de aquellas competencias que se ajustan a esas necesidades, si no planteamos otra cosa; queremos acuerdos. Es verdad, ninguna de estas competencias generan agravios comparativos, y también es verdad que ninguna de las competencias que demanda Canarias exige un esfuerzo económico adicional al Estado y es importante decirlo, porque si estuviéramos planteando cosas que nos van a generar un problema con otras comunidades autónomas, tendríamos que pensarlo y reflexionar, o si supusiera un mayor gasto y desequilibrara la solidaridad del Estado, pero no es el caso de Canarias.


En segundo término, después de las singularidades, en el Estatuto de Canarias se plantea el reforzamiento del papel de la isla, de los municipios, de los cabildos y de los ayuntamientos. Los cabildos son para Canarias los órganos de gobierno de cada una de las islas, son, por tanto, instituciones históricas, y la comunidad autónoma, como organización política que nace fruto de la Constitución de 1978, es la expresión del autogobierno del conjunto del archipiélago. En ese marco -cabildo, instituciones históricas canarias, órganos de gobierno de la isla, y el papel que le corresponde a la comunidad autónoma- apostamos por la potenciación del papel de los cabildos, de igual manera que apostamos por la potenciación del papel de los municipios, hay que impulsar la descentralización, a la que hacía antes referencia. En el Estatuto se apuesta por nuevas transferencias

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de competencias y delegaciones a los municipios, también se habla de algo que es muy importante para los municipios, y es que esas competencias o delegaciones tienen que venir acompañadas de la suficiencia financiera; se habla de la capacidad de los municipios para tener iniciativas legislativas, tema muy importante, o se habla del órgano consultivo -el Consejo Canario Municipal- para emitir dictámenes sobre todas aquellas cuestiones que afecten a los municipios. En ese sentido, le digo al Partido Popular que no creo que objeten el papel de los municipios, y con respecto al papel de los cabildos estamos dispuestos a ver todas las posibilidades para potenciar, en el marco al que antes me refería, el papel de los cabildos como instituciones de Canarias. Ahí no tiene que haber ningún tipo de impedimento para llegar al acuerdo.


El tercer punto importante es que en el Estatuto se potencie el papel de la Comisión bilateral Canarias-Estado. Las comisiones bilaterales son un marco de relación entre las comunidades autónomas y el Estado interesantísimo, y esta relación es más necesaria cuanta más singularidad tenga un territorio. En el caso de Canarias se hace especialmente importante la potenciación de esa Comisión bilateral para entender en políticas de empleo, en políticas de extranjería o en políticas de inmigración. Por tanto, creemos que esto tampoco debe ser una objeción para buscar y llegar a acuerdos.


Señor presidente, señoras y señores diputados, más de tres quintos de los representantes del pueblo canario han formulado una propuesta de Estatuto de Autonomía. Es un buen texto. Nosotros, los partidos nacionalistas canarios, entendimos en aquel momento que se quedaba corto, pero hicimos un esfuerzo para llegar a un acuerdo y llegamos a un buen texto, que alcanzó el respaldo de más de tres quintos del Parlamento de Canarias. Es un texto que respeta escrupulosamente la Constitución, y si hay algún aspecto sobre el que haya diferencias, discutámoslo con los informes jurídicos correspondientes, no con interpretaciones de tipo político para abortar la reforma canaria; discutámoslo. Es un instrumento no solamente necesario, sino básico e imprescindible para que Canarias pueda afrontar los nuevos retos, los nuevos desafíos que se nos presentan. Exigimos claridad a los que se comprometieron allí: al Partido Socialista le pedimos claridad en la defensa de la propuesta que viene de Canarias; al Partido Popular, que no lo apoyó allí, le pedimos sentido de Estado y responsabilidad con la propuesta canaria. Tenemos la mejor disposición para trabajar conjunta e intensamente para llegar a un buen acuerdo para los intereses de España y para los de Canarias. Esperamos que, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que no se ponen de acuerdo en casi nada, no se esté fraguando de nuevo un pacto para dejar a Canarias otra vez en este proceso histórico sin el reconocimiento de sus singularidades. Ya sucedió en el año 1981, cuando hubo un acuerdo entre la UCD y el Partido Socialista por el que Canarias entró a través de la vía del 143. Hoy la sociedad canaria no asumiría quedarse descolgada de las reformas de estatutos y no estar en el nivel que le corresponde como comunidad singular en el Estado español. En mayo se celebrarán elecciones autonómicas y hay tiempo suficiente; yo no soy de los que voy a decir que no hay tiempo para sacar el Estatuto de Canarias, hay tiempo, sobre todo después del acuerdo alcanzado anoche con el Estatuto aragonés. Hay tiempo para que la propuesta de Estatuto que viene del Parlamento de Canarias salga antes de las elecciones de mayo. En cualquier caso, si alguien no tiene ganas de trabajar mucho y no quiere que el Estatuto de Canarias salga antes de las elecciones de mayo, sí tiene la obligación de hablar a los ciudadanos de Canarias. Estamos en unas elecciones y es importante que los ciudadanos sepan, antes de ir a votar, aunque no se haya aprobado el Estatuto, cuál es la posición del Partido Popular y del Partido Socialista sobre los temas clave de la reforma de Canarias. Los ciudadanos tienen el derecho a conocer, no a diferir en el tiempo las enmiendas y el debate sobre el Estatuto y que luego nos den gato por liebre después de las elecciones de mayo. Los ejes son muy sencillos: el reconocimiento de Canarias como archipiélago atlántico, la delimitación de sus aguas, el compromiso de modular las políticas legislativas y económicas de España respecto a Canarias, las competencias ajustadas a la necesidad de un territorio lejano y un territorio fragmentado y el respeto al Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Esos son los ejes de la reforma y sobre ellos es necesario claridad, sobre todo claridad. Un mensaje para los ciudadanos: la posición clara y nítida es ésta y luego, si hay tiempo antes de mayo, bienvenido sea y, si no, también, porque tendremos todos un compromiso político y el Estatuto no será objeto de confrontación electoral, que no está en estos momentos entre los objetivos. El objetivo es poder llegar a un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas.


Termino, señor presidente. He dicho a lo largo de toda mi intervención que esto es un momento histórico, que es un momento histórico en las relaciones de Canarias con el Estado, a las que antes había hecho referencia; he dicho que siempre lo hemos ido superando desde el entendimiento, que espero en estos momentos de la responsabilidad de todos y de la sensatez, que estamos hablando de un territorio alejado y con la situación geográfica que tiene. Quiero decirles, señorías, que el respeto a la esencia de la propuesta estatutaria formulada por el Parlamento de Canarias fortalecerá sin ninguna duda la vocación española de un archipiélago atlántico como Canarias, que la limitación o el rechazo al reconocimiento de sus singularidades contribuirá también lamentablemente y sin ninguna duda a crear una distancia política tan grande como la geográfica, como la que tenemos en estos momentos. El señor presidente del Gobierno no está hoy aquí, pero ha sido sensible con la reforma de los estatutos de autonomía, que nosotros hemos apoyado. Nos parece una idea acertada en beneficio de los ciudadanos. Esperamos que el presidente del Gobierno -está la vicepresidenta- hoy renueve su

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apuesta por la España plural, sin favoritismos, y que para ello dedique a este Estatuto el mismo interés que ha mostrado a otros. Este es un Estatuto importante y, por lo tanto, espero de la comprensión del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista como grupo mayoritario que le apoya y que el Partido Popular deje la confrontación, venga a la sensatez y al entendimiento y tengamos un buen Estatuto para todos los canarios.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rivero.


Grupo Mixto. Intervendrá, en primer lugar, el señor Rodríguez, después la señora Lasagabaster y la señora Barkos e imagino que se repartirán amablemente el tiempo.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, en primer lugar, quiero expresar el saludo cordial del Bloque Nacionalista Galego a la digna representación canaria que hizo la defensa de su texto estatutario y, en segundo lugar, a todos los cargos públicos de representación democrática de las islas Canarias con su presidente al frente aquí hoy presentes.


Comenzaré por decir que, como representante del Bloque Nacionalista Galego, nos llamó la atención que ya en el preámbulo especialmente se haya optado por hacer una descripción aparentemente neutral o, si ustedes quieren, neutra, casi geográfica de lo que son las islas Canarias.
Efectivamente, un territorio atlántico y archipielágico, en palabras del propio texto, que va acompañado de un acervo institucional, económico y cultural específico, de tal manera que a lo largo de la historia ocupó un papel diferenciado, primero, en el marco del imperio español y, después, en todo lo que fue la creación del Estado español centralista. Realmente, el papel crucial de Canarias entre Europa, América y África es un dato objetivo que no se puede someter a los caprichos de la política, pero esta definición del ámbito territorial tendrán que comprender que en otros casos no es precisamente abordable desde una óptica de este tipo.
En el caso de Galicia no podríamos decir que se trata de un territorio con muchas montañas, muchos ríos y mucho mar porque francamente esa no sería una definición, y de ahí viene precisamente que la definición más apropiada para un país con especificidad propia en el caso, por ejemplo, gallego es la denominación de que Galicia es una nación. Ustedes hacen muy bien en definir, en primer lugar, el ámbito territorial, porque acabamos comprendiendo también, de la lectura del propio texto y especialmente de su artículo 3, que efectivamente el Archipiélago con sus islas y su mar está muy necesitado de una definición que tenga consecuencias políticas. Efectivamente, no es solamente la tierra, es el mar territorial, la zona económica exclusiva y también, cómo no, el espacio aéreo. Además, esto va acompañado de lo que son instituciones peculiares del Archipiélago, en concreto, los cabildos y los municipios.
En tercer lugar, la institución de autogobierno que da pie a la cohesión de Canarias, porque efectivamente nosotros valoramos muy positivamente que los representantes políticos del pueblo canario reafirmen la cohesión de los canarios como único pueblo. Pensamos que esto es esencial, porque todos los países que tuvimos etapas de colonización o fuimos un pueblo colonizado tendemos a la atomización, al localismo y a la dispersión.
Dicho esto, es lógico que el Gobierno canario y su Parlamento en especial, estén interesados en reforzar las competencias que ya se ejercían, por ejemplo las de turismo, y buscar la posibilidad del ejercicio de competencias de carácter estatal a través del artículo 150 de la Constitución española. Efectivamente, Canarias necesita como agua de mayo la gestión de sus puertos y aeropuertos de interés general, aunque sea una cogestión. En este aspecto, el espíritu del texto estatutario es en todo momento muy pactista y muy proclive a llegar a fórmulas de acuerdo. Está muy necesitado del dominio público marítimo-terrestre, de tener también competencia en costas y playas y, por supuesto, en salvamento marítimo. Hemos visto la cantidad de accidentes trágicos y problemáticos que se producen en las aguas de Canarias, igual que en las aguas del corredor de Fisterra y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, espacio radioeléctrico y sanidad exterior, que tienen que ser, y especialmente allí, una competencia de carácter autonómico, aunque sea una titularidad de carácter estatal. Y cómo no, la participación, por lo menos, en las relaciones comerciales con los países de África occidental, tema al que voy a referirme más adelante.


En definitiva, señorías, el Bloque Nacionalista Galego valora este Estatuto positivamente, porque tiene un aspecto de sustancia o de sustrato muy importante, cuando se habla de que todo emana, los poderes emanan del pueblo canario, pueblo, por tanto, que tiene una voluntad política y que se convierte en sujeto político en este texto. Natural es que los canarios, su pueblo, aspiren a tener una policía con funciones de seguridad pública, aspire incluso a participar en la gestión de su sistema penitenciario y, cómo no, en temas de muchísima más enjundia económica inmediata, como puede ser toda la normativa referida a cajas de ahorro con sede social en la Comunidad Autónoma de Canarias o los gravísimos problemas de la inmigración: primero, la acogida; segundo, la integración; tercero, la autorización para el trabajo. Quiero advertirles, porque muchas veces las fronteras opacan los problemas políticos reales, que está bien que se hable en exclusiva de la inmigración y, en concreto, de los cayucos que vienen de las costas africanas, pero yo, como gallego, tengo que recordarles que precisamente uno de los graves problemas que nosotros tenemos son los emigrantes, gran parte de los cuales van a Canarias, población joven que va a ocupar puestos de trabajo en los servicios o en la construcción, lo cual indica una deficiencia grave de la situación económica y social de Galicia y de su forma de estar integrada en el Estado español. Por supuesto, es crucial para la Comunidad Autónoma de Canarias que en las relaciones

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con la Unión Europea sean ellos los representantes cuando se trate de temas que afecten especialmente a su economía.


Dicho esto, nosotros pensamos que en este Estatuto, como en todos, a excepción del catalán tal y como llegó de su Parlamento, el problema de la perspectiva fiscal y financiera aparece excesivamente opacado desde una perspectiva válida para la generalidad. Esto no lo digo porque no pueda haber diferencias y aspectos cualitativamente distintos, que nos parecen totalmente correctos, sino porque pensamos que el Estado español es un Estado centralista en la medida en que todos los tributos importantes son recaudados por una Agencia Tributaria del Estado, que después a través del Gobierno aparenta ceder a los autogobiernos de cada territorio dinero para que puedan hacer frente a los gastos del autogobierno. Mientras no se cambie el proceso y se convierta en la recaudación territorial primero, y la cesión de los territorios para aquellos gastos del Estado que tengamos que compartir, el problema fiscal va a ser siempre un galimatías en el Estado español. En el caso particular de Galicia, va a ser un instrumento para hipnotizar a la gente con una tesis radicalmente falsa, la tesis de que Galicia vive subvencionada por el Estado, cuando incluso según los datos de la Agencia Tributaria estatal, si tomamos en cuenta toda la tributación que se hace en Galicia, sobra dinero para los gastos del autogobierno actual.
Podríamos tener capacidad normativa y buscar una fórmula de cooperación y de vertebración del Estado dando cada uno según el nivel de renta y la riqueza relativa. En todo caso, este es un problema tan arduo que es donde se va a tropezar continuamente, porque de cambiar el modelo, cambiaría inmediatamente la imagen de la unidad de España.


En todo caso, señorías, como representante del Bloque Nacionalista Galego, tengo que decirles que los cambios estatutarios no son caprichos, sino necesidades, porque ¿a quién se le ocurre estar con un texto referido al autogobierno que pertenece al año 1982, hace más de 30 años? ¿Es que no hay nada que adaptar a la luz de la experiencia? ¿Es que no hay nada que adaptar a la luz de las necesidades internas del Estado español y externas de la trasnacionalización? No se sustenta el argumento político de que estos cambios son caprichos, pero además, señorías, el ejercicio de las competencias, en la medida en que es un ejercicio real e incide en la realidad, tiene como objetivo la mejora de las condiciones de vida del pueblo al que va destinado ese ejercicio de competencias y en nombre del cual se ejerce. Y quiero decirles que por nuestra parte hicieron muy bien, aunque pienso que se quedaron cortos, al no practicar la amnesia histórica en su preámbulo. Efectivamente, antes del siglo XV había vida y había pueblo en Canarias. En todo caso, echo en falta algunas referencias, precisamente a cómo fue el proceso de dominio de ese territorio y las consecuencias de eliminación o de exterminio que conllevó, pero no conviene olvidar el pasado, pues, olvidando el pasado o a nuestros antepasados, podemos incurrir a veces en una alegría del presente que nos puede conducir a muchos fracasos. Por ejemplo, los argentinos vivieron muchos años pensando que no eran Latinoamérica y ahora se tienen que enfrentar con el hecho de que son Latinoamérica y es un enfrentamiento muy doloroso. Que los canarios no olviden que están en un área geográfica como la de África y que aspiren a que África mejore sensiblemente su nivel de vida, su realidad política, solamente va a redundar en su beneficio y no en su perjuicio.


Por lo demás, también valoramos que se haga un esfuerzo, aunque contradictorio, según la lectura del texto, precisamente para reducir el localismo exacerbado. Las fórmulas de autogobierno del cabildo, respetables e históricamente genuinas, realmente necesitan una autonomía global del país que parta de la cooperación como hecho fundamental. Sin duda alguna, el texto que ustedes presentan contempla las limitaciones constitucionales y puede ser víctima de lecturas restrictivas precisamente del texto constitucional, a pesar de la ambigüedad que tiene su texto estatutario e incluso de la apertura a buscar distintas soluciones. Nosotros esperamos que este Congreso no reduzca la carga competencial, tal como está formalizada en el texto, y mucho menos que lo haga por iniciativa del Gobierno.


Para ir acabando, quiero decirles, como representante del Bloque Nacionalista Galego, que para nosotros la principal virtud de este Estatuto, después de un debate estatutario en Galicia fracasado, es que se trata de un texto que no está elaborado para lanzarlo como arma arrojadiza contra otros. Por eso, acertadamente, no hicieron ustedes ninguna alusión a la indisoluble unidad de la nación española, a pesar de afirmar su interés por la integración en España y en Europa, porque, si de algo no se come, señorías, es desde luego de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Ni siquiera ese es el concepto de unidad que se basa en la igualdad, en el pacto y en el diálogo, sino más bien la exteriorización de obsesiones, de fantasmas y de miedos, que se convierten siempre en agresiones y en amenazas para los que son diversos o distintos. Por tanto, celebramos como BNG que no se haya optado por este mensaje en el Estatuto de Canarias. El Estatuto es producto de la mayoría de los representantes del pueblo canario y expresa sus aspiraciones dentro de las limitaciones de la Constitución española. Desde la perspectiva gallega, hay tres elementos fundamentales en el texto estatutario que nosotros hemos debatido -por cierto, con un gran impacto social desde el punto de vista de popularizar determinados temas por primera vez-, que son: primero, la idea de que Galicia es una nación -cosa que ya no asusta a nadie-; segundo y más importante, desde el punto de vista del corto plazo, la idea de que nuestra lengua tiene que tener los mismos derechos y deberes que el castellano, y tercero, la idea de que hay competencias que son ineludibles si queremos tener un país más cohesionado, más coherente y,

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sobre todo, más autorresponsable. Si estas tres cosas tienen que confrontarse con el españolismo más rancio o con esa idea de la patria común e indivisible de todos los españoles, nosotros nos seguiremos enfrentando. En todo caso, cuenten con nuestro apoyo para este texto, que moderadamente es útil y que, desde luego, es un texto constructivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.


Señora Lasagabaster, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, y en nombre de Eusko Alkartasuna, quisiera, como han hecho los anteriores portavoces, darles la bienvenida a los invitados, a los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y muy especialmente a la delegación que ha presentado un texto que ha sido objeto de múltiples debates en el Parlamento de Canarias. Adelanto que vamos a votar a favor de esta toma en consideración, y me gustaría centrar mi intervención en tres reflexiones. La primera hace referencia al trámite concreto que estamos desarrollando, es decir, la toma en consideración, por qué hay una toma en consideración y a qué reflexiones da lugar esta cuestión. La segunda consideración sería abordar siquiera someramente, cuando menos a modo introductorio, el contenido material de esos 165 artículos y sus disposiciones correspondientes que nos aportan como resultado de la conclusión de un debate a determinados problemas o a determinados retos que tienen planteados en Canarias. La tercera reflexión sería la oportunidad o no, y nuestra posición, de un debate conjunto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la llamada Lotraca o Ley orgánica de transferencia de competencias para Canarias.


La primera reflexión -que es en la que creo que nos tenemos que centrar- hace referencia a determinar nuestra posición sobre si hay que tomar en consideración o no una propuesta que viene de un parlamento. Aquí estamos tratando de determinar si este Congreso puede decir sí o no al estudio y al análisis de una iniciativa que viene de un parlamento, es decir, de la representación de unos ciudadanos. Parecería razonable, y creo que de bastante sentido común, pensar que difícilmente el Congreso, el Parlamento, pudiera decir que no a una iniciativa que surge de los ciudadanos, de la representación de sus ciudadanos. Esta ha sido desde siempre la posición de Eusko Alkartasuna: admitir a trámite, hacer posible, tomar en consideración las iniciativas que vengan de los parlamentos.


En ocasiones hemos visto, porque no es la primera ni la segunda ni la tercera -lo que no quita ningún mérito ni ninguna importancia a la cuestión-, que ha habido propuestas que venían con mayorías más consolidadas, otras que venían con mayorías menos consolidadas, pero, en todo caso, todas las propuestas siempre han venido con una calificación clara: legales y legítimas. Esto es lo que vamos a hacer y hemos hecho en anteriores propuestas de otras comunidades autónomas. Pero, añado, esto no siempre ha sido así. Realmente, tenemos que lamentar -lo hemos dicho en más de una ocasión y lo decimos no como efecto de una cuestión pasada, sino como efecto de lo que pueda ser una cuestión futura- que no todos los parlamentos hayan recibido el mismo trato. Solo el Parlamento vasco no fue objeto del respeto que se debe tener a cualquier parlamento. No pedimos ser más, pero tampoco pedimos ser menos. Por tanto, primera consideración: Si todas las tomas de consideración de parlamentos son no solamente legítimas, sino además objeto de un respeto hacia esos ciudadanos que se han tomado su tiempo, a través de sus representaciones, para proceder a debatir y analizar las mejores soluciones a sus retos, creemos que también nuestro Parlamento, que llegó con las mismas mayorías que muchas otras propuestas han llegado aquí, debiera haber merecido ese respeto. Lo digo para el futuro, porque independientemente de lo que hoy tenemos, estoy convencida de que en un momento u otro los ciudadanos y ciudadanas vascos determinaremos qué queremos, cómo queremos organizarnos y qué relación queremos tener con el Estado español. Cuando en su momento -sea a través de esta vía o de cualquier otra- lo traigamos aquí, les pediríamos respetuosamente que solo tengan el mismo respeto que nosotros hemos tenido hacia ustedes. Por tanto, primera consideración: Sí rotundo y sí democrático a la toma en consideración de su propuesta.


Segunda reflexión: No es diferente. Ha habido cosas diferentes, evidentemente derivadas de las propias situaciones, de los hechos diferenciales que todos tenemos; en su caso es bien obvio que es la insularidad y su categoría absolutamente interiorizada y legalizada desde el punto de vista -incluido el punto de vista europeo- de región ultraperiférica. Ustedes han analizado elementos que han sido análisis comunes en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque 22, 24 ó 30 años después hemos observado que nuestras sociedades afrontan retos que hace 30 años no teníamos. Es evidente que hace 30 años nuestras sociedades eran en su mayoría unas sociedades de emigración, en algunos casos quizá no tanto, pero ahora somos unas sociedades de inmigración. Esto es común, aunque quizá también tiene su propia especificidad en el caso canario. También hemos observado que quizás había que hacer un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos y que sería conveniente analizarlo, porque es claro que 30 años después todos aspiramos a que los derechos y los deberes de todos nosotros sean, si cabe, mayores o, si cabe, mejor catalogados para su exigencia y su cumplimiento. También hemos observado en todos los casos que de una u otra manera tenemos elementos comunes en materia de justicia, en materia de competencias que antes no observábamos e incluso en el efecto exterior de nuestras propias competencias que en su momento no se preveía, pero que el Tribunal Constitucional, desde el año 1984, entendió que eran competencias

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de las comunidades autónomas que podían tener su propio efecto exterior.
Por tanto, ha habido análisis comunes a muchos casos en muchas sociedades de las distintas comunidades autónomas, pero lógicamente cada sociedad, cada comunidad autónoma, cada reino, cada nación, me da igual cuál sea el calificativo que cada sociedad haya tenido a bien establecer en su propia determinación, ha considerado las mejores soluciones a la reforma.
Ustedes han determinado cómo debe ser su organización institucional, cómo ha de ser el desarrollo equilibrado de las islas, cómo deben organizarse territorialmente, algunas cosas serán distintas a otras comunidades autónomas, pero algunas otras también nos suenan parecidas. Por tanto, hay que analizarlo desde la perspectiva de lo que el propio Parlamento canario ha considerado lo mejor. Este va a ser nuestro trabajo o nuestra aportación humildemente a lo largo de toda esta tramitación. Vamos a intentar -y vamos a hacerlo- respetar la propuesta y la voluntad del Parlamento canario que hoy nos trae a esta Cámara. Es bien evidente que en algún caso -y lamentamos profundamente que haya sido así- se han utilizado, incluso en contra de la propia ciudadanía de esa comunidad autónoma -hablo de Andalucía-, unas expresiones en el preámbulo que nada tenían que ver con la ciudadanía andaluza, que no afectaban para nada ni a la determinación de su análisis de los problemas, de sus retos o de sus soluciones, sino que tenían mucho más en el punto de mira una serie de consideraciones que no tenían que ver con Andalucía, pero que pretendían meter un dedo en el ojo a otras zonas, a otras naciones o a otros pueblos del Estado español. Si esto es lo que se pretende en algún momento -esperemos que no-, no coadyuvaremos a ello. En todo caso, respetaremos todo lo que se refiera a mantener lo más posible las soluciones que ha adoptado el Parlamento de Canarias.


La tercera reflexión -termino con esto, señor presidente- hace referencia a una cuestión que puede parecer procedimental pero que, no conociendo en demasía, soy consciente que tiene un trasfondo muy importante, y es el debate conjunto que hoy podíamos haber tenido de la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias junto con la propuesta que nos aportan de transferencia de competencias a través del 150.2 para Canarias. Nosotros hemos tenido una posición en Junta de Portavoces y la mantenemos aquí. Si ese fue el espíritu y la voluntad del Parlamento de Canarias, también nosotros, sin detrimento de nada ni de nadie, podíamos haber respetado esa voluntad porque en definitiva se trataba de no generar mayores dificultades y de evaluar de una manera distinta a lo que han hecho en otros lugares, en otras naciones, cómo se podría articular procedimentalmente un debate conjunto a través de esta vía. Nuestra posición hubiera sido favorable, pero no ha sido posible por razones que ustedes conocen más que yo. En definitiva, estamos a favor de la toma en consideración porque respetamos al Parlamento de Canarias, de abordar una solución en su contenido material que respete al máximo las soluciones que Canarias ha querido para Canarias y, en tercer lugar, respecto de la imposibilidad de hacer un debate conjunto, nuestra idea era que pudiera haberse realizado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora Lasagabaster.


Señora Barkos, su turno, por favor.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Señorías, como el resto de los grupos parlamentarios y compañeros de grupo, en el caso del Grupo Mixto, que me han precedido, quiero dar la bienvenida desde Nafarroa Bai a la delegación que desde las islas Canarias nos trae hoy a la Cámara Baja una propuesta de reforma de su Estatuto. El Congreso de los Diputados acomete a partir de hoy -así lo deseamos desde Nafarroa Bai- la tarea de analizar el proyecto de reforma del Estatuto de Canarias que nos llega desde la Cámara de representantes del Archipiélago. Esto es argumento indiscutible en lo que respecta al trámite que hoy nos ocupa. Así lo hemos defendido en otras ocasiones y siempre con la misma posición. La soberanía de los parlamentos, en este caso de los parlamentos autonómicos, debe ser -no puede ser otra cosa- un mandato para esta Cámara. No fue así en un caso que todos tenemos en la memoria y que ha sido reivindicado en esta legislatura y recordado a lo largo de esta tarde en varias ocasiones. Hablo de la voluntad mayoritariamente expresada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma vasca que no fue respetada por esta Cámara. Nos parece que hoy es ocasión para recordarlo. A nuestro entender, fue un craso error, un error en términos democráticos y un error que hoy -lo digo con satisfacción- no se va a cometer con la propuesta de reforma que nos llega desde las islas Canarias. Nafarroa Bai no se va a oponer -no hace falta adelantarlo-, tal y como ha venido haciendo en todas y cada una de las propuestas de reforma estatutaria; muy al contrario, va a votar a favor de la propuesta de reforma que nos han presentado hoy los representantes del pueblo canario, los representantes de su Cámara, y lo va a hacer -tengo que decírselo a ustedes- con un cierto grado de envidia sana -entiéndaseme bien- por ver que el grueso de las comunidades autónomas del Estado con esta última propuesta han sabido ver en esta VIII Legislatura una oportunidad de dar un mayor desarrollo democrático a la configuración del Estado, un desarrollo capaz de hacer diagnóstico nuevo sobre aquel escenario que se nos dibujaba al conjunto de la sociedad a finales de la década de los setenta y principio de los ochenta, que hoy dejan absolutamente lejanas con respecto a las necesidades aquellas soluciones que se dibujaron para aquella época, superada hoy en muchos aspectos; un desarrollo capaz para los retos de una sociedad en el arranque de este siglo XXI y con retos diametralmente opuestos a los problemas de entonces. Buscan con ambición -entiendo que es la propuesta que hoy nos traen

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soluciones a lo que sus generaciones más jóvenes necesitan para encarar el futuro. Lo que nos proponen -lo analizaremos en el Congreso- los representantes de la Cámara canaria son herramientas capaces.


Decía, por tanto, que hoy votaremos a favor con sana envidia, y es que también nos hubiera gustado poder defender desde esta misma tribuna una reforma ambiciosa, una reforma capaz para encarar los retos a los que todos nos enfrentamos, pero en este caso para con el amejoramiento del Fuero navarro. No ha sido posible, es tema de otro debate, pero evidentemente no será en esta legislatura. En cualquier caso, cuando sea, espero los mismos argumentos de sustento democrático que hoy emplea Nafarroa Bai para votar a favor del trámite de esta reforma o de cualquier otra.


Espero, y se lo quiero brindar a los representantes canarios muy especialmente, el mejor de los trámites, pero sobre todo, y a la vista de trámites pseudoparlamentarios que tenemos todos muy presentes en el tiempo fuera de las paredes de esta Cámara, la mejor de la vidas a la reforma que hoy comienza. Es un brindis que quiero terminar, por descontado, insistiendo en el sí de Nafarroa Bai a su propuesta, señores representantes del Parlamento canario.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, ante todo quiero también, como han hecho otras personas que han ocupado esta tribuna, saludar a la representación de las instituciones canarias que nos acompaña esta tarde aquí, quiero agradecerles su presencia, así como a quienes en nombre del Parlamento de Canarias han intervenido esta mañana para presentar y defender este texto, que nosotros consideramos que es un muy buen texto, la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y que vamos a apoyar sin ningún tipo de reserva, dentro de las competencias de las Cortes Generales que van a empezar a tramitarlo a partir de este momento.


Esta propuesta de Estatuto hace, me parece, la número seis de las aprobadas en esta legislatura: Comunidad valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Aragón -toma en consideración también-, ahora Canarias, dentro de un par de meses Castilla y León y también está a punto de llegar la de Castilla-La Mancha. Es decir, hay una multitud de estatutos de autonomía que van a renovar los de hace veinticinco años y que entre esta legislatura y la siguiente prácticamente va a generalizarse en el conjunto de las comunidades autónomas de España.


Está siendo, sin duda, una legislatura de impulso autonómico, caracterizada por el impulso del Estado de las autonomías. Una legislatura en la que el programa del Partido Socialista, votado mayoritariamente por los españoles y las españolas, proponía ese impulso autonómico, después de un cuarto de siglo de los primeros estatutos de autonomía. Es también una legislatura de impulso social, como es sabido; ha habido un conjunto de legislación de carácter social prácticamente sin precedentes en la historia de la democracia y que hace que esta sea una legislatura de los ciudadanos y ciudadanas, o bien en cuanto ciudadanos del Estado o bien en cuanto ciudadanos de una comunidad autónoma. Por tanto, el impulso del Estado de las autonomías, las reformas autonómicas, esta misma propuesta que viene de Canarias no es producto de un arbitrario designio político o de caprichos de determinados gobernantes, como ha dicho reiteradamente el Partido Popular -ya no lo va diciendo tanto, pero ha sido una especie de mantra que ha repetido siempre-, sino que es producto de una demanda social y política que desde luego no rompe España sino que, al contrario, fortalece a nuestro país. Después de 25 años en donde han pasado muchas cosas, entre otras la entrada en la Unión Europea; después de 25 años, cuando hay más conciencia autonómica en España, se ha creado más conciencia autonómica incluso en aquellos lugares en donde no había tanta; después de 25 años, cuando ya conocemos más lo que es cada comunidad autónoma, lo que es el Estado autonómico y podemos por tanto ajustar más los estatutos de autonomía a las características, al cuerpo social y político de cada comunidad autónoma, los estatutos de autonomía que estamos haciendo y aprobando en esta legislatura son más adecuados a las comunidades autónomas respectivas a diferencia de aquellos que hace veinticinco años se hicieron un poco con intuición de lo que podía ser un Estado de las autonomías, que no se sabía bien qué podía ser. Por eso una de las características de estos estatutos de autonomía es que son mucho más singulares en cuanto a no repetitivos o clónicos de otros, porque se adaptan a cada comunidad autónoma, en este caso a Canarias. Este es sin duda un primer objetivo -también se han referido a él intervinientes anteriores- de esta proposición de ley: destacar y profundizar en la singularidad de Canarias. Estaremos de acuerdo en que Canarias es probablemente una de las comunidades autónomas más singulares del Estado español y por tanto es algo que ha de tener presencia en un Estatuto de Autonomía.


Cuando hablo de los objetivos -y voy a referirme a ellos en mi intervención- quiero decir que nosotros, los socialistas, asumimos los fines por los que el Parlamento de Canarias ha hecho y propuesto este Estatuto. Nosotros compartimos esos objetivos como otros de otros estatutos de autonomía que hemos debatido aquí. Además me parece que esa es una misión de las Cortes Generales. Las Cortes Generales no están para imponer a las comunidades autónomas lo que éstas no quieran de una forma arbitrista, las Cortes Generales están para asumir los consensos establecidos en los parlamentos autonómicos y ajustarlos al marco constitucional, al interés general, y modificarlos en lo que sea necesario como se ha hecho con la mayor parte de los estatutos, o con todos los que

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han pasado por esta Cámara que han sido reformados o modificados, pero manteniendo los consensos originarios, manteniendo la arquitectura inicial, en definición de la vicepresidenta del Gobierno, y adecuándolos al marco general español, al Estado autonómico español. Esa es la misión de las Cortes Generales.


Decía que compartimos una primera característica de esta propuesta de Estatuto de Autonomía, que es destacar y profundizar la singularidad de Canarias. Su singularidad como comunidad autónoma, una singularidad que la proposición que tenemos delante define con mucha más extensión y profundidad que el Estatuto vigente y que empieza por decir que es una comunidad autónoma que tiene una singularidad histórica: Canarias tiene una singularidad histórica. No cabe duda de que la historia de Canarias es una historia singular; de hecho hasta el siglo XIV, prácticamente hasta el comienzo de la Edad Moderna, Canarias no comparte nada con la Península. Hasta que la Europa del Renacimiento descubre Canarias, fundamentalmente España y sobre todo la Corona de Aragón, Castilla y Portugal. Es sabido que al final predominó la Corona de Castilla en el dominio sobre las islas Canarias. A partir de ese momento llega a Canarias una población multiétnica que proviene del Viejo Mundo pero también del Nuevo Mundo, que hace que Canarias tenga esta vocación indudablemente trasatlántica, que la tiene, y que conduce a esa identidad canaria que ya se empieza a ver en los últimos tramos de la Edad Moderna y que brilla especialmente en la Ilustración y posteriormente en el siglo XIX. En el siglo XIX se empieza a expresar la segunda característica de la singularidad canaria, que es su economía. La economía canaria es una economía singular y también se tiene que dar cuenta de ello en el Estatuto de Autonomía. Es una economía singular que cuando se produce la crisis del Antiguo Régimen va unida a miseria y pobreza, pero que empieza a superarlo con eso que ha sido característica histórica de Canarias, las franquicias comerciales y también el librecambismo decimonónico en un momento en que en la Península, en el resto de España lo que predominaba era el proteccionismo. Sin embargo, Canarias tiene desde el principio un régimen económico librecambista que, por cierto, favorece las corrientes migratorias, favorece las relaciones trasatlánticas -no solo europeas sino atlánticas- y que hace que Canarias hasta hoy mismo tenga un régimen especial económico, consecuencia fundamentalmente de su situación; un régimen económico que desemboca en el conocido como REF, Régimen Económico y fiscal de Canarias, que prácticamente arranca y se consolida con nuestra democracia y que, además, es un régimen bien acogido y tutelado por la Unión Europea. Por tanto, una economía singular que hace que esta especie de monocultivo turístico vaya cambiando afortunadamente con la presencia importantísima de la pesca como actividad económica, para que Canarias tenga una economía y una situación singulares que obliga a que tenga un régimen económico propio, producto de la geografía de lo que también se ha hablado en la situación de Canarias. Así lo dice el artículo 2 de la propuesta que nos ha traído el Parlamento de Canarias: la lejanía, la insularidad y la ultraperiferia como características de Canarias. Ello hace que a esta característica ultraperiférica, que ha sido recogida ya en los tratados europeos, tenga que dársele fortaleza estatutaria también en la legislación española.
Podría decirse incluso que la legislación europea en algún caso ha ido por delante incluso de la española en el fortalecimiento de ese carácter ultraperiférico que tiene Canarias. Y naturalmente singularidad política.
Canarias ha tenido una singularidad histórica, económica, geográfica -la tiene- y también política. En Canarias, a pesar de que hubiera un dominio absolutista producido por la elite básicamente castellana que rigió política y jurídicamente Canarias, las instituciones propias como el cabildo, aunque entonces con una fisonomía muy distinta, han tenido una presencia que da lugar a unas instituciones propias muy características de Canarias que se han mantenido y se recogen semánticamente en la actualidad, y que han dado lugar a que, tras una serie de siglos de centralismo, hoy Canarias tenga una singularidad política en el Estatuto de 1982 que está vigente, que fue reformado de forma significativa en 1996. Cabildos que tienen que ver con la estructura archipielágica insularista de Canarias y que hacen que frente a la conocida rivalidad entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, aparezca un tertium genus que son las llamadas islas no capitalinas, que introduce un elemento de mayor complejidad muy importante y muy característico de Canarias en sus instituciones de carácter político.


Estas son las características singulares de Canarias que están bien recogidas en el Estatuto de Autonomía que se nos propone. Frente al vigente que solamente dice identidad singular, y no dice más, el que se nos propone habla de Canarias como archipiélago atlántico que, como expresión de su identidad singular, basado en sus circunstancias geográficas históricas y culturales, y en el ejercicio del derecho de autogobierno como nacionalidad, se constituye en comunidad autónoma. Como nacionalidad Canarias no ha tenido en el tiempo en que se ha producido el debate estatutario un debate esencialista sobre su identidad, ha tenido un debate sobre su singularidad que ha pacificado y ha dado mucha más objetividad y eficacia al Estatuto que se nos presenta.


Junto al reforzamiento de su singularidad, hay otra línea fundamental que el Grupo Socialista apoya completamente y que es una pretensión con la que viene este Estatuto de Autonomía desde el Parlamento de Canarias. Me refiero al reforzamiento del autogobierno, al fortalecimiento del autogobierno de Canarias en el seno de España y de la Unión Europea. Este Estatuto de Autonomía recoge una ampliación competencial muy poderosa, muy importante, muy detallada. Incluso, hay un artículo 126 que prevé la transferencia de competencias a Canarias, vía 150.2 de la Constitución, prácticamente igual en su contenido a la proposición de ley llamada Lotraca, que vino acompañando al Estatuto de Autonomía

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y que no está todavía en tramitación, dado que los procedimientos parlamentarios de esta Cámara hacen que tenga que seguir el turno de todas las proposiciones de ley de parlamentos autonómicos. Sin embargo, en cuanto al debate de fondo de esa Lotraca, en el planteamiento de la transferencia de competencias lo vamos a tener exactamente igual en el debate de esta proposición de ley, porque el artículo 126 es muy parecido a esa proposición de ley, Lotraca, y vamos a tener ese debate sobre transferencia de competencias estatales a Canarias. Se tendrá en el conjunto del Estatuto de Autonomía que vamos a estudiar. Por tanto, señor Rivero, creo que no va a impedirse en absoluto el debate que plantea este artículo 126 que viene en la proposición de ley del Estatuto de Autonomía.


Quiero destacar un caso concreto de esta importante ampliación de competencias que es el tema de las aguas de Canarias. Hay una cuestión importante a debatir sobre las competencias de la Comunidad Autónoma canaria en las llamadas aguas, no las interiores, sino las aguas interinsulares. Creemos que es posible compatibilizar el derecho internacional y el derecho constitucional con la posibilidad para Canarias de ejercer competencias en las llamadas aguas interinsulares. Es posible hacerlo y tenemos que lograrlo en el trámite parlamentario, respetando el derecho internacional y el derecho constitucional estatal.
En ese sentido, es muy de asumir y de entender esa pretensión de la comunidad canaria de poder ejercer competencias tan importantes como, por ejemplo, la ordenación de la actividad económica regional o el sector público de Canarias, o la ordenación del sector pesquero, o la pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, o la protección del medio ambiente, o los espacios naturales protegidos. Es entendible que Canarias quiera ejercer esas competencias en aguas interiores, porque, si no, la discriminación entre las islas que tienen una orografía redonda con las que no la tienen es enorme. En unos casos hay muchas aguas interiores en unas islas y se pueden ejercer competencias, pero en otros no hay ninguna. Por tanto, es importante tener en cuenta este asunto. Nosotros lo asumimos. Creemos que es posible avanzar siempre con respeto al derecho internacional y a la Constitución española. Esta es seguramente una de las labores más importantes que tienen que hacer las Cortes Generales cuando un estatuto de autonomía nos plantea un debate así. Este es el lugar adecuado para hacerlo.


También hay un objetivo importante que nosotros, los socialistas, asumimos en este Estatuto de Autonomía, lo que la vicepresidenta del Gobierno señalaba esta tarde como políticas de promoción social y económica, que no vemos con esta intensidad en otros estatutos de autonomía, y que sí lo tiene éste, y en donde se han empleado muy a fondo los socialistas. Los artículos 6 y siguientes, que hablan de los objetivos básicos de la comunidad autónoma, de la promoción de los valores democráticos y ciudadanos, de los principios rectores de las políticas públicas, de los principios rectores de la igualdad, del respeto al medio ambiente, de la participación ciudadana, son orientaciones de contenido que dicen a los poderes públicos canarios -se lo está diciendo el Estatuto-: tenéis que orientar vuestras políticas por ahí. No es este un Estatuto puramente orgánico que distribuye los poderes; es un Estatuto que señala directrices de contenido profundo, de contenido progresista, de contenido democrático, de mejora del bienestar en la línea de un Estado del bienestar moderno, y les señala ese camino a los poderes autonómicos.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con esa orientación, muy distinta del Estatuto vigente, que tiene una regulación mínima, prácticamente inexistente, en estas cuestiones. Esta es una aportación realmente histórica de este Estatuto de Autonomía que se nos presenta y con la que los socialistas nos identificamos totalmente.


Hay otro objetivo de este Estatuto de Autonomía que quiero destacar, que es algo que siempre hemos perseguido los socialistas, en Canarias especialmente, que es donde se ha producido, que es solucionar el problema de la representación. Es verdad -se ha dicho aquí-, hay un 15 por ciento de la población de Canarias que elije 30 diputados y un 85 por ciento de la población de Canarias que elije 30 diputados. Es verdad y eso debe ser corregido. Los socialistas siempre hemos perseguido ese objetivo de hacer que realmente la cohesión de Canarias y el sentido de comunidad de Canarias se exprese no solo en la importancia de la insularidad, que es una característica propia de Canarias y contra la que no hay ninguna intención de ir, sino también en la mayor presencia de lo poblacional, de lo demográfico, que no puede ser ahogado por lo territorial. Eso es precisamente lo que pretendemos y lo que hemos obtenido los socialistas -los socialistas y no otros grupos políticos, lo tengo que destacar aquí- cuando también hemos logrado introducir en el Estatuto de Autonomía que se nos presenta una circunscripción electoral autonómica, y no solo insular, que también. Este ha sido uno de los grandes objetivos que siempre hemos tenido los socialistas, además de un importante cambio respecto de la última reforma estatutaria que subió extraordinariamente las barreras electorales y dificultó muchísimo que los grupos pequeños entraran en las instituciones canarias. En este Estatuto de Autonomía rebajamos a la mitad esas barreras. Por tanto, una mejor calidad democrática se convierte automáticamente en uno de los grandes objetivos de este Estatuto de Autonomía. No solo se persigue un fortalecimiento del autogobierno sino también una mejor calidad de la democracia: dos objetivos esenciales que los socialistas queremos conseguir en este Estatuto de Autonomía y que, desde luego, el Grupo Socialista del Parlamento español apoya. Esta es la forma de lograr la máxima cohesión de las instituciones políticas canarias. No diré que en estos momentos el tema de la representación sea el principal problema, pero desde luego es uno de los principales problemas políticos que tiene Canarias y este Estatuto de Autonomía viene a iniciar su resolución.


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Igual hace con la cuestión de los cabildos. Otro objetivo importante es el fortalecimiento de la institución de los cabildos. No he entendido en absoluto lo que ha dicho al respecto la señora Roldós; es todo lo contrario. Hasta ahora los cabildos tienen una parte de entidad local pero también de instituciones de la comunidad autónoma y este Estatuto fortalece la naturaleza de institución autónoma en el interior de una isla porque el cabildo es definido como un órgano de gobierno, de representación y de administración de cada isla -artículo 43 del proyecto-, es decir, se profundiza en la autonomía de los cabildos insulares, y sobre todo este Estatuto de Autonomía propone un intento de cooperación, de colaboración en una estructura tan compleja como la canaria que tiene 87 ayuntamientos, que tiene siete cabildos y que tiene instituciones políticas representativas de la comunidad autónoma para realmente -como el señor Rivero reiteraba- hacer de Canarias cada vez más potentemente una comunidad autónoma. Es una comunidad autónoma; no es solo un conjunto de islas, que también; es una comunidad autónoma y esa es una de las formas de conseguir ir en esa dirección.


Por último, quisiera señalar el Régimen Económico y Fiscal. Este Estatuto de Autonomía -y es un objetivo con el que nos identificamos los socialistas- pretende consolidar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Dicho régimen está asumido por la Constitución española en la disposición adicional tercera y, sin embargo, solamente tiene un artículo en el vigente Estatuto de Autonomía. A partir de ahora, si acaba felizmente este debate y se aprueba este nuevo Estatuto de Autonomía habrá todo un conjunto de preceptos, de capítulos y de títulos referidos al REF en el nuevo Estatuto de Autonomía, donde hay principios básicos que se aportan y que se consideran un cierto hecho diferencial canario, entre los cuales están una imposición indirecta singular o la nueva aplicación de monopolios o accisas comunitarias que señala el artículo 131 de la propuesta que se ha traído. Por tanto, una importante regulación económica que ha sido acogida absolutamente por la Unión Europea. Como todo el mundo sabe los incentivos fiscales que hay en Canarias tienen que ser autorizados por la Unión Europea porque si no serían considerados como ayudas de Estado. Esta mañana -por cierto, con la ausencia del señor Rivero- hemos aprobado un real decreto-ley sobre el Régimen Económico y Fiscal. Se lo digo, señor Rivero, porque ha hecho usted alusión hoy aquí a que no había suficientes miembros del Gobierno y que no había suficiente presencia. No creo que el señor Rivero sea la persona que más destaque por su presencia constante en la Cámara pero, aparte de eso, usted esta mañana no estaba, precisamente cuando se ha debatido y aprobado este real decreto-ley sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, importante, que demuestra cómo la Unión Europea es uno de los grandes apoyos del régimen económico canario y que se expresa no solo en esto, sino en las perspectivas financieras, donde hay un fondo propio para regiones ultraperiféricas. También en, por ejemplo, el reciente nuevo régimen de ayudas para el plátano -igualmente aprobado por la Unión Europea- Canarias obtiene mucho de su pertenencia a la Unión Europea y también por su pertenencia a España. Esto es algo que hay que destacar especialmente cuando hablamos del Régimen Económico y Fiscal.


Nosotros estamos muy de acuerdo con los objetivos a los que me he referido, los asumimos, nos parece que son los que el Partido Socialista de Canarias, junto con otros grupos parlamentarios, ha logrado introducir en el Estatuto. Entendemos que la singularidad de Canarias, el autogobierno, los derechos sociales, el aumento de la calidad democrática con una mejor representación, la disposición de profundización en la autonomía de los cabildos y la consolidación del REF son grandes objetivos de este Estatuto de Autonomía que delinearán sus líneas basilares, sus pilares esenciales, su personalidad. Nosotros estamos de acuerdo con estas líneas, con este rumbo que lleva este Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de que deban reforzarse aspectos determinados y así se verá en el trámite posterior.


Quisiera referirme, para ir terminando, a la importancia política del consenso en relación con este Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Canarias viene con un consenso del parlamento autonómico, un consenso que supera los tres quintos, suficiente pero no completo porque el Partido Popular no ha entrado en ese consenso. Creemos que hay que hacer todo lo posible para lograr ese consenso. A mi me ha sorprendido especialmente la intervención de la señora Roldós y no puedo dejar de decir algo sobre ella porque de todo lo que ha planteado no recuerdo casi nada que sea verdad, que sea cierto. Todas las cosas que ha dicho han desfigurado absolutamente la realidad y, sobre todo, con un discurso culpando a este Estatuto de algunas cosas. Por ejemplo, ha dicho una cosa muy grave y es que este Estatuto es nacionalsocialista o socialnacionalista. (El señor Villarrubia Mediavilla: Qué sabrán de eso.) Señora Roldós, esa expresión es absolutamente intolerable, es intolerable lo que ha dicho usted refiriéndose a este Estatuto. (Aplausos.) Yo le pido que no frivolice con el nacionalsocialismo y que no llame eso a un estatuto que viene de una Cámara democrática como es el Parlamento de Canarias. (Un señor diputado: Es un insulto.) Hay países europeos -hace poco hemos tenido la celebración del Holocausto- en los que la referencia frivolizadora o banalizadora de esa tragedia está sancionada. Es un tema muy importante, muy grave. Me parece una expresión irresponsable, y yo quiero decírselo con toda seriedad y contundencia: no podemos consentir que usted hable del nacionalsocialismo con referencia a un estatuto de autonomía democrático que ha venido a un Parlamento democrático.
(Aplausos.) Además de eso, señora Roldós, usted ha hablado de este Estatuto de Autonomía como un conjunto de males -que es parecido al plan Ibarretxe, que es inconstitucional en todos los aspectos, que prácticamente rompe a España-, un discurso que hasta quiere cambiar prácticamente a Canarias

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de lugar, cuando tiene su lugar geográfico, no se puede cambiar de lugar a Canarias. Le voy a recordar a usted una cosa, señora Roldós, y es el papel que jugó el Partido Popular en el trámite estatutario en Canarias.
El Partido Popular estaba en el Gobierno de Canarias el 12 de noviembre de 2004 -compartía Gobierno con Coalición Canaria- cuando ese Gobierno envía una comunicación a la Cámara con un texto de propuesta estatutaria que afortunadamente no tiene nada que ver con el actual. Ese texto lo firma el Partido Popular. ¿Sabe usted lo que decía entre otras lindezas o perlas esa propuesta estatutaria después de lo que usted ha dicho sobre la inconstitucionalidad total de esto que se nos trae? Por ejemplo, primero, en relación con los cabildos dice que son instituciones de la comunidad autónoma que van a ser absolutamente reguladas en todo por ley del Parlamento de Canarias y expulsa absolutamente de la regulación a las leyes de bases estatales. Eso hace ese texto. (Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!) Segundo: ustedes se cargaron en aquel momento la cláusula de reversión del artículo 149.3 de la Constitución diciendo: Todo lo no atribuido al Estado por el artículo 149 es de Canarias.
Vulneración de libro de la Constitución española. Eso lo firmaron ustedes en aquel momento. Tercero: condición ultraperiférica: Cuando la Unión Europea reconozca la condición ultraperiférica en determinada normativa de Canarias, si eso recae sobre una normativa con competencia estatal, por un arte mágico deja de ser estatal y pasa a ser canario. Increíble.
Eso estaba en ese texto y lo firmaron ustedes. En ese texto, la Comunidad Autónoma canaria directamente, sin necesidad del artículo 150.2, ni de lotracas ni de nada, asume gestión de tributos estatales, sanidad exterior, etcétera, competencias del Estado que asume directamente el Estatuto porque sí; y eso venía en ese texto. En el artículo 34 bis, otra cosa maravillosa, la Administración única: Canarias asume la gestión y ejecución de todas las competencias estatales; es decir, herejías; lo que para ustedes son herejías en determinados estatutos de autonomía, ustedes lo plantearon con toda claridad en ese Estatuto que presentó el Gobierno canario del Partido Popular y hoy viene usted a decirnos que este Estatuto es inconstitucional. Es que ustedes son los que menos pueden decir semejante cosa, cuando hicieron esa propuesta frontalmente inconstitucional. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que ustedes se van del Gobierno canario, todo lo que se hace a continuación de aquello, que era un estatuto inconstitucional, se convierte en una labor maldita contra la Constitución y en algo horrible. Es decir, su amor o desamor por el Estatuto de Autonomía depende exactamente de si están en el Gobierno o de si están fuera del Gobierno. Así es la definición de su posición respecto al Estatuto de Autonomía de Canarias. Esa es su posición. (Aplausos.)

El Grupo Socialista de Canarias trabajó en una dirección distinta y ha obtenido un Estatuto que viene aquí y que pretende esos objetivos que hemos señalado con los que nos identificamos, propone un rumbo constitucional, pero un rumbo de fortalecimiento de la singularidad, del autogobierno de Canarias, de la mejora de su democracia y esa es la línea a la que les invitamos que se sumen. Ustedes pueden hacerlo y de hecho escuchamos algunos disparates aquí durante el debate sobre el Estatuto de Andalucía cuando ustedes no estaban en el acuerdo y luego entraron en el mismo, así que no descartamos nada porque pueden variar perfectamente, todo depende de si consideran que electoralmente les va a ir bien o les va a ir mal; si llegan a la conclusión de que electoralmente les puede ir bien, ustedes variarán de la noche a la mañana y entrarán en el acuerdo, pero desde luego en la posición en la que están ustedes ahora mismo, poniéndose frontalmente en contra de este Estatuto de Autonomía, lo tienen difícil para pretender gobernar Canarias. Si siguen en esa dirección lo van a tener muy difícil y creo que deberían ustedes reflexionar sobre ello.


El Grupo Socialista va a apoyar, por tanto, y desde luego a debatir este Estatuto de Autonomía. El Partido Socialista ha estado en todos los consensos autonómicos desde 1978, en todos y está en todos en estos trámites parlamentarios de esta legislatura. El Partido Socialista está en todos los consensos, esté en el Gobierno o esté en la oposición. De los estatutos que han venido aquí algunos son de gobiernos del Partido Popular y otros de gobiernos del Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha estado apoyando todos y nosotros queremos preservar los consensos y aumentarlos, especialmente el consenso con el Partido Popular. Les aseguro, señorías, que queremos el consenso con el Partido Popular y vamos a trabajar en esa dirección. El Partido Socialista es el partido del acuerdo, del consenso, del diálogo y queremos que a ese consenso y diálogo venga también el Partido Popular. Desde luego, creemos que es posible ese acuerdo. Naturalmente, no vamos a desnaturalizar el texto que viene de Canarias porque creemos que hay que hacer un consenso en torno a los pilares básicos de este Estatuto de Autonomía, no desnaturalizándolos, obviamente, y eso es posible hacerlo como lo logramos hacer en relación con el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Esto es posible hacerlo y es uno de los objetivos en los que el Grupo Socialista se va a implicar a partir de este mismo momento.


Quisiera terminar, señor presidente, con una referencia a una bonita frase que he extraído de un trabajo de mi buen amigo Santiago Pérez García, diputado del Parlamento de Canarias y concejal de La Laguna que con Francisco Hernández Espínola ha trabajado tanto y bien en este Estatuto de Autonomía, junto a otros compañeros y compañeras socialistas y también, naturalmente, de otros grupos parlamentarios, cuando refiriéndose a Canarias dice: Durante siglos hemos sido pertenencia española, hoy somos España. Canarias ha sido pertenencia española, pero hoy es España. Canarias es parte de la nación española, Canarias es parte de su historia y Canarias ha logrado un progreso económico y social muy importante. Canarias está creciendo, como el resto de las comunidades y de los pueblos de España,

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con cifras muy por encima de la media comunitaria en este momento, con un aumento considerable de su PIB, con una presencia cada vez mayor en la Unión Europea y tutelada y protegida también por la legislación comunitaria. El Tratado de la Constitución Europea que hemos votado en esta Cámara y que ha sido sometido a referéndum menciona por tres veces en su parte tercera a Canarias, es la única comunidad española que menciona, Canarias y, por tanto, es una historia compartida que es enormemente beneficiosa para Canarias y, sin duda, para España, para su sistema de libertad, porque cuando estamos debatiendo y apoyando un Estatuto de Autonomía estamos viendo el producto de un sistema de democracia y de libertades del que nos dotamos hace treinta años en España. Esto es un Estatuto de Autonomía, no es una norma orgánica simplemente para las instituciones, es una norma que fortalece los derechos y las libertades de las ciudadanas y ciudadanos españoles.
Recordando a Manuel Azaña, a quien se suele citar muy a menudo -en esta ocasión tiene todo el sentido que se le cite-, está llena de sentido la afirmación de que la libertad de Canarias ante los otros pueblos y países y la libertad en Canarias -la libertad de Canarias y la libertad en Canarias- como forma de vida de sus habitantes está absolutamente ligada a la libertad de España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor López Garrido.


Tal y como se acordó en Junta de Portavoces entramos en el turno de réplica si así lo desean, aunque no es obligatorio hacerlo. Dicho esto, si algún grupo parlamentario quiere, tal y como acordamos, lo puede ejercitar, eso sí, teniendo en cuenta que llevamos cuatro horas de debate, será muy breve. En consecuencia, les ruego brevedad porque ya con cuatro horas de debate está todo dicho, creo yo. Gracias.


¿Algún grupo parlamentario de mayor a menor desea intervenir? (Pausa.)Serán turnos de cinco minutos.


Señora Roldós.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, me van a permitir que con carácter previo nada más conteste algo al señor López Garrido. Señor López Garrido, cuando se reforma un Estatuto de Autonomía en Canarias con un pacto y un acuerdo entre nacionalistas y socialistas no sé qué parte no le gusta a usted de los términos si la del socialismo o la del nacionalismo. Por eso le decía anteriormente que no se podía llamar de otra manera que nacionalsocialista o socialnacionalista. (El señor ministro de Justicia, López Aguilar, golpeando la mesa: ¡Fuera!-Rumores.) Señor presidente, entiendo que haya gente que tiene maneras poco democráticas como acabamos de ver al ministro de Justicia. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor. Guarden silencio.
Espere, señora Roldós. Guarden silencio, por favor.


La señora ROLDÓS CABALLERO: Gracias, señor presidente.


Señorías, nos han traído una propuesta de reforma estatutaria que no es una reforma. Algunos estaban pensando que quizá estaban haciendo una Constitución para Canarias, y hoy no estamos debatiendo aquí ni la modernización ni la actualización de nuestro Estatuto a las nuevas realidades del siglo XXI. Aquí el empeño de algunos se ha limitado a querer hacernos cómplices de un cambio de modelo de Estado y de convivencia. Esta reforma no era necesaria, no está avalada por ninguna exigencia ciudadana, divide a los canarios, pretende encubrir los errores de los gobiernos y está deliberadamente mal hecha para dejar las manos libres al señor Zapatero en su proyecto confederal.


Señorías, esta propuesta de reforma que hoy se ha debatido aquí (Rumores.) ni Canarias ni los canarios se la merecen. Si quieren nuestro apoyo deberán trabajar y reconstruir el consenso que tantas veces hemos invocado. Es necesario que cualquier modificación de la Constitución o de los estatutos cuente con el acuerdo de los partidos mayoritarios (Partido Socialista y Partido Popular), porque son los que conforman el consenso mínimo de España. Es posible y además es deseable ampliar este consenso para incluir otras fuerzas políticas, pero no es posible reducirlo o reemplazarlo por pactos minoritarios. Aquí, como decía el señor Rajoy, no caben sucedáneos, porque debajo del consenso mínimo sencillamente, señorías, no hay consenso. Nosotros no podemos aceptar que se asocie la mayor o menor reforma del Estatuto con el mayor o menor patriotismo que uno tenga; eso es un error. No son más patriotas los diputados que acordaron un texto de reforma que los que no. Nosotros, igual que Pérez Galdós, defendemos el patriotismo canario enmarcado dentro de la unidad de España, del patriotismo hacia la patria grande. Señorías, los grandes retos que tiene planteados la sociedad española y la sociedad canaria no entienden de preámbulos, ni de bilateralidades, ni de blindaje de competencias o de disposiciones adicionales; entienden de la suma de los esfuerzos y voluntades de todos, de la ampliación de libertades y de la apertura de mayores espacios a la sociedad civil. Las cuestiones como la inmigración o la inseguridad necesitan respuestas nacionales. El problema de la vivienda, del fracaso escolar, de las listas de espera, de la violencia doméstica y del paro exigen respuestas comunes, perfectamente compatibles con el ejercicio de autogobierno en Canarias. Los canarios demandan que nos ocupemos de sus problemas con toda la energía y con toda la decisión en el marco de la única España viable, la España plural y solidaria de la Constitución. Las reformas estatutarias hay que hacerlas con lealtad a la máxima norma jurídica, esa que nos ha permitido el progreso, la convivencia pacífica, el pluralismo político

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y social y la igualdad de todos los ciudadanos. Señorías, no nos oponemos a la reforma del Estatuto; nos oponemos al contenido de este texto, porque no podemos apoyar un texto inconstitucional, con clara vulneración del espíritu que inspira al Estado de las autonomías, un texto que modifica unilateralmente las competencias estatales, que supone un retroceso a los cabildos insulares, que profundiza en la trampa electoral que supone nuestra normativa de elecciones. De ustedes depende el futuro, de ustedes depende que nosotros en el futuro podamos cambiar nuestro voto. No se equivoquen, cambiaremos nuestro voto, pero no nuestra posición ni nuestros principios. Nosotros queremos un máximo de competencias para Canarias, pero siempre dentro de la Constitución. Somos partidarios del Estado autonómico, de ese modelo territorial que fue un acierto para el conjunto de la sociedad española a través del consenso, y de cuyo éxito seguimos disfrutando. Señorías, los canarios, todos los canarios creemos en la cohesión social y en la solidaridad territorial; creemos en la igualdad de todos los españoles en derechos, deberes y oportunidades y creemos sobre todo en la libertad.


Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Roldós.


Señor Rivero, su turno, por favor.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subo a la tribuna en este turno de réplica, primero, para agradecer el apoyo de todos los grupos parlamentarios -también al Grupo Popular aunque va a votar en contra- en la toma en consideración de un instrumento, de una herramienta tan importante para Canarias como su Estatuto de Autonomía, pero como canario me quedo preocupado. Me quedo preocupado porque el Grupo Popular no logra entender el sentido de Estado que tiene Canarias, no logra entender que vivimos en un archipiélago alejado y que necesitamos herramientas diferentes para afrontar las dificultades y los desafíos que se abren en esta nueva etapa; y me quedo preocupado con la posición del Partido Socialista, del Gobierno y del portavoz parlamentario, señor López Garrido, que han estado -eso sí- a una gran altura, con unos discursos muy brillantes, pero con poco compromiso, sin compromiso claro en los temas esenciales de la reforma.
Eso es lo que yo quiero oír aquí y lo que quiere oír Canarias del Partido Socialista y del Partido Popular. Al Partido Popular le pido que reflexione, que no pase a la historia como los que truncaron la posibilidad de que Canarias fortaleciera su autogobierno. Al Partido Socialista quiero pedirle también claridad, señor López Garrido. Usted dice que se identifica con los objetivos; no se identifique con los objetivos, sino con el contenido. ¿Estamos dispuestos, a través del artículo 126 al que usted hace referencia, a introducir competencias como puertos, aeropuertos, inmigración, comercio exterior, sanidad exterior? ¿Vamos a buscar esa vía para avanzar en el Estatuto de Canarias? No hagamos juegos de palabras, no me diga nada de la ley orgánica de transferencias, porque esa ley no se está debatiendo aquí porque usted se opuso, se opuso su formación política e impidió el debate en esta Cámara, que era lo que se había solicitado por el Parlamento de Canarias. Por tanto, le agradezco que reconozca la singularidad de Canarias, pero ¿respeta la redacción que viene de Canarias de los cuatros aspectos que tienen que ver con la definición de archipiélago atlántico, con la modulación de las políticas del Estado tanto legislativas como económicas con respecto a Canarias, con las garantías de que nuestro REF no será modificado en el Parlamento español sin un informe previo y vinculante del Parlamento de Canarias, con un sistema competencial específico para Canarias? Que se recoja en el cuerpo del Estatuto y en la ley orgánica que buscamos la vía del 126. Digan desde la tribuna si estamos dispuestos a buscar esa vía.


Otra cosa sorprendente es la posición del Partido Popular y del Partido Socialista de querer organizar internamente Canarias desde el Parlamento español. ¿De qué estamos hablando? ¿Se les ocurre un debate en el Parlamento español para organizar la representación en el País Vasco, en Andalucía o en Cataluña? El sistema electoral canario es una cuestión que le corresponde a Canarias y se decide en el Parlamento de Canarias, no en el Parlamento español. Ustedes podrán estar de acuerdo o no con la triple paridad. Nosotros estamos de acuerdo, los nacionalistas canarios defendemos la triple paridad en Canarias. Digan desde esta tribuna -quiero oírlo- que ustedes quieren romper la triple paridad, el equilibrio entre islas mayores e igual número de diputados en Gran Canaria y Tenerife, igual número de diputados o lo que sumen las mayores con respecto a lo que sumen las menores, igual número de diputados que suman las islas occidentales con las orientales. Su posición es respetable, pero díganlo desde la tribuna. Los canarios, los ciudadanos de La Palma, de Hierro, de Gomera, de Lanzarote y de Fuerteventura quieren oír aquí que ustedes están por modificar el sistema electoral canario para ajustarlo y potenciar más el centralismo en Canarias en beneficio de Tenerife o de Gran Canaria; repito, díganlo desde esta tribuna. Lo que es muy importante hablando del contenido del Estatuto es el sistema competencial, la vía de la ley orgánica de transferencias; si metodológicamente lo que propuso su partido en Canarias no les gusta, si estamos dispuestos a recoger las competencias que vienen en esa ley orgánica de transferencias utilizando la vía -me parece afortunada, recogemos el guante- del artículo 126 del Estatuto, es, como se dice pomposamente, una buena percha para dotar a Canarias de las competencias ajustadas a la lejanía y a la insularidad que necesita.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.


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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Rivero.


Señor López Garrido, su turno, por favor.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, señorías, señor Rivero, ya veo que ha reservado usted para la réplica su primer mitin de la campaña electoral (Aplausos.-Rumores.), donde, como sucede en algunos mítines, se dicen las cosas más altisonantes sin escuchar nada de lo que dice la persona a la que se dirige. El Grupo Socialista ha sido extraordinariamente claro en Canarias al aprobar el texto que ha venido y ha sido muy claro aquí al decir que apoya ese Estatuto de Autonomía que viene de Canarias. Evidentemente estamos en las Cortes Generales, y el objetivo de las Cortes Generales -ese objetivo no es renunciable- es encajar en el conjunto de los intereses generales un texto que viene del Parlamento autonómico preservando el consenso de ese Parlamento y ampliándolo, si fuera posible, a otros grupos de la Cámara, y especialmente he señalado al Partido Popular. Hemos sido absolutamente claros en el apoyo a las líneas directrices, a los contenidos esenciales de ese Estatuto de Autonomía, que es lo realmente importante: estar de acuerdo con los contenidos esenciales, aquellos que no se pueden desvirtuar, aquellos que no se pueden desnaturalizar. En cuanto a la representación también está muy claro -nosotros apoyamos el texto que viene de Canarias en sus propios términos-: habrá una circunscripción también autonómica, queremos que haya una circunscripción autonómica y que sea posible, y se hará naturalmente por una ley del Parlamento de Canarias. No tiene nada que ver con organizar a Canarias desde aquí. Yo he dicho desde el principio que las Cortes Generales no tienen que imponer los estatutos de autonomía que no quieran las comunidades autónomas. No es esa la labor de las Cortes, sino la de situar en el contexto del Estado autonómico los estatutos de autonomía. La credibilidad de nuestro grupo parlamentario a ese respecto está en todos los estatutos de autonomía que hemos visto en esta legislatura: cómo han llegado, cómo los hemos debatido y cómo los hemos consensuado. Ahí está esa credibilidad. Todas las virtudes que se nos puedan achacar en todo ese tiempo van a estar presentes y se van a aumentar, si cabe, en relación con el Estatuto de Autonomía de Canarias.


Señora Roldós, ha persistido usted en un error gravísimo que ha cometido; ese es un problema del Partido Popular: persistir en los errores (Rumores.), porque no son capaces de rectificar errores, en este caso muy graves, insistiendo en lo de nacionalsocialismo. (Rumores.) Usted o es una ignorante (Protestas.-Una señora diputada: ¡Hombre!-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) que no sabe que el nacionalsocialismo produjo más de seis millones de muertos en Europa (El señor Murcia Barceló: Cristina Almeida.), o si lo desconoce S.S. (El señor Murcia Barceló: Cristina Almeida.) es una irresponsable por frivolizar y banalizar una tragedia y una actuación de esas características. (Aplausos.-Rumores.) Señora Roldós, elija usted una de estas dos opciones, porque no hay otra posibilidad de entender su persistencia. Además le ruego, señor presidente, que la mención al nacionalsocialismo sea desplazada, sea anulada, no aparezca en el "Diario de Sesiones". (Rumores.)

Gracias, señor presidente. (Aplausos.-La señora Roldós Caballero pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señora Roldós. El debate ha sido ya suficientemente amplio, está suficientemente debatido. (Protestas.)

Antes de concluir, quiero agradecer a la delegación del Parlamento canario el trabajo realizado y les invito, porque vamos a llamar a votación, a que la sigan desde la tribuna.


Muchas gracias. (Aplausos.)

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


El señor PRESIDENTE: Señorías, paso a comentarles la propuesta de modificación del orden del día que ha sido adoptada esta mañana en Junta de Portavoces. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden de debate de los debates de totalidad de iniciativas legislativas en el sentido de debatir como último punto del orden del día el punto 33 relativo al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia queda aprobada la modificación del orden del día.


DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
(VOTACIÓN.)

-DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. (Número de expediente 127/000007.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del debate de totalidad de propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 176; en contra, 126.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. (Aplausos.)

Sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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